Documento básico que forma parte integrantede los informes de los Estados partes

Perú *

[8 de julio de 2010]

Índice

Párrafos Página

I.Introducción1–43

II.Información general sobre el Estado5–363

A.Características demográficas, económicas, sociales y culturales5–113

B.Estructura constitucional, política y jurídica12–3618

III.Marco general de protección y promoción de los derechos humanos37–7224

A.Aceptación de las normas internacionales de derechos humanos37–4124

B.Marco jurídico de protección de los derechos humanos a nivel nacional42–5727

C.Marco de la promoción de los derechos humanos a nivel nacional58–6529

D.Proceso de presentación de informes a nivel nacional66–7230

I.Introducción

1.Buena parte del presente informe se sustenta en los alcances del "Plan Perú 2021 – Plan Estratégico de Desarrollo Nacional", documento presentado este año por nuestro Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (CEPLAN) y que se encuentra sometido a la revisión de los distintos sectores de la Administración Pública y también de los estamentos de la sociedad civil.

2.El Plan Perú 2021 emplea criterios que se sustentan en la Declaración Universal de Derechos Humanos, en el desarrollo concebido como libertad y en las Políticas de Estado del Acuerdo Nacional. Será importante coincidir alrededor de tan vital e inédito instrumento de planificación en el Perú. Todo sistema democrático se debe apoyar en instituciones sólidas que impidan la vulneración de los derechos humanos, pero también que los promuevan y fortalezcan.

3.Desde el año 2007, como ejemplo práctico, el Estado Peruano ha incluido dentro de sus presupuestos públicos el enfoque de presupuestación por resultados que devienen en la creación de programas estratégicos, con la finalidad de priorizar la atención a necesidades básicas de la población. Esto significa mejorar la calidad del gasto, reformar estructuras administrativas, acelerar procesos de adecuación tecnológica, despolitizar las esferas gerenciales, descentralizar el poder político y las competencias, entre otras acciones afirmativas; más allá de los resultados positivos que se alcancen, el gran logro nacional debe consistir en hacer entender y efectivizar el irrestricto respeto a los derechos humanos.

4.Respeto que dará vida al concepto de desarrollo humano adoptado por las Naciones Unidas; concepción integral que a su vez es sinónimo de libertad política, de derechos civiles, de oportunidades económicas y sociales, de protección a la persona y de transparencia en la gestión pública. Así lo expresa el Plan Perú 2021.

II.Información general sobre el Estado

A.Características demográficas, económicas, sociales y culturales

5.A juzgar por la evolución de sus principales indicadores macroeconómicos el Perú revela una estabilidad económica que le permite ampliar la cobertura de sus políticas públicas orientadas a mejorar la calidad de vida de las poblaciones vulnerables, entre ellas la integrada por personas con discapacidad.

6.Este nuevo escenario, ha determinado que se profundice el proceso de reformas a la Administración Pública, direccionando los mayores esfuerzos hacia la mejora de los servicios ofrecidos al ciudadano; se fijaron políticas nacionales de obligatorio cumplimiento por parte de las entidades públicas (Decreto Supremo aprobado el año 2007 por la Presidencia del Consejo de Ministros) y el mismo año se inició la implementación de la metodología de los presupuestos por resultados que tiene como objetivo priorizar los objetivos de desarrollo del Milenio, mejorando la calidad del gasto público.

7.El marco conceptual bajo el cual se ejecuta la política social, ha dejado de ser el asistencialismo y se ha pasado a privilegiar el desarrollo del capital humano, atendiéndose en primer lugar el financiamiento de aquellos proyectos que sean sostenibles y tengan una cuota de participación de la sociedad civil, lo cual es un tema crucial para reforzar las prácticas de vigilancia ciudadana que ayuden a una mayor transparencia y acceso a la información pública, así como a la reducción de los niveles de corrupción en el sector público, tema donde la comunidad internacional y el Estado Peruano ponen especial énfasis por considerar que la lucha anticorrupción tiene relación directa con la ética del servidor público y con el clima de estabilidad jurídica que impulsa la inversión privada y extranjera, que a su vez tiene vital influencia en las tasas de empleo de nuestro país.

8.No puede dejarse de mencionar la estabilidad política que se vive actualmente en el Perú, producto del libre ejercicio de la voluntad popular expresada en elecciones generales cada cinco años, así como también de elecciones regionales y municipales que ayudan a consolidar el proceso de descentralización que en los últimos años se traduce en la transferencia real de funciones, competencias y presupuestos.

1.Indicadores demográficos

9.Véanse las figuras siguientes.

Población y tasa de crecimiento registrada y proyecta da en el Perú

(En miles de habitantes)

Año	1940	1961	1972	1981	1993	2007	2011	2021	2050
Población	7 023	10 217	13 953	17 760	23 073	28 482	29 798	33 149	40 111

Per í odo	1940-1961	1961-1972	1972-1981	1981-1993	1993-2007	2007-2011	2011-2021	2021-2050
Tasa de crecimiento por per í odo (en porcentaje)	1,80	2,87	2,72	2,20	1,52	1,14	1,07	0,66 2050: 0,33

Estructura de la población en el Perú a julio de 1950 y julio de 2005

Razón de dependencia por edad: Perú, 1950-2050 y departamento 2007

Población según región geográfica en el Perú

Región geográfica	Población	Distribución (en porcentaje)
Norte	7 057 807	25,7
Sur	4 446 651	16,2
Centro	4 047 364	14,8
Oriente	2 538 247	9,3
Lima Metropolitana	8 482 619	30,9
Lima provincias	839 469	3,1
Total	27 412 157	100

Principales indicadores demográficos en el Perú al 2007

(En porcentaje)

Variables clave	Valores	Lima y Callao	Regiones geográficas	Total nacional
Máximo	Mínimo	Norte	Centro	Sur	Oriente
Tasas de crecimiento demográfico 1993-2007	3,5	0,4	2,1	1,3	1,4	1,3	2,1	1,6
Tasas de crecimiento demográfico 1981-1993	6,1	-0,2	2,7	2,2	1,3	2,1	4,4	2,2
Densidad poblacional (habitantes por km 2 )	5 966	1,3	Lima: 242,7	50,4	21,2	16,6	6,3	22,0
		Callao: 5 966,0

Situación demográfica en el Perú y el mundo

Variables	Perú	América Latina	Países en desarrollo	OCDE	Total mundial
Esperanza de vida al nacer (años) 2005	70,7	72,8	66,1	78,3	68,1
Tasa de alfabetización (porcentaje de personas mayores de 15 años) 1995-2005	87,9	90,3	76,7		78,6
Tasa de crecimiento demográfico 1975-2005 (en porcentaje)	2	1,8	1,9	0,8	1, 6
Tasa de crecimiento demográfico 2005-2015 (en porcentaje)	1,2	1,2	1,3	0,5	1,1
Población menor de 15 años 2005 (en porcentaje)	31,8	29,8	30,9	19,4	28,3
Población menor de 15 años 2015 (en porcentaje)	27,4	26,3	28	17,8	26
Población de más de 65 años 2005 (en porcentaje)	5,6	6,3	5,5	13,8	7,3
Población de más de 65 años 2015 (en porcentaje)	6,7	7,7	6,4	16,1	8,3
Tasa de fecundidad 1970-1975 (hijos nacidos por cada mujer)	6	5	5,4	2,6	4,5
Tasa de fecundidad 2000-2005 (hijos nacidos por cada mujer)	2,7	2,5	2,9	1,7	2,6
Población con saneamiento mejorado 2004 (en porcentaje)	63	77	49	96	59
Población que usa fuente de agua mejorada 2004 (en porcentaje)	83	91	79	99	83
Personas desnutridas 2002-2004 ( en porcentaje)	12	10	17		17
Población urbana 2005 (en porcentaje)	72 ,6	77,3	42,7	75,6	48,6
Población urbana 2015 (en porcentaje)	74,9	80,6	47,9	78,2	52,8

