II. ESTRUCTURAS ADMINISTRATIVAS Y POLÍTICAS
A. Estructuras administrativas
13.Mauritania se divide en 13 wilayas (regiones), entre ellas el distrito de Nouakchott, la capital. Cada wilaya constituye una circunscripción administrativa descentralizada. La wilaya se divide en moughataas (departamentos) y los moughataas en distritos. La unidad administrativa más pequeña es el municipio. El país tiene 53 moughataas y 208 municipios.
14.Cada wilaya está bajo la autoridad de un wali (gobernador) que representa al poder ejecutivo; la moughataa, de un hakem (prefecto), y los distritos están dirigidos por jefes de distrito.
15.Desde 1989, el Gobierno viene aplicando una reforma administrativa e institucional con el fin de reorganizar la administración para adaptarla a las necesidades de la población. La descentralización de la administración es una opción estratégica, por considerarse el mejor medio de resolver los problemas administrativos, de organización e institucionales que han incumbido hasta ahora a sistemas centralizados.
16.Esta descentralización es particularmente funcional en los ámbitos de la educación, la salud y el desarrollo rural, habida cuenta de sus consecuencias para la vida cotidiana de la población.
B. Estructuras políticas
17.Mauritania ha conocido en su historia política moderna tres períodos distintos:
a)La colonización francesa (1903-1960);
b)El período de excepción bajo dos regímenes diferentes:
i)el régimen civil caracterizado exclusivamente por el partido único, el Partido del Pueblo Mauritano (1961-1978);
ii)el régimen militar con un poder garantizado por comités militares (1978-1991);
c)La democracia pluralista (desde 1991), con una Constitución adoptada por referéndum popular.
18.Por razones prácticas, en este documento se insistirá solamente en las estructuras políticas establecidas desde el advenimiento de la democracia pluralista.
19.La Constitución consagra los derechos políticos, económicos, culturales y sociales de cuantos componen el pueblo mauritano y reafirma la adhesión de Mauritania a la Declaración Universal de Derechos Humanos y a la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos. Garantiza la separación, pero también el equilibrio, entre los diferentes poderes.
1.El Presidente de la República
20.El Presidente de la República es el garante de la Constitución. Encarna el Estado y garantiza el funcionamiento regular y continuo de los poderes públicos. Es elegido por seis años mediante sufragio universal directo. Para eludir los particularismos, toda candidatura a la Presidencia de la República debe estar patrocinada por 50 concejales, y éstos a su vez deben pertenecer, al menos, a 10 wilayas; cada wilaya no puede proporcionar más de la quinta parte de los patrocinadores.
2.El Gobierno
21.Bajo la dirección del Primer Ministro, el Gobierno vela por la aplicación de la política general del Estado, siguiendo las orientaciones del Presidente de la República. Los miembros del Gobierno son nombrados por el Presidente de la República, a propuesta del Primer Ministro.
3.El Parlamento
22.El Parlamento es bicameral: el Senado y la Asamblea Nacional.
23.Los diputados (Asamblea Nacional) son elegidos por cinco años mediante sufragio universal directo, en tanto que los senadores son elegidos por seis años mediante sufragio universal indirecto, y representan a las colectividades territoriales y a los mauritanos que residen en el extranjero. La tercera parte del Senado se renueva cada dos años.
24.El ámbito de la ley comprende los derechos y deberes fundamentales de las personas, la nacionalidad, las condiciones de establecimiento de los extranjeros, el régimen electoral y la división territorial, el régimen de la propiedad, el derecho sindical, el derecho al trabajo, la organización general de la administración, la acción económica y social del Estado, etc.
25.La Asamblea Nacional puede destituir al Gobierno mediante un voto de desconfianza o la adopción de una moción de censura.
4.El poder judicial
26.El poder judicial es independiente del poder legislativo y del poder ejecutivo.
27.El Presidente de la República es el garante de la independencia de la magistratura. Está secundado por el Consejo Superior de la Magistratura, que preside, integrado por:
a)El Ministro de Justicia, Vicepresidente;
b)El Presidente del Tribunal Supremo, miembro;
c)El Vicepresidente de más categoría del Tribunal Supremo, miembro;
d)El Procurador General ante el Tribunal Supremo, miembro;
e)El Inspector General de la Administración Judicial y Penitenciaria, miembro;
f)Tres magistrados elegidos por sus pares por un período de dos años, miembros;
g)Un representante no parlamentario del Senado nombrado para cada año judicial por el Presidente del Senado, miembro;
h)Un representante no parlamentario de la Asamblea Nacional nombrado para cada año judicial por el Presidente de la Asamblea Nacional, miembro.
28.La ley garantiza la independencia del juez en cuanto al pronunciamiento de sus fallos, y le protege contra toda forma de presión que pueda influir en el ejercicio de sus funciones (artículo 15 de la Ley orgánica Nº 94-012, de 17 de febrero de 1994, sobre el estatuto de la magistratura).
