NACIONES UNIDAS

HRI

Instrumentos Internacionales de Derechos Humanos

Distr.GENERAL

HRI/CORE/TLS/200716 de julio de 2007

ESPAÑOLOriginal: INGLÉS

DOCUMENTO BÁSICO QUE FORMA PARTE INTEGRANTEDE LOS INFORMES DE LOS ESTADOS PARTES

TIMOR-LESTE*

[1º de marzo de 2007]

ÍNDICE

Párrafos Página

Lista de siglas 5

I.INFORMACIÓN FÁCTICA Y ESTADÍSTICA GENERALSOBRE TIMOR-LESTE 1 - 1217

A.Características demográficas, económicas, sociales y culturales1 - 67

1.Información demográfica general 1 - 37

2Recopilación de datos4 - 67

B.Estructura constitucional, política y jurídica general 7 - 1218

1.Historia política 7 - 408

2.Estructura constitucional general 41 - 4616

3.Estructura política 47 - 69 18

4.Marco jurídico 70 - 12123

II.MARCO JURÍDICO GENERAL PARA LA PROTECCIÓNY PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS 122 - 37535

A.Aceptación de las normas de derechos humanos 12235

B.Marco jurídico general para la protección de los derechoshumanos 123 - 14936

1.Aplicación interna de los derechos 123 - 13636

2.Límites a los derechos 137 - 14239

3.El Código Penal 14340

4.Estado de excepción 144 - 14941

C.Marco general para la promoción de los derechos humanos 150 - 34442

1.Instituciones nacionales para la promoción yprotección de los derechos humanos 150 - 16242

2.Función de los organismos públicos especializados 163 - 18245

ÍNDICE ( continuación )

Párrafos Página

3.Ministerios estatales 183 - 20549

4.Los derechos humanos en el Parlamento 206 - 21254

5.Publicación de instrumentos de derechos humanos 213 - 22155

6.Capacitación y educación en materia de derechos humanos 222 - 24858

7.Medios de información y campañas de información pública249 - 28862

8.Los derechos humanos y el desarrollo 289 - 30972

9.Incorporación de la perspectiva de género 310 - 34476

D.Función del proceso de presentación de informes en lapromoción de los derechos humanos a nivel nacional 345 - 35383

E.Plan de acción nacional para los derechos humanos y otrainformación conexa sobre derechos humanos 354 - 37585

III.CONCORDANCIA DE LAS DISPOSICIONES SUSTANTIVAS 376 - 72290

A.No discriminación e igualdad 376 - 43890

1.No discriminación: igualdad ante la ley y protección dela ley en condiciones de igualdad 409 - 41596

2.Medidas especiales para acelerar el logro de la igualdad416 - 43897

B.Garantías procesales 439 - 486102

1.Detención y custodia 439 - 461102

2.Proceso penal 462 - 474107

3.Justicia tradicional 475 - 486111

C.Participación en la vida pública 487 - 521113

1.El derecho a tener una nacionalidad 487 - 495113

2.Derecho a la participación política y acceso a la administración pública 496 - 521115

ÍNDICE ( continuación )

Párrafos Página

D.Asuntos sociales y económicos 522 - 652122

1.Nivel de vida adecuado 522 - 533122

2.Vivienda 534 - 543124

3.Estado de salud 544 - 556126

4.Salud reproductiva 557 - 564128

5.VIH/SIDA 565 - 574130

6.Política sanitaria 575 - 593133

7.Empleo 594 - 609137

8.Igualdad de oportunidades en el empleo 610 - 615140

9.Dificultades en el empleo 616 - 622141

10.Educación 623 - 652142

E.El matrimonio y la vida en familia 653 - 707150

1.El matrimonio 661 - 686153

2.Capacidad para poseer bienes 687 - 688159

3.Cuidado de los hijos 689 - 707159

F.Recursos eficaces 708 - 722164

Lista de anexos

I.Territorio y población

Estadísticas sociales, económicas y culturales

Estadísticas sobre el sistema político y la administración de justicia 167

II.Información sobre los gastos públicos desglosada por órgano del Estado 206

III.Cuadro de los instrumentos de derechos humanos básicos, en los que Timor-Leste es Parte 207

IV.Otros instrumentos de derechos humanos y afines en los que Timor-Lestees Parte 208

Lista de siglas

ACNUDHOficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos

ACNUROficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados

ASEANAsociación de Naciones del Asia Sudoriental

CAACComisión para los Asuntos de los Antiguos Combatientes

CATConvención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes

CAVFComisión para los Asuntos de los Veteranos de las Falintil

CAVRComisión para la Verdad, la Acogida y la Reconciliación

CEDAWConvención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer

CNEComisión Electoral Nacional

CNRTConsejo Nacional de la Resistencia Timorense

CRCConvención sobre los Derechos del Niño

CVAComisión de la Verdad y la Amistad

DNPCAEDirección Nacional de Planificación y Coordinación de Asistencia Externa

DNSSDivisión Nacional de Servicios Sociales

FalintilForças Armadas de Libertação Nacional de Timor-Leste (Fuerzas Armadas de Liberación Nacional de Timor-Leste)

FAOOrganización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación

FCTOFondo Consolidado para Timor Oriental

F-FDTLForças Armadas de Timor-Leste (Fuerzas Armadas de Timor-Leste)

FRETILINFrente Revolucionario para la Independencia de Timor Oriental

INTERFETFuerza Internacional en Timor Oriental

ODMobjetivo de desarrollo del Milenio

OIMOrganización Internacional para las Migraciones

OITOrganización Internacional del Trabajo

ONGorganización no gubernamental

OPIOficina del Asesor del Primer Ministro para la Promoción de la Igualdad

PMAPrograma Mundial de Alimentos

PNDPlan Nacional de Desarrollo

PNTLPolicía Nacional de Timor-Leste

PNUDPrograma de las Naciones Unidas para el Desarrollo

UNAMETMisión de las Naciones Unidas en Timor Oriental

UNFPAFondo de Población de las Naciones Unidas

UNICEFFondo de las Naciones Unidas para la Infancia

UNIFEMFondo de Desarrollo de las Naciones Unidas para la Mujer

UNMISETMisión de Apoyo de las Naciones Unidas en Timor Oriental

UNOTILOficina de las Naciones Unidas en Timor-Leste

UNTAETAdministración de Transición de las Naciones Unidas en Timor Oriental

USAIDOrganismo Estadounidense de Desarrollo Internacional

I.INFORMACIÓN FÁCTICA Y esTADÍSTICA GENERAL SOBRE TIMOR-LESTE

A.Características demográficas, económicas, sociales y culturales

1. Información demográfica general

1.Pese a sus importantes logros, Timor-Leste sigue siendo uno de los países más pobres del mundo. En 2001, 40% de la población vivía con menos de un dólar de los EE.UU. diario y 20% se encontraba por debajo del umbral nacional de pobreza. La pobreza era mayor en los hogares de familias numerosas, con niveles de instrucción más bajos y donde la agricultura familiar era la principal fuente de ingreso. La desigualdad era mucha, sobre todo entre las zonas urbanas y rurales, con tendencia a aumentar de oriente a occidente.

2.Aunque Timor-Leste es un pequeño país con solo un millón de habitantes, la población crece rápidamente y la tasa de fecundidad es quizás la más alta del mundo. La esperanza de vida es mínima y la tasa de mortalidad infantil, elevada, en particular fuera del distrito de Dili. Las tasas de utilización de los servicios de salud son mínimas y las de deserción escolar y de repitentes, elevadas.

3.La infraestructura y la capacidad institucional y administrativa son limitadas, y el sector privado hace frente a importantes limitaciones jurídicas y de otra índole y a los elevados costos. El aumento de la producción de petróleo y los elevados precios del crudo han propiciado incrementos en los gastos públicos. Sin embargo, es improbable que el sector petrolero soporte el empleo en gran escala. El crecimiento de actividades no relacionadas con el petróleo será la clave para aumentar las oportunidades de empleo. Los pobres urbanos, en particular los jóvenes, se ven afectados por el creciente desempleo, mientras que los de las zonas rurales padecen inseguridad alimentaria y falta de infraestructura social y económica. Probablemente aumente la pobreza a mediano plazo debido al marasmo económico y al rápido crecimiento de la población.

2. Recopilación de datos

4.La recopilación de datos para la elaboración de los informes iniciales del Gobierno en relación con los tratados de derechos humanos ha resultado ser una tarea difícil y frustrante. Si bien actualmente, gracias al Censo de 2004, se dispone de muchos más datos, son limitados los datos e indicadores más concretos sobre derechos humanos. Cuando se ha contado con ellos, el equipo encargado de redactar el informe ha observado discrepancias y falta de fiabilidad de la información, y también que cada una de las fuentes presenta datos diferentes para los mismos indicadores. En estos informes se ha tratado de conciliar todas las discrepancias estadísticas, pero se advierte a los lectores de que consideren las dificultades señaladas a la hora de interpretar los datos que se proporcionan.

5.La Oficina Nacional de Estadísticas tiene la responsabilidad primordial de compilar datos oficiales, aunque su capacidad técnica es limitada. El número de funcionarios permanentes es mínimo, pocos tienen conocimientos de estadísticas y el organismo no cuenta con un presupuesto para la recopilación de datos por su cuenta. La Oficina Nacional de Estadísticas depende mucho de la asistencia de los donantes en la forma de apoyo tanto financiero como técnico, y muchas de las actividades de recopilación de datos realizadas hasta el presente han sido iniciadas y apoyadas por organismos internacionales. En todas las actividades internacionales de recopilación de datos se ha incluido un elemento sustancial de creación de capacidad.

6.El Ministerio de Planificación y Finanzas cuenta con un marco de supervisión para la planificación del desarrollo nacional, cuyo interés central es la lucha contra la pobreza. Dado que este marco de supervisión requiere la recopilación y evaluación periódicas y exactas de las estadísticas, el Ministerio y los organismos de las Naciones Unidas están colaborando para crear y poner en práctica un sistema de información sobre el desarrollo (Devinfo) a fin de facilitar la recopilación de datos estadísticos desglosados sobre todos los aspectos del desarrollo. Entre tanto, todavía no se dispone de datos fiables sobre muchos aspectos importantes del desarrollo, en particular los relacionados con los grupos más vulnerables, a saber, los niños, los discapacitados y las personas de la tercera edad.

B. Estructura constitucional, política y jurídica general

1. Historia política

7.Es difícil concebir las enormes dificultades con que tropieza hoy día este Estado de reciente independencia sin considerar ciertos matices del pasado de la nación. Y es que, de hecho, la estructura constitucional, política y jurídica de Timor-Leste es la culminación de un pasado intrincado y complejo, en el que se vio envuelto un gobierno tradicional sometido a la influencia de siglos de colonización y ocupación.

La colonización portuguesa

8.En 1515 llegaron a Timor los comerciantes portugueses para dar comienzo a lo que fueron más de cuatro siglos de colonización de Timor-Leste. Cuando los portugueses llegaron a Timor Oriental tropezaron con una firme resistencia el pueblo timorense que culminó en el estallido de varias guerras de rebelión en diferentes partes del territorio. Los ataques rebeldes contra los asentamientos portugueses fueron tan persistentes que hicieron que Wallace, el viajero inglés que visitó Timor a mediados del siglo XIX, manifestara que: “Por muchos años, Timor permanecerá en su actual estado de insurrección crónica y desgobierno”. Estas rebeliones, aunque esporádicas, locales por su naturaleza y a menudo desencadenadas por cuestiones que no tenían resonancia nacional, fueron las precursoras del movimiento de liberación nacional de los años setenta.

9.La autoridad colonial portuguesa reaccionó ante la resistencia local con amenazas y coacción para mantener su presencia en el territorio, también envió al exilio a los líderes de la resistencia. Esas estrategias, junto con otras formas diversas de explotación, caracterizaron ese período. En el decenio de 1960, cuando comenzó en muchos países el proceso de descolonización de los territorios, el Gobierno de Portugal mantuvo sus métodos represivos en sus colonias, entre ellas, Timor-Leste. Se prohibieron las actividades políticas y los críticos permanecieron en el exilio en otras colonias portuguesas de África hasta principios de los años setenta.

10.Económicamente, se ha calificado a la colonización portuguesa de Timor-Leste de abandono y subdesarrollo. No se explotó ninguno de los recursos mineros ni pesqueros del país, lo que denota la incompetencia de la administración portuguesa. Sin embargo, todo hombre timorense adulto tenía que pagar un impuesto personal y los sucos estaban obligados a aportar hombres para tareas manuales. Los que no pagaban el impuesto personal casi siempre eran objeto de severos castigos físicos y se les obligaba entonces a trabajar para el Gobierno, por ejemplo, en las plantaciones de café estatales.

Descolonización

11.A principios del decenio de 1960, el Gobierno de Portugal comenzó a ampliar las oportunidades de instrucción en Timor-Leste, al crear un cuadro de la élite culta autóctona. Esta élite timorense se dedicó a formar el movimiento nacionalista anticolonial de finales de ese decenio. Sin embargo, los cambios en la política de educación no se vieron acompañados de una reforma política respecto de la condición jurídica de las colonias. No fue hasta la “Revolución de las Flores” en Portugal en 1974, encabezada por el Movimento das Forças Armadas (Movimiento de las Fuerzas Armadas, MFA) y el derrocamiento del régimen de Caetano el 25 de abril de 1974 que surgió un nuevo clima político.

12.El nuevo régimen de Portugal casi inmediatamente reiteró el compromiso del Gobierno con la resolución 1514 (XV) de la Asamblea General, de 14 de diciembre de 1960 relativa a la concesión de la independencia a los países y pueblos coloniales, e inició el proceso de descolonización.

13.Rápidamente comenzaron a producirse cambios en Timor-Leste a medida que se formaban partidos políticos alrededor de tres manifiestos fundamentales: asociación con Portugal, independencia e integración con Indonesia. Los dos partidos predominantes, União Democrática Timorense (UDT – Unión Democrática Timorense) y Associação Social Democrática Timorense (ASDT) (que se transformó posteriormente en el FRETILIN - Frente Revolutionaria de Timor-Leste Independente) se formaron en mayo de 1974 y establecieron una alianza un poco más avanzado el año. Muy pronto se crearon partidos minoritarios, entre ellos: la Associação Popular Democrática de Timor‑Leste (APODETI), Klibur Oan Timor Ass’wain(KOTA), Partido Trabalhista (Partido Laborista) y la Associação Democrática para a Integração de Timor-Leste na Australia (ADILTA).

14.En julio de 1974, el Gobierno de Portugal aprobó una nueva Constitución, en la que se afirmaba el derecho de las colonias a la libre determinación y se incluía la opción de la independencia. Un año más tarde, en 1975, se aprobó una ley por la que se permitía la formación de un Gobierno de transición que preparara las elecciones nacionales en Timor-Leste, con miras a poner fin a la colonización portuguesa del territorio en 1978.

15.La respuesta del Gobierno de Indonesia a la descolonización de Timor-Leste sembró la confusión. El entonces Primer Ministro de Indonesia, Adam Malik, aseguró en junio de 1974 que Indonesia respetaría el derecho de los timorenses a la libre determinación y que Indonesia no tenía intereses territoriales en Timor-Leste. No obstante, era evidente que se estaba gestando una campaña de desestabilización dirigida por el BAKIN, que se conoció como Operasi Komodo (Operación Komodo). La Operasi Komodo logró resquebrajar la alianza formada por el FRETILIN y la UDT al utilizar propaganda anticomunista y difundir falsas acusaciones de que el FRETILIN planeaba orquestar un golpe militar.

16.La UDT, políticamente inmadura y abrumada por la propaganda de Yakarta, organizó un golpe contra la Administración portuguesa de Timor-Leste el 11 de agosto de 1975. El 20 de agosto de 1975, el FRETILIN tomó represalias con el apoyo de oficiales timorenses del Ejército portugués, lo que desató en el país una guerra civil. Tras el estallido de la violencia, el Gobernador portugués y su personal administrativo en Timor-Leste abandonaron el proceso de descolonización y huyeron a la cercana isla de Atauro. El Gobierno de Portugal se negó entonces a reanudar el proceso de descolonización a sabiendas de que era inminente la invasión indonesia.

17.El 28 de noviembre de 1975, el FRETILIN declaró unilateralmente la independencia de Timor-Leste. En un cablegrama enviado a Portugal por Francisco Xavier do Amaral, primer Presidente designado de la República Democrática de Timor‑Leste, se ponía en claro que la declaración era obligada debido tanto a la agresión indonesia como al desinterés mostrado por el Gobierno de Portugal en el proceso de descolonización. No obstante, en ejemplar solidaridad con Portugal, las banderas portuguesas seguirían ondeando y no se ocuparía el Edificio del Gobierno Central, ni siquiera se vio afectado el Mercedes negro del Gobernador portugués.

18.En el breve período durante el cual el FRETILIN ejerció de facto el control del territorio, se restableció la administración del Estado, aunque todavía bajo bandera portuguesa. Varias delegaciones extranjeras que visitaron el territorio por aquel entonces calificaron de “responsable y moderada” a la administración del FRETILIN. Su Manual y Programa político de reconstrucción y desarrollo se basaba en firmes principios de justicia social destinados a asegurar la destrucción gradual y total de la explotación del hombre por el hombre (destruição progressive e total da explotação do homem pelo homem). El FRETILIN elaboró y aplicó en todo el territorio políticas centradas en la población en cuatro esferas prioritarias, agricultura, cultura, educación y atención médica, para el logro de la verdadera independencia de la población de Timor‑Leste. Los programas concretos abarcaban alfabetización de adultos, granjas colectivas, reforma agraria y el establecimiento de cooperativas y centros de salud.

Invasión y posterior ocupación por Indonesia

19.Aventajados con creces por la fuerza del FRETILIN, en agosto de 1975, los líderes de los partidos UDT, APODETI, KOTA y Laborista pidieron asilo fuera de las fronteras, en Indonesia, lo que resultó el conducto perfecto para los planes militares de Indonesia. Los líderes políticos que habían huido, y necesitaban alimento y vivienda, fueron obligados a firmar un documento, en el que se proclamaba la integración de Timor-Leste con Indonesia. Esta declaración, denominada Declaración deBalibo, fue firmada en Balibo el 30 de noviembre de 1975. Algunos signatarios revelaron posteriormente que la declaración fue preparada en Bali (Indonesia), y que se vieron obligados a firmarla a punta de pistola en el hotel Penida View de Bali.

20.Por esa misma época, la operación militar indonesia que se llevó a cabo a lo largo de la frontera con Timor-Leste se intensificó y los militares concibieron la Operasi Seroja (Operación Loto) para la total invasión de Timor-Leste. El 7 de diciembre de 1975, contra la voluntad del pueblo timorense, Indonesia lanzó una invasión militar combinada de Timor-Leste por tierra y mar. El 31 de mayo de 1976, el Gobierno de Indonesia convocó la denominada Asamblea Provincial del Pueblo, integrada por 28 miembros escogidos fundamentalmente de entre los seguidores prointegracionistas de APODETI. Rápidamente, el Presidente de Indonesia promulgó la Ley 7/1976, de 17 de julio de 1976, en que se estipulaba la integración de Timor‑Leste como vigésima séptima provincia de Indonesia, pese a que el Gobierno de Portugal nunca renunció a su autoridad como Potencia administradora del territorio.

21.A medida que las fuerzas invasoras avanzaban y asumían el control de las principales ciudades, los líderes del FRETILIN y la población las evacuaban y formaban las bases de apoio (bases de apoyo) en las zonas controladas por las Fuerzas Armadas de Liberación Nacional de Timor Oriental (Forças Armadas de Libertação Nacional de Timor-Leste - Falintil). El FRETILIN siguió ejecutando sus programas administrativos en las bases de apoio.

22.A pesar de sus importantes iniciativas, no faltaron las críticas a la administración del FRETILIN después de haber declarado la independencia y haber creado las bases de apoyo en territorio liberado. Se levantaron acusaciones de violaciones de los derechos humanos, entre ellas la tortura y las ejecuciones sumarias de personas acusadas de traición o colaboración con las fuerzas ocupantes.

23.A raíz de la invasión, la situación de los derechos humanos empeoró rápidamente. La ocupación se caracterizó por violaciones burdas y sistemáticas de los derechos humanos de la población timorense: asesinatos en masa, reubicaciones forzadas, desapariciones, expatriación, restricción de movimiento, trabajo forzado, detención arbitraria y encarcelamiento, e inculpación política. Ocurrieron acontecimientos muy sangrientos como el bombardeo de la región del Matebian que causó decenas de miles de bajas de civiles, la masacre de Kraras en el Distrito Viqueque en 1983, en la que fueron ejecutados los hombres adultos de toda la aldea y solo quedaron las mujeres y los niños, y la masacre de Santa Cruz en Dili en 1991.

24.A veces se pasa por alto que durante la ocupación, las mujeres sufrieron también un trato degradante a manos de las fuerzas de ocupación y sus esbirros, y que también desempeñaron un papel activo en el movimiento de resistencia. Los malos tratos a las mujeres incluyeron violación, acoso sexual, uso como esclavas sexuales de los efectivos indonesios y ser obligadas a casarse con soldados indonesios. Las mujeres que tenían vínculos con la resistencia, o eran sospechosas de tenerlos, estaban especialmente en peligro. También se introdujo la planificación obligatoria de la familia, en particular para las esposas de los empleados públicos.

25.Hace poco, las violaciones de los derechos humanos cometidas durante la ocupación indonesia fueron objeto de investigaciones y audiencias de la Comisión para la Verdad, la Acogida y la Reconciliación. Se ofrece más información en la sección donde se expone en detalle la labor realizada por esta Comisión y también en el informe preparado para la CEDAW.

Lucha por la independencia

26.Los timorenses se opusieron a la integración de Timor-Leste en Indonesia por medio de su brazo armado, las Falintil, aunque lograron avanzar hacia el uso tanto de la táctica política urbana clandestina como de la diplomacia internacional. En 1985, el movimiento de resistencia se reorganizó con la formación del Consejo Revolucionario de Resistencia Nacional (Conselho Revolucionário da Resistência Nacional - CRRN). Apenas había pasado un año y, bajo la dirección de Kay Rala Xanana Gusmão, el CRRN se transformó en el Consejo Nacional de Resistencia Maubere (Conselho Nacional de Resistência Maubere - CNRM), un organismo madre cuyo objetivo era consolidar a todas las fuerzas sociales y políticas timorenses en la lucha por la independencia. La estructura del CNRM se dividió en tres frentes: Frente Armado, Frente Diplomático y Frente Clandestino. Las Falintil se declararon una fuerza nacional no partidista y José Ramos-Horta fue nombrado Representante Especial del CNRM en ultramar.

27.En 1992, el CNRM propuso un plan de paz en tres etapas, en que se describía una estrategia para la solución pacífica del caso de Timor-Leste. Este plan se ejecutaría bajo los auspicios de las Naciones Unidas e incluía: la desmilitarización; la liberación de los presos políticos; la legalización de partidos políticos de todas las tendencias; y la realización de un referéndum para votar sobre las opciones de independencia que eran, la libre asociación con la antigua Potencia colonial o la integración con otro Estado independiente. El Representante Especial del CNRM, José Ramos-Horta, lo presentó posteriormente en distintos foros y organizaciones internacionales, entre ellos el Parlamento europeo y el Consejo de los Estados Unidos para las Relaciones Internacionales.

28.Para entonces, la lucha timorense por la independencia había captado la máxima atención internacional tras conocerse las atrocidades cometidas en Santa Cruz en 1991. Pero la masacre de Santa Cruz no fue lo único que atrajo la atención internacional sobre Timor-Leste. La campaña para poner fin a las violaciones de los derechos humanos y procurar una solución pacífica se había reafirmado más tras la captura del líder de la resistencia Xanana Gusmão y el otorgamiento del Premio Nobel de la Paz de 1996 a José Ramos-Horta y al Obispo de Dili, Monseñor Carlos Filipe Ximenes Belo, por sus esfuerzos para promover una solución pacífica de la causa timorense.

29.Desde los puntos de vista estratégico y organizativo, la resistencia timorense sufrió muchos cambios durante sus 24 años de lucha. Estos cambios fueron necesarios para que la lucha ganara en eficacia y para que la estructura de la resistencia se adaptara mejor a todas las diferentes agrupaciones sociales y políticas timorenses en lucha. En abril de 1998, durante la primera Convención Nacional de Timorenses en el Extranjero, el CNRM quedó transformado en el Consejo Nacional de la Resistencia Timorense (CNRT). Una de las consideraciones que valieron para este cambio de nombre fue que el término Maubere representaba más una de las tendencias ideológicas y que mantenerlo, excluiría de la estructura nacional de la resistencia a algunos de los componentes de la sociedad timorense.

Cambio político

30.Durante toda la ocupación de Timor-Leste por Indonesia, el Gobierno de Indonesia estuvo tratando de hacer creer que la anexión del territorio era una manifestación de la libre determinación de los timorenses. Los diplomáticos indonesios solían alegar que Indonesia había intervenido para frenar la guerra civil y prevenir el derramamiento de sangre. Después se conoció por relatos directos de varios de los que intervinieron y la desclasificación de documentos secretos, que la invasión se llevó a cabo con el pleno apoyo de las potencias occidentales y se concibió como un medio de luchar contra una posible expansión comunista a raíz de la derrota de los Estados Unidos en la guerra de Viet Nam.

31.Pese al apoyo tácito de unos pocos Estados, el Gobierno de Indonesia tuvo que hacer frente a la condena internacional de la invasión. Oficialmente, las Naciones Unidas nunca reconocieron la anexión de Timor-Leste y, desde 1975, la Asamblea General de las Naciones Unidas y el Consejo de Seguridad aprobaron un gran número de resoluciones de condena de la invasión militar, en las que se pedía la retirada de las tropas indonesias de Timor-Leste. En 1982, la Asamblea General aprobó la resolución 37/30, de 23 de noviembre de 1982, en la que se pedía al Secretario General que iniciara consultas con todas las partes directamente interesadas, con miras a explorar las modalidades para lograr un arreglo global del problema, lo que dio lugar a un sinfín de conversaciones tripartitas entre Portugal e Indonesia bajo los auspicios del Secretario General. Sin embargo, tras años de conversaciones diplomáticas no se pudo lograr jamás un cambio importante en la política de Indonesia al respecto.

32.No fue hasta 1998 que, sacudida por la crisis económica y la presión internacional para que introdujera reformas políticas, Yakarta moderó su posición e informó al Secretario General y a Portugal de que estaba dispuesta a otorgar una amplia autonomía a Timor-Leste. Se trató de un gesto importante, aunque representaba solo una opción provisional para los dirigentes de la resistencia timorense que insistían en la transición hacia la independencia. Entonces, en enero de 1999, el Presidente de Indonesia, B. J. Habibie, anunció que el país estaba dispuesto a celebrar una consulta popular con el pueblo de Timor-Leste sobre la propuesta de Indonesia de otorgar al territorio la condición de Región Autónoma Especial dentro de la República Unitaria de Indonesia. Aunque la independencia no era una opción explícita que se consultaría con los timorenses, era obviamente la alternativa, si la propuesta de autonomía era rechazada. El 5 de mayo de 1999, las partes (Portugal, Indonesia y las Naciones Unidas) firmaron un acuerdo para celebrar la consulta popular con los timorenses orientales mediante votación directa; así nació la Misión de las Naciones Unidas en Timor Oriental (UNAMET) para llevar a la práctica esas modalidades sobre el terreno. La policía indonesia retuvo la responsabilidad del mantenimiento del orden público durante la consulta popular.

33.En Indonesia, el ofrecimiento de una consulta popular sobre la independencia por parte del Gobierno de Habibie fue acogido con gran oposición en algunos sectores. A medida que avanzaban los preparativos en Timor-Leste para la consulta popular, empezaron a surgir grupos paramilitares cada vez más numerosos. Proliferaron los grupos que habían pertenecido a la Operasi Komodo y a la Operasi Seroja, así como otros nuevos, los cuales lanzaron campañas agresivas de reclutamiento basadas en la intimidación y las amenazas de muerte. Estos grupos, cuyos miembros eran el Ejército de Indonesia, civiles partidarios de la línea dura, jóvenes desafectos y reclutados por la fuerza, iniciaron una campaña de terror en todo el territorio que evidentemente iba encaminada a dar al traste con el proceso, alentar a la población a que votara en favor de la autonomía y a castigar a los partidarios de la independencia. Muchas personas se vieron obligadas a abandonar sus hogares y a refugiarse en las zonas controladas por las Falintil en todo el territorio, mientras que otras marcharon al extranjero.

34.Además de los grupos paramilitares que se reunieron al amparo de la organización Pasukan Pro-Integrasi (PPI, Fuerzas Pro Integración), se formaron nuevas organizaciones civiles que apoyaban a Indonesia, a saber, Barisan Rakyat Timor-Timur (BRTT – Frente Popular de Timor Oriental) y el Foro Perdamaian, Demokrasi dan Keadilan (FPDK – Foro de Paz, Democracia y Justicia), entre otras. Estas organizaciones realizaron amplias campañas de propaganda para desorientar a los timorenses. Pese a estas campañas de propaganda y a la violencia en el período inicial hasta la celebración del referéndum, el pueblo timorense mantuvo sus convicciones. El día de la votación, 30 de agosto de 1999, más del 95% de los 450.000 votantes inscritos acudieron a las urnas.

35.El 4 de septiembre se anunció el resultado con un aplastante 78,5% de los votos a favor de una transición hacia la independencia y el rechazo de la autonomía con Indonesia. Pese a las acusaciones de parcialidad y de irregularidades en la votación, la Comisión Electoral de las Naciones Unidas declaró válido el resultado y dijo que era un reflejo fiel del deseo de la población de Timor-Leste.

36.Tras el anuncio de los resultados, las Fuerzas Armadas indonesias y los grupos de milicias que apoyaban respondieron rápidamente con el lanzamiento de una campaña violenta y sistemática de asesinatos, torturas, incendios y el desplazamiento masivo forzado de la población. Hasta 25.000 civiles se vieron obligados a huir hacia Timor Occidental y otras partes de Indonesia, mientras que el resto se refugió en lugares seguros dentro de Timor-Leste. En general, se calcula que cerca del 75% de la infraestructura del país quedó destruida y unas 630 personas perecieron entre enero y octubre de 1999. No fue hasta el 15 de septiembre, a raíz del acuerdo firmado con el Gobierno de Indonesia, que el Consejo de Seguridad autorizó el despliegue de una fuerza multinacional. El 20 de septiembre de 1999, el primer contingente de la Fuerza Internacional en Timor Oriental (INTERFET) al mando de Australia llegó a Dili, la capital, para emprender la misión de restablecer la paz y la seguridad, proteger y apoyar a la UNAMET en el desempeño de sus tareas (dentro de las capacidades de la fuerza), y facilitar las operaciones de asistencia humanitaria.

Administración de las Naciones Unidas – Transición hacia la plena independencia

37.Al despliegue de INTERFET siguió el establecimiento de la Administración de Transición de las Naciones Unidas en Timor Oriental (UNTAET), encargada de administrar el territorio en el período de transición hacia la plena independencia. Según la resolución, la UNTAET asumiría los poderes ejecutivo, legislativo y judicial y tendría el mandato de apoyar la creación de condiciones para el establecimiento de un gobierno autónomo timorense. Como parte de este mandato, la UNTAET estableció el Consejo Consultivo Nacional, un órgano cuasi legislativo integrado por timorenses y expatriados. Esta asamblea legislativa provisional fue transformada posteriormente en el Consejo Nacional, presidido por el ex dirigente de la resistencia, Kay Rala Xanana Gusmão.

38.La función ejecutiva durante los dos años que duró la Administración de las Naciones Unidas quedó dividida en tres etapas. La primera etapa de aproximadamente seis meses de duración presenció la formación de un Gabinete integrado sólo por expatriados bajo la autoridad del Representante Especial del Secretario General, con una división general de los aspectos técnicos de la administración entre los miembros del Gabinete. En julio de 2000, el Gabinete fue ampliado para incluir a cinco timorenses orientales a los que se les asignaron carteras que formarían los ministerios del primer gobierno electo de Timor-Leste. Aunque todavía durante el mandato del Representante Especial del Secretario General, a raíz de las elecciones a la Asamblea Constituyente, se formó un Gabinete, integrado solo por timorenses orientales, denominado Administración de Transición para Timor Oriental, bajo la presidencia de un Ministro Principal timorense.

39.El 30 de agosto de 2001, dos años después de la consulta popular sobre la independencia, más del 91% de los posibles votantes de Timor-Leste acudieron de nuevo a las urnas, esta vez para elegir una Asamblea Constituyente de 88 miembros encargada de redactar y aprobar una nueva Constitución y de establecer el marco para las futuras elecciones y la transición hacia la plena independencia. La Asamblea Constituyente y el nuevo Gobierno timorense oriental gobernaron en Timor-Leste durante el resto del período de transición hasta que se convirtió en un Estado soberano e independiente. El 9 de febrero de 2002, la Asamblea Constituyente había aprobado el proyecto de la primera Constitución del país.

40.Pese a las afirmaciones de algunos de que pudo haberse basado en una consulta pública más amplia, la redacción de la Constitución fue un proceso de amplia participación. La población mostró entusiasmo y participó en el proceso mediante cursillos prácticos y reuniones de consulta en la capital, los distritos y los subdistritos. Muchas organizaciones de la sociedad civil, entre ellas la Iglesia Católica, el Grupo de Trabajo de las ONG sobre la Constitución y grupos de promoción de los derechos de la mujer, presentaron sus criterios y observaciones sobre el proyecto de Constitución a la Asamblea Constituyente. Una coalición de organizaciones de promoción de los derechos de la mujer presentó una Carta de la Mujer de 10 puntos para su examen por la Asamblea. Aunque en el proyecto final no se pudieron incluir todas las opiniones, se considera que la Constitución de Timor-Leste es muy completa, en particular respecto del reconocimiento y la protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales.

2. Estructura constitucional general

41.La Constitución de la República Democrática de Timor-Leste constituye el marco general de los principios y la estructura de la nación. Todas las instituciones estatales deben su existencia de este marco constitucional, del que dimanan sus mandatos y responsabilidades.

42.Al firmar la Constitución, los miembros de la Asamblea Constituyente reafirmaron solemnemente su determinación de luchar contra todas las formas de tiranía, opresión, dominación social, cultural o religiosa y segregación, defender la independencia nacional, respetar y garantizar los derechos humanos y las libertades fundamentales de los ciudadanos, velar por el principio de la separación de poderes en la organización del Estado, y establecer las normas esenciales de la democracia multipartidista, con miras a la construcción de una nación justa y próspera y al establecimiento de una sociedad solidaria y fraternal.

43.En la Constitución se afirma inequívocamente que la República es un Estado democrático, soberano y unitario basado en el imperio de la ley, la separación de poderes, la voluntad del pueblo y el respeto de la dignidad de la persona humana. En la Constitución se establecen importantes objetivos que guían a los diferentes órganos del Estado y se estipulan disposiciones pormenorizadas sobre los derechos fundamentales de los ciudadanos y las demás personas. Entre esos objetivos el Estado están las obligaciones de defender y garantizar la soberanía del país; garantizar y promover los derechos fundamentales de los ciudadanos; la democracia política y la participación del público; promover la construcción de una sociedad basada en la justicia social; y promover y garantizar la igualdad efectiva de oportunidades para hombres y mujeres.

44.Los principios y objetivos el Estado se consolidan con un conjunto de disposiciones constitucionales concretas que se agrupan en las siguientes partes más generales:

Parte I – los principios y objetivos fundamentales del Estado;

Parte II – los derechos, deberes, libertades y garantías fundamentales de que gozan las personas a las que el Estado se compromete a proteger;

Parte III – la organización del poder político; la organización económica y financiera del Estado;

Parte IV – organización económica y financiera;

Parte V – defensa y seguridad nacionales;

Parte VI – la garantía y revisión de la Constitución; y

Parte VII – disposiciones finales y transitorias, así como las relativas a la revisión de la Constitución.

45.En la Constitución se establece sin lugar a dudas un conjunto de derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales, como el derecho a la vida, a la libertad personal, a la seguridad e integridad, a la honra y a la intimidad; a la protección de la familia; las libertades de expresión, reunión y asociación; la libertad de circulación y la libertad de conciencia, religión y culto; los derechos sociales y económicos, que incluyen el derecho al trabajo y a la huelga, y el derecho a la propiedad privada, la salud, la vivienda, la educación y la cultura. Se incluye el derecho a un medio ambiente limpio y los derechos culturales (propiedad intelectual) y se prevé un reconocimiento especial a los derechos de los grupos vulnerables, entre ellos, los niños, la juventud y los discapacitados.

46.La Constitución se podrá revisar seis años después de la fecha de su imposición o última revisión. Compete a los miembros del Parlamento y a los grupos parlamentarios iniciar una revisión constitucional. No se podrán revisar cuestiones relacionadas con la independencia nacional y la unidad del Estado, los derechos, las libertades y garantías de los ciudadanos; la separación de poderes; la independencia de los tribunales; el sistema pluripartidista y el derecho a la oposición democrática; y la celebración de elecciones libres, universales y periódicas mediante votación secreta y directa. No se podrá emprender acción alguna para revisar la Constitución durante un estado de sitio o estado de excepción.

3. Estructura política

47.La Constitución establece que el poder político corresponde al pueblo y se ejerce mediante el sufragio universal, libre, igual, directo, secreto y periódico, de conformidad con lo dispuesto en la Constitución.

48.Timor-Leste es un sistema semipresidencial, en el que los órganos soberanos son el Presidente de la República, el Parlamento Nacional, el Gobierno y los tribunales. Los principios de separación, incluso entre el Estado y la Iglesia, y la interdependencia de los poderes establecidos en la Constitución se observan en las funciones que desempeñan los órganos soberanos. El Presidente y el Parlamento Nacional son elegidos en votación directa y se prevé la protección de la independencia del poder judicial.

49.El Presidente de la República, en su condición de Jefe de Estado y Comandante Supremo de la Fuerza de Defensa, es el símbolo y el garante de la independencia nacional, la unidad del Estado y el funcionamiento ininterrumpido de las instituciones democráticas. El pueblo elige al/a la Presidente(a) en votación directa y le otorga prerrogativas para que pueda disolver el Parlamento Nacional, destituir al Gobierno y separar de su cargo al Primer Ministro en determinados casos.

50.La Constitución contiene disposiciones sobre un Consejo de Estado que prestará asistencia al Presidente en el ejercicio de sus competencias previstas en la Constitución. Este Consejo se creó el 17 de mayo de 2005. Los actuales miembros del Consejo son el Presidente del Parlamento Nacional, el Primer Ministro, los líderes de los partidos políticos de oposición y un miembro de la sociedad civil.

Parlamento

51.El Parlamento es un órgano soberano. Personifica al electorado y se establece para determinar las leyes y el presupuesto del Estado, dotar al Gobierno de legitimidad democrática y exigirle responsabilidades. El concepto constitucional de Timor-Leste afirma categóricamente que no puede haber democracia, transparencia ni responsabilidad sostenibles sin un parlamento que funcione como es debido.

52.En su condición de órgano soberano, el Parlamento Nacional está investido de poderes de supervisión legislativa y de adopción de decisiones políticas con competencia para legislar, entre otras cosas, sobre

Ciudadanía;

Derechos, libertades y garantías;

Leyes electorales y referéndum;

Defensa y seguridad;

Suspensión de las garantías constitucionales;

Declaración de estado de sitio y estado de excepción; y

Concesión de amnistía.

53.En el artículo 96 se permite también que el Parlamento autorice al Gobierno a dictar leyes sobre una lista no exhaustiva de temas, entre los cuales figuran:

Definición de delitos, condenas, medidas de seguridad y requisitos previos respectivos;

Definición del procedimiento civil y penal;

Reglamentos generales de la administración pública, el estatuto de los funcionarios y la responsabilidad del Estado.

54.La Ley orgánica y el Reglamento del Parlamento Nacional establecen que el Parlamento esté integrado por un Presidente, un Plenario, escaños parlamentarios, una Conferencia de Representantes de los parlamentarios, una Mesa y un Comité Permanente. Nombrados con arreglo a la Ley orgánica del Parlamento Nacional, también hay siete comités parlamentarios que examinan diversos asuntos, entre ellos, Asuntos constitucionales, derechos, libertades y garantías; Educación; y Economía y finanzas. Estos comités parlamentarios desempeñan una función clave de orientación de la formulación de leyes.

55.En el período de transición después de la independencia, los 88 miembros de la Asamblea Constituyente se convirtieron en el primer Parlamento del país, por un mandato de cinco años que expira en 2007. Según el párrafo 2 del artículo 93 de la Constitución, el Parlamento Nacional estará integrado por un mínimo de 52 y un máximo de 65 miembros. Cabe esperar que en las próximas elecciones parlamentarias de 2007 se ponga en vigor este número más limitado de miembros.

56.De los actuales 88 parlamentarios, 23 son mujeres, un importante reflejo de la participación destacada de la mujer en la vida política.

Gobierno

57.El Gobierno, integrado por el Primer Ministro, los ministros y los secretarios de Estado, es el órgano soberano encargado de dirigir y ejecutar la política general del país. Es también el órgano supremo de la administración pública. Responde ante el Presidente de la República y el Parlamento Nacional por la dirección y ejecución de la política interna e internacional de conformidad con la Constitución y la legislación.

58.El/La Primer(a) Ministro(a) es el jefe del ejecutivo. Es designado(a) por el/los partido(s) político(s) que posea(n) la mayoría parlamentaria y nombrado(a) entonces por el Presidente, tras celebrar consultas con todos los partidos políticos representados en el Parlamento. Es responsabilidad del Primer Ministro dirigir y orientar la política general del Gobierno y coordinar las actividades de todos los ministros. Todos los ministros son responsables de la aplicación de las políticas definidas para sus respectivos ministerios.

59.Durante la ocupación militar indonesia, muy pocos timorenses ocuparon cargos de importancia en la administración local o tuvieron la oportunidad de participar en el Gobierno propiamente. Los indonesios ocuparon la mayoría de los cargos públicos, entre ellos los de administración de nivel técnico, superior o medio; unos 7.000 de esos indonesios huyeron de Timor-Leste durante el caos de 1999 dejando un gran vacío en la administración pública.

60.A partir del 25 de octubre de 1999, la UNTAET, una operación integrada y multidimensional de mantenimiento de la paz, se hizo cargo de toda la administración de Timor durante su transición a la independencia. En la resolución 1272 del Consejo de Seguridad se establece el mandato de la UNTAET de:

Proporcionar seguridad y mantener el orden público en todo el territorio de Timor Oriental;

Establecer una administración eficaz;

Contribuir al desarrollo de los servicios civiles y sociales;

Encargarse de la coordinación y la prestación de asistencia humanitaria, la rehabilitación y la asistencia para el desarrollo;

Apoyar el fomento de la capacidad para el autogobierno; y

Ayudar al establecimiento de condiciones necesarias para el desarrollo sostenible.

61.La UNTAET aprobó muchos reglamentos, algunos de los cuales continúan en vigor todavía. Durante su mandato, se realizaron esfuerzos también para organizar la administración nacional de conformidad con la estructura timorense prevista y asegurar el compromiso de los timorenses en los procesos de adopción de decisiones. En diciembre de 1999, quedó establecido el Consejo Consultivo Nacional. Posteriormente, en 2001 se celebraron las elecciones a la Asamblea Constituyente y prestaron juramento los 24 miembros del Consejo de Ministros del Segundo Gobierno de Transición totalmente integrado por timorenses orientales. El nuevo Consejo de Ministros sustituyó al Gabinete de Transición que se había creado en 2000. La Asamblea Constituyente y el nuevo Gobierno de Timor Oriental gobernarían durante lo que quedaba del período de transición antes de su independencia e instauración como Estado democrático y soberano.

62.Tras el restablecimiento de la independencia en mayo de 2002, Timor-Leste asumió la responsabilidad de la mayoría de las tareas de Gobierno. Las sucesivas misiones de las Naciones Unidas y los donantes asociados prestaron también un amplio apoyo. La UNMISET prestó apoyo en las esferas de la seguridad contra las amenazas externas, la estabilidad, el mantenimiento del orden público y el fortalecimiento de la Policía Nacional de Timor‑Leste (PNTL), así como la administración pública y la promoción de la democracia y la justicia. El traspaso de responsabilidades en materia de seguridad y defensa de la UNMISET el 20 de mayo de 2004 completó la total transferencia de responsabilidades. Desde entonces, el Gobierno electo ha mantenido la plena responsabilidad por la gestión general de la administración pública y la buena gobernanza en todo el sector público.

63.Pese a sus comienzos tan modestos, se han logrado importantes avances en la creación de las estructuras, las políticas y los procedimientos para gobernar con eficacia. Por ejemplo, se aprobó la Ley de administración pública, en la que se definen las funciones y responsabilidades de los empleados públicos; se introdujeron leyes orgánicas en que se establecen los mandatos de los distintos ministerios y organismos; la contratación de los funcionarios; la creación de capacidad para que los funcionarios presten servicios públicos; la planificación y presupuestación; así como los mecanismos de control y supervisión de las finanzas y las adquisiciones públicas.

64.La administración pública de Timor-Leste, integrada por los empleados públicos, la policía, el personal de defensa y otras categorías de empleados, cuenta con una plantilla total de unas 18.000 personas, entre ellos 17.175 funcionarios permanentes y 651 temporeros; en ese total se incluye a 12.034 empleados públicos permanentes, dos terceras partes de los cuales son maestros y personal médico. Los demás componentes principales son la policía y las fuerzas de defensa que, sumadas, son más de 4.000 efectivos. Sin embargo, los limitados recursos presupuestarios han restringido muchísimo el número de funcionarios contratados para cargos relacionados con servicios a la producción, justicia e infraestructura básica. Existe la idea de que los servicios en estas esferas SON de mala calidad debido a la escasez de personal y a que quienes ocupan esos cargos ni tienen los conocimientos requeridos ni han recibido la debida capacitación para adquirir esos conocimientos.

Estructura administrativa y gobierno local

65.El país está dividido en 13 distritos que a su vez se subdividen en 65 subdistritos. El subdistrito es el nivel administrativo de gobierno más elemental, y está bajo la dirección de un Coordinador de subdistrito.

66.La finalidad del enclave de Oecusse Ambeno y de la isla de Atauro es que disfruten de un trato administrativo y económico especial, según el párrafo 3) del artículo 5 de la Constitución. Esta cuestión se debatió ampliamente durante 2005, aunque todavía no se han aprobado las medidas destinadas a poner en práctica tal distinción.

67.La Constitución afirma que el Estado respetará la descentralización de la administración pública. Con ese fin, el Gobierno de Timor-Leste, concretamente el Ministerio de Administración del Estado en su calidad de ministerio coordinador, ha puesto empeño en ensayar un modelo central piloto de gobierno local con miras a la plena descentralización de la administración fiscal y la gestión en materia de políticas a nivel local. El Gobierno considera que la descentralización es muy importante para Timor-Leste, porque de esa manera el pueblo podrá expresar realmente sus opiniones sobre el desarrollo local y tendrá más capacidad para influir en la manera en que se van a abordar sus necesidades de desarrollo a nivel local.

68.El objetivo del Gobierno en cuanto al gobierno local es bien sencillo: fortalecer la capacidad de los funcionarios públicos pertinentes, así como de los dirigentes electos a nivel local, para prestar servicios eficaces y eficientes a los ciudadanos; contribuir al establecimiento de una administración pública local viable, eficiente y responsable y fortalecer los mecanismos que apoyan una mayor participación de las comunidades en los programas y los asuntos públicos.

69.Sin embargo, en su intento para cumplir esta meta, el Gobierno tropieza con varias dificultades, entre ellas, la legitimación de los dirigentes locales, la asignación de recursos a esos dirigentes para que atiendan sus asuntos, así como la distribución de fondos locales para el desarrollo destinados a proyectos de desarrollo en mayor escala, y el aumento de la capacidad de los recursos humanos de los gobiernos locales para la gestión de un medio ambiente cada vez más complejo. Para que un gobierno descentralizado funcione correctamente, debe contar con suficiente capacidad tanto a nivel nacional como local, para asegurar una gestión del total de los fondos liberados a nivel local que sea transparente y responsable. Esta capacidad no existe actualmente en todas partes del país. Hay mucho que hacer para preparar a las administraciones del gobierno local para la plena descentralización. Una de las iniciativas ya emprendidas para fortalecer el gobierno local fue un curso de descentralización fiscal de cinco días de duración llevado a cabo por un grupo de trabajo interministerial sobre descentralización para fortalecer la capacidad de los funcionarios correspondientes a fin de asegurar una gestión transparente, responsable y eficaz de los fondos a nivel local. Con estas medidas mínimas pero esenciales, el Gobierno ha podido avanzar un poco más hacia el objetivo a más largo plazo de la total descentralización fiscal y política.

4. Marco jurídico

70.Los instrumentos jurídicos de Timor-Leste, por orden de aplicabilidad, son:

La Constitución de la República Democrática de Timor-Leste;

Las leyes de la República Democrática de Timor-Leste (aprobadas tanto por el Parlamento Nacional como por el Gobierno);

Los reglamentos, decretos y órdenes ejecutivas aprobados durante la UNTAET;

Las leyes que se aplicaban en Timor Oriental antes del 25 de octubre de 1999 siguen aplicándose siempre y cuando no entren en conflicto con las obligaciones internacionales y las normas de derechos humanos de conformidad con el Reglamento 1999/1 de la UNTAET, ratificado por el artículo165 de la Constitución y la ley 2/2002 de la República Democrática de Timor Oriental sobre la interpretación de la legislación aplicable después de la independencia, en la que el Parlamento confirmó que se consideraría como la legislación indonesia.

71.La variopinta historia de Timor-Leste ha repercutido enormemente en el actual marco jurídico del país. Bajo la influencia de la colonización portuguesa, la asistencia y el asesoramiento internacionales después de la independencia, la ocupación indonesia y la administración de transición de las Naciones Unidas, el marco jurídico de Timor‑Leste es un sistema complejo e híbrido de leyes y reglamentos, cuyos componentes más destacados son las leyes portuguesas e indonesias y el derecho internacional, y los reglamentos de la UNTAET.

72.Esta combinación de leyes ha causado alguna confusión en cuanto a cuáles son aplicables, lo que, sumado a la inexperiencia de los jueces timorenses y a la falta de recursos, ha comprometido el imperio de la ley y la administración de justicia.

73.Las discrepancias entre los primeros fallos del Tribunal de Apelaciones según si se aplicaban las leyes indonesias o las portuguesas a delitos parecidos son un ejemplo concreto de ello. El 6 de octubre de 2003, el Parlamento aprobó una ley con el objeto de aclarar la aplicabilidad de las leyes indonesias que fue promulgada el 20 de noviembre de 2003 (Ley parlamentaria 10/2003). No obstante, algunos opinan que hay que seguir aclarando la interpretación general de la aplicabilidad de las diferentes leyes. El Gobierno se propone resolver esta confusión con la aprobación de nuevas leyes de la República Democrática de Timor-Leste en todos los aspectos de la vida pública, aunque este proceso ya en marcha requerirá una prolongada transición legislativa que demorará mucho en completarse.

Tribunales

74.El Gobierno de Timor-Leste reconoce la importancia del funcionamiento integral del sistema judicial y jurídico como parte de una democracia operacional, una estabilidad política a largo plazo y la confianza del público en la administración del Estado. Dado que justicia demorada es justicia negada, el Gobierno tiene la responsabilidad de asegurarse de que los ciudadanos tengan acceso a un sistema judicial que no sólo sea justo, sino que sea también responsable y transparente. Tal es la determinación del Gobierno, aunque la creación de un poder judicial fuerte sigue siendo tal vez la tarea más compleja que tenga el Gobierno ante sí en el futuro inmediato.

75.La Constitución de Timor-Leste asegura la independencia del poder judicial, con sujeción solo a la Constitución y al derecho. También garantiza que toda persona tenga acceso a los tribunales para defender sus derechos e intereses protegidos por la ley independientemente de su situación económica. No se negará la justicia por falta de medios económicos. Los fallos de los tribunales serán obligatorios y prevalecerán sobre las decisiones de cualquiera otra autoridad.

76.En el artículo 123 de la Constitución se especifican las categorías de los tribunales de Timor-Leste, a saber el Tribunal Supremo y los demás tribunales ordinarios, el tribunal superior administrativo, fiscal y de cuentas, los tribunales militares, y la posibilidad de establecer un tribunal marítimo y uno de arbitraje. El Tribunal Supremo de Justicia, destinado a ser el tribunal superior y el garante de que se imparta justicia de manera uniforme, todavía no se ha establecido y su creación se aplazará hasta el momento en que las instituciones existentes estén funcionando efectivamente. Mientras no exista un tribunal supremo de justicia, se ha conferido al Tribunal de Apelaciones la jurisdicción para entender de las apelaciones de las sentencias definitivas dictadas por cualquiera de los tribunales de distrito en Timor-Leste, por tal motivo, detenta todos los poderes del Tribunal Supremo. Los tribunales administrativos, fiscales y de cuentas supervisarán la licitud de los gastos públicos y verificarán las cuentas del Estado. Estos tribunales todavía no se han establecido.

77.Los tribunales que en estos momentos existen están abrumados de problemas institucionales que comprometen un acceso a la justicia que valga la pena. De hecho, el acceso a la justicia sigue constituyendo uno de los problemas más importantes para el pleno goce de los derechos humanos en Timor-Leste.

78.A finales de 1999, tras la partida de las autoridades indonesias, Timor-Leste se vio ante una realidad, en la que:

Se disponía de un número muy limitado de personas con instrucción jurídica que pudieran desempeñar funciones judiciales (solo 70 timorenses tenían formación jurídica, la mayoría de los cuales habían estudiado en Indonesia);

Gran parte de la documentación judicial de importancia había sido destruida (con excepción de la que estaba en manos de la Iglesia);

La infraestructura, que abarcaba juzgados, comisarías de policías, fiscalías y centros de detención, había sufrido grandes daños; y

Había pocas posibilidades de elaborar una nueva legislación.

79.Pese a los esfuerzos de la UNTAET para resolver esas graves deficiencias, Timor‑Leste heredó un sistema judicial que apenas funcionaba y que tenía serios defectos. Falta personal jurídico y judicial calificado y los tribunales de distrito funcionan solo esporádicamente.

80.La inexperiencia y los limitados recursos se han puesto en evidencia en la falta de uniformidad entre las sentencias, el gran número de casos pendientes, las deficiencias en el traslado de casos entre juzgados, el limitado acceso a la información y una administración deficiente e incompetente.

81.Entre las causas de esta difícil situación estaba una decisión administrativa de las Naciones Unidas de principios de 2000 de establecer de inmediato un poder judicial integrado totalmente por timorenses que contaría con el apoyo de tutores internacionales y la capacitación especial de magistrados, fiscales y secretarios de juzgado. La realidad práctica fue que los funcionarios judiciales timorenses trabajaron durante tres años con muy poca asistencia internacional que respaldara y reafirmara sus conocimientos especializados.

