Comité contra la Tortura

Segundo informe periódico que el Pakistán debía presentar en 2021 en virtud del artículo 19 de la Convención *

[Fecha de recepción: 16 de junio de 2022]

Introducción

1.El Pakistán ratificó la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes (en adelante, “la Convención”) el 23 de junio de 2010. De conformidad con el artículo 19 de la Convención, el Gobierno del Pakistán se complace en presentar al Comité contra la Tortura su segundo informe relativo a este instrumento, que se centra en los motivos de preocupación y las recomendaciones señalados durante el último examen del Estado, realizado en 2017.

2.Conviene destacar que, desde que presentó su último informe, el Pakistán ha adoptado una gran variedad de medidas legislativas, normativas e institucionales para cumplir las obligaciones internacionales que le incumben en virtud de la Convención, en consonancia con el interés renovado del Gobierno por defender los derechos de sus ciudadanos, incluidos las minorías y otros sectores de la sociedad.

3.Aunque el Proyecto de Ley de Prevención y Castigo de la Tortura y la Muerte durante la Detención, de 2021, todavía se encuentra en proceso legislativo, este instrumento representa un paso significativo para dar legitimidad jurídica a los derechos y protecciones que otorga la Convención. No obstante, se han logrado otros avances importantes gracias a la promulgación de leyes sobre la familia relativas a las mujeres y los niños, al fortalecimiento de las fuerzas del orden, al aumento de la capacidad de las instituciones nacionales de derechos humanos y a la colaboración con miembros de la sociedad civil.

4.También se ha reafirmado el interés por sensibilizar acerca de cuestiones relacionadas con la tortura y otras formas de violencia, como los actos de violencia contra presos, los casos de violencia doméstica y los castigos corporales. El Gobierno Federal, en colaboración con los gobiernos provinciales, trabaja ininterrumpidamente para erradicar esas lacras y establecer diversos mecanismos de seguimiento, apoyo y rehabilitación para las víctimas de la tortura y otras formas de violencia.

5.El Pakistán otorga una importancia capital a la defensa de los derechos fundamentales de sus ciudadanos, motivo por el cual los ha consagrado en la Constitución. Uno de esos derechos fundamentales se refiere expresamente a la “inviolabilidad de la dignidad de las personas”, en virtud del cual nadie puede ser sometido a torturas con el fin de obtener pruebas.

Principales motivos de preocupación y recomendaciones

Denuncias de práctica generalizada de la tortura por la policía

Información relativa al párrafo 7 a) de las observaciones finales (CAT/C/PAK/CO/1)

6.Además de condenar públicamente tales prácticas, tanto el Gobierno Federal como los gobiernos provinciales trabajan con denuedo para combatir la amenaza de tortura. En virtud de la política de tolerancia cero, los jefes de las dependencias de Policía de los distritos han logrado reducir considerablemente los incidentes de tortura contra las personas sujetas a detención policial.

7.En la provincia de Punyab, por ejemplo, los funcionarios competentes han dado instrucciones a todas las dependencias sobre el terreno de la Policía provincial para que se atengan a la ley en la investigación de los casos y utilicen métodos forenses y técnicas de investigación modernas a fin de frenar esta práctica nefasta. Además, se han dictado órdenes estrictas contra el uso de los interrogatorios bajo tortura y contra el establecimiento de dependencias privadas de tortura por parte de agentes de policía, y la Policía ha adoptado una política de tolerancia cero respecto de tales actos. A fin de garantizar el estricto cumplimiento de las citadas instrucciones, todos los agentes y funcionarios implicados en actos de tortura son enjuiciados en virtud de las disposiciones legislativas pertinentes. El Departamento de Policía cuenta con un mecanismo sólido y riguroso de rendición de cuentas. Cuando el Jefe de la Policía regional, urbana o de distrito constata que un agente ha vulnerado alguna de las normas o reglamentos, se toman inmediatamente las medidas departamentales correspondientes contra el agente en cuestión.

