Comité de Derechos Humanos

143 er período de sesiones

Ginebra, 3 a 28 de marzo de 2025

Tema 6 del programa provisional

Examen de los informes presentados por los Estados partes en virtud del artículo 40 del Pacto

Respuestas de Mongolia a la lista de cuestiones relativa a su séptimo informe periódico * **

[Fecha de recepción: 5 de febrero de 2025]

Marco constitucional y jurídico de la aplicación del Pacto (art. 2)

Respuesta a la cuestión 1

1.Para garantizar la aplicación del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y sus Protocolos Facultativos en los procedimientos judiciales, el Tribunal Supremo de Mongolia adoptó la resolución núm. 11 en su sesión plenaria de 2022. En su observación oficial sobre el artículo 1.10, párrafo 2, del Código Penal, dicha resolución se refiere explícitamente al “...artículo 15, párrafo 1, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que dispone: ‘Nadie será condenado por actos u omisiones que en el momento de cometerse no fueran delictivos según el derecho nacional o internacional’. Tampoco se impondrá pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito. Si con posterioridad a la comisión del delito la ley dispone la imposición de una pena más leve, el delincuente se beneficiará de ello’”.

2.Por otro lado, el Tribunal Supremo de Mongolia revisó y resolvió cuatro causas en 2023, en virtud de su jurisdicción de supervisión, aplicando las disposiciones del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

Institución nacional de derechos humanos (art. 2)

Respuesta a la cuestión 2

a)Sírvanse consultar al respecto el párrafo 4 del séptimo informe periódico.

3.La Ley de la Comisión Nacional de Derechos Humanos de Mongolia establece con claridad los motivos legales que amparan la remoción, revocación de plena autoridad y despido de sus miembros. La ley dispone, por ejemplo, que un miembro de la Comisión puede ser relevado de sus funciones si decide presentarse a elecciones nacionales o locales, cambiar de trabajo o puesto, solicita su propio cese en razón de problemas de salud u otros motivos razonables que lo incapaciten para el desempeño de sus funciones, alcanza la edad máxima límite establecida para los empleados públicos o se enfrenta a cargos penales. En este último caso, su autoridad puede ser suspendida, para ser posteriormente restablecida o cancelada, dependiendo de la resolución que dicte el tribunal competente acerca de su culpabilidad o inocencia.

b)Para garantizar el funcionamiento eficaz de la Comisión, la ley dispone que su estructura, personal y presupuesto deben ser aprobados, que el jefe y el personal de la Oficina de la Comisión deben ser funcionarios de la administración del Estado y contar con empleados provinciales a tiempo completo, que debe disponer de locales propios, y que los fondos necesarios para el desempeño independiente de sus actividades deben proceder del presupuesto anual de la Comisión. El presupuesto público de la Comisión pasó de 2.600 millones de togrogs en 2022 a 5.000 millones en 2023, y a 5.200 millones en 2024. También se incrementó el número de puestos de trabajo, que pasó de 49 en 2020 a 82 en 2024, y se introdujeron mejoras en el marco jurídico.

c)El capítulo 4 de la ley mencionada describe los procedimientos que rigen la recepción, la investigación y la resolución de las denuncias e informaciones presentadas. Establece a su vez el derecho de los ciudadanos mongoles a presentar, individual o colectivamente, quejas e información relativas a violaciones de los derechos humanos y las libertades garantizados por la Constitución de Mongolia, las leyes nacionales y los tratados internacionales. También prescribe el formato, los requisitos y los plazos que debe respetar la tramitación de dichas denuncias, así como la plena autoridad de los miembros de la Comisión en el marco del proceso de tramitación, investigación y resolución de estos asuntos.

d)El artículo 28 de la ley estipula que las organizaciones, los funcionarios y las personas jurídicas deben ceñirse a las directrices y recomendaciones dictadas por los miembros de la Comisión. Deben aplicar estas directrices y responder por escrito en un plazo de 30 días tratándose de los requisitos y de 60 días en el caso de las recomendaciones. Si no se adoptan medidas, cabe la posibilidad de presentar una propuesta a la autoridad o funcionario competente para que destituya al funcionario, revoque la autorización de la persona jurídica o suspenda sus operaciones. En caso de inacción prolongada, se puede degradar al funcionario, suspender el permiso de la persona jurídica o detener sus actividades hasta lograrse el cumplimiento.

Medidas de lucha contra la corrupción (arts. 2 y 25)

Respuesta a la cuestión 3

a)Las enmiendas al Código Penal han introducido penas más estrictas para castigar los delitos relacionados con la corrupción. Entre sus principales disposiciones figuran la supresión de las medidas de amnistía o indulto para los delitos de corrupción, la confiscación de bienes e ingresos derivados de actividades delictivas en virtud de decisiones judiciales (con independencia de la expiración del plazo de prescripción), y la suspensión del plazo de prescripción de delitos cometidos por funcionarios con inmunidad legal hasta la finalización de su mandato, fecha a partir de la cual se reanuda el cómputo. Desde 2023, el Tribunal Supremo y la Oficina del Tribunal Supremo implementan un programa de educación jurídica pública destinado a prevenir y concienciar sobre la corrupción. En el marco de esta iniciativa se han elaborado 51 materiales educativos, entre carteles, vídeos, artículos y animaciones. Por otro lado, el 13 de octubre de 2023, se estableció el “Comité Asesor de Ética Judicial” en la reunión ordinaria de la Junta Directiva de la Asociación de Jueces de Mongolia. Este Comité tiene la responsabilidad de elaborar una guía ética y llevar a cabo programas de formación conexos. A su vez, la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo organizó el 13 de mayo de 2024, en colaboración con la Academia de Formación, Investigación e Información Judicial, una formación en línea dedicada a los Principios de Bangalore sobre la Conducta Judicial, a la que asistieron 342 jueces.

b)Para reforzar la aplicación de la Ley de Lucha contra la Corrupción, promover la colaboración intersectorial y garantizar la transparencia, la apertura y la equidad en las operaciones gubernamentales, se pusieron en marcha el Programa Nacional de Lucha contra la Corrupción y su correspondiente Plan de Acción para 2017-2022. Durante este período, se realizaron importantes avances en la lucha contra la corrupción y los conflictos de intereses. En 2017, se recibieron y resolvieron en total 599 solicitudes, quejas e informes de ciudadanos, funcionarios y entidades empresariales. En 2021, se alcanzaron las 2.314 denuncias, incremento que refleja un mayor nivel de compromiso y de confianza por parte de los ciudadanos en relación con los mecanismos de lucha contra la corrupción. Las campañas de sensibilización pública y las iniciativas de sensibilización al problema de la corrupción han tenido un impacto claramente significativo. Han logrado concienciar a los ciudadanos, promover una actitud más intolerante frente a la corrupción y transformar los valores sociales de justicia. Estos resultados demuestran un creciente compromiso social con la defensa de la integridad y la exigencia de rendición de cuentas, y reflejan la eficacia de estas actividades educativas y de concienciación.

4.El Gobierno de Mongolia ha aprobado y viene aplicando el Programa Nacional de Lucha contra la Corrupción, así como el Plan de Acción correspondiente, para reforzar el sistema nacional de justicia, reducir la corrupción y las conductas indebidas de los funcionarios, y mejorar el marco jurídico con vistas a prevenir los conflictos de intereses. Por otro lado, el programa se propone promover un enfoque (cultura) de la justicia en todos los estratos de la sociedad y reforzar el estado de derecho. Estas medidas reflejan la determinación del Gobierno de impulsar la transparencia, la rendición de cuentas y la gobernanza ética en Mongolia.

c)A finales de 2024, la Autoridad de Lucha contra la Corrupción de Mongolia había investigado 671 casos penales que afectaban a funcionarios de entidades públicas centrales o locales, 132 de los cuales fueron transferidos a la Fiscalía con la propuesta de remisión con fines de revisión judicial, 273 fueron archivados, 21 fueron remitidos a los fiscales para su transferencia jurisdiccional, 77 fueron investigados de manera conjunta, 2 fueron suspendidos y 162 siguen en curso.