Servicios Públicos

Cobertura de agua potable y alcantarillado en el Perú, 2003-2007

Servicio	2003	2004	2005	2006	2007
Agua potable
Total	68,6	68 ,0	67,2	68,6	68,6
Urbano	84,7	85,1	85,6	86,3	86,8
Rural	38,7	36,3	33 ,0	35,7	34,6
Desagüe
Total	49,4	50,9	51,3	52,2	53,3
Urbano	73,5	75,4	75,6	77,2	77,8
Rural	4,7	5,5	6	5,8	7,7

Cobertura de electricidad en países seleccionados, 2005

Cobertura de los servicios de telecomunicaciones

(En porcentaje)

Indicadores de cobertura de telecomunicaciones en el Perú

Indicadores	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008
Densidad telefónica fija (por cada 100 habitantes) 1 2	6,3	6,2	6,0	6,2	6,8	7,4	8,1	8,5	9,3	10,3
Porcentaje de viviendas con servicio de telefonía fija 3									27,7
Densidad telefónica pública (por cada 1 . 000 habitantes) 2	2,5	3,2	3,6	4,1	4,7	5,1	5,3	5,6	5,9	7,0
Densidad telefónica móvil (por cada 100 habitantes) 4	4,1	5,1	6,8	8,6	10,7	14,7	20,5	31,9	55,6	74,9
Porcentaje de viviendas con servicio de telefonía móvil 3									42,9
Suscriptores de TV por cable (miles) 5	327	349	352	359	434	511	583	631	769	S.I.
Porcentaje de viviendas con servicio de TV cable 3									15,5
Suscriptores de I nternet (miles) 6 7	121	135	157	385	556	673	833	934	733	S.I.

Déficit global de viviendas por departamentos en el Perú, 2005

Departamento	Déficit
Cuantitativo	Cualitativo	Total	Porcentaje
Amazonas	1 495	26 218	27 713	1,84
Áncash	13 926	41 123	55 049	3,66
Apurímac	604	30 473	31 077	2,07
Arequipa	11 728	53 787	65 515	4,36
Ayacucho	1 930	49 428	51 358	3,42
Cajamarca	3 352	101 618	104 970	6,98
Ca llao	11 787	16 419	28 206	1,88
Cusco	2 909	80 921	83 830	5,58
Huancavelica	1 060	34 173	35 233	2,34
Huánuco	3 321	65 417	68 738	4,57
Ica	8 395	21 612	30 007	2,00
J unín	6 024	57 177	63 201	4,20
La Libertad	12 383	59 144	71 527	4,76
Lambayeque	11 031	42 680	53 711	3,57
Lima	124 803	198 067	322 870	21,48
Loreto	6 328	64 781	71 109	4,73
Madre De Dios	313	7 109	7 422	0,49
Moquegua	2 932	8 822	11 754	0,78
Pasco	1 115	20 538	21 653	1,44
Piura	16 186	91 166	107 352	7,14
Puno	3 790	75 337	79 127	5,26
San Martín	6 471	46 771	53 242	3,54
Tacna	5 405	10 221	15 626	1,04
Tumbes	1 466	8 171	9 637	0,64
Ucayali	2 173	31 148	33 321	2,22
Total	260 927	1 242 321	1 503 248	100,00

Déficit de vivienda según ámbito en el Perú, 2005

Ámbito	Unidades	Porcentaje
Urbano	897 635	59,7
Rural	605 613	40,3
Total	1 503 248	100,0

2.Indicadores sociales, económicos y culturales

10.El indicador internacional de calidad de vida es el índice de desarrollo humano (IDH) de Naciones Unidas, que considera la esperanza de vida al nacer, los porcentajes de escolaridad y analfabetismo, así como el ingreso per cápita. De acuerdo con este indicador, que va de cero a uno, siendo uno lo mejor, el IDH del Perú al 2007 fue 0,806, lo que ubica a nuestro país en el puesto 78 entre 182 países. En relación con los países sudamericanos —según el cuadro siguiente— el Perú está por debajo de Chile, la Argentina, México, el Brasil y Colombia, y por encima del Paraguay, el Estado Plurinacional de Bolivia y algunos países centroamericanos.

Índice de Desarrollo Humano 1975-2007

Evolución de la pobreza en el Perú, 1997-2008

Evolución de la desigualdad del ingreso en el Perú, 2004-2008

( C oeficiente de Gini)

Ámbitos geográficos	2004	2005	2006	2007	2008
Total	0,492	0,508	0,499	0,507	0,479
Urba na	0,448	0,473	0,454	0,455	0,431
Rural	0,404	0,410	0,411	0,432	0,425
Dominios
Lima Metropolitana	0,442	0,497	0,460	0,4 5 2	0,426
Resto urbano	0,423	0,428	0,421	0,439	0,419
Rural	0,404	0,410	0,411	0,432	0,425
Regiones
Costa urbana	0,405	0,396	0,393	0,422	0,384
Costa rural	0,395	0,357	0,370	0,388	0,376
Sierra urbana	0,444	0,465	0,444	0,452	0,458
Sierra rural	0,394	0,416	0,401	0,421	0,415
Selva urbana	0,401	0,414	0,428	0,447	0,425
Selva rural	0,365	0,365	0,400	0,423	0,418
Lima Metropolitana	0,442	0, 497	0,460	0,452	0,426

Evolución de la mortalidad en el Perú

(Por 1.000 nacidos vivos)

Tasa de mortalidad infantil (<1 año). Probabilidad de muertes desde el nacimiento hasta la edad de 1 año, expresada por cada 1.000 nacidos vivos

Razón de muerte materna en el Perú

(Por cada 100.000 nacimientos)

Tasa de incidencia de la malaria en el Perú

1998	247 229	996,9
1999	201 273	797,7
2000	57 264	223,1
2001	86 400	331,2
2002	85 788	320,9
2003	79 530	295,1
2004	81 844	297,1
2005	87 805	314,2
2006	60 884	214,4
2007	50 958	184,7

Morbilidad por TBC en el Perú

Año	Morbilidad 1	TBC en todas sus formas 2	TBC pulmonar BK+ 3
1990	198,6	183,3	116,1
1991	202,3	192,0	109,2
1992	256,1	243,2	148,7
1993	248,6	233,5	161,1
1994	227,9	215,7	150,5
1995	208,8	196,7	139,4
1996	198,1	161,5	111,9
1997	193,1	158,3	112,8
1998	186,4	156,6	111,7
1999	165,4	141,4	97,1
2000	155,6	133,6	88,0
2001	146,7	126,8	83,1
2002	140,3	121,2	77,4
20 03	122,6	106,7	68,4
2004	119,2	103,1	63,7
2005	112,1	94,9	58,8
2006	104,5	88,8	54,2

