Edad

Nº de habitantes

0/14

8.226.951

15/34

6.730.224

35/64

5.336.223

65/o más

1.075.386

5.La densidad de población presenta una tendencia ascendente ubicándose en 26,37 habitantes por cada kilómetro cuadrado, proyectándose una densidad de población para el año 2025 de 37,95 habitantes por kilómetro cuadrado. Del mismo modo, la tasa de crecimiento se ubica en 19,343430% presentándose una tasa de crecimiento de 19,135434% para los hombres y un 19,155107% para las mujeres.

6.Se observa asimismo, una desigualdad entre la población urbana y rural. La población urbana es de 21.552.451 habitantes, con una proyección para el año 2035 de 36.207.668 habitantes. La población rural se ubica en 3.114.499 habitantes, con una proyección para el año 2035 de 1.984.494. Esta concentración poblacional geográfica desigual está relacionada con el desarrollo industrial y los centros poblados cercanos a estas áreas, los cuales han estado inmersos en un proceso de urbanización violenta.

7. La migración internacional también ha tenido su cuota en el dinamismo de la población venezolana. Su influencia ha estado determinada por la situación económica y social, nacional e internacional. Desde el año 1970 el país ha recibido importantes flujos migratorios, en particular de personas provenientes del ámbito latinoamericano y en especial de los países vecinos. A continuación se presenta un cuadro que contiene el movimiento migratorio de extranjeros registrados por tipo de visa, salidas por puerto y aeropuerto y puertos fronterizos :

Movimiento migratorio de extranjeros registrado en el año 1998

Tipo de visa

Diplomática

Transeúnte

Tránsito

Turista

Residente

Otros

Total

Entrada

35

25.504

3.925

384.665

57.893

13.584

485.606

Salida

5

38.372

4.435

589.766

103.657

16.491

752.726

8.Por último, la tasa de analfabetismo registrada en Venezuela desde cinco años de edad en adelante se ubica en 6,9% lo que representa 1.667.712 del total de la población.

B. Indicadores económicos

9.A comienzos del año 1999 se evidenció una merma en la economía venezolana iniciada en el tercer trimestre de 1998, generada por la disminución del gasto público, como consecuencia del derrumbe de los precios petroleros y de las expectativas negativas de los agentes económicos frente al cambio político e institucional.

10.Este proceso, dio como resultado que en el primer semestre de 1999 comparativamente con el primer semestre del año anterior, la caída del Producto Interno Bruto (PIB) fuese de 9,1%, mientras que en el segundo semestre la fuerte baja de la actividad económica tendió a moderarse y la caída del PIB alcanzó el 5,2%, como resultado de una contracción menos intensa de la demanda agregada interna, con relación al segundo semestre del año anterior. Esta variación puede apreciarse en el siguiente gráfico:

Variación del Producto Interno Bruto real trimestralmente

(Respecto al mismo período del año anterior)

11.En definitiva, durante 1999 la actividad económica mostró una caída del PIB estimada por el Banco Central de Venezuela en 7,2% (ver cuadro siguiente), como resultado de una disminución del sector petrolero en 6,8% y de las actividades productivas de bienes y servicios no petroleros de 6,9%.

12.En este año el ejecutivo nacional presentó el "Programa Económico de Transición, Año 2000", en el cual se armonizaron los objetivos de reactivación económica y de consolidación de la estabilidad macroeconómica, a través de la instrumentación de políticas dirigidas a lograr un crecimiento moderado, manteniendo el ritmo descendente de la inflación (ver gráfico A). En ese sentido, la estrategia económica del programa hace énfasis en las políticas dirigidas a promover la oferta y la inversión privada, fundamentalmente a través de la implementación de incentivos fiscales y de la inversión pública en infraestructura, así como de reformas legales orientadas a establecer un entorno macroeconómico y un marco institucional, estables y favorables a la actividad económica.

13.Para alcanzar el objetivo de lograr un crecimiento económico, sostenible y con baja inflación, el Gobierno nacional da especial atención a la recuperación de la inversión bruta fija total, de tal manera que el proceso de deterioro y obsolescencia del aparato productivo interno se detenga y se inicie un vigoroso proceso de incremento del stock de capital, apoyado por la iniciativa privada y por inversiones del Estado en los sectores de la salud, educación, vivienda y la infraestructura de apoyo a la producción, especialmente en las zonas de desconcentración económica.

Producto Interno Bruto anual real

(Millones de Bs, año base 1984)

14.Para lograr un crecimiento con estabilidad macroeconómica, el Gobierno nacional instrumenta dos políticas básicas. La primera, orientada a la corrección del sesgo procíclico de la política fiscal, a través de una programación de las finanzas públicas en un marco plurianual y de generación de ahorro en la fase de auge petrolero, para enfrentar adecuadamente las caídas del ciclo. Para la instrumentación de esta política jugará un papel fundamental el Fondo de Inversión para la Estabilidad Macroeconómica. La segunda, se dirige a mejorar notablemente los mecanismos de coordinación en el uso de los instrumentos fiscales, monetarios y cambiario de la política macroeconómica, para que ésta sea coherente y eficiente en el logro de las metas establecidas.

15.La política monetaria se centra en preservar el equilibrio monetario, en un ambiente de recuperación de la demanda de dinero como consecuencia natural del crecimiento económico y de la reducción de la inflación.

16.La política cambiaria se orienta a garantizar la estabilidad del tipo de cambio aplicando el sistema de bandas vigentes, priorizando el objetivo anti-inflacionario en el corto plazo, preservando el equilibrio externo (ver gráfico B).

17. En el mes de abril de 2000, los precios internacionales de los hidrocarburos registraron un importante descenso, atribuido fundamentalmente a las decisiones tomadas por la OPEP en el marco de su última reunión celebrada a finales de marzo en Viena (ver gráfico C).

Gráfico A

Inflación Anual

(Porcentaje, año base 1984)

Gráfico B

Tipo de cambio nominal

(Bs/US$)

Gráfico C

18.- El sostenido nivel del precio de la cesta petrolera venezolana por encima de los US$20 del barril, la ausencia de pagos significativos por concepto de deuda pública externa y la reanimación del aparato productivo, favorecieron a la recuperación de las Reservas Internacionales en poder del BCV. (Ver gráfico D)

18. El sostenido nivel del precio de la cesta petrolera venezolana por encima de los 20 dólares de los EE.UU. del barril, la ausencia de pagos significativos por concepto de deuda pública externa y la reanimación del aparato productivo favorecieron la recuperación de las reservas internacionales en poder del BCV (ver gráfico D).

Gráfico D

19. A pesar de este descenso el precio promedio para este año de la cesta petrolera venezolana, excede a la cotización media del año 1999 y al precio utilizado en la formulación del Presupuesto Fiscal de 2000 (15,0 US$/B). Evidentemente, el alza sostenida de los precios del petróleo que ha tenido lugar en este primer cuatrimestre del año, por encima de los 20 US$/B; han generado un importante flujo de ingresos en bolívares a la Tesorería Nacional y en dólares al Fondo de Inversión para la Estabilización Macroeconómica.

20.Algunos indicadores adicionales nos muestran que el Producto Interno Bruto a precios constantes para el año finalizado el 31/12/99 es de 557.777 millones de bolívares, presentando una actividad económica de 155.670 millones de bolívares en actividades petroleras, 389.296 millones de bolívares en actividades no petroleras y 12.811 millones de bolívares por derechos de importación.

21.Dentro del rubro actividades no petroleras encontramos que el PIB para el año 1999 se compone de la siguiente manera:

Clase de actividad económica

PIB(millones de bolívares)

Agricultura

27.789

Minería

4.576

Manufactura

79.086

Electricidad y agua

10.708

Construcción

28.996

Comercio

41.841

Restaurantes y hoteles

14.630

Transporte, almacenamiento y comunicaciones

33.562

Instituciones financieras y seguros

6.413

Bienes inmuebles

46.077

Servicios prestados a las empresas

16.425

Serv. Comun. Soc. y Person. y Priv. no lucrativos

38.541

Productores de servicios del Gobierno general

44.615

Menos: servicios bancarios imputados

3.963

Total

389.296

22.En cuanto al comportamiento del PIB con respecto al I trimestre de 1999, tenemos que el mismo varió de la siguiente manera:

PIB total y por rama de actividad económica

(Variación I trimestre 2000)

Total

0,3

Actividad petrolera

-2,0

Actividad no petrolera

0,9

Minería

-3,0

Manufactura

1,4

Electricidad y agua

0,9

Construcción

16,5

Comercio

4,5

Transporte y almacenamiento

2,1

Comunicaciones

20,8

Establecimientos financieros y seguros

-6,6

Bienes inmuebles y servicios prest. a empresas

0,8

Serv. Comun., Soc. y personales y Prod. y Serv. Priv. no lucrativos

-0,3

Productos servicios gobierno general

3,5

Resto *

-1,0

Menos: servicios imputados a las instituciones financieras

-9,5

Derechos de importación

11,4

* Incluye: agricultura privada, restaurantes y hoteles y actividades diversas públicas.

23.Las exportaciones no tradicionales representan 4.111 millardos de dólares americanos. Las exportaciones realizadas por Venezuela para el período enero-junio de 2000 registraron un incremento del 27,3 % al ser comparadas con las cifras del mismo período de 1999. Las exportaciones del sector privado representan el 76,5%, al situarse en 1.756 millones de dólares de los EE.UU., mientras que las exportaciones realizadas por el sector público representan el resto (23,5%) al alcanzar un monto de 482 millones de dólares de los EE.UU. Al igual que en 1999, el sector metales comunes es el de mayor participación en las exportaciones (40,8%) y le sigue en el orden los productos químicos (13,1%). El sector productos minerales reflejó un aumento de 171,6% en relación el orden los productos químicos (13,1%). El sector productos minerales reflejó un aumento de 171,6% con relación al monto reflejado en el año anterior, debido a las exportaciones de aceites crudos de petróleo, los demás cementos hidráulicos, y cemento CLINKER que representa un monto de 188 millones de dólares de los EE.UU. en el período de estudio.

