I.Visibilidad de la Convención y de su Protocolo Facultativo
Respuesta a la cuestión planteada en el párrafo 1
a)Conocimiento por parte de las mujeres de los derechos que les asisten y accesibilidad de la Convención
El texto de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer figura en el sitio web creado por el Gobierno para denunciar casos de violencia contra las mujeres, así como en los sitios web del Ministerio de Igualdad de Género, el Ministerio para Europa y de Asuntos Exteriores y el Consejo Superior para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, con el fin de aumentar la visibilidad de dicho instrumento y garantizar su máxima difusión.
Además, el Gobierno elaboró en 2017 el folleto titulado “Discriminations, c’est non !” (“¡No a las discriminaciones!”) y orientado a concienciar a la opinión pública sobre las diversas formas de discriminación, en particular las cometidas contra las mujeres. Uno de los objetivos de esta herramienta es ayudar a las mujeres, especialmente a las que se encuentran en situación de vulnerabilidad, a reconocer las situaciones en que se las discrimina, sobre todo en el mercado laboral, así como a saber con quién contactar y qué actuaciones emprender en tales casos. Con miras a garantizar la difusión del folleto entre personas de distintos entornos socioeconómicos, este se encuentra a disposición de los usuarios en centros de acogida y servicios públicos locales, como los ayuntamientos y los diversos centros de servicios sociales.
Como parte del proceso personalizado de integración republicana orientado a las personas extranjeras recién llegadas de terceros países no pertenecientes a la Unión Europea (UE) con intención de establecerse en Francia indefinidamente y poseedoras de un primer permiso de residencia, se imparte una formación cívica obligatoria que abarca un módulo dedicado a la igualdad de género y la lucha contra las distintas formas de violencia, incluida la mutilación genital femenina (MGF).
b)Organización de programas de creación de capacidad en relación con la Convención dirigidos a profesionales
La Convención y su Protocolo Facultativo constituyen el fundamento de todas las herramientas encaminadas a aplicar el principio de igualdad en todos los sectores, tanto públicos como privados.
El Gobierno publicó en 2017 una guía interministerial contra la discriminación a fin de dar a conocer las medidas adoptadas por el conjunto de los ministerios para combatir este tipo de actos, en particular la discriminación contra las mujeres. Esta guía práctica está destinada principalmente a las instituciones estatales y a los operadores de servicios públicos, y proporciona herramientas concretas que ayudan a los profesionales a combatir y aprender a combatir todas las formas de discriminación, especialmente las cometidas contra las mujeres.
Además, los ministerios llevan muchos años diseñando cursos de formación sobre igualdad de género y protección de las mujeres contra la violencia sexual y de género dirigidos a su personal. En octubre de 2021, el Ministerio de Transformación y Función Públicas llevó a cabo una encuesta en todos los centros educativos públicos sobre la prevención de la violencia sexual y de género, cuyos resultados indicaron que el 67 % de tales centros formaba a su alumnado en la prevención de dicha violencia pero solamente un 19 % de ellos formaba a su personal docente en la materia.
Desde 2019 se viene concienciando al alumnado de la academia de la policía nacional en materia de deontología y respeto a las personas a través de su formación en las actitudes preferentes a la hora de tratar con los denominados colectivos “vulnerables”, entre los que figuran las víctimas o los testigos de violencia sexual, las personas lesbianas, gais, bisexuales, transgénero, queer, intersexuales, asexuales y de otras identidades (LGBTQIA+) o las personas que ejercen la prostitución. El cuerpo de policía también recibe formación continua sobre el tema de la violencia sexual y de género (habiéndose impartido 39 sesiones de formación a 283 agentes en 2022), formación transversal sobre violencia doméstica (con la impartición ese mismo año de 26 sesiones de formación al respecto a 216 agentes) y formación virtual en atención y apoyo a las víctimas de violencia sexual y de género (con la cualificación de 1.414 agentes en esta materia).
Dichos cursos de formación están demostrando su eficacia: a raíz de una auditoría realizada en 2021 por la Inspección General de la Policía Nacional (IGPN) y la Inspección General de la Gendarmería Nacional (IGGN), se observó que el índice de satisfacción global de las víctimas de violencia doméstica con la atención recibida ascendía a un 79 %.
En noviembre de 2022, el Ministerio de Transformación y Función Públicas y el Ministerio de Igualdad de Género, Diversidad e Igualdad de Oportunidades publicaron una guía de herramientas reglamentarias y disciplinarias para combatir la violencia sexual y de género en la Administración pública. La guía en cuestión ofrece información y ayuda tanto a los empleadores, departamentos de recursos humanos e instancias dedicadas a la prevención como al funcionariado víctima o testigo de ese tipo de actos.
Dicha medida también está contemplada en el Plan Todas y Todos Iguales con el fin de fomentar la prevención y detección de casos de violencia sexual y de género en las tres Administraciones públicas. Los cursos de formación dirigidos al funcionariado podrán conllevar, en concreto, la utilización de herramientas de formación innovadoras, como la realidad virtual.
c)Decisiones judiciales que invocan las disposiciones de la Convención
En una sentencia de 4 de noviembre de 2020, el Tribunal de Casación desestimó el recurso núm. D 19-17.559, dictaminando que el Tribunal de Apelación de París había incumplido el artículo 9.2 de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, en el que se establece que la mujer debe tener los mismos derechos que el hombre con respecto a la nacionalidad de sus hijos.
II.Derechos de las mujeres e igualdad de género en relación con la pandemia y medidas en pro de la recuperación
Respuesta a la cuestión planteada en el párrafo 2
Medidas adoptadas en el marco de las iniciativas de respuesta y recuperación frente a la pandemia de enfermedad por coronavirus (COVID-19):
a)Atención a la violencia contra las mujeres y las niñas
En marzo de 2020 se activó un plan de emergencia para proteger a las víctimas de violencia doméstica. La plataforma para denunciar casos de violencia sexual y de género se ha reforzado ampliando su dotación de personal. También se ha puesto a disposición de las personas con deficiencia auditiva el número de teléfono 114 para el envío de avisos por SMS con el fin de posibilitar la denuncia de casos de violencia doméstica. Además de mantener la línea de atención telefónica 3919, el Gobierno ha ampliado las denominadas “modalidades silenciosas” de denuncia y notificación de avisos, como los chats, los sistemas de envío de SMS y el intercambio de correo electrónico. Se ha aumentado considerablemente la financiación destinada al mantenimiento de dicha línea, lo que ha permitido establecer un servicio ininterrumpido capaz de atender las necesidades de todas las zonas geográficas del país, incluidos los territorios de ultramar.
Se ha procedido a la creación de lo que se denomina “lugares de refugio”, como puntos de atención a víctimas de la violencia ubicados en farmacias, así como puntos de información en centros comerciales. También se han habilitado plazas de pernoctación en hoteles y alojamientos para acoger a mujeres víctimas de violencia y a sus hijos, y se han ofrecido asimismo traslados gratuitos en Uber para proteger a mujeres que no disponen de medio de transporte propio.
El Gobierno ha respaldado además una serie de iniciativas específicamente orientadas a los autores de actos de violencia doméstica, con el fin de prevenir la comisión y repetición de dicho tipo de actos. En abril de 2020 se crearon el número nacional y el servicio de atención telefónica “Ne frappez pas” (No golpees”), vinculados a una plataforma de alojamiento y destinados a facilitar el abandono del domicilio por parte del cónyuge que ejerce la violencia. También se ha agilizado el establecimiento de una red de centros de atención a autores de actos de violencia doméstica. Entre 2020 y 2021 se crearon 30 centros de este tipo en todo el territorio francés. Asimismo, a finales de 2021 se designó una instancia de coordinación nacional para vigilar la gestión del mecanismo en cuestión, que actualmente se encuentra sometido a un proceso de investigación y evaluación con miras a armonizar la atención brindada. Dicho mecanismo ya ha permitido consolidar las alianzas locales, y el 10 % de las personas atendidas recurren a él de forma voluntaria, remitidas por las autoridades judiciales en la mayoría de los casos.
b)Participación de las mujeres y las niñas en la vida política y pública y en la adopción de decisiones
Las iniciativas impulsadas recientemente en favor de la igualdad en el ámbito profesional forman parte de un enfoque de recuperación económica que ha de ofrecer oportunidades de empleo a las mujeres. En 2021 y 2022, el Ministerio de Igualdad de Género realizó una convocatoria de proyectos en torno al tema “Igualdad e independencia económica”, con una dotación presupuestaria de un millón de euros, con el fin de brindar apoyo financiero a proyectos encaminados a garantizar la independencia económica de las mujeres y la inserción laboral de aquellas con menos acceso al empleo, prestando especial atención a las mujeres residentes en barrios de atención prioritaria y zonas rurales.
La firma en 2021 de dos acuerdos marco nacionales sobre inserción laboral y emprendimiento reforzó los mecanismos de gobernanza nacional y local de la política de igualdad de género en materia de empleo y emprendimiento entre las mujeres. Este tipo de planes abarca la lucha contra los estereotipos, la promoción de la diversidad de género en el ámbito profesional, el reconocimiento de la importancia del emprendimiento femenino y su visibilidad o las iniciativas de formación y concienciación en torno a la creación de empresas por parte de mujeres.
La Ley de 24 de diciembre de 2021, destinada a acelerar el logro de la igualdad en los ámbitos económico y profesional, pretende actuar sobre diversos factores que constituyen un motor para prevenir la violencia económica y bancaria y eliminar los obstáculos a la paridad en la educación superior, en los órganos de gobernanza de las grandes empresas o en el acceso de las emprendedoras a la financiación.
En cuanto a la inserción laboral de las jóvenes, al final del primer confinamiento de 2020 se aceleró la puesta en marcha del servicio cívico creado en 2010 con el establecimiento del plan “1 jeune, 1 solution” (“Una joven, una solución”). Dicho plan, cuyo objetivo es ofrecer una solución a cada mujer joven y que constituye un importante motor de inserción laboral para ellas, ha posibilitado la creación de 100.000 misiones más de servicio cívico. El servicio en cuestión contaba en 2020 con un personal voluntario compuesto por 132.000 miembros, de los cuales 80.520 eran mujeres y chicas jóvenes (de 16 a 25 años).
El Plan de Igualdad 2023-2027, presentado al Consejo de Ministros el 8 de marzo de 2023, pretende reafirmar el propósito que el Gobierno francés alberga desde 2017, orientando más a las niñas y las mujeres hacia los sectores profesionales “del futuro”, diversificando el acceso a las estructuras de apoyo al empleo y al emprendimiento en todo el territorio francés y contemplando medidas específicamente destinadas a los grupos de población más vulnerables.
c)Programas de recuperación orientados a mitigar las consecuencias socioeconómicas de la pandemia
En el momento de presentar el Proyecto de Ley de Finanzas (PLF) correspondiente a 2021, que sustenta el grueso de los fondos del presupuesto estatal destinados al plan de recuperación, el Gobierno planteó un aumento del presupuesto asignado al programa 137, denominado “Igualdad entre mujeres y hombres”, de casi un 40 % con respecto a 2017. Dicho programa pretende impulsar y coordinar las iniciativas en materia de igualdad de género en los ámbitos profesional, económico, político y social, así como promover derechos y prevenir y combatir la violencia sexual y de género.
El aumento en cuestión es fruto de la consignación presupuestaria adicional de 4 millones de euros contemplada para el mencionado programa en la Ley de Finanzas Rectificativa correspondiente a 2020.
Acceso a la justicia, los centros de alojamiento, la educación, el empleo y la atención sanitaria pese a las medidas adoptadas para atajar la pandemia
Durante la pandemia de COVID-19, en Francia se adoptaron medidas de emergencia para garantizar el acceso a la salud y los derechos sexuales y reproductivos. El acceso a la interrupción voluntaria del embarazo mediante métodos farmacológicos en el domicilio se ha ampliado hasta las 9 semanas de amenorrea, frente al plazo de 7 semanas establecido hasta 2020. Esta medida se incorporó definitivamente al Código de Salud Pública mediante la Ley núm. 2022-295, de 2 de marzo de 2022, destinada a afianzar el derecho al aborto.
Asimismo, se han adoptado medidas para facilitar el acceso a la píldora anticonceptiva directamente en las farmacias, sin necesidad de acudir primero a un profesional sanitario y utilizando una receta antigua.
En 2021 se añadieron otras 1.000 plazas de alojamiento destinadas a mujeres víctimas de violencia doméstica a las 1.000 ya contempladas en las medidas derivadas de la serie de mesas redondas sobre este tipo de violencia titulada “Grenelle des violences conjugales”.
El Gobierno ha incorporado las cuestiones que afectan específicamente a las mujeres en su estrategia de lucha contra la pobreza. En el marco de la iniciativa France Relance, el Gobierno ha puesto en marcha un plan extraordinario dotado de un presupuesto de 100 millones de euros para apoyar a las asociaciones de lucha contra la pobreza, cuyos servicios estuvieron muy solicitados durante el tiempo que duró la crisis sanitaria.
Para hacer frente al reto sanitario y social que plantea la lucha contra la pobreza menstrual, se puso en marcha un programa experimental dotado con un presupuesto de 1 millón de euros en 2020 y 5 millones de euros en los años 2021 y 2022, con el objetivo de aumentar el acceso a productos de higiene menstrual por parte de todas las mujeres, en particular las mujeres reclusas, las mujeres y niñas en situación de precariedad, las mujeres sin hogar y las niñas de centros de enseñanza secundaria inferior y superior en programas de educación prioritaria.
En el Plan de Igualdad 2023-2027 se contempla el reembolso del costo de los productos reutilizables de higiene menstrual a todas las mujeres de hasta 26 años, así como la duplicación de las subvenciones destinadas actualmente a las asociaciones que se dedican a informar y distribuir productos de higiene menstrual a los correspondientes grupos de población.
III.Acceso a la justicia
Respuesta a la cuestión planteada en el párrafo 3
Según un estudio llevado a cabo por el Ministerio de Justicia, entre 2017 y 2021 se interpusieron demandas contra 526 personas por actos de discriminación de género. En 319 de esos casos (un 61 %), la demanda obedecía a uno o varios tipos de discriminación, por ejemplo, discriminación por motivos de origen y orientación sexual. En el citado quinquenio, el número de personas enjuiciadas por delitos de discriminación de género se ha duplicado con creces, incrementándose de 58 actuaciones judiciales registradas en 2017 a 103 en 2021.
Entre los años 2017 y 2021, el número de sentencias condenatorias dictadas por actos de discriminación aumentó de 15 a 86, respectivamente. A lo largo de dicho quinquenio, se dictaron 213 sentencias condenatorias en las que se reconocía al menos un delito de discriminación de género, de las cuales 122 (un 57 %) hacían referencia a casos de formas interseccionales de discriminación.
Además, el número de penas impuestas a raíz de las sentencias condenatorias dictadas entre 2017 y 2021 por discriminación de género se multiplicó por siete, incrementándose de 20 penas impuestas en 2017 a 135 en 2021. En esos cinco años se impusieron 324 penas en total, de las cuales el 50 % eran penas de prisión o privación de libertad y el 24 %, penas de multa o días multa.
IV.Mecanismos nacionales para el adelanto de la mujer (1)
Respuesta a la cuestión planteada en el párrafo 4
La igualdad de género ha vuelto a erigirse como Gran Causa Nacional durante el segundo quinquenio del mandato del Presidente de la República y constituye uno de los compromisos más importantes adquiridos por este desde 2017. El Gobierno se movilizó en el marco del Comité Interministerial de Igualdad de Género el 8 de marzo de 2018 a fin de pedir la implicación de los agentes económicos y sociales de todo el país para lograr resultados concretos. Ese día se presentó al Consejo de Ministros el Plan Interministerial para la Igualdad de Género 2023-2027, cuyo objetivo es ampliar las iniciativas previamente puestas en marcha en cuatro esferas: la lucha contra la violencia contra las mujeres, la salud de las mujeres, la igualdad en los ámbitos profesional y económico y la cultura de igualdad.
Aparte de las medidas derivadas de la serie de mesas redondas que se mencionan en el informe CEDAW/C/FRA/9, se ha elaborado conjuntamente con un gran número de asociados, entre los que figuran tanto asociaciones como instancias ministeriales, un Plan de Acción Nacional destinado a erradicar la MGF que se presentará el 21 de junio de 2019. En junio de 2023 se reunirá un comité de seguimiento de dicho Plan.
En el Plan Todas y Todos Iguales se contemplan nuevas medidas para prevenir la MGF, a saber: la consolidación de la red de embajadores nacionales en los centros de enseñanza secundaria inferior y superior y la puesta en marcha de una campaña de comunicación antes del comienzo de las vacaciones de verano. Con el apoyo financiero del Ministerio de Igualdad se diseñó una serie de herramientas de prevención en vídeo 3D, que se distribuyeron en mayo de 2023 para dar a conocer las distintas formas de MGF.
En cuanto a la lucha contra la prostitución y el apoyo brindado a las personas en esta situación, el 14 de junio de 2016 se estableció el comité de seguimiento de la Ley de 13 de abril de 2016. La ministra competente en la materia congregó en febrero de 2023 a todos los agentes involucrados en este ámbito para realizar el seguimiento de la aplicación de la Ley en cuestión. El 13 de abril de 2023 la ministra anunció la elaboración de una estrategia nacional contra la prostitución cuya finalidad es impulsar y acelerar la aplicación de la mencionada Ley y en cuyo diseño se está colaborando con las asociaciones de apoyo a las víctimas.
Con respecto a la garantía de la igualdad en el ámbito profesional dentro del sector privado, se ha establecido un conjunto determinado de medidas diversas plasmadas en hojas de ruta específicas, a saber:
•Se ha firmado un acuerdo marco entre el Estado y el organismo nacional de empleo de Francia para el período 2021-2024 que se centra en cuatro esferas: el refuerzo de los mecanismos de gobernanza nacional y local de la política de igualdad de género en materia de empleo; la lucha contra los estereotipos de género; la promoción de la diversidad de género en el ámbito profesional; y el fomento de la reincorporación de las mujeres al mercado laboral abordando obstáculos concretos;
•El Estado francés y el banco público de inversiones Bpifrance han venido concertando acuerdos marco desde 2012 para fomentar el emprendimiento entre las mujeres. El último acuerdo marco, correspondiente al período 2021-2023, aúna los esfuerzos de las redes bancarias y reafirma la voluntad de diseñar una gama de servicios de apoyo que favorezcan la creación y el crecimiento de las empresas dirigidas por mujeres.
En cuanto a la difusión de la cultura de igualdad, el Convenio Interministerial sobre Igualdad de Género en el Sistema Educativo, firmado el 28 de noviembre de 2019, hace hincapié en la necesidad de colaboración y puesta en común de recursos y herramientas entre los distintos ministerios signatarios del convenio y sus asociados.
Asimismo, cabe señalar que todos los ministerios y multitud de centros públicos, así como entidades territoriales y centros sanitarios, han obtenido y mantenido el Sello de Igualdad en el Ámbito Profesional.
La Ministra de Igualdad de Género, Diversidad e Igualdad de Oportunidades es la responsable de guiar la aplicación de esta política.
El Departamento de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género se encarga de coordinar la red de altas y altos funcionarios designados por los ministerios para la igualdad de derechos. También hace lo propio con la red descentralizada en favor de los derechos de la mujer en los planos regional y departamental, sometida a la autoridad de las prefecturas, y se encarga de dirigir la ejecución del programa presupuestario estatal en materia de igualdad de género (programa 137).Su plan de empleo, respaldado a nivel central por la Dirección General de Cohesión Social, está englobado íntegramente en la dotación de personal del Ministerio de Salud y Asuntos Sociales (programa 124).La dotación de personal del Departamento de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género asciende desde 2018 a 25 puestos equivalentes a tiempo completo de trabajo anual.