82.El 20 de enero de 2005, se anunció que todos los jueces, fiscales y abogados de la defensa timorenses habían suspendido sus exámenes por escrito y, por eso, no reunían las condiciones para que sus contratos del período de prueba se convirtiesen en contratos permanentes. Con todo, el Consejo Superior del Poder Judicial autorizó a cinco de los 22 jueces a que siguieran ejerciendo sus funciones para que se completaran los procesos que tenían a su cargo la Sala Especial de Delitos Graves y la Comisión Electoral Nacional. Con esta salvedad, la mayoría de los jueces del país han dejado de ejercer sus funciones judiciales. En el momento de redactar el presente documento, Timor-Leste sigue dependiendo en lo fundamental de jueces internacionales que dictan sentencia en casos penales y civiles. El empleo de profesionales jurídicos internacionales ha resultado especialmente valioso para corregir algunos de los defectos en el funcionamiento de los tribunales, por ejemplo, una reducción del número de casos pendientes, el funcionamiento de los tribunales de distrito y más coherencia entre las sentencias dictadas.

83.No obstante, pese a la mejora registrada en la situación en los últimos tiempos, el sistema judicial nacional ha adolecido históricamente de grandes defectos que han tenido gran repercusión en la posibilidad del timorense común de acceder a la justicia y, en particular, en la posibilidad de las mujeres timorenses de pedir la debida reparación ante un tribunal, como se explica en el documento presentado en relación con la CEDAW. Será decisivo asegurar, mediante una correcta gestión, el traspaso de la plena responsabilidad nuevamente a los funcionarios de los tribunales nacionales en el futuro, de manera tal que no vuelvan a surgir los obstáculos que existen a un verdadero acceso a la justicia.

84.Veinte juristas han completado ya satisfactoriamente la primera etapa del programa de capacitación y continuarán su preparación avanzada. En 2007, se espera que este programa de formación de postgrado permita contar con un cuadro de profesionales nacionales calificados que estén en condiciones de asumir un mayor número de funciones que actualmente desempeñan los asesores internacionales. Entre tanto, habrá que seguir contando con apoyo internacional para la formación de funcionarios judiciales timorenses calificados y para la prestación de servicios eficaces de administración de justicia.

85.En octubre de 2005, prestaban asesoramiento jurídico internacional ocho jueces internacionales, cinco fiscales, siete abogados de la defensa y cinco secretarios de tribunal. Los idiomas de uso común de todos los tribunales de Timor-Leste son portugués, tetum, bahasa indonesia e inglés.

Consejo Superior del Poder Judicial

86.En la Constitución se dispone el establecimiento de un Consejo Superior del Poder Judicial, que tuvo lugar en junio de 2003. Este Consejo es el órgano administrativo y disciplinario encargado de administrar los tribunales. Entre sus responsabilidades están también el nombramiento, la designación, el traslado y el ascenso de los jueces. El Estatuto de los Magistrados Judiciales regula la organización y las actividades del Consejo Superior del Poder Judicial, establece un mecanismo para impedir que la administración de justicia se utilice de manera que comprometa la independencia del poder judicial. Las deliberaciones en el Consejo Superior del Poder Judicial se publican en la Gaceta, aunque en la práctica todavía esto no ha ocurrido.

87.Debido a los limitados recursos humanos, la composición actual del Consejo es transitoria y cuenta con cinco juristas timorenses, entre ellos el Presidente del Tribunal de Apelaciones en calidad de Presidente, el Viceministro de Justicia y un fiscal. El Consejo superior contará con el apoyo de una secretaría bajo la dirección de un secretario judicial que tiene la responsabilidad de ejecutar las decisiones, e inspectores judiciales y contables, así como secretarías de inspección encargadas de evaluar a los jueces. Estos inspectores todavía no han sido nombrados. De hecho, todavía muchos de los principales cargos en el Consejo Superior del Poder Judicial están vacantes.

Fiscalía

88.La Fiscalía es un órgano independiente según la Constitución encargado de investigar y enjuiciar los casos penales y de la defensa del Estado en los litigios civiles. En el artículo 132 de la Constitución se dispone que los fiscales tienen la responsabilidad de: representar al Estado; adoptar medidas administrativas; defender la legalidad democrática; asegurar la defensa de los menores de edad, los ausentes o los discapacitados y promover el cumplimiento de las leyes. En distintos artículos de la Constitución se afirma la independencia y la autonomía de los fiscales y se dispone que los fiscales se rijan por su propio Estatuto. Obsérvese también que el Defensor cumple la función central de proteger los derechos del sospechoso y de la víctima y de garantizar que se haga justicia.

89.Establecida como entidad aparte con poderes delegados por el Parlamento, la Fiscalía es la autoridad suprema del ministerio público, encabezada por el Fiscal quien, a su vez, es nombrado por el Presidente de la República. La Oficina consta de tres dependencias: i) la Oficina Ejecutiva del Fiscal; ii) la Dependencia de Investigación de Delitos Comunes; y iii) la Oficina Nacional Central y la Interpol. Antes existía también una Dependencia de Delitos Graves que se disolvió en mayo de 2005. En estos momentos están recibiendo capacitación diez fiscales nacionales nombrados por el Gobierno.

90.En septiembre de 2005 se aprobó la ley por la que se establece un Consejo Superior de la Fiscalía, órgano disciplinario y de supervisión. Ya ha comenzado el proceso de formación de este Consejo.

Defensoría Pública

91.El fundamento de la Defensoría Pública es el derecho a la representación letrada independientemente de los medios económicos. Según la Ley orgánica del Ministerio de Justicia, la Defensoría Pública “es el órgano, adscrito al Ministerio de Justicia, que tiene autonomía técnica y está encargado de prestar asistencia jurídica, judicial y extrajudicial gratuita y total a ciudadanos desfavorecidos”.

92.Como había ocurrido ya con los jueces, a mediados de 2005, Claudio Ximenes, Presidente del Tribunal de Apelaciones, anunció que ninguno de los fiscales y abogados de la defensa timorenses que recibieron capacitación había aprobado sus exámenes finales. Esos abogados de la defensa seguirán recibiendo capacitación en el Centro hasta mediados de 2007, momento en que el grupo de abogados internacionales cesará en sus funciones y será sustituido por letrados del país. La Ley orgánica de la defensoría pública todavía no se está aplicando, pero cuando eso ocurra, llenará el actual vacío institucional en el marco del servicio de abogados de la defensa y se creará el Consejo Superior de la Defensoría Pública, órgano supremo disciplinario y de supervisión de la defensoría.

93.Tanto la Fiscalía como la Defensoría Pública han creado ya sistemas de personal y gestión de casos, así como planes de acción anuales y los correspondientes planes de trabajo como medio de fortalecer sus respectivos mandatos.

Centro de Formación Judicial

94.En virtud del decreto-ley 6/2004 se creó en septiembre de 2004 un Centro de Formación Judicial para reducir, en parte, el desequilibrio evidente en el sector judicial. El Centro de Formación Judicial, que pertenece al Ministerio de Justicia y funciona con cierto grado de autonomía, tiene el mandato de impartir capacitación a magistrados, fiscales, abogados de la defensa, secretarios de tribunales, personal penitenciario, investigadores y otros administradores de justicia, así como a instructores nacionales, en derecho, justicia y administración pública.

95.El Centro de Formación Judicial desempeña una función central en la consolidación y el fortalecimiento de las instituciones judiciales mediante la creación de la capacidad profesional de los funcionarios judiciales. El programa de capacitación dura 30 meses para candidatos a una carrera profesional, entre ellos jueces, fiscales y abogados de la defensa. Estos treinta meses de capacitación se consideran esenciales para que los candidatos adquieran y desarrollen los conocimientos humanos, éticos y técnico-jurídicos necesarios para llevar a cabo diversas funciones judiciales. Las opciones de carrera dentro del poder judicial estarán a disposición, en gran medida, para quienes obtengan los mejores resultados en este curso riguroso de formación impartido por el Centro de Formación Judicial y la consiguiente evaluación y la consiguiente evaluación del interés y el desempeño de los candidatos.

96.Pese a los lamentables resultados de los exámenes realizados por los jueces, fiscales y abogados que estaban recibiendo capacitación en 2004 y 2005, los dirigentes del sector de la justicia pudieron conocer con cuántos jueces, fiscales y abogados de la defensa calificados podría contar el país y planificar en consecuencia la capacitación que habría que impartir a los jueces, fiscales y abogados de la defensa que no se consideraron suficientemente preparados para ocupar puestos permanentes.

97.La capacitación que están recibiendo 35 funcionarios judiciales nacionales terminará a mediados de 2006, momento en que empezará un período de prueba de un año de duración, en el que trabajarán bajo la orientación de profesional de contratación internacional. De este grupo de 35 candidatos, 10 son mujeres, cinco juezas, dos fiscales y tres abogadas de la defensa. Entre agosto de 2005 y marzo de 2006 recibieron capacitación también 36 secretarios, administradores y funcionarios del servicio de abogados de la defensa nacionales que apoyarán la administración de justicia.

98.Se espera un nuevo ingreso de educandos en el Centro de Formación Judicial a principios de 2006. Dada la necesidad de invertir constantemente en la capacitación por medio del Centro de Formación Judicial, el programa de capacitación se fortalecerá mediante una evaluación interna que se realizará a mediados de 2006 como parte de una evaluación general del programa sobre el sistema de justicia. La Universidad Nacional de Timor-Leste emprendió también un programa jurídico con la asistencia de Portugal. Más de 300 personas han solicitado su ingreso en este programa.

Enjuiciamiento de delitos graves

99.En junio se establecieron, en virtud del Reglamento 2000/15 de la UNTAET, las salas especiales de delitos graves (“Salas Especiales”), que se ocuparán de los siguientes delitos cometidos entre el 1º de enero de 1999 y el 25 de octubre de 1999:

Genocidio;

Crímenes de guerra;

Crímenes de lesa humanidad;

Asesinato;

Delitos sexuales;

Tortura.

100.Las salas especiales tienen jurisdicción universal para entender de esos delitos independientemente de dónde se cometieron, contra quién y por quién. El Reglamento por el que se establecieron las salas especiales era prácticamente una reproducción directa de las disposiciones sustantivas del Estatuto de Roma. El establecimiento de “salas especiales” con jurisdicción exclusiva sobre delitos penales graves no excluye la jurisdicción de un tribunal internacional para Timor-Leste que entienda de esos delitos, en caso de que se estableciese.

101.Debido a las limitaciones de recursos y tiempo, la Dependencia de Investigación de Delitos Graves decidió en 2001 centrar su atención fundamentalmente en 10 casos “prioritarios” y en otros casos de crímenes de lesa humanidad. Al seleccionar estos casos “prioritarios” se tomaron en consideración algunos factores, entre ellos la gravedad de los delitos, su importancia política, el número y la categoría de las víctimas, y la existencia de pruebas. El objetivo de esta selección era demostrar una modalidad sistemática de asesinatos, torturas y violaciones cometidas contra el pueblo timorense. Otros casos de violación sexual se condenaron como crímenes de lesa humanidad.

102.En el cumplimiento de sus tareas, las salas especiales de delitos graves se pronunciaron sobre dos casos previa comprobación de la violación. En un caso, sobre el que se dictó sentencia en 2002, se impuso una condena de cuatro años de cárcel, con arreglo al código penal indonesio, a un hombre timorense por la violación de una mujer en Dili en septiembre de 1999, mientras prestaba servicios en el ejército indonesio. El segundo caso, sobre el que se dictó sentencia en 2003, fue el único en el que una sala especial de delitos graves juzgó y condenó a un reo por violación sexual como crimen de lesa humanidad. En este caso específico, el reo fue condenado a nueve años de cárcel por tres violaciones, que se convirtieron en 12 años cuando se sumaron las condenas por otros delitos. En un tercer caso, un reo fue condenado por haber violado a una mujer en Timor-Leste en 1999. Un año más tarde, la Sala Especial decidió que no tenía jurisdicción para juzgar el caso de un presunto delito cometido fuera del territorio de Timor-Leste.

103.Aunque, por una parte, las salas especiales celebraron juicio a 87 acusados, en general, 303 acusados se incluyeron en los sumarios instruidos, pero no han comparecido a juicio debido a que no se encuentran en territorio de Timor-Leste. De hecho, tal vez la mayor imperfección del procesamiento de los delitos graves estribó en la falta de capacidad para extraditar a los responsables de los crímenes más abyectos. En abril de 2000, el Administrador de las Naciones Unidas de la Transición y el Fiscal General de Indonesia firmaron un acuerdo de extradición que no fue ratificado posteriormente por el Parlamento indonesio.

104.En cambio, lo que se ha evidenciado es que se celebró juicio a 87 nacionales timorenses, fundamentalmente ex comandantes o miembros de las milicias, aunque se incluyó también a antiguos soldados timorenses del ejército indonesio. De esta cifra, 85 fueron condenados y cumplen sus condenas a distintos años de cárcel. Los culpables de delitos más graves no han comparecido ante la justicia y probablemente eso nunca ocurrirá.

Comisión para la Verdad, la Acogida y la Reconciliación

105.La Comisión para la Verdad, la Acogida y la Reconciliación de Timor Oriental (CAVR) fue creada el 7 de febrero de 2002. La Comisión era una institución nacional independiente, no sujeta al control o la dirección de ningún miembro del Gabinete. La decisión inicial para su establecimiento se adoptó en el Consejo Nacional de la Resistencia Timorense (CNRT), tras lo cual se realizaron algunas visitas a los distritos de Timor Oriental y se estableció un comité, integrado por representantes del CNRT, de las ONG de Timor Oriental, la ACNUR y la UNTAET, a raíz de una serie de visitas a los distritos de Timor Oriental y Occidental con la misión de lograr que la opinión pública se mostrara a favor de la propuesta.

106.Se encargó a la CAVR el mandato de determinar la verdad respecto de las violaciones de los derechos humanos cometidas en Timor Oriental entre el 25 de abril de 1974 y el 25 de octubre de 1999, lograr la reconciliación de la comunidad y la reparación de las víctimas y redactar un informe final con recomendaciones.

107.La búsqueda de la verdad se llevó a cabo mediante un programa amplio de toma de declaraciones, investigaciones y audiencias públicas. Estas actividades se clasificaron con arreglo a los siguientes temas generales:

Prisión política;

Las mujeres y los conflictos;

Desplazamientos forzados y hambruna;

Conflicto partidista;

Masacres y ejecuciones ilícitas;

Funcionarios internacionales;

Los niños y el conflicto.

108.Otro de los elementos importantes del mandato de la CAVR eran los procedimientos de reconciliación de la comunidad, lo que facilitó la participación de los perpetradores de actos perjudiciales menos graves por motivos políticos en un programa de justicia restaurativa para las aldeas. Estos procedimientos dependían de la participación de la comunidad, con el objetivo de que las víctimas y la comunidad pudieran presentar su información personal y los perpetradores pudieran emprender “actos de reconciliación” como alternativa al sistema de justicia oficial y a las amenazas de encarcelamiento. Se trató de iniciativas para aliviar a las víctimas por medio de audiencias a nivel de subdistritos, visitas de seguimiento y otras actividades de restauración.

109.De todos los testimonios que se escucharon durante la investigación realizada por la CAVR, aproximadamente la quinta parte eran declaraciones de mujeres que habían sido víctimas o testigos de violaciones de los derechos humanos. Dada la heterogeneidad de las experiencias vividas por las mujeres en el conflicto, se estableció un equipo especial de investigación sobre cuestiones relacionadas con las mujeres y se celebró una audiencia pública nacional sobre las mujeres y los conflictos. Una de las organizaciones nacionales de mujeres, Fokupers, ha pedido en reiteradas ocasiones un programa de indemnizaciones que se centraría, concretamente, en las víctimas femeninas del conflicto. Esta cuestión se examinará a fondo en el documento que se presente al CEDAW.

110.La CAVR presentó su informe al Presidente el 31 de octubre de 2005. Así culminaron más de tres años de intensa labor en la que más de 7.000 víctimas prestaron testimonio sobre las violaciones de los derechos humanos cometidas en Timor Oriental entre abril de 1974 y octubre de 1999. Posteriormente, el Presidente presentó el informe al Secretario General.

111.En el informe final de la CAVR se determinó que entre 1974 y 1999:

Según cálculos, al menos 102.800 timorenses murieron en forma violenta o perecieron de hambre y enfermedades directamente atribuibles a la ocupación indonesia. Este cálculo es el más exacto y científicamente riguroso jamás hecho para Timor-Leste, y se basa en la base de datos de la CAVR, un estudio retrospectivo de la mortalidad y un censo de los cementerios públicos.

La inmensa mayoría (85%) de las violaciones de los derechos humanos comunicadas directamente a la Comisión fueron cometidas por las fuerzas de seguridad indonesias por su cuenta o por medio de esbirros;

Las violaciones fueron “masivas, generalizadas y sistemáticas”. Las fuerzas indonesias utilizaron el hambre como arma de guerra, perpetraron ejecuciones arbitrarias y aplicaron de rutina torturas horrendas contra cualquier sospechoso de simpatizar con las fuerzas que luchaban por la independencia, lo que incluyó la esclavitud sexual y la tortura sexual de las mujeres timorenses;

El Gobierno de Indonesia y los altos oficiales del Ejército de ese país violaron el derecho internacional humanitario avasallando a civiles, realizando ataques militares indiscriminados, en algunos de los cuales utilizaron armas prohibidas como el napalm; y saqueando y destruyendo innecesariamente los bienes de la población civil;

Aproximadamente 10% de las violaciones comunicadas fueron cometidas por las fuerzas pro independentistas dirigidas por el FRETILIN. No obstante, a diferencia de la actuación de las fuerzas indonesias, los dirigentes del FRETILIN admitieron su responsabilidad por las violaciones cometidas y cooperaron con la Comisión;

Los delitos cometidos en 1999 constituyeron una campaña sistemática orquestada a los más altos niveles del Gobierno de Indonesia;

En el informe se detallan los nombres y las responsabilidades de mando de los principales dirigentes militares indonesios que tenían jurisdicción sobre partes de Timor-Leste donde se cometieron atrocidades en masa, entre ellos oficiales de alta graduación como el General Wiranto, Ministro de Defensa y Jefe de las Fuerzas Armadas en 1999. Un tribunal establecido por las Naciones Unidas en Timor-Leste pidió que se detuviera al General Wiranto en 2004;

Las Naciones Unidas en ningún momento adoptaron medidas eficaces para detener la ocupación de Indonesia y las atrocidades concomitantes. Los miembros permanentes del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y, algunos miembros no permanentes, pusieron sus intereses económicos y estratégicos por encima de los propósitos y principios de la Organización.

112.Junto con la determinación de los hechos, se formularon muchas recomendaciones específicas que los timorenses y los dirigentes políticos analizarán más a fondo, aunque el Gobierno no está de acuerdo con algunas de ellas, por ejemplo, la propuesta de indemnización por parte de la comunidad internacional y el establecimiento de un Tribunal Internacional.

113.Además de las recomendaciones, el proceso de la CAVR aportó una importante contribución al establecimiento de la verdad y la reconciliación con nuestro pasado y servirá siempre de recordatorio para que nunca se vuelva a producir la violencia política.

Comisión de la Verdad y la Amistad

114.Con miras a destacar la importancia de la solución de los asuntos relacionados con los acontecimientos de 1999, los dirigentes del Gobierno de la República de Indonesia y la República Democrática de Timor-Leste se reunieron en Tampaksiring, Bali, el 14 de diciembre de 2004 para establecer una Comisión de la Verdad y la Amistad (CVA).

115.Se encargó a esta Comisión la tarea de establecer una verdad concluyente respecto de los acontecimientos ocurridos antes e inmediatamente después de la consulta popular de 1999, con miras a promover la reconciliación y la amistad y asegurar que no volvieran a producirse acontecimientos de esa índole.

116.La Comisión cuenta con 10 miembros y seis suplentes (ocho de Indonesia y ocho de Timor-Leste) elegidos entre las personas de gran prestigio y competencia que realizan actividades en los sectores jurídico y de derechos humanos, los intelectuales y los dirigentes religiosos y comunitarios. Dos de los ocho miembros de Timor-Leste son mujeres, de manera que se reconozca el importante papel que las mujeres timorenses desempeñan en el proceso de reconciliación.

117.Como se establece en su mandato, la CVA constituye una experiencia nueva y singular, en la que dos países con una reciente historia común convienen con valentía y visión en mirar al pasado como una experiencia y emprender el futuro con optimismo. Pese a las dificultades que todavía hay que vencer, la Comisión se comprometió a ponerse al servicio de una paz duradera entre las dos naciones.

118.La Comisión tiene el mandato de:

a)Poner al descubierto la verdad de la naturaleza de los hechos, sus causas y la magnitud de las violaciones de los derechos humanos que ocurrieron en el período transcurrido hasta la consulta popular celebrada en Timor-Leste en agosto de 1999, e inmediatamente después;

b)Estudiar todos los materiales existentes aportados por la Comisión Nacional de Investigación de las Violaciones de los Derechos Humanos en Timor Oriental en 1999 (KPP HAM) establecida por Indonesia, y el Tribunal Especial de Derechos Humanos para Timor Oriental, así como por las salas especiales de delitos graves y la Comisión para la Verdad, la Acogida y la Reconciliación en Timor-Leste;

c)Examinar y establecer la verdad en relación con las violaciones de los derechos humanos comunicadas, incluso los patrones de conducta, documentadas por las instituciones indonesias correspondientes y la sala especial de delitos graves (que figuran en sus cartas sobre instrucción de sumario) con miras a recomendar medidas de seguimiento en el contexto de la promoción de la reconciliación y la amistad entre los pueblos de los dos países;

d)Publicar un informe, que se pondrá a disposición del público, en bahasa indonesia, tetum e inglés, traducido al portugués, en el que quedará constancia de la historia común de las violaciones de los derechos humanos comunicadas, que tuvieron lugar en el período transcurrido hasta la consulta popular celebrada en Timor-Leste en agosto de 1999, e inmediatamente después;

e)Determinar los medios, así como recomendar las medidas apropiadas, para curar las heridas del pasado, rehabilitar y restablecer la dignidad humana, entre otras cosas:

Recomendar la amnistía de quienes participaron en violaciones de los derechos humanos que cooperen plenamente para sacar a la luz la verdad;

Recomendar medidas de rehabilitación para quienes hayan sido falsamente acusados de violaciones de los derechos humanos;

Recomendar los medios de promover la reconciliación entre los pueblos basada en las costumbres y los valores religiosos;

Recomendar contactos innovadores directos entre las personas y la cooperación para reafirmar la paz y la estabilidad.

119.Al completar estas tareas, la Comisión se guiará por los siguientes principios:

Los principios correspondientes contenidos en la ley pertinente;

En el ejercicio de su mandato, la Comisión de la Verdad y la Amistad tendrá presente la complejidad de la situación de transición en 1999, con el objetivo de seguir fortaleciendo la reconciliación y la amistad entre los dos países y pueblos;

Basándose en el espíritu del enfoque conciliatorio orientado al futuro, el proceso de la Comisión de la Verdad y la Amistad no dará lugar al enjuiciamiento sino que hará hincapié en las responsabilidades de las instituciones;

Seguir fomentando la amistad y la cooperación entre los gobiernos y los pueblos de los dos países y promover la reconciliación dentro de las comunidades y entre ellas para sanar las heridas del pasado;

La Comisión de la Verdad y la Amistad no está predispuesta en contra del proceso judicial en marcha en relación con los casos comunicados de violaciones de los derechos humanos en Timor-Leste en 1999, tampoco recomienda el establecimiento de ningún otro órgano judicial;

En el mandato de la Comisión se garantiza la circulación de la información pertinente y el acceso a ésta, así como el derecho a entrevistar a quienes se considere que poseen información importante.

120.La Comisión inició sus actividades en agosto de 2005 y funcionará durante un año, con una posible prórroga por otro año más. Entre sus primeras tareas está el estudio de cuestiones de fondo y documentos acerca de las violaciones de los derechos humanos que se hayan recibido de la Dependencia de Investigación de Delitos Graves, así como documentos recibidos de otras fuentes. Sobre la base de estos documentos, la Comisión comenzó a planificar audiencias públicas y también ha tratado de celebrar entrevistas con miembros de las fuerzas del Ejército de Indonesia (TNI) respecto de presuntos delitos graves cometidos en Timor-Leste.

121.Varias ONG timorenses han formulado observaciones sobre el establecimiento de la CVA y sobre la manera en que esto podría afectar a las mujeres que piden reparación por los delitos cometidos contra ellas durante el período de ocupación del país por Indonesia. Este aspecto se analiza con más detalle en el documento presentado en relación con la CEDAW.

II.MARCO GENERAL DE LA PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS

A. Aceptación de los instrumentos de derechos humanos

122.La información sobre la ratificación de los siete tratados básicos de derechos humanos y sus correspondientes protocolos figura en el anexo II del presente documento. En el anexo III se indican otros tratados en los que Timor-Leste es Parte. En estos momentos no hay ningún tratado regional de derechos humanos de la región de Asia y el Pacífico en el que Timor-Leste pueda ser Parte aunque, a mediados de 2005, Timor-Leste se incorporó como miembro del Foro Regional de la ASEAN y confía en incorporarse a la ASEAN en los próximos cinco años. Timor-Leste apoyaría todo tratado regional de derechos humanos, que entrase en vigor en esta región. Timor-Leste participa también de ordinario en las reuniones anuales que la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos organiza para los gobiernos regionales con el fin de reforzar la cooperación regional en la protección y promoción de los derechos humanos.

B. Marco jurídico general para la protección de los derechos humanos

1. Aplicación de los derechos en el plano nacional

123.Según lo dispuesto en el artículo 9 de la Constitución, todos los convenios, tratados y acuerdos internacionales, en los que Timor-Leste es Parte, constituyen parte de la legislación interna del Estado, en la que, como es natural, se incluyen los tratados fundamentales de derechos humanos. Toda disposición que contravenga lo establecido en esos tratados internacionales será nula y sin valor, según lo dispuesto en la Constitución. La incorporación de los tratados de derechos humanos en la legislación interna de Timor-Leste es una decisión importante encaminada a la plena aplicación de las normas internacionales de derechos humanos.

124.En el artículo 23 de la Constitución se dispone explícitamente que los derechos fundamentales consagrados en la Constitución no excluirán ningún otro derecho establecido por ley y se interpretarán de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos.

125.Si bien, como principio general, los derechos se aplican a todos los individuos en Timor‑Leste, algunos derechos se aplican sólo a los ciudadanos. Esta categoría de derechos aplicable sólo a los ciudadanos es más amplia que los derechos establecidos en los principales tratados internacionales de derechos humanos, a saber:

Igualdad ante la ley;

El derecho de los envejecientes a la protección del Estado;

La igualdad de derechos y la protección de los discapacitados;

El derecho de los ciudadanos de Timor-Leste que viven en el extranjero a la protección del Estado;

El derecho a interponer denuncias ante el Ombudsman (Defensor);

El derecho a desobedecer y negarse a cumplir órdenes ilícitas que afecten a sus derechos y garantías fundamentales;

El derecho a acceder a sus datos personales almacenados en sistemas computadorizados;

Los derechos de petición, participación política y voto;

El derecho y el deber de defender la soberanía del Estado;

El derecho al trabajo; y

El derecho a la educación y a la cultura.

126.Esta distinción entre ciudadanos y no ciudadanos se establece debido a la naturaleza y al alcance de la protección prevista y de las obligaciones recíprocas que esos derechos imponen al Estado. Existen protecciones y obligaciones de tal índole que deben ser aplicables sólo a las personas que tengan una relación directa y permanente con el Estado; personas que aportan su contribución al Estado y están vinculadas íntegramente con éste.

127.En el artículo 3 de la Constitución se dispone claramente que las siguientes personas son ciudadanos oriundos de Timor-Leste, siempre y cuando hayan nacido en el territorio y sean hijos de:

Padre o madre nacido(a) en Timor-Leste;

Padres desconocidos, apátridas o padres de nacionalidad desconocida;

Padre extranjero y madre que, siendo mayor de 17 años, declare su voluntad de adquirir la nacionalidad timorense oriental;

Niños nacidos en un país extranjero cuya madre o padre sean timorenses orientales y sean también ciudadanos de Timor-Leste (véase más adelante la sección III. C.1 sobre el derecho a tener una nacionalidad).

128.Junto con las disposiciones constitucionales, la protección y promoción de los derechos humanos adoptan otras formas en el amplio programa legislativo del Estado.

129.Ya está en vigor un conjunto de nuevas leyes destinadas a establecer importantes instituciones democráticas y salvaguardar las garantías procesales y administrativas, a saber: elEstatuto de la Oficina del Defensor de los Derechos Humanos y la Justicia; la Ley orgánica de la Policía Nacional de Timor‑Leste, por la que se establece la Oficina de Ética Profesional; la Ley orgánica sobre el F-FDTL; el Reglamento de la UNTAET sobre el establecimiento de un Servicio de asistencia letrada en Timor-Leste; el Reglamento de la UNTAET sobre el establecimiento de la Comisión para la Verdad, la Acogida y la Reconciliación; y las Leyes sobre los partidos políticos y la elección de jefes de suco y consejos de suco.

130.Hace poco se aprobó un Código de procedimiento penal y uno de procedimiento civil, una Ley sobre la salud y otros importantes instrumentos legislativos para poner en vigor o promover la protección de importantes garantías procesales y derechos sustantivos, entre ellos el derecho a la salud y el derecho de voto. En estos momentos se están elaborando otros documentos legislativos que, en muchos aspectos, ayudarán a seguir perfeccionando el marco legislativo de protección de los derechos, entre ellos una ley sobre la violencia en el hogar, un proyecto de ley sobre la educación, un código civil, la revisión de las leyes sobre el empleo y un Código de la Infancia. Gran parte de esa legislación existe en estos momentos en la forma de proyectos.

131.Tras la aprobación de éstas y otras leyes decisivas, lo difícil será garantizar una divulgación eficaz de estos sistemas legislativos para facilitar la realización práctica de los objetivos que están destinados a lograr.

132.Paralelamente a ese marco constitucional y legislativo, el Gobierno se ha comprometido a emprender un amplio conjunto de iniciativas de desarrollo encaminadas a fortalecer al sector de la justicia, reducir la pobreza y la inseguridad alimentaria y mejorar la salud y la educación, entre otras prioridades fundamentales.

133.El camino que emprenderá el Gobierno hacia el desarrollo apenas se vislumbra y se guiará por un Plan Nacional de Desarrollo (PND), cuyas prioridades fundamentales son:

Reducir la pobreza en todos los sectores y regiones de la nación; y

Promover el crecimiento económico para apoyar la lucha contra la pobreza, lograr medios de subsistencia sostenibles y aumentar el bienestar.

134.El Gobierno realizó un esfuerzo concertado para fortalecer los vínculos entre la formulación de políticas y programas para alcanzar los objetivos y las metas nacionales establecidas en el PND, aumentar las capacidades para hacer realidad estos objetivos mediante asignaciones presupuestarias anuales y fortalecer las capacidades para impartir una clara orientación a los asociados en el desarrollo respecto de las prioridades en materia de asistencia. Los programas de inversiones sectoriales, que comenzaron en agosto de 2003, son otra medida encaminada a crear capacidad para explicitar debidamente los marcos sectoriales que vinculan las políticas, los programas y los gastos durante el mediano plazo y proporcionan orientación sobre las prioridades en materia de gastos tanto inter como intrasectoriales.

135.En general, el programa de desarrollo del Gobierno es amplio y ambicioso. Los programas de inversiones sectoriales y los planes de acción anuales, en los que se describen las políticas, los calendarios y los gastos del programa claramente demuestran el compromiso del Gobierno con los derechos humanos, por todo lo que aportan al cumplimiento de las obligaciones oficiales en materia de derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales. Los programas destinados a asegurar un proceso justo y transparente en la administración de justicia, la educación gratuita para todos los escolares de primaria para 2015 y el aumento del acceso a quienes viven en las regiones más apartadas del país, una reducción de las elevadas tasas brutas de mortalidad actuales, un importante aumento del acceso a los servicios básicos de salud en todo el país, así como más acceso al agua potable limpia y libre de impurezas y al saneamiento tanto para las familias urbanas como para las rurales son solo algunos de los ejemplos concretos de cómo concibe el Gobierno una política basada en los derechos. En distintas partes del presente documento básico, así como en los distintos documentos relacionados con cada tratado, se hace un recuento detallado de la índole de esos programas. Esta cuestión se analiza más adelante también con más detalle en la sección II. C.8 sobre los derechos humanos y el desarrollo.

136.Al igual que ocurre con la legislación, la mayor dificultad que hay que vencer es ir más allá del puro marco normativo y poner realmente en práctica los ambiciosos objetivos de desarrollo que el Gobierno se ha propuesto.

2. Límites a los derechos

137.En el artículo 24 de la Constitución se establece que sólo se podrán imponer por ley restricciones a los derechos, las libertades y las garantías a fin de salvaguardar otros derechos o intereses protegidos por la Constitución y sólo en los casos que se especifican en la Constitución. Esas restricciones deberán ser generales y abstractas y no podrán ir en detrimento del campo de aplicación ni del contenido esencial de las disposiciones constitucionales, incluidos los derechos que en ella quedan protegidos. Las limitaciones a los derechos tampoco tendrán aplicación histórica.

138.De conformidad con ese campo de aplicación definido de las restricciones, se han establecido las siguientes limitaciones.

a)Límite al derecho de los extranjeros a poseer tierras

139.En el párrafo 4 del artículo 54 de la propia Constitución de Timor-Leste se dispone que sólo los nacionales tendrán derecho a la propiedad de la tierra, lo que limita el derecho de los extranjeros en Timor-Leste a tener una propiedad privada. Esta limitación se aplicó para asegurar que los timorenses puedan retener la capacidad de adquisición de tierras en Timor-Leste. Además, de esta manera, los ciudadanos que puedan poseer, administrar y disponer de tierras serán los que mantengan una relación perdurable con el Estado de Timor-Leste y estén obligados por todos los deberes y responsabilidades que la ciudadanía conlleva.

b)Límite al derecho de los extranjeros a participar en los asuntos políticos

140.En el artículo 11 de la Ley No. 9/2003 sobre inmigración y asilo se especifican distintas limitaciones a la naturaleza de las actividades que pueden realizar los extranjeros. En lo fundamental, se prohíbe a los extranjeros realizar actividades políticas que interfieran en los asuntos del Estado, ya que estos asuntos se consideran de la incumbencia de personas que tengan una relación perdurable con el Estado y estén sujetos a los derechos y obligaciones que la ciudadanía conlleva. Esta limitación concuerda con el derecho constitucional y la obligación de los ciudadanos, y sólo los ciudadanos, de participar en la vida política de la nación. También se imponen otras limitaciones a la propiedad de las acciones mayoritarias de los medios de comunicación nacionales y las aerolíneas comerciales nacionales por parte de extranjeros con el objeto de promover la propiedad nacional de esos servicios.

c)Límite al derecho a la libertad de reunión y manifestación pacíficas

141.En diciembre de 2004, el Parlamento aprobó la Ley sobre la libertad de reunión y manifestación destinada a permitir a los ciudadanos timorenses el derecho a reunirse y celebrar manifestaciones pacíficas y, al mismo tiempo, preservar el orden público y salvaguardar a los manifestantes contra terceros que traten de impedir u obstruir el ejercicio de este derecho. En consecuencia, la ley establece limitaciones concretas al momento y el lugar en el que se podrán celebrar esas manifestaciones, así como amplias disposiciones sobre la limitación del menoscabo del orden constitucional o sobre delitos contra el honor y la reputación del Estado. Esas limitaciones se imponen para asegurar que se guarde respeto a los derechos constitucionales a la libertad y la seguridad de la persona y a la libertad de circulación.

142.El 9 de mayo de 2005, el Tribunal de Apelaciones determinó los límites al menoscabo del orden constitucional y los delitos contra el honor y la reputación del Estado que se considerarían inconstitucionales. También procuró aclarar las facultades y los procedimientos de las autoridades llamadas a examinar las notificaciones de reuniones y manifestaciones y a imponer las condiciones. A raíz de esta determinación, el Presidente devolvió el proyecto de ley al Parlamento Nacional el 18 de julio, con la petición de que se “reformulara el estatuto de conformidad con las decisiones del Tribunal de Apelaciones”. El 18 de julio, el Parlamento aprobó el proyecto de ley tras suprimir dos párrafos que el Tribunal de Apelaciones había considerado inconstitucionales. Lo importante es que en la ley se dispone también que toda decisión que adopten las autoridades en virtud de esta ley se pueda apelar ante los tribunales. Finalmente se promulgó una versión revisada de la ley que entraría en vigor en enero de 2006.

3. El Código Penal

143.En virtud del artículo 96 de la Constitución, el Parlamento Nacional autorizó al Gobierno a que preparase y aprobase un Código Penal en el que se tipificaría como delito la difamación, lo que limitaría el derecho a la libertad de expresión. El Consejo de Ministros examinó y aprobó posteriormente un proyecto de código que concordaba con esta autorización parlamentaria, pero el Presidente no llegó a promulgar este código debido a las serias críticas de la sociedad civil contra sus disposiciones sobre el delito de difamación. Por esa razón se celebraron conversaciones oficiosas entre el Presidente y el Primer Ministro con miras a reducir las penas por difamación e imponer multas en lugar de penas de prisión. No se llegó a una avenencia y no se introdujeron las modificaciones pertinentes en el plazo de que disponía el Presidente para la promulgación del código que tenía ante sí (véase el artículo 88 de la Constitución) o la adopción de cualquiera otra medida. Se aprobó una prórroga, pero la crisis política y social que surgió en el país ha dejado en suspenso la enmienda del Código Penal. En el momento de redactar el presente documento, todavía el Código Penal estaba pendiente de revisión y no está claro todavía si la difamación seguirá siendo objeto de una medida administrativa, una multa u otro tipo de pena. Lo que sí reconocen todos es que este código deberá aprobarse en el futuro inmediato, ya que la aprobación de otras muchas leyes en el futuro (por ejemplo, leyes sobre la violencia en el hogar, la justicia juvenil, el servicio comunitario y la custodia) depende de que exista este código para su aplicación. También se prevé que la aprobación del Código Penal resuelva la confusión que existe en relación con las disposiciones penales aplicables en Timor-Leste.

4. Estado de excepción

144.En el artículo 25 de la Constitución se dispone que “sólo se podrá declarar un estado de excepción en caso de agresión efectiva o inminente de una fuerza extranjera; graves alteraciones o amenaza de graves alteraciones del orden constitucional democrático; y catástrofe nacional”. Incumbe al Presidente declarar el estado de sitio o un estado de excepción tras la autorización del Parlamento Nacional y en consulta con el Consejo de Estado, el Gobierno y el Consejo Supremo de Defensa y Seguridad. Por suerte, hasta el momento no ha habido que declarar un estado de excepción desde la independencia, lo que significa que todavía no están claras las situaciones concretas en las que, en última instancia, se pudiera aplicar esta disposición.

145.La suspensión de los derechos y las libertades fundamentales solo puede producirse si el Presidente ha declarado un estado de sitio o un estado de excepción, según lo dispuesto en la Constitución. Esa suspensión de derechos puede tener una duración de sólo 30 días, con la posibilidad de prórroga en caso de que sea estrictamente necesario y no haya obligación por parte de las autoridades de restablecer la normalidad constitucional cuanto antes.

146.Lo más importante es que, bajo ninguna circunstancia se podrá suspender ninguno de los derechos que se indican a continuación:

Derecho a la vida;

Integridad física;

Ciudadanía;

No retroactividad del derecho penal;

Defensa en una causa penal;

Libertad de conciencia y religión;

El derecho a no ser sometido a la tortura, la esclavitud y la servidumbre;

El derecho a no ser sometido a tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes;

La garantía de la no discriminación.

147.Con la excepción del derecho a ser reconocido como persona ante la ley, todos los derechos inderogables que sean objeto de los tratados básicos de derechos humanos son también inderogables a los efectos de la Constitución de la República.

148.De conformidad con el artículo 126 de la Constitución, el Tribunal Supremo, cuyas funciones desempeña actualmente el Tribunal de Apelaciones, tiene competencia para examinar la necesidad de que el Estado actúe para imponer un estado de excepción o estado de sitio, y el ejercicio de los poderes de las autoridades estatales para asegurar el cumplimiento de la Constitución.

149.No existe otra posibilidad de que los derechos puedan ser suspendidos ni las autoridades están facultadas para utilizar poderes extraordinarios.

C. Marco general para la promoción de los derechos humanos

1.Instituciones nacionales para la promoción y protecciónde los derechos humanos

150.De conformidad del artículo 48 de la Constitución, todo ciudadano tiene derecho a presentar individualmente o junto con otras personas, peticiones, denuncias y reclamaciones ante órganos soberanos o cualquier autoridad con el propósito de defender sus derechos, la Constitución, el derecho o los intereses generales. Con ese fin, dos instituciones concretas, a) la Oficina del Defensor de los Derechos Humanos y la Justicia (Ombudsman) y el b) Tribunal Supremo (actualmente Tribunal de Apelaciones), que tiene la jurisdicción legal para entender de denuncias de violaciones de los derechos humanos, son las instituciones a las que se puede acudir para ese tipo de defensa.

151.Además, se han establecido algunos organismos especializados de gobierno con la responsabilidad, dentro de los límites de su competencia, de promover, proteger y dar a conocer los derechos humanos. Estos organismos son: a) la Oficina del Asesor del Primer Ministro sobre Derechos Humanos (GADH); b) la Oficina del Asesor del Primer Ministro para la Promoción de la Igualdad (OPI), c) principales ministerios sectoriales, entre ellos Salud, Educación y Cultura, Trabajo y Reinserción en la Comunidad, y Justicia, d) la Comisión de Veteranos; y e) el Comité de Socorro y Ayuda Alimentaria de Emergencia.

Oficina del Defensor de los Derechos Humanos y la Justicia (Provedor de Direitos Humanos e Justiça)

152.En el artículo 27 de la Constitución de Timor-Leste se dispone la creación de la Oficina del Defensor de los Derechos Humanos y la Justicia, al que se hace referencia como el “Defensor”, la principal institución que promueve y protege los derechos humanos en Timor-Leste. Esta disposición constitucional quedó consagrada en la Ley No. 7/2004 sobre el Estatuto de la Oficina del Defensor de los Derechos Humanos y la Justicia, por el que se estableció esta Oficina como mecanismo de supervisión independiente encargado de examinar y hallar solución a las denuncias de los ciudadanos sobre el abuso de los poderes públicos (incluida la Policía Nacional de Timor‑Leste y las F-FDTL); certificar la conformidad de los actos con la ley; y prevenir injusticias o iniciar el proceso para rectificarlas.

153.Como parte de estas amplias responsabilidades, la Oficina del Defensor está investido de amplios poderes:

Investigar violaciones de los derechos humanos, las libertades y las garantías fundamentales, el abuso de poder, la mala administración, la ilegalidad, la injusticia manifiesta y la falta de garantías procesales, así como los casos de nepotismo, contubernio, tráfico de influencias y corrupción;

Supervisar el funcionamiento de las autoridades públicas, en particular del Gobierno, sus organismos y las entidades privadas que desempeñen funciones y presten servicios públicos; podrá realizar indagaciones sobre las violaciones sistemáticas o generalizadas de los derechos humanos, la mala administración o la corrupción;

Examinar la legislación para asegurar el cumplimiento de la Constitución y las normas internacionales de derechos humanos, intervenir en juicios, formular recomendaciones relativas a la ratificación de los instrumentos internacionales de derechos humanos, y realizar campañas públicas sobre derechos humanos;

Pedir al Tribunal Supremo de Justicia que examine la inconstitucionalidad por omisión de toda medida legislativa, según se considere necesario, para facilitar la aplicación de la Constitución.

154.Toda persona puede presentar denuncias relativas a actos u omisiones por parte de los órganos públicos a la Oficina del Defensor, la cual examinará, sin poder de decisión, y remitirá a las autoridades competentes, las recomendaciones que se consideren apropiadas para prevenir o reparar ilegalidades o injusticias. Sobre esto último, la Oficina tiene también el mandato de mediar y hallar una conciliación entre el demandante y el organismo de que se trate.

155.Otro de los principales componentes del mandato de la Oficina es la divulgación al público y la promoción de los derechos humanos y la buena gobernanza. La legislación por la que se rige estipula concretamente que la Oficina mantendrá informado al público de su existencia y su mandato. Esta legislación incluye también algunas salvaguardias importantes, con la de considerar un delito el hecho de obstaculizar a sabiendas el desempeño de las funciones de la Oficina del Defensor, así como disposiciones sobre la transparencia financiera de la Oficina. Entre los 18 funcionarios que trabajen en la Oficina figurarán necesariamente los encargados de divulgación en los distritos.

156.Según el artículo 34 de la ley por la que se rige, el Defensor presentará informes anuales al Parlamento Nacional sobre su actuación profesional. La Oficina tiene el mandato también de coordinar y cooperar con instituciones análogas en el desempeño de sus funciones, y si las circunstancias así lo aconsejan, el Defensor podrá decidir si se dirige directamente al público; emitir comunicados o publicar información sobre sus opiniones, recomendaciones e informes sobre casos concretos o sobre su actividad.

157.El actual Defensor resultó electo el 29 de marzo de 2005, de conformidad con el requisito constitucional relativo a la elección del Defensor por el Parlamento Nacional por mayoría absoluta de votos. En junio de 2005, el Defensor juró el cargo ante el Parlamento Nacional. Dos defensores adjuntos, uno sobre derechos humanos y el otro encargado de la lucha contra la corrupción y la mala administración, fueron propuestos por el Defensor y también juraron sus cargos ante el Parlamento Nacional poco después. Las prioridades en el establecimiento de la Oficina del Defensor son la contratación de personal, la capacitación, la elaboración de un plan estratégico y el establecimiento de un sistema de tramitación de las denuncias.

158.El presupuesto actual prevé sólo 12 funcionarios en la plantilla, además del Defensor y el Defensor Adjunto. En estos momentos se está tratando de cubrir esos puestos. Empero, es evidente que la asignación presupuestaria no basta para que el Defensor desempeñe como es debido las funciones que se espera de su Oficina, por lo que se propuso una mayor asignación de fondos para el presupuesto 2006-2007, que fue aprobada recientemente por el Consejo de Ministros, aunque no se prevé su examen por el Parlamento. El curso de iniciación en la lucha contra la corrupción y los derechos humanos se llevó a cabo en 2005 y en enero de 2006 se impartió un curso de iniciación sobre mala administración. Tan pronto esté completa la plantilla se impartirá un curso intensivo de capacitación al personal.

159.Como parte del programa general de apoyo a las instituciones de derechos humanos propuesto por el Gobierno, se dará prioridad a la Oficina del Defensor. Se fortalecerá a esta Oficina para que pueda investigar todos los aspectos de los casos denunciados de corrupción y malversación de fondos públicos y otras contravenciones conexas, incluso, de ser necesario, al Fiscal. Se trata de una tarea decisiva para aumentar la confianza de la opinión pública en este sector.

160.Para que la Oficina del Defensor aborde con éxito las violaciones de los derechos humanos, la mala administración y la corrupción es también fundamental la cooperación de los principales departamentos y organismos del gobierno, como la Fiscalía y la Oficina del Inspector General, el Primer Ministro, la OPI, la Policía Nacional de Timor‑Leste y el F-FDTL. Por tal motivo, la Oficina se propone elaborar memoranda de entendimiento en el próximo año que rijan las relaciones de trabajo con los principales organismos. También se prevé la creación de una red de ONG. Las oficinas regionales son fundamentales para asegurar el acceso del público al Defensor. El Defensor se propone abrir dos de esas oficinas para 2008.

161.A raíz de las conversaciones con el Banco Mundial y la USAID, se empezaron a ejecutar programas de apoyo a la Oficina del Defensor por la suma de 850.000 dólares. Este proyecto del Banco Mundial estará en marcha hasta finales de 2006. En estos momentos se está recabando apoyo multilateral y bilateral y, por lo visto, la Oficina necesitará apoyo sustancial durante algún tiempo. Como se señaló anteriormente, el Gobierno tendrá también que incrementar la asignación correspondiente a la Oficina del Defensor en el presupuesto estatal para que cumpla cabalmente su mandato.

Tribunal Supremo de Apelaciones

162.El Tribunal Supremo está facultado para examinar y declarar la inconstitucionalidad e ilegalidad de los actos normativos y legislativos de los órganos del Estado. En ausencia del Tribunal Supremo, el Tribunal de Apelaciones se encarga de esta responsabilidad.

2. Función de los organismos públicos especializados

163.Dada la importancia que el Gobierno atribuye a la promoción de los derechos humanos y la igualdad de género, se han establecido oficinas especiales en el poder ejecutivo del Gobierno para ayudar a conformar las políticas y los programas en estas esferas. Se trata de la OPI y la Oficina del Asesor del Primer Ministro sobre Derechos Humanos, que rinden cuentas directamente al Primer Ministro.

Oficina del Asesor del Primer Ministro sobre Derechos Humanos

164.La Oficina del Asesor del Primer Ministro sobre Derechos Humanos funciona bajo la autoridad directa del Primer Ministro. La Oficina se creó para que formulara las políticas institucionales del gobierno en materia de buena gobernanza y derechos humanos. Tiene a su cargo la tarea de promover, implantar y fortalecer los mecanismos de rectificación en materia de derechos humanos en todo el país mediante el establecimiento de estrategias, programas y políticas. Con este fin, la Oficina examina los proyectos de ley, las políticas y los programas del Gobierno desde la perspectiva de los derechos humanos. La Oficina del Asesor del Primer Ministro sobre Derechos Humanos asesora sobre el establecimiento y funcionamiento de instituciones de derechos humanos en el país, examina los programas de estudio y orienta, de ser necesario, sobre la capacitación de la sociedad civil y los funcionarios de la administración pública en materia de derechos humanos. Presta asesoramiento al Gobierno en relación con la ratificación de convenios sobre derechos humanos y apoya el cumplimiento por Timor-Leste de las obligaciones que ha contraído en virtud de tratados internacionales de derechos humanos. La Oficina establece vínculos con las distintas instancias, entre otras la Oficina del Inspector General, para promover mecanismos institucionales capaces de atender reclamaciones y prepara informes periódicos que contienen información estadística y análisis sobre derechos humanos.

165.La Oficina está encargada de asesorar, recomendar y evaluar problemas y cuestiones relacionadas con los derechos humanos, la buena gobernanza y cuestiones de administración pública. Apoya la definición de programas de educación y capacitación relacionados con los derechos humanos y la buena gobernanza y cabe esperar que mantenga estrechas relaciones de trabajo con otros organismos públicos y con la comunidad de donantes en cuestiones relacionadas con los derechos humanos y la gobernanza.

166.Durante 2005, la Oficina ejecutó los cuatro programas básicos siguientes:

167.Coordinación y formulación del Plan de acción nacional para los derechos humanos:

Siguiendo instrucciones del Primer Ministro, se asignó a la Oficina del Asesor la función de coordinar la promoción y elaboración del Plan de acción nacional para los derechos humanos para Timor-Leste. A estos efectos, la Oficina está coordinando un grupo de trabajo sobre el Plan de acción y está celebrando seminarios y campañas de divulgación desde 2004.

168.Aplicación de los tratados internacionales por el Gobierno:

Por recomendación del seminario consultivo sobre la “Formulación de planes de acción” celebrado en enero de 2004, el Primer Ministro pidió a cada ministerio, secretaría de Estado y autoridad de distrito que nombrara a una persona como Oficial coordinador de derechos humanos encargado de todos los asuntos relacionados con los derechos humanos y la buena gobernanza;

Posteriormente, todos los ministerios, secretarías de Estado y distritos nombraron un Oficial coordinador encargado de promover y difundir información sobre las normas de derechos humanos en sus organismos de gobierno; asegurar la contribución de sus respectivos organismos al proceso de presentación de informes a los órganos creados en virtud de esos tratados; y proporcionar información a la Oficina del Asesor del Primer Ministro sobre Derechos Humanos sobre cuestiones de derechos humanos que requieran la atención especial de esa Oficina;

Con miras a consolidar la labor del Oficial coordinador, la Oficina del Asesor del Primer Ministro sobre Derechos Humanos presta apoyo e imparte capacitación constantemente, y ha celebrado reuniones ordinarias en diferentes distritos (Manatuto, Manufahi, Ainaro y Baucau) para analizar la situación de los derechos humanos en esas comunidades en lo que se refiere a las cuestiones prioritarias de derechos humanos establecidas en el Plan de acción nacional sobre derechos humanos (salud, educación, seguridad, infraestructura, agricultura y justicia).

169.Representación de Timor-Leste en conferencias internacionales:

La Oficina del Asesor del Primer Ministro sobre Derechos Humanos ha recibido invitaciones para participar en varios seminarios y conferencias regionales en los últimos años. Sin embargo, la Oficina nunca ha podido asistir a los períodos de sesiones de la Comisión de Derechos Humanos en Ginebra debido a la falta de fondos y de apoyo.

170.Información al Primer Ministro sobre cuestiones relacionadas con los derechos humanos:

La Oficina del Asesor del Primer Ministro sobre Derechos Humanos prepara informes periódicos para el Primer Ministro acerca de la situación de los derechos humanos en los distritos, sobre todo en los aspectos señalados en el Plan de acción nacional sobre derechos humanos, y de toda cuestión que requiera atención especial, como las sanciones disciplinarias impuestas a miembros de la Policía Nacional de Timor‑Leste, la libertad de expresión, la justicia y los impuestos. La Oficina también realiza análisis de la compatibilidad de las leyes y los reglamentos con los derechos humanos y participó en la redacción de la legislación relativa al establecimiento de la Oficina del Defensor;

Esta Oficina y su mandato se incorporaron al Gobierno apenas en el ejercicio fiscal de 2003-2004. Para el ejercicio fiscal 2004-2005 se asignó a esta Oficina un presupuesto de 20.000 dólares.

Oficina del Asesor del Primer Ministro para la Promoción de la Igualdad

171.Gracias a las presiones positivas ejercidas por la red de ONG de mujeres y, en particular, como resultado del Primer Congreso Nacional de Mujeres celebrado en 2000, el Gobierno de Timor-Leste demostró su compromiso de lograr la igualdad entre mujeres y hombres mediante el establecimiento de la OPI en septiembre de 2001. Esta Oficina es un organismo asesor que rinde cuentas directamente al Primer Ministro. En el momento de redactarse el presente documento, la OPI no tenía aún su propia ley orgánica. Sin embargo, en sus actividades de planificación estratégica de octubre de 2005 (apoyadas por el UNIFEM) se señaló la necesidad prioritaria de redactar esta ley. En estos momentos, el Asesor para la Promoción de la Igualdad no asiste a las sesiones del Consejo de Ministros.

172.La OPI tiene, entre otros, el mandato de elaborar las estrategias y metodologías apropiadas para incorporar la perspectiva de género en todas las políticas y los programas del gobierno. También tiene la responsabilidad de fomentar el aumento de la participación de las mujeres como agentes activas y como beneficiarias del proceso de desarrollo, mediante el establecimiento de relaciones eficaces con las correspondientes entidades gubernamentales, las ONG, las organizaciones de mujeres, los medios de información, las instituciones académicas, docentes y de investigación, así como el sector privado.

173.La OPI tiene también la responsabilidad de promover la perspectiva de género en todas las iniciativas de reforma de la legislación. Sin embargo, debido a los limitados recursos financieros y humanos con que cuenta, todavía no ha aportado una contribución sustancial en la revisión de la legislación.