24. En el sector eléctrico se presenta un incremento del 32,0% con respecto a 1999. Si se examina el movimiento de las exportaciones, según país de destino, se puede observar que Estados Unidos es país líder, incrementándose en un 4,6% su participación con respecto a 1999. El monto exportado hacia Colombia registró una variación negativa de 1,8% dentro de su participación porcentual. El Reino Unido presentó un incremento con relación al período anterior de 93,8% originado por el aumento de las ventas de hulla bituminosa y aluminio sin alear, que pasó de 5 millones de dólares exportados en 1999 a 20 millones de dólares exportados en el primer semestre de 2000. Caso similar ocurre con los Países Bajos cuyo monto fue de 16 millones de dólares de los EE.UU. en el primer semestre de 1999 y en el mismo período de estudio de 2000 fue de 59 millones de dólares de los EE.UU. (los productos relevantes fueron jugo congelado, hulla bituminosa, aluminio).

25. El Ecuador presenta un aumento en nuestras exportaciones del 90,6% con respecto al período anterior, esto es una consecuencia del incremento en las ventas de productos químicos, aluminio y vehículos. El Brasil también presentó un aumento en nuestras exportaciones en los renglones de hulla bituminosa, productos químicos y artículos de celulosa, pasando de un monto de 15 millones de dólares de los EE.UU. en 1999 a 31 millones de dólares de los EE.UU. en el primer semestre de 2000.

26.El mayor movimiento en las exportaciones durante el período enero-junio de 2000 corresponde a la aduana de Puerto Ordaz con el 32,2%, seguida de Puerto Cabello (27,5%). La aduana de Guanta tuvo un incremento en su estructura porcentual de 4,1% y San Antonio en un 1,4% respecto al mismo período de 1999. Las exportaciones realizadas por Venezuela para el período enero-junio de 2000 registraron un incremento del 27,3 % al ser comparadas con las cifras del mismo período de 1999.

27.Las importaciones representan un total de 13.435 millardos de dólares de los EE.UU. Las importaciones realizadas por Venezuela durante el período enero-mayo de 2000, alcanzaron un monto de 5.767 millones de dólares, cifra que representa un incremento del 26,8% si se relaciona con las obtenidas para el mismo período del año 1999. Por otra parte las importaciones del sector privado, representan el 92,3% al situarse en 5.323 millones de dólares mientras que las importaciones del sector público alcanzaron 444 millones de dólares, 7,7% del total importado.

28. El sector de mayor participación en las importaciones para el año 2000, al igual que para 1999, es el sector material eléctrico que representa el 34,0% del total de las importaciones clasificado por sector económico, seguido por los productos químicos que se incrementó en un 39,2 % y material de transporte que se incrementó en un 35,6% con relación al monto reflejado en el período de estudio de 1999. Entre los rubros mas importados para el mes de mayo en comparación con el mes de abril, se tiene: leche en polvo, manzanas, trigo, aceite en bruto, whisky, harina de pescado, aceites bituminosos, productos químicos, algodón y aparatos y maquinarias; aumentando 123 millones de dólares de los EE.UU. en el mes de mayo con respecto al mes de abril (269,5 millones de dólares de los EE.UU. y 147,3 millones de dólares de los EE.UU. respectivamente).

29.De acuerdo a las importaciones según país de origen, para el período enero-mayo de 2000, se puede observar que Estados Unidos tuvo el mayor volumen en millones de dólares de los EE.UU., lo cual representó el 39,6% del valor total de las importaciones, seguido por Colombia, el Brasil, Italia, México, Alemania, el Japón y Francia, cuya participación conjunta alcanza el 30,1%.

30.Es importante resaltar que la aduana de Puerto Cabello posee el mayor movimiento en las importaciones, el cual representa el 37,4% del total registrado, en comparación con las principales aduanas del país, entre las que destacan La Guaira (26,1%), Guanta (14,5%), Maracaibo (7,1%) y Ciudad Bolívar (4,1%).

31.Venezuela presenta una inflación acumulada a julio del año 2000 de 7,9%, lo cual se mantiene dentro de la cifra meta de inflación puntual para finales de año de 15% y promediada en 17%. Mientras, se espera que el tipo de cambio promedio bolívares/dólares de los EE.UU. se ubique en 690. El desempleo para el segundo semestre del año 1999 es de 14,5%. La población económicamente activa para el mismo período se ubicó en 10.225.014 habitantes. Mientras que la deuda externa para el segundo semestre del año 2000 es de 22.725 millardos de dólares de los EE.UU..

32.Los ingresos por concepto de la actividad petrolera, para el año 1998, se ubicaron en 2.448.492 millardos de bolívares, representando un 29,8% total de los ingresos fiscales ordinarios recaudados. Para el año 1999 el ingreso per cápita nominal se ubicó en 2.611.378 bolívares, y el ingreso per cápita real, para el mismo año, fue de 23.524 bolívares.

II. ESTRUCTURA POLÍTICA GENERAL

A. Resumen histórico

33.El proceso de formación de Venezuela como Estado independiente se inicia con dos acontecimientos interrelacionados: los hechos del 19 de abril de 1810, que rompen el nexo colonial de la metrópoli, España; y la Declaración de Independencia realizada por el Congreso de 1811, el 5 de julio de ese año. El período comprendido entre el 19 de abril de 1810 y finales de julio de 1812 es conocido con el nombre de Primera República. Ésta desaparece al ser reconquistado el territorio republicano por fuerzas españolas, y es restablecida en agosto de 1813 por Simón Bolívar al entrar triunfante en Caracas, luego de la Campaña Admirable.

34.El período comprendido entre agosto de 1813 y diciembre de 1814 es conocido como la Segunda República, a la cual ponen fin los sucesos que van desde la emigración de oriente a mediados de 1814, hasta las batallas de Urica y Maturín en diciembre de ese año. La Tercera República comprende el período que incluye los años 1817 a 1819, durante los cuales tanto Bolívar como las demás autoridades patriotas hablan oficialmente de la República de Venezuela.

35.Desde 1819 hasta enero de 1830, Venezuela es parte de la Gran Colombia, integrada además por las actuales Repúblicas de Colombia, Panamá y el Ecuador. Venezuela recupera su condición de nación independiente al separarse de la Gran Colombia, hecho conocido como la Cosiata. El General José Antonio Páez fue designado Presidente por el Congreso de Valencia y hasta 1848, en su calidad de Presidente, de General en Jefe o de particular, fue el depositario del poder nacional. Sin embargo, no actuó despóticamente, sino que respetó las instituciones, la libertad de opinión y el equilibrio de los poderes.

36. En 1834 se celebraron elecciones y a comienzos del año siguiente ascendió a la presidencia José María Vargas, quien a los pocos meses fue derrocado por una insurrección militar (Revolución de las Reformas) y expulsado del país. Páez derrotó en 1836 a los reformistas y reinstaló en el poder a Vargas, quien dimitió poco después. Tras un período de interinidad, Páez volvió a la presidencia (1839-1843), sucediéndole el General Carlos Soublette, quien gobernó hasta principios de 1847.

37.Durante el período iniciado en 1830 fue aprobada una Constitución centro-federal (1830) que rigió durante 27 años; fueron sofocadas varias rebeliones de caudillos regionales (1831‑1837); se afirmó la preponderancia del Estado sobre la Iglesia en materia constitucional (1830); se estableció la libertad de cultos (1833) y la de contratos (1834); se crearon la Academia Militar (1830), la Biblioteca Nacional (1833) y el Banco Nacional (1841). Asimismo, fue firmado el Tratado de Paz con España en 1845. Una severa crisis económica, debida a la baja de los precios del café en los mercados mundiales, favoreció la formación de una vigorosa oposición aglutinada en el Partido Liberal, fundado en 1840.

38.Durante las elecciones de 1846, el General José Tadeo Monagas obtuvo la presidencia, pero a pesar de haber sido elegido con el apoyo de Páez, se volvió contra éste y sus partidarios conservadores, quienes formaban la mayoría en el Congreso. Éste fue asaltado por una multitud el 24 de enero de 1848 y prevaleció la voluntad de Monagas, apoyado por los liberales. Se inició entonces un régimen militar con tintes populistas, que duró algo más de una década. Una de sus características fue el nepotismo, pues a José Tadeo Monagas lo sucedió en la presidencia (1851) su hermano José Gregorio, quien entregó de nuevo el poder (1855) a José Tadeo. El Congreso funcionó, pero sometido a un estricto control por el poder ejecutivo. En marzo de 1854, José Gregorio Monagas declaró abolida la esclavitud.

39.En 1857, José Tadeo Monagas intentó perpetuarse en el poder mediante una reforma constitucional, pero un movimiento de repudio encabezado por el General Julián Castro acabó con la dinastía de los Monagas (marzo 1858). Con el fin de reorganizar el Estado se reunió en Valencia una Convención Nacional, pero la Constitución allí sancionada no satisfizo a los partidarios del sistema federal, los cuales se alzaron en armas el 20 de febrero de 1859. Se inició así la llamada Guerra Federal que asoló al país durante más de cuatro años. Varios presidentes se sucedieron a la cabeza del Gobierno central, hasta que Páez se autoproclamó dictador (1861). La guerra acabó degenerando en una sangrienta lucha de guerrillas que hizo insostenible la posición del dictador. El Tratado de Coche, suscrito en 1863, puso fin a la contienda con el triunfo de los federalistas liberalizados por el General Falcón, quien dictó un decreto de garantías.