La dotación de personal de los equipos territoriales de la red descentralizada asciende a 140 puestos equivalentes a tiempo completo (ETC) para un plan de empleo en el que se contempla un máximo de 124,2 puestos ETC. En 2017 se estableció una nueva organización de la red sustentada en un equipo regional de cuatro agentes para cada una de las 13 regiones metropolitanas y un delegado o una delegada en cada departamento, más una directora regional en cada una de las cinco regiones de ultramar.
La Misión Interministerial para la Protección de las Mujeres contra la Violencia y la Lucha contra la Trata de Personas, compuesta por una secretaria general y un equipo de 5 puestos ETC, a los que se han añadido otros 3 puestos ETC en 2023, actúa como observatorio nacional de la violencia contra las mujeres. Su cometido es elaborar un plan nacional de formación para los profesionales potencialmente encargados de atender a mujeres víctimas de violencia y promover la coordinación local de las políticas de protección de dichas mujeres. La Misión en cuestión es responsable asimismo de coordinar a nivel nacional la lucha contra la trata de personas y, en ese contexto, de guiar la ejecución de los planes de acción nacionales contra la trata, velando por la implementación de las correspondientes medidas impulsadas por diversos ministerios. La Misión colabora en la aplicación de todas las medidas relativas a la formación de los profesionales en el marco del Plan Todas y Todos Iguales, y se dispone a elaborar un plan nacional de formación en el contexto de la creación del tercer plan contra la trata de personas y de la estrategia nacional contra la prostitución.
Los principales recursos financieros destinados a la política de igualdad de género figuran en dos programas presupuestarios:
•El programa presupuestario 137 denominado “Igualdad entre mujeres y hombres” y destinado a sufragar las principales medidas en las tres esferas prioritarias de esta política, a saber: prevención y lucha contra la violencia contra las mujeres, acceso a derechos y difusión de una cultura de igualdad, y empoderamiento económico de las mujeres;
•El programa presupuestario 124 denominado “Dirección y apoyo de las políticas sanitarias y sociales”, parte del cual se dedica a la gestión de puestos de trabajo a nivel tanto central como descentralizado.
En el PLF de 2023 se plasma una vez más la determinación del Gobierno de promover la igualdad de género. En el ejercicio 2023, el importe de créditos de pago destinado al programa 137 asciende a 65,4 millones de euros, frente a los 50,7 millones de euros contemplados en el PLF de 2022, lo que supone un aumento del 29 %.Por lo que respecta al programa 124, el importe de los créditos de pago ha registrado un aumento del 7 % entre 2022 y 2023, lo que equivale a 14 millones de euros.
Además, en el documento de política transversal en materia de igualdad de género se contempla desde 2010 el seguimiento de la totalidad de los recursos destinados a garantizar dicha igualdad en los distintos ministerios, mediante la elaboración de un inventario global y declarativo de los correspondientes créditos por parte de cada responsable de programa.
El valor de los créditos consignados en dicho documento de conformidad con el PLF de 2023 asciende a casi 2.400 millones de euros en créditos de pago ─frente a los 1.300 millones de euros contemplados en el PLF de 2022 y los 300 millones de euros establecidos en el PLF de 2017─, lo que ha supuesto un aumento del 80,6 % entre 2017 y 2023.
V.Mecanismos nacionales para el adelanto de la mujer (2)
Respuesta a la cuestión planteada en el párrafo 5
En abril de 2016, el Organismo Nacional de Cobro de Impagos de Pensiones Alimenticias creado en virtud del artículo 41 de la Ley núm. 2016-1827 de 23 de diciembre de 2016, relativa a la financiación del sistema de seguridad social correspondiente a 2017, posibilitó la tramitación nacional y armonizada de la garantía estatal frente al impago de pensiones alimenticias. Dicho Organismo está gestionado por la Caja Nacional de Prestaciones Familiares de Francia y ayuda a las familias de todo el país a hacer frente a separaciones o impagos de pensiones alimenticias. A partir de octubre de 2020, el Organismo en cuestión se fue transformando en un servicio público centrado en tales pensiones, hasta convertirse en el Organismo de Cobro e Intermediación en materia de Pensiones Alimenticias.
La prestación compartida para la educación de los hijos tenía como objetivo fomentar que los padres acogidos a la licencia parental se implicasen en la vida familiar, así como animar a las madres a reincorporarse antes al mercado laboral. Aunque la reforma no ha tenido una repercusión directa en el reparto de las funciones parentales entre padres y madres, estas se han reincorporado más rápido al mercado laboral y el aumento de sus ingresos profesionales ha compensado la reducción del derecho a la prestación.
A las Cajas de Prestaciones Familiares y Cajas de Mutualidad Social Agrícola se les encomendará una nueva tarea como parte del Conjunto de Recursos de Apoyo para Empezar de Nuevo, que se está implementando actualmente en cinco zonas de aplicación experimental, estando prevista su ampliación a todo el territorio nacional en 2024. Este mecanismo tiene la finalidad de promover el acceso a la totalidad de los derechos comunes. El Conjunto de Recursos de Apoyo para Empezar de Nuevo pretende poner a disposición de las mujeres víctimas de violencia un proceso coordinado, mediante la movilización de una red de terceras instancias detectoras de casos (asociaciones, fuerzas del orden, fiscalías, profesionales del trabajo social de los centros departamentales o municipales de acción social, centros France Services, profesionales de la salud, etcétera) y de contactos de referencia en materia de violencia doméstica en las distintas estructuras responsables de brindarles atención aplicando un enfoque de priorización (Prefectura, organismo nacional de empleo, Caja Primaria del Seguro de Enfermedad, Consejo Departamental, fiscalías, asociaciones, etcétera).Las Cajas de Prestaciones Familiares y Cajas de Mutualidad Social Agrícola actuarán como coordinadoras de dicho proceso a disposición de las víctimas: tras evaluar las necesidades de estas, tales entidades activarán la red de contactos de referencia en materia de violencia doméstica en las distintas instituciones asociadas. El objetivo es simplificar el proceso para las víctimas y garantizar que reciban atención rápidamente priorizando su caso.
La ayuda universal de emergencia para víctimas de la violencia creada en virtud de la Ley de 28 de febrero de 2023 forma parte del Conjunto de Recursos de Apoyo para Empezar de Nuevo y permitirá a tales víctimas contar con una ayuda financiera proporcionada por las Cajas de Prestaciones Familiares y Cajas de Mutualidad Social Agrícola.
Además, para proteger el derecho de las mujeres a acceder a información sobre los métodos de interrupción voluntaria del embarazo, se ha eliminado la referencia obsoleta al concepto de situación angustiante en el contexto de las solicitudes de dicha interrupción y se ha ampliado la definición del delito de obstrucción del acceso a la correspondiente información. En la Ley de Financiación de la Seguridad Social de 2021 se contempló el pago íntegro por parte de terceros de todos los procedimientos de interrupción voluntaria del embarazo y garantizó la protección de este derecho bajo secreto, con el fin de asegurar la confidencialidad del procedimiento.
En la Ley de 2 de marzo de 2022 destinada a afianzar el derecho al aborto se introdujo una serie de medidas adicionales para mejorar el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo, entre las que figura la eliminación del período mínimo legal de reflexión entre la consulta informativa y la entrevista psicosocial, tanto para menores como para mayores de edad. Dicha Ley amplió asimismo el plazo legal para poder practicar la interrupción voluntaria del embarazo de las 12 a las 14 semanas de gestación, introdujo la opción de teleconsulta en relación con la interrupción voluntaria del embarazo mediante métodos farmacológicos y autorizó al personal de partería a practicar interrupciones voluntarias del embarazo de carácter instrumental en los centros de salud. El 8 de marzo de 2023, el Presidente de la República anunció la presentación de un proyecto de ley encaminado a consagrar en la Constitución la libertad de las mujeres para recurrir a la interrupción voluntaria del embarazo.
En el Plan Interministerial para la Igualdad de Género, presentado al Consejo de Ministros el 8 de marzo de 2023, se contempla facilitar el acceso a la contratación pública a las empresas que cumplan con las obligaciones relativas a la publicación del Índice de Igualdad y hayan obtenido una puntuación suficiente. Además, se concienciará a los responsables de las adquisiciones públicas de la necesidad de tener en cuenta la igualdad salarial y de oportunidades profesionales en la adjudicación de contratos.
En cuanto a la protección de las mujeres víctimas de la violencia, se ha consolidado el uso de las órdenes de protección, se ha reducido el plazo para dictarlas a 6 días y se pretende ampliar su duración de 6 meses a 1 año mediante una proposición de ley, se ha convertido en norma el desalojo del cónyuge violento del domicilio conyugal, se ha implantado de forma generalizada la línea de atención telefónica en situaciones de alta peligrosidad (con 5.000 dispositivos operativos, de los que se ha asignado un 75 %), se ha creado una pulsera de control telemático desde septiembre de 2020 (habiéndose asignado 1.020 dispositivos de este tipo hasta la fecha) y, para evitar la reincidencia, se han impartido cursillos de responsabilización de los autores de actos de violencia. Todas estas medidas se han aplicado y consolidado desde la puesta en marcha de la iniciativa de mesas redondas contra la violencia doméstica en 2019.
Con el fin de impulsar una política transversal sustentada en la igualdad, los ministerios, sus centros administrativos públicos, las entidades territoriales de circunscripciones con más de 20.000 habitantes y los centros sanitarios públicos están obligados a poner en marcha un plan trienal de igualdad desde la entrada en vigor de la Ley de Transformación de la Administración Pública de agosto de 2019.
La competencia otorgada a la Autoridad Reguladora de la Comunicación Audiovisual y Digital (ARCOM) en virtud de la Ley de 4 de agosto de 2014, relativa a la garantía de la igualdad de género sustantiva, ha permitido definir con concreción una serie de programas para combatir los prejuicios de género y la violencia contra las mujeres, así como establecer indicadores cualitativos y cuantitativos referentes a la representación de mujeres y hombres en los programas.
La Ley de 27 de enero de 2017 en materia de igualdad y ciudadanía consolidó la función de la Autoridad mencionada anteriormente al encomendarle una nueva tarea de vigilancia de los mensajes publicitarios con referencia a la imagen de la mujer en la comunicación audiovisual.
El Consejo Superior para la Igualdad entre Mujeres y Hombres se encarga de contribuir a la evaluación de las políticas públicas y de formular recomendaciones y dictámenes que puedan sustentar la aplicación de la política de igualdad por parte del Gobierno. Aunque el Gobierno no está obligado a aplicar todas las recomendaciones de dicho Consejo, sí se le anima a seguirlas y se le ofrece la posibilidad de recurrir a este órgano directamente para conocer su opinión sobre un determinado tema.
Los ministerios se basan en las recomendaciones del Consejo Superior para la Igualdad entre Mujeres y Hombres en todos los ámbitos de actuación de las distintas comisiones que alberga, a saber: asuntos europeos e internacionales; paridad; salud y derechos sexuales y reproductivos; violencia contra las mujeres; igualdad en el ámbito profesional; y estereotipos y roles sociales.
A continuación se enumeran algunos ejemplos al respecto:
•En lo referente a los retos en el plano europeo e internacional, el Gobierno ha puesto en práctica varias de las recomendaciones que figuran en el informe de dicho Consejo de 29 de octubre de 2020 sobre los retos de la diplomacia feminista;
•En materia de salud y derechos sexuales y reproductivos, el Consejo emitió diversos dictámenes en 2017 y 2022, varias de cuyas recomendaciones relativas a la interrupción voluntaria del embarazo se incluyeron en la Ley núm. 2022-295 de 2 de marzo de 2022, destinada a afianzar el derecho al aborto (véanse las disposiciones descritas en el párrafo 51);
•En cuanto al acceso al ejercicio de los derechos económicos y sociales, el Consejo emitió un dictamen el 16 de junio de 2021 sobre la exclusión del criterio relativo al volumen de ingresos del cónyuge en la concesión de la prestación a personas adultas con discapacidad, cuya recomendación se plasmó en la Ley núm. 2022-1158 de 16 de agosto de 2022, referente a la aplicación de medidas urgentes para el mantenimiento del poder adquisitivo. Dicha exclusión entrará en vigor el 1 de octubre de 2023.
Por otra parte, entre los miembros del Consejo Superior para la Igualdad entre Mujeres y Hombres figuran asimismo representantes de diversas instituciones y direcciones políticas y administrativas de Francia, lo que hace que las opiniones y recomendaciones del Consejo permeen de forma natural en las instituciones y administraciones públicas encargadas de elaborar políticas en favor de la igualdad en el país.
VI.Estereotipos (1)
Respuesta a la cuestión planteada en el párrafo 6
La Ministra de Derechos de la Mujer es la responsable de guiar la ejecución del plan de medidas establecido por el Comité Interministerial de Igualdad de Género de 2018.
El Director General de Cohesión Social, que también ejerce de delegado interministerial en materia de tales derechos, se ocupa de coordinar el seguimiento de las medidas en cuestión. El Departamento de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género, ubicado dentro de la Dirección General de Cohesión Social, se encarga de movilizar a la red de altas y altos funcionarios para la igualdad de derechos y a las distintas direcciones de la Administración central para realizar el seguimiento interministerial, así como a la red descentralizada en favor de la igualdad y los derechos de la mujer para poner en práctica las correspondientes medidas a nivel territorial. Para cada medida del Comité Interministerial de Igualdad de Género de 2018, se ha establecido un formato de “ficha de actuación” a fin de facilitar el seguimiento en las reuniones interministeriales en las que participan todos los agentes implicados.
La prioridad otorgada a la protección de las mujeres víctimas de violencia doméstica se refleja en los siguientes hechos:
•El desarrollo de una intensa actividad normativa y la aprobación de leyes específicas en 2019 y 2020, así como de varios reglamentos en 2020 y 2021;
•La racionalización de la gobernanza territorial en materia de lucha contra la violencia doméstica, en la medida en que cada prefectura organiza, de acuerdo con las modalidades más adecuadas a su territorio, sesiones de diálogo y coordinación con los agentes locales que se dedican a atender a las mujeres víctimas de violencia;
•La orientación prioritaria de las políticas públicas a ocuparse de los autores de actos de violencia doméstica, con la creación de 30 centros que brindan este tipo de atención;
•La gestión de la aplicación de la política gubernamental prioritaria, a cargo del Ministerio de Igualdad de Género, en colaboración con sus equipos territoriales, el Ministerio del Interior, el Ministerio de Justicia y el Ministerio de Vivienda.
En este contexto, se ha comenzado a aplicar el 100 % de las 54 medidas derivadas de la serie de mesas redondas y de los anuncios realizados por el Primer Ministro en junio y noviembre de 2021. El 87 % se han aplicado de manera efectiva, como es el caso de la introducción de la pulsera de control telemático y la ampliación del número de plazas de alojamiento especializadas.
Para prevenir la violencia sexual y de género desde edades tempranas, el Ministerio de Educación Nacional creó en 2011, coincidiendo con la celebración del Congreso Nacional sobre el Acoso Escolar, el concurso “No al acoso” dirigido al alumnado participante en el programa insignia de prevención del acoso (pHARe, por sus siglas en francés), en el que se incluye una categoría dedicada al “acoso sexual y por razón de género”. La movilización tanto del alumnado como de la población adulta alcanzó en 2022 un máximo histórico con la participación de más de 70.000 alumnos y alumnas que presentaron 1.854 proyectos, y ello, pese a la crisis sanitaria. El personal docente dispone de recursos didácticos que ayudan al alumnado a adquirir las competencias y los conocimientos necesarios para respetar la dignidad y el consentimiento.
Por lo que respecta a la igualdad económica, los compromisos adquiridos por el Comité Interministerial de Igualdad de Género de 2018 se tradujeron en los siguientes hechos:
•La implementación del Índice de Igualdad en el Ámbito Profesional, creado en virtud de la Ley 2018-771 de 5 de septiembre de 2018 para garantizar la libertad de elección del futuro profesional. Dicho Índice, instaurado en 2019, permite medir en una escala de 100 puntos la desigualdad salarial en las empresas con al menos 50 empleados, y sus correspondientes resultados están registrando un aumento constante. En 2023, el 72 % de las empresas a las que atañe este parámetro habrán publicado su puntuación, frente al 61 % contabilizado en 2022. La puntuación media de las empresas con al menos 50 empleados registrada en 2023 se sitúa en 88 sobre 100, lo que supone una mejora con respecto a los valores de 2022 (86 sobre 100) y 2021 (85 sobre 100);
•La imposición de nuevas obligaciones de igualdad sustantiva en los tres ámbitos de la Administración pública, con arreglo a lo dispuesto en la Ley núm. 2019-828 de 6 de agosto de 2019, relativa a la transformación de dicha Administración. Ello ha impulsado la puesta en marcha de planes de acción relacionados con la garantía de la igualdad en el ámbito profesional dentro de determinados ministerios, como el plan de acción del Ministerio de Justicia para el período 2020-2022, prorrogado en 2023 y vinculado a un nuevo acuerdo actualmente en proceso de negociación;
•La entrada en vigor de la Ley núm. 2021-1774 de 24 de diciembre de 2021, destinada a acelerar el logro de la igualdad en los ámbitos económico y profesional, que contiene nuevas disposiciones para promover la representación equitativa de las mujeres en la economía y el mundo profesional, su independencia financiera y autonomía para la contratación de servicios bancarios, y el apoyo a las mujeres con menos acceso al empleo, principalmente a causa de la maternidad;
•La publicación por el Ministerio de Igualdad de Género de una convocatoria de proyectos en torno al tema “Igualdad e independencia” en los años 2021 y 2022, con una dotación presupuestaria de 1 millón de euros y la finalidad de brindar apoyo financiero a proyectos encaminados a garantizar la independencia económica de las mujeres y la inserción laboral de aquellas con menos acceso al empleo, prestando especial atención a las mujeres residentes en barrios de atención prioritaria de las políticas urbanas y zonas rurales;
•La firma de un acuerdo marco correspondiente al período 2021-2023, por parte del Estado francés y el banco público de inversiones Bpifrance, a fin de fomentar el emprendimiento entre las mujeres, y la firma de un acuerdo marco para el período 2021-2024 entre el Ministerio de Igualdad de Género, el Ministerio de Trabajo y el organismo nacional de empleo con miras a la inserción laboral de las mujeres;
•La entrada en vigor del Decreto de 25 de febrero de 2022, relativo a las medidas para eliminar la brecha salarial de género en el ámbito empresarial, que ha impuesto nuevas obligaciones con respecto a la aplicación de medidas correctivas y el establecimiento de objetivos de progresos a las empresas cuyo Índice de Igualdad en el Ámbito Profesional sea inferior a 75 o incluso 85 puntos;
•La ampliación de la duración de la licencia de paternidad a 28 días, con el fin de que la organización de las tareas se base en un reparto más equilibrado entre mujeres y hombres;
•El aumento del apoyo brindado de carácter orientativo a partir del séptimo año de escolarización, principalmente organizando encuentros con modelos de conducta, actividades de mentoría y visitas a empresas, con el objetivo de promover la diversidad en las distintas ramas de formación. Se ha otorgado prioridad al campo de la tecnología digital en general y de la informática en particular, así como al ámbito de las ciencias.