174.La OPI no tiene mandato para ocuparse de las violaciones de los derechos humanos por motivos de sexo y género. Sin embargo, ha sido útil para dejar constancia de las experiencias de las mujeres durante la ocupación indonesia por medio de publicaciones como “Written in Blood” (“Escrito con sangre”), que se ha traducido también al tetum.

175.Desde julio de 2004, la OPI ha facilitado la ejecución de los cuatro programas básicos siguientes:

Incorporación de la perspectiva de género en todos los sectores públicos;

Promoción de una cultura de igualdad en Timor-Leste;

Fortalecimiento de la capacidad nacional para abordar la violencia por motivos de sexo;

Apoyo a la participación activa de las mujeres.

176.Estos programas se examinan con más detalle en la sección 9 infra sobre la incorporación de la perspectiva de género, y también en el documento preparado en virtud de la CEDAW.

177.Además del Asesor para la Promoción de la Igualdad, en la OPI trabajan cinco funcionarios nacionales y un asesor de contratación internacional. Desde 2001, el UNFPA ha estado apoyando el programa de la OPI sobre el fortalecimiento de la capacidad nacional para abordar la violencia por motivos de sexo. El equipo actual consta de dos funcionarios nacionales y un administrador de proyectos de contratación internacional.

178.En el ejercicio fiscal 2005-2006 se asignó a la OPI un presupuesto de 65.000 dólares de los EE.UU. y cabe esperar que la cifra aumente a 69.000 (no aprobada aún) en el ejercicio fiscal 2006-2007.

Comisión Nacional de los Derechos del Niño

179En febrero de 2005, el Primer Ministro de Timor-Leste, Dr. Mari Alkatiri, decretó: “la creación de una Comisión Nacional de los Derechos del Niño que funcione directamente bajo mi dirección”.

180.El Consejo Asesor de esta Comisión Nacional estará integrado por los ministros de Relaciones Exteriores y Cooperación; Planificación y Finanzas; Educación y Cultura; Salud; Justicia; Trabajo y Reinserción en la Comunidad; el Asesor del Primer Ministro sobre Derechos Humanos; el Fiscal; un representante de una convicción religiosa, un representante de una ONG y un representante de la infancia.

181.El Consejo Asesor, en su primera reunión, decidirá sobre la composición de la secretaría de la Comisión Nacional, en la que participarán representantes de organismos de gobierno y de la sociedad civil, así como los niños. Durante esta reunión, el Consejo elegirá también al Comisionado Nacional de los Derechos del Niño, sobre la base de un proceso de selección competitiva para asegurarse de que el Comisionado Nacional posea suficiente experiencia y competencia para coordinar las actividades de la Comisión, integridad probada y un sólido conocimiento de los principios de derechos humanos en general y de los derechos del niño en particular. Esta persona debe ser conocida por su prestigio en la comunidad y poseer un alto grado de independencia e imparcialidad.

182.La Comisión Nacional de los Derechos del Niño tendrá la misión expresa de:

Apoyar el proceso de aplicación del Código de los Derechos del Niño;

Asesorar al Gobierno y a las autoridades públicas pertinentes sobe la aplicación del Código de los Derechos del Niño y otras leyes o medidas relacionadas con los derechos del niño;

Promover la aplicación del Código de los Derechos del Niño y otras leyes o medidas relacionadas con los derechos del niño;

Alertar al Gobierno acerca de situaciones que afecten a los niños o a sus derechos, que requieran atención urgente o especial;

Asegurarse de que toda medida oficial y todas las acciones de las autoridades públicas tengan como consideración fundamental el interés supremo del niño;

Coordinar las actividades de los distintos departamentos de gobierno y de las autoridades públicas de las distintas instancias (distrito, subdistrito y suco), en cuestiones que afecten a los niños;

Vigilar las tendencias en las realidades del país en la medida en que afecten a los niños y a sus derechos;

Fomentar el interés del público y la sensibilización de la sociedad civil acerca de los niños y de sus derechos; y

Coordinar la cooperación internacional en esta esfera.

3. Ministerios estatales

183.Si bien todos los ministerios estatales contribuyen de alguna manera a la promoción de los derechos, los ministerios sectoriales que se indican a continuación tienen un mandato específico en cuestiones relacionadas con la promoción de los derechos.

Ministerio de Educación y Cultura

184.El Ministerio de Educación y Cultura es el departamento del gobierno encargado de elaborar, ejecutar, coordinar y evaluar las políticas en materia de educación y cultura, así como en las esferas de la ciencia y la tecnología. Entre sus responsabilidades concretas, el Ministerio tiene el mandato de asegurar la protección de la infancia, la alfabetización y la enseñanza y proteger los derechos a la creación artística y literaria.

Ministerio de Salud

185.El Ministerio de Salud es el departamento estatal encargado de elaborar, ejecutar, coordinar y evaluar las políticas en materia de salud y las actividades farmacéuticas. El objetivo de este Ministerio es asegurar el acceso de la población a la atención de la salud mediante el establecimiento, la reglamentación y el desarrollo de un sistema de salud basado en las necesidades reales y acorde con los recursos disponibles, prestando especial atención a la equidad del sistema y atribuyendo prioridad a los grupos más vulnerables mediante la promoción, siempre que sea posible, de la participación activa de la sociedad civil.

Ministerio de Justicia

186.El Ministerio de Justicia está encargado de elaborar, ejecutar, coordinar y evaluar las políticas en materia de justicia y derecho, incluso de proponer concretamente las reformas legislativas necesarias para asegurar la coherencia y la eficacia del sistema jurídico. Otras de sus responsabilidades son: establecer y garantizar los mecanismos adecuados para asegurar los derechos ciudadanos de los timorenses y promover la difusión de esos derechos; reglamentar y administrar el régimen penitenciario, los servicios de reintegración social y la defensoría pública; y asegurar los mecanismos de ayuda jurídica y asistencia letrada para los ciudadanos más desfavorecidos.

Ministerio de Trabajo y Reinserción en la Comunidad

187.El Ministerio de Trabajo y Reinserción en la Comunidad tiene la responsabilidad de elaborar, ejecutar, coordinar y evaluar las políticas en materia de trabajo, empleo y reinserciones en la comunidad. Su mandato específico es:

Proponer políticas y proyectos de reglamento para las esferas del trabajo y el empleo, la protección, la higiene y la salud en el lugar de trabajo y para el establecimiento de un salario mínimo;

Diseñar e implantar sistemas de seguridad social para los trabajadores;

Asegurar la inserción de los veteranos y los ex combatientes en la comunidad;

Alentar la contratación de trabajadores timorenses en el extranjero, así como reglamentar y alentar el trabajo de extranjeros en Timor-Leste.

188.Según el proyecto de ley orgánica del Ministerio, éste es también responsable de promover el entendimiento cultural y multirracial de las poblaciones autóctonas del país; de los refugiados y desplazados; y de los trabajadores migratorios.

189.Gracias al programa RESPECT (Programa de Recuperación, Empleo y Estabilidad para los Ex Combatientes y las Comunidades de Timor-Leste), que cuenta con el apoyo del Gobierno del Japón y el PNUD, la División de Veteranos del Ministerio pone empeño en trabajar para mejorar las condiciones de vida de, entre otros, los ancianos, las viudas, los huérfanos y las víctimas de la guerra. También apoyó una iniciativa de la Comisión para los Ex Combatientes y la Comisión para los Veteranos de las Falintil en la recopilación de datos sobre el número de veteranos del país mediante visitas a los distritos. Más información en otros párrafos.

190.Actualmente, la División de Veteranos presta también ayuda humanitaria en la forma de, vivienda, alimentos, esteras para dormir, utensilios de cocina, arroz, azúcar, redes para pescar y barcas, entre otras cosas. Está prestando ayuda financiera para apoyar pequeños proyectos e imparte capacitación de oficios a los veteranos y ex combatientes. Actualmente se imparte capacitación en electricidad y carpintería. Se ha dicho que, pese a estos esfuerzos, hay que prestar más atención aún a las mujeres veteranas y a cómo se pueden beneficiar del apoyo del gobierno. De hecho, una de las ONG nacionales de mujeres planteó que, hasta la fecha, las mujeres no han podido beneficiarse por igual de esos esfuerzos humanitarios.

Secretaría de Estado para la Juventud y los Deportes

191.La Secretaría de Estado para la Juventud y los Deportes es el departamento de gobierno encargado de concebir, ejecutar, coordinar y evaluar las políticas en las esferas de la promoción del bienestar y el desarrollo de la juventud, la educación física y los deportes, definidas y aprobadas por el Consejo de Ministros.

Coordinadores de derechos humanos y de cuestiones de género

192.Como se menciona en otros párrafos, en 2004, se nombró también a coordinadores de derechos humanos en el Gobierno y los distritos para asegurar la contribución de sus respectivos organismos a los procesos de presentación de informes sobre tratados de derechos humanos y al Plan de acción nacional sobre derechos humanos. Estos coordinadores están encargados de reunir datos para los informes relativos a los tratados y para el Plan de acción nacional sobre derechos humanos, así como de integrar los derechos en sus respectivos proyectos. Los coordinadores fueron nombrados con el criterio de “capacitar a instructores” para sensibilizar más acerca de los derechos humanos y, de esta manera, fortalecer la capacidad de los funcionarios públicos para velar por los derechos humanos. Los coordinadores de distritos constituyeron el principal mecanismo de enlace utilizado para sensibilizar sobre el proceso de presentación de informes y reunir datos y alentar la participación de las comunidades a nivel local.

193.Ese mismo año, la OPI designó algunos coordinadores de cuestiones de género en ministerios sectoriales específicos, así como en los distritos. Los coordinadores de cuestiones de género tienen la tarea de organizar la capacitación en derechos de la mujer y en cuestiones relacionadas con las mujeres a nivel de distrito. También han facilitado la organización de congresos nacionales de mujeres en 2000 y 2004.

Comisión de Veteranos

194.Durante los 24 años de resistencia, muchas personas aportaron sus contribuciones a la lucha armada, ya sea como parte de las Falintil o en las unidades de la milicia pro independentista formadas entre 1975 y 1979. Su participación en la resistencia armada dejó a muchos de ellos, aún en nuestros días, en condiciones desfavorables, no sólo por su capacidad limitada para seguir contribuyendo a la creación de la nación, sino, muy especialmente, por su limitada capacidad para atenderse a sí mismos y a sus familias. Tras haber pasado prolongados períodos en la selva, muchos ex combatientes carecen de la habilidad social necesaria para asegurarse un empleo o un medio de subsistencia básico. Tal es especialmente el caso de quienes optaron por no seguir una carrera militar con la nueva fuerza de defensa. Muchos otros están viviendo con discapacidades físicas. La lucha también dejó en el país miles de viudas y huérfanos de los combatientes caídos.

195.Para rendir el debido homenaje de respeto y reconocimiento y orientar la formulación de políticas que pudieran prestar un apoyo apropiado a esos ex combatientes y a sus familias, el Presidente, por medio del Mensaje Presidencial No. 01/Set/2002 de 9 de septiembre de 2002, estableció la Comisión para los Asuntos de los Antiguos Combatientes (Comissão para os Assuntos de Antigos Combatentes - CAAC) y la Comisión para los Asuntos de los Veteranos de las Falintil (Comissão para os Assuntos dos Veteranos das Falintil - CAVF). Los objetivos de esas comisiones eran definir y establecer los criterios para la clasificación de los ex combatientes y veteranos de las Falintil y recomendar opciones de políticas con el objeto de abordar las necesidades de estos veteranos.

196.Mediante la distribución de cuestionarios y la celebración de consultas públicas, las comisiones han inscrito ya a más de 37.000 veteranos y ex combatientes, entre ellos 22.000 que aún viven. Estos datos, desglosados por sexo, indican que aproximadamente el 30% de los inscritos son mujeres.

197.Originalmente no se clasificó a las mujeres entre los veteranos combatientes. Por esa razón, la OPI y el UNIFEM plantearon la cuestión públicamente el Día de las Naciones Unidas en 2004, e insistieron en que la no inclusión de las mujeres en la lista de combatientes posiblemente fuese una contravención del párrafo 13 de la resolución 1325 (2000) del Consejo de Seguridad en la que se “alienta a todos los que participen en la planificación para el desarme, la desmovilización y la reintegración a que tengan presentes las necesidades distintas de los ex combatientes ya sean mujeres u hombres y las necesidades de sus familiares a cargo”. Gracias a ese planteamiento, las mujeres quedaron incluidas en la lista y ahora pueden ser beneficiarias de cualesquiera prestaciones que conceda el Gobierno.

198.Las comisiones terminaron su labor y, en junio de 2004, presentaron un informe final al Presidente quien, a su vez, presentó el informe al Parlamento y al Gobierno para fundamentar la formulación de leyes y políticas sobre cuestiones relacionadas con los veteranos. Tras un prolongado debate, el Parlamento finalmente aprobó una ley un marzo de 2006 sobre la cuestión de los veteranos y los ex combatientes.

Equipo de Distribución y Ayuda Alimentaria de Emergencia

199.Debido a las condiciones climáticas adversas, la producción de alimentos en Timor-Leste no alcanza para cubrir las necesidades de consumo de la población, lo que ha creado una inseguridad alimentaria generalizada. Esta falta de disponibilidad y de facilidad de acceso a los alimentos ha tenido consecuencias muy negativas en la nutrición y el estado de salud de la población (en particular los niños, las mujeres y los ancianos), lo que puede causar el debilitamiento de los sistemas inmunológicos y aumentar el riesgo de las personas más vulnerables a verse expuestas a dolencias y enfermedades. Timor-Leste figura entre los países asiáticos más vulnerables a la desnutrición y registra tasas muy elevadas de raquitismo, retraso en el crecimiento y falta de peso entre los menores de cinco años.

200.En 2005, después de terminado un estudio del Programa Mundial de Alimentos sobre la vulnerabilidad, en el que se analizaron las tres dimensiones de la seguridad alimentaria (producción de alimentos, acceso a los alimentos y su utilización y nutrición), el Primer Ministro, Dr. Mari Alkatiri, estableció un Equipo de Distribución y Ayuda Alimentaria de Emergencia encargado de adoptar medidas urgentes para prestar socorro alimentario y aliviar la escasez de alimentos que experimentaba la población timorense.

201.Este equipo está integrado por organismos públicos como los Ministerios de Trabajo y Reinserción en la Comunidad (Presidente), Interior, Agricultura, Silvicultura y Pesca, Salud, Transporte, Obras Públicas, Telecomunicaciones, Planificación y Finanzas, Administración Pública, Defensa y F-FDTL. Forman parte también de este equipo organismos como el PMA, la OIM, la FAO y el Organismo Alemán de Cooperación Técnica (GTZ) y organizaciones de la sociedad civil como la Cruz Roja de Timor-Leste (CVTL-CICR), Oxfam International, Care International y Concern Worldwide. A nivel de distrito, se estableció también un equipo integrado por administradores de distrito, funcionarios del servicio social, funcionarios de desarrollo del distrito y otros grupos representativos.

202.Dos de las prioridades inmediatas del equipo han sido, por una parte, prestar apoyo en socorro y ayuda alimentaria a 150.000 personas a raíz de las erráticas condiciones climáticas que sacudieron a Timor-Leste a principios de 2005 y, por la otra, reducir las consecuencias negativas de la escasez de alimentos para la salud y el bienestar de los grupos vulnerables necesitados.

Mecanismos de la Policía Nacional de Timor‑Leste para la tramitación de denuncias

203.En el artículo 2 de la Ley orgánica del Ministerio del Interior se exige al Ministerio que vele por las relaciones correctas entre la Policía Nacional de Timor‑Leste y la comunidad. Este mandato se ejecuta por medio de dos mecanismos de denuncias e investigación.

Oficina de Ética Profesional

204.La Oficina de Ética Profesional trabaja bajo la supervisión directa del Comandante de la Policía y tiene la tarea de realizar indagaciones, investigaciones y procesos disciplinarios respecto de las denuncias interpuestas contra oficiales de la Policía Nacional de Timor‑Leste, según determine el Comandante de la Policía Nacional de Timor‑Leste. Los comandantes de distrito de la Oficina tienen facultades para despachar casos, en los que la pena máxima sea la suspensión del oficial por no más de dos meses. La Oficina de Ética Profesional tiene su sede en Dili y 13 oficinas filiales que funcionan en cada uno de los distritos.

Oficina del Cuerpo de Inspectores del Ministerio del Interior

205.Establecido en septiembre de 2004, el Cuerpo de Inspectores tiene competencia disciplinaria sobre todas las estructuras e instituciones subordinadas al Ministerio del Interior, incluida también a la Policía Nacional de Timor‑Leste. El Cuerpo de Inspectores consta de cinco miembros que representan a distintas dependencias, además de un miembro de la Oficina del Asesor del Primer Ministro sobre Derechos Humanos. Toda persona u organización podrá presentar a este Cuerpo de Inspectores una denuncia contra el personal de la Policía Nacional de Timor‑Leste o cualquier otro miembro del Ministerio o en relación con éste.

4. Los derechos humanos en el Parlamento

206.El Parlamento Nacional, el único órgano representativo de la nación, desempeña una importante función de salvaguardia de los derechos y las libertades en la formulación del marco legislativo de Timor-Leste. Tiene la competencia específica para elaborar leyes sobre derechos, libertades y garantías, así como leyes para el ejercicio de derechos importantes, como el derecho a la educación, la salud y la seguridad social. El Parlamento tiene facultades para ratificar tratados y convenios internacionales y, de hecho, ratificó los siete tratados básicos de derechos humanos y sus protocolos facultativos en los que Timor-Leste es Parte en estos momentos, después de que el Gobierno los hiciera suyos.

207.Entre los distintos comités parlamentarios permanentes, el Comité Parlamentario A sobre “Asuntos constitucionales, derechos, libertades y garantías” tiene el mandato de: examinar y emitir opiniones sobre los proyectos de ley, y de proponer enmiendas a tratados presentados al Parlamento; considerar peticiones al Parlamento; reunir información sobre problemas políticos y administrativos que competen al Comité; y celebrar audiencias públicas con entidades de la sociedad civil sobre cuestiones que sean de su competencia. En abril de 2005, este Comité estableció una Subcomisión de Derechos Humanos que analizará si la legislación se ajusta a las obligaciones contraídas por el Gobierno en materia de derechos humanos y recibirá las denuncias del público. Esta Subcomisión todavía no ha entrado totalmente en funciones.

208.Hasta la fecha, el Parlamento no ha hecho nada importante en cuanto a la promoción de la igualdad entre los sexos. Aunque este órgano tiene casi un 26% de mujeres, uno de los más altos de la región de Asia, las mujeres no han podido hacer sentir aún su influencia en el proceso de adopción de decisiones, menos aún para beneficiar a las demás mujeres. En 2004, se presentó una propuesta sobre el establecimiento de una “Comisión de Asuntos relacionados con el Género, la Igualdad y la Infancia” que el Parlamento rechazó más tarde, al no poderse llegar a acuerdo sobre la naturaleza y las funciones de esa comisión; tampoco estuvo claro desde el principio en que se diferenciarían sus funciones de las de la OPI.

209.De igual modo, las parlamentarias no pudieron ponerse de acuerdo sobre la ley del divorcio, tampoco han presentado proyectos de ley sobre cuestiones relacionadas con la igualdad entre los sexos. No obstante, la OPI pone mucho empeño en seguir estudiando la manera en que el Parlamento puede apoyar su labor y ha impartido capacitación a las parlamentarias con miras a prepararlas para debatir sobre la futura ley sobre la violencia en el hogar. También, en 2005, el Asesor para la Promoción de la Igualdad se reunió con un miembro del Parlamento europeo para determinar de qué manera la OPI puede plantear con éxito cuestiones relacionadas con los derechos de la mujer en el Parlamento.

210.Actualmente, las mujeres que son miembros del Parlamento no cuentan con mecanismos estructurados de consulta con las organizaciones de mujeres sobre cuestiones que atañen a los derechos de la mujer. En su empeño por establecer buenas relaciones de asociación y cooperación entre las parlamentarias y la sociedad civil, varias ONG de mujeres han alentado a las parlamentarias a que se afilien a sus organizaciones para apoyarlas en su labor de negociación de los asuntos de la mujer en el Parlamento. Actualmente seis parlamentarias son miembros de una de las ONG nacionales de mujeres, Fokupers, y dos de ellas integran el consejo de dirección de esta organización.

211.En general, la Constitución y el reglamento del Parlamento constituyen un firme fundamento jurídico que permite al Parlamento equilibrar la formulación de leyes y políticas oficiales, a los efectos de prevenir violaciones de los derechos y las libertades de las personas. Sin embargo, debido a que la institución apenas está dando sus primeros pasos, todavía queda mucho por hacer para que desempeñe esta función. Se seguirá impartiendo capacitación y prestando apoyo para fortalecer el Parlamento y ayudarle a realizar análisis a fondo de los derechos humanos y las cuestiones de género y a consolidarse como el mecanismo institucional de separación de poderes en relación con las leyes y políticas oficiales, como se prevé en la Constitución.

212.El Defensor de Derechos Humanos y Justicia, en particular, tiene la obligación jurídica de presentar informes anuales al Parlamento Nacional sobre los adelantos logrados en las actividades, iniciativas, estadísticas y sus resultados. En estos informes se formularán recomendaciones sobre reformas y otras medidas, ya sean jurídicas, políticas o administrativas, que se pudieran adoptar para lograr los objetivos de la Oficina, prevenir o indemnizar las violaciones de los derechos humanos y promover la equidad, integridad, transparencia, responsabilidad y rendición de cuentas en la administración pública. Este podría ser también un mecanismo valioso para fundamentar las actividades parlamentarias relacionadas con la promoción y protección de los derechos en Timor-Leste.

5. Publicación de instrumentos de derechos humanos

213.El Gobierno considera que la difusión de información sobre los instrumentos de derechos humanos forma parte del ejercicio de los derechos de las personas y las comunidades, por lo que la Oficina del Asesor del Primer Ministro sobre Derechos Humanos y la Oficina para la Promoción de la Igualdad han desplegado esfuerzos en este sentido. La distribución de información y materiales sobre tratados de derechos humanos constituye y seguirá constituyendo una parte necesaria de todas las actividades de la Oficina del Asesor del Primer Ministro sobre Derechos Humanos. El Grupo de trabajo encargado de formular el Plan de acción nacional sobre derechos humanos ha desempeñado también una importante función de sensibilización y promoción del debate sobre la índole y el contenido de estos derechos como parte de sus programas de trabajo, que incluyen la capacitación de los funcionarios y los debates en la comunidad, mientras que el proceso de elaboración de informes sobre los tratados ha estimulado también la amplia distribución de los ejemplares traducidos de los tratados pertinentes y ha hecho mucho para sensibilizar acerca de sus disposiciones.

214.La Oficina para la Promoción de la Igualdad, con el apoyo de Ireland Aid, se ha interesado en dar a conocer la CEDAW y su Protocolo Facultativo, por lo que ha distribuido 3.000 folletos ilustrativos o versiones populares de ambos documentos a todos los coordinadores de cuestiones de género, administradores de distrito, escuelas locales y organizaciones de la sociedad civil, entre ellas las organizaciones de mujeres, tanto en Dili como en los distritos, y a representantes de la Iglesia.

215.En la actualidad, la OPI colabora con el Programa del UNIFEM/CEDAW para Asia sudoriental en la preparación de una publicación sobre la Convención, su Protocolo Facultativo y determinadas recomendaciones de su Comité y otros documentos sobre derechos humanos de la mujer. Los principales grupos destinatarios de esta publicación son instituciones que trabajan directamente en cuestiones relacionadas con los derechos humanos, como la Oficina del Asesor del Primer Ministro sobre Derechos Humanos, la Oficina del Defensor, la Comisión Parlamentaria A, miembros del poder judicial y abogados, la Policía Nacional de Timor‑Leste, los coordinadores de cuestiones de género y de derechos humanos en ministerios sectoriales específicos, así como la sociedad civil. Se prevé la publicación de este volumen para finales de 2006 en los cuatro idiomas siguientes: tetum, portugués, bahasa indonesio e inglés.

216.Pese a que muchos de los instrumentos de derechos humanos se han traducido y distribuido, las dificultades para traducir términos técnicos y conceptos de derechos humanos, así como la escasez de recursos, han limitado la capacidad del Gobierno para traducir todos los tratados de derechos humanos al tetum o a otras lenguas vernáculas de Timor-Leste.

217.En el momento de redactar el presente documento, no se había iniciado campaña alguna en los medios de información para informar al público acerca de la existencia de ninguno de los distintos mecanismos para presentar denuncias previstos en los tratados básicos de derechos humanos, en los que el Gobierno es Parte.

Publicaciones ilustradas

218.La tasa de alfabetización tan baja y la numerosa populación infantil de Timor‑Leste indican que las publicaciones ilustradas, a diferencia de los textos escritos, pueden ser el medio más eficaz para transmitir información sobre derechos humanos al público. En este caso también, las oficinas de los asesores del Primer Ministro sobre derechos humanos y la promoción de la igualdad han tenido la iniciativa de elaborar materiales ilustrados, dentro de los límites de sus respectivos presupuestos. El Ministerio de Educación y Juventud y CARE International publican también la revista mensual para niños, Lafaek. Gratuita para los niños de todos los distritos, esta revista se distribuye a nivel nacional en todas las escuelas, y los niños la reciben con agrado, sobre todo por su estilo colorido y entretenido y sus cuentos, por la gran variedad de información importante que contiene y sus mensajes sobre los derechos del niño.

219.Timor-Leste también han contado con un gran apoyo de organizaciones internacionales y no gubernamentales, organizaciones comunitarias y organismos de las Naciones Unidas en su tarea de difusión de la información sobre instrumentos de derechos humanos. Se han traducido al tetum algunos de los instrumentos internacionales de derechos humanos, entre ellos la Declaración Universal, la Convención sobre los Derechos del Niño y la Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer que se han distribuido al público en Dili y otros distritos junto con traducciones en bahasa-indonesio y, en algunos casos, portugués de esas mismas publicaciones. También se han publicado panfletos y manuales sobre derechos humanos, y materiales de capacitación y de otra índole que se han distribuido ampliamente en los principales idiomas para educar a la población acerca de la importancia de estos instrumentos de derechos humanos en su vida cotidiana. Historietas cómicas, materiales fotográficos, panfletos, afiches y libros escolares figuran entre las publicaciones más atractivas que se han distribuido.

220.En general, las iniciativas colectivas de la sociedad civil, los organismos de las Naciones Unidas y otras entidades han captado la atención del público hacia la existencia y el efecto práctico de los derechos y las libertades consagrados en los distintos instrumentos de derechos humanos.

221.A pesar de todas estas actividades, el Gobierno es consciente de las limitaciones que el bajo nivel de instrucción, el analfabetismo y las dificultades lingüísticas y geográficas imponen al conocimiento y a la información sobre los instrumentos de derechos humanos pertinentes. También es evidente que el público desconoce en lo fundamental la existencia de determinados mecanismos de presentación de denuncias sobre presuntas violaciones de los derechos humanos. No se trata de una situación que vaya a cambiar de la noche a la mañana; la sensibilización general en todo el país obligará a aplicar el enfoque multidimensional a largo plazo con el que se ha comprometido el Gobierno, y por cuya aplicación seguirá luchando en el futuro inmediato.

6. Capacitación y educación en materia de derechos humanos

222.Un amplio conjunto de funcionarios públicos, parlamentarios, miembros de la policía, maestros, funcionarios judiciales y otras figuras públicas importantes, así como numerosas ONG han recibido una amplia educación y capacitación en derechos humanos. La Oficina del Asesor del Primer Ministro sobre Derechos Humanos ha prestado gran atención a la capacitación de funcionarios de las instituciones públicas sobre el más amplio conjunto de derechos, mientras que la Oficina para la Promoción de la Igualdad ha impartido capacitación también sobre la CEDAW y las cuestiones relacionadas con el género, como se explica más adelante en la sección sobre la incorporación de la perspectiva de género. En relación con la CEDAW, hasta la fecha, la OPI ha prestado asistencia en la organización de la capacitación para su propio personal, las ONG y los funcionarios públicos, además de la Policía Nacional de Timor‑Leste. Cabe esperar que, a medida que aumente la capacidad del gobierno, las instituciones estatales de derechos humanos, entre ellas la OPI, la Oficina del Asesor del Primer Ministro sobre Derechos Humanos y la Oficina del Defensor, respondan cada vez mejor a las necesidades de capacitación en derechos humanos de muy diversos sectores del país.

223.A continuación se detallan algunos programas de capacitación impartidos hasta la fecha.

Funcionarios públicos

224.En abril de 2004, la Oficina del Asesor del Primer Ministro sobre Derechos Humanos y el Ministerio de Relaciones Exteriores, con el apoyo del PNUD, el UNICEF, el UNFPA y la Dependencia de Derechos Humanos de la UNMISET, llevó a cabo un programa de capacitación de una semana de duración para los coordinadores nacionales de derechos humanos a fin de instruir a esos funcionarios acerca de los tratados de derechos humanos, en los que Timor-Leste es Parte, así como en métodos de recopilación de la información y en el compromiso intersectorial con la protección y promoción de los derechos humanos. Esta capacitación se complementó además con cuatro cursillos prácticos nacionales celebrados entre mediados de 2004 y finales de 2005 sobre derechos económicos, sociales y culturales, el lanzamiento de un programa de presentación de informes sobre los tratados, los derechos civiles y políticos y la función de la sociedad civil en Timor-Leste.

225.En 2004-2005, la División Nacional de Servicios Sociales (DNSS), con el apoyo del UNICEF y la UNMISET, celebró varias sesiones de capacitación para un total de 45 funcionarios de la DNSS, miembros de la Red de Protección de la Infancia y, en algunos casos, administradores de distritos y subdistritos y ONG sobre la Convención de los Derechos del Niño, los derechos del niño, y concretamente los de la niña, y la presentación de informes a la Convención, tarea en la que participó también el Ministerio de Relaciones Exteriores.

226.En marzo de 2003, la OPI, apoyada por el UNICEF, organizó la capacitación sobre el CEDAW para su propio personal y para varias representantes de organizaciones de mujeres, como Fokupers, Caucus y el Comité Internacional de Rescate. En total, 12 participantes recibieron capacitación inicial sobre la historia y los antecedentes de la CEDAW, sobre discriminación contra la mujer, las obligaciones del Estado y las medidas especiales para acelerar la igualdad de factoentre mujeres y hombres, el Protocolo Facultativo de la CEDAW; así como la presentación de informes por el Estado Parte y de información paralela por otras organizaciones de la sociedad civil.

227.En abril de 2005, la OPI organizó, con fondos proporcionados por el programa HURIST del PNUD, cursillos prácticos en los ministerios para dar a conocer la Convención y el proceso de presentación de informes a la CEDAW a los coordinadores de cuestiones de género y de derechos humanos de nueve ministerios estatales. Esta capacitación fue complementada posteriormente, en julio de 2005 con seminarios de sensibilización para distintos ministerios sobre los principios de no discriminación y de igualdad fundamentales de la CEDAW, y con siete diálogos sobre aspectos fundamentales de la Convención. Los coordinadores de cuestiones de género y de derechos humanos nombrados por el Gobierno en los distritos, además de las ONG y la sociedad civil, recibieron este tipo de instrucción durante ese período. Esta capacitación se explica con más detalle en otros párrafos de la sección sobre las organizaciones no gubernamentales.

Formación avanzada en derechos humanos para los parlamentarios

228.En lo que respecta a la capacitación de los parlamentarios, se tiene entendido que los más activos fueron la Dependencia de Derechos Humanos de la UNMISET y el PNUD. Durante 2004, se celebraron cuatro seminarios sobre derechos humanos para 66 Miembros del Parlamento en relación con los principios de la buena gobernanza y el análisis de un proyecto de ley basado en los derechos humanos, a lo que siguió una serie de cursillos prácticos sobre derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales, así como un análisis de la legislación basado en los derechos humanos para 55 miembros del Parlamento nacional en abril de 2004. En marzo de 2005, la Dependencia de Derechos Humanos y el PNUD organizaron en conjunto otro programa para el Comité Parlamentario A sobre la función del Parlamento en la presentación de informes a los tratados, el fortalecimiento de los mecanismos institucionales de derechos humanos y un análisis de los proyectos de presupuesto desde la perspectiva de género. Uno de los resultados de este programa concreto fue el establecimiento de la Subcomisión de Derechos Humanos del Comité A, que sin duda alguna puede recibir también denuncias de la población. Se desconoce si ya se ha presentado alguna denuncia o si se ha adoptado alguna medida concreta de este tenor.

229.Reconociendo la necesidad de fortalecer al Parlamento para asegurar el funcionamiento eficaz en cuestiones de su competencia, el Gobierno de Timor-Leste pidió que se asignara un Oficial de derechos humanos a la UNOTIL para que impartiera capacitación a los parlamentarios y para la creación de capacidad en relación con la protección y promoción de los derechos, concretamente en relación con la función que realizan los parlamentarios respecto del análisis de los proyectos de ley teniendo en cuenta los derechos humanos. En el momento de redactar el presente documento, todavía no se había nombrado a nadie para el cargo.

Formación de juristas y encargados de hacer cumplir la ley

230.De conformidad con la evidente necesidad de fortalecer la Policía Nacional de Timor‑Leste, en particular respecto de la conducta y el cumplimiento de los principios de derechos humanos, el Gobierno ha realizado ingentes esfuerzos para apoyar la continuación de estudios y la capacitación de los agentes de policía. En julio de 2005, el Gobierno publicó un manual de capacitación de carácter general para la policía con apoyo sustancial de la UNMISET.

231.La Dependencia de Capacitación en el Servicio de la Policía Nacional de Timor‑Leste, en colaboración con la OPI, el UNFPA, el UNICEF, los asesores técnicos de la Policía de las Naciones Unidas y la Dependencia de Derechos Humanos de las sucesivas misiones de las Naciones Unidas, ha ejecutado numerosos programas para educar a los oficiales encargados de hacer cumplir la ley sobre los derechos de los sospechosos, el respeto a las víctimas y las medidas encaminadas a mejorar la conducta y la disciplina de los oficiales dentro de la fuerza. En mayo de 2005, la OPI, con el apoyo del UNFPA, impartió capacitación sobre la CEDAW a 50 cadetes de la academia de policía, como parte del programa general sobre violencia en el hogar.

232.Se ha impartido capacitación sobre derechos humanos y cuestiones de género a la Dependencia de Protección de Personas Vulnerables, al Departamento de Patrulla Fronteriza, al Departamento de Intervención Rápida (UIR), a la Reserva Policial (PRU), al Departamento de Mantenimiento del Orden en las Comunidades (CPU), al Departamento de Planificación Estratégica y a oficiales de policía a nivel de distrito. En mayo de 2005, se habían ejecutado 15 programas de formación en derechos humanos (incluidos dos programas de formación de instructores) para los nuevos reclutas de la Policía Nacional de Timor‑Leste y otros cuatro cursos de capacitación en el CPU y el UIR, tres para la Dependencia de Protección de Personas Vulnerables y dos para el Departamento de Patrulla Fronteriza, tanto en Dili como en los distritos.

233.Todavía en sus inicios, el Centro de Formación Judicial imparte también capacitación de un día de duración sobre derecho internacional y derechos humanos como parte de su programa de formación de jueces, fiscales y abogados de la defensa, al igual que lo hacen los organismos de las Naciones Unidas y Abogados sin Fronteras. Estas últimas organizaciones también han organizado cursillos para abogados que ejercen la práctica privada sobre cuestiones fundamentales como los derechos del niño y de la mujer y los derechos de las personas que se encuentran bajo custodia policial.

Organizaciones no gubernamentales

234.Los representantes de las ONG han recibido siempre, y aprovechado también, las invitaciones para recibir capacitación y asistir a los cursillos sobre derechos humanos organizados por las oficinas del gobierno, tanto a nivel nacional como de distrito. En realidad, las ONG y organismos públicos, como la Policía Nacional de Timor‑Leste, a veces colaboran en la capacitación del personal.

235.El Gobierno mantiene relaciones especialmente sólidas con las ONG a este respecto, como se evidencia en la participación activa de las ONG en tareas relacionadas con la formulación del Plan de acción nacional y en la capacitación y las actividades relacionadas con los derechos humanos que lleva a cabo la OPI.

236.En los últimos años, la OPI ha llevado a cabo una amplia labor de divulgación, de sensibilización sobre la CEDAW y de capacitación sobre cuestiones básicas relacionadas con la perspectiva de género para el gobierno local, las ONG y las organizaciones de mujeres, como la Organización Popular de Mujeres de Timor-Leste (OPMT), la Organização Mulher Timor (OMT), Fokupers, Caucus, Rede Feto, Programa de Vigilancia del Sistema Judicial, FKSH, la Fundación Alola y Terras e Propriedades (Tierras y Propiedades), así como a dirigentes de los grupos religiosos, Chefes do Suco, grupos juveniles y comunitarios, organismos de las Naciones Unidas, la Policía Nacional de Timor‑Leste y los representantes de los medios de información. Gran parte de esta capacitación se ha impartido en colaboración con el Programa UNIFEM/CEDAW para Asia sudoriental.

237.La intención fundamental de esos cursos ha sido reunir a los principales interesados directos para materializar la igualdad entre los sexos en Timor-Leste, “reflexionar” sobre problemas de actualidad relacionados con la discriminación contra la mujer, así como elaborar estrategias para lograr el ejercicio defacto de los derechos de la mujer.

238.Han sido notables el grado de interés y la participación tanto de mujeres como de hombres en estas iniciativas relacionadas con la CEDAW y, en muchos casos, se lograron importantes contribuciones e información de los participantes, que enriquecieron los informes del Gobierno.

239.Todos los participantes han pedido sistemáticamente a la OPI que imparta capacitación sobre la CEDAW, en particular a nivel de distritos y subdistritos. En el informe preparado para la CEDAW se ofrece más información sobre esa capacitación.

240.La Dependencia de Derechos Humanos de las sucesivas misiones de las Naciones Unidas también ha ejecutado unos 35 programas de creación de capacidad en materia de derechos humanos para las ONG y los medios de información, así como para organismos públicos a nivel nacional y de distritos. La mayoría de los programas contaron con financiación del proyecto de cooperación técnica de la ACNUDH, además en el período 2003-2005 se llevaron a cabo algunos programas nacionales de formación de instructores para defensores de los derechos humanos de todos los distritos, cuyos temas concretos eran los derechos del niño, la mujer y las personas que padecen problemas de salud mental. El objetivo de esa capacitación era la creación de una base de recursos humanos a nivel nacional para los derechos humanos, así como la capacitación, la vigilancia de los derechos humanos y el establecimiento de la base de datos sobre derechos humanos.

Los derechos humanos en las escuelas

241.La educación sobre derechos humanos es un componente tanto de la formación de maestros como de los programas de enseñanza en las escuelas. Sin embargo, a pesar de que forma parte de las asignaturas de secundaria y se debe impartir durante una hora todas las semanas, hasta el momento sólo los maestros han recibido esa capacitación.

242.En 2002, el Ministerio de Educación y Juventud estableció una escuela normal que cuenta con un programa de formación de tres partes, que abarcan metodologías, física y química y cuestiones sociales. La capacitación se imparte en colaboración con las principales organizaciones de la sociedad civil, además del UNICEF, la Dependencia de Derechos Humanos de las misiones de las Naciones Unidas, Timor-Aid y otras. La Dependencia de Derechos Humanos de la UNMISET, por ejemplo, organizó seis cursillos para 300 maestros en nueve distritos sobre derechos del niño y el castigo corporal como forma de disciplina en las escuelas. La Dependencia realizó también cuatro sesiones de capacitación para algunos grupos, entre ellos escolares y maestros, sobre la cuestión de la tortura, la violencia de género, los derechos del niño y los derechos económicos, sociales y culturales.

243.La cuestión de los derechos del niño se incorporó también concretamente en el proyecto “100 escuelas progresistas” ejecutado por el Ministerio de Educación y Juventud con el apoyo del UNICEF, en el que participaron concretamente los superintendentes de distrito y maestros de primaria.

244.El Gobierno no ha elaborado aún el componente de derechos humanos del programa de estudios pero, de un tiempo a esta parte, ha estado dirigiendo su atención a esta actividad. Cabe esperar que, con el apoyo de un oficial de derechos humanos de las Naciones Unidas, ese programa se pueda elaborar antes de que finalice 2006.

Educación sobre sensibilización acerca del género

245.Respecto de la educación sobre sensibilización acerca del género, la OPI trabaja junto con el Ministerio de Educación, Cultura, Juventud y Deportes para incluir la educación cívica y la igualdad entre los sexos en el plan de estudios. La OPI distribuye periódicamente su boletín informativo (1.000 ejemplares cada trimestre) a las escuelas y universidades y actualmente trabaja con el PNUD en la preparación de un manual para maestros, concretamente para sensibilizar sobre cuestiones relacionadas con el género. La Oficina también distribuye folletos, panfletos y afiches sobre la igualdad entre los sexos a todos los distritos, subdistritos y prácticamente todas las escuelas, aunque algunas escuelas todavía no han recibido estos materiales debido a las limitaciones financieras de la Oficina para publicar la cantidad necesaria.

246.La OPI ha impartido también educación sobre cuestiones de la igualdad entre los sexos, con carácter especial, a petición de las escuelas de los distritos de Baucau, Lautem y Venilale para estudiantes de secundaria y preuniversitario. Esta capacitación casi siempre ha adoptado la forma de sesiones de “preguntas y respuestas”.

247.En 2005, el UNIFEM, con arreglo al Programa para Asia sudoriental de la CEDAW, creó el “Proyecto del Grupo de Artes Escénicas de la CEDAW”, con arreglo al cual un grupo de 12 jóvenes denominado “Kuda Talin” estudió la CEDAW y creó un repertorio de bailes y sainetes teatrales para explicar los artículos de fondo de la Convención tanto a personas con instrucción como a los analfabetos de las zonas urbanas y rurales del país. La capacitación de este grupo se llevó a cabo en un espacio abierto, para que muchas familias de la localidad tuviesen la oportunidad de presenciar las actuaciones sobre temas como la violencia en el hogar. A menudo, los espectadores respondieron al baile sobre la violencia en el hogar con risas, en gran parte debido a que se sintieron incómodos con el tema. Hasta la fecha, los principales beneficiarios de estas representaciones han sido los niños, los grupos de jóvenes y las comunidades locales, además de los miembros de la Policía Nacional de Timor‑Leste. La OPI proyecta utilizar este grupo artístico para seguir impartiendo capacitación sobre la CEDAW.

248.Se han propuesto distintas actividades docentes para aumentar los conocimientos de maestros y alumnos acerca de los principios de derechos humanos. Dado que se trata de actividades de carácter más especial y no son sistemáticas ni están institucionalizadas, se desconoce en estos momentos la naturaleza, el alcance y el éxito logrado por los programas de educación sobre derechos humanos para maestros, tampoco se conoce hasta qué punto se ha insistido en temas concretos como la igualdad entre los sexos, la tolerancia racial y religiosa o los derechos de los discapacitados. Cabe esperar que en los próximos informes se pueda disponer de información más concreta al respecto.

7. Medios de información y campañas de información pública

249.Los efectos combinados del subdesarrollo histórico de la infraestructura física de los medios de información, el aislamiento geográfico de muchas comunidades (ya sea para la distribución de la prensa como para la recepción de programas de radio o TV), la relativa falta de conocimientos sobre radio y teledifusión, las altas tasas de analfabetismo, los efectos de la pobreza en los hogares y su función limitante del acceso a los servicios informativos, además de la falta de un marco jurídico que reglamente los medios de información, han constituido obstáculos importantes para los mecanismos de difusión de la información y las instituciones mediáticas en Timor-Leste.

250.Con todo y pese a estas dificultades, abundan las instituciones mediáticas y de información pública en Timor-Leste, mientras que la radio y la prensa son los medios esenciales de comunicación del país. Según un informe de la Fundación Asia de 2001, el medio informativo más generalizado es la radio, que tiene una audiencia del 60%. Los principales idiomas de comunicación en los medios informativos son el tetum y el bahasa indonesia: entre 76 y 99% de la audiencia conoce esos idiomas, mientras que el portugués ocupa un lejano tercer lugar (18 a 23%) y el inglés, el último (4 a 6%).

251.Son muchos los problemas con que tropieza en lo fundamental el futuro desarrollo de los medios de información en Timor-Leste:

Hallar la viabilidad económica en una situación económica muy difícil;

Compensar las desigualdades constantes en la pericia técnica, los conocimientos especializados y el mantenimiento del equipo;

Dar a conocer una información exacta y equilibrada sobre los acontecimientos y procesos políticos, incluso sobre la responsabilidad del gobierno, el Parlamento y el sistema judicial;

Asegurar que las noticias nacionales se difundan en todos los distritos y que las noticias regionales de interés nacional se conozcan en la capital, y

Ejercer la libertad de expresión en el contexto de las nuevas disposiciones penales propuestas sobre la difamación, en particular en lo que atañe a los dirigentes políticos y religiosos y a las autoridades públicas.

252.Las actividades de la radio y la televisión en Timor-Leste están bajo la supervisión del Comité Nacional de Radio y teledifusión, cuyos miembros son representantes del gobierno, profesionales mediáticos y representantes de la sociedad civil.

253.Actualmente funcionan en Timor-Leste una estación de televisión de propiedad estatal, Televisaun Timor-Leste (TVTL), y una radioemisora de propiedad estatal, Radio Timor-Leste (RTL), que originalmente estuvieron bajo la dirección de la Oficina de Información Pública; tras la independencia, la UNTAET las puso en manos del Gobierno. Estas instituciones pertenecen ahora a la Dirección de Radio y Televisión de Timor-Leste. Aunque solo el 8% de los habitantes vive en hogares que tienen sus propios televisores, más del 20% de la población de Dili y los sucos vecinos tienen acceso a TVTL.

254.Durante la administración de las Naciones Unidas, Radio UNTAET transmitía sus programas en cuatro idiomas: inglés, tetum, portugués e indonesio. Así continuó hasta algún tiempo después de entregarla al Gobierno, pero en la actualidad transmite en tetum y portugués, aunque el noticiero se transmite también en bahasa indonesia. Por otra parte, TVTL solo transmite en tetum, y desde hace poco en portugués, y su señal se recibe en determinadas zonas. No llega a todos los distritos, aunque si así fuera, como el servicio eléctrico es intermitente en la mayor parte del país, probablemente no se podrían disfrutar a plenitud los beneficios de este medio de comunicación. Pese a que RTL se oye en muchos lugares, prácticamente no llega a las aldeas más apartadas del país.

Medios de información independientes

255.Durante la consulta popular celebrada en 1999, solo había una radioemisora en Timor‑Leste, Radio Timor Kmanek (RTK). La infraestructura de todas las demás estaba destruida. RTK estaba bajo la administración de la Iglesia Católica y tenía una gran audiencia en todo el país, incluso en el enclave de Oecusse.

256.Desde 2000, y además de la radio estatal, se han establecido muchas radioemisoras independientes nuevas. Actualmente hay 18 radioemisoras en Timor‑Leste: 1 nacional, la RTL, y 17 radioemisoras de las comunidades, 6 en Dili y 11 en los distritos. Las que transmiten desde Dili son:

Radio Falintil, Vôz da Esperança: de propiedad privada, depende de la financiación de donantes, ofrece noticias, información pública, entretenimientos y anuncias en su programación. Transmite en tetum, portugués y bahasa indonesia;

Radio RAMKABIAN: establecido con la asistencia de APHEDA, una ONG australiana. Comenzó como una estación móvil que transmitía fundamentalmente a zonas donde no se recibía la señal de las demás radioemisoras de Dili. Produce noticieros, bloques informativos de las ONG y entretenimiento en Dili, y se transmite a las zonas apartadas. A veces retransmite noticias nacionales producidas por RTL. RAMKABIAN transmite fundamentalmente en tetum, aunque a veces transmite noticias en dialectos locales, de ser necesario;

Radio Loriko Lian: comenzó como una estación móvil administrada por un consorcio de ONG y organizaciones juveniles. Su finalidad era difundir información sobre las ONG a la población de las zonas apartadas. Sin embargo, debido a la falta de fondos, actualmente transmite desde Dili, y su señal se recibe sólo en la capital. En el momento de redactar el presente documento, el Programa UNIFEM/CEDAW para Asia sudoriental prestaba apoyo a esta radioemisora en la preparación de un documental en dos partes sobre la CEDAW;

Radio Klibur; transmite desde Dili pero su señal apenas se capta en el resto de Timor‑Leste;

Radio Voz; administrada por la Iglesia Cristiana transmite fundamentalmente enseñanzas religiosas.

257.La mayoría de estas nuevas radioemisoras se establecieron con fondos de los donantes y dependen de esta financiación para seguir funcionando.

258.Las radioemisoras comunitarias de todo el país transmiten algunos programas sociales. En septiembre de 2003, un grupo de pequeñas radioemisoras voluntarias fundaron “Timor Murak”, que se ocupa fundamentalmente de los derechos de las jóvenes adolescentes, e iniciaron una investigación basada en la comunidad (en la que participan tres radioemisoras comunitarias). “Labarik Nia Lian” (“Voces infantiles”) tiene tres estaciones y realiza investigaciones para detectar problemas locales que afecten a la infancia. En Bobonaro, Liquiça y Lospalos se iniciaron en 2004 distintos programas radiales dramáticos, programas con expertos y entrevistas. La radio comunitaria no llega al gran público, pero se transmite en las lenguas vernáculas, así como en tetum.

259.La radio comunitaria depende muchísimo de la ayuda de los donantes para sobrevivir. En 2001, el Proyecto del Banco Mundial sobre Participación de la Comunidad y la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional establecieron 12 radioemisoras comunitarias. Lamentablemente, debido a distintos problemas, casi siempre relacionados con la falta de fondos, la mayoría de esas radioemisoras comunitarias han salido del aire y sólo cinco financiadas por el CEP están funcionando actualmente en Lospalos, Liquiça (Radio Tokodede), Viqueque, Maliana y Oecusse.

La prensa

260.La prensa en Timor-Leste ha experimentado sus altas y sus bajas. Comenzó a florecer a principios de 2000. Aunque algunas de estas publicaciones existían durante la ocupación indonesia, hay ahora muchas nuevas. Y su circulación ha ido en aumento en Timor-Leste. Pese a que el número de lectores es limitado, se publican ahora muchos periódicos, revistas, boletines y tabloides de circulación diaria, semanal y mensual. Entre las publicaciones más destacadas están: Timor Post, Suara Timor Lorosa’e, Diario y Diario Tempo. Las publicaciones abarcan muy diversos temas, aunque la política y la gobernanza son los más característicos.

261.La mayoría de los periódicos son publicaciones plurilingües, a menudo en tetum, portugués, bahasa indonesia e inglés. Pocos se publican en un solo idioma. Cerca del 30% de la población tiene acceso a los periódicos y el 23%, a revistas y boletines.

262.Al igual que en el caso de los medios de información, las nuevas organizaciones de los medios de prensa dependían de los fondos de los donantes para realizar sus operaciones, ya que el bajo porcentaje de alfabetizados y la falta de poder adquisitivo por parte de la población equivalían a que los organismos de prensa no pudieran recaudar suficientes fondos para sostenerse. Era y sigue siendo necesaria la financiación de los donantes para sufragar los sueldos de los periodistas, la impresión y la distribución de publicaciones. Aunque también cabe decir que, pese a que está disminuyendo la proporción de los fondos de donantes que se asignan a los medios de información para el desarrollo de estos medios, todavía se hacen promesas de contribuciones de considerables sumas de los fondos de los donantes para los medios de información. Recientemente, esa disminución del apoyo de los donantes puso de manifiesto que una proporción importante de los medios de información de masas y de la prensa en Timor‑Leste todavía no se puede sostener con medios propios y corre el riesgo de cierre de sus operaciones, si cesan las donaciones.

263.En enero de 2005, Internews de Timor-Leste organizó un cursillo de análisis y planificación para los medios de información que reunió a 70 representantes de los medios de información y las ONG. La finalidad de este cursillo práctico era determinar la mayoría de los aspectos críticos para el desarrollo de las instituciones de los medios de información, así como elaborar estrategias para fomentar el papel de los medios de información como institución eficaz en un país democrático en desarrollo de reciente independencia que acababa de salir de un conflicto. Los representantes de los medios de información en Timor-Leste señalaron algunos problemas claves que planteaban un riesgo para esas instituciones en el país. En general, se determinó que al sector de los medios de información le faltaban: madurez y mayor viabilidad financiera y competencia técnica para asegurar su sostenibilidad a largo plazo, el desarrollo institucional, la supervisión de los medios de información, una legislación sobre los medios de información y capacidad para funcionar en un entorno propicio.

Los medios de información y los derechos humanos

264.Casi todas las radioemisoras, la televisión y los medios de prensa dedican tiempo y espacio específicamente a la difusión de información y al debate sobre cuestiones relacionadas con los derechos humanos. Muchas ONG firmaron acuerdos con los medios de información para facilitar la publicación de sus programas de derechos humanos.

265.Debido a la elevada tasa de analfabetismo, los medios electrónicos desempeñan una importante función en la divulgación al público. La cobertura electrónica puede ser problemática porque el suministro eléctrico en ocasiones falla, pero, en general, es evidente que las personas dependen de la radio comunitaria y la diligencia del gobierno local y la sociedad civil para difundir información, incluida la relacionada con los derechos humanos.

266.Los programas publicados en los medios de prensa y en los medios electrónicos abarcan una amplia diversidad de cuestiones relacionadas con los derechos humanos que atañen al contexto timorense como los derechos de los niños y las mujeres, la libertad de expresión, las garantías procesales, la participación política, y los amplios y diversos aspectos de la lucha contra la pobreza: un tema especialmente sensible para la mayoría de los timorenses orientales.

267.Entre las radioemisoras, RTK y RTL dedican muchas horas de transmisión a informar sobre cuestiones de interés para las mujeres y los niños. Los fondos aportados por la ACNUDH y la Oficina de Información Pública de la UNMISET han permitido también a la Dependencia de Derechos Humanos de la UNMISET/UNOTIL la transmisión de unos 100 programas de una hora de duración sobre cuestiones relacionadas con los derechos humanos, como son los derechos de las mujeres; la violencia contra la mujer, incluidas la violencia en el hogar y la explotación sexual con fines comerciales; la protección de la infancia; y los derechos humanos en las actividades policiales. La Oficina para la Promoción de la Igualdad, apoyada por la Dependencia de Asuntos de Género de la UNMISET, participó también en algunos debates sobre el papel de la mujer en las elecciones a los sucos en 2005, que se transmitieron por RTL.

268.En 2003, la OPI llevó a cabo también un cursillo de capacitación inicial de dos días de duración con la Dependencia de Supervisión de los Medios de Información de Internews, organismo noticioso con sede en Dili, sobre los medios de información y las cuestiones de género y, en particular, sobre la manera en que los medios de información pueden tratar las cuestiones de los derechos de la mujer. La OPI pidió a la Dependencia que emprendiera un análisis de la manera en que se representaba a las mujeres en los principales periódicos y en la radio de Dili. A partir de un formato específico de supervisión, se analizaron relatos presentados en dos periódicos y dos radioemisoras de Dili en un período de dos semanas. Los resultados del análisis de los programas radiales y la prensa demostraron que se hacían pocas referencias a las mujeres en los medios de información y que, cuando se hablaba de ellas, no se escuchaba la opinión de muchos grupos de mujeres, que en la mayoría de los casos aparecían como víctimas o en funciones estereotipadas. Este tratamiento de la mujer en los medios de información se analiza a fondo en el documento preparado en relación con la CEDAW.

