Distr.

GENERAL

CMW/C/SR.4010 de diciembre de 2007

ESPAÑOLOriginal: INGLÉS

COMITÉ PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE TODOS LOS TRABAJADORES MIGRATORIOS Y DE SUS FAMILIARES

Quinto período de sesiones

ACTA RESUMIDA DE LA 40ª SESIÓN

celebrada en el Palais Wilson, Ginebra,el lunes 30 de octubre de 2006, a las 15.00 horas

Presidente: Sr. KARIYAWASAM

SUMARIO

E xamen de los informes presentados por los Estados Partes de conformidad con el artículo 73 de la C onvención

Informe inicial de México

______________________

La presente acta podrá ser objeto de correcciones.

Las correcciones deberán redactarse en uno de los idiomas de trabajo. Deberán presentarse en forma de memorando, incorporarse en un ejemplar del acta y enviarse, dentro del plazo de una semana a partir de la fecha del presente documento, a la Sección de Edición, oficina E.4108, Palacio de las Naciones, Ginebra.

Las correcciones que se introduzcan en las actas del Comité en este período de sesiones se reunirán en un único documento que se publicará poco después de finalizado el período de sesiones.

GE.06-44995 (S) 271107 101207

Se declara abierta la sesión a las 15.10 horas.

EXAMEN DE LOS INFORMES PRESENTADOS POR LOS ESTADOS PARTES DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 73 DE LA CONVENCIÓN (tema 3 del programa)

Informe inicial de México (CMW/C/MEX/1; y CMW/C/MEX/Q/1 y Add.1)

1. Por invitación del Presidente, los miembros de la delegación de México toman asiento a la mesa del Comité.

2.El PRESIDENTE da la bienvenida a la delegación de México y recuerda el importante papel desempeñado por el Gobierno de ese país durante muchos años a fin de promover la Convención Internacional sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares. México es un país de origen y de tránsito para los trabajadores migratorios y comparte una larga frontera con los Estados Unidos de América al norte y una más pequeña con Guatemala y Belice al sur. Como consecuencia de ello, su informe abarca todos los aspectos de la Convención.

3.La Sra. GONZÁLEZ (México), presentando el informe inicial de México (CMW/C/MEX/1), dice que siglo XXI es el siglo de las migraciones, razón por la que los Estados tienen la necesidad de actualizar sus políticas en esta materia, aunque no pueden avanzar por sí solos en el diseño de esta política. Se ha afianzado la noción de que, para poder lidiar por los nuevos retos globales, se debe fortalecer la cooperación entre los miembros de la comunidad internacional y reconocer las responsabilidades compartidas para enfrentar con éxito el fenómeno migratorio, como se señaló en el Diálogo de Alto Nivel sobre la Migración Internacional y el Desarrollo, organizado en el marco de la Asamblea General en septiembre de 2006. En este contexto, la política exterior mexicana ha puesto especial atención en la promoción y protección de los derechos humanos; por ello, el Gobierno de México busca armonizar las políticas internas con los estándares y objetivos internacionales.

4.En su política exterior, México basa sus acciones en dos ejes fundamentales. El primero consiste en aceptar que los organismos competentes y la experiencia de la comunidad internacional contribuyen a respaldar los esfuerzos que las instituciones nacionales realizan en materia de derechos humanos y promoción de la democracia, lo que permite avanzar en la realización de los cambios estructurales que el país requiere y superar retrasos que se arrastran desde tiempos lejanos. El segundo radica en promover el respeto de los derechos humanos y en impulsar el desarrollo de nuevos y mayores estándares de protección en el ámbito internacional. México no sólo desempeña un papel activo en los distintos foros de derechos humanos, sino que también busca el fortalecimiento y actualización del marco jurídico nacional. En consecuencia, México se ha abierto plenamente a la cooperación y el escrutinio internacionales y ha otorgado primordial importancia al cumplimiento de los compromisos contraídos, tal como pone de manifiesto su presencia ante el Comité.

5.México ha fomentado una mayor participación de la sociedad civil en los debates sobre las mejores prácticas para promover y proteger los derechos humanos y ha impulsado ampliamente la cultura política de derechos humanos, aprovechando de manera plena las oportunidades que brinda la cooperación internacional. En lo concerniente a la protección de los derechos humanos de los trabajadores migratorios, México fomenta una nueva cultura laboral que promueva el trabajo como expresión de la dignidad humana para la realización plena de las personas y para elevar su nivel de vida. Por ello, ha buscado el entendimiento con los países centroamericanos a fin de lograr mejores condiciones de empleo para los trabajadores migratorios y ha emprendido acciones para que los mecanismos de administración de justicia laboral sean accesibles a ellos, independientemente de su situación migratoria.