5.Por otro lado, a finales de 2024, habían sido juzgados por los tribunales 11 casos (sobre un total de 100) y se seguían investigando 48 casos de corrupción y conductas indebidas relacionados con la minería del carbón, así como con los pagos, la exportación y el transporte por vía portuaria del carbón.

6.El Ministerio de Justicia e Interior está elaborando un proyecto de ley sobre la transparencia de las industrias extractivas con vistas a prevenir futuros casos de corrupción, de conducta indebida de los funcionarios y de irregularidades de empresas estatales, entidades comerciales y empresas del sector de la minería. Este proyecto de ley pretende ampliar el concepto de “industrias extractivas” para incluir la explotación de bosques, agua, animales y plantas naturales bajo protección estatal y control público, de conformidad con la Constitución de Mongolia. La ley aspira a garantizar la transparencia de las operaciones, establecer un sistema nacional de transparencia y estabilidad en estos sectores, mejorar la gobernanza empresarial, aumentar los beneficios económicos y exigir responsabilidades tanto al Estado como al sector privado. También se propone aclarar quiénes son los poseedores o propietarios, reducir la corrupción, el blanqueo de dinero y los delitos financieros, y contribuir a minimizar la competencia desleal y el dominio del mercado.

Respuesta a la cuestión 4

a)En un esfuerzo por abordar las causas profundas que lastran el desarrollo del país, en particular la corrupción y las conductas indebidas en la administración del Estado, el Gobierno de Mongolia ha declarado 2023 y 2024 como “años de lucha contra la corrupción” y ha adoptado la iniciativa conocida como de “las 5 W”, una estrategia integral que promueve la rendición de cuentas y la denuncia pública de casos de corrupción (“whistle”), el apartamiento de la función pública de las personas implicadas (“wiping-out), la repatriación y rendición de cuentas de las personas huidas al extranjero durante las investigaciones, conforme a las leyes y los instrumentos internacionales vigentes (“wasp”), la intercepción de transferencias ilegales de fondos, así como una recaudación y gestión adecuadas de los recursos con participación pública (“wealth”), y la intensificación del proceso de digitalización, la transparencia de las entidades públicas, la reducción de la burocracia y la apertura de todos los procesos de selección (“wide-open”). La intención del Gobierno es impulsar una actitud de tolerancia cero hacia la corrupción y las actividades ilegales, erradicando la corrupción a todos los niveles, protegiendo los derechos humanos, salvaguardando los intereses públicos, apoyando al sector privado y mejorando la eficiencia económica. Estas medidas están diseñadas para reforzar la gobernanza, sensibilizar a la opinión pública sobre la corrupción, promover la transparencia y fomentar la confianza pública, con vistas a crear en última instancia una sociedad más responsable, eficiente y justa.

b)La Autoridad de Lucha contra la Corrupción investigó casos relacionados con jueces, agentes de las fuerzas de seguridad y altos cargos públicos entre 2020 y 2024, con los siguientes resultados:

De los 68 casos que involucraban a jueces, 6 fueron transferidos a la fiscalía para su revisión judicial, 43 casos en fase de investigación fueron cerrados por falta de pruebas, 1 caso fue remitido al fiscal para ser transferido a otra jurisdicción, 1 caso fue integrado en investigaciones en curso, 2 casos fueron suspendidos y 15 casos siguen en fase de investigación.

De los 761 casos que involucraban a funcionarios encargado de hacer cumplir la ley, 261 fueron transferidos a la Fiscalía para su revisión judicial, 334 fueron cerrados, 55 fueron remitidos a la fiscalía para ser transferidos a otra jurisdicción, 41 fueron integrados en investigaciones en curso, 2 fueron suspendidos y 68 siguen en fase de investigación.

En relación con 853 casos que implicaban a funcionarios públicos de rango político, 130 casos fueron transferidos a la fiscalía con vistas a su revisión judicial, 439 casos en fase de investigación fueron cerrados, 33 casos fueron remitidos a la fiscalía para ser transferidos a otra jurisdicción, 84 casos fueron integrados en investigaciones en curso, 10 casos fueron suspendidos y 157 siguen en fase de investigación. Estas acciones ponen de relieve el compromiso del organismo con la defensa del estado de derecho, la rendición de cuentas y la lucha contra la corrupción en todos los sectores críticos de la gobernanza.

7.En 2023, el Tribunal Supremo revisó 12 casos que implicaban a un total de 26 personas en una sesión judicial destinada a la revisión de casos penales relacionados con el delito de corrupción tipificado en el capítulo 22 del Código Penal. El tribunal de revisión no redujo ninguna de las penas dictadas por los tribunales de primera instancia o de apelación.

8.De los 26 acusados, 15 eran funcionarios públicos y 11 trabajaban en el sector privado. En 2023, el tribunal absolvió a un alto funcionario del Estado, que había sido juzgado y condenado en virtud del artículo 263.2 de la Parte Especial del Código Penal de 2002.

c)El objetivo de la campaña nacional de sensibilización contra la corrupción “Unámonos”, impulsada en 2023 bajo el lema “Di que no y cambia las cosas”, es fomentar una cultura de tolerancia cero con la corrupción. La iniciativa alienta a los ciudadanos a denunciar sin vacilar actos de corrupción y conflictos de intereses. Además de destacar la importancia de la participación colectiva en la lucha contra la corrupción, apunta a reducir la burocracia, los retrasos, los conflictos de intereses y los riesgos de corrupción, y promueve la denuncia de irregularidades para garantizar la rendición de cuentas. Con el fin de alcanzar estos objetivos, la campaña organiza una serie de actos, como sesiones de formación, conferencias y concursos, dirigidos a grupos específicos y destinados concienciarlos y fomentar su participación activa en la lucha contra la corrupción.

9.En el marco de la campaña nacional de sensibilización contra la corrupción se emitieron vídeos y anuncios de interés público contra la corrupción en 12 canales de televisión a lo largo de dos meses, dirigidos a los ciudadanos y al público en general. Se colocaron carteles contra la corrupción en 37 vallas publicitarias situadas en plazas públicas, calles y paradas de ómnibus. Por otro lado, se difundieron y emitieron contenidos de vídeo, anuncios de interés público, vídeos musicales, cortometrajes y programas de ficción centrados en la justicia y la tolerancia cero con la corrupción, en pantallas y paneles publicitarios en las principales carreteras y paradas de ómnibus de la capital. Asimismo, se emitieron mensajes de información y anuncios contra la corrupción en 228 pantallas instaladas en edificios de viviendas y en 20 ascensores de oficinas. También se colocaron carteles, folletos y otros materiales promocionales en tablones de anuncios con vistas a sensibilizar a la opinión pública.

No discriminación (arts. 2, 3, 17 y 26)

Respuesta a la cuestión 5

10.Sírvanse consultar al respecto los párrafos 20 a 25 del séptimo informe periódico.

Estado de emergencia (art. 4)

Respuesta a la cuestión 6

11.Sírvanse consultar al respecto el párrafo 26 del séptimo informe periódico.

Cambio climático y derecho a la vida (art. 6)

Respuesta a la cuestión 7

a)Las estaciones de control de la calidad del aire de la ciudad de Ulaanbaatar han sido equipados con dispositivos automáticos de medición de partículas de material particulado grueso (PM10) y material particulado fino (PM2,5), y ya se trabaja para establecer zonas de mejora de la calidad del aire. Con el fin de reducir la contaminación del aire en escuelas, guarderías y hospitales, se han instalado un total de 23.973 filtros de partículas de PM2,5 en 50 escuelas, 126 guarderías y 9 hospitales de la capital.