269.Como seguimiento de esta capacitación inicial impartida por la OPI, los periodistas de Internews emprendieron posteriormente un proyecto en 2005 encargado por la Oficina con el título “Feto Buka Dalen”, una serie radial nacional en la que se explicaban los progresos y los problemas de la mujer en Timor-Leste desde la independencia. En total, se produjeron 12 programas de 20 minutos de duración sobre aspectos que se tratan en la CEDAW, como la salud, la educación, el empleo y el acceso de las mujeres a la justicia, con inclusión de un programa introductorio sobre la CEDAW y la presentación de informes a ese tratado. Se realizaron entrevistas a mujeres de todos los sectores de la población acerca de sus conocimientos y su experiencia sobre estas cuestiones y los programas se transmitieron en tetum en 16 radioemisoras comunitarias de cuatro regiones, Viqueque, Los Palos, Maliana y Alieu.

270.Una evaluación de este proyecto aportó información interesante. De las 400 personas entrevistadas, 289 (72%) realmente prestaron atención al programa. De estas 289, 159 (55%) conocían de todos los programas, 211 (73%) consideraron que la información era clara y comprensible, y 257 (89%) pidieron que continuara el programa. De las observaciones recibidas sobre los programas, un poco más de la quinta parte de los entrevistados dijo que los programas “mejoraron la educación de la comunidad”, “alentaron a las mujeres a ser independientes”, las fuentes utilizadas eran “creíbles y muy versadas en cuestiones de género”, y “alentarían a las mujeres a participar en el desarrollo del país”.

271.La OPI ha utilizado activamente los medios de información para promover los derechos de la mujer y la igualdad entre los sexos, además de crear conciencia acerca de la violencia contra la mujer. Por ejemplo, la Oficina apoya el concurso anual “Buka Hatene” o “En pos del conocimiento”, que comenzó en 2003, en el cual los estudiantes de secundaria participaron en un programa de preguntas y respuestas televisado sobre cuestiones relacionadas con el género y el equipo ganador recibió la “Copa Micato”, que es el apellido del actual Asesor del Primer Ministro para la Promoción de la Igualdad.

272.En el momento de redactar el presente documento, la OPI, conjuntamente con el Programa UNIFEM/CEDAW para Asia sudoriental, se proponía apoyar a una de las radioemisoras comunitarias, Radio Loriko Lian, en la preparación de un documental en dos partes sobre la CEDAW, que incluiría entrevistas con la comunidad sobre aspectos que abarca la Convención y la grabación de la actuación del grupo de baile de la CEDAW. Este documental se transmitirá posteriormente a todo Timor‑Leste para sensibilizar a toda la población acerca de la CEDAW.

273.Como ya se mencionó en otro párrafo, algunas ONG se dedican a publicar materiales sobre derechos humanos, por ejemplo: Lafaek, una publicación del Ministerio de Educación/Care International sobre los derechos del niño, y Babadok, boletín mensual producido por Fokupers, ONG nacional de mujeres. En estos momentos, se publica mucho menos sobre los derechos de otros grupos vulnerables, a saber, refugiados y ancianos o discapacitados, aunque los medios de información se muestran dispuestos a promover los intereses de los grupos vulnerables y minoritarios.

La sociedad civil

274.Timor-Leste tiene una larga historia de participación de los ciudadanos en la vida política. En la práctica, la lucha por la independencia se sostuvo en gran medida gracias a la movilización de una masa activa y crítica de timorenses.

275.La intervención internacional durante la crisis de fines de 1999, la transición política hacia un gobierno autónomo totalmente timorense y los procesos de desarrollo en marcha en el país han contado claramente, en la mayoría de los casos, con la participación activa de la sociedad civil. En el período que siguió a la independencia, se registró un rápido aumento de las ONG en Timor-Leste, tras la inscripción de varios centenares de organizaciones cívicas en el Foro de ONG de Timor-Leste. Sin embargo, no se había establecido un conjunto de criterios específico que fundamentase esas inscripciones, de ahí que muchas organizaciones cívicas pudiesen inscribirse independientemente de su carácter y sus funciones. Dada la falta de control en las inscripciones, la avalancha de inscripciones produjo un incremento de ONG que no tenían un fin concreto. Esta avalancha incontrolada del sector de la sociedad civil ha debilitado la posición privilegiada que tenían las ONG en el pasado. Históricamente, la sociedad civil estuvo integrada por un conjunto compacto y comprometido de organizaciones juveniles, religiosas y de mujeres que colectivamente se encargaban de tres funciones precisas: beneficencia, defensa de los intereses y desarrollo comunitario.

276.Pese a esa avalancha inicial después de la independencia, el número de ONG que desde 2002 realizan actividades en Timor-Leste ha disminuido en los últimos tres años. En diciembre de 2005, se consideraban activas en Timor-Leste 316 ONG nacionales y 77 internacionales. La disminución de las cifras obedece, según informes, a la falta de estabilidad financiera, a que algunas de ellas han dejado de ser organizaciones sin fines de lucro, al cambio de dirección a raíz de la contratación de sus dirigentes en la administración pública, a las políticas de los organismos de las Naciones Unidas, a la falta de apoyo de los donantes y a cuestiones administrativas. No obstante, hay ONG activas en todo el país, incluso en la isla de Atauro.

277.En 2005 entró en vigor una nueva ley sobre las organizaciones de la sociedad civil, la Ley 2005/5 sobre asociaciones sin fines de lucro, que exige a estas entidades que se inscriban como organizaciones de la sociedad civil, pero muchas ONG todavía no lo han hecho.

Actividades de la sociedad civil

278.La sociedad civil de Timor-Leste ha asumido numerosas funciones y actividades en todo el país. En los años de formación de la nación tras la independencia, la sociedad civil estuvo muy activa especialmente en la educación cívica para las elecciones a la Asamblea Constituyente de 2001 y las presidenciales de 2002, así como aportando sus observaciones y recomendaciones sobre el proyecto de Constitución y un proyecto de reglamento formulado por la Administración de Transición de las Naciones Unidas.

279.En estos momentos, la sociedad civil centra más su atención en el desarrollo. Las ONG internacionales tienden a realizar actividades relacionadas con la seguridad alimentaria, la nutrición, la rehabilitación de las comunidades, la educación, los derechos humanos, la formación profesional, el idioma inglés, las actividades con los jóvenes, las actividades de defensa, la medicina, la asistencia letrada, el agua y el saneamiento, la perspectiva de género, la transformación del conflicto y la enseñanza de la tolerancia, los servicios médicos a nivel de comunidades, las actividades remunerativas, la planificación del uso de la tierra y otras. Las ONG nacionales se ocupan más de la agricultura, la educación, la salud, la economía, el agua y el saneamiento, la infancia y los medios de información, y ponen de relieve la gran dependencia de la población nacional de la ayuda y el apoyo internacionales.

280.Las ONG han desempeñado y siguen desempeñando una importante función en la vigilancia y la notificación de violaciones de los derechos humanos en Timor-Leste, ya que hay ONG encargadas de los derechos humanos en casi todas las zonas donde existe la posibilidad de que se produzcan estas violaciones. Estas ONG siguen de cerca las actuaciones judiciales, la conducta de la policía y, con menos frecuencia, inspeccionan las condiciones en las cárceles, y además contribuyen a la investigación para la formulación de políticas y programas en Timor‑Leste.

281.Los métodos de intervención de las ONG van desde la prestación de servicios, el control, la promoción y la asistencia en la formulación de políticas y programas hasta la realización de actividades de desarrollo a nivel de base. A diferencia del gobierno local, que todavía sigue empeñado en establecer una capacidad operacional, las organizaciones de la sociedad civil han desempeñado una activa función en la prestación de servicios locales en numerosas esferas con cerca del 10% de la asistencia técnica y para el desarrollo recibida por Timor-Leste de los donantes, por un equivalente a unos 80 millones de dólares, por conducto de las ONG, fundamentalmente para programas destinados a grupos y comunidades locales.

Las organizaciones de mujeres de la sociedad civil

282.Congresos nacionales. En los últimos años, los congresos regionales y nacionales de mujeres han desempeñado la importante función de reunir a las mujeres para examinar muy diversos problemas que afectan a su vida cotidiana. En junio de 2000, el primer Congreso Nacional de Mujeres tuvo lugar en Dili, al que asistieron más de 500 mujeres de todo Timor‑Leste. En este congreso, se aprobó un plan de acción en el que se recomendaba, entre otras cosas, que las mujeres participaran en las instituciones nacionales y en los procesos nacionales de adopción de decisiones; que se pusieran en marcha programas de capacitación para alentar la participación de las mujeres en la vida política; se adoptara una política de representación mínima del 30% de mujeres en el Gobierno de transición; y se llevaran a cabo campañas en que se combatía la discriminación contra la mujer, uno de los principales problemas de Timor-Leste. El segundo Congreso de Mujeres, celebrado en 2004, también formuló recomendaciones análogas debido a que las mujeres seguían teniendo muy poca representación en la vida política y que hacía falta seguir reforzando su capacidad. Las mujeres que participaron en el Congreso de 2004 pidieron una representación del 50% en el Gobierno.

283.ONG de mujeres. La Rede Feto Timor Lorosa'e (Red de Mujeres de Timor-Leste), fundada en marzo de 2000, es una organización general que agrupa a unas 15 organizaciones de mujeres, fundamentalmente de la capital. Esta organización y otros grupos de mujeres defienden los derechos de las mujeres timorenses en esferas como la alfabetización, la violencia de género, la atención médica, el desarrollo de conocimientos especializados y el empoderamiento económicos, además de la participación en la vida pública. Estas organizaciones han logrado llevar adelante actividades de sensibilización sobre cuestiones que afectan a las mujeres del país y promover la aprobación de distintas leyes, como la introducción de la nueva ley sobre la violencia en el hogar y la formulación del Código Penal nacional.

Relaciones entre el Gobierno y la sociedad civil

284.El Gobierno considera que las ONG desempeñan una importante función en la vida del país y sus contribuciones al desarrollo nacional gozan del reconocimiento de todos. El Gobierno comprende el valor de la no intervención y del respeto a la independencia de las organizaciones de la sociedad civil, lo que crea, en la medida de lo posible, las condiciones necesarias para que esto ocurra.

285.Son muchos los ejemplos de asociaciones sólidas y de colaboración entre el Gobierno y la sociedad civil, encauzadas por medio de la planificación y la prestación de servicios en cooperación, consultas, cursillos y reuniones sobre cuestiones de interés mutuo. Tal es el caso en particular a nivel de gobierno local, en que las asociaciones suelen formarse en esferas como la atención de la salud, la educación, el agua y el saneamiento y la reconstrucción. Como se explicó ya en otros párrafos del presente documento, la OPI ha mantenido buenas relaciones de trabajo con las organizaciones de mujeres, como demuestra su colaboración con la red de mujeres, Rede Feto, en su campaña para asegurar el reconocimiento de las mujeres como veteranas de la resistencia.

286.No sorprende pues que el Gobierno y las ONG hayan tenido dificultades para colaborar en algunos sectores debido a las diferencias en sus prioridades o sus criterios. Por ejemplo, el Estado prefiere hacer hincapié en el fortalecimiento y la consolidación de las instituciones públicas porque son decisivas en las primeras etapas de desarrollo, perspectiva que no consideran necesaria las ONG. Concebidas a partir de una tradición de participación cívica y política en condiciones de opresión, hay veces que las organizaciones de la sociedad civil de Timor-Leste asumen una actitud de confrontación con el Estado. Alegan que el Estado ya no atiende los intereses sociales y se ocupa desproporcionadamente del fortalecimiento institucional y de aplicar un enfoque del desarrollo que excluye la participación.

287.El Gobierno se ha mostrado activo en las consultas con la sociedad civil y el público sobre propuestas legislativas y normativas, entre otras, la elaboración de la Constitución, la legislación relativa a los mares de Timor, la Ley sobre administración pública y la Ley sobre bienes inmuebles, aspecto que se reafirmó durante los cursillos prácticos regionales para la elaboración de estos informes. El Gobierno se niega también a dar respuesta a acusaciones que considera totalmente infundadas, lo mismo que ocurre con las acusaciones de corrupción.

288.Si bien es consciente del importante papel que corresponde a la sociedad civil y a las ONG en Timor-Leste, el Gobierno desearía que las propias ONG demostraran más transparencia y responsabilidad. En realidad, el Gobierno opina que algunas ONG no tratan de coordinar con otros organismos, en particular los organismos públicos, ni tampoco dan a conocer lo suficiente el ámbito de sus actividades y el uso que hacen de los fondos que reciben. Con este fin, el Gobierno acoge y apoya toda medida encaminada a fortalecer la eficacia de la sociedad civil y el respaldo de las ONG al ejercicio de los derechos por medio, por ejemplo, de mejores mecanismos de supervisión y presentación de informes. Dicho esto, el Gobierno reconoce que para que las ONG puedan llevar a cabo con eficacia sus iniciativas, por ejemplo, en el desarrollo o la lucha por prevenir y frenar las violaciones de los derechos humanos, el Gobierno debe estar dispuesto a trabajar de consuno con la sociedad civil y lograr el funcionamiento eficaz del aparato estatal correspondiente.

8. Los derechos humanos y el desarrollo

289.Redactado en 2002, el primer Plan Nacional de Desarrollo (PND) de Timor-Leste constituye una guía general de cinco años para el desarrollo del país con una visión para los próximos 20 años. La visión del pueblo de Timor-Leste hasta el año 2020 (“Visión 2020”), obtenida por medio de la consulta a nivel de todo el país con la sociedad civil, está muy vinculada a los objetivos de desarrollo del Milenio y a la Declaración del Milenio, aprobados por las Naciones Unidas. En el PND se incorporan la mayoría de los ODM como objetivos generales y sectoriales propios. Los objetivos paralelos del PND: reducir la pobreza en todos los sectores y regiones del país y promover un crecimiento económico que sea equitativo y sostenible, mejorar la salud, la educación y el bienestar de todos en Timor-Leste, se hacen eco de muchas maneras de los ODM y el desarrollo humano. El Gobierno realizó un esfuerzo concertado para fortalecer los vínculos entre la formulación de políticas y los programas para lograr el objetivo 1, a saber, la lucha contra la pobreza, aumentar las capacidades para dotar a estos objetivos con asignaciones presupuestarias anuales, y fortalecer las capacidades para orientar con claridad a los asociados para el desarrollo respecto de las prioridades para la asistencia. El Gobierno de Timor-Leste y el equipo de las Naciones Unidas para el país organizaron el primer cursillo práctico sobre los ODM en Dili en marzo de 2003, en el que el Primer Ministro dio a conocer una versión popular de la evaluación de la pobreza titulada “Timor-Leste: Como somos ahora”, que fue el resultado de la primera evaluación nacional de la pobreza llevada a cabo en estrecha cooperación con cuatro asociados para el desarrollo: el Banco Mundial, el Banco Asiático de Desarrollo, el PNUD y el Organismo Japonés de Cooperación Internacional (JICA).

290.La visión de Timor-Leste hasta 2020 es la de una nación estable, responsable y democrática basada en el imperio de la ley y libre de corrupción. Será una sociedad próspera caracterizada por una cultura tradicional dinámica, en la que todos disfrutarán de una alimentación adecuada, vivienda y ropa. Los niveles de vida, los servicios, la producción y el empleo habrán aumentado en todos los sectores y los ingresos se distribuirán de una manera justa. La población se habrá alfabetizado, tendrá conocimientos, oficios y podrá vivir largos años de vida productiva y sana. Las comunidades vivirán en un ambiente seguro sin discriminación y la población tendrá oportunidades de participar activamente en un desarrollo económico, social y político que promueva la igualdad social y la unidad nacional.

291.Junto con estos objetivos absolutamente prioritarios, en el PND se propone un conjunto de objetivos corolarios y metas de desarrollo (indicadores cuantitativos y cualitativos) para llevar adelante la visión del desarrollo de Timor-Leste en los próximos cinco años. Entre esos objetivos, y aunque todos están interrelacionados, los siguientes concuerdan directamente con los compromisos de la nación en materia de derechos humanos.

Mejorar la educación, la salud y el estado nutricional del pueblo de Timor‑Leste;

Promover la igualdad entre los sexos y el empoderamiento de las mujeres;

Aumentar el bienestar económico, social y cultural de las personas, las familias y las comunidades de Timor-Leste;

Asegurar la igualdad de oportunidades para obtener trabajo y aprovechar con eficacia la fuerza de trabajo;

Reducir la pobreza para todos de una manera equilibrada en la región;

Establecer una red de protección social para reducir la carga para los ciudadanos que puedan trabajar y ayudarse a sí mismos;

Establecer y administrar un sistema de justicia eficaz, accesible e imparcial que actúe de inmediato y con transparencia y de conformidad con los valores positivos y el patrimonio cultural de Timor-Leste;

Fortalecer una sociedad civil ya afianzada;

Aumentar la participación de los ciudadanos en los asuntos públicos y nacionales;

Fomentar una cultura de respeto de los derechos humanos (en particular en favor de las mujeres, los niños y otros grupos vulnerables, entre ellos los pobres) y el imperio de la ley; y

Promover un sólido sistema democrático multipartidista con un sistema consolidado de controles y separación de poderes.

292.El logro de cada uno de estos objetivos e ideas debe tener como premisa los principios de participación, no discriminación y equidad, la igualdad entre los sexos, la integración de los grupos vulnerables, el imperio de la ley y la democracia; así como el respeto de los valores y la cultura de los distintos grupos que integran la sociedad timorense oriental sean culturales, religiosos o de otra índole, y su preservación.

293.En todo el PND, se pueden observar los cinco principios básicos de un enfoque de la planificación del desarrollo basado en los derechos: responsabilidad, participación, no discriminación y atención a los grupos vulnerables, interdependencia y universalidad.

294.El carácter incluyente y participativo del proceso de preparación del Plan es singular, en particular para un país en desarrollo como éste que acaba de surgir. Esos procesos son esenciales para crear confianza y capacidad entre los timorenses orientales, los funcionarios públicos, la sociedad civil y las comunidades. El PND les pertenece, ya que refleja sus valores, necesidades, ideas, aspiraciones y prioridades.

295.El Gobierno ha realizado esfuerzos concertados para cumplir los ODM que se relacionan específicamente con las cuestiones de género, incluido el objetivo 3: promover la igualdad entre los sexos y empoderar a las mujeres, y el objetivo 5: mejorar la salud materna; dos destacados ejemplos en las esferas de la educación y la salud. Por ejemplo, el Ministerio de Educación está recopilando datos desglosados por sexo sobre la matrícula escolar, la tasa de deserción escolar y de terminación de estudios en las escuelas y la está aplicando la Estrategia nacional de salud reproductiva. Aunque todavía hay que elaborar los restantes ODM relacionados concretamente con el género y adaptarlos suficientemente para que reflejen las necesidades locales, el Asesor del Primer Ministro para la Promoción de la Igualdad ha ocupado un escaño permanente en cada uno de los grupos de trabajo sectoriales para asegurarse de que las cuestiones de género se incorporen en la formulación y ejecución de los programas de inversiones sectoriales.

Indicadores del desarrollo basados en los derechos

296.Basándose en gran parte de los ODM, el PND y sus objetivos prevén un enfoque del desarrollo basado en los derechos que se guiará y medirá por un conjunto diferenciado de indicadores del desarrollo. Los principales indicadores del desarrollo señalados en el PND guardan relación directa con los presentados en los ODM generales, lo que demuestra el deseo de armonizar el PND con el compromiso de Timor-Leste con los ODM. También significa que el éxito en la ejecución del PND indica que se han cumplido con éxito los ODM. Muchos de estos indicadores y parámetros de referencia están también en correspondencia directa con las obligaciones del Gobierno en materia de derechos humanos, lo que crea el marco necesario para un desarrollo basado en los derechos y para la realización gradual de los derechos económicos, sociales y culturales que se han de medir.

297.Destinados a medir los progresos en la consecución de las metas nacionales, los indicadores del desarrollo se agrupan alrededor de cuatro grandes temas: económicos, sociales, seguridad y empoderamiento. Es importante que la igualdad entre los sexos sea una constante de todos ellos.

298.Los indicadores económicos son el porcentaje de pobreza, el crecimiento de los ingresos (PIB agregado y per cápita), la desigualdad en la distribución de los ingresos, la participación en la fuerza de trabajo y el empleo. Los indicadores sociales son disponibilidad de alimentos, acceso a la educación y su utilización, salud, acceso al agua potable libre de impurezas y saneamiento básico. Se medirán las tasas de terminación de estudios de primaria, alfabetización de adultos, distancia a pie de la escuela primaria más cercana, esperanza de vida, mortalidad materna e infantil, distancia a pie de los servicios de vivienda más cercanos, y disponibilidad de viviendas. Los indicadores de la seguridad se refieren a seguridad personal y alimentaria, así como seguridad frente a conmociones y desastres. Los indicadores del empoderamiento son el número de asociaciones voluntarias y la participación de grupos, la votación en las elecciones, las tasas de participación de jóvenes en las organizaciones sociales o culturales, así como indicadores de la igualdad entre los sexos y el empoderamiento de las mujeres determinado por medio del grado de representación en las principales instituciones (véase el anexo 2.1 del PND).

Programas de inversiones sectoriales y planes de acción anuales

299.Algo importante es que el PND no debe considerarse por separado y que sigue siendo objeto de revisión y mejora. El PND se debe leer junto con sus componentes complementarios que actualmente incluyen programas de inversiones sectoriales y planes de acción anuales. Si un defecto tiene el PND en cuanto a especificidad o la formulación necesaria para asegurar el cumplimiento de las obligaciones del Gobierno en materia de derechos humanos, está, en su mayor parte, en el conjunto de programas de inversión sectoriales y los planes de acción anuales que Gobierno de Timor-Leste examina todos los años. Los programas de inversiones sectoriales presentan las estrategias de mediano plazo del Gobierno para la realización de los objetivos y las perspectivas del PND, mientras que los planes de acción anuales son los planes presupuestarios anuales para la ejecución de los programas de inversiones sectoriales. Los programas de inversiones sectoriales proporcionan al Gobierno y a la comunidad de donantes un conjunto de prioridades y de programas de desarrollo claramente argumentados para cada sector que contribuyen al logro de los ODM. Para identificar mejor las prioridades en cada programa de inversión sectorial respectivo, el Gobierno ha establecido grupos de trabajo en cada sector, tres de cuyos miembros son permanentes, a saber, la Oficina para la Promoción de la Igualdad, el Ministerio de Relaciones Exteriores y Cooperación y el Ministerio de Planificación y Finanzas.

300.Los mecanismos prácticos para mejorar la prestación de servicios de educación y los progresos hacia mejores normas de salud en Timor-Leste figuran entre las características más prominentes basadas en los derechos humanos del conjunto de programas de inversiones sectoriales. Concretamente, por ejemplo, para 2015 debe estarse ejerciendo el derecho a la educación gracias a la educación básica gratuita y a la facilidad de acceso a la educación mediante el establecimiento de una escuela primaria en cada suco. Además, la educación se ha de basar en los principios de, entre otras cosas, equidad y accesibilidad de los servicios, en particular respecto del género, los pobres, las comunidades rurales y étnicas y otros sectores desfavorecidos de la sociedad, de conformidad con el desarrollo basado en los derechos que prioriza la atención a los grupos más vulnerables de la sociedad.

301.Para lograr las normas de salud más altas alcanzables, actualmente se prestan servicios de salud gratuitos y se cuenta con un conjunto de políticas para mejorar la salud materno-infantil y asegurar intervenciones económicas para prevenir, controlar o tratar problemas que causen la enorme tasa de morbilidad del país. En el programa de inversión sectorial en atención de la salud se reconoce expresamente que el Ministerio de Salud no puede abordar por sí solo los factores determinantes de la salud, sino que la educación, los ingresos, la vivienda, los alimentos, el agua y el saneamiento son fundamentales, lo que refleja la necesidad de contar con un enfoque multisectorial que claramente se base en el principio de la universalidad.

302.Si bien el establecimiento de un marco jurídico y de orden público es, con toda razón, una prioridad y constituye el eje del desarrollo del sector de la justicia, el enfoque basado en los derechos se refleja también en la amplia diversidad de políticas encaminadas a mejorar los servicios que presta ese sector, así como a fortalecer a los mecanismos de supervisión y rendición de cuentas.

303.El Gobierno ha estado desplegando una ardua labor para establecer vínculos entre la presupuestación y el PND por medio de los planes de acción anuales elaborados por cada organismo. En esta primera etapa, mucho queda aún por hacer para establecer claros vínculos entre las asignaciones presupuestarias para programas ministeriales específicos y las obligaciones del Estado en materia de derechos humanos. Ahora bien, al igual que ocurre con muchas políticas de desarrollo, las asignaciones presupuestarias reflejan también una considerable asignación basada en los derechos.

304.Para ofrecer algunos ejemplos, durante el año fiscal 2004-2005, la educación y la salud recibieron el 36,4% del presupuesto general del Estado. Aunque esta cifra disminuyó a 32% en el ejercicio fiscal 2005-2006, el porcentaje en el presupuesto general del Estado sigue siendo alto. El 45% del presupuesto de educación se asigna a la enseñanza primaria, entre otras cosas, como medio de promover la enseñanza primaria universal de calidad.

305.De conformidad con el Marco de la política sanitaria, la mayor parte de los gastos en salud se han concentrado en los servicios de atención primaria y profilaxis a nivel de distritos. Se han logrado adelantos en el restablecimiento de la infraestructura básica para la inmunización, a fin de lograr un 73% de vacunación contra la difteria y la tos ferina, 72% de vacunación contra el tétanos y 70% contra el sarampión. El Ministerio de Agricultura asignó también casi el 65% de su presupuesto para 2004-2005 a programas y actividades con el objeto de aumentar la producción de alimentos e incrementar la productividad de la agricultura y la ganadería, por ser este último un elemento decisivo en los esfuerzos generales para aumentar la seguridad alimentaria del país.

306.Estos son solo algunos ejemplos. No obstante, hay que mejorar muchísimo la capacidad técnica de los actuales funcionarios de planificación y presupuesto de los ministerios sectoriales del Gobierno para poder hacer un análisis del presupuesto basado en los derechos.

Ayuda extranjera al desarrollo basado en los derechos

307.El Gobierno no puede en estos momentos hacer una evaluación integral de hasta qué punto la asistencia de los donantes está apoyando el cumplimiento de sus compromisos en materia de derechos humanos. No obstante, cabe señalar que la ayuda extranjera (asistencia oficial para el desarrollo, AOD) ha proporcionado hasta la fecha un apoyo notable a las esferas de la educación, la salud y la agricultura, sobre la base de los derechos, además se ha asignado una suma considerable a la formación de policías.

308.El Gobierno ha mantenido firmemente que en la AOD se deberían tener en cuenta directamente los criterios del Gobierno, las metas, los principios rectores, las políticas y las prioridades asignadas entre sectores, como se señala en el PND y los programas de inversiones sectoriales, y la ayuda debería encaminarse a la determinación y formulación de los futuros programas y proyectos de asistencia.

309.En general, la AOD, en sus diversas formas, ha financiado desde 1999 la mayoría de los gastos públicos, en los que por necesidad se han incluido importantes iniciativas basadas en los derechos. Esta tendencia comenzó a disminuir, y así seguirá en los últimos dos o tres años del Plan. Cabe esperar que la comunidad de donantes siga prestando apoyo, primordialmente en la forma de desarrollo y asistencia técnica. Las proyecciones actuales indican que el nivel de desarrollo y asistencia técnica per cápita disminuirá constantemente de 236 dólares en los primeros años a unos 100 dólares per cápita.

9. Incorporación de la perspectiva de género

Contexto

310.Según los resultados provisionales del censo de 2004, en julio de 2004 había un poco más de 450.000 mujeres en Timor-Leste, equivalente a casi la mitad de la población. Las niñas menores de 18 probablemente sean unas 225.000, o sea cerca de la mitad de la población femenina. Unas 120.000 mujeres trabajaban en julio de 2004, lo que representaba el 41% del total. Casi dos tercios de esas mujeres trabajaban en el sector agrícola, fundamentalmente en la agricultura de subsistencia, con niveles de productividad muy bajos. En el sector no agrícola, las mujeres representan un 45% de la fuerza de trabajo integrada por un poco más de 100.000 personas.

311.La plena participación de las mujeres en el proceso de fundación de la nación requiere su pleno acceso a todos los servicios sociales, por ejemplo, la salud y la educación. Según datos presentados en el Plan Nacional de Desarrollo, dos tercios de las mujeres con edades entre 15 y 60 años son analfabetas y 20% de los niños matriculados en las escuelas rara vez asiste a clases. Aunque no se dispone de datos al respecto, se conoce que son niñas fundamentalmente las que dejan de asistir a la escuela en los primeros grados para ayudar en la agricultura de subsistencia y en las tareas domésticas.

312.Las mujeres tienen más probabilidades de recibir menos alimentos que los hombres y un tercio de las mujeres con edades entre 15 y 49 están desnutridas y padecen el síndrome de astenia crónica. Las mujeres también presentan mala salud y su acceso a los servicios médicos es limitado. La salud de la mujer guarda una estrecha relación con su función reproductiva. Según el Censo de 2004, la tasa de fecundidad de Timor-Leste era de 7,0 niños por mujer, entre los más altos del mundo y muy superior al de otros países de Asia sudoriental. Esto pone de manifiesto la falta de conocimiento de las mujeres acerca de sus derechos reproductivos y del acceso a los servicios de planificación de la familia y a la información. Hay pocos centros de cuidados prenatales y postnatales, así como escasez de parteras calificadas. Esto ha dado lugar a una elevada tasa de mortalidad materna que, según el Ministerio de Salud, es de unas 800 muertes maternas por cada 10.000 nacidos vivos.

Incorporación de la perspectiva de género en todos los sectores del Gobierno

313.Todavía no se ha incorporado a nivel nacional la perspectiva de género en las políticas que ha aprobado el Consejo de Ministros. Tampoco había políticas específicas sobre igualdad entre los sexos para algún sector en el momento de redactar el presente documento. Dicho esto, no obstante, el Gobierno aprobó una “política” de incorporación de la perspectiva de género, que se esboza en el PND y que determina que la promoción de la igualdad entre los sexos mediante la incorporación de la perspectiva de género es una estrategia clave de la lucha contra la pobreza. La igualdad entre los sexos se considera en todo el PND, pero especialmente en tres sectores claves: empoderamiento económico de la mujer, educación y salud, donde se establecen estrategias, programas e indicadores de resultados para medir la igualdad entre los sexos.

314.En 2003, la OPI recibió el encargo de establecer un conjunto de directrices para la incorporación de la perspectiva de género y dedicó una de sus cuatro esferas programáticas a promover la coordinación y cooperación en el Gobierno central para asegurar la incorporación de la perspectiva de género en todos los procesos de formulación, planificación y aplicación de políticas. El Gobierno ha hecho hincapié en el método de crear capacidad de los diferentes ministerios para la realización de análisis basados en la perspectiva de género y elaborar distintos programas y políticas, en lugar de dejar la tarea de incorporación de la perspectiva de género a un departamento como la OPI. Estos conjuntos de directrices reafirman que la planificación de la lucha contra la pobreza es la prioridad inmediata, seguida de la agricultura, el comercio, la educación y la salud como principales sectores, en los que la incorporación de la perspectiva de género es fundamental para una planificación eficaz.

Estrategia

315.La estrategia de la OPI para la incorporación de la perspectiva de género se centra en la creación de capacidad en los diferentes organismos públicos para integrar una perspectiva de género en sus programas y políticas, lo que conlleva lo siguiente:

Nombramiento de coordinadores sobre cuestiones de género en los diferentes ministerios, que constituyen un Grupo de trabajo interministerial;

Organización de actividades de capacitación para esos coordinadores de cuestiones de género y para el personal básico de los ministerios y otros organismos públicos;

Establecimiento de mecanismos y fortalecimiento de los principales organismos públicos que asumirán funciones decisivas para la incorporación de la perspectiva de género y pueden servir de estructuras de apoyo, a saber, el análisis de la legislación basado en el género, la elaboración de estadísticas desglosadas por sexo y el control y la evaluación de la actividad de planificación estatal, así como un grupo de apoyo a los instructores nacionales;

Coordinación de los esfuerzos emprendidos en los diferentes organismos públicos para asegurar que los enfoques aprobados estén en consonancia con la política nacional en materia de género y los instrumentos internacionales ratificados por el Gobierno, como la CEDAW.

316.Como parte del programa de trabajo emprendido para aplicar las estrategias antes descritas, la OPI celebró reuniones de trabajo durante el período 2003-2005 e impartió capacitación sobre el concepto de género e igualdad para todos los ministerios y departamentos a nivel nacional y, en menor medida, a nivel local, concretamente para los funcionarios encargados de la programación y planificación en el ministerio o la institución correspondientes.

317.La Oficina creó también un Grupo de trabajo interministerial de coordinadores de cuestiones de género y, con el apoyo del UNIFEM, organizó un cursillo de cinco días de duración en junio de 2004 para analizar las cuestiones de género en el programa de inversión sectorial “Derechos, igualdad y justicia”. Después de este cursillo, la OPI detectó algunas deficiencias que podrían obstaculizar la incorporación efectiva de la perspectiva de género y formuló recomendaciones que el Gobierno deberá poner en práctica y que se han incluido en la versión actualizada del programa de inversión sectorial antes mencionado (2005), así como en el Programa III de apoyo a la transición y en el Programa I de apoyo a la consolidación, coordinados por el Banco Mundial. Más adelante en la presente sección figura un resumen de esas recomendaciones.

318.La OPI creó también un Grupo de apoyo a la capacitación, que se ha beneficiado de varios cursos de capacitación en los dos últimos años y actualmente puede encargarse de la capacitación sobre los conceptos de género, incluso de sensibilizar sobre el tema, así como del análisis sobre cuestiones de género y de la planificación a nivel de gobierno y la sociedad civil teniendo en cuenta la perspectiva de género. Ahora bien, todavía no se ha llevado a cabo ninguna evaluación oficial de la capacidad para aplicar de forma autónoma lo que se ha aprendido en esa capacitación.

319.El Ministerio de Trabajo y Reintegración en la Comunidad nombró a un coordinador permanente de las cuestiones de género y elaboró un Plan de acción para el Ministerio cuya finalidad primordial es buscar solución al desequilibrio en la representación de la mujer entre sus funcionarios y en la administración de los recursos humanos. El nombramiento de este coordinador de cuestiones de género es un buen ejemplo del aumento del compromiso de los dirigentes con la promoción de la igualdad entre los sexos. El Ministerio de Agricultura, Silvicultura y Pesca también está en trámites para establecer una Dependencia de Género tras el reciente nombramiento de su coordinador de cuestiones de género a tiempo completo.

320.En el momento de redactar el presente documento, la OPI estaba contratando asesores sobre el género para dos ministerios: Educación y Salud. Los asesores llevarán a cabo una evaluación de las cuestiones de género en ambos sectores, y establecerán un sistema de coordinadores de cuestiones de género más estable, además de formular las políticas en materia de género para ambos sectores.

321.La OPI prestó asesoramiento en las deliberaciones con miras a elaborar una estrategia de incorporación de la perspectiva de género para la Policía Nacional de Timor‑Leste. Esta estrategia se encaminaría a abordar los desequilibrios en materia de género en la Policía Nacional de Timor‑Leste, así como a la creación de algunos de sus programas más importantes, como la sensibilidad de la policía respecto de los problemas de la mujer y el mantenimiento del orden en las comunidades.

322.Tras esta primera etapa de actividades de sensibilización, la OPI volcó su atención más directamente en la promoción de mecanismos en diferentes organismos públicos para ayudar al Gobierno a hacer frente a los problemas de la incorporación de la perspectiva de género, así como a cumplir algunos de los requisitos fundamentales para la incorporación efectiva de la perspectiva de género. Como parte de este esfuerzo, se estableció una relación más estable con la Dirección Nacional de Planificación y Coordinación de Asistencia Externa (DNPCAE). Los oficiales de planificación de esta Dirección han podido controlar cada vez más la formulación de planes de acción anuales (que antes no contenían políticas específicas para la promoción de la igualdad entre los sexos) y otras actividades de planificación (como los programas de inversiones sectoriales) en los organismos públicos. En coordinación con la DNPCAE, la OPI creó también “listas de comprobación por sexos” para los sectores prioritarios que complementan sus directrices sobre la incorporación de la perspectiva de género. Estos instrumentos se introducen en las subdivisiones de planificación de los diferentes ministerios y actualmente se están elaborando y poniendo a prueba mediante un proceso de participación. También se están traduciendo al tetum.

Presupuestación de las cuestiones de género

323.La OPI llevó a cabo varias sesiones de capacitación con el Grupo de apoyo a la capacitación, los coordinadores de cuestiones de género y el personal directivo del Ministerio de Planificación y Finanzas durante 2003-2004, con el objetivo de aumentar la capacidad para analizar los presupuestos y las políticas desde la perspectiva de género e integrar las cuestiones de género en la formulación de políticas. Hasta el presente, las organizaciones donantes han prometido aportar la mayor parte de los recursos para la incorporación de la perspectiva de género. Hace falta con urgencia que las organizaciones donantes presten otro tipo de apoyo, en la forma de recursos suficientes (consultores, tiempo y financiación).

324.El Gobierno considera que la incorporación de la perspectiva de género en todos los sectores es fundamental para asegurar la aplicación de los principios establecidos en el PND, así como el cumplimiento de las obligaciones contraídas en virtud de tratados, en particular las que se refieren a la CEDAW. Por tal motivo, la OPI propuso que se hiciera una reasignación en el presupuesto para apoyar y adaptar programas e instrumentos específicos, además de organizar la capacitación del personal y la planificación de la incorporación de la perspectiva de género a fin de asegurar la existencia de los recursos humanos y financieros correspondientes. La OPI propuso que se estableciera una reserva de aproximadamente 5% del presupuesto de cada sector para asistencia técnica a esos efectos, asegurar la capacidad de ejecución y también con fines de control y evaluación. De hecho, la DNPCAE prevé que los planes de acción anuales para el ejercicio fiscal 2006-2007 integren una perspectiva de género más firme en su programa e incluso que aumenten los créditos presupuestarios.

325.En el momento de redactar el presente documento, el UNIFEM elaboraba una estrategia de presupuestación destinada a atender las cuestiones de género en Timor‑Leste, que se aplicará en cooperación con la OPI y la DNPCAE, y se centrará en el fortalecimiento de la capacidad de las autoridades principales en las esferas de la gestión de las finanzas públicas y la incorporación de la perspectiva de género. A nivel sectorial, el proyecto se centrará en dos ministerios sectoriales fundamentales, Salud y Agricultura, para seguir apoyando la creación de programas de inversiones sectoriales. Además, la finalidad del proyecto es aprovechar la experiencia de los eruditos en el análisis de los presupuestos estatales y la aplicación de las políticas. Se prevé que este conocimiento se ponga después a disposición de las ONG de mujeres para fortalecer su labor de defensa, además de prestar asistencia a la OPI en el seguimiento de los progresos que se logren en la incorporación de la perspectiva de género. Por otra parte, los ministerios sectoriales señalados contarían con una base independiente y fiable de comparación de sus propios procesos de cálculo y evaluación.

Análisis de la legislación desde la perspectiva de género

326.La OPI, en colaboración con el Ministerio de Justicia y la Dependencia de Derechos Humanos de la UNOTIL, publicaron un material sobre los derechos de la mujer garantizados en la legislación nacional, cuya finalidad es sensibilizar aun más tanto al Gobierno como a la sociedad civil acerca de los derechos de la mujer. Como ya se señaló, han comenzado las deliberaciones con el Ministerio de Justicia para la creación de un mecanismo encargado del análisis de políticas específicas desde la perspectiva de género y un proyecto de ley.

Datos desglosados por sexos

327.La encuesta inicial realizada en los sucos en 2001, la encuesta por hogares para la medición del nivel de vida de 2002, la Encuesta agrupada de indicadores múltiples de 2002, una encuesta demográfica y de salud realizada en 2003 y el primer censo nacional de 2004 aportaron un amplio conjunto de indicadores de resultados con todas las variables principales desglosadas por sexo. Sin embargo, dado que el género no ha sido una prioridad para los organismos internacionales interesados, no se integró la perspectiva de género en la recopilación de datos. De resultas de ello, los datos, pese a que están desglosados por sexo, en general no consideran este aspecto en particular.

328.Las principales deficiencias en la disponibilidad de los datos desglosados por sexo están en el sistema administrativo de los datos. No existen sistemas para recopilar, cotejar y actualizar periódicamente los datos y desglosarlos por sexo como cuestión de rutina. En la mayoría de los casos, pudimos obtener los datos que necesitábamos para el presente informe, pero casi siempre mediante gestiones especiales para que se desglosaran los datos por sexo. En algunos casos, los datos básicos tanto para las mujeres como para los hombres se han tenido que poner en orden especialmente a partir de registros de datos primarios.

329.Una dificultad específica es la falta de datos desglosados por sexo sobre los procesos que dan lugar a resultados desiguales para la mujer. En la mayoría de los organismos públicos, por regla general, faltan datos de personal y recursos humanos sobre nombramientos, ascensos, capacitación, etc., cuando existen, no suelen desglosarse por sexo. Algunas de las tabulaciones de rutina que solicitan los organismos públicos a la División de Administración Pública y Empleo Público (CISPE) tampoco están desglosadas por sexo. En la mayoría de los casos, tampoco se dispone de datos desglosados por sexo sobre procesos críticos en el sistema de salud: los datos se siguen comunicando por tipos de enfermedades (en lugar de la edad, el sexo, etc. del paciente), las camas de hospital (en lugar de la edad, el sexo, etc. del ocupante). Por tal motivo, resulta imposible analizar los aspectos en que existe una discriminación posible o grave.

330.Los indicadores de procesos sobre cuestiones fundamentales relacionadas con el género, en particular la violencia contra la mujer, son relativamente abundantes gracias a los esfuerzos especiales realizados por los organismos internacionales y los consultores de contratación internacional. Actualmente se está llevando a cabo un proyecto con la Policía Nacional de Timor‑Leste para integrar estos indicadores y para el desglose por sexo como cuestión de rutina de todos los datos obtenidos del sistema de justicia penal en una base nacional de datos sobre la delincuencia.

331.Los datos desglosados por sexo resultan sumamente útiles en la formulación de políticas en distintos sectores, entre ellos la educación, la justicia y la salud. No obstante, esto es fundamentalmente el resultado de la función de los organismos internacionales en la formulación de políticas, y de que los datos se obtienen fundamentalmente de las encuestas. Todavía no se han creado sistemas nacionales para el control ordinario de la aplicación de políticas y la ejecución de programas mediante el procesamiento de datos del sistema administrativo. Son muy pocos los que reconocen, en particular entre el personal nacional, la necesidad de incorporar en esos sistemas datos desglosados por sexo y que tengan en cuenta las necesidades de la mujer.

332.En el momento de redactar el presente documento, la OPI trabaja en cooperación con la Dirección Nacional de Estadísticas en el análisis por sexo de los datos del censo y la evaluación de las actuales bases de datos con que cuenta el Estado desde la perspectiva de género. Esta actividad conlleva la capacitación de los usuarios y los productores de datos desglosados por sexo para asegurar que se recopilen estos datos de acuerdo a las necesidades de los usuarios, lo que permitiría establecer ciclos normativos y programáticos y formular programas y políticas que tengan en cuenta la perspectiva de género.

Papel de los hombres y los niños en la promoción de la igualdad entre los sexos

333.En todos sus cursillos sobre el género, la OPI siempre ha hecho hincapié en que la promoción de la igualdad no es solo una práctica de la mujer y en que el concepto de “género” incluye tanto a hombres como a mujeres. Por eso, en todos los cursillos sobre sensibilización e incorporación de la perspectiva de género los destinatarios han sido tanto hombres como mujeres, aunque hay que decir que las beneficiarias de esos programas han sido las mujeres. En 2005, un total de 70 funcionarios (26 mujeres y 44 hombres) del Ministerio de Planificación y Finanzas, la OPI y los coordinadores de cuestiones de género de los ministerios, así como el personal de planificación de los ministerios sectoriales recibieron capacitación sobre cuestiones de género. Diecisiete funcionarios (9 mujeres y 8 hombres) de la DNPCAE y los directores de planificación de los principales organismos públicos aumentaron sus conocimientos técnicos, adquirieron cierto grado de confianza en el uso de los instrumentos de incorporación de la perspectiva de género y cuentan con la capacidad de promoción de la política, la planificación y la vigilancia de la perspectiva de género.

334.La OPI ha concentrado sus esfuerzos en dirigir sus programas de sensibilización sobre cuestiones de géneros a niños y niñas. Por ejemplo, ambos participaron en el mencionado programa de preguntas y respuestas “Buka Hatene ” para estudiantes de secundaria y ambos se beneficiaron de los cursillos de instrucción organizados por la Oficina. La OPI se esfuerza decididamente en sensibilizar y educar a todos los hombres acerca de la importancia de la igualdad entre los sexos en el desarrollo.

335.En la cultura timorense existe la creencia de que los hombres tienen más derechos que las mujeres. Dado que en Timor-Leste se ha arraigado una firme cultura patriarcal, el primer paso en la capacitación de la OPI es alentar a los hombres a tener mente abierta y a ser receptivos a las ideas del género, la igualdad entre los sexos y las funciones de las mujeres en sociedad. Es fundamental que se haga una correcta interpretación del concepto de género para que haya apertura y voluntad de luchar por la eliminación de la discriminación contra la mujer en Timor‑Leste. La dificultad con gran parte de la capacitación en el pasado ha sido que los hombres tienden a dominar las conversaciones y las mujeres, en particular las más sencillas de pueblo, no tienen suficiente espacio para expresar sus opiniones. Pese a esta tendencia, la OPI reconoce la importancia de los hombres en la sensibilización sobre cuestiones de género y ha trabajado en estrecha colaboración con organizaciones como AMKV (Asosiasaun Mane Kontra Violencia – Asociación de Hombres contra la Violencia), fundada en 2002, que ha estado promoviendo el fin de la violencia de género y realizando esfuerzos para lograrlo. Otro de los objetivos de esta organización es también fomentar el conocimiento de los hombres acerca de las cuestiones de género. La labor de la AMKV en relación con la violencia de género se analizará más a fondo en el informe preparado para la CEDAW.

Dificultades para incorporar la perspectiva de género

336.Aunque hasta el presente se han logrado importantes adelantos, las dificultades con que se ha tropezado para incorporar las cuestiones de género en las actividades principales han influido enormemente en los resultados alcanzados.

337.Una de esas dificultades ha sido la idea de la incorporación de la perspectiva de género como una estrategia “más” y una “carga” adicional para funcionarios públicos que ya están sobrecargados de trabajo. En la actualidad no existe un sistema de incentivos que estimule a las personas y a las instituciones a alcanzar los objetivos de la incorporación de la perspectiva de género. Es más, pese a la firme voluntad política que existe para promover la igualdad, todavía no hay suficiente sensibilidad cultural, y que hay cierta resistencia en determinados sectores a aceptar siquiera la idea de que existe discriminación contra la mujer. Cuando se ha llegado a reconocer la necesidad de incorporar la perspectiva de género en los programas y políticas, se ha considerado, por regla general, que se trata de una responsabilidad exclusiva de la OPI, lo que supone una sobrecarga de trabajo para la Oficina. En lugar de dedicar su tiempo a la formulación y de control de la política, la OPI se ha convertido en el único organismo público encargado tanto del apoyo técnico al organismo principal como de llevar realmente a la práctica sus programas y políticas en materia de igualdad entre los sexos.

338.La falta de capacidad técnica para incorporar las cuestiones de género en los ciclos de programas y políticas es también uno de los principales obstáculos. Esto se hace sentir en todo el Gobierno, incluso en la OPI, donde el número de funcionarios capaces de encargarse de esas tareas es muy limitado. Los coordinadores de cuestiones de género que se han nombrado suelen ser funcionarios subalternos que no tienen la calificación ni los conocimientos para promover las cuestiones de género. Para poner un ejemplo, durante la formulación de los programas de inversiones sectoriales, el plazo para realizar esta tarea fue sumamente corto, lo que sumado a la falta de conocimientos técnicos de los funcionarios para analizar las cuestiones de género, creó grandes obstáculos. Al final resultó tanto una tarea de análisis de las cuestiones de género como un cursillo de capacitación para los participantes. Estos factores, sumados a las limitaciones presupuestarias y, hasta cierto punto, el poco tiempo que medió entre la contratación de los auxiliares técnicos y la consiguiente planificación, dificultó en gran medida la puesta en práctica de un programa general que incorporara la perspectiva de género.

Recomendaciones y prioridades inmediatas de la OPI

339.El grado de éxito de la incorporación efectiva de la perspectiva de género depende de una dirección y un compromiso firmes a todos los niveles, además de apoyo sustancial e impulso de la sociedad civil, las ONG, los intelectuales y otras organizaciones comunitarias.

340.La OPI recomendó concretamente que el Consejo de Ministros formulara y aprobara una política nacional para la incorporación de la perspectiva de género, para que quedase en claro que la incorporación de la perspectiva de género es responsabilidad y obligación de todos los sectores. Tal como están las cosas, no basta priorizar las cuestiones de género en el plan nacional de desarrollo para garantizar el compromiso de todos los sectores.

341.En el futuro previsible, la OPI seguirá comprometida a trabajar directamente con la DNPCAE para mantener, supervisar y atenerse a las prioridades y poner en marcha los trabajos. Esto incluye seguir introduciendo y asimilando las “Directrices sobre incorporación de la perspectiva de género” y las “Listas de comprobación sobre cuestiones de género” en los ministerios sectoriales y en los sectores, además de organizar reuniones de coordinación ordinarias para la incorporación de la perspectiva de género. Se crearán equipos técnicos o grupos de trabajo encargados de examinar las consecuencias de la incorporación de la perspectiva de género y asesorar sobre las mejores prácticas que se aplicarán en los programas y políticas. Estos grupos estarán integrados por todos los interesados directos pertinentes, entre ellos los miembros de la sociedad civil.

342.Mediante una evaluación de los efectos de incluir la perspectiva de género se determinarán los efectos de las políticas y los programas en hombres y mujeres. Para apoyar este proceso, se establecerán indicadores realistas, en que se tengan en cuenta las perspectivas de género en todos los programas que deberán reflejar los principios de los ODM, la CEDAW y la Plataforma de Acción de Beijing.

343.La OPI alentará a todos los sectores y ministerios a recopilar datos desglosados por sexo para los programas y las políticas y evaluará los efectos de este programa. La recopilación de datos debería adaptarse de manera que tenga en cuenta la perspectiva de género y todos los sectores deberán establecer bases de datos que contengan datos desglosados por sexo. Estas bases de datos deben sistematizarse y ser de fácil acceso. Toda investigación futura llevada a cabo deberá incorporar la dimensión de género.

344.Dado que los distintos sectores son responsables de crear sus propios programas y políticas, la OPI considera que es fundamental que todo el personal que participa en los procesos de planificación y adopción de decisiones conozcan los conceptos relacionados con el género, así como las metodologías con las que se puede integrar la perspectiva de género en el ciclo de formulación de políticas. Para lograrlo, se seguirá impartiendo capacitación sobre conceptos básicos relacionados con el género, la formulación de políticas que tenga en cuenta este aspecto y la determinación de los efectos de esa incorporación que supongan la definición de indicadores, así como la recopilación de datos. También se deberá incluir un curso de capacitación sobre “Género y desarrollo” con una institución académica tanto para el personal de la OPI como para los coordinadores de cuestiones de género que adquirirán conocimientos más pormenorizados en esta esfera.

D.Función del proceso de presentación de informes en la promoción de los derechos humanos a nivel nacional

345.Tras ratificar los tratados básicos de derechos humanos en 2003-2004, el Gobierno de Timor-Leste contrajo la obligación de informar sobre los progresos logrados en la aplicación de los derechos y las libertades que se había comprometido a proteger. Las dificultades con que tropezaría Timor-Leste en el cumplimiento de estas obligaciones de presentar informes se analizaron con la ACNUDH, tras lo cual Timor‑Leste decidió establecer a título experimental un nuevo sistema de presentación de informes basado en el “Proyecto de directrices armonizadas para la preparación de informes” (“las Directrices”), preparado por la ACNUDH y aprobado en la 16ª reunión de presidentes de órganos creados en virtud de tratados de derechos humanos, celebrada en junio de 2004. La finalidad de estas Directrices era racionalizar el proceso de presentación de informes eliminando la duplicación, evitando la fragmentación y aumentando la cohesión entre los tratados y el sistema de órganos creados en virtud de tratados.

346.En 2004, el Ministerio de Relaciones Exteriores propuso un plan amplio y flexible de cinco etapas para asegurar el cumplimiento de las obligaciones del Gobierno de presentar informes a los tratados de derechos humanos. Esas etapas son las siguientes:

Primera etapa:Planificación preliminar;

Segunda etapa:Lanzamiento oficial y divulgación de los tratados y proceso de presentación de informes;

Tercera etapa:Consulta nacional y con las comunidades para recopilar datos destinados a los informes que se piden en los tratados;

Cuarta etapa:Consulta interministerial sobre proyectos de informe;

Quinta etapa:Edición y revisión final, y presentación de informes al Secretario General y a los comités de derechos humanos;

Sexta etapa:Divulgación de los informes a nivel de base y de comunidades.

347.Tras la presentación de los informes a los respectivos comités de derechos humanos, se emprenderán nuevas medidas para dar respuesta a toda lista de preguntas y, en definitivas, a las recomendaciones propuestas por los respectivos comités de derechos humanos. Los coordinadores de derechos humanos y de cuestiones de género nombrados por el Primer Ministro para que ayudaran al Ministerio de Relaciones Exteriores y a la OPI a preparar los informes del Gobierno a los órganos creados en virtud de tratados participaron activamente en la recopilación de datos durante todo el proceso de formulación de los informes. No obstante, estos coordinadores necesitarán seguir recibiendo capacitación y apoyo para que puedan seguir cumpliendo con eficacia sus obligaciones en materia de presentación de informes y en el futuro habrá que aumentar su capacidad para incorporar esos derechos en sus respectivas carteras.

348.Entre diciembre de 2004 y julio de 2005 se llevaron a cabo actividades de divulgación del proceso de presentación de informes y consultas para recopilar datos para esos informes como se indica a continuación:

Primeramente, se celebraron reuniones introductorias en los 13 distritos para informar a los participantes las obligaciones de presentación de informes del Gobierno y alentar la participación en el proceso a nivel de distrito, en particular aportando información y las consiguientes observaciones sobre los proyectos de informe del Gobierno;

En segundo lugar, se organizaron algunos cursillos y grupos de debate regionales con representantes de los gobiernos locales y, en menor medida, ONG (debido a la poca asistencia) para reunir información para elaborar el documento básico común y los documentos específicos para cada tratado.