6.En su informe, México se basó no sólo en las fuentes gubernamentales, sino también en el sistema de las Naciones Unidas, los medios académicos y las organizaciones de la sociedad civil, a los que presentó el informe para que formularan observaciones. El Gobierno de México ha hecho todo lo posible para cumplir sus obligaciones con arreglo a la Convención, desarrollando programas específicos y poniendo en práctica políticas públicas apropiadas. Consciente de que aún falta mucho por hacer para garantizar plenamente el disfrute de los derechos humanos de los trabajadores migratorios en México, el Gobierno ha puesto empeño en colaborar con la comunidad internacional para mejorar la situación de esas personas. No cabe duda de que, con el apoyo del Comité, a través de sus valiosas observaciones, y, con la cooperación de los demás organismos internacionales de derechos humanos, México avanzará en la consolidación del pleno respeto y disfrute de los derechos humanos de los migrantes que salen del país, transitan por él o se asientan en él.

7.El Sr. CUETO MARTÍNEZ (México) dice que el escrutinio nacional e internacional sobre el ejercicio pleno de los derechos de los trabajadores migratorios ha contribuido y continuará contribuyendo al cumplimiento de los compromisos que México ha asumido en el ámbito de la promoción y protección de los derechos de los trabajadores migratorios y de sus familiares. Por ello, las autoridades mexicanas valoraran las observaciones y recomendaciones del Comité.

8.El fenómeno migratorio ha de abordarse de manera integral y coherente, teniendo en cuenta su plena dimensión humana y social y la diversidad de sus causas y efectos, tanto en los países de origen como en los de destino. De ahí que México exhorte permanentemente a todos los Estados para que desarrollen y apliquen leyes y políticas públicas que garanticen el pleno respeto de la dignidad y los derechos humanos de los migrantes y de sus familiares, independientemente de su condición migratoria. El Gobierno federal ha promovido consultas nacionales que han involucrado a legisladores, académicos, organizaciones de la sociedad civil y autoridades locales con la aspiración de lograr dos objetivos a mediano y a largo plazo. El primero consiste en construir una plataforma de atención integral a nivel del Estado en relación con el fenómeno de la migración. El segundo consiste en establecer las bases de una política migratoria integral en la frontera sur de México.

9.A corto plazo, México ha puesto en marcha programas sociales, económicos y políticos para apoyar a los migrantes y para garantizar sus derechos. Además, ha promovido y adoptado acuerdos internacionales para proteger los derechos de los trabajadores migratorios y de sus familiares y ha tomado medidas para capacitar a los funcionarios públicos e involucrarlos en la tarea de promoción y protección de los derechos humanos de los migrantes y para asegurarles el debido acceso a la justicia.

10.En su calidad de país de origen, de tránsito y de destino de migrantes, México es el país con más migrantes en los Estados Unidos. Sólo en los cuatro últimos años, han marchado a trabajar permanentemente a los Estados Unidos un promedio de 400.000 mexicanos cada año. Se estima que de los 10,6 millones de migrantes mexicanos en los Estados Unidos, 6,2 millones son indocumentados. El Gobierno de México y la autoridad migratoria trabajan sin cesar para proteger los derechos de los migrantes mexicanos en los Estados Unidos y garantizarles el acceso a los servicios médicos, las prestaciones sociales, la justicia y la asistencia consular. Los entendimientos alcanzados con los Estados Unidos para la repatriación digna, segura y ordenada de los nacionales mexicanos contienen un capítulo específico sobre la protección de los derechos de los grupos vulnerables y de la unidad familiar. Según el último informe publicado por la autoridad migratoria estadounidense, sólo en 2005 se registraron 1.024.000 eventos de repatriación de nacionales mexicanos, de los que, según los datos de México, el 17% eran mujeres inmigrantes y el 4,2% menores. En el primer semestre de 2006, se registraron 330.562 eventos de repatriación de mexicanos, de los que el 15 y el 7,3% correspondieron a mujeres y menores, respectivamente.

11.Además, México enfrenta el desafío de un crecimiento constante de transmigrantes que cruzan el territorio nacional de forma indocumentada con destino a los Estados Unidos. En 2005 las autoridades mexicanas repatriaron a casi 250.000 migrantes, de los que cerca del 95% eran centroamericanos. Se estima que poco menos del 10% eran mujeres y que poco más del 5% eran menores. Sobre la base de los datos del Instituto Nacional de Migración acerca de la tendencia de las corrientes migratorias de los grupos vulnerables, se ha decidido asignar la mayor parte de los recursos humanos y financieros del Instituto a atender las corrientes migratorias procedentes de los países centroamericanos, haciendo especial hincapié en las mujeres y los menores no acompañados.