8.En el caso de los agentes subalternos, lo que comprende las categorías que van de Oficial de policía a Inspector, las respectivas regiones y distritos adoptan las correspondientes medidas departamentales en virtud del Reglamento de la Policía de Punyab sobre Medidas Disciplinarias y Eficiencia, de 1975, mientras que en el caso de los funcionarios ministeriales y los agentes de la Policía provincial de rango de Comisionado Adjunto de policía o superior, las medidas aplicables están recogidas en el Reglamento de Funcionarios de Punyab sobre Medidas Disciplinarias y Eficiencia, de 1999. Tras la debida investigación dentro del departamento pertinente, el agente acusado es escuchado por la autoridad competente y recibe la correspondiente sanción departamental por haber infringido la ley o las instrucciones dictadas. Solo en 2021, en Punyab se sancionó a 624 agentes de policía por delitos de tortura o mala conducta. Los gobiernos de Sind y Baluchistán también han adoptado las medidas necesarias para frenar la amenaza de tortura y han remitido instrucciones estrictas a las dependencias sobre el terreno para que utilicen el método científico en la interrogación de los detenidos y no recurran a la tortura. En la provincia de Baluchistán se ha sancionado a dos Subcomisarios de policía por mala conducta e ineficiencia en el marco del mecanismo interno de rendición de cuentas de la Policía.

9.Del mismo modo, en el Departamento de Policía de Jaiber Pastunjuá se ha adoptado una política de tolerancia cero contra el uso de la tortura por parte de los agentes. La Policía urbana de Peshawar, capital de la provincia, también ha sentado precedente en este sentido al destituir a todos los agentes implicados en un caso de tortura contra una persona llamada Amir Tahkalle. Por su parte, la Policía de Jaiber Pastunjuá ha tomado medidas estrictas contra los agentes implicados en casos de tortura.

Información relativa al párrafo 7 b) de las observaciones finales

10.En Jaiber Pastunjuá, tanto el Departamento del Interior y Asuntos Tribales como el Departamento de Policía ya han empezado a aplicar las leyes pertinentes y han remitido instrucciones estrictas de manera periódica a todos los agentes sobre el terreno para advertirles contra el uso de la tortura y prohibir tales prácticas. Además, en 2017 se promulgó la Ley de la Policía de Jaiber Pastunjuá, que tipifica como delito la tortura y los actos de violencia contra la población. De la misma manera, los gobiernos de Punyab, Sind y Baluchistán han ordenado a todas las dependencias de la Policía sobre el terreno abstenerse de someter a las personas sujetas a detención policial a torturas o tratos inhumanos, de conformidad con las leyes pertinentes. Las autoridades competentes toman estrictas medidas departamentales contra todos los agentes implicados en actos de tortura, mala conducta u otros delitos similares.

Información relativa al párrafo 7 c) de las observaciones finales

11.Tanto el Gobierno del Pakistán como los gobiernos provinciales velan por sensibilizar a todas las dependencias de la Policía sobre el terreno y dictarles órdenes estrictas para que se atengan a la ley. Como se ha destacado anteriormente, las autoridades competentes toman medidas estrictas y proporcionales a la gravedad de los delitos contra los agentes o funcionarios que hayan sido declarados culpables durante las acciones judiciales entabladas en virtud de las leyes pertinentes relativas a la función pública y los reglamentos sobre eficiencia y disciplina. Las sanciones que se imponen a los agentes que han infringido la ley pueden ser leves o severas, y van desde la retención de subidas salariales o la suspensión de ascensos hasta la destitución, en los casos más graves.

12.También se emprenden acciones penales contra los autores de tales actos, de conformidad con las disposiciones de la legislación penal. En 2019 se denunciaron aproximadamente 20 casos de tortura contra personas sujetas a detención policial, 9 de los cuales fueron remitidos a los tribunales competentes. En 2020 solo se registraron 4 casos, ninguno de los cuales tenía como víctima a una mujer o un niño. Las autoridades competentes determinaron que una de las denuncias de brutalidad y tortura era falsa, mientras que otros 2 casos fueron impugnados y están siendo examinados por los tribunales competentes. Los agentes acusados de cometer actos de tortura recibieron castigos proporcionales a la gravedad del tipo de tortura infligido: así pues, 3 fueron destituidos mientras que 1 sufrió un descenso de categoría, de conformidad con el Decreto de la Policía de 2002. Las causas penales registradas contra los cuatro agentes se encuentran en proceso de juicio.

13.Las provincias también han aprobado leyes para combatir y penalizar el uso de la tortura por parte de los agentes de policía. Por ejemplo, de conformidad con el artículo 119 de la Ley de la Policía de Jaiber Pastunjuá, de 2017, en casos de tortura se puede imponer una pena de hasta cinco años de prisión y una multa.