349.Los grupos de debate regionales se propusieron recopilar datos para un documento por visita. Por ejemplo, se organizaron al principio algunos grupos de debate con el objeto de reunir datos para el documento básico común y las consiguientes reuniones de recopilación de información para el documento destinado a la CRC y para el de la CEDAW. En cada caso se celebraron cinco reuniones regionales. La participación de las mujeres, la sociedad civil y representantes de grupos vulnerables varió muchísimo de una reunión a otra. En algunos casos, la participación de la sociedad civil fue nutrida, mientras que en otros fue mínima. Se determinó la realización de visitas regionales según la capacidad logística y no por agrupaciones administrativas reconocidas oficialmente por el Gobierno. El distrito enclave de Oecusse recibió una visita especial debido a su lejanía geográfica.

350.El Gobierno de Timor-Leste reconoce la importancia de la participación de la sociedad civil en el proceso de presentación de informes a los órganos de derechos humanos como medio de equilibrar las perspectivas sobre los progresos logrados por el gobierno en el cumplimiento de sus obligaciones en materia de derechos humanos. El Gobierno siempre ha sido partidario de colaborar con la sociedad civil en el proceso de presentación de informes, en la medida de lo posible, y al mismo tiempo de respetar el principio y el valor de la independencia y la autonomía de la sociedad civil en la presentación de informes o de información paralela.

351.El equipo de presentación de informes a los órganos creados en virtud de tratados adoptó numerosas medidas encaminadas a promover la participación de la sociedad civil en la presentación de informes con sus frecuentes invitaciones a la sociedad civil para que asistiera a las reuniones nacionales y regionales y proporcionara información para los proyectos de informe. El Gobierno ha exhortado a las Naciones Unidas y a otros organismos a que apoyen a las organizaciones de la sociedad civil en la formulación de estrategias para la participación en el proceso de presentación de informes. Esos esfuerzos rindieron sus frutos y la sociedad civil aportó información y, en menor medida, observaciones sobre los propios proyectos de informe.

352.Se ha dado también gran importancia a la participación de grupos vulnerables, entre ellos los niños, las mujeres, los discapacitados y los migrantes, debido a que son más vulnerables a las violaciones de los derechos humanos. En algunos casos, como el de los programas de la CRC y la CEDAW, las iniciativas concretas para alentar la participación de niños y mujeres tuvieron éxito y se recibieron valiosas contribuciones de esos grupos. Otras veces, la falta de iniciativas específicas para alentar la participación de los grupos o de personas vulnerables de todos los grupos, a saber mujeres, niños, discapacitados y ancianos, a nivel de distrito impidió alcanzar el porcentaje deseado de participación de esos grupos vulnerables concretos.

353.De más está decir que el sistema integrado de presentación de informes a los órganos creados en virtud de tratados, como se propone en las Directrices, tiene por objeto reducir la carga que pesa sobre los Estados en lo que se refiere a la limitación de la duplicación de informes y a la fragmentación de los procesos. Sin embargo, pese a su obvio mérito como análisis más integrado y holístico de los derechos, la experiencia de Timor-Leste, país de reciente independencia con limitados recursos, ha sido que el proceso de presentación de informes con arreglo a las Directrices no deja de ser un proyecto al que hay que dedicar muchos recursos y que las Directrices necesitan una mayor precisión conceptual. Esto denota la necesidad de seguir buscando la manera de asegurar que las metodologías de presentación de informes se adapten para que cumplan sus objetivos y que la ACNUDH preste apoyo suficiente y la comunidad internacional apoye ese esfuerzo.

E.Plan de acción nacional para los derechos humanos y otrainformación conexa sobre derechos humanos

354.El Primer Ministro instituyó el Grupo de Trabajo sobre el Plan de acción nacional de derechos humanos y encargó a su Asesor sobre Derechos Humanos que dirigiera el Grupo de Trabajo a fin de promover y formular el Plan de acción nacional para los derechos humanos. Los días 11 y 12 de diciembre de 2003, la Oficina del Asesor sobre Derechos Humanos organizó un seminario internacional de consulta sobre la formulación de planes de acción. Este seminario sirvió para informar al Grupo de Trabajo, a la sociedad civil y al Gobierno de lo que había que hacer para elaborar dicho plan. La recomendación más importante del seminario fue el nombramiento de funcionarios coordinadores de derechos humanos en todos los ministerios, secretarías de Estado y distritos.

355.El 3 de mayo de 2004, se inició una campaña nacional para dar a conocer el Plan de Acción Nacional de Derechos Humanos con la organización de un seminario sobre la recopilación de datos para los funcionarios coordinadores de derechos humanos. Tras la realización de estas actividades, la tarea del Grupo de Trabajo era primeramente comprender y, posteriormente, explicar a la administración en general y a la población que el Plan de Acción Nacional de Derechos Humanos es un proyecto nacional en el que participan el Estado, el Gobierno y la sociedad civil. El Primer Ministro confirmó este particular al Grupo de Trabajo el 17 de julio de 2004, cuando se reunió con el Grupo para pedir a todos sus miembros que desplegaran más actividad al respecto. Entre tanto, se celebró un importante seminario los días 24 y 25 de junio de 2005 sobre derechos económicos, sociales y culturales como forma de dar a conocer el Pacto y destacar la importancia del Plan de Acción Nacional de Derechos Humanos para el país.

356.La siguiente tarea del Grupo de Trabajo era establecer un calendario para los seminarios, cursillos y audiencias públicas regionales a fin de analizar los objetivos del Plan de Acción Nacional de Derechos Humanos. Estos seminarios regionales tuvieron lugar en Baucau, Bobonaro, Ermera, Lospalos, Liquiça, Manatuto, Maubisse, Maliana y Oecusse del 22 de julio al 12 de agosto de 2004. Participaron la Oficina del Asesor del Primer Ministro sobre Derechos Humanos en pleno, el Grupo de Trabajo, autoridades nacionales y locales y miembros del Parlamento Nacional.

357.El diálogo entre el Grupo de Trabajo y la población se basó, por una parte, en los planteamientos hechos por los miembros Grupo de Trabajo y, por la otra, en preguntas, observaciones y propuestas de los participantes. Las preguntas alertaron al Grupo de Trabajo acerca de la necesidad de explicar mejor a la población la relación entre los derechos y las obligaciones de los ciudadanos.

358.El Grupo de Trabajo también se percató de que era importante establecer el vínculo entre el Plan Nacional de Desarrollo (PND) y Plan de Acción Nacional de Derechos Humanos, a saber el derecho a vivir libre de pobreza y a la reducción de la pobreza como uno de los objetivos fundamentales del PND.

359.Antes de iniciar la campaña de audiencias públicas sobre el Plan de Acción Nacional de Derechos Humanos, la Oficina del Asesor de Derechos Humanos organizó una reunión con el Grupo de Trabajo a fin de preparar las directrices, un calendario y la estrategia; se seleccionó a siete subdistritos para que se celebraran esas reuniones. Los temas predominantes seleccionados para esas audiencias públicas fueron educación, salud, justicia, seguridad, agricultura e infraestructura.

360.Esta campaña demostró cuán difícil era para la mayoría de la población de Timor‑Leste comprender el significado de los derechos humanos y la manera de incorporarlos a su vida cotidiana. El número de personas que asistieron a los seminarios y audiencias públicas regionales rebasó las expectativas, y fue amplia la participación de los diversos grupos de personas de distintas edades.

361.La información reunida se consolidó en un informe de distrito que posteriormente aportó la información básica para el informe de fondo del Plan de Acción Nacional de Derechos Humanos. Los días 24 y 25 de febrero de 2005 se organizó un seminario sobre derechos civiles y políticos para lograr un equilibrio entre las ideas de la población acerca de esos derechos y los derechos económicos, sociales y culturales. El Primer Ministro decidió también, en el marco del Plan de Acción Nacional de Derechos Humanos, organizar un seminario sobre Integridad del Estado, el 11 de marzo de 2005, como una manera de promover y elaborar sus políticas sobre buena gobernanza. Con posterioridad a este seminario se organizaron ocho reuniones de trabajo ministeriales de medio día de duración, en que se evidenció que era necesario aumentar la capacidad de los funcionarios públicos en materia de buena gobernanza.

362.Teniendo presente la necesidad de proseguir el diálogo con la sociedad civil y las autoridades estatales, la Oficina del Asesor organizó un seminario internacional sobre la “Función de la sociedad civil en la consolidación de la paz y la democracia” en Dili los días 1º y 2 de diciembre de 2005. En este seminario se plantearon las perspectivas que debería tener el país en los próximos años en cuestiones como la educación, los partidos políticos, los asuntos religiosos, el papel de la oposición y la participación activa de la sociedad civil.

363.A raíz de este seminario, se emprendieron dos importantes iniciativas; la primera de ellas fue un diálogo denominado “De la confianza a la amistad”, debate abierto de un día de duración sobre las relaciones que Timor-Leste está fomentando con sus vecinos. La segunda se celebrará los días 22 y 23 de mayo de 2006 sobre el “Papel de los partidos políticos y los medios de información en la consolidación de la paz y la democracia”. El objetivo de este seminario es continuar el diálogo entre las autoridades estatales y la sociedad civil. El propósito es mencionar que todas estas actividades aportan mutuamente su contribución, mantener el Plan de Acción Nacional de Derechos Humanos en la mente de la población, por una parte, y ayudar, por la otra, al Asesor sobre Derechos Humanos a enriquecer el proyecto de informe de fondo del Plan de Acción Nacional de Derechos Humanos.

364.En el proceso actual de elaboración del Plan de acción, el Grupo de Trabajo señaló seis sectores principales que requieren especial atención: salud, educación, justicia, agricultura, infraestructura y seguridad.

365.Aunque todavía se está redactando, se espera que en el Plan de acción nacional sobre derechos humanos se haga referencia concretamente al compromiso del Gobierno de ejecutar programas para la prevención de la violencia en el hogar, adoptar medidas para combatir la violencia de género y luchar contra la explotación y el abuso sexuales de las mujeres, los niños y los adolescentes. También se prevé la adopción de nuevas medidas de protección en favor de menores que serán objeto de adopciones internacionales y de medidas destinadas a erradicar el trabajo infantil. Se prestará mucha más ayuda a los ciudadanos timorenses que viven y trabajan en el exterior y se promulgarán leyes en relación con los extranjeros, incluidos los refugiados, que viven en Timor-Leste.

366.Además, se adoptarán medidas de protección y consolidación de los derechos de los demás grupos de personas vulnerables, como son los ancianos, y se proporcionarán mayores beneficios, para avanzar hacia el ejercicio de determinados derechos socioeconómicos como la salud y la protección contra el VIH/SIDA.

367.Cabe esperar que la Oficina del Asesor del Primer Ministro sobre Derechos Humanos termine el primer proyecto del plan de acción nacional de derechos humanos en mayo de 2006 con sujeción a la disponibilidad de fondos.

Seguimiento de las conferencias, los programas de acción y las declaraciones sobre derechos humanos

368.Timor-Leste logró su plena independencia el 20 de mayo de 2002 tras una declaración del Excmo. Sr. Kofi Annan, Secretario General de las Naciones Unidas, en una ceremonia oficial de proclamación de la independencia en Tasi Tolu, Dili. En esta ceremonia tuvo lugar el traspaso de la soberanía de la Administración de Transición de las Naciones Unidas a los dirigentes de la República Democrática de Timor-Leste, con lo que se restableció la independencia proclamada unilateralmente en Dili el 28 de noviembre de 1975.

369.La Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información fue la primera conferencia mundial en la que Timor-Leste estuvo representado (por el Excmo. Sr. Ovídio de Jesus Amaral, Ministro de Transporte y Telecomunicaciones). Entre otras notables reuniones, Timor-Leste participó por primera vez en el 49º período de sesiones de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer y la Conferencia de Examen y Evaluación de la Declaración y la Plataforma de Acción de Beijing en el décimo aniversario, celebrada en Nueva York del 28 de febrero al 11 de marzo de 2005. La delegación de Timor-Leste estuvo integrada por un representante del Ministerio de Salud, el Director de la Oficina para la Promoción de la Igualdad, así como el administrador de proyecto para el Proyecto sobre la violencia de género, con sede en la OPI.

370.La delegación participó en algunos debates en mesa redonda sobre algunas cuestiones y copatrocinó las resoluciones que tenían especial interés para Timor-Leste, entre ellas las resoluciones sobre la incorporación de la perspectiva de género en las políticas y los programas nacionales, el adelanto económico de la mujer, las mujeres y las operaciones de mantenimiento de la paz y la trata de personas. El Gobierno consideró sumamente útil la participación en esta conferencia ya que dio la oportunidad de aprender de la experiencia de otros países.

371.En su declaración nacional, la delegación destacó los progresos que había logrado Timor‑Leste en la promoción de los derechos de la mujer y las actividades en marcha y futuras de la OPI. La delegación señaló en particular la importancia de lograr todos los ODM.

372.La conferencia destacó la importancia de utilizar instrumentos internacionales como la CEDAW, la Plataforma de Acción y los ODM como marco conceptual para el establecimiento de los programas y las políticas nacionales con el objetivo final de lograr la igualdad entre las mujeres y los hombres, así como la erradicación de la pobreza. Como se señaló anteriormente, el Gobierno, por medio de la OPI, inició ya el proceso de incorporación de la perspectiva de género por medio de su programa de inversión sectorial, el Plan de acción anual y las iniciativas de la Estrategia y el programa del país.

373.Las prioridades nacionales que guardan relación con las esferas de interés de la Plataforma de Acción de Beijing son el actual impulso a la lucha contra la pobreza, el fortalecimiento de la capacidad económica de las mujeres y el aumento de la capacidad nacional para abordar la violencia de género. Estas prioridades ya se han explicado con más detalle en las secciones sobre la incorporación de la perspectiva de género y también en el informe preparado para la CEDAW.

374.La última de las conferencias mundiales en la que Timor-Leste estuvo representado fue la Cumbre Mundial sobre los Objetivos de Desarrollo del Milenio, celebrada en Nueva York del 12 al 16 de septiembre de 2005. En esta conferencia, los líderes mundiales afirmaron su compromiso con el multilateralismo como medio de cambiar la vida de las personas en todo el mundo, en todos los sectores de la sociedad, mediante un desarrollo gradual y sostenible y de reducir y, con el tiempo, erradicar totalmente la pobreza.

375.El Gobierno de Timor-Leste, por medio de su representante, Excmo. Sr. Dr. Mari Alkatiri, Primer Ministro, reiteró su compromiso de trabajar arduamente en favor de la aplicación de los ODM en Timor-Leste, como parte de los esfuerzos mundiales para proporcionar una vida mejor a todos los pueblos del mundo en todos los sectores, incluidos los derechos humanos.

III. CONcordancia entre las DISPOSICIONES SUSTANTIVAS

A. No discriminación e igualdad

376.En el artículo 16 de la Constitución y en los tratados básicos en los que Timor‑Leste es Parte se dispone que nadie puede ser objeto de una discriminación por los motivos siguientes:

Constitución de la RepúblicaDemocrática de Timor-Leste

Tratados fundamentalesde derechos humanos

Sexo

Género

Raza/color

Color

Origen étnico

Origen étnico, nacional o social

N/a

Edad

Idioma

Idioma

Convicción política o ideológica

Opinión política o de otra índole

Religión

Convicción religiosa

Condición física o mental

Discapacidad

Personas que viven con VIH/SIDA

N/a

Nacimiento

Estado civil

Estado civil

N/a

Ciudadanía

Situación social o económica

Educación

O cualquier otra razón en particular (por ejemplo, situación económica, bienes o empleo)

377.En el artículo 17 de la Constitución se reafirma la igualdad de derechos y obligaciones entre hombres y mujeres en lo que hace a la vida en familia y a la vida política, económica, social y cultural. En el apartado j) del artículo 6 se declara que el Estado tiene la responsabilidad de “promover y asegurar la igualdad efectiva de oportunidades entre hombres y mujeres”.

378.Cada uno de estos artículos concuerda con la obligación de los Estados Partes establecida en el apartado a) del artículo 2 a) de la CEDAW de “consagrar el principio de la igualdad entre hombres y mujeres en su Constitución nacional”, aunque se señala con todo respeto que el principio de “igualdad de oportunidades” no equivale al concepto de “igualdad” en su sentido pleno. El concepto de igualdad incluye también igualdad de situación social, que actualmente no se recoge en la Constitución. Con ese fin, la Constitución tal vez no coincida del todo con el grado pleno de igualdad propuesto en el artículo 2 de la CEDAW.

379.En la Constitución se prevé la plena igualdad de derechos entre las mujeres y los hombres en el contexto de las relaciones familiares (art. 39), por ejemplo, para crear una familia y contraer matrimonio, en consonancia con varias de las disposiciones del artículo 16 de la CEDAW. La Constitución promueve también la igualdad entre mujeres y hombres en cuanto a los derechos políticos, concretamente en el acceso a puestos políticos (apartado 2) del artículo 63), así como en importantes aspectos de la vida social y económica, incluido el derecho al trabajo y a elegir una profesión (art. 50), la seguridad y la asistencia social (art. 56) y la educación (art. 58), todos los cuales se examinan con más detalle en el informe destinado a la CEDAW.

380.Respecto de los derechos del niño, en los párrafos 2) y 3) del artículo 18 respectivamente se garantiza a los niños el goce de todos los derechos reconocidos universalmente, todos los derechos establecidos en los tratados ratificados por la nación y la igualdad de derechos y la protección social del niño nacido tanto dentro como fuera de matrimonio.

381.En relación con los discapacitados, en el artículo 21 de la Constitución se establece que “el ciudadano discapacitado gozará de los mismos derechos y tendrá los mismos deberes de los demás ciudadanos, con excepción de aquellos que no pueda ejercer o cumplir debido a su discapacidad. El Estado promoverá la protección de los ciudadanos discapacitados en la medida que sea viable y de conformidad con la ley”.

382.Un gran número de leyes internas protegen contra la discriminación. Por ejemplo, en la futura ley sobre la violencia en el hogar se estipula que “nadie será objeto de discriminación por acción u omisión por motivo de sexo o edad”. En el Decreto ley No. 5/2004 sobre las autoridades comunitarias se presta especial atención a la igualdad de derechos o de situación jurídica y social de las mujeres, incluso en casos en que las mujeres puedan ser víctimas de la violencia, en particular la violencia en el hogar. En este caso, la ley confiere competencia específica al chefe do suco “para apoyar las iniciativas encaminadas a observar y proteger a las víctimas de la violencia en el hogar” y facilitar “la creación de mecanismos para la protección de las víctimas de la violencia en el hogar” (apartado g) del artículo 8). Estas disposiciones demuestran la decisión del Gobierno de promover los derechos de las mujeres y abordar el problema de la violencia por motivo de sexo.

383.En materia de empleo, en el Código del Trabajo vigente y en el propuesto también se afirma claramente que “se prohíbe por este medio la discriminación en el empleo y la ocupación, en particular en lo relativo a la igualdad de remuneración de hombres y mujeres por trabajo de igual valor”.

384.La discriminación aqueja a toda sociedad de manera tanto directa como indirecta. Dado que no todos los casos de desventaja que tienen determinados grupos constituyen realmente discriminación, puede ser difícil determinar categóricamente lo que equivale o no a discriminación. Con esto en mente, en el presente informe se señalan casos en que un grupo específico tiene una desventaja específica, aunque no se afirma de manera concluyente cuál de esos casos puede catalogarse realmente de discriminación.

385.Entre los casos más descollantes que parecen prevalecer en Timor-Leste están las desventajas por motivo de:

386.Sexo. La forma más omnipresente de desventaja que sufre un grupo en particular en Timor‑Leste es la discriminación por motivo de sexo, en particular en las esferas de la educación, el empleo, la salud, la participación política y el acceso a la justicia. En el documento preparado para la CEDAW se examinan más concretamente los casos en que se considera que existe discriminación por motivo de sexo.

387.Aunque se les suele considerar fundamentales para la vida y la identidad de la nación, la práctica y la cultura tradicionales son, sin lugar a dudas, otras esferas en que las mujeres son objeto de discriminación. Son muchos los casos de discriminación contra la mujer en las relaciones matrimoniales y familiares. El traspaso de los títulos de propiedad de la tierra al linaje patriarcal en caso de herencia, el barlak’ (sistema de pago del precio de la novia, en que la familia del hombre debe efectuar un pago o entregar una dote a la familia de la mujer) y la insistencia en que la mujer permanezca en el hogar figuran entre otras formas de discriminación indirecta, que limitan la capacidad de la mujer para participar plenamente en la vida social y política. El país está prestando gran atención a estos complejos asuntos que se consideran con lujo de detalles en la sección sobre el matrimonio y la vida en familia más adelante en el presente documento y en el documento preparado para la CEDAW.

388.Condición de ex combatiente. Se puede afirmar que los veteranos combatientes perdieron su posibilidad de estudiar y tener una carrera profesional como consecuencia de su importante compromiso con la lucha por la independencia. Eso hizo que quedara limitada aun en nuestros días la capacidad de algunos de esos combatientes para participar plenamente en la vida económica y social, en particular en lo que se refiere a oportunidades en el mercado de trabajo. En otros párrafos más adelante, en la sección sobre medidas afirmativas, se analizan algunas medidas importantes destinadas a eliminar esa desventaja que tienen los ex combatientes.

389.Origen nacional. Los derechos de los extranjeros a la propiedad de la tierra y a participar en la vida política de Timor-Leste tienen varias limitaciones. Esas distinciones sobre la base de la ciudadanía y las posibles desventajas consiguientes para los extranjeros se consideraron justificadas, por lo que no constituyen discriminación, ya que se limitan a esferas concretas en las que la persona debe tener una relación perdurable con el Estado y ser objeto de las responsabilidades civiles que entraña la ciudadanía. La limitación de los extranjeros para tener propiedad sobre la tierra se considera necesaria también para asegurar que los ciudadanos timorenses no estén en desventaja debido al desigual poder adquisitivo entre ellos mismos y con los extranjeros.

390.Idioma. El tetum y el portugués son los idiomas oficiales del Estado, con el bahasa indonesia y el inglés reconocidos como dos idiomas de uso común. Por ser técnicamente el más avanzado de los dos idiomas oficiales, el portugués se usa fundamentalmente en los asuntos de Estado. Las leyes y políticas oficiales se redactan actualmente en portugués (aunque se dispone de algunas traducciones al tetum) y la administración de justicia utiliza, en la medida de lo posible, fundamentalmente el portugués.

391.La integración del idioma oficial portugués en los asuntos de Estado tropezó con no pocos problemas durante la transición. Sólo una minoría de la población puede comunicarse con fluidez en portugués (según el Censo de 2004, 12% de la población mayor de 6 años puede hablar, leer y escribir en este idioma). De hecho, esto conlleva que muchas personas que no hablan portugués estén en desventaja y tengan capacidad limitada para participar plenamente en la vida pública y la adopción de decisiones. Las mujeres tropiezan con problemas específicos en algunas zonas rurales porque no hablan tetum y menos aún portugués.

392.El Gobierno está tratando de compensar esas desventajas lingüísticas mediante la integración de la enseñanza del idioma portugués en las escuelas, financiando totalmente las clases de portugués en la mayoría de los organismos públicos y creando un grupo móvil de intérpretes en los tribunales para asegurar las debidas garantías procesales. Con todo, previsiblemente los que no hablen portugués seguirán en desventaja de alguna manera hasta que se haya completado efectivamente la transición a ese idioma.

393.Opinión política. Hay grupos que defienden posiciones políticas que difieren de la corriente general o de las de la dirigencia y alegan que están en desventaja debido a esa diferencia de opinión política.

394.Religión. Timor-Leste es, en gran medida, un país de tolerancia religiosa, pero durante las consultas en los distritos se plantearon se insistió en que en algunas partes del país no se podía inscribir a un niño a menos que se hubiese bautizado antes, lo que daba lugar a una discriminación indirecta por motivos de convicciones religiosas. También se ha informado de otros casos de niños que no han podido obtener su pasaporte a menos que estén bautizados. Esta cuestión se analiza más a fondo en el documento preparado en relación con la CRC. Esa presión religiosa no se hizo evidente para el Gobierno sino hasta hace poco y no se tolerará si en el futuro se señalan a su atención casos evidentes de esa índole.

395.Discapacitados y ancianos. Según datos provisionales del Censo de 2004, 11,6% y 2,4% de los hogares respectivamente informan al menos de un miembro de la familia que tiene una discapacidad física o una enfermedad mental.

396.Entre un gran número de adultos, sobre todo hombres, las principales causas de la discapacidad física son enfermedad, accidente, desnutrición, poliomielitis y lepra. Los accidentes laborales son también causa de discapacidad y, mientras no se establezcan condiciones justas y asequibles para la protección e higiene del trabajo de manera que se reduzca este riesgo y se pueda ofrecer indemnización para compensar las pérdidas, solo cabe esperar que aumente a medida que se incrementa la fuerza de trabajo.

397.Respecto de las mujeres y los niños, muchas discapacidades como la tuberculosis y la bronquitis crónica, son la consecuencia de las malas condiciones de vida que guardan relación con los déficit nutricionales, la falta de agua y de instalaciones sanitarias en los hogares y un acceso limitado a los servicios de salud, desde el período prenatal hasta los primeros años de la infancia. La desnutrición y enfermedades como la poliomielitis afectan en particular a los lactantes y a los menores de cinco años. Las mujeres suelen optar porque todos los miembros de su núcleo familiar reciban atención antes de procurar tratamiento para sí mismas, lo que agrava sus enfermedades. Estas cuestiones se analizan con más detalle en los informes presentados en relación con la CRC y la CEDAW.

398.No cabe duda alguna de que en una nación con una infraestructura subdesarrollada, un acceso geográfico limitado a todas las zonas y elevados niveles de desempleo y pobreza, los discapacitados de Timor-Leste tienen desventajas específicas en su vida diaria. Pese a que no existe información precisa sobre este aspecto, probablemente las dificultades para obtener empleo, tener acceso a los servicios y participar plenamente en la vida social y política figuran entre las numerosas dificultades con que tropiezan los discapacitados. El Gobierno también ha recibido información no confirmada que indica que los niños discapacitados y los adultos de más edad tienen más probabilidades de quedar confinados al hogar o lejos de las escuelas y la vida comunitaria o de ser enviados a asilos.

399.La enfermedad mental se planteó como cuestión de especial interés durante las consultas en relación con el presente documento. Se mencionaron casos en que la falta de servicios, incluso de tratamiento psiquiátrico para personas con enfermedades mentales, ha dado lugar a violaciones de los derechos humanos. Actualmente no hay instalaciones con medidas de seguridad para personas consideradas mentalmente inestables o peligrosas para la comunidad. La Dependencia de Derechos Humanos de la UNMISET también había documentado casos de personas detenidas por su familia o por la comunidad después de haber mostrado una conducta anormal y, por regla general, violenta, debido fundamentalmente a la falta de tratamiento o de instalaciones adecuadas. Se alegó también que, en algunos casos, el método de encierro aplicado a la persona era cruel y causaba lesiones físicas y que, en ocasiones, la Policía Nacional de Timor‑Leste no intervenía para proteger a los enfermos mentales de los malos tratos. Entre los casos que se han señalado a la atención de las autoridades y los órganos de vigilancia de las ONG, como Programa de Supervisión del Sistema Judicial y la Dependencia de Derechos Humanos de las sucesivas misiones de las Naciones Unidas está el hecho de no haberse investigado las acusaciones de abuso sexual de una adolescente enferma mental por su padre debido a que la demandante no era apta para presentar ella misma la denuncia.

400.En 2003, el Gobierno estableció un Servicio Nacional de Salud Mental en el Ministerio de Salud y asignó enfermeras psiquiátricas a cada distrito para que llevaran a cabo evaluaciones básicas de la salud mental con el apoyo de varios psiquiatras. La prestación de servicios de salud mental adecuados, sobre todo la distribución ordinaria de medicamentos para las mujeres que padecen enfermedades como trastorno bipolar, es un tema de especial importancia que se examinará con más detalle en el informe preparado para la CEDAW. Cabe esperar que estas iniciativas y otras más sirvan para luchar contra el maltrato a los enfermos mentales, aunque queda aún mucho trabajo por hacer al respecto en el futuro.

401.Todas las instituciones del Estado sienten un gran respeto por los grupos vulnerables, en particular los discapacitados y los veteranos combatientes. Sin embargo, persisten las dificultades para asegurar un apoyo efectivo a estos grupos e integrarlos en la sociedad. La falta de una infraestructura desarrollada es un problema concreto del que el Gobierno, en particular el Ministerio de Salud y el Ministerio de Trabajo y Reinserción en la Comunidad, se están ocupando. Esta cuestión se sigue examinando más adelante, así como en los documentos preparados para los correspondientes tratados.

402.Grupos étnicos minoritarios. Se ha planteado que algunos grupos minoritarios son vulnerables al acoso (incluido el acoso de la policía) y que las personas más vulnerables son de origen étnico indonesio o chino. El Gobierno no tiene conocimiento de ningún caso concreto en que se haya discriminado contra estos grupos étnicos en particular, pero, al igual que hará con todas las formas de discriminación, adoptará medidas resueltas para eliminar la discriminación por motivo de origen étnico o nacional si se llegase a detectar. Este Gobierno siempre ha promovido y seguirá promoviendo los ideales de la tolerancia y el respeto de la diversidad.

403.La condición de Estado de reciente independencia de Timor-Leste y sus importantes limitaciones de recursos dan origen, como es natural, a desventajas en diferentes aspectos de la vida social, política, civil, económica y cultural, situación no poco frecuente tanto en Estados desarrollados como en países en desarrollo, en particular los de reciente independencia. En Timor-Leste, los problemas existentes se agravan debido a la ausencia de fuentes de datos o información fiables sobre cuestiones relacionadas con la desventaja que enfrentan grupos específicos de la sociedad y debido a que el Gobierno tiene en estos momentos una capacidad limitada para abordar sistemáticamente esos problemas.

404.Para un país afligido por la pobreza, la distribución desigual de la riqueza y la mala distribución de los bienes no se pueden resolver con rapidez. En otros casos, es difícil abordar la desventaja o la discriminación debido a que están muy arraigadas en la sociedad, como es el caso de las prácticas discriminatorias tradicionales.

405.El Gobierno está comprometido totalmente con el principio de la no discriminación y se ha propuesto trabajar para eliminar toda desventaja injustificable dondequiera que exista mediante una asignación equitativa de los recursos y una mejor capacitación y educación de los funcionarios públicos, así como la ejecución de programas de rehabilitación para combatir esa discriminación dondequiera que exista.

406.Una campaña nacional de lucha contra la pobreza, programas concretos de empoderamiento de la mujer, diálogos con las comunidades sobre las relaciones entre los derechos de las personas y la práctica y la cultura tradicionales en Timor-Leste, así como programas de enseñanza del portugués en las escuelas y las instituciones estatales son solo algunas de las iniciativas que el Gobierno ha puesto en marcha o apoya para reducir las desventajas concretas que evidentemente existen.

407.Se prevé que el aumento del apoyo a las Oficinas del Defensor, del Asesor del Primer Ministro sobre Derechos Humanos y del Asesor del Primer Ministro para la Promoción de la Igualdad ayuden también a crear conciencia sobre cualquier situación de desventaja o discriminación y sobre los medios para evitar que ocurran casos de discriminación en el futuro.

408.En los documentos preparados para cada tratado se analiza información adicional y más específica sobre cuestiones relacionadas con la discriminación.

1.No discriminación: igualdad ante la ley y protecciónde la ley en condiciones de igualdad

409.En el párrafo 1 del artículo 16 de la Constitución se establece claramente que “todos los ciudadanos son iguales ante la ley, ejercerán los mismos derechos y cumplirán los mismos deberes”. En el párrafo 2 del artículo 26 se especifica además que “no se negará la justicia por falta de medios económicos”.

410.Los ciudadanos gozan de igual protección ante la ley en Timor-Leste. No obstante, está resultando cada vez más difícil lograr esa igualdad ante la ley y los tribunales en esta etapa de transición y de desarrollo incipiente del sector de la justicia. Un problema concreto es la cuestión del idioma.

411.Como ya se señaló en otros párrafos, en el artículo 13 de la Constitución de Timor-Leste se dispone que el tetum y el portugués sean los idiomas oficiales de la República Democrática. En consecuencia, en febrero de 2004, el Consejo Superior de Magistrados aprobó una directiva sobre el uso de los idiomas oficiales en el sistema judicial. En esta directiva se dispone un período de transición de siete meses, tras el cual todos los documentos judiciales se redactarán en los idiomas oficiales de la nación. Ya no se permite el uso del bahasa en los tribunales. Cabe destacar también que el tetum prasa es el idioma más hablado de Timor-Leste.

412.Las limitaciones técnicas del idioma tetum, el poco conocimiento del portugués en todo el país y el uso del bahasa indonesia en los tribunales durante el período de ocupación han creado algunos obstáculos y confusión en la transición del uso del bahasa indonesia al portugués y al tetum prasa en los tribunales. Hasta hace poco tiempo, la falta de un grupo permanente de traductores e intérpretes complicaba más la cuestión, al extremo de que se afirmaba que los reos, los testigos y las víctimas, en algunos casos, prácticamente desconocían o entendían qué estaba pasando en las actuaciones judiciales en las que estaban involucrados.

413.El Gobierno y los tribunales han procurado activamente, en la medida de lo posible, mitigar estos problemas mediante cursos de orientación y capacitación de un nuevo grupo de traductores jurídicos. Ahora bien, los efectos sostenibles y a largo plazo de esas medidas todavía no han dado los frutos previstos. Muchos de estos traductores están aún en la etapa de desarrollo de su carrera profesional. El Gobierno confía en que la asignación de recursos cada vez más cuantiosos a los tribunales, sumada a una mayor instrucción en idioma portugués, resuelva estos problemas lingüísticos.

414.También es importante señalar que, si bien la Constitución garantiza la igualdad de la mujer ante la ley y la protección de la ley en condiciones de igualdad, en la práctica, las mujeres tienen un acceso muy limitado a los mecanismos oficiales de justicia. Ello obedece a algunos factores, entre los que figuran limitaciones prácticas como la limitación o la falta de recursos financieros para que se juzgue un caso; la falta de transporte de ida y vuelta a los tribunales; la incapacidad de hablar portugués, inglés (el idioma utilizado por muchos funcionarios judiciales internacionales) o el tetum prasa; el poco o ningún conocimiento de sus derechos protegidos por ley; además del largo tiempo que toma la tramitación de cada caso.

415.Las prácticas tradicionales también desempeñan una función, ya que impiden que la mujer procure justicia por medios más oficiales. El estigma social que pueden sufrir por señalar a la atención cuestiones delicadas, como la violencia en el hogar o el abuso sexual, a veces impide a la mujer llevar adelante estas causas. En ocasiones son objeto de presiones de la familia para que la cuestión se resuelva en familia. En estos casos, una mujer no puede contar con apoyo social o económico de su núcleo familiar, si desea llevar el caso ante los tribunales. Esta cuestión del acceso de la mujer a la justicia se trata con más detalle en el informe preparado para la CEDAW.

2. Medidas especiales para acelerar el logro de la igualdad

416.La Constitución de Timor-Leste dispone que los niños, las personas de tercera edad y los discapacitados tienen derecho a protección especial del Estado.

417.Como se analiza en otros párrafos, hay algunas circunstancias en las que los miembros de esos grupos vulnerables experimentan desventajas concretas en su vida cotidiana. El Gobierno es consciente de la difícil situación de las personas desfavorecidas del país y tiene el compromiso de aplicar las medidas prácticas especiales o de acción afirmativa necesarias para apoyar la plena participación e integración de esos grupos en la sociedad, en la medida de lo posible.

418.Es importante señalar que, en su condición de joven democracia, Timor-Leste se clasificó sólo en el 140 lugar en el Índice de Desarrollo Mundial, lo que impone limitaciones considerables a la naturaleza y al alcance del apoyo especial que el Gobierno puede prestar actualmente. Dentro de los límites de su capacidad actual, el Gobierno despliega una actividad especial para tratar de rectificar desventajas arraigadas y sistémicas que enfrentan las mujeres y prestar asistencia dirigida a veteranos combatientes y otros grupos vulnerables que tienen necesidades más apremiantes, entre ellos, los niños, los discapacitados y los ancianos. A continuación se ofrecen algunos ejemplos de medidas de acción afirmativa adoptadas por el Gobierno.

Medidas especiales de carácter temporal en favor de la mujer

419.Hasta la fecha, se han redactado o aprobado pocas leyes o medidas temporales con el fin de acelerar la igualdad de la mujer. Sin embargo, un claro ejemplo de ese tipo de medida es el artículo 11.18 del Reglamento No. 2002/5 de la UNTAET sobre el establecimiento de un código del trabajo para Timor Oriental. En este artículo se establece que el Ministerio de Trabajo y Reinserción en la Comunidad podrá adoptar “medidas especiales” para “superar prácticas e ideas discriminatorias que impiden la igualdad de oportunidades y de trato en el acceso a la capacitación … al empleo y a las condiciones de empleo” para, entre otros, las mujeres que trabajan o las trabajadoras embarazadas y lactantes. Además se plantea que esas medidas no se considerarán discriminatorias.

420.Durante la UNTAET, la administración trató de promover públicamente una mayor participación política de la mujer mediante medidas extraoficiales, incluido el establecimiento de un Consejo Nacional. El Representante Especial del Secretario General ordenó que al menos dos de cada cuatro candidatos al Consejo de cada uno de los 13 distritos y las organizaciones de la sociedad civil fuesen mujeres. Estas medidas propiciaron que 13 de los 33 puestos en el Consejo Nacional quedaran ocupados por mujeres.

421.A raíz de las recomendaciones formuladas en el primer Congreso Nacional de Mujeres celebrado en 2000, el Representante Especial del Secretario General aprobó una normativa en relación con una cuota mínima del 30% de mujeres en la administración pública en 2001, con efectos positivos inmediatos en el sentido de que se contrató a un poco más del 18% de mujeres para que ocuparan cargos administrativos. De igual modo, durante el período de administración de la UNTAET, se adoptaron medidas especiales para asegurar una representación adecuada de mujeres durante el establecimiento de la Policía Nacional de Timor‑Leste y 40% del primer grupo de nuevos reclutas fueron mujeres. Ahora bien, este porcentaje ha disminuido gradualmente desde entonces y, en el momento de redactar el presente documento, menos de uno de cada cinco miembros del cuerpo eran mujeres.

422.La cuestión de las cuotas resurgió más tarde cuando las organizaciones de mujeres presionaron muchísimo para que se aprobara una cuota del 30% de los escaños para las mujeres en las elecciones a la Asamblea Constituyente celebradas en 2001. Aunque la administración rechazó la solicitud de que se estableciera una cuota de candidatas, se aplicaron algunas medidas de acción afirmativa con carácter extraoficial para promover la participación de las mujeres en las elecciones, entre ellas, el apoyo a la capacitación de unas 200 posibles candidatas, así como la asignación de tiempo de transmisión extraordinario en la radio y la televisión a los partidos que propusieron al menos 30% de candidatas. Se alentó también a las Partes a que incluyeran las cuestiones que interesan a las mujeres en sus programas. De resultas de ello, 23 de los 88 miembros elegidos a la Asamblea (que se convirtió posteriormente en el primer Parlamento de Timor-Leste) eran mujeres.

423.Estas iniciativas para establecer una representación mínima de mujeres han tenido repercusiones sustanciales en el escenario político, que culminaron en 2004 en la aprobación de la Ley sobre las elecciones a los suco y los consejos de suco que garantiza a la mujer el derecho a ser jefa de aldea o a ser elegida al consejo de aldea. Esta decisión se analiza más adelante en detalle en la sección sobre participación política.

424.En la esfera de la educación, el Ministerio de Trabajo y Reinserción en la Comunidad, por medio de la DNSS, está trabajando con una ONG local, la Fundación Alola, para asignar becas y estipendios para muchachas que no podían asistir a la escuela sin este apoyo. La Fundación distribuye actualmente unas 700 becas para mujeres jóvenes. Entre 2004 y 2005, se otorgaron 470 becas a niñas para que completaran sus estudios de secundaria.

425.Las actividades para abordar la violencia contra las mujeres y las niñas y la discriminación contra la mujer en la separación, el divorcio y la manutención de los hijos han sido también prioridades inmediatas del Gobierno. Como parte del grupo de leyes sobre la violencia en el hogar se promulgará también una ley sobre manutención para asegurar que las víctimas de la violencia y sus hijos gocen de sostén económico.

426.Algunas ONG de mujeres prestan servicios básicos de apoyo, por ejemplo, en la forma de algunos albergues para mujeres y niños víctimas de la violencia por motivo de género que deben atender a todo el país, pese a las limitaciones que imponen muchos factores, como la falta de recursos. También, muchas de estas ONG dependen de la financiación que aportan exclusivamente los donantes internacionales, que no se garantiza a perpetuidad. Las estructuras de servicios y apoyo fuera de la capital siguen siendo pocas y mal dotadas. Esta cuestión se analiza con más detalle en los documentos preparados para la CRC y la CEDAW.

Veteranos combatientes

427.Como grupo, los veteranos constituyen una parte importante del patrimonio nacional. En el artículo 11 de la Constitución se reconoce que, al valorar la resistencia secular contra el dominio extranjero “se asegurará una protección especial para discapacitados y huérfanos de guerra y otras personas a cargo que dedicaron sus vidas a la lucha por la independencia y la soberanía nacional, y se protegerá a quienes participaron en la resistencia contra la ocupación extranjeras”.

428.Si bien algunos veteranos tal vez cumplan los requisitos para clasificarse entre los grupos en riesgo, o tengan dificultades por edad o discapacidad, o se pudieran considerar posible fuente de inestabilidad, como grupo se les define por el lugar excepcional que ocupan en la historia y gozan de una situación social especial. La sociedad timorense considera a todos los veteranos de la resistencia a la ocupación tesoros nacionales vivientes, un símbolo del honor de la nación.

429.La Secretaría de Estado para los Veteranos y los Ex Combatientes del Ministerio de Trabajo y Reinserción en la Comunidad es el organismo responsable de valorización los programas para veteranos. En los actuales programas se incluye la construcción de un cementerio para los combatientes de la resistencia en Metinaro.

430.Como parte del programa de valorización para veteranos, la CAAC y la CAVF, comisiones instituidas por el Presidente, emprendieron un proceso nacional de identificación e inscripción de veteranos como Antigos Combatentes das Falintil o Veternãos das Falintil, según las fechas en que prestaron sus servicios. La base de datos establecida por esas comisiones, con la asistencia del Banco Mundial, contiene unas 37.000 entradas. El informe final de las comisiones, terminado en junio de 2004, se incluyeron recomendaciones de que se honraran las aportaciones hechas por los veteranos a los diferentes servicios durante la guerra. De conformidad con estas recomendaciones, el Parlamento aprobó recientemente una ley en la que se reconocía el valor de los veteranos y se disponía el pago de subsidios a los ex combatientes. Cabe mencionar también que se estableció además una nueva Comisión de la Resistencia Civil (CAQR) para reconocer la contribución de las unidades clandestinas y civiles a la lucha por la independencia. En el mandato de esta comisión se estipulaba que 40% de los miembros a nivel de distrito y subdistrito fuesen mujeres.

431.Antes de que se aprobase la ley sobre valoración de los veteranos, el Gobierno había emprendido también un programa de apoyo social a los veteranos combatientes que habían combatido durante los 24 años de lucha armada. Los veteranos que reúnen los requisitos reciben entre 100 y 135 dólares de los EE.UU. de asistencia social mensuales, administrados por el Ministerio de Trabajo y Reinserción en la Comunidad. Actualmente se considera que 36 personas cumplen los requisitos para esa asistencia, aunque todavía hay que prestar más atención a las mujeres veteranas para determinar cómo pueden beneficiarse también del apoyo estatal.

Asistencia de emergencia para grupos vulnerables

432.El Ministerio de Trabajo y Reinserción en la Comunidad ha adoptado medidas para establecer un Fondo de Solidaridad Social de manera de apoyar las medidas encaminadas a prestar asistencia a los grupos sociales en situación especial o con necesidades especiales de a) obtener asistencia urgente y b) apoyar los esfuerzos para mejorar su bienestar y sus medios de subsistencia sostenibles en mercados abiertos sobre la base de la igualdad. Entre julio de 2004 y junio de 2005, 524 familias con niños en situación de vulnerabilidad, 513 familias con discapacitados y 228 familias con veteranos recibieron esta forma de asistencia social. Se prestó asistencia directamente a los cabeza de familia para mitigar el hambre que padecen esos grupos vulnerables.

Estrategia en materia de discapacidad

433.El Gobierno trata de eliminar la marginación de los grupos de personas con discapacidades físicas e intelectuales alentando la ejecución de programas que puedan reducir las barreras sociales y físicas que privan a estas personas de acceso a una vida independiente, incluso de la participación en labores productivas decorosas, en la recreación, la capacitación y la educación.

434.El Código del Trabajo (art. 8.4.1) asigna la responsabilidad del “trabajo y el bienestar de las personas con discapacidades” al Ministerio de Trabajo y Reinserción en la Comunidad, por medio de la DNSS.

435.A principios de 2005, la Secretaría de Estado para el Trabajo y la Solidaridad se encargó del proyecto de formular una política nacional para las personas con alguna discapacidad. Las consultas locales en todos los distritos durante abril/mayo de 2005 revelaron el sumo interés de la comunidad en la cuestión de la discapacidad al plantearse dos temas cotidianos: la necesidad de empleo y la promoción de oportunidades de empleo, y cuestiones relacionadas con la calidad de vida (en particular el acceso a los servicios de salud y educación, el apoyo social, el alojamiento y los problemas de transporte). También se hizo hincapié en la preferencia por contar con maestros mejor preparados en las principales escuelas y con respuestas basadas en la comunidad para las necesidades de rehabilitación.

436.En junio de 2005, un Grupo de Trabajo sobre Discapacidad, organizado en el Ministerio de Trabajo y Reinserción en la Comunidad, examinó el anteproyecto de política nacional en materia de discapacidad, formulado por el Ministerio, en estrecha cooperación con el Ministerio de Salud. Esta política trata de aprovechar las enseñanzas pertinentes aprendidas de la comunidad internacional, así como de atender las circunstancias, necesidades y prioridades específicas del país. Esta labor se guía por principios esenciales basados en los derechos, incluida la no discriminación y la inclusión en todos los aspectos del desarrollo y el empoderamiento de personas con discapacidad, como agentes y beneficiarios de todos los aspectos del desarrollo.

437.Los objetivos de la política nacional son: la posibilidad de acceso a los sistemas generales de la sociedad; las redes de seguridad y protección social; la promoción del empleo y los medios de subsistencia sostenibles en mercados abiertos; la participación civil y política; e información, comunicaciones y libertad de expresión para todos. La ejecución será apoyada por una ley sobre la discapacidad y el establecimiento de un mecanismo nacional de consulta y coordinación y la presentación de informes anuales al Parlamento sobre la prestación de servicios y los resultados de las medidas previstas en la política.

438.Pese a que la responsabilidad por el tratamiento médico de padecimientos y enfermedades como poliomielitis y lepra recae sobre el Ministerio de Salud, ONG locales como ASSERT, con la asistencia de Cambodia Trust, están adoptando medidas para reducir la exclusión social de las víctimas que quedan discapacitados y otras personas que necesitan aparatos mecanizados por medio de servicios ortopédicos y prostéticos. Con el tiempo, este programa será total responsabilidad del Gobierno en el futuro.

B.Garantías procesales

1.Detención y custodia

439.En Timor-Leste, la autoridad para mantener el orden público, practicar detenciones y encarcelar compete fundamentalmente a la Policía Nacional. El Servicio de Aduanas y toda persona que sea testigo de la comisión de un delito podrán también detener al perpetrador.

440.La facultad para detener a personas compete primordialmente a la policía nacional y se suele ejercer fundamentalmente para detener a sospechosos de delito. Sin embargo, la policía está autorizada también para detener a inmigrantes ilegales.

441.La policía podrá practicar una detención en flagrante delito, cuando existan pruebas irrefutables de que se ha cometido un delito o cuando se esté cometiendo el delito, o si, al ser seguido inmediatamente después de la comisión del delito, se hallan en posesión del sospechoso objetos o pruebas del delito. La persona también podrá ser detenida cuando un juez emita una orden de detención en su contra.

442.Dado que la detención y la custodia imponen limitaciones directas e importantes a los derechos y las libertades de las personas, la ley dispone salvaguardias estrictas para asegurar que esos poderes no se ejerzan arbitrariamente. En el párrafo 1 del artículo 34 de la Constitución y en el artículo 60 del Código de Procedimiento Penal se dispone que se presumirá la inocencia de un sospechoso hasta tanto se pruebe su culpabilidad y se le deberá informar de sus derechos y de los cargos que se le imputan con claridad y exactitud. La legalidad de la detención y la custodia será objeto de revisión por un juez en una vista privada dentro de las 72 horas posteriores a la detención, y una vez cada seis meses en adelante para determinar la validez de la continuación del arresto. El período de custodia previo al juicio no podrá exceder de un año sin que se presente un acta de inculpación formal; dos años sin una condena en primera instancia; y tres años sin una condena definitiva. Los límites temporales que se acaban de mencionar pueden aumentar en seis meses, si el caso es excepcionalmente complejo.

443.La Constitución y el Código de Procedimiento Penal otorgan a las personas el derecho a solicitar habeas corpus al Tribunal Supremo para impugnar su detención o encarcelamiento. Como se detalla en la sección F más adelante sobre recursos eficaces, entre 2002 y 2005 se solicitaron y concedieron unos cinco habeas corpus. En el Código se dispone concretamente que la imposición de la detención previa al juicio, de ser factible, debe ir precedida de una audiencia con el acusado/la acusada, en la que se le permita impugnar la existencia de condiciones previas para la detención. Esas condiciones previas son:

Temor fundado de que el acusado pueda escapar, que una investigación pueda verse interrumpida o de que se pueda llevar a cabo alguna actividad delictiva;

Indicadores firmes de que se ha cometido un delito punible con pena de más de tres años de cárcel; y

Falta de cualesquiera otras medidas restrictivas.

444.Cuando se cumplan los supuestos para la detención previa al juicio, la persona que padezca un trastorno mental será ingresada como medida preventiva en un hospital psiquiátrico u otro establecimiento pertinente durante el tiempo que sea necesario.

445.Recuérdese también que el Defensor tiene el mandato de investigar todo establecimiento de detención para inspeccionar las condiciones prevalecientes y realizar entrevistas confidenciales con los detenidos.

446.Pese a su carácter general, las normas y procedimientos para la detención y custodia no siempre se respetan. Son varias las razones para ello.

447.El carácter evolutivo del sistema jurídico ha generado cierta confusión en cuanto a las leyes y procedimientos sobre detención y custodia aplicables en Timor-Leste. Se espera que el Código Penal propuesto, el nuevo Código de Procedimiento Penal y las leyes orgánicas de la Oficina del Fiscal y de Defensoría Pública resuelvan algunas de las discrepancias, aunque la fuerza policial tendría también que recibir un entrenamiento intensivo para aumentar sus conocimientos acerca del nuevo marco jurídico.

448.La Policía Nacional de Timor‑Leste es también una organización muy joven y relativamente inexperta de aproximadamente 2.980 miembros. Esta inexperiencia se ha puesto de manifiesto a veces en una conducta impropia.

449.Los casos disciplinarios se han clasificado como delitos de menor cuantía o infracciones graves, categoría en la que se incluyen las violaciones de los derechos humanos. Graves infracciones disciplinarias que podrían constituir violaciones de los derechos humanos son también:

Condena por un delito penal (si conlleva daño a otros);

Ejercicio ilícito o innecesario de la autoridad (si conlleva daño físico o psicológico a otros);

Acoso sexual;

Trata y prostitución de mujeres y niños;

Conducta discriminatoria.

450.En general, aunque no se ha registrado un aumento sustancial de los casos de indisciplina policial, se siguen comunicando infracciones por parte de la policía. En 2004, se habían interpuesto casos disciplinarios contra 6,8% de los agentes de policía (38% por delitos de menor cuantía), aunque no todos se trataban de violaciones de los derechos humanos. Se expulsó del servicio a siete oficiales por casos de comportamiento indebido grave. Otros tres fueron expulsados en abril de 2005. Se ha condenado también a policías por agresión, por regla general, malos tratos.

451.De las principales infracciones disciplinarias cometidas entre el 1º de enero de 2005 y el 31 de marzo de 2005, 13 fueron delitos de agresión, siete de ellos por abuso de autoridad y dos fueron casos de agresión sexual o acoso sexual. En noviembre de 2005, la Oficina de Ética Profesional había examinado 175 casos de conducta impropia de la policía, de los cuales 63 conllevaban violaciones de los derechos humanos.

452.Las características de estos casos apuntan a la conveniencia de que los oficiales de policía necesitan más entrenamiento en relación con la detención, el interrogatorio y el trato a los detenidos, así como comprender cuál es su función como policías, aunque en el entrenamiento no se tratarían cuestiones de más envergadura, como son los delitos sexuales, en los que las actuaciones judiciales son el único camino apropiado para procurar una reparación.

453.El nuevo Reglamento Disciplinario de la Policía constituye un medio perfeccionado para fortalecer la responsabilidad de este cuerpo en el tratamiento más eficaz de casos de falta de ética profesional de la policía, aunque todavía no están en vigor las normas complementarias que hagan más efectiva la aplicación de ese reglamento.

454.El Ministerio del Interior está considerando también la posibilidad de establecer mecanismos que aseguren que todos los casos denunciados se examinen para determinar si existen violaciones de los derechos humanos y de poner en marcha un sistema de información al Ministro acerca de esos casos todos los meses. De esta manera el Ministerio contará con información suficiente para determinar la naturaleza y el alcance de las violaciones de los derechos en todos sus aspectos y adoptar medidas más específicas para buscar solución a los casos que hayan ocurrido.

455.Además de las dificultades de carácter jurídico e institucional, los limitados recursos siguen entorpeciendo los esfuerzos para asegurar las garantías fundamentales, incluido el derecho a condiciones de detención adecuadas y el acceso a estar representado por un abogado durante el período de custodia policial, la celebración puntual de las vistas previas al juicio y el acceso a los servicios de interpretación y traducción.

456.La Constitución dispone que los hombres y las mujeres encarcelados mantengan sus derechos como seres humanos, excepto en el caso de haber perdido legalmente su libertad como consecuencia del delito cometido. Si bien las condiciones generales en las cárceles son buenas, algunas tienen que ser rehabilitadas, por lo que las condiciones de la custodia pueden variar. Esas condiciones nunca serán tan malas como para constituir violaciones graves de los derechos. Pero la escasez de recursos en ocasiones ha obligado a la policía a utilizar sus propios recursos, también limitados, para garantizar que los detenidos reciban alimentación adecuada, ropa y frazadas para dormir, solución que deja mucho que desear y que el Gobierno espera resolver en breve plazo.

457.Aunque hay algunas instituciones privadas que prestan servicios jurídicos, por mucho tiempo hubo sólo 10 abogados de la defensa que prestaban asistencia letrada gratuita a personas involucradas en investigaciones judiciales o en un proceso penal. La situación ha seguido deteriorándose debido a que muchos abogados no pasaron sus exámenes nacionales y ahora sólo hay siete de ellos prestando servicios. La policía también advierte de que el derecho de un sospechoso a contactar a un abogado puede quedar suspendido en circunstancias en que haya motivos para considerar que el sospechoso constituye un peligro para la seguridad pública, como cuando se halla un arma, municiones o explosivos en su posesión.