Con respecto a la promoción de una cultura multidimensional de igualdad, se ha prestado especial atención a la juventud y los grupos de población escolarizada. El convenio interministerial firmado entre seis ministerios que cuentan con programas académicos y de formación previa al empleo (Educación Nacional, Educación Superior, Cultura, Agricultura, Fuerzas Armadas e Igualdad de Género) constituye un motor importante a la hora de hacer frente a los siguientes retos:
•La erradicación de la violencia sexual y de género y la promoción de una cultura de igualdad, que pasan por la lucha contra los estereotipos de género desde la primera infancia y en el entorno escolar, la formación obligatoria en igualdad del conjunto del personal del sistema educativo nacional y la concienciación obligatoria sobre la prevención de la violencia doméstica en el marco del Plan del Miércoles o del programa de Ciudades Educativas. En concreto, el Ministerio de Educación ha puesto a disposición del personal una serie de recursos de autoaprendizaje, como la guía titulada “Comportements sexistes et violences sexuelles” (“Comportamientos sexistas y violencia sexual”), cuyo objetivo es ayudar a los equipos docentes de los centros de enseñanza secundaria inferior y superior a prevenir las situaciones relacionadas con este tipo de comportamientos y violencia y con sus consecuencias, así como a actuar con más eficacia al respecto;
•La creación en marzo de 2022 de un sello de igualdad de género para los centros de enseñanza secundaria inferior y superior a fin de aumentar la claridad y la coherencia interna y externa de las actuaciones emprendidas o previstas por los centros educativos, así como de aspirar a una educación que combata las representaciones estereotipadas y contribuya a la prevención y lucha contra la violencia sexual y de género. Dicho sello, diseñado como herramienta para movilizar a la comunidad educativa y reconocer su determinación específica de fomentar la igualdad de género, atañe a todos los centros de enseñanza secundaria inferior y superior, tanto públicos como concertados. Los centros se postulan voluntariamente para la obtención de este sello, que tiene en cuenta todos los aspectos de las políticas generales de igualdad de género, como la formación del personal y el establecimiento de una metodología didáctica de carácter mixto e igualitario;
•Para que el propio alumnado se comprometa a fomentar la igualdad, el Ministerio de Educación Nacional ha elaborado una guía didáctica titulada “Pour l'égalité, la diversité, contre les discriminations et les violences de genre, mon CVC/CVL s'engage” (“El compromiso del consejo escolar de mi centro de enseñanza secundaria en favor de la igualdad y la diversidad y contra la discriminación y la violencia de género”), que permite al alumnado realizar un diagnóstico de la situación y proponer diversas actividades que promuevan activamente la igualdad dentro del centro educativo;
•La intensificación de la actuación en el marco del Servicio Nacional Universal (SNU), en particular mediante la concienciación del personal responsable de los centros, manteniendo, no obstante, su carácter opcional, y la implicación de las asociaciones en las actividades de las estancias destinadas a fomentar la cohesión, que se deja a la discreción de los centros de cada SNU. Además, determinadas misiones del servicio cívico están destinadas a fomentar la igualdad de género;
•El lugar que ocupan las mujeres en el deporte es otro aspecto muy presente de la cultura de igualdad, más aún por la proximidad de la celebración de los Juegos Olímpicos de París en 2024. De ahí que el Gobierno haya impulsado y coordinado la creación del sello “Terreno de igualdad”, destinado a los grandes acontecimientos deportivos internacionales, a fin de promover la igualdad de género y combatir la discriminación y la violencia sexual y de género antes y durante los eventos deportivos. La concesión de dicho sello estará a cargo de un comité de certificación integrado por representantes del Estado, miembros del movimiento deportivo francés, representantes de asociaciones y atletas comprometidos en este ámbito, y destacará el valor de las iniciativas emprendidas en favor de la igualdad durante los acontecimientos deportivos.
La Ley de 2 de marzo de 2022, destinada a democratizar el deporte en Francia, ha impuesto la obligación de respetar la paridad estricta en todos los órganos directivos nacionales de las federaciones deportivas con autorización oficial del Ministerio de Deporte a partir de las próximas elecciones, cuya celebración está prevista antes del 31 de diciembre de 2024. En dicha Ley se especifica también la obligación de cumplir con ese mismo requisito de paridad en los órganos directivos de las ligas deportivas regionales de aquí a 2028. Por consiguiente, sea cual sea la distribución por género de los miembros afiliados a las federaciones deportivas, la gobernanza de estas será en adelante totalmente paritaria.
El Ministerio de Cultura lleva a cabo su actuación en el sector de los medios de comunicación y la publicidad en colaboración con la ARCOM y el Ministerio de Igualdad de Género, Diversidad e Igualdad de Oportunidades. Por iniciativa de la ARCOM y a raíz de la publicación de un estudio en octubre de 2017, la Unión de Marcas, la Asociación de Consultoras de Comunicación y la Autoridad Reguladora del Ejercicio Profesional de la Publicidad firmaron en 2018 la Carta de Compromisos Voluntarios para Combatir los Estereotipos Sexuales, Sexistas y de Género en la Publicidad. Esta medida ha generado resultados visibles y mensurables que se reflejan en los contenidos que ofrecen las cadenas del sector audiovisual público: en 2022, las cinco cadenas del grupo France Télévisions difundieron en conjunto una oferta de más de 800 programas que contribuían a combatir los prejuicios de género y la violencia contra las mujeres, y emitieron más de 3.000 horas de programas de ficción que pueden presumir de no ofrecer representaciones estereotipadas; por su parte, las siete emisoras del grupo Radio France difundieron conjuntamente una oferta de más de 900 programas que contribuían a combatir dicho tipo de prejuicios y violencia; por último, en el año mencionado, las cadenas RFI y France 24 difundieron una oferta de más de 800 programas contribuyentes a esa misma finalidad.
La ARCOM publicó también un segundo estudio sobre la representación de la mujer en la publicidad televisiva el 6 de marzo de 2023. Las tendencias observadas son positivas en general, ya que la proporción de mujeres en la publicidad asciende a día de hoy al 51 % y la proporción de expertas (es decir, mujeres que aparecen en calidad de “entendidas en la materia” o que aportan conocimientos sobre el producto o servicio publicitado) ha aumentado considerablemente (situándose en un 34 % en 2022, frente al escaso 18 % de 2017).Por último, el Comité Interministerial de Integración (C2I) de 6 de noviembre de 2019 reforzó el componente de empleo de esta política al incluir entre las 20 medidas de su plan de acción un enfoque centrado en la inserción laboral de las mujeres migrantes recién llegadas al país, en particular mediante el establecimiento de programas orientados a concienciar al público destinatario de la necesidad de promover la diversidad de género en el ámbito profesional y combatir la segregación profesional y la degradación social y profesional mediante la valoración de las competencias y los conocimientos profesionales especializados.
El Plan Todas y Todos Iguales puesto en marcha el 8 de marzo de 2023 supone una continuación de la labor llevada a cabo. La línea de trabajo de este nuevo plan relativa a la “cultura de igualdad” consolida la actuación previamente emprendida planteando diversas medidas encaminadas a combatir los estereotipos.
La colaboración entre el Ministerio de Cultura, el Ministerio de Educación Nacional y Juventud y los editores de libros de texto debería posibilitar una representación más adecuada de las mujeres en este material utilizado a diario por el alumnado.
Además, en el citado Plan se contempla la concienciación e incluso la formación de los responsables de educación en el plano nacional, así como de los tribunales de oposiciones y exámenes, acerca de los sesgos derivados de los estereotipos.
La instauración de una cultura de igualdad en todos los ámbitos pretende crear un verdadero continuo que posibilite un cambio profundo y duradero, habida cuenta del fuerte arraigo de los estereotipos interiorizados desde edades muy tempranas. Este propósito se ve reafirmado por el objetivo de que el 100 % de los centros educativos obtenga el correspondiente sello de certificación.
La característica distintiva del Plan Todas y Todos Iguales es su atención prioritaria a incrementar el atractivo de las diversas ramas de las ciencias para las niñas, teniendo en cuenta la escasa representación femenina existente en ellas. De ahí que se hayan establecido objetivos de diversidad de género con el fin de aumentar la presencia femenina en las carreras de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas; además, también está previsto brindar apoyo a 10.000 chicas jóvenes en las diversas ramas de la tecnología digital a través de actividades de mentoría.
Por último, cabe señalar que la educación sexual constituye una prioridad. El Plan Todas y Todos Iguales reafirma la determinación del Gobierno en este sentido al plantear la recopilación de datos cuantitativos y cualitativos que permitan elaborar informes sobre la eficacia de las correspondientes sesiones obligatorias. Conviene aclarar que la educación sexual abarca, no solo la dimensión biológica, como es lógico, sino también toda una gama de temas como los estereotipos de género y los retos que plantea la igualdad de género.
VII.Estereotipos (2)
Respuesta a la cuestión planteada en el párrafo 7
Carta de compromisos en materia de prevención de la exposición de menores a contenidos pornográficos en línea
La firma de la carta de compromisos en materia de prevención de la exposición de menores a contenidos pornográficos en línea se ha traducido en tres medidas: concienciar y apoyar a los padres y madres, exigir más responsabilidad a los sitios web de pornografía y generalizar el uso de sistemas de control parental.
Entre enero de 2020 y enero de 2021, la ARCOM y la Autoridad Reguladora de la Comunicación Electrónica, los Servicios Postales y la Distribución de Prensa (ARCEP) han supervisado conjuntamente la aplicación en la práctica de dos de los compromisos contemplados en el protocolo en cuestión: el diseño de un barómetro para evaluar el grado de uso de las herramientas de control parental por parte de los hogares franceses y la creación de una plataforma para informar a los padres sobre tales herramientas y promover su utilización.
El mencionado barómetro, que se nutre periódicamente de los datos proporcionados por los agentes económicos signatarios del protocolo, ha permitido seguir el incremento del uso de los sistemas de control parental. Además de recopilar estos datos, la ARCEP y la ARCOM encargaron en junio de 2021 al Instituto Francés de Opinión Pública (IFOP) la realización de una encuesta a 2.535 padres y madres con hijos de 5 a 17 años de edad sobre la utilización efectiva de tales sistemas.
En cuanto a la concienciación de padres y madres y el apoyo brindado a estos, se ha procedido a la creación de la plataforma informativa “Je protège mon enfant de la pornographie” (“Yo protejo a mis hijos de la pornografía”), cuya publicación en línea tuvo lugar el 9 de febrero de 2021. Este sitio web orientado a padres y madres es fruto de la colaboración entre las autoridades públicas, los agentes del sector de la tecnología digital y las asociaciones de apoyo a la crianza y protección de la infancia. En él se ofrecen tutoriales sobre la activación de las herramientas de control parental, así como recomendaciones y recursos educativos al respecto. También se ofrece una lista de recursos especializados de educación sexual para animar a los padres y las madres a tratar este tema con sus hijos con más libertad. La plataforma en cuestión registró un total de 119.227 visitas entre febrero de 2021 y el 15 de marzo de 2023.
Con el fin de dar a conocer ese sitio web a la población en general, se emprendieron dos campañas nacionales de comunicación: una realizada en febrero de 2021 y dirigida a padres y madres sobre la exposición de los menores a la pornografía, y otra llevada a cabo en febrero de 2023 mediante la difusión de vídeos publicitarios en redes sociales y el envío de carteles a los asociados. Además, se han establecido alianzas con diferentes asociaciones de apoyo a la crianza y agentes del sector de la tecnología digital para que puedan divulgar información sobre esta plataforma.
En cuanto a la exigencia de más responsabilidad a los sitios web de pornografía, en la Ley núm. 2020-936 de 30 de julio de 2020, destinada a proteger a las víctimas de violencia doméstica, se establece que declarar la edad en línea no ofrece suficiente protección contra el acceso a contenido pornográfico por parte de menores. La citada Ley aumenta la potestad de la ARCOM en la materia, posibilitando en adelante que esta envíe requerimientos oficiales a los sitios pornográficos que incumplan sus obligaciones y que emprenda acciones legales para exigir su bloqueo. La ARCOM denunció en 2022 a cuatro sitios web de pornografía ante los tribunales de París.
Asimismo, la Ley de 2 de marzo de 2022 tiene la finalidad de facilitar a padres y madres acceso a herramientas de control parental. Dicha Ley obliga actualmente a los fabricantes de dispositivos conectados a instalar un sistema de control parental y a ofrecer la posibilidad de activarlo de manera gratuita en el momento de poner el dispositivo en servicio por primera vez.
En el proyecto de ley para aumentar la seguridad y la regulación del entorno digital se otorga a la ARCOM la competencia de verificar que los contenidos pornográficos en línea no sean accesibles a menores.
La firma de la Carta de Compromisos mencionada anteriormente ha permitido emprender una serie de actuaciones con el respaldo del Estado francés en el ámbito de la protección de menores, como el proyecto experimental del Centro Especializado de Regulación del Entorno Digital sobre el sistema de verificación de edad.
El proyecto de Ciudades Educativas
La entidad de coordinación nacional del proyecto de Ciudades Educativas creó en abril de 2022 diez grupos temáticos para determinar una serie de actuaciones y prácticas inspiradoras.
El grupo piloto sobre igualdad de género, coordinado por la asociación Villes au Carré y el Observatorio Regional de la Integración y las Ciudades, ha posibilitado, a través de su labor de reflexión e intercambio de prácticas, la puesta en marcha de iniciativas en favor de la igualdad dentro de las 200 Ciudades Educativas, que se encuentran distribuidas por todo el territorio nacional, concentrándose especialmente en las regiones de Isla de Francia, Auvernia Ródano Alpes y Alta Francia. También se han establecido Ciudades Educativas en todos los territorios de ultramar. La población total beneficiaria de las iniciativas de tales Ciudades asciende a 1 millón de niños, niñas y jóvenes de 0 a 25 años.
Los tres principales objetivos establecidos por el grupo piloto son: promover la igualdad de género en las Ciudades Educativas, defender los principios del laicismo, lo que abarca el empoderamiento de las niñas, y fomentar la diversidad. La labor realizada por el grupo piloto ha permitido crear una cultura de concienciación y prevención con respecto a las relaciones entre chicas y chicos, organizar sesiones de diálogo entre las Ciudades Educativas sobre los retos comunes y, por último, compartir experiencias y poner en común conocimientos.
Las 30 Ciudades Educativas que habían participado con regularidad en el trabajo del grupo piloto concluyeron su labor en 2022 señalando la cuestión de la educación afectivo-sexual y la prevención del riesgo de caer en la prostitución como uno de los principales retos. La entidad de coordinación nacional ha programado para septiembre de 2023 un webinario temático específicamente dedicado a la igualdad de género para seguir apoyando el proyecto de Ciudades Educativas.
En cuanto a las medidas adoptadas para combatir los estereotipos de género, cabe señalar que la política de prevención de la discriminación viene impulsada por diversos aspectos determinantes de la política educativa, como la inclusión de este tipo de temas en los programas de enseñanza y en los convenios de colaboración firmados entre el sistema educativo nacional y sus asociados del proyecto de Ciudades Educativas. Dicha política pasa también por facilitar simultáneamente recursos de gestión (a nivel nacional y de las distintas academias), formación y metodología didáctica, habilitando secciones específicamente dedicadas a ello en la plataforma Canopé y el sitio web Éduscol. Por último, cabe decir que el Estado brinda apoyo a la sociedad civil por medio de la concesión de certificados de homologación y subvenciones, la promoción de iniciativas educativas y la inclusión permanente de esta materia en el calendario de actividades educativas.
La lucha contra la violencia sexual y de género, que afecta principalmente a las niñas, constituye un reto importante para toda la comunidad educativa y sus asociados, y se basa, en particular, en la educación en el respeto mutuo y el respeto del cuerpo y la dignidad. Además, el aumento de la violencia sexual y de género en el ámbito digital (cibersexismo, ciberviolencia y ciberacoso) supone asimismo una preocupación creciente con la difusión de la tecnología móvil de acceso a Internet y las redes sociales. A través de diversas iniciativas educativas se está ayudando a fomentar una cultura de prevención entre iguales.
VIII.Prácticas nocivas
Respuesta a la cuestión planteada en el párrafo 8
Una de las medidas emblemáticas del Plan Nacional de Acción para erradicar la MGF es la recopilación directa de datos entre las mujeres residentes en Francia, medida a la que se ha destinado una financiación por importe de 80.000 euros y cuya ejecución se ha encomendado a la Unidad de Investigación sobre Migraciones y Sociedad. La finalidad en este caso era la aplicación experimental de una nueva herramienta de recopilación de datos sobre la prevalencia de la MGF entre la población de mujeres de los tres departamentos franceses incluidos en el estudio piloto: Sena Saint-Denis, Ródano y Alpes Marítimos. De las 3.120 mujeres adultas a las que se preguntó, 2.507 accedieron a participar en la encuesta (un 80 %).
Los resultados de este estudio (denominado MSF-PREVAL, por sus siglas en francés) se publicaron en octubre de 2022 e indican que esta metodología de investigación de la prevalencia directa, única en Europa, resulta concluyente y pertinente en las zonas con mayor cantidad de población denominada “de riesgo”, o sea, el territorio de la región de Isla de Francia. Las tasas de prevalencia, es decir, el porcentaje de mujeres de 18 a 44 años que declararon haber sufrido ablación en los tres departamentos del estudio se ajustan a los tres niveles de prevalencia estimados que se indican a continuación:
•Un nivel elevado en Sena Saint-Denis, con aproximadamente un 7,2 % de mujeres víctimas de ablación;
•Un nivel medio en Ródano, cercano a la media nacional situada en torno al 1 %;
•Un nivel bajo en Alpes Marítimos, donde alrededor del 0,7 % de las mujeres se han visto sometidas a esta práctica.
A la luz de los resultados de este proyecto piloto, acaba de emprenderse un nuevo estudio para actualizar los datos indirectos extraídos de las estadísticas públicas, que abarcará todo el país y aumentará la precisión de los datos correspondientes a los departamentos de la región de Isla de Francia.
A finales de 2022 y a raíz de los resultados del estudio MSF-PREVAL que corroboraron la alta prevalencia de la MGF en la región de Isla de Francia, se destinaron fondos adicionales a realizar un diagnóstico específico de la situación en dicha región y a poner en marcha iniciativas de concienciación y formación, orientadas sobre todo a profesionales.
Difusión de información sobre el modo de combatir este tipo de prácticas
Gran parte de la difusión de información acerca de la MGF por parte del Estado francés se lleva a cabo a través de la Oficina Francesa de Protección a Personas Refugiadas y Apátridas (OFPRA). El temor a ser víctima de MGF es uno de los motivos por los que se puede solicitar asilo para obtener protección. En este sentido, de la doctrina de la OFPRA y de la jurisprudencia del Tribunal Nacional de Derecho de Asilo y del Consejo de Estado se desprende que las mujeres y las niñas afectadas por esta práctica tienen derecho a que se les reconozca la condición de refugiadas en virtud de la Convención de Ginebra de 1951 por su pertenencia a un determinado grupo social.
La OFPRA está plenamente movilizada para atender esta necesidad específica de protección y ha adquirido las herramientas y los conocimientos especializados requeridos, principalmente gracias a la formación al respecto que el grupo de contactos de referencia en materia de violencia contra las mujeres imparte periódicamente a los agentes de protección responsables de la instrucción de los expedientes y al funcionariado de supervisión.
En todas las fases del procedimiento, y en particular durante la entrevista personal en la OFPRA, se informa a los tutores legales de las menores afectadas sobre las consecuencias penales de la MGF y la notificación inmediata del caso a la Fiscalía de la República en cuanto se reciba un certificado médico que acredite la existencia de cicatrices correspondientes a esta práctica. Además, la información sobre el procedimiento de solicitud de asilo y el seguimiento de las medidas de protección por riesgo de MGF también es accesible públicamente a través de una página específica del sitio web en cuestión.
Asimismo, durante la formación cívica obligatoria organizada en el marco del programa de integración republicana, se abordan la prohibición de la MGF, el derecho a la autonomía corporal, la prohibición de la violencia doméstica y los derechos sexuales y reproductivos. Los formadores reciben capacitación en materia de violencia contra las mujeres, incluida la MGF, cuya impartición está a cargo de una asociación especializada en los derechos de la mujer (Centres d'Information sur les Droits des Femmes et des Familles (CIDFF)). Dicha capacitación les permite hablar con más propiedad de este tema durante la formación cívica y estar en disposición de remitir a las víctimas que puedan detectar o que acudan a ellos a los agentes competentes. La formación de formadores se complementa con una serie de recursos de apoyo.
