Distr.GENERAL

HRI/CORE/MEX/200531 de enero de 2006

Original: ESPAÑOL

DOCUMENTO BÁSICO QUE FORMA PARTE INTEGRANTE DE LOS INFORMES DE LOS ESTADOS PARTES

MÉXICO

[18 de noviembre de 2005]

* De conformidad con las informaciones comunicadas a los Estados Partes, no se editarán los informes redactados en una lengua que es idioma oficial del Estado Parte, sino que se transmitirán directamente a los servicios de traducción.

GE.06-40279 (S) 310106 060206

ÍNDICE

Párrafos Página

I.TERRITORIO Y POBLACIÓN1-153

II.ESTRUCTURA POLÍTICA GENERAL16-575

III.MARCO NORMATIVO GENERAL DE PROTECCIÓN A LOS DERECHOS HUMANOS58-11410

A.Autoridades judiciales y administrativas competentes en materias relativas a los derechos humanos58-8110

B.Recursos de que dispone un individuo que afirma que se han violado sus derechos y sistemas de indemnización y rehabilitación82-8614

C.Protección de los derechos contemplados en los diversosinstrumentos de derechos humanos87-10015

D.Forma en que los instrumentos de derechos humanos pasan a ser parte del ordenamiento jurídico nacional101-10818

E.Las disposiciones de los instrumentos de derechos humanos¿pueden ser invocadas ante los tribunales judiciales o lasautoridades administrativas o ser aplicadas directamentepor ellos, o deben transformarse en derecho interno o enreglamentaciones administrativas antes de que puedan seraplicadas por las autoridades competentes?10919

F.Institución u órgano nacional encargado de vigilar la aplicación de los derechos humanos110-11420

IV.INFORMACIÓN Y PUBLICIDAD115-12620

Nota127-13223

I. TERRITORIO Y POBLACIÓN

1.México es un país densamente poblado, que ha mantenido tasas considerables de crecimiento poblacional. Según el último Censo General de Población y Vivienda, la población mexicana pasó de 81,1 millones de habitantes en 1990 a 97,5 millones de habitantes en el año 2000. Si se agregan los mexicanos establecidos en el exterior, la cifra se eleva hasta 105,34 millones de mexicanos en total. De éstos, el 50,27% pertenece al sexo femenino y el 49,73% al masculino, con un crecimiento anual relativo de la población del 1,8%. (INEGI)

2.La distribución de la población en México es irregular, puesto que sólo en el Estado de México y el Distrito Federal se concentra el 20,7% de la población total, mientras que en otros estados, como Quintana Roo, la cifra no rebasa el 3%. Otro dato que clarifica este hecho es la densidad de población, estimada en 50 habitantes por km2 a nivel nacional, además de la notada concentración urbana. El total de la población se divide de la siguiente forma: el 74,7%, es decir, 75,8 millones de personas, viven en zonas urbanas y el resto, 24,7 millones, viven en zonas rurales. (INEGI)

3.Respecto a la distribución de la población conforme a la edad, el censo del 2000 mostró que el país cuenta con una población sumamente joven. Hay aproximadamente 32,6 millones de mexicanos que tienen entre 0 y 14 años y que representan el 34,4% de la población general. Mas aún, hay 58,1 millones de mexicanos entre los 15 y 64 años, equivalentes al 60,6% de la población. El restante, 6,8 millones, son mayores de 65 años y constituyen el 5% de la población. (INEGI)

4.Del total de hogares mexicanos, el 79,4% está integrado por jefes de familia del sexo masculino, mientras que el 20,6% restante está encabezado por el femenino. (INEGI)

5.En lo referente a la salud, la mejoría relativa de las condiciones económicas y sociales de los mexicanos se ha visto reflejada en una baja considerable de las tasas de mortalidad. Las cifras de mortalidad materna registran 5,9 defunciones por cada 10.000 nacimientos, cifra inferior comparada con años anteriores. En este mismo sentido, la tasa de mortalidad infantil es de 19,7 muertes por cada 1.000 niños vivos, reflejando una considerable mejora en los sistemas de salud para los recién nacidos en el país. (INEGI, CONAPO)

6.Actualmente, la esperanza de vida al nacer de los mexicanos es de 75,2 años; más específicamente 72,4 años para los hombres y 77,4 años para las mujeres. Esta es la cifra más elevada en lo concerniente a la duración de vida en las últimas décadas. Las tasas de fecundidad y de natalidad de los mexicanos son positivas debido al resultado de las mejoras en las condiciones de vida de la población. La tasa de fecundidad es de 2,16 hijos por mujer; mientras que la tasa de natalidad general es de 18,8 de cada 1.000 habitantes. (CONAPO, INEGI)

7.En términos económicos, la población mexicana presenta otras mejoras. La población económicamente activa (PEA) conforma el 56,6% de la población general, el porcentaje más alto en la historia del país. Esta tasa se ha ido incrementando a razón de 6,6% anual desde 1994, lo que muestra los avances que el país ha tenido en su economía. No obstante, el número de hombres que forman parte de la PEA sigue siendo superior al de las mujeres, representando el 73,5 y 41,4% respectivamente. Por su parte, la tasa de desempleo se sitúa en 3,75%, dividida en un 3,3% para los hombres y 4,46% para las mujeres. Esta cifra es bastante baja si se compara con otras como la de 1996, que se estimó en más de 5,5% de la población. (INEGI)

8.Es importante mencionar que en México la población económicamente activa que se dedica al sector primario (7,1 millones de personas) representa el 16,3% de la PEA. El sector secundario (10,4 millones) representa un 28,7%; y el terciario (21,3 millones) un 55%. Dichas sumas significan que el país es productor básicamente de servicios y comercio, más que de productos manufacturados. (INEGI)

9.El fuerte crecimiento exportador del país, así como las mejoras sistemáticas de su economía, también se reflejan en otros indicadores. En el período de 1990 a 1997 el PIB se incrementó en un 2,19%. El producto interno bruto (PIB) en 1997 se estimó en $402.964 millones de dólares, con un ingreso per cápita de $4.270 dólares. Según cifras oficiales de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en el segundo trimestre del año 2004 el PIB registró $639.076 millones de dólares, con un PIB per cápita de $8.970 dólares y un salario mínimo general promediado diariamente de $43,29 pesos ($3,93 dólares). El tipo de cambio actual es de $11,58 pesos por dólar. (INEGI, BANCO DE MÉXICO, SECRETARÍA DE HACIENDA)

10.El gobierno mantiene una deuda interna neta de $916.147 millones de pesos. En el rubro sobre deuda externa, México ha logrado disminuir la misma, y ha logrado una mejor negociación de los pagos e intereses para la deuda ya existente. No obstante, el país mantiene una deuda externa considerable, que se eleva hasta los $79.072 millones de dólares. Sin embargo, en ramas como la inflación, se ha logrado un mayor control al disminuir la cifra de 19,9% en 1995, a 4,82% en el 2000. (INEGI, BANCO DE MÉXICO, SECRETARÍA DE HACIENDA)

11.La educación es otro de los temas que también registran avances. Con base en el Censo del 2000, el promedio de escolaridad de los mexicanos es de 7,6 años. El 92% de los hombres y el 87,1% de las mujeres pueden leer y escribir. Más específicamente, México cuenta con cerca de 56,8 millones de alfabetas de 15 años en adelante, de los cuales 27,8 millones son hombres y 29,1 millones son mujeres. (INEGI, SEP)

