Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales

Cuarto informe periódico que la República de Moldova debía presentar en 2022 en virtud de los artículos 16 y 17 del Pacto * **

[Fecha de recepción: 15 de marzo de 2024]

Índice

Página

I.Introducción3

II.Parte I4

Artículo 14

III.Parte II4

Artículo 24

Artículo 39

IV.Parte III10

Artículo 610

Artículo 711

Artículo 814

Artículo 915

Artículo 1016

Artículo 1126

Artículo 1231

Artículo 1339

Artículo 1442

Artículo 1543

V.Parte IV43

I.Introducción

1.El cuarto informe periódico sobre la aplicación del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas (en adelante, “el Pacto”) en el período comprendido entre 2018 y 2022 se elaboró de conformidad con las directrices relativas a la forma y el contenido de los informes periódicos que han de presentar los Estados partes.

2.El informe contiene información sobre la aplicación de las disposiciones del Pacto y ha sido elaborado de conformidad con las orientaciones generales relativas a la forma y el contenido de los informes periódicos que han de presentar los Estados partes con arreglo a los artículos 16 y 17 del Pacto, establecidas por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, teniendo en cuenta otras recomendaciones aprobadas anteriormente por el Comité.

3.El informe se elaboró utilizando como base la información presentada por las autoridades e instituciones pertinentes, así como los estudios estadísticos preparados por la Oficina Nacional de Estadística entre 2018 y 2022.

4.La Oficina Nacional de Estadística elaboró nueva información sobre diversas cuestiones, como el acceso al mercado laboral, la justicia, la sanidad, la educación, el nivel de vida de los hogares y la protección social, y difundió esa información, junto con los indicadores correspondientes desglosados por categorías, a través de su sitio web. La información se recopiló a partir de encuestas estadísticas y fuentes de datos administrativos.

5.Por su parte, la Agencia Nacional de Empleo supervisa los datos que se recopilan a nivel local, en las subdivisiones territoriales de empleo, a partir del sistema de registro de las personas desempleadas, y promueve medidas en materia de empleo entre los grupos de población sin trabajo que requieren un apoyo adicional en el mercado laboral, a saber: a) los jóvenes de entre 16 y 24 años de edad, incluidos los procedentes de familias desfavorecidas, los huérfanos, los menores privados del cuidado de los padres o en régimen de tutela o curatela; b) las personas que carecen de profesión u oficio; c) las personas con discapacidad; d) las personas desempleadas de larga duración; e) las personas mayores de 50 años; f) las personas que han salido de prisión; g) las personas que han recibido tratamiento de rehabilitación psicológica y social tras haber sido víctimas de la trata; h) las personas que reciben tratamiento de rehabilitación social y psicológica por consumo de sustancias estupefacientes y psicotrópicas, e i) las víctimas de violencia doméstica.

6.Los informes de seguimiento estadístico se están actualizando de acuerdo con la Ley de Empleo y Seguro de Desempleo en el marco del sistema automatizado de información gestionado por la Agencia Nacional de Empleo, que recopila datos sobre la situación de las personas desempleadas y las personas beneficiarias de medidas de empleo, desglosados por categorías de empleo y por medidas, con inclusión, en su caso, del tipo de discapacidad. Los informes se publicarán con periodicidad trimestral y anual, y cuando sea necesario.

7.En 2015, la República de Moldova se comprometió a implementar la Agenda 2030 de las Naciones Unidas, lo que implica que de aquí a 2030 los principales órganos competentes erradicarán todas las formas de pobreza, combatirán las desigualdades y abordarán los problemas medioambientales y el cambio climático, velando por que nadie se quede atrás.

8.En el marco de la implementación de la Agenda 2030, la República de Moldova fue uno de los primeros países en iniciar un proceso de adopción de un conjunto de indicadores nacionales relativos a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) (en 2016) y, posteriormente, en proceder a la revisión de esos indicadores (en 2019). Como resultado de esos dos procesos se pudo evaluar la pertinencia de cada uno de los indicadores y establecer la correspondiente clasificación.

II.Parte I

Artículo 1

9.La Constitución y el Código Civil estipulan que los bienes públicos son propiedad del Estado o de las unidades administrativas territoriales, y especifican que los recursos del subsuelo, el espacio aéreo, los recursos hídricos y los recursos forestales utilizados en beneficio del conjunto de la población, así como los recursos naturales de la zona económica y la plataforma continental, son bienes exclusivos de propiedad pública. El Parlamento de la República de Moldova está facultado para aprobar las directrices principales que rigen la actividad económica exterior.

10.La legislación nacional establece la responsabilidad civil, administrativa y penal de las personas culpables de infringir la legislación en materia de recursos naturales. En la región de Transnistria de la República de Moldova, cuyo perímetro no está de hecho bajo el control de las autoridades constitucionales debido a un conflicto no resuelto, es difícil realizar una labor eficiente de utilización y preservación de los recursos naturales, proteger el medio ambiente, aplicar de forma coherente los instrumentos de gestión del entorno natural e implementar plenamente la legislación nacional y las normas internacionales.

III.Parte II

Artículo 2

11.Todos los ciudadanos, independientemente de los motivos por los que hayan adquirido la ciudadanía, disfrutan por igual de todos los derechos y libertades socioeconómicos, políticos y personales proclamados y garantizados por la Constitución y otras leyes de la República de Moldova: “El Estado debe proteger los derechos y libertades legítimos de los ciudadanos de la República de Moldova, y asegurar la efectividad de esos derechos en todos los ámbitos de la vida económica, política, social y cultural”. Los ciudadanos extranjeros y los apátridas gozan de los mismos derechos y obligaciones que los ciudadanos del país, con las excepciones previstas por la ley.

12.La evaluación de las actividades del Consejo para la Igualdad puso de relieve que era necesario subsanar los problemas funcionales a los que se enfrentaba esta institución. Con este fin, se elaboró un texto legislativo que permitiera reforzar el marco normativo pertinente. El nuevo texto legislativo tiene por objeto definir y regular con mayor detalle las competencias del Consejo para la Igualdad; enumerar más exhaustivamente los criterios de no discriminación; mejorar la recopilación de datos sobre igualdad, no discriminación y diversidad; mejorar el seguimiento, la evaluación y la presentación de informes anuales sobre los resultados, y reforzar el marco institucional pertinente, lo que permitirá aplicar en mayor medida el principio de igualdad y no discriminación a escala nacional. El proyecto de ley correspondiente fue sometido a la evaluación de expertos externos y ha sido remitido a la Cancillería del Estado para ser examinado en consulta con las autoridades competentes y la sociedad civil.

13.En cuanto a la aplicación de las recomendaciones del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales que guardan relación con las competencias del Consejo para la Igualdad, se presentan los siguientes datos:

Cuadro 1

Año en el que se formularon las recomendaciones relativas al Consejo para la Igualdad	2016	2017	2018	2019	2020
Tasa de aplicación de las recomendaciones (en porcentaje)	63	35	41	40	22

Fuente: Consejo para la Igualdad.

14.El seguimiento de la aplicación de las recomendaciones formuladas en 2021 se realizó en 2022. Puede consultarse información detallada sobre el seguimiento de la aplicación de las recomendaciones relativas al Consejo para la Igualdad en el sitio web oficial, www.egalitate.md, en la sección titulada “Publicaciones”, subsección “Informes”.

15.Durante el período que abarca el informe, la tasa de aplicación de las recomendaciones relativas al Consejo para la Igualdad ha disminuido.

16.Teniendo en cuenta que la escala salarial viene determinada por el rango jerárquico que ocupa el funcionario, los legisladores consideran que, en una sociedad democrática, no se puede menospreciar la función que desempeña el Defensor del Pueblo (Ombudsman). Partiendo de la base de que es indispensable ofrecer garantías sociales acordes con el rango, se modificó y actualizó el marco jurídico del sistema salarial con cargo al presupuesto, aumentando el salario del Defensor del Pueblo en consonancia con las normas y recomendaciones internacionales.

17.En mayo de 2018, la Alianza Global de las Instituciones Nacionales de Derechos Humanos (GANHRI) acreditó a la Oficina del Defensor del Pueblo con la categoría A en el marco del procedimiento de renovación periódica de la acreditación, con lo cual reconoció que el mandato y la práctica de la institución del Defensor del Pueblo se ajustan a los Principios de París.

18.El Plan de Acción Nacional sobre Derechos Humanos para 2018-2022 fue aprobado en virtud de la Decisión del Parlamento núm. 89/2018 y se basa en las recomendaciones aceptadas por la República de Moldova en el marco del segundo ciclo del examen periódico universal, así como en las recomendaciones en materia de derechos humanos formuladas por las Naciones Unidas, el Consejo de Europa, la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE) y otras organizaciones y órganos de supervisión internacionales. En la elaboración del Plan de Acción Nacional también se tuvieron en cuenta los ODS de la Agenda 2030. Mediante la aplicación de dicho Plan de Acción Nacional se trata de ayudar a las autoridades públicas a remodelar el proceso de formulación de políticas públicas a nivel central y local para tener en cuenta tanto las necesidades de las personas como los obstáculos a los que se enfrentan los grupos minoritarios y vulnerables para hacer efectivos sus derechos fundamentales. Los principales objetivos del Plan de Acción Nacional sobre Derechos Humanos son los siguientes:

Ajustar el marco normativo nacional a las normas internacionales de derechos humanos.

Garantizar el acceso a la justicia y reforzar las instituciones nacionales de derechos humanos.

Velar por la transparencia, el acceso a la información y la libertad de expresión.

Brindar protección contra la discriminación y fomentar la igualdad.

Prevenir y combatir la violencia doméstica y garantizar la igualdad de género.

Aumentar el acceso a una educación de calidad para todos los niños y jóvenes en todos los niveles educativos, de conformidad con las normas internacionales.

Garantizar el acceso universal a servicios de atención de la salud de calidad, seguros y accesibles para todos.

Aumentar de forma continuada la tasa de empleo, ofreciendo oportunidades de trabajo para todos.

Asegurar las condiciones adecuadas para la protección, la crianza y la educación de los niños en las familias.

Mejorar el marco jurídico y normativo para la protección de los derechos de las personas con discapacidad.

Garantizar la integración de las minorías nacionales en todos los ámbitos de acción del Estado y luchar contra la discriminación de los grupos minoritarios.

Asegurar el respeto de los derechos humanos en la zona de la orilla izquierda del río Dniéster.

19.Con el fin de disponer de un mecanismo eficaz para elaborar y evaluar los documentos de política en materia de derechos humanos, poner en práctica los tratados internacionales de derechos humanos en los que la República de Moldova es parte y realizar el seguimiento de la aplicación de los compromisos asumidos, el Gobierno estableció las siguientes entidades y cargos:

La Comisión Nacional de Derechos Humanos, que tiene competencias para coordinar y aplicar de manera uniforme la política en materia de derechos humanos; supervisar el proceso de elaboración, aplicación y evaluación de los documentos de política en materia de derechos humanos; examinar y aprobar los informes semestrales sobre la aplicación del Plan Nacional de Acción sobre Derechos Humanos; facilitar la interacción entre los mecanismos internacionales de derechos humanos; coordinar el proceso de aplicación de las recomendaciones internacionales en materia de derechos humanos, incluidas las formuladas en el marco del examen periódico universal en este ámbito; evaluar el nivel de observancia de los derechos humanos y aprobar los informes nacionales iniciales y periódicos sobre la aplicación de los tratados internacionales en los que la República de Moldova es parte, y establecer, si es necesario, comisiones especializadas y grupos de expertos sobre determinadas cuestiones y supervisar su trabajo, entre otras.

La Secretaría Permanente de Derechos Humanos.

Comisiones encargadas de la protección de los derechos humanos a nivel local.

Coordinadores de derechos humanos a nivel central y local.

20.La aplicación del Plan de Acción Nacional sobre Derechos Humanos se coordina a dos niveles: mediante una coordinación estratégica intersectorial, de la que se encarga la Comisión Nacional de Derechos Humanos como órgano consultivo de coordinación integrado por representantes del Parlamento, el Gobierno, las administraciones públicas centrales, los órganos encargados de hacer cumplir la ley, las instituciones de derechos humanos y la sociedad civil; y mediante una coordinación técnica, de la que se encarga la Secretaría Permanente de Derechos Humanos.

21.Instituciones nacionales de derechos humanos como la Oficina del Defensor del Pueblo y el Consejo para la Igualdad, que forman parte de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, supervisaron la aplicación del Plan de Acción Nacional sobre Derechos Humanos para 2018-2022. Cinco representantes de organizaciones no gubernamentales son miembros de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y tienen derecho a voto con carácter consultivo.

22.Se establecieron 33 comisiones locales, municipales y de distrito para la protección de los derechos humanos con la tarea de velar por la aplicación de los planes y programas locales basados en documentos de política nacional en materia de derechos humanos y de supervisar el respeto de los derechos humanos en el ámbito local. Asimismo, se designaron 28 coordinadores de asuntos de derechos humanos a nivel central y otros 33 a nivel local en calidad de responsables de la labor de coordinación en los organismos e instituciones pertinentes.

23.Los informes de seguimiento de la aplicación del Plan de Acción Nacional sobre Derechos Humanos se elaboran con periodicidad anual. Los informes correspondientes al período comprendido entre 2018 y 2021, una vez sometidos a consultas, se publicaron en el sitio web de la Cancillería del Estado (véase NHRC/national/international reports: https://cancelaria.gov.md/node/5160).

24.El informe de evaluación de mitad de período relativo a la aplicación del Plan de Acción Nacional sobre Derechos Humanos para 2018-2020 se elaboró en 2021 y puede consultarse en la siguiente dirección: https://cancelaria.gov.md/sites/default/files/raport_pnado_2018-2020_3.pdf.

25.En los meses de febrero y marzo de 2021 se organizaron 10 reuniones de participación abierta en las que se mantuvieron consultas con representantes de las instituciones nacionales de derechos humanos y de la sociedad civil sobre el informe de aplicación del Plan de Acción Nacional sobre Derechos Humanos, que fue aprobado posteriormente, en la reunión de la Comisión Nacional de Derechos Humanos de marzo de 2021.

26.Las instituciones pertinentes, al elaborar la Estrategia de Gasto por Sectores, planificaron la dotación financiera anual para sufragar la aplicación del Plan de Acción Nacional sobre Derechos Humanos para 2018-2022.

27.Entre 2016 y 2020, las autoridades desplegaron grandes esfuerzos para armonizar las relaciones interétnicas y eliminar todas las formas de discriminación por motivos de raza, color, ascendencia u origen nacional o étnico.

28.Con el fin de abordar los problemas socioeconómicos que afectan a los romaníes, se adoptó el Plan de Acción para apoyar a la población romaní en la República de Moldova 2016-2020, que se centró en varios ámbitos de acción prioritarios como la educación, el trabajo, la protección social, la participación de los romaníes en la toma de decisiones y la lucha contra la discriminación, entre otros. De las actividades previstas en el Plan de Acción se llevaron a cabo dos terceras partes de forma parcial y aproximadamente una tercera parte de ellas no se realizaron. Según se desprende de la evaluación de la situación socioeconómica de la población romaní, es necesario que el Gobierno siga desplegando esfuerzos y proceda a aprobar y aplicar un programa a medio plazo para remediar esa situación. A este respecto, el Ministerio de Educación e Investigación elaboró el Programa de Apoyo a los Romaníes 2022-2025 y, asimismo, creó un grupo de trabajo interinstitucional integrado por representantes de las instituciones estatales, la sociedad civil romaní y los asociados para el desarrollo, entre otras partes. El Programa es un documento de política pública a medio plazo en el que se establecen los objetivos y las actividades de apoyo a la comunidad romaní y que se aplicará en los ámbitos prioritarios de la educación, la salud, el trabajo, la protección social, la participación en la vida pública, incluida la toma de decisiones, así como la lucha contra la discriminación, entre otros.

29.El Gobierno está decidido a brindar apoyo a la comunidad romaní y a mejorar su situación. Uno de los mecanismos con los que ya cuenta es la figura del “mediador comunitario”, que desempeña una importante labor en favor del empoderamiento de la comunidad romaní al facilitar la comunicación y la colaboración entre el Estado y las instituciones de la comunidad, garantizando una cooperación equilibrada entre ambas partes. Las autoridades, que reconocen la función que cumple el mediador comunitario y el valor añadido que aporta su labor a las comunidades romaníes, se esfuerzan por garantizar el buen funcionamiento del servicio de mediadores comunitarios. En 2018 se reanudó la aplicación del modelo de financiación de 2013-2014 para este servicio. Como consecuencia de ello, se modificó el marco normativo correspondiente y se estableció la financiación de las actividades de los mediadores comunitarios mediante transferencias para fines específicos del presupuesto estatal a los presupuestos locales de primer nivel, al presupuesto central de la unidad territorial autónoma con estatuto jurídico especial y a los presupuestos de los municipios de Balti y Chisinau, lo que impulsó la contratación de mediadores comunitarios a nivel local. La Agencia para las Relaciones Interétnicas presentará anualmente al Ministerio de Hacienda propuestas relativas a la dotación de mediadores comunitarios por cada administración pública local y a los medios financieros necesarios para garantizar la labor de este servicio de mediadores.

30.En virtud de la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2019 se asignaron 2,4 millones de lei para la contratación de 47 mediadores comunitarios, con un salario previsto para cada uno de ellos de 46.600 lei. Asimismo, con arreglo a la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2020, se asignó una suma de más de 3,4 millones de lei para sufragar las actividades de 54 mediadores comunitarios. El montante previsto comprendía no solo el pago de los salarios de los mediadores comunitarios, sino también los gastos correspondientes al equipamiento del lugar de trabajo y a la formación. En abril de 2022, se había contratado a 45 mediadores de los 54 que estaba previsto contratar.

31.En virtud de la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2022, se transferirán fondos por valor de 3,6 millones de lei del presupuesto estatal a los presupuestos locales para financiar la contratación de 53 mediadores comunitarios.

32.La política nacional de derechos humanos de la República de Moldova comprende un conjunto de directrices, principios y objetivos prioritarios, así como una serie de tareas específicas en los ámbitos político, jurídico, socioeconómico, cultural, educativo y de formación profesional. Los extranjeros y los apátridas tienen los mismos derechos, libertades y obligaciones que los ciudadanos de la República de Moldova (entre otros, el derecho de residencia y el derecho al trabajo y la protección laboral, a la educación, al esparcimiento y a la atención de la salud); con las excepciones previstas por la ley, no pueden ser designados para desempeñar funciones o realizar actividades que requieran poseer la ciudadanía de la República de Moldova, no gozan del derecho de sufragio activo ni pasivo en los órganos legislativos, ejecutivos y otros órganos electivos, ni de sufragio universal, no pueden ser miembros de partidos políticos y otras organizaciones sociopolíticas, y no pueden realizar el servicio militar en las fuerzas armadas del país.

33.Por lo que respecta al derecho a la salud física y mental, cabe señalar las siguientes actuaciones:

Se revisó la Ley de Salud Mental y se introdujeron enmiendas relativas a la aplicación de tratamientos sin el libre consentimiento, de conformidad con la normativa de derechos humanos y los convenios internacionales.

Se elaboró el borrador del Reglamento marco para la organización y el funcionamiento del centro especializado en el tratamiento de los trastornos del espectro autista. Se elaboró y aprobó el Protocolo clínico y la normativa para el tratamiento de los trastornos del espectro autista.

Se elaboraron el Protocolo clínico sobre trastornos del espectro autista en niños y adultos, el Protocolo clínico sobre el trastorno por déficit de atención e hiperactividad y el Protocolo clínico y la normativa para el tratamiento de la demencia.

Se revisó el plan de estudios y se introdujeron nuevos planes de estudios para médicos residentes del servicio de psiquiatría (módulos de psiquiatría comunitaria), médicos de familia (módulos de salud mental) y nuevo personal sanitario (un programa de psicología), así como módulos de salud mental para la formación médica continua.

Se añadieron 11 medicamentos genéricos de la farmacopea internacional a la lista de medicamentos para enfermedades mentales (demencia, esquizofrenia, trastorno afectivo bipolar, epilepsia con trastornos mentales), que están cubiertos en su totalidad por el sistema de seguro médico obligatorio.

