Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales

Segundo informe periódico que Cabo Verde debía presentar en 2023 en virtud de los artículos 16 y 17 del Pacto *

[Fecha de recepción: 30 de octubre de 2023]

I.Introducción

1.Cabo Verde, como país democrático y miembro de las Naciones Unidas, ha ratificado casi todos los tratados de derechos humanos y sus respectivos protocolos facultativos, asumiendo una serie de compromisos, entre ellos la elaboración y presentación de informes iniciales y periódicos sobre la aplicación de esos tratados en el país.

2.El Estado de Cabo Verde ratificó el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales en 1993, presentó su primer informe en 2018, y este año presenta su segundo informe a las Naciones Unidas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 16 del citado Pacto.

3.Este informe tiene como objetivo describir la situación del país desde la presentación del primer informe hasta el presente, abarcando el período de 2018 a 2023, y pretende evaluar el grado de aplicación de las recomendaciones de la última evaluación, demostrando los logros alcanzados, así como los esfuerzos realizados para la aplicación gradual y progresiva de las recomendaciones recibidas, destacando las medidas legislativas, administrativas y de política adoptadas por el Estado de Cabo Verde, así como los avances en la realización de los derechos económicos, sociales y culturales.

4.El informe ha sido elaborado por la Comisión Interministerial para la Elaboración de Informes Nacionales sobre Derechos Humanos, que lo estructuró atendiendo a las recomendaciones recibidas.

5.El proceso de preparación requirió la participación y colaboración de las instituciones públicas para abrieron espacios para la recopilación de las aportaciones con el fin de recabar la mayor participación posible de las instituciones.

II.Aplicación de las recomendaciones

Instituciones nacionales de derechos humanos

6.Cabo Verde ha prestado especial atención a la cuestión de los derechos humanos y se ha comprometido firmemente a promoverlos y respetarlos, así como a reforzar el estado democrático de derecho y las libertades fundamentales de sus ciudadanos.

7.El Gobierno está estudiando un nuevo modelo para la composición de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y Ciudadanía sobre la base de una observación de las mejores prácticas internacionales, la adecuación de sus estatutos a las intenciones del país, el respeto de los principios de derechos humanos sin que por ello se cuestionen los compromisos del Gobierno al respecto. En ese sentido, al tratarse de una cuestión muy específica que requiere un amplio consenso a nivel nacional, el objetivo es lograr el marco institucional que mejor responda a las exigencias constitucionales en materia de respeto, protección y promoción de los derechos humanos.

8.La Comisión Nacional de Derechos Humanos y Ciudadanía ha traducido todas las recomendaciones de los diversos órganos y mecanismos de tratados de derechos humanos, que ha publicado en su sitio web y transmitido a diversas organizaciones públicas y de la sociedad civil. Dichas recomendaciones han servido de referencia para la definición de las políticas públicas y de instrumento de orientación de la Comisión Nacional al Gobierno para la adopción de medidas que respondan a las recomendaciones formuladas.

9.La Comisión Interministerial para la Elaboración de Informes Nacionales sobre Derechos Humanos ha incluido a la Comisión Nacional de Derechos Humanos y Ciudadanía, las instituciones públicas y las organizaciones de la sociedad civil en el proceso de elaboración de los informes, desde la fase de recopilación de información hasta la fase de socialización y validación.

Aplicación del Pacto a nivel nacional

10.Cabo Verde, como país democrático, se ha guiado por el respeto de los valores supremos, así como por el respeto del derecho internacional y los derechos humanos. Por ello, el país ha abogado por la incorporación automática de los instrumentos jurídicos internacionales a su legislación interna, una vez que han entrado en vigor en el ordenamiento jurídico internacional y que han sido aprobados o ratificados para entrar en vigor en el ordenamiento jurídico interno.

11.En ese contexto, con el fin de consolidar los conocimientos y garantizar una mayor eficacia en la aplicación práctica del contenido de las normas internacionales en el ámbito nacional, el Estado de Cabo Verde, a través de los órganos de gestión del poder judicial, ha llevado a cabo a lo largo de los años una serie de sesiones de formación, entre las que destacan las siguientes: sesiones sobre la trata de personas; foros sobre la aplicación de los instrumentos internacionales de derechos humanos, y elaboración de informes internacionales sobre los derechos humanos.

12.A lo largo de los años, el Cuerpo Nacional de Policía ha invertido considerablemente en la formación de su personal en la esfera de derechos humanos y la ciudadanía, y ha incluido la asignatura de derechos humanos en el programa del curso de formación inicial de los agentes.

13.Asimismo, de conformidad con las Reglas Nelson Mandela, los agentes de seguridad penitenciaria recibieron formación en materia de humanización y derechos humanos, así como de reinserción social.

14.Con el objetivo de verificar el nivel de conocimiento y aplicación de las convenciones de derechos humanos, incluido el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, por parte de jueces, abogados y parlamentarios, la Comisión Nacional de Derechos Humanos y Ciudadanía elaboró y publicó en 2020 el “Estudio sobre el conocimiento y la aplicación de las convenciones internacionales de derechos humanos”, tras haber publicado también un Compendio de Convenciones de Derechos Humanos que reúne los textos de todas las convenciones internacionales.

Cambio climático y reducción del riesgo de catástrofes naturales

15.Como pequeño Estado insular vulnerable a los fenómenos meteorológicos y climáticos extremos (como huracanes, inundaciones y sequías), Cabo Verde ha centrado sus esfuerzos en la aplicación de medidas para prevenir y mitigar sus efectos, con medidas destinadas a movilizar y diversificar las fuentes de agua para la agricultura mediante la desalinización del agua salobre y marina y la reutilización sin riesgo de las aguas residuales tratadas, además del uso de las aguas superficiales y subterráneas; el mejoramiento de la gestión del agua de riego, mediante el uso generalizado de sistemas de riego eficientes y el fomento de la hidroponía; la reducción del costo del agua mediante el uso de energías renovables para bombear el agua destinada al regadío y la ganadería, y la construcción de infraestructuras hidráulicas y de apoyo a la producción.

16.El Segundo Plan Estratégico para el Desarrollo Sostenible, en su Programa de Transformación Agrícola, define como una de las principales opciones el refuerzo de la resiliencia y la adaptación del sector agrícola al cambio climático. Para ello, el país ha invertido en el refuerzo y mejoramiento del sistema agrosilvopastoral y la protección del ecosistema terrestre mediante la gestión sostenible de los recursos forrajeros; la introducción de nuevas especies, variedades y tecnologías de producción; la dotación a los agricultores de plaguicidas para combatir las plagas en las zonas de secano; las campañas de desparasitación animal, y el mantenimiento de las zonas arboladas para favorecer la infiltración y reducir la erosión del suelo.

17.En determinados casos se elaboran planes de contingencia en función de los resultados del año agrícola.

18.Cabo Verde ha dado pasos significativos para integrar la cuestión de la resiliencia climática en sus ambiciones para 2020-2030, ratificando la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, el Protocolo de Kyoto y el Acuerdo de París, y ha presentado tres comunicaciones nacionales y sus respectivos inventarios de gases de efecto invernadero, dos contribuciones determinadas a nivel nacional (CDN1 y CDN2), con ambiciosos planes para mitigar y reducir las emisiones de gases de efecto invernadero.

19.En 2021 presentó el primer Plan Nacional de Adaptación, con el objetivo de promover el cambio en todo el proceso de planificación y presupuestación de las prácticas ambientales, sociales y económicas a fin de aumentar su capacidad de absorción de las perturbaciones climáticas.

20.Se han puesto en marcha los programas “Acción por el clima y resiliencia” y “Medio ambiente, biodiversidad y geodiversidad” que permite el acceso público a la información sismológica y vulcanológica a fin de aumentar el acceso de la población a la información y las alertas meteorológicas; proporcionar información sismológica y vulcanológica al 100 % del país; aplicar el 80 % del plan de conservación y mejora de la geodiversidad ; y reducir en un 13 % las emisiones de gases de efecto invernadero en el conjunto de la economía en un escenario de aplicación de las contribuciones determinadas a nivel nacional.

21.Gracias a las medidas aplicadas, el país ha logrado los siguientes resultados: optimización de la red de Estaciones Meteorológicas Automáticas, con la instalación de 15 estaciones en 2022, y la intención de instalar 5 más en 2023 hasta un total de 32, y estaciones en todas las islas, con el objetivo principal de recopilar datos locales creíbles en tiempo real para preparar información meteorológica/climática local y difundirla a la comunidad.

22.La vigilancia meteorológica y climática, con datos en tiempo real, abarca actualmente alrededor del 40% del territorio nacional y se está actualizando y modernizando el centro de modelización meteorológica y climática del país.