12.La eficiencia terminal escolar ha aumentado considerablemente. Actualmente dicha eficiencia en primaria es de 88% del total de asistentes. En secundaria la cifra desciende, sin dejar de ser alta: 78,8%. En el bachillerato la cifra es de 61,6%; y en profesional es del 50,5%. Esto nos indica que el 91,8% de los niños y adolescentes entre 6 y 14 años asisten a la escuela. En la etapa secundaria y bachillerato, es el 55,3% de los jóvenes entre 15 y 17 el que asiste. En etapa superior o técnica, el 22,3% de los jóvenes entre 18 y 24 asiste a la escuela. (INEGI, SEP)

13.Actualmente, México cuenta con un tasa de alfabetización de 90,5% de su población total, un analfabetismo adulto del 9,5% de la población total, un índice de matriculación de 74% en escuela primaria y secundaria y un índice de escolaridad de 81,3%. Dentro de los parámetros del índice de Desarrollo Humano, estas cifras colocan a México en el lugar 53 en desarrollo a nivel mundial, dentro del nivel de desarrollo humano alto. El presupuesto destinado a educación aumentó de 27,3 millones de pesos en 1990, a $283,8 millones en el 2003. El Gobierno reformó el artículo 25 de la Ley de educación para asegurar un aumento paulatino del presupuesto destinado a educación hasta que alcance el 8% del PIB para el 2006. (INEGI, IDH PNUD  2004)

14.En México existe una población indígena muy representativa. Se estima un total de 12.707.000 indígenas en la República Mexicana, lo que equivale aproximadamente al 13% de la población total. En el marco del Censo General 2000, se identificaron 62 lenguas indígenas, además de diversas variantes, dentro de las cuales destacan: el náhuatl, maya, mixteco, zapoteco, tzotzil, otomí y tzetzal. Cabe aclarar aquí que aunque el idioma oficial en el país es el español, la ley en vigor reconoce a las lenguas indígenas como lenguas nacionales. El analfabetismo en las poblaciones indígenas es muy superior al del promedio del país, llegando a 44,27% en la población indígena, a diferencia del 10,46% de la población total. (INEGI, CDI)

15.En lo relativo a la religión, el catolicismo es la religión predominante, con un 92%. Un 8% de la población afirma practicar otras religiones; entre ellas sobresalen la protestante y evangélica. Un 3,5% dice no tener religión. (INEGI)

II. ESTRUCTURA POLÍTICA GENERAL

16.La Constitución Política establece que los Estados Unidos Mexicanos son una República representativa, democrática y federal, integrada por 31 Estados y un Distrito Federal, donde reside el Gobierno Federal. Cada estado de la República es libre, soberano y autónomo y cuenta con su propia Constitución.

17.La Federación se divide para sus funciones en poder ejecutivo, poder legislativo y poder judicial. La misma división de poderes opera en el ámbito local.

18.El poder ejecutivo lo encabeza el Presidente de la República, cuyo mandato dura seis años y es elegido por voto directo de la población mayor de 18 años. El Presidente elige a su gabinete, que actualmente consta de 18 Secretarías de Estado.

19.El poder legislativo está compuesto por dos Cámaras: Cámara Baja o de Diputados y Cámara Alta o de Senadores. La Cámara de Diputados está compuesta por 500 diputados, 300 electos por voto directo y 200 por representación proporcional; cada período para esta Cámara dura tres años. La Cámara de Senadores se compone por 128 senadores, 4 por cada entidad federativa y se eligen cada seis años.

20.El poder judicial se compone por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los Tribunales Colegiados de Circuito, Tribunales Unitarios de Circuito, Juzgados de Distrito y el Consejo de la Judicatura Federal, este último, formado en 1994 a partir de las reformas a la Constitución.

21.Dicha reforma tuvo el propósito de avanzar en la consolidación del poder judicial de la Federación mediante el fortalecimiento de sus atribuciones constitucionales, así como de la autonomía de sus órganos e independencia de sus jueces y magistrados, a efecto de incrementar la eficacia de sus funciones. El Consejo de la Judicatura Federal, en los términos dispuestos por la modificación constitucional, fue instalado el 2 de febrero de 1995.

22.A partir de estas modificaciones, el Consejo de la Judicatura Federal tiene a su cargo la administración, vigilancia, disciplina y carrera judicial del poder judicial de la Federación, con excepción de la Suprema Corte de Justicia y del Tribunal Electoral. También determina la división y competencia territorial y en su caso, la especialización por materia de los tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y los Juzgados de Distrito.

23.El 11 de junio de 1999 se reformaron diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, entre ellos el número 100, que determina la naturaleza jurídica del Consejo de la Judicatura Federal como el órgano del Poder Judicial de la Federación con independencia técnica, de gestión y para emitir sus resoluciones. Junto con esta reforma del Consejo, fueron designados nuevos Consejeros con el fin de autenticar la independencia y cambio en la gestión del mismo.

24.En los últimos años, México ha experimentado una mayor participación política, reflejando la consolidación de la democracia y, con ello, la alternancia de los partidos en el poder. En el año 2000, ocho partidos políticos estaban registrados ante el Instituto Federal Electoral (IFE): Partido Acción Nacional (PAN), Partido Revolucionario Institucional (PRI), Partido de la Revolución Democrática (PRD), Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Partido del Trabajo (PT), Partido de la Sociedad Nacionalista (PSN), Partido Alianza Social (PAS) y Convergencia por la Democracia (Convergencia).

25.Existen otros partidos que actualmente no cuentan con el registro oficial por no haber obtenido el porcentaje mínimo de votos requerido por el IFE. Sin embargo, participaron en las elecciones del 2000 y son los siguientes: Democracia Social (Democracia), Partido Auténtico de la Revolución Mexicana (PARM) y Partido Centro Demócrata (PCD).

26.En las elecciones para Presidente del 2000, el porcentaje de votos a favor por partido fue:  42,52% para la alianza PAN/PVEM; 36,11% para el PRI; 16,64% para la alianza PRD/PT/PAS/Convergencia/PSN; 1,58% Democracia; 0,55% PCD y 0,42% para el PARM.

27.En las que corresponden a los Diputados electos por mayoría relativa, los resultados fueron: 38,24% PAN/PVEM; 36,92% PRI; 18,68% PRD/PT/PAS/Convergencia/PSN; 1,88% Democracia; 1,15% PCD y 0,73% PARM. Por otra parte, los resultados para senadores arrojaron: 38,11 % PAN/PVEM; 36,75% PRI; 18,85% PRD/PT/PAS/Convergencia/PSN; 1,80% Democracia; 1,39% PCD y 0,74% PARM.

28.En las elecciones de 2003 para diputados por mayoría relativa, los resultados fueron:  31,87% PAN; 23,99% PRI; 14,06% PRI/PVEM; 18,24% PRD; 2,48% PT; 4,15% PVEM; 2,33% Convergencia; 0,28% PSN; 0,77% PAS; 0,42% PMP; 0,94% PLM y 0,48% FC.

29.Un elemento sustancial en el proceso de cambio del país queda manifiesto en la firma del Acuerdo Político para el Desarrollo Nacional entre el Gobierno Federal y las dirigencias de los partidos políticos, el cual cuenta también con la aprobación del poder legislativo.

30.En dicho Acuerdo, se reconoce la importancia de afianzar las políticas de transparencia, de rendición de cuentas, de combate a la corrupción y a la impunidad, especialmente en materia de violación a los derechos humanos, así como de los daños patrimoniales contra la nación.

31.Según dicho acuerdo, es prioridad consolidar el respeto a los derechos humanos y sancionar dentro del marco constitucional su violación y todo abuso de poder, así como impulsar políticas de responsabilidad de servidores públicos.

Resumen histórico

32.Como se informó en el documento básico anterior, México es un país que ha experimentado una serie de etapas históricas, entre las que destacan la conquista española, la guerra de Independencia y la Revolución Mexicana.