Evolución de la población con déficit calórico en el Perú

(Porcentaje de la población total)

Prevalencia de la desnutrición crónica en el Perú

(En porcentaje de niños menores de 5 años)

Tasa de conclusión en educación primaria y secundaria en el Perú

(Porcentajes por grupos de edad)

Detalle	Tasa de educación en primaria	Tasa de conclusión en secundaria
12 a 14 años	15 a 19 años	17 a 19 años	20 a 24 años
2003	2007	2003	2007	2003	2007	2003	2007
Perú	72,5	77,6	91,8	93,9	51,3	60,3	65,7	71,0
Sexo
Femenino	73,2	78,4	90,4	92,7	52,0	61,5	65,0	69,8
Masculino	71,8	76,8	93,2	95,1	50,6	59,0	66,4	72,2
Área y sexo
Urbana	82,8	86,2	96,3	96,7	64,2	72,0	78,4	81,3
Femenino	83,0	86,8	96,3	96,1	66,9	74,4	78,7	81,2
Masculino	82,6	85,6	96,3	97,4	61,7	69,6	78,0	81,4
Rural	58,5	65,7	83,2	88,6	24,3	36,0	34,9	45,5
Femenino	59,3	67,1	78,0	86,1	19,6	33,0	29,5	39,0
Masculino	57,8	64,3	87,6	90,9	28,4	38,8	40,1	51,3
Nivel de pobreza
No pobre	86,5	88,0	96,5	96,9	68,0	72,0	80,6	82,3
Pobre	73,1	72,9	93,1	91,9	45,0	46,2	55,8	54,2
Pobre extremo	53,7	55,9	78,5	82,9	17,4	21,7	26,6	27,4

Cobertura educativa de la población indígena en el Perú

(Porcentajes por grupos de edad)

Detalle	3 a 5 años	6 a 11 años	12 a 16 años
1993	2006	1993	2006	1993	2006
Perú	34,8	42,8	79,8	94,8	74,2	86,6
Lengua originaria
Quechua	33,4	45,6	79,1	95,8	73,4	87,4
Aimara	46,9	40,8	89,1	97,4	82,0	91,1
Asháninka	-	28,4	-	88,7	-	66,8
Aguaruna	-	28,5	-	86,6	-	80,4
Shipibo-Conibo	-	58,2	-	93,0	-	85,3
Otra	32,3	24,0	73,0	83,9	68,2	75,9
Sexo
Femenino	34,4	43,4	34,4	94,6	34,4	84,2
Masculino	35,1	42,1	35,1	95,0	35,1	89,1

Tasa de analfabetismo en el Perú

Año	2002	2003	2004	2005	2006	2007
Tasa de analfabetismo (personas mayores de 15 años)	11,9	12,0	11,9	11,7	11,1	10,5
Urbana	5,9	5,5	5,8	5,9	5,7	5,1
Rural	25,0	26,4	25,1	24,2	22,9	22,0

Educación, ciencia y tecnología

Indicador	Argentina	Brasil	Chile	Colombia	México	Perú	España	Estados Unidos
Posición ranking de competitividad 1
Educación superior y capacitación	55	58	45	71	74	81	33	7
Preparación tecnológica	68	46	42	66	71	77	29	13
Innovación	86	43	49	63	78	109	40	1
Tasa bruta de matrícula educación terciaria 2 (en porcentaje)	67	30	52	32	27	35	69	82
Gasto público en educación como porcentaje del PBI 3	4,5	5,1	3,4	4,9	5,5	2,5	4,3	5,7
PBI dedicado a I+D 4 (en porcentaje)	0,49	0,82	0,67	0,17	0,5	0,15	1,21	2,7
Número de investigadores por millón de habitantes 4	692,9	401,7	440	81,3	230	220	2 002	4 605
Número de universidades entre las 100 primeras según el Academic Ranking of World Universities, 2009 5	Ninguna	Ninguna	Ninguna	Ninguna	Ninguna	Ninguna	Ninguna	55
Número de universidades entre las 500 primeras según el Academic Ranking of World Universities, 2009 5	1	6	2	Ninguna	1	Ninguna	11	152
Número de instituciones según calidad investigadora 6	12	27	11	5	14	1	137	433

Distribución del gasto público por funciones en el Perú, 1997-2007

Funciones	Promedio 1997-2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007
I. Crecimiento económico	10,5	8,5	7,5	7,0	7,6	7,6	8,0	9,2
Energía y recursos minerales	0,9	0,7	0,4	0,6	0,8	1,3	0,9	1,2
Industria, comercio y servicios	0,4	0,3	0,3	0,3	0,6	0,6	0,6	0,6
Pesca	0,3	0,3	0,3	0,2	0,2	0,2	0,2	0,3
Agrario	3,7	3,4	3,0	2,2	2,1	1,8	2,5	2,7
Transporte	5,0	3,6	3,4	3,6	3,6	3,4	3,5	4,2
Comunicaciones	0,2	0,1	0,1	0,2	0,3	0,2	0,3	0,2
II. Gasto social	44,5	47,8	51,2	51,5	48,9	50,0	48,0	50,5
Educación y cultura	15,2	15,6	17,0	15,9	17,2	17,2	16,8	18,1
Salud y saneamiento	8,1	8,7	9,1	7,9	8,7	8,6	9,1	9,3
Asistencia y previsión social	20,7	23,1	24,4	26,8	22,0	23,2	21,3	21,9
Trabajo	0,1	0,1	0,4	0,7	0,6	0,6	0,5	0,5
Vivienda y desarrollo humano	0,4	0,3	0,3	0,3	0,4	0,4	0,4	0,7
III. Orden interno y seguridad nacional	15,5	13,9	12,7	11,6	11,0	11,4	11,4	11,1
Defensa y seguridad naci o nal	15,5	13,9	12,7	11,6	11,0	11,4	11,4	11,1
IV. Administración	29,5	29,7	28,6	29,9	32,4	31,0	32,6	29,2
Legislativa	0,6	0,7	0,7	0,6	0,5	0,5	0,5	0,5
Justicia	2,0	2,2	2,2	2,2	2,4	2,5	2,7	2,7
Administración y planeamiento	25,9	25,8	24,6	26,0	28,7	27,1	28,6	25,1
Relaciones Exteriores	1,0	1,2	1,0	1,0	1,0	0,9	0,9	0,9
Gasto total	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Comparación internacional de la evolución del índice del PBI per c a pita en América Latina entre 1980 y 2008

(Dólares americanos corrientes)

Inflación promedio anual y devaluación en el Perú

(En porcentaje)

Año	Inflación	Devaluación
1990	7 481,7	4 545,0
1991	409,5	278,8
1992	73,5	60,8
1993	48,6	59,1
1994	23,7	10,4
1995	11,1	2,7
1996	11,5	8,8
1997	8,5	8,5
1998	7,3	10,0
1999	3,5	15,5
2000	3,8	3,1
2001	2,0	0,5
2002	0,2	0,3
2003	2,3	-1,1
2004	3,7	-1,9
2005	1,6	-3,4
2006	2,0	-0,7
2007	1,8	-4,5
2008	5,8	-6,5

Estructura de la PEA y PBI por ramas en el Perú

(En porcentaje)