40.En 1864 fue sancionada la Constitución de los Estados Unidos de Venezuela. A pesar de los empréstitos recibidos del exterior y del descubrimiento del oro en Guayana, el nuevo Presidente y sus colaboradores no lograron poner orden en el caos político, económico y administrativo causado por la guerra. Ésta, sin embargo, acentuó el carácter igualitario de la colectividad venezolana al romper las últimas barreras que subsistían de la compartimentada sociedad colonial. La anarquía y el faccionalismo eliminaron al General Falcón del poder y desembocaron en la Revolución Azul (1868), y el anciano caudillo José Tadeo Monagas volvió a ejercer el mando.

41.Un movimiento encabezado por Antonio Guzmán Blanco tomó por asalto Caracas en 1870. Guzmán ejerció el poder hasta 1888, bien directamente o por medio de jefes adictos como Joaquín Crespo (1884-1886), y Hermógenes López (1887-1888). La década 1888-1898 ha sido denominada "el guzmancismo sin Guzmán". La influencia de este último se eclipsó con el mandato del Presidente Juan Pablo Rojas Paúl (1888-1890), cuya vocación civilista alentó el libre juego de las ideas políticas, pero la inestabilidad y el faccionalismo predominaron durante los años siguientes con Raimundo Andueza Palacios (1890-1892), Joaquín Crespo (1892-1898) e Ignacio Andrade (1898-1899). En 1897, un laudo amañado privó a Venezuela del territorio de la Guayana Esequiba, que pasó a engrosar los dominios del Imperio Británico. Ese mismo año se celebraron elecciones presidenciales, las cuales fueron ganadas por Ignacio Andrade. Los partidos políticos tradicionales, surgidos en el siglo XIX, llegaron a su ocaso con el final de la centuria.

42.La muerte de Crespo fue muy bien capitalizada por Cipriano Castro, quien se abrió paso hasta Caracas al mando de un pequeño ejército. Aunque Castro habló de nuevos hombres, nuevos ideales y nuevos procedimientos, su régimen tuvo un marcado tinte personalista. Juan Vicente Gómez, también tachirense, fue el brazo armado del régimen. Castro se enfrentó con decisión en 1903 al bloqueo marítimo impuesto a Venezuela por varias potencias europeas para reclamar el pago de la deuda exterior. La mediación de los Estados Unidos en el conflicto señaló el comienzo de la declinación de la influencia europea y el fortalecimiento de la estadounidense.

43.A fines de 1908, mientras Castro enfermo viajaba hacia Europa para hacerse operar, el Vicepresidente Gómez dio un golpe de estado y se apoderó del mando. Gómez, directamente o por interpósita persona, ejerció el poder omnímodo hasta su muerte (1935). Rigió el país con mano férrea, como si fuese una vasta hacienda, y no vaciló en reservar para sí y sus amigos las más jugosas prebendas. Predicó "el orden, la paz y el trabajo", pero persiguió, desterró y encarceló a quienes caían en desgracia. Toda actividad política, toda libertad de expresión fueron proscritas. Era una paz asfixiante durante la cual, junto con las libertades públicas, perecieron también los restos del caudillismo anárquico, de los corrompidos partidos políticos y de las endémicas guerras civiles del siglo XIX.

44.En 1928 estalló en Caracas una rebelión contra el régimen gomecista en la cual participaron obreros, intelectuales, estudiantes y algunos militares. Aquel intento fracasó, al igual que otros emprendidos por exiliados políticos desde el exterior, en 1929 y años posteriores. Apareció así la "generación del 28" que tanta importancia adquirió 20 años después en la vida pública venezolana. En la década de los 20 la explotación petrolera venezolana (usufructuada por ingleses, holandeses y norteamericanos) alcanzó un auge extraordinario, tanto que en 1930 Venezuela ocupó el segundo lugar entre los países productores, convirtiéndose en un país fundamentalmente minero.

45.Al morir Gómez asumió el poder su Ministro de la Guerra, General Eleazar López Contreras, quien paulatinamente condujo al país hacia un régimen de mayores libertades. Durante la presidencia de López Contreras (1935-1941) y la de su sucesor Isaías Medina Angarita (1941-1945), se produjo un espectacular progreso en materia de salud pública y saneamiento ambiental, así como una importante apertura en el ámbito político. Al afirmarse la libertad de prensa, la de asociación y la de opinión aparecieron numerosos periódicos, se constituyeron sindicatos y gremios, y se fundaron los partidos políticos modernos. La Ley del trabajo fue promulgada en 1936, el Banco Central de Venezuela fue fundado en 1939, el Seguro Social se creó en 1940 y el impuesto sobre la renta en 1942. En 1943, se dictó una nueva Ley de hidrocarburos que dio al Estado una mayor participación en la explotación del petróleo. Entre 1945 y 1948, se realizaron varias reformas fiscales, que elevaron hasta un 50% la participación del Estado en las ganancias petroleras.

46.Un movimiento de civiles y militares derrocó al Presidente Medina Angarita en octubre de 1945. La Junta de Gobierno encabezada por Rómulo Betancourt, dirigente de Acción Democrática, convocó elecciones. El candidato de ese partido, el maestro y escritor Rómulo Gallegos, fue elegido Presidente a fines de 1947 y depuesto por las fuerzas armadas en noviembre de 1948. Al frente de la Junta Militar que tomó el mando se hallaba Carlos Delgado Chalbaud, quien fue asesinado dos años después. La Junta convocó elecciones en 1952, las cuales fueron ganadas por la oposición. Marcos Pérez Jiménez, quien había figurado en lugar preeminente desde el movimiento de octubre de 1945, desconoció el resultado de los comicios y tomó el poder, declarando actuar en nombre de las fuerzas armadas.

47.Marcos Pérez Jiménez fue derrocado en 1958 por un movimiento militar y asumió el control una Junta de Gobierno presidida sucesivamente por el Vicealmirante Wolfrang Larrazábal y el Doctor Edgar Sanábria. Se inicia a partir de este momento la era democrática venezolana, que perdura hasta nuestros días. La Junta de Gobierno convocó elecciones, las cuales fueron ganadas por Rómulo Betancourt, líder de Acción Democrática, Betancourt ejerció la presidencia constitucional de 1959 a 1964 en circunstancias políticas, económicas y sociales difíciles, pero logró afianzar la democracia. De 1964 a 1969; ocupó la presidencia su copartidario Raúl Leoni, elegido también en comicios libres, quien entregó la banda presidencial en 1969 al candidato triunfante del principal partido opositor (el socialcristiano COPEI), Rafael Caldera, cuyo período concluyó en 1973. Su Gobierno situó en primer plano la política de industrialización sobre la base de una paz interior, la cual se reflejó en la erradicación de las guerrillas, lograda mediante el proceso de pacificación.

48. En las elecciones presidenciales, celebradas en 1973, resultó electo Presidente para el período 1974-1979 Carlos Andrés Pérez, candidato de Acción Democrática. Las elecciones se realizaron dentro del marco del nuevo boom petrolero venezolano, determinado por el boicot efectuado por los países árabes. Inmediatamente después de la toma de posesión (marzo de 1974), el nuevo Presidente anunció su intención de nacionalizar las empresas petrolíferas y las dedicadas a la explotación del mineral de hierro, lo cual, llevó a cabo en 1975. Los nuevos ingresos petroleros permitieron al Presidente Pérez el lanzamiento de un ambicioso plan económico para la industrialización del país.

49.En las elecciones presidenciales de 1978 resultó triunfante el candidato de COPEI, Luis Herrera Campins, quien asumió la presidencia en marzo de 1979. En el contexto de una grave crisis económica y social, marcada por el fuerte endeudamiento del país y altas cifras de desempleo, en las elecciones de 1983 el candidato de Acción Democrática, Jaime Lusinchi, alcanzó una amplia victoria y asumió la presidencia en febrero de 1984. Durante las elecciones celebradas en Venezuela en 1988, resultó electo el candidato gubernamental y ex Presidente, Carlos Andrés Pérez. Su período fue interrumpido constitucionalmente en mayo de 1993. El Congreso designó como Presidente provisional a Ramón José Velázquez, quien culminó su mandato en diciembre de 1993. En las elecciones presidenciales de diciembre de 1994 triunfa el candidato y ex Presidente, Rafael Caldera.

50.En las últimas elecciones presidenciales efectuadas en diciembre de 1998 se eligió como Presidente al Teniente Coronel, unánimemente el Comandante, Hugo Rafael Chávez Frías, quien había realizado un intento de golpe de Estado en 1992. En el período de gobierno transcurrido se han propulsado cambios políticos, económicos y sociales profundos, particularmente a través de una Asamblea Nacional Constituyente, entrando en vigor una nueva Constitución desde diciembre de 1999 y estableciéndose de esta forma la Quinta República Bolivariana de Venezuela.

B. Forma de gobierno

51. De acuerdo con la Constitución Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, sancionada en el mes de diciembre de 1999, "Venezuela se constituye en un Estado democrático y social de derecho y de justicia, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico y de su actuación, la vida, la libertad, la justicia, la igualdad, la solidaridad, la democracia, la responsabilidad social y en general la preeminencia de los derechos humanos, la ética y el pluralismo político" .

52.El poder público se distribuye entre el poder municipal, el poder estatal y el poder nacional. El poder público nacional se divide en legislativo, ejecutivo, judicial, ciudadano y electoral.

53.El poder ejecutivo nacional compete al Presidente o Presidenta de la República, al Vicepresidente Ejecutivo o Vicepresidenta Ejecutiva de la República y a los Ministros o Ministras y demás funcionarios o funcionarias que determinen la Constitución y las leyes.