33.A raíz de esta última, se convocó a un Congreso Constituyente que promulgó la Constitución Política el 5 de febrero de 1917, misma que continúa vigente hasta nuestros días.

34.Como lo dispone la Constitución, cada seis años se realizan comicios en el ámbito federal para la elección del Presidente de la República. Por lo tanto, el análisis y la presentación de las políticas desarrolladas en México se desarrolla a partir de los sexenios presidenciales.

35.Vicente Fox Quesada llegó a la Presidencia en diciembre del 2000, como el primer Presidente de la oposición, por el Partido Acción Nacional. El Presidente Fox ha propuesto una administración completamente transparente e incluyente.

36.En tal sentido, por primera vez en México se invitó a los ciudadanos a participar en la formulación del Plan Nacional de Desarrollo (PND 2001‑2006). Dicho plan se divide en tres temas amplios: desarrollo social, crecimiento con calidad y, orden y respeto. El PND establece como columna vertebral el fomento de la educación, por lo que se impulsa una revolución educativa que permita elevar la competitividad del país en el entorno mundial.

37.El Plan Nacional de Desarrollo establece una visión de México para el año 2025, en la que su población habrá alcanzado por lo menos la cifra de 126 millones de habitantes, de los cuales 18 millones serán jóvenes de entre 15 y 24 años y 13,5 millones serán personas mayores de 65 años.

38.Así, dentro del período que comprende dicha visión, la aplicación del PND pretende alcanzar una cobertura de educación de 100% y elevar el promedio de escolaridad a 12 años. De igual manera, la meta es elevar el nivel de vida de la población y erradicar la pobreza extrema, alcanzar la cobertura universal de los servicios y conseguir el respeto y cuidado del medio ambiente. Asimismo, se tiene proyectado consolidar formas de convivencia y de participación democrática y un gobierno respetuoso de las instituciones, que atienda con eficacia y transparencia las demandas y necesidades de la población.

39.La vertiente de crecimiento con calidad del PND pretende crear un marco macroeconómico en el cual la actividad productiva, como el trabajo, la inversión y el ahorro, la innovación y la creatividad, ofrezcan oportunidades para todos; aspira también a un crecimiento económico estable, sostenido y sustentable. Un crecimiento de esa naturaleza se caracteriza por bajos niveles de inflación y, consecuentemente, por certidumbre en los parámetros financieros; por el incremento de la competitividad y por su ampliación a sectores y regiones que no han sido hasta ahora partícipes de su fortalecimiento por incrementos graduales de los salarios reales, asociados a una mayor y más difundida competitividad.

40.Con respecto a la vertiente de orden y respeto, una de las prioridades del gobierno actual es garantizar el orden público, con absoluta vigencia de las libertades y derechos de los ciudadanos y del Estado de Derecho.

41.Uno de los grupos más importantes para la nueva administración es el de los migrantes. Al respecto, durante los primeros 100 días de gobierno se definieron prioridades en materia migratoria, entre las que destacan: la canalización de proyectos sociales en zonas de alta migración para disminuir el flujo de mexicanos al exterior; la puesta en marcha de un programa orientado a facilitar el envío de las remesas de mexicanos en el exterior a un costo bajo y accesible, así como la creación de una institución para la atención a los migrantes mexicanos en el extranjero.

42.El Instituto de los Mexicanos en el Exterior (IME) es un órgano desconcentrado de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), creado por decreto presidencial. Sus funciones centrales consisten en llevar a la práctica las políticas y directrices que emanen del Consejo Nacional que encabeza el propio Presidente y que está conformado por los titulares de Secretarías de Estado, para atender y fortalecer los contactos y actividades con los mexicanos que residen más allá de nuestras fronteras.

43.La estructura del IME está compuesta por la fusión de la Oficina Presidencial para la Atención de los Mexicanos en el Exterior y el Programa para las Comunidades Mexicanas en el Extranjero de la SRE, que venía realizando labores con dichas comunidades desde 1991. Además cuenta con el apoyo y orientación de un Consejo Consultivo, compuesto por connacionales que residen en el extranjero.

44.El IME promueve y apoya la inversión de capitales migrantes en zonas de extrema pobreza, procurando que los migrantes mexicanos inviertan voluntariamente en aquellas regiones de donde son originarios en la ejecución de programas de trabajo en áreas como la salud, asuntos laborales, educación, desarrollo comunitario, acceso a trámites y servicios, envíos de remesas, enlaces entre el lugar de origen en México y de residencia en el exterior, así como el desarrollo de negocios, entre otros.

45.Por otro lado, México busca otorgar estatus legal a trabajadores centroamericanos indocumentados. El Instituto Nacional de Migración (INM) inició un programa de regularización que podría dar amnistía a cerca de 10.000 migrantes, casi todos ellos de América Central. Cabe señalar que la oferta de regularización también está abierta a los miembros de sus familias.

46.La prioridad del Gobierno de México es la de crear las condiciones que hagan posible la participación permanente de los pueblos y comunidades indígenas en la construcción de los marcos legales que garanticen el ejercicio pleno de su autonomía y su libre determinación, reafirmando que la tolerancia es imprescindible en la consolidación de una sociedad plural y que la eliminación de toda forma de discriminación y exclusión de grupos minoritarios, con especial atención a la situación de vulnerabilidad en la que se encuentran los miembros de los pueblos indígenas, es fundamental.

47.En tal sentido, la administración del Presidente Vicente Fox creó la Oficina de Representación para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas y, con posterioridad, se estableció la Comisión para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, que tiene como objetivos: propiciar la participación directa de los pueblos indígenas en el desarrollo nacional; lograr que las comunidades indígenas interactúen con todos los sectores de la sociedad, así como con las tres instancias de gobierno ‑federal, estatal y municipal‑; y contribuir a combatir los rezagos y causas estructurales de su marginación para así mejorar las condiciones de vida de los pueblos indígenas, respetando sus usos y costumbres.

48.Por otro lado, el gobierno presta especial atención a las personas con discapacidades. En los últimos años se han creado instituciones de ayuda y rehabilitación, así como programas federales y estatales para la integración de los ciudadanos con alguna discapacidad física o mental a la actividad económica y a la sociedad, con el propósito de comprender y sensibilizar que las personas con discapacidades también pertenecen a la sociedad y pueden contribuir en cualquier actividad común.

49.Paralelamente, el PND incluye diversos proyectos, entre los cuales destaca el Plan Puebla Panamá (PPP), que abarca nueve Estados de la República y siete países centroamericanos. Su objetivo es elevar el nivel de vida de los habitantes, así como promover inversión en esta zona. Las obras de infraestructura se basarán en la construcción de carreteras, presas, puertos, aeropuertos, ferrocarriles y telecomunicaciones.

50.La política exterior de México se fundamenta en principios que provienen de su historia y forman parte de los postulados de su Constitución Política, tales como la autodeterminación de los pueblos, la no intervención, la solución pacífica de las controversias, la igualdad jurídica de los estados, la cooperación internacional, la proscripción de la amenaza o el uso de la fuerza y la lucha por la paz y la seguridad en el mundo.

51.México ha incorporado a su práctica internacional otros preceptos, compartidos por la gran mayoría de las naciones y que resultan fundamentales para el buen curso de las relaciones en la comunidad internacional: la soberanía sobre los recursos naturales, el derecho de asilo, la defensa de los derechos humanos, el respeto al pluralismo ideológico, la práctica democrática en la toma de decisiones en la comunidad internacional y la solidaridad latinoamericana.

52.Como resultado directo de la profunda transformación de México a raíz de las elecciones del 2 de julio del 2000, la política en materia de derechos humanos es una de las áreas en la que se ha manifestado de manera más importante un cambio, tanto hacia el interior como al exterior del país. La mejora sustancial de la situación de los derechos humanos es condición indispensable para lograr una plena transformación democrática en nuestro país. Por lo mismo, es una tarea a la que el gobierno mexicano asigna la mayor prioridad.