Información relativa al párrafo 7 d) de las observaciones finales

14.Tanto a nivel federal como provincial se han puesto en marcha diversas iniciativas para impartir formación a jueces, abogados y agentes del orden sobre cuestiones de derechos humanos, lo que incluye la erradicación de la tortura en los lugares de detención, de conformidad con la legislación nacional y la Convención contra la Tortura.

15.A nivel provincial, los gobiernos de las distintas provincias han comenzado a impartir formación a jueces, abogados y fiscales. La Academia Judicial de Punyab organiza periódicamente programas de formación sobre los derechos que asisten a los acusados durante el proceso de investigación policial, judicial y fiscal. También ha llevado a cabo otras sesiones de capacitación sobre la coordinación entre la Policía y la Fiscalía, la detección de problemas y desafíos y la búsqueda de soluciones.

16.Además, entre 2017 y 2018 la Academia Judicial de Punyab puso en marcha el Programa de Formación General dirigido a jueces de lo civil y lo penal de rango inferior, en el marco del cual organizó una actividad de formación integral sobre el acceso a pruebas periciales (medicolegales y forenses). En ella se trataron diversos subtemas, entre ellos la valoración de los informes medicolegales y forenses.

17.En 2017 se organizó un simposio de cinco días para jueces de lo civil y lo penal con competencia sobre los distritos orientado a sensibilizar a los funcionarios judiciales en materia forense , en el que se trataron temas como el papel de los jueces en la admisibilidad de las pruebas forenses, la inspección del lugar en que se cometió el delito y las actuaciones judiciales en las que se presentan pruebas forenses, y se ofreció una introducción al ADN, las huellas dactilares y las pruebas videográficas digitales y oculares.

18.Con el objetivo específico de formar a los jueces de lo civil y lo penal con competencia sobre los distritos, en 2018 la Academia Judicial de Punyab organizó un simposio de tres días sobre la sensibilización en materia forense de los funcionarios judiciales. En este programa de formación se trató el papel que desempeñan los jueces a la hora de admitir y entender las pruebas forenses y se ofreció una introducción a las pruebas físicas, las pruebas forenses, el ADN, las huellas dactilares y las pruebas digitales. En 2020, la Academia Judicial de Punyab creó un programa de formación previa al empleo para los jueces de lo civil y lo penal con competencia sobre los distritos sobre el tema “Las ciencias forenses al servicio del sistema de justicia penal del Pakistán”, en el que se trató la cuestión de la valoración de los partes de lesiones y los informes medicolegales.

19.En Punyab, entre los períodos 2019-2020 y 2020-2021, el Departamento de Derechos Humanos y Asuntos de las Minorías organizó cuatro sesiones de capacitación anuales para los agentes de policía de Lahore y Faisalabad, que se impartieron en colaboración con organizaciones no gubernamentales (ONG) como Strengthening Participatory Organization, Sathi Foundation y Bargad Organization, para sensibilizar a los agentes acerca de cuestiones de derechos humanos. Uno de los objetivos de estos módulos de capacitación era difundir información sobre el Plan de Acción Nacional para Mejorar la Situación de los Derechos Humanos en el Pakistán, la Política de Derechos Humanos de Punyab, de 2018, y el plan de acción para ejecutar dicha política, las obligaciones internacionales que incumben al Pakistán en virtud de los tratados y convenciones internacionales que el país ha ratificado o a los que se ha adherido y la relación entre los derechos humanos y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Los agentes también recibieron formación sobre los derechos fundamentales garantizados por la Constitución del Pakistán de 1973 y todas las leyes pertinentes, entre ellas la Ley de Modificación del Código Penal (Segunda Enmienda), de 2016.

20.En 2019, la Academia Judicial de Punyab también organizó un taller de capacitación conjunto de un día de duración para jueces, agentes de policía y fiscales y un taller de capacitación de cinco días para agentes de policía. El objetivo de estos programas, en los que participaron tanto agentes británicos como pakistaníes, era mejorar el sistema de justicia penal, detectar los problemas existentes y proponer soluciones a fin de mejorar la administración de justicia de los tribunales penales, para lo cual se proporcionaron orientaciones a los investigadores de la Policía sobre el uso de las técnicas modernas de investigación para la presentación de pruebas en los tribunales y se impartieron a los participantes los conocimientos necesarios para formar de manera efectiva a otros investigadores de la Policía sobre la reunión, conservación y presentación de pruebas científicas y el uso de las pruebas forenses.