12.Desde 2019 se han destinado 4.130 millones de togrogs del Fondo de Reducción de la Contaminación Atmosférica a bonificaciones de tipos de interés que han beneficiado a 11.393 ciudadanos, entidades empresariales y organizaciones, con vistas a apoyar proyectos respetuosos con el medio ambiente y actividades de reducción de la contaminación atmosférica y ambiental. Por otra parte, el Comité Nacional para la Reducción de la Contaminación Ambiental de Mongolia ha renovado un total de 3.050 letrinas de pozo en los distritos “ger” de la capital para adecuarlas a las normativas. Las inspecciones ambientales de 117 empresas y organizaciones mineras de la región de Gobi detectaron 187 infracciones. Se dictaron órdenes, con sus respectivos plazos de cumplimiento, para subsanar 164 de estas infracciones, en tanto que 19 infracciones fueron remitidas a la policía para que se incoaran acciones penales. Se suspendieron las actividades de 4 empresas, se emitieron multas por valor de 448.800.000 togrogs y se impusieron indemnizaciones por valor de 2.565.960.000 togrogs.

b)Las inundaciones y fuertes lluvias caídas en Ulaanbaatar en julio de 2023 afectaron a 1.310 personas (577 niños, 709 adultos y 24 personas con discapacidad) en 383 hogares del distrito 3 de Bayanzurkh. Recibieron asistencia médica primaria 246 víctimas de esas inundaciones. Por otro lado, se desplazó internamente a 22 familias que vivían sin permiso en zonas inundables a lugares más seguros y se les concedieron nuevos derechos de propiedad de la tierra, al margen de sus propiedades anteriores. También se les facilitaron 20 viviendas ger totalmente amuebladas. En el gimnasio de la escuela se instaló un refugio temporal para personas sin hogar. Entre el 6 y el 12 de agosto de 2023, un total de 109 personas pernoctaron en el refugio y otras 80 se beneficiaron de servicios diurnos. Entre los primeros había 3 ancianos, 1 persona con discapacidad, 1 mujer embarazada, 14 niños y 90 adultos.

c)Durante el invierno de 2023, se dieron las condiciones para una catástrofe de dzud en 11 provincias: Arkhangai, Govisumber, Dornogovi, Dornod, Dundgovi, Zavkhan, Uvurkhangai, Sukhbaatar, Tuv, Uvs y Khentii. A resultas del dzud, aparecieron varios problemas, como la escasez de combustible, las interrupciones del suministro eléctrico, las dificultades de transporte, la congregación de familias de pastores en las zonas de invernada, la acumulación de ganado en las montañas, el cierre de carreteras y pasos, y el aumento de desprendimientos y deslizamientos. Para hacer frente a estos problemas, la Comisión Estatal de Emergencias estableció un “Cuartel General de Respuesta a Situaciones de Emergencia” con el objetivo de minimizar los daños durante las estaciones de invierno y primavera, prevenir los peligros y desastres relacionados con el clima, organizar una respuesta nacional a las situaciones de emergencia, mitigar las consecuencias de los desastres y coordinar las actividades de las comisiones de emergencia a nivel provincial, de capital, de soum y de distrito, además de garantizar una gestión y una sincronización eficaces la labor de las organizaciones públicas y no públicas que intervienen en la gestión de desastres.

13.El Gobierno de Mongolia destinó un total de 51.100 millones de togrogs a ayudar a las familias de pastores frente a las duras condiciones invernales, que se repartieron entre 12 tipos de ayuda: heno, pienso para el ganado, alimentos, equipamiento automotor, gers, ropa de abrigo y soluciones desinfectantes.

14.De conformidad con la resolución núm. 62 del Gobierno de Mongolia para el año 2024, se declaró el estado de máxima preparación para desastres en todo el país y se lanzó la campaña “Ayudemos a las familias de pastores”, que permitió recibir y distribuir, entre el 20 de febrero y el 10 de mayo de 2024, donaciones por un valor total de 3.770.236.532 togrogs y 1.098.407.612 togrogs en 200 tipos de bienes y materiales, procedentes de 51 particulares, 34 empresas y organizaciones, 110 organismos públicos, 30 organizaciones no gubernamentales y 3 organizaciones y particulares extranjeros.

15.La Federación de Rusia aportó 6.000 toneladas de trigo y 2.000 toneladas de avena, el Japón proporcionó 4.460 frazadas, 1.000 recipientes de almacenamiento de agua, 7 generadores y 14 cables de extensión, y la República de la India donó ayuda humanitaria por valor de 20.000 dólares de los Estados Unidos, que fueron distribuidos conjuntamente.

Prohibición de la tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes (art. 7)

Respuesta a la cuestión 8

16.Sírvanse consultar al respecto los párrafos 32, 36 y 37 del séptimo informe periódico.

a)La Fiscalía General presentó cargos por cinco delitos tipificados en el artículo 21.12 de la Parte Especial del Código Penal, titulado “Tortura”, en 2023 y el tercer trimestre de 2024. Los cinco fueron debidamente remitidos a los tribunales y tres de ellos fueron juzgados.

17.El Tribunal impuso multas a dos de los procesados y condenó a uno a una pena de prisión, de conformidad con las penas prescritas por el Código Penal.

b) Por orden del Ministro de Justicia e Interior, se ha creado un Grupo de Trabajo para revisar la “Ley de Ejecución de los Fallos Judiciales”, que está llevando a cabo las pesquisas pertinentes.

Respuesta a la cuestión 9

a)Entre 2017 y septiembre de 2024, la Fiscalía imputó a 31 personas en 15 casos de tortura, 14 de los cuales fueron juzgados y 28 personas condenadas. En un único caso, fueron absueltas y sobreseídas dos personas. En la actualidad, sigue abierta y está siendo examinada por los tribunales una causa contra un investigador de la policía.

b)En la causa judicial mencionada, se estableció la responsabilidad penal de 21 agentes de policía (2 investigadores, 11 investigadores penales, 4 representantes de distrito, 1 inspector disciplinario superior, 1 agente de policía de un centro de rehabilitación y 2 agentes de patrulla), 1 fiscal, 4 agentes de la agencia de inteligencia (1 director y 3 funcionarios de sección) y 2 agentes del organismo encargado de hacer cumplir las decisiones judiciales (1 jefe de departamento y 1 funcionario). Once de ellos fueron condenados a penas de prisión y otros 17 al pago de sendas multas.

c)El artículo 11.6 del Código Penal tipifica el delito consistente en “causar intencionadamente un daño leve a la salud humana” y castiga con multas de entre 450 y 2.700 unidades (equivalentes a togrogs), con trabajos de servicio obligatorio a la comunidad de 240 a 720 horas o con la restricción del derecho a viajar de uno a seis meses a toda persona que dañe deliberadamente la salud de terceros infligiéndoles malos tratos o torturas. El artículo 21.12 del Código Penal define el delito de tortura, en tanto que el artículo 10.1, cláusula 2.12, establece las penas aplicables a los actos de tortura con resultado de muerte, cuya severidad varía en función de la gravedad del delito. Esta distinción se considera significativa y justificada, ya que permite adecuar las penas a la gravedad del delito, garantizando una respuesta jurídica justa y adecuada.

d)El 27 de agosto de 2024, el Parlamento aprobó el Plan de Acción del Gobierno para 2024-2028 por medio de la resolución núm. 21. La sección 4.2.1.14 del plan prevé la creación de un nuevo organismo encargado de investigar los delitos contra los procedimientos penales y la protección de testigos y víctimas. El Gobierno está trabajando en un proyecto de ley destinado a establecer un organismo independiente que vele por los procedimientos judiciales. Dicho organismo incluirá un servicio de investigación especializado, dotado de los recursos humanos y financieros necesarios para llevar a cabo investigaciones periódicas sobre diferentes tipos de delitos.