23.Está en curso la rehabilitación de la red nacional de vigilancia vulcanológica y sismológica, que comprende 20 estaciones sismométricas y 3 inclinométricas, cubriendo alrededor del 67 % de las islas habitadas, en particular las islas Fogo, con 7 estaciones, Brava con 6 estaciones y Santo Antão con 4 estaciones. También forman parte de esta red una estación sísmica en Madeiral (São Vicente), una en la isla de Sal y otra en Santiago, así como un laboratorio geofísico en São Vicente, donde se analizan los datos de la red y se emiten comunicaciones y alertas cuando es necesario.

24.Para finales de 2023, el 70 % de los principales centros urbanos de Cabo Verde deberán estar cubiertos por el sistema de información sobre la calidad del aire, y actualmente se está elaborando el Decreto-ley núm. 5/2003, que define el sistema nacional de protección, para actualizar y supervisar la calidad del aire.

25.Cabo Verde está elaborando un programa de transición energética para el período 2021-2025, con el objetivo de desarrollar políticas y estrategias socioeconómicas en ese sector.

26.A ese respecto, se han implementado otros planes y estrategias, a saber, el Plan Estratégico Nacional de Agua y Saneamiento, la Estrategia Nacional de Áreas Protegidas, la Estrategia Nacional de Reducción del Riesgo de Desastres (Resolución núm. 114/2018) y la creación de la Carta Política de Movilidad Eléctrica (Resolución núm. 13/2019).

Desigualdades sociales

27.Con el objetivo de erradicar la pobreza extrema para 2026, el Gobierno aprobó la Estrategia Nacional de Erradicación de la Pobreza Extrema para 2022-2026 mediante la Resolución núm. 4/2023, de 26 de enero de 2023, que establece las acciones estratégicas necesarias para combatir la pobreza extrema que se implementarán en el marco del Segundo Plan Estratégico para el Desarrollo Sostenible para 2022-2026, con miras a fortalecer el sistema de protección social, aumentar la cobertura de los programas sociales, articular las políticas sociales y promover respuestas integradas.

28.El Registro Social Único, creado por el Decreto Reglamentario núm. 7/2018, de 20 de septiembre, constituye un importante instrumento de apoyo al sistema de protección social que establece los criterios que se utilizarán para la concesión de ayudas sociales a las familias en situación de pobreza, que se traducen en la reducción de las tarifas de agua y electricidad, la exención de la participación en los gastos de salud, el acceso a programas de emergencia, becas preescolares, vivienda social y programas de realojamiento.

29.Hasta mayo de 2023, se inscribieron en el Registro Social Único 307.689 personas, correspondientes a 96.229 hogares, de los cuales aproximadamente 81.308 están debidamente actualizados y clasificados según el indicador de focalización: 24.965 están en el grupo I, correspondiente a pobreza extrema; 21.793 están en el grupo II, correspondiente a pobreza moderada; 18.181 están en el grupo III, correspondiente a personas pobres vulnerables, y 16.017 están en el grupo IV, correspondiente a hogares que no se encuentran en situación de pobreza.

30.A ese respecto y en el marco del Programa de Acceso Digno a la Electricidad y al Agua se creó la tarifa social dirigida a las familias de los grupos I y II y se mejoró la conexión a la red, lo que ha facilitado a las familias más vulnerables el acceso a estos bienes esenciales que tienen un efecto positivo en la salud, la educación y la creación de condiciones para el desarrollo de actividades económicas generadoras de ingresos.

31.Con el objetivo de lograr un desarrollo sostenible, equilibrado e inclusivo, se creó, en virtud del Decreto-ley núm. 41/2020, de 2 de abril de 2020, el ingreso de inclusión social, un importante instrumento para reducir las desigualdades y promover los derechos sociales, basado en la mejora de los ingresos y el acceso a servicios básicos como la salud, la educación y la asistencia.

32.En el marco de la ejecución de las estrategias de desarrollo rural, se pusieron en marcha dos grandes planes con cargo al presupuesto estatal, a saber, el Plan Nacional de Inversión Agropecuaria y Seguridad Alimentaria y Nutricional para 2017-2021 y el Plan Estratégico del Sistema de Extensión Rural para 2017-2026, que tienen como objetivo contribuir al logro de los objetivos nacionales y al aumento de la producción y la comercialización agrícolas a fin de mejorar la seguridad alimentaria y nutricional.

33.Se creó el Fondo de Descentralización a fin de prestar apoyo a los 22 municipios y asociaciones locales del país en la ejecución de proyectos destinados a luchar contra la pobreza y mejorar la calidad de vida de la población, y estimular el desarrollo económico y social, lo que contribuye a la reducción de la pobreza a nivel local, especialmente en las zonas rurales.

34.En el marco del Programa de Promoción de Oportunidades Socioeconómicas en el Entorno Rural, se emprendieron acciones de las que se beneficiaron 385 personas hasta 2022, prestando especial atención al empoderamiento de las mujeres y la población joven de zonas rurales. En materia de género, el Programa ha alcanzado el 120 % de su objetivo, que era formar a 8.000 mujeres, puesto ya ha beneficiado a 9.600.

35.Los 28 programas del Segundo Plan Estratégico para el Desarrollo Sostenible para 2022-2026 comprenden las dimensiones de género y de derechos humanos, garantizando su integración en todos los sectores de la gobernanza, con objetivos claros que deben alcanzarse para 2026.

Recursos máximos disponibles

36.Los presupuestos del Estado garantizan una asignación presupuestaria adecuada para el gasto social en favor de los grupos más desfavorecidos, con el fin de reducir en la medida de lo posible el número de personas que viven en la pobreza y erradicar la pobreza extrema de aquí a 2026.

37.En 2023, el presupuesto del Estado ascendió a 3,2 millones de escudos, destinados a la pensión social mínima, que beneficia actualmente a unos 26.000 jubilados, a la evacuación de pacientes bajo el régimen no contributivo y también al presupuesto del “Programa MAIS” (Movilización para la Inclusión Social Acelerada), que se incrementará, e incluye también cantidades destinadas a las áreas de la promoción de la igualdad y la equidad de género, el fondo de apoyo a las víctimas de la violencia de género, el desarrollo del capital humano, el desarrollo de un mercado laboral flexible e inclusivo y la integración de los inmigrantes.

38.También se ha creado un Fondo MAIS para financiar acciones dirigidas a “personas que viven en la pobreza extrema, abarcando principalmente grupos objetivo” como “hogares pobres en comunidades sin cobertura adecuada de servicios sociales básicos”, familias que “muestran un deterioro en sus condiciones de vida debido a situaciones de crisis, en particular, sequías, crisis alimentarias, pandemias y desastres naturales”, o aquellas encabezadas por mujeres, “preferiblemente las que viven en zonas rurales y con hijos menores de 15 años”. También se incluyen a los inmigrantes, los hogares “con niños menores de cinco años a cargo, personas mayores o en situación de dependencia”, así como las “personas con discapacidad” que viven aisladas, los enfermos crónicos, las víctimas de la violencia doméstica y de género, los extoxicómanos, los antiguos reclusos y los repatriados forzosos y voluntarios, además de las personas “en situación de calle”.

39.Gracias al proyecto “Cuidar para incluir – Apoyo a las trabajadoras del sector informal y a las madres estudiantes”, se han financiado instalaciones comunitarias y la renovación y el equipamiento de guarderías municipales en el marco del Acuerdo de Financiación.

40.Se ha renovado por un año más el contrato con CCS/SIDA/FUNDO GLOBAL, con el objetivo de garantizar el funcionamiento de los centros de seis días, así como pagar los sueldos de seis facilitadores, un psicólogo y la compra de material didáctico y meriendas para 228 niños y adolescentes.

41.Sigue vigente el acuerdo de asociación con Aldeas Infantiles SOS con vistas a desarrollar actividades que contribuyan a reforzar la protección de la infancia.

42.El plan de trabajo anual (PTA 2022/2023) firmado con el sistema de las Naciones Unidas en Cabo Verde da prioridad a la prestación de asistencia administrativa y financiera en la aplicación del plan de protección, el fortalecimiento del centro de emergencia para niños en Mindelo y el apoyo en el contexto de la asistencia psicológica a los niños y adolescentes en situación de riesgo en las islas de Maio, Fogo y São Nicolau.

43.Para evitar la subutilización de los recursos presupuestarios, se está trabajando en el fortalecimiento del Sistema Nacional de Planificación, concebido para que sea sólido y responda a cuatro componentes fundamentales y complementarios: legal, institucional, técnico y vinculado al sistema de información. Esta labor implica la reglamentación de la Ley Marco del Sistema Nacional de Planificación, el desarrollo de guías de evaluación, por ejemplo en relación con el impacto, la evaluación ejecutiva y las herramientas, así como el diseño de programas y la construcción del marco lógico, que ya está en marcha.