21.Además, el Departamento del Interior de Punyab ha ordenado a todas las dependencias de la Policía provincial sobre el terreno reunir pruebas forenses en todos los casos denunciados a fin de encontrar a los delincuentes.

22.El 26 de abril de 2019 el Ministerio de Derechos Humanos y la Academia Judicial de Sind firmaron un memorando de entendimiento para colaborar en la capacitación de los jueces del Tribunal Superior de la provincia a fin de familiarizarlos con la legislación nacional e internacional, los derechos humanos, los programas y los mecanismos y ayudarlos a desempeñar sus funciones con eficacia ateniéndose a dichas leyes, programas y mecanismos. En el marco de este memorando de entendimiento, se han organizado programas de capacitación basados en las recomendaciones de expertos en derechos humanos con el objetivo de garantizar la participación activa de los jueces mediante técnicas probadas destinadas a mejorar el desempeño de sus funciones. Los cursos de capacitación dirigidos a jueces de lo civil ya se han puesto en marcha a fin de sensibilizar a los miembros de la judicatura competentes que trabajan en los tribunales inferiores de la provincia de Sind.

23.El Ministerio de Derechos Humanos también ha empezado a impartir formación a todos los integrantes de los tribunales inferiores de Sind y Baluchistán. En Sind está previsto impartir formación a 360 jueces (150 de los cuales ya han completado el curso) y a 360 fiscales. En Baluchistán, está previsto formar a 175 jueces y a 150 fiscales. Además, en Sind, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) ha organizado sesiones de capacitación en el marco del programa “Rule of Law Roadmap” (hoja de ruta sobre el estado de derecho) para formar a agentes de la Policía, miembros de la Judicatura y funcionarios de la Fiscalía. El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) también ha puesto en marcha programas de formación para las autoridades judiciales en Punyab y Jaiber Pastunjuá. En la provincia de Jaiber Pastunjuá se han organizado 75 sesiones de formación, 63 de ellas dirigidas a jueces y 12 a funcionarios judiciales, gracias a las cuales se ha impartido capacitación a un total de 2.167 personas (1.536 jueces y 631 funcionarios judiciales).

24.Otra de las medidas adoptadas por las autoridades competentes ha sido la creación de tribunales especializados en violencia de género y derechos del niño en todo el país, y se han organizado actividades de formación para sensibilizar a los jueces acerca del funcionamiento de estos tribunales. En relación con los tribunales especializados en violencia de género, la Academia Judicial de Punyab formó a 88 jueces en julio de 2019 y a otros 38 jueces, junto con 104 fiscales, en diciembre del mismo año. Por lo que respecta a los tribunales especializados en derechos del niño, se ha impartido formación a 160 jueces, 23 fiscales y 5 funcionarios gubernamentales a fin de asegurar que estén debidamente capacitados y apliquen adecuadamente las leyes de protección de la infancia.

25.De conformidad con su plan de trabajo anual para 2020, la Academia Judicial de Baluchistán ha organizado programas de formación y fomento de la capacidad, que se centraron especialmente en el concepto de las técnicas de investigación, las ciencias forenses y su metodología. En el marco de estos programas, se han organizado, entre otras cosas, sesiones formativas sobre técnicas de investigación para los investigadores del Órgano de Lucha contra la Corrupción, actividades de fomento de la capacidad para cadíes designados como jueces de lo civil y lo penal de rango inferior, un programa de formación y orientación para jueces titulares y auxiliares de lo civil y lo penal con competencia sobre los distritos, un programa de fomento de la capacidad para los investigadores de las comisarías de Policía de Quetta y actividades de fomento de la capacidad sobre los derechos del niño, la protección de la infancia y la justicia juvenil para jueces.

26.La Academia Judicial de Jaiber Pastunjuá también ha organizado diversas actividades de formación para jueces y otras partes interesadas, como agentes de policía, fiscales y abogados. Esta institución prioriza el fomento de la capacidad de todas las partes interesadas concernidas a fin de garantizar la aplicación de las disposiciones de la Convención relativas a la prohibición de la tortura.

27.En sus sentencias, las máximas instancias judiciales siempre han instado a los agentes de policía a cumplir las disposiciones legislativas relativas a la detención y la presentación del acusado ante los tribunales en el plazo debido.