12.Mediante una política migratoria coherente y responsable, la autoridad migratoria de México se esfuerza sobre todo por promover y proteger plenamente los derechos de los migrantes, al tiempo que establece y arraiga las mejores prácticas internacionales. En 2004 y 2005, México firmó sendos arreglos de repatriación con Guatemala y El Salvador para la repatriación ordenada, ágil, digna y humana de los nacionales de esos países. En estos arreglos se incluyeron capítulos específicos sobre las mujeres migrantes y los menores no acompañados que son repatriados por vía aérea con la asistencia de sus respectivos consulados en México. El 5 de mayo de 2006 México suscribió un acuerdo similar de repatriación con Honduras, Nicaragua, El Salvador y Guatemala, países que se comprometieron a cooperar con las autoridades pertinentes para mejorar los procesos de repatriación, con pleno respeto de los derechos de los migrantes y con un tratamiento especial y diferenciado para los grupos vulnerables.

13.Ya hay nuevos Grupos Beta para la protección de los migrantes, de los que 12 se encuentran en la frontera norte y 4 en la frontera sur, grupos cuyas funciones primordiales son la protección de los derechos humanos de los migrantes y su integridad física y patrimonial, independientemente de su nacionalidad o condición migratoria. En 2005 fueron rescatados 5.839 migrantes en situación de riesgo y en lo que va de 2006 han sido rescatados 5.657, de los que alrededor del 24% son mujeres. De octubre de 2005 a mayo de 2006 fueron asistidas 79.562 mujeres migrantes y se entregaron 113.347 cartillas de derechos humanos a mujeres migrantes.

14.México ha avanzado en la prevención y persecución de la trata de personas, así como en la atención a las víctimas. En cumplimiento del Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños, que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Trasnacional, instrumento que entró en vigor en México el 25 de noviembre de 2003, México ya cuenta con una red de coordinación interinstitucional e internacional. El Instituto Nacional de Migración estableció recientemente las facilidades migratorias necesarias para que las víctimas de la trata de personas permanezcan legalmente en el país y puedan acceder a los recursos financieros y jurídicos necesarios para emprender actuaciones judiciales, de manera que se pueda poner a disposición de los tribunales a los que se dedican a la trata. Como complemento de esa medida, el Instituto ha promovido el establecimiento de un sistema de coordinación interinstitucional con otras instituciones gubernamentales y de la sociedad civil para asegurar a las víctimas un ingreso digno, habitación, alimentación y atención médica, así como condiciones de vida dignas mientras permanezcan en el país.

15.En 2003, el Gobierno puso en marcha un programa amplio para el mejoramiento de 49 estaciones migratorias habilitadas en el territorio nacional. En marzo de 2006, el Presidente Fox inauguró una nueva estación migratoria en Tapachula, Chiapas, que es la zona de México que registra el mayor movimiento de migrantes centroamericanos. La estación contó con una inversión equivalente a 8 millones de dólares y tiene una capacidad para alojar a 960 personas en estancia temporal y otras 490 en pernocta. La estación, cuya superficie es de 30.000 m2, tiene zonas separadas para hombres, mujeres, familiares y menores. En noviembre de 2006, el Instituto Nacional de Migración inaugurará una nueva sede en Talismán, Chiapas, cerca de la frontera con Guatemala, lo que permitirá establecer un sistema automatizado de servicios migratorios, tales como la emisión de formas migratorias tipo credencial (la forma migratoria para visitantes agrícolas temporales (FMVA) y la forma migratoria para visitantes locales o fronterizos (FMVL)), así como la gestión integral de los procesos de repatriación de nacionales centroamericanos y el despliegue de servicios integrales migratorios para atender a las corrientes turísticas de la ruta maya. Las autoridades de México han acordado permitir la presencia de autoridades consulares y laborales de Guatemala en el nuevo edificio a fin de mejorar la eficiencia y la transparencia de los servicios migratorios y proteger los derechos de los trabajadores migratorios y de sus familiares.

16.En reconocimiento de la aportación de los migrantes documentados, México ofrece a los extranjeros la oportunidad de regularizar su situación migratoria. Desde el 1º de septiembre de 2005 lo han hecho más de 2.800 migrantes, la mayoría de ellos procedentes de Guatemala. En el marco de los compromisos contraídos en la novena reunión de la Comisión Binacional México-Guatemala, celebrada en México en mayo de 2006, el Instituto Nacional de Migración inició un proceso de consultas y validación jurídica para ampliar tanto el alcance de la FMVA, con objeto de que otros sectores económicos, particularmente los de la construcción y el trabajo doméstico, pudieran contratar a nacionales guatemaltecos, como el de la FMVL, para beneficiar, además de a nacionales guatemaltecos domiciliados en las localidades del Departamento de San Marcos adyacentes a la frontera con México, a los guatemaltecos residentes en los Departamentos de Quiché y Petén, en Guatemala. Partiendo de esa base, las autoridades mexicanas están en condiciones de responder a la propuesta formulada en mayo de 2006 por las autoridades guatemaltecas de que se apruebe un programa integral y permanente de trabajadores temporales.