Se revisaron los criterios aplicables para determinar la discapacidad y la capacidad de trabajo en niños y adultos que se definen en el capítulo de la ley relativo a los trastornos mentales y del comportamiento, de conformidad con la Clasificación Internacional del Funcionamiento, de la Discapacidad y de la Salud, y los nuevos criterios revisados fueron aprobados por el Ministerio de Salud y el Consejo Nacional para la Determinación de la Discapacidad y la Capacidad de Trabajo.

Se facilitó la integración laboral de las personas con problemas de salud mental. Se impartió formación a 90 especialistas de las distintas subdivisiones de la Agencia Nacional de Empleo con el objetivo de mejorar y reforzar los conocimientos en la materia de estos profesionales.

34.Con el fin de fomentar la participación de los miembros de la comunidad, la inclusión social y la reducción del estigma, se realizaron las siguientes actividades:

Se celebraron más de 50 actos en el marco de la estrategia de comunicación y el plan de acción para la reducción del estigma y la discriminación.

Se elaboraron y difundieron 10 tipos de material informativo para niños y adultos.

Se elaboró el primer pódcast sobre salud mental difundido en el país, titulado “Sunt bine” (Estoy bien), que contó con el apoyo del proyecto MENSANA, en particular con respecto a los aspectos técnicos. En la Gala Anual de la Prensa de 2020, este pódcast fue premiado en la modalidad de pódcast y reportaje de audio. En el pódcast se mostraba que la salud mental es un asunto de interés público y ha de abordarse desde una perspectiva mucho más amplia que la que ofrecen los noticiarios de actualidad. Recientemente se ha iniciado la publicación del periódico “Sunt bine”.

Se organizó una campaña de vídeos de corta duración titulada “Bună, ¿Ce faci?” (Hola, ¿cómo estás?).

Se elaboraron directrices sobre cómo dar a conocer los centros comunitarios de salud mental en Facebook y se impartió formación a los equipos de esos centros.

Artículo 3

35.La igualdad de género es un principio fundamental de los derechos humanos y una prioridad del Gobierno. Con el fin de aplicar las observaciones finales del Comité de las Naciones Unidas en lo que respecta a la reducción de las diferencias salariales entre hombres y mujeres, incluida la lucha contra los estereotipos de género, se aprobó la Ley núm. 107/2022, que establece el principio de igualdad de retribución entre hombres y mujeres por un trabajo de igual valor. Por tanto, el sistema de remuneración incluirá condiciones y normas más transparentes y será obligatorio que todos los empleadores apliquen un sistema de valoración del trabajo justo que garantice una remuneración justa y equitativa.

36.El marco jurídico en materia de empleo ampara a las mujeres demandantes de empleo, las cuales pueden beneficiarse de servicios y medidas de empleo en condiciones de igualdad. Este es el caso, por ejemplo, de las mujeres inscritas como desempleadas que pertenecen a algunas categorías que requieren apoyo adicional para acceder al mercado laboral.

37.Se apoya y promueve el empoderamiento de la mujer a través de medidas de diversa índole que favorecen su integración en el mercado laboral, entre las que cabe destacar las siguientes:

Entre 2021 y 2022 se llevó a cabo el Proyecto de ayuda a la creación conjunta de programas de empoderamiento económico para mujeres supervivientes de la violencia de género, que fue implementado por el Gobierno en colaboración con la sociedad civil y los asociados para el desarrollo.

El Consejo Económico del Primer Ministro elaboró la Hoja de ruta sobre empoderamiento económico de las mujeres para 2022-2023.

Se aprobó la Nueva Clasificación de Ocupaciones (CORM 006-2020) que, por primera vez, ha incorporado una perspectiva de género que se ha aplicado a más del 80 % de los 5.600 empleos y profesiones enumerados.

Se organizaron campañas conjuntas con los asociados para el desarrollo con el fin de implicar a los padres en el cuidado de los hijos mediante la promoción de las licencias parentales y de paternidad. El número de beneficiarios de licencias paternales va en aumento.

Se ha modificado el derecho a la prestación mensual por cuidado de hijos, que podrá percibirse en dos partes.

Se complementó el Código del Trabajo con disposiciones que regulan los horarios de trabajo flexibles, la concesión de días libres a los empleados cuando se suspende el proceso de formación fuera de línea, y el trabajo a distancia.

Se aprobó la Ley núm. 46/2022 por la que se amplían los servicios de educación preescolar y de atención infantil con el fin de responder a las necesidades de los padres y ofrecer más flexibilidad para decidir la duración óptima del período dedicado al cuidado de los hijos y el momento de reincorporación al trabajo. La ley ha complementado el marco normativo y ofrece a los empleadores la oportunidad de proporcionar servicios alternativos de cuidado infantil a los empleados con hijos menores de 3 años.

IV.Parte III

Artículo 6

1.Derecho al trabajo

38.La Constitución garantiza el derecho al trabajo y dispone que todas las personas tienen derecho a trabajar, a elegir libremente su ocupación, a disfrutar de condiciones de trabajo justas y satisfactorias y a estar protegidas contra el desempleo. También prohíbe el trabajo forzoso. La Constitución y el Código del Trabajo establecen el derecho a la protección laboral de los trabajadores. La protección laboral incluye garantizar un entorno de trabajo seguro y saludable, medidas laborales para mujeres y jóvenes, un salario mínimo, días libres semanales, licencias retribuidas, la estricta regulación del trabajo en condiciones difíciles y otras medidas específicas.

39.En lo que respecta a la lucha contra el trabajo infantil, hay un gran número de entidades que participan en la labor destinada a identificar y combatir este fenómeno, entre otras, instituciones educativas, centros sanitarios, instituciones culturales, organismos de asistencia social y el Servicio Estatal de Inspección del Trabajo. Las actividades dirigidas a detectar y combatir el trabajo infantil se rigen por las Directrices aplicables al mecanismo de cooperación intersectorial para la identificación, evaluación, derivación, asistencia y seguimiento de los niños víctimas y posibles víctimas de violencia, negligencia, explotación y trata de personas, aprobadas en virtud de la Decisión Gubernamental núm. 270/2014.

40.Cabe señalar también la Guía práctica sobre el mecanismo de cooperación intersectorial, que fue aprobada en virtud de una decisión conjunta del Ministerio de Trabajo y Protección Social, el Ministerio de Salud, el Ministerio del Interior y el Ministerio de Educación e Investigación. La Guía práctica contiene recomendaciones e información útil para asegurar intervenciones multisectoriales y multidisciplinares eficaces y de calidad en los casos sospechosos o confirmados de violencia, abuso, negligencia, explotación y trata de niños. La Guía práctica puede consultarse en el sitio web https://social.gov.md/wp-content/uploads/2021/12/GHID-de-aplicare-practic%C4%83-a-HG-nr.-270.pdf.

2.Medidas para garantizar el derecho al trabajo

41.En respuesta a las observaciones finales del Comité de las Naciones Unidas relativas a la mejora de las oportunidades de empleo de los romaníes y las personas con discapacidad, se está implementando Ley núm. 105/2018 de Fomento del Empleo y Seguro de Desempleo con el fin de establecer nuevas medidas activas de empleo adaptadas a las necesidades de las diferentes categorías de personas, incluidos los empleadores y las personas que requieren apoyo adicional en el mercado de trabajo. Con objeto de poner en marcha nuevos mecanismos, se adoptó la Decisión Gubernamental núm. 1276/2018 por la que se regula el acceso a las medidas en materia de empleo.

42.Los romaníes y las personas con discapacidad procedentes del extranjero inscritos como desempleados pueden ser beneficiarios de servicios y medidas de empleo en los ámbitos siguientes:

Intermediación laboral, información sobre el mercado de trabajo y orientación profesional.

Rehabilitación profesional, asistencia en el empleo y adaptación del lugar de trabajo para personas con discapacidad.

Rehabilitación profesional de personas con discapacidad física.

Formación profesional, incluida la formación en el empleo y las prácticas.

Formación en el empleo dentro de la empresa para personas desempleadas que no tienen una profesión u oficio.

Empleo subvencionado.

Subvenciones a la creación de empleo (trabajo por cuenta propia y creación de empleo en zonas rurales).

Fomento de la movilidad laboral.

43.El Servicio Público de Empleo presta servicios a escala nacional y local en 35 oficinas territoriales de empleo.

44.En 2021 se registraron 1.073 demandantes de empleo con discapacidad, entre ellos 459 mujeres. Se registraron como desempleadas 610 personas con discapacidad, 262 de ellas mujeres, y de ese grupo de desempleados con discapacidad se contrató a 188 personas, 73 de ellas mujeres.

45.En 2021, se registraron 1.608 personas de etnia romaní como solicitantes de empleo; Se registraron 1.830 personas como desempleadas, entre ellos 1.059 mujeres, y se contrató a 126 romaníes, entre ellos 68 mujeres.

46.Se adoptaron medidas adicionales para informar a las personas con discapacidad y a los romaníes sobre las oportunidades de empleo existentes, que consistieron, entre otras cosas, en la organización de talleres informativos y de orientación profesional y ferias de empleo y en la distribución de folletos informativos.

47.Las personas que regresan del extranjero también pueden beneficiarse de toda la gama de medidas y servicios destinados a aumentar el nivel de empleo y la integración en el mercado de trabajo. La Oficina de Relaciones con la Diáspora de la Cancillería del Estado ha elaborado el Programa Nacional 2022-2026 para alentar el retorno y facilitar la (re)integración de los ciudadanos migrantes moldavos, así como un plan de acción conexo, que comprende una amplia gama de actividades en las que participan todas las partes interesadas y cuyo objetivo es prestar un apoyo eficaz a los migrantes retornados.

48.Para garantizar la protección de los derechos laborales de los trabajadores migrantes moldavos en los países de destino, el Gobierno está aplicando los tratados bilaterales sobre gestión de la migración laboral que se enumeran en el cuadro 2 del anexo.

49.El Gobierno inició negociaciones para la firma de un nuevo tratado con el Estado de Israel sobre la regulación de la migración laboral en el sector del trabajo doméstico. Asimismo, se inició un diálogo con otros países de destino, como España y Portugal, para concluir acuerdos bilaterales. Se han firmado diversos acuerdos en materia de seguridad social.

50.Los ciudadanos moldavos que regresan del extranjero pueden beneficiarse de los servicios y medidas de empleo que ofrece el Servicio Público de Empleo, así como de asesoramiento, asistencia y apoyo para poner en marcha negocios, lo que facilita y fomenta las oportunidades de actividad empresarial entre este grupo de ciudadanos.

Artículo 7

1.Política salarial

51.En virtud del artículo 10.2, h) del Código del Trabajo, el empleador está obligado a abonar el salario íntegro en los términos previstos en el artículo 142, en el convenio colectivo correspondiente y en el contrato de trabajo individual.

52.El Código de Contravenciones se complementó con disposiciones adicionales para reflejar convenientemente esta obligación que incumbe a los empleadores. Se aplicarán sanciones por cada persona identificada cuyos salarios abonados y otros pagos no se reflejen en los registros contables. Las sanciones consistirán en la imposición de una multa de entre 400 y 500 unidades convencionales en el caso de los particulares y una multa de entre 1.000 y 1.500 unidades convencionales en el caso de los funcionarios que desempeñen un cargo público y de las personas jurídicas.

53.En 2022, el Ministerio de Trabajo y Protección Social puso en marcha una campaña nacional de información denominada “Trecem pe alb” (Empieza a declarar) y una iniciativa para desarrollar el Plan Nacional de Lucha contra el Trabajo No Declarado, con el fin de fomentar la cooperación de las instituciones del Estado para luchar de manera conjunta contra el trabajo no declarado, sensibilizar a los ciudadanos sobre las ventajas de declarar el trabajo e informar sobre las medidas adoptadas por el Gobierno en esa esfera.

54.El Ministerio de Trabajo y Protección Social está examinando un proyecto de ley para conferir al Servicio Estatal de Inspección del Trabajo competencias adicionales que permitan reducir la tasa de trabajos y salarios no declarados. Estas competencias comprenderían:

La realización de inspecciones sin previo aviso cuando se constate la existencia de trabajo no declarado.

El examen de los casos de contravención relacionados con el trabajo no declarado.

La presentación de información sobre las contravenciones al Servicio Estatal de Impuestos con el fin de recaudar los pagos y aplicar las sanciones correspondientes de acuerdo con el Código Tributario.

La utilización de métodos y fuentes indirectos para identificar el trabajo no declarado.

55.El Servicio Estatal de Inspección del Trabajo realiza diversas actuaciones encaminadas a garantizar el cumplimiento de la legislación laboral y las condiciones de seguridad y salud en el trabajo, que comprenden: visitas de inspección (con inclusión de visitas de inspección salarial), control del trabajo infantil, examen de quejas y denuncias de infracciones de la legislación laboral, acciones de prevención, sanción y lucha contra las irregularidades, registro de los expedientes del personal, seguimiento de la aplicación de los convenios colectivos de trabajo, investigación de los accidentes laborales, actividades de información, consulta y sensibilización, y actividades para reforzar las competencias profesionales de los inspectores de trabajo.

56.El Servicio Estatal de Inspección del Trabajo cuenta con personal capacitado profesionalmente para llevar a cabo las actividades encomendadas.

57.En el cuadro 3 del anexo se proporcionan datos estadísticos sobre las visitas de inspección (con inclusión de las visitas de inspección salarial) realizadas entre 2016 y 2021.

58.Tras las enmiendas introducidas en el Código de Contravenciones, la infracción de la legislación laboral consistente en fijar o abonar un salario inferior al salario mínimo garantizado por el Estado o establecido en un convenio colectivo se sancionará con una multa de entre 70 y 120 unidades convencionales en el caso de los particulares, una multa de entre 150 y 240 unidades convencionales en el caso de los funcionarios que desempeñan un cargo público y una multa de entre 260 y 400 unidades convencionales en el caso de las personas jurídicas.

2.Seguridad y salud en el trabajo

59.El grado de regulación de las relaciones laborales, así como de la seguridad y salud en el trabajo, es uno de los indicadores más significativos de la calidad de vida en cualquier país.

60.La Ley sobre el Control Estatal de la Actividad Empresarial dispone lo siguiente: “Un organismo de control no podrá realizar un control planificado más de una vez a lo largo de un año civil con respecto a una misma persona o una misma entidad sujeta a control si la persona posee varias entidades distintas, ubicadas separadamente del domicilio social y de las demás entidades, excepto en los casos en que se requiera una mayor frecuencia de controles, de acuerdo con la metodología de planificación de controles basada en criterios de riesgo aplicada al área de control de que se trate”.

61.En 2017 se añadió a la citada ley una disposición por la que se notifica a la autoridad de control que “las disposiciones de la ley no se aplicarán a los efectos del control del cumplimiento de la legislación en materia de seguridad en el trabajo y relaciones laborales”.

62.Según el Ministerio de Economía, la afirmación de que la Ley de Control Estatal de la Actividad Empresarial limita los controles estatales en materia laboral y de seguridad y salud en el trabajo se considera injustificada, ya que la ley no restringe el acceso a controles no planificados (sin previo aviso). El artículo 14.2 establece que “el plazo mencionado en el apartado 1 no se aplicará a los controles sin previo aviso”.

63.Al mismo tiempo, el Ministerio de Trabajo y Protección Social aplica diversas medidas para aumentar la eficacia de las inspecciones de trabajo, tanto a nivel legislativo como institucional. En este sentido, el proyecto de ley mencionado anteriormente prevé la introducción de nuevos criterios para llevar a cabo controles sin previo aviso y facultar a los servicios de inspección para aplicar sanciones directas. También prevé facilitar el acceso a los datos de los servicios de inspección y fomentar la cooperación entre las instituciones estatales de control.

64.Entre 2017 y 2020, el Servicio Estatal de Inspección del Trabajo dejó de desempeñar las funciones de control en materia de seguridad y salud en el trabajo, que fueron reasignadas a diez autoridades competentes: la Agencia Nacional de Seguridad Alimentaria, la Agencia de Protección de los Consumidores y Vigilancia del Mercado, la Agencia Nacional de Salud Pública, la Inspección de Protección del Medio Ambiente, la Agencia Nacional de Transporte por Carretera, la Autoridad de Aviación Civil, la Agencia Naval, la Agencia Nacional de Regulación de la Energía, la Agencia Nacional Reguladora de las Comunicaciones Electrónicas y las Tecnologías de la Información y la Agencia de Supervisión Técnica.

65.El 1 de enero de 2021, el Servicio Estatal de Inspección del Trabajo volvió a asumir las tareas de control en materia de seguridad y salud en el trabajo. En el cuadro 4 del anexo se presentan datos estadísticos sobre las inspecciones realizadas entre 2016 y 2021 en materia de seguridad y salud en el trabajo.

3.Igualdad de oportunidades para el ascenso profesional

66.La Constitución garantiza a todos los ciudadanos la igualdad de derechos ante la ley y las autoridades, independientemente de su raza, nacionalidad, origen étnico, idioma, religión, sexo, opinión, afiliación política, origen social o posición económica. La legislación nacional garantiza la igualdad de derechos de todos los ciudadanos a participar en la vida política, económica, social y cultural.

67.El Código del Trabajo garantiza el respeto de uno de los principios fundamentales por los que se rigen las relaciones laborales: la igualdad de oportunidades de ascenso profesional para todos los trabajadores, sin discriminación de ningún tipo, teniendo en cuenta la productividad laboral, la cualificación y la antigüedad en el puesto de trabajo.

68.Se incrementó el número de mujeres en el Parlamento al reforzarse la participación femenina en la toma de decisiones y aprobarse el sistema de doble cuota (que comprende una cuota de género del 40 % y la regulación del orden de posición de los candidatos en las listas). Como resultado de ello, el 42,7 % de los 10 candidatos con más posibilidades de entrar en el Parlamento eran mujeres. En 2021 se registró la mayor proporción de candidatas al Parlamento (46,7 %). La inclusión de un mayor número de candidatas en las listas supuso un aumento del número de parlamentarias electas: alrededor de un 12 % más en comparación con las elecciones de 2019 y un 16 % más en comparación con las elecciones de 2014. Las medidas mencionadas garantizan un reparto más equitativo de las candidaturas entre hombres y mujeres y evitan que el número de parlamentarias se vea afectado por la introducción de cambios en las listas. En las elecciones anticipadas al Parlamento celebradas el 11 de julio de 2021 resultaron elegidas 41 parlamentarias, lo que representa el 40,6 % de los escaños.

69.A nivel de la Administración General del Estado, se ha producido una evolución ascendente del número de mujeres que integran el Consejo de Ministros a lo largo de los años, que ha pasado del 5 % (en 2009-2011) al 29,4 % (en 2021).

70.Durante el período que abarca del informe, los estereotipos y las percepciones sobre la participación de mujeres y hombres experimentaron un cambio en la buena dirección. Por ejemplo, en 2009 el 32 % de los ciudadanos consideraba que las mujeres tenían menos capacidad y no estaban preparadas para ocupar puestos de liderazgo, pero este porcentaje se redujo al 12 % en 2021. Esta tendencia también se observa en relación con todos los estereotipos relativos a las funciones de prestación de cuidados o a los roles masculinos tradicionales. Por ejemplo, la proporción de personas que consideran que son las mujeres las encargadas de realizar las tareas domésticas disminuyó del 62 % en 2017 al 46,4 % en 2021.

4.Descanso, disfrute del tiempo libre y limitación razonable de las horas de trabajo

71.De conformidad con la Constitución y el Código del Trabajo, la duración de la semana laboral no puede exceder de 40 horas. Esta duración se ajusta a las disposiciones establecidas en el Convenio núm. 47 de la OIT, relativo a la reducción de la jornada de trabajo a cuarenta horas semanales, ratificado por la República de Moldova en 1995.

72.De conformidad con la legislación nacional, la duración de la semana de trabajo y el régimen de trabajo —duración del horario laboral (turnos), hora de inicio y finalización de la jornada laboral, pausas, alternancia entre los días de trabajo y los días de descanso— se establecen en el reglamento interno de la entidad o empresa correspondiente, en los convenios colectivos o en los contratos de trabajo individuales. El Código del Trabajo dispone que la jornada laboral diaria normal es de 8 horas.