Información relativa al párrafo 9 a) de las observaciones finales

28.Todas las provincias han adoptado medidas eficaces para eliminar las prácticas nocivas y garantizar la protección frente al acoso o las intimidaciones en represalia por haber presentado una denuncia. En Punyab, Sind, Jaiber Pastunjuá y Baluchistán se investigan todas las denuncias de acoso y se proporciona protección individualizada a las víctimas y sus familias. El Gobierno del Pakistán también ha preparado un proyecto de ley (Proyecto de Ley de Prevención y Castigo de la Tortura y la Muerte durante la Detención, de 2021) para tipificar la tortura como delito. Cuando se apruebe, esta ley protegerá a las víctimas y a sus familias frente al acoso y la intimidación. A continuación se enumeran algunas de las principales características del proyecto de ley sobre la tortura:

i)Definición de tortura : En el artículo 2 del proyecto de ley, el término “tortura” se define como todo acto por el cual se inflijan intencionadamente a una persona dolores o sufrimientos físicos graves con el fin de obtener de ella o de un tercero información o una confesión, de castigarla por un acto que haya cometido, o se sospeche que ha cometido, o de intimidar o coaccionar a esa persona o a otras, o por cualquier razón basada en cualquier tipo de discriminación, cuando dichos dolores o sufrimientos sean infligidos por un funcionario público u otra persona en el ejercicio de funciones públicas, a instigación suya, o con su consentimiento o aquiescencia. No se considerarán torturas los dolores o sufrimientos que sean consecuencia únicamente de sanciones legítimas, o que sean inherentes o incidentales a estas.

ii)Inadmisibilidad de las declaraciones obtenidas mediante tortura. El proyecto de ley estipula claramente que toda declaración, información o confesión obtenida por un funcionario público mediante tortura u otro trato cruel, inhumano o degradante será inadmisible como prueba en las actuaciones emprendidas contra la persona en cuestión.

iii)Juicio. De conformidad con el proyecto de ley, el tribunal de lo penal tendrá competencia exclusiva para juzgar los delitos tipificados en dicho instrumento. Además, el juicio no podrá suspenderse a menos que ello redunde en interés de la justicia, en cuyo caso el período de suspensión no deberá ser superior a 30 días.

iv)Penas. El proyecto de ley establece distintas penas, a saber:

i.Pena por tortura. Según lo estipulado en el capítulo XVI del Código Penal del Pakistán para cada tipo de daño;

ii.Pena por muerte durante la detención. Según lo estipulado en el artículo 302 del Código Penal del Pakistán;

iii.Pena por violación durante la detención. Quien cometa o incite a cometer el delito de violación contra una persona recluida será enjuiciado y castigado de conformidad con la legislación y el procedimiento previstos para casos de violación. Asimismo, las disposiciones de esta ley también serán aplicables al acusado, mutatis mutandis.

Información relativa al párrafo 9 b) de las observaciones finales

29.Tanto el Gobierno Federal del Pakistán como los gobiernos provinciales velan por sensibilizar a todas las dependencias de la Policía sobre el terreno y dictarles órdenes estrictas para que se atengan a la ley. Todos los agentes de policía sospechosos de haber cometido actos de tortura son suspendidos durante la investigación de las denuncias de tortura a la espera de los resultados. En el párrafo 7 se ofrece más información al respecto.

Información relativa al párrafo 9 c) de las observaciones finales

30.Desde 2006 existe una Comisión Nacional de Seguridad Pública presidida por el Ministro del Interior federal. La Comisión, cuyo secretario es el Director General de la Oficina de la Policía Nacional, está integrada por seis miembros de la Asamblea Nacional y otros seis de la sociedad civil. Las principales funciones de la Comisión Nacional de Seguridad Pública son las siguientes:

La Comisión Nacional de Seguridad Pública desempeñará sus funciones en calidad de comisión.

La Comisión supervisará el funcionamiento del Organismo Federal de Investigación, la empresa de ferrocarriles del Pakistán, la Brigada de Estupefacientes, la Policía Fronteriza y la Policía Nacional de Tráfico.

La Comisión remitirá al Gobierno Federal un listado con tres recomendaciones para ocupar los puestos de Jefe de la Policía Urbana de la Capital Islamabad y Jefes del Organismo Federal de Investigación, la empresa de ferrocarriles del Pakistán, la Policía Nacional de Tráfico y la Policía Fronteriza (art. 11).