44.Asimismo, están en preparación dos medidas legislativas, una referida al Sistema Nacional de Planificación, Seguimiento y Evaluación, que deberá definir con detalle los procedimientos de planificación, ejecución, seguimiento y evaluación de todas las políticas públicas incluidas en los planes estratégicos nacionales, con el fin de mejorar su eficiencia y eficacia, promover la transparencia como valor central del proceso de las políticas públicas y crear las bases para una gestión basada en datos empíricos, y otra relativa al Sistema Nacional de Inversión Pública, que deberá elaborar una propuesta para crear este Sistema Nacional, con el fin de optimizar el uso de los recursos públicos y mejorar la calidad del gasto público.

45.El pago de impuestos por Internet ha permitido una comunicación más rápida, ha mejorado las relaciones entre la administración tributaria y los contribuyentes y ha fomentado el cumplimiento voluntario de la obligación tributaria principal. Del mismo modo, la creación de la Dependencia de Estadísticas de la Dirección Nacional de Ingresos del Estado ha aportado una mayor transparencia a la gestión de los asuntos públicos con el inicio de la publicación del Boletín del IVA.

46.El Gobierno ha aprobado el programa de reforma fiscal, un instrumento destinado a lograr un sistema tributario sencillo, moderno, justo y eficaz, factor esencial en una economía competitiva. Para ello, el Gobierno ha establecido dos ámbitos de intervención, a saber, el refuerzo de la competitividad fiscal de Cabo Verde y la mejora de la eficiencia y la eficacia de la administración tributaria.

Corrupción

47.En relación con la lucha contra la corrupción, el país ha seguido las prácticas internacionales de lucha contra este flagelo con la creación del Consejo de Prevención de la Corrupción, con el cometido exclusivo de detectar y prevenir los riesgos de corrupción, recopilar y procesar información para determinar las esferas más vulnerables a la penetración del fenómeno, y supervisar y evaluar la eficacia de los instrumentos jurídicos en vigor.

48.Se ha concedido y garantizado al Tribunal de Cuentas pleno acceso al Sistema Integrado de Gestión Presupuestaria y Financiera, con vistas a la fiscalización concomitante.

49.La Ley núm. 18/X/2023, de 23 de enero, modificó el Código Penal ampliando el plazo de prescripción de la corrupción activa y pasiva para adaptarlo a la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción.

50.A nivel interno, con el fin de identificar, evaluar, medir y controlar los riesgos importantes que pudieran afectarle negativamente, el Banco de Cabo Verde ha aplicado los “Principios Básicos de Basilea para una supervisión bancaria eficaz”, con las adaptaciones necesarias.

51.Por lo que respecta a la prevención del blanqueo de capitales y la lucha contra la financiación del terrorismo, el Banco dispone de una dependencia estructurada encargada de identificar, evaluar y controlar los riesgos asociados al blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.

52.Además, el Banco de Cabo Verde es la autoridad competente para regular y verificar el cumplimiento, por parte de las entidades sujetas a su supervisión, de las obligaciones en materia de prevención del blanqueo de capitales y lucha contra la financiación del terrorismo prescritas por la Ley núm. 38/VII/2009, de 27 de abril, con las modificaciones introducidas por la Ley núm. 120/VIII/2016, de 24 de marzo, así como para coordinar y cooperar con las autoridades nacionales y homólogas en la materia.

53.En este marco, el Banco de Cabo Verde ejerció las facultades de control que le confiere la legislación citada, a saber: realizar controles periódicos, de acuerdo con el plan aprobado; analizar los informes periódicos enviados por las entidades sujetas a su supervisión; analizar los criterios de prevención del riesgo de legitimación de capitales y financiación del terrorismo en las condiciones de acceso al mercado financiero, en particular en los procesos de autorización y registro, y evaluación de la idoneidad de los miembros de entidades jurídicas y de quienes posean una participación cualificada en las entidades.

54.Asimismo, cabe señalar que el Banco ha sido designado recientemente como autoridad nacional responsable de verificar el cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias aplicables en materia de prevención de la legitimación de capitales y financiación del terrorismo por parte de las entidades que tengan previsto realizar actividades con activos virtuales (véase la Ley núm. 30/X/2023, de 21 de junio, por la que se regula la prestación de servicios con activos virtuales y la creación de bancos digitales).

55.Recientemente, mediante la Resolución núm. 24/2023 de 3 de abril, se aprobó la “Estrategia Nacional de Prevención y Lucha contra el Blanqueo de Dinero, la Financiación del Terrorismo y la Financiación de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva”.

56.Se creó el Organismo Regulador de la Competencia cuya misión es velar por la aplicación de las normas de fomento y defensa de la competencia en los sectores privado, público, cooperativo y social, teniendo en cuenta el funcionamiento eficaz de los mercados, la asignación de recursos y los intereses de los consumidores.

57.El Régimen de Acceso y Reutilización de los Documentos Informativos y la Información Administrativa relativa a las actividades desarrolladas por los organismos y entidades públicas fue aprobado por la Ley núm. 10/X/2022, de 16 de mayo, para regular los mecanismos de acceso, así como las responsabilidades en caso de incumplimiento de la obligación legal de suministro de información, incluidas las medidas para garantizar la prestación transparente, eficiente y responsable de los servicios públicos en su estrategia nacional de desarrollo.

58.Se ha creado un módulo de consulta de pagos, mediante código de respuesta rápida (QR), para dar mayor transparencia al proceso de pago y descentralizar el proceso de entrega/envío del justificante de la orden de transferencia.

59.Del mismo modo, se ha creado eCOMPRAS.cv, un sistema electrónico de adquisiciones públicas, para supervisar la aplicación, la eficiencia y la eficacia del sistema de adquisiciones con miras a la desmaterialización y la optimización de la transparencia de los procesos de adquisiciones públicas.

60.Cabe destacar asimismo la adopción de políticas encaminadas a cambiar las prácticas de la administración pública y privada para reducir los factores jurídicos y sistémicos que favorecen el secreto oficial e impiden la divulgación de información al público.

61.Además, se creó el Consejo de Finanzas Públicas, cuyo objetivo es proporcionar una evaluación independiente de la coherencia, el cumplimiento y la sostenibilidad de la política fiscal.

No discriminación

62.Con el fin de prevenir la discriminación, la Comisión Nacional de Derechos Humanos y Ciudadanía ha presentado a la Asamblea Nacional un proyecto de ley especial contra la discriminación, que propone un régimen jurídico general para prevenir, prohibir y combatir todo tipo de discriminación en todos los ámbitos, tanto públicos como privados. Se realizaron actividades informativas y de sensibilización para prevenir y combatir la discriminación y el racismo y dar a conocer información sobre los derechos de los inmigrantes.

63.El Código de Trabajo, en su artículo 15, párrafo 1 a) del Decreto Legislativo núm. 5/2007, de 16 de octubre, modificado por el Decreto Legislativo núm. 5/16, de 16 de octubre, reconoce el derecho a la igualdad en el trabajo al prohibir la discriminación. En el mismo sentido, el artículo 12, párrafo d), de la Ley Orgánica del Empleo Público (Ley núm. 20/X/2023, de 24 de marzo) reconoce la igualdad como uno de los principios de actuación de los empleados y agentes de la administración pública, puesto que prohíbe cualquier medida discriminatoria por razón de ascendencia, sexo, raza, lengua, convicciones políticas, ideológicas o religiosas, situación económica o condición social. El artículo 16, párrafo 5 d), de la ley prohíbe a los funcionarios discriminar a los ciudadanos.

64.Cabo Verde ha tipificado la discriminación como delito —artículo 161 del Código Penal— desde su aprobación por el Decreto Legislativo núm. 4/2003, de 18 de noviembre (modificado más recientemente por la Ley núm. 117/IX/2021, de 11 de febrero). Este artículo castiga con penas de hasta dos años de prisión la discriminación basada en el origen, el sexo, la situación familiar, el estado de salud, los hábitos y costumbres, las opiniones políticas, la actividad cívica, la pertenencia o no pertenencia a una etnia, nación, raza o religión, o la pertenencia o no pertenencia a una organización.

65.En 2022, a petición del Comité de Coordinación sobre el Sida, la Comisión Nacional de Derechos Humanos y Ciudadanía impartió módulos sobre derechos humanos y salud como parte de los talleres de formación para profesionales de la salud reproductiva, en el contexto de la eliminación del VIH/sida en Cabo Verde.

66.Entre las actividades de sensibilización para combatir los estereotipos que afectan a las personas y grupos que corren riesgo de discriminación se incluyen estudios, publicaciones, reuniones institucionales y campañas de sensibilización para prevenir y combatir la discriminación racial, la última de las cuales se realizó en 2023 bajo el lema “La diversidad nos enriquece: sea cual sea nuestra nacionalidad, origen o religión ¡todos contribuimos!”

