29° período de sesiones
Acta resumida de la 625ª sesión
Celebrada en la Sede, Nueva York, el lunes 14 de julio de 2003, a las 15.00 horas
Presidenta:Sra. Açar
Sumario
Examen de los informes presentados por los Estados Partes en virtud del artículo 18 de la Convención (continuación)
Quinto informe periódico de Nueva Zelandia
Se declara abierta la sesión a las 15.05 horas.
Examen de los informes presentados por los Estados Partes en virtud del artículo 18 de la Convención (continuación) (CEDAW/C/NZL/5; CEDAW/PSWG/2003/II/CRP.1/Add.5 y CEDAW/PSWG/2003/II/CRP.2/Add.4)
Quinto informe periódico de Nueva Zelandia (continuación)
Por invitación de la Presidenta, los miembros de la delegación de Nueva Zelandia se sientan nuev a mente a la Mesa del Comité.
La Presidenta invita a los miembros del Comité a que sigan formulando preguntas y observaciones.
Artículos 10 a 14
La Sra. Khan pregunta por qué la participación en la vida pública de las mujeres maoríes, del Pacífico y de otras minorías es menor que la de las blancas y por qué está disminuyendo el porcentaje de participación política de algunos grupos, en particular de las mujeres maoríes. Convendría que se precisaran los requisitos necesarios para acceder a la licencia de maternidad remunerada, en particular para las mujeres pluriempleadas, y el porcentaje de mujeres pertenecientes a minorías que no reúnen las condiciones para recibir esa prestación. Las mujeres siguen predominando en ciertos puestos de trabajo mal remunerados, por ejemplo entre el personal de los servicios de salud y el personal administrativo, pese a que el nivel de educación superior de hombres y mujeres es relativamente similar. Sería de agradecer que se facilitara más información sobre las medidas adoptadas por el Gobierno de Nueva Zelandia para eliminar la segregación horizontal y vertical en el mercado de trabajo y las diferencias de remuneración. Sería interesante disponer de información más detallada sobre el grado de conocimiento de la Ley de derechos humanos entre las mujeres pertenecientes a minorías y sobre la medida en que se han beneficiado de ella.
E l Sr. Melander, tras advertir que una sexta parte de las mujeres que presentaron denuncias por acoso sexual ante la Comisión de Derechos Humanos fueron despedidas, pregunta si el Gobierno de Nueva Zelandia ha adoptado medidas legislativas para evitar que las denunciantes pierdan su empleo. No está claro si ha llegado a los tribunales alguna denuncia por disparidad de remuneración y, de haber llegado, a quién correspondió la carga de la prueba, al empleador o al empleado. Sería útil también saber si las partes que recurren a negociaciones colectivas para solucionar las controversias relacionadas con las diferencias salariales actúan de buena fe.
La Sra. Saiga desea saber las razones de que haya aumentado el número de trabajadoras a tiempo parcial. No está claro si se ha incluido a los trabajadores a tiempo parcial en el plan de licencia parental.
La Sra. Achmad, haciendo alusión a las diferencias entre los sexos en materia de educación, pregunta qué medidas se han adoptado para eliminar los estereotipos y fomentar la participación igualitaria de hombres y mujeres en la vida pública y privada por medio de los planes de estudios y las agrupaciones juveniles, que, en última instancia, beneficiarán tanto a los hombres como a las mujeres.
La Sra. Schöpp-Schilling pregunta si en la Ley de igualdad de oportunidades se fijan objetivos relativos a las mujeres en el sector privado. La oradora encomia la legislación neozelandesa relativa a la licencia parental y solicita más información sobre los requisitos que deben cumplir las trabajadoras eventuales para tener derecho a la licencia de maternidad y otras prestaciones de la seguridad social. Sería interesante saber si se contempla eliminar los topes en los pagos por concepto de licencia parental, porque el dinero que dejan de percibir disuade a muchos hombres de tomarla. La oradora agradecería recibir más información sobre la igualdad salarial y sobre si entre los cometidos de los grupos de trabajo mencionados en el informe de Nueva Zelandia está investigar si se recibe igual remuneración por trabajo de igual valor.