La Comisión Nacional de Seguridad Pública podrá recomendar el traslado anticipado del Jefe de la Policía Urbana de la Capital Islamabad, el Organismo Federal de Investigación, la empresa de ferrocarriles del Pakistán, la Brigada de Estupefacientes, la Policía Fronteriza o la Policía Nacional de Tráfico en caso de que alguno de ellos no desempeñe sus funciones satisfactoriamente (art. 12).

La Comisión formulará recomendaciones para la modificación y modernización de las leyes y procedimientos relativos a la Policía, la Fiscalía, el servicio penitenciario y los servicios de libertad condicional.

La Comisión facilitará el establecimiento y funcionamiento de los Comités de Enlace entre la Policía y la Ciudadanía, de conformidad con el artículo 168.

Reuniones

30 bis.Desde su creación el 6 de junio de 2006, la Comisión Nacional de Seguridad Pública ha celebrado 46 reuniones. La Comisión está plenamente operativa y ha empezado a ofrecer vías de recurso a la población. La Comisión Nacional de Seguridad Pública se centra específicamente en denuncias relacionadas con actos de tortura cometidos por agentes de policía y toma las medidas necesarias contra los responsables.

Otros mecanismos de rendición de cuentas a nivel federal:

Teléfono de asistencia (1099)

31.El Ministerio de Derechos Humanos ha creado el teléfono de asistencia 1099 para brindar apoyo y atender las denuncias interpuestas contra agentes de policía y las relacionadas con otras violaciones de los derechos humanos.

Oficiales de Derechos Humanos

32.Todas las comisarías de Policía de Islamabad cuentan con Oficiales de Derechos Humanos para atender a la población. Sus funciones son las siguientes:

Supervisar las actividades en la comisaría de Policía y rendir informes al Comisionado Jefe Provincial para la Infancia y al Comisario Superior de Operaciones de la Policía por conducto de los Comisarios de policía zonales.

Supervisar y garantizar la detención oficial del acusado y su comparecencia ante un tribunal en un plazo de 24 horas.

Velar por que todas las personas detenidas permanezcan en el lugar de detención temporal.

Proporcionar asistencia y asesoramiento jurídicos gratuitos cuando el acusado así lo solicite.

Velar por que las mujeres sean derivadas a una comisaría de Policía especializada en mujeres a los efectos de la investigación y la reclusión.

33.La Ley de la Policía de Jaiber Pastunjuá, de 2017, preveía la creación de nuevas comisiones de seguridad pública, tanto a nivel provincial como de los distritos, cuyos miembros tendrían mandatos de tres años. De conformidad con dicha ley, el Gobierno de Jaiber Pastunjuá ha anunciado la creación de Comisiones Distritales de Seguridad Pública.

34.La Comisión Provincial de Seguridad Pública está integrada por 13 miembros, a saber:

i)4 miembros de la Asamblea Provincial, designados por el Portavoz de la Asamblea Provincial: 2 pertenecientes al partido gobernante, nombrados en consulta con el líder de la Cámara, y 2 pertenecientes a la oposición, nombrados en consulta con el líder de la oposición; de estos 4 miembros, 1 debe ser mujer;

ii)El Abogado General de Jaiber Pastunjuá, como miembro ex officio;

iii)8 miembros independientes, recomendados por el Comité Provincial de Investigación, pertenecientes a las siguientes categorías:

a)1 juez jubilado del Tribunal Superior;

b)1 oficial jubilado de las fuerzas armadas, de rango equivalente a General de División;

c)1 funcionario jubilado de categoría BPS-21 o superior;

d)1 agente de policía jubilado de categoría BPS-21 o superior; y

e)4 miembros de la sociedad civil, de los cuales 1 debe ser una mujer y 1 pertenecer a una minoría.

35.El 14 de abril de 2006 se creó la Comisión Provincial de Seguridad y Denuncia Públicas de Baluchistán, que comenzó a funcionar tras el establecimiento de la Secretaría provisional en octubre de 2006. En la actualidad, tanto el Parlamento como la sociedad civil están representados en la Comisión. Durante su reunión, la Comisión de Seguridad Pública examinó todas las denuncias, incluidas las relativas a torturas policiales.