17.Es indispensable continuar fortaleciendo la cooperación internacional en un marco de corresponsabilidad, con mecanismos que permitan una migración legal, ordenada y segura. Esos mecanismos deben garantizar el respeto de los derechos humanos de los migrantes, su dignidad humana y el principio de la no discriminación, independientemente de su situación migratoria. El Gobierno de México se ha comprometido a buscar nuevas fórmulas y mecanismos imaginativos de cooperación internacional que apoyen los esfuerzos nacionales destinados a hacer frente a la migración en un marco de pleno respeto a las obligaciones internacionales del país a los efectos de proteger los derechos humanos de los trabajadores migratorios y de sus familiares.

18.La Sra. CUBIAS MEDINA (Relatora para el país), encomia al Gobierno de México por considerar a la migración una prioridad política externa e interna. A nivel internacional, México ha desempeñado una participación muy activa a favor de la ratificación de la Convención. La oradora acoge con satisfacción que la preparación del informe se haya realizado con la participación y con las aportaciones de la sociedad civil, académicos e instancias gubernamentales. Es de destacar que la política migratoria mexicana tiene en cuenta los derechos humanos de todos los migrantes en la lucha contra la trata de personas. Por otra parte, se ha iniciado un nuevo giro hacia la no criminalización de los migrantes. El Comité acoge favorablemente los esfuerzos realizados por el Gobierno para regularizar la situación de miles de migrantes que viven en el país. Además, encomia la iniciativa del Instituto Nacional de Migración a fin de establecer Grupos Beta en los Estados mexicanos con el mayor número de migrantes en tránsito. Los Grupos Beta llevan a cabo una admirable labor humanitaria de protección de los derechos humanos de los migrantes. Además, México ha adoptado medidas a los efectos de prestar una atención especial a los grupos vulnerables, como los migrantes no acompañados y los niños y jóvenes repatriados tanto mexicanos como de otros países. La oradora acoge favorablemente el establecimiento en 2006 de una estación migratoria en Tapachula, que atiende a las necesidades de los migrantes, así como un programa para la dignificación de las estaciones migratorias. Además, acoge favorablemente los esfuerzos realizados por el Gobierno para difundir información sobre los derechos de los migrantes, como pone de manifiesto la creación del Instituto de los mexicanos en el exterior.

19.La oradora pregunta si la delegación de México puede explicar en qué etapa se encuentra el proceso de aprobación de la nueva ley de migración mexicana. A este respecto, manifiesta preocupación por la situación de los migrantes indocumentados, especialmente por lo que respecta a los casos de violación de los derechos humanos de las mujeres y los niños que atraviesan el territorio mexicano hacia los Estados Unidos de América. La oradora lamenta la falta de legislación federal para penalizar el delito de trata de personas en todas sus modalidades, tal como exige el Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños. También deplora la falta de coordinación con las autoridades locales con miras a la efectiva protección de los derechos de los migrantes en tránsito con el fin de evitar actos de discriminación y xenofobia.

20.El Comité desearía saber qué medidas ha adoptado el Gobierno de México para luchar contra los asaltos, robos, extorsiones y malos tratos realizados por las pandillas de jóvenes (maras) y las autoridades locales contra los migrantes en tránsito. También desearía saber si ha existido alguna reforma legislativa que concentre en una sola autoridad la facultad de realizar la revisión e inspección de los migrantes y cuáles son las circunstancias en las que la autoridad migratoria llevaría a cabo tales funciones.

21.La oradora pregunta que cuántas denuncias ha recibido el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación o la Comisión Nacional de Derechos Humanos en contra de autoridades que hayan cometido actos discriminatorios en el ejercicio de sus funciones. Además, desearía saber las razones por las que algunos servidores públicos no facilitan el acceso al registro de nacimientos de los hijos de los trabajadores migratorios indocumentados. Asimismo desearía que le explicaran en qué consisten los mecanismos de consulta sobre protección consular disponibles en el caso de los países centroamericanos en su calidad de miembros de la Conferencia Regional sobre Migración (Proceso Puebla). También desea más información acerca de los subcomités de control y verificación migratoria en los que participan los diferentes cuerpos de seguridad de los tres ámbitos de gobierno y si esos subcomités tienen facultades para el aseguramiento de los migrantes. Por último, la oradora pide a la delegación que diga cuántos migrantes indocumentados se ven afectados por el hecho de serlo en lo concerniente al acceso a la atención de la salud, la educación y la pertenencia a un sindicato, así como que describa la situación de los migrantes indígenas, particularmente de las mujeres y los niños.