67.También cabe destacar la aprobación de la Ley núm. 26/X/2023, de 8 de mayo, sobre el estatuto de las personas mayores, que ofrece mayor protección y dignidad a los ancianos.

Derechos de las personas con discapacidad

68.El Decreto-ley núm. 20/2011, de 28 de febrero, aprueba las normas técnicas para garantizar el acceso seguro e independiente de las personas con discapacidad y movilidad reducida mediante, entre otras cosas, la eliminación de barreras urbanísticas y arquitectónicas en los edificios públicos, en el equipamiento/mobiliario colectivos y en la vía pública, en el transporte y en otros lugares que dificultan la movilidad, la independencia y la plena participación de las personas con discapacidad en la vida social.

69.El régimen jurídico de prevención, adaptación, rehabilitación y participación de las personas con discapacidad, Decreto-ley núm. 21/2019, de 24 de mayo, en su artículo 4, y la Ley núm. 20/X/2023, de 24 de marzo, que rige el régimen jurídico del empleo público, artículo 127, establecen que en todos los concursos externos para la contratación de personal de la administración pública, el cupo del 5 % del total de los puestos reservado para las personas con discapacidad no deberá desactivar totalmente el desempeño de las tareas propias de la función o puesto a ejercer.

70.El aumento de las subvenciones a las organizaciones no gubernamentales, que amplía el ámbito de beneficiarios, apunta a promover una política de autonomía y plena inclusión de las personas con discapacidad en la sociedad, creando todas las condiciones para el funcionamiento de las organizaciones que trabajan con ellas.

Igualdad de género

71.El Gobierno ha formulado y está aplicando el Plan Nacional de Igualdad de Género para 2021-2025, que establece las competencias y responsabilidades de ejecución, coordinación, seguimiento y evaluación de los distintos actores con vistas a un enfoque integrado y articulado de la cuestión de la igualdad de género.

72.Además, el Segundo Plan Estratégico para el Desarrollo Sostenible abarca la creación de un programa específico sobre igualdad y equidad entre hombres y mujeres y la integración de la dimensión de género en los programas restantes de este importante instrumento estratégico, así como la integración de la dimensión de los derechos humanos en la mayoría de los 28 programas que abarca el Plan.

73.La Ley de Paridad estipula que los partidos políticos, las asociaciones de mujeres de los partidos políticos y los jóvenes simpatizantes deben llevar a cabo actividades de sensibilización, formación y concienciación entre sus activistas, simpatizantes, miembros y, más en general, la sociedad civil, con vistas a promover la participación efectiva y paritaria en los órganos elegidos y de toma de decisiones. En este contexto, se han llevado a cabo diversas iniciativas de sensibilización dirigidas a determinados grupos con el fin de dar a conocer la Ley, fomentar la participación e inclusión de estas mujeres en los espacios de toma de decisiones públicas, contribuir a la promoción de la igualdad de género y, en consecuencia, garantizar una representación democrática cada vez más inclusiva y participativa.

74.El Plan Nacional de Igualdad de Género 2021-2025, que en uno de sus ejes abarca la autonomía en la toma de decisiones, prevé la aplicación de medidas que promuevan cambios positivos en el ejercicio del poder en los espacios privados y públicos, y la necesidad de que, sobre la base de los preceptos de la Ley de Paridad se promueva una mayor participación de las mujeres en los puestos directivos intermedios de la administración pública y en la toma de decisiones en el sector privado y en las organizaciones de la sociedad civil.

Desempleo entre los jóvenes

75.La formación profesional, como política activa del empleo, desempeña un papel fundamental en la creación de oportunidades para que los jóvenes graduados se incorporen al mercado laboral.

76.El Programa de Prácticas Profesionales, junto con el Programa para la Integración de los Desempleados de Larga Data, tiene como objetivo promover la empleabilidad de los desempleados de larga data y la inserción de los jóvenes en el mercado laboral mediante la creación de oportunidades de prácticas profesionales en campos específicos, con el objetivo de reducir la tasa de desempleo, en particular en las empresas de tecnología de la información y las comunicaciones, la gestión y ámbitos de ocupación conexos, así como el sector de la cocina y pastelería, a fin de llenar el vacío de profesionales con experiencia consolidada y ajustada a las necesidades del mercado.

77.NOSiAkademia, que actúa como catalizador de la formación de los jóvenes a escala nacional y los prepara para el mercado laboral nacional e internacional, es un programa de formación orientado a garantizar el acceso a todos los jóvenes graduados, fomentando al mismo tiempo la meritocracia en dos ámbitos de actividad: las prácticas profesionales y la certificación.

78.Se aprobó el Decreto-ley núm. 38/2021, por el que se aprueba el régimen jurídico del sistema de financiación de la formación profesional, que prevé las fuentes de financiación, así como los mecanismos y condiciones de financiación de los proyectos y actividades de formación de las personas físicas y jurídicas beneficiarias.

79.En el marco del programa de apoyo a la formación, la cualificación y la empleabilidad, 22.149 jóvenes se beneficiaron de medidas de apoyo a la formación, la cualificación y el empleo entre enero y diciembre de 2021.

80.Según el análisis de datos, de enero a diciembre de 2021, el 64,5 % de los graduados se incorporó al mercado laboral un año después de finalizar su formación.

81.Como parte de los programas de apoyo a la iniciativa empresarial y la creación de empleo, distintas empresas y proyectos se han beneficiado gracias a una asistencia técnica y otras iniciativas.

82.El Programa de Inclusión Productiva se puso en marcha para promover oportunidades a través de actividades generadoras de ingresos, la mejora de las competencias técnicas y profesionales, el espíritu empresarial, la educación financiera y las aptitudes para la subsistencia, principalmente para las mujeres cabeza de familia con hijos de hasta 15 años.

Empleo de las mujeres

83.El Estado de Cabo Verde se compromete a adoptar medidas especiales para promover la participación de las mujeres en la política y en las esferas de toma de decisiones en pie de igualdad con los hombres.

84.En este contexto, la Ley de Paridad aprobada por la Ley núm. 68/IX/2019, de 28 de noviembre, contempla la paridad en la representación política tanto en los cargos elegibles como en los cargos directivos de la administración pública, con el objetivo de garantizar la igualdad efectiva de derechos y deberes entre hombres y mujeres, eliminando toda forma de discriminación y creando las mismas oportunidades, especialmente en lo que se refiere a la participación política y el ejercicio de los puestos decisorios a fin de alcanzar una situación más justa y equilibrada.

85.El Gobierno, en colaboración con la oficina local de la Organización Internacional del Trabajo, ha puesto en marcha sesiones de sensibilización sobre el Convenio sobre los Trabajadores con Responsabilidades Familiares, núm. 156, de la OIT, en las que participaron interlocutores sociales, parlamentarios, miembros del Gobierno, miembros del cuerpo diplomático, representantes de organismos públicos y privados que trabajan en este ámbito, artistas y activistas, con el objetivo de ratificar el Convenio.

86.La nueva Ley Orgánica del Empleo Público, aprobada por la Ley núm. 20/X/2023, de 24 de marzo, garantiza el principio de igual salario por trabajo igual, amplía la licencia por maternidad de 60 a 90 días, establece una licencia parental de 10 días e introduce el concepto de teletrabajo o trabajo mixto.

87.El Código del Trabajo se ha armonizado con el régimen de la función pública, tras las modificaciones introducidas por la Ley núm. 32/X/2023 de 4 de agosto.

Salario mínimo

88.El salario mínimo en Cabo Verde ha pasado de 13.000 a 14.000 escudos en 2023, para el sector privado, con un aumento previsto a 15.000 escudos para 2024, y en la administración pública, el aumento ha pasado de 14.000 a 15.000 escudos. En el presupuesto estatal para 2024 se ha previsto en 2023 un aumento a 16.000 escudos. En cuanto a las actualizaciones salariales en la administración pública, las clases profesionales más bajas experimentaron un aumento en 2023 de entre el 1 % y el 3,5 %, incluidos los jubilados, y se espera un aumento del 3 % para 2024.

Condiciones de trabajo equitativas y satisfactorias

89.El Estado reconoce el derecho de toda persona a condiciones de trabajo justas y satisfactorias, que garanticen una remuneración equitativa e igual por trabajo igual, sin distinción de ningún tipo. Por ello, en la observación general núm. 23 (2016) del Comité define el concepto de un salario mínimo que garantice una vida digna, así como condiciones de trabajo equitativas y satisfactorias para todos.