36.Se han asignado suficientes recursos para tal fin y se toman medidas oportunas para evitar que se produzcan retrasos. A nivel provincial, la Comisión de Seguridad y Denuncia Públicas realiza una gran labor, y el Gobierno está adoptando medidas enérgicas para acelerar el anuncio, establecimiento y puesta en funcionamiento de Comisiones Distritales de Seguridad y Denuncia Públicas. Tanto los miembros independientes como los miembros electos de la Comisión han contribuido a planificar y supervisar la labor de la Policía y otras fuerzas del orden, gracias a lo cual la población ha ganado confianza en los cuerpos policiales. Para realizar sus funciones, la Comisión depende, en gran medida, de las aportaciones de la población y del contundente liderazgo de su Presidente y sus miembros.

37.Tras la transformación de las fuerzas paramilitares en un cuerpo policial, la Policía ha pasado a controlar casi la totalidad del territorio de la provincia de Baluchistán. La Comisión Provincial de Seguridad y Denuncia Públicas desempeña un papel muy importante en este contexto, ya que sirve de puente entre la población y la Policía al recibir las denuncias de la población para que la policía desempeñe sus funciones de manera adecuada y sin causar daños o perjuicios a ninguna comunidad.

Mecanismos internos de rendición de cuentas en el seno de la Policía

38.En Punyab, la Oficina de Rendición de Cuentas sobre Asuntos Internos, un órgano regional, y la Oficina Central de la Policía, ubicada en la capital, Lahore, se encargan de atender las denuncias que reciben y de adoptar medidas para otorgar reparación. Además, existe una línea telefónica (8787) en la que las personas perjudicadas pueden presentar la correspondiente denuncia, que es investigada de manera exhaustiva e imparcial. Todos los distritos cuentan con funcionarios encargados de atender las denuncias y solicitudes recibidas, y las autoridades emprenden las acciones judiciales necesarias, así como las medidas departamentales precisas, contra los funcionarios responsables de actos de tortura.

39.Asimismo, el gobierno de Jaiber Pastunjuá está examinando las modificaciones introducidas en la Ley de la Policía, de 2017, a fin de crear leyes distintas para el establecimiento de regímenes de vigilancia y denuncia.

40.La Comisión de Seguridad Pública de Sind desempeña una labor activa dentro del Gobierno. En febrero de 2020, la Comisión de Seguridad Pública y de Denuncia contra la Policía de Sind aprobó el plan anual para las operaciones policiales presentado por el Dr. Syed Kaleem Imam, Inspector General de la Policía. El Inspector General también presentó una lista de 23 agentes de policía contra los que se había recomendado emprender investigaciones o tomar medidas disciplinarias el año anterior. La Comisión de Seguridad Pública también ha atendido las denuncias presentadas contra agentes de policía y recomendado las investigaciones necesarias.

Información relativa al párrafo 9 d) de las observaciones finales

41.La Comisión Nacional de Derechos Humanos, creada en 2015, es un órgano oficial independiente con competencia para conocer de casos de violaciones de los derechos humanos, tanto de oficio como en respuesta a denuncias, y tiene la autoridad para citar a personas e investigar los casos de violaciones de los derechos humanos. Tiene el mandato general de promover y proteger los derechos humanos consagrados en la Constitución del Pakistán y en los instrumentos internacionales en que el Pakistán es parte. La Comisión, que se guía por los Principios de París y la Ley XVI de 2012, es una institución clave para la promoción y protección de los derechos humanos básicos y las libertades fundamentales de todas las personas. La Comisión está facultada para conocer de casos de violaciones de los derechos humanos, lo que incluye la tortura, y tomar medidas al respecto, de conformidad con el artículo 9, apartados a), b) e i), de la Ley de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, de 2012:

“9 a)investigar, de oficio o en respuesta a una solicitud presentada por una víctima o cualquier otra persona en su nombre, las denuncias de:

i.violación de los derechos humanos o incitación a tal delito;

ii.negligencia por parte de un funcionario a la hora de prevenir tales violaciones;

b)intervenir en los procedimientos relacionados con denuncias de violaciones de los derechos humanos que estén en curso ante un tribunal solicitando la participación en tales actuaciones judiciales;

[…]

i)dirigir las investigaciones y pesquisas relacionadas con cualquier caso de violación de los derechos humanos.”