53.Dos son los ejes fundamentales en los que se basa la política en torno a los derechos humanos. El primero consiste en promover que las aportaciones de los organismos internacionales y de la comunidad internacional impacten en las acciones cotidianas de las instituciones y con esto se propicie el cambio estructural que el país requiere, principalmente para enfrentar la serie de rezagos de orden histórico. En el actual contexto de transición, es obligado el perfeccionamiento de las estructuras relacionadas con los derechos humanos.

54.El segundo eje de esta política consiste en reconocer y promover, en el ámbito internacional, los derechos humanos como valores fundamentales de carácter universal. En consecuencia, México desempeña un papel activo en los distintos foros, tendiente a fortalecer el escrutinio internacional en la materia y a reforzar el andamiaje jurídico. Nuestro país sostiene que la vigencia de los derechos humanos es una responsabilidad individual, pero también colectiva, de los Estados. Tenemos el propósito de responder, con visión y congruencia, a las transformaciones nacionales, regionales y mundiales, asegurando una adecuada protección y promoción de los intereses nacionales.

55.La política exterior mexicana se distingue por su claro propósito de diversificación, que le permite fortalecer aún más sus vínculos con todas las regiones del planeta sin reducirse a alguna de ellas y sin comprometerse de modo exclusivo con bloques o mercados comunes. Esta política internacional busca proyectar en el ámbito mundial los intereses de México y ubicarse activamente en la sociedad mundial contemporánea.

56.México se ha acercado de manera especial a diversos mercados internacionales, y en este contexto ha firmado acuerdos comerciales con América del Norte, la Unión Europea, Israel y diversos países latinoamericanos.

57.Además de los tratados comerciales, México ha establecido acuerdos de cooperación y concertación política, como es el caso de la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI) o el Grupo de Río, entre otros.

III. MARCO NORMATIVO GENERAL DE PROTECCIÓN A LOS DERECHOS HUMANOS

A. Autoridades judiciales y administrativas competentes en materias relativas a los derechos humanos

58.Son varias las instituciones encargadas de la promoción y respeto de los derechos humanos. Destacan la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y las comisiones locales. Asimismo, el Poder Judicial, a través de sus resoluciones y del juicio de amparo, tiene como misión respetar las garantías individuales previstas en la Constitución y cumplir en sus sentencias con los instrumentos internacionales ratificados por México.

59.Por otro lado, dependencias del poder ejecutivo también atienden materias relativas a los derechos humanos, en el ámbito de su competencia. El Gobierno Federal ha considerado el respeto a los derechos humanos como un eje fundamental en su accionar, así como la difusión de una cultura de respeto a los mismos. En este sentido, el Presidente Fox ordenó la creación de una unidad encargada de la promoción y protección de los derechos humanos en cada una de las dependencias del poder ejecutivo federal.

60.En otros ámbitos de trabajo, el ejecutivo federal también pone especial atención al control de la situación migratoria en el país, procurando el respeto de los derechos de los migrantes mexicanos que regresan al territorio nacional y de los migrantes extranjeros en el país y, al mismo tiempo, de los refugiados. La Secretaría de Gobernación cuenta con el Programa Paisano, el cual ofrece atención, información y orientación a migrantes, además de recibir quejas y denuncias para canalizarlas a las instancias competentes. Más aún, es un modelo de relación y coordinación, que ejecuta las decisiones y medidas que se toman en el marco de la Comisión Intersecretarial, de la que se hará mención más adelante en el documento. El programa de Grupo Beta y el Proyecto Interinstitucional de atención a menores fronterizos figuran como proyectos adicionales a la procuración del respeto a los derechos de los migrantes. (SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN)

61.En el Marco del Acuerdo Político para el Desarrollo Nacional, el Gobierno Federal, con la colaboración de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), convocó en noviembre de 2002 a un diálogo nacional los derechos humanos, con el objetivo de elaborar una agenda de manera eficaz y jerarquizada sobre acciones inmediatas del Gobierno Federal en materia de derechos humanos.

62.Para efectos de la promoción de los Derechos Humanos en el país, la Secretaría de Gobernación anunció la creación de una Subsecretaría de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos y de la Unidad para la Promoción y Defensa de los Derechos Humanos, con la intención de tener un programa permanente de promoción, fortalecimiento y capacitación en esta materia.

63.El Gobierno Federal considera a la procuración de justicia como un derecho humano fundamental. En este sentido, se ha buscado promover, fomentar, arraigar y capacitar al personal de la Procuraduría General de la República (PGR) en la cultura de la protección a los derechos humanos, con la finalidad de prevenir las violaciones a los mismos.

64.La PGR cuenta con una Fiscalía Especializada en Asuntos Indígenas. Su objetivo esencial es el de constituirse en un área de apoyo para que agentes del ministerio público de la Federación, investigadores y adscritos en búsqueda de orientación, consulta, trámite y gestión, brinden, en consulta con la Fiscalía, la debida atención en términos de inmediatez, eficiencia y estricto respeto a los derechos humanos de los indígenas detenidos o bien, sujetos a un proceso penal. La Fiscalía realiza actividades de asistencia jurídica a indígenas involucrados en delitos de carácter federal y a familiares de éstos, quienes en la mayoría de los casos son mujeres. Igualmente, imparte talleres sobre los derechos de los indígenas en diversas comunidades, en donde la mayor parte de los asistentes son del sexo femenino.

65.Cabe señalar que además de las dependencias mencionadas existen otras instituciones cuya área de trabajo incluye la promoción y respeto de los derechos humanos. Tal es el caso del Instituto Nacional de las Mujeres, el Consejo Nacional contra la Discriminación, la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, el Instituto Nacional de la Juventud, el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia y el Instituto Nacional de Adultos en Plenitud, entre otros.

66.En esta misma línea, en el estado de Chiapas la voluntad del ejecutivo federal es alcanzar una paz justa, duradera y definitiva en la zona de conflicto. Para atender los problemas de este estado, se ha establecido un vínculo permanente con instituciones académicas, organismos internacionales, organizaciones no gubernamentales (ONG) y líderes de opinión. De igual manera, se han atendido otros problemas derivados del conflicto, entre los que se encuentran los surgidos a raíz del desplazamiento forzoso de las personas que abandonaron sus comunidades. El gobierno desea contribuir al proceso de reconciliación social a través de la reanudación del diálogo que permita sentar las bases para una paz definitiva en la región.

67.El Gobierno firmó un acuerdo por el que se disponen diversas medidas para la procuración de justicia por delitos cometidos contra personas vinculadas con movimientos sociales y políticos del pasado. Al amparo de este acuerdo se crearon: la Fiscalía Especial para la Atención de Hechos Probablemente Constitutivos de Delitos Federales Cometidos Directa o Indirectamente por Servidores Públicos en contra de Personas Vinculadas con Movimientos Sociales y Políticos del Pasado; el Comité Ciudadano de Apoyo al Fiscal y el Comité Interdisciplinario, encargado de estudiar, analizar y presentar las propuestas para determinar procedimientos y términos en los cuales se deba dar la reparación del daño.

68.El 28 de agosto de 2002, el Presidente Vicente Fox presentó un Informe sobre las Políticas y Alcances Obtenidos en Materia de Derechos Humanos y realizó una serie de anuncios de particular relevancia, que tienen como objetivo el desarrollo de una política integral en materia de derechos humanos. Además, el mismo informe explica cómo se han realizado campañas en los medios de comunicación masivos para promover y reconocer el trabajo de los defensores de los derechos humanos, así como actividades que se realizarían a fin de incrementar la participación de la ciudadanía en la difusión y protección de los derechos humanos. En seguimiento al objetivo planteado en este informe, en enero de 2004 se firmó el decreto de la "Ley para el fomento de las actividades de las organizaciones de la sociedad civil".