La Sra. Belmihoub-Zerdani no entiende por qué los intereses de los préstamos a estudiantes son más altos para las mujeres que para los hombres. Por ejemplo, los hombres tardan 17 años en devolver un préstamo de 20.000 dólares y las mujeres casi 51 años. La oradora agradecería que se facilitara más información sobre la legislación promulgada a fin de eliminar las diferencias de remuneración por trabajos de igual valor, que oscilan entre el 15% y el 17% en el sector público, y sobre si ha llegado a los tribunales algún caso de discriminación salarial.
La Sra. Manalo pregunta qué iniciativas ha puesto en marcha el Gobierno para reducir las desigualdades entre hombres y mujeres en los préstamos a estudiantes, y solicita más información sobre las medidas legislativas adoptadas para abordar el problema de los salarios bajos, la precariedad laboral de los trabajadores eventuales y las diferencias de remuneración entre hombres y mujeres. Debería proporcionarse más información sobre las medidas que ha tomado Nueva Zelandia para extender por igual a todas las mujeres la licencia parental remunerada, para garantizar el cumplimiento de lo dispuesto en el Convenio 183 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre la protección de la maternidad. La oradora agradecería disponer de más detalles sobre las necesidades de salud de las familias con bajos ingresos y las medidas adoptadas para tratar de resolver los problemas de la falta de viviendas adecuadas, el desempleo y la pobreza. Por último, el Gobierno de Nueva Zelandia debería explicar qué medidas ha tomado para poner remedio a las crecientes disparidades en materia de salud que existen entre las mujeres blancas y las mujeres maoríes, del Pacífico y de otras minorías.
La Sra. Dyson (Nueva Zelandia) afirma que su Gobierno ha fijado objetivos y ha puesto en marcha iniciativas encaminadas a incrementar la tasa de empleo entre los migrantes recientes y las personas maoríes y del Pacífico. Entre 1996 y 2001, la tasa de empleo de las trabajadoras migrantes aumentó un 7,5% y la de desempleo se redujo en casi un 3%. Las disparidades persisten, pero son cada vez menores. El bajo nivel de estudios es la causa de la alta tasa de desempleo entre las mujeres maoríes y del Pacífico, pero las acciones emprendidas para que las mujeres de estas minorías cursen estudios superiores, como por ejemplo la creación de las wänanga (instituciones maoríes privadas de enseñanza superior), han incrementado su nivel de estudios y mejorarán su tasa de empleo a largo plazo.
Después de largas deliberaciones, el Gobierno decidió que el plan de licencia parental fuera financiado por el Estado y no por los empleadores. Los requisitos para disfrutar de la licencia parental remunerada se determinaron en función de los recursos disponibles. Se realizó un estudio de la licencia parental remunerada para comprobar si las mujeres con derecho a ella o sus parejas se habían acogido al plan y para determinar a quiénes cubriría el programa. En el examen, se prestó una atención especial a las trabajadoras autónomas y a las mujeres que habían tenido más de un empleador durante un período de 12 meses, la mayoría de las cuales eran trabajadoras mal remuneradas o pertenecientes a minorías como la maorí o la del Pacífico, y se estudió la posibilidad de ampliar la duración del período de licencia remunerada, que es de 12 semanas.
Gracias a la Ley de relaciones de empleo, las organizaciones patronales y los sindicatos están llegando a acuerdos de buena fe con mayor rapidez que antes. Sigue habiendo empleados vulnerables tras 10 años de liberalización del mercado de trabajo y escasa protección sindical. Aunque se han denunciado casos de incumplimiento de la buena fe, la mediación conforme a la legislación de las relaciones de empleo ha contribuido a mitigar la confrontación en las relaciones laborales y a resolver controversias en otras esferas, como los derechos humanos o el medio ambiente. Se ha fomentado la mediación como alternativa al litigio en todos los ámbitos de conflicto.