PBI por ramas de actividad	1981	1993	2007
PEA	PBI	PEA	PBI	PEA	PBI
Agricultura y pesca	36,4	6,5	27,5	8,5	22,6	9,3
Minería e hidrocarburos	1,8	5,6	1,0	4,4	1,3	6,5
Industria manufacturera	10,5	15,8	10,8	16,1	8,9	17,3
Electricidad, agua	0,3	2,0	0,3	1,9	0,2	2,3
Construcción	3,7	4,1	3,5	4,0	5,3	6,2
Comercio	12,0	15,0	17,7	14,5	17,8	16,2
Servicios	35,3	51,0	39,2	50,6	44,0	42,4
Total	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Distribución de la PEA por regímenes productivos en el Perú

Régimen productivo	1981	1993	2007
Personas	Porcentaje	Personas	Porcentaje	Personas	Porcentaje
Sectores de mercado	2 252 759	43,4	3 304 966	46,5	5 108 133	48,2
P atrono	53 678	1,0	168 198	2,4	207 837	2,0
O brero	1 142 229	22,0	1 401 649	19,7	1 865 245	17,6
Empleado	1 056 852	20,4	1 735 119	24,4	3 035 051	28,7
Sectores de no mercado	2 93 6 901	56,6	3 804 561	53,5	5 479 312	51,8
Trabajador independiente	2 115 887	40,8	2 362 856	33,2	4 022 837	38,0
Trabajador familiar no remunerado	261 676	5,0	656 354	9,2	672 071	6,3
Trabajadores del hogar	170 432	3,3	238 412	3,4	314 008	3,0
Buscando trabajo, no especificado	388 906	7,5	546 939	7,7	470 39 6	4,4
Total PEA	5 189 660	100,0	7 109 527	100,0	10 587 445	100,0
Relación PEA/población total (en porcentaje)	29,2	31,4	38,6

Niveles de empleo en el Perú, 1998 y 2008

Crecimiento del PBI en el Perú y proyección 2009-2012

(Variación anual en porcentaje)

11.En cuanto a la deuda pública, véase cuadro (miles de millones de dólares):

Año	Deuda Pública Externa	Deuda Pública Interna
2005	22 279	7 688
2006	21 972	8 518
2007	20 081	11 789
2008	19 237	11 411

B.Estructura constitucional, política y jurídica

12.El Perú se organiza política y jurídicamente en base a su Constitución Política aprobada el año 1993 por un Congreso Constituyente Democrático. Allí se establece que la República del Perú es democrática, social, independiente y soberana; su gobierno es unitario, representativo y descentralizado, y se organiza según el principio de la separación de poderes.

13.En su Artículo 1º, la Constitución establece que la defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad son el fin supremo de la sociedad y del Estado.

14.Son deberes primordiales del Estado: defender la soberanía nacional; garantizar la plena vigencia de los derechos humanos; proteger a la población de las amenazas contra su seguridad; y promover el bienestar general que se fundamenta en la justicia y en el desarrollo integral y equilibrado de la Nación.

15.Asimismo, es deber del Estado establecer y ejecutar la política de fronteras y promover la integración, particularmente latinoamericana, así como el desarrollo y la cohesión de las zonas fronterizas, en concordancia con la política exterior.

16.En relación a la estructura del Estado, nuestra Constitución señala lo siguiente:

1.Poder Legislativo

17.Consta de Cámara Única. Está integrado por ciento veinte congresistas y el Congreso es elegido por un período de cinco años mediante un proceso electoral organizado conforme a ley. Los congresistas representan a la Nación y no están sujetos a mandato imperativo ni a interpelación. Cualquier representante a Congreso puede pedir a los Ministros de Estado, al Jurado Nacional de Elecciones, al Contralor General, al Banco Central de Reserva, a la Superintendencia de Banca y Seguros, a los gobiernos locales y a las instituciones que señala la ley, los informes que estime necesarios.

18.Son atribuciones del Congreso:

Dar leyes y resoluciones legislativas, así como interpretar, modificar o derogar las existentes;

Velar por el respeto de la Constitución y de las leyes, y disponer lo conveniente para hacer efectiva la responsabilidad de los infractores;

Aprobar los tratados, de conformidad con la Constitución;

Aprobar el Presupuesto y la Cuenta General;

Autorizar empréstitos, conforme a la Constitución;

Ejercer el derecho de amnistía;

Aprobar la demarcación territorial que proponga el Poder Ejecutivo;

Prestar consentimiento para el ingreso de tropas extranjeras en el territorio de la República, siempre que no afecte, en forma alguna, la soberanía nacional;

Autorizar al Presidente de la República para salir del país;

Ejercer las demás atribuciones que le señala la Constitución y las que son propias de la función legislativa.

2.Poder Ejecutivo

19.El Presidente de la República es el Jefe del Estado y personifica a la Nación. Es elegido por sufragio directo y su mandato es por cinco años; no hay reelección inmediata. Transcurrido otro período constitucional, como mínimo, el ex presidente puede volver a postular, sujeto a las mismas condiciones.

20.El Presidente de la República presta juramento de ley y asume el cargo, ante el Congreso, el 28 de julio del año en que se realiza la elección. Las funciones que le corresponde son:

Cumplir y hacer cumplir la Constitución y los tratados, leyes y demás disposiciones legales;

Representar al Estado, dentro y fuera de la República;

Dirigir la política general del Gobierno;

Velar por el orden interno y la seguridad exterior de la República;

Convocar a elecciones para Presidente de la República y para representantes a Congreso, así como para alcaldes y regidores y demás funcionarios que señala la ley;

Convocar al Congreso a legislatura extraordinaria; y firmar, en ese caso, el decreto de convocatoria;

Dirigir mensajes al Congreso en cualquier época y obligatoriamente, en forma personal y por escrito, al instalarse la primera legislatura ordinaria anual. Los mensajes anuales contienen la exposición detallada de la situación de la República y las mejoras y reformas que el Presidente juzgue necesarias y convenientes para su consideración por el Congreso. Los mensajes del Presidente de la República, salvo el primero de ellos, son aprobados por el Consejo de Ministros;

Ejercer la potestad de reglamentar las leyes sin transgredirlas ni desnaturalizarlas; y, dentro de tales límites, dictar decretos y resoluciones;

Cumplir y hacer cumplir las sentencias y resoluciones de los órganos jurisdiccionales;

Cumplir y hacer cumplir las resoluciones del Jurado Nacional de Elecciones;

Dirigir la política exterior y las relaciones internacionales; y celebrar y ratificar tratados;

Nombrar embajadores y ministros plenipotenciarios, con aprobación del Consejo de Ministros, con cargo de dar cuenta al Congreso;

Recibir a los agentes diplomáticos extranjeros, y autorizar a los cónsules el ejercicio de sus funciones;

Presidir el Sistema de Defensa Nacional; y organizar, distribuir y disponer el empleo de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional;

Adoptar las medidas necesarias para la defensa de la República, de la integridad del territorio y de la soberanía del Estado;

Declarar la guerra y firmar la paz, con autorización del Congreso;

Administrar la hacienda pública;

Negociar los empréstitos;

Dictar medidas extraordinarias, mediante decretos de urgencia con fuerza de ley, en materia económica y financiera, cuando así lo requiere el interés nacional y con cargo de dar cuenta al Congreso. El Congreso puede modificar o derogar los referidos decretos de urgencia;

Regular las tarifas arancelarias;

Conceder indultos y conmutar penas. Ejercer el derecho de gracia en beneficio de los procesados en los casos en que la etapa de instrucción haya excedido el doble de su plazo más su ampliatoria;

Conferir condecoraciones en nombre de la Nación, con acuerdo del Consejo de Ministros;

Autorizar a los peruanos para servir en un ejército extranjero;

Ejercer las demás funciones de gobierno y administración que la Constitución y las leyes le encomiendan.