69.México ha establecido una política de plena apertura al escrutinio internacional y de cooperación con los mecanismos internacionales. En el 2001, el Secretario de Relaciones Exteriores de México extendió, en el seno de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU (CDH), una invitación abierta a los representantes de los mecanismos internacionales de derechos humanos para que visitaran el país.

70.México concede gran importancia a la promoción de acciones tendientes a elevar los estándares internacionales de derechos humanos. De aquí que haya impulsado la adopción de diversos instrumentos internacionales, como el Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura para establecer un sistema de visitas a los centros de detención, aprobado el 18 de diciembre de 2002. Además, ha promovido las propuestas relativas a la protección de los derechos humanos de los grupos vulnerables, en particular de los indígenas, las personas con discapacidades y de los migrantes.

71.Un tema de particular interés para México es el de la protección de los derechos humanos de los migrantes. México ha presentado dos iniciativas relativas a los derechos humanos de los migrantes en la Comisión de Derechos Humanos de la ONU. La primera, se refiere al llamado a la firma y ratificación, por parte de los Estados Miembros de la ONU, de la Convención internacional para la protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y sus familiares, cuya ratificación Nº 20, necesaria para la entrada en vigor, se dio en diciembre del 2002. La segunda constituye un llamado a los Estados Miembros para que promuevan y protejan eficazmente los derechos humanos fundamentales de los migrantes y para reforzar el trabajo de la Relatoría Especial para los Derechos Humanos de los Migrantes.

72.Destaca el gran interés del gobierno mexicano de fomentar el respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales en la lucha contra el terrorismo, así como su deseo de mantener un papel activo en estos esfuerzos. México ha promovido en Ginebra la resolución sobre La Promoción de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales en la lucha contra el Terrorismo, la cual ha sido adoptada sin votación por segundo año consecutivo en la Comisión.

73.El 17 de octubre de 1997 a través de Acuerdo Presidencial se creó la Comisión Intersecretarial para la Atención de los Compromisos Internacionales de México en Materia de Derechos Humanos. En esta Comisión participaban las Secretarías de Relaciones Exteriores, de Gobernación, de la Defensa Nacional, de Marina, de Desarrollo Social, de Salud, de Seguridad Pública, la Procuraduría General de la República, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, el Instituto Nacional Indigenista, el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, la Comisión Ciudadana de Estudios contra la Discriminación, la Oficina para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, el Instituto Nacional para las Mujeres y la Oficina para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de la Presidencia de la República.

74.Dicha Comisión intersecretarial creó un Mecanismo de Diálogo para:

·Discutir con las organizaciones de la sociedad civil la agenda internacional en materia de derechos humanos y así definir conjuntamente la posición que México debe adoptar en dicha agenda;

·Impulsar la adopción de medidas de carácter interno, para que éstas sean congruentes con las posiciones internacionales;

·Promover las acciones necesarias para que México cumpla con sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos.

75.En noviembre de 2001 se dio inicio a ocho mesas de trabajo del Mecanismo de Diálogo. En ellas participaron de manera paritaria representantes del Gobierno Federal y de las organizaciones de la sociedad civil. Los temas de las mesas fueron los siguientes: armonización de la legislación nacional con los compromisos internacionales de México en la materia; derechos indígenas; derechos civiles y políticos; derechos económicos, sociales y culturales; derechos de la mujer; educación en derechos humanos; y derechos de grupos vulnerables. Esta última mesa se subdividió en tres: derechos de los niños, derechos de los migrantes y grupos vulnerables.

76.Ante la necesidad de que las posiciones de política exterior en materia de derechos humanos se reflejen de manera más adecuada al interior del país, el Gobierno decidió crear una nueva Comisión Intersecretarial que sustituyó a la creada en 1997. La Comisión Intersecretarial de Política Gubernamental en Materia de Derechos Humanos se estableció por decreto presidencial, publicado el 11 de marzo de 2003.

77.Con objeto de formular una política integral y nacional del Gobierno Federal en materia de derechos humanos, la nueva Comisión Intersecretarial buscó incluir a más dependencias del ejecutivo federal que desarrollen actividades estrechamente vinculadas a los derechos humanos.

78.Dicha Comisión está presidida por la Secretaría de Gobernación y la vicepresidencia está a cargo de la Secretaría de Relaciones Exteriores. En ella participan además las Secretarías de la Defensa Nacional, de Marina, de Seguridad Pública, de Educación Pública, de Desarrollo Social, de Hacienda y Crédito Público, de Salud, de Medio Ambiente y Recursos Naturales y la Procuraduría General de la República.

79.La Comisión Intersecretarial de Política Gubernamental se encarga de la coordinación de las acciones de las distintas dependencias y entidades de la administración pública federal, con el fin de dar uniformidad a los actos de Gobierno, tanto a nivel nacional como internacional.

80.La Comisión Intersecretarial de Política Gubernamental institucionalizó el proceso de participación de la sociedad civil en la política gubernamental en materia de derechos humanos. La Comisión garantiza la plena participación de representantes de organizaciones de la sociedad civil en todas sus sesiones como invitados permanentes. Las organizaciones de la sociedad civil, de manera independiente, designan a sus representantes ante la Comisión en un número razonable que permita la interlocución y el intercambio efectivo de ideas. Además, el Mecanismo de Diálogo forma parte de la nueva Comisión Intersecretarial en calidad de subcomisiones, respetando las modalidades ya establecidas.

81.En la Comisión Intersecretarial participan además como invitados permanentes la Comisión Nacional de Derechos Humanos y, con el mismo carácter, los representantes del Instituto Mexicano del Seguro Social, del Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores al Servicio del Estado, del Instituto Nacional de las Mujeres y de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, todos los cuales intervienen en las sesiones con voz pero sin voto.

B. Recursos de que dispone un individuo que afirma que se han violado sus derechos y sistemas de indemnización y rehabilitación

82.La Constitución Política establece en su primera parte las garantías individuales que el Estado tiene la obligación de proteger y hacer valer. Asimismo, en las leyes reglamentarias de los artículos 1 a 29 constitucionales y en las constituciones locales de cada entidad federativa se garantiza dicha obligación.

83.El individuo que alega que sus derechos han sido afectados puede recurrir ante el poder judicial e interponer los recursos que procedan según el caso: en materia penal proceden los recursos de revocación, de apelación, de negada apelación y de amparo; en materia civil proceden la revocación, apelación, apelación extraordinaria, la queja, el recurso de responsabilidad y el recurso de amparo.

84.La persona que desee formular una queja por presunta violación a sus derechos humanos por parte de una autoridad gubernamental, puede acudir ante la CNDH, la cual le proporcionará asesoría sobre los medios legales de que dispone y la forma en que debe interponerlos o bien, una vez agotadas todas las instancias legales, la CNDH investigará el asunto y en su caso emitirá una recomendación.

85.Por otra parte, uno de los elementos centrales de la política en materia de derechos humanos implementada por la presente Administración, lo constituye la atención y solución definitiva de los casos de violaciones a los derechos humanos que han sido denunciados ante organismos jurisdiccionales internacionales de protección de tales derechos. Para tal efecto, se han implementado las siguientes líneas de acción:

a)El reconocimiento de las obligaciones derivadas de las resoluciones emitidas por dichos organismos en los casos de que se trate;

b)El reconocimiento de la Corte y la Comisión Interamericanas de Derechos Humanos como foros legítimos para el conocimiento y resolución de dichos casos;

c)El establecimiento de mecanismos de trabajo ad hoc, integrados por la SRE, las autoridades directamente imputadas y las víctimas o sus representantes;

d)La promoción de la persecución de los responsables de la violación y de la reparación justa del daño causado.