Libertad y seguridad personales (art. 9)

Respuesta a la cuestión 10

18.El artículo 16, párrafo 13, de la Constitución de Mongolia dispone que “la razón y los motivos de la detención se notificarán a la persona detenida, a sus familiares y a sus representantes legales dentro del plazo establecido por ley”.

19.Para restringir el uso de medidas preventivas como la detención de personas imputadas por delitos castigados con penas de prisión, se aprobaron enmiendas al Código de Procedimiento Penal, en virtud de las cuales si un tribunal determina la imposibilidad de aplicar medidas preventivas alternativas a personas imputadas por delitos tipificados en la Sección Especial del Código Penal, deberá imponerse la detención, siempre que los motivos que la justifiquen estén claramente definidos por ley.

20.Se aprobaron enmiendas a la Ley de Procedimiento Penal para restringir la aplicación de medidas de detención preventiva a personas imputadas por delitos sancionables con penas no privativas de libertad. En particular, si un tribunal determina que una persona acusada de un delito sancionable con penas de prisión en virtud de la Parte Especial del Código Penal, no puede ser objeto de medidas preventivas alternativas, la ley dispone ahora explícitamente la aplicación de la detención como medida preventiva y detalla los fundamentos jurídicos de su aplicación.

21.Para ampliar el abanico de penas alternativas a la prisión, el Código Penal introdujo la pena de restricción del derecho a viajar, en vigor desde 2021. Desde su implementación, han sido condenadas a este tipo de pena 6.443 personas, que son objeto de medidas de seguimiento.

22.La Ley de Procedimiento Penal ha modificado el período máximo de detención de las personas imputadas para abreviarlo al máximo, con un límite de un mes, dependiendo de las circunstancias personales del imputado, la naturaleza del delito y las particularidades del caso, de conformidad con las normas internacionales.

23.Por otra parte, dada la necesidad de ajustar los períodos de detención a las normas internacionales, la ley especifica que el período total de detención del acusado no debe exceder los seis meses para los delitos penados con penas de prisión de hasta 5 años, los 12 meses para los delitos penados con más de 5 años y los 18 meses para los delitos penados con ocho años o más año de prisión.

a)La Ley de Enmienda del Código de Procedimiento Penal introduce una serie de disposiciones fundamentales relacionadas con la detención inmediata de sospechosos:

La disposición del artículo 31.5 de la ley mencionada que versaba sobre la “detención de un sospechoso sin autorización judicial” ha sido sustituida por “detención inmediata de un sospechoso” y aclara en su versión enmendada los motivos alegables para detener a un sospechoso sin autorización judicial y la regulación de la supervisión judicial.

El lapso correspondiente al traslado del sospechoso ante la autoridad investigadora, la prestación de asistencia médica básica, tratamientos/detención/recuperación, y las reuniones con el abogado defensor no forma parte del período estipulado en virtud de la Ley de Procedimiento Penal: “el período de detención fijado por el tribunal no excederá las 48 horas”.

Se ha adoptado asimismo una normativa en virtud de la cual, si se procede a la detención de un imputado sin la correspondiente orden judicial, el tribunal debe programar una audiencia inmediatamente después de recibir la propuesta de detención preventiva del fiscal, o en un plazo máximo de 24 horas. Esta audiencia servirá para que el tribunal revise la decisión y determine si impone la detención como medida preventiva contra el acusado.

En lo que respecta a los delitos penados en la Sección Especial del Código Penal, estas son las tres circunstancias en las que se contempla la detención de un sospechoso sin orden judicial:

El sospechoso es descubierto cometiendo un delito, inmediatamente después de haberlo cometido o mientras huye del lugar de los hechos;

El sospechoso es identificado directamente por un testigo o una víctima inmediatamente después de la comisión del delito;

Se encuentran rastros del delito en el lugar de los hechos, o bien en la ropa, el cuerpo, la residencia, las pertenencias o el medio de transporte del sospechoso.

Con vistas a mejorar la supervisión judicial de las personas detenidas sin orden judicial, se ha adoptado un reglamento que obliga al tribunal a programar una audiencia sin demora o en un plazo máximo de 24 horas, en cuanto recibe la propuesta de la fiscalía de aplicar la detención preventiva al acusado. Durante esta audiencia, el tribunal revisará y determinará la validez de la detención sin orden judicial y decidirá si impone la detención preventiva contra el acusado de acuerdo con la propuesta del fiscal.

Se ha adoptado una normativa que garantiza la constante supervisión judicial de las decisiones de detención sin orden judicial, la imposición de restricciones y la aplicación de medidas de detención preventiva. Se prevé que esta labor de supervisión se ejerza sin limitaciones de horario, de manera ininterrumpida y todos los días naturales, con la salvedad de las horas nocturnas, gracias al establecimiento de un sistema de tribunales de guardia.

La ley ha sido enmendada para otorgar a la persona objeto de una detención inmediata el derecho a presentar una denuncia ante el tribunal.

En aquellos casos en los que se presenta al sospechoso una orden judicial de detención o se lo detiene sin demora, el período de detención empieza a contar a partir del momento en que se le informa sobre los cargos o los motivos de su detención. De acuerdo con la ley en su versión enmendada, el tiempo empleado en trasladar al sospechoso a la autoridad investigadora, prestarle la asistencia médica necesaria, facilitarle servicios de desintoxicación y permitirle consultar de manera privada con un abogado no debe exceder de una hora.

b)Las enmiendas a la Ley de Ejecución de las Resoluciones Judiciales prevén el uso de dispositivos de vigilancia como medida preventiva, que entrará en vigor el 1 de enero de 2025. Se está trabajando para poner en práctica esta disposición.

24.El fiscal puede acceder en todo momento y sin restricciones a los centros de detención, los centros de detención temporal y los centros de detención preventiva. Tiene autoridad para reunirse con personas detenidas, recluidas temporalmente o en prisión preventiva y para poner en libertad de inmediato a cualquier persona que haya sido detenida ilegalmente, privada de libertad más allá del período autorizado o detenida en violación de la ley o de una orden judicial. El fiscal que controla estos centros tiene autoridad de supervisión sobre sus operaciones.

Trato dispensado a las personas privadas de libertad (arts. 9, 10 y 14)

Respuesta a la cuestión 11

25.Sírvanse consultar al respecto los párrafos 56, 65 y 74 del séptimo informe periódico.

26.El 5 de junio de 2024, el Parlamento de Mongolia aprobó la Ley de Establecimiento de Tribunales de Familia y de Menores en Primera Instancia y en Apelación, que entrará en vigor el 1 de enero de 2026. En virtud de esta nueva ley, los tribunales especializados tendrán jurisdicción sobre los asuntos familiares que actualmente tramitan los tribunales civiles, y sobre los delitos penales, administrativos y de violencia doméstica relacionados con menores que ahora supervisan los tribunales penales. Los nuevos tribunales tienen como objetivo crear un entorno propicio para la resolución de casos que involucren a menores, teniendo en cuenta su edad y sus necesidades físicas y psicológicas, así como priorizar su rehabilitación y desarrollo, de conformidad con las normas internacionales de justicia juvenil.

27.En virtud de la Resolución Gubernamental núm. 204 de 2017, se aprobó el Reglamento sobre Centros de Detención, su Ubicación y sus Regímenes de Detención. Mongolia cuenta en la actualidad con 22 centros de detención (prisiones): 5 centros cerrados, 7 centros abiertos y 6 centros semiabiertos, así como 1 centro especializado en educación y rehabilitación, 2 hospitales y 1 centro de detención para mujeres. También dispone de 1 centro de detención, 1 dependencia de detención, 1 centro de desintoxicación obligatoria para personas con adicción al alcohol y las drogas, 1 centro de prisión preventiva en la capital, así como 28 centros de detención preventiva en zonas rurales.