21.La dirección y la gestión de los servicios públicos están confiadas al Consejo de Ministros, que tiene como atribuciones:

Aprobar los proyectos de ley que el Presidente de la República somete al Congreso;

Aprobar los decretos legislativos y los decretos de urgencia que dicta el Presidente de la República, así como los proyectos de ley y los decretos y resoluciones que dispone la ley;

Deliberar sobre asuntos de interés público;

Las demás que le otorgan la Constitución y la ley.

3.Poder Judicial

22.La potestad de administrar justicia emana del pueblo y se ejerce por el Poder Judicial a través de sus órganos jerárquicos con arreglo a la Constitución y a las leyes.

23.En todo proceso, de existir incompatibilidad entre una norma constitucional y una norma legal, los jueces prefieren la primera. Igualmente, prefieren la norma legal sobre toda otra norma de rango inferior. En tal sentido, la Constitución Política es la Ley de Leyes de nuestra Nación.

24.Entre los principios y derechos de la función jurisdiccional, se encuentran:

La unidad y exclusividad de la función jurisdiccional;

No existe ni puede establecerse jurisdicción alguna independiente, con excepción de la militar y la arbitral;

No hay proceso judicial por comisión o delegación;

La independencia en el ejercicio de la función jurisdiccional. Ninguna autoridad puede avocarse a causas pendientes ante el órgano jurisdiccional ni interferir en el ejercicio de sus funciones. Tampoco puede dejar sin efecto resoluciones que han pasado en autoridad de cosa juzgada, ni cortar procedimientos en trámite, ni modificar sentencias ni retardar su ejecución. Estas disposiciones no afectan el derecho de gracia ni la facultad de investigación del Congreso, cuyo ejercicio no debe, sin embargo, interferir en el procedimiento jurisdiccional ni surte efecto jurisdiccional alguno;

La observancia del debido proceso y la tutela jurisdiccional;

Ninguna persona puede ser desviada de la jurisdicción predeterminada por la ley, ni sometida a procedimiento distinto de los previamente establecidos, ni juzgada por órganos jurisdiccionales de excepción ni por comisiones especiales creadas al efecto, cualquiera sea su denominación;

La publicidad en los procesos, salvo disposición contraria de la ley;

Los procesos judiciales por responsabilidad de funcionarios públicos, y por los delitos cometidos por medio de la prensa y los que se refieren a derechos fundamentales garantizados por la Constitución, son siempre públicos;

La motivación escrita de las resoluciones judiciales en todas las instancias, excepto los decretos de mero trámite, con mención expresa de la ley aplicable y de los fundamentos de hecho en que se sustentan;

La pluralidad de la instancia;

La indemnización, en la forma que determine la ley, por los errores judiciales en los procesos penales y por las detenciones arbitrarias, sin perjuicio de la responsabilidad a que hubiere lugar;

El principio de no dejar de administrar justicia por vacío o deficiencia de la ley; en tal caso, deben aplicarse los principios generales del derecho y el derecho consuetudinario;

El principio de inaplicabilidad por analogía de la ley penal y de las normas que restrinjan derechos;

El principio de no ser penado sin proceso judicial;

La aplicación de la ley más favorable al procesado en caso de duda o de conflicto entre leyes penales;

El principio de no ser condenado en ausencia;

La prohibición de revivir procesos fenecidos con resolución ejecutoriada. La amnistía, el indulto, el sobreseimiento definitivo y la prescripción producen los efectos de cosa juzgada;

El principio de no ser privado del derecho de defensa en ningún estado del proceso. Toda persona será informada inmediatamente y por escrito de la causa o las razones de su detención. Tiene derecho a comunicarse personalmente con un defensor de su elección y a ser asesorada por éste desde que es citada o detenida por cualquier autoridad;

El principio de que toda persona debe ser informada, inmediatamente y por escrito, de las causas o razones de su detención;

El principio de la gratuidad de la administración de justicia y de la defensa gratuita para las personas de escasos recursos; y, para todos, en los casos que la ley señala;

La participación popular en el nombramiento y en la revocación de magistrados, conforme a ley;

La obligación del Poder Ejecutivo de prestar la colaboración que en los procesos le sea requerida;

La prohibición de ejercer función judicial por quien no ha sido nombrado en la forma prevista por la Constitución o la ley. Los órganos jurisdiccionales no pueden darle posesión del cargo, bajo responsabilidad;

El principio del derecho de toda persona de formular análisis y críticas de las resoluciones y sentencias judiciales, con las limitaciones de ley;

El derecho de los reclusos y sentenciados de ocupar establecimientos adecuados;

El principio de que el régimen penitenciario tiene por objeto la reeducación, rehabilitación y reincorporación del penado a la sociedad.

25.De la elección y nombramiento de los jueces y fiscales, se encarga el Consejo Nacional de la Magistratura, salvo cuando ellos provengan de elección popular.

26.Otra instancia del Poder Judicial que tiene singular importancia es el Ministerio Público, organismo autónomo y que está presidido por el Fiscal de la Nación. Entre sus funciones, destacan el representar en los procesos judiciales a la sociedad y velar por la independencia de los órganos jurisdiccionales y por la recta administración de justicia.

27.Otra institución autónoma y decisiva para defender los derechos constitucionales de la persona y de la comunidad y supervisar el cumplimiento de los deberes de la administración estatal y la prestación de los servicios públicos a la ciudadanía, es la Defensoría del Pueblo, cuya máxima autoridad es elegido y removido por el Congreso con el voto de los dos tercios de su número legal. El Defensor del Pueblo goza de la misma inmunidad y de las mismas prerrogativas de los congresistas.

4.El Sistema Electoral

28.Está conformado por el Jurado Nacional de Elecciones; la Oficina Nacional de Procesos Electorales; y el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil. Actúan con autonomía y mantienen entre sí relaciones de coordinación, de acuerdo con sus atribuciones

29.Son competencias del Jurado Nacional de Elecciones: fiscalizar la legalidad del ejercicio del sufragio y de la realización de los procesos electorales, del referéndum y de otras consultas populares, así como también la elaboración de los padrones electorales; mantener y custodiar el registro de organizaciones políticas; velar por el cumplimiento de las normas sobre organizaciones políticas y demás disposiciones referidas a material electoral; administrar justicia en materia electoral y; proclamar a los candidatos elegidos.

30.A la Oficina Nacional de Procesos Electorales le corresponde organizar todos los procesos electorales, de referéndum y los de otros tipos de consulta popular; entrega las actas y demás material necesario para los escrutinios y la difusión de los resultados.

31.El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil tiene a su cargo la inscripción de los nacimientos, matrimonios, divorcios, defunciones, y otros actos que modifican el estado civil. Emite las constancias correspondientes. Prepara y mantiene actualizado el padrón electoral. Proporciona al Jurado Nacional de Elecciones y a la Oficina Nacional de Procesos Electorales la información necesaria para el cumplimiento de sus funciones. Mantiene el registro de identificación de los ciudadanos y emite los documentos que acreditan su identidad.