458.También se han producido violaciones del límite de las 72 horas bajo custodia policial, en particular en zonas apartadas donde la falta de transporte, gasolina o las malas condiciones en las carreteras han imposibilitado llevar a los sospechosos ante el tribunal oportunamente. Durante gran parte del período sobre el que se informa, el Tribunal de Distrito de Dili fue el único que funcionó con regularidad. Los demás tribunales de distrito funcionaban de manera poco sistemática en sus respectivos distritos y, en ocasiones, funcionaban desde los locales del Tribunal de Distrito de Dili, lo que dificultaba aún más llevar al sospechoso ante el tribunal desde regiones apartadas. La llegada de jueces y fiscales internacionales en los últimos meses ha mejorado el funcionamiento de los tribunales, pero la situación todavía no se ha resuelto. Las consultas en los distritos revelaron también algunas malas interpretaciones de la norma de las 72 horas por parte de la policía, ya que algunos creían necesario mantener detenido a un sospechoso por lo menos 72 horas antes de comparecer ante un juez de instrucción. También se afirmó que se había aplicado la norma de las 72 horas como forma de castigo para detener a personas sin cargo durante breves períodos de tiempo.

459.Los policías saben que el sospechoso/la sospechosa tiene derecho a que se le informe de manera clara y precisa de los cargos que se le imputan en el momento de la detención. Sin embargo, las dificultades impuestas por la diferencia de idiomas y la falta de un grupo de intérpretes que ayude en las actuaciones judiciales en las 13 comisarías de policía de distrito ha impedido el cumplimiento de esa garantía en muchos casos.

460.Parte de la información sobre las violaciones de los derechos humanos por la policía o de la inobservancia de las debidas garantías procesales que se mencionaron en otros párrafos son anecdóticas. El Ministerio del Interior, del que depende la Policía Nacional de Timor‑Leste, reconoce que se han producido violaciones de los derechos humanos, aunque insiste en que el Ministerio no ha tenido todavía propiamente la oportunidad de establecer un mecanismo para señalar la naturaleza o el alcance de las violaciones de los derechos humanos o registrar datos al respecto, por lo que actualmente no puede aportar datos concluyentes. No obstante, se espera que tan pronto esté en pleno funcionamiento el Reglamento Disciplinario de 2004 y se perfeccionen la recopilación de datos y los mecanismos de remisión y tramitación de las denuncias entre la Oficina del Cuerpo de Inspectores, la Oficina de Ética Profesional y la Oficina del Defensor y aumenten los períodos de formación de policías, se obtendrán resultados positivos, entre ellos más responsabilidad de la policía y menos violaciones de los derechos humanos en las prácticas de detención y encarcelamiento.

461.En el apartado c) del párrafo 1 del artículo 2 del Reglamento 2001/23 de la UNTAET se dispone que el régimen penitenciario procurará reformar y lograr la rehabilitación social de los presos. De hecho, el objetivo del sistema penal de Timor‑Leste es asegurar que los reclusos no queden totalmente desconectados de la sociedad en general, en particular sus familiares y allegados. Se permiten a los familiares y a las personas allegadas visitar periódicamente las cárceles. Cualquier otra visita a las cárceles se realiza previa aprobación del Ministro del Interior y del Ministro de Relaciones Exteriores. El Ministerio de Justicia, en asociación con el PNUD, estableció un Programa de Asistencia a los Presos, que incluye la formación profesional, así como cursos de control de los arrebatos de ira en el caso de reclusos condenados por delitos de violencia por motivos de sexo. Además, la OPI, con el apoyo del UNFPA, tiene actualmente un programa piloto sobre “Control del comportamiento para los delincuentes violentos”. En el momento de redactar el presente documento, 12 carceleros habían completado con éxito la primera etapa del componente de formación de instructores del programa. Se preparó un manual de capacitación con la aportación de importantes interesados directos que se utilizará para la formación intensiva de tres carceleros (cofacilitadores) como instructores antes de proceder a la etapa final de la aplicación de los módulos de capacitación para el grupo de reclusos. Se han creado otros programas sociales y educativos para que los reclusos hagan una vida normal cuando se reintegren a su comunidad.

2. Proceso penal

462.Tanto la Constitución como el Código de Procedimiento Penal constituyen el fundamento jurídico interno que garantiza un juicio imparcial y establece las debidas garantías procesales en Timor-Leste.

463.De conformidad con el derecho a la presunción de inocencia hasta que se demuestre la culpabilidad, protegido en el párrafo 1 del artículo 34 de la Constitución, la responsabilidad de establecer la prueba de la comisión de un delito recae en el fiscal. En el párrafo 4 del artículo 35 de la Constitución se establece también inequívocamente que ningún testigo podrá ser obligado a autoincriminarse y, si bien no hay una legislación concreta al respecto, el sospechoso no está en la obligación de confirmar ni negar la información proporcionada por las víctimas y los testigos respecto de la comisión de un delito. Sigue siendo responsabilidad del fiscal realizar investigaciones a fondo y reunir las pruebas del caso. Los abogados de la defensa tienen la oportunidad de volver a interrogar a los testigos presentados por el fiscal.

464.El Código de Procedimiento Penal prohíbe expresamente la admisión en el juicio de pruebas obtenidas por medios ilícitos como tortura, coacción o amenazas contra la moral o la integridad física. Todo oficial que utilice medios ilícitos para obtener esa información podrá ser condenado a un máximo de cuatro años de cárcel. El Gobierno no tiene conocimiento de ningún caso en el que se hayan presentado a los tribunales pruebas extraídas mediante tortura o medios coercitivos o amenazas.

465.En el párrafo 2 del artículo 34 de la Constitución y en el Código de Procedimiento Penal se garantiza al acusado el derecho a estar representado por un abogado en todas las etapas del procedimiento penal, mientras que la Oficina de Defensoría Pública es el principal medio que tienen las personas para acceder a la asistencia letrada gratuita. Existen otras entidades que prestan asistencia letrada, mediante pago o pro bono, además de la Oficina de Defensoría Pública. En el artículo 135 de la Constitución se establece el interés social que reviste la asistencia letrada y judicial en Timor-Leste, que se deberá prestar de conformidad con este principio, además en el país funcionan al menos ocho organizaciones no gubernamentales que prestan asistencia letrada con fondos de la Fundación Asia. Sin embargo, Timor-Leste actualmente sufre una gran escasez de abogados, lo que influye en el derecho del sospechoso a tener una representación jurídica competente y a menudo impide que se dicte un fallo sobre su caso a su debido tiempo. Esta situación se ha agravado además por no haber aprobado los abogados de la defensa sus exámenes de grado a principios de 2005. Timor-Leste sigue dependiendo mucho de asesores internacionales y del apoyo de donantes para que la Oficina de Defensoría Pública siga funcionando.

466.La Constitución y el derecho establecen que las vistas sean públicas y esta condición se respeta en la práctica. No obstante, cuando las circunstancias concretas de un caso así lo requieren, se puede restringir, en total o en parte, el acceso del público a las vistas para preservar la moral pública o la dignidad. Aquí se incluyen los casos de delitos penales por motivo de sexo y, de hecho, las audiencias sobre delitos penales por motivo de sexo contra menores de 18 años son invariablemente privadas.

467.El derecho del reo a volver a examinar a un testigo y el derecho de los testigos vulnerables a no sentirse intimidados están reconocidos por la ley y los jueces suelen respetarlos en el proceso penal. El aspecto más problemático de las actuaciones judiciales hasta la fecha ha sido la excesiva demora en la tramitación de los casos y los sustanciales atrasos debido a la inexperiencia y la mala preparación de los jueces, el poco apoyo que se presta a los tribunales y la falta de claridad y uniformidad en el tratamiento de los casos. En ocasiones, estas demoras han ido en detrimento del derecho del reo a ser juzgado sin dilación.

468.Según datos recopilados por la Fiscalía, el atraso en el enjuiciamiento de casos ha aumentado muchísimo desde 2001, aunque se redujo un poco tras la llegada de los jueces internacionales. A finales de 2004, se habían registrado 1.091 casos en el sistema (174 en 2004), de los cuales estaban pendientes 440. El nuevo Código de Procedimiento Penal contiene algunas disposiciones destinadas a abordar el problema de las demoras indebidas que han obstaculizado el funcionamiento eficaz del sistema judicial desde antes de la independencia. Se espera que este nuevo marco legislativo y el aumento de la capacidad de las autoridades judiciales hagan mucho para aumentar la eficacia en la tramitación de los casos.

469.Los reos y sus familiares tendrán acceso a los fallos de los tribunales por medio de sus abogados, y el público, por medios impresos y electrónicos, en la medida de lo posible. En 2005, el Presidente del Tribunal de Apelaciones emitió una directiva, en la que se oficializaba el acceso del público a los fallos de los tribunales. Al principio, hubo quejas de que no había acceso a algunos fallos de los tribunales, pero los tribunales han comenzado ya a publicar de manera más sistemática sus sentencias y a mejorar la circulación de información sobre los casos.

470.No existe ningún “derecho de apelación” estipulado concretamente en la Constitución, pero el Código de Procedimiento Penal establece que “a menos que la ley lo prohíba expresamente, las órdenes judiciales, las condenas y los fallos se podrán apelar en su totalidad o en parte en cuestiones de hecho y de derecho”. Se pueden apelar los fallos de los tribunales de distrito ante el Tribunal Supremo de Justicia, actualmente Tribunal de Apelaciones.

471.En la Constitución de Timor-Leste se establece que el derecho penal no se aplicará con carácter retroactivo. También se prohíbe la celebración de un nuevo juicio por la misma causa, de manera que, independientemente del veredicto final, tan pronto se ha juzgado a una persona por un delito, el mismo delito no se podrá juzgar una segunda vez por un tribunal. No se han registrado casos en que el acusado haya sido juzgado por un mismo delito más de una vez. Sin embargo, hay dos casos relacionados con la cuestión de la no retroactividad.

472.El primero se interpuso ante el Tribunal de Apelaciones, y en él se afirmaba que la sala especial de delitos graves no tenía jurisdicción para entender de casos de crímenes de lesa humanidad que hubiesen ocurrido antes del establecimiento de esas salas, ya que ello equivaldría a aplicar el derecho penal retroactivamente. Se había delegado en las salas especiales la jurisdicción específica para determinar en esos casos. Sin embargo, la Sala Especial de Delitos Graves había revisado esta decisión, decidido no cumplir la decisión del Tribunal de Apelaciones y resuelto que, dado que los crímenes de lesa humanidad constituían delito en virtud del derecho internacional consuetudinario, esos delitos formaban parte del contenido del derecho en Timor-Leste en el momento en que fueron cometidos. En consecuencia, una persona podrá ser juzgada por crímenes de lesa humanidad cometidos antes del establecimiento del tribunal sin que ello constituya violación del principio de no retroactividad.

473.En un fallo posterior, El Fiscal c . Paulino de Jesus , el Tribunal de Apelaciones también halló culpable de “crímenes de lesa humanidad”al acusado, a pesar de que los delitos fueron cometidos antes de que la legislación interna considerase que esos actos constituían delito. De esta manera quedó resuelta la ambigüedad sobre este aspecto.

474.Se han adoptado medidas especiales para asegurar el apoyo a las víctimas de delitos sexuales. Estas medidas incluyen el establecimiento de la Dependencia de Protección de Personas Vulnerables en el servicio de policía para prestar apoyo a las víctimas de abuso sexual. Además, existe una red de servicios de apoyo integrada por organismos públicos y ONG, que presta asistencia permanente en la forma de psicoterapia de trauma y albergues seguros para ayudar a las víctimas a lograr su plena recuperación. Estos organismos suelen trabajar en estrecha colaboración con la policía y acompañar a las víctimas durante las investigaciones. La OPI coordina actualmente esta red de remisión y prestación de asistencia, con el apoyo del UNFPA.

3. Justicia tradicional

475.Los ciudadanos, en particular en los distritos, no tienen conocimiento del procedimiento para llevar controversias ante un tribunal de distrito. Aunque los timorenses aprueban en general el sistema oficial, muchos se sienten más cómodos y a gusto con la Adat, o justicia tradicional. De hecho, es evidente que un gran porcentaje de la población prefiere recurrir a la solución tradicional de sus diferendos en lugar de acudir a la justicia oficial para resolver sus agravios, ya que consideran que el sistema oficial es débil e incompetente.

476.A menudo llamada “justicia local”, la justicia tradicional ha existido desde antes de las ocupaciones portuguesa e indonesia. Se trata de una tradición oral, en la que los mayores adoptan decisiones no escritas que pasan de una generación a otra por medio de los venerables ancianos de la comunidad, el Lia Nain (anciano) de la aldeia (aldea o subaldea).

477.La justicia tradicional, jerárquica por naturaleza, se utiliza comúnmente para resolver cuestiones civiles y actualmente, entiende cada vez más de delitos de menor cuantía que, habitualmente, eran diferendos sobre la tierra y problemas de familia o delitos de poca monta. La justicia tradicional suele tener en cuenta los principios fundamentales de derechos humanos, aunque el grado de consideración que se da a los derechos humanos varía considerablemente de un caso a otro.

478.Debido a su carácter tradicional y jerárquico, la justicia tradicional no siempre garantiza que las partes en una controversia estén en pie de igualdad ante la ley. Por ejemplo, en casos en que intervienen un padre y un hijo, el padre siempre “ganará” porque es el mayor y porque ha proporcionado el sustento de su hijo.

479.El uso de la justicia tradicional para resolver delitos más graves como presiones psicológicas o casos de violación sexual se ha generalizado en todo Timor-Leste y causa preocupación, porque las víctimas, casi siempre mujeres y niños, prácticamente no tienen voz en el asunto y no tienen recurso posible de que valerse en el proceso. Esto se evidencia también en casos de controversias sobre la tierra, en particular en el sistema patrilineal, en el que los hombres tienen más probabilidades de heredar la tierra y las mujeres no cuestionan esas decisiones.

480.Las consultas de distrito revelaron también que, pese a su evidente mérito, los mecanismos de la justicia tradicional en algunos casos pueden tener el efecto de inhibir la libre expresión debido a la vergüenza experimentada por las partes en la controversia. Se dice que algunas personas, a veces las víctimas, se sienten obligados por sentimientos de vergüenza y, en general se niegan a ventilar sus problemas en un foro comunitario. Invariablemente, estos sentimientos afligen a los más vulnerables, en particular las mujeres y los niños. Esta cuestión se analiza con más detalle en el informe preparado para la CEDAW.

481.Los recursos de la justicia tradicional se basan en un concepto tradicional de “indemnización”, llamado comúnmente “fo sala/monu ain“. La indemnización siempre adopta la forma de dinero o un animal como un búfalo, un caballo, un cerdo o una cabra. El objetivo de la Adat es salvar la dignidad de la víctima y al mismo tiempo pedir a ambas partes que se reconcilien públicamente. A veces se lleva un belak (adorno en forma de media luna que se lleva sobre el pecho) como símbolo de los esfuerzos para rescatar la dignidad de la víctima.

482.Otros recursos de que se dispone son la mediación, en la que el Lia Nain se acerca a las dos partes con el objetivo de lograr una solución familiar/privada y la “redención” de la dignidad de la víctima. Tras ese primer acercamiento, el Lia Nain pide a las dos partes en biti boot que se perdonen mutuamente. Esto se considera el fin del asunto y compete a las partes recibir el mismo trato de antes del conflicto o de tratarse como antes. Con mucha frecuencia, en casos de violencia en el hogar o agresión sexual, o ambos, al perpetrador no se le castigará más que con la obligación de pagar indemnizaciones en la forma de multas o el pago a la familia de la víctima con bienes. Las deliberaciones que tuvieron lugar en los cursillos regionales sobre presentación de informes a los órganos creados en virtud de tratados de derechos humanos en 2005 revelaron que las mujeres rara vez suelen recibir una forma directa de indemnización, se les suele culpar del delito y se les hace cargar con las consecuencias o la vergüenza relacionada con el delito.

483.Pese a sus evidentes deficiencias, la experiencia ha demostrado que la justicia tradicional es capaz de resolver tanto controversias civiles como penales. De hecho puede ser muy eficaz, cuando se utiliza como mecanismo para la solución de un diferendo de carácter elemental en la comunidad, presuntamente un asunto de menor cuantía que se puede resolver de manera expedita. En casos más graves, su eficacia es cuestionable.

484.Muy arraigada en la cultura histórica del país, la justicia tradicional resuelve problemas por consenso. Si una parte no está conforme con una decisión o no se puede llegar a resolver la cuestión en la aldea o la localidad, la cuestión se puede llevar ante el sistema de justicia oficial o a un tribunal para que decida.

485.En el artículo 31 de la Constitución se establece la primacía del sistema de justicia oficial respecto de las prácticas tradicionales. Sin embargo, las prácticas tradicionales tienen un lugar en la Constitución, como se afirma en el párrafo 4 del artículo 2, en que se pide al Estado que “reconozca y valore las normas y costumbres de Timor-Leste y toda legislación que tenga que ver concretamente con el derecho consuetudinario”. El Gobierno reconoce el lugar especial que ocupa la justicia tradicional en el país. Pero la relación, de haberla, entre la justicia tradicional y la oficial todavía está por determinar y merece cada vez más atención a medida que el país avanza en el fortalecimiento del imperio de la ley y las instituciones de justicia y en la aplicación de la legislación pertinente, como la ley sobre la violencia en el hogar.

486.Entre tanto, es evidente que la justicia tradicional seguirá desempeñando su actual función como mecanismo popular de solución de controversias en la comunidad en todo Timor-Leste.

C. Participación en la vida pública

1. El derecho a tener una nacionalidad

487.En Timor-Leste, la nacionalidad y la ciudadanía se reglamentan en el artículo 3 de la Constitución, en la Ley 9/2002 de ciudadanía y en el Decreto-ley 1/2004 sobre disposiciones reglamentarias de la Ley de ciudadanía.

488.La Constitución prevé dos tipos de ciudadanía: la original y la adquirida. Tanto una como la otra se determinan mediante una suma de factores como son el nacimiento, la relación filial y el matrimonio. En el caso de la ciudadanía original, el nacimiento y la relación filial son los factores más importantes. En el párrafo 1 del artículo 3 de la Constitución y en los párrafos 1 y 2 del artículo 8 de la Ley de ciudadanía se establece que los niños nacidos en Timor-Leste son ciudadanos originales, si uno de los progenitores nació también en Timor-Leste. Los hijos nacidos fuera del país son también ciudadanos originales de Timor-Leste en razón de su relación filial. El régimen jurídico otorga la ciudadanía original a los hijos de padres desconocidos o apátridas o de nacionalidad desconocida, siempre y cuando esos niños hayan nacido en Timor‑Leste. Al llegar a la mayoría de edad (17 años), el joven que declare su voluntad de ser ciudadano de Timor-Leste se considera también ciudadano del Estado.

489.La adquisición de la ciudadanía está reglamentada por ley y puede incluir la adquisición por relación filial, mediante la adopción por nacionales timorenses, por medio del matrimonio y la naturalización/residencia. Una persona que haya sido residente habitual y permanente de Timor-Leste durante al menos 10 años antes del 7 de diciembre de 1975 o después del 20 de mayo de 2002 podrá adquirir la ciudadanía por naturalización/residencia, siempre y cuando hable uno de los idiomas oficiales, tenga medios de sustento propios y posea algún conocimiento de la historia y la cultura de la nación.

490.La nacionalidad timorense oriental se podrá otorgar también a una persona que haya estado casada con un ciudadano de Timor Oriental durante más de cinco años, y haya residido en territorio nacional por más de dos años. En este caso también, la adquisición de la ciudadanía depende del requisito de que hable uno de los idiomas oficiales. El extranjero que pierda su ciudadanía anterior por haber contraído matrimonio con una persona oriunda de Timor-Leste podrá optar también por la nacionalidad de Timor –Leste. La ciudadanía timorense oriental adquirida de buena fe mediante matrimonio no se verá afectada por la anulación del matrimonio.

491.Y, por último, el Parlamento Nacional podrá otorgarla también a una persona que haya prestado servicios excepcionales y destacados a la nación.

492.En el caso de la ciudadanía original de Timor-Leste, en la ley se establece que bastará la decisión voluntaria de una persona de no mantener la ciudadanía timorense oriental para renunciar a ella. En el caso de la ciudadanía adquirida, cualquier de los criterios que se indican a continuación bastará para la pérdida de la ciudadanía:

Servicio en el ejército de un Estado extranjero sin autorización;

Ejercicio no autorizado de funciones de soberanía de un Estado extranjero;

Condena por un delito penal contra la seguridad externa del Estado de Timor‑Leste; o

Adquisición de la ciudadanía mediante documentos falsos, por medios fraudulentos o engaño a las autoridades competentes.

493.La ciudadanía se podrá readquirir, previa deliberación del Ministerio de Justicia, si la pérdida se produjo durante la niñez y ese niño es ya un adulto o si se renunció a la ciudadanía. En este caso se deberá probar haber residido en el país durante uno y cinco años respectivamente.

Igualdad de derechos a la ciudadanía

494.La ley timorense garantiza la igualdad de ciudadanía para que hombres y mujeres gocen de los mismos derechos a obtener, cambiar y retener su ciudadanía independientemente de su sexo. En la práctica, una mujer sigue gozando de sus derechos como ciudadana nacional independientemente de la nacionalidad de su esposo o de cualquier decisión que adopte su esposo de cambiar de nacionalidad. Muchas mujeres de Timor Oriental que se han casado con extranjeros siguen disfrutando del mismo grado de participación en la vida social y política que las casadas con timorenses. La mujer no está tampoco en la obligación de pedir permiso a su marido o tutor masculino, si desea obtener un pasaporte, aunque es costumbre que tanto el hombre como la mujer informen a sus respectivas familias de sus planes de viajar.

495.La ciudadanía de la madre tiene el mismo valor que la del padre. Los hijos pueden adquirir la ciudadanía de cualquiera de los progenitores. La doble ciudadanía es admitida extraoficialmente por el Estado y muchos timorenses posee la ciudadanía timorense y la de otro Estado, casi siempre Portugal, Mozambique o Australia. La ley no aprueba oficialmente la doble ciudadanía, sino que más bien establece que en Timor‑Leste, en caso de conflicto con otra ciudadanía, prevalecerá la ciudadanía timorense.

2. Derecho a la participación política y acceso a la administración pública

496.El derecho de los ciudadanos timorenses a la participación política está garantizado en la Constitución en varias de sus disposiciones. En el artículo 46 de la Constitución se establece que: “[t]odo ciudadano tiene derecho a participar en la vida política y en los asuntos públicos del país, ya sea directamente o por medio de sus representantes elegidos democráticamente”.

497.Otras importantes cláusulas de la Constitución prevén el derecho a establecer partidos políticos y a participar en ellos, y el derecho a elegir y ser elegido. La Constitución es inequívoca en cuanto a que el derecho de voto es personal y constituye un deber cívico y a que la participación directa y activa de hombres y mujeres en la vida política es fundamental para la consolidación de un sistema democrático. También se promueve la igualdad en el ejercicio de los derechos civiles y políticos y la no discriminación por motivo de sexo en el acceso a los cargos políticos.

498.En el sistema político de Timor-Leste se celebran tres tipos de elecciones: presidenciales, parlamentarias y de “chefe de suco/suco”(jefe de aldea /consejo de aldea). Las elecciones son universales, libres, directas, en pie de igualdad, secretas y se ejercen mediante sufragio universal personal y regular. Las elecciones presidenciales y parlamentarias se celebran cada cinco años, de conformidad con el mandato del Presidente y del Parlamento, mientras que las elecciones de chefe de suco/suco se celebran cada tres años, con excepción del primer mandato que dura cuatro años. Las elecciones subsiguientes se celebrarán cada tres años. Las primeras elecciones se sucedieron por distrito y se celebraron durante 2004-2005.

499.Se estableció una Comisión Nacional Electoral (CNE) encargada de administrar y celebrar las elecciones en las tres instancias. La Comisión está integrada por 13 miembros, que representan a todos los sectores de la sociedad timorense. Tres miembros son nombrados por el Presidente y cuatro por el Parlamento Nacional. Al menos una mujer es nombrada por cada institución. El Tribunal, la Fiscalía y la Oficina de Defensoría Pública nombran cada uno a un miembro de la CNE. La tarea del CEN es supervisar la celebración de las elecciones, asegurar que se cumpla la ley y la Constitución, examinar y decidir sobre denuncias y reclamaciones relacionadas con la celebración de las elecciones y presentar los resultados de las elecciones a un tribunal competente para su validación. También por Orden ejecutiva de la UNTAET se había establecido una Comisión Electoral Independiente para supervisar las elecciones a la Asamblea Constituyente y las elecciones presidenciales celebradas durante la Administración de las Naciones Unidas en 2001 y 2002.

500.En el Ministerio de Administración Estatal existe una secretaría técnica para la administración electoral encargada de la organización y celebración de los procesos electorales y de la consulta y el apoyo a los asuntos electorales, que incluye propuestas para la adopción de las medidas apropiadas que aseguren la participación de todos los ciudadanos. En fecha más reciente, esta administración ha prestado asesoramiento concreto sobre la índole y el contenido posibles de las leyes electorales para las elecciones de 2007.

501.Una parte importante del proceso electoral es la campaña política. La celebración de campañas electorales está reglamentada por ley. Según el artículo 65 de la Constitución, las campañas electorales se regirán por los principios de libertad para realizar campañas, la igualdad de oportunidades y el trato igual para todos los candidatos, la imparcialidad de los organismos públicos respecto de las candidaturas y la transparencia y supervisión de los gastos electorales. Si bien no hay una ley específica al respecto, en la práctica, los partidos políticos celebran campañas políticas para las elecciones. Cuando se presentan candidatos independientes a las elecciones, ellos mismos dirigen su campaña electoral. Se establece la igualdad de oportunidades para celebrar campañas electorales tanto para los candidatos independientes como para los partidos políticos.

Las mujeres y la participación política

502.El Gobierno de Timor-Leste reconoce la importancia de que aumente el número de mujeres que ocupan cargos públicos, y para lograr su objetivo se apoya en un sólido marco constitucional y jurídico. El artículo 63 de la Constitución es explícito en su defensa de la igualdad de oportunidades políticas tanto para hombres como para mujeres al establecer que “la participación directa y activa de hombres y mujeres en la vida política es un requisito e instrumento fundamental de la consolidación del sistema democrático”. También se garantiza la igualdad en el ejercicio de los derechos civiles y políticos, así como la no discriminación por motivo de sexo en el acceso a los cargos políticos. En el artículo 8 de la Ley sobre los partidos políticos se dispone que los partidos políticos alienten la participación de las mujeres en la política de los partidos, en particular en los órganos de dirección, se recomienda la asignación y aplicación de cupos y otras medidas para promover esa participación.

503.Los numerosos esfuerzos decididos del Gobierno para garantizar la igualdad de oportunidades y aumentar la participación de las mujeres en el proceso político, incluso por medio de la legislación, han logrado hasta la fecha resultados impresionantes. En el momento de redactar el presente documento, algunas mujeres ocupaban cargos importantes en el Gobierno y la Asamblea Legislativa como la Ministra y Viceministra de Administración Estatal, la Ministra de Obras Públicas, la Ministra y Viceministra de Planificación y Finanzas, la Viceministra de Relaciones Exteriores y Cooperación y la Viceministra de Educación. Son mujeres las que dirigen tanto la Oficina del Asesor del Primer Ministro sobre Derechos Humanos como la Oficina para la Promoción de la Igualdad, así como muchas de las principales direcciones administrativas de algunos ministerios estatales como Educación y Salud. El 26% de los escaños del Parlamento Nacional están ocupados actualmente por mujeres, un porcentaje mucho mayor que el de muchos países de la OCDE.

504.El Ministerio de Relaciones Exteriores y Cooperación trata de mantener, siempre que es posible, un cupo del 30% de mujeres trabajando en el Ministerio y alienta a las mujeres a que presenten sus candidaturas a los puestos vacantes, aunque en última instancia la decisión se basa en los méritos y en un proceso transparente de presentación de candidaturas. También se sobreentiende que el servicio público, en particular en el exterior, requiere mucha atención y que en ocasiones la mujer depende del apoyo del cónyuge y de la familia para compartir las responsabilidades familiares, como el cuidado de los hijos, mientras desempeñan su labor. Muchas mujeres no cuentan con el apoyo total de sus familias mientras trabajan y, por tanto, no pueden aprovechar todas las oportunidades de desarrollo profesional.

505.Hasta hace poco tiempo, nuestros diplomáticos, fuesen hombres o mujeres, no podían llevar a sus familias consigo a sus respectivos lugares de destino, porque el contrato que se les ofrecía no preveía que la familia acompañase a los diplomáticos. A partir de abril de 2005, se introdujo una enmienda a la Ley de Administración Pública para que los cónyuges e hijos de los diplomáticos puedan permanecer con ellos en el extranjero.

506.En el momento de redactar el presente documento, había seis mujeres en el servicio exterior de los 24 puestos disponibles. Con cinco de esos puestos vacantes, la representación femenina en estos momentos asciende a un 31%. De las seis mujeres que trabajan en el exterior, una es actualmente la Embajadora ante Portugal; dos son encargadas de negocios en Beijing y Mozambique y una es consejera que trabaja en Nueva York. Las otras dos mujeres diplomáticas son la segunda secretaria en Yakarta y una diplomática subalterna en Sydney (Australia).

507.Ya se mencionó antes que, en el artículo 3 de la ley sobre las elecciones de chefe do suco y a los consejos de suco se dispone concretamente que, del número mínimo de siete puestos en cada consejo de suco, tres deben reservarse a mujeres: dos elegidas como representantes y una por la juventud. La ley prevé también que las mujeres puedan participar en la inspección y gestión del proceso eleccionario mediante la propuesta de candidatura de una mujer a la CEN por el Presidente, el Gobierno y el Parlamento Nacional, respectivamente. Los resultados de las elecciones a los sucos de 2004-2005 se consideraron importantes para las mujeres, ya que 22 de los 2.228 chefe de aldeia y siete de los 442 puestos de chefe do suco fueron ganados por mujeres. En total, en los 442 consejos de suco del país, hay por lo menos 1.332 mujeres. Durante las elecciones, las mujeres representaron el 60% del total de votantes inscritos.

Obstáculos a la participación de las mujeres en la vida pública

508.Durante la ocupación indonesia, las mujeres y los hombres no podían tener el mismo grado de participación o representación política. La facultad de adoptar decisiones se delegó en funcionarios públicos, fundamentalmente hombres, que rendían cuentas a las autoridades provinciales o centrales o directamente al Gobernador de Timor-Leste. Pocas mujeres participaron en el gobierno local y las candidatas fueron elegidas casi siempre de entre las que respondían a los intereses militares prevalecientes. Los conceptos tradicionales de los papeles de la mujer y del hombre en la sociedad contribuyeron también al alejamiento de las mujeres de los procesos políticos. Muchos timorenses consideraban y siguen considerando la política una esfera de influencia restringida a los hombres.

509.Hoy día, el carácter patriarcal de la cultura en Timor-Leste, en particular en los distritos, constituye un obstáculo para el logro de la igualdad de representación a nivel local, por ejemplo como chefe de sucos o en los consejos de suco, mayor que el que disfrutan actualmente en los órganos nacionales de gobierno.

510.En un estudio realizado por Oxfam en el distrito de Covalima en 2003 se señalaban algunas de las razones de la poca participación de las mujeres en la política local. Las restricciones en principio eran el limitado acceso de la mujer a la educación, la falta de confianza, el desconocimiento de los problemas y el poco tiempo de que dispone las mujeres que participan en esas actividades. Otra de las limitaciones, sobre todo a nivel de distrito, es la idea de que la mujer desempeña una función de menor importancia en la adopción de decisiones a ese nivel. En el mismo estudio se señalaba que las opiniones tanto de las mujeres como de los hombres acerca de sus respectivas funciones limitaban también su capacidad para considerar al antiguo grupo como posibles dirigentes. Cuando se les preguntó de qué manera podría aumentar su participación política, los hombres dijeron que participaran más en las reuniones y consultas; mientras que las mujeres pensaban más en adquirir conocimientos sobre cocina, costura e idiomas.

511.Hay más probabilidades de que las mujeres mayores de la comunidad participaran en actividades locales, ya que ocupan una posición social de más categoría, sobre todo si proceden de familias respetadas de la comunidad, mientras que las más jóvenes no suelen tener tiempo para dedicarse a actividades políticas fuera de sus deberes familiares normales, como el cuidado de los hijos. Cuando existe el deseo de participar más, la tendencia del marido o de la familia inmediata es a no apoyarla, hay momentos en que tampoco pueden contar con el apoyo y aliento de otras mujeres para que se presenten como candidatas a las elecciones. En algunos distritos como Lautem, en que el apoyo a la participación de las mujeres es relativamente firme, las mujeres se han presentado como candidatas a cargos locales, sólo para retirar la candidatura posteriormente. Por otra parte, los acontecimientos de 1975 y, en fecha más reciente, de 1999 han impedido que muchas mujeres lleguen a convertirse en personalidades destacadas de su comunidad por temor a represalias o a la violencia indebida. En cierta medida, esta actitud va cambiando a medida que la mujer analiza más las prácticas tradicionales que definen las funciones de cada sexo y la manera en que pueden hallar oportunidades de cambio.

Esfuerzos del Gobierno para apoyar la participación de la mujer en la política

512.Como se señaló en otros párrafos, la OPI tiene, entre otras, la tarea de asesorar al Primer Ministro, así como a los demás ministerios, para asegurar que las mujeres y los demás grupos vulnerables tengan la oportunidad y el apoyo adecuado para participar en todos los sectores de la vida pública, incluida la adopción de decisiones políticas.

513.La OPI ha estado activa al respecto con “Apoyo al empoderamiento de las mujeres”, entre sus cuatro principales programas. El empoderamiento de las mujeres constituye el segundo componente básico en importancia de la estrategia de desarrollo del Plan Nacional de Desarrollo. La estrategia de la OPI para este programa se ha centrado en la participación en la vida pública, la dirección y la adopción de decisiones (además del empoderamiento económico) mediante el establecimiento de mecanismos para una comunicación efectiva con las organizaciones locales de mujeres y darles más poder y la promoción de la participación política de las mujeres.

514.Junto con otras contrapartes del Gobierno y las ONG, como Caucus, la OPI ha sido uno de los principales asociados del UNIFEM en la ejecución del Programa para destacar la dirección y participación de las mujeres rurales en la construcción nacional de Timor-Leste. El objetivo de este programa trienal (2004-2007) es facilitar la participación de las mujeres en el establecimiento del un marco social, político y jurídico para un Timor-Leste independiente basado en los derechos, que incluya a todos socialmente y sea sensible a las cuestiones de género. Este programa ha tenido una importante función en el fomento de la participación de las mujeres en las elecciones locales y en la capacitación de mujeres dirigentes a nivel local.

515.En el momento de redactar el presente documento, la OPI había contribuido a los siguientes logros importantes de este proyecto prestando asistencia en:

La capacitación en transformación de la dirección, la política y las comunidades para 1.265 posibles candidatas y funcionarias elegidas en 12 de los 13 distritos de Timor‑Leste;

Capacitación de otras 514 funcionarias de los consejos de suco llevada a cabo en nueve distritos;

Diseño, producción y difusión de materiales utilizados en la campaña de elección a los consejos de suco para aumentar la sensibilización de la mujer acerca de su participación activa en las elecciones de aldea. Esta labor se lleva a cabo por medio de volantes sobre el Programa y folletos sobre la campaña. Además de las transmisiones de radio y TV, el Presidente de Timor-Leste grabó un mensaje público centrado en las mujeres, en el que las alentaba a participar como candidatas y a ejercer su derecho al voto en las elecciones;

Realización de una evaluación de las necesidades de capacitación con las funcionarias elegidas en varios distritos para un total de 125 funcionarias. Estas funcionarias señalaron que su capacitación ahora requeriría conocimientos de dirección centrados en el inicio de actividades comunitarias y la dirección de personas; el fomento de la confianza para hablar en público, celebrar reuniones y escribir informes; así como educación cívica. Esta evaluación se llevó a cabo simultáneamente mediante sesiones informativas con las candidatas de ocho distritos. Las mujeres que no resultaron electas dijeron estar dispuestas a seguir participando en el proceso y prestar apoyo a las candidatas elegidas;

Colaboración con una institución de investigación para realizar un estudio básico de la situación de la mujer rural centrado en la feminización de la pobreza, a fin de contribuir a la planificación estatal, la programación y la formulación de políticas, así como la asignación presupuestaria, que se basen en la situación socioeconómica, las necesidades y los derechos de la mujer campesina y atiendan esta situación.

516.En relación con este Programa, la Dirección General Nacional de Administración Territorial del Ministerio de Administración Estatal está realizando algunas campañas de orientación y difusión de información con mujeres que son dirigentes de aldeias pero no son miembros de los consejos de aldea. Esta campaña, que se propone cubrir los 13 distritos, abarca sesiones sobre género y cultura, conceptos y principios de la dirección transformadora, la estructura de Gobierno con hincapié en sus vínculos con los distritos, subdistritos y aldeia o suco, y las funciones del consejo de suco. Ya han recibido capacitación 1.274 mujeres dirigentes de ocho distritos.

517.Además de los puestos en la estructura de Gobierno, las mujeres gozan también de una amplia participación en el sector no gubernamental, los grupos y organizaciones de presión y, en muchos casos, ocupan puestos administrativos. Las ONG que trabajan concretamente en cuestiones de la mujer, así como las que se interesan por asuntos sociales en general, dirigidas por mujeres, gozan de mucho respeto tanto del público como del propio Gobierno en Timor‑Leste. Hay una amplia representación de organizaciones de mujeres y organizaciones dirigidas por mujeres en los órganos consultivos y los grupos de trabajo establecidos por el Gobierno, como el Grupo de Trabajo para la Protección de las Personas Vulnerables, el Grupo de Trabajo para el Plan de Acción Nacional de Derechos Humanos y el Grupo de Trabajo para el Desarrollo del Servicio Nacional de Policía. En este caso también, grupos de mujeres como Rede Feto han desempeñado asimismo un papel central en el impulso al aumento de la participación política de las mujeres. Las participantes en el Segundo Congreso Nacional de Mujeres de Timor-Leste pidieron que se aplicara un cupo mínimo del 30% de mujeres en los órganos de adopción de decisiones, se adoptaran medidas afirmativas y se asignaran suficientes recursos financieros para aumentar la participación política de las mujeres. Propusieron tres candidatas nacionales independientes; pero ninguna resultó electa. Pese a que se rechazó el sistema de cupos para mujeres en las elecciones a la Asamblea Constituyente, las negociaciones en nombre de la red de mujeres para señalar esta cuestión a la atención de todas las instancias culminaron felizmente con más de 25% de mujeres electas como miembros de la Asamblea.

518.Hace unos meses, el UNIFEM, en asociación con la OPI y Fokupers, inició los preparativos para la evaluación de la necesidad de las mujeres de participar en las elecciones legislativas y presidenciales de 2007. Esta etapa preparatoria abarca la celebración de foros de debate con organizaciones de mujeres y encargados de adoptar decisiones para promover un debate fundamentado sobre la adopción de medidas especiales provisionales y medidas afirmativas, la movilización del voto femenino, una plataforma de mujeres y la función de los partidos políticos en la promoción y garantía de la participación política de las mujeres. Los foros de debate han contribuido también a crear consenso acerca de los aspectos antes mencionados, aunque todavía hace falta que la mujer tenga más posibilidades de participar en estos debates, además de abordar otras necesidades relacionadas con la participación de las mujeres en las próximas elecciones.

Participación política de los migrantes

519.Los migrantes aumentan la diversidad étnica de Timor-Leste y casi siempre aportan una contribución importante al crecimiento y al desarrollo de una nación. De hecho, Timor-Leste está pensando en estos momentos en cómo aumentar la inversión extranjera y la migración de trabajadores extranjeros que apoyen el ambicioso programa de Timor-Leste para el desarrollo nacional.

520.En general, los migrantes gozan de todos los derechos y las libertades que se conceden a los nacionales del Estado con algunas excepciones fundamentales, en particular, la participación política. En el artículo 46 de la Constitución se garantiza el derecho a la participación política sólo a los nacionales timorenses. Más explícitamente, en el artículo 11 de la Ley de inmigración y asilo se restringe especialmente: la participación de nacionales extranjeros en actividades de carácter político; la injerencia directa o indirecta en los asuntos del Estado; y la organización o participación en manifestaciones, procesiones y reuniones masivas o reuniones políticas.

521.Comunes en todas partes del mundo, esas limitaciones tienen por objeto asegurar que quienes participen en la adopción de decisiones políticas y en la dirección de los asuntos políticos de la nación sean los propios ciudadanos que poseen una relación directa y permanente con Timor-Leste y están sujetos a las obligaciones y responsabilidades que la ciudadanía timorense entraña.

D. Asuntos sociales y económicos

1. Nivel de vida adecuado

522.Pese a los grandes progresos logrados en el establecimiento de instituciones de gobierno y de la infraestructura básica desde 1999, Timor-Leste hace frente a los desoladores problemas sociales y sigue siendo uno de los países menos adelantados de Asia oriental. Es mucha la pobreza, y la carencia de capital humano y físico es enorme.

523.Timor-Leste no es solo una nación joven sino que está habitada por jóvenes; uno de cada dos timorenses orientales tiene menos de 18 años y cerca del 20% son menores de cinco años. En 2004, Timor-Leste tenía 923.198 habitantes; 77% de esta población vive en las zonas rurales. Hay 103 hombres por cada 100 mujeres y la esperanza de vida media es de 55,6 años. A siete partos por mujer, la tasa de fecundidad figura entre las más altas de los países en desarrollo. Esta elevada tasa de natalidad en Timor‑Leste significa que posiblemente la población crezca con rapidez, lo que ejercerá una enorme presión en los distintos servicios sociales básicos necesarios para que los hijos lleguen a una adultez en que les espere un futuro largo y próspero.

524.La información más amplia sobre los niveles de vida en Timor-Leste son los de la Evaluación conjunta de la pobreza, realizada por el Gobierno de Timor-Leste, el Banco Mundial, el Banco Asiático de Desarrollo, el PNUD, el UNICEF, el Organismo Japonés de Cooperación Internacional y la UNMISET, publicada en mayo de 2003. En esta evaluación se plantea que: “A raíz del voto popular por la independencia en un referéndum celebrado en agosto de 1999, el país experimentó una transformación social y económica fundamental. El grueso de la población se desplazó en las semanas que siguieron a los resultados de la votación y la infraestructura física quedó destruida o prácticamente inviable”.

525.Timor-Leste ha logrado enormes progresos en la rehabilitación de su economía, la reconstrucción de su infraestructura, la reintegración de sus refugiados y la creación de los principales elementos de un proceso político sostenible en un entorno de paz interna. Ahora hace frente a las numerosas dificultades que entraña la construcción de la nación y la eliminación de las privaciones que afectan a la vida de los pobres.

526.La pobreza es un fenómeno complejo que supone muchas privaciones. Usamos una definición económica de pobreza, en la que se considera pobre a la persona que no puede alcanzar un nivel de vida mínimo. Sobre la base de esta definición, dos de cada cinco personas de Timor-Leste son pobres. El bienestar económico varía en todo el país. Las zonas urbanas, especialmente Dili/Baucau, tienen mejor situación que las zonas rurales. No obstante, 86% de la población vive en las zonas rurales, donde los hogares experimentan escasez de alimentos unos cuatro meses por año. El 14% de la población de Dili/Baucau y al menos el 40% de la población rural sufre escasez de alimento todos los años. La pobreza se concentra en las zonas rurales. Tres cuartas partes de la población viven en las aldeas pero seis de cada siete que son pobres, o sea, 280.000 personas, residen allí. La pobreza va en aumento del este al oeste. Los tres distritos occidentales (Oecusse, Bobonaro y Covalima) albergan a la quinta parte de la población pero representan la cuarta parte de los pobres. En cambio, los tres distritos orientales (Baucau, Lautem y Viqueque) representan la cuarta parte de la población pero menos de la quinta parte son pobres.

527.La Evaluación conjunta de la pobreza también reveló que los niños son los más pobres, mientras que los ancianos son menos pobres. Las personas en la flor de la edad se encuentran entre estos dos grupos. Los hogares con un hombre como cabeza de familia suelen tener mejores condiciones que los que dependen de una mujer en cuanto a educación, salud y bienestar subjetivo, aunque no eran pobres en cuanto al consumo. Faltó información acerca de la distribución de los ingresos en el núcleo familiar.

528.En Timor-Leste, una mejor educación reduce la pobreza; la pobreza disminuye mientras más tierra y más cabezas de ganado se posee, además existe una diferencia entre la ciudad y el campo en cuanto al acceso a la infraestructura. Casi la mitad de las personas son pobres en hogares cuyo cabeza de familia no terminó la enseñanza primaria, pero esta proporción disminuye de uno a siete cuando el cabeza de familia es al menos graduado de enseñanza secundaria. A nivel de país, casi tres de cada cuatro personas viven sin electricidad, tres de cada cinco, sin instalaciones sanitarias libres de riesgos y uno de cada dos, sin agua potable libre de impurezas.

529.No existen estudios actualizados de los casos de pobreza medida según los ingresos en el país en 2006, pero la brusca contracción económica y la consiguiente ralentización del crecimiento desde 2001 probablemente han provocado un aumento de los casos de pobreza. Según estimaciones conservadoras el número de pobres actualmente ronda los 380.000; los que se encuentran en situación de pobreza extrema serían, en cifras conservadoras, unos 200.000.

530.Actualmente, pese a que la Constitución (artículo 56 – Seguridad y asistencia social) garantiza el derecho a “la asistencia social y la seguridad social” para todos los ciudadanos y encarga al Estado el compromiso de “promover, de conformidad con sus recursos naturales, el establecimiento de un sistema de seguridad social”, no existe un sistema oficial de seguridad social en Timor-Leste. Sin embargo, existe un Fondo de Seguridad Social que presta asistencia de emergencia a las personas vulnerables y la seguridad social para los veteranos combatientes se encuentra también en las primeras etapas de formación. El establecimiento de regímenes nacionales de seguridad social y pensiones no está dentro de la competencia o la capacidad inmediata del Gobierno.

531.El Plan Nacional de Desarrollo prioriza la lucha contra la pobreza y propone la creación de un entorno propicio para que los pobres puedan tener una participación económica aumentando la productividad en la agricultura y el sector no estructurado, creando un entorno propicio para el desarrollo del sector privado, así como una infraestructura y políticas de gastos públicos que beneficien a los pobres, en particular en las esferas de la salud y educación.

532.El Gobierno anunció recientemente también una estrategia de cuatro puntos para la lucha contra la pobreza que consta de: i) la promoción de oportunidades para los pobres; ii) el aumento del acceso de los pobres a los servicios sociales; iii) el aumento de la seguridad, incluida la reducción de la vulnerabilidad a los descalabros económicos y el aumento de la seguridad alimentaria; y iv) el empoderamiento de los grupos pobres y vulnerables.

533.Los estudios sociales colectivos hasta la fecha han indicado que existe un gran grupo de personas que están al borde del umbral de pobreza, lo que significa que el crecimiento económico influye muchísimo en el número de personas pobres. Un crecimiento económico firme y sostenido y una distribución equilibrada de los beneficios del crecimiento siguen siendo un elemento fundamental para las metas y los objetivos del país, junto con la asignación de máxima prioridad permanente a la educación, la salud y los servicios básicos, como el agua libre de impurezas y el saneamiento.

2. Vivienda

534.Cerca del 70% de los edificios del país, que incluyen unas 68.000 viviendas (cerca del 40% del patrimonio inmobiliario) quedaron destruidos durante los disturbios violentos a raíz del referéndum de 1999. Cerca del 65% de la población quedó desplazada y más del 40% quedó sin hogar, y muchos más se quedaron viviendo en lugares semidestruidos o que no reúnen condiciones de habitabilidad. Estos problemas se complicaron por la pérdida y destrucción de la mayoría de los registros de propiedad. Actualmente se estima que las necesidades de vivienda de emergencia a corto plazo del país, se han cubierto en su mayor parte. No obstante, las condiciones de la vivienda son, en general, deficientes y hay grandes disparidades en el acceso a los servicios entre las zonas urbanas y las rurales. Cerca del 50% de las viviendas en las zonas urbanas se abastecen de agua del acueducto, 58% tienen un retrete privado, 74% cuentan son suministro de electricidad. Las cifras correspondientes en las zonas rurales son muy inferiores, 40%, 14% y 10%, respectivamente.

535.De mantenerse las elevadas tasas de crecimiento de la población previstas para los próximos años, sobre todo en las zonas urbanas, la vivienda se convertirá en un problema grave que el Gobierno tendrá que resolver. Hasta hace poco tiempo, el Gobierno no tenía una clara idea de la magnitud y la naturaleza de los problemas con que tropezaba el sector de la vivienda y, por implicación, de los recursos que necesitaría para buscarles solución. La información estadística reciente presentada en el Censo de 2004 sería muy importante para documentar la formulación de políticas en esta esfera.

536.El Censo de 2004 revelo que un 95% de la población vive en hogares privados de su propiedad o de miembros de la familia y que en cada vivienda vive un promedio de 4,7 personas; 18,9% de los hogares están a cargo de una mujer. Las estimaciones de la población urbana extraídas del Censo indican que en el período 2004-2015 habrá una demanda de unas 60.000 nuevas viviendas.

537.La mejora de las condiciones de vivienda suele complicarse por los conflictos derivados de las complejas leyes de herencia y propiedad de la tierra, que se suman a los conflictos entre los refugiados que regresan y reclaman propiedades ocupadas “en forma ilícita” durante su ausencia. Estos obstáculos han impedido que se reactive el mercado de viviendas y se aborde el problema fundamental de la seguridad de la tenencia.

538.La Dependencia de Tierras y Propiedad del Ministerio de Justicia está preparando una Ley general sobre la tierra que se ocupará de estos problemas y de otros asuntos relacionados con la tierra.

539.El Consejo de Ministros recibió a principios de marzo de 2005 un proyecto de política nacional de vivienda, en el que se establecen claras recomendaciones sobre algunas cuestiones normativas, incluso la función del Estado en el sector de la vivienda y las cuestiones relacionadas con la asignación de viviendas asequibles para hogares pobres, comunidades y otros miembros vulnerables y desfavorecidos de la sociedad. La pronta aprobación de la política nacional de vivienda será fundamental para impulsar las actividades de planificación de desarrollo urbano y la inversión en el sector de la vivienda.

540.Mientras no se apruebe una política oficial de vivienda en el país, las políticas y programas de vivienda a mediano plazo se formularan y aplicarán sobre la base de los tres conjuntos generales de iniciativas siguientes:

Formulación de un programa nacional de vivienda que: i) reduzca la escasez de viviendas en los centros urbanos mediante una mejor planificación y reglamentación que apoye las políticas nacionales; y ii) mejore las viviendas en los barrios marginales urbanos mediante la planificación y contratación de servicios técnicos y el apoyo a las iniciativas de lucha contra la pobreza;

Establecimiento de mecanismos para la financiación de la vivienda; y

Políticas y programas relacionados con la construcción, la tecnología y la investigación de materiales.

Agua y saneamiento

541.La destrucción de la infraestructura física en 1999 ha interpuesto serios obstáculos al acceso a esos servicios (sobre todo al agua libre de impurezas), y esto se pone de manifiesto en los alarmantes indicadores de mala salud y las altas tasas de mortalidad. Cerca del 37% de la población tiene acceso al abastecimiento de agua libre de impurezas (44% urbana, 35% rural) y 30,5% (52,5% urbana, 24% rural) cuenta con instalaciones de saneamiento adecuadas. Las comunidades rurales dependen fundamentalmente de los manantiales y los pozos artesianos para cubrir sus necesidades de agua y, en algunas zonas periurbanas, se utilizan pozos poco profundos dotados con bombas manuales.

542.Con el apoyo de la comunidad de donantes, el Gobierno emprendió un programa plurianual encaminado a mejorar considerablemente el acceso al agua y al saneamiento, que ha logrado algunas mejoras en el acceso a esos servicios hasta la fecha. El rápido crecimiento de la población ha significado que, en términos prácticos, este aumento haya reducido en algo el número total de hogares que todavía no tienen acceso a estos servicios básicos.

543.El reto mayor es aumentar ese mínimo porcentaje de acceso al agua libre de impurezas y a un saneamiento adecuado para lograr el conjunto revisado y más ambicioso de metas nacionales. Estas nuevas metas demandan que el 80% de la población urbana y rural tenga acceso al agua libre de impurezas y a un saneamiento adecuado para 2015.

3. Estado de salud

544.La Constitución de Timor-Leste establece que toda persona tiene derecho a la salud y los cuidados médicos y el deber de protegerlos y promoverlos.

545.Desde el restablecimiento de la independencia en 2002, el Gobierno ha atribuido la máxima prioridad al establecimiento de un sistema de salud moderno, accesible y asequible. La destrucción generalizada de la infraestructura física de la salud en 1999, sumada a la salida del país de personal sanitario calificado, aumentó enormemente la vulnerabilidad de la población que ya registraba algunos de los peores indicadores de salud de la región.

546.Desde la independencia se han logrado adelantos impresionantes en el establecimiento de un nuevo sistema de salud, mientras que los indicadores de salud parecen ir mejorando gradualmente. Con todo, el amplio conjunto de reformas del sistema de salud que recientemente comenzó a aplicarse todavía no ha dado los beneficios esperados.

547.En general, los indicadores de salud correspondientes a Timor-Leste figuran entre los más bajos de Asia oriental. Entre los problemas más graves figuran las elevadas tasas de mortalidad infantil y mortalidad de menores de cinco años a causa de enfermedades infecciosas, cuyas principales causas son un aprovechamiento mínimo del personal calificado durante la atención prenatal y una salud reproductiva precaria. Las causas primordiales de muerte son las enfermedades transmisibles, como la tuberculosis y el paludismo, así como las enfermedades diarreicas y el dengue. La desnutrición se señaló también como causa directa de otras enfermedades.

548.Los problemas de salud en Timor-Leste se complican por la escasez de alimentos que afecta a más del 40% de la población entre los meses de noviembre y febrero de cada año. La inseguridad alimentaria empeora en las zonas rurales y los esfuerzos de socorro tropiezan con dificultades en esa época porque coinciden con la estación de lluvias, que impiden el acceso a algunas partes del país.

549.La proporción de muertes maternas (defunciones durante el embarazo, el parto y el puerperio) se ha calculado en 800 por 100.000 nacidos vivos y se considera otro de los problemas más graves de salud del país. La mala salud reproductiva es una de las principales causas de mortalidad materna, también hay cada vez más casos de embarazos de adolescentes y poco tiempo entre un embarazo y otro. Prácticamente se desconoce el espaciamiento entre nacimientos y la limitación del número de partos. La desnutrición de las madres y los niños son cosa común en el país desde hace mucho tiempo. Son muchos los casos de desnutrición y de carencia de yodo y vitamina A. Un tercio de las mujeres de 15 a 49 años de edad padecen desnutrición y padecen astenia crónica.