La protección de la libertad de religión está consagrada en la Carta de Derechos y la Ley de derechos humanos de Nueva Zelandia. A raíz de los atentados terroristas del 11 de septiembre en los Estados Unidos, las mujeres musulmanas, y en particular las niñas, han sido objeto de hostigamiento en Nueva Zelandia. El Comisario de Derechos Humanos y el Comisario para las Relaciones entre las Razas han cooperado en los planos local y nacional para ayudar a las comunidades afectadas. El Gobierno de Nueva Zelandia ha puesto en marcha campañas para que las mujeres conozcan los derechos que les corresponden en virtud de la Ley de derechos humanos y la Ley de relaciones de empleo. La Comisión de Derechos Humanos, en colaboración con las oficinas locales de asesoramiento a los ciudadanos, ha atendido consultas sobre derechos humanos y las ha remitido a las instancias pertinentes.
Un estudio de las denuncias presentadas ante la Comisión de Derechos Humanos y el Tribunal Laboral reveló que las mujeres víctimas de acoso sexual tienden a acogerse al proceso de solución de diferencias de la Comisión de Derechos Humanos, mientras que los hombres condenados por actos de acoso sexual suelen plantear las reclamaciones contra sus empleadores ante el Tribunal Laboral.
La Comisión sobre la Igualdad de Oportunidades de Empleo y el Fondo para la Igualdad de Oportunidades de Empleo se crearon para cooperar con el sector privado en las cuestiones relativas al empleo de la mujer. El Fondo de Fomento de la Mujer Maorí se estableció en 1987 para conceder a las mujeres que deseaban crear pequeñas empresas una línea de crédito de 20.000 dólares. Las trabajadoras autónomas maoríes son el grupo que más ha crecido de todos los grupos de género del mercado laboral en su conjunto.
La delegación de Nueva Zelandia reconoce que los topes impuestos a la licencia parental remunerada podrían disuadir a algunos padres de acogerse a ella, sobre todo dadas las persistentes diferencias salariales entre hombres y mujeres. El Estado ha asignado abundantes recursos a la Ley de licencia parental y protección del empleo y tiene previsto ampliarla en un futuro próximo.
El Grupo de Trabajo sobre la igualdad de remuneración y de empleo se encarga de estudiar los programas de la igualdad de oportunidades ejecutados con éxito en otros países para ver qué se podría aplicar a Nueva Zelandia. El Grupo de Trabajo trata de lograr que los ciudadanos comprendan y apoyen sus iniciativas legislativas. Tiene previsto presentar un informe sobre los sectores de la salud pública y la educación a finales de año.
Con respecto a las diferencias en los préstamos a estudiantes, el Gobierno de Nueva Zelandia llegó a un acuerdo en 2000 con las instituciones de enseñanza superior para congelar los derechos de matrícula y para que ningún estudiante o trabajador a tiempo parcial de bajos ingresos tuviera que pagar intereses por los préstamos. La mayor proporción de los reembolsos se consagra al reembolso del principal y no de los intereses, para aliviar la carga de la deuda total. En vista de las diferencias entre hombres y mujeres en los préstamos a estudiantes y la ayuda financiera, Nueva Zelandia ha adoptado recientemente una política de “máximo de derechos abonables”, conforme a la cual las instituciones de enseñanza superior sólo pueden subir los derechos de matrícula con el visto bueno del Gobierno y en una proporción nunca superior a la tasa de inflación. Esta medida tiene por objeto mejorar el limitado sistema de ayuda a los estudiantes.
La oradora toma nota de la preocupación que suscita el incremento del trabajo eventual y a tiempo parcial, en especial por sus repercusiones en el equilibrio entre la vida laboral y la vida familiar, aunque se muestra convencida de que las dificultades pueden superarse. Uno de los principios fundamentales de la política de su Gobierno en los sectores de la salud, el empleo y los ingresos es que los tres sectores están interrelacionados y son interdependientes. Es cierto que las mujeres maoríes y del Pacífico están en desventaja en cuanto a ingresos y salud, pero la Estrategia de Salud de Nueva Zelandia fue concebida precisamente para mejorar la salud de la población teniendo en cuenta las necesidades específicas de cada distrito y para eliminar las desigualdades, en particular en los distritos maoríes o del Pacífico. Se han definido puntos de intervención y puesto en práctica programas basados en prácticas recomendadas para ayudar a las Juntas de Salud de Distrito a atender las necesidades de las poblaciones maoríes y del Pacífico. También se están creando indicadores para evaluar los resultados de los programas.