32.La Constitución determina también que la descentralización constituye una política permanente del Estado, siendo su objetivo fundamental el desarrollo integral del país. En tal sentido, norma el funcionamiento de las instancias de gobierno regional y local, que tienen autonomía política, económica y administrativa.

33.Finalmente, nuestra carta magna establece que es el Tribunal Constitucional el órgano de control de la Constitución. Le corresponde conocer, en instancia única, la acción de inconstitucionalidad; conocer, en última y definitiva instancia, las resoluciones denegatorias de hábeas corpus, amparo, hábeas data, y acción de cumplimiento; conocer los conflictos de competencia, o de atribuciones asignadas por la Constitución, conforme a ley.

34.También las garantías constitucionales y el procedimiento para reformar la Constitución están normados. Las primeras son seis: la Acción de Hábeas Corpus, la Acción de Amparo, la Acción de Hábeas Data, la Acción de Inconstitucionalidad, la Acción Popular y la Acción de Cumplimiento.

35.Respecto a la facilitación de condiciones para la creación y funcionamiento de organizaciones no gubernamentales (ONG), ellas pueden adquirir personería jurídica inscribiéndose en los registros públicos, que les requerirá la documentación que sustenta su conformación de junta directiva, designación de representante legal, fines y objeto de la organización sin fines de lucro.

36.Posteriormente la organización debidamente acreditada podrá contraer los compromisos afines a la naturaleza de sus acta de fundación, que incluye la gestión de la cooperación técnica y financiera de organismos internacionales, siendo necesario que su personería jurídica sea también acreditada ante la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI), Institución pública rectora que orienta y articula la oferta y la demanda de la cooperación internacional no reembolsable de los distintos niveles de gobierno y sociedad civil con enfoque descentralizado, brindando servicios de calidad basados en los principios de eficiencia y transparencia; contribuyendo así a los esfuerzos nacionales en favor del desarrollo sostenible del país.

III.Marco general de protección y promoción de los derechos humanos

A.Aceptación de las normas internacionales de derechos humanos

37.Citando a la Constitución Política, ésta consagra que los tratados celebrados por el Estado y en vigor forman parte del derecho nacional. Los tratados deben ser aprobados por el Congreso antes de su ratificación por el Presidente de la República, siempre que versen sobre las siguientes materias: Derechos Humanos; Soberanía, dominio o integridad del Estado; Defensa Nacional; Obligaciones financieras del Estado.

38.También deben ser aprobados por el Congreso los tratados que crean, modifican o suprimen tributos; los que exigen modificación o derogación de alguna ley y los que requieren medidas legislativas para su ejecución.

39.El Presidente de la República puede celebrar o ratificar tratados o adherir a éstos sin el requisito de la aprobación previa del Congreso en materias no contempladas en el artículo precedente. En todos esos casos, debe dar cuenta al Congreso.

40.Cuando el tratado afecte disposiciones constitucionales debe ser aprobado por el mismo procedimiento que rige la reforma de la Constitución, antes de ser ratificado por el Presidente de la República.

41.La denuncia de los tratados es potestad del Presidente de la República, con cargo de dar cuenta al Congreso. En el caso de los tratados sujetos a aprobación del Congreso, la denuncia requiere aprobación previa de éste.

Estado situacional de tratados internacionales

Convenciones y Protocolos Internacionales de derechos humanos	Estado de ratificación	Si aceptó enmiendas	Si aceptó procedimientos facultativos	Si formuló reservas	Suspensión, restricción o limitación
Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales	Depositado el 28 de abril de 1978	-	-	NO	NO
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos	Depositado el 28 de abril de 1978	-	-	NO	NO
Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial	Depositado el 29 de septiembre de 1971	-	-	NO	NO
Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer	Depositado el 20 de agosto de 1982	-	-	NO	NO
Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes	Depositado el 7 de julio de 1988	-	-	NO	NO
Convención sobre los Derechos del Niño	Depositado el 4 de septiembre de 1990	-	-	NO	NO
Convención Internacional sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares	Depositado el 14 de septiembre de 2005	-	-	NO	NO
Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la participación de niños en los conflictos armados	Depositado el 8 de mayo de 2002	-	-	NO	NO
Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía	Depositado el 8 de mayo de 2002	-	-	NO	NO
Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos	Depositado el 3 de octubre de 1980	-	-	NO	NO
Segundo Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, relativo a la abolición de la pena de muerte	No suscrito	-	-
Protocolo Facultativo de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer	Depositado el 9 de abril de 2001	-	-	NO	NO

Otras convenciones de derechos humanos y convenciones conexas de las Naciones Unidas	Estado de ratificación
Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio	Depositado el 24 de febrero de 1960
Convención sobre la Esclavitud de 1926, modificada en 1955	No suscrito
Convenio para la represión de la trata de personas y de la explotación de la prostitución ajena	No suscrito
Convención sobre el Estatuto de los Refugiados y Protocolo sobre el Estatuto de los Re f ugiados	Depositado el 21 de diciembre de 1964
Convención sobre el Estatuto de los Apátridas	No suscrito
Convención para reducir los casos de apatridia	No suscrito
Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional	Depositado el 10 de noviembre de 20 0 1
Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional de 2000, Protocolo contra el tráfico ilícito de migrantes por tierra, mar y aire, y Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente de mujeres y niños, que complementan la Convención	Depositado el 24 de febrero de 2002

Convenios de la Organización Internacional del Trabajo	Estado de ratificación
Convenio sobre el descanso semanal (industria), 1921 (Nº 14)	Depositado el 10 de octubre de 1945
Convenio relativo al trabajo forzoso u obligatorio, 1930 (Nº 29)	Depositado el 1º de febrero de 1960
Convenio sobre la inspección del trabajo, 1947 (Nº 81)	Depositado el 1º de febrero de 1960
Recomendación sobre los trabajadores migrantes, 1949 (Nº 86)	Depositado el 2 de marzo de 1960
Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948 (Nº 87)	Depositado el 2 de marzo de 1960
Convenio sobre los trabajadores migrantes, 1949 (Nº 97)	Remitido al Congreso con Oficio Nº 3-0-A/6 el 9 de julio de 1959
Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva, 1949 (Nº 98)	Depositado el 13 de marzo de 1964
Convenio sobre igualdad de remuneración, 1951 (Nº 100)	Depositado el 1º de febrero de 1960
Convenio sobre la seguridad social (norma mínima), 1952 (Nº 102)	Depositado el 23 de agosto de 1961
Convenio sobre la abolición del trabajo forzoso, 1957 (Nº 105)	Depositado el 3 de diciembre de 1960
Convenio sobre el descanso semanal (comercio y oficinas), 1957 (Nº 106)	-
Convenio sobre la discriminación (empleo y ocupación), 1958 (Nº 111)	Depositado el 10 de agosto de 1970
Convenio sobre la igualdad de trato (seguridad social), 1962 (Nº 118)	Remitido al Congreso con Oficio Nº 3-0-A/7 el 17 de junio de 1966
Convenio sobre la política del empleo, 1964 (Nº 122)	Depositado el 27 de julio de 1967
Convenio sobre la edad mínima, 1973 (Nº 138)	Depositado el 13 de noviembre de 2002
Convenio sobre los trabajadores migrantes (disposiciones complementarias), 1975 (Nº 143)	No suscrito
Convenio sobre la igualdad de oportunidades y de trato entre trabajadores y trabajadoras: trabajadores con responsabilidades familiares, 1981 (Nº 156)	Depositado el 13 de junio de 1986
Convenio sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes, 1989 (Nº 169)	Depositado el 2 de febrero de 1994
Convenio sobre la prohibición de las peores formas de trabajo infantil, 1999 (Nº 182)	Depositado el 10 de enero de 2002
Convenio sobre la protección de la maternidad, 2000 (Nº 183)	Remitido al Congreso de la República (Resolución Suprema Nº 051-2002-RE de 9 de febrero de 2002