22.El PRESIDENTE pregunta qué medidas ha adoptado México para lograr que sus 31 Estados cumplan las obligaciones contraídas por el Estado Parte en lo concerniente a los derechos humanos en general y a la Convención en particular y cómo se supervisa ese cumplimiento. Además, pregunta si existen disposiciones especiales por lo que respecta a la detención de menores.

23.El Sr. EL-BORAI pregunta si los migrantes tienen derecho a una audiencia judicial y pide aclaraciones sobre los delitos relacionados con la migración que se mencionan en el párrafo 237 del informe. También pregunta si los migrantes tienen garantizado el derecho a la libre circulación en la Constitución o la legislación de México.

24.El Sr. CARRIÓN MENA se pregunta cuán fidedignas son las estadísticas de México y de dónde proceden. También se pregunta cuán eficaz es la política de México en su frontera del sur. Por último, pregunta cuál ha sido el resultado de aplicar normas más estrictas en materia de concesión de visados a varios países latinoamericanos, incluido el Ecuador, lo que ha dado lugar a cierta tirantez en la región.

25.El Sr. SEVIM pregunta cómo espera México que los trabajadores migrantes -los trabajadores mexicanos en el extranjero y los migrantes en México- tengan acceso a las prestaciones de la seguridad social correspondientes a los períodos breves de empleo fuera de su país de origen cuando no hay acuerdos de seguridad social entre los países de que se trate. Además, se pregunta si existe un período de espera mínimo para la reunificación familiar y si los migrantes pueden trabajar en el sector público o como trabajadores autónomos.

26.El PRESIDENTE pregunta si México considera la posibilidad de retirar su reserva al párrafo 4 del artículo 22 de la Convención.

27.El Sr. CUE TO MARTÍNEZ (México) dice que el Congreso está examinando 11 propuestas de reforma de la Ley general de población, que es el instrumento legislativo en vigor sobre la migración. Esa ley debe ser actualizada y adaptada a las nuevas exigencias de la migración en México y a los instrumentos internacionales ratificados por el país.

28.México ha firmado acuerdos básicos con los Estados Unidos de América a fin de establecer un tratamiento diferenciado para las mujeres y los menores migrantes y los grupos vulnerables. En su memorando de entendimiento con los países centroamericanos sobre la repatriación de migrantes centroamericanos figura asimismo un capítulo sobre el tratamiento diferenciado de las mujeres y los menores no acompañados migrantes.

29.La trata de personas tienen lugar en el sur del país y está aumentando, sobre todo en las ciudades más pobladas. No obstante, los partidos políticos mexicanos han propuesto un proyecto de ley para penalizar la trata de personas, considerándola un delito, y ese proyecto de ley parece ser objeto de un apoyo generalizado. La autoridad migratoria contribuye a la labor del grupo de consulta interinstitucional del Ministerio de Relaciones Exteriores a los efectos de examinar la propuesta hecha al Congreso sobre la trata de personas. Además, recientemente se ha creado un departamento especial encargado de la trata de personas en la secretaría de seguridad pública, cuyo objetivo es prevenir y perseguir ese delito, al tiempo que el ministerio público federal proporciona asistencia a las víctimas de la trata.

30.Recientemente se ha adoptado una decisión administrativa a fin de permitir que los migrantes indocumentados que sean víctimas de la trata de personas y otros delitos regularicen su situación en México con objeto de poder ayudar a las autoridades a luchar contra ese problema. Hasta ahora, las víctimas simplemente eran repatriadas. El Gobierno comparte muchas de las preocupaciones manifestadas por organizaciones no gubernamentales, como el Foro Migraciones y Sin Fronteras, y espera con interés colaborar estrechamente con ellos para abordar el problema de la trata. El Instituto Nacional de Migración colabora con otros servicios, incluidas las procuradurías, a fin de que las víctimas de la trata tengan acceso al alojamiento y los servicios médicos y facilitar su cooperación con miras a procesar a quienes se dedican a la trata.

31.Las pandillas de delincuentes denominadas "maras" son un problema para la seguridad nacional de México. El Gobierno ha organizado diversos debates con las autoridades de los países afectados por esa forma de delincuencia organizada internacional. El enfoque del Gobierno para hacer frente a esas pandillas es, como cabe esperar, motivo de preocupación para el Comité, así como para las organizaciones no gubernamentales. Las autoridades de México, los Estados Unidos de América y los países centroamericanos están cooperando desde el punto de vista logístico y de intercambio de datos confidenciales. Ciertamente México tiene interés en garantizar que se respeten los derechos de los acusados de pertenecer a tales pandillas. Lamentablemente se han dado casos de abusos y de corrupción en los servicios migratorios, particularmente a lo largo de la frontera sur. La delegación de México ha puesto a disposición de los miembros del Comité un documento en el que se expone una política integral sobre seguridad en la frontera sur para que ésta sea segura y ordenada y reducir progresivamente al mínimo la discrecionalidad de la autoridad migratoria.