La oradora está de acuerdo con los comentarios sobre el número de mujeres despedidas después de presentar denuncias por acoso sexual y destaca que la Ley de derechos humanos de 1993 garantiza la protección de su empleo a las mujeres que interponen denuncias. Una explicación posible es que muchas empresas grandes tienen estructuras y procedimientos internos para ocuparse de las denuncias de acoso sexual sin necesidad de recurrir a la Ley de derechos humanos. En las empresas pequeñas, las demandantes, normalmente jóvenes y con poca antigüedad en la empresa, que afirman haber sido acosadas por empleados de mayor edad, a menudo directivos, encuentran difícil y poco grato seguir en un trabajo en el que se sienten amenazadas.
La Sra. Popescu Sandru encomia el acierto de Nueva Zelandia en la formulación de políticas encaminadas a atender las necesidades de categorías específicas de mujeres, especialmente de las más vulnerables. La oradora pregunta si la función del Comisario para la Igualdad de Oportunidades en el Empleo es similar a la de un defensor del pueblo, que estaría autorizado, por ejemplo, a recibir y tratar de resolver quejas. Si bien la oradora celebra la reestructuración de los servicios de salud para adoptar un modelo más comunitario que tenga en cuenta las necesidades de las diferentes regiones, teme que pueda dar origen a desigualdades en la prestación de los servicios de salud y pregunta si existe alguna estructura que garantice el buen funcionamiento y la supervisión del sistema de salud, mediante, por ejemplo, la puesta en común de prácticas recomendadas y la reunión de estadísticas. La oradora pregunta, además, si existen medidas concretas para crear capacidad local y financiar las Juntas de Salud de Distrito.
La Sra. Tavares da Silva insiste en que el sistema de préstamos a estudiantes es discriminatorio. Las personas más afectadas por el sesgo que presenta son las de bajos ingresos y las que tienen que dejar de trabajar de vez en cuando —en otras palabras, las mujeres. Es importante eliminar todo sesgo de género.
La Sra. Kwaku agradecería recibir más información sobre las medidas previstas para atender las necesidades de las mujeres del medio rural y lograr que tengan acceso a un nivel razonable de servicios. Podrían contemplarse medidas especiales de carácter temporal como ofrecer incentivos para atraer a médicos generalistas a las zonas rurales y retenerlos allí o subvencionar los servicios de guardería de manera que las mujeres del medio rural puedan encontrar empleo e incrementar sus ingresos.
La Sra. Morvai manifiesta su satisfacción por la Ley de salud pública y discapacidad de Nueva Zelandia de 2000 y la Encuesta sobre Discapacidad en el Hogar de 2001, y pregunta qué acciones se han programado para atender las necesidades específicas de las mujeres con discapacidad. En particular, la oradora encuentra preocupante que, según el informe, las mujeres discapacitadas reciban menos asistencia a domicilio que los hombres y que las que tienen hijos a su cargo no reciban ayudas especiales, como servicios de guardería asequibles. Agradecería recibir información sobre la manera en que el Gobierno se propone abordar esos problemas.
La Sra. Patten, tras advertir que las diferencias entre los ingresos medios por hora de trabajo en horario normal de hombres y mujeres son mayores en el sector público que en el privado, pregunta qué medidas se van a adoptar para eliminar estas diferencias en el sector público y cómo se aplicará y se supervisará el cumplimiento de la nueva legislación en materia de empleo en el sector privado, en particular la relativa a las trabajadoras ocasionales, a tiempo parcial o temporales. La oradora agradecería recibir más información sobre las conclusiones de la evaluación de tres años de duración de la Ley de relaciones de empleo de 2000 y, en particular, sobre sus consecuencias para las mujeres y la medida en que ha contribuido a eliminar las desigualdades. Por último, se pregunta si existen mecanismos para asesorar a las personas que van a firmar un contrato de trabajo y, en caso afirmativo, si las mujeres recurren a ellos.