Convenciones de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura	Estado de ratificación
Convención relativa a la lucha contra las discriminaciones en la esfera de la enseñanza, 1960	Depositado el 19 de diciembre de 1966

Convenios de Ginebra y otros tratados de derecho internacional humanitario	Estado de ratificación
Convenio de Ginebra para aliviar la suerte que corren los heridos y los enfermos de las fuerzas armadas en campaña (Convenio I), 1949	Depositado el 15 de febrero de 1956
Convenio de Ginebra para aliviar la suerte que corren los heridos, los enfermos y los náufragos de las fuerzas armadas en el mar (Convenio II), 1949	Depositado el 15 de febrero de 1956
Convenio de Ginebra relativo al trato debido a los prisioneros de guerra (Convenio III), 1949	Depositado el 15 de febrero de 1956
Convenio de Ginebra relativo a la protección debida a las personas civiles en tiempo de guerra (Convenio IV), 1949	Depositado el 15 de febrero de 1956
Protocolo adicional a los Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949 relativo a la protección de las víctimas de los conflictos armados internacionales (Protocolo I), 1977	Depositado el 14 de julio de 1989
Protocolo adicional a los Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949 relativo a la protección de las víctimas de los conflictos armados sin carácter internacional (Protocolo II), 1977	Depositado el 14 de julio de 1989
Convención sobre la Prohibición del Empleo, Almacenamiento, Producción y Transferencia de Minas Antipersonal y sobre su Destrucción (Convención de Ottawa), 1987	Depositado el 17 de junio de 1998

B.Marco jurídico de protección de los derechos humanos anivel nacional

42.Se implementan planes específicos dentro de la programación de actividades de las entidades públicas, incidiendo en su transversalidad y la adopción de compromisos presupuestales verificables. Se tiene la Ley de Igualdad de Oportunidades, Plan contra la Violencia hacia la Mujer, Plan de Acción por la Infancia y Adolescencia, Plan del Adulto Mayor, Plan Nacional de Apoyo a la Familia, Plan de Igualdad de Oportunidades para las Personas con Discapacidad, entre otros, y todos vigentes y definidos para hacerles seguimiento durante un horizonte temporal promedio de cinco años; son encargados su monitoreo a los ministerios según corresponda a sus competencias.

43.Se mencionó que estas iniciativas son amparadas por nuestra Constitución y, conforme a lo planificado en el Plan Perú 2021, se sustentan en la Declaración Universal de Derechos Humanos.

44.La incorporación de los instrumentos de derechos humanos al ordenamiento jurídico nacional, es progresiva y de acuerdo a los compromisos internacionales del Estado Peruano, tales instrumentos fueron invocados y son el sustento normativo para aprobar, en el caso de la discapacidad, el Plan de Igualdad de Oportunidades y la formación de las Comisiones Multisectoriales Permanentes, cuya incidencia se ha desarrollado en el documento específico.

45.Queda pendiente y hacia ese objetivo apunta el proceso de reforma del Estado, la armonización de instrumentos normativos nacionales a lo dispuesto por las normas vinculantes que suscribió el Estado Peruano.

46.En el ámbito judicial, el Tribunal Constitucional, el Ministerio Público, el Consejo Nacional de la Magistratura, la Defensoría del Pueblo, todos organismos autónomos y para cuya constitución y designación de responsables, se requiere de amplio consenso parlamentario y también del poder ejecutivo. Aquí deben mencionarse a las comisiones especiales de que se crean para temas específicos y a las cuales se convocan a ciudadanos ilustres, como han sido los casos de la Comisión de la Verdad y Reconciliación o la reciente comisión formada para la construcción del Lugar de la Memoria, en homenaje a las víctimas de la violencia política vivida en el país y como una lectura de madurez cívica de lo que no se debe repetir.

47.En el plano administrativo, son todos los ministerios los responsables de prestar oportunamente los servicios que requiera el ciudadano, cada uno dentro de sus competencias.

48.Los instrumentos de derechos humanos son invocados en los tribunales judiciales; el caso más relevante que concitó la atención mundial fue el contundente alegato de la fiscalía y procuraduría pública a favor de la condena al ex presidente Alberto Fujimori, y cuyo sustento fue la naturaleza de los crímenes atribuidos, considerados de lesa humanidad.

49.No obstante, en Perú entró en vigencia desde el año 2009 el nuevo Código Procesal Penal que trae un cambio favorable al sistema de justicia, como es la reducción de los plazos para resolver los casos, la oralidad y la mayor transparencia que se reflejarán en las audiencias públicas.

50.Los recursos de que dispone la persona que se considera víctima de la violación de alguno de sus derechos, son las oficinas de orientación legal gratuita implementadas en el ámbito público judicial (Defensoría del Pueblo, Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social), así como los servicios que brindan organizaciones no gubernamentales y que tienden a hacerlo por especialidad; se atienden así, con frecuencia en alianza público – sociedad civil, casos de violencia doméstica familiar, discriminación, abandono, patria potestad, pensiones, desplazados a causa de violencia política, despidos arbitrarios, entre otros.

51.El Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social es el Ministerio rector de políticas públicas en materia de equidad de género, protección y desarrollo social de poblaciones vulnerables y que sufren exclusión, garantizando el ejercicio de sus derechos a fin de ampliar sus oportunidades, mejorar su calidad de vida y promover su realización personal y social.

52.Entre los programas que administra el Ministerio, se tiene al Fondo de Cooperación para el Desarrollo Social (FONCODES), que para el período de julio de 2006 a febrero de 2010, reporta una inversión de 56.353.860 nuevos soles (unos 19.499.000 dólares de los Estados Unidos de América) priorizando su inversión en proyectos de infraestructura social (con un 49%) y proyectos de desarrollo de capacidades (51%); el Programa Nacional Wawa Wasi (PNWW) que tiene entre sus beneficiarios directos a niñas y niños menores de cuatro años, que requieren de cuidado y protección en razón de que sus padres trabajan o buscan trabajo y no cuentan con una persona adulta que pueda dedicarse a su cuidado y que garantice una atención integral.

53.Al mes de febrero 2010, el PNWW vienen funcionando en los 24 departamentos, 96 provincias (49,4%) y 271 distritos (14,7%) de los 1834 existentes en el Perú.

54.Igualmente, se cuenta con el Programa Nacional contra la Violencia Familiar y Sexual (PNCVFS), que al mes de marzo 2010 registra atenciones en sus 90 Centros Emergencia Mujer (CEM). La inversión que ha demandado para el período julio-2006 a febrero-2010 , es de 8.251.445 nuevos soles.

55.Otra línea de intervención social es el Programa Nacional de Asistencia Alimentaria (PRONAA), que atiende a la población según etapa de ciclo de vida y bajo el enfoque de protección del capital humano, priorizando su acción hacia los niños y niñas menores de 3 años, madres gestantes y lactantes pobres y extremadamente pobres del país, así como aquellos con alto riesgo nutricional.