86.Sobre esta base se trabaja en la atención de 433 casos individuales, que han sido denunciados ante dos de los foros internacionales más importantes: 129 ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y 304 ante Naciones Unidas.

C. Protección de los derechos contemplados en los diversos instrumentos de derechos humanos

87.Como ya se mencionó, los derechos humanos están protegidos en la Constitución por los artículos 1 a 29 y sólo se podrán derogar en casos graves como invasión, perturbación grave de la paz pública o de cualquier otro que ponga a la sociedad en peligro. Sin embargo, únicamente el Presidente de México, de acuerdo con los titulares de las Secretarías de Estado, la Procuraduría General de la República y con la aprobación del Congreso de la Unión, podrá suspender en todo el país o en un lugar determinado las garantías que fueran obstáculo para hacer frente a la situación. No obstante, deberá hacerlo por un tiempo limitado, por medio de prevenciones generales y sin que la suspensión se contraiga en determinado individuo. Cabe señalar que en ninguna ocasión se ha aplicado dicha suspensión de garantías.

88.La mejora sustancial de la situación de los derechos humanos es una condición indispensable para lograr una plena transformación democrática en México y por ello es una tarea a la que el gobierno le asigna la mayor prioridad.

89.En virtud de esta necesidad, se ha establecido como línea de acción prioritaria el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos como un elemento central del proceso de reforma del Estado, cuyos avances a continuación se detallan.

90.En el marco de la Comisión de Estudios para la Reforma del Estado, se definió la discusión de 21 temas prioritarios articulados en cinco ejes rectores: a) Marco ordenador de los derechos humanos; b) Defensa de los derechos humanos; c) Derechos civiles y políticos; d) Derechos económicos y sociales; y e) Derechos culturales, ambientales, de los migrantes, de la mujer y de los niños.

a) Marco ordenador de los derechos humanos

Entre los temas establecidos destacan los siguientes: garantizar la exigibilidad de todo derecho fundamental por medio de leyes constitucionales que reglamenten su debido cumplimiento; establecer la supremacía de los tratados internacionales de derechos humanos frente al derecho interno; y la necesidad de reordenar el capítulo constitucional de derechos humanos.

b) Defensa de los derechos humanos

En cuanto a los acuerdos formulados se acentuaron entre otros: el establecimiento de formas por las cuales sea posible dotar de efectos generales a las resoluciones de amparo dictadas en contra de normas generales; el fortalecimiento de las recomendaciones de los organismos protectores de los derechos humanos a través de mecanismos de participación por parte del poder legislativo; la adopción del principio de solución pacífica de conflictos como mecanismo de arreglo ante una posible aparición de estallidos sociales internos; la elaboración de un nuevo código penal federal, así como de su correspondiente orden procesal; y una reforma integral al sistema de procuración de justicia.

c) Derechos civiles y políticos

Los principales consensos logrados son: diferenciar claramente la libertad de expresión del derecho a la información, incluso expresándolos en artículos constitucionales distintos, para adecuar la reglamentación de la libertad de expresión, así como dotar de nuevos contenidos y alcances al derecho a la información; establecer el principio de no discriminación en rango constitucional y revisar todo el marco legislativo, eliminando cualquier forma de segregación; la formulación de acciones afirmativas que den sustento a la equidad de género; eliminar la disposición constitucional relativa a la expulsión discrecional de extranjeros y garantizar el derecho de audiencia y legalidad; ubicar el tema de la libertad religiosa en el contexto de otras libertades que son su base o se encuentran asociadas con ella, como son: la libertad de conciencia, la libertad de pensamiento, la libertad de expresión y de asociación.

d) Derechos económicos y sociales

Se planteó la urgente necesidad de dar vigencia y exigibilidad a estos derechos, reglamentando los compromisos mínimos del Estado en materia de educación, salud, vivienda, alimentación y trabajo, por medio de la Constitución.

e) Derechos ambientales, culturales y de los migrantes

Los principales consensos fueron: retomar en nuestro orden jurídico el concepto de sustentabilidad del medio ambiente como base de permanencia de la vida humana; asegurar a los distintos grupos sociales la libertad de asumir en condiciones de igualdad el goce y disfrute de sus valores y práctica culturales, siempre que no lleguen a interferir en las funciones básicas del Estado; concretar las modalidades, en el marco de acuerdos bilaterales y multilaterales, que garanticen el libre tránsito entre fronteras.

91.El 11 de junio de 2002 se promulgó el decreto de la Ley federal de transparencia y acceso a la información pública gubernamental, la cual tiene como finalidad proveer lo necesario para garantizar el acceso de toda persona a la información en posesión de los órganos del Estado. Con esta ley, se establecieron criterios objetivos para clasificar la información y de ésta forma, reservar del conocimiento del público únicamente aquella información que se considere confidencial.

92.En marzo de 2004 el ejecutivo federal presentó una iniciativa de reforma en materia de seguridad pública y de justicia penal, basada en las aportaciones de organizaciones de la sociedad civil, académicos, la CNDH, y las recomendaciones de la Oficina de la Alta Comisionada. La reforma se sustenta en tres pilares: reestructuración orgánica de las instituciones de seguridad pública, transformación del procedimiento penal y profesionalización de la defensa penal.

93.La iniciativa propone también, cambiar el sistema procesal vigente, sustituyéndole con juicios rápidos y equilibrados, orales, transparentes y públicos.

94.Asimismo, el 26 de abril de 2004, el Presidente de la República envió al congreso un proyecto de reformas constitucionales en materia de Derechos Humanos. La iniciativa busca reformar los artículos 1, 3, 14, 15, 22, 33, 73, 89, 102, 103 y 105 de la Constitución.

95.Con la iniciativa se pretende reconocer los derechos humanos en la Constitución, incluir la perspectiva de género en la educación pública, eliminar la pena de muerte, proteger los derechos humanos contenidos en tratados de los que México es parte, incluso a través del juicio de amparo, respetar las garantías de debido proceso a los extranjeros en proceso de expulsión o deportación, facilitar la facultad de atracción para violaciones a los derechos humanos, incluir la protección de los derechos humanos como principio de la política exterior, dar autonomía a las comisiones estatales de derechos humanos y facultar a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y a las Comisiones Estatales para ejercer acciones de inconstitucionalidad contra leyes que a su juicio violen los derechos humanos.

96.Durante la presente administración se han recibido 15 visitas de diversos representantes de mecanismos internacionales que han dado como resultado una serie de informes y recomendaciones que están siendo utilizadas para la formulación de una política integral en materia de derechos humanos acorde a los estándares internacionales.

97.Consciente de la utilidad e importancia de las recomendaciones de los diferentes mecanismos internacionales a los cuales México se ha sometido a escrutinio, la SRE publicó a finales del año 2003 una compilación de las 388 recomendaciones que a dicha fecha habían sido efectuadas a México, a fin de darles difusión.

98.El 2 de diciembre de 2000, el Presidente Fox firmó un Acuerdo de Cooperación Técnica con la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Mary Robinson. Entre febrero y agosto de 2001 se ejecutó la primera fase del Programa de Cooperación Técnica, que consistió en la celebración de seminarios de capacitación para el combate a la tortura, en particular, para la aplicación de dos protocolos modelo sobre el diagnóstico médico de la tortura e identificación de tortura en materia forense, con base en normas internacionales.