90.El Decreto-ley núm. 6/2014, de 29 de enero, crea y reglamenta la remuneración mínima mensual garantizada a los trabajadores sujetos al régimen del Código de Trabajo, incluidos los adscritos a empresas públicas, sociedades mixtas y empresas de capital público.

Tareas domésticas

91.El Instituto Nacional de la Seguridad Social y la Dirección General de Trabajo han llevado a cabo campañas y reuniones para animar a los empresarios a inscribir a sus trabajadores en el sistema de seguridad social y han destacado la importancia de esta obligación en virtud de la legislación caboverdiana.

92.En cuanto a la ratificación del Convenio sobre las Trabajadoras y los Trabajadores Domésticos de la OIT, el Gobierno, en colaboración con los interlocutores sociales, está analizando si el país dispone actualmente de condiciones efectivas para la aplicación de todos los principios y artículos del citado Convenio.

Economía informal

93.El Plan Estratégico para 2017-2021 del Instituto Nacional de Seguridad Social preveía un aumento del número de personas ocupadas afiliadas al sistema de seguridad social, que ya se ha alcanzado: se pasó de 83.441 asegurados activos en 2016 a 104.851 en 2021, lo que corresponde al 52,5 % de la población ocupada. Uno de los objetivos estratégicos del Plan Estratégico para 2022-2026 es ampliar la cobertura de la protección social obligatoria hasta alrededor del 66 %.

94.En el marco de la Estrategia Nacional para la Erradicación de la Pobreza Extrema para 2022-2026, junto con el Plan para Acelerar la Transición de la Economía Informal a la Formal, se prevé el paso a la economía formal de todos los hogares en situación pobreza extrema con unidades productivas informales, y está previsto un programa dirigido a otros emprendedores a fin de hacer extensiva la protección social obligatoria a grupos de difícil cobertura.

95.El Plan Nacional para la Igualdad entre Hombres y Mujeres 2021-2025, en su estrategia de implementación, prevé la promoción de la coordinación entre los distintos mecanismos de acceso a la protección social, con el fin de mejorar el acceso de las mujeres a los recursos financieros, teniendo en cuenta el Instituto Nacional de Seguridad Social y el Centro Nacional de Previsión Social.

Derecho de afiliación sindical

96.El derecho de huelga está consagrado en el ordenamiento jurídico-constitucional de Cabo Verde. De hecho, el artículo 67 de nuestra Constitución, bajo el epígrafe de Derechos, Libertades y Garantías de los Trabajadores, garantiza a los trabajadores el derecho a la huelga y prohíbe los cierres patronales.

Derecho a la seguridad social

97.El sistema de protección social se rige por la Ley núm. 131/V/2001, de 22 de enero, que define las bases de la protección social sobre la base de un sistema permanente estructurado en torno a tres niveles: red de seguridad, protección social obligatoria y protección social complementaria.

98.La última actualización de la pensión social tuvo lugar en 2019, y se espera una nueva actualización el próximo año, ampliándose la cobertura a otros 3.000 nuevos beneficiarios en 2023, que actualmente suman 22.680 jubilados

99.Cabe señalar que la Estrategia Nacional para la Erradicación de la Pobreza Extrema 2022-2026 tiene como objetivo ampliar la cobertura de la pensión social, garantizando que todas las personas a cargo, incluidas las personas mayores, las personas con discapacidad y los niños con discapacidad, tengan derecho a una renta, así como ayuda para medicamentos, acceso a exenciones y tarifas sociales de energía y agua.

100.En julio de 2019, Cabo Verde ratificó el Convenio sobre la Seguridad Social (Norma Mínima), núm. 102, que entró en vigor en enero de 2020. El país ha aceptado tres de las nueve ramas de seguridad, quedando vinculado únicamente a la parte III – prestaciones monetarias de enfermedad, la parte V – prestaciones de vejez y la parte VII – prestaciones familiares.

101.En cuanto a los trabajadores domésticos, el Decreto-ley núm. 49/2009, de 23 de noviembre, incluyó a los profesionales del servicio doméstico en el régimen de protección social de los trabajadores asalariados, garantizándoles cobertura en caso de enfermedad comprobada, maternidad, paternidad, adopción, antigüedad, edad, invalidez o fallecimiento y prestaciones monetarias por gastos familiares.

102.Cabo Verde ha firmado convenios de seguridad social con Portugal, los Países Bajos, Francia, Luxemburgo y Suecia. Los trabajadores migratorios y sus familiares están sujetos a las leyes de seguridad social del país donde trabajan y tienen derecho a prestaciones por enfermedad, maternidad, accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, desempleo, invalidez, vejez, fallecimiento y cargas de familia.

Inscripción de los nacimientos

103.Cabo Verde ha puesto en marcha un proyecto de inscripción de nacimientos a través del Servicio de Identificación y Notariado, y ha creado mecanismos modernos y eficaces de inscripción. Gracias a importantes inversiones y a la sinergia entre el Gobierno y una serie de socios, el registro civil de Cabo Verde se ha desarrollado exponencialmente. En la actualidad, todos los registros del estado civil se procesan electrónicamente, lo que proporciona una mayor confianza, reduce el margen de error, permite la elaboración puntual de estadísticas del estado civil y acelera la respuesta a las solicitudes.

104.La revisión del Código del Registro Civil (Ley núm. 75/VIII/2014, de 9 de diciembre) también ha mejorado el marco jurídico en este ámbito, especificando que los nacimientos que se produzcan en el hospital deben registrarse antes del alta y los que se produzcan fuera del hospital deben declararse en los 15 días siguientes al nacimiento.

105.La Ley de la Infancia y la Adolescencia exige que se pongan en marcha procedimientos sencillos y rápidos para la inscripción rápida de los niños, y establece que ningún niño debe abandonar el hospital donde nació sin que se haya registrado su nacimiento (hay que tener en cuenta que el 96 % de los nacimientos en Cabo Verde tienen lugar en establecimientos de salud).

106.Los profesionales de la salud y del registro civil pueden intervenir extraoficialmente cuando los padres no inscriben a un hijo recién nacido a fin de darle un nombre para preservar el derecho al nombre desde el nacimiento, disponiendo los padres de 30 días para cambiar el nombre dado por los profesionales.

Violencia de género

107.Cabo Verde ha tomado las medidas necesarias para combatir la violencia de género y proteger a las víctimas y sus familias mediante inversiones en la consolidación de oficinas de asistencia a las víctimas de violencia de género y el refuerzo de las investigaciones en este ámbito.

108.En virtud de la Ley núm. 84/VII/2011, de 10 de enero, se establecieron centros de apoyo a las víctimas de la violencia de género para prestarles asistencia y darles seguimiento. Todos los municipios cuentan con centros de apoyo a las víctimas de la violencia de género, que garantizan una atención eficaz y la adopción de medidas temporales para proteger a las víctimas y a sus hijos. Existen líneas telefónicas gratuitas para denunciar casos de violencia de género, disponibles las 24 horas del día.

109.Por Decreto-ley núm. 8/2014, de 27 de enero, se crearon cuatro centros de acogida, dos en la isla de Santiago, uno en São Vicente y otro en Fogo, y para permitir su funcionamiento se aprobó el Decreto-ley. El Reglamento núm. 3/2023, de 17 de abril, por el que se crea el Estatuto del Fondo Autónomo de Apoyo a las Víctimas de la Violencia de Género, tiene por objeto proporcionar los recursos para la efectiva aplicación de las medidas de protección, apoyo y asistencia a la víctima, así como medidas en relación con el agresor.

110.La Ley núm. 55/IX/2019, que sienta las bases del presupuesto del Estado, introdujo un capítulo específico sobre el género en el que se determina que la igualdad y la equidad de género deben ser tenidas en cuenta en el proceso presupuestario, y procedió a introducir marcadores de género en el Sistema Integrado de Gestión Presupuestaria y Financiera, herramienta que permite clasificar los proyectos y programas en función de su contribución a la promoción de la igualdad de género.

111.La Comisión de Prevención y Lucha contra la Violencia se creó en virtud del Decreto Reglamentario núm. 46/2022, de 24 de noviembre, como órgano interdepartamental con la misión de promover y garantizar la coordinación y la prestación de apoyo técnico interministerial en la concepción, elaboración, definición, aplicación, seguimiento, control, supervisión y evaluación de las medidas de política relativas a la prevención y la lucha contra los delitos de violencia de género, delito de uso de la violencia y los delitos sexuales contra los menores de edad.

112.La garantía de la inclusión de medidas de política en los planes estratégicos nacionales, debidamente alineados con el Programa de Gobernanza, ha permitido asegurar la financiación, mediante la movilización de recursos internos o externos y su correspondiente asignación presupuestaria con cargo al Presupuesto del Estado, para el pleno funcionamiento de los 22 centros de apoyo a las víctimas a nivel nacional, incluido su personal, el funcionamiento de los cuatro centros de acogida existentes y su ampliación a otras islas, así como la partida presupuestaria para la ejecución de todas las políticas activas de empleo y otras medidas sectoriales encaminadas a una mayor participación de las mujeres en la vida económica y política.