28.Las medidas destinadas a mejorar las condiciones de los centros de detención se están implementando por fases. Así, por ejemplo, para combatir el hacinamiento en el centro de detención de la capital, el Ministro de Justicia y Asuntos Internos dictó la Orden núm. A/21 el 31 de enero de 2020, que establecía un centro de detención. El 5 de febrero de 2020, la Dirección General de Ejecución de las Sentencias Judiciales dictó la Orden núm. A/30, que aprobaba la estructura y la dotación de personal del centro. Estas medidas han resuelto con éxito el problema del hacinamiento en los centros de detención.

29.De conformidad con el “Reglamento sobre centros de detención”, que exige que dichos centros garanticen un entorno seguro y saludable tanto para el personal como para los detenidos, es decir, entre otras cosas, acceso a agua fría y caliente, sistemas de alcantarillado, iluminación natural y ventilación, los centros de detención han sido equipados con salas de reconocimiento médico, cocinas, baños y zonas de almacenamiento para las pertenencias y documentos personales de los detenidos.

30.Los centros de reclusión deben mantener una temperatura mínima de 18 grados centígrados durante el invierno, con niveles de humedad que oscilen entre el 40 % y el 60 %. También cuentan con sistemas de ventilación, iluminación natural y controles de iluminación para uso nocturno. Por otro lado, cada detenido dispone de un espacio de al menos dos metros cuadrados.

31.Los delincuentes juveniles cumplen actualmente sus condenas en el Centro de Educación Especial y Rehabilitación. Para mejorar las condiciones del centro, se está construyendo un nuevo edificio, financiado con cargo al presupuesto del Estado, cuya finalización y puesta en funcionamiento se prevén para 2026.

Eliminación del trabajo forzoso, la servidumbre y la trata de personas (arts. 2, 7, 8 y 26)

Respuesta a la cuestión 12

32.El artículo 8 de la Ley del Trabajo prohíbe el trabajo forzoso, y el artículo 8.4 precisa que las personas físicas o jurídicas que obliguen a trabajar a terceros, o bien faciliten u organicen tales actividades, deberán rendir cuentas en virtud del Código Penal.

33.De conformidad con la Orden núm. A/54, dictada el 27 de abril de 2023 por el Ministro de Familia, Trabajo y Protección Social, se creó y aprobó un nuevo formulario de inspección (código 07.1.1) para identificar el trabajo forzoso en el marco de las inspecciones laborales. Estas inspecciones, que se llevan a cabo en virtud del artículo 5.1 de la Ley de Inspección Estatal y de los “Procedimientos Generales para la Realización de Inspecciones”, aprobados en virtud de la Resolución Gubernamental núm. 479 de 2022, forman parte de las actividades de supervisión planificadas y preventivas.

34.En los soums de Tsogtsetsii y Khanbogd de la aimag de Umnugobi, una región conocida por la extracción y el transporte de minerales de importantes yacimientos, se organizó una sesión de formación del 7 al 12 de octubre de 2024. El objetivo de la sesión era perfeccionar las competencias y los conocimientos de un total de 127 participantes, incluidos conductores de empresas y organizaciones que participan en actividades de carga y descarga de carbón. También participaron empleadores de estas entidades, proveedores de servicios estatales como Gashuun Sukhait Road LLC, Tavan Tolgoi JSC, el Hospital de Tsogtsetsii, el Departamento de la Seguridad Social, la Oficina de Aduanas de Gashuun Sukhait y funcionarios de Khairkhan Bag.

35.El objetivo de la formación mencionada era concienciar sobre los indicios del trabajo forzoso, capacitar a los participantes para que fueran capaces de reconocerlos, y explicarles cómo debían proceder para denunciar tales casos. La sesión se centró en ilustrar las consecuencias de los incidentes y las vulneraciones de derechos que trae aparejados el trabajo forzoso, así como en facilitar a los participantes las herramientas necesarias para restablecer los derechos vulnerados. También se hizo hincapié en la importancia de impulsar la colaboración entre organizaciones y funcionarios en la lucha contra el trabajo forzoso.

36.El Gobierno de Mongolia está reforzando su marco jurídico para combatir y prevenir la trata de personas, a la vez que garantiza el apoyo a las víctimas, tal y como exige la ley. Con este fin, se han aplicado varios reglamentos y directivas, a saber el “Reglamento sobre la asistencia jurídica a las víctimas de la trata de personas”, el “Reglamento sobre la protección de la dignidad y la seguridad de las víctimas”, el “Reglamento sobre los servicios de empleo y formación profesional destinados a las víctimas”, el “Reglamento sobre los servicios prestados a las víctimas de la trata de personas” y el “Reglamento sobre la identificación y detección de las víctimas de la trata de personas”.

37.En el marco de los esfuerzos realizados para adoptar el método de “entrevista forense”, una buena práctica internacionalmente reconocida que permite identificar a las víctimas de la trata y entrevistar a niños víctimas de la violencia minimizando su trauma psicológico, se capacitó a 32 forenses y policías para que puedan ejercer como formadores nacionales. Estos formadores impartieron a continuación sesiones de capacitación regionales.

38.Para combatir la trata de ciudadanos en las fronteras del país, desde 2022 se aplican medidas de vigilancia en los aeropuertos. Así es como se han identificado 56 personas, incluidos 35 menores, que viajaban con fines poco claros, destinos desconocidos en el extranjero, sin acompañante o con documentación dudosa, a las que se impidió salir del país.

39.El curso de formación denominado “Gestión de casos de trata de personas centrada en las víctimas y adaptada a los niños” se viene impartiendo desde 2023 en las regiones de todo el país. Hasta la fecha se ha capacitado a 785 funcionarios: 135 jueces, 168 fiscales y 482 agentes de policía de los organismos judiciales y las fuerzas del orden.

40.La campaña “16 días de activismo contra la violencia de género” se celebra anualmente para concienciar a la población sobre la violencia de género, combatir la discriminación y los estereotipos de género y avanzar hacia la erradicación y prevención de este tipo de violencia.

41.Cada año se celebra en todo el país la Campaña Corazón Azul de las Naciones Unidas, que se propone combatir la trata de personas, concienciar a la opinión pública y educar a los ciudadanos difundiendo información y alertas a través de las redes sociales.

42.Una serie de iniciativas culturales y artísticas se pusieron en marcha para concienciar sobre los efectos perniciosos de la trata de personas, la explotación sexual y la violencia doméstica, así como para informar al público sobre los servicios públicos de asistencia a las víctimas, como, por ejemplo, la emisión gratuita de los largometrajes “La sombra del sol” y “La historia de una superviviente”, así como la serie de 10 episodios “Intolerable”, tanto por televisión central y local, como en cines y plataformas en línea, todo ello con vistas a impulsar la participación ciudadana en la prevención de la violencia doméstica.

Respuesta a la cuestión 13

43.Véase la respuesta a la cuestión 12.

44.El artículo 13.1 (“Trata de personas”) de la Parte Especial del Código Penal establece: “Todo acto llevado a cabo con la finalidad de someter a alguien a la prostitución, explotación sexual, violación, esclavitud o prácticas similares, extracción de órganos sustracción de bienes o trabajo forzoso, haciendo uso de fuerza física, amenazas, manipulación, engaño, abuso de autoridad, explotación de la vulnerabilidad o control a través de pagos o sobornos —inclusive en relación con el transporte, el alojamiento, el tránsito o la recepción de una persona— será castigado con una pena de prisión de entre dos y ocho años”. Esta disposición es aplicable a todas las personas, lo que evita toda discriminación por motivos de género. Puede decirse, por consiguiente, que el Código Penal de Mongolia aplica las mismas normas a todos los delitos de trata.

Acceso a la justicia, independencia del poder judicial y derecho a un juicio imparcial (arts. 14 y 15)

Respuesta a la cuestión 14

45.Sírvanse consultar al respecto los párrafos 101 a 105 del séptimo informe periódico.