Además, la Misión Interministerial para la Protección de las Mujeres contra la Violencia y la Lucha contra la Trata de Personas ha diseñado herramientas de formación sobre la MGF destinadas a profesionales. El kit de formación “Bilakoro”, compuesto por un cortometraje y un folleto pedagógico titulado “Los profesionales ante la mutilación genital femenina”, permite entender mejor este tipo de violencia y sus consecuencias, detectar señales de alarma, localizar los casos o reducir el riesgo con más eficacia mediante la consulta sistemática de los profesionales y atender mejor a las menores bajo amenaza o víctimas de esta práctica. El kit en cuestión está dirigido principalmente a trabajadores sociales y profesionales de la enseñanza escolar y extraescolar.
El kit titulado “Los matrimonios forzados” y destinado a profesionales consta de un vídeo y un folleto de formación sobre la detección y atención de casos de niñas y mujeres víctimas de tales matrimonios. Todas estas herramientas se encuentran accesibles a la población en general y pueden descargarse gratuitamente del sitio web arretonslesviolences.gouv.fr.
Por último, el Estado francés proporciona financiación a diversas asociaciones que realizan actividades sobre el terreno con la población o los profesionales, a saber:
•Les Orchidées Rouges: organización beneficiaria de una subvención nacional de 15.000 euros en 2022 complementada con una subvención regional de 6.000 euros;
•Groupe pour l’Abolition des Mutilations Sexuelles, des Mariages Forcés et Autres Pratiques Traditionnelles Néfastes à la Santé des Femmes et des Enfants (GAMS): organización beneficiaria de una subvención nacional anual de 42.000 euros, complementada en 2022 con otros 20.000 euros;
•Excision Parlons-en !, organización a cargo de la campaña de ámbito nacional “Alerte Excision” (“En Alerta contra la Ablación”) y beneficiaria de una subvención nacional anual de 20.000 euros, complementada con subvenciones adicionales en 2021 y 2022.
Según lo anunciado en el Plan de Igualdad, está previsto seguir aplicando estas medidas en 2023.
Proyecto de Ley de Bioética y atención a la población infantil con variaciones del desarrollo genital
El debate mantenido en el marco de la Ley de Bioética abarcó la regulación de la intervención médica respecto de la población infantil con variaciones del desarrollo genital. En virtud del artículo 30 de dicha Ley quedan consagrados en la legislación los principios de consulta previa a cualquier intervención, excepto en situaciones de urgencia en que la vida corra peligro. Asimismo, se modifica el Código Civil para que se pueda aplazar la mención del sexo en la inscripción en el registro civil hasta tres meses desde el nacimiento del bebé, así como para posibilitar la rectificación de los datos personales consignados en dicho registro.
La Ley de Bioética contempla un capítulo especial titulado “Población infantil con variaciones del desarrollo genital”, con el fin de incorporar el artículo único L.2131-6, en el que se especifican los procedimientos de atención a dicha población y se establecen los requisitos previos a cualquier intervención, salvo en supuestos referentes a situaciones de urgencia en que la vida corra peligro. En concreto, se exige que los equipos multidisciplinares de los centros de referencia especializados en enfermedades raras se coordinen para establecer un diagnóstico, con la posibilidad de abstención terapéutica y el aplazamiento, en la medida de lo posible, de los procedimientos médicos hasta una edad en la que el niño sea capaz de expresar sus deseos y participar en la decisión. También se contempla que se proporcione al niño y a su familia información fundamentada y transparente, así como un apoyo psicosocial adecuado e información sobre la existencia de asociaciones especializadas en la materia.
El artículo L.2131-6 insiste en el principio de buscar el consentimiento y la participación del niño en la decisión.
Además, el decreto de aplicación de este artículo, publicado en noviembre de 2022, es fruto de la labor dirigida por el Ministerio de Salud y los responsables de las redes de tratamiento de enfermedades raras en cuestión. Se prestó especial atención a garantizar una representación equilibrada en la composición de los grupos de trabajo. Se recurrió a profesionales de la salud de todos los centros correspondientes, juristas y especialistas en ciencias sociales dedicados específicamente a las cuestiones del consentimiento del niño o la atención a la población infantil con variaciones del desarrollo genital, así como a diversos agentes del tejido asociativo y representantes de las personas afectadas. También participaron en el proceso representantes del Comité Consultivo Nacional de Ética, del Ministerio de Justicia y de la Delegación Interministerial para la Lucha contra el Racismo, el Antisemitismo y el Odio contra las Personas LGBT+.
La aplicación de este nuevo decreto estará sometida a un comité nacional de seguimiento específico, integrado por representantes de los centros, expertos y asociaciones y orientado a debatir sobre el informe anual de actividad y las dificultades en la práctica, plantear los casos que hayan suscitado o puedan suscitar más dudas sobre la decisión de brindar tratamiento médico y contribuir a la aplicación de buenas prácticas en materia de atención a la población infantil con variaciones del desarrollo genital.
IX.Violencia de género contra la mujer
Respuesta a la cuestión planteada en el párrafo 9
a)Datos sobre casos de violencia de género
Según un estudio realizado por el Servicio Estadístico Ministerial de Seguridad Interior (SSMSI por sus siglas en francés) acerca de la violencia sexual fuera del entorno familiar, los departamentos de la policía y la gendarmería dejaron constancia en sus registros de 72.000 infracciones en 2021, fundamentalmente relacionadas con violencia sexual física (un 73 %). La mayoría de las víctimas eran mujeres (un 86 %) y, en más de la mitad de los casos (un 55 %), menores de edad. De las 48.300 personas acusadas, el 96 % eran hombres, normalmente mayores de edad (un 73 %). Menos del 10 % de las víctimas de actos de violencia sexual cometidos fuera del entorno familiar denuncian los hechos.
En cuanto a la violencia doméstica, otro estudio publicado por el SSMSI en diciembre de 2022 deja constancia de la existencia en Francia de 208.000 víctimas de violencia a manos de su pareja o expareja en 2021, cifra que constituye un aumento del 21 % con respecto a 2020. En un contexto de libertad de expresión y de mejora de las características de la atención brindada a las víctimas por los departamentos de la policía y la gendarmería, el número de casos registrados prácticamente se ha duplicado desde 2016. En este sentido, el porcentaje de actos cometidos con anterioridad al año de su consignación en los registros se incrementó del 18 % en 2016 al 28 % en 2021.
Como en años anteriores, la gran mayoría de las víctimas de los casos registrados eran mujeres (un 87 %) y la inmensa mayoría de los acusados eran hombres (un 89 %).Los departamentos de Guayana Francesa, Sena Saint-Denis, Norte, Reunión, Paso de Calais y Lot y Garona son los que albergan el mayor número registrado de mujeres víctimas por cada 1.000 habitantes.
No obstante, las víctimas de la violencia doméstica rara vez denuncian ante las fuerzas de seguridad los hechos ocurridos. Según la encuesta de victimización Genese, menos de 1 de cada 4 víctimas de violencia doméstica presentó la correspondiente denuncia en 2020.
Para facilitar un análisis más detallado, el SSMSI ha publicado dos cuadros en los que se diferencia entre violencia sexual doméstica y no doméstica:
Mujeres mayores de 15 años víctimas de violencia doméstica entre 2016 y 2021
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2016 |
2017 |
2018 |
||||||||||||||||
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EDAD |
EDAD |
EDAD |
||||||||||||||||
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15 a 19 |
20 a 29 |
30 a 39 |
40 a 49 |
50 a 59 |
60 y más |
15 a 19 |
20 a 29 |
30 a 39 |
40 a 49 |
50 a 59 |
60 y más |
15 a 19 |
20 a 29 |
30 a 39 |
40 a 49 |
50 a 59 |
60 y más |
|
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Total |
4 207 |
31 231 |
33 706 |
20 943 |
7 212 |
2 973 |
4 345 |
31 448 |
35 176 |
21 009 |
7 286 |
3 085 |
5 065 |
34 637 |
38 722 |
23 224 |
8 363 |
3 463 |
|
Maltrato físico y administración de sustancias perjudiciales (códigos de la nomenclatura francesa de delitos NFI 02A.1, 02A.2 y 02F.6) |
3 279 |
23 762 |
24 226 |
14 731 |
5 213 |
2 280 |
3 333 |
23 647 |
25 105 |
14 546 |
5 211 |
2 362 |
3 743 |
25 397 |
27 235 |
15 744 |
5 876 |
2 589 |
|
Violación (código de la nomenclatura francesa de delitos NFI 03A) |
169 |
722 |
677 |
399 |
127 |
36 |
214 |
828 |
826 |
459 |
129 |
44 |
322 |
1096 |
933 |
528 |
178 |
59 |
|
Otro tipo de violencia sexual (códigos de la nomenclatura francesa NFI 03 excepto 03A) |
22 |
167 |
208 |
118 |
38 |
14 |
27 |
154 |
177 |
126 |
37 |
18 |
33 |
214 |
230 |
131 |
49 |
14 |
|
Amenazas (código de la nomenclatura francesa de delitos NFI 02A4) |
500 |
4 474 |
5 442 |
3 390 |
1 065 |
420 |
499 |
4 506 |
5 447 |
3 372 |
1 087 |
412 |
572 |
4 884 |
5 969 |
3 710 |
1 315 |
484 |
|
Acoso (02G) |
193 |
1 803 |
2 681 |
1 964 |
665 |
195 |
227 |
1 987 |
3 115 |
2 137 |
706 |
217 |
321 |
2 678 |
3 771 |
2 674 |
843 |
282 |
|
Intromisión en la vida privada (código de la nomenclatura francesa de delitos NFI 02J) |
36 |
183 |
209 |
153 |
39 |
14 |
36 |
182 |
228 |
170 |
56 |
11 |
60 |
242 |
298 |
213 |
43 |
13 |
|
Injurias y actos de difamación (código de la nomenclatura francesa de delitos NFI 02H) |
8 |
120 |
263 |
188 |
65 |
14 |
9 |
144 |
278 |
199 |
60 |
21 |
14 |
126 |
286 |
224 |
59 |
22 |
|
2019 |
2020 |
2021 |
|||||||||||||||
|
EDAD |
EDAD |
EDAD |
|||||||||||||||
|
15 a 19 |
20 a 29 |
30 a 39 |
40 a 49 |
50 a 59 |
60 y más |
15 a 19 |
20 a 29 |
30 a 39 |
40 a 49 |
50 a 59 |
60 y más |
15 a 19 |
20 a 29 |
30 a 39 |
40 a 49 |
50 a 59 |
60 y más |
|
6 898 |
40 777 |
45 943 |
26 916 |
9 737 |
4 156 |
8 090 |
44 957 |
51463 |
29 729 |
11290 |
4 782 |
10 883 |
54 711 |
60 163 |
35 328 |
13 568 |
5 946 |
|
5 064 |
29 563 |
31342 |
17 759 |
6 703 |
3 045 |
5 712 |
32 086 |
34 687 |
19 509 |
7 682 |
3 567 |
7 392 |
37 193 |
38 119 |
22 276 |
8 668 |
4188 |
|
432 |
1367 |
1 235 |
675 |
208 |
56 |
687 |
1 795 |
1517 |
747 |
225 |
79 |
991 |
2 413 |
1851 |
932 |
318 |
98 |
|
51 |
237 |
281 |
145 |
53 |
21 |
77 |
326 |
398 |
212 |
82 |
29 |
134 |
362 |
380 |
187 |
71 |
25 |
|
782 |
5 810 |
7 303 |
4 487 |
1483 |
602 |
858 |
5 852 |
7 634 |
4 392 |
1 660 |
590 |
1 173 |
7 428 |
9 331 |
5 324 |
2 084 |
825 |
|
470 |
3 333 |
5 104 |
3 362 |
1 146 |
392 |
588 |
3 871 |
5 759 |
3 904 |
1 343 |
445 |
835 |
5 040 |
7 290 |
4 627 |
1 774 |
634 |
|
82 |
311 |
360 |
220 |
74 |
22 |
149 |
872 |
1101 |
722 |
224 |
54 |
336 |
2110 |
2 809 |
1 721 |
574 |
156 |
|
17 |
156 |
318 |
268 |
70 |
18 |
19 |
155 |
367 |
243 |
74 |
18 |
22 |
165 |
383 |
261 |
79 |
20 |
Mujeres víctimas de delitos sexuales no catalogables como violencia doméstica (entre 2016 y 2021)
|
Total de casos de violencia sexual no catalogable como violencia doméstica |
Violencia sexual en el entorno familiar no catalogable como violencia doméstica |
|||||||||||
|
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
|
|
Total |
35 328 |
39 334 |
46 911 |
52 675 |
53 262 |
68 466 |
6 555 |
7 300 |
8 136 |
9 300 |
10 050 |
12 803 |
|
0 a 9 |
6 924 |
7 654 |
8 307 |
9 780 |
10 083 |
13 563 |
3 759 |
4 130 |
4 481 |
5 293 |
5 658 |
7 395 |
|
10 a 14 |
8 919 |
9 799 |
11 815 |
12 994 |
13 350 |
17 226 |
1 969 |
2 153 |
2 464 |
2 750 |
3 015 |
3 777 |
|
15 a 19 |
7 728 |
9 117 |
11 232 |
12 979 |
13 489 |
17 359 |
584 |
757 |
864 |
926 |
1 041 |
1 260 |
|
20 a 29 |
5 666 |
6 347 |
7 856 |
8 563 |
8 476 |
10 766 |
90 |
115 |
132 |
145 |
149 |
169 |
|
30 a 39 |
2 691 |
2 994 |
3 439 |
3 895 |
3 567 |
4 362 |
74 |
65 |
92 |
72 |
89 |
94 |
|
40 a 49 |
1 933 |
1 875 |
2 304 |
2 370 |
2 296 |
2 740 |
49 |
50 |
62 |
59 |
56 |
64 |
|
50 a 59 |
902 |
903 |
1 167 |
1 236 |
1 230 |
1 431 |
19 |
17 |
21 |
27 |
24 |
24 |
|
60 a 69 |
310 |
341 |
438 |
462 |
429 |
571 |
6 |
6 |
13 |
16 |
10 |
8 |
|
70 y más |
255 |
304 |
353 |
396 |
342 |
448 |
5 |
7 |
7 |
12 |
8 |
12 |
|
Violencia sexual fuera del entorno familiar |
|||||
|
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
|
28 773 |
32 034 |
38 775 |
43 375 |
43 212 |
55 663 |
|
3 165 |
3 524 |
3 826 |
4 487 |
4 425 |
6 168 |
|
6 950 |
7 646 |
9 351 |
10 244 |
10 335 |
13 449 |
|
7 144 |
8 360 |
10 368 |
12 053 |
12 448 |
16 099 |
|
5 576 |
6 232 |
7 724 |
8 418 |
8 327 |
10 597 |
|
2 617 |
2 929 |
3 347 |
3 823 |
3 478 |
4 268 |
|
1 884 |
1 825 |
2 242 |
2 311 |
2 240 |
2 676 |
|
883 |
886 |
1 146 |
1 209 |
1 206 |
1 407 |
|
304 |
335 |
425 |
446 |
419 |
563 |
|
250 |
297 |
346 |
384 |
334 |
436 |
Estos cuadros, en los que se hace referencia al número de víctimas, reflejan el número de expedientes de casos registrados por las fuerzas del orden, por lo que abarcan, no solo las denuncias presentadas, sino también los registros de incidencias.
Autores de delitos enjuiciados en casos de violencia de género
|
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2017 a 2021 |
|
|
Autores de delitos enjuiciados |
31 584 |
34 335 |
42 176 |
47 673 |
56 910 |
212 678 |
Fuente: Ministerio de Justicia/Secretaría General/Subdirección de Estadística y Estudios, archivo de datos estadísticos Cassiopée
Ámbito: Toda Francia, entidades de ultramar incluidas
Interpretación: En 2017 se enjuició a 31.584 autores de delitos de violencia de género cometidos contra al menos una mujer.
Mujeres víctimas de violencia en los casos enjuiciados
|
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2017 a 2021 |
|
|
Mujeres víctimas de violencia |
35 685 |
38 791 |
47 111 |
53 270 |
63 056 |
237 913 |
|
Menos de 18 años |
7 161 |
7 596 |
8 340 |
8 968 |
10 443 |
42 508 |
|
18 a 24 años |
5 497 |
6 041 |
7 610 |
8 549 |
10 722 |
38 419 |
|
25 a 34 años |
9 033 |
9 969 |
12 145 |
14 019 |
16 456 |
61622 |
|
35 a 44 años |
6 433 |
7 191 |
9 130 |
10 721 |
12 890 |
46 365 |
|
45 a 54 años |
3 097 |
3 510 |
4 465 |
5 183 |
6 042 |
22 297 |
|
55 a 64 años |
974 |
1075 |
1296 |
1553 |
1885 |
6 783 |
|
65 años y más |
431 |
526 |
598 |
670 |
816 |
3 041 |
|
Edad desconocida |
3 059 |
2 883 |
3 527 |
3 607 |
3 802 |
16 878 |
Fuente: Ministerio de Justicia/Secretaría General/Subdirección de Estadística y Estudios, archivo de datos estadísticos Cassiopée
Ámbito: Toda Francia, entidades de ultramar incluidas
Interpretación: En 2017, los autores de delitos enjuiciados por actos de violencia de género cometidos contra mujeres causaron 35.685 víctimas. De ellas, 431 tenían 65 años o más en el momento de cometerse el delito.
Sentencias condenatorias por violencia de género
|
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2017 a 2021 |
|
|
Sentencias condenatorias |
30 429 |
31338 |
36 362 |
39 948 |
53 320 |
191 397 |
Fuente: Ministerio de Justicia/Secretaría General/ Subdirección de Estadística y Estudios, archivo de datos estadísticos del Registro Nacional de Antecedentes Penales de Personas Físicas.
Ámbito: Toda Francia, entidades de ultramar incluidas
Interpretación: En 2017 se dictaron 30.429 sentencias condenatorias por violencia de género.
Penas impuestas a raíz de sentencias condenatorias por violencia de género y discriminación en conjunto
|
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2017 a 2021 |
|
|
Todo tipo de penas en conjunto |
39 424 |
41 850 |
49 644 |
55 099 |
78 652 |
264 669 |
|
01 Prisión o privación de libertad |
27 238 |
28 186 |
33 179 |
36 258 |
47 686 |
172 547 |
|
02 Multa o días multa |
3 269 |
3 368 |
3 685 |
3 864 |
5 114 |
19 300 |
|
03 Cursillos |
506 |
902 |
1444 |
2 518 |
3 906 |
9 276 |
|
04 Prohibiciones al margen de permisos |
3 492 |
4 341 |
5 919 |
7 425 |
14 742 |
35 919 |
|
05 Confiscación de bienes |
3 290 |
3 462 |
3 994 |
3 632 |
5 122 |
19 500 |
|
06 Otro tipo de penas |
1 629 |
1 591 |
1 423 |
1 402 |
2 082 |
8 127 |
Fuente: Ministerio de Justicia/Secretaría General/ Subdirección de Estadística y Estudios, archivo de datos estadísticos del Registro Nacional de Antecedentes Penales de Personas Físicas.
Ámbito: Toda Francia, entidades de ultramar incluidas. Conjunto de todas las penas impuestas relacionadas con sentencias condenatorias por al menos un delito de violencia de género.
Interpretación: En 2021 se impusieron 78.652 penas relacionadas con sentencias condenatorias por violencia de género. De ellas, 47.686 eran penas de prisión o privación de libertad.
b)Datos sobre feminicidios
Según una encuesta del Ministerio del Interior, entre 2017 y 2021 se registraron 600 feminicidios en Francia (109 en 2017, 121 en 2018, 146 en 2019, 102 en 2020 y 122 en 2021). De esas 600 mujeres víctimas, la mayoría tenían entre 19 y 50 años (100 mujeres tenían entre 19 y 30 años, 120 tenían entre 31 y 40 años y 124 tenían entre 41 y 50 años).El número de víctimas con edad igual o inferior a 18 años ascendía a 7.