73.Con arreglo a lo dispuesto en el Código del Trabajo, todo trabajador cuya actividad se realice sobre la base de un contrato de trabajo individual tiene derecho a vacaciones anuales y, en el caso de algunas categorías de empleados, a vacaciones retribuidas adicionales que, por lo general, se añaden a la licencia de vacaciones de base. Además del derecho a licencia retribuida, la ley prevé el derecho a una licencia anual no retribuida.

Artículo 8

1.Derecho a fundar sindicatos

74.El derecho de los trabajadores a la libertad de sindicación sin restricciones, incluido el derecho a fundar sindicatos y a afiliarse al sindicato de su elección para defender sus derechos laborales, libertades e intereses legítimos, está garantizado por la Constitución, el Código del Trabajo y la Ley de Sindicatos núm. 1129/2000. Se trata de un derecho garantizado a los ciudadanos moldavos, tanto a los que viven en la República de Moldova como en el extranjero, así como a los ciudadanos extranjeros y apátridas con residencia legal en el país. Las personas desempleadas, las personas que han perdido su empleo y los trabajadores autónomos registrados legalmente como tales pueden afiliarse a un sindicato de su elección, de conformidad con el estatuto de los sindicatos en cuestión, o mantener su afiliación al sindicato de la empresa, institución u organización en la que trabajen.

2.Derecho de los sindicatos a formar federaciones o confederaciones

75.La Ley de Sindicatos estipula el derecho de los sindicatos a establecer federaciones o confederaciones nacionales y a fundar organizaciones sindicales internacionales.

76.Un sindicato se constituye voluntariamente sobre la base de intereses comunes (profesión, sector de actividad, etc.) y realiza actividades generalmente en el seno de empresas, instituciones u organizaciones, independientemente de la forma u organización jurídica o el régimen de propiedad, o de la afiliación a una rama o sector de actividad. El empleador no tiene derecho a impedir que los trabajadores se afilien a un sindicato.

77.Una organización sindical de base se constituye por iniciativa de al menos tres personas, que son consideradas como los fundadores. El estatuto del sindicato, elaborado por el propio sindicato, estipula su estructura organizativa, los procedimientos para la fusión, adhesión, escisión o disolución del sindicato, así como los procedimientos para establecer federaciones o confederaciones.

3.Derecho de los sindicatos a ejercer libremente sus actividades

78.El derecho de los sindicatos a ejercer libremente sus actividades está garantizado por una amplia serie de salvaguardias destinadas a asegurar condiciones adecuadas para el ejercicio de las actividades sindicales dentro de las empresas. La Constitución, el Código del Trabajo y la Ley de Sindicatos aseguran las condiciones más favorables para el establecimiento y el funcionamiento de los sindicatos y, a tal efecto, regulan la función de los sindicatos en el marco de la concertación social y les confieren los derechos necesarios para llevar a cabo las tareas estipuladas en sus estatutos, estableciendo ciertas obligaciones para los empleadores.

79.La ley prevé garantías para los representantes de los trabajadores, como miembros electos de los órganos sindicales y participantes en las negociaciones colectivas.

80.La vulneración de los derechos sindicales se sanciona conforme a lo dispuesto en el Código de Contravenciones, que prevé la imposición de una multa de entre 40 y 50 unidades convencionales por la restricción del derecho de los trabajadores a fundar sindicatos y afiliarse a ellos para defender sus intereses profesionales, económicos y sociales.

81.La Confederación Nacional de Sindicatos de Moldova (CNSM) es una confederación sindical nacional interprofesional que agrupa, con carácter voluntario, a las organizaciones sindicales del país. Es independiente de los poderes públicos, los partidos políticos y otro tipo de organizaciones político-sociales y asociaciones y organizaciones de empleadores, y no está bajo su control ni subordinada a ellos.

4.Derecho de huelga

82.El derecho de huelga está establecido en el Código del Trabajo y en la Ley de Sindicatos. Los sindicatos, de manera independiente o por decisión de sus afiliados, y de acuerdo con la ley, organizan y celebran reuniones, mítines, manifestaciones, actos públicos, concentraciones, marchas, piquetes, huelgas y otras acciones, como medio de lucha para conseguir mejoras de las condiciones de trabajo, un aumento de los salarios, la reducción del desempleo y el fortalecimiento de la solidaridad de los trabajadores para defender sus derechos e intereses profesionales, económicos, laborales y sociales.

Artículo 9

83.En 2017 se inició la reforma de las pensiones con el objetivo de asegurar el funcionamiento de un sistema de pensiones justo y sostenible que garantice una vida digna a los pensionistas.

84.De conformidad con la Ley núm. 156/1998 del Sistema Público de Pensiones, el período de cotización es una de las condiciones esenciales para percibir una pensión en el marco del sistema público de seguro social. El período de cotización se calcula sumando los períodos de actividad durante los cuales se han abonado cotizaciones al presupuesto del seguro social del Estado. En algunos casos, también pueden tenerse en cuenta para el cómputo del tiempo de cotización algunos otros períodos en los que no se cotizó.

85.Con el fin de mejorar el sistema de seguro social, el Ministerio de Seguridad Social propuso aplicar nuevas medidas legislativas y normativas necesarias mediante la puesta en marcha de políticas reguladoras conforme al marco presupuestario a medio plazo para 2024‑2025.

86.La sostenibilidad del sistema de pensiones está sometida a fuertes presiones debido a la creciente crisis demográfica y al envejecimiento de la población. Se ha introducido un conjunto de modificaciones legislativas complejas e innovadoras, entre las que cabe destacar: el aumento de la pensión mínima hasta los 2.000 lei al mes y la revalorización continua de la pensión para que garantice el nivel mínimo de subsistencia, la toma en consideración de los ingresos de los asegurados y de la media de los ingresos mensuales de los asegurados abonados en concepto de pensión de jubilación y de invalidez, el aumento de la edad de jubilación y del período de cotización, y la puesta en marcha de un mecanismo de aumento de las pensiones en función del crecimiento económico mediante la modificación de la Ley del Sistema Público de Pensiones. La ley contempla los aspectos siguientes:

El método de cálculo de la pensión mínima.

El nuevo mecanismo de indexación de las pensiones el 1 de abril de cada año.

El nuevo mecanismo establecido para incrementar las pensiones en cumplimiento de la Ley núm. 156/1998. La parte computada de las pensiones se incrementará anualmente, el 1 de abril, en una cuantía fija. La cuantía fija se determina multiplicando la cuantía media de las pensiones por el 50 % del crecimiento del PIB durante el año anterior, expresado en precios comparables.

La concesión del derecho a la pensión de jubilación anticipada por carreras profesionales de larga duración a las personas que hayan completado el período de cotización.

87.Los profesionales autónomos que trabajan en el sector de la justicia y las personas que han establecido cualquier forma de entidad prevista por la legislación aplicable a los abogados, notarios, agentes judiciales, administradores autorizados y mediadores del sistema público están asegurados obligatoriamente en virtud de la Ley núm. 489/1999 del Sistema Público de Seguro Social. A raíz de la modificación de esta ley, desde 2021 los profesionales autónomos tienen igualdad de acceso a los programas de seguro social, y en 2022 la cuota fija aumentó a 24.255 lei.

88.Una de las prioridades del sistema de seguro social es garantizar la igualdad de derechos de todos los ciudadanos de la República de Moldova para acceder a todas las categorías de prestaciones sociales:

Subsidio por incapacidad laboral temporal causada por enfermedades o accidentes no relacionados con el trabajo, enfermedades profesionales y accidentes del trabajo, incluido el subsidio por cuidado de hijos enfermos.

Prestaciones para la prevención de enfermedades y la recuperación de la capacidad laboral.

Subsidio de maternidad.

Subsidio para el cuidado de niños de hasta 3 años.

Prestación por desempleo.

Asignación por fallecimiento.

89.En 2013 se puso en marcha la fase II del proyecto de construcción de viviendas sociales para grupos vulnerables, con el apoyo financiero del Banco de Desarrollo del Consejo de Europa y los organismos de segundo rango de la administración pública local (unas 700 viviendas en todo el país para unas 2.500 personas vulnerables). El proyecto se llevó a cabo en 12 distritos durante el período 2013-2021, y se entregaron 556 viviendas sociales terminadas.

90.Se están realizando obras de construcción en Cismilla (49 viviendas) y en Resina (72 viviendas), y está previsto construir 121 viviendas sociales.

91.En cuanto a las recomendaciones del Comité en las que se expresa preocupación por la disminución del gasto público en educación, protección social y atención sanitaria como porcentaje del PIB, cabe destacar la tendencia positiva de los gastos ejecutados con cargo al presupuesto público del Estado en estos sectores durante el período 2018-2021, así como el gasto aprobado para 2022. El análisis de los gastos aprobados y los gastos ejecutados con cargo al presupuesto general del Estado en los sectores mencionados muestra que estos han ido aumentando año tras año (véase el cuadro 5 del anexo).

Artículo 10

1.Protección y asistencia a la familia

92.Según dispone la Constitución, la familia es el elemento natural fundamental de la sociedad y debe gozar de la protección del Estado y de la sociedad. Las políticas relativas a la protección social de la familia y la infancia se centran en fomentar el aumento de la natalidad promoviendo un apoyo eficaz a las familias, así como la modernización y la diversificación de los servicios comunitarios y de tipo familiar para evitar el internamiento de los niños en instituciones y mejorar la calidad de vida de las familias.

2.Protección de las madres antes y después del parto

93.Los subsidios para familias con hijos son la principal ayuda económica del Estado para esta categoría de la población y consisten en la concesión de pagos únicos o periódicos a las familias por el nacimiento y la crianza o cuidado de los hijos. La Ley núm. 315/2016 de Prestaciones Sociales para la Infancia, establece prestaciones sociales para los niños y proporciona un apoyo financiero mínimo del Estado por el nacimiento de hijos, el cuidado de los niños y la crianza de gemelos, así como prestaciones de apoyo social para los hijos adoptados y los niños privados temporalmente del cuidado de sus padres, entre otras cosas para que continúen sus estudios.

94.La ley prevé las siguientes prestaciones sociales por hijos (que se detallan en el cuadro 6 del anexo): asignación única por nacimiento; subsidio mensual de guardería para todos los niños de hasta 2 años de edad; subsidio mensual por hijos gemelos o más hijos nacidos de un embarazo múltiple; subsidio mensual y diario para la manutención de niños en régimen de tutela o curatela; subsidio diario para los niños acogidos en servicios de atención de tipo familiar, en hogares para grupos pequeños de niños en situación de riesgo y en centros de acogida para niños separados de sus padres, que estén matriculados en centros de enseñanza, desde el quinto curso hasta que cumplan 18 años; subsidio mensual de guardería por hijos adoptados, y subsidio para la ampliación de estudios.

3.Protección y asistencia para niños y adolescentes

95.Con el fin de garantizar la protección de los niños cuyos padres se encuentran en el extranjero o en otra parte del país y determinar claramente qué autoridades se encargan del registro y el seguimiento de los niños, se adoptó la Ley núm. 112/2020 por la que se modifica el marco normativo, incluida la Ley núm. 140/2013 de protección especial de los niños en situación de riesgo y de los niños separados de sus padres, que regula la custodia como forma de protección de los niños cuyos padres se encuentran en el extranjero o en otra parte del país. Las nuevas disposiciones regulan el procedimiento para otorgar la tutela y determinan las personas que pueden ejercerla y las responsabilidades que les corresponden.

96.Los datos aportados por las estructuras territoriales de asistencia social, y recopilados en el informe estadístico anual sobre los niños en situación de riesgo y los niños separados de sus padres, muestran que a finales de 2021 había 32.537 niños separados de sus padres, de los cuales 28.015 eran niños cuyo progenitor o progenitores se encontraban en el extranjero, 872 eran niños privados temporalmente de la atención parental y 3.268 eran niños privados de la atención parental. Del total de niños cuyos progenitores se encontraban en el extranjero, 10.775 niños fueron puestos bajo la tutela de las autoridades locales competentes, 9.661 niños fueron puestos bajo la tutela de la familia extensa (entre ellos, 87 niños con discapacidad) y 1.114 niños fueron puestos bajo la tutela de terceros (entre ellos, 5 niños con discapacidad).

97.La Decisión Gubernamental sobre la organización y el funcionamiento del servicio social de apoyo a las familias con hijos tiene por objeto apoyar el desarrollo de la capacidad de la familia con respecto a la crianza y la educación de los hijos mediante el refuerzo de los factores de protección en el seno de la familia y el acceso de esta a los recursos pertinentes de la comunidad. El servicio está dirigido a familias con hijos para ayudarles a prevenir o superar situaciones de riesgo y garantizar la crianza y educación de los hijos en el entorno familiar.

98.El servicio ofrece dos modalidades de apoyo a la familia: apoyo básico (conjunto de actividades ofrecidas a las familias con hijos en el ámbito de la comunidad para prevenir y erradicar los factores que pueden dar lugar a situaciones de riesgo) y apoyo secundario (conjunto de actividades llevadas a cabo para proteger a la familia y los hijos con el fin de prevenir la separación de los hijos de la familia y preparar a esta para su reintegración). De conformidad con la segunda modalidad, las familias con hijos pueden beneficiarse de una ayuda económica de hasta 4.000 lei por hijo, que se determina en función de las necesidades familiares.

4.Prevención y lucha contra la violencia doméstica

99.De conformidad con el Código Penal, la violencia doméstica se castiga con entre 150 y 240 horas de trabajo comunitario no remunerado o con penas de prisión de entre 3 y 15 años, y, de conformidad con el Código de Contravenciones, con entre 40 y 60 horas de trabajo comunitario no remunerado o con entre 7 y 15 días de arresto.

100.Hay ocho centros especializados financiados por el Estado para mujeres víctimas de violencia doméstica y de género, distribuidos en las zonas norte, centro y sur del país. Los centros ofrecen asistencia social, psicológica, médica y jurídica primaria, así como servicios de acogida temporal. Las ONG también prestan servicios especializados.

101.Existen cuatro modalidades de asesoramiento para los autores de violencia doméstica, una financiada por el Estado y las otras tres por donantes. Está previsto establecer un marco normativo y servicios especializados dirigidos a las víctimas de violencia sexual.

102.En los últimos años, con el apoyo de los asociados para el desarrollo, se han impartido varias sesiones de formación para médicos forenses, agentes de policía, fiscales, abogados y trabajadores sociales, entre otros profesionales. En 2021, 1.091 especialistas recibieron formación sobre las funciones que desempeñan las instituciones judiciales en la respuesta a los casos de violencia familiar.

103.Como resultado de las últimas modificaciones legislativas, se ha establecido un mecanismo para proporcionar asistencia jurídica de emergencia a las víctimas de violencia doméstica y a las víctimas de delitos sexuales cuando presenten una denuncia y soliciten medidas de protección, y se ha dispuesto el control electrónico de los autores de actos de violencia doméstica contra los que se hayan dictado órdenes de protección.

104.Se creó un sitio web gubernamental, en colaboración con los asociados para el desarrollo, con el fin de concienciar sobre la violencia: www.antiviolenta.gov.md.

105.En octubre de 2021, la República de Moldova ratificó el Convenio del Consejo de Europa sobre Prevención y Lucha contra la Violencia contra las Mujeres y la Violencia Doméstica (Convenio de Estambul), expresando así su voluntad de redoblar los esfuerzos para aplicar el Convenio.

106.En 2021 se contabilizaron 947 delitos contra los valores familiares mientras que en 2020 fueron 866, lo que supuso incremento del 0,81 %. Tales delitos representaron el 3,68 % del total de delitos registrados.

107.En 2021 se cometieron 2.609 delitos contra los valores familiares, frente a 2.453 el año anterior, lo que supuso con un incremento del 1,56 % de los casos de violencia doméstica, de los cuales:

947 casos (frente a 866 el año anterior, lo que representó un aumento del 0,81 %) presentaban elementos constitutivos de delito.

1.662 casos (frente a 1.587 el año anterior, lo que representó un aumento del 0,75 %) presentaban elementos constitutivos de contravención (con arreglo al Código de Contravenciones).

108.Según la calificación legal de los hechos, 947 delitos (frente a 969 el año anterior) afectaban al ámbito de las relaciones familiares, entre ellos 11 asesinatos (frente a 23 el año anterior) y 918 delitos de violencia doméstica (frente a 811 el año anterior). Según la calificación del delito cometido en el ámbito de las relaciones familiares, cabe señalar que:

Se registraron 445 delitos de malos tratos y otras acciones violentas, con resultado de daño de mediana gravedad para la integridad física o la salud.

Se registraron 150 casos de violencia psicológica, que incluyeron actos de coacción e intimidación, con el objetivo de imponer la voluntad o el control personal sobre la víctima.

109.Se contabilizaron 91 casos de violencia contra dos o más miembros de la familia y 28 casos de violencia doméstica que dieron lugar a la emisión de órdenes de protección.

110.En otros 146 casos se produjeron daños de mediana gravedad para la integridad física o la salud. Se registraron alrededor de 40 casos de lesiones graves y 6 casos de violencia doméstica en los que se había inducido o intentado inducir a la víctima al suicidio.

111.Once casos de violencia doméstica se saldaron con la muerte de las víctimas como consecuencia de las graves lesiones infligidas.

112.Según muestran los datos relativos a los delitos de género en el ámbito de las relaciones familiares, entre las víctimas de las acciones violentas figuraban 509 mujeres, 207 mujeres con hijos, 12 niños y 35 hombres. Por lo que respecta a los autores de esos actos, 716 eran hombres y 60 mujeres.

113.En cuanto a las contravenciones en materia de violencia doméstica, el número de víctimas ascendió a 1.427 mujeres, 43 menores y 82 hombres. El número de autores de actos de contravención fue de 1.549 hombres, 61 mujeres y 5 menores.

114.En 2021, se aplicaron las siguientes medidas en relación con los 1.660 casos de contravención registrados:

En 51 casos, se ordenó la detención preventiva de los autores.

En 399 casos, se impusieron trabajos comunitarios no remunerados.

1.207 casos están siendo revisados.

3 casos fueron archivados.

115.En cuanto a las denuncias de presuntos casos de violencia doméstica, en 2021 se presentaron 14.728 atestados policiales sobre hechos delictivos e incidentes relacionados con conflictos familiares, de los cuales 1.963 casos fueron notificados por agentes de policía especializados.

116.A raíz de las diligencias practicadas por los funcionarios encargados de la investigación durante la recogida de las pruebas, los resultados fueron los siguientes:

Se examinaron 1.116 casos y el fiscal ordenó la apertura de 99 procedimientos por contravención.

Se iniciaron 918 procedimientos penales por violencia doméstica.

Se desestimó la acción penal en 115 denuncias por falta de elementos constitutivos de delito.

42 causas penales estaban siendo tramitadas por los funcionarios de la fiscalía.

117.En 2021, la policía presentó 322 (frente a 340 el año anterior) solicitudes ante los tribunales para aplicar medidas de protección a las víctimas de violencia doméstica, de las cuales 5 fueron rechazadas por falta de motivos para aplicar ese tipo de medidas. Cabe señalar que 28 solicitudes (frente a 46 el año anterior) fueron rechazadas por no cumplir los criterios que rigen el procedimiento de presentación de solicitudes, al constatarse que las víctimas de violencia doméstica no se encontraban en situación de crisis y podían acudir a los tribunales, de conformidad con las normas de procedimiento civil, mientras que 11 solicitudes (frente a 7 el año anterior) fueron rechazadas por otros motivos.

118.Para garantizar la protección de las víctimas de violencia doméstica, los tribunales dictaron 766 órdenes de protección (frente a 635 el año anterior, un 1,31 % más), incluidas 265 órdenes de protección a petición de los agentes de policía especializados, 12 a petición de la fiscalía penal, 4 a petición del fiscal, 458 a petición directa de las víctimas o de sus representantes legales y 29 órdenes dictadas a petición de otras autoridades.

119.La policía supervisó la aplicación de 509 (frente a 402 el año anterior) órdenes de protección emitidas para mujeres víctimas, 12 (frente a 16 el año anterior) órdenes de protección para niños víctimas, 207 (frente a 158 el año anterior) órdenes de protección para mujeres y niños víctimas, 35 órdenes de protección para hombres víctimas y 3 órdenes de protección para hombres víctimas con hijos.