113.En el marco de la auditoría participativa de la aplicación de la Ley de Violencia de Género – proyecto “Djuntu pa igualdade”, se impartió formación a diversas instituciones sobre la asistencia a las víctimas de la violencia de género, en la que participaron jueces y agentes de la policía nacional, y se hizo hincapié en la segunda mesa de diálogo para la elaboración del plan de acción nacional.

114.La legislación en vigor, concretamente Código de Procedimiento Penal tal como fue modificado, promueve la creación de condiciones que ofrecen a las víctimas respuestas rápidas, especializadas y eficaces, así como el reconocimiento de que todos los derechos están garantizados a los caboverdianos y a los extranjeros que se encuentran en el territorio nacional, independientemente de su situación jurídica.

115.Los agentes de policía, funcionarios, médicos o técnicos de salud que, en el ejercicio de sus funciones, tengan conocimiento de la comisión de un delito de violencia de género están obligados a denunciarlo en un plazo de 48 horas, so pena de incurrir en sanción disciplinaria.

116.El Plan Nacional para la Igualdad y la Equidad de Género está debidamente alineado con los planes estratégicos nacionales y los programas internacionales que promueven la igualdad y la equidad de género en todos los ámbitos de la gobernanza. Se trata de una medida gubernamental que ha justificado y sigue justificando la movilización de los recursos financieros necesarios y su asignación presupuestaria para garantizar que el Instituto de Cabo Verde para la Igualdad y Equidad de Género ponga en práctica los objetivos específicos recomendados por el país.

117.En el marco de la aplicación de la Ley de Violencia de Género a escala nacional, se organizaron sesiones de sensibilización en colaboración con las cámaras municipales, las organizaciones no gubernamentales locales y otras instituciones estatales, como la Dependencia de Gestión de Proyectos Especiales, la Dirección Nacional de Educación, el Ministerio de Defensa y el Ministerio de Defensa para la Administración Interna.

118.Se ha introducido el módulo de igualdad de género en la formación profesional, en cuyo marco se ha impartido capacitación para formadores en igualdad de género y violencia de género. Además, se ha elaborado un protocolo con el Centro de Apoyo Psicológico para prestar atención psicoterapéutica, psiquiátrica y neurológica a las víctimas de violencia de género y a sus hijos a nivel nacional, y se han establecido otros dos con la Asociación de Mujeres Juristas para prestar asistencia jurídica y con la Asociación Chã de Matias para crear un centro de acogida.

Derecho de propiedad

119.El programa gubernamental garantiza que la seguridad física de la vivienda y el saneamiento para toda la población sean un aspecto fundamental de las condiciones de vida de las familias. Teniendo esto en cuenta, el Segundo Plan Estratégico para el Desarrollo Sostenible prevé que para 2026 el déficit cuantitativo de viviendas se habrá reducido a 19.000 viviendas y el déficit cualitativo a unas 40.000 viviendas.

120.Así pues, en el marco del Plan Nacional de Vivienda PLANAH 2021-2030, que es el principal instrumento de aplicación de la Política Nacional de Vivienda, se ha puesto en marcha el Programa de Regeneración del Hábitat para contribuir a reducir el déficit cualitativo de las viviendas residenciales de las familias más vulnerables de aquí a 2026. El Plan pretende llegar sobre todo a las mujeres y los jóvenes que viven en viviendas con problemas de inundaciones, filtraciones de agua, ausencia o insuficiencia de sistemas de saneamiento y falta de cocinas adecuadas.

121.El Gobierno y las autoridades locales han puesto en marcha proyectos de vivienda social, proporcionando terrenos, materiales de construcción y proyectos estándar.

122.El grupo destinatario del Programa está formado por los hogares clasificados en los grupos 1 y 2 del Registro Social Único, dando prioridad a los hogares monoparentales representados por mujeres, los hogares con al menos un niño menor de 15 años, la presencia de un familiar con discapacidad, los hogares con personas mayores de 65 años y los hogares con un mayor número de personas.

Derecho de acceso al agua

123.El archipiélago depende cada vez más del agua desalada, ya que cerca del 80 % del agua utilizada para el consumo doméstico, la industria, el turismo y los servicios se desaliniza en los principales centros urbanos, con un elevado costo energético que repercute directamente en las tarifas.

124.A pesar de años de sequía grave y consecutiva, Cabo Verde ha progresado considerablemente, ya que el 85,5 % del país está cubierto por sistemas de abastecimiento de agua (alrededor del 91,6 % en los centros urbanos y del 72,8 % en las zonas rurales).

125.Gracias a las inversiones en curso, el acceso al agua potable a través de las redes públicas debería aumentar hasta alcanzar niveles cercanos al 88 %. También se espera que la capitación media diaria aumente de los 75 litros/cápita/día actuales a valores cercanos a los 80 litros/cápita/día. En cuanto a la capitación, el objetivo estratégico del Plan Estratégico Nacional de Agua y Saneamiento es alcanzar los 90 litros/cápita/día.

126.Se están haciendo grandes inversiones en el uso y la distribución del agua, así como en el tratamiento y la reutilización segura de las aguas residuales. Está previsto que aproximadamente el 100 % de la población residente tenga acceso a una fuente de agua potable y que ningún hogar gaste más del 5 % de sus ingresos en servicios de agua y saneamiento.

127.Para minimizar los efectos negativos de los elevados costos de producción y distribución del agua en los estratos sociales más pobres, el Gobierno aprobó en 2018 la tarifa social. Para garantizar la sostenibilidad de las tarifas sociales, el Gobierno ha invertido en energías renovables a fin de reducir el costo de producción del agua desalada y de movilización y distribución de las aguas subterráneas.

Derecho a la salud

128.La Ley núm. 7/X/2022, de 16 de mayo, adoptó el régimen jurídico para la prevención y atención integral del VIH/sida, cuyo contenido normativo se ajusta a una de las metas del Objetivo de Desarrollo Sostenible 3, que apunta a poner fin a la epidemia del sida para 2030.

129.La aplicación del Cuarto Plan Estratégico de Lucha contra el VIH/sida para el período 2016-2020 ha permitido reducir las nuevas infecciones, disminuir la mortalidad relacionada con el VIH y apoyar la mejora de la calidad de vida de las personas que viven con el VIH, combatir todas las formas de discriminación, y reforzar la gobernanza para una respuesta nacional más eficaz.

130.El Quinto Plan Estratégico de Lucha contra el VIH/sida 2022-2026 de Cabo Verde describe una epidemia concentrada, con una prevalencia en torno al 0,6 % de la población general, pero con cifras elevadas entre los profesionales del sexo (4,6 %) y los homosexuales (6,1 %). El Plan pretende registrar los progresos realizados y los obstáculos encontrados en la lucha contra el VIH/sida, y cumplir los compromisos asumidos por el país en el Foro “Cabo Verde: Ambición 2030” y en el “Programa de Gobierno 2021-2026”.

131.Entre las políticas y estrategias propuestas en el Plan Nacional de Desarrollo Sanitario para 2016-2021, y guiado por los principios constitucionales de universalidad, accesibilidad y no discriminación, se presentó el Plan Nacional de Desarrollo Sanitario para 2022-2026, un elemento básico de las políticas de salud de Cabo Verde que guía la dirección estratégica de la intervención del Sistema Nacional de Salud.

132.En este contexto, también se aprobó el Plan Estratégico de Salud Sexual y Reproductiva para 2018-2022 como instrumento que orienta las políticas en la materia.

133.En el sector de la salud se han introducido ayudas para la compra de medicamentos y la realización de pruebas diagnósticas adicionales no disponibles en el servicio público de salud. También se conceden ayudas para la adquisición de material de compensación destinado a las personas con discapacidad, los enfermos crónicos y el transporte de pacientes de hemodiálisis. Además, se han modernizado o instalado y puesto en servicio centros de atención para niños y adultos con discapacidad.

134.Si bien aún no ha ratificado el Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, el Gobierno aprobó las bases generales del régimen jurídico de prevención, rehabilitación y participación de las personas con discapacidad mediante el Decreto-ley núm. 21/2019, de 24 de mayo, que tiene por objeto promover la creación de políticas y programas que garanticen a las personas con discapacidad el acceso a bienes y servicios en los más diversos ámbitos, con miras a su autonomía, independencia, calidad de vida e inclusión social, e introduce el concepto de “persona con discapacidad”. Para facilitar la aplicación del decreto-ley, se aprobó el reglamento de la Ley Básica de Personas con Discapacidad.