550.Las causas de la mortalidad de menores de cinco años son enfermedades que podrían prevenirse mediante la vacunación como la tuberculosis y el paludismo, y enfermedades transmisibles como la diarrea y las infecciones agudas de las vías respiratorias. Una vez más, se considera que la desnutrición es el principal factor que contribuye a otras enfermedades. En el Censo de 2004 se registra una tasa de mortalidad infantil de 90 por 1.000 nacidos vivos, mientras que las causas más comunes son las infecciones, el parto prematuro y el trauma del nacimiento, con una mortalidad de menores de cinco años estimada en 136 por 1.000 nacidos vivos y una mortalidad infantil de 46 por 1.000 nacidos vivos. Se considera que a ello contribuyen la poca utilización del personal calificado durante el cuidado prenatal y la mala salud reproductiva.

551.Según la Encuesta agrupada de indicadores múltiples realizada en 2002, 12% de los menores de cinco años presentan retraso moderado en el crecimiento, 47% son raquíticos y 43% están faltos de peso. Hay unos 200.000 niños en Timor-Leste menores de cinco años, lo que significa que unos 24.000 presentan retraso moderado en el crecimiento y 94.000 son raquíticos.

552.Algunas de estas cuestiones se tratan con más detalle en los documentos preparados para la CEDAW y la CRC.

553.Hay un gran número de casos de enfermedades transmisibles que se pueden prevenir como el paludismo, la tuberculosis, las infecciones de las vías respiratorias en la infancia, las enfermedades diarreicas y un creciente número de enfermedades no transmisibles. Las enfermedades infantiles más comunes son las infecciones agudas de las vías respiratorias y las enfermedades diarreicas, seguidas del paludismo y las infecciones parasitarias. La frecuencia generalizada de las enfermedades diarreicas guarda relación con la falta de acceso al agua libre de impurezas. Cerca del 60% de los hogares no tiene acceso al agua libre de impurezas, y la cifra aumenta proporcionalmente en las zonas rurales. Hasta un 60% de los hogares urbanos tiene acceso a aguas subterráneas poco profundas que pueden estar contaminadas por las aguas negras y otros desechos. El paludismo es muy endémico en todos los distritos y las tasas de morbilidad y mortalidad más altas se registran entre los niños. Debido a la falta de vigilancia, las actividades de los centros de control de vectores y tratamiento, el paludismo se triplicó en Timor-Leste a raíz de la crisis de 1999. Cuatro distritos, incluida la capital, son zonas de alta transmisión y se ha informado de que las cepas de paludismo son resistentes a la cloroquina. La tuberculosis es uno de los grandes problemas de salud pública, con 2.762 casos de TB notificados en 2002, de los cuales 1.136 dieron positivo en el análisis de esputo. En Timor‑Leste, la lepra es endémica. Los estudios recientes realizados en el distrito de Oecusse han demostrado un alto porcentaje impresionante de lepra (80/1.000 personas).

554.Recientemente, cinco distritos, incluido Dili, la capital, se vieron afectados por el dengue. Durante la época de lluvias de principios de 2005, se registraron más de 700 casos confirmados y 39 muertes relacionadas con el dengue, fundamentalmente entre lactantes y niños pequeños. Un Equipo de tareas sobre el dengue respondió rápidamente con la distribución de mosquiteros a los grupos vulnerables de la población, la atomización y limpieza de las zonas afectadas por el dengue, y también dio a conocer al público la enfermedad mediante una campaña masiva que incluyó el uso de los medios de comunicación. Se está elaborando también una estrategia de mediano plazo que responda a los factores determinantes ambientales de la enfermedad transmitida por el mosquito como medida más sostenible.

555.Los participantes en las consultas regionales observaron también que la ingesta de altos niveles de alcohol (casi siempre tua o vino de palma) por los hombres, en particular en las zonas rurales, contribuía también al aumento de los riesgos para la salud del hombre. Según la encuesta demográfica y de salud, un 60% de los hombres fumaba alguna forma de tabaco, pero solo 4% de las mujeres fumaba.

556.Otro conjunto de problemas del sector de la salud guarda relación con la capacidad de prestación de servicios. Las personas que viven en zonas apartadas tienen poco acceso a los servicios de salud. Durante la época de lluvias en particular, se dificultan las comunicaciones y el acceso entre los distritos e incluso dentro de los distritos. Pese a las medidas que se están aplicando, no siempre se logra el grado deseado de atención amplia y de calidad para los niños que asisten a los centros de salud. Todavía falta por crear un equipo bien dotado de trabajadores de la salud experimentados y bien formados que atienda a cabalidad las necesidades de los sistemas de atención de la salud primaria y secundaria.

4. Salud reproductiva

557.Con siete hijos por mujer, Timor-Leste tiene una de las tasas de fecundidad más altas del mundo y bajos niveles de uso o conocimiento de los anticonceptivos. Según la encuesta demográfica y de salud, 80% de las mujeres casadas jamás habían usado alguna forma de anticonceptivo y solo 10% lo utilizaba en el momento de realizar el estudio. Se informó de que las principales razones para que no se utilizaran eran la “oposición al uso” (por la persona interesada o por la pareja o debido a alguna prohibición religiosa) (29%), el “temor a los efectos colaterales” (24%) y el “deseo de tener cuantos hijos fuese posible” (19%). El 10% de las mujeres y el 25% de los hombres señalaron la “falta de conocimientos”, que no parece coincidir con el 62% de mujeres y 71% de hombres que no pudieron señalar ni siquiera reconocer espontáneamente al menos un método anticonceptivo.

558.Dados los indicios de que las tasas de fecundidad han ido realmente en aumento (de 6,0 en 1998-1999 a 7,0 en 2004) y de que la edad promedio en el primer embarazo ha ido disminuyendo (a diferencia de la norma en otras partes de la región), es una necesidad urgente incrementar los esfuerzos para educar a las jóvenes acerca de la salud reproductiva y los riesgos para la salud materna.

559.Pese a la aparente disminución de la mortalidad infantil y de menores, las condiciones que rodean el embarazo, el parto y el cuidado del recién nacido siguen causando gran preocupación. Menos del 20% de los partos cuentan por asistencia de personal calificado y la inmensa mayoría tiene lugar en lugares que no tienen acceso oportuno a servicios obstétricos de urgencia. La mayoría de las embarazadas padece deficiencias nutricionales y el breve período entre partos las expone a altos riesgos de complicaciones en el parto y aumenta sus posibilidades de mortalidad. La Encuesta demográfica y de salud indica también que sólo 61% de las madres recibe atención profesional prenatal (56% de una enfermera o partea), mientras que el 37% no recibe atención alguna. El porcentaje de atención profesional es alto en las zonas urbanas, sobre todo entre las mujeres con más instrucción.

560.Las tasas de natalidad por edades indican que, como promedio, un tercio de las mujeres con edades entre 20 y 34 años parirá una vez al año. Junto con este breve espaciamiento entre nacimientos, la elevada fecundidad plantea como es lógico un importante problema de salud, no solo para las madres sino también para sus hijos, y concuerda con las altas tasas de mortalidad infantil a nivel nacional a las que se hizo referencia anteriormente.

561.Aumenta la campaña en favor de un mayor espaciamiento entre partos, y en las consultas regionales celebradas para la elaboración de los informes del Gobierno se puso de manifiesto el enorme apoyo al aumento de los conocimientos y a la educación sobre salud reproductiva, incluso en el sistema de enseñanza oficial.

562.No obstante, todo parece indicar que el deseo de aumentar los conocimientos acerca de la salud reproductiva tiene su origen en el deseo de aumentar el espaciamiento entre partos y no tanto en reducir su número. En el momento de realizarse la encuesta demográfica y de salud en Timor-Leste, dos tercios de las mujeres con seis hijos o más expresaron su deseo de seguir teniendo hijos, ya que no veían desventaja alguna en tener familias numerosas.

563.En general, preocupa la situación de la salud reproductiva, esfera en la que el Gobierno ha puesto mucha atención como parte del marco normativo nacional de la política en materia de salud. El Gobierno considera la necesidad de tratar cuestiones relacionadas con la planificación de la familia fundamental para reducir las tasas de mortalidad infantil y materna, aumentar el espaciamiento entre nacimientos y los niveles de salud infantil y reducir la pobreza en los hogares. En consecuencia, los servicios que tienen en cuenta la perspectiva de género constituyen el interés fundamental y lo esencial de la mayoría de las intervenciones del Ministerio de Salud. En el conjunto básico de servicios se reconocen directamente diversas intervenciones concretamente para abordar necesidades de las mujeres, como personas, reproductoras y productoras en la sociedad. Si bien todos los servicios e intervenciones reconocen estas importantes funciones, el Departamento de Salud Materna del Ministerio cuenta con programas que se ocupan concretamente de la salud reproductiva, y hacen hincapié fundamentalmente en la salud de las mujeres y en sus necesidades nutricionales como productoras de los niños. Por otra parte, el Ministerio está reforzando el sistema de remisión de la atención primaria a la secundaria para tratar de resolver el elevado e inaceptable número de muertes maternas durante el parto o en el puerperio. Las distintas intervenciones se explican con más detalle en el informe preparado para la CEDAW.

564.La prestación de servicios destinados especialmente a la mujer no va a mejorar de por sí la situación de la mujer ni tampoco su salud y bienestar. Por eso, las intervenciones tienen que transmitir también a los hombres de la familia, como personas, las necesidades específicas de las mujeres en la sociedad, incluso la carga que representa producir un gran número de hijos, mantener la salud general y facultar a las mujeres como personas valiosas que contribuyen al crecimiento de la sociedad en general.

5. VIH/SIDA

565.En 2003, en el primer estudio sobre el VIH realizado en Dili entre la población “en riesgo”, se estableció un bajo nivel pero el VIH podría aumentar su presencia debido a que algunos se inyectan drogas, la bisexualidad es común entre muchos hombres (incluso casados) y muy pocos usas condones (ni siquiera los más sexualmente activos que tienen varias parejas). En 2005, se habían notificado unos 26 casos de VIH/SIDA. Sin embargo, en lo fundamental, muchos de los casos de VIH no se comunican, sobre todo cuando comienza la epidemia, por eso se desconoce actualmente la verdadera magnitud del problema del VIH en Timor Oriental.

566.La encuesta de 2003 hizo hincapié en la urgente necesidad de dirigir la estrategia hacia los servicios de prevención, la educación y a proporcionar acceso a la información y los servicios sobre infecciones de transmisión sexual y a promover el uso de preservativos entre las poblaciones en riesgo.

567.La forma de transmisión de mayor riesgo en Timor-Leste es el sexo anal, dadas las limitadas cifras de usuarios de drogas intravenosas o de uso compartido de agujas registrado en el país. En algunos círculos sociales existe la idea de que el sexos entre hombres es un comportamiento “de extranjeros”, pero los datos indican que ocurren muchos casos de homosexualismo en Dili entre hombres timorenses. Los hombres que admiten tener sexo con otros hombres suelen también tener sexo con mujeres.

568.Se suele partir del supuesto de que los “jóvenes” son uno de los grupos con mayor riesgo de infectarse con VIH. El estudio preliminar entre más de 900 estudiantes universitarios de Dili indica que esta idea es falsa. Pero el estudio de 2003 reveló que solo un pequeñísimo porcentaje de muchachas estudiantes informó de alguna actividad sexual, mientras que casi un 75% de los varones no es sexualmente activo. No obstante, el incremento de los niveles de VIH/SIDA podría aumentar el riesgo de transmisión de la madre al hijo.

569.Todavía hay grandes posibilidades de que Timor-Leste pueda lograr evitar que el SIDA haga estragos entre la población, y en particular en los niños, ya sea por transmisión sexual a las adolescentes (sobre todo por hombres mayores con una vida sexual de más riesgo), transmisión de la madre al hijo o la creación de una segunda oleada de huérfanos (esta vez debido a un sinnúmero de muertes de los padres).

570.En septiembre de 2002, el Gobierno elaboró un Plan Estratégico Nacional 2002-2005 para dar una respuesta integral y multisectorial al VIH/SIDA y a las infecciones de transmisión sexual. La Encuesta de salud por distritos de 2003 constituyó una medida básica del plan. Esta encuesta reveló que 79% de las mujeres y 70% de los hombres nunca habían oído hablar del VIH/SIDA, y que solo 10% de las mujeres y 15% de los hombres creían que era un medio de evitar contraer el VIH. Solo 1,9% de mujeres y 2,1% de hombres sabía que el uso de preservativos prevenía la transmisión del VIH. Esta falta de conocimientos refleja, en gran medida, el aislamiento de Timor-Leste de la corriente mundial de información durante el último decenio, dado que el conocimiento a nivel mundial ha aumentado y el hecho de que el país estuvo libre de esa infección hasta hace muy poco tiempo.

571.Para Timor-Leste, la dificultad inmediata es aumentar rápidamente los conocimientos y detectar el VIH/SIDA como parte esencial de una estrategia nacional de prevención. Las bajas tasas actuales de infección constituyen una pequeña y breve ventana de oportunidad para evitar los devastadores efectos que se han sufrido en otros lugares del mundo. La falta de conocimientos y de instrumentos para realizar pruebas de detección y el no haber podido impedir la transmisión mediante la promoción del uso de condones pueden combinarse de otro modo para que el VIH y el SIDA hagan presa rápida e irreversiblemente de la población más vulnerable.

572.Considérese, por ejemplo también, que la inyección de drogas es la manera más rápida de propagación del VIH, pero que ese tipo de uso es todavía poco común en el país y que los casos de VIH son mínimos. Casi siempre los nuevos drogadictos reciben instrucción en esta práctica de alguien que ya se droga. De manera que si se pudiera detectar el pequeño número de los actuales usuarios y trabajar con ellos para reducir la probabilidad de infección por VIH e introducir una cultura de menos riesgos entre los drogadictos, los beneficios para la inmensa mayoría de los timorenses orientales que no usan drogas, a la larga, podrían ser sustanciales.

573.En 2005, el Ministerio de Salud comenzó un proceso de revisión de la estrategia sobre VIH/SIDA para crear una nueva. Se estableció una estructura integrada por un Comité Directivo (órgano de adopción de decisiones) y un Comité Ejecutivo con ONG, organismos de las Naciones Unidas, la Iglesia y miembros del Consejo Nacional del SIDA. El Ministerio de Salud, AusAid, el UNICEF y el Servicio Mundial de Iglesias son los asociados financieros principales en este proceso, mientras que un equipo de facilitadores y el Ministerio de Salud, Assistência Médica Internacional (AMI), UNICEF, Family Health International, Fundasaun Timor Hari, CVTL (Cruz Roja) y el Servicio Mundial de Iglesias se encargan de la coordinación de este programa.

574.Se había previsto que este proceso general, que consta de cuatro etapas, se caracterizase por la participación, fuese multisectorial y nacional y avanzara de la manera siguiente:

Primera etapa: proceso de participación en consultas regionales para participantes de distritos con el objeto de aumentar sus conocimientos sobre el VIH/SIDA, alentar la participación y reunir información para examinar el actual plan estratégico nacional;

Segunda etapa: los días 5 y 6 de diciembre de 2005 se celebró un congreso nacional con 265 participantes para: presentar el examen del plan estratégico nacional, planificar los medios para crear capacidad y aplicar los conocimientos en relación con proyectos sobre VIH y presentar un proyecto de marco para el nuevo plan estratégico. El congreso celebró sesiones plenarias sobre la situación del VIH/SIDA en Asia meridional, y sobre la situación actual en Timor-Leste. En el análisis se destacó que la estrategia 2002-2005 contaba con muy buenos programas, pero que en general no había una buena planificación y coordinación. Se celebraron diez debates de grupos de expertos sobre temas más concretos y algunos talleres temáticos sobre, por ejemplo, educación e igualdad entre los sexos. También se celebraron cinco talleres de distrito para preparar los planes de aplicación de distrito de la tercera etapa;

Tercera etapa: se estableció un Grupo de Trabajo técnico que redactó la nueva estrategia sobre el VIH/SIDA y formuló los planes de aplicación de distrito;

Cuarta etapa: los días 23 y 24 de febrero de 2006 se celebró otro congreso nacional con autoridad para aprobar oficialmente la nueva estrategia y el plan de aplicación quinquenales. En el momento de redactar el presente documento, se estaban dando los toques finales a esa estrategia.

6. Política sanitaria

575.El Ministerio de Salud ha logrado notables progresos en la formulación de un amplio conjunto de leyes y políticas que responden a los alarmantes indicadores de salud y a las necesidades evidentes de la población y a lograr el objetivo final de mejorar el estado de salud de todos los timorenses orientales.

576.El marco jurídico actual de la salud consta de:

Ley del sistema de salud;

Ley orgánica del Ministerio de Salud;

Ley de la práctica de los profesionales de la salud;

Ley de las actividades farmacéuticas;

Ley de los centros de salud privados;

Ley del Instituto de Ciencias de la Salud.

577.La misión del Ministerio de Salud es poner empeño en asegurar la disponibilidad, accesibilidad y posibilidad de pagar los servicios de salud para toda la población de Timor-Leste, normar la labor del sector de la salud y promover la participación de la comunidad y de otros interesados directos (incluso de otros sectores).

578.En consonancia con las metas de salud del PND, aunque un poco más amplio en alcance, con el Marco de la política sanitaria preparado por el Ministerio de Salud en junio de 2002 se espera que el Ministerio contribuya al objetivo general de mejorar el estado de salud de la nación prestando una “atención de la salud de calidad para todos los timorenses orientales mediante el establecimiento y desarrollo de un sistema de salud eficaz basado en las necesidades que se ocupe especialmente de las cuestiones de salud de las mujeres, los hijos y otros grupos vulnerables, en particular los pobres, mediante la participación”.

579.Actualmente se prestan servicios de salud gratuitos a la población. No obstante, reconociendo que el Gobierno cuenta con recursos limitados para prestar servicios amplios/completos que harían falta a todos los niveles, es imprescindible que el Ministerio de Salud defina un conjunto de servicios que pueda prestar para asegurar el máximo de protección y efectos en la mayoría de la población. El conjunto actual de servicios básicos consiste en los servicios esenciales e intervenciones económicas para prevenir y controlar o tratar problemas que causan los mayores gastos en el tratamiento de enfermedades del país. Las principales enfermedades en Timor-Leste consisten fundamentalmente en enfermedades comunes transmisibles y prevenibles, un gran porcentaje de las cuales puede tratarse con eficacia en los centros de salud de cada distrito.

580.Con esto en mente, el Ministerio estableció un conjunto básico de servicios que abarcan la salud materna, la salud del niño, las enfermedades transmisibles, las no transmisibles, la promoción de la salud y la salud ambiental.

581.Cada una de estas seis esferas prioritarias se apoyará en una política general basada en estrategias concretas para abordar prioridades fundamentales dentro de cada sector. Por ejemplo, hasta el momento se ha aprobado una política de salud materna que abarca estrategias de nutrición, planificación de la familia y salud reproductiva. La estrategia de salud infantil se relaciona con las políticas de vacunación y tratamiento integral de enfermedades infantiles; actualmente se está elaborando una política sobre salud infantil. En relación con la estrategia sobre enfermedades transmisibles se aprobaron políticas en relación con la tuberculosis y el paludismo, mientras que las políticas sobre la lepra y el VIH/SIDA se encuentran en distintas etapas de formulación. La estrategia sobre enfermedades no transmisibles cuenta con políticas aprobadas sobre salud dental y mental. Se aprobó una política de promoción de la salud y se encuentran en distintas etapas de desarrollo las políticas sobre salud ambiental y manipulación de alimentos.

582.La descentralización de los servicios de salud constituye otro de los principales elementos del marco de la política sanitaria que permite una participación más efectiva de los trabajadores de la salud y las comunidades locales en la formulación y ejecución de los programas de salud. La descentralización requerirá el fortalecimiento de la capacidad de gestión de las administraciones de salud de los distritos, que entonces se convertirán en coordinadores para la preparación y ejecución de los planes de salud de los distritos.

583.El ritmo y el alcance de la descentralización del sistema de salud se verá bajo la influencia del enfoque adoptado para la descentralización por el Gobierno en su conjunto, en particular en esferas como la gestión de las finanzas y del personal. Hasta la fecha, se han preparado planes de salud de distrito para los 13 distritos, que los equipos administrativos de distrito examinan cada trimestre.

584.Como se explica en la sección sobre salud reproductiva, los servicios orientados por sexo constituyen el interés fundamental y lo esencial de la mayoría de las intervenciones del Ministerio de Salud. En el conjunto básico de servicios se reconocen distintas intervenciones que abordan concretamente las necesidades de las mujeres como personas, reproductoras y productoras en la sociedad. Si bien todos los servicios e intervenciones reconocen estas importantes funciones, el Departamento de Salud Materna del Ministerio tiene programas que se ocupan concretamente de la salud reproductiva y hacen hincapié fundamentalmente en la salud de las mujeres y las necesidades nutricionales de las mujeres como productoras de los hijos.

585.En 2005, se habían establecido una política nacional estable y un marco de recursos que apoyarían el establecimiento de la infraestructura física a nivel nacional para facilitar el rápido acceso a la salud de la inmensa mayoría de la población. A pesar de todo, muchas cuestiones relacionadas con la calidad del servicio y la atención primaria de la salud siguen sin resolver, como se explica a continuación.

586.Falta de conocimientos de la comunidad acerca de cuestiones relacionadas con la salud. Muchas comunidades tienen pocos conocimientos acerca de la salud y la nutrición básicas. En general se desconocen los problemas de salud, en particular las mujeres, y también se desconocen los beneficios de la salud. Estos problemas se complican debido al matrimonio y al embarazo a edades tempranas y al descuido de los asuntos relacionados con el sexo.

587.Capacidad limitada en los servicios de salud. Se mantienen los problemas de escasez de personal, la atención preferencial a la curación y no a la prevención, la escasa remuneración, la dependencia de los trabajadores extranjeros y problemas administrativos. No siempre se logra el sistema de atención amplia y de calidad deseado para los enfermos (entre ellos, las mujeres y los niños) que asisten a los centros de salud, aunque no falta personal de salud experimentado y bien calificado.

588.Dificultades en el acceso a la atención de la salud. Pese a que se avanza hacia la descentralización geográfica de los servicios de salud, la falta de acceso y de comunicación sigue siendo un problema para muchas comunidades pobres y vulnerables en zonas rurales apartadas, en particular en las tierras altas y durante la época de lluvias (86% de las personas van a los centros de salud a pie).

589.Uso limitado de los servicios de salud: Pese al establecimiento de un sistema razonable de centros de salud a nivel nacional y de la persistencia de graves problemas de salud entre la población, el nivel de utilización de los servicios de salud es relativamente bajo en comparación con el de otros países de bajos ingresos. Las pruebas anecdóticas señalan algunos factores principales que son los mismos mencionados en otros párrafos, a saber el costo, el acceso, los conocimientos y las actitudes, y la prestación de servicios.

590.Otros indicadores fundamentales que pueden influir en el estado de salud de la población son:

La inmensa mayoría de los pobres (85%) vive en las zonas rurales;

Unos 680.000 timorenses no tienen electricidad;

Acceso limitado al agua potable libre de impurezas (en particular en las zonas rurales);

Más de 40% de la población de 15 años o más no puede leer ni escribir;

Unas 560.000 personas viven en el hogar familiar sin radio;

Un centro de salud se encuentra a una distancia media que se recorre a pie en 35 minutos, aunque el 25% de los hogares se encuentra a dos horas de un centro.

591.Pese a los magníficos adelantos logrados, se ha señalado que la aplicación total del conjunto básico de servicios de salud requiere un apoyo más firme a los servicios de salud general, salud materno-infantil, VIH/SIDA, salud comunitaria, paludismo (segunda etapa) y tuberculosis en los distritos. Estas esferas primordialmente guardan relación con presiones sobre la capacidad nacional a medida que el Gobierno asume una mayor responsabilidad respecto de los programas que requieren capacidad técnica e importantes compromisos de recursos en forma permanente. A ese respecto, se destaca también el grado notable de cooperación entre el Ministerio de Salud y un conjunto de asociados bilaterales y multilaterales.

592.El Gobierno reconoce que el Ministerio de Salud no puede abordar por si solo las causas y los factores determinantes de la salud. Hace falta un enfoque multisectorial. En segundo lugar, se debe prestar pleno apoyo político para facilitar cambios que permitan a la propia población apoyar la búsqueda de soluciones a las causas de la mala salud, así como cambiar sus propios comportamientos mediante la búsqueda de intervenciones sanitarias que redundarán en una vida más saludable. El concepto de participación se hace entonces más concreto. En el Programa de inversiones públicas para la atención de la salud se reconoce la necesidad de establecer sistemas en que se tomen en consideración el acceso, la solidaridad social y la equidad cultural, religiosa y entre los sexos, junto con los derechos humanos.

593.Los problemas de salud no se originan exclusivamente en fuentes relacionadas con la salud. De hecho, los servicios de atención de la salud aportan solo una modesta contribución al estado de salud de la nación. La educación, los ingresos, la vivienda, la alimentación, el agua y el saneamiento figuran entre los factores determinantes más importantes del estado de salud de la población. El Ministerio de Salud es consciente de los diversos factores determinantes del estado de salud y desde su creación ha aplicado un concepto que abarca una definición amplia de la salud.

7. Empleo

594.La Constitución establece los fundamentos del derecho al trabajo; el derecho de los trabajadores a organizarse y al contrato colectivo; y los derechos a determinadas condiciones de trabajo, entre ello la seguridad y la higiene, la remuneración, el descanso y las vacaciones. Cada uno de ellos se otorga independientemente del sexo de la persona. Según la Constitución, el trabajo es un derecho y a la vez un deber, y se garantiza la libertad de todo ciudadano a escoger una profesión.

595.Junto con las cláusulas constitucionales (incluidas también las disposiciones sobre huelgas y cierres patronales), varias leyes laborales concretas van directo a normar el sector del empleo, por ejemplo, los artículos 51 a 53 de la Constitución, el Reglamento 2002/5 de la UNTAET sobre el establecimiento de un código del trabajo para Timor oriental y la Ley 8/2004 sobre el Estatuto de la Administración Pública.

596.Timor-Leste ingresó como miembro de la OIT el 19 de agosto de 2003. Aunque el Gobierno no ha ratificado aún los convenios básicos de la OIT (incluidos los Nos. 138 y 182), el Gobierno reconoce sus obligaciones para promover sus objetivos de conformidad con la Declaración de la OIT de 1998 relativa a los principios y derechos fundamentales en el trabajo, cuyas disposiciones se recogen en el Código del Trabajo.

597.En el momento de redactar el presente documento, el Ministerio de Trabajo y Reinserción en la Comunidad, por ser el Ministerio encargado de cuestiones laborales, debía presentar un nuevo Código del Trabajo al Consejo de Ministros. Este código se estableció para proteger los derechos, las responsabilidades y las obligaciones de los trabajadores, para promover las oportunidades económicas en el lugar de trabajo y ayudar al Gobierno a establecer políticas y reglamentos en relación con las relaciones de trabajo. El Código apoya decididamente los principios fundamentales de los derechos de trabajadores y empleadores a la libertad de asociación y a la negociación colectiva, prohíbe el trabajo forzado, establece condiciones específicas y normativas del empleo de menores y la no discriminación en el empleo y la ocupación. También se propone la adición de nuevas leyes concretas para normar aspectos del empleo, entre ellas una Ley sobre Seguridad e Higiene del Trabajo y una Ley sobre los trabajadores extranjeros cuya adición al conjunto de leyes en esta esfera se ha propuesto.

598.Por el momento, el Código del Trabajo provisional aprobado durante la UNTAET sigue constituyendo el marco jurídico esencial para la administración del trabajo y la promoción del empleo, las relaciones laborales, el despido y los salarios mínimos en Timor-Leste. Como ya se mencionó en otros párrafos, el objetivo específico del Código es cumplir lo establecido en los convenios pertinentes de la OIT, incluido el Convenio (No. 138) de 1973 sobre la edad mínima de admisión al empleo y el Convenio (No. 182) de 1999 sobre las peores formas de trabajo infantil.

599.El Estatuto de la Administración Pública, que se aplica a los funcionarios públicos y a los agentes de la administración pública tanto en el país como en el extranjero, rige los derechos, los deberes y las responsabilidades en las relaciones laborales, así como las prestaciones y remuneraciones de los empleados de la administración pública.

600.Para su aplicación, el Código del Trabajo estableció la Junta Nacional del Trabajo, integrada por dos organismos especializados, el Consejo de Relaciones Laborales y la Junta de Salarios Mínimos. Entre otras funciones, la Junta del Trabajo se ocupa de prestar asesoramiento independiente sobre seguridad e higiene del trabajo y de los programas de formación profesional y de capacitación de oficios. También determina los salarios mínimos para los empleos a nivel nacional, sectorial y de distritos, basados en las recomendaciones de la Junta de Salarios Mínimos. Según el Código del Trabajo, la Junta de Salarios Mínimos formulará recomendaciones a la Junta Nacional del Trabajo sobre la cuestión de los salarios mínimos al menos una vez cada dos años.

601.El Código del Trabajo no establece un salario mínimo fijo ni un procedimiento concreto para la determinación del salario mínimo. Esta responsabilidad de recomendar un salario mínimo compete a la Junta de Salarios Mínimos (denominada “Tribunal de Salarios Mínimos” en el nuevo proyecto de Código del Trabajo). Al formular sus recomendaciones en relación con los salarios mínimos, la Junta de Salarios Mínimos tiene la obligación de tomar en consideración las necesidades de los trabajadores y de sus familias, el nivel general de ingresos, el costo de vida, las prestaciones de seguridad social, los niveles de vida relativos de otros grupos sociales y los factores económicos, entre ellos las necesidades de desarrollo económico, los niveles de productividad y todo efecto que los salarios pudieran tener en el empleo.

602.El Código del Trabajo vigente y el nuevo código propuesto no abordan cuestiones de la seguridad e higiene del trabajo, la formación profesional y la capacitación de oficios, pero se ha elaborado un proyecto de ley sobre seguridad e higiene del trabajo y otro sobre formación profesional, que pronto se presentarán a consideración del Consejo de Ministros.

603.El nuevo proyecto de código del trabajo crea un marco jurídico más amplio que el Código de la UNTAET vigente para reglamentar las cuestiones relacionadas con el empleo en Timor‑Leste. Cabe esperar que el nuevo código resuelva también las actuales discrepancias entre la Constitución y el actual Código del Trabajo. Por ejemplo, en la Constitución se prohíbe expresamente el cierre de la fábrica, mientras que el actual Código del Trabajo permite la aplicación de esta medida por los empleadores para resolver un conflicto laboral.

604.Pese a que existe un régimen legislativo amplio para el empleo, no cabe duda de que a Timor-Leste le falta todavía mucho por delante para hacer realidad los objetivos muy anhelados que el país se ha planteado para generar empleos.

605.Las cifras del censo indican que el desempleo ha aumentado desde la independencia. Según las estadísticas del Censo de 2004, la participación general en el mercado de trabajo es del 60% para los mayores de 15 años, con cifras más altas para los hombres en comparación con las mujeres (69% y 52%, respectivamente). Más de las tres cuartas partes de la población trabaja en la agricultura de subsistencia o la pesca.

606.En 2001, desempleo había alcanzado cerca del 15% entre la juventud (15 a 24) de todo el país y cerca del 43% de la fuerza labor de Dili y Baucau. Estas cifras han empeorado, según el Censo de 2004, ya que el desempleo general es ahora un 8,9%, y 23% entre los jóvenes. Menos del 25% de la fuerza laboral tenía empleo remunerado, definido como empleados por cuenta propia, empleados en la industria privada, empleados por el Gobierno, trabajadores de las ONG o empleados de las Naciones Unidas. En cuanto a la remuneración, el empleo por cuenta propia constituía la mayoría del empleo remunerado, aunque el empleo público y el empleo en las Naciones Unidas ocupaban también un lugar destacado.

607.En caso de que la tasa de participación en la fuerza de trabajo siguiera estando a su nivel actual estimado de 59%, que es baja según las normas internacionales, la fuerza de trabajo crecería a un 3% anual, lo que añadiría unos 10.000 nuevos ingresos anuales a la fuerza de trabajo que busca empleo. Si la tasa de participación aumenta a los niveles típicos de los países en desarrollo de bajos ingresos del mundo, la tasa de crecimiento de la fuerza de trabajo podría llegar hasta un 5% anual. En este caso, que tal vez sea la perspectiva más probable para el futuro, el número de nuevos ingresos que buscan empleo sería del orden de 17.000 a 20.000 al año en el próximo decenio.

608.Dado el tamaño relativamente pequeño del sector comercial no agrícola, la creación de suficientes empleos productivos para los nuevos ingresos en la fuerza de trabajo constituye un reto importante. La dificultad está en promover un crecimiento rápido del sector privado no relacionado con los alimentos, que actualmente emplea a unos 50.000 trabajadores con niveles de productividad media mucho más altos. El rápido crecimiento en este último sector dará cabida a un cambio gradual del empleo en las zonas rurales que tienen baja productividad. Con el aumento de los niveles de productividad de la fuerza de trabajo podría empezar a disminuir el número de casos de pobreza medida según los ingresos.

609.A mediano plazo, el problema fundamental es hasta qué punto el sector agrícola puede crear empleos productivos para los 5.000 a 9.000 nuevos ingresos previstos en la fuerza laboral agrícola cada año. Se plantean tres interrogantes normativas decisivas: ¿Puede la tasa de crecimiento agrícola aumentar mediante la inversión privada de manera que se obtenga una producción mayor de excedentes comercializables para los mercados nacionales y de exportación? ¿Se trasladarán cantidades mucho mayores de personas a las zonas urbanas en busca de trabajo? ¿Podrá el sector no agrícola crecer con suficiente rapidez para absorber el aumento del número de personas en empleos productivos?

8. Igualdad de oportunidades en el empleo

610.Está prohibida estrictamente la discriminación por cualquier motivo en el empleo, a menos que sea necesario por la índole de algún trabajo específico. En el artículo 11.18 del Código del Trabajo se pide a la bolsa de trabajo que adopte medidas para eliminar las prácticas o ideas discriminatorias que puedan impedir la igualdad de oportunidades y de trato en el acceso a la capacitación en igualdad de condiciones, el acceso al empleo y las condiciones de empleo.

611.La OPI, oficina establecida para incorporar la perspectiva de género en todos los aspectos de la vida en Timor-Leste, presta asesoramiento al Primer Ministro y a otros ministerios estatales sobre cómo asegurar la igualdad de oportunidades en el empleo.

612.Aunque no es una política oficial del gobierno, se alienta a las mujeres a que compitan con los hombres por las vacantes de empleo tanto en el sector público como en el privado, además se suele otorgar consideraciones especiales a las candidatas, en particular en esferas como la ingeniería, en la que se requieren altas calificaciones y una prolongada experiencia de trabajo para rectificar las desigualdades heredadas del pasado.

613.En Timor-Leste está prohibido el despido por motivo de embarazo, aunque se han notificado algunos casos. En el párrafo 4 del artículo 39 de la Constitución se estipula que la maternidad se honre y proteja; se otorgará protección especial a todas las mujeres durante el embarazo y después del parto; y las trabajadoras tendrán derecho a que se les exima de la responsabilidad de trabajo durante un período adecuado antes y después del parto, sin pérdida de la remuneración u otras prestaciones, de conformidad con la ley.

614.En el artículo 11.10 del Código del Trabajo se establecen 12 semanas de licencia de maternidad con dos tercios de la remuneración para las mujeres y el derecho a mantener la antigüedad en el cargo, a volver a ocupar ese puesto o a ocupar un puesto equivalente con la misma remuneración al terminar la licencia de maternidad. En los artículos 11.11 a 11.16 se establecen garantías acumulativas de las prestaciones y el apoyo a las trabajadoras embarazadas y lactantes. Toda información adicional sobre la mujer en el empleo, en particular sobre los efectos de este marco normativo en la práctica, figura en el documento preparado para la CEDAW.

615.El Ministerio de Trabajo y Reinserción en la Comunidad, con un apoyo importante del PNUD y la OIT, emprendió un programa denominado STAGE (Skill Training for Gainful Employment – Capacitación de oficios para un empleo remunerado) con el objetivo de reducir la pobreza en Timor-Leste y facilitar el crecimiento económico mediante la reducción del nivel de desempleo y subempleo creando capacidad nacional para poner en marcha un sistema de capacitación de oficios impulsado por la demanda. STAGE se propone también promover un sistema descentralizado y flexible de capacitación como medida propicia mientras evoluciona el mercado oficial de trabajo. Aunque no son las mujeres su único objetivo, por ser un programa destinado a eliminar las desigualdades en el empleo, este programa incluye iniciativas concretas para crear mayores oportunidades para las mujeres que compiten en el mercado de trabajo y observar claramente la participación de ambos sexos mediante el desglose de datos por sexo en el futuro en la División de Empleo y Desarrollo de los Conocimientos y las bolsas de trabajo de distrito y la capacitación de las mujeres que buscan empleo.

9. Dificultades en el empleo

616.En general, el desempleo ha aumentado desde la independencia y la participación en el mercado de trabajo deberá aumentar sustancialmente en los próximos 10 años.

617.Hay varias razones que explican ese aumento del desempleo, entre ellas la falta de instrucción o de conocimientos técnicos y la escasez de capital para generar empleo. Desde la independencia, tanto niñas como varones han logrado nuevas oportunidades para recibir enseñanza oficial. No obstante, muchos de los que terminaron la enseñanza secundaria no están dotados de conocimientos técnicos para ingresar en el mercado de trabajo ni cuentan con los recursos para continuar estudios superiores. Las oportunidades de empleo también se ven limitadas por la poca capacidad para generar empleo en el sector público y los actuales niveles mínimos de inversión empresarial. Las empresas extranjeras no han motivado hasta el momento las inversiones en Timor‑Leste debido a la falta de infraestructura y a la ausencia de un marco normativo adecuado que asegure las inversiones. Las empresas extranjeras también se preocupan por la falta de personal calificado en el mercado de trabajo; entre tanto, las empresas locales carecen de capital para invertir en las esferas que podrían generar empleo. Los elevados costos de la fuerza de trabajo en Timor-Leste comparados con los de sus vecinos asiáticos crean un desincentivo más para el establecimiento de empresas en el país.

618.Frente a estas dificultades, el Gobierno ha adoptado varias medidas vitales, tanto legislativas como administrativas, para mejorar el actual sistema de empleo en Timor‑Leste. Varios instrumentos legislativos fundamentales están en proceso de redacción, entre ellos decretos-ley sobre formación profesional, registro de trabajadores y desempleados, la homologación de los centros de formación profesional y los trabajadores migratorios. Cabe esperar que estén listos pronto para su presentación al Consejo de Ministros.

619.Con 51 centros de capacitación actualmente en funcionamiento en el país, sólo 10 cumplen los requisitos, dos de hechos son administrados por el Gobierno. Es fundamental que el Gobierno normalice los centros de capacitación y aumente y controle la calidad de la capacitación de esos centros. La normalización y homologación de la capacitación profesional y de oficios ayudará también a evitar la falsa idea de que la enseñanza oficial es superior a la capacitación de oficios, que hasta el momento no tiene, en lo fundamental, carácter oficial.

620.Además de las intervenciones legislativas y la capacitación de oficios, el Gobierno está haciendo una evaluación del mercado de trabajo y promoviendo microempresas. La evaluación del mercado de trabajo servirá para determinar las oportunidades de empleo tanto en el país como en el extranjero, y la asignación de quienes cumplen los requisitos para esos puestos. El Gobierno firmó un acuerdo con una empresa de Corea del Sur para enviar a ese país a unos 200 trabajadores de Timor Oriental, muchos de los cuales se encuentran ya allí. El Ministerio de Trabajo y Reinserción en la Comunidad ha seguido estableciendo un conjunto de acuerdos análogos con los Gobiernos de Malasia, China y Macao para enviar a timorenses orientales a trabajar en distintos sectores. La promoción de microempresas se centra en el empleo por cuenta propia en los hogares, especialmente en la transformación de alimentos.

621.El Ministerio de Trabajo y Reinserción en la Comunidad ha establecido también cuatro Bolsas del Trabajo para facilitar su labor en todo el territorio. Estas bolsas están situadas en Oecusse, Maliana, Dili y Baucau. Cada centro está administrado por dos funcionarios que promueven la igualdad de oportunidades para la mujer en el empleo y la capacitación con miras al desarrollo económico.

622.Reconociendo la enorme importancia de contar con una economía próspera que genere nuevas oportunidades de empleo, el Gobierno emprendió un importante proyecto para fortalecer el entorno propicio para la inversión privada nacional e internacional, algo fundamental para crear oportunidades de empleo productivo para los nuevos ingresos en la fuerza de trabajo.

10. Educación

623.El derecho a la educación está consagrado en el artículo 59 de la Constitución, en que se dispone que:

El Estado reconocerá y garantizará que todo ciudadano tiene derecho a la educación y a la cultura, y tiene la responsabilidad de promover el establecimiento de un sistema público de enseñanza básica universal y obligatoria gratuita de conformidad con sus posibilidades y según lo establecido en la ley;

Toda persona tiene derecho a la igualdad de oportunidades de educación y formación profesional;

El Estado reconocerá y supervisará la enseñanza privada y cooperativa;

El Estado deberá asegurar el acceso de todo ciudadano, de conformidad con sus conocimientos, a los más altos niveles de enseñanza, la investigación científica y la creación artística;

Toda persona tiene derecho a disfrutar de la cultura, a la creatividad y el deber de preservar, proteger y valorar el patrimonio cultural.

624.A raíz de la violencia que estalló después del referéndum de 1999, el sistema de enseñanza quedó totalmente desorganizado y a punto de derrumbarse. Casi 90% de las escuelas y centros de enseñanza, incluso prácticamente todo el mobiliario y los materiales didácticos, quedaron destruidos o desaparecieron. Un 20% de los maestros de enseñanza primaria y cerca del 80% de maestros de enseñanza posterior a la primaria, la mayoría no timorense, abandonó el país, incluidos casi todos los administradores y directores docentes que tampoco eran timorenses.

625.La dificultad inmediata después de los acontecimientos de 1999 ha sido la reconstrucción del sistema de enseñanza y hacer que los niños vuelvan a la escuela. Se lograron grandes adelantes en ambos frentes. El sistema está funcionando en estos momentos a un nivel operacional básico y el Gobierno ha podido hacer efectiva la escolarización hasta sexto grado desde 2000 a todos los niveles del sistema de enseñanza, con un incremento en la matrícula escolar. La escolarización se ha normalizado para más del 75% de los 285.000 escolares del país. El logro más impresionante ha sido el aumento masivo de la matrícula de pobres, de niñas y de menores de las zonas rurales. No obstante, son fuertes los vínculos entre la pobreza y la educación. Casi una de cada dos personas son pobres en hogares donde el cabeza de familia no ha terminado la enseñanza primaria frente a menos de uno de cada siete cuando el cabeza de familia ha llegado al menos hasta la enseñanza preuniversitaria.

626.Tras capear felizmente esta situación de emergencia, el Gobierno se está centrando en las dificultades del desarrollo a más largo plazo de la educción y la capacitación, que son muchas.

627.Prácticamente la mitad de la población adulta de Timor-Leste es analfabeta, y pese a los notables progresos alcanzados en los últimos cuatro años, un gran número de niños todavía no tiene acceso a la enseñanza básica o de calidad.

628.Actualmente, no existe un fundamento jurídico para el sector de la enseñanza, aunque el Gobierno ha propuesto un importante conjunto de leyes para eliminar las actuales deficiencias.

629.Las dificultades normativas y prácticas en el sector de la enseñanza son:

Falta de acceso a la educación;

Elevadas tasas de deserción escolar (10%) y repetición (20 a 25%);

Poca calidad de la enseñanza;

Falta de maestros con titulación;

Falta de materiales y recursos pedagógicos;

Dificultad para el tránsito al idioma portugués en las escuelas;

Priorización de la educación superior para los varones y no para las niñas; y

Una estructura administrativa deficiente de la educación.

630.El acceso a la educación es difícil en las zonas rurales debido a la enorme distancia que hay que recorrer hasta la escuela y a la falta de transporte escolar. La información local indica también que algunas escuelas eran sumamente costosas, en particular para las familias más pobres. Hasta hace muy poco tiempo, se cobraban matrículas arbitrarias en escuelas primarias administradas por el Gobierno y no se hacían excepciones con los niños de los orfanatos. Esta falta de control en el costo de la matrícula y su efecto prohibitivo en el acceso a la educación fue una de las principales preocupaciones del Gobierno.

631.Una circular emitida por el Ministerio de Educación, Cultura, Juventud y Deportes (ahora Ministerio de Educación y Cultura) en noviembre de 2002 trató de uniformar el costo de la matrícula en todo el país, según el tipo de escuela:

Primaria: 1 dólar EE.UU. mensual;

Escuela superior: 1,50 dólar EE.UU. mensual;

Secundaria: 2,00 dólares EE.UU. mensuales.

632.Pero, desde 2005, se suspendió temporalmente el pago de la matrícula en todos los niveles de instrucción en el Distrito de Dili y en todas las escuelas primarias en los demás 12 distritos. Se decidió que la suspensión se mantendrá por lo menos hasta fines del curso escolar 2006-2007. Se espera que de esta manera aumente la asistencia a las escuelas de Timor-Leste.

633.Los bajos niveles de alfabetización, triste legado de la colonización portuguesa, es una barrera más que se interpone a los esfuerzos acelerados por rectificar esa falta de instrucción. El medidor básico es la capacidad para leer y escribir. El Censo de 2004 indicó una tasa de alfabetización de personas con al menos 15 años en 49,9%, que disminuía con la edad (41% para los de 35 a 44 años, 24% para los de 45 a 54 años, y solo 7% para los mayores de 55). Las mujeres eran más analfabetas que los hombres, y esa diferencia se acentuaba entre las de más de 30 años de edad. El porcentaje de alfabetizados es más bajo también en las zonas rurales y las tierras altas, y entre los hogares más pobres. El analfabetismo generalizado, sobre todo en las zonas rurales, plantea grandes problemas para los programas destinados a la lucha contra la pobreza y la capacitación de oficios de la fuerza de trabajo.

634.El rendimiento escolar sufre debido al ingreso tardío, al alto porcentaje de repitentes (20%) y a las tasas de deserción escolar (10%), así como al ausentismo entre los maestros y los estudiantes. El Gobierno define como enseñanza básica los primeros nueve grados de escolarización, que combina la enseñanza primaria y la secundaria. Suponiendo que el menor comience sus estudios a la edad de 6 años, el menor estará en la enseñanza básica hasta los 15 años de edad. Considerando la gran demora en comenzar los estudios y el alto porcentaje de repitentes y desertores escolares, esta no es, en modo alguno, la realidad práctica. Tomado todo en conjunto, todo parece indicar que menos del 50% de los niños llega a terminar el sexto grado.

635.Es necesario también mejorar la calidad de la educación. Los exámenes de grado indican que la calidad de la enseñanza primaria es pobre, en particular en matemáticas. La proporción de alumnos por cada maestro ha disminuido pero no deja de ser alta, no todos los maestros tienen la misma calificación y muchos desconocen el idioma oficial de instrucción, el portugués. El idioma portugués se está introduciendo gradualmente en el sistema de enseñanza. Se introdujo en primero y segundo grados en 2000 y desde entonces ha ido avanzando progresivamente de un año a otro, hasta el quinto grado en el curso escolar 2003-2004. En los grados donde ya se ha introducido el portugués, se han retirado los manuales en indonesio. Sin embargo, no había suficientes textos en portugués para sustituirlos. Los maestros y los estudiantes también tienen dificultades lingüísticas para entenderse, pero los maestros están autorizados a utilizar el tetum para explicar las asignaturas a los escolares.

636.Se han establecido asociaciones de padres y maestros y programas de capacitación en administración de escuelas para mejorar la calidad de la enseñanza. Un estudio de este proyecto reveló que las escuelas que han adoptado este modelo están logrando mejores resultados docentes de los escolares y un mayor compromiso de las comunidades locales. Pese a estos adelantos positivos en el aumento de la calidad de la enseñanza, todavía hace falta contar con un claustro más estable de maestros mejor preparados, con titulación oficial, que tengan una mejor preparación pedagógica y estén mejor distribuidos geográficamente. A estos problemas se suman las serias deficiencias en la distribución de materiales didácticos y la dotación de los centros de enseñanza, que sólo se pueden resolver mediante la constante rehabilitación y remozamiento y la construcción de nuevas escuelas, la creación de más plazas para los escolares y la instalación de mejores medios pedagógicos, bibliotecas y laboratorios. Más adelante se abunda en detalles sobre las propuestas del Gobierno en relación con estas actividades.

637.El desequilibrio en la participación por sexo en la enseñanza en Timor-Leste es poco perceptible en la enseñanza primaria, donde se calcula que hay una proporción igual de niños y de niñas. A niveles más altos de la estructura docente, disminuye bruscamente la participación de las niñas. En los programas de alfabetización de adultos, se ha observado también que las mujeres participan mucho menos que los hombres, pese a los esfuerzos conscientes de los organizadores del programa para captar a más mujeres y tratar de eliminar las elevadas tasas de analfabetismo entre ellas.

638.Algunos factores contribuyen a que las tasas de escolarización de las mujeres sean más bajas, muchos de ellos de carácter sociocultural, como la opinión muy tradicional y estereotipada que existe de la función de las niñas y las mujeres en la familia y la comunidad, Aunque esto no es concluyente, como se puso de manifiesto en un informe reciente del UNICEF en que se plantea que:

“Hay una gran diferencia con los niños que experimentan más que las niñas la decisión de los padres de no dejarles ir a la escuela. Este descubrimiento fue inesperado ya que la población de Timor-Leste suele referirse a que con más frecuencia son las niñas, y no los niños, quienes no tienen permiso para asistir a la escuela”.

639.Con una población que crece a un 3% anual o más como resultado de las elevadísimas tasas de fecundidad, serán constantes las presiones sobre el sistema de enseñanza durante un decenio o más. Colectivamente, estos problemas obligan a elaborar y aplicar una estrategia en materia de educación con perspectivas hasta la siguiente generación. La lucha contra la pobreza es fundamental para la estrategia de desarrollo de esta joven nación, ya que la experiencia internacional demuestra a las claras que más educación es fundamental para las estrategias de lucha contra la pobreza. De ahí que sea una de las primerísimas prioridades del Gobierno el aumento del nivel de instrucción de la población de Timor-Leste, junto con la mejora de la atención de la salud y la creación de empleos.

640.A mediano plazo, la máxima prioridad seguirá siendo la enseñanza primaria en particular y la enseñanza media como parte del objetivo a más largo plazo de impartir instrucción básica hasta el noveno grado para todos los niños. A mediano plazo, interesa concretamente aumentar el acceso a la enseñanza básica para los 87.000 niños de 6 a 14 años de edad que siguen fuera del sistema escolar, mejorar la calidad de la enseñanza mediante la formación de maestros, elaborar planes de estudio, el perfeccionamiento de los materiales de instrucción y los programas conexos y el aumento de la eficiencia interna.

Marco normativo de la educación

641.Los principales objetivos del sistema de enseñanza oficial enunciados en la PND son:

Facilidad de acceso a la educación para todos y establecimiento de al menos una escuela primaria en cada suco (aldea);

Más calidad de la enseñanza y el aprendizaje;

Tasas de terminación de estudios y retención escolar más altas;

La formulación de planes de estudios, en particular para la formación técnica, adaptados a las condiciones y necesidades de Timor-Leste;

La reintroducción del portugués y el tetum en las escuelas.

642.Para lograr estos objetivos, el sector de la educación se guiará en su desarrollo por los principios fundamentales de la educación como un derecho; la equidad y el acceso para todos los grupos marginados, incluidas las niñas y los pobres, y las comunidades rurales y étnicas; la calidad y la importancia de asegurar el desarrollo de una persona equilibrada en los aspectos económico, social, cultural, moral, político y espiritual; eficacia y eficiencia; participación, transparencia y responsabilidad. El Gobierno tiene el compromiso de asegurar que se imparta una enseñanza básica de calidad y nivel internacional para todos los niños con residencia legal en Timor-Leste, independientemente de su situación económica, sexo, religión, origen étnico o ubicación geográfica.

643.En 2004 se formuló un Marco normativo para la educación, en que se determinaron las medidas prácticas para cumplir los objetivos del PND. Las prioridades establecidas en ese Marco en materia de enseñanza básica (definida como escolarización hasta el noveno grado) son:

Enseñanza primaria como máxima prioridad en la asignación de recursos;

Enseñanza primaria universal de calidad, a partir de los seis años de edad, en consonancia con los ODM, la CRC y los requisitos establecidos en la Constitución y, a fin de asegurar que, para 2015, todos los niños puedan terminar el curso completo de enseñanza primaria;

Segunda prioridad en importancia respecto de la enseñanza preescolar, con una combinación inicial de pago de matrícula y aumento de la financiación pública (fundamentalmente la formación de maestros y la creación de prototipos de materiales didácticos);

La enseñanza en la primera infancia es una medida fundamental para reducir las tasas de deserción escolar y repetición en la enseñanza primaria. No obstante, reconociendo los limitados recursos del Estado, esta enseñanza se promoverá como actividad de financiación privada basada en la comunidad en la que el Estado apoyará la formación de maestros y elaborará el prototipo de materiales didácticos, y creará el entorno propicio para la iniciativa privada.

644.Además del compromiso con la enseñanza básica, en el Marco normativo para la educación se hace hincapié en:

La enseñanza secundaria, terciaria y técnica y profesional especializada en instituciones tanto públicas como privadas, que aseguren la igualdad de acceso según la capacidad individual y las necesidades nacionales de desarrollo;

El desarrollo de una planificación efectiva y la aplicación de políticas y programas de enseñanza, especialmente un plan de estudios nacional y la formulación de una política sobre los idiomas basada en los idiomas oficiales; el aumento de las normas de calificación, la capacitación, el desarrollo profesional y el bienestar de los maestros; y el establecimiento de normas mínimas de funcionamiento de todas las escuelas (públicas y privadas por igual) con los mecanismos de supervisión concomitantes;

La movilización y coordinación de la función de los interesados directos pertinentes, entre ellos los que se ocupan de impartir enseñanza privada y la participación de los padres y la comunidad, y un marco normativo y de incentivos pertinente y la promoción de la participación, la consulta y la transparencia.

645.Se está preparando un conjunto de leyes, de las cuales algunas están listas para su examen por el Consejo de Ministros. Los instrumentos legislativos que se proponen para el sector de la educación son:

Ley básica sobre la educación;

Ley orgánica del Ministerio de Educación, Juventud, Cultura y Deportes;

Ley sobre la formación profesional;

Reglamento que rige las instituciones de enseñanza terciaria;

Ley o carta que disponga el fundamento jurídico y el desarrollo futuro de la Universidad Nacional; y

Reglamento que rige el establecimiento y funcionamiento de escuelas que no sean públicas.

646.La introducción de la legislación y los reglamentos necesarios para la educación ayudará al normalizar el sector de la educación y a especificar las respectivas funciones que desempeñarán el Gobierno, la Iglesia, las ONG, las comunidades locales y los padres en la gestión de la educación.