54.El poder legislativo nacional lo ejerce la Asamblea Nacional conformada unicameralmente por la Cámara de Diputados. Estos últimos son elegidos en cada entidad federal por votación universal, directa, personalizada y secreta con representación proporcional, según una base poblacional del 1,1% de la población total del país.

55.El poder judicial está constituido por el Tribunal Supremo de Justicia y los demás tribunales que determine la ley, el Ministerio Público, la Defensoría Pública, órganos de investigación penal, los auxiliares o funcionarios de justicia, el sistema penitenciario, los medios alternativos de justicia, los ciudadanos que participan en la administración de justicia conforme a la ley, y los abogados autorizados para el ejercicio.

56.El poder ciudadano se ejerce por el Consejo Moral Republicano integrado por el Defensor o Defensora del Pueblo, el Fiscal o Fiscala General y el Contralor o Contralora General de la República, uno de cuyos titulares será designado por el Consejo Moral de la República.

57.El poder electoral se ejerce por el Consejo Nacional Electoral como ente rector y, como organismos subordinados a éste, la Junta Electoral Nacional, la Comisión de Registro Civil y Electoral y la Comisión de Participación Política y Financiamiento.

C. Poder ejecutivo

58. El poder ejecutivo nacional está encabezado por el Presidente de la República, el Vicepresidente Ejecutivo y los Ministros del Despacho, así como también los funcionarios que determine la Constitución.

1.El Presidente de la República

59.El Presidente o Presidenta de la República es el Jefe o Jefa del Estado y del Ejecutivo Nacional, en cuya condición dirige la acción del Gobierno.

60.Para ser elegido Presidente de la República se requiere ser venezolano por nacimiento, no poseer otra nacionalidad, ser mayor de 30 años, de estado seglar y no estar sometido a condena mediante sentencia definitivamente firme y cumplir con los demás requisitos establecidos en la Constitución.

61.La elección del Presidente se hará por votación universal, directa y secreta, en conformidad con la ley. Se proclamará electo el candidato que tuviere la mayoría de votos válidos.

62.No podrá ser elegido Presidente de la República quien esté en ejercicio del cargo de Vicepresidente Ejecutivo, Ministro, Gobernador y Alcalde, en el día de su postulación o cualquier momento entre esta fecha y la de la elección.

63.El período presidencial tiene una duración de seis años. El Presidente de la República puede ser reelegido de inmediato y por una sola vez, para un período adicional.

64.El candidato elegido tomará posesión del cargo de Presidente de la República el 10 de enero del primer año de su período constitucional, mediante juramento ante la Asamblea Nacional.

65.El Presidente de la República es responsable de sus actos y del cumplimiento de las obligaciones inherentes a su cargo. Esta obligado a procurar la garantía de los derechos y libertades de los venezolanos, así como la independencia, integridad, soberanía del territorio y defensa de la República.

66.Las atribuciones del Presidente son las siguientes:

a)Cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes;

b)Dirigir la acción del Gobierno;

c)Nombrar y remover el Vicepresidente Ejecutivo, nombrar y remover los ministros;

d)Dirigir las relaciones exteriores de la República y celebrar y ratificar los tratados, convenios o acuerdos internacionales;

e)Dirigir la Fuerza Armada Nacional en su carácter de Comandante en Jefe, ejercer la suprema autoridad jerárquica de ella y fijar su contingente;

f)Ejercer el mando supremo de la Fuerza Armada Nacional, promover sus oficiales a partir del grado de Coronel o Capitán de Navío y nombrarlos para los cargos que le son privativos;

g)Declarar los estados de excepción y decretar la restricción de garantías en los casos previstos en la Constitución;

h)Dictar, previa autorización por una ley habilitante, decretos con fuerza de ley;

i)Convocar a la Asamblea Nacional a sesiones extraordinarias;

j)Reglamentar total o parcialmente las leyes, sin alterar su espíritu, propósito y razón;

k)Administrar la Hacienda Pública Nacional;

l)Negociar los empréstitos nacionales;

m)Decretar créditos adicionales al Presupuesto previa autorización de la Asamblea Nacional o de la Comisión Delegada;

n)Celebrar los contratos de interés nacional, conforme la Constitución y la ley;

o)Designar previa autorización de la Asamblea Nacional o de la Comisión Delegada, al Procurador General de la República y a los jefes de las misiones diplomáticas permanentes;

p)Nombrar y remover a aquellos funcionarios cuya designación le atribuyen la Constitución y la ley;

q)Dirigir a la Asamblea Nacional, personalmente o por intermedio del Vicepresidente Ejecutivo, informes o mensajes especiales;

r)Formular el Plan Nacional de Desarrollo y dirigir su ejecución previa aprobación de la Asamblea Nacional;

s)Conceder indultos;

t)Fijar el número, organización y competencias de los ministerios y otros organismos de la Administración Pública Nacional, así como también la organización y funcionamiento del Consejo de Ministros, dentro de los principios y lineamientos señalados por la correspondiente Ley orgánica;

u)Disolver la Asamblea Nacional en el supuesto establecido en la Constitución;

v)Convocar referendos en los casos previstos en la Constitución;

w)Convocar y presidir el Consejo de Defensa de la Nación;

x)Las demás que le señale la Constitución y las leyes.

2.El Vicepresidente Ejecutivo

67.El Vicepresidente Ejecutivo o Vicepresidenta Ejecutiva es órgano directo y colaborador inmediato al Presidente de la República en su condición de Jefe del Ejecutivo Nacional. El Vicepresidente Ejecutivo, reunirá las mismas condiciones exigidas para ser Presidente de la República, y no podrá tener ningún parentesco de consanguinidad ni de afinidad con éste.

68.Son atribuciones del Vicepresidente Ejecutivo:

a)Colaborar con el Presidente de la República en la dirección de la acción del Gobierno;

b)Coordinar la Administración Pública Nacional de conformidad con las instrucciones del Presidente de la República;

c)Proponer al Presidente de la República el nombramiento y la remoción de los ministros;

d)Presidir, previa autorización del Presidente de la República, el Consejo de Ministros;

e)Coordinar las relaciones del Ejecutivo Nacional con la Asamblea Nacional;

f)Presidir el Consejo Federal de Gobierno;

g)Nombrar y remover, de conformidad con la ley, los funcionarios nacionales cuya designación no esté atribuida a otra autoridad;

h)Suplir las faltas temporales del Presidente de la República;

i)Ejercer las atribuciones que le delegue el Presidente de la República;

j)Las demás que le señalen la Constitución y la ley.

3.Los ministros

69.Los ministros o ministras son órganos directos del Presidente de la República, y reunidos conjuntamente con éste y con el Vicepresidente Ejecutivo, integran el Consejo de Ministros.

70.Las reuniones del Consejo de Ministros serán presididas por el Presidente de la República o, en su defecto, por el Vicepresidente Ejecutivo. En este último caso, las decisiones tomadas serán ratificadas por el Presidente de la República.

71.De las decisiones del Consejo de Ministros son solidariamente responsables el Vicepresidente Ejecutivo y los ministros que hubieren concurrido, salvo aquellos que hayan hecho contar su voto adverso o negativo.

72.Para ser ministro se requiere poseer la nacionalidad venezolana y ser mayor de 25 años, con las excepciones establecidas en la Constitución.

73.Los ministros son responsables de sus actos, de conformidad con la Constitución y la ley, y presentarán ante la Asamblea Nacional, dentro de los primeros 60 días de cada año, una memoria razonada y suficiente sobre la gestión del despacho en el año inmediatamente anterior, de conformidad con la ley.

74.Los ministros tienen derecho de palabra en la Asamblea Nacional y en sus Comisiones. Podrán tomar parte de los debates de la Asamblea Nacional, sin derecho al voto.

75. Los Ministerios de la República Bolivariana de Venezuela son:

Ministerio del Interior y Justicia;

Ministerio de Relaciones Exteriores;

Ministerio de Finanzas;

Ministerio de la Defensa;

Ministerio de la Producción y el Comercio;

Ministerio de Educación, Cultura y Deportes;

Ministerio de Salud y Desarrollo Social;

Ministerio del Trabajo;

Ministerio de Infraestructura;

Ministerio de Energía y Minas;

Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales;

Ministerio de Planificación y Desarrollo;

Ministerio de Ciencia y Tecnología;

Ministerio de la Secretaría de la Presidencia de la República.

4.La Procuraduría General de la República

76.La Procuraduría General de la República asesora, defiende y representa judicial y extrajudicialmente los intereses patrimoniales de la República, y será consultada para la aprobación de los contratos de interés público nacional.

77.La Procuraduría General de la República estará a cargo y bajo la dirección del Procurador General de la República, con la colaboración de los demás funcionarios que determine su Ley orgánica.

78.El Procurador General de la República reunirá las mismas condiciones exigidas para ser Magistrado del Tribunal Supremo de Justicia. Será nombrado por el Presidente con la autorización de la Asamblea Nacional y podrá asistir, con derecho a voz, a las reuniones del Consejo de Ministros.

5.El Consejo de Estado

79.El Consejo de Estado es el órgano superior de consulta del Gobierno y la Administración Publica Nacional. Será de su competencia recomendar políticas de interés nacional en aquellos asuntos a los que el Presidente de la República reconozca de especial trascendencia y requiera su opinión. La ley respectiva determinará sus funciones y atribuciones.

80.El Consejo de Estado lo preside el Vicepresidente Ejecutivo y estará conformado, además, por cinco personas designadas por el Presidente de la República; un representante designado por la Asamblea Nacional; un representante designado por el Tribunal Supremo de Justicia y un gobernador designado por el conjunto de mandatarios estatales.