135.De acuerdo con el Decreto-ley núm. 63/2022, de 28 de agosto, por el que se establecen las normas que rigen las condiciones de prestación de servicios para la instalación y el funcionamiento de los dispositivos de protección social, el Gobierno aprobó la Ordenanza núm. 56/2022, de 5 de diciembre, por la que se establecen las condiciones técnicas para la instalación y el funcionamiento de centros de atención a personas con discapacidad en situación de dependencia, destinados a la prestación de servicios de apoyo y atención a las necesidades de la vida diaria, asistencia médica y actividades recreativas, a fin de garantizar su permanencia en el entorno sociofamiliar.

136.El servicio de evacuación de pacientes no contributivos se reestructuró en 2016, y el Centro Nacional de Prestaciones Sociales asumió su gestión administrativa y financiera. Ha habido una mejora significativa en la atención de pacientes beneficiarios del régimen no contributivo y en la coordinación de los procesos, con la creación, para Barlavento y Sotavento, de Oficinas de Evacuación Externa, lo que demuestra importantes mejoras en las condiciones de alojamiento y en el apoyo prestado a los pacientes evacuados que reciben tratamiento médico en Portugal.

137.El presupuesto destinado al servicio de evacuación externa en régimen no contributivo ha aumentado del 87 % de 2016 a 2022, pasando de 181.540.670 escudos a 339.754.750 escudos.

138.El Gobierno adoptó el Plan Estratégico Nacional de Salud Mental para 2021-2025, cuyos fundamentos se centran en la definición de políticas de salud mental que permitan superar el problema de la enfermedad mental y sitúen al ser humano en el centro de sus actividades, haciendo hincapié en la atención primaria de salud integrada en los servicios nacionales de atención de la salud, en la atención secundaria basada en medidas de prevención, diagnóstico y tratamiento llevadas a cabo en pacientes en fase aguda de la enfermedad, y en la atención terciaria que incluye respuestas de rehabilitación psicosocial.

Derecho a la educación

139.El Programa de Promoción Pedagógico Técnico-Profesional permite a jóvenes y adultos fuera del sistema educativo continuar sus estudios y terminar la educación secundaria con una doble titulación académica y profesional.

140.Se aprobó el Decreto-ley núm. 13/2018, de 7 de diciembre, por el que se modifica el Decreto-ley núm. 2/2010, de 7 de mayo, que garantiza la gratuidad de la enseñanza básica y secundaria y también prevé la ampliación del comedor escolar, el refuerzo del transporte escolar para el alumnado que vive en zonas más alejadas y la concesión de becas y ayudas a los estudiantes, con especial atención a los que siguen una formación técnico-profesional.

141.La educación básica es obligatoria para los niños que cumplen 6 años a más tardar el 31 de diciembre del año de matriculación (Decreto Legislativo núm. 13/2018, de 7 de diciembre, por el que se modifica el Decreto Legislativo núm. 2/2010, de 7 de mayo, en el que se definen las bases del sistema educativo). Los alumnos pueden seguir recibiendo educación básica obligatoria hasta la edad máxima de 18 años.

142.Con el fin de mejorar la atención prestada al alumnado con necesidades educativas especiales, Cabo Verde adoptó el Sistema Nacional de Señalización para Niños y Jóvenes con Necesidades Educativas Especiales, en marcha desde el año académico 2018/19, que permite detectar las necesidades educativas de cada niño o joven y establecer las medidas especiales que se deben aplicar (adaptación en el proceso de matriculación, organización de las clases, adaptaciones curriculares individuales, apoyo pedagógico personalizado, programa individual específico, tecnologías de apoyo y condiciones especiales de evaluación), en función del perfil funcional de cada uno.

143.También se ha aprobado y puesto en marcha el reglamento que define el proceso de concesión de la gratuidad de la matrícula y asistencia a los establecimientos públicos y privados de enseñanza preescolar, básica, secundaria, superior y formación profesional para las personas con discapacidad, mediante la Orden núm. 27/2018, de 8 de agosto.

144.En virtud del Decreto-ley núm. 47/2017, de 26 de octubre, se aprobaron medidas de apoyo social y escolar que garantizan el acceso de las madres y padres al sistema educativo y la permanencia en él. Se presta especial atención al abandono escolar de las adolescentes embarazadas: el instrumento prevé una licencia de 90 días tras el parto con arreglo a la Ley núm. 20/X/2023, de 24 de marzo, así como un régimen especial de ausencias y seguimiento durante el embarazo.

145.Del mismo modo, el artículo 47, párrafo 3, del Estatuto del Niño y del Adolescente establece que la suspensión o cancelación de la matrícula, así como el abandono voluntario de los estudios por un niño, adolescente o madre embarazada, no cuenta como fracaso.

146.En el marco de las correspondientes atribuciones en materia educativa, que incluye la promoción de iniciativas para educar y fomentar el respeto de los derechos humanos (art. 5 del Estatuto de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y Ciudadanía), se ha desarrollado el proyecto “Derechos Humanos para la Infancia”, que comenzó en abril de 2021 y aún está en fase de ejecución.

147.También como parte del mismo proyecto, se han elaborado varias iniciativas de planificación con el Ministerio de Educación para la adopción de una estrategia nacional para la educación en derechos humanos, tal como se define en el Segundo Plan de Acción Nacional para los Derechos Humanos y la Ciudadanía 2017-2022, ampliado hasta 2025 en virtud de la Resolución núm. 59/2023, de 14 de septiembre.

148.Además, se han elaborado diversos materiales didácticos dirigidos a niños de 5 a 10 años, a saber, material sobre la Declaración Universal de Derechos Humanos y los derechos del niño, también en braille; la Declaración Universal de Derechos Humanos y los derechos del niño en formato audiovisual, con traducción a la lengua de señas; un anuncio de televisión y radio en el que se explica el concepto de “derechos humanos”, también traducido a la lengua de señas; un manual de educación en derechos humanos para educadores, cuadernos de actividades de educación en derechos humanos (I y II) y un juego ilustrado de Loto sobre derechos humanos.

149.En el mismo contexto, se impartieron 10 cursos de formación sobre el uso correcto y eficaz del material producido para la educación formal, dirigidos a un grupo de profesores de educación básica obligatoria y profesionales de la educación preescolar de todos los municipios del país.

150.De conformidad con el Plan Estratégico de Educación 2022-2026, el Estado se ha comprometido a “garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje permanente para todos” de aquí a 2030, en el contexto de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Derechos culturales

151.Con el fin de oficializar el alfabeto para la escritura de la lengua caboverdiana, el Gobierno ha elaborado y puesto en marcha una serie de medidas y acciones, entre las que destacan: la oficialización del alfabeto para la escritura de la lengua caboverdiana, establecida por el Decreto-ley núm. 8/2009, de 16 de marzo; la difusión del alfabeto de la lengua caboverdiana en la televisión y la radio a través del programa “ Pa lê e skrebe lingua kabuverdiano ”; y el proyecto piloto de enseñanza bilingüe en caboverdiano y portugués en la educación primaria iniciado en 2013. También en 2013 se celebró un foro parlamentario “Por un bilingüismo social efectivo – oficialización de la lengua caboverdiana”.

152.En 2019, a través del Instituto do Património Cultural, se publicó un manual de bolsillo para caboverdianos con el objetivo de dar a conocer la gramática de la lengua caboverdiana, titulado “Autoría de la lengua caboverdiana – algunas características estructurales”.

153.Además, fue un hito muy importante en la historia de la lengua caboverdiana su clasificación como patrimonio cultural inmaterial por la Resolución núm. 102/09, publicada en el Boletín Oficial núm. 87, serie I, de 9 de agosto.

154.En el año académico 2022/23, la lengua caboverdiana se introdujo como asignatura optativa y experimental, especialmente en el décimo año de escolaridad.

155.El 21 de febrero es el Día Internacional de la Lengua Materna, declarado por la UNESCO el 17 de febrero de 1999, durante el cual se realizan diversas actividades de socialización destacando la importancia de la lengua caboverdiana como lengua materna, tanto en la escuela como en los talleres de escritura en lengua caboverdiana.

Derecho al desarrollo

156.Como importante instrumento de vinculación entre los actores políticos y sociales, de referencia a largo plazo para todo el Estado y de apoyo al diálogo estratégico para el desarrollo sostenible del país, la Agenda Estratégica de Desarrollo Sostenible de Cabo Verde, ya implementada a través del Segundo Plan Estratégico para el Desarrollo Sostenible 2022‑2026 y de los Planes Estratégicos Municipales para el Desarrollo Sostenible 2020‑2024, constituye la guía para impulsar la actividad económica y diversificar la economía, promoviendo el turismo sostenible, la economía azul, la economía digital, la industria, la agricultura inteligente, la cultura y las industrias creativas y, por tanto, el crecimiento económico sostenible, con empleos dignos.