46.Para salvaguardar la independencia e imparcialidad de los jueces y fiscales, así como para garantizar que puedan desempeñar sus funciones sin sufrir presiones externas, la Constitución de Mongolia establece en el párrafo 4 de su artículo 51: “Ningún juez de ninguna instancia judicial podrá ser destituido, salvo en el caso de que renuncie voluntariamente o sea apartado de sus funciones en virtud de una decisión judicial legítima, basada en los motivos establecidos en la Constitución y en la ley que rige el poder judicial”. Esta disposición garantiza la independencia judicial, protege a los jueces de destituciones arbitrarias y les confiere la capacidad de desempeñarse en sus funciones sin sufrir influencias indebidas.

47.El artículo 56 de la Ley de Tribunales de Mongolia, aprobada por el Gran Jural del Estado (Parlamento) el 15 de enero de 2021, especifica las sanciones disciplinarias que puede dictar la Comisión Disciplinaria del Poder Judicial, incluidas la suspensión o la destitución de un juez por períodos de hasta tres meses.

48.Por otro lado, el artículo 40 de la misma ley establece las condiciones en las que un juez puede ser apartado de sus funciones, por ejemplo, al alcanzar la edad de jubilación o cumplir 25 años en el desempeño de la magistratura, momento en el que se puede serle asignada una pensión de jubilación o incluso puede optar por presentar él mismo su renuncia.

49.A propuesta del Consejo General, el Presidente puede destituir y relevar prematuramente a un juez de sus funciones por los siguientes motivos:

El juez presenta una solicitud de renuncia por escrito.

El juez no está en condiciones de desempeñar sus funciones por motivos de salud.

El juez ha sido transferido, nombrado o seleccionado para un puesto fuera del Consejo General o la Comisión Disciplinaria.

El juez ha renunciado a la ciudadanía de Mongolia u obtenido un permiso de residencia permanente o de otro tipo en un país extranjero.

El juez se presenta como candidato a las elecciones presidenciales, al Gran Jural del Estado o al Jural Representativo de los Ciudadanos de un aimag, capital, soum o distrito.

Una decisión judicial restringe la capacidad jurídica civil del juez o lo declara incompetente a efectos legales.

El juez se presenta como candidato en las elecciones a la Presidencia, al Gran Jural del Estado o al Jural Representativo de los Ciudadanos de un aimag, la capital, un soum o un distrito.

Se ha dictado una resolución judicial que restringe la capacidad jurídica civil del juez o lo declara legalmente no competente.

El juez ha fallecido o se ha dictado una resolución judicial que declara su fallecimiento.

Se ha ejecutado una decisión judicial que impone medidas médicas coercitivas.

El juez ha alcanzado el límite máximo de edad de jubilación.

50.Las enmiendas a la Ley sobre los Tribunales establecen que los tribunales deben respetar los principios de independencia e imparcialidad en sus actuaciones con vistas a promover la apertura, la transparencia y la digitalización de las actuaciones judiciales, así como la independencia de los jueces. Garantizan la adopción de decisiones independientes, ajenas a toda influencia externa y basadas únicamente en la ley.

51.La Ley sobre la Fiscalía prohíbe a su vez toda interferencia o influencia en las decisiones de los fiscales, en particular toda presión ejercida por funcionarios y personas físicas o jurídicas sobre los fiscales con la finalidad de interferir ilícitamente en sus actuaciones o incitarlos a adoptar decisiones contrarias a la ley.

52.El artículo 56 de la Ley sobre la Fiscalía garantiza la imparcialidad de los fiscales: “Ningún fiscal será destituido o cesado, ni será reasignado a otro cargo o puesto sin su consentimiento, salvo en los casos previstos por la ley”. También establece que “los fiscales estarán exentos de movilización oficial”. Asimismo, prohíbe que una organización o un funcionario a cargo de una indagación o investigación solicite explicaciones o interrogue a un fiscal sobre un caso que esté supervisando o que haya resuelto previamente”. “Un fiscal no está obligado a proporcionar información relacionada más que a quienes participen en el procedimiento mismo”. Además, “cualquier persona que interfiera o presione a un fiscal tendrá responsabilidad jurídica”.

Trato a los extranjeros, incluidos los migrantes, los refugiados y los solicitantes de asilo (arts. 7, 9, 12, 13 y 24)

Respuesta a la cuestión 15

53.Mongolia colabora con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) con el fin de cumplir las obligaciones que le incumben en virtud de los tratados y convenciones internacionales. Desde 2019, el país ha concedido permisos de residencia a 24 extranjeros (21 hombres y 3 mujeres) de siete países, basándose en certificados de solicitantes de asilo expedidos por el ACNUR. Ocho de estos extranjeros utilizaron sus permisos de residencia para cruzar la frontera de Mongolia y trasladarse a otros países.

Respuesta a la cuestión 16

54.La Ley sobre la Ciudadanía dispone en su artículo 7, párrafo 5, que “un niño nacido en Mongolia de padres apátridas que residan de forma permanente en el país podrá adquirir la ciudadanía de Mongolia al cumplir los 16 años, siempre y cuando exprese su deseo de adquirirla”.

Derecho a la intimidad y a la vida familiar (art. 17)

Respuesta a la cuestión 17

55.La Ley de Protección de la Intimidad regula la recopilación, el procesamiento y el uso de información de identificación personal, y define sus categorías, así como los derechos y las responsabilidades del propietario de los datos. También aborda la gestión de datos personales sensibles, incluida la información biométrica y genética, y prohíbe expresamente la recopilación, el procesamiento y el uso de datos personales sin el consentimiento del propietario de tales datos, salvo en determinadas circunstancias contempladas por ley. Por otro lado, la ley establece las obligaciones y las responsabilidades de quienes recopilan, procesan y utilizan datos personales para con los propietarios de dichos datos, y establece disposiciones relativas a la instalación y el uso de equipos de grabación audiovisuales, de sonido y de imagen.

a)Todo funcionario que infrinja esta ley rendirá cuentas con arreglo a la Ley de la Función Pública o la Ley del Trabajo, siempre que no haya cometido un delito penal. Toda persona física o jurídica que vulnere esta ley incurrirá en responsabilidad conforme a lo dispuesto en el Código Penal o la Ley de Infracciones Administrativas.

b)El artículo 24 de la ley mencionada confiere a la Comisión Nacional de Derechos Humanos sobre Protección de Datos la potestad de supervisar el cumplimiento de las leyes de protección de datos personales, concienciar a la población, llevar a cabo actividades de promoción, y examinar y resolver quejas y denuncias. La Comisión puede tomar medidas si determina que los derechos humanos y las libertades amparados por esta ley han sido o pueden ser vulnerados en el marco de la recopilación, el tratamiento, el uso o la protección de datos personales. También tiene la facultad de examinar por iniciativa propia, emitir directivas y hacer recomendaciones a las autoridades competentes en el marco de su jurisdicción.

56.Por otra parte, en el artículo 28 de esa ley también se establece que las demandas de los propietarios de datos deberán presentarse y resolverse de conformidad con la Ley General de Administración y otras leyes aplicables.

c)El artículo 13.10 (“Violación de la intimidad”) del Código Penal establece que “la adquisición o distribución ilegal de información legalmente protegida relativa a la vida privada de otra persona será castigada con una multa de entre 450 y 5.400 unidades de la moneda aplicable, o con una pena de entre 240 y 720 horas de servicios a la comunidad, o bien con una restricción del derecho a viajar libremente durante un periodo de entre un mes y un año”.

57.Asimismo, el artículo 13.11 establece que “si una persona que ha adquirido información personal legalmente protegida relativa a otro individuo la divulga sin su consentimiento, recibirá una multa de entre 450 y 5.400 unidades de la moneda aplicable, o una pena de entre 240 y 720 horas de servicios a la comunidad, o bien verá restringido su derecho a viajar libremente durante un período de entre un mes y un año.”