Artículo 252 de la Constitución Bolivariana de Venezuela

Artículo 252: El Consejo de Estado lo preside el Vicepresidente Ejecutivo o Vicepresidenta Ejecutiva y estará conformado, además, por cinco personas designadas por el Presidente o Presidenta de la República; un o una representante designado por la Asamblea Nacional; un o una representante designado o designada por el Tribunal Supremo de Justicia y un Gobernador designado o Gobernadora designada por el conjunto de mandatarios estatales.

D. Poder legislativo

81.El poder legislativo nacional lo ejerce la Asamblea Nacional la cual estará integrada por diputados elegidos en cada entidad federal por votación universal, directa, personalizada y secreta, con representación proporcional, según una base poblacional del 1,1% de la población total del país. Cada entidad federal elegirá, además, tres diputados. Los pueblos indígenas de la República Bolivariana de Venezuela elegirán tres diputados de acuerdo con lo establecido en la Ley electoral, respetando sus tradiciones y costumbres.

82.Actualmente la Asamblea Nacional está integrada por 165 Diputados, de los cuales 149 son hombres (884,84%) y 16 mujeres (9,69%). Igualmente se encuentran en funcionamiento la Comisión Ordinaria de Legislación, así como quince (15) Comisiones Permanentes de Trabajo a saber:

-Comisión Permanente de Política Interior, Justicia, Derechos Humanos y Garantías Constitucionales;

-Comisión Permanente de Política Exterior;

-Comisión Permanente de Contraloría;

-Comisión Permanente de Finanzas;

-Comisión Permanente de Energía y Minas;

-Comisión Permanente de Defensa y Seguridad;

-Comisión Permanente de Desarrollo Social Integral;

-Comisión Permanente de Educación, Cultura, Deportes y Recreación;

-Comisión Permanente de Ambiente, Recursos Naturales y Ordenación Territorial;

-Comisión Permanente de Pueblos Indígenas;

-Comisión Permanente de Participación Ciudadana, Descentralización y Desarrollo Regional;

-Comisión Permanente de Ciencia, Tecnología y Comunicación Social;

-Comisión Permanente de Desarrollo Económico;

-Comisión Permanente de la Familia, Mujer y Juventud;

-Comisión Permanente de Administración y Servicios Públicos.

83.Las atribuciones de la Asamblea Nacional son las siguientes:

a)Legislar en las materias de competencia nacional y sobre el funcionamiento de las distintas ramas del poder nacional;

b)Proponer enmiendas y reformas a la Constitución, en los términos establecidos en la Constitución;

c)Ejercer funciones de control sobre el Gobierno y la Administración Pública Nacional en los términos consagrados en la Constitución y la ley; los elementos comprobatorios obtenidos en el ejercicio de esta función, tendrán valor probatorio en las condiciones que la ley establezca;

d)Organizar y promover la participación ciudadana en los asuntos de su competencia;

e)Decretar amnistías;

f)Discutir y aprobar el presupuesto nacional y todo proyecto de ley concerniente al régimen tributario y al crédito publico;

g)Autorizar los créditos adicionales al presupuesto;

h)Aprobar las líneas generales del plan de desarrollo económico y social de la nación, que serán presentadas por el ejecutivo nacional en el transcurso del tercer trimestre del primer año de cada período constitucional;

i)Autorizar al ejecutivo nacional para celebrar contratos de interés nacional, en los casos establecidos en la ley; autorizar los contratos de interés publico municipal, estatal o nacional, con Estados o entidades oficiales extranjeros o con sociedades no domiciliadas en Venezuela;

j)Dar voto de censura al Vicepresidente Ejecutivo y a los ministros. La moción de censura sólo podrá ser discutida dos días después de presentada a la Asamblea, la cual podrá decidir, por las tres quintas partes de los diputados que el voto de censura implica la destitución del Vicepresidente Ejecutivo o del ministro;

k)Autorizar el empleo de misiones militares venezolanas en el exterior o extranjeras en el país;

l)Autorizar al ejecutivo nacional para enajenar bienes inmuebles del dominio privado de la nación, con las excepciones que establezca la ley;

m)Autorizar a los funcionarios públicos para aceptar cargos, honores o recompensas de gobiernos extranjeros;

n)Autorizar el nombramiento del Procurador General de la República y de los jefes de misiones diplomáticas permanentes;

o)Acordar los honores del panteón nacional a venezolanos ilustres, que hayan prestado servicios eminentes a la República, después de transcurridos 25 años de fallecimiento; esta decisión podrá tomarse por decisión del Presidente de la República, de las dos terceras partes de los gobernadores de Estado o de los rectores de las universidades nacionales en pleno;

p)Velar por los intereses y autonomías de los Estados;

q)Autorizar la salida del Presidente de la República del territorio nacional cuando su ausencia se prolongue por un lapso superior a cinco días consecutivos;

r)Aprobar por ley los tratados o convenios internacionales que celebre el ejecutivo nacional, salvo las excepciones consagradas en la Constitución;

s)Dictar su reglamento y aplicar las sanciones que en él se establezcan;

t)Calificar a sus integrantes y conocer de sus renuncias; la separación temporal de un diputado solo podrá acordarse con los votos de las dos terceras partes de los diputados presentes;

u)Organizar su servicio de seguridad interna;

v)Acordar y ejecutar su presupuesto de gastos, tomando en cuenta las limitaciones financieras del país;

w)Ejecutar las resoluciones concernientes a su funcionamiento y organización administrativa;

x)Todas las demás que le señalen la Constitución y la ley.

84.La Asamblea Nacional nombrará Comisiones Permanentes, ordinarias y especiales. Las Comisiones Permanentes, en un número no mayor de 15, estarán referidas a los sectores de actividad nacional. Igualmente, podrá crear Comisiones con carácter temporal para investigación y estudio, todo ello de conformidad con su reglamento. La Asamblea Nacional podrá crear o suprimir Comisiones Permanentes con el voto favorable de las dos terceras partes de sus integrantes.

85.Durante el receso de la Asamblea, funcionará la Comisión Delegada integrada por el Presidente, los Vicepresidentes y los Presidentes de las Comisiones Permanentes. Son atribuciones de la Comisión Delegada:

a)Convocar la Asamblea Nacional a sesiones extraordinarias, cuando así lo exija la importancia de algún asunto;

b)Autorizar al Presidente de la República para salir del territorio nacional;

c)Autorizar al ejecutivo nacional para decretar créditos adicionales;

d)Designar comisiones temporales integradas por miembros de la Asamblea;

e)Ejercer las funciones de investigación atribuidas a la Asamblea;

f)Autorizar al ejecutivo nacional por el voto favorable de las dos terceras partes de sus integrantes para crear, modificar, o suspender servicios públicos en caso de urgencia comprobada;

g)Las demás que establezca la Constitución y la ley.

E. Poder judicial

86.La potestad de administrar justicia emana de los ciudadanos y se imparte en nombre de la República por autoridad de la ley. Corresponde a los órganos del poder judicial conocer de las causas y asuntos de su competencia mediante los procedimientos que establezcan las leyes, y ejecutar o hacer ejecutar sus sentencias.

87.El sistema de justicia está constituido por el Tribunal Supremo de Justicia, los demás tribunales que establezca la ley, el Ministerio Público, la Defensoría Pública, los órganos de investigación penal, los auxiliares y funcionarios de justicia, los ciudadanos que participan en la administración de justicia conforme a la ley, y los abogados autorizados para el ejercicio.

Artículo 254 de la Constitución Bolivariana de Venezuela

El poder judicial es independiente y el Tribunal Supremo de Justicia gozará de autonomía funcional, financiera y administrativa. A tal efecto, dentro del presupuesto general del Estado se le asignará al sistema de justicia una partida anual variable, no menor del 2% del presupuesto ordinario nacional, para su efectivo funcionamiento, el cual no podrá ser reducido o modificado sin autorización previa de la Asamblea Nacional. El poder judicial no está facultado para establecer tasas, aranceles, ni exigir pago alguno por sus servicios.

88.El ingreso a la carrera judicial y el ascenso de los jueces se hará por concursos de oposición públicos que aseguren la idoneidad y excelencia de los participantes y serán seleccionados por los jurados de los circuitos judiciales, en la forma y condiciones que establezca la ley. El nombramiento y juramento de los jueces corresponde al Tribunal Supremo de Justicia. La ley garantizará la participación ciudadana en el proceso de selección y designación de los jueces. Los jueces sólo podrán ser removidos o suspendidos de sus cargos mediante los procedimientos expresamente previstos en la ley. La ley propenderá a la profesionalización de los jueces y las universidades colaborarán en este propósito, organizando en los estudios universitarios de derecho la especialización judicial correspondiente.

89.Los jueces son personalmente responsables en los términos que determine la ley, por error, retardo u omisiones injustificadas, por la inobservancia sustancial de las normas procesales, por denegación, parcialidad, y por los delitos de cohecho y prevaricación en que incurran en el desempeño de sus funciones .

90.La ley organizará la justicia de paz en las comunidades. Los jueces de paz serán elegidos por votación universal, directa y secreta, conforme a la ley. La ley promoverá el arbitraje, la conciliación, la mediación, y cualquiera otros medios alternativos para la solución de conflictos.