Derechos económicos, sociales y culturales

157.En 2022, el Gobierno elaboró el Segundo Plan Estratégico para el Desarrollo Sostenible, 2022-2026. En consecuencia, el Consejo Nacional de Derechos Humanos y Ciudadanía consideró necesario integrar una perspectiva de derechos humanos, para lo cual contrató a una consultora para que, bajo su coordinación, apoyara y asistiera a la Dirección Nacional de Planificación en la integración de los derechos humanos en todas las áreas, los programas del Segundo Plan Estratégico y los planes estratégicos sectoriales.

Protección de la infancia

158.En el ámbito de la protección social, se están aplicando políticas gubernamentales centradas en los niños y adolescentes de los hogares más vulnerables. Estas medidas pretenden reducir la pobreza y aumentar los ingresos familiares, reduciendo así la exposición de los niños a la explotación y el trabajo infantil. En ese contexto, las medidas prioritarias de apoyo a las mujeres cabeza de familia son la Renta de Inserción Social, la Renta de Inserción Social de Emergencia y la Renta de Solidaridad.

159.En cuanto a la intensificación de los esfuerzos para erradicar la pobreza, la Estrategia Nacional para la Erradicación de la Pobreza Extrema se alineó con el Segundo Plan Estratégico para el Desarrollo Sostenible para 2022-2026 a fin de movilizar recursos y financiación para lograr el pleno cumplimiento de este compromiso para 2026, con apoyo presupuestario del Estado.

160.Entre las medidas, las facilidades y los instrumentos para mejorar el acceso a la financiación del sector privado, lo que favorece el aumento del empleo y el crecimiento económico inclusivo y sostenible, cabe destacar la creación del ecosistema de financiación económica, basado en la creación de nuevos programas de fomento empresarial y la promoción y el establecimiento de diversas líneas de crédito y financiación. Se ha mejorado el entorno empresarial y se han ofrecido incentivos a la inversión y la producción nacional, sobre la base de la inclusión de la microfinanciación en el sistema financiero nacional.

161.El Gobierno firmó un protocolo con todas las cámaras municipales, cámaras de comercio y bancos comerciales para mejorar las condiciones de acceso al crédito. Esta dinámica financiera ha contribuido directamente al aumento del empleo y los ingresos de las familias.

162.También está en marcha el proceso de aceleración de la transición de la economía informal a la formal, que incluye un conjunto de derechos que promueven una mayor inclusión.

163.Se aprobó la política nacional de cohesión territorial (Resolución núm. 58/2022, de 22 de mayo), que define como ejes centrales la reducción de las asimetrías regionales y municipales a través de políticas transversales en materia de prestación de servicios públicos en los ámbitos de la administración, la educación y la salud, lo que reduce las tasas de pobreza y crea oportunidades económicas y sociales que favorecen el alineamiento de todos los municipios e islas con los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

164.Asimismo, se aprobó la Estrategia Nacional de Desarrollo Regional y Local (Resolución núm. 87/2022, de 3 de octubre), así como la Estrategia Nacional de Descentralización (Resolución núm. 73/2022, de 30 de junio). En el primer caso, el objetivo es combatir las disparidades económicas interregionales e intrarregionales, mientras que en el segundo, la atención se centra en la eficacia de la gestión pública por las autoridades locales y centrales, con el fin de garantizar los derechos de los ciudadanos.

165.El Plan Estratégico del Instituto Nacional de Seguridad Social para 2017-2021 preveía un aumento de la población activa cubierta por el sistema de seguridad social, que de hecho se ha conseguido, pasando de 83.441 asegurados activos en 2016 a 104.851 asegurados en 2021, es decir, el 52,5 % de la población activa. El Plan Estratégico para 2022-2026 también prevé el objetivo estratégico de ampliar la cobertura de la protección social obligatoria a alrededor del 66 %.

166.El país aprobó varios instrumentos destinados a estructurar el sistema de protección y luchar contra la explotación sexual y la trata de niños, entre ellos el Plan de Acción Nacional para Prevenir y Combatir la Violencia Sexual contra Niños y Adolescentes para 2022-2024 (Resolución núm. 102/2021, de 19 de noviembre), que tiene por objeto aplicar políticas de lucha contra el abuso y la explotación sexual de niños y adolescentes.

167.En el marco de la ejecución del Plan Nacional de Lucha contra la Violencia Sexual para 2017-2019, se realizaron actividades de concienciación y capacitación dirigidas a coordinadores y docentes de distintos niveles de enseñanza. Este programa de formación del personal docente sobre prevención de la violencia sexual tiene continuidad en el nuevo Plan de Acción Nacional para Prevenir y Combatir la Violencia Sexual contra Niños y Adolescentes para 2022-2024.

168.Asimismo, la Ley núm. 19/X/2023, de 31 de enero, aprobó el régimen jurídico general de protección de la infancia y la adolescencia en situación de peligro, con el fin de garantizar la promoción y el ejercicio pleno y efectivo de sus derechos, así como su bienestar y desarrollo integral. Además, se ha iniciado la revisión del Estatuto de la Infancia y la Adolescencia para garantizar una mayor y mejor protección de los niños en el país, en consonancia con los cambios introducidos en el Código Penal y el Código de Procesamiento Penal.

169.La reciente modificación del Código Penal aumentó las penas para quienes utilicen a niños de entre 10 y 18 años en actividades sexuales o realicen actos sexuales con ellos a cambio de una remuneración o de cualquier otra contraprestación (art. 145-A). Se han aumentado las penas previstas para todos los tipos de delitos de violencia y abusos sexuales contra niños y adolescentes con el fin de disuadir y castigar severamente a los autores.

170.En el marco del proyecto “ Justiça Amiga da Criança ” se han creado salas de escucha especializadas para niños víctimas de abusos sexuales y violencia en las ciudades de Praia y Mindelo y en las islas de Sal y Boa Vista.

171.También se aprobaron el Plan de Comunicación de Cabo Verde para Niños y Adolescentes (Resolución núm. 100/2021, de 19 de noviembre) y la Estrategia Nacional de Comunicación para Prevenir y Combatir la Violencia Sexual (Resolución núm. 101/2021).

172.Entre 2021 y 2022 se impulsó el fortalecimiento de la capacidad del Instituto Caboverdiano de la Infancia y la Adolescencia en el campo de la psicología con la contratación de psicólogos para todas las delegaciones y representaciones en todas las islas. Los casos denunciados de abusos sexuales se trataron de manera adecuada y las víctimas recibieron asistencia psicosocial y apoyo. Además del Instituto, las comisarías de policía y los centros de salud también ofrecen este tipo de asistencia y seguimiento psicosocial.

173.El Parlamento, a través de la Resolución núm. 38/IX/2017, de 3 de junio, declaró por unanimidad el 4 de junio Día Nacional contra el Abuso y la Explotación Sexual de Menores, cuyo objetivo es promover la reflexión, evaluación y toma de decisiones sobre un fenómeno que afecta a toda la sociedad.

174.Cabo Verde ratificó los distintos convenios de la Organización Internacional del Trabajo que protegen a la infancia, a saber, el Convenio sobre la Abolición del Trabajo Forzoso, el Convenio sobre la Edad Mínima de Admisión al Empleo y el Convenio sobre las Peores Formas de Trabajo Infantil. Asimismo, aprobó una lista de formas peligrosas de trabajo infantil.

Derechos de las parejas del mismo sexo

175.El estudio de diagnóstico sobre la situación social y jurídica de las personas LGBTI en Cabo Verde, promovido por la Comisión Nacional de Derechos Humanos y Ciudadanía en 2021 y ampliamente difundido entre la sociedad civil y los responsables de la creación y aplicación de políticas públicas, recomienda que la legislación sobre las uniones de hecho incluya a las parejas del mismo sexo y garantice la posibilidad de reconocimiento legal de la situación de unión de hecho en la que viven, dándoles así acceso a los beneficios derivados de esta institución, en particular en los siguientes ámbitos: acceso a diversas prestaciones y ventajas en materia de seguridad social, financiación y acceso al crédito bancario, y derecho a la pensión alimentaria y a las prestaciones hereditarias en caso de fallecimiento de uno de los miembros de la pareja.

III.Conclusión

176.Este informe recoge los principales resultados obtenidos durante el período examinado, de 2018 a 2023, es decir, el período comprendido entre la presentación del primer informe hasta ahora.

177.El informe ilustra la firme determinación de Cabo Verde de aplicar las recomendaciones recibidas cuando se presentó el primer informe, y demuestra los esfuerzos realizados por el país para dar efecto a dichas recomendaciones.