58.Si una persona infringe la Ley de Protección de la Intimidad mencionada en el artículo 6.27 de la Ley de Infracciones Administrativas, se le aplicarán las siguientes sanciones:

59.Si los datos personales se utilizan con fines distintos de aquellos para los que se obtuvo originalmente el consentimiento o fuera del ámbito definido por la ley, se impondrá una multa de 500 togrogs en el caso de las personas físicas y una multa de 5000 togrogs en el caso de las personas jurídicas.

60.Si el tratamiento de datos en formato electrónico, sin intervención humana, conduce a una decisión que infringe los derechos y libertades del propietario de los datos y puede acarrear consecuencias legales adversas, se impondrá una multa de 500 togrogs a las personas físicas y una multa de 5.000 togrogs a las personas jurídicas.

61.La obtención, el tratamiento, la transmisión o la divulgación ilícitos de datos personales sensibles no están sujetos a responsabilidad penal, pero traerán aparejada la imposición de una multa de 2.000 togrogs a las personas particulares y de 20.000 togrogs a las entidades jurídicas respectivamente.

Libertad de conciencia y de creencias religiosas (arts. 2, 18 y 26)

Respuesta a la cuestión 18

62.Sírvanse consultar al respecto los párrafos 115 a 141 del séptimo informe periódico.

63.De acuerdo con el artículo 29 de la Ley sobre el Servicio Militar, las obligaciones militares pueden saldarse cumpliendo físicamente el servicio militar o bien procediendo a un pago en efectivo. Dicho artículo aclara asimismo que “un ciudadano de Mongolia puede optar por el servicio físico por razones religiosas, éticas u otras especificadas por ley”.

64.El artículo 31 de la misma ley detalla las alternativas al servicio militar mediante pagos en efectivo, y establece que “el Gobierno fijará anualmente el importe del pago en efectivo para quienes opten por esta alternativa, en función de los costos variables del servicio militar obligatorio del año en curso”. El Gobierno de Mongolia determinó, mediante la Resolución núm. 95 de 6 de marzo de 2024, que el pago en efectivo para los ciudadanos que se acogieran a esta modalidad alternativa en 2024 sería de 14.230.000 togrogs.

Libertad de expresión (arts. 19 y 20)

Respuesta a la cuestión 19

65.Conforme al Plan de Acción del Gobierno de Mongolia para 2024-2028, se han elaborado los siguientes proyectos de ley, en consonancia con los objetivos de salvaguardar los derechos humanos y las libertades, en particular el derecho de los ciudadanos a expresar sus opiniones, hablar, publicar, reunirse, asociarse y manifestarse. También se pretende reforzar las políticas públicas de respeto de los derechos humanos, promoción de la justicia y lucha contra la corrupción, en particular:

1.En 2021 se elaboró un proyecto de “Ley de enmiendas a la Ley de Secretos de Estado y Secretos Oficiales” con el fin de garantizar el derecho de los ciudadanos a acceder a la información y de promover la transparencia de los datos públicos. El proyecto de ley incluye disposiciones como permitir a las organizaciones determinar sus propios secretos oficiales, establecer criterios legales sobre los secretos oficiales y exigir a las organizaciones que revisen y evalúen anualmente información confidencial y presenten sus conclusiones a la Agencia de Inteligencia.

2.El proyecto de ley revisado sobre la libertad de prensa, que se presentará al Gran Jural del Estado de Mongolia, se ajusta a los tratados y convenciones internacionales y abarca los medios de comunicación, los derechos de publicación y los conceptos conexos. Amplía el alcance de la ley con el fin de abarcar más partes de las actualmente incluidas. El proyecto de ley dispone que el Estado no puede controlar el contenido publicado por ninguna parte que actúe en pos del interés público, garantiza la independencia de los equipos editoriales profesionales respecto del Estado, los propietarios y otras partes implicadas en el proceso de publicación, y los hace plenamente responsables de la exactitud de la información difundida. También tiene como objetivo prevenir el daño a los derechos e intereses de terceros por razones injustificadas o personales, defender la ética profesional y los principios de las organizaciones de medios de comunicación, promover la transparencia en lo tocante a su propiedad y financiación, garantizar la independencia de los periodistas y los medios de comunicación, y proteger el derecho de los periodistas a mantener la confidencialidad de sus fuentes, con la única salvedad de las restricciones que puedan imponerse a este derecho por orden judicial en condiciones específicas. Por otra parte, la ley regula la concentración de medios de comunicación en aras del pluralismo y la diversidad informativa.

Respuesta a la cuestión 20

66.El artículo 23.4 del Código Penal vigente especifica las sanciones por “proporcionar intencionadamente información manifiestamente falsa o presentar documentos falsificados a la oficina de registro estatal”.

67.En los artículos 13.14 y 14.8 del Código Penal se tipifica el delito de “difusión de información manifiestamente falsa”. No obstante, la ausencia de una definición legal precisa de lo que constituye “información manifiestamente falsa” es un factor de incertidumbre. Esta falta de claridad podría llevar a interpretar que cualquier información que exceda los límites establecidos en el artículo 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, o que se considere incompatible con la verdad, constituye “información manifiestamente falsa” y por tanto un delito penal. Una interpretación tan amplia puede limitar indebidamente la libertad de expresión y penalizar discursos legítimos o inexactitudes menores.

68.Es preciso, por consiguiente, definir el concepto de información manifiestamente falsa de conformidad con las normas internacionales, con el fin de responder a la situación actual sin limitar la libertad de expresión. Se espera que este enfoque restrinja la aplicación del Código Penal y reduzca el número de personas acusadas penalmente por difundir información falsa.

69.De conformidad con el párrafo 4 del artículo 1.2 del Código Penal, que exige el cumplimiento de las definiciones y normas establecidas en las leyes de Mongolia y los tratados internacionales ratificados por dicho país, el proyecto revisado de la ley sobre la Libertad de los Medios de Comunicación propone definiciones claras de “información falsa” e “información manifiestamente falsa”.

Derecho de reunión pacífica y libertad de asociación (arts. 21 y 22)

Respuesta a la cuestión 21

70.El Gobierno de Mongolia está trabajando en un proyecto de ley sobre la libertad de reunión y manifestación, que pronto será presentado al Gran Jural del Estado. El objetivo de este proyecto de ley es reformar el actual sistema, que obliga a registrarse, pero requiere el permiso del gobernador del aimag o de la capital para celebrar una manifestación o una reunión. De acuerdo con el proyecto de ley, si se planifica una manifestación o una asamblea en una carretera, el organizador recibirá una respuesta confirmando su registro. Para otros lugares no prohibidos por la ley, se pueden organizar manifestaciones o asambleas sin necesidad de obtener el permiso o la respuesta de ninguna autoridad pública.

71.El proyecto de ley también prohíbe las reuniones y manifestaciones que tengan por objeto promover la guerra, el separatismo, la discriminación, el sabotaje, la incitación al derrocamiento ilegal del Gobierno o la creación de desórdenes públicos que amenacen la seguridad nacional, el orden social y la seguridad pública. Estas disposiciones están en consonancia con el artículo 21 del Pacto.

Participación en los asuntos públicos (arts. 25 and 26)

Respuesta a la cuestión 22

a)La Ley Electoral del Gran Jural del Estado de Mongolia define el sistema electoral como un pilar fundamental del desarrollo sostenible de Mongolia y un factor positivo para el desarrollo económico y social del país.

72.En otras palabras, se ha elegido un sistema mayoritario que combina circunscripciones grandes y pequeñas con 78+48, o 78 escaños elegidos por votos múltiples no transferibles de las circunscripciones, y 48 por representación proporcional de lista cerrada a nivel nacional con un umbral electoral del 4 % para cada partido, del 5 % para las coaliciones bipartidistas y del 7 % para las coaliciones de tres o más partidos. De esta manera, el principio electoral ha transitado de un sistema basado en partidos a un sistema basado en personas, implementando el principio fundamental de la Constitución según el cual el pueblo mismo elige directamente a sus propios representantes.