Por lo que respecta a los autores de este tipo de delito, cabe señalar que la gran mayoría de los feminicidios registrados entre 2017 y 2021 fueron cometidos por los cónyuges. Durante dicho quinquenio, se enjuició por feminicidio o tentativa de feminicidio a 3.780 acusados.
Relación entre la víctima y el autor del delito
|
Relación entre la víctima y el autor del delito |
AÑOS |
||||
|
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
|
|
Cónyuges |
63 |
60 |
70 |
37 |
60 |
|
Excónyuges |
2 |
8 |
5 |
7 |
3 |
|
Pareja de hecho |
30 |
22 |
28 |
26 |
25 |
|
Ex pareja de hecho |
14 |
16 |
14 |
16 |
10 |
|
Miembros de unión civil |
0 |
3 |
5 |
2 |
0 |
|
Ex miembros de unión civil |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
|
Parejas no registradas oficialmente |
0 |
12 |
24 |
14 |
23 |
|
TOTALES |
109 |
121 |
146 |
102 |
122 |
Autores de delitos enjuiciados por feminicidio
|
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2017 a 2021 |
|
|
Autores de delitos enjuiciados |
658 |
707 |
839 |
777 |
799 |
3 780 |
Fuente: Ministerio de Justicia/Secretaría General/Subdirección de Estadística y Estudios, archivo de datos estadísticos Cassiopée
Ámbito: Toda Francia, entidades de ultramar incluidas
Interpretación: En 2017 se enjuició a 658 acusados de delitos de feminicidio (o tentativa de feminicidio).
Víctimas de feminicidios en los casos enjuiciados
|
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2017 a 2021 |
|
|
Víctimas de feminicidios |
906 |
889 |
983 |
802 |
844 |
4 424 |
|
Menos de 18 años |
107 |
105 |
91 |
65 |
80 |
448 |
|
18 a 24 años |
79 |
79 |
79 |
101 |
84 |
422 |
|
25 a 34 años |
108 |
144 |
136 |
118 |
143 |
649 |
|
35 a 44 años |
119 |
106 |
132 |
111 |
133 |
601 |
|
45 a 54 años |
133 |
116 |
131 |
107 |
110 |
597 |
|
55 a 64 años |
74 |
82 |
100 |
65 |
69 |
390 |
|
65 años y más |
84 |
83 |
89 |
77 |
99 |
432 |
|
Edad desconocida |
202 |
174 |
225 |
158 |
126 |
885 |
Fuente: Ministerio de Justicia/Secretaría General/Subdirección de Estadística y Estudios, archivo de datos estadísticos Cassiopée
Ámbito: Toda Francia, entidades de ultramar incluidas
Interpretación: En 2017, las personas enjuiciadas por feminicidio (o tentativa de feminicidio) causaron 906 víctimas. De ellas, 84 tenían 65 años o más en el momento de cometerse el delito.
c)Datos sobre casos de actos antirreligiosos, antisemitas, racistas y xenófobos combinados con actos sexistas cometidos contra mujeres y niñas
Según datos del Ministerio del Interior, entre 2017 y 2021 se registraron 27.756 víctimas de delitos graves y delitos de carácter racista, xenófobo o antirreligioso.
d)Datos del SSMSI sobre víctimas de sexismo
El estudio más reciente llevado a cabo por el SSMSI en julio de 2022 indica un aumento de las agresiones sexistas denunciadas ante las fuerzas de seguridad desde la promulgación de la Ley de 3 de agosto de 2018, por la que se establece un tipo de infracción específico que engloba tales agresiones, si bien dicho aumento se ha ralentizado desde finales de 2021.
Durante el período 2020-2021, las fuerzas de seguridad dejaron constancia de la existencia de 3.700 infracciones relacionadas con agresiones sexistas en Francia, de las cuales 1.400 se registraron en 2020 y 2.300, en 2021. Tales infracciones son de categoría de gravedad 4 o 5. En la mayoría de los casos, se trata de agresiones sexistas sin circunstancias agravantes (agresiones sexistas que atentan contra la dignidad o crean una situación intimidatoria, hostil u ofensiva para una persona), suponiendo esta modalidad el 70 % de las infracciones relacionadas con agresiones sexistas registradas en 2020 y el 75 % de las registradas en 2021.
Las infracciones en cuestión se registran principalmente en las regiones de Centro-Valle del Loira e Isla de Francia. Dentro del ámbito de competencia de la policía nacional, la mayoría de las víctimas son mujeres, salvo en el caso de las agresiones cometidas por motivos de orientación sexual de la víctima. Además, casi dos tercios de las víctimas son menores de 30 años. Los autores de las agresiones son casi exclusivamente hombres, mayores de edad en la mayor parte de los casos.
X.Obligaciones extraterritoriales
Respuesta a la cuestión planteada en el párrafo 10
Las exportaciones de armas de Francia se realizan siempre cumpliendo estrictamente con las obligaciones internacionales adquiridas por el país y están sometidas a inspecciones mediante la aplicación rigurosa de sólidos procedimientos de control interministerial. El control de las exportaciones de armas tiene especialmente en cuenta el respeto de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario.
La política de exportación responsable de Francia respeta los embargos y las medidas restrictivas que imponen el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y la Unión Europea (UE), el Tratado sobre el Comercio de Armas (TCA), los ocho criterios de la Posición Común 2008/944 de la UE y los criterios nacionales. Por ejemplo, se deniegan todas las solicitudes de licencia de exportación si el Estado tiene conocimiento, en el momento de la autorización, de que el equipo y la tecnología militares exportados pueden utilizarse para cometer violaciones de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario o para facilitar la comisión de tales violaciones. Asimismo, el Estado actúa con especial cautela cuando los organismos internacionales constatan la existencia de violaciones graves del derecho internacional humanitario en el país de destino de las exportaciones.
La decisión de conceder una licencia se adopta a partir de un examen detallado caso por caso por parte de los cuatro miembros con derecho a voto que integran la Comisión Interministerial para el Estudio de las Exportaciones de Material de Guerra (CIEEMG), a saber: el Ministerio para Europa y de Asuntos Exteriores, el Ministerio de Economía, el Ministerio de las Fuerzas Armadas y la Secretaría General de Defensa y Seguridad Nacional. Francia aplica una política de control basada en un análisis riguroso individualizado de cada exportación de armas. Las decisiones se adoptan bajo la autoridad de la Primera Ministra y cumpliendo estrictamente con las obligaciones internacionales adquiridas por Francia, en particular las contempladas en las disposiciones del Tratado sobre el Comercio de Armas (TCA) y la Posición Común 2008/944/PESC del Consejo de la UE, de 8 de diciembre de 2008, modificada por la Decisión (PESC) 2019/1560 del Consejo, de 16 de septiembre de 2019. En el análisis se tienen en cuenta las características del material, el usuario final y las cuestiones relacionadas con el respeto de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario. Las autoridades francesas se preocupan en todo momento por garantizar la seguridad de la población civil y el cumplimiento de las obligaciones internacionales contraídas por Francia en materia de derechos humanos. A la hora de evaluar cualquier solicitud, se puede consultar a otros ministerios, servicios de inteligencia y cargos diplomáticos para conocer su criterio.
Por otra parte, las exportaciones de productos de doble uso están en consonancia con lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2021/821 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de mayo de 2021, por el que se establece un régimen de la Unión de control de las exportaciones, el corretaje, la asistencia técnica, el tránsito y la transferencia de productos de doble uso, y su control tiene en cuenta su uso final, en particular por lo que respecta a las violaciones de los derechos humanos. En dicho Reglamento están incorporadas in extenso las listas de control elaboradas por diversos grupos de proveedores (Arreglo de Wassenaar, Grupo de Suministradores Nucleares, Régimen de Control de la Tecnología de Misiles y Grupo de Australia).Por consiguiente, las directrices generales francesas, que atienden a estos criterios, se elaboran periódicamente en función de los distintos países y categorías de equipos, diferenciando sobre todo entre el posible uso de tales equipos para mantener el orden público o reprimir a la población.
Francia procede a un examen riguroso de cada expediente de venta de armas que se le presenta, a raíz del cual se deniega el permiso para realizar las exportaciones o bien se complementan las licencias concedidas con la imposición de determinados requisitos. Para llevar a cabo esta evaluación, las autoridades tienen en cuenta diversos factores relacionados con el tipo de bienes exportados, el destino final, el usuario final y las distintas partes intervinientes en la transferencia. Los fabricantes deben cumplimentar esa información en las solicitudes de licencias de exportación presentadas a la Administración. La evaluación también se basa en la información facilitada por los cargos diplomáticos y servicios de inteligencia. En este sentido, se presta especial atención al usuario final y, más concretamente, a la unidad destinataria de los bienes, teniendo en cuenta sus actividades y misiones y su historial. También se atiende al historial de uso del material exportado, es decir, a la utilización previa que el país destinatario haya hecho de él y al riesgo de que se utilice con fines de represión interna. Por último, las autoridades francesas pueden suspender o revocar una licencia de exportación en función de la evolución del contexto.
XI.Trata de personas (1)
Respuesta a la cuestión planteada en el párrafo 11
Las recomendaciones de 2022 del Grupo de Expertos en la Lucha contra la Trata de Seres Humanos (GRETA) y los dictámenes de la Comisión Nacional Consultiva de Derechos Humanos (relatora nacional independiente sobre la lucha contra la trata de personas) se han sometido a un análisis detenido por parte del Gobierno y sustentan la colaboración emprendida con la sociedad civil y los distintos ministerios para elaborar el tercer plan nacional contra la explotación y la trata de personas. La Ministra de Igualdad de Género, Diversidad e Igualdad de Oportunidades convocó una reunión de todas las partes interesadas el 15 de mayo de 2023 para poner en marcha la creación del plan, y la Misión Interministerial para la Protección de las Mujeres contra la Violencia y la Lucha contra la Trata de Personas está organizando una serie de talleres con miras a presentar el plan en el tercer trimestre del año.
Sobre la base de las recomendaciones del GRETA y de la Comisión Nacional Consultiva de Derechos Humanos, se han determinado las siguientes prioridades:
•La creación de un mecanismo nacional de detección y remisión de casos de víctimas de la trata de personas y el establecimiento de un directorio territorial de agentes de referencia;
•El impulso de iniciativas de comunicación sobre prevención y lucha contra la trata de personas (especialmente con motivo de la celebración de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos);
•La elaboración de un plan nacional e interministerial de formación del funcionariado, junto con un inventario de las herramientas existentes y una priorización de los grupos destinatarios de dicha formación;
•El refuerzo de los sistemas de acogida, protección y apoyo a las víctimas, especialmente a las menores de edad, brindando una atención multidisciplinar (en términos de alojamiento, salud, acceso a derechos y reinserción).
En cuanto a la incorporación del principio general de no exigencia de responsabilidad penal a las víctimas de la trata de personas, las instancias legislativas francesas no han querido cuestionar el principio de igualdad ante la ley en esta fase. No obstante, además del principio de oportunidad de las actuaciones judiciales, existen disposiciones que permiten contemplar la exención de responsabilidad de las víctimas que hayan sido obligadas a cometer infracciones, fundamentalmente en los artículos 122-2 y 122-7 del Código Penal.
Por otra parte, el Gobierno francés prosigue sus esfuerzos por promover la asignación de los bienes confiscados a fines sociales (artículo 706-160 del Código de Procedimiento Penal), lo que posibilitaría que los inmuebles confiscados a los infractores se destinasen a asociaciones dedicadas a prevenir y proteger a las víctimas de la trata de personas.
El presupuesto destinado en 2023 a financiar una convocatoria regional de proyectos, sufragada por la Agencia de Gestión y Recuperación de Bienes Incautados y Confiscados con cargo al fondo específico constituido por los ingresos procedentes de la confiscación de bienes y ganancias de los autores de delitos de trata de personas o proxenetismo, y dirigido a sostener económicamente la labor de los agentes del tejido asociativo sobre el terreno en torno a cuatro ejes de prevención de la prostitución y de apoyo a las víctimas de explotación sexual, se ha incrementado en casi 1 millón de euros, con lo que asciende a 3,4 millones de euros (frente a los 2,5 millones correspondientes a 2022).
Por lo que se refiere a la atención a las víctimas de la trata de personas, el Servicio de Acceso al Derecho y la Justicia y Apoyo a las Víctimas ha mantenido e incrementado su ayuda financiera (228.502 euros en 2022) a las asociaciones de apoyo a las víctimas de la trata y el proxenetismo, como Agir pour le Lien Social et la Citoyenneté, Amicale du Nid, Comité Contre l’Esclavage Moderne, Association Foyer Mise à l’Abri pour Femmes Victimes de la Traite à des Fins d’Exploitation Sexuelle (AFJ), Ruelle y Hors la Rue.
Por otro lado, los comités locales de apoyo a las víctimas, que constituyen instancias de coordinación local, se encargan de adecuar la política nacional en este ámbito a cada contexto territorial. Los distintos territorios cuentan con flexibilidad suficiente para crear comités temáticos de este tipo atendiendo a las distintas categorías de víctimas (menores, por ejemplo) o a los temas que afectan a estas (explotación y trata, violencia sexual, etcétera).
En cuanto a la asistencia y el apoyo a presuntas víctimas o a aquellas oficialmente identificadas como tal, el Gobierno francés presta especial atención al tratamiento de los traumas psicológicos a través de 15 centros regionales dedicados a esta labor, cuya red territorial tiene previsto reforzar para armonizar las prácticas con más eficacia y crear un programa específicamente destinado a las personas con discapacidad.
Por otro lado, la lucha contra la trata de niños constituye un reto fundamental para el Gobierno, que, en el contexto de la creación del tercer plan contra la trata de personas, prosigue las actuaciones emprendidas en el marco de la estrategia 2021-2022 contra la prostitución infantil, cuya dotación presupuestaria asciende a 14 millones de euros. El Gobierno francés creó el 21 de noviembre de 2022 un Comité Interministerial para la Infancia, que ha convertido el objetivo de combatir la violencia contra la población infantil en una de sus prioridades. Asimismo, se ha aumentado la formación de los profesionales y en breve se pondrá en marcha un nuevo plan nacional contra la violencia contra la infancia.
En términos generales, el Gobierno reafirma su determinación de proteger incondicionalmente a los niños y niñas víctimas de trata o explotación en cualquiera de sus formas.
Con respecto a la asistencia prestada a las víctimas menores de edad, en el plan para combatir la violencia contra la población infantil correspondiente al período 2020-2022 se contemplaba la creación de una unidad de atención pediátrica a la infancia en situación de riesgo en cada departamento que constituyera un centro de atención integral de carácter sanitario, jurídico y forense a menores víctimas de violencia o trata.
El sistema experimental de protección de víctimas menores de edad puesto en marcha en París en 2016, que permite que la Fiscalía de Menores tramite judicialmente los casos en un plazo máximo de 24 horas y que se dicte una orden de realojamiento temporal en un máximo de 48 horas, pretende ampliarse de forma generalizada para alejar a los menores de la influencia de las redes y personas que los explotan, ubicándolos en entornos donde gocen de seguridad y protección. En 2021 se abrió un primer centro de acogida y alojamiento en condiciones de seguridad y protección destinado a acoger a menores víctimas de la trata, atendiendo la necesidad de refugio de emergencia y ofreciendo un seguimiento exhaustivo en materia de educación y apoyo psicológico, jurídico y sanitario.
Por otro lado, en los departamentos de la policía y la gendarmería se han habilitado 353 salas de interrogatorio de menores (denominadas “salas Mélanie”) especialmente diseñadas para recabar los testimonios de los niños y procurar que se sientan cómodos (proporcionándoles juguetes y material didáctico que fomenten su confort, confianza y capacidad de expresión) y dotadas de sistemas de grabación de sonido e imagen.
Por último, en la circular sobre política penal contra la violencia ejercida contra menores, publicada el 28 de marzo de 2023, se reitera la obligación de que las investigaciones penales tengan como objetivos prioritarios la identificación y la sanción de los organizadores de redes de trata.
XII.Trata y explotación con fines de prostitución (2)
Respuesta a la cuestión planteada en el párrafo 12
Ley de 2016 por la que se tipifica como delito la compra de servicios sexuales y se contempla la imposición de sanciones a los clientes
La política de prevención y lucha contra la prostitución y la explotación sexual está financiada por el Estado en el marco del programa 137, denominado “Igualdad entre mujeres y hombres”, por un importe de 3,1 millones de euros a nivel nacional y 3 millones de euros a nivel local destinados a brindar apoyo a las personas que ejercen la prostitución, así como 3,8 millones de euros en el marco de la Agencia de Gestión y Recuperación de Bienes Incautados y Confiscados (0,4 millones de euros asignados en el plano nacional y 3,4 millones de euros asignados a la convocatoria regional de proyectos).Como parte de las nuevas medidas, en 2022 se destinó una suma adicional de 1,2 millones de euros a financiar itinerarios de salida de la prostitución y ayudas económicas para la inserción social.
La aplicación de la Ley núm. 2016-444 se acompañó de una labor de vigilancia por parte de un comité de seguimiento dirigido por el Ministerio de Igualdad de Género. Dicho comité se reunió por primera vez el 15 de febrero de 2021, lo que permitió a cada administración hacer un balance de las iniciativas puestas en marcha y las perspectivas de futuro. El 7 de febrero de 2023 se celebró una segunda reunión, presidida por la Ministra.
Además, se llevaron a cabo dos misiones institucionales de evaluación centradas en la calidad de la aplicación de la Ley de 13 de abril de 2016: una evaluación tripartita de las Inspecciones Generales de Asuntos Sociales (IGAS), Administración (IGA) y Justicia (IGJ), cuyo informe se entregó en diciembre de 2019, y una evaluación del Consejo Superior para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, que emitió su dictamen en mayo de 2021.
Consecuencias de la citada Ley para las mujeres que ejercen la prostitución, sobre todo en cuanto a la exposición a todas las formas de violencia, incluida la explotación
En su informe de evaluación, la misión tripartita de la IGAS, la IGA y la IGJ formuló 28 recomendaciones estructuradas en torno a cuatro temas principales. En su recomendación núm. 16, la misión aconseja especificar, mediante una circular interministerial, las modalidades de tramitación de las solicitudes para acogerse al itinerario de salida de la prostitución y, en concreto, los requisitos para poder optar a este y la información relativa a la expedición y la duración de los correspondientes permisos de residencia temporal.
En este sentido, la implementación del itinerario de salida de la prostitución y de inserción sociolaboral se ha reactivado a través de la circular interministerial NOR: SSAA2201128C de 13 de abril de 2022, relativa a la ampliación de derechos en el marco de dicho itinerario, en la que se establece la obligación de terminar de instaurar, en todos los departamentos, comisiones departamentales de lucha contra la prostitución, el proxenetismo y la trata de personas con fines de explotación sexual, así como de crear itinerarios de salida de la prostitución.
La Ley de 13 de abril de 2016 se percibe como una ley que no penaliza a las víctimas de la prostitución, sino a los clientes y responsables de este tipo de explotación, y constituye una legislación marco que revisa todas las políticas públicas en materia de prostitución. La Ley en cuestión ha permitido adoptar una serie de medidas para hacer frente al sistema que sustenta la prostitución en su conjunto. Algunas de tales medidas están destinadas a mejorar la atención a las víctimas de la prostitución, el proxenetismo o la trata de personas con fines de explotación sexual, con la creación de un itinerario de salida de la prostitución que permite acceder al apoyo de una asociación autorizada, a un permiso de residencia temporal de 6 meses (renovable por un período total de 24 meses) y a una ayuda económica.