32.El Sistema Integral de Operación Migratoria (SIOM) permite conocer mejor quiénes entran y salen de México como migrantes documentados y ha resultado eficaz para recopilar datos sobre los migrantes indocumentados que cometen delitos en México. Además, el sistema debe permitir que las autoridades estén en mejores condiciones de proteger los derechos de los migrantes y adoptar medidas contra quienes cometan abusos contra ellos. No existe un registro central de los migrantes centroamericanos que se encuentran en las estaciones migratorias. Muchos de los repatriados son enviados directamente a sus países a través de la frontera sur de conformidad con los acuerdos bilaterales concertados entre México y sus países de origen.

33.El Sr. ASFURA PRADO (México) dice que, en general, el establecimiento de mecanismos en los tres ámbitos de gobierno se ha realizado en cooperación con el Instituto Nacional de Migración y otros órganos estatales como el ministerio público federal o la policía federal preventiva con el fin de comprobar la situación jurídica de los migrantes. No se pretende detener o aprehender a las personas en cuestión, sino simplemente preguntarles sobre su situación jurídica y verificar si se encuentran legalmente en México. Si su situación no está regularizada, el instituto es el único órgano autorizado por la ley para asegurar a la persona en cuestión. No obstante, si un extranjero ha cometido un delito tipificado en el Código Penal, el ministerio público federal está autorizado para intervenir. Los extranjeros cuyo único delito consista en no estar regularizados pueden ser sancionados con multas o ser regularizados por el Instituto, que les informa sobre sus derechos y obligaciones en México. El instituto vela estrictamente por que se dispensen la atención y el tratamiento debido a los menores. La separación de los menores de los adultos es una medida preventiva que se adopta para proteger a los primeros física, mental y psicológicamente. Se distingue entre los menores que simplemente atraviesan la frontera y se encuentran en una situación irregular y los que cometen delitos tipificados en el Código Penal.

34.Con arreglo a la legislación mexicana, los menores que hayan cometido delitos no se consideran delincuentes, sino infractores a los que se les dispensa un tratamiento especial. No hay ningún código penal en los niveles federal y estatal que contenga disposiciones para procesar a los menores. Independientemente de su situación migratoria, los menores están protegidos por una ley concreta, a saber, la Ley para el tratamiento de menores infractores, que prohíbe su internamiento en centros penitenciarios para adultos y garantiza que no sean tratados como delincuentes. Los menores infractores son recluidos en centros especiales en los que son sometidos a un tratamiento multidisciplinario especial que incluye los servicios de trabajadores sociales y especialistas en psicología. Ese tratamiento se concentra en sus antecedentes familiares y personales para intentar determinar qué les hizo delinquir.

35.Los menores migrantes, especialmente los procedentes de Honduras, Guatemala y El Salvador, frecuentemente cruzan la frontera sin sus padres, aunque en compañía de otros adultos. Los que no son sospechosos de haber cometido delitos son inmediatamente entregados a las autoridades migratorias, quienes los aíslan de los adultos para protegerlos de la explotación y las presiones. El Instituto Nacional de Migración no escatima esfuerzos para garantizar la dignidad personal de los menores a su cargo.

36.El Sr. ANDRADE SALAVERRÍA (México) dice que, aunque, con arreglo a la Constitución, todas las personas tienen garantizados los mismos derechos, independientemente de su situación migratoria, se permiten algunas excepciones en determinadas disposiciones constitucionales. Por ejemplo, en el caso de los extranjeros que se encuentren en México, la Constitución garantiza el derecho de asociación en organizaciones profesionales, pero incluye también una excepción respecto del derecho a llevar a cabo determinadas actividades políticas. En el artículo 123 de la Constitución se dispone que todas las personas pueden afiliarse a sindicatos. En relación con el artículo 372 de la Ley general de población, que prohibía a los extranjeros formar parte de la directiva de sindicatos, el orador explica que esa disposición dimana inicialmente de la Ley del trabajo, de 1931, y fue incorporada a la versión vigente de la Ley general de población, que data de 1970. La razón de la inclusión de tal disposición obedece aparentemente al objetivo de garantizar que la directiva de los sindicatos de las industrias y sectores estratégicos no incluya a extranjeros. Si un extranjero pasara a ocupar uno de esos cargos, podría impugnarse la validez de la disposición pertinente, recurriendo al recurso de amparo y, de ser necesario, se podría recurrir ulteriormente a la jurisdicción de segunda instancia, que en los asuntos constitucionales es la Suprema Corte de Justicia.