La Sra. Gnancadja celebra la creación del Ministerio de Asuntos Rurales, aunque insiste en la necesidad de adoptar medidas prácticas para proteger los intereses de las mujeres del medio rural, como por ejemplo sus derechos de propiedad y sucesión. Deben asignarse los recursos necesarios para la prestación de servicios en las zonas rurales. La Ley de enmienda de la Ley de bienes gananciales de 2001 es otro paso adelante, pero tiene que cumplirse en la práctica y debe informarse a las mujeres del medio rural de su contenido. La oradora agradecería recibir más información sobre el Fondo de Promoción de la Mujer Maorí.
La Sra. Khan observa con preocupación la situación de las mujeres pluriempleadas que no tienen derecho a la licencia de maternidad y otras prestaciones de la seguridad social por no trabajar un mínimo de 10 horas a la semana para un mismo empleador. También se pregunta si la Ley de derechos humanos de 1993 establece que las reclamaciones se financien con fondos públicos. Además, pide información sobre el número de reclamaciones presentadas en los sectores público y privado. Aplaude la iniciativa del Estado Parte de asignar un valor económico al trabajo no remunerado, confía en que entrañe importantes consecuencias para la política pública y se pregunta si se ha previsto alguna forma de compensación para el trabajo no remunerado de las mujeres. En la esfera de la salud, pide más información sobre las razones del elevado índice de suicidios entre las mujeres jóvenes, en especial entre las maoríes.
La Presidenta, hablando a título personal y poniendo de relieve que la delegación usa el adjetivo “equitativo” al referirse, por ejemplo, a la remuneración y al empleo, señala que el Comité prefiere hablar de “igualdad” y pide que la delegación explique su interpretación de esos términos.
La Sra. Dyson (Nueva Zelandia) confirma que, en muchos casos, las personas pluriempleadas no reúnen las condiciones necesarias para recibir la licencia parental, pero afirma que se está estudiando la situación. Una madre soltera con varios empleos tiene derecho a otra prestación distinta de la seguridad social. Se han presentado reclamaciones al amparo de la legislación de derechos humanos aplicable al sector público en relación con la edad de jubilación, las pensiones, las desigualdades en las prestaciones por incapacidad como consecuencia de lesiones o enfermedades, la negación de determinadas prestaciones sociales a mujeres cuyos cónyuges tienen ingresos y las desigualdades en las desgravaciones fiscales por hijo en función de la fuente de ingresos. La legislación de derechos humanos también es aplicable al sector privado.
En relación con la encuesta sobre el empleo del tiempo en Nueva Zelandia (CEDAW/C/NZL/5, pág. 38), no se ha adoptado decisión alguna en cuanto a la incorporación de las conclusiones a un modelo económico. Sin embargo, se han realizado estudios, entre otras cosas, sobre la disposición relativa al cuidado de otras personas. Por ejemplo, una persona que cuida de un familiar no tiene derecho a una compensación del Estado, pero si es un vecino quien cuida a ese familiar, sí tiene derecho a una compensación. Los datos sobre el número de personas en esa situación y el costo aproximado de concederles una compensación aún no se han concretado en una propuesta sobre cómo incluir el valor económico del trabajo no remunerado en la contabilidad nacional.
Gracias a programas comunitarios de amplio alcance y al apoyo comunitario, Nueva Zelandia ha logrado reducir la tasa de suicidio juvenil, que fue durante mucho tiempo una de las más altas del mundo. Ahora se está intentando resolver el grave problema del suicidio de adultos de avanzada edad, tratando de educar y concienciar a la población, con medidas como la eliminación del estigma asociado a la depresión y a las enfermedades mentales.
El grupo de trabajo que estudia las diferencias de remuneración entre hombres y mujeres en el sector público, en particular en los sectores de la salud y la educación, tiene previsto presentar sus conclusiones a la Ministra a finales de año. Sus recomendaciones se comunicarán también al sector privado. El Ministerio de Trabajo todavía no ha presentado su evaluación de la Ley de relaciones de empleo de 2000.