120.Según el examen del cumplimiento de las medidas de protección, los autores infringieron 373 (frente a 281 el año anterior) órdenes de protección, lo que dio lugar a la apertura de causas penales por tratarse de hechos constitutivos de delito.

Proporción de órdenes de protección ejecutadas en comparación con las órdenes incumplidas en 2021

121.Desde 2017, la policía, tras realizar una evaluación del riesgo y basándose en su propio criterio, puede aplicar órdenes de alejamiento con carácter de emergencia como medida temporal para proteger a la víctima de violencia doméstica. Cuando se aplica una orden de ese tipo, se desaloja inmediatamente al agresor del domicilio familiar y se imponen ciertas prohibiciones para garantizar la seguridad de la víctima y de los demás miembros de la familia.

122.En 2021 la policía dictó 5.851 (frente a 4.939 el año anterior, un 11,80 % más) órdenes de alejamiento con carácter de emergencia contra agresores domésticos.

123.De ellas, 12 (37 el año anterior) órdenes de alejamiento de emergencia fueron recurridas por la vía administrativa, 11 (32 el año anterior) están en vigor y 1 (5 el año anterior) está siendo revisada por el tribunal. Se incoaron procedimientos por contravención contra 726 (591 el año anterior, un 12,2 % más) autores de violencia doméstica por quebrantar las medidas de protección establecidas mediante una orden de alejamiento con carácter de emergencia.

Porcentaje de órdenes de alejamiento de emergencia infringidas en comparación con las órdenes dictadas por la policía en 2021

124.La policía llevó a cabo actividades de prevención terciaria con respecto a 4.938 (3.942 el año anterior) autores de violencia doméstica con el objetivo de disminuir los comportamientos agresivos.

125.En 2021, 3.724 (2.411 el año anterior) autores estaban bajo vigilancia policial y 2.695 (2.593 el año anterior) personas fueron dadas de baja del registro de personas bajo vigilancia. Del total de autores de violencia doméstica bajo vigilancia policial, 4.715 (3.748 el año anterior) eran hombres y 280 (209 el año anterior) mujeres.

126.En 2021, la policía prestó asistencia y protección a las víctimas y elaboró 3.920 planes de seguridad personal.

127.Un total de 3.809 casos fueron remitidos a otras autoridades para obtener la prestación de servicios de asistencia y asesoramiento al existir una sospecha razonable de que podían cometerse actos violentos, de los cuales:

2.910 casos fueron remitidos a asistentes sociales.

770 casos fueron remitidos a los servicios de distrito para la asistencia y la protección familiar.

64 casos fueron remitidos a ONG especializadas.

5 casos fueron remitidos al Centro de Protección y Asistencia a las Víctimas de la Violencia Doméstica.

128.Con el fin de seguir ofreciendo respuestas proactivas a los casos de violencia doméstica, los equipos multidisciplinares llevaron a cabo 1.301 intervenciones durante el período que abarca el informe. Alrededor de 247 casos relativos a niños víctimas de violencia doméstica fueron remitidos a los órganos de tutela y 55 casos fueron remitidos a los servicios psicológicos de los cuerpos de inspección de policía para prestar asesoramiento psicológico primario a las víctimas en situación difícil.

129.Se llevaron a cabo actividades destinadas a aumentar el nivel de educación en materia de lucha contra la delincuencia en la comunidad, incrementar la concienciación, la capacidad de percepción y la seguridad y desalentar los comportamientos violentos. Se impartieron módulos de formación para aumentar el nivel de profesionalidad de los policías.

130.La Inspección General de Policía, en cooperación con organizaciones internacionales como el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), el Fondo de Población de las Naciones Unidas (FNUAP), la Misión de la OSCE, la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), el Fondo de Desarrollo de las Naciones Unidas para la Mujer (UNIFEM), ONU Mujeres, la OAK Foundation, la Embajada de Suecia y la Embajada de los Estados Unidos, impartió una serie de cursos de formación para agentes de policía que se centraron en las intervenciones basadas en el trabajo en equipo y en el marco de equipos multidisciplinares.

131.La Inspección General de Policía impartió formación a 331 agentes de policía y suboficiales (agentes de policía especializados y funcionarios de la fiscalía, agentes de patrulla, agentes de investigación y otros agentes) en todo el país en el marco de los proyectos ejecutados en 2021.

132.Durante los cinco primeros meses de 2022, las Dependencias de Inspección de la Policía recibieron 6.012 (frente a 5.962 en el mismo período de 2021) notificaciones de conflictos familiares, consignadas en los registros R-2, en los que se recopilan otras informaciones sobre delitos e incidentes, y se registraron 539 (frente a 766 en 2021) casos a partir de las notificaciones presentadas por agentes de policía. Las subdivisiones territoriales de la Inspección General de Policía registraron 357 (371 el año anterior) delitos contra los valores familiares y 623 (646 el año anterior) casos de violencia doméstica. En el cuadro 7 del anexo se presentan datos detallados al respecto.

133.El número de infractores sancionados atendiendo a los protocolos de contravención abiertos fue de 607 (627 el año anterior) hombres y 16 (21 el año anterior) mujeres, y el número de víctimas fue de 527 (582 el año anterior) mujeres; 4 (13 el año anterior) niños; 22 (23 el año anterior) hombres.

134.Para garantizar la protección de las víctimas de la violencia doméstica, los tribunales dictaron 339 (337 el año anterior) órdenes de protección cuya ejecución fue supervisada por la policía. Las víctimas de la violencia doméstica fueron las siguientes:

212 (215 el año anterior) mujeres víctimas; 19 (4 el año anterior) niños víctimas.

99 (90 el año anterior) mujeres víctimas con hijos; 6 (21 el año anterior) hombres víctimas.

3 (7 el año anterior) hombres víctimas con hijos.

135.Según los datos relativos a la supervisión del cumplimiento de las medidas de protección, los agresores infringieron 173 (177 el año anterior) órdenes de protección, lo que dio lugar a la incoación de causas penales.

136.En 2021, los empleados de los Servicios de Seguridad Pública dependientes de las Inspecciones Territoriales de Policía, actuando en calidad de agentes del orden, emitieron 2.494 (2.317 el año anterior) órdenes de alejamiento de emergencia y 288 (282 el año anterior) actas de contravención por incumplimiento de órdenes de alejamiento de emergencia.

137.La policía organizó actividades de prevención terciaria para 5.240 autores de actos de violencia doméstica, con el fin de reducir los comportamientos agresivos. En 2022, 1.862 (1.834 el año anterior) autores estaban bajo vigilancia policial y 1.598 personas fueron dadas de baja del registro de personas sujetas a vigilancia. Del total de autores de actos de violencia doméstica sujetos a vigilancia policial, 4.937 eran hombres y 303 mujeres.

138.Asimismo, durante ese período, la policía realizó 3.127 actividades en el ámbito de la comunidad, entre las que se incluyen: 1.049 reuniones con ciudadanos, 373 reuniones con estudiantes, 815 sesiones informativas en instituciones educativas, 704 reuniones con grupos de empleados y 186 reuniones en el contexto de los consejos de seguridad de la comunidad.

139.Se proporcionó información a 589.221 ciudadanos y se distribuyeron 43.541 folletos informativos. Un total de 162 medios de comunicación informaron sobre las actividades: se publicaron 150 comunicados de prensa en los sitios web o las páginas de Facebook de las Inspecciones de Policía, se publicaron 7 comunicados de prensa en periódicos locales y se difundieron 3 comunicados por radio y 2 por cadenas de televisión locales. Esas actividades tenían por objeto aumentar el nivel de educación de la comunidad en materia de lucha contra la delincuencia, incrementar la concienciación, la capacidad de percepción y la seguridad y desalentar los comportamientos violentos en el seno de la familia.

Marco jurídico y normativo

140.La República de Moldova ratificó el Convenio de Estambul mediante la Ley núm. 144/2021, y pasó a ser el 35º Estado parte en el Convenio del Consejo de Europa sobre Prevención y Lucha contra la Violencia contra las Mujeres y la Violencia Doméstica (Convenio de Estambul).

141.Para dar aplicación al Convenio de Estambul se modificaron o se adoptaron diversos instrumentos normativos, como la Ley núm. 45/2007 de Prevención y Lucha contra la Violencia Doméstica, el Plan de Acción 2021-2022 sobre la aplicación de la Estrategia Nacional 2018-2023 para prevenir y combatir la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica, y la Orden conjunta del Ministerio del Interior, el Ministerio de Trabajo y Protección Social, el Ministerio de Sanidad, el Ministerio de Justicia, la Inspección General de Policía y el Ministerio de Educación e Investigación relativa al establecimiento de un mecanismo interministerial para el seguimiento y análisis de los casos de violencia doméstica con resultado de muerte o lesiones graves para la integridad física de las víctimas.

142.Este mecanismo permite hacer un seguimiento de los casos de violencia doméstica, en particular de los que se saldan con muerte u otras consecuencias graves y, al mismo tiempo, ofrecer una respuesta contundente a la violencia doméstica, garantizar la protección de las víctimas y disuadir a los agresores de la comisión de esos actos. También tiene por objeto reforzar la labor de los equipos multidisciplinares para garantizar una respuesta inmediata y profesional a los casos de violencia doméstica, ajustar el marco normativo y cumplir las disposiciones del Convenio de Estambul.

143.La Comisión, conforme a lo establecido en su reglamento, organizó y celebró dos reuniones durante el año en curso.

144.A fin de ofrecer servicios especializados a las víctimas de la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica y facilitar el acceso a esos servicios, el Ministerio del Interior tiene el objetivo de crear el Centro de Justicia de Familia, aplicando un modelo de enfoque integrado y de cooperación intersectorial de especialistas de los ámbitos de las fuerzas del orden, la justicia, la sanidad y la protección social, siguiendo el ejemplo de centros similares de países europeos y los Estados Unidos.

145.La misión del Centro de Justicia de Familia consistirá en asegurar el ejercicio efectivo del derecho de la víctima a la protección, facilitando su recuperación física, psicológica y social mediante actuaciones de carácter médico, psicológico, jurídico y social. El Centro de Justicia de Familia proporcionará servicios de respuesta urgentes, integrados e intersectoriales para prevenir la victimización o el trauma reiterados entre las víctimas y facilitar el seguimiento y la documentación y recopilación de pruebas para los casos de infracciones y delitos.

146.En 2022 se aprobaron las Directrices para la cooperación intersectorial en casos de violencia doméstica mediante una Orden conjunta del Ministerio de Trabajo y Protección Social, el Ministerio del Interior, el Ministerio de Sanidad, el Ministerio de Justicia y el Consejo Nacional de Asistencia Jurídica, con el fin de optimizar la cooperación intersectorial entre las instituciones competentes en materia de prevención y lucha contra la violencia doméstica, garantizar la protección, la seguridad y el respeto de los derechos de las víctimas de la violencia doméstica, así como de agilizar el mecanismo de vigilancia de los autores de actos de violencia familiar y reducir su comportamiento agresivo.

5.Prevención y lucha contra la trata de personas

147.El Código Penal prevé, en el caso de las personas físicas, penas de prisión de entre 6 y 20 años para los delitos de trata de personas y penas de prisión de entre 10 y 20 años para los delitos de trata de niños, así como la privación del derecho a ocupar determinados cargos o a ejercer determinadas actividades durante un período de entre 2 y 5 años, mientras que en el caso de las personas jurídicas prevé penas de multa de entre 4.000 y 10.000 unidades convencionales y la privación del derecho a ejercer determinadas actividades, o incluso la disolución de la persona jurídica.

148.Las víctimas de trata están exentas de responsabilidad penal por cualquier delito que pudieran haber cometido en relación con su situación procesal. Las víctimas y presuntas víctimas de trata reciben información y asesoramiento sobre los servicios especializados a los que pueden recurrir para su rehabilitación.

149.Los servicios especializados se prestan con el consentimiento de los interesados, y se ofrece asistencia a las víctimas independientemente de que estén o no dispuestas a participar en calidad de testigos en procedimientos penales.

150.Se proporcionan servicios especializados en siete centros financiados con cargo al presupuesto del Estado, así como a través del Servicio de Asistencia y Protección para las víctimas y presuntas víctimas de la trata de personas.

151.Desde 2018, se está implementando un proyecto piloto por decisión del Consejo Superior de la Magistratura con el objetivo de proporcionar formación especializada a seis jueces del Tribunal de Chisinau y del Tribunal de Apelación encargados de examinar casos penales de trata de personas y casos conexos.

152.En virtud de la Ley núm. 137/2016 de Rehabilitación de las Víctimas de Delitos, se aprobó el programa relativo a la creación y desarrollo del Mecanismo Nacional de Remisión para la protección y asistencia de las víctimas de delitos (2022-2024) así como el Plan de Acción para su puesta en práctica.

153.Como medida especial de asistencia, se informa a las víctimas y posibles víctimas de la trata de personas sobre los derechos que les asisten de acuerdo con la legislación nacional y los tratados internacionales. Los fiscales y funcionarios de la fiscalía penal son plenamente conscientes del derecho de las víctimas a recibir protección. Con el fin de brindar asistencia a las víctimas, en 2021 la Fiscalía General publicó las Directrices para mejorar la prestación de servicios de apoyo a las víctimas de trata de personas y a las víctimas de explotación sexual infantil.

154.En 2021, la Fiscalía del distrito de Telenesti dictó una orden de protección para garantizar la seguridad de la víctima en un caso de trata de personas.

155.A raíz de la adopción de las Directrices generales sobre la investigación de los delitos tipificados en el Código Penal, que fueron aprobadas por el Fiscal General, los órganos encargados de hacer cumplir la ley han mejorado su capacidad de respuesta en los casos denunciados por víctimas o por testigos de delitos de trata de personas que fueron intimidados para cambiar sus declaraciones. A ese respecto, cabe señalar que se incoaron cinco procedimientos penales con arreglo al Código Penal por inducción a hacer declaraciones falsas en casos de trata de personas, incluidos niños.

156.De conformidad con el artículo 26 del Convenio de Varsovia, las partes deben prever la posibilidad de no imponer sanciones contra las víctimas de trata por haber participado en actividades ilícitas bajo coacción. Durante el período que abarca el informe, los fiscales resolvieron cuatro casos de trata de personas y tráfico de migrantes a raíz de las acciones emprendidas por las víctimas.

157.En 2021, atendiendo a las solicitudes presentadas por los fiscales, siete víctimas fueron entrevistadas en condiciones especiales por el juez de instrucción en estancias especialmente acondicionadas, equipadas con medios de grabación de audio o vídeo para impedir la victimización reiterada de las víctimas de la trata, incluidos niños.

158.Además, 17 víctimas de trata de personas recibieron asistencia jurídica tras ser informadas de sus derechos procesales.

Causas penales incoadas

159.En lo que respecta a las causas penales incoadas, en 2021 se registraron un total de 202 delitos de trata en todo el país (en comparación con 222 casos en 2020).

160.El análisis de los casos de trata en 2021 muestra un aumento de los casos de adultos detectados y una disminución del número de casos de trata de niños en comparación con 2020.

161.Las autoridades policiales mostraron un mayor interés en el desarrollo del nuevo Mecanismo Nacional de Remisión, por el que se aprueben los procedimientos para detectar, investigar y enjuiciar los casos de explotación infantil mediante el uso de tecnologías de la información y la comunicación. El Consejo Superior de la Magistratura amplió de uno a cinco años el mandato de los jueces especializados en delitos de trata de personas.

162.El descenso del número de los casos también se debió a las restricciones impuestas a los viajes, tanto nacionales como internacionales.

Causas penales cuyo enjuiciamiento ha concluido

163.En 2021, concluyeron 174 causas penales sobre trata de personas y delitos conexos (frente a 198 en 2020), de las cuales 87 se remitieron a los tribunales (frente a 102 en 2020), 12 se sobreseyeron (frente a 18 en 2020) y 75 se archivaron (78 en 2020).

164.Con arreglo al Código Penal, se resolvieron 51 causas penales sobre trata de niños, de las cuales 25 se remitieron a los tribunales para un examen en profundidad, 2 se sobreseyeron y 24 se archivaron.

165.Entre los casos penales remitidos a los tribunales figuran 14 casos de explotación sexual y 11 de explotación laboral. Entre las causas penales que se sobreseyeron y archivaron figuran 5 casos de explotación sexual, 19 de explotación laboral y 2 de explotación de la mendicidad.

166.Se resolvieron 13 causas penales sobre trata de niños, de las cuales 6 se remitieron a los tribunales, 3 se sobreseyeron y 4 se archivaron.

167.Todas las causas penales remitidas a los tribunales comportaban delitos de explotación. Entre las causas penales sobreseídas y archivadas figuran 4 casos de explotación sexual, 2 casos de explotación laboral y un caso de explotación de la mendicidad.

168.En 2021, los fiscales ordenaron la realización de investigaciones financieras en relación con 8 causas penales de casos de trata y delitos conexos. Como resultado, se incautaron bienes por valor de más de 28.891.720 lei.

Marcos jurídicos y normativos (nuevos o enmendados)

169.Con el fin de facilitar la aplicación de las disposiciones de la Decisión Gubernamental núm. 270/2014, en 2021 se aprobó, mediante una decisión conjunta del Ministerio de Trabajo y Protección Social, el Ministerio de Salud, el Ministerio del Interior y el Ministerio de Educación e Investigación, la Guía práctica sobre el mecanismo de cooperación intersectorial, a la que también se hace mención en el párrafo 40 del presente informe. En el capítulo 2.9 de dicha Guía, dedicado a la trata de niños, se define el concepto de trata de niños y se presenta una relación de indicios que permiten detectarla.

170.Con el apoyo de la misión de la OIM en la República de Moldova, se elaboró una guía informativa sobre la trata de personas dirigida a los empleados del sector del transporte internacional de pasajeros en la que se explica cómo identificar a las víctimas o presuntas víctimas de trata de personas y cómo remitirlas a los servicios competentes.

Asistencia social y protección de las víctimas y presuntas víctimas de la trata de personas

171.En 2021, las causas penales por trata se saldaron con 357 víctimas (335 personas adultas: 130 mujeres y 205 hombres, y 22 menores: 21 niñas y 1 un niño), frente a 139 víctimas en 2020 (116 personas adultas: 29 mujeres y 87 hombres, y 23 menores: 20 niñas y 3 niños).

172.En 2021, 77 víctimas de trata recibieron ayuda en los centros de asistencia y protección de víctimas y posibles víctimas de trata, financiados con cargo al presupuesto del Estado, de las cuales 58 víctimas eran adultos (30 mujeres y 28 hombres) y 19 menores (18 niñas y 1 niño).

173.A lo largo de 2021, la misión de la OIM, en particular a través de sus asociados, prestó asistencia a 376 personas (95 víctimas de la trata y 281 víctimas potenciales de la trata). Del total de víctimas de la trata que recibieron asistencia, 41 sufrían explotación. La mayoría de las víctimas (56) habían sido explotadas laboralmente (trabajo forzoso, cría de animales), 32 fueron víctimas de explotación sexual y 6 de mendicidad, mientras que 1 víctima fue explotada laboral y sexualmente. En 2021, cuatro ONG prestaron asistencia a 45 víctimas de la trata y a 15 hijos de víctimas, a los que ofrecieron ayuda para su rehabilitación y reintegración.

174.En 2021, 58 niños víctimas se acogieron al programa de asistencia, mientras que en años anteriores lo hicieron 35. El 91 % de los nuevos beneficiarios eran niñas. El más joven tenía 5 años y la mayoría de los beneficiarios tenían edades comprendidas entre los 10 y los 13 años, lo que confirma una tendencia a la explotación sexual de niños de edades cada vez más tempranas.

175.En el caso de las víctimas menores de edad, se proporcionó asistencia jurídica, se celebraron audiencias especiales, se prepararon informes de evaluación psicológica y se prestó asistencia psicológica. Por ejemplo, en 2021, los psicólogos del Centro “La Strada”, entre otras cosas, ofrecieron distinto tipo de servicios a 26 niños víctimas o testigos de trata de menores, explotación sexual o abusos sexuales, elaboraron 11 informes de evaluación psicológica dirigidos a los organismos encargados de hacer cumplir la ley y los tribunales, y prestaron asistencia psicológica antes y durante los procesos penales, realizando 72 intervenciones.