1.Tribunal Supremo de Justicia

91.El Tribunal Supremo de Justicia funcionará en la Sala Plena y en la Sala Constitucional Político Administrativa, Electoral, de Casación Civil, de Casación Penal y de Casación Social, cuyas integraciones y competencias serán determinadas por su ley orgánica. La Sala Social comprenderá lo referente a la casación agraria, laboral y de menores.

a)Para ser magistrado del Tribunal Supremo de Justicia se requiere:

i)tener la nacionalidad venezolana por nacimiento;

ii)ser ciudadano de reconocida honorabilidad;

iii)ser jurista de reconocida competencia, gozar de buena reputación, haber ejercido la abogacía durante un mínimo de 15 años y tener título universitario de posgrado en materia jurídica; o haber sido profesor universitario en ciencia jurídica durante un mínimo de 15 años y tener la categoría de profesor titular o ser o haber sido juez superior en la especialidad correspondiente a la sala para la cual se postula, con un mínimo de 15 años en el ejercicio de la carrera judicial, y reconocido prestigio en el desempeño de sus funciones;

iv)cualquiera otros requisitos establecidos por la ley.

b)Son atribuciones del Tribunal Supremo de Justicia:

i)ejercer la jurisdicción constitucional conforme al Título VIII de la Constitución Nacional;

ii)declarar si hay o no mérito para el enjuiciamiento del Presidente de la República o quien haga sus veces; en caso afirmativo continuar conociendo de la causa, previa autorización de la Asamblea Nacional, hasta sentencia definitiva;

iii)declarar si hay o no mérito para el enjuiciamiento del Vicepresidente de la República, de los integrantes de la Asamblea Nacional o del propio Tribunal Supremo de Justicia, de los ministros, del Procurador General, del Fiscal General, del Contralor General de la República, del Defensor del Pueblo, los gobernadores, oficiales generales y almirantes de la Fuerza Armada Nacional y de los jefes de misiones diplomáticas de la República y, en caso afirmativo, remitir los autos al Fiscal General de la República o a quien haga sus veces si fuere al caso; y si el delito fuere común, continuará conociendo de la causa hasta la sentencia definitiva;

iv)dirimir las controversias adjudicativas que se susciten entre la República, algún Estado, municipio u otro ente público, cuando la otra parte sea alguna de esas mismas entidades a menos que se trate de controversias entre municipios de un mismo Estado, caso en el cual la ley podrá atribuir su conocimiento a otro tribunal;

v)declarar la nulidad total o parcial de los reglamentos y demás actos administrativos generales o individuales del ejecutivo nacional, cuando sea procedente;

vi)conocer de los recursos de interpretación sobre el contenido y alcance de los textos legales en los términos contemplados en la ley;

vii)decidir los conflictos de competencia entre tribunales, sean ordinarios o especiales cuando no exista otro tribunal superior o común a ellos en el orden jerárquico;

viii)conocer del recurso de casación;

ix)las demás que le atribuya la ley.

2.Sistema penitenciario

92.El Estado garantizará un sistema penitenciario que asegure la rehabilitación del interno y el respeto a sus derechos humanos. Para ello los establecimientos penitenciarios contarán con espacios para el trabajo, el estudio, el deporte y la recreación, funcionarán bajo la dirección de penitenciaristas profesionales con credenciales académicas universitarias, y se regirán por una administración descentralizada, a cargo de los gobiernos estatales o municipales, pudiendo ser sometidos a modalidades de privatización. En general, se preferirá en ellos el régimen abierto y el carácter de colonias agrícolas penitenciarias. En todo caso las fórmulas de cumplimiento de penas no privativas de la libertad se aplicarán con preferencia a las medidas de naturaleza reclusoria. El Estado creará las instituciones indispensables para la asistencia pospenitenciaria que posibilite la reinserción social del ex interno y propiciará la creación de un ente penitenciario con carácter autónomo y personal exclusivamente técnico.

F. Poder ciudadano

93.El poder ciudadano se ejerce por el Consejo Moral Republicano integrado por el Defensor del Pueblo, el Fiscal General y el Contralor General de la República.

94.Los órganos que ejercen el poder ciudadano tienen a su cargo, de conformidad con la Constitución y la ley, prevenir, investigar y sancionar los hechos que atenten contra la ética pública y la moral administrativa; velar por la buena gestión y la legalidad en el uso del patrimonio público, el cumplimiento y la aplicación del principio de la legalidad en toda la actividad administrativa del Estado e, igualmente, promover la educación como proceso creador de la ciudadanía, así como la solidaridad, la libertad, la democracia, la responsabilidad social y el trabajo.

1.Defensoría del Pueblo

95.La Defensoría del Pueblo tiene a su cargo la promoción, defensa y vigilancia de los derechos y garantías establecidas en la Constitución y los tratados internacionales sobre derechos humanos, además de los intereses legítimos, colectivos y difusos, de los ciudadanos.

96.La Defensoría del Pueblo actuará bajo la dirección y responsabilidad del Defensor del Pueblo, quien será designado por un único período de siete (7) años.

96 bis. Para ser Defensor del Pueblo se requiere ser venezolano, mayor de treinta (30) años, con manifiesta y demostrada competencia en materia de derechos humanos y cumplir con las exigencias de honorabilidad, ética y moral que establezca la ley. Las faltas absolutas y temporales del Defensor de Pueblo, serán cubiertas de acuerdo con lo dispuesto en la ley. Son atribuciones del Defensor del Pueblo:

a)Velar por el efectivo respeto y garantía de los derechos humanos consagrados en la Constitución y los tratados, convenios y acuerdos internacionales sobre derechos humanos ratificados por la República, investigando de oficio o a instancia de parte las denuncias que lleguen a su conocimiento;

b)Velar por el correcto funcionamiento de los servicios públicos, amparar y proteger los derechos e intereses legítimos, colectivos y difusos de las personas, contra las arbitrariedades, desviaciones de poder y errores cometidos en la prestación de los mismos, interponiendo cuando fuere procedente las acciones necesarias para exigir al Estado el resarcimiento a los administrados de los daños y perjuicios que les sean ocasionados con motivo del funcionamiento de los servicios públicos;

c)Interponer las acciones de inconstitucionalidad, amparo, hábeas corpus, hábeas data, y las demás acciones o recursos necesarios para ejercer las atribuciones;

d)Instar al Fiscal General de la República para que intente las acciones o recursos a que hubiere lugar contra los funcionarios públicos responsables de la violación o menoscabo de los derechos humanos;

e)Solicitar al Consejo Moral Republicano que adopte las medidas a que hubiere lugar respecto de los funcionarios públicos responsables por la violación o menoscabo de los derechos humanos;

f)Solicitar ante el órgano competente la aplicación de los correctivos y las sanciones a que hubiere lugar por la violación de los derechos del público consumidor y usuario, de conformidad con la ley;

g)Presentar ante los órganos legislativos municipales, estatales o nacionales, proyectos de ley u otras iniciativas para la protección progresiva de los derechos humanos;

h)Velar por los derechos de los pueblos indígenas y ejercer las opciones necesarias para su garantía y efectiva protección;

i)Visitar e inspeccionar las dependencias y establecimientos de los órganos del Estado, a fin de prevenir o proteger los derechos humanos;

j)Formular ante los órganos correspondientes las recomendaciones y observaciones necesarias a la mejor protección de los derechos humanos, para lo cual desarrollará mecanismos de comunicación permanente con órganos públicos y privados nacionales e internacionales de protección y defensa de los derechos humanos;

k)Promover y ejecutar políticas para la difusión y efectiva protección de los derechos humanos.

2.Ministerio Público

97.El Ministerio Público estará bajo la dirección y responsabilidad del Fiscal General de la República quien ejercerá sus atribuciones directamente con el auxilio de los funcionarios que determine la ley.

98.Para ser Fiscal General de la República se requieren las mismas condiciones de elegibilidad de los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia. El Fiscal General de la República será designado para un período de siete (7) años. Son atribuciones del Ministerio Público:

a)Garantizar en los procesos judiciales el respeto de los derechos y garantías constitucionales así como de los tratados, convenios y acuerdos internacionales suscritos por la República;

b)Garantizar la celeridad y buena marcha de la administración de justicia, el juicio previo y el debido proceso;

c)Ordenar y dirigir la investigación penal de la perpetración de los hechos punibles para hacer constar su comisión con todas las circunstancias que puedan influir en la calificación y responsabilidad de los autores y demás participantes así como el aseguramiento de los objetos activos y pasivos relacionados con la perpetración;

d)Ejercer en nombre del Estado la acción penal en los casos en que para intentarla o procederla no fuere necesaria instancia de parte, salvo las excepciones establecidas en la ley;

e)Intentar las acciones a que hubiere lugar para hacer efectiva la responsabilidad civil, laboral, militar, penal, administrativa o disciplinaria en que hubieren incurrido los funcionarios del sector público, con motivo del ejercicio de sus funciones.

f)Las demás que le atribuyen la Constitución y la ley.

3.Contraloría General de la República

99.La Contraloría General de la República es el órgano de control, vigilancia y fiscalización de los ingresos, gastos, bienes públicos y bienes nacionales, así como de las operaciones relativas a los mismos. Goza de autonomía funcional, administrativa y organizativa, orienta su actuación a las funciones de inspección de los organismos y entidades sujeta a su control.

100.La Contraloría General de la República estará bajo la dirección y responsabilidad del Contralor General de la República quien debe ser venezolano, mayor de treinta (30) años y comprobada aptitud y experiencia para el ejercicio del cargo. El Contralor General de la República será designado para un período de siete (7) años. Son atribuciones de la Contraloría General de la República:

a)Ejercer el control, la vigilancia y fiscalización de los ingresos, gastos y bienes públicos, así como de las operaciones relativas a los mismos, sin perjuicio de las facultades que se atribuyan a otros órganos en el caso de los Estados o municipios de conformidad con la ley;

b)Controlar la deuda pública, sin perjuicio de las facultades que se atribuyan a otros órganos en el caso de los Estados y municipios de conformidad con la ley;

c)Inspeccionar y fiscalizar los órganos entidades y personas jurídicas del sector público sometidos a su control; practicar fiscalizaciones, disponer el inicio de investigaciones sobre irregularidades sobre el patrimonio público, así como dictar las medidas, imponer los reparos y aplicar las sanciones administrativas a que haya lugar de conformidad con la ley;

d)Instar al Fiscal de la República a que ejerza las acciones judiciales a que hubiere lugar con motivo de las infracciones y delitos cometidos contra el patrimonio público y de los cuales tenga conocimiento en el ejercicio de sus atribuciones;

e)Ejercer el control de gestión y evaluar el cumplimiento y resultado de las decisiones y políticas públicas de los órganos, entidades y personas jurídicas del sector público sujetos a su control relacionadas con sus ingresos, gastos y bienes.