37.México es una federación de 31 Estados y un Distrito federal, que son plenamente soberanos en asuntos internos, aunque han de ajustarse a los principios establecidos en la Constitución federal. Las competencias del Gobierno federal y los Estados figuran en la Constitución; las competencias no asignadas expresamente al Gobierno federal corresponden a los Estados. Si bien la legislación laboral federal es promulgada por el Congreso federal, su aplicación corresponde a la administración federal y de los Estados. En el artículo 123 de la Constitución se establece cuáles son las ramas industriales y los servicios que son competencia exclusiva de las autoridades federales; además, se dispone que el Gobierno federal se encarga de regular la seguridad e higiene en los centros de trabajo y de la capacitación. En la Ley de planeación nacional se establece que el Gobierno federal tiene la obligación de coordinar sus actividades con las de los Estados federales, en particular mediante acuerdos de coordinación. Además, se prevén otros tipos de acuerdos, como, por ejemplo, entre las autoridades federales, y el sector privado, para facilitar la puesta en práctica de los planes de desarrollo del Gobierno federal. Éste está facultado para supervisar las medidas de los Estados cuando les proporciona recursos en efectivo o en especie para programas federales.

38.México ha formulado una declaración interpretativa y una reserva a la Convención. Esta última se basa en el artículo 33 de la Constitución, que posibilita que se deniegue a los extranjeros el derecho a una audiencia. En los últimos años se han presentado varias iniciativas para reformar esa disposición, si bien el procedimiento de reforma de la Constitución resulta bastante complejo, ya que exige una mayoría de dos tercios de ambas cámaras del Congreso y la ulterior ratificación por la mayoría de las legislaturas de los Estados. Según la iniciativa más reciente, se mantendría la posibilidad de denegar el derecho a una audiencia únicamente en los casos en que la persona en cuestión amenazase la seguridad nacional, de conformidad con lo establecido en la legislación. Es de esperar que la disposición en cuestión sea reformada, con lo que la Constitución estará en consonancia con la Convención y con otros instrumentos internacionales de derechos humanos.

39.La Sra. GONZÁLEZ (México) dice que la Ley del trabajo, que está considerada uno de los pilares de la Constitución de México, fue redactada después de la revolución mexicana. Por consiguiente, los debates sobre los proyectos de reforma del artículo 123 han sido arduos y no se han aprobado las reformas correspondientes. Algunas de las reformas del artículo son más controvertidas que otras, aunque todas ellas requieren un amplio debate antes de que pueda alcanzarse un acuerdo.

40.El Sr. VÁZQUEZ SOLÓRZANO (México) dice que en la ley se prevé la detención de los migrantes, que en la práctica corre a cargo de diversos órganos: los agentes migratorios del Instituto Nacional de Migración y la Policía Nacional Preventiva están facultados para practicar detenciones. En la práctica, hay otras autoridades, como la policía municipal, que también llevan a los migrantes indocumentados a las estaciones migratorias.

41.El Sr. CUETO MARTÍNEZ (México) dice que comparte la preocupación del Comité sobre la cuestión de la detención y destaca que la autoridad migratoria es el único órgano legalmente facultado para ocuparse de la migración en México. No obstante, en la Ley general de población se dispone que la Policía Federal Preventiva también puede asegurar a los migrantes si así se lo pide la autoridad migratoria.

42.El Sr. CARRIÓN MENA pregunta sobre el nivel de capacitación, especialmente en relación con los derechos humanos, previsto para los funcionarios autorizados para detener a migrantes.

43.El Sr. ASFURA PRADO (México) dice que los oficiales migratorios no arrestan ni detienen a migrantes, independientemente del modo en que sean llevados al lugar en que son asegurados. Se trata de una cuestión delicada, si bien el hecho de detener a una persona porque sea sospechosa de haber cometido un delito es diferente del hecho de llevar a una persona a una estación migratoria para determinar cuál es su situación. Las estaciones migratorias no son cárceles. No se detiene ni arresta a no nacionales. No obstante, si un no nacional es acusado o resulta sospechoso de la comisión de un delito, es físicamente detenido y puesto a disposición de las autoridades pertinentes. Se prevé aprobar legislación para aclarar la confusión existente sobre esa cuestión.

44.El PRESIDENTE, después de señalar que el Comité necesita determinar cuáles son las mejores prácticas para aplicar la Convención, dice que México, en su calidad de país de envío, tránsito y recepción, puede aportar importantes ejemplos para otros países.

45.Habida cuenta de que en el artículo 25 de la Convención se dispone que los trabajadores migratorios no pueden ser privados de ninguno de sus derechos a causa de irregularidades en su permanencia o empleo, el orador pregunta, en relación con los párrafos 317 a 319 del informe, cuál es la situación de los migrantes indocumentados en México en relación con cuestiones tales como la remuneración, las horas de trabajo y la edad mínima para el empleo.