En respuesta a las preguntas sobre las mujeres del medio rural, la oradora explica que se han adoptado numerosas medidas especiales de carácter temporal de apoyo a las comunidades rurales, como dedicar fondos especiales a atraer a médicos generalistas a las zonas rurales y a contratar sustitutos para que puedan tomarse breves descansos. Según la iniciativa de servicios rurales, los principales organismos y dependencias oficiales prestan sus servicios a la población rural en una única sede, con el consiguiente ahorro en gastos de teléfono y de desplazamientos para la población, que además puede ponerse en contacto con todos los organismos públicos llamando a servicios telefónicos gratuitos. Se está intentando ampliar la información disponible en los sitios web del Estado y, al mismo tiempo, aumentar la capacidad de los usuarios de los sitios web que viven en zonas rurales. La ley garantiza la igualdad de derechos de hombres y mujeres en materia de propiedad de las tierras y la discriminación de facto en la sucesión prácticamente ha desaparecido. El Comisario para la Igualdad de Oportunidades en el Empleo, cargo creado recientemente en el seno de la Comisión de Derechos Humanos, ha comparado las normas nacionales con las convenciones y referencias internacionales con objeto de establecer prácticas recomendadas en todas las esferas relacionadas con el empleo, desde la selección de personal, la protección del empleo y los ascensos, hasta la jubilación y la prevención de los estereotipos. El acceso al mercado de trabajo se considera un derecho.
Las autoridades nacionales conservan el poder de decisión y la responsabilidad general en lo que se refiere a la prestación de los servicios de salud para asegurar la coherencia y reducir al mínimo los conflictos de competencia entre las 21 Juntas de Salud de Distrito creadas al reestructurar el sistema de salud neozelandés.
La oradora agradece los elogios de la Sra. Morvai a la Estrategia de Nueva Zelandia sobre la Discapacidad. Las personas con discapacidad se sienten impotentes ante la actitud de la sociedad hacia ellas y están discriminadas en el empleo y en el acceso a préstamos y otras ayudas financieras. Nueva Zelandia tiene un sólido sistema de servicios de asistencia domiciliaria y de guardería, pero las mujeres casadas discapacitadas no tienen derecho a recibir ayudas públicas y, como consecuencia, dependen económicamente de sus maridos. Además, las mujeres con discapacidad ven su condición como un impedimento para cuidar o adoptar niños aunque la ley no se lo impida. Cabe destacar que Nueva Zelandia ha tenido un papel destacado en la promoción de una convención de las Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con discapacidad.
En cuanto a la aclaración solicitada del uso del término “equitativo”, la oradora explica que en Nueva Zelandia el término “remuneración equitativa” indica “igualdad de retribución en el empleo” o “igual remuneración por trabajo de igual valor”.
Artículos 14 y 16
La Sra. Šimonović pide una aclaración sobre las tendencias en la elección de apellido por parte de las mujeres al contraer matrimonio, esbozadas en la página 175 del informe, y sobre los matrimonios de adolescentes y los matrimonios convenidos (CEDAW/C/NZL/5, pág. 176). Además, se pregunta si el Estado Parte ha intentado educar a los refugiados y otros grupos que perpetúan esa práctica, y cómo se puede demostrar que un menor ha dado su consentimiento en los matrimonios convenidos contraídos bajo coacción.
La Sra. Patten pregunta por los mecanismos que se han establecido para lograr la aplicación plena de la Ley de enmienda de la Ley de bienes gananciales de 2001 y por la sensibilidad a las cuestiones de género por parte de los jueces, que tienen una amplia facultad discrecional a la hora de fijar la cuantía de las indemnizaciones y las pensiones alimenticias en los casos de disolución del matrimonio o de la relación. ¿Se imparte formación continua a las autoridades judiciales y policiales? La oradora pide también información sobre el presupuesto de la Estrategia de Nueva Zelandia de Prevención de la Violencia en la Familia y pregunta si se han evaluado sus efectos.