176.En junio de 2014 se puso en marcha una línea telefónica gratuita de ayuda a la infancia (la línea 116 111). El servicio está gestionado por el Ministerio de Trabajo y Protección Social y la organización no gubernamental CNFACEM se encarga de atender las llamadas de los afectados y de proporcionarles acceso directo y gratuito a asesoramiento psicológico y apoyo psicoemocional, así como de informarles sobre sus derechos y cómo ejercerlos. Durante el período que abarca el informe, los asesores se ocuparon de 7 casos: 6 casos de explotación laboral infantil y 1 caso de posible trata de menores, que fueron remitidos a las autoridades competentes en materia de protección de menores para su resolución.

177.El Organismo Nacional de Asistencia Social gestiona la actividad del Centro de asistencia y protección de las víctimas y posibles víctimas de la trata de personas de Chisinau.

178.Este Centro tiene una capacidad de 34 plazas: 24 para mujeres y madres con hijos y 10 para niños separados de sus padres.

179.En 2021, el Centro de Chisinau prestó asistencia y protección a 260 beneficiarios: 169 recibieron alojamiento (57 mujeres y 112 niños, de los que 63 eran niñas y 49 niños) y 91 accedieron a servicios de día (43 adultos, de los que 29 eran mujeres y 14 hombres, y 48 niños, de los que 27 eran niñas y 21 niños). De las 169 personas a las que se proporcionó alojamiento, 133 recibieron asistencia en el área de adultos, entre ellas:

10 mujeres víctimas de trata; 1 niña hija de una víctima de trata; 115 víctimas de violencia doméstica (24 mujeres y 71 niños, de los cuales 28 eran niñas y 43 niños); 7 inmigrantes en situación difícil (3 mujeres y 4 niños, de los cuales 2 eran niñas y 2 niños).

36 beneficiarios (32 niñas y 4 niños) recibieron asistencia en el área infantil, de los cuales: 11 niñas víctimas de trata; 23 niños víctimas de violencia doméstica (21 niñas y 2 niños) y 2 niños repatriados.

180.El Centro brinda a los beneficiarios, tanto adultos como niños, una amplia gama de servicios, que en 2021 se prestaron en el marco de dos programas, que comprendían servicios de día y alojamiento, a saber: i) asistencia en el momento de la llegada al país, a petición del Ministerio de Trabajo y Protección Social o de la OIM: 4 personas recibieron asistencia a su llegada; ii) alojamiento temporal: 169 beneficiarios (57 adultos, 112 niños); iii) asistencia social: 260 beneficiarios (100 adultos, 60 niños); iv) asistencia psicológica: 103 beneficiarios (53 adultos, entre ellos 51 mujeres y 2 hombres, y 53 niños, entre ellos 35 niñas y 18 niños); v) atención de la salud: 93 beneficiarios (43 mujeres y 50 niños, de los cuales 35 niñas y 15 niños); vi) asistencia jurídica: 17 beneficiarios (13 adultos, de los cuales 11 mujeres y 2 hombres, y 4 niños, de los cuales 3 niñas y 1 niño).

181.En febrero de 2021 entró en funcionamiento el Servicio de asistencia y protección a las víctimas y presuntas víctimas de la trata de personas. El Servicio fue establecido por la Agencia Nacional de Asistencia Social del Ministerio de Trabajo y Protección Social en colaboración con la misión de la OIM en la República de Moldova. Tiene capacidad para proporcionar alojamiento y asistencia a un máximo de 10 beneficiarios simultáneamente, hombres adultos víctimas y presuntas víctimas de la trata de personas y otros delitos conexos, durante un período de tiempo determinado para ayudarles a recuperarse y reintegrarse en la sociedad, reiniciar una vida activa, reunirse con sus familias y reanudar una vida independiente.

182.Las prestaciones del Servicio de asistencia y protección a las víctimas y presuntas víctimas de la trata de personas, que se adaptan a la situación y circunstancias individuales de los beneficiarios y se basan en las disposiciones legales aplicables y las normas de calidad, comprenden: alojamiento temporal en condiciones de seguridad; servicios de día; alimentos, ropa y artículos de higiene personal; asistencia psicológica, social y jurídica; atención de la salud; ayuda para adquirir conocimientos útiles para la vida, y derivación a servicios de readaptación profesional y empleo, entre otras prestaciones.

183.El Servicio de asistencia y protección a las víctimas y presuntas víctimas de la trata de personas asegura la colaboración con los servicios locales y territoriales centrales, incluidos los proveedores de servicios no gubernamentales, para llevar a cabo eficazmente las tareas y garantizar el acceso y la remisión de los beneficiarios a otros servicios, y facilita el proceso de (re)integración de los beneficiarios en la familia biológica (ampliada) y en la comunidad mediante una labor de cooperación y, en su caso, la derivación de los beneficiarios al final del período de acogida a los equipos multidisciplinares territoriales.

184.En 2021, 18 personas recibieron asistencia especializada en el marco de este Servicio (14 recibieron alojamiento y apoyo y 4 se beneficiaron de los servicios de día). De todas las personas que recibieron asistencia, 15 cooperaron con las autoridades policiales y participaron en procedimientos penales como partes agraviadas. Se restituyeron los documentos de identidad o de estado civil a 7 beneficiarios. Se prestó la asistencia necesaria para la obtención de prestaciones sociales a 2 beneficiarios. Asimismo, 16 hombres recibieron servicios psicológicos.

Artículo 11

1.Derecho a una mejora constante del nivel de vida

185.En virtud de la Decisión Gubernamental núm. 851/2005, se aprobó el sistema de seguimiento y evaluación de la pobreza en la República de Moldova. En aplicación de lo dispuesto en esta Decisión, la Oficina Nacional de Estadística recopila los datos necesarios para calcular los indicadores y umbrales de pobreza y realiza la encuesta sobre el presupuesto del hogar, que constituye la principal fuente de datos para el análisis de la pobreza.

186.En los últimos años, la República de Moldova ha avanzado considerablemente en la reducción de la pobreza (por lo que respecta a la asistencia social), tomando como referencia los umbrales internacionales y nacionales. Las transformaciones del sistema de protección social de la última década han arrojado resultados positivos en cuanto a la cobertura de los grupos vulnerables y la eficiencia de los costos.

187.El principal instrumento de lucha contra la pobreza, que actúa como red de seguridad social para las familias pobres (en la legislación nacional se emplea la expresión “familias desfavorecidas”) y que proporciona apoyo para salir de la pobreza, es el Programa de Ayuda Social. En 2008 se puso en marcha el programa de asistencia social Ajutor, que se diseñó como un programa basado en el método indirecto de evaluación a partir de los datos relativos a las transferencias de efectivo, en lugar de los datos relativos a las prestaciones por categorías. El programa se estableció con el fin de contrarrestar la fragmentación de los programas de protección social y la ineficacia de la inversión pública en este ámbito.

188.El Programa de Ayuda Social va dirigido a las familias desfavorecidas y tiene por objeto reducir la pobreza y promover la autosuficiencia. En el marco de este Programa se proporciona un ingreso mínimo mensual garantizado, es decir, una prestación mínima calculada y garantizada por el Estado a la familia (por una cuantía que actualmente es de 1.363 lei), siempre y cuando se cumplan los tres tipos de criterios establecidos para poder optar al ingreso. Además de una evaluación de los ingresos y la situación profesional de los miembros de la familia, también se establece una puntuación indicativa que permite evaluar la situación familiar. Para poder acogerse al programa, las familias deben cumplir los tres tipos de criterios. Las familias que pueden acogerse al programa también tienen derecho a una prestación para la temporada de frío, que es una cuantía fija (en el período comprendido entre el 1 de noviembre de 2021 y el 31 de marzo de 2022 fue de 700 lei al mes). El umbral de ingresos para poder percibir esta prestación es más elevado que el establecido para optar a la ayuda social, por lo que el número de familias que pueden recibir esta ayuda económica es mayor.

189.La prestación de ayuda social, a diferencia de la prestación para la temporada de frío, sirve para cubrir las necesidades básicas (alimentos, medicamentos, ropa y calzado, servicios y gastos de calefacción y escolarización, etc.) y no está sujeta a condiciones o restricciones.

190.Los datos estadísticos relativos a la aplicación de la Ley de Ayuda Social muestran además que la mayoría de los beneficiarios de ayudas sociales (76 %) son familias que viven en zonas rurales. En el cuadro 8 del anexo se presentan más datos detallados al respecto.

191.Otra forma de mejorar el nivel de vida es prevenir la corrupción, incluidos los sobornos. El Centro Nacional de Lucha contra la Corrupción imparte al menos dos veces al año formación continua a los funcionarios públicos para garantizar la integridad institucional. La formación versa, entre otras cuestiones, sobre la normativa que regula la cuestión de los regalos y obsequios, la protección de los denunciantes de irregularidades y la normativa que regula las influencias indebidas y el favoritismo. La formación no solo se centra en la integridad institucional, sino también en la evaluación de esta.

192.Los funcionarios del Centro Nacional de Lucha contra la Corrupción participaron en la organización de un curso de la plataforma de formación a distancia sobre anticorrupción e integridad, que incluye tres módulos temáticos: información general sobre la corrupción, lucha contra la corrupción e integridad, medidas para garantizar la integridad institucional, y verificación de la integridad y rendición de cuentas en caso de incumplimiento.

193.Hasta agosto de 2022, 1.457 funcionarios públicos se habían registrado en la plataforma y 980 de los participantes habían obtenido el certificado de formación correspondiente. En 2021, con el fin de prevenir casos de corrupción en las fuerzas policiales, el Centro Nacional de Lucha contra la Corrupción puso en marcha una campaña de información y sensibilización contra la corrupción titulada “¡Denuncia! ¡Tu actitud cuenta!”. Durante esta campaña, los funcionarios del Centro Nacional de Lucha contra la Corrupción impartieron formación a 1.302 policías a lo largo de 21 sesiones informativas, para un número equivalente de inspecciones territoriales de todo el país. En 2022 prosiguió la campaña, y se impartió formación a otros 1.050 policías a lo largo de 20 sesiones.

194.En noviembre de 2021 se lanzó la campaña de información titulada “Integridad: credibilidad en el sistema educativo”, que continuó en 2022, y estuvo dirigida a los trabajadores del sector educativo. Se impartió formación a 930 miembros del personal directivo y docente de las divisiones de educación de los diferentes distritos.

195.En 2022, por iniciativa de la División General de Asistencia Médica y Social del Ayuntamiento de Chisinau, se puso en marcha una campaña de información y formación para las divisiones territoriales de asistencia social del municipio de Chisinau, en la que participaron 120 funcionarios públicos, y se impartieron 16 cursos de formación para el personal de centros sanitarios de dicho municipio, en los que participaron 1.434 médicos.

196.En abril de 2022 se emprendieron dos campañas nacionales de información y sensibilización, tituladas:

“Integridad para unos servicios públicos de calidad”, que estuvo a cargo de la Agencia de Servicios Públicos e incluyó 40 cursos de formación para 1.027 funcionarios públicos.

“Lucha contra la corrupción en el sector forestal”, llevada a cabo por Moldsilva, organismo de la administración pública encargado de la política forestal y cinegética, y el Ministerio de Medio Ambiente, que incluyó 23 cursos de formación para 1.501 funcionarios públicos y 30 estudiantes sobre el terreno.

En mayo de 2022 se emprendieron otras tres campañas de información y sensibilización, tituladas:

“Integridad en el sistema de atención de la salud”, llevada a cabo por el Centro Nacional de Lucha contra la Corrupción en colaboración con el Ministerio de Salud y la Compañía Nacional de Seguro Médico. Se impartieron 19 actividades de formación a 1.196 profesionales sanitarios.

“No a la corrupción en los exámenes de bachillerato”, organizada por el Centro Nacional de Lucha contra la Corrupción junto con el Ministerio de Educación e Investigación y la Agencia Nacional de Planes de Estudio y Evaluación. Se impartieron siete actividades de formación a 450 personas, incluidos miembros del personal directivo y administrativo de los centros de bachillerato.

“Una lección de integridad en mi escuela y en mi universidad”, llevada a cabo por voluntarios del Centro Nacional de Lucha contra la Corrupción junto con formadores de la División de Educación contra la Corrupción de dicho Centro. Miembros de la División de Educación contra la Corrupción y voluntarios del Centro Nacional Anticorrupción impartieron conjuntamente 24 lecciones a 829 participantes en 17 instituciones educativas de todo el país.

197.En julio de 2022 se inició la campaña titulada “La integridad empieza en la infancia”, que comprendió siete sesiones de formación a las que asistieron unos 475 niños.

198.La ley permite que los miembros de organismos públicos, incluidos los jueces, reciban determinados tipos de obsequios, ofrecidos como muestra de cortesía o en el marco de formalidades protocolarias. El procedimiento de registro, evaluación, almacenamiento, uso y reembolso de los regalos u obsequios ofrecidos como muestra de cortesía o en el marco de formalidades protocolarias (regalos permitidos) y de los regalos u obsequios no permitidos ofrecidos a los funcionarios públicos se rige por el Reglamento sobre el régimen jurídico aplicable a los regalos y obsequios (Decisión Gubernamental núm. 116/2020).

199.La responsabilidad de examinar las denuncias de prácticas ilegales recae en la entidad empleadora, en el caso de las denuncias de prácticas ilegales internas, y en el Centro Nacional de Lucha contra la Corrupción, en el caso de las denuncias de prácticas ilegales externas. (Ley núm. 122/2018).

El Centro Nacional de Lucha contra la Corrupción, como autoridad responsable de examinar las denuncias de prácticas ilegales, deberá:

Promover la línea telefónica nacional de denuncia de irregularidades y velar por su buen funcionamiento.

Registrar las denuncias de prácticas ilegales recibidas por escrito, a través de un sistema electrónico de denuncias en línea, así como las recibidas a través de la línea telefónica nacional de denuncia de irregularidades, y velar por el cumplimiento de los requisitos establecidos.

Examinar las denuncias de actuaciones ilegales relacionadas con prácticas corruptas y notificar al interesado los resultados del examen en el plazo especificado.

Remitir, en el plazo de tres días laborables, a las entidades públicas correspondientes, las denuncias relativas a otro tipo de prácticas ilegales que constituyan una amenaza o un perjuicio para el interés público.

200.Desde 2019, el Centro Nacional de Lucha contra la Corrupción ha registrado y examinado 11 informes externos sobre prácticas ilegales. Se ha concedido el estatus de denunciante a siete personas, pero otras cuatro no lo solicitaron.

201.La integridad y la rendición de cuentas de los profesionales del sector de la justicia, así como la lucha contra la corrupción, han sido declaradas objetivo nacional. Como resultado de la aplicación de las medidas previstas en el primer documento de política general para el sector de la justicia, se han alcanzado los siguientes logros en la lucha contra la corrupción:

El establecimiento de nuevos mecanismos para prevenir la corrupción y garantizar la integridad en el sector de la justicia.

La revisión de los códigos éticos aplicables a los profesionales del sector de la justicia y la creación de mecanismos para investigar las faltas éticas y adoptar medidas al respecto.

La creación de nuevos mecanismos de selección, evaluación del desempeño y responsabilidad disciplinaria de los jueces; el fortalecimiento de la función y el estatuto de los inspectores judiciales.

La aplicación de reformas legislativas e institucionales para reforzar la capacidad administrativa del poder judicial, en particular el Consejo Superior de la Magistratura y sus órganos especializados.

La revisión de los procedimientos de ejecución de las resoluciones judiciales.

La revisión y refuerzo de las normas de organización y funcionamiento de los profesionales del sector de la justicia: notarios, abogados, agentes judiciales, peritos judiciales, mediadores, administradores autorizados y traductores e intérpretes, entre otros.

La reforma de la fiscalía y de sus órganos de gestión, la protección del estatuto de los fiscales y la creación y el refuerzo de las fiscalías especializadas, entre otras cosas.

202.En 2018 se estableció de jure un mecanismo eficaz para exigir responsabilidades a los jueces mediante la introducción de enmiendas a la ley que regula la responsabilidad disciplinaria de los miembros de la judicatura. Las enmiendas se centraron en la reforma del mecanismo de examen de las faltas disciplinarias, el fortalecimiento de la función del inspector judicial, la definición precisa de las conductas que pueden constituir faltas disciplinarias de los jueces, y la clarificación de los criterios de selección de los miembros suplentes del órgano disciplinario.

203.Asimismo, las enmiendas adoptadas en 2018 en el ámbito de la reforma del sistema judicial tuvieron por objeto aumentar la eficacia y la independencia del sector judicial, y se centraron en reforzar el papel del Consejo Superior de la Magistratura a fin de garantizar la promoción de un sistema transparente y basado en el mérito para la selección y la promoción profesional de los jueces, normalizar el procedimiento de acceso a la judicatura, asegurar la competitividad de los procedimientos de promoción y traslado de los jueces, limitar a un único mandato la pertenencia al Consejo Superior de la Magistratura, limitar el derecho de voto del Fiscal General, el Presidente del Tribunal Supremo de Justicia y el Ministro de Justicia en asuntos relacionados con la carrera de los jueces, y establecer un sistema eficaz de impugnación de las decisiones del Consejo Superior de la Magistratura.

204.Se han adoptado medidas de carácter legislativo y práctico a fin de garantizar el acceso a la justicia. Para ello, se ha reconfigurado el subsistema de información de expedientes judiciales electrónicos, que forma parte del Sistema Integrado de Gestión de Expedientes, lo que ha hecho posible la apertura y la gestión de expedientes mediante la presentación de solicitudes en línea a los tribunales, el acceso de las partes a los expedientes judiciales, la coordinación electrónica del calendario de audiencias judiciales por parte de quienes intervienen en los juicios, la presentación de pruebas y la distribución de materiales en formato electrónico y la introducción del mecanismo de citación electrónica. Se ha dotado a los tribunales de los medios necesarios para poder desarrollar la aplicación informática de expedientes judiciales. La informatización del proceso ha sido una de las medidas adoptadas para paliar los efectos de la reforma del sistema judicial, ya que las partes tienen que comparecer ante el juez solamente para el examen del caso.

205.Con arreglo a las enmiendas introducidas en 2018 en el Código de Procedimiento Civil, las causas civiles se han agilizado gracias a: la reducción de los trámites para impugnar las decisiones judiciales; la racionalización de los mecanismos para garantizar que los intervinientes en el procedimiento disfruten del derecho a la defensa y al carácter público del juicio; la mejor preparación del caso antes de la vista; la introducción de procedimientos simplificados y acelerados para determinados casos civiles, incluidas las disposiciones contra el abuso, las normas sobre el registro de pruebas y las objeciones en las actuaciones judiciales, y la mejora de los procedimientos de recurso.

206.Se promulgó la Ley núm. 165/2020 en virtud de la cual se ha modificado el Código Penal con el fin de ajustar las sanciones penales previstas para los delitos de corrupción, lo que ha supuesto el aumento de la pena de prisión para los delitos tipificados en los artículos relativos al blanqueo de capitales, el tráfico de influencias, y el ejercicio de funciones en el sector público en circunstancias de conflicto de intereses y de abuso de poder o autoridad.

207.Con el fin de mantener la continuidad de las reformas de la justicia, en 2021 se adoptó un nuevo documento normativo, la Estrategia para garantizar la integridad y la independencia del sector de la justicia 2022-2025. En dicho documento se expone un planteamiento estratégico y sistémico de los problemas existentes y se presentan herramientas para su puesta en práctica. La independencia, la rendición de cuentas y la integridad de los profesionales de la justicia son una de las tres líneas estratégicas de intervención que se plantean en este documento.

208.En virtud de las disposiciones de la Ley núm. 26/2022, se está llevando a cabo una evaluación de la integridad y el profesionalismo de los candidatos a miembros del Consejo Superior de la Magistratura y del Consejo Superior de Fiscales (procedimiento de verificación preliminar), tras la cual se realizará un procedimiento ampliado de verificación externa de todos los magistrados del sistema judicial actual. Para la puesta en marcha de todo este mecanismo se ha consultado a las organizaciones internacionales pertinentes.