56.Se ha implementado también el Programa Integral Nacional para el Bienestar Familiar (INABIF), que al mes de diciembre-2009 cuenta con 35 Centros de Desarrollo Integral de la Familia, 35 Hogares y Albergues, 43 Educadores de la Calle y 101 Sociedades de Beneficencias Públicas y Juntas de Participación Social, funcionando a nivel nacional ubicados en los 24 departamentos, 101 provincias y 139 distritos.

57.El Estado Peruano ha ratificado la Convención Interamericana de Derechos Humanos y reconocido la competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

C.Marco de la promoción de los derechos humanos a nivel nacional

58.En este bloque temático, se solicita lo avanzado por nuestro país en relación a la generación de un marco que promueva los derechos humanos, dentro del cual se hayan desarrollado acciones específicas vinculadas a la creación de una estructura institucional que garantice el financiamiento de políticas que favorezcan el pleno respeto y vigencia de los derechos humanos.

59.De lo que en realidad se trata entonces es del marco económico bajo el cual será factible asignar las partidas presupuestales al fomento e incidencia pública a favor de los derechos humanos consagrados en nuestra Constitución Política y en Tratados Internacional que el Perú ha ratificado.

60.No será la suma de acciones lo que revele el verdadero estado situacional de los derechos humanos en el Perú, sino la definición de una estrategia de desarrollo que desde inicios del segundo milenio, se viene afianzando como la mejor garantía y contención contra proyectos totalitarios de gobierno que en su momento pusieron en riesgo nuestra propia condición de nación.

61.Nos referimos a los esfuerzos quizás no suficientes, pero sí firmemente orientados a conservar una estabilidad económica y finanzas públicas saneadas, como condición básica para aspirar a una sociedad inclusiva y con igualdad de oportunidades; aspiración que aún acoge en la realidad coeficientes de Gini mostrando una desigual distribución de ingresos, pero encuentra tendencias alentadoras a partir de un Estado interesado en crear los marcos regulatorios adecuados para incentivar la inversión privada, modernizar al aparato público incorporando patrones gerenciales destacados por el más reciente informe del PNUD Perú en su Informe de Desarrollo Humano 2009, cuando cita el caso de la estrategia SERVIR que es un organismo público dedicado a formar cuadros gerenciales que mejoren la gestión pública en los gobiernos regionales y locales.

62.Es el mismo Estado que no desatiende una política social integrada por programas e intervenciones de cobertura nacional, bajo un enfoque no asistencialista sino de fortalecimiento de capacidades y la formación de una ciudadanía más participativa inclusive hasta un nivel de fiscalización y revisión de las cuentas públicas. En el mismo sentido, se ha valorado también la importancia de estrategias basadas en la transferencia condicionada (Programa Social "Juntos") que potencia y articula la acción estatal en cumplimiento de los objetivos de desarrollo del Milenio, que dicho sea de paso, registraron en el Perú un nivel de cumplimiento aceptable según se desprende del Informe 2008.

63.Hemos de insistir en el nivel de impacto que tendrá la actual aplicación de metodologías como el Presupuesto por Resultados, tema en apariencia altamente técnico pero de gran trascendencia en la vigencia, promoción y respeto de los derechos humanos; sobretodo porque nos acerca a la dimensión de un planeamiento basado en la programación plurianual, en la concertación política como sistema de gobierno y en la transparencia de las cuentas públicas.

64.Tal es la importancia de fijar nuestro análisis no en posiciones que parezcan resultadistas, sino en las medidas afirmativas adoptadas y que van sentando progresivamente las bases de un Estado moderno y efectivamente democrático que acepta sus limitaciones de carácter financiero, pero que tiene claro su horizonte y objetivos, alineados ciertamente a las nuevas tendencias mundiales que privilegian el crecimiento económico pero con desarrollo humano; desarrollo humano que es inherente al respeto de la dignidad de la persona humana.

65.No obstante, y como se describe en el segmento F., pendiente queda la tarea de afinar los instrumentos de seguimiento a los ítems materia de consulta, lo cual nos obliga a conformar desde ahora la estructura organizacional (multisectorial, con normatividad propia) que asegure una provisión continua de datos relacionados a la promoción de los derechos humanos en nuestro territorio nacional.

D.Proceso de presentación de informes a nivel nacional

66.La estructura nacional de coordinación para preparar el presente Informe, ha sido la Comisión Multisectorial Permanente encargada de la adopción de medidas para cumplir con las obligaciones previstas en la Convención, creada mediante Decreto Supremo N.° 080-2008-PCM.

67.La Comisión Multisectorial Permanente encargó al Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad (CONADIS), la confección de los dos documentos solicitados, determinando que se oficie solicitándoles información a los ministerios, organismos públicos autónomos, gobiernos regionales y gobiernos provinciales..

68.Se ha previsto que los informes sean materia de evaluación y aprobación en reunión de la Comisión Multisectorial Permanente; para tal efecto, fue remitida la propuesta del Documento Específico Inicial a todos los representantes de los ministerios que integran la Comisión y a los delegados de los gremios con discapacidad allí acreditados; cabe mencionar que el Poder Legislativo (Congreso de la República), forma parte de la Comisión Multisectorial Permanente a través de su Comisión Especial de Discapacidad.

69.Se desarrollaron durante este año, 14 Audiencias Públicas en distintas regiones de nuestro país bajo el auspicio de PNUD – Perú, donde especialistas de la Comisión Especial del Congreso de la República y del CONADIS, ofrecieron capacitación a personas con discapacidad, las asociaciones que las agremian, funcionarios regionales y municipales, en tema relativos a la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad; en la dinámica de los mismos talleres descentralizados, se recogieron las demandas, aportes y sugerencias de los asistentes.

70.El CONADIS tiene desde el presente año una meta presupuestal específicamente dedicada a la difusión e incidencia pública de la Convención, lo cual comprende la realización de talleres, conferencias, seminarios, entrevistas, a nivel nacional; refuerza este objetivo la apertura de 12 oficinas regionales – CONADIS adicionales a las 11 existentes, con lo cual se completa la cobertura de servicios en todo el país, priorizando la generación de alianzas estratégicas con gobiernos regionales y locales, para la efectiva atención (ejecución presupuestal) del tema de discapacidad.

71.Se hace labor de difusión también a través del programa semanal "Sin Barreras" que se emite por Radio Nacional del Perú y sirve para orientar y educar a la población en el cumplimiento de la normatividad vigente relacionada a discapacidad y para promover buenas prácticas ciudadanas a favor de una sociedad más inclusiva. Este programa difunde las actividades programadas por el CONADIS y entrevista a personalidades médicas, líderes de organizaciones gremiales, funcionarios públicos y privados, así como atiende llamadas del público de todos los lugares del país. Muy pronto saldrá al aire el programa televisivo "Sin Barreras", tras haberse suscrito el convenio entre el CONADIS y el Instituto de Radio y Televisión Peruana.

72.Cabe informar que los portales web institucionales de la Comisión Especial de Discapacidad del Congreso de la República y del CONADIS, tienen incluidos Foros de participación, Encuestas en Línea, dedicados específicamente a promover el cumplimiento de la Convención en cuanto a la difusión de su contenido y convocar la participación de las organizaciones de la sociedad civil.