73.Por otro lado, solo los partidos políticos registrados en el Tribunal Supremo antes de la fecha del anuncio de las elecciones tendrán derecho a participar en las mismas. Cuando un partido o coalición exprese su intención de presentarse, debe someter un informe revisado y certificado por una autoridad estatal acerca de las donaciones recibidas de ciudadanos y entidades jurídicas entre el 1 de enero del año anterior a las elecciones y el 1 de abril del año de las elecciones.

74.La ley establece además que si un candidato ocupa un cargo de funcionario público a tiempo completo, de alto funcionario público de un organismo público, de jefe, subjefe, director o subdirector de un ente jurídico estatal o local (o con participación del Gobierno central o local), o bien es miembro a tiempo completo o parcial de una organización de gestión conjunta establecida por el Gobierno, debe renunciar a sus funciones y cargos antes del 1 de enero del año de las elecciones ordinarias. En el caso de elecciones especiales, ya se trate de elecciones parciales o de reelecciones, el candidato debe renunciar a sus funciones antes del inicio del proceso de nominación, tal como se establece por ley.

75.También incluye disposiciones específicas relativas al establecimiento de métodos y formatos aplicables a las campañas electorales, con el fin de reducir los gastos electorales, mejorar la eficacia de la supervisión de los gastos electorales y reforzar el papel del organismo público de auditoría en este proceso.

b)Sírvanse consultar la respuesta a la cuestión 4.

Derechos del niño (arts. 7, 8 y 24)

Respuesta a la cuestión 23

76.Sírvanse consultar al respecto el párrafo 140 del séptimo informe periódico.

77.La Ley del Trabajo incluye disposiciones que prohíben el trabajo infantil y persiguen la eliminación de las formas dañinas de trabajo infantil. También establece normas claras para el empleo de menores. En concreto, establece directrices para los contratos tripartitos que incluyen a menores y establece marcos jurídicos adaptados a las necesidades de los niños. Estos marcos detallan los tipos de trabajo ligero permitidos a los mayores de 13 años, exigen el permiso de un inspector de derechos del niño para los menores de 15 años empleados en actividades artísticas, deportivas o publicitarias, y prohíben expresamente el empleo de menores en contratos de suministro de mano de obra o en jornadas laborales prolongadas. Estas medidas tienen por objeto proteger los derechos y el bienestar de los trabajadores jóvenes o menores de edad.

78.El Ministro de Familia, Trabajo y Protección Social dictó la Orden núm. A/122 de 2022, por la que se revisó la “Lista de trabajos prohibidos a los menores de edad”, que proscribe expresamente el trabajo infantil en sectores de alto riesgo como la minería y la construcción. Por otro lado, la Orden núm. A/123 de 2022 definió los “tipos de trabajo ligero permitidos para personas mayores de 13 años”, así como las condiciones de empleo asociadas. Los inspectores del Estado para los derechos del niño son responsables de supervisar y hacer cumplir estas normas, garantizando el cumplimiento del marco legal que protege a los menores de prácticas laborales explotadoras o peligrosas. Con estas medidas denotan la firme determinación de salvaguardar los derechos y el bienestar de los niños en el ámbito laboral.

79.Los inspectores del Estado para los derechos del niño llevaron a cabo una labor de seguimiento para velar por el cumplimiento de la Orden núm. A/122, que enumera los “trabajos prohibidos a los menores de edad”. En el marco de esta labor descubrieron 960 niños trabajadores en 2019, 723 en 2020, 144 en 2021, 317 en 2022, 618 en 2023 y 331 en el primer semestre de 2024.

80.Entre las enmiendas al Código Penal figuran disposiciones relativas a la suspensión del plazo de prescripción de los delitos de trata de personas que afecten a menores, tal como se establece en el artículo 13.1, sección 2.1, de la ley. El plazo de prescripción comienza cuando la víctima cumple 18 años. La ley también prohíbe la liberación anticipada de las personas condenadas por este delito y la concesión de amnistías a las personas condenadas por trata de menores.

81.El 5 de abril de 2022, el Ministro de Familia, Trabajo y Protección Social aprobó la directiva de “Identificación y detección de víctimas de la trata de personas” en virtud de la Orden núm. A/57. Esta directiva es aplicada por organismos gubernamentales esenciales, como los trabajadores sociales que trabajan en los soum, bag y khoroo, así como por los trabajadores especializados en derechos del niño. Introduce asimismo un cuestionario estandarizado que deberá utilizarse en las entrevistas con las personas que soliciten la prestación de servicios.

82.Se supervisa la aplicación de la Ley de los Derechos del Niño, la Ley de Protección de la Infancia, la Ley del Trabajo, el Código Penal, el Convenio sobre las Peores Formas de Trabajo Infantil, 1999 (núm. 182) de la Organización Internacional del Trabajo, la “Lista de trabajos en los que está prohibido el empleo de menores”, aprobada en virtud de la Orden núm. A/36 del Ministro de Familia, Trabajo y Protección Social de 2016, y los “Requisitos para la ropa de protección y el equipo de equitación para jinetes de carreras de caballos nacionales (Norma MNS 6264:2018)” y se toman medidas correctivas cuando se identifican infracciones.

83.El Día Mundial contra el Trabajo Infantil se celebra anualmente, y en 2023 y 2024, el Día del Trabajo Infantil se conmemoró bajo el lema “¡Fortalecer la justicia social! ¡Erradicar el trabajo infantil!”. Durante la campaña, se celebró un taller sobre políticas de trabajo infantil y se desarrollaron recomendaciones metodológicas para inspeccionar empresas y organizaciones con el fin de erradicar el trabajo infantil y mejorar las medidas preventivas. Estas recomendaciones se presentaron a los departamentos de protección y desarrollo familiar e infantil de 21 provincias y 9 distritos de la capital. De acuerdo con las recomendaciones recibidas, se llevaron a cabo inspecciones en 214 entidades y organizaciones empresariales de 4 sectores, lo que permitió identificar a 97 niños trabajadores. Se impusieron multas por un valor total de 26.800.000 togrogs a 91 personas.

84.La Ley de Protección de la Infancia define la “violencia contra los niños” como cualquier acción u omisión que perjudique el crecimiento, el desarrollo, la salud o la seguridad normales de un niño. Esto incluye el abuso o la violencia física, emocional, económica o sexual.

Respuesta a la cuestión 24

85.Sírvanse consultar la respuesta a la cuestión 23.

86.El evento de “detección integrada” se viene celebrando anualmente desde 2017. Se realizan constantes esfuerzos por identificar a niños sin supervisión y niños trabajadores, ofrecerles los servicios necesarios y protegerlos de posibles riesgos.

87.En el marco de esta iniciativa, se identificaron y registraron 84 niños sin supervisión parental en 2019, 97 en 2020, 151 en 2021, 112 en 2022, 117 en 2023 y 273 en 2024. Estos niños fueron puestos bajo la supervisión del equipo conjunto del Comité y se les prestaron servicios de protección infantil de emergencia, servicios de rehabilitación y programas de prevención específicos, tanto en entornos familiares como separados. Estos servicios se ajustan a las leyes pertinentes y son objeto de un seguimiento continuo.

88.Por ejemplo, de los 273 niños identificados en 2024, 222 se reunieron con sus familias y recibieron servicios de rehabilitación, 25 fueron colocados en refugios temporales o servicios integrales, 1 fue colocado en un hogar de acogida, 4 fueron colocados en organizaciones no gubernamentales acreditadas, 1 recibió servicios de la Comisión Legal de Derechos del Niño y 20 niños fueron asignados a otros servicios, como los servicios educativos y de atención médica.