209.En cuanto a las medidas para racionalizar el trabajo de los servicios de lucha contra la corrupción, el Ministerio de Justicia está ultimando un proyecto de ley para limitar las responsabilidades de la Fiscalía de Lucha contra la Corrupción a la investigación de casos de corrupción de alto nivel y reestructurar el Centro Nacional de Lucha contra la Corrupción. En términos generales, se propone que los casos de corrupción en pequeña escala sean examinados por las fiscalías territoriales, que se elabore una lista de los asuntos que son competencia del Centro Nacional de Lucha contra la Corrupción o del Fiscal Anticorrupción, y que se establezcan umbrales elevados para que solo los delitos que puedan encuadrarse en el concepto de corrupción en gran escala sigan siendo competencia de la Fiscalía de Lucha contra la Corrupción.

2.Medidas para garantizar el acceso a los servicios de abastecimiento de agua y saneamiento

210.El Gobierno apoya y pone en práctica las recomendaciones formuladas por los órganos pertinentes de las Naciones Unidas para mejorar el acceso de la población a servicios de abastecimiento de agua potable y saneamiento gestionados de forma segura. Se está aplicando el Programa Nacional para la implementación del Protocolo sobre Agua y Salud 2016-2025, en el que se establecen los objetivos nacionales al respecto y las actuaciones previstas para alcanzarlos. Según datos oficiales, en 2021, el 70 % de la población general, desglosada en un 98 % de población urbana y un 48 % de población rural, tenía acceso a un sistema de abastecimiento de agua gestionado de forma segura, lo que supone un aumento del 1,5 % con respecto a 2020. Los registros muestran que el 88 % de los centros preescolares y escolares tienen acceso a un sistema de abastecimiento de agua gestionado de forma segura. Según la Oficina Nacional de Estadística, en 2020, el número de asentamientos con acceso a sistemas de abastecimiento de agua aumentó en 58 en comparación con 2017. Alrededor del 82 % de los asentamientos están conectados a sistemas de abastecimiento de agua, mientras que el 18 % de los asentamientos rurales no tiene acceso a esos sistemas.

211.A fin de asegurar que los grupos vulnerables y marginados tengan un acceso equitativo al abastecimiento de agua y al saneamiento se procedió a analizar el marco normativo e institucional para identificar los obstáculos a ese acceso y establecer los mecanismos financieros necesarios. Se constató que los principales factores que condicionan el acceso al abastecimiento de agua y al saneamiento en Moldova son el lugar de residencia y el nivel de ingresos de los hogares. Los datos muestran que los hogares rurales y más pobres tienen un acceso al abastecimiento de agua y al saneamiento dos veces menor que los hogares urbanos y con ingresos elevados. Los datos también demuestran que, mientras que las desigualdades en el acceso al abastecimiento de agua están disminuyendo, las desigualdades en materia de saneamiento son más pronunciadas, debido principalmente a la reducción de las inversiones en las zonas rurales.

212.El Gobierno emprendió acciones prioritarias en materia de protección del medio ambiente en el marco del Programa de Actividades 2021-2022, uno de cuyos objetivos fundamentales comportaba un indicador de resultado definido como “la planificación y el diseño de infraestructuras de gestión integrada de residuos sólidos domésticos”. En relación con este indicador, el Ministerio de Medio Ambiente ha intensificado los esfuerzos para aplicar la Ley núm. 89/2020 sobre la ratificación del acuerdo de financiación con el Banco Europeo de Inversiones a través del proyecto “Residuos sólidos en la República de Moldova”, con un primer desembolso dentro del tramo de 25 millones de euros del programa de préstamos dotado de 100 millones de euros, destinado a financiar el desarrollo de infraestructuras en las denominadas regiones de gestión de residuos, que son el elemento principal del sistema integrado de gestión de residuos.

213.Asimismo, se está aplicando la Estrategia de Gestión de Residuos 2013-2027, cuyo objetivo es orientar las actividades de desarrollo de infraestructuras y servicios para una gestión adecuada de los residuos con el fin de proteger el medio ambiente y la salud de las personas y priorizar las actuaciones de acuerdo con la jerarquía de gestión de residuos de la Unión Europea (reducir, reutilizar, reciclar, recuperar, eliminar). También se utilizan herramientas de evaluación del ciclo de vida para complementar las normas generales y adaptar con mayor precisión las soluciones de gestión de residuos que resulten más eficaces.

214.Se elaboró y sometió a consulta pública un documento de política pública, el denominado Programa Nacional de Gestión de Residuos para 2022-2027. Este Programa permitirá armonizar los documentos de política medioambiental, que contribuyen indirectamente al desarrollo del sector, especialmente mediante el uso de fuentes de energía renovables y la ecologización de las pequeñas y medianas empresas (producción más limpia y consumo sostenible), entre otras cosas a través de la contratación pública sostenible.

215.Cabe destacar la normativa sobre la eliminación progresiva de productos y artículos de plástico (bolsas de plástico, excepto las biodegradables), que entró en vigor el 1 de enero de 2021, y que prohíbe la venta y el uso de platos, vasos, otros artículos de vajilla y palillos desechables de plástico, con excepción de los biodegradables.

216.Entre las novedades en materia de política de gestión de residuos figura la creación, en el Ministerio de Medio Ambiente, del Servicio de Política de Economía Circular e Instrumentos Económicos, que permitirá trabajar más eficazmente con las empresas a través de una plataforma de diálogo establecida en el propio Ministerio. El eje de acción prioritario de este Servicio es el desarrollo de políticas sobre economía circular, economía verde, instrumentos económicos medioambientales, tasas e impuestos medioambientales, y responsabilidad ampliada del productor.

217.Con el fin de aplicar las obligaciones en materia de responsabilidad ampliada del productor, así como los reglamentos y sistemas de supervisión relativos al nivel de consecución de los objetivos de recogida de residuos, se aprobó el Reglamento sobre la gestión de pilas y acumuladores y la gestión ambiental de sus residuos.

Artículo 12

1.Los Estados partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental

218.El derecho a la salud, enunciado en la Constitución, se hace efectivo mediante la cobertura de los servicios sanitarios para toda la población y la eliminación de las desigualdades en materia de salud, objetivos contemplados en la Estrategia Nacional de Desarrollo “Moldova 2030” y en el proyecto de Estrategia Nacional de Salud 2031, en consonancia con la Agenda 2030 de las Naciones Unidas.

219.El Fondo del Seguro Médico Obligatorio estableció un instrumento financiero destinado a facilitar la consecución de la cobertura universal mediante el aumento de la financiación del sistema de salud, la mejora del acceso a los servicios de atención de la salud, la reducción de los pagos por cuenta del paciente y el uso eficiente de los fondos del sistema de salud.

220.De acuerdo con el principio de obligatoriedad, toda la población está afiliada al seguro médico obligatorio del Fondo del Seguro Médico Obligatorio. La proporción de personas aseguradas respecto del total de la población ha ido en aumento desde la creación del Fondo en 2004, pasando del 67 % al 88 % en 2020 (figura 1 del anexo). Alrededor del 12 % de la población de la República de Moldova no está cubierta por el seguro médico obligatorio.

221.La mayoría de los asegurados son funcionarios (63,3 % de la población); los asalariados representan el 34,2 %. Solo hay un 2,5 % de asegurados a título individual (63.000 contribuyentes).

222.En 2020, el Gobierno proporcionó seguro médico a 14 categorías de personas no empleadas mediante transferencias del presupuesto estatal al Fondo del Seguro Médico Obligatorio, cuatro categorías más que en 2004, cuando se creó el Fondo.

223.El Fondo del Seguro Médico Obligatorio no cubre a los empleados de los organismos de defensa y orden público (Ministerio de Defensa, Ministerio del Interior y Servicio de Inteligencia y Seguridad). Estos trabajadores disponen de los servicios sanitarios que prestan los centros de salud institucionales, financiados principalmente con cargo a los presupuestos del Estado.

224.En virtud del Programa Único del Fondo del Seguro Médico Obligatorio, los servicios de atención de la salud primaria y de urgencia se prestan a toda la población con independencia de que el interesado sea o no titular de una póliza de seguro médico, lo que garantiza la cobertura universal de la población con este tipo de servicios sanitarios.

225.En caso de enfermedades que tienen un impacto social, como la tuberculosis, el VIH/sida y las enfermedades oncológicas, psiquiátricas e infecciosas, los pacientes reciben atención sanitaria cubierta por el Fondo, incluida atención especializada ambulatoria y hospitalaria.

226.Del mismo modo, el tratamiento de la drogodependencia está cubierto por el Fondo del Seguro Médico Obligatorio, independientemente de si la persona está asegurada o no. Según los datos disponibles, cada año unas 550 personas drogodependientes reciben tratamiento en régimen hospitalario y unas 4.700 reciben tratamiento de apoyo y contra la adicción en régimen ambulatorio. El Dispensario Nacional de Estupefacientes ofrece asesoramiento y atención médica hospitalaria en la unidad de hospitalización diurna a unas 400 personas y atención médica y social ambulatoria a unos 240 drogodependientes tras la desintoxicación. En los últimos 5 años no se ha registrado ningún caso de sobredosis ni de muerte por consumo de sustancias adulteradas. En 2021, se registraron 87 muertes de personas drogodependientes a causa de enfermedades concomitantes no contagiosas.

227.Se llevan a cabo proyectos de reducción de daños, entre los que se incluye el tratamiento de sustitución, para las poblaciones afectadas. Con arreglo a los protocolos nacionales, se realizan pruebas de detección y control del VIH/sida, las hepatitis víricas B yC, la tuberculosis y las enfermedades de transmisión sexual (sífilis) entre los consumidores de drogas inyectables. Las organizaciones no gubernamentales desempeñan un importante papel en la aplicación de medidas de reducción de daños, ya que proporcionan jeringuillas, toallitas desinfectantes, preservativos, profilaxis anterior a la exposición contra el VIH ypruebas delVIH, y cuentan con una amplia red en todo el país (véase https://positivepeople.md/programe-de-reducere-a-riscurilor-in- moldova/).

228.El Fondo del Seguro Médico Obligatorio garantiza el acceso de la población a los medicamentos, por lo que ha aumentado el número de medicamentos disponibles y el espectro de patologías tratadas. La prescripción de medicamentos subvencionados se aplica no solo a los pacientes ambulatorios que reciben tratamiento a largo plazo, sino también a los que reciben tratamiento episódico en centros de día, clínicas de fisioterapia o a domicilio. En la Lista de Medicamentos Subvencionados figuran 163 denominaciones comunes internacionales, que corresponden a 768 marcas comerciales y se utilizan para tratar 18 enfermedades.

229.En el ámbito de la atención primaria, se ha creado una red de 41 centros de salud orientados a los jóvenes para atender los problemas de salud de adolescentes y jóvenes. Estos centros de salud ofrecen servicios de atención sanitaria y asesoramiento sobre enfermedades de transmisión sexual y VIH, embarazos no deseados, problemas de salud mental, violencia, traumas y estigma, discriminación, etc. Para garantizar el acceso de las mujeres y niñas con discapacidad a los servicios de salud reproductiva, 30 centros para jóvenes de todo el país han sido equipados con sillas ginecológicas adaptadas para niñas y mujeres con discapacidad.

230.En el contexto de la pandemia de COVID-19, se movilizaron recursos nacionales y recursos aportados por los asociados para el desarrollo, lo que permitió asegurar la aplicación de las medidas de respuesta a la pandemia y el acceso de la población a la atención sanitaria durante la emergencia de salud pública. Se han establecido normas claras para la prestación continuada de servicios sanitarios en caso de afecciones específicas, como enfermedades oncológicas e insuficiencia renal, así como en caso de parto, sobre todo cuando no es posible aplazar la atención médica ni prestarla a distancia. El personal médico recibió formación en línea sobre todas las cuestiones que incumben a sus esferas de competencia.

231.Con el fin de dotar al sistema sanitario de personal médico suficiente, se elaboró y aprobó la Estrategia de Desarrollo de los Recursos Humanos en el Sistema Sanitario 2016‑2025, y se adoptaron medidas para animar a los jóvenes profesionales a trabajar en los servicios rurales de atención de la salud. En 2020 la prima única para médicos y farmacéuticos se incrementó hasta los 120.000 lei y para el personal sanitario y farmacéutico con educación secundaria, hasta los 96.000 lei.

232.Se aprobó el Reglamento que rige la organización de los estudios de los facultativos internos residentes, en virtud del cual los médicos y farmacéuticos residentes admitidos en estudios de posgrado financiados por el Estado deben trabajar en la institución contratante durante un mínimo de tres años tras su graduación. Según los datos de la Agencia Nacional de Salud Pública, en 2020 los centros sanitarios del país contaban con 12.394 médicos (véase el cuadro 7 del anexo), 141 menos que en 2019. El número de médicos por cada 10.000 habitantes se situó en 35 médicos, 0,3 médicos menos que en 2019, un porcentaje comparable a la media de los países de la OCDE, que es de 34 médicos por cada 10.000 habitantes (2020).

233.En cuanto al acceso a la atención de la salud de los grupos vulnerables, la Constitución garantiza a todos los ciudadanos una atención sanitaria mínima y gratuita. El Estado garantiza el derecho de todos los ciudadanos a los servicios sanitarios de acuerdo con sus necesidades, a través del Sistema de Seguro Médico Obligatorio, cuyo Programa Único comprende la prestación de atención primaria de salud, atención prehospitalaria de emergencia y atención hospitalaria, dentro de los límites y la cuantía aprobados. La población del país tiene derecho al seguro médico, independientemente de su nacionalidad, raza, sexo, extracción social y religión.

234.Las personas mayores disponen de servicios sanitarios específicos en atención primaria y ambulatoria y en hospitales (en salas geriátricas), con cuidados de larga duración centrados en servicios específicos para el tratamiento a largo plazo de enfermedades crónicas y rehabilitación (fisioterapia y medicina física). Los servicios de atención sanitaria a domicilio, incluidos los cuidados paliativos, son prestados por los equipos de médicos de familia.

235.En cuanto al derecho de los extranjeros a los servicios de atención de la salud, las personas empleadas en virtud de un contrato de trabajo individual, así como los ciudadanos extranjeros y los apátridas residentes en la República de Moldova, tienen los mismos derechos y obligaciones en materia de acceso a los servicios de salud que los ciudadanos moldavos. Se puede acceder a los servicios de atención de la salud a través del Sistema de Seguro Médico Obligatorio, lo que requiere la posesión o contratación de una póliza de seguro médico obligatorio. El asegurado está exento de abonar el coste de los servicios sanitarios establecidos en el Programa Único del Sistema de Seguro Médico Obligatorio.

236.Los programas nacionales en los ámbitos prioritarios de la salud pública se financian con cargo a los presupuestos del Estado y al Fondo del Seguro Médico Obligatorio. Los ámbitos prioritarios abarcan el control de las enfermedades no transmisibles (diabetes, enfermedades cardiovasculares, salud mental, etc.), el control de las enfermedades transmisibles (por ejemplo, control y prevención de la tuberculosis, VIH/sida, hepatitis víricas B, C y D, etc.) y el programa de vacunación, dirigido tanto a los asegurados como a los no asegurados.

237.Durante 2016-2020, tras la implantación del programa de cribado del cáncer de cuello de útero, se lograron avances en la prevención de este tipo de cáncer. Para ello se reforzó la capacidad de los profesionales sanitarios, se desarrollaron protocolos clínicos acordes con las normas internacionales y se equipó a los laboratorios con el instrumental necesario. Gracias a esos avances, se ha reducido la tasa de mortalidad por cáncer de cuello de útero. Al mismo tiempo, la tasa de cribado del cáncer de cuello de útero sigue siendo baja en comparación con otros países europeos, y una de las razones es el escaso nivel de información sobre esa prueba que tienen las mujeres: solo el 24 % de las mujeres de entre 25 y 61 años conoce los servicios existentes y solo el 47 % sabe que se prestan de forma gratuita.

238.Se han realizado avances en materia de servicios voluntarios de planificación familiar basados en los derechos. El Gobierno ha iniciado un programa de adquisición y distribución de métodos modernos de anticoncepción para los grupos de población vulnerables. Como parte del Programa Nacional de Salud y Derechos Sexuales y Reproductivos 2018-2022, los métodos anticonceptivos para la población vulnerable se adquieren anualmente con cargo al presupuesto estatal y se distribuyen a los centros de atención primaria de salud municipales y de distrito. Los anticonceptivos también están disponibles en los centros de salud para jóvenes. Se ha establecido un marco normativo que regula el funcionamiento del mecanismo de suministro de anticonceptivos, se ha impartido formación al personal de los centros de atención primaria y se ha creado un entorno propicio para la capacitación constante de los proveedores de atención de la salud en materia de planificación familiar.

239.La lista de grupos de población que pueden recibir anticonceptivos se ha ampliado a 12 categorías, se ha garantizado la disponibilidad de al menos cinco métodos anticonceptivos en los centros de atención primaria y se han establecido disposiciones para regular el mecanismo de distribución de métodos anticonceptivos a los grupos vulnerables, también en el contexto de emergencias de salud pública. Se han aprobado 19 protocolos nacionales normalizados sobre métodos anticonceptivos para médicos de familia y ginecólogos, que incluyen disposiciones sobre asesoramiento en materia de métodos anticonceptivos para jóvenes, personas con discapacidad y personas que viven con el VIH.

240.Con el fin de sensibilizar a la población en general sobre la importancia de la planificación familiar y los métodos anticonceptivos, e informar sobre cómo acceder a los servicios de planificación familiar en el contexto de las emergencias de salud pública, se llevaron a cabo varias actividades de información y comunicación a través de plataformas de medios sociales (véase a ese respecto: www.suntparinte.md, www.gyneco.md).

241.Según los registros oficiales, solo el 31,6 % de las mujeres de la República de Moldova utilizan métodos anticonceptivos modernos, frente al 52 % de mujeres de los países de Europa del Este. Las tasas más bajas de uso de anticonceptivos se encuentran entre la población rural, las personas que viven en el norte del país, las personas con bajos niveles de educación y las que se encuentran en el quintil más pobre.

242.Los datos oficiales también muestran que la tasa de natalidad entre las adolescentes ha disminuido en los últimos años, pero sigue siendo tres veces superior a la media europea, con 26,19 nacimientos por cada 1.000 adolescentes de entre 15 y 19 años. La mayoría de los partos de madres adolescentes se producen en zonas rurales.

243.En cuanto al control del VIH/sida y la tuberculosis, cabe destacar la adopción del Programa Nacional de Prevención y Control del VIH/Sida y las Infecciones de Transmisión Sexual para 2016-2020 y del Programa Nacional de Control de la Tuberculosis para 2016‑2020. En estos dos programas nacionales se han fijado objetivos ambiciosos para alcanzar la meta 3.3 de los ODS, relativa a la reducción del VIH, la tuberculosis y la hepatitis. El objetivo 90-90-90 sobre diagnóstico, tratamiento y garantía de calidad del tratamiento del VIH, establecido en la Declaración Política sobre el VIH y el sida, de las Naciones Unidas (que debía alcanzarse para 2020), se ha integrado de forma adecuada en el Programa Nacional sobre el VIH (que debía realizarse para 2020).

244.En febrero de 2020, la República de Moldova se sumó a la Alianza Mundial para erradicar todas las formas de estigma y discriminación relacionadas con el VIH, establecida por el ONUSIDA, ONU Mujeres, el PNUD y la Red mundial de personas que viven con el VIH, lo que pone de manifiesto su compromiso con el respeto, la protección y el pleno ejercicio de los derechos de todas las personas, tal y como se recoge en la Agenda 2030 de las Naciones Unidas, en la Declaración Política de la Asamblea General de las Naciones Unidas de 2016 para poner fin al sida y en la legislación nacional.