En cada departamento, la organización y coordinación de las iniciativas que ayudan a las víctimas de la prostitución, el proxenetismo y la trata de personas con fines de explotación sexual a acogerse a un itinerario de salida de la prostitución y de inserción sociolaboral o completarlo están a cargo de una comisión departamental de lucha contra la prostitución.
Recursos económicos destinados a las mujeres que desean abandonar la prostitución
El acceso al itinerario de salida está sujeto a la autorización de la Prefectura y resulta determinante para la ampliación de derechos específicos en virtud de la ley, a saber: apoyo social y profesional por parte de asociaciones autorizadas, expedición de un permiso de residencia temporal para las personas extranjeras y adjudicación de ayudas económicas para fomentar la inserción sociolaboral de las personas que no tengan derecho a las prestaciones sociales mínimas.
Desde 2017, son 1.242 las personas que han seguido un itinerario de salida de la prostitución o se encuentran en proceso de seguimiento al respecto. A fecha de 1 de enero de 2023, se había concedido autorización a 121 asociaciones para implementar el itinerario de salida de la prostitución y se habían autorizado, por decisión de las prefecturas, 643 itinerarios de salida de la prostitución en proceso de creación, lo que supone un incremento de más del 30 % con respecto a 2022.
Las cifras indicadas demuestran claramente que la Ley de 13 de abril de 2016 está beneficiando de manera efectiva a las víctimas de la prostitución al ofrecerles un apoyo integral y personalizado que las ayuda a salir de su situación.
Estrategia Nacional de Salud Sexual 2017-2030 y Hoja de Ruta sobre Salud Sexual 2018-2020
Cabe concluir que las necesidades de salud, en términos tanto preventivos como curativos, específicas de las personas que ejercen la prostitución están reconocidas desde la aprobación de la Ley de 2016. Tales necesidades atañen, en particular, a la salud sexual, si bien deben entenderse de forma más amplia teniendo en cuenta los múltiples factores de vulnerabilidad que afectan a dicha población y que se derivan tanto de su situación como de la actividad ejercida.
La iniciativa experimental contemplada en el marco de la medida 16 de la Hoja de Ruta sobre Salud Sexual 2018-2020 ha permitido destinar una financiación por importe total de 200.000 euros a proyectos orientados a promover la reducción de riesgos para las personas que ejercen la prostitución en las regiones de Isla de Francia, Auvernia Ródano Alpes, Provenza Alpes Costa Azul y Occitania.
La segunda Hoja de Ruta 2021-2024, que forma parte de la Estrategia Nacional de Salud Sexual 2017-2030, incluye una medida dirigida a consolidar las iniciativas innovadoras de reducción de riesgos para las personas que ejercen la prostitución o están saliendo de ella, aumentando la capacidad de actuación de los agentes comunitarios involucrados en dicha reducción de riesgos.
Esta financiación específica derivada del programa 204, denominado “Prevención, seguridad sanitaria y prestación de atención sanitaria”, se mantuvo en la medida de lo posible durante el ejercicio presupuestario 2022.
Las personas que ejercen la prostitución también son beneficiarias potenciales de las numerosas iniciativas encaminadas a facilitar el acceso de las personas vulnerables a la atención sanitaria. Por ejemplo, dicho colectivo es uno de los grupos prioritarios de beneficiarios de los cuatro centros comunitarios de salud sexual inaugurados con carácter experimental en 2021.
XIII.Participación en la vida política y pública
Respuesta a la cuestión planteada en el párrafo 13
Ley de 27 de enero de 2011 relativa al equilibrio de género en los consejos de administración y vigilancia y a la igualdad en el ámbito profesional
a)Información sobre las medidas adoptadas para lograr una representación paritaria de las mujeres en los cargos políticos electivos o designados;
En la legislación francesa actual se combina la aplicación de mecanismos tanto incentivos como coercitivos en caso de incumplimiento de las normas de paridad.
Entre los mecanismos incentivos aplicables a los comicios nacionales, se halla el contemplado en la Ley de 6 de junio de 2000, orientada a promover la igualdad de acceso de mujeres y hombres al ejercicio de mandatos electorales y cargos electivos, que establece una deducción de la financiación estatal destinada a los partidos políticos que no respeten la paridad en la designación de candidaturas a las elecciones legislativas. La Ley de 4 de agosto de 2014 para la garantía de la igualdad sustantiva entre hombres y mujeres permitió duplicar el importe de tales deducciones de financiación a partir de 2017.
En cuanto a los mecanismos coercitivos, en la Ley de 14 de febrero de 2014 se establece la imposibilidad de compatibilizar el ejercicio de un mandato parlamentario con el de un cargo ejecutivo local o varios mandatos locales, lo que permite una renovación del personal político y un aumento del acceso de las mujeres al ejercicio de mandatos. La Ley de 4 de agosto de 2014 y la Ley de 14 de febrero de 2014 se aplicaron por primera vez en las elecciones legislativas de junio de 2017, lográndose un efecto inmediato: el incremento del número de diputadas de 155 en 2012 a 224 en 2017 (con una ligera disminución a 217 en 2022).
Desde 2022, el 37,6 % de los miembros de la Asamblea Nacional y el 34,8 % de los del Senado son mujeres, frente al 10,9 % y el 5,6 % que estas representaban respectivamente en cada una de esas cámaras en 1999.
Con respecto a los comicios locales, cabe señalar que la Ley de 6 de junio de 2000 exige a los partidos políticos que presenten el mismo número de hombres y mujeres en sus candidaturas a las elecciones regionales, municipales, al Senado y a las instituciones europeas para poder registrar sus listas. Además, al hacer extensivas las obligaciones de paridad a los municipios de más de 3.500 habitantes, a las regiones y a los cantones, la Ley de 31 de enero de 2007, orientada a promover la igualdad de acceso de mujeres y hombres al ejercicio de mandatos electorales y cargos electivos, exige incluir a más mujeres en la composición de los órganos ejecutivos locales.
La Ley de 17 de mayo de 2013, relativa a la elección de consejeros departamentales y concejales municipales y comunales, consolida la aplicación de las disposiciones de carácter coercitivo al introducir el voto paritario binominal en las elecciones departamentales y la alternancia estricta de mujeres y hombres en las listas de las candidaturas a los comicios municipales y comunales.
Gracias a estas medidas, las mujeres representan a día de hoy el 42,2 % de los miembros de los consejos municipales, el 48,5 % de los miembros de los consejos regionales y territoriales, el 50 % de los miembros de los consejos departamentales y el 35 % de los miembros de los consejos comunales.
En los municipios de menos de 1.000 habitantes y en los centros públicos de cooperación intercomunal, donde no se aplican las normas de paridad, las mujeres tienen poca representación: por término medio, solamente un 35 % de los miembros de los consejos municipales son mujeres, y estas ocupan únicamente el 20 % de las alcaldías y el 11,8 % de las presidencias de los mencionados centros públicos. Para solucionar este problema, en la Ley de Participación y Proximidad, de 17 de diciembre de 2019, se contempla la modificación del Código Electoral para hacer extensiva la igualdad de acceso de mujeres y hombres al ejercicio de cargos electivos en los municipios y sus agrupaciones. Se prevé que las modificaciones en cuestión, cuya repercusión ya ha evaluado la Asamblea Nacional, se apliquen de aquí a la próxima convocatoria de elecciones a órganos comunales (en 2026).
b)Datos sobre la representación de las mujeres en los consejos de administración y vigilancia, así como en los centros públicos y los centros públicos mixtos
Por lo que respecta al sector privado y a las empresas mixtas, la Ley de 27 de enero de 2011, relativa al equilibrio de género en los consejos de administración y vigilancia y a la igualdad en el ámbito profesional (denominada “Ley Copé-Zimmermann”) ha posibilitado un aumento considerable del porcentaje de mujeres en la composición de los consejos de administración de las empresas que cotizan en bolsa, desde apenas un 10 % en 2009 a un 44,6 % en la actualidad, lo que sitúa a Francia a la cabeza de Europa y en el segundo puesto de la clasificación mundial en este aspecto.
La Ley de 24 de diciembre de 2021, destinada a acelerar el logro de la igualdad en los ámbitos económico y profesional (denominada “Ley Rixain”), impone la obligación de garantizar una representación equilibrada de género entre el personal directivo y los miembros de los órganos de dirección de las empresas con al menos 1.000 trabajadores. Esta nueva obligación va acompañada de un requisito de transparencia en este ámbito, haciendo extensivas las obligaciones de paridad contempladas en la Ley Copé-Zimmerman a los comités ejecutivos y de dirección.
En caso de no cumplirse esa proporción, la empresa dispone de un plazo de 2 años para adecuarse a la norma, si bien debe publicar, al cabo de 1 año, los objetivos de progreso y las medidas correctivas adoptadas. Transcurrido dicho plazo, y si los resultados obtenidos se mantienen muy por debajo del porcentaje establecido, la empresa se expone a una sanción económica.
Además, la banca pública deberá condicionar la concesión de financiación a través de préstamos o fondos propios a la publicación por parte de las empresas de un índice de igualdad en el ámbito profesional.
Por lo que respecta a la Administración pública y los centros públicos, Francia ha adoptado una serie de medidas legislativas y reglamentarias destinadas a aumentar la representación de las mujeres en los cargos y órganos directivos.
Desde finales de 2019 y a raíz de la aprobación de la Ley de Transformación de la Administración Pública, todos los empleadores públicos están obligados a ejecutar un plan de acción plurianual de igualdad en el ámbito profesional que abarque un apartado referente a la igualdad de acceso de mujeres y hombres a los cuerpos profesionales, categorías del cuadro orgánico, rangos y puestos de trabajo de dicha Administración.
Además, el sistema de representación equilibrada en los nombramientos de cargos directivos superiores y puestos de responsabilidad introducido por la ley “Sauvadet” de marzo de 2012, respaldado por los acuerdos firmados entre los sindicatos y los empleadores públicos en 2013 y 2018 y consolidado mediante la Ley de Transformación de la Administración Pública de 2019, obliga a los empleadores públicos a mantener un porcentaje mínimo del 40 % de personas de cada sexo en los nuevos nombramientos de dicho tipo de cargos y puestos dentro de la Administración pública. Con arreglo a este criterio, en 2020 se designó por primera vez a un 42 % de mujeres para ocupar puestos directivos en las distintas administraciones estatales, lo que permitió alcanzar el mencionado objetivo por primera vez.
El Plan de Igualdad 2023-2027 pretende adaptar el índice de igualdad en el ámbito profesional contemplado en la Ley de 5 de septiembre de 2018 a los tres ámbitos de la Administración pública, así como consolidar los sistemas de representación equilibrada en los nombramientos.
c)Ciberacoso: datos e información sobre el marco jurídico, las políticas y los mecanismos existentes para combatir esta forma de acoso
En el Código Penal se contempla la posibilidad de imponer sanciones por ciberacoso como delito en general, aunque el texto no hace referencia específica a las mujeres víctimas de este tipo de actos por expresar su postura públicamente.
De ahí que se hayan emprendido varias reformas legislativas para hacer frente con más eficacia a los actos de acoso y entender mejor las distintas formas que pueden adoptar. En la Ley de 3 de agosto de 2018, por la que se intensifica la lucha contra la violencia sexual y de género, se tipifican tales formas de acoso como delito castigado con penas de dos años de cárcel y multa de 30.000 euros, mientras que en la Ley de 24 de junio de 2020, orientada a combatir los contenidos que fomentan el odio en Internet, se estableció la creación de un Observatorio contra la Incitación al Odio en Internet dentro del Consejo Superior de Medios Audiovisuales, que posteriormente se convirtió en la ARCOM, para intentar mejorar la regulación y poner en marcha sistemas más eficaces de detección de víctimas y atención a estas.
Se han introducido varias disposiciones para castigar los actos de acoso u “hostigamiento” a personas, especialmente a través de los medios digitales y las tecnologías de la información. De este modo, los artículos del Código Penal 222-33-2 a 222-33-2-3 (en los que se contemplan sanciones por actos de acoso moral), 222-33 (relativo al acoso sexual) y 222-17 a 222-18-3 (relativos a las amenazas), permiten tipificar como delito penal los actos de ciberacoso, ya que imponen sanciones por comportamientos que suponen acoso o amenaza y que pueden cometerse por vías de comunicación electrónica. El artículo 24 de la Ley de 29 de julio de 1881 permite castigar la colaboración en actos de ciberacoso, en la medida en que castiga específicamente la incitación al odio, la violencia o la discriminación.
Asimismo, se han incorporado al marco jurídico francés varias definiciones de delitos con el fin de combatir tales formas de violencia. Por ejemplo, en la Ley de 24 de agosto de 2021, por la que se crea el artículo 223-1-1 del Código Penal, se tipifican como delito los comportamientos individuales encaminados a causar daños graves a una persona, a su familia o a sus bienes revelando datos personales sobre ella.
Con el fin de tipificar como delito los fenómenos grupales coordinados para causar perjuicio a una determinada persona (“ofensivas digitales” y “acoso en manada”), en el artículo 222-33-2-2 del Código Penal, modificado por la Ley de 3 de agosto de 2018, se establece que también se considera que existe acoso cuando varias personas dirigen una serie de comentarios o comportamientos a una misma víctima, ya sea de manera acordada o por instigación de alguna de tales personas y pese a que ninguna de ellas haya actuado de forma reincidente, o cuando tales comentarios o comportamientos se dirigen a la misma víctima, sucesivamente, por parte de varias personas que, aun sin acuerdo previo al respecto, sean conscientes de que dichos comentarios o comportamientos constituyen una reincidencia.
En cuanto a la protección de los derechos de las víctimas de la incitación al odio en Internet, Francia ha diseñado recientemente una serie de herramientas que facilitan la presentación de denuncias en línea y la notificación de la existencia de contenidos que incitan al odio. Impulsada por el Ministerio del Interior, la Plataforma de Armonización, Análisis, Cotejo y Remisión de Denuncias (PHAROS, por sus siglas en francés) de la Oficina Central de Lucha contra la Delincuencia Vinculada a las Tecnologías de la Información y la Comunicación permite recopilar las denuncias de contenidos y comportamientos ilícitos en Internet y proceder a su tramitación judicial. Dicha Plataforma está integrada por 24 investigadores que trabajan bajo la supervisión de 2 funcionarios.
Por otro lado, el Servicio de Acceso al Derecho y la Justicia y Apoyo a las Víctimas respalda y financia la labor de asociaciones especializadas que llevan a cabo iniciativas de información, prevención y formación orientadas a profesionales, así como de apoyo a las víctimas de actos de discriminación y del discurso de odio en Internet. Dicho Servicio brinda apoyo asimismo a las asociaciones nacionales dedicadas a ámbitos más específicos, como la lucha contra el racismo y el antisemitismo.
XIV.Educación (1)
Respuesta a la cuestión planteada en el párrafo 14
El Proyecto Hypatia
El Proyecto Hypatia, financiado por el Programa Horizonte 2020 de la UE, se ejecutó entre 2015 y 2018 y contó con la participación de 19 asociados de 14 países. Dicho Proyecto estaba dirigido a alumnos de 13 a 18 años y tenía como principal objetivo animar a las niñas a optar por una formación científica y técnica.
Durante los tres años de ejecución del Proyecto, se elaboró un conjunto de herramientas que se puso a disposición de museos y centros científicos, centros educativos, instituciones de investigación y entidades del sector industrial. Francia emprendió las siguientes iniciativas: la organización de talleres de concienciación sobre los estereotipos en los ámbitos de la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas, la celebración de reuniones con embajadores y embajadoras de la ciencia y la elaboración de un juego de cartas para situar a las científicas en un eje cronológico.
El Plan de Igualdad de Género 2023-2027 pretende aumentar la presencia de niñas y mujeres en las carreras científicas, especialmente en el sector digital. Está previsto emprender diversas actuaciones, a saber: la prestación de apoyo integral a 10.000 mujeres jóvenes que deseen cursar estudios superiores en carreras de los sectores tecnológico y digital, abordando todos los obstáculos detectados (recursos financieros, autoconfianza, establecimiento de redes, etcétera);el establecimiento de objetivos de diversidad de género en la enseñanza de las especialidades de matemáticas y física y química del penúltimo año de bachillerato, así como de la opción de matemáticas especializadas del último año de este ciclo; y el suministro de una plataforma que vincule los centros educativos y las redes de profesionales, en particular las constituidas por mujeres.
Educación sexual en los centros educativos
La educación sexual es de aprendizaje obligatorio y se rige por los artículos L.121-1 y L.312-16 y siguientes del Código de Educación. En tales artículos se establece la obligación de organizar tres sesiones al año por grupo de edad homogéneo a partir de la enseñanza preescolar. En la circular núm. 2018-111 de 12 de septiembre de 2018, relativa a la educación sexual, se establecen las modalidades de impartición de tales sesiones y, en particular, su adecuación al grado de madurez del alumnado.
El Ministerio de Educación ha organizado varias actividades de formación, entre ellas, una conferencia en línea sobre la violencia sexual en el entorno familiar y dos seminarios de capacitación. En el sitio web Éduscol se ofrecen numerosos recursos: un libro de consulta sobre la violencia sexual en el entorno familiar destinado a todo tipo de profesionales (en particular docentes y personal de los centros educativos), una guía sobre la prostitución de menores y fichas de recursos sobre educación sexual.
En enero de 2023 se creó un grupo de trabajo sobre educación sexual cuya labor culminó en el planteamiento de una serie de medidas que se aplicarán en septiembre de 2023, coincidiendo con el comienzo del nuevo curso escolar.
XV.Educación (2)
Respuesta a la cuestión planteada en el párrafo 15
Programa No al Acoso
El número telefónico gratuito 3020, gestionado en colaboración con la asociación de padres, madres y docentes École des Parents et des Éducateurs d’Île-de-France, atiende llamadas de lunes a viernes de 9.00 a 20.00 horas y los sábados de 9.00 a 18.00 horas. La comunidad educativa ya tiene conocimiento de dicho número como medio para alertar de situaciones de acoso en centros educativos que las personas que llaman no consiguen solucionar.
La atención de las llamadas recibidas está a cargo de profesionales del ámbito social, pudiendo dar lugar, cuando la situación lo requiera, al envío directo de un formulario, mediante una aplicación segura, a una red de 399 contactos de referencia para casos de acoso de los ámbitos académico y departamental, pertenecientes al Ministerio de Educación Nacional. A través del número 3020 se han atendido casos referentes a 11.284 situaciones desde septiembre de 2017.
En cuanto a la plataforma Net-Écoute, el número de atención telefónica 0 800 200 000 creado en 2012 se modificó al número 3018 en abril de 2021. La plataforma está gestionada por la asociación E-enfance, fundada específicamente para hacer frente a situaciones de ciberacoso, y ofrece la posibilidad de remitir un formulario a los correspondientes contactos de referencia para casos de acoso a fin de que brinden apoyo a las jóvenes víctimas en sus centros educativos. También existe una aplicación (en funcionamiento desde 2022) que permite denunciar situaciones de ciberacoso. El número 3018 atiende llamadas los siete días de la semana en horario de 9.00 a 23.00 horas.
La implantación generalizada del programa pHARe en septiembre de 2022 impondrá a los centros educativos la obligación de contar con un plan de prevención del acoso, lo que debería traducirse en una reducción del número de llamadas a las plataformas 3020 y 3018.
El sitio web www.nonauharcelement.education.gouv.fr contribuye a dar a conocer todas las iniciativas emprendidas y respaldadas a nivel ministerial (información y orientación al alumnado en calidad de víctimas, testigos o autores de actos de acoso, facilitación de recursos destinados a profesionales, etc.).