46.Como se indica en los párrafos 374 a 392 del informe, en relación con la aplicación de los artículos 40, 41 y 42, se establecieron disposiciones para conceder derechos de voto a los mexicanos en el extranjero, aunque no se requiere la intervención de los consulados ni las embajadas. ¿Ha resultado satisfactorio el sistema? Frecuentemente resulta difícil para los migrantes votar en los países en los que no hay embajada ni consulado, razón por la que, si el sistema ha resultado satisfactorio, otros países deben aprender de la experiencia de México.

47.El Sr. BRILLANTES dice que el Departamento de Estado de los Estados Unidos cuenta con un sistema para clasificar a los países en función de su situación de trata de seres humanos, tras de lo cual pregunta acerca del lugar que ocupa México en esa clasificación. Las numerosas leyes que se indican en el informe ponen de manifiesto que México se encuentra en la vanguardia de la lucha contra la trata de seres humanos: ¿cuántas condenas se han impuesto recientemente? Además, el orador desea saber si existe algún sistema de concesión de licencias para que las autoridades puedan determinar cuáles son los agentes y organismos de contratación que se ocupan de los grupos más vulnerables. Asimismo desea saber cuáles son las responsabilidades de esos organismos y qué les ocurre cuando realizan su labor con éxito, pero carecen de licencia.

48.Después de señalar que México cuenta con 40 consulados sólo en los Estados Unidos, el orador pregunta que cuáles son las medidas que pueden adoptar esos consulados para proteger los derechos de los trabajadores mexicanos, particularmente los migrantes indocumentados, cuando sufren abusos por parte de sus empleadores.

49.Por último, el orador pregunta que cuáles son las medidas que el Gobierno de México adopta para proteger y promover el bienestar de los trabajadores en peligro como consecuencia de los desastres naturales, de los disturbios o de la guerra.

50.El Sr. EL-BORAI dice que considera inquietante que los trabajadores extranjeros tengan derecho a afiliarse a sindicatos, pero no a formar parte de su directiva. Pide aclaraciones sobre el lugar jerárquico que ocupan las convenciones ratificadas por México dentro del ordenamiento jurídico mexicano: en particular desea saber si el Convenio Nº 87 de la Organización Internacional del Trabajo relativo a la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación tiene o no tiene prevalencia sobre la legislación nacional.

51.La Sra. DIÉGUEZ dice que el programa de regularización para trabajadores migrantes en el sur del país ha resultado beneficioso y que se ha ampliado a petición del Gobierno de Guatemala. Además, las personas que se encuentran en las estaciones migratorias reciben actualmente tres comidas al día, lo que constituye otro paso adelante.

52.La situación de los niños de los trabajadores migrantes indocumentados resulta especialmente preocupante en las zonas fronterizas, donde muchos niños no están registrados. A este respecto, la oradora dice que agradecería más información sobre la coordinación con el sector privado. Después de señalar que los derechos de los trabajadores no se respetan en algunas explotaciones agrícolas de Chiapas, la oradora pregunta si el Gobierno puede concertar acuerdos con asociaciones de agricultores mexicanos para garantizar los derechos de los trabajadores guatemaltecos.

53.Resulta difícil determinar si los adultos que viajan con niños son realmente sus padres o si los niños están siendo víctimas de la trata de seres humanos. La oradora expresa su reconocimiento por los acuerdos sobre el tema negociados y firmados con el Instituto Nacional de Migración, pero dice que es necesario que esos acuerdos den fruto en la práctica.

54.En lo concerniente al control del comportamiento frecuentemente basado en prejuicios de las autoridades locales, la oradora se pregunta si éstas podrían ser capacitadas a fin de que aplicaran mejor la ley. Tal vez el intercambio de experiencias entre las autoridades de las fronteras del norte y del sur contribuiría a mejorar las relaciones y garantizar los derechos de los migrantes indocumentados.

55.El Sr. CARRIÓN MENA pregunta que cuál es la formación que se imparte para garantizar el traslado de los migrantes a las estaciones migratorias de conformidad con la legislación. Los funcionarios con facultades para el aseguramiento de los migrantes tienen una capacitación escasa; el aumento de sus conocimientos sobre la ley y los derechos humanos contribuiría a que obraran con un mayor grado de justicia y eficacia.

56.El Sr. SEVIM, refiriéndose al párrafo 234 del informe, pregunta sobre los derechos de propiedad de los migrantes. Desearía saber si las restricciones a la propiedad de las tierras y de las aguas dentro de la franja de 100 km a lo largo de las fronteras y de una franja de 50 km a lo largo de las costas están en consonancia con la Convención. ¿Podría liberalizarse esa disposición de la Constitución de México? Además, desearía saber si se aplican restricciones a los bienes raíces dentro de esa zona.

Se levanta la sesión a las 18.00 horas.

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