La Sra. Gnancadja, refiriéndose al artículo 15, pregunta si la reducción de las costas de algunos tribunales civiles supone realmente alguna diferencia, teniendo en cuenta que han aumentado las del Tribunal de Apelación, que es el segundo más alto tribunal neozelandés, y las de los tribunales de distrito, de los que forma parte el Tribunal de Familia. Además, desea saber si se presta asistencia letrada en las causas penales, además de las civiles, y qué proporción de las costas totales por causa cubre la subvención media de 1.500 dólares. Al aplicar las recomendaciones formuladas en el estudio “Women’s Access to Legal Services” parece que se está poniendo más énfasis en revisar la legislación vigente que en adoptar medidas concretas con las que se obtendrían resultados tangibles.
En cuanto a la cuestión del estado civil contemplada en el artículo 16, la oradora teme que las garantías de los ciudadanos consignadas en la Ley de la Carta de Derechos de Nueva Zelandia puedan verse socavadas por la facultad de los jueces y las autoridades del Estado de interpretar la ley y de someter los derechos y libertades a los límites razonables que disponga la ley y que se puedan justificar de manera demostrable en una sociedad libre y democrática (CEDAW/C/NZL/5, apéndice III, párr. 94, pág. 217).
¿Cómo se asegura el Estado de que los procesos de solución de diferencias están sometidos al control de las propias partes? ¿Existen mecanismos prejudiciales o extrajudiciales a tal fin? Además, si bien en el informe se especifican los remedios de las reclamaciones relativas a la legislación, las políticas o las prácticas del Estado, nada se dice de los remedios de las reclamaciones relativas a personas.
La Sra. Manalo, en referencia al artículo 15, se pregunta sobre la asignación de recursos para abordar las cuestiones tratadas en el estudio “Women’s Access to Legal Services” y otros informes de la Comisión General de Codificación de Nueva Zelandia. Desearía conocer los pormenores de los planes del Gobierno para aplicar las recomendaciones que figuran en esos informes. También desearía recibir información sobre la estrategia del Gobierno para determinar y atender las necesidades de las personas de diferente orientación sexual y sobre los progresos realizados en relación con su condición jurídica.
En relación con el artículo 16, Nueva Zelandia debería indicar las medidas que ha adoptado el Gobierno para proteger al Tribunal de Familia, la seguridad de los jueces y la intimidad de las partes interesadas de las reacciones violentas de los grupos que defienden los derechos de los hombres. Por último, la oradora pide garantías de que se están dedicando fondos suficientes a supervisar la aplicación de la Ley de bienes gananciales.
La Sra. Dyson (Nueva Zelandia), en respuesta a la Sra. Gnancadja, dice que, históricamente, los instrumentos relativos a los derechos humanos y a la discriminación sólo eran aplicables al sector privado y que, al adaptarlos al sector público y asignar recursos a tal fin, se había encontrado el justo equilibrio entre unos derechos en conflicto y las responsabilidades de los distintos grupos y personas. La disposición sobre los “límites razonables que disponga la ley y que se puedan justificar de manera demostrable en una sociedad libre y democrática” se funda en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
La oradora reconoce que Nueva Zelandia no está plenamente satisfecha con la representatividad y diversidad de la judicatura y que está intentando aumentarlas cambiando el procedimiento de designación de jueces. Los jueces reciben capacitación sobre las cuestiones de género todos los años. No se han examinado casos suficientes como para determinar si convendría enmendar a su vez la innovadora Ley de enmienda de la Ley de bienes gananciales de 2001. No obstante, el compromiso del Gobierno con su aplicación efectiva es firme y está supervisándola atentamente. El Tribunal de Familia pone mediadores a disposición de las partes para que resuelvan sus diferencias de forma amistosa. En la actualidad, el Gobierno está analizando el sistema de asistencia letrada para determinar si la prestación media de 1.500 dólares por concepto de asistencia es suficiente para asegurar el acceso al sistema judicial.