G. Poder electoral

101.El poder electoral se ejerce por el Consejo Nacional Electoral como ente rector y, como organismos subordinados a éste, la Junta Electoral Nacional, la Comisión de Registro Civil y Electoral y la Comisión de Participación Política y Financiamiento con la organización y funcionamiento que establezca la ley orgánica respectiva.

102.El poder electoral tiene como función:

a)Reglamentar las leyes electorales y resolver las dudas y vacíos que ésta susciten o contengan;

b)Formular su presupuesto, el cual tramitará directamente ante la Asamblea Nacional y administrará autónomamente;

c)Emitir directivas vinculantes en materia de financiamiento y publicidad políticoelectorales y aplicar sanciones cuando no sean acatadas;

d)Declarar la nulidad total o parcial de las elecciones;

e)La organización, administración, dirección y vigilancia de todos los actos relativos a la elección de los cargos de representación popular de los poderes públicos, así como los referendos;

f)Organizar las elecciones de sindicatos, gremios profesionales y organizaciones con fines políticos en los términos que señale la ley. Asimismo, podrán organizar procesos electorales de otras organizaciones de la comunidad civil a solicitud de éstas o por orden de la sala electoral del Tribunal Supremo de Justicia. Las corporaciones, entidades y organizaciones aquí referidas cubrirán los costos de sus procesos eleccionarios;

g)Mantener, organizar, dirigir y supervisar el registro civil y electoral;

h)Organizar la inscripción y registro de las organizaciones con fines políticos y velar por que éstas cumplan las disposiciones sobre su régimen establecidas en la Constitución y la ley. En especial, decidirá sobre las solicitudes de Constitución, renovación y cancelación de organizaciones con fines políticos, la determinación de sus autoridades legítimas y sus denominaciones provisionales, colores y símbolos;

i)Controlar, regular e investigar los fondos de financiamiento de las organizaciones con fines políticos.

103.Los órganos del poder electoral garantizarán la igualdad, confiabilidad, imparcialidad, transparencia, y eficiencia de los procesos electorales, así como la aplicación de la personalización del sufragio y la representación proporcional.

III. MARCO NORMATIVO GENERAL DE PROTECCIÓN DELOS DERECHOS HUMANOS

104.La República Bolivariana de Venezuela garantizará a toda persona, conforme al principio de progresividad y sin discriminación alguna, el goce y beneficio irrenunciable, indivisible e interdependiente de los derechos humanos. Su respeto y garantía son obligatorias para los órganos del poder público de conformidad con la Constitución, los tratados sobre derechos humanos suscritos y ratificados por la República y las leyes que los desarrollen.

105.La enunciación de los derechos y garantías contenidas en la Constitución y en los instrumentos internacionales sobre derechos humanos no debe entenderse como negación de otros que, siendo inherentes a la persona no figuren expresamente en ellos. La falta de ley reglamentaria de estos derechos no menoscaba el ejercicio de los mismos.

106.Los tratados, pactos y convenciones relativos a derechos humanos suscritos y ratificados por Venezuela tienen jerarquía constitucional y prevalecen en el orden interno, en la medida en que contengan normas sobre su goce y ejercicio más favorables a las establecidas por la Constitución y la ley de la República, y son de aplicación inmediata y directa por los tribunales y demás órganos del poder público.

107.Todo acto dictado en ejercicio del poder público que viole o menoscabe los derechos garantizados por la Constitución y la ley es nulo, y los funcionarios públicos que lo ordenen o ejecuten incurren en responsabilidad penal, civil y administrativa, según los casos, sin que les sirva de excusa órdenes superiores.

108.Toda persona tiene derecho de acceso a los órganos de administración de justicia para hacer valer sus derechos e intereses, incluso los colectivos o difusos, a la tutela efectiva de los mismos y a obtener con prontitud la decisión correspondiente. El Estado garantizará una justicia gratuita, accesible, imparcial, idónea, transparente, autónoma, independiente, responsable, equitativa y expedita, sin dilaciones indebidas, sin formalismos o reposiciones inútiles.

109.Toda persona tiene derecho a ser amparada por los tribunales en el goce y ejercicio de los derechos y garantías constitucionales, aún de aquellos inherentes a la persona que no figuren expresamente en la Constitución o en los instrumentos internacionales de derechos humanos. El procedimiento de la acción de amparo constitucional será oral, público, breve, gratuito, y no sujeto a formalidad, y la autoridad judicial competente tendrá potestad para restablecer inmediatamente la situación jurídica infringidas por la situación que más se asemeje a ella. Todo el tiempo será hábil y el tribunal lo tramitará con preferencia a cualquier otro asunto.

110.La acción de amparo a la libertad o seguridad podrá ser interpuesta por cualquier persona, y el detenido será puesto bajo la custodia del tribunal de manera inmediata sin dilación alguna. El ejercicio de este derecho no puede ser afectado en modo alguno por la declaración del estado de excepción o de la restricción de garantías constitucionales.

111.El Estado estará obligado a investigar y sancionar legalmente los delitos contra los derechos humanos cometidos por sus autoridades. Las acciones para sancionar los delitos de lesa humanidad, violaciones graves a los derechos humanos y los crímenes de guerra son imprescriptibles. Las violaciones de los derechos humanos y los delitos de lesa humanidad serán investigados y juzgados por los tribunales ordinarios. Dichos delitos quedan excluidos de los beneficios que puedan conllevar su impunidad, incluidos el indulto y la amnistía.

112.El Estado tendrá la obligación de indemnizar integralmente a las víctimas de violaciones a los derechos humanos que le sean imputados y a sus derechohabientes, incluido el pago de daños y perjuicios. Del mismo modo se adoptará las medidas legislativas y de otra naturaleza, para ser efectivas las indemnizaciones establecidas y se protegerá a las víctimas de los delitos comunes y se procurará que los culpables reparen los daños causados.

113.Toda persona tiene derecho, en los términos establecidos por los tratados, pactos y convenciones sobre derechos humanos ratificados por la República, a dirigir peticiones o quejas ante los órganos internacionales creados para tales fines con el objeto de solicitar el amparo a sus derechos humanos.

114.Se adoptará, conforme a procedimientos establecidos en la Constitución y la ley, las medidas que sean necesarias para dar cumplimiento a las decisiones emanadas de los órganos internacionales.

115.De acuerdo a la Constitución Nacional de la República Bolivariana de Venezuela en su artículo 337, el Presidente en Consejo de Ministros, podrá decretar los estados de excepción. Se califican expresamente como tales las circunstancias de orden social, económico, político, natural o ecológico, que afecten gravemente la seguridad de la nación, de las instituciones y de los ciudadanos, a cuyo respecto resultan insuficientes las facultades de las cuales se disponen para hacer frente a tales hechos. En tal caso, podrán ser restringidas temporalmente las garantías consagradas en la Constitución, salvo las referidas a los derechos a la vida, prohibición de incomunicación o tortura, el derecho al debido proceso, el derecho a la información y los demás derechos humanos intangibles.

116.El decreto que declare el estado de excepción, en el cual se regulará el ejercicio del derecho cuya garantía se restringe, será presentado, dentro de los ocho (8) días siguientes de haberse dictado, a la Asamblea Nacional o a la Comisión Delegada, para su consideración y aprobación, y a la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, para que se pronuncie sobre su constitucionalidad. El decreto cumplirá con las exigencias, principios y garantías establecidos en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y en la Convención Americana sobre Derechos Humanos. El Presidente de la República podrá solicitar su prórroga por un plazo igual, y será revocado por el ejecutivo nacional o por la Asamblea Nacional o por su comisión delegada, antes del término señalado, al cesar las causas que lo motivaron.

117.La declaratoria del estado de excepción no irrumpe el funcionamiento de los órganos del poder público.

IV. AUTORIDADES QUE TIENEN JURISDICCIÓN EN MATERIADE DERECHOS HUMANOS

A. Tribunal Supremo de Justicia

118.El Tribunal Supremo de Justicia es competente tanto en materia de amparo como la declaratoria de inconstitucionalidad de las leyes y otros actos administrativos; el artículo 266, ordinales 1, 5, 6 y 8 de la Constitución Nacional establecen las siguientes atribuciones del Tribunal Supremo de Justicia: ejercer la jurisdicción constitucional conforme al Título VIII de la Constitución Nacional; declarar la nulidad total o parcial de los reglamentos y demás actos administrativos generales o individuales desde el ejecutivo nacional, cuando sea procedente; conocer de los recursos de interpretación sobre el contenido y alcance de los textos legales en los términos contemplados den la ley; conocer del recurso de casación.

B. Poder ciudadano

119.El poder ciudadano tiene las siguientes atribuciones: prevenir, investigar y sancionar los hechos que atenten contra la ética pública y la moral administrativa; velar por la buena gestión y la legalidad en el uso del patrimonio público, el cumplimiento y la aplicación del principio de la legalidad en toda la actividad administrativa del Estado e igualmente, promover la educación como proceso creador de la ciudadanía, así como la solidaridad, la libertad, la democracia, la responsabilidad social y el trabajo. El poder ciudadano se ejerce por el Consejo Nacional Republicano integrado por el Defensor del Pueblo, el Fiscal General y el Contralor General de la República.