245.Se han logrado avances significativos en la reducción de todas las formas de estigma y discriminación relacionadas con el VIH. Estos avances están relacionados con la aplicación de la Ley de Garantía de la Igualdad, destinada a prevenir y combatir la discriminación y asegurar la igualdad de todas las personas en todos los ámbitos de la vida, sin diferencias por motivos de raza, color, nacionalidad, origen étnico, idioma, religión, sexo, edad, discapacidad, opinión e ideas políticas o de otro tipo. Se ha establecido un mecanismo claro para la aplicación de la ley por conducto del Consejo para la Igualdad. La Ley de Prevención del VIH/Sida modificada en 2012 establece disposiciones que prohíben la discriminación, salvaguardan la privacidad y la confidencialidad y eliminan las barreras de viaje e inmigración para las personas que viven con el VIH/sida. Además, incluye disposiciones específicas sobre la mujer, la infección por el VIH y el género, destinadas a reforzar la respuesta al VIH. Se ha avanzado en la armonización del marco normativo nacional en materia de salud con las normas internacionales de derechos humanos.

246.Sin embargo, todo parece indicar que las personas infectadas y afectadas por el VIH en la República de Moldova siguen siendo uno de los grupos más estigmatizados y se enfrentan a dificultades para acceder a toda la gama de servicios públicos existentes y poder disfrutar de una vida de calidad.

247.Para remediar esta situación, el Gobierno ha forjado una sólida alianza nacional en el marco del Consejo Nacional de Coordinación de los programas de prevención y control del VIH/sida, las enfermedades de transmisión sexual y la tuberculosis, en la que participa un grupo diverso de profesionales y partes interesadas. En 2020 se abordaron las cuestiones del estigma y la discriminación en entornos sanitarios, en el lugar de trabajo y en la familia (comunidades, familias, individuos) tras haber sido integradas de forma holística y sistemática en la Hoja de ruta nacional para la lucha contra la estigmatización. En ese documento también se abordaban cuestiones relacionadas con la penalización de la transmisión del VIH.

248.Con el fin de erradicar toda discriminación relacionada con el VIH, se recurrió a las subvenciones del Fondo Mundial de Lucha contra el Sida, la Tuberculosis y la Malaria, con las que se financiaron actividades para alcanzar los objetivos durante el período 2021-2023, y también se contó con el apoyo continuado de las Naciones Unidas, en particular en el marco de la acción conjunta de las Naciones Unidas para el fortalecimiento de los derechos humanos en ambas orillas del río Dniéster (hasta 2023).

249.Se garantiza el acceso universal al tratamiento antirretroviral de acuerdo con los protocolos clínicos nacionales, que se ajustan a los requisitos establecidos por la OMS. No hay listas de espera para al tratamiento antirretroviral, por lo que todas las personas diagnosticadas de VIH tienen acceso a este tratamiento, independientemente de que dispongan de seguro médico y documento de identidad, tengan la ciudadanía moldava o cumplan cualesquiera otros criterios, lo cual permite limitar la propagación del VIH inmediatamente después del diagnóstico y el inicio del tratamiento. Se asegura la identificación y el diagnóstico precoz de la infección por VIH mediante el acceso universal a las pruebas del VIH que realizan los centros de atención de la salud y las ONG.

250.Todos los años se realizan campañas de información sobre la infección por el VIH, por ejemplo, durante el Día Mundial del Sida, el Día Internacional de la Lucha contra el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas y la Vigilia Internacional en Memoria de las Víctimas del Sida, así como campañas contra la violencia sexual.

251.Fortalecer el sistema de vigilancia nutricional del país y elaborar y aplicar políticas nacionales para el control de las enfermedades no transmisibles son una prioridad nacional que está en consonancia con los compromisos contraídos en virtud de la Agenda 2030. En 2016 se modificaron y complementaron la Ley de Alimentos, la Ley de Publicidad y el Código de Contravenciones con objeto de restringir la publicidad de productos alimenticios insalubres y prohibir la participación de niños en su publicidad.

252.Con objeto de armonizar la legislación nacional con la legislación y la normativa de la Comunidad Europea sobre alimentos sanos, se ha elaborado y aprobado una amplia gama de Decisiones Gubernamentales, que se enumeran en el cuadro 10 del anexo.

253.Se armonizó la legislación nacional con las disposiciones del Código Internacional de Comercialización de Sucedáneos de la Leche Materna y se impartió formación a 25 evaluadores para que realizaran un estudio de seguimiento del cumplimiento de dicho Código. En 2020, se elaboró material informativo sobre recomendaciones de lactancia materna durante la pandemia de COVID-19. Se proporciona información sobre la importancia de la lactancia materna a través de diversos medios de difusión, impresos y en línea, entre otros. Es necesario redoblar los esfuerzos para evitar que siga disminuyendo la proporción de niños que reciben lactancia materna (véanse los datos al respecto en el cuadro 11 del anexo).

254.Se han formulado, y se están aplicando, directrices sobre la nutrición de los niños y los alumnos en los centros de enseñanza general, con el fin de mejorar el estado nutricional de todos esos niños y prevenir las intoxicaciones alimentarias, las enfermedades diarreicas y las enfermedades no transmisibles. Se llevaron a cabo actividades de sensibilización dirigidas a los productores locales para que revisaran la composición de los productos, redujeran el contenido de sal, azúcar y grasas saturadas, y eliminaran las grasas trans.

255.Se elaboraron protocolos para dar aplicación al conjunto de intervenciones esenciales de la OMS contra las enfermedades no transmisibles, que iban dirigidos a los médicos de familia con el objetivo de valorar el riesgo de enfermedad en relación con las enfermedades no transmisibles prioritarias y evaluar los factores determinantes mediante intervenciones breves, como la dieta y la nutrición, la promoción de la salud, la alimentación sana y la actividad física.

256.Las mujeres embarazadas y los niños reciben anualmente y de forma gratuita suplementos de hierro y ácido fólico sufragados por el Fondo del Seguro Médico Obligatorio para el tratamiento y la prevención de la anemia ferropénica.

257.Con el fin de promover hábitos alimentarios saludables, en 2019-2020 se elaboraron y pusieron en marcha sendas campañas de comunicación con los lemas “Reduce la sal de los alimentos” (2019) y “Elige lo que comes” (2020). En los canales de televisión se emiten diariamente mensajes informativos en los que se recomienda reducir la ingesta de sal, azúcar y grasas y hacer ejercicio diario durante al menos 30 minutos.

2.Entre las medidas que deberán adoptar los Estados partes en el Pacto a fin de asegurar la plena efectividad de este derecho, figurarán las necesarias para

a)La reducción de la mortalidad de niños menores de 5 años y el desarrollo saludable del niño

258.De acuerdo con la legislación nacional, todos los gastos relacionados con la atención sanitaria materno-infantil en todos los niveles del sistema de salud están cubiertos por el Estado. Todos los niños, las mujeres embarazadas, las parturientas y los recién nacidos están cubiertos por el sistema de seguro médico obligatorio y pueden acceder a todas las prestaciones sanitarias previstas en el Programa Único del Sistema de Seguro Médico Obligatorio.

259.En el caso de tratamientos ambulatorios de niños y mujeres, el acceso a los medicamentos está subvencionado por el Fondo del Seguro Médico Obligatorio. Los medicamentos para el tratamiento ambulatorio de las mujeres embarazadas y los niños están totalmente subvencionados.

260.En el contexto de la aplicación del Programa nacional de prevención y reducción de la mortalidad y morbilidad infantil por malformaciones congénitas y patologías hereditarias para 2013-2017, se han aprobado nuevas normas que regulan el seguimiento ambulatorio de las mujeres embarazadas y que establecen plazos para la realización de ecografías a las embarazadas y prevén la realización de pruebas adicionales, como las pruebas de detección doble y triple.

261.Se han aprobado nuevas versiones del Reglamento sobre el mecanismo de colaboración intersectorial en los ámbitos médico y social para la prevención y la reducción de la mortalidad maternoinfantil y de niños menores de 5 años en el hogar, y del Reglamento marco sobre la organización y el funcionamiento de los servicios de intervención temprana y las normas mínimas de calidad. En el cuadro 12 del anexo se enumeran las medidas adoptadas en materia de profilaxis primaria, secundaria y de diagnóstico de malformaciones congénitas y patologías hereditarias en la población.

262.Se ha elaborado y aprobado el mecanismo de cooperación intersectorial para la prevención primaria de riesgos que afectan al bienestar infantil, aplicado a nivel comunitario por empleados de centros de atención primaria y docentes de guarderías y escuelas, y centrado en mantener o aumentar el bienestar infantil mediante intervenciones rápidas y tempranas cuando se detecten casos que susciten preocupación.

263.Gracias a las medidas adoptadas por el Gobierno, en el período 2016-2020 se redujeron las tasas de mortalidad infantil y de mortinatalidad: la mortalidad infantil pasó de 352 casos (9,4 casos por cada 1.000 nacidos vivos) en 2016 a 271 casos (8,8 casos por cada 1.000 nacidos vivos) en 2020, y la mortinatalidad pasó de 244 casos (6,5 casos por cada 1.000 nacidos vivos) en 2016 a 214 casos (6,9 casos por cada 1.000 nacidos vivos) en 2020.

b)El mejoramiento en todos sus aspectos de la higiene del trabajo y del medio ambiente

264.Se elaboraron y aprobaron varias normativas para garantizar un mayor nivel de protección de la salud. Se aprobó el Reglamento sanitario para garantizar la protección y la seguridad radiológica en las pruebas de medicina nuclear, destinado a garantizar la seguridad y la protección de los pacientes contra las radiaciones, prevenir la exposición de los trabajadores de ciertos sectores y de la población en general a las radiaciones ionizantes y evitar la contaminación del medio ambiente cuando se realizan investigaciones con radiofármacos.

265.Para prevenir las intoxicaciones químicas agudas, se ha elaborado y aprobado la Guía práctica sobre la metodología para la organización de actividades de comunicación e información sobre la prevención de la intoxicación exógena aguda por sustancias químicas.

266.Se ha elaborado y aprobado el Reglamento sobre la vigilancia de la salud de las personas expuestas a riesgos laborales, que establece los requisitos para el control de la salud de las personas que están expuestas a factores de riesgo (químico, físico-químico, biológico y de otro tipo) en el lugar de trabajo.

267.Se ha elaborado y aprobado el Reglamento sobre la protección de la salud de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes carcinógenos o mutágenos en el lugar de trabajo. Se han aprobado las disposiciones mínimas por las que se establecen las normas de seguridad y salud para la utilización de equipos de protección personal en el trabajo, que estipulan que el trabajador debe ir provisto de un equipo de protección que le proteja de uno o varios peligros para su salud y seguridad en el trabajo, así como de cualquier equipo adicional o accesorio diseñado para este fin.

268.Se ha aprobado la Ley de Calidad del Agua Potable, que establece la normativa relativa a la calidad del agua potable, así como las medidas que deben adoptar las autoridades responsables de garantizar el mantenimiento a largo plazo de la calidad del agua potable mediante la creación de un marco jurídico flexible y transparente y el fomento de una gestión adecuada de los riesgos.

c)La prevención y el tratamiento de las enfermedades epidémicas, endémicas, profesionales y de otra índole, y la lucha contra ellas

269.La República de Moldova tiene que hacer frente a numerosas contingencias epidemiológicas causadas tanto por enfermedades transmisibles como no transmisibles. La epidemia de COVID-19 puso de manifiesto la gran carga que supone la morbilidad para el desarrollo socioeconómico y el sistema sanitario.

270.Las enfermedades transmisibles, como la tuberculosis y el VIH, siguen siendo un problema. Mediante la aplicación de los programas nacionales de prevención y control de la tuberculosis, el VIH/sida y las infecciones de transmisión sexual, así como del Programa Nacional de Inmunización para 2016-2020, las autoridades han tomado medidas para garantizar el control de las enfermedades infecciosas con mayor impacto en la salud pública y el acceso a tratamientos especializados, así como para aumentar la preparación y la capacidad de respuesta ante emergencias de salud pública.

271.La aplicación del Programa Nacional de Inmunización proporciona una respuesta coordinada, multisectorial e interdisciplinaria a escala nacional y local ante la amenaza de brotes de enfermedades prevenibles mediante vacunación, y garantiza el acceso universal a los servicios de prevención de enfermedades y a medidas epidemiológicas y económicamente eficaces. Gracias a la labor realizada en el marco del sistema sanitario, se han erradicado algunas enfermedades transmisibles graves (viruela, poliomielitis, difteria, etc.), se han prevenido brotes de enfermedades infecciosas y se ha reducido su incidencia a casos esporádicos (hepatitis vírica B, sarampión, paperas), se han evitado muertes y discapacidad y se ha reducido el impacto socioeconómico de esas enfermedades.

272.En la República de Moldova no se han registrado casos de poliomielitis, causada por virus salvajes o derivados de la vacuna, tétanos y tétanos neonatal, difteria, sarampión, rubéola, rubéola congénita, formas invasivas de infección por hemophilus influenzae (Hib) y neumococos. En 2021 solo se registraron 11 casos de hepatitis B aguda en niños. Se ha producido un descenso significativo de la morbilidad por rotavirus, que ha pasado de 396 casos en 2017 a 214 en 2019 y 126 en 2020.

273.Para prevenir y controlar la propagación del SARS-CoV-2, el Comité Extraordinario de Salud Pública aprobó el Plan de Preparación y Respuesta al Nuevo Coronavirus (COVID‑19), que estableció medidas integrales para limitar la transmisión y mitigar el impacto social y económico, como se indica en el cuadro 13 del anexo.

274.La pandemia de COVID-19 planteó un reto sin precedentes a los poderes públicos, los empleadores y los trabajadores, y puso de manifiesto la importancia y la necesidad de mejorar los sistemas de seguridad y salud en el trabajo, especialmente los servicios de salud en el trabajo, tanto a escala nacional como de las empresas. En 2021, la República de Moldova ratificó el Convenio sobre los servicios de salud en el trabajo, 1985 (núm. 161) de la Organización Internacional del Trabajo mediante la Ley núm. 18/2021.

d)La creación de condiciones que aseguren a todos el acceso a servicios de salud y atención médica en caso de enfermedad

275.En caso de enfermedad, los ciudadanos tienen derecho, en virtud de la legislación nacional, a la atención de la salud. La Ley del Seguro Médico Obligatorio estipula que los servicios de atención de la salud primaria y de urgencia se prestan a todos los ciudadanos, independientemente de que estén asegurados o no, es decir, de que sean o no titulares de una póliza de seguro médico. Los servicios sanitarios de atención domiciliaria son prestados por los médicos de familia y los auxiliares médicos. La asistencia especializada ambulatoria y hospitalaria se presta a los asegurados cubiertos por el sistema de seguro médico obligatorio, salvo en el caso de determinadas enfermedades con un gran impacto social, en relación con las cuales se presta asistencia a todos los niveles.

276.Durante el período de enfermedad, los afiliados al régimen público de la seguridad social y los desempleados con derecho a subsidio de desempleo reciben un certificado de baja por enfermedad y perciben un subsidio de incapacidad temporal.

277.De conformidad con la Directiva sobre el procedimiento de expedición de certificados de baja por enfermedad, se expedirá un certificado de baja por enfermedad en los siguientes casos: 1) incapacidad laboral temporal causada por enfermedad común o accidente no relacionado con el trabajo; 2) prevención de una enfermedad (cuarentena); 3) restablecimiento de la capacidad laboral; 4) maternidad, y 5) cuidado de un niño enfermo. En caso de tratamiento ambulatorio, el certificado es expedido por el médico de familia y, en caso de traumatismo y otros casos médicamente justificados, puede ser expedido por el médico especialista.

278.Se expide un certificado de baja por enfermedad o accidente (incluidos los accidentes domésticos) a la persona afectada con validez para todo el período del tratamiento hasta que esta persona pueda reincorporarse al trabajo, con un límite de 180 días por año civil. Si existen razones de peso para considerar que el asegurado puede recuperarse, sin necesidad de reconocérsele una discapacidad, y que sigue siendo capaz de trabajar, el certificado de baja por enfermedad se prorrogará hasta un máximo de 30 días naturales, en función de la evolución de la enfermedad y de los resultados de las medidas de rehabilitación.

279.En caso de tuberculosis, sida y cáncer, el período máximo para el que se expide un certificado de trabajo por incapacidad temporal es de un año en el transcurso de los dos últimos años. Este plazo de tiempo no incluirá los días de incapacidad temporal para el trabajo por otras enfermedades comunes o accidentes, que serán objeto de un cómputo de tiempo adicional.

280.Durante el período de prestación por desempleo, se expide a las personas desempleadas un certificado por un período máximo de 30 días por año civil.

281.En el caso del cuidado de hijos enfermos, el certificado se expide en favor de la madre, el padre o la persona que ejerza la tutela. Si la madre, el padre o la persona que ejerce la tutela, por razones justificadas y documentadas, no puede ocuparse de un hijo enfermo menor de 10 años, de un hijo menor de 18 años que padezca una enfermedad oncológica o de un hijo menor de 18 años con discapacidad, el certificado de baja por enfermedad se concede a otra persona asegurada, que puede ser otro miembro de la familia. En caso de cuidado de un hijo enfermo, el certificado también puede expedirse al asegurado durante las vacaciones anuales, que se mantendrán durante el período de vigencia del certificado de baja por enfermedad.

282.La cuantía mensual de los subsidios por incapacidad temporal abonados con cargo al presupuesto de la seguridad social del Estado se establece en función de la duración total del período de cotización de la siguiente manera: a) el 60 % de la base de cálculo establecida para un período de cotización de hasta 5 años; b) el 70 % de la base de cálculo establecida para un período de cotización de entre 5 y 8 años; c) el 90 % de la base de cálculo establecida para un período de cotización de más de 8 años. En caso de incapacidad temporal para el trabajo causada por maternidad, tuberculosis, sida o enfermedad oncológica, el subsidio asciende al 100 % de la base de cálculo establecida.

283.La cuantía del subsidio por incapacidad temporal para el trabajo remunerado con cargo a los recursos del empleador (durante los 5 primeros días de la baja por enfermedad) está fijado en el 75 % del salario medio del trabajador por cuenta ajena, al igual que la cuantía del subsidio remunerado con cargo a los recursos de la persona que trabaja por cuenta propia en el sector de la justicia, que está fijado en el 75 % del salario medio mensual a nivel nacional.

Artículo 13

1.Derecho a la educación

284.El Código de Educación garantiza el acceso equitativo a la educación de todos los ciudadanos, independientemente de su situación económica, lugar de residencia, sexo u origen étnico, entre otros. Este código establece el “principio de equidad”, sobre cuya base se garantiza el acceso a la educación sin discriminación alguna.

285.Según los datos presentados por las autoridades educativas locales, en 2020 había 330 niños romaníes matriculados en las instituciones de educación. En comparación con 2016, año en el que se matricularon 201 niños romaníes, la situación ha mejorado significativamente, con un aumento del 40 % en 5 años. Aunque la administración pública local cubre los gastos de mantenimiento de los centros de educación infantil urbanos y rurales, incluida la alimentación, hay niños romaníes que no asisten a estos centros por diversas razones, como la negativa de los padres, la no cumplimentación de la matrícula, la falta de vacunación o la mala situación económica. Gracias a la colaboración mantenida por la administración pública local y los equipos directivos de los centros educativos con los representantes de la comunidad romaní, en 2020 se matricularon en la enseñanza obligatoria 1.634 niños romaníes. Por otro lado, en el curso 2019/20, 10 niños romaníes estaban sin escolarizar y otros 52 abandonaron la escuela. En los últimos años, el Ministerio de Educación e Investigación ha tomado medidas para garantizar el acceso de los jóvenes romaníes a la enseñanza superior y a la formación profesional.

286.La admisión en los centros de formación profesional y enseñanza superior se lleva a cabo de conformidad con el Reglamento sobre la organización y la gestión de la admisión en los programas de formación profesional y con el Reglamento marco sobre la organización de la admisión en el primer ciclo (título de grado), en virtud del cual el 15 % del número total de plazas (en cada especialidad u oficio), previstas en el plan de admisión financiado con cargo a los presupuestos del Estado, está reservado para determinados grupos de candidatos, como los niños romaníes. En el curso 2020/21 se matricularon 2 estudiantes romaníes (frente a 18 estudiantes en el curso 2019/20). Otros 15 estudiantes romaníes se matricularon en centros de formación profesional (frente a 66 en 2019). Hay que tener en cuenta que las personas con estudios superiores solo representan el 1 % del total de la población romaní, y muchos de los jóvenes romaníes que están matriculados y cursan estudios en centros de enseñanza no indican su origen étnico al cumplimentar la solicitud de matrícula. Por lo tanto, no se puede determinar el número exacto de estudiantes romaníes.