Medidas adoptadas contra la discriminación de las niñas con discapacidad y las pertenecientes a grupos desfavorecidos en el acceso a la educación
La creación de las escuelas inclusivas está encaminada a posibilitar la escolarización de toda la población infantil con discapacidad, teniendo en cuenta sus necesidades especiales, independientemente del género.
Desde 2021 se han venido creando equipos móviles de apoyo médico-social a la escolarización, formados por personal médico-social y vinculados a los Centros Inclusivos Localizados de Apoyo. La labor de tales equipos beneficia indirectamente a los centros escolares y pretende concienciar a los profesionales de la educación sobre la discapacidad, así como ofrecer soluciones y ayuda concretas para evitar que las personas con discapacidad vean interrumpidos sus estudios. El número de equipos móviles de apoyo médico-social a la escolarización ascendía a 166 en 2022. El docente de referencia en materia de escolarización del alumnado con discapacidad constituye la principal persona de contacto para los padres y madres de dicho alumnado. Esta figura se encarga de realizar el seguimiento de los progresos educativos de cada alumno o alumna y está adscrita a un determinado sector de actuación, vinculado a los Centros Inclusivos Localizados de Apoyo, por lo que está asimismo cualificada para atender las necesidades detectadas y velar por que no exista ningún tipo de discriminación.
XVI.Empleo (1): impacto del Plan Interministerial para la Igualdad en el Ámbito Profesional (2016-2022)
Respuesta a la cuestión planteada en el párrafo 16
Las obligaciones en materia de igualdad económica por parte de las empresas se han afianzado a través de una serie de leyes. El índice de igualdad en el ámbito profesional, creado en virtud de la Ley núm. 2018-771 de 5 de septiembre de 2018 para garantizar la libertad de elección del futuro profesional, permite medir la desigualdad salarial entre mujeres y hombres.
La entrada en vigor de la Ley núm. 2021-1774 de 24 de diciembre de 2021, destinada a acelerar el logro de la igualdad en los ámbitos económico y profesional, contiene nuevas disposiciones para promover la representación equitativa de las mujeres en la economía y el mundo profesional, su independencia financiera y autonomía para la contratación de servicios bancarios, y el apoyo a las mujeres con menos acceso al empleo, principalmente a causa de la maternidad.
La Ley núm. 2019-828 de 6 de agosto de 2019, relativa a la transformación de la Administración pública, conlleva asimismo nuevas obligaciones de garantía de la igualdad sustantiva en los tres ámbitos de la Administración. Por otro lado, la ampliación de la duración de la licencia de paternidad a 28 días fomenta un reparto de tareas más equilibrado entre mujeres y hombres.
El Gobierno francés también ha puesto en marcha una serie de iniciativas para fomentar la inserción laboral de las mujeres y el emprendimiento entre estas. Esta actuación culminó en 2021 con la firma y aplicación de un acuerdo marco correspondiente al período 2021-2023 en favor del emprendimiento entre las mujeres, firmado entre el Estado francés y el banco público de inversiones Bpifrance, así como con la firma y aplicación de un acuerdo marco para el período 2021-2024 que tiene como signatarios al Ministerio de Igualdad de Género, el Ministerio de Trabajo y el organismo nacional de empleo y está orientado a la inserción laboral de las mujeres.
En los años 2020 y 2022 se publicó una convocatoria de proyectos en torno a la lucha contra la violencia sexual y de género en el lugar de trabajo, lo que ha permitido apoyar la ejecución de diversas iniciativas comunitarias sobre el tema en el ámbito empresarial.
El Gobierno francés también ha creado un sello de igualdad en el ámbito profesional, un sello de diversidad y un sello de alianzas para certificar a aquellas empresas de todos los sectores y tamaños que cuentan con una política de igualdad ejemplar. Además, el Ministerio de Igualdad de Género ha impulsado la implantación de una norma internacional ISO en materia de igualdad, proyecto que debería concluir a lo largo de 2023 y que dirige conjuntamente con el Ministerio para Europa y de Asuntos Exteriores, con el apoyo de la asociación francesa de normalización AFNOR.
La Primera Ministra anunció en marzo de 2023 el nuevo Plan Interministerial para la Igualdad de Género 2023-2027, que se centra en la igualdad en los ámbitos profesional y económico y persigue varios objetivos estratégicos: garantizar la igualdad en la esfera profesional tanto privada como pública, promover un aumento de la diversidad de género en todos los sectores profesionales y eliminar los obstáculos al emprendimiento de las mujeres.
XVII.Empleo (2)
Respuesta a la cuestión planteada en el párrafo 17
Índice de igualdad de género
En diciembre de 2022, el 84 % de las empresas con al menos 50 trabajadores había publicado su índice de igualdad en el ámbito profesional, cuyo promedio se situaba en 86 puntos.
Los distintos departamentos de la Inspección de Trabajo se han movilizado en gran medida por lo que respecta a la implementación de dicho índice. Desde 2019 hasta 2023 se han notificado 695 requerimientos y 49 resoluciones sancionadoras a empresas por no publicar resultados o no definir medidas correctoras adecuadas y pertinentes.
Desde 2022, además, las empresas con más de 250 trabajadores pueden recibir la correspondiente notificación de sanción si no presentan resultados al cabo de tres años. Dicha sanción se aplicará también en 2023 a las empresas con una plantilla de 50 a 250 trabajadores que no hayan alcanzado el umbral de 75 puntos en el plazo establecido.
Ampliación de la duración de la licencia de paternidad
La ampliación de la duración de la licencia de paternidad figura entre las políticas prioritarias del Gobierno y cuenta con un indicador de seguimiento. El número de padres o cónyuges que se acogieron a la licencia de paternidad en 2022 ascendió a 71.601.
Medidas para promover la igualdad de acceso al mercado laboral por parte de las mujeres pertenecientes a grupos minoritarios
La inserción laboral de las mujeres migrantes recién llegadas al país es una prioridad del Gobierno reconocida por la Comisión Interministerial de Inmigración e Integración de 6 de noviembre de 2019 y reafirmada en la correspondiente orden ministerial de 2022 como motor esencial de integración y empoderamiento de dicho grupo de población, por lo que constituye un reto importante para garantizar la cohesión social.
En el acuerdo marco concertado entre el Estado, la Oficina Francesa de Inmigración e Integración (OFII) y los agentes del Servicio Público de Empleo (SPE), firmado el 1 de marzo de 2021, se señala explícitamente la obligación de emprender medidas especiales destinadas a las mujeres extranjeras y se contempla la necesidad de que los agentes del SPE y de la OFII se comprometan a diseñar iniciativas específicas que faciliten la derivación de las mujeres recién llegadas al país a los mecanismos existentes en su zona de actuación.
Por otro lado, uno de los objetivos establecidos por el Comité Interministerial es mejorar los mecanismos de convalidación de la experiencia adquirida por las personas extranjeras recién llegadas. Tales mecanismos afectan especialmente a las mujeres, ya que alrededor del 30 % de las extranjeras recién llegadas posee algún título expedido en su país de origen, siendo dicho porcentaje superior al registrado entre los hombres.
Asimismo, el Estado respalda iniciativas impulsadas por asociaciones a través de convocatorias nacionales de proyectos que, en 2022, se orientaron por primera vez a proyectos de apoyo al empleo específicamente destinados a las extranjeras recién llegadas.
Por último, desde 2022, el Programa de Apoyo Global e Individualizado a los Refugiados (AGIR) ofrece a todas las personas beneficiarias de protección internacional la posibilidad de recibir dicho tipo de apoyo para acceder a una vivienda y un empleo a través de una ventanilla única departamental habilitada por el Estado. La implantación progresiva de este servicio en todo el territorio francés está prevista para 2024. Aproximadamente el 40 % de las personas beneficiarias de protección internacional son mujeres y, en este contexto, se aumentará tanto el apoyo que se les brinda como su inserción laboral.
XVIII.Salud (1)
Respuesta a la cuestión planteada en el párrafo 18
Hoja de ruta sobre salud sexual 2018-2020
La creación de los Centros Gratuitos de Información, Detección y Diagnóstico (CeGIDD) de las infecciones por el virus de la inmunodeficiencia humana, las hepatitis víricas y las infecciones de transmisión sexual es fruto de un decreto publicado el 1 de julio de 2015. Cada organismo regional de salud debe informar anualmente sobre los CeGIDD habilitados en su región. El número de CeGIDD existentes en Francia en 2022 ascendía a 320. Cada región cuenta con al menos un centro de este tipo.
En los territorios de ultramar existen 17 CeGIDD cuya distribución es la siguiente:
•En la isla de la Reunión hay 6 CeGIDD repartidos por todo el litoral;
•En Guadalupe hay 4 CeGIDD, de los que 1 está situado en Saint-Martin (donde existe gran necesidad de este tipo de servicios), 1 se encuentra en Basse-Terre, 1 se ubica en Pointe-à-Pitre y 1 está en Marigot;
•En la Guayana Francesa hay 4 CeGIDD, de los que 2 están situados en Saint-Laurent du Maroni (donde se registra la necesidad más alta de tales servicios), 1 se encuentra en Kourou y 1 está ubicado en Cayena;
•En Martinica existen 2 CeGIDD situados ambos en Fort-de-France;
•En Mayotte hay 1 CeGIDD ubicado en Mamoudzou.
Todos los CeGIDD de los territorios de ultramar llevan a cabo actuaciones fuera de su recinto para acercar sus servicios a las poblaciones más alejadas del sistema de atención sanitaria, principalmente a través de unidades móviles.
San Pedro y Miquelón y Wallis y Futuna carecen de CeGIDD. En tales territorios es el centro público de salud el que ejerce las correspondientes funciones, dado que la población es escasa (5.974 habitantes en San Pedro y Miquelón según el censo de 2021 y 12.067 en el caso de Wallis y Futuna según el censo de 2018).
Los CeGIDD ayudan a prevenir, detectar y diagnosticar la infección por los virus de la inmunodeficiencia humana y los distintos tipos de hepatitis, así como a brindar apoyo en la búsqueda de servicios adecuados de atención, prevención, detección, diagnóstico y tratamiento ambulatorio de las infecciones de transmisión sexual (ITS) y a prevenir otros riesgos relacionados con la sexualidad como parte de un enfoque integral de la salud sexual, en particular mediante la prescripción de anticonceptivos.
Según los resultados de una encuesta en la que participaron en total 276 CeGIDD, entre ellos, 16 CeGIDD de los territorios de ultramar, en 2021 se llevaron a cabo 695.134 consultas médicas, lo que supone un promedio de 2.537 consultas por centro. De ellas, el 44 % fueron consultas de detección; el 41 %, consultas de resultados; y el 8 %, consultas de inicio o seguimiento de la aplicación de la profilaxis preexposición (PrEP).
Asimismo, las actividades de anticoncepción, detección de casos de violencia sexual y detección de problemas sexuales se han incrementado manifiestamente con respecto a 2016, si bien siguen representando una pequeña parte de la actividad de los CeGIDD. El número de consultas se ha multiplicado por 10 en lo que respecta a la violencia sexual, por 3 en el caso de la prescripción de anticonceptivos con carácter periódico y por 5 en lo referente a servicios de anticoncepción de urgencia. Por último, cabe señalar que el número de casos detectados de problemas sexuales aumentó un 30 %.
Por otro lado, es muy probable que se esté subestimando la contribución de los CeGIDD a las actividades mencionadas, ya que posiblemente algunas de ellas estén teniendo lugar durante las consultas derivadas de otros motivos y no se estén contabilizando.
Además de los CeGIDD, hay unos 1.200 centros de salud sexual (antiguos centros de planificación y educación familiar) distribuidos por todo el país. El cometido de tales centros es atender consultas médicas en materia de control de la fertilidad, difundir información sobre sexualidad y educación familiar, preparar a las parejas para la vida en común y la crianza de los hijos y realizar las entrevistas previas a la interrupción voluntaria del embarazo. Dichos centros también pueden ofrecer, de manera opcional, servicios de detección y tratamiento de determinadas ITS.
Desde enero de 2022, y a raíz de un proyecto ejecutado con carácter experimental en dos regiones, las pruebas de detección del VIH se realizan de manera gratuita, sin necesidad de prescripción médica y sin límite de edad. Esta medida se ha ampliado mediante la Ley de Financiación de la Seguridad Social de 2023 para incluir el cribado de otras ITS en personas menores de 26 años.
Por otra parte, el Gobierno francés está sufragando los EVARS (Espacios de Información sobre Vida Afectiva, Relacional y Sexual) con cargo al presupuesto del Ministerio de Igualdad de Género. Tales Espacios constituyen centros de información, atención, concienciación y prevención, y prestan sus servicios de forma anónima y gratuita. Hasta la fecha, existen 160 centros oficiales o provisionales de este tipo, entre ellos, 6 en los territorios de ultramar (1 en la Guayana Francesa, 2 en la Reunión, 1 en Martinica y 2 en Mayotte).Su misión es informar a las personas sobre el acceso a diversos derechos (anticoncepción, interrupción voluntaria del embarazo, prevención de ITS, lucha contra la violencia sexual) y ayudar a aumentar la autoestima y el respeto a los demás (educación sexual y respeto de las distintas orientaciones sexuales, identidades de género, personas intersexuales, personas con discapacidad y personas pertenecientes a grupos vulnerables de todo tipo).Asimismo, este tipo de centros puede brindar apoyo a personas con dificultades o dudas (deseo o no de tener hijos, deseo de adoptar o recurrir a la reproducción asistida, crisis familiares y de pareja y situaciones de control o manipulación psicológica).
Cabe señalar que, desde enero de 2022, la anticoncepción es un servicio cubierto en su totalidad para todas las mujeres menores de 26 años y que, desde enero de 2023, la anticoncepción de urgencia está íntegramente cubierta sin receta y sin límite de edad. Desde enero de 2023, el costo de los preservativos masculinos está cubierto para las personas de hasta 25 años, y el Plan de Igualdad pretende hacer extensiva esta medida a los preservativos femeninos.
Estrategia Nacional de Salud 2018-2022
Los indicadores de salud perinatal ponen de manifiesto la persistencia de grandes desigualdades en detrimento de los territorios de ultramar. A modo de ejemplo, la tasa de mortinatalidad (número de bebés mortinatos en proporción al número total de nacimientos) es 1,5 veces mayor en dichos territorios, con un porcentaje registrado en 2019 del 13,4 ‰ en todos los departamentos y regiones de ultramar frente al 8,2 ‰ correspondiente al territorio de Francia metropolitana. Además, la mortalidad neonatal precoz (número de niños nacidos vivos y fallecidos en los 7 primeros días de vida en proporción al total de niños nacidos vivos) es el doble en los territorios de ultramar que en Francia metropolitana, situándose en 3,4 y 1,7 por cada 1.000 nacidos vivos, respectivamente (según datos de la Dirección de Investigaciones, Estudios, Evaluaciones y Estadísticas de Francia).La tasa de mortalidad materna es 3,4 veces superior a la de Francia metropolitana (según datos de la encuesta nacional confidencial sobre dicha mortalidad).De acuerdo con los datos extraídos de la Encuesta Nacional de Salud Perinatal de 2021, la tasa de prematuridad también supera a la de Francia metropolitana, situándose en un 9,5 % de los nacimientos frente al 7 % registrado en este último territorio y existiendo un porcentaje mayor de bebés con bajo peso al nacer (un 10 % frente al 7 % correspondiente a Francia metropolitana).Por otro lado, la tasa de embarazos precoces es más alta, sobre todo en la Guayana Francesa (donde es siete veces mayor que en Francia metropolitana) y en Mayotte. Por último, existe una serie de determinantes de la salud en los que se registra una tendencia desfavorable, como es el caso del sobrepeso materno (un 22,4 % frente al 14,4 % correspondiente a Francia metropolitana).
Con respecto a estas cuestiones, se han puesto en marcha varias iniciativas actualmente en curso. Por ejemplo, en el marco de la Encuesta Nacional de Salud Perinatal de 2021, está previsto publicar un informe sobre cada uno de los territorios de ultramar a mediados de 2023, lo que permitirá seguir la evolución de los acontecimientos y orientar la actuación de las autoridades públicas. También se está realizando un trabajo a escala nacional, prestando especial atención a los citados territorios, con el fin de mejorar la comprensión y el análisis de las causas de mortalidad neonatal.
Como complemento de tales esfuerzos, el Plan Interministerial para la Igualdad de Género, presentado el 8 de marzo de 2023, incluye en su apartado de salud el objetivo operacional de aumentar el acceso a la salud por parte de las mujeres de los territorios de ultramar, generalizando la aplicación de medidas para prevenir los casos evitables de muerte materna y mejorar la salud perinatal.
Entre las restantes iniciativas puestas en marcha, destaca la Hoja de Ruta sobre los Primeros 1.000 Días de Vida del Niño 2021-2022, cuyo objetivo es diseñar una verdadera estrategia de prevención de las dificultades que plantea la crianza y de la violencia contra la infancia (concienciación sobre las formas comunes de violencia en el entorno educativo, el síndrome del bebé sacudido, etc.), así como promover el desarrollo infantil (inclusive antes de que nazca el niño).Se ha creado un sitio web y una aplicación informática para futuros padres y madres y para quienes ya tienen hijos menores de 2 años en los que se ofrecen recomendaciones prácticas e información validada científicamente sobre los tres pilares fundamentales de la salud durante los primeros 1.000 días de vida (seguridad ambiental, alimentación y seguridad afectiva).Con el fin de que la Hoja de Ruta siga aplicándose y adecuándose a la realidad de los territorios de ultramar, se está elaborando un Pacto de Solidaridad en el que se contempla una línea de actuación sobre los primeros 1.000 días de vida centrada específicamente en tales territorios.
Por último, en lo que respecta a la consolidación de las medidas de protección y promoción de la salud materna e infantil, las relaciones contractuales establecidas entre las prefecturas, los organismos regionales de salud y los departamentos, en el marco de la Estrategia Nacional de Prevención y Protección de la Infancia, han posibilitado que el Fondo de Actuación Regional destine una financiación específica en este ámbito a varios territorios de ultramar, a saber: Guayana Francesa, Reunión, Martinica, Mayotte, Saint-Martin (en Guadalupe) y San Pedro y Miquelón.
En cuanto a la reducción de la acumulación de metales pesados, cabe señalar que la población de la Guayana Francesa está expuesta a una altísima concentración de plomo y mercurio. En concreto, resulta destacable la contaminación por mercurio, procedente principalmente de la extracción ilegal de oro en los afluentes del río, junto con el uso incontrolado de mercurio, cuya venta sigue autorizada en Suriname en contra de todas las expectativas internacionales (véase el Convenio de Minamata).
El umbral de riesgo sanitario por concentración capilar de mercurio establecido por la Organización Mundial de la Salud (OMS) se sitúa actualmente en 10 µg/g. Pese a que el grado de solidez de los datos disponibles aún no resulta óptimo, las investigaciones realizadas apuntan a que este umbral no constituye una protección suficiente contra los efectos neurológicos graves. El último estudio llevado a cabo en la Guayana Francesa reveló que el 84 % de la población indígena americana examinada (mujeres embarazadas de zonas de riesgo) presentaba concentraciones superiores al mencionado umbral de 10 µg/g. Frente a esta cifra, el valor de referencia correspondiente a la población adulta de Francia se sitúa en 2,5 µg/g. En la nueva estrategia de reducción de la acumulación de metales pesados se contempla, siempre que la financiación lo permita, la realización de pruebas de detección sistemáticas a todas las mujeres embarazadas de la Guayana Francesa, así como a la población infantil menor de 6 años.
La Sociedad de Toxicología Clínica, a petición de la Dirección General de Salud, publicó en 2017 una serie de recomendaciones con el fin de prevenir los efectos tóxicos del mercurio. El umbral para brindar la correspondiente atención a las mujeres embarazadas se ha establecido en 2,5 µg/g (1,5 µg/g en el caso de la población infantil). Las recomendaciones en cuestión se están siguiendo en la medida de lo posible, a pesar de las dificultades de acceso a la atención sanitaria por parte de las poblaciones afectadas.