99.En octubre de 2001, México firmó el Acuerdo Marco para la segunda fase del Programa de Cooperación Técnica, la cual se inició con el establecimiento de la Oficina del Alto Comisionado en México, a fin de apoyar las reformas estructurales necesarias para garantizar la vigencia de los derechos humanos en el país. Uno de los resultados de esta fase fue la elaboración del Diagnóstico sobre la Situación de los Derechos Humanos en el país, el cual fue entregado al Presidente Fox el 8 de diciembre de 2003.

100.El Diagnóstico, elaborado por cuatro expertos mexicanos seleccionados por la Oficina del Alto Comisionado, así como las recomendaciones de los mecanismos internacionales de derechos humanos fueron utilizados como insumos en la elaboración del Programa Nacional de Derechos Humanos.

D. Forma en que los instrumentos de derechos humanos pasan a ser parte del ordenamiento jurídico nacional

101.El artículo 133 de la Constitución establece que todos los tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por el Presidente de la República con la aprobación del Congreso de la Unión, serán la ley suprema de toda la Unión. Por tal motivo, durante los trabajos en la Mesa de Armonización Legislativa de la Comisión Intersecretarial se abordó el punto de una propuesta de reforma al artículo 133, consistente en elevar a rango constitucional los derechos reconocidos en los tratados internacionales que contengan normas protectoras de la persona humana.

102.En el orden jurídico mexicano, los tratados internacionales están situados jerárquicamente sobre la legislación federal, de acuerdo con el criterio más reciente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación plasmado en la Tesis 192.867 bajo el rubro "TRATADOS INTERNACIONALES SE UBICAN JERÁRQUICAMENTE POR ENCIMA DE LAS LEYES FEDERALES Y EN UN SEGUNDO PLANO RESPECTO DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL". Esto significa, por una parte, que en caso de contradicción de la legislación federal, prevalece lo dispuesto por los tratados en aplicación del criterio jerárquico en la solución de conflictos normativos y, por la otra, que ante la existencia de vacíos normativos en la legislación federal, las normas contenidas en los tratados sirven como pautas o principios útiles para la integración del ordenamiento.

103.Cabe señalar que una de las primeras acciones de la presente administración, fue revisar la situación de México con relación a su pertenencia a los diversos instrumentos internacionales de derechos humanos universales y regionales y presentar una propuesta.

104.En diciembre de 2001 el Congreso de la Unión aprobó varios instrumentos relevantes, incluyendo la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas y la aceptación de la competencia de los Comités establecidos en virtud de los tratados para aceptar comunicaciones de particulares, temas que motivaban amplias discusiones.

105.Como parte de todo este proceso, otros convenios que entraron en vigor una vez depositados los instrumentos correspondientes son los siguientes: Convención sobre la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y de los crímenes de lesa humanidad; Convención Interamericana sobre desaparición forzada de personas; Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; Protocolo Facultativo de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer; Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la participación de niños en los conflictos armados; Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de los niños en la pornografía; Protocolo de Firma Facultativa sobre la jurisdicción obligatoria para la solución de controversias de la Convención de Viena sobre relaciones consulares.

106.Asimismo, se produjo el retiro de la enmienda a los artículos 17 (7) y 18 (5) de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanas o Degradantes; el retiro parcial de la Declaración Interpretativa y de la reserva formulada por el Gobierno de México al párrafo 3 del artículo 12 y al párrafo 2 del artículo 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, respecto al voto activo de los ministros de culto y la celebración de actos públicos de culto religioso; el retiro parcial de la reserva formulada por México al artículo 25-b) del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, por lo que se refiere al voto activo de los ministros de culto.

107.Por otra parte, México reconoció la competencia del Comité contra la Tortura y el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial, para conocer quejas individuales e interestatales y asimismo concretó un acuerdo entre los Estados Unidos Mexicanos y el Comité Internacional de la Cruz Roja relativo al Establecimiento en México de una Delegación Regional del Comité.

108.Con relación al Estatuto de Roma que crea la Corte Penal Internacional, el Ejecutivo ha enviado al Senado una iniciativa de reforma al artículo 21 de la Constitución, que plantea el reconocimiento de la jurisdicción de los tribunales internacionales establecidos en tratados en los que México es parte en los términos y conforme a los procedimientos que lleven a cabo dichos tribunales, así como el cumplimiento de sus resoluciones y sentencias. La reforma será un paso decisivo en la incorporación y eficacia de las normas de derecho internacional en el ámbito interno, especialmente aquellas dirigidas a la protección de los derechos humanos.

E. Las disposiciones de los instrumentos de derechos humanos ¿pueden ser invocadas ante los tribunales judiciales o las autoridades administrativas, o ser aplicadas directamente por ellos, o deben transformarse en derecho interno o en reglamentaciones administrativas antes de que puedan ser aplicadas por las autoridades competentes?

109.De acuerdo con la normatividad vigente, los instrumentos internacionales de derechos humanos, al momento de ser ratificados por el Senado, pasan a ser derecho interno y, por lo tanto, pueden ser invocados ante los tribunales. La Constitución establece que los jueces de cada Estado se arreglarán a dicha Constitución, leyes y tratados, a pesar de las disposiciones en contrario que puedan haber en las Constituciones o leyes estatales.

F. Institución u órgano nacional encargado de vigilar la aplicación de los derechos humanos

110.Los órganos nacionales encargados de la protección y difusión de los derechos humanos son la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y las comisiones estatales.

111.La creación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) en 1990, así como las reformas para el fortalecimiento e independencia del Poder Judicial en 1995, evidencian entre otros actos, la voluntad del Estado mexicano para avanzar en la promoción y protección de los derechos humanos.

112.Con fecha 13 de septiembre de 1999 se reformó el artículo 102, apartado B Constitucional, que actualmente establece que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos es un organismo descentralizado que cuenta con autonomía de gestión y presupuestaria, así como personalidad jurídica y patrimonio propios. Su objetivo esencial es la protección, observancia, promoción, estudio y divulgación de los derechos humanos previstos por el orden jurídico mexicano.

113.A raíz de dicha reforma, quien designa al titular de la CNDH es el Poder Legislativo, concretamente la Cámara de Senadores, lo cual garantiza su autonomía del Ejecutivo.

114.Los objetivos específicos de la CNDH son los siguientes: fortalecer una cultura de respeto a los derechos humanos; consolidar mecanismos institucionales de protección de los derechos humanos; continuar las acciones para erradicar la impunidad en los casos de violaciones comprobadas a los derechos humanos; diseñar los mecanismos que permitan identificar los avances y obstáculos, de manera periódica y sistemática, de las políticas de respeto a los derechos humanos; incrementar la difusión entre la opinión pública de los mecanismos de promoción y protección de los derechos humanos; coadyuvar al cumplimiento de los compromisos internacionales en la materia; fortalecer la autonomía del sistema no jurisdiccional y promover la colaboración entre el sector público y la sociedad civil, a través de los mecanismos institucionales y legales existentes para fortalecer la protección de los derechos humanos.

IV. INFORMACIÓN Y PUBLICIDAD

115.Del 25 al 28 de febrero de 2003, en la Secretaría de Relaciones Exteriores se celebró una reunión sobre "Educación superior en derechos humanos en América Latina y el Caribe" con el propósito de dar continuidad y profundizar el análisis del tema.

116.En febrero y marzo del 2002 se celebró una reunión entre la Cancillería mexicana y una Misión de Expertos de la Comisión Europea con el fin de negociar un proyecto de cooperación conjunta en materia de derechos humanos.