29.En Mauritania, la justicia es administrada por las jurisdicciones siguientes:
a)Tribunales de los moughataas. Tienen un solo juez que preside el tribunal. El Presidente está secundado por dos asesores.
b)Tribunales de las wilayas. Constan de cuatro salas: una sala de lo civil, una sala de lo comercial, una sala de lo administrativo y una sala de lo penal, así como de uno o varios gabinetes de instrucción. El ministerio público está representado en esos tribunales por un procurador de la República o por uno de sus suplentes. Cada una de las salas está presidida por un juez asistido por dos magistrados a título consultivo.
c)Tribunales del trabajo. El Tribunal del Trabajo está presidido por un magistrado y compuesto por asesores, en las condiciones determinadas por el Código del Trabajo.
d)Tribunal de apelación. El Tribunal de Apelación que comprende las mismas salas que los tribunales de las wilayas, conoce de los recursos y decisiones dictadas en primera instancia. El ministerio público está representado en el Tribunal de Apelación por el Procurador ante dicho Tribunal o uno de los suplentes.
e)Tribunales de lo penal. En la capital de cada wilaya hay un tribunal de lo penal cuya competencia y funcionamiento están determinados por el Código de Procedimiento Penal.
f)Tribunal Supremo. Comprende un presidente, cuatro vicepresidentes, presidentes de sendas salas, y varios consejeros. Las salas del Tribunal Supremo son:
i)La sala de lo administrativo;
ii)La sala de lo civil y comercial;
iii)La sala de lo social;
iv)La sala de lo penal.
30.En materia administrativa, el Tribunal Supremo es competente para tratar los recursos por abuso de poder, pronunciarse sobre la legalidad de los actos administrativos individuales o reglamentarios y conocen litigios relativos a la situación de funcionarios o agentes del Estado y de las colectividades públicas, así como los litigios de dominio público.
31.En materia judicial, el Tribunal Supremo se pronuncia sobre los recursos por incompetencia o violación de la ley contra las decisiones dictadas en última instancia por las jurisdicciones y por el Consejo de Arbitraje de los Conflictos Laborales Colectivos, así como las decisiones pronunciadas en primera y última instancias por los tribunales de los moughataas. El Tribunal Supremo se pronuncia además sobre:
i)Las demandas de revisión;
ii)Las demandas de remisión de una jurisdicción a otra;
iii)La remisión de los autos a un tribunal inferior competente;
iv)Las demandas de acción judicial contra un magistrado;
v)Las diligencias contra los magistrados y ciertos funcionarios, en las condiciones previstas por el Código de Procedimiento Penal;
vi)Los fallos o sentencias contrarios dictados en última instancia entre las mismas partes y por los mismos medios por diferentes jurisdicciones.
32.También se puede invitar al Tribunal Supremo a emitir su opinión sobre los proyectos legislativos y reglamentarios, así como sobre las dificultades de orden jurídico suscitadas por los ministros sobre el funcionamiento del servicio.
5.Otros órganos constitucionales
33.Además de los tres poderes tradicionales (legislativo, ejecutivo y judicial), con miras a fortalecer el Estado de derecho, el dispositivo de las instituciones democráticas se ha reforzado mediante el establecimiento de los siguientes órganos.
a)El Consejo Constitucional. Vela por la regularidad de las elecciones, examina las reclamaciones y se pronuncia sobre la constitucionalidad de las leyes. El Consejo Constitucional está integrado por seis miembros: dos designados por tres años, dos por seis años y dos por nueve años. El Presidente de la República designa un miembro de cada serie y nombra entre ellos a un Presidente del Consejo. El Presidente de la Asamblea Nacional designa un miembro por nueve años y un miembro por tres años. El Presidente del Senado designa un miembro por seis años.
b)El Tribunal Superior. Está integrado por miembros elegidos, en su seno y en igual número, por la Asamblea Nacional y el Senado después de cada renovación de esas asambleas. Es competente para juzgar casos de alta traición del Presidente de la República, del Primer Ministro o de miembros del Gobierno.
c)El Tribunal de Cuentas. Es la institución superior de control de las finanzas públicas. Mediante su acción permanente y sistemática de verificación, información y asesoramiento, contribuye a la realización de los siguientes objetivos:
La salvaguardia de las finanzas públicas;
El mejoramiento de los métodos y técnicas de gestión;
La racionalización de la acción administrativa.