647.También tienen importancia central en la creación de un nuevo sistema de enseñanza los esfuerzos para elaborar planes de estudios para las escuelas del país. Ya se aprobó y se está aplicando el plan de estudios de la escuela primaria, que abrirá el camino para la introducción escalonada de un nuevo plan de estudios para la enseñanza secundaria y media.

648.El Gobierno reconoce la importancia de abordar las dimensiones de género en el desarrollo de la enseñanza, por lo que ha incluido algunas metas extraídas de los ODM que promoverán la igualdad entre los sexos.

649.Desde el punto de vista cultural, la División de Cultura está examinando la necesidad de prestar atención más directa a la naturaleza de la cultura y el idioma vernáculos en los planes de estudios. Ciertamente en estas primeras etapas de desarrollo, ha sido necesario depender del uso de materiales pedagógicos externos, sobre todo libros de texto, que tal vez no reflejen debidamente la identidad cultural de Timor-Leste ni su idioma ni sus valores. Aún así, en el nuevo plan de estudios se hace hincapié en los beneficios de enseñar asignaturas básicas como “arte y cultura” y “estudios sobre el medio ambiente”, utilizando fuentes de consulta locales, como son los dirigentes tradicionales y los maestros de convicciones y prácticas tradicionales que darían contenido al plan de estudios en cuanto a la identidad y los valores autóctonos.

650.En general, los próximos dos a tres años demostrarán el éxito logrado por el Gobierno en la realización de reformas sostenibles y la creación de capacidad del sector de la enseñanza. Las reformas sostenibles girarán por necesidad en torno a la capacidad del Gobierno para utilizar recursos suficientes que permitan llevar a la práctica el presente programa de reforma.

651.El marco normativo de la enseñanza, al igual que los demás sectores de desarrollo en Timor‑Leste, es sumamente ambicioso y entraña enormes gastos. En el pasado, los gastos se centraron fundamentalmente en la rehabilitación del sistema de enseñanza y en el restablecimiento de los servicios de enseñanza primaria en todo el país. En los últimos seis años, el gasto total en el sector de la enseñanza oficial ascendió a 297,7 millones de dólares, de los cuales el 60% proviene de los donantes. En los primeros años que siguieron a la independencia, se gastaban unos 40 millones de dólares al año debido a los costos de rehabilitación; la cifra se estabilizó en los 36 millones de dólares en los dos últimos años. Durante los cinco años que median entre el ejercicio fiscal 2005-2006 y el de 2009-2010, el total de gastos en el sector de la enseñanza oficial ascenderá a unos 220 millones de dólares. La enseñanza primaria representará un 48,6%, con casi 107 millones de dólares, mientras que la secundaria recibirá cerca del 28%.

652.Para el Gobierno es un gran reto asegurar la financiación del sistema de enseñanza, y en la primaria y la secundaria, dadas las incertidumbres en la cuantía de las donaciones a mediano plazo. La brusca disminución del apoyo de los donantes en la forma de materiales, formación de maestros y otros gastos periódicos podría dar al traste con los objetivos antes mencionados para la enseñanza básica a mediano y largo plazos. El sector también tiene que asegurar la equidad en la distribución de recursos y seguir priorizando la enseñanza primaria, además de asegurar la financiación de medidas de aumento de la calidad. Por ello habrá que abordar distintas cuestiones relacionadas con la financiación de la enseñanza primaria y secundaria. Habrá que salvar las diferencias mediante alguna combinación de fondos aportados por nuevos donantes, un aumento del hincapié en la administración de los gastos y en la matrícula escolar. Con este fin, el Ministro de Educación es firme partidario de que se establezcan compromisos de recursos de los donantes en el marco del programa de Educación para todos, en particular en la enseñanza primaria.

E. El matrimonio y la vida en familia

Definición de “familia” y “hogar”

653.El concepto de la familia se define en la Constitución timorense como “núcleo básico de la sociedad y condición para el desarrollo armónico del individuo”. La Constitución añade además que toda persona debe gozar del derecho a establecer una familia y a vivir en ella. Si bien en el Código Civil de Indonesia, ley vigente que se aplica en Timor-Leste, no se prevén otras definiciones jurídicas de ningún tipo de familia o de hogar, la futura ley sobre la violencia en el hogar amplía el concepto de familia con la definición de miembros de la familia o personas con una relación familiar, de la manera siguiente:

Los cónyuges en el contexto de un matrimonio civil, religioso o consuetudinario;

Un hombre y una mujer que viven juntos en una situación análoga a la de un matrimonio;

Los antepasados y descendientes de cualquiera de los cónyuges o de las personas que mantienen una reunión consensual siempre y cuando estén integrados en el mismo contexto de economía familiar o persona a cargo; o

Cualquier otra persona en el mismo contexto de economía familiar y persona a cargo, incluso las que llevan a cabo de manera permanente y subordinada formas de trabajo doméstico.

654.Esta definición de familia se aplicará, junto con otras medidas jurídicas que “constituirán la garantía fundamental de la integridad de la familia como núcleo social y cultural fundamental de Timor‑Leste”. El principio del núcleo familiar definido en el artículo 5 de esta ley se puede leer conjuntamente con los artículos 16 y 17 de la Constitución timorense, según los cuales la piedra angular del núcleo familiar es el respeto de los derechos humanos fundamentales, como el de la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley.

655.En la sociedad timorense tradicional, un núcleo familiar básico consta de la pareja de casados y de sus hijos solteros que habitan en un solo domicilio, conocido como “casa”. Este núcleo casi siempre está vinculado a una miríada de otras relaciones sociales, en particular los parientes más cercanos de la familia o los miembros de su “linaje”, que pueden ser por línea paterna como por línea materna. Ahora bien, en su mayoría, las sociedades de Timor-Leste son patrilineales. Todos los miembros del linaje alegan un antepasado común y juran lealtad a ese antepasado. Forman parte de lo que se denomina uma kain o ahimatan, o grupo descendiente, que puede estar formado por los hermanos, los padres y sus hermanos y los abuelos. Normalmente, el más anciano es el jefe de esta familia ampliada.

656.En Timor‑Leste, uno o varios grupos descendientes pueden también referirse a una “casa sagrada” conocida como uma lulik o uma lisan. Los miembros de esta casa sagrada siguen teniendo un antepasado común, aunque las raíces de este antepasado ya no se pueden determinar. Las casas sagradas representan todo el universo y contienen las reliquias de los antepasados de la familia. Según la tradición, estas son las casas originales donde vivieron los antepasados y, como tales, son más antiguas que las demás casas. En cualquier knua o “aldea”, la casa sagrada se encuentra en el centro y las casas circundantes se sitúan por orden de antigüedad. Por ejemplo, la casa del primogénito está al lado de la de sus padres, y la del hijo menor está más alejada del centro. Una mujer que no esté casada suele incluirse como parte del grupo del que desciende mientras pueda determinar su linaje por la línea del hombre. Tan pronto se casa, abandona la aldea familiar para sumarse a la familia de su marido.

657.No se puede pasar por alto la importancia, tanto de la “casa” como de la “casa sagrada”, como entidades en la estructura social timorense. Ambas constituyen el centro de las relaciones matrimoniales y del poder político; toda relación entre las diferentes “casas” es tenida en cuenta por la familia, de ahí que exista un sistema con normas específicas (véase más adelante) que rige el matrimonio.

Papel del derecho consuetudinario en las relaciones familiares

658.Las relaciones familiares se rigen por una combinación del derecho civil, el religioso y el derecho consuetudinario. A nivel local, se sigue una jerarquía que encabeza el derecho tradicional, seguido de las doctrinas de la Iglesia y a continuación el derecho civil. Siempre que ha sido posible, los dirigentes tradicionales tratan de interpretar las doctrinas de la Iglesia Católica de manera que corresponda con las creencias tradicionales. El éxito de esta combinación de leyes religiosas y consuetudinarias depende también en gran medida de las actitudes del clero local. Los timorenses demuestran gran respecto por la Iglesia asistiendo regularmente a misa, pero suelen interpretar muchas doctrinas de la Iglesia de manera que avale y no contradiga sus creencias tradicionales. De hecho, muchas personas, ciertamente a nivel local, no consideran que sus creencias cristianas estén en contradicción en modo alguno a sus prácticas tradicionales.

659.El matrimonio es, a pesar de todo, uno de esos ejemplos en que el derecho consuetudinario y las normas religiosas están en contraposición. Una boda celebrada en la iglesia casi siempre va acompañada, cuando no sustituida, por una ceremonia tradicional. Dada la importancia de asegurar la fecundidad mediante el intercambio de bienes matrimoniales (véase más adelante barlake o precio de la novia), el cumplimiento de las obligaciones religiosas por si solo no suele bastar para mantener las buenas relaciones en la familia o la comunidad local. El intercambio de bienes, que forma parte del servicio tradicional, es decisivo para establecer un amplio sistema social. Eliminar esta práctica borraría de hecho una finalidad importante del matrimonio.

Formación de trabajadores sociales

660.Actualmente trabajan en Dili seis trabajadores sociales, empleados por la División de Servicios Sociales del Ministerio de Trabajo y Reinserción en la Comunidad, y algunos otros trabajan con contrato temporal en las ONG. El Gobierno no tiene conocimiento de ningún trabajador social que ejerza su función en los distritos. Tienen diferentes especializaciones y división del trabajo: violencia contra los niños y niños en riesgo, justicia juvenil y orfanatos. La capacitación de los trabajadores sociales o los grupos profesionales que se ocupan de asuntos de familia es limitada debido a las restricciones financieras y prácticas y a la incapacidad para determinar con claridad cuáles son los grupos profesionales con quienes hay que trabajar. Cuando se ha impartido capacitación a personas que trabajan en actividades del tipo de servicios sociales, los temas tratados han sido fundamentalmente salud, justicia y violencia por motivo de género. Las actividades se centran en alentar a las autoridades correspondientes, especialmente en el caso de la violencia por motivo de sexo, porque no se trata simplemente de un asunto de familia y porque hace falta su intervención. Cuando no se dispone de profesionales calificados y ni siquiera se busca su asistencia, se suele acudir al clero local para que actúe como mediador en los conflictos, especialmente en los subdistritos. Por ejemplo, en casos en que las parejas estén considerando la separación, se considera al sacerdote una persona respetable y se le pide que sea testigo en el proceso o que formule sugerencias, pero no puede adoptar decisiones respecto de la solución.

1. El matrimonio

Derecho a contraer matrimonio y libertad para elegir al cónyuge

661.En teoría, toda persona en Timor-Leste puede ejercer el derecho a escoger a su cónyuge. De conformidad con el párrafo 3 del artículo 39 de la Constitución timorense, “el matrimonio se basará en el libre consentimiento de las partes y en condiciones de plena igualdad de derechos entre los cónyuges, de conformidad con la ley”.

662.Este concepto de voluntad es también explícito en la ley vigente, en el que se establece “el consentimiento voluntario de los futuros cónyuges” (art. 28 del Código Civil de Indonesia).

663.Hay determinados casos en que se prohíbe el matrimonio, como se señala en los artículos 31 a 49 del Código Civil de Indonesia, que incluyen pero no se limitan a:

Los matrimonios entre personas que tengan algún grado de consanguinidad sean nacidos dentro o fuera de matrimonio;

Los matrimonios entre hermanos;

Los matrimonios entre tío o tío abuelo y sobrina o sobrina nieta, también entre tías o tías abuelas y sobrino o sobrino nieto;

Los matrimonios entre cuñado y cuñada, a menos que el cónyuge por medio del cual se establece la relación entre ambos haya fallecido o porque un juez haya dado su aprobación para contraer otro matrimonio al cónyuge supérstite.

664.En el derecho tradicional, un hombre no puede contraer matrimonio con sus primas carnales (hijas de su tío por parte de padre), ya que se le considera hermana en virtud de su ascendencia. Una mujer y un hombre no se pueden casar con su cuñado/cuñada, ya que se les considera hermano/hermana en virtud del vínculo matrimonial. En muchas comunidades de Timor‑Leste, el matrimonio preferido es con la hija de un tío por línea materna, que en la práctica es un matrimonio entre primos. Se trata de un complejo sistema matrimonial, que tradicionalmente ha reunido a muchas familias en un amplio entramado social.

Compromiso matrimonial de las niñas

665.Es evidente que la ley actual está en contradicción con algunas prácticas tradicionales. Aunque un número cada vez mayor de hombres y mujeres escoge a sus propias parejas por libre voluntad y amor, en las consultas regionales se hizo evidente que muchas mujeres jóvenes no pueden en la práctica escoger libremente a su cónyuge. La familia de la niña escoge para ella al nacer un esposo, por ejemplo, un primo. Una tía o un tío ofrecen una barlake inicial a la familia de la mujer, la cual se ocupa de la joven hasta que tiene la edad para contraer matrimonio. Esta es a veces una manera de mantener la barlake en el patrimonio familiar. La joven no puede romper la promesa que se hizo cuando nació, aunque no le guste o no ame a su prometido. Ello sería una vergüenza para la familia y habría que devolver la barlake inicial. Estos valores se refuerzan posteriormente durante la vida de casada de la mujer.

Mayoría de edad

666.La ley vigente, que es el Código Civil de Indonesia (art. 29), establece que los hombres no podrán casarse hasta cumplir la edad de 18 años, pero las mujeres se pueden casar a los 15 años de edad, siempre y cuando los padres estén de acuerdo (art. 35).

667.Es común escuchar que el matrimonio y el compromiso de un menor (es decir, el matrimonio o compromiso antes de los 18) es una práctica en Timor‑Leste. Se ha informado de matrimonios de niñas de 13 o 14 años de edad en los distritos. Se trata de matrimonios decididos con una familia específica antes de nacer la pareja matrimonial. En otros casos, debido a la pobreza extrema, las familias acuerdan el matrimonio de la menor para tratar de obtener la barlake, sin informar a los posibles pretendientes la edad real de la menor. Invariablemente, esa menor no sabe leer ni escribir y nunca ha ido a la escuela. Esta práctica parece ser más común en las zonas rurales que en la capital.

Poligamia

668.El Código Civil de Indonesia solo reconoce el matrimonio civil (art. 26) y declara ilegal la poligamia (art. 27). Pero, como se comprobó en las consultas de distrito, la poligamia sigue siendo un problema, pese a los esfuerzos de la Iglesia Católica por combatirla. Es difícil tener una idea exacta de la magnitud de este problema, ya que en los registros civiles se exige sólo la inscripción en el sistema de una sola de las esposas. Es una práctica común que un hombre se case con una mujer por la Iglesia Católica, y tome otras esposas en ceremonias tradicionales. Las mujeres sufren directamente el hecho de que sus esposos o parejas pasen tiempo con sus otras familias, y gasten con ellas sus limitados recursos financieros. Algunos maridos han abandonado el hogar familiar porque sus primeras esposas no han podido darles hijos.

Igualdad en el matrimonio

669.Aunque en la Constitución timorense se especifica claramente que los hombres y las mujeres gozarán de los mismos derechos y deberes en todos los aspectos de la vida en familia y que el matrimonio se debe basar en “la plena igualdad de derechos entre los cónyuges”, las interpretaciones tradicionales de los diferentes papeles y responsabilidades de hombres y mujeres en la familia de hecho prohíben a la mujer el pleno goce de estos derechos.

670.Por ejemplo, pese a que no se practica en todas partes del país, en algunas regiones un hombre casado tiene derecho a recibir una parcela de tierra de su familia por ser miembro del “linaje” o grupo descendiente. Sus hijos varones son miembros también y gozan de derechos a esta tierra por línea paterna. Cuando una mujer soltera puede probar su linaje por línea paterna, ella también puede reclamar una parte de la tierra, aunque en comparación con sus hermanos, la parte que le toca es más pequeña. La situación se dificulta cuando una mujer casada trata de utilizar su tierra heredada por línea paterna. Surgen conflictos que se suelen zanjar por medios tradicionales que probablemente favorecerán su acceso a la tierra pero no a su propiedad. Esto se analiza con más detalle en el informe preparado para la CEDAW.

Papeles y responsabilidades en el matrimonio

671.Dado que la sociedad timorense es patriarcal por naturaleza, se parte del supuesto de que los hombres son los principales personeros en todas las negociaciones y que adoptan decisiones en nombre de la familia y dictan lo que hay que hacer. En cambio, se espera que la mujer timorense delegue en su esposo la mayoría de los asuntos, y solo asuma la responsabilidad de adoptar decisiones en caso de defunción del marido. Se espera que siempre se sacrifique por su marido y sus hijos y al mismo tiempo tenga siempre presente que no debe realizar ninguna actividad que pueda constituir una deshonra para la familia.

672.El deber fundamental de una mujer tan pronto contrae matrimonio es tener hijos, para que la “vida transcurra” o continúe el linaje de la familia a la que pertenece. Aunque el marido abandone el hogar en busca de empleo para el sustento de su familia, el hogar sigue siendo de la competencia de la esposa, donde atiende a sus hijos, además de ocuparse de las labores domésticas habituales.

673.Si bien no hay ley que confiera explícitamente a la mujer el derecho a elegir con libertad el número de hijos que quiere tener y cuándo, las tradiciones culturales dictan que la mujer, una vez que contrae matrimonio, tiene el deber de continuar el “curso de la vida” entre las familias. Las mujeres que no pueden parir son despreciadas en Timor. Muchas mujeres afirman que no tienen derecho a opinar en decisiones que atañen a la planificación de la familia. La Encuesta agrupada de indicadores múltiples reveló que menos del 1% de los hombres timorenses usan alguna forma de anticonceptivo, lo que hace recaer en la mujer la responsabilidad primordial del uso de anticonceptivos, aunque en esa misma encuesta se indica también que sólo 8% de las mujeres que viven con un esposo o una pareja en Timor-Leste se valen realmente de los medios anticonceptivos, fundamentalmente por las razones antes apuntadas. Las mujeres tienen poco o ningún acceso a la información sobre planificación de la familia, que les permita ejercer sus derechos previstos en el artículo 16 de la CEDAW. Esta cuestión se examinará con más detalle en el informe preparado para la CEDAW. A menudo, los miembros de la familia del marido, por ejemplo su madre, ejercen cierto grado de influencia en el hijo y adoptan la decisión de cuántos hijos debe tener su mujer. Al igual que ocurre con mucha tradiciones timorenses, los hombres son los que adoptan las decisiones principales y, naturalmente ejercen el poder en la familia.

674.Estas funciones, que están establecidas desde temprana edad, restringen en la práctica la movilidad de la mujer. Se hacen cumplir y observar al pie de la letra y, en el caso de las jóvenes, forman parte de su protección, por temor a que les ocurra alguna desgracia, por ejemplo, si tuviesen que llegar tarde a casa. Sin embargo, la finalidad fundamental es controlar a las mujeres de la familia. Por ejemplo, se espera que las muchachas vuelvan a casa inmediatamente después que termina la escuela para ayudar en los quehaceres domésticos, a veces para estudiar y aprender a coser. Se ve mal que se queden fuera de casa hasta entrada la noche, lo que a los ojos de la comunidad está muy mal visto. Esto es todo lo opuesto a lo que ocurre con los varones de la familia, que gozan de más libertad para andar con sus amigos fuera de casa.

675.No sorprende pues que esa restricción de movimientos fuera del hogar redunde en un desarrollo interpersonal más limitado de las mujeres y en su desconocimiento de otras habilidades sociales vitales. La educación es uno de los aspectos en que se ven claramente las consecuencias. Las mujeres que no hablan tetum tienen menos oportunidades de aprender este idioma porque no viajan a Dili ni a otras ciudades importantes de la misma manera que sus maridos lo hacen por asuntos de negocios. En cambio, estas mujeres dependen de información de otros para enterarse de lo que pasa en el mundo por su familia y sus amistades.

676.En Timor-Leste, las funciones y responsabilidades de la vida matrimonial tienen que renegociarse constantemente. El deber de la mujer es aprender de su marido y todo acto de violencia de que sea objeto en el entorno familiar debido, por ejemplo, a que no preparó la cena, se tolera porque las comunidades consideran que ese tipo de violencia es una forma de educación y castigo. Las relaciones de poder entre el hombre y su futura esposa quedan establecidas desde el inicio mismo de sus relaciones. El hombre trata a su novia como hau nia labarik o “mi niña”, mientras que ella lo llama maun o “hermano mayor”.

677.Es interesante destacar que desde la independencia, las actitudes culturales han ido cambiando poco a poco en Timor y la idea de la igualdad de derechos de la mujer y el hombre en la familia está ganando adeptos. También hay cada vez más esperanzas de que la mujer se pronuncie acerca de algunas cuestiones, algo que naturalmente resulta difícil ya que sus opiniones no contaban en el pasado. Para algunos timorenses, la igualdad de derechos se ha vuelto equivalente al desempeño de ciertas funciones. Por ejemplo, las mujeres pueden estar representadas en la comunidad por medio de organizaciones, como OPMT/OMT (Organización Popular de Mujeres Timorenses/ Organización de las Mujeres Timorenses). El marido puede ocuparse de los hijos si la mujer enferma. Pero, en la mayoría de los casos, aunque una mujer instruida trabaje fuera del hogar familiar, se espera que se ocupe de las responsabilidades domésticas habituales.

Divorcio

678.Según la ley vigente (art. 33 del Código Civil de Indonesia), tanto el hombre como la mujer se pueden divorciar; pero, el período de espera que media antes de poder contraer matrimonio nuevamente es menor para la mujer que para el hombre. Según el artículo 34, una mujer no podrá volver a casarse antes de transcurridos 300 días contados a partir de la disolución de su anterior matrimonio. De ordinario, el período de espera es de un año (art. 33 del Código Civil de Indonesia). En ese mismo artículo se estipula que no se permitirá un nuevo matrimonio entre las mismas personas que se acaban de divorciar.

679.En el derecho tradicional, el hombre puede quejarse de su mujer si hay algún problema en sus relaciones mutuas y opta por separarse de ella. En este caso, el hombre o su familia deberá efectuar un pago importante a la familia de la esposa. Si no tiene cómo pagar, el derecho tradicional dicta que la pareja siga viviendo bajo el mismo techo. Si, por otra parte, la esposa desea separarse del marido, su familia deberá proporcionarle al marido otra mujer de la familia. En este caso no se efectúa pago de ningún tipo. En el caso de que ambas partes deseen separarse, no se paga suma alguna.

680.Con todo, la realidad en Timor-Leste es que la mayoría de las mujeres y de los hombres considera que la separación o el divorcio no es una opción en un país que tiene convicciones católicas tan arraigadas y que sería inusitado que llegasen al extremo de divorciarse. Es inevitable que haya cierta vergüenza por la ruptura del matrimonio y que la comunidad piense que la mujer es la culpable de la ruptura de la unión conyugal. No sorprende pues que la mujer no reciba mucho apoyo de la familia ni de la Iglesia, ya que ambas la conminan a que regrese con su marido y trate de resolver sus diferencias. Algunas mujeres han llegado a describir situaciones en las que sus maridos las han amenazado con quitarles a los hijos si deciden abandonar el hogar familiar. En los pocos casos en que se produce el divorcio, se trata fundamentalmente de familias con ingresos elevados y, por regla general, existe la intención de contraer un nuevo matrimonio.

Precio de la novia o barlake

681.El precio de la novia o la dote (barlake) no es ilegal en Timor-Leste y todavía se practica en muchos distritos. La práctica prolifera en el este del país más que en occidente, donde las sumas que se pagan son siempre menores. El intercambio de bienes matrimoniales entre la familia del hombre o “la que acepta a la esposa” y la familia de la mujer o “la que entrega a la esposa” se considera el acto más importante del matrimonio. Las personas de más edad de ambas familias negocian la cantidad de bienes que se van a intercambiar para el matrimonio, sobre la base de la historia de relaciones y de la situación económica de las respectivas “casas”. Como personas, ni el hombre ni la mujer tienen tanta importancia como lo que sus familias pueden aportar al matrimonio. Frente a las numerosas críticas de las activistas en el sentido de que la barlake es el origen de la desigualdad entre el hombre y la mujer, muchas personas de edad que se apegan a lo tradicional opinan que la barlake no es el precio de la mujer que va a contraer matrimonio, sino que en realidad le da valor a la mujer y que mientras mayor sea el precio de la novia, más valor tendrá la mujer para su futuro marido.

682.Sin embargo, la realidad conocida es que esta práctica tiene ramificaciones para la mujer en muchos aspectos de su vida de casada. Tan pronto se paga la barlake, se suele considerar que la esposa es propiedad del marido y que tiene que hacer lo que a él le plazca. Si no cumple con las expectativas del marido o de la familia, puede ser objeto de violencia. Es interesante, sin embargo, que en un estudio realizado por el Comité Internacional de Rescate en 2003, se considerara que, pese a que se pagó la barlake al contraer matrimonio prácticamente en el caso de la mitad de las mujeres entrevistadas, solo 9% dijo haber sufrido un trato negativo de resultas de ello. De hecho, 38% dijo que la influencia había sido positiva y 43%, que esta práctica no había cambiado nada en el trato. Muchas de las entrevistadas en los distritos durante la preparación de los informes opinaban que la barlake fortalecía las relaciones familiares.

683.Pese a estos resultados, algunas mujeres activistas siguen considerando que la barlake es el origen de la violencia en el hogar y algunas han pedido una ley que elimine la práctica ya que discrimina contra la mujer. Esta costumbre entraña transferencias de considerables sumas de dinero y artículos entrañables de la familia del novio a la de la novia. Debido a esta transferencia, se suele establecer el sentido de propiedad o control sobre la mujer.

684.En las consultas celebradas en las regiones se ha evidenciado que los hombres también se sienten “víctimas” de esta práctica debido a la presión que representa poder pagar una barlake importante a la familia de la novia. Se comentaba también que las mujeres cuya dote no se haya pagado del todo tal vez se encuentren en mejores condiciones ya que sus familias pueden ejercer cierto poder sobre la familia del marido.

685.No obstante, esta práctica pone de manifiesto asimismo que, una vez pagada la barlake, el matrimonio pasa a ser algo más que la unión entre un hombre y su esposa, se convierte en la unión de las familias. Se espera que la pareja ayude a las familias de ambos. Dado que la costumbre es que la mujer se atenga a las decisiones del marido, para la mujer esto puede significar tener que dedicar menos tiempo a las necesidades de su propia familia y, claro está, a sus propias necesidades.

686.Pese a que muchas comunidades en Timor se mostrarían reacias a poner fin a esta tradición, la carga de la barlake y el requisito permanente de apoyar a la familia de cada uno está convirtiéndose en algo difícil de cumplir. El dinero que se entrega de barlake suele sustraerse de otras necesidades como alimentos, atención de la salud y educación, lo que deja a las mujeres y a sus hijos expuestos a la desnutrición, a la falta de acceso a los servicios de atención de la salud y a la educación. De hecho, la barlake puede impedir que el hombre y la mujer participen en la vida económica, social, cultural y política y gocen de muchos aspectos de ella.

2. Capacidad para poseer bienes

687.Al igual que ocurre en muchos países, los derechos sobre la tierra son un problema importante que atañe a la mujer en Timor-Leste. En las zonas rurales, la tierra es el principal bien y las prácticas tradicionales dictan que los derechos a la tierra pasen a los hombres, excepto en las comunidades matrilineales como Covalima y Bobonaro. De otro modo, las mujeres pueden sólo adquirir tierras por medio del matrimonio y no tienen ningún derecho a la propiedad, como no sea la adquisición mediante el derecho de un pariente masculino e incluso en este caso, sólo podrá tener derecho al usufructo no a la propiedad de la tierra.

688.Hasta la fecha, la cuestión de los derechos de la mujer a la tierra no se ha tratado directamente en la política. Sin embargo, el Gobierno es consciente de la necesidad de centrarse en el derecho de la mujer a tener acceso a la tierra y a su propiedad, y lo que no es menos importante, otorgar a las mujeres igualdad de oportunidades para obtener ingresos de la tierra. En el momento de redactar el presente documento, se estaban redactando leyes sobre la propiedad de la tierra, con la participación y aportación de la OPI. Este asunto se analiza con más detalle en relación con el artículo 14 del informe preparado para la CEDAW.

3. Cuidado de los hijos

689.Tomados en conjunto, los artículos 9 y 18 de la Constitución constituyen un firme reconocimiento de las responsabilidades, los derechos y los deberes de los padres, los miembros de las familias ampliadas y la comunidad, para con el niño. Las costumbres tradicionales también prestan la debida consideración al bienestar y a la crianza del niño, con especial reconocimiento de las obligaciones de la familia ampliada (uma kain o ahimatan – el “grupo del que desciende” el menor en el linaje unilateral).

690.La Constitución es explícita al:

Establecer las obligaciones de la familia, la comunidad y el Estado en lo que respecta al niño;

Inferir una “jerarquía” de obligaciones, que comienzan con la familia;

Respetar las prácticas consuetudinarias, en tanto en cuanto sean compatibles con las normas internacionales.

691.En el artículo 17 de la Constitución (igualdad entre mujeres y hombres) se dispone que “las mujeres y los hombres tendrán los mismos derechos y deberes en todos los aspectos de la vida en familia y de la vida política, económica, social y cultural”. De conformidad con los linajes de la familia matrilineal y patrilineal de Timor-Leste, la práctica tradicional relativa al cuidado de los hijos se puede dividir en dos sistemas diferentes. En el sistema matrilineal, cuando el hombre se integra a la familia de la mujer en virtud del matrimonio, el hijo se queda con la madre en caso de fallecimiento del padre o de divorcio. La madre posee el derecho primordial a la adopción de decisiones respecto de la crianza del hijo. Lo contrario ocurre si se trata del sistema patrilineal, en el que, en caso de fallecimiento del padre o de divorcio, y si el padre no vuelve a casarse, tanto la madre como el hijo siguen siendo parte de la familia ampliada del hombre y la responsabilidad por la crianza pasa a la familia paterna ampliada. Si la madre opta por volverse a casar, el hijo permanece con la familia del padre y, en algunos casos, la madre puede llegar a perder el derecho a cuidar a su hijo. Por supuesto, puede que se trate simplemente de la ampliación del apoyo de la familia al hijo cuando el padre está ausente, lo cual es un ejemplo de las responsabilidades que asume la familia paterna (la mayoría de los linajes en Timor-Leste son patrilineales) como consecuencia del pago del precio de la novia (barlake o dote) a la familia materna de la joven. No obstante, como ya se explicó, también puede ocurrir que la madre pierda sus derechos y responsabilidades respecto de la crianza del hijo. Este es un aspecto complejo y difícil de una práctica tradicional discriminatoria por motivo de sexo cuya solución habrá que analizar cuidadosamente, sobre todo respecto de la manera en que responderán el marco jurídico oficial y la práctica administrativa.

692.Como se ha reiterado en todo el documento, el cambio constante que experimentan actualmente el marco jurídico y el recién creado sistema administrativo oficial relativo a la protección y al bienestar de la infancia han limitado la posibilidad del Estado de intervenir en los asuntos familiares. Las intervenciones del Estado tienden a limitarse a los casos en que se ha producido una grave contravención del interés supremo del niño, aunque esas intervenciones se están ampliando poco a poco y pueden ser una reacción ante determinados problemas.

693.Aunque el Estado tiene limitados recursos para ayudar a las familias necesitadas, en los últimos tiempos se ha prestado mucha atención al fortalecimiento de la capacidad de las principales instituciones, como la DNSS, la Dependencia de Protección de Personas Vulnerables y las administraciones de distrito, para que puedan ocuparse debidamente de los problemas. Se sigue intensificando la labor de sensibilización de padres, comunidades, familias y niños acerca de los derechos del niño y de las funciones y responsabilidades de los padres y las familias en la crianza y el desarrollo de los hijos. Se prevén también programas concretos para fortalecer a las familias de manera que los padres cuiden mejor a sus familias.

694.El Gobierno afirma que:

Se han establecido los fundamentos constitucionales;

Se siguen desarrollando los marcos legislativo y administrativo; y

Se ha hecho hincapié desde el principio en la educación basada en la comunidad y la familia, para fortalecer el cumplimiento por Timor-Leste de estos fundamentos esenciales del desarrollo, la atención y la protección de la infancia.

695.Dado que la sociedad timorense es, en su mayor parte, patrilineal, los hijos probablemente queden bajo la custodia del padre en caso de separación de los progenitores. Conforme a la tradición ya descrita en otros párrafos, si se ha pagado la barlake, el hombre debe rembolsar a la esposa la suma pagada para restablecer su honra. En algunos casos, los hijos quedan al cuidado de la madre, en cuyo caso ella tendrá que devolver la barlake a su marido.

Manutención de los hijos

696.En el apartado b) del artículo 230 del Código Civil de Indonesia se establece que, después de presentada una solicitud oficial de separación legal, el tribunal puede ordenar al padre que no ha sido nombrado tutor que “efectúe pagos semanales, mensuales o trimestrales de una suma especificada … para el sostén y la educación de uno o más hijos”, a menos que existan motivos razonables para que el padre no pueda “aportar lo suficiente para el sostén y la educación del menor”.

697.En el apartado a) del artículo 329 de ese mismo Código se establece además que la cuantía de ese apoyo será “proporcional a las necesidades el menor y al ingreso y la riqueza” del pare encargado de la manutención. Sin embargo, la ley actual no hace ninguna otra referencia al cumplimiento de estas disposiciones en caso de que el progenitor no esté en condiciones de pagar.

698.Aunque en el artículo 237 del Código se hace referencia al derecho del tribunal a validar y reglamentar todo arreglo relativo a la manutención, actualmente no existe marco legislativo que disponga el cumplimiento del pago a raíz de una separación oficial. A decir verdad, existen pocos fallos judiciales sobre manutención de los hijos en general, lo que obedece en parte a la falta de conocimiento por parte de la pareja de cómo tramitar una solicitud de separación oficial, las costas jurídicas implícitas en la formulación de esa solicitud, la limitada competencia judicial en aspectos especializados como el código de la familia, y el hecho de que tradicionalmente no se recurre a los tribunales para hacer cumplir esos derechos. Por lo mismo, en estos momentos no existe marco administrativo para la recaudación del pago y la imposición del fallo.

699.Ya se señaló en otros párrafos que la separación y el divorcio no son situaciones comunes en Timor-Leste. Cuando las parejas deciden separarse, la cuestión de con quién se quedan los hijos depende, en gran medida, de si se pagó la barlake. Es más común que los hijos se queden con el padre si éste pago la barlake a la familia de la madre. Pero si la madre está en condiciones de devolver esa barlake, los hijos pueden quedarse con ella.

700.En la práctica tradicional, cuando los padres se separan, no siempre se negocia la manutención de los hijos. En las consultas regionales celebradas en 2005 con miembros de la comunidad, las ONG y el gobierno local se llegó a la conclusión de que, cuando la madre se queda con la responsabilidad de criar a los hijos y se ha llegado a acuerdo sobre la manutención, el padre en muchos casos no puede pagar la suma acordada o sencillamente no la paga.

701.La cuestión de la manutención de los hijos en el caso de mujeres timorenses que han tenido hijos con extranjeros se planteó también durante las consultas. En estos momentos, no existe disposición alguna relativa a la manutención de los hijos en los casos en que extranjeros, como son algunos funcionarios de la misión de las Naciones Unidas de contratación internacional, han tenido hijos en Timor-Leste y posteriormente se han marchado. El Ministerio de Trabajo y Reinserción en la Comunidad ha tomado declaración a algunas mujeres que han tenido relaciones con personal internacional asignado a misiones de las Naciones Unidas con miras a establecer la paternidad y también examinar la posibilidad de lograr una pensión alimenticia para el menor. Han sido pocos los casos en que se ha logrado establecer la paternidad. No hay un solo caso aún en que se haya logrado la pensión alimenticia para el menor.

702.El Gobierno es consciente de las dificultades que existen en esta esfera y ha adoptado medidas para abordar la situación en la forma de una ley sobre la pensión alimenticia que, en el momento de redactar el presente documento, estaba siendo examinada por el Consejo de Ministros.

Adopción de niños

703.En el momento de redactar el presente documento, no existía un marco jurídico nacional que regule la adopción, que sigue siendo, en lo fundamental, un trámite extraoficial, llevado a cabo en el seno de las familias, fundamentalmente la familia ampliada. El Código Civil de Indonesia y un Reglamento de la UNTAET sobre inscripciones abordan, no obstante, distintos elementos el proceso de adopción.

704.La adopción es común en Timor-Leste, aunque se han dictado muy pocos fallos judiciales en esos casos. En sentido general, para adoptar, el solicitante debe aportar pruebas de que cuenta con medios financieros suficientes para atender al menor y un motivo convincente de su deseo de adoptar, además del consentimiento de los padres naturales en persona de que la adopción puede tener lugar y de que será permanente. Tan pronto se emite la orden de adopción, el tribunal debe entonces notificar al Registro Civil Central, para que éste pueda expedir un documento oficial que confirme la adopción del menor. El Registro Civil Central informó de que, hasta la fecha, había recibido solo algunas notificaciones de adopción. En promedio, se ha celebrado una sola vista anual sobre adopción oficial ante los tribunales en el transcurso de los últimos cinco años y todos los solicitantes eran extranjeros.

705.En un reciente fallo dictado por un tribunal de distrito, se emitió una orden de adopción por la que un niño timorense fue dado en adopción a un nacional no timorense, con la aprobación de ambos progenitores naturales del menor. Aunque se formularon preguntas sobre este caso en particular respecto del procedimiento de expedición de la orden de adopción, se consideró que la solicitante tenía motivos razonables y que contaba con estabilidad financiera, por lo que, al final, el niño viajó al extranjero.

706.En este caso se destaca una de las principales razones para la adopción de niños, a saber, la extrema pobreza, sumada a un gran número de hijos en la familia, el desplazamiento de los menores, sobre todo durante la ocupación indonesia, y en cierta medida, la orfandad. El análisis de las consultas regionales celebradas en 2005 puso de relieve la cuestión de las madres solteras que son especialmente vulnerables a los intentos de “adopción” de sus hijos. Algunas mujeres han señalado que el hecho de que una madre soltera decida criar a sus hijos sin el apoyo de una pareja o de un familiar está mal visto socialmente en Timor-Leste. Se ha informado de intentos por parte de la familia ampliada de la mujer de quedarse con los niños o de colocarlos en lugares donde los atiendan, por regla general, en orfanatos, ya que las familias consideran que es la mejor manera de proteger los intereses del niño. Las mujeres en estos casos cuentan con poco apoyo o recursos, si acaso, para impugnar la medida.

707.Atendiendo a esta situación, el Ministerio de Trabajo y Reinserción en la Comunidad elaboró un conjunto de directrices para la adopción interna e internacional. Este reglamento propuesto establece un marco para un sistema de adopción o colocación en familias de acogida, que se basó en amplias consultas, tanto a nivel de distrito como nacional, que incluye lo siguiente:

Designación del Ministerio de Trabajo y Reinserción en la Comunidad como autoridad central en cuestiones relacionadas con la adopción;

Requisito de que la División de Servicios Sociales (en el Ministerio de Trabajo y Reinserción en la Comunidad), en su condición de autoridad competente, prepare un informe sobre la indagación social, que habrá de examinar el tribunal;

Criterios acerca de las condiciones que deben cumplir tanto el menor como el solicitante como partes en una adopción;

Requisito de que exista el consentimiento voluntario y fundamentado del padre cedente;

Disposición de que las costumbres tradicionales sean parte de la orden de adopción (siempre que no entren en conflicto con las normas internacionales);

Atención concreta a la situación de menores que están siendo objeto de adopción por vías no oficiales;

Supervisión de la División de Servicios Sociales después de la adopción;

Inscripción de la adopción en el Registro Civil Central.

F. Recursos eficaces

708.La Constitución de Timor-Leste reafirma el derecho de toda persona a procurar, individual o colectivamente, ante los organismos públicos o cualquier autoridad, reparación por alguna violación de sus derechos. También garantiza el acceso a los tribunales, a fin de defender los derechos protegidos por la ley.

709.La Constitución y otras leyes diversas establecen los mecanismos para procurar recursos en casos de violaciones de los derechos. Se podrá pedir reparación por violaciones de los derechos que van desde condena ilícita, detención y encarcelamiento ilícitos, tortura, uso indebido de la fuerza, hasta violaciones de los derechos económicos, sociales y culturales, como en el caso de la explotación del trabajo. Los recursos disponibles son, entre otros, recurso contencioso, indemnización, recurso administrativo, despido del perpetrador estatal (como en los casos de conducta impropia de la policía), y reposición en el empleo.

710.El Tribunal Supremo tiene facultades para examinar y declarar la inconstitucionalidad e ilegalidad de los actos normativos y legislativos de los órganos del Estado. A una declaración de inconstitucionalidad suele seguir un examen parlamentario y, en algunos casos, la modificación de la disposición lesiva, como ocurrió con la Ley sobre la libertad de reunión y manifestación.

711.Cualquier persona podrá pedir también que el Tribunal Supremo considere dictar un auto de habeas corpuso un fallo en el sentido de que su detención y encarcelamiento fueron ilícitos. Si procede, el demandante será inmediatamente puesto en libertad y podrá recibir indemnización por su encarcelamiento indebido. Tanto en la Constitución como en el Código de Procedimiento Civil se prevé la indemnización por una condena ilícita, aunque hasta la fecha el Gobierno no tiene conocimiento de casos en que se haya dictado una sanción de esa índole.

712.Entre 2002 y julio de 2005 se presentaron ante los tribunales al menos cinco solicitudes de habeas corpus por detención o encarcelamiento prolongados y, por consiguiente, ilícitos. Cada una de estas denuncias procedieron y los acusados fueron puestos en libertad posteriormente. Se tiene entendido que no se les otorgó indemnización a los demandantes.

713.La Oficina del Defensor, que tiene el mandato de examinar la legislación, las políticas y las prácticas para asegurar que se cumplan la Constitución y las normas internacionales de derechos humanos, constituye también un importante mecanismo para la reparación de algunas de las violaciones de esos derechos.

714.Es importante destacar, no obstante, que si bien el Defensor puede analizar el cumplimiento de la legislación, las políticas y las prácticas, en cambio no tiene autoridad para descartar, anular o modificar las decisiones de los organismos o entidades de que se trate ni dictar órdenes de indemnización. La Oficina solo está autorizada a formular recomendaciones relativas a recursos o indemnizaciones o a sugerir y proponer medidas para que se rectifiquen, prevengan o eliminen y para que se observen los más altos niveles de respeto de los derechos humanos, el imperio de la ley, la ética y la eficiencia. La Oficina también está autorizada a intervenir en casos llevados ante los tribunales (mediante la expresión de sus opiniones), inspeccionar los centros de detención y actuar como mediador y conciliador en un conflicto.

715.Se pueden interponer denuncias de violaciones de los derechos y las libertades referidas a tratos crueles, inhumanos y degradantes, agresión u otros desmanes de los organismos de seguridad ante la Oficina de Ética Profesional y la Oficina del Cuerpo de Inspectores del Ministerio del Interior. Como ya se señaló antes en el capítulo sobre garantías procesales, se han interpuesto y tramitado algunas denuncias disciplinarias contra oficiales de policía.

716.Si algún ciudadano tiene algo que denunciar respecto del proceso de elección del jefe de suco y al consejo de suco, podrá presentar una carta de denuncia o reclamación directamente a la Comisión Electoral Nacional o al coordinador de la CEN en el distrito. La Comisión podrá presentar posteriormente recomendaciones al tribunal competente respecto de denuncias relacionadas con el proceso de votación y la determinación de los resultados.

717.En 2005, durante las elecciones nacionales de chefe de suco y a los consejos de suco, se celebraron algunas reelecciones en diversas aldeias y sucos donde hubo empate en la votación original, o la votación se declaró nula o se presentaron denuncias de irregularidades.

718.El Servicio de Conciliación y Mediación, que forma parte del Ministerio de Trabajo, junto con el Consejo de Relaciones Laborales (que en breve se denominará “Tribunal de relaciones laborales”) y el Tribunal de salario mínimo tienen también el mandato de trabajar con los empleados agraviados y los empleadores para resolver los conflictos laborales. Entre los recursos de que dispone este sistema están la indemnización y reposición en el puesto en casos de despido injustificado.

719.Es importante recordar también que la justicia tradicional o los mecanismos comunitarios para la solución de conflictos se utilizan mucho como alternativa del sistema de justicia oficial y que este sistema emplea distintos recursos para resolver las controversias. Las reparaciones pueden ser la indemnización en la forma de animales o dinero, así como otras medidas especiales para restaurar la dignidad de las víctimas.

720.El establecimiento de un marco normativo es un adelanto importante en el conjunto de recursos que se pueden proporcionar en casos de violaciones de los derechos. No obstante, en la práctica, sigue siendo difícil valerse de esos recursos. El Estado tropieza con enormes obstáculos para establecer un sistema oficial eficaz para ofrecer reparación en caso de violaciones de los derechos humanos. Esos obstáculos se caracterizan por deficiencias institucionales y falta de los recursos necesarios que, a su vez, demandan conocimientos técnicos institucionales y desarrollo de la capacidad, así como una administración estable de las instituciones. Pese a que oficialmente existen muchas instituciones, su capacidad para ofrecer recursos importantes en casos de violaciones de los derechos sigue siendo limitada.

721.Solo en fecha reciente la Oficina del Defensor abrió sus puertas para comenzar a recibir denuncias y todavía no cuenta con los medios para resolver la avalancha de casos. Las deficiencias del sistema de justicia y la falta de fuentes de financiación para ofrecer indemnización económica son algunos de los obstáculos que se interponen al uso de los recursos judiciales en la práctica.

722.Los órganos de solución de controversias de nivel inferior, como el Servicio de Conciliación y Mediación y el Consejo de Relaciones Laborales, siguen funcionando con penosa lentitud por lo que todavía no se han resuelto unos 200 casos presentados en los últimos años. El reconocimiento oficial de la relación, si existe, entre la justicia tradicional y los mecanismos de justicia establecidos hará mucho para reforzar los medios de reparar las violaciones de los derechos y asegurar la continuidad entre los sistemas oficial y extraoficial. Al Estado todavía le queda mucho por hacer para reforzar los procesos disciplinarios a las fuerzas de seguridad de manera que se exija responsabilidad por las violaciones de los derechos.

ANEXOS

Anexo I

DATOS ESTADÍSTICOS E INDICADORES DE DERECHOS HUMANOS

territorio y población

Crecimiento de la población

El Censo de Población y Vivienda 2004 registró 923.198 habitantes. El número de habitantes del sexo masculino (469.919) rebasa un poco el de habitantes del sexo femenino (453.279).

Figura 1

Aumento de la población (número de personas) 1980 a 2004

Fuente: Censo de Población y Vivienda de Timor-Leste de 2004, resumen de los principales indicadores, cuadros, gráficos y mapas, noviembre de 2005: Gráfico 1, pág. 10 [Cuadro I.1, anexo I].

La población está creciendo en aproximadamente 3,2% anual (Censo 2004, figuras 1 y 2), pese a un mínimo estimado de 100.000 defunciones por hambre y 18.600 muertos durante el conflicto que se desarrolló entre abril de 1974 y octubre de 1999.

La Encuesta demográfica y de salud de 2003 calculó una tasa de 3,9% anual para 2000‑2003. A esa tasa más elevada, la población se duplicaría cada 18 años.

Figura 2

Más de 2.500 personas se suman a la población cada mesCenso de 2004: Nacimientos, defunciones e incremento neto (personas)por día, mes y año

Fuente: Censo de Población y Vivienda de Timor-Leste de 2004, Resumen de los principales indicadores, cuadros, gráficos y mapas, noviembre de 2005: Cuadro 2, pág. 13 [Cuadro 0.1, Anexo I].

Recuadro 1

La población llegó al millón en noviembre de 2005

Suponiendo un 5% de habitantes dejados de censar, la Dirección Nacional de Estadísticas calcula que la población alcanzó el millón (1.011.000) en noviembre de 2005.

Fuente: Censo de Población y Vivienda de Timor-Leste, 2004, Resumen de los principales indicadores, cuadros, gráficos y mapas, noviembre de 2005: gráfico1, pág. 10 [Cuadro I.1, anexo I].

Densidad de población

La población de Timor-Leste está relativamente dispersa con un promedio de 69 personas por kilómetro cuadrado. La densidad de población es un poco más que la de Malasia y un poco menos que la de Swazilandia.

Sólo en Dili, Ermera y Liquica, la densidad de la población supera las 72 personas por kilómetro cuadrado. Manufahi, Manatuto, Viqueque y Lautem tienen menos de 35 personas por kilómetro cuadrado. La escasa densidad de población y las dificultades del terreno crean dificultades especiales para el transporte y la prestación de servicios públicos.

Mapa 1

Densidad de población por distrito, 2004

Fuente: Dirección Nacional de Estadísticas, División de Levantamiento de Mapas del Censo.

Composición étnica

No se recopilan datos directamente sobre la composición étnica. Sin embargo, los datos sobre el idioma que se habla en el hogar ofrecen un indicio de la diversidad étnica de la población (véase más adelante).

Uso de la tierra

Timor-Leste ocupa una superficie total de 14.874 kilómetros cuadrados en el extremo oriental de la isla de Timor, el enclave de Oecussi (2.500 kilómetros cuadrados), y las islas de Atauro (144 kilómetros cuadrados) y Jaco (8 kilómetros cuadrados). Timor-Leste es un poco más pequeño en superficie que Swazilandia, Kuwait y Fiji, y un poco mayor que las Bahamas y Vanuatu.

La superficie disponible para la agricultura es muy limitada. La tierra cultivable representa menos del 5% del total, mientras que los cultivos permanentes ocupan menos del 1%.

La gran diversidad de cultivos en todos los distritos (Figura 3) demuestra que la economía agrícola es fundamentalmente de subsistencia. La especialización es muy limitada. El café, que es el principal cultivo comercial, se siembra en la mayoría de los distritos.

No obstante, la economía agrícola no produce suficientes excedentes para alimentar a la población de las ciudades. Por esa razón, uno de los principales componentes de las importaciones son los productos alimenticios.

En la mayoría de los distritos se crían también distintos tipos de ganado. En las zonas urbanas hay abundancia de aves, cerdos y cabras. Se cría ganado también en la mayoría de los distritos porque desempeñan una importante función en las actividades culturales, como bodas y funerales. Sin embargo, solo en Baucau existen grandes rebaños de ovejas. Los caballitos enanos de Timor se utilizan mucho para el transporte, pero los búfalos se crían en zonas más limitadas porque necesitan acceso diario al agua para bañarse.

Las mujeres y los niños realizan la importante tarea de alimentar y atender al ganado. Pero son fundamentalmente los hombres quienes controlan el valor económico que representan.

Idioma de la población por lengua materna

En el cuadro 3 se incluyen solo los idiomas hablados como idioma primario por, al menos, 1.000 personas en esa población. Los idiomas primarios excluidos porque no cumplieron ese criterio son el inglés y el portugués, así como el malayo, el chino y otros.

También se excluyeron seis lenguas vernáculas (adabe, atauran, habun, isni, makuna y nanaek); menos de 20 personas hablan habun.

Figura 3

35 idiomas diferentes hablados por al menos 1000 personas 2004133,102131,47290,01851,05750,63145,94445,36231,81428,89328,23517,47014,50611,32110,9989,7179,2625,9814,2783,2222,7532,4112,0171,7801,6541,5861,2421,075020.00040.00060.00080.000100.000120.000140.000Tetum prasaMambaiMakasaiKemakBunakTetun-terikTetumTokodedeFatalukuBaikenuAtoniWaima’aNauetiGaloliIdateMidikiMakaleroKairuiBekaisLakaleiIndonesianResukRaklunguRahesukHabunDadu’aLoleinLenguas habladas por al menos 1.000 personas de la población total (%) 2004

Fuente:Censo de Timor-Leste de 2004, calculado a partir del Cuadro E, Serie TE05.

Alfabetización

En general, 25% de las mujeres y 22% de los hombres eran analfabetos en 2004.

El Censo de 2004 obtuvo datos sobre la alfabetización por sexo en cualquiera de los principales idiomas en que se expresó el entrevistado en cada hogar. Los datos reflejan el criterio del entrevistado (por regla general, el hombre) y no se basan en criterios predeterminados. Por esa razón, es posible que en las cifras se exagere el grado de alfabetización de la población.

Hay más analfabetismo entre los mayores de 40 años de edad, y en particular entre las mujeres (figura 4 ).

Un porcentaje más alto de hombres que de mujeres de todas las edades mayores de 9 años saben leer y escribir (figura 4). Esto indica que la discriminación de facto sigue restringiendo el acceso de las mujeres y las niñas a la educación.

Figura 4

Población de 15 años o + alfabetizada por grupo de edad y sexo, 2004 (%)

Fuente: Censo de Población y Vivienda de Timor-Leste, 2004 Cuadros E.

Recuadro 2

Meta de alfabetización prevista en los ODM e indicadores del Objetivo 3

Objetivo 3: Promover la igualdad entre los sexos y empoderar a las mujeres

Meta 4: Eliminar la disparidad de género en la enseñanza primaria y secundaria

Indicador 10: Proporción de mujeres y hombres alfabetizados entre las personas de 15 a 24 años de edad.

Para 2015 aumentará la proporción de 2003 de 92 a 100%.

Fuente:Informe sobre el Desarrollo Humano 2006, Timor-Leste, anexo V.

Alfabetización en los idiomas oficiales y de trabajo

En general, más del 70% de las personas con edades entre 15 y 24 sabían leer y escribir, aunque esa cifra está por debajo de la meta establecida en los ODM para 2005. Pese a que en algunos distritos era evidente la diferencia entre los sexos, en particular en Ainaro y Ermera, era poca la diferencia entre los hombres y mujeres que sabían leer y escribir en este grupo de edades.

El Censo obtuvo información sobre la capacidad para hablar, leer y escribir en los idiomas oficiales y de trabajo, portugués, tetum, bahasa e inglés, así como 31 otras lenguas vernáculas, malayo, chino y “otras”.

La alfabetización en los idiomas oficiales y de trabajo depende de la edad y el sexo, así como de la historia del país. La mayoría de los alfabetizados en portugués son personas mayores, que actualmente van a la escuela o que se han educado en el extranjero. La mayoría de los que dominan el inglés probablemente se hayan educado también en el extranjero. Los que dominan bahasa indonesia recibieron instrucción durante la ocupación indonesia. En todos los casos, las mujeres tenían menos acceso a la educación en cualquier idioma (Figura 5).

Figura 5

Población de 6 años o + alfabetizada en cualquier idioma oficial o de uso común, 2004 (%)

La encuesta demográfica y de salud de 2003 también reunió información sobre la fluidez de las mujeres y hombres que han estado casados alguna vez en cada uno de los idiomas oficiales y de trabajo.

Cuadro 1

Fluidez en idiomas oficiales por sexo, 2003

Idioma

Mujeres casadas alguna vez

Hombres casados alguna vez

Tetum

74

81

Indonesio

25

34

Portugués

1,5

3

Inglés

0,3

0,3

Fuente: Encuesta demográfica y de salud de Timor-Leste de 2003, extraído del Cuadro 4.2, pág. 45.

El hecho de que las mujeres no pueden hablar, leer o escribir en ninguno de los idiomas oficiales o de uso común será uno de los principales obstáculos para su participación en la adopción de decisiones y en la actividad económica en todas las esferas de la vida. Las mujeres representaron el 58% del total y más del 60% de las personas de 20 año