C. Defensoría del Pueblo

120.Las atribuciones de la Defensoría del Pueblo son las que se mencionan a continuación:

a)Velar por el efectivo respeto y garantía de los derechos humanos consagrados en la Constitución y los tratados, convenios y acuerdos internacionales sobre derechos humanos ratificados por la República, investigando de oficio o a instancia de parte las denuncias que lleguen a su conocimiento;

b)Velar por el correcto funcionamiento de los servicios públicos, amparar y proteger los derechos e intereses legítimos, colectivos y difusos de las personas, contra las arbitrariedades, desviaciones de poder y errores cometidos en la prestación de los mismos, interponiendo cuando fuere procedente las acciones necesarias para exigir al estado el resarcimiento a los administrados de los daños y perjuicios que les sean ocasionados con motivo del funcionamiento de los servicios públicos;

c)Interponer las acciones de inconstitucionalidad, amparo, hábeas corpus, hábeas data, y las demás acciones o recursos necesarios para ejercer las atribuciones;

d)Instar al Fiscal General de la República para que intente las acciones o recursos a que hubiere lugar contra los funcionarios públicos responsables de la violación o menoscabo de los derechos humanos;

e)Solicitar al Consejo Moral Republicano que adopte las medidas a que hubiera lugar respecto de los funcionarios públicos responsables por la violación o menoscabo de los derechos humanos;

f)Solicitar ante el órgano competente la aplicación de los órganos correctivos y las sanciones a que hubiere lugar por la violación de los derechos públicos consumidor y usuario, de conformidad con la ley;

g)Presentar ante los órganos legislativos municipales, estatales o nacionales, proyectos de ley u otras iniciativas para la protección progresiva de los derechos humanos;

h)Velar por los derechos de los pueblos indígenas y ejercer las opciones necesarias para su garantía y efectiva protección;

i)Visitar e inspeccionar las dependencias y establecimientos de los órganos del Estado, a fin de prevenir o proteger los derechos Humanos;

j)Formular ante los órganos correspondientes las recomendaciones y observaciones necesarias a la mejor protección de los derechos humanos, para lo cual desarrollara mecanismos de comunicación permanente con órganos públicos y privados nacionales e internacionales de protección y defensa de los derecho humanos;

k)Promover y ejecutar políticas para la difusión y efectiva protección de los derechos humanos.

D. Ministerio Público

121.De acuerdo al artículo 285, ordinales 1 y 5, la Constitución Nacional establece las siguientes atribuciones del Ministerio Público: garantizar en los procesos judiciales el respeto de los derechos y garantías constitucionales, así como de los tratados, convenios y acuerdos internacionales suscritos por la República; intentar las acciones a que hubiere lugar para hacer efectiva la responsabilidad civil, laboral, militar, penal, administrativa o disciplinaria en que hubieren incurrido los funcionarios del sector público, con motivo del ejercicio de su función.

E. Contraloría General de la República

122.De acuerdo al artículo 289, numerales 3 y 4, la Constitución Nacional establece las siguientes atribuciones de la Contraloría General de la República: inspeccionar y fiscalizar los órganos entidades y personas jurídicas del sector público sometidos a su control; practicar fiscalizaciones, disponer el inicio de investigaciones sobre irregularidades sobre el patrimonio público, así como dictar las medidas, imponer los reparos y aplicar las sanciones administrativas a que haya lugar de conformidad con la ley;instar al Fiscal de la República a que ejerza las acciones judiciales a que hubiere lugar con motivo de las infracciones y delitos cometidos contra el patrimonio público y de los cuales tenga conocimientos en el ejercicio de sus atribuciones.

F. Otros entes

123.La República Bolivariana de Venezuela, al reconocer la necesidad de la creación, existencia y actividades de instituciones nacionales de promoción y protección de los derechos humanos, vieja preocupación universal, ha venido promoviendo el surgimiento y fortalecimiento de instituciones de diferente naturaleza, orígenes, propósitos y alcances, entre las cuales podemos mencionar.

1.Comisión Nacional de Derechos Humanos

124.La Comisión Nacional de Derechos Humanos se creó bajo el Decreto presidencial Nº 3.152, de conformidad con lo establecido en el artículo 19 de la Ley orgánica de la Administración Central. El mencionado decreto fue publicado en Gaceta Oficial de la República de Venezuela, Nº 36.616, del jueves 7 de enero de 1999, con base en los acuerdos y compromisos en materia de derechos humanos ratificados por Venezuela y cumpliendo con la responsabilidad del ejecutivo nacional de elaborar planes y programas para promocionar y proteger los derechos humanos, así como de supervisarlos y evaluar su ejecución.

125.La Comisión Nacional de Derechos Humanos tiene las siguientes atribuciones y deberes:

a)Asistir al Presidente de la República en la formulación de políticas en materia de derechos humanos;

b)Colaborar con el ejecutivo nacional en la elaboración de planes y programas para promocionar y proteger los derecho humanos así como de supervisarlos y evaluar su ejecución;

c)Recomendar al ejecutivo nacional la ejecución de aquellas mediadas que estime necesarias para solucionar problemas relativos a los derechos humanos y al cumplimiento de obligaciones internacionales;

d)Contribuir con el ejecutivo nacional en la preparación de estudios, informes y respuestas que deba presentar a los organismos internacionales o a las organizaciones no gubernamentales internacionales de derechos humanos y participar en la coordinación de programas que se realicen con estos organismos;

e)Asesorar al ejecutivo nacional en los casos que se presenten en la comisión y en la Corte Interamericana de Derechos Humanos;

f)Recibir y procesar las denuncias que se le presenten contra presuntas violaciones a los derechos humanos. A estos fines podrá solicitar informaciones y documentos, formular las recomendaciones que estime pertinentes y remitir las actuaciones practicadas a los organismos competentes;

g)Cooperar con el Ministerio Público en la promoción y protección de los derechos humanos;

h)Presentar anualmente al Presidente de la República un informe sobre la situación de los derechos humanos en el país y hacer las recomendaciones del caso;

i)Cooperar con el ejecutivo nacional en la elaboración y formulación de programas educativos sobre derechos humanos y promover con las universidades e institutos de educación superior la inclusión en los cursos de pregrado y posgrado de asignaturas o especializaciones en derechos humanos;

j)Representar al país en conferencias, foros, seminarios y reuniones nacionales o internacionales, cuando sea invitada para ello;

k)Designar subcomisiones, de dentro o fuera de la comisión del seno de la comisión y grupo de expertos para el mejor cumplimiento de sus funciones;

l)Proponer al ejecutivo nacional el anteproyecto de presupuesto.

126.La ratificación de los Convenios Internacionales por parte de la República de Venezuela en materia de derechos humanos, precisa que los mecanismos institucionales que promuevan el respeto a estos derechos y libertades, se ubiquen en las instancias de mayor nivel político, estableciendo los procedimientos apropiados que aseguren su reconocimiento y aplicación universal y efectivos con la participación de la sociedad civil, mediante la enseñanza y la educación e incorporando al personal necesario para la coordinación con capacidad técnica y de gestión.

127.El Gobierno venezolano reconoce a la Comisión Nacional de Derechos Humanos como la instancia gubernamental permanente que tiene como función asesorar y coordinar las acciones del ejecutivo nacional en todos los asuntos de carácter nacional e internacional relativos a los derechos humanos.

128.En este sentido, la Comisión Nacional de Derechos Humanos coordinó la elaboración de un plan nacional de derechos humanos en ocasión de la conmemoración del cincuentenario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y, convocó a la sociedad civil organizada para el diseño y formulación de dicho Plan, que permitiera implementar políticas que garanticen la promoción, protección, educación y difusión en derechos humanos.

129.Es menester mencionar que, una vez establecida la existencia de la Defensoría del Pueblo, es objetivo de la Comisión: difundir, promover y promocionar los derechos humanos, y no ya su defensa.

2.Unidad de Derechos Humanos en la Dirección General de Política Internacional del Ministerio de Relaciones Exteriores

130.Establecida en 1994 con la finalidad de preparar la posición de Venezuela en materia de derechos humanos en los foros internacionales; realizar el seguimiento de las decisiones adoptadas por los organismos internacionales; coordinar y elaborar los informes periódicos de Venezuela en aplicación de los instrumentos internacionales de derechos humanos suscritos por la República; atender las solicitudes de información formuladas por los organismos internacionales así como las denuncias sobre alegadas violaciones de los derechos humanos en coordinación con el agente del Estado ante los foros internacionales; mantener comunicación con las organizaciones no gubernamentales de derechos humanos nacionales y extranjeras; difundir a nivel nacional los compromisos internacionales asumidos por la República y contribuir a la sensibilización y educación de los sectores públicos para promover el respeto de los derechos humanos y evitar su violación.

3.Dirección de Derechos Humanos del Ministerio del Interior y Justicia

131.Esta Dirección, luego de un período de inactividad, fue reactivada en enero del 2000 y dotada de recursos presupuestarios para llevar a cabo sus objetivos de promoción, defensa y protección de los derechos humanos.

4.Dirección de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario del Ministerio de la Defensa

132.Esta Dirección fue creada en octubre de 1997 con el objeto de incorporar a todo el personal militar en el estudio, conocimiento, divulgación y cumplimiento de los postulados que rigen la materia y asesorar sobre las políticas, doctrinas y demás actividades relacionadas con los derechos humanos y el derecho internacional humanitario en las Fuerzas Armadas Nacionales.

5.Comisionado para Derechos Humanos de la Policía Metropolitana

133.Figura creada en noviembre de 1995 cuya competencia abarca el Distrito Federal y los municipios del Estado Miranda que integran el área metropolitana de Caracas. Es designado por el Gobernador del Distrito Federal por un período de cinco años y entre sus funciones están la de recibir los reclamos formulados por la ciudadanía motivados por violaciones a los derechos humanos.

Caracas, … de 2000