En respuesta a la Sra. Šimonović, la oradora asegura que la parte del informe dedicada a los apellidos no pretende analizar las tendencias, sino exponer de forma objetiva el hecho de que las mujeres han adoptado tradicionalmente el apellido de sus maridos al contraer matrimonio pero que ahora existen otras opciones, como la de unir los dos apellidos con un guión o la de que el marido adopte el apellido de su esposa. En la actualidad, el número de matrimonios convenidos de adolescentes es muy bajo. Aun así, el Gobierno continúa expresando su rotunda oposición a toda forma de matrimonio contraído bajo coacción. En cuanto a las preguntas de la Sra. Manalo, además de las disposiciones de la Ley de enmienda de la Ley de bienes gananciales relativas a las relaciones homosexuales, el Gobierno está estudiando toda la cuestión del estado civil. El Gabinete se planteará próximamente la posibilidad de legalizar las relaciones y las uniones civiles homosexuales.
Para contrarrestar la presión de los grupos que defienden los derechos de los hombres, Nueva Zelandia intenta prestar en todo momento una atención especial a los hijos de relaciones o matrimonios disueltos. Entre otras medidas, está modernizando la terminología empleada en la legislación, ya que términos como “custodia” o “acceso” son más aplicables a los bienes que a los hijos. También está financiando la supervisión del acceso de los cónyuges a los hijos y facilitando las negociaciones en materia de responsabilidad parental en situaciones enconadas.
La Presidenta celebra que el Estado Parte haya retirado su reserva al apartado b) del párrafo 2 del artículo 11 de la Convención y que reafirme su compromiso de aplicar la Convención, demostrado con acciones como la ratificación del protocolo facultativo. Además, expresa su satisfacción por la amplia difusión que tienen en Nueva Zelandia las disposiciones de la Convención, por la incorporación ejemplar del análisis de las cuestiones de género en las políticas estatales del que fue el primer país en conceder el derecho de voto a la mujer en el siglo XIX, y por la presencia de un número extraordinariamente alto de mujeres en altos cargos políticos. El Comité espera que Nueva Zelandia adopte las medidas oportunas para rectificar el reciente descenso de la representación de la mujer en los estamentos superiores del poder político y judicial, y para incrementar su presencia en los niveles superiores de los sectores económico y educativo.
El Comité habría agradecido conocer más en detalle la repercusión de las medidas encaminadas a eliminar los estereotipos y proteger los derechos humanos de las mujeres indígenas y pertenecientes a minorías. Nueva Zelandia no debe escatimar esfuerzos por garantizar los derechos de las mujeres pertenecientes a grupos indígenas o minorías cuyas tradiciones incluyen prácticas discriminatorias y, a tal fin, debe supervisar atentamente la aplicación de las políticas nacionales a nivel local. En el informe periódico siguiente, se deberá incluir información sobre las repercusiones de su sistema de delegación de atribuciones.
El Comité espera con interés conocer los resultados de las políticas gubernamentales encaminadas a lograr el acceso en condiciones de igualdad de las mujeres maoríes a la educación, los servicios de salud y el empleo. Además, el Comité destaca la extraordinaria colaboración del Estado Parte con organizaciones no gubernamentales en la elaboración de su quinto informe periódico y del Plan de Acción para la Mujer de Nueva Zelandia, y aplaude la creación de la figura del Comisario para la Igualdad de Oportunidades en el Empleo, pese a mantener ciertas reservas con respecto a sus atribuciones. El Comité sigue observando con preocupación las consecuencias para la mujer de los sistemas de préstamos a estudiantes y acoge con agrado la buena disposición del Estado Parte a abordar esa cuestión. El Comité espera, asimismo, que se tomen medidas eficaces para acabar con la segregación en función del género en el mercado de trabajo y las diferencias de remuneración entre hombres y mujeres.
Para terminar, la Presidenta señala que el Comité tiene previsto celebrar una reunión en Nueva Zelandia con objeto de facilitar el proceso de presentación de informes de los Estados insulares del Pacífico y que espera que el Gobierno de Nueva Zelandia continúe apoyando esa iniciativa.
Se levanta la sesión a las 17.05 horas.