287.El Ministerio de Educación e Investigación tiene entre sus objetivos prioritarios promover la educación multilingüe y el multiculturalismo en el sistema educativo nacional. Con el fin de dar a conocer los distintos enfoques de la educación multilingüe, se celebró una conferencia internacional titulada “Educación multilingüe en la región de la OSCE: buenas prácticas y perspectivas en la República de Moldova”. El 29 de noviembre de 2019, el Ministerio de Educación e Investigación, en colaboración con la Oficina del Alto Comisionado de la OSCE para las Minorías Nacionales, organizó un taller centrado en la formulación de políticas de educación multilingüe, la presentación de iniciativas y la elaboración de una hoja de ruta, con el fin de identificar oportunidades para fortalecer el proceso de integración de la educación multilingüe en el sistema educativo de la República de Moldova.

288.Con objeto de garantizar unas condiciones favorables para la integración social y lingüística de las minorías étnicas y los inmigrantes, el Ministerio de Educación e Investigación aprobó la Orden relativa a la inclusión en el plan de estudios de la asignatura de “Educación Intercultural”. De acuerdo con esa Orden, las instituciones de educación pedagógica superior (8 en total) han organizado y programado un curso de Educación Intercultural para los estudiantes del Ciclo I (Licenciatura en Ciencias de la Educación), a partir del año académico 2020/21, como componente obligatorio de la formación inicial de los docentes de centros de educación superior. Las demás universidades establecieron la “Educación Intercultural” como asignatura optativa en otros ámbitos de estudio, integrándola en el módulo socio-humanístico. Al mismo tiempo, tres universidades estatales de la República de Moldova han elaborado un nuevo plan de estudios para la especialidad de “Educación intercultural”, que ha sido aprobado por el Ministerio de Educación e Investigación y se ha propuesto para su aplicación experimental en todo el sistema.

289.En 2021, el Ministerio de Educación e Investigación realizó un seguimiento de la situación con el fin de garantizar las condiciones necesarias para el buen funcionamiento de las instituciones de educación general, lo que incluyó, entre otras cosas, preparar las instituciones de cara al nuevo curso académico, para la temporada de frío, en el contexto de la epidemia de COVID-19, garantizar condiciones higiénicas y de saneamiento adecuadas, de conformidad con lo dispuesto en los documentos normativos en vigor, y organizar el transporte de los alumnos hacia y desde las instituciones de educación.

290.Con objeto de mejorar las condiciones higiénicas y sanitarias, en 2021 se asignaron 5 millones de lei del presupuesto estatal al Fondo de Inversión Social de la República de Moldova para acometer proyectos de construcción y dotar de instalaciones sanitarias a 16 escuelas.

291.En el marco del Proyecto de Reforma Educativa se han renovado 23 escuelas de distrito con cargo al presupuesto del Estado, mientras que las obras de renovación de otros 17 centros educativos (12 en 2020 y 5 en 2021) corrieron a cargo del Fondo de Inversión Social de la República de Moldova.

292.En 2021, los 17 centros educativos recibieron fondos del presupuesto estatal para la adquisición de mobiliario, material y equipamiento destinados a los laboratorios escolares.

293.Asimismo, se alentó a los docentes principiantes a ampliar su formación profesional, participar en cursos de formación gratuitos y solicitar una evaluación con vistas a la obtención de un nivel académico, y se les prestó apoyo en todos esos ámbitos. A este respecto, cabe señalar que las personas con título de licenciatura, maestría o formación profesional en Ciencias de la Educación accedieron a puestos de trabajo en centros de enseñanza general, como se indica en el cuadro 14 del anexo.

294.Los estudiantes de educación superior y de programas de formación profesional técnica en Ciencias de la Educación también disfrutan de algunos beneficios tales como la posibilidad de inscribirse en programas de estudio en el ámbito de la educación financiados por el Estado, el alojamiento en residencias universitarias durante el período de estudios, la realización de prácticas en instituciones educativas, el empleo garantizado y el acceso a un mayor número de becas, entre otros.

295.A lo largo de los años, en un contexto caracterizado por una aguda escasez de personal docente, el Ministerio de Educación e Investigación ha venido supervisando, coordinando y llevando a cabo actividades (actos públicos, campañas de información, etc.) para sensibilizar sobre la importancia y el valor de la profesión docente.

296.De acuerdo con el Reglamento sobre la distribución y la utilización de los recursos financieros de las unidades administrativas territoriales, estos recursos se asignarán también a reparaciones y adquisición de activos fijos. Las autoridades de la administración pública de los dos niveles pueden contribuir al desarrollo de la base material de las instituciones educativas del territorio administrado.

297.En el marco del Proyecto de Reforma Educativa, se dotó a 100 centros especializados en educación inclusiva de 100 instituciones de educación general de material didáctico y de aprendizaje, así como de equipamiento especializado para niños con necesidades educativas especiales o con discapacidad. Se asignaron 19 millones de lei para el equipamiento de esos 100 centros.

298.Más de 1.700 niños con necesidades educativas especiales o con discapacidad (deficiencias sensoriales, dificultades de aprendizaje, dislexia, trastorno por déficit de atención, trastorno por déficit de atención con hiperactividad, autismo, síndrome de Down, deficiencias físicas, trastornos de la comunicación, etc.) y otros niños con necesidades educativas especiales o con discapacidad que acuden a centros educativos de distrito se beneficiaron del suministro de material didáctico y equipamiento especializado.

299.El material especializado para los alumnos con necesidades educativas especiales o con discapacidad, incluida la discapacidad sensorial, comprendía lo siguiente: equipos informáticos, audiolibros, teclados adaptados (con teclas grandes para niños con discapacidad visual), equipos auditivos (receptores y transmisores de radio para docentes, audífonos de la marca Phonak, programas informáticos educativos para el aprendizaje de idiomas y para mejorar las competencias de escritura y lectura, y lápices lectores (talking pens), que facilitan el aprendizaje de la pronunciación de las palabras y la construcción de frases, entre otros.

300.Durante los meses de septiembre a noviembre de 2021, el Centro Nacional de Asistencia Psicopedagógica organizó actividades de formación para unos 200 profesionales de los servicios municipales y de distrito de asistencia psicopedagógica y docentes de apoyo en centros de enseñanza general, a los que se proporcionaron equipos especializados para su aplicación en actividades educativas adaptadas a las exigencias de los niños que tienen necesidades educativas especiales.

301.Entre mayo y julio de 2021, 450 docentes de apoyo y psicopedagogos que se ocupan de alumnos con discapacidad y necesidades educativas especiales participaron en una formación continua sobre educación inclusiva y personalización del proceso educativo. Esta actividad de formación contó también con la participación de 20 instructores nacionales que trabajan en los servicios de asistencia psicopedagógica y que habían recibido una capacitación inicial en un curso específico.

302.Gracias a la participación de profesionales en la materia debidamente formados, y a un entorno escolar y familiar propicio, ha sido posible ofrecer asesoramiento y orientación profesional a jóvenes con discapacidad. En 2021, 212 docentes, psicólogos escolares y profesionales que trabajan en servicios de apoyo psicopedagógico reforzaron sus competencias en materia de asesoramiento y orientación profesional, y contribuyeron a facilitar la transición de la escuela al trabajo para las personas con discapacidad.

303.Con la ayuda de un instrumento de valoración de los intereses profesionales —el test JVIS—, un grupo de especialistas de los servicios de apoyo psicopedagógico realizaron una labor de asesoramiento y orientación profesional cualificada dirigida a unos 950 estudiantes con necesidades educativas especiales y estudiantes vulnerables, graduados de primer y segundo ciclo de secundaria. En el marco de ese proceso, se impartió formación a 72 psicólogos y psicopedagogos de los servicios psicopedagógicos municipales y de distrito en la utilización de herramientas de orientación profesional como el test sobre orientación profesional JVIS y el modelo de Holland (que identifica seis tipos de personalidad y establece una relación entre la personalidad y la elección de carrera profesional), se realizaron pruebas homologadas y se adquirieron 36 ordenadores.

304.En abril de 2021, un centenar de profesionales de los servicios de apoyo psicopedagógico y organismos educativos locales recibieron formación orientada a reforzar sus conocimientos en materia de prevención y lucha contra el acoso escolar.

305.Otra de las actividades que se llevó a cabo consistió en la elaboración y aplicación del componente del programa de apoyo a docentes, alumnos y padres denominado “Estoy BIEN en mi escuela” (que fue continuación del programa “Decido estar bien”), así como del plan de sesiones presenciales sobre el mantenimiento del bienestar psicoemocional en el contexto de la pandemia de COVID-19. El programa se impartió en cinco sesiones en las que se trataron diversos temas, tales como la resiliencia en el entorno escolar, la comunicación eficaz entre docentes y alumnos, la mejora de la inteligencia emocional, la comunicación asertiva con los adolescentes en el seno familiar, y la capacitación para procesar grandes cantidades de información.

306.Por lo que respecta a la financiación de los programas de educación inclusiva en primaria, secundaria y bachillerato, las administraciones públicas locales de los dos niveles cuentan con asignaciones especiales para la financiación de los centros de primaria, secundaria y bachillerato, que se calculan de acuerdo con la metodología de financiación basada en el costo medio por alumno. Asimismo, sobre la base de la decisión del Consejo municipal o de distrito o de la Asamblea Popular de la Unidad Territorial Autónoma de Gagauzia, se establece la cuantía de los fondos destinados a la educación inclusiva, que se determina en función del número de alumnos con necesidades educativas especiales, y que no supera el 2 % del monto de las asignaciones por categorías.

Artículo 14

307.Las disposiciones del artículo 14 del Pacto se aplican sobre la base de la Constitución y el Código de Educación.

308.La Constitución dispone lo siguiente: “El derecho a la educación se garantizará mediante la obligatoriedad de la enseñanza general, la enseñanza secundaria, la formación profesional, la enseñanza superior y otras modalidades de enseñanza y formación continua”.

309.El Código de Educación establece el deber del Estado de financiar un conjunto normalizado de servicios educativos para la enseñanza preescolar, primaria y secundaria de primer y segundo ciclo, con independencia del tipo de titularidad del centro educativo. El proceso educativo se rige por la normativa estatal en materia de educación aprobada por el Ministerio de Educación, independientemente del tipo de titularidad y del estatuto jurídico del centro educativo.

310.Con el fin de aumentar la tasa de matriculación en la educación general obligatoria, se han elaborado la Directiva para prevenir y combatir el abandono de los estudios y el absentismo escolar y el Plan de Acción para prevenir y combatir el abandono de los estudios y el absentismo escolar en la educación general.

Artículo 15

311.El derecho de las personas a participar en la vida cultural está reconocido y garantizado por la Constitución, el Código de Ciencia e Innovación y la Ley de Cultura.

312.Cabe citar como ejemplo de la labor de concienciación pública sobre los valores espirituales del pueblo romaní, de la lucha contra su discriminación y de la promoción de la diversidad cultural, la celebración, el 8 de abril de 2022, del Día Internacional de los Romaníes. En el marco de este evento se presentó una exposición de fotografías titulada “Líderes romaníes: pasado, presente y futuro”, dedicada a reconocidas personalidades romaníes de la cultura nacional como el compositor Ștefan Neaga, el coreógrafo Pavel Andreicenco, el trompetista Ion Carai, la bailarina y actriz Domnica Negru, la escritora y traductora Anatolie Rădiță, y el académico Ion Duminică, entre otros, y se contó con la actuación de la compañía de música y danza “Romaníes de la República de Moldova”.

313.Coincidiendo con la celebración del Día Internacional de los Romaníes se presentó la campaña informativa “Derechos de los romaníes, ahora y siempre”, en el marco del programa conjunto de las Naciones Unidas para el fortalecimiento de los derechos humanos en ambas orillas del río Dniéster.

314.Por lo que respecta a la accesibilidad y la participación de las personas con discapacidad en actividades culturales, la Ley de Inclusión Social de las Personas con Discapacidad establece la responsabilidad de las autoridades de garantizar la participación de este grupo de personas en las actividades y la vida cultural de la comunidad en la que viven.

V.Parte IV

Medidas adoptadas para aplicar las recomendaciones que figuran en los párrafos 9 a), 59 y 73 de las observaciones finales

Información de seguimiento relativa al párrafo 9 a) de las observaciones finales (E/C.12/MDA/CO/3)

315.De conformidad con lo dispuesto en la Ley del Defensor del Pueblo (Ombudsman), esta institución es independiente de todo poder público o entidad jurídica, sea cual sea su tipo de titularidad y estatuto jurídico, así como de la administración pública a todos los niveles.

316.La injerencia en la labor de la institución del Defensor del Pueblo, el incumplimiento intencionado por parte de funcionarios de cualquier nivel de la administración de los llamamientos y recomendaciones del Defensor del Pueblo, así como la obstaculización en cualquier forma de la labor que esta institución realiza, serán punibles con arreglo a la ley. Las garantías de independencia del Defensor del Pueblo también están consagradas en la Constitución.

317.La Oficina del Defensor del Pueblo es un organismo público autónomo que proporciona asesoramiento y asistencia a los Defensores del Pueblo en el ámbito de la prevención de las violaciones de los derechos humanos y la promoción y protección de estos.

318.Se realizó un estudio del funcionamiento de las subdivisiones de la Oficina del Defensor del Pueblo, en el que se evaluaron el volumen, la complejidad y la calidad de las actividades realizadas, que permitió determinar lo siguiente:

La tasa media de ocupación de puestos a nivel de la institución es del 61 %. A nivel de las subdivisiones operativas, la tasa de ocupación varía entre el 50 % y el 75 %.

La carga de trabajo media a nivel de la institución es del 114 %, es decir, 25 días laborables al mes por unidad de personal. A nivel de subdivisión, la carga de trabajo oscila entre el 89 % y el 159 %. La mayoría de las subdivisiones tienen una carga de trabajo superior al 100 % tanto a nivel de toda la subdivisión como por funcionario.

Hay escasez de personal en las subdivisiones.

319.La Oficina del Defensor del Pueblo cumple parcialmente sus funciones y obligaciones. Debido a la baja ocupación de los puestos en algunas subdivisiones, la carga de trabajo es extremadamente elevada.

320.Debe revisarse la dotación de personal y el número de empleados de esta institución. Además, es preciso adoptar medidas adicionales para cubrir todos los puestos vacantes, garantizando la calidad del proceso de contratación y condiciones de trabajo adecuadas. El desarrollo profesional continuo sigue siendo una prioridad clave para garantizar un mejor desempeño del personal. Debe realizarse una descripción de los puestos de trabajo en la que se indiquen las funciones que corresponden a uno de los puestos de la Oficina del Defensor del Pueblo.

321.La Oficina del Defensor del Pueblo se financia con cargo al presupuesto del Estado, dentro del límite de las asignaciones presupuestarias, aprobadas anualmente por la Ley de Presupuestos. A raíz de las enmiendas introducidas en la Ley de Finanzas Públicas y Responsabilidad Fiscal, y con el fin de reforzar la independencia financiera de la institución, la elaboración y aprobación del proyecto de presupuesto corre a cargo de una autoridad presupuestaria de carácter autónomo e independiente, que recaba la opinión consultiva del Ministerio de Hacienda. El proyecto de presupuesto de la institución se presenta al Gobierno para su inclusión en el proyecto de presupuesto del Estado, que se remite al Parlamento para su aprobación. En caso de desacuerdo, la autoridad presupuestaria autónoma e independiente presenta al Parlamento sus objeciones al proyecto de presupuesto aprobado por el Gobierno para que el Parlamento tome una decisión al respecto.

322.La Oficina del Defensor del Pueblo encuentra dificultades para desempeñar su labor y cumplir plenamente sus tareas de defensa y promoción del respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales por falta de recursos financieros. Al elaborar los presupuestos anuales, el Gobierno asigna a la institución una cuantía predeterminada de fondos a los que esta debe ajustarse, y distribuye los recursos asignados para sufragar el costo de la remuneración de los empleados, el pago de las contribuciones al presupuesto, el mantenimiento de los locales y otros gastos indispensables para el funcionamiento de la institución. Una vez cubiertos estos gastos, se distribuye el remanente de fondos para sufragar los gastos correspondientes a las actividades relacionadas con el cumplimiento del mandato del Defensor del Pueblo y del Defensor del Pueblo para los Derechos del Niño. Esos fondos suelen ser escasos e insuficientes para financiar las actividades de formación y defensa de los derechos humanos y otras actividades necesarias para el cumplimiento del mandato.

323.La institución propuso al Gobierno que se restableciera el texto original del artículo 37 de la Ley núm. 52/2014. Hasta el momento, la propuesta no ha sido aceptada. En la versión actual, el artículo 37 (Dotación financiera de la Oficina del Defensor del Pueblo) establece lo siguiente:

La Oficina del Defensor del Pueblo se financiará con cargo al presupuesto del Estado dentro del límite de las asignaciones presupuestarias aprobadas por la Ley de Presupuestos anual.

El presupuesto de la Oficina del Defensor del Pueblo se elaborará, aprobará y administrará de acuerdo con los principios, normas y procedimientos establecidos en la Ley de Finanzas Públicas y Responsabilidad Fiscal.

324.La imposición de estas condiciones afecta sustancialmente a la independencia financiera de la institución. El Ministerio de Justicia propuso una enmienda al artículo 37 de la Ley de la Oficina del Defensor del Pueblo, consistente en añadir “que permita sufragar las necesidades para que pueda desempeñar su labor de forma plena, independiente y eficaz”.

325.La Comisión de Venecia examinó la versión actual del artículo 37 de la ley y, en su Dictamen núm. 906/2017 (CDL-REF(2017)041), concluyó que las disposiciones actuales no cumplen las normas relativas a la financiación de la institución de Defensor del Pueblo y señaló que estas disposiciones socavan la independencia financiera de la institución, por lo que recomendó su revisión. En los Principios de Venecia se establece lo siguiente: “Se garantizarán a la Institución del Defensor del Pueblo recursos presupuestarios suficientes e independientes. La ley establecerá que la asignación presupuestaria de fondos al Defensor del Pueblo debe ser adecuada a la necesidad de garantizar el cumplimiento pleno, independiente y efectivo de sus responsabilidades y funciones”.

326.Las asignaciones presupuestarias para las actividades de promoción de la Oficina del Defensor del Pueblo fueron las siguientes: en 2017, 0,5 millones de lei; en 2018, 2 millones de lei; en 2019, 1,8 millones de lei; en 2020, 1,6 millones de lei; y en 2021, 1,65 millones de lei. La reducción del presupuesto para actividades de promoción estuvo condicionada por factores objetivos, como la disponibilidad de fuentes externas de financiación (organizaciones internacionales asociadas, Consejo de Europa, UNICEF, etc.), la reasignación de fondos para hacer frente a la pandemia de COVID-19 o la contratación de servicios a un precio inferior al estimado inicialmente.

Información de seguimiento relativa al párrafo 59 de las observaciones finales

327.La modificación del marco normativo que rige la atención de la salud en la República de Moldova es un proceso continuo que tiene por objeto mejorar las relaciones entre el sistema de salud y la población. Durante el período que abarca el informe se introdujeron cambios en el marco jurídico, entre otras cosas en respuesta a la pandemia de COVID-19. Se ha redactado la Ley núm. 102/2017 sobre dispositivos médicos y se han modificado los textos legislativos enumerados en el cuadro 15 del anexo.

Información de seguimiento relativa al párrafo 79 de las observaciones finales

328.En los cursos académicos 2020/21 y 2021/22 se realizó un seguimiento del proceso de reestructuración de las instituciones de educación general. Se evaluó semestralmente la red de centros de enseñanza general a nivel de distrito y de municipio y se recopilaron datos en los territorios sobre las decisiones tomadas a nivel de gobierno local en relación con la reestructuración de la red escolar.