El Tribunal de Cuentas consta de los siguientes miembros:
El Presidente del tribunal;
Los Presidentes de las salas;
Los Presidentes de las secciones;
Los consejeros;
Los auditores.
d)El Alto Consejo Islámico. Es una institución integrada por cinco miembros designados por el Presidente de la República. El Alto Consejo Islámico emite opiniones sobre las cuestiones con respecto a las cuales es consultado por el Presidente de la República.
e)El Consejo Económico y Social. Da su opinión al Presidente de la República sobre los proyectos de ley, de ordenanza o de decreto de carácter económico y social, así como sobre las propuestas de ley de la misma naturaleza que se le someten. El Presidente de la República le puede consultar además sobre cualquier otra cuestión económica y social de interés para el Estado.
f)El Mediador de la República. El Mediador de la República es una "autoridad independiente"; es designado por un mandato de duración indeterminada. Recibe las reclamaciones de los ciudadanos relativas a diferencias no resueltas, en el marco de sus relaciones con las autoridades del Estado, las colectividades públicas territoriales, los establecimientos públicos y cualquier otro organismo de servicio público. El Mediador emite también su opinión en cuanto a los litigios entre los ciudadanos y la Administración cuando se lo pide el Presidente de la República. Además, con sus propuestas y sugerencias puede participar en la mejora del funcionamiento de los órganos administrativos en que haya observado una deficiencia que haya sido causa de perjuicios a los ciudadanos. Los participantes en el segundo Congreso Mundial de Ombudsmen y Mediadores de la Francofonía, celebrado en Nouakchott del 19 al 21 de mayo de 1998, bajo el tema general "Ombudsmen y mediadores: la independencia de la institución al servicio de la democracia", se felicitaron por la notoriedad de esta institución, su independencia y capacidad para desempeñar su función de instancia de regulación y de mediación.
III. GARANTÍAS CONSTITUCIONALES Y MARCO JURÍDICO GENERAL DE LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS
A. Garantías constitucionales
34.En su preámbulo, la Constitución de 20 de julio de 1991 proclama la adhesión del pueblo mauritano al islam y a los principios de la democracia, conforme se definen en la Declaración Universal de Derechos Humanos y en la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos y en las demás convenciones internacionales de que es Parte Mauritania.
35.La Constitución confiere a los derechos humanos carácter constitucional al estipular que "la libertad, la igualdad y la dignidad del hombre sólo pueden garantizarse en una sociedad que consagra la primacía del derecho" y reafirma el compromiso del pueblo mauritano de garantizar los derechos y principios siguientes:
El derecho a la igualdad;
Las libertades y derechos fundamentales de la persona;
El derecho a la propiedad;
Las libertades políticas y las libertades sindicales;
Los derechos económicos y sociales;
Los derechos relacionados con la familia, célula básica de la sociedad islámica.
36.El artículo 10 de la Constitución refuerza el compromiso a favor de los derechos humanos y de las libertades fundamentales al aportar la seguridad de que el Estado garantiza a todos los ciudadanos las libertades públicas e individuales, entre ellas:
La libertad de entrar y de establecerse en todas las partes del territorio de la República;
La libertad de entrar en el territorio nacional y salir de él;
La libertad de opinión y de pensamiento;
La libertad de expresión;
La libertad de reunión;
La libertad de afiliarse a cualquier organización política o sindical de su elección;
La libertad de comercio y de industria;
La libertad de creación intelectual, física y científica.
37.En el párrafo 3 del artículo 13 de la Constitución se dispone que el honor y la vida privada del ciudadano y la inviolabilidad de la persona, de su domicilio y de su correspondencia están garantizados por la ley.
38.Según el artículo 80 de la Constitución, los tratados o acuerdos internacionales ratificados o aprobados regularmente prevalecen, desde su publicación, sobre las leyes internas. A partir de ese momento pueden ser invocados ante los tribunales.
B. Garantías dimanantes de tratados
39.Además de la Convención sobre los Derechos del Niño, Mauritania ha ratificado muchos otros instrumentos internacionales relativos a los derechos humanos, y sus protocolos adicionales. Se trata de:
La Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos;
La Convención que rige los aspectos inherentes a los problemas de los refugiados de África;
La Convención sobre los Derechos Políticos de la Mujer;
La Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial
La Convención Internacional contra el Apartheid en los Deportes;
La Convención sobre el Estatuto de los Refugiados;
La Convención de 1926 sobre la Esclavitud;
La Convención suplementaria de 1956 sobre la abolición de la esclavitud, la trata de esclavos y las instituciones y prácticas análogas a la esclavitud;
El Protocolo de 1953 para modificar la Convención sobre la Esclavitud;
El Convenio sobre el trabajo forzoso (Nº 29) de 28 de junio de 1930, aprobado por la Organización Internacional del Trabajo (OIT);
El Convenio sobre la abolición del trabajo forzoso (Nº 105) de 25 de junio de 1957, aprobado por la OIT;
El Convenio para la represión de la trata de personas y de la explotación de la prostitución ajena, de 2 de diciembre de 1949;
La Convención Internacional sobre la Represión y el Castigo del Crimen de Apartheid;
La Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer.
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