117.El objetivo general del proyecto propuesto por México es la definición de acciones y políticas concretas para la incorporación de normas y estándares internacionales de derechos humanos en México, en el marco del diálogo que se lleva a cabo en la Comisión Intersecretarial de Política Gubernamental en Materia de Derechos Humanos. De aquí derivan cuatro objetivos específicos:

a)Lograr la comprensión de la protección internacional y regional de los derechos humanos y de las obligaciones internacionales de México por parte de las autoridades y las organizaciones de la sociedad civil;

b)Consolidar un espacio y propiciar una cultura de diálogo entre el gobierno y la sociedad civil, conducentes al diseño y aplicación de políticas públicas basadas en las normas y estándares internacionales de derechos humanos;

c)Facilitar el intercambio del conocimiento y experiencia necesarios para que cada una de las ocho Subcomisiones (anteriormente Mesas del Mecanismo de Diálogo) de la Comisión Intersecretarial, integradas por funcionarios del gobierno y representantes de la sociedad civil, pueda elaborar propuestas concretas de políticas públicas, a través de seminarios y talleres temáticos dirigidos por expertos europeos y latinoamericanos;

d)Diseñar una campaña de difusión para transmitir la experiencia y los conocimientos derivados del Programa.

118.Dentro de las actividades propuestas están la realización de seminarios sobre protección internacional y regional de los derechos humanos; sobre diálogo gobierno-sociedad civil; seminarios temáticos sobre la problemática de las diferentes subcomisiones; y diseñar una campaña de difusión para transmitir la experiencia y los conocimientos derivados de este programa de cooperación.

119.El programa contempla igualmente la realización y evaluación de una encuesta sobre los impactos reales de las campañas masivas de difusión sobre derechos humanos en México, así como la publicación, en el transcurso de 2003, de los resultados obtenidos en las reuniones citadas.

120.El 25 de febrero de 2004 se celebró la primera actividad que consistió en un seminario informativo sobre el contenido del proyecto. En el evento participaron las ONG y representantes de las dependencias del Gobierno Federal que conforman las subcomisiones temáticas de la Comisión de Política Gubernamental en Materia de Derechos Humanos.

121.En diciembre de 2001, se celebró en México la Reunión Regional sobre Educación en Derechos Humanos, al final de la cual se suscribió la "Declaración de México sobre Educación en Derechos Humanos en América Latina y el Caribe", la cual contiene un importante número de acciones para el desarrollo de una cultura de derechos humanos a través de la educación formal y no formal. En marzo de 2002, bajo este marco de cooperación, se firmó un Acuerdo para el Desarrollo de un Programa de Actividades sobre Derechos Humanos, que otorga especial importancia a los Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Se invitó a participar en el Acuerdo a las instituciones académicas mexicanas que cuentan con programas de educación en derechos humanos, por lo que paralelamente se suscribió un Convenio de Colaboración entre la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), la Universidad Iberoamericana (UIA) y la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), con vigencia de dos años, para organizar seminarios y otras actividades académicas para fomentar el debate y la promoción de los derechos humanos.

122.El primer seminario se celebró los días 4 y 5 de julio de 2002, con el tema de "Los obstáculos a la vigencia de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales en América Latina". El segundo de los seminarios se llevó a cabo los días 7 y 8 de octubre de 2002 y abordó el tema de los "Derechos Humanos y Flujos Migratorios en México y América Central", con un alto nivel de asistencia académica, gubernamental y de representantes de organizaciones de la sociedad civil, así como expositores de México y Centroamérica.

123.Finalmente, en mayo de 2003, se llevó a cabo en la Cancillería mexicana el tercer seminario internacional sobre "Educación Superior de Derechos Humanos en América Latina y el Caribe", con los siguientes objetivos: 1) Contribuir a la realización de un diagnóstico sobre el estado actual de la enseñanza y la investigación a nivel superior en derechos humanos en la región; 2) Incentivar la inclusión de la temática de derechos humanos en todas las carreras universitarias; y 3) Contribuir a la creación de una red latinoamericana de cooperación en la enseñanza e investigación sobre derechos humanos entre especialistas y académicos latinoamericanos, que contara con el apoyo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Los resultados de los tres seminarios fueron publicados el 20 de enero de 2004.

124.En seguimiento a la resolución promovida por México en la Comisión de Derechos Humanos sobre la igualdad de las mujeres en materia de acceso a la propiedad y control de la tierra y la igualdad de derechos a la propiedad y una vivienda adecuada, el 4 y 5 de diciembre de 2003 se celebró en la ciudad de México una reunión regional sobre el derecho de la mujer a una vivienda adecuada, la cual fue organizada por el Relator Especial para una Vivienda Adecuada de la ONU, Sr. Miloon Khotari.

125.Del 18 al 20 de febrero de 2004 se celebró en las instalaciones de la SRE el Seminario Regional sobre Desplazamiento Interno en América, el cual fue copatrocinado por la Oficina del Representante Especial del Secretario General sobre los Desplazados Internos, con lo que se buscó la identificación de políticas y prácticas para atender las necesidades actuales de las personas desplazadas en la región.

126.La CNDH y las comisiones estatales divulgan temas relativos a la naturaleza, promoción y protección de los derechos humanos a través de los medios masivos de comunicación, y por medio de la organización de cursos de capacitación, ciclos de cines, exposiciones de artes plásticas y la realización de programas de radio y televisión en los cuales participan tanto miembros de la CNDH como de su Consejo, quienes también han dictado conferencias e intervenido en mesas redondas y otros eventos sobre el tema, así como producción de vídeos de capacitación. La CNDH ha publicado documentos, inclusive en idiomas indígenas, para promover el respeto de los derechos humanos en sus diversos programas entre los que destacan: quejas, asuntos indígenas, sistema penitenciario del país, defensa de la niñez y trabajadores migratorios.

Nota

127.Con posterioridad a la elaboración del presente documento, se han registrado avances, de los cuales, por su importancia, se mencionan a continuación los siguientes.

128.El 23 de junio de 2005, el pleno de la Cámara de Diputados aprobó una reforma constitucional en la que se prohíbe expresamente la pena de muerte en México. Esta reforma a los artículos constitucionales 14 y 22 se adoptó con 412 votos a favor y dos abstenciones. Dicha iniciativa había sido ya previamente aprobada por la Cámara de Senadores por lo que, de conformidad con la legislación, fue enviada a las legislaturas estatales, para que una vez que sea votada favorablemente por 16 de los 31 Congresos de los Estados pueda entrar en vigor.

129.Con la reforma, se abrogó del texto constitucional la alusión que había, en el sentido de imponer la pena de muerte sólo al traidor a la patria en guerra extranjera, al parricida, al homicida con alevosía, premeditación o ventaja, al incendiario, al plagiario, al salteador de caminos, al pirata y a los reos de delitos graves del orden militar. Con tal medida legislativa se destierra toda posibilidad de aplicar la pena de muerte en México.

130.El 29 de junio de 2005, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se reforman diversas disposiciones el Código de Justicia Militar para eliminar la pena de muerte. Es importante indicar que aún cuando el Código de Justicia Militar contemplaba la pena de muerte para determinados delitos graves, dicha pena no se aplicó desde el 9 de agosto de 1961.

131.Por otra parte, el 11 de abril de 2005 se registró el depósito del instrumento de ratificación del Protocolo Facultativo de la Convención Internacional contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes.

132.El 28 de octubre de 2005, México depositó el instrumento de ratificación del Estatuto de Roma que estableció la Corte Penal Internacional. Dicho tratado internacional fue firmado por nuestro país en septiembre del año 2000, y aprobado por el H. Senado de la República el 21 de junio de 2005. Para su adopción fue necesario modificar la Constitución, lo cual se concretó el 20 de junio de este mismo año. Con el depósito del instrumento, México se vincula formalmente al Estatuto de Roma, cuya vigencia en territorio nacional comenzará el 1° de enero de 2006 y se convierte en la nación Nº 100 en ratificarlo.

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