Además, en la Guayana Francesa se está aplicando desde 2021 una estrategia interministerial de reducción de la acumulación de metales pesados. Se trata de una estrategia regional plurianual dirigida conjuntamente por la Prefectura y el Organismo Regional de Salud de dicho territorio cuyos principales objetivos son abordar los determinantes alimentarios de la salud y ofrecer una atención integral y adaptada a los grupos de población con un nivel excesivo de acumulación.
La estrategia regional plurianual también replantea la atención a las mujeres embarazadas y la población infantil, desde la prevención de intoxicaciones y el aumento de la eficacia en su detección hasta el control de los posibles efectos nocivos, pasando por la adaptación de la vigilancia epidemiológica y la optimización del seguimiento a largo plazo. Las medidas fundamentales en este ámbito son el diseño de técnicas analíticas en todo el territorio, la ampliación de las prácticas de detección y el desarrollo de las competencias del personal sanitario para ofrecer vías de atención más adecuadas.
Los primeros resultados de la evaluación de los equipos móviles creados a tal efecto en 2022 muestran una dinámica local sumamente positiva y una implicación absoluta por parte de las correspondientes estructuras. En 2022 se puso en marcha un proyecto piloto en el municipio de Camopi (Haut Oyapock), centrado en un principio exclusivamente en la intoxicación por plomo. El primer equipo móvil creado (formado por una enfermera y una mediadora a tiempo completo, así como una coordinadora a tiempo parcial (al 50 %) y un médico disponible en un determinado horario) se esforzó por ayudar a la población a prevenir la intoxicación por plomo aplicando un enfoque comunitario participativo de promoción de la salud.
XIX.Salud (2)
Respuesta a la cuestión planteada en el párrafo 19
Uno de los ejes centrales del Plan Todas y Todos Iguales, presentado al Consejo de Ministros el 8 de marzo de 2023, es la salud de las mujeres, que se ha traducido en tres objetivos operacionales y 40 medidas concretas.
Los objetivos son mejorar la salud sexual y reproductiva de las mujeres, tener más en cuenta los aspectos específicos de la salud femenina y aumentar el acceso de las mujeres a la atención sanitaria.
Entre las medidas fundamentales cabe señalar las siguientes: la eliminación del plazo de espera en caso de baja por enfermedad a raíz de un aborto espontáneo y el refuerzo de los mecanismos de apoyo psicológico a las mujeres y sus parejas; el lanzamiento de una campaña sobre los diferentes métodos anticonceptivos, el control de las ITS y el consentimiento (publicada en Internet por el Organismo Francés de Salud Pública en mayo de 2023); el suministro gratuito en farmacias de productos reutilizables de higiene menstrual a las jóvenes menores de 26 años; la concienciación de los profesionales sanitarios sobre los riesgos cardiovasculares que afectan a las mujeres; la habilitación de 30 autobuses móviles para realizar pruebas de detección de enfermedades ginecológicas y cardiovasculares; y el impulso de una campaña gratuita de vacunación contra el papilomavirus humano (VPH) dirigida a todo el alumnado matriculado en su séptimo año de escolarización que desee vacunarse con el consentimiento de sus padres y madres.
XX.Empoderamiento económico de las mujeres
Respuesta a la cuestión planteada en el párrafo 20
El 33,5 % de las empresas fundadas en 2022 estaban creadas por mujeres. Esta cifra no ha dejado de aumentar desde 2018 (año en que dicho porcentaje se situaba en un 27,3 %).
El 5 de marzo de 2021 se firmó el cuarto acuerdo marco para fomentar el emprendimiento entre las mujeres, cuyos signatarios son el Estado francés y el banco público de inversiones Bpifrance. Dicho acuerdo marco pretende aplicarse a escala regional.
Por otro lado, el Estado francés contribuye a apoyar el emprendimiento de las mujeres a través de las alianzas que establece con las redes de asociaciones dedicadas a fomentar el espíritu emprendedor ─como BGE, Réseau Entreprendre o France Active, que respalda el Mecanismo Garante de la Igualdad de las Mujeres─, así como con aquellas cuya labor se centra más específicamente en el emprendimiento de las mujeres, como Empow'her, Force Femmes o Les Premières.
Dentro del sector de la innovación, el Estado francés colabora con el banco público de inversiones Bpifrance para promover el papel de la mujer en las tres categorías del Certamen de Innovación (i-PhD, i-Lab e i-Nov) a través de tres motores principales: el establecimiento de un objetivo de paridad dentro del jurado nacional, la formación de los miembros del jurado sobre los sesgos de género y la promoción del Certamen de Innovación entre las asociaciones de emprendimiento femenino WES 2023 y Action'elles en lo referente al papel de las mujeres en el ámbito de las finanzas.
Además, la iniciativa French Tech respalda otras iniciativas centradas en la paridad en el ámbito tecnológico a través de las Redes de Capitales y Comunidades French Tech, en particular mediante el establecimiento de un Pacto por la Paridad con las empresas emergentes participantes en el programa FT120/Next40.
A continuación se exponen los datos correspondientes a las 17 redes de apoyo y financiación de la creación de empresas que cuentan con el respaldo del banco público de inversiones Bpifrance:
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2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
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Número de personas beneficiarias de apoyo |
130 184 |
123 180 |
138 919 |
148 796 |
|
Número de mujeres beneficiarias de apoyo |
58 057 |
57 875 |
65 462 |
67 649 |
|
% de mujeres beneficiarias de apoyo |
45% |
47% |
47% |
45% |
|
Número de mujeres beneficiarias de financiación entre el total de mujeres beneficiarias de apoyo (microcrédito/préstamo sin avales ni intereses/aval)e penas |
18 310 |
18 163 |
21817 |
23 851 |
El Plan de Igualdad 2023-2027 abarca propuestas beneficiosas para las mujeres que desempeñan cargos directivos, quienes recibirán más apoyo para sus proyectos y estarán mejor representadas dentro de las empresas francesas gracias a la publicación de un barómetro anual del emprendimiento femenino orientado a detectar con más eficacia y superar los obstáculos a los que se enfrentan las emprendedoras, a través del desarrollo del programa “Una mentora por cada emprendedora”, que permitirá a las creadoras de empresas contar con un seguimiento gratuito en línea por parte de una mentora o un mentor durante 1 o 2 años, o incluso mediante la ampliación de los servicios de coaching bancario y financiero destinados a emprendedoras que oferta el Banco de Francia.
XXI.Mujeres del medio rural y grupos de mujeres marginadas
Respuesta a la cuestión planteada en el párrafo 21
Datos relativos a las emprendedoras de las zonas rurales
El objetivo numérico de que las mujeres representen un 40 % de los emprendedores de las zonas rurales se estableció en 2015 durante la reunión del Comité Interministerial para el Medio Rural.
En 2022 las mujeres suponían el 33,5 % de la comunidad de emprendedores en todas las regiones.
El Mecanismo Garante de la Igualdad de las Mujeres es una iniciativa de ámbito nacional orientada a las emprendedoras que facilita el acceso de las mujeres a créditos bancarios para financiar la creación, la adquisición o el desarrollo de sus empresas. El Plan de Igualdad pretende hacer extensiva esta garantía a las mujeres que deseen crear o adquirir explotaciones agrícolas.
El Ministerio de Igualdad de Género, Diversidad e Igualdad de Oportunidades y la Secretaría de Estado para el Medio Rural destinaron en 2021 una partida presupuestaria de 500.000 euros a las asociaciones que desarrollaban su labor en el entorno rural para mejorar la información, el apoyo y la atención a las mujeres con dificultades o víctimas de violencia. Esta medida adoptada en el marco de la Agenda Rural se materializó en una convocatoria de expresiones de interés y ha permitido financiar actuaciones adecuadas a las necesidades específicas de las zonas rurales y en beneficio de las mujeres.
Para consolidar esta dinámica, sobre todo en lo que respecta a los mecanismos de “acercamiento a la comunidad”, los ministerios competentes anunciaron una segunda convocatoria de expresiones de interés, con una dotación presupuestaria de 1 millón de euros aportados por la Agencia Nacional de Cohesión Territorial, cuyos adjudicatarios se dieron a conocer en agosto de 2022.
Además, en uno de los siete ejes centrales del cuarto acuerdo marco para fomentar el emprendimiento entre las mujeres, firmado el 5 de marzo de 2021 entre el Ministerio de Igualdad de Género y el banco público de inversiones Bpifrance, se contempla que las correspondientes actuaciones se lleven a cabo en las zonas frágiles (zonas de revitalización del medio rural y barrios de atención prioritaria de las políticas urbanas), así como con la población joven, sobre todo con miras a promover el emprendimiento de las mujeres de las zonas rurales. Las diversas adaptaciones de los términos de dicho acuerdo marco a cada región deben abarcar asimismo actuaciones dirigidas a apoyar este tipo de emprendimiento.
En este sentido, a través de las ayudas públicas para el apoyo y la financiación de la creación de empresas coordinadas dentro del banco público de inversiones Bpifrance, las mujeres de las zonas rurales fueron beneficiarias en 2022 de 3.207 microcréditos para profesionales de la asociación Adie (un 28 %) y 737 avales de France Active (un 25 %), de los que 117 corresponden al Mecanismo Garante de la Igualdad de las Mujeres. Además, en las zonas de revitalización del medio rural, 382 mujeres obtuvieron préstamos solidarios sin avales ni intereses (por un importe total de 1.960.900 euros) y 741 recibieron un préstamo sin avales ni intereses para la creación o adquisición de empresas (por un importe total de 4.656.362 euros).
A continuación figuran los datos referentes a la iniciativa para la creación de empresas Bpifrance Création y correspondientes a 2022:
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Total de mujeres |
Total de mujeres del medio rural |
% de mujeres del medio rural |
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Asociación Adie (microcrédito para profesionales) |
11 477 |
3 207 |
28 % |
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France Active (aval) |
2 836 |
737 |
25 % |
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Parte correspondiente al Mecanismo Garante de la Igualdad de las Mujeres |
117 |
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Préstamos solidarios sin avales ni intereses |
Préstamos sin avales ni intereses para la creación o adquisición de empresas |
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Número |
Importe en euros |
Número |
Importe en euros |
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Mujeres |
382 |
1 960 900 |
741 |
4 656 362 |
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Hombres |
526 |
2 859 388 |
1417 |
10 539 117 |
|
Total correspondiente a las zonas de revitalización del medio rural |
908 |
4 820 288 |
2 158 |
15 195 479 |
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Total no correspondiente a las zonas de revitalización del medio rural |
2 531 |
13 814 930 |
7 802 |
51 320 003 |
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Mujeres de zonas de revitalización del medio rural / total correspondiente a 2022 |
11% |
11% |
7% |
7% |
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Mujeres de zonas de revitalización del medio rural / total correspondiente a las zonas de revitalización del medio rural |
42% |
41% |
34% |
31% |
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% de las zonas de revitalización del medio rural / total |
26% |
26% |
22% |
23% |
Atención a refugiadas en situación de vulnerabilidad
Con respecto a la formación impartida al personal de la OFII y la OFPRA, el Ministerio del Interior publicó en mayo de 2021 un Plan de Reducción de la Vulnerabilidad en el que figuran diez medidas para hacer frente con más eficacia a los diversos factores de vulnerabilidad que afectan a la población refugiada y solicitante de asilo, entre las que destaca la medida núm. 3, que contempla la impartición de cursos de formación en detección de vulnerabilidades derivadas de factores como la trata, el género, la orientación sexual y la identidad de género, así como la salud, destinados a los contactos de referencia en dicha materia de la OFII, la Estructura de Primera Acogida de Solicitantes de Asilo y los trabajadores sociales de los centros de alojamiento del Sistema Nacional de Acogida. Entre junio de 2021 y 2022, la OFII formó a 205 funcionarios en detección de vulnerabilidades. Por lo que se refiere a la OFPRA, en 2022 se contabilizaron 1.082 funcionarios participantes en los cursos de formación sobre el conjunto de los factores de vulnerabilidad.
Asimismo, la OFPRA participa en otras iniciativas de formación destinadas fundamentalmente a los miembros del Tribunal Nacional de Derecho de Asilo acerca de temas relacionados con la violencia contra las mujeres y la trata de personas en general o de menores en particular.
En cuanto a la información facilitada por la OFPRA a las solicitantes de asilo, la medida núm. 5 del Plan de Reducción de la Vulnerabilidad de 2021 se orienta al diseño de campañas de información específicamente destinadas a la población refugiada y solicitante de asilo, lo que contribuirá a detectar antes las situaciones de vulnerabilidad y derivar los casos de las personas más vulnerables a las instancias adecuadas.
En este sentido, la OFPRA elaboró ya en 2017 un folleto informativo y orientativo para solicitantes de asilo de ambos sexos en situación de vulnerabilidad por su condición de víctimas de violencia contra la mujer, trata de personas, tortura o traumas psicológicos o bien por motivo de su orientación sexual o identidad de género.
También se facilita información a las solicitantes de asilo en el sitio web de la OFPRA, que se renovó por completo en 2022 y ahora cuenta con una versión en inglés. En concreto, a día de hoy existe una página dedicada a los factores de vulnerabilidad tenidos en cuenta, en la que se especifican los procedimientos de solicitud de asilo por riesgo de mutilación genital.
Las personas con cualquier tipo de discapacidad sin excepción pueden optar asimismo a garantías procedimentales especiales, en particular el acompañamiento durante la entrevista personal en la OFPRA por una tercera persona según lo contemplado específicamente en el artículo L.531-18 del Código de Entrada y Residencia de Extranjeros y del Derecho de Asilo de Francia, estando la correspondiente información accesible en la página dedicada a los factores de vulnerabilidad del sitio web de la citada Oficina. En el formulario para la presentación por escrito de la solicitud de asilo se ha incluido un apartado en el que las personas solicitantes pueden dejar constancia de cualquier necesidad especial que tengan con respecto a la organización de su audiencia.
Por último, la OFPRA ha establecido un mecanismo de diálogo periódico con sus asociados institucionales y del tejido asociativo en materia de cuestiones relativas a la vulnerabilidad, en particular con las asociaciones tanto generalistas como especializadas que brindan apoyo a las solicitantes de asilo en diversos aspectos, bajo la coordinación de la Misión de Reducción de la Vulnerabilidad creada en 2016. Este diálogo contribuye a consolidar su especialización y su capacidad para detectar las circunstancias de las mujeres víctimas de violencia, con el fin de ofrecerles una protección más eficaz en el marco de la concesión de asilo. En este contexto, las asociaciones e instituciones pueden notificar a la OFPRA los casos de solicitantes de asilo en situaciones de especial vulnerabilidad.
En ese sentido, la primera evaluación está a cargo de los agentes de la Estructura de Primera Acogida de Solicitantes de Asilo, responsables de notificar a la dirección territorial de la OFII los casos de personas designadas como vulnerables, con anterioridad a su cita en la ventanilla única de solicitud de asilo, con el fin de preparar la entrevista que llevará a cabo la OFII y adecuar al máximo las condiciones materiales de acogida que se les vaya a ofrecer. Posteriormente, a lo largo del procedimiento de solicitud de asilo, se podrán invocar los factores de vulnerabilidad notificados. La OFII también puede trasladar directamente a la OFPRA la información sobre las situaciones de vulnerabilidad tras la entrevista de evaluación realizada en ventanilla, recabándose en tal caso el consentimiento de las personas solicitantes.
Los factores de vulnerabilidad evaluados por la OFII atañen a personas con discapacidad (motora, sensorial visual o auditiva, mental o intelectual), personas con enfermedades graves, mujeres embarazadas y personas vulnerables por su edad o situación familiar. De conformidad con el artículo L.522-2 del Código de Entrada y Residencia de Extranjeros y del Derecho de Asilo de Francia, los agentes de la OFII encargados de esta evaluación deben recibir una formación específica en materia de vulnerabilidad.
Por otro lado, si la vulnerabilidad detectada por la OFPRA requiere en apariencia alguna adaptación de las condiciones de acogida (en particular de las condiciones de alojamiento), la información se comunica a la OFII, con el acuerdo de la persona solicitante, para poder reevaluar las necesidades de esta en caso necesario. Este procedimiento, potencialmente aplicable a mujeres víctimas de violencia de género o víctimas de trata, detectadas fundamentalmente a raíz de la entrevista personal en la OFPRA, constituye una buena práctica instaurada para garantizar el máximo bienestar posible a las personas solicitantes en situación de vulnerabilidad y refrendada en la actualidad a través de la medida núm. 2 del Plan de Reducción de la Vulnerabilidad.
Con respecto a las personas solicitantes de asilo beneficiarias de alojamiento, en el pliego de condiciones de los servicios prestados por los centros de acogida se contempla la obligación de que los profesionales informen lo antes posible a la OFII de las situaciones de vulnerabilidad o de las necesidades específicas de acogida y apoyo. Llegado el caso, la OFII puede remitir a las personas a un alojamiento más adecuado, como un centro de atención especializada a mujeres víctimas de violencia o trata de personas, o bien a un centro específico para personas LGBTQI+. La OFII cuenta con 300 plazas especialmente destinadas a mujeres víctimas de la violencia y 207 plazas para personas LGBTQI+.A 31 de diciembre de 2022 se hallaban ocupadas 267 de las 300 plazas reservadas a mujeres víctimas de violencia, lo que supone una tasa de ocupación del 89 %. El número de solicitantes de asilo alojadas en este tipo de plazas ascendía a 221.
XXII.Cambio climático y reducción del riesgo de desastres
Respuesta a la cuestión planteada en el párrafo 22
En la Ley de 4 de agosto de 2014 para la garantía de la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres se establece que la política de igualdad de género debe aplicarse utilizando un enfoque integral, lo que se traduce en la obligación de que el Estado evalúe sus actuaciones. Pese a no hacerse referencia directa a las políticas para hacer frente al cambio climático, Francia sigue las recomendaciones de la UE relativas a la aplicación de una política de incorporación de la perspectiva de género, es decir, que integre los retos que plantean las cuestiones de género y la atención a la repercusión diferencial de todas las políticas públicas en la situación de mujeres y hombres, en particular las orientadas al logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas.
Por ejemplo, dentro de la política urbana, la Ley de 21 de febrero de 2014 sobre planificación de programas en favor de las ciudades y la cohesión urbana incorpora la igualdad de género como tema transversal (y de referencia obligatoria en los contratos municipales).
Además, la actuación de Francia en materia de igualdad de género se ajusta al marco estratégico europeo e internacional, a través de la diplomacia feminista ejercida por el Ministerio para Europa y de Asuntos Exteriores, así como al del grupo de la Agencia Francesa de Desarrollo, con el fin de impulsar un cambio sistémico e integrar la perspectiva de género en sus ámbitos prioritarios de actuación, entre los que figuran el clima, la agricultura y el desarrollo sostenible.
XXIII.Matrimonio y relaciones familiares
Respuesta a la cuestión planteada en el párrafo 23
La legislación francesa prohíbe los matrimonios forzados y entre menores de 18 años. Sin embargo, esta prohibición no resuelve el problema de los matrimonios consuetudinarios, tradicionales o religiosos, que siguen existiendo. A este respecto, el Ministerio de Igualdad de Género brinda apoyo a la asociación Voix de Femmes, responsable de gestionar la línea de atención telefónica para la denuncia de matrimonios forzados SOS Mariage Forcé: 01 30 31 0505.
Por otro lado, en el marco de la labor de la Comisión Europea en torno a la propuesta de directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se modifica la Directiva 2011/36/UE, de 5 de abril de 2011, relativa a la prevención y lucha contra la trata de seres humanos y a la protección de las víctimas, se ha debatido la posibilidad de ampliar la definición de explotación incluyendo el matrimonio forzado y la adopción ilegal.