42.La Comisión Nacional de Derechos Humanos no solo vigila la situación de los derechos humanos, sino que también sirve de puente entre la sociedad civil y los interesados gubernamentales. Asimismo, ofrece a las víctimas una plataforma en la que alzar la voz y obtener reparación por las vulneraciones que han sufrido. En Punyab, la Oficina Central de la Policía, ubicada en la capital, Lahore, atiende las denuncias que recibe de la población y toma medidas para ofrecerles reparación.

43.En Jaiber Pastunjuá, la Dirección General de Derecho y Derechos Humanos ha tomado la iniciativa de crear y poner en funcionamiento una Dependencia de Supervisión y Vigilancia para modernizar el sistema de investigación penal y hacer un seguimiento de los casos relacionados con violaciones de los derechos humanos.

44.En Sind, la Ley de Protección de los Derechos Humanos, de 2011, prevé la creación de un mecanismo de tramitación e investigación de denuncias con competencia para citar a las partes concernidas a fin de llevar a cabo la correspondiente investigación. La Comisión de Derechos Humanos de Sind es la encargada de desempeñar las funciones especificadas en dicha ley y protege a la ciudadanía frente a las vulneraciones de sus derechos fundamentales. Otros gobiernos provinciales, como los de Baluchistán y Punyab, cuentan con mecanismos parecidos.

Información relativa al párrafo 9 e) de las observaciones finales

45.En Punyab, Sind, Jaiber Pastunjuá y Baluchistán, cuando una persona recluida es objeto de torturas, el Superintendente Médico correspondiente constituye una “Junta Médica” para valorar las lesiones causadas por dichos actos. Nada más recibir cualquier información o denuncia en ese sentido, se emprenden las acciones judiciales necesarias.

Impunidad de los actos de tortura cometidos por fuerzas militares y paramilitares y organismos de inteligencia

Información relativa al párrafo 11 a) de las observaciones finales

46.El juez de lo penal de rango inferior designado por los jueces de lo civil y lo penal con competencia sobre los distritos es el encargado de examinar las denuncias de actos de tortura. Si se determina que un agente o funcionario es culpable de tales actos, se emprenden actuaciones penales y disciplinarias contra los responsables. El Proyecto de Ley de Prevención y Castigo de la Tortura y la Muerte durante la Detención, de 2021, se encuentra en proceso de aprobación a nivel federal y garantizará que todas las denuncias contra agentes de las fuerzas del orden sean debidamente enjuiciadas.

Información relativa al párrafo 11 b) de las observaciones finales

46 bis.Véase el párrafo 54.

Información relativa al párrafo 11 c) de las observaciones finales

47.El Ejército del Pakistán ha creado un mecanismo jurídico y de supervisión, al amparo del reglamento relativo a la Ley del Ejército del Pakistán, para vigilar y castigar las violaciones de los derechos humanos cometidas por oficiales y soldados. Se trata de un mecanismo eficaz que funciona de manera vertical y horizontal para disuadir contra posibles infracciones del código de conducta. Además, los militares que llevan a cabo operaciones de lucha contra el terrorismo respetan todos los principios jurídicos y se atienen a la ley en sus actuaciones. Por principio, se hace todo lo posible por que las fuerzas del orden lleven a cabo sus operaciones de conformidad con la ley. Como parte de su formación, el personal militar recibe capacitación sobre aspectos de derechos humanos.

Información relativa al párrafo 11 d) de las observaciones finales

48.Puesto que tanto los Rangerscomo la Policía Fronteriza son fuerzas paramilitares, están controlados por el Ministerio del Interior y no directamente por las fuerzas armadas. No obstante, las fuerzas de seguridad, incluidos los Rangers, han formulado estrictos procedimientos operativos estándar y atienden todos los casos de violaciones de los derechos humanos de conformidad con la ley.

Tortura en el contexto de la lucha contra el terrorismo

Información relativa al párrafo 13 a) de las observaciones finales

49.El Proyecto de Ley de Prevención y Castigo de la Tortura y la Muerte durante la Detención, de 2021, se encuentra en proceso de aprobación a nivel federal. En él, el término “tortura” se define como todo acto cometido con la intención de infligir a otra persona dolores o sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales, que no sean incidentales a sanciones legítimas a fin de, entre otras cosas, obtener de ella una confesión, intimidarla o castigarla por un acto que se sospeche que ha cometido.

50.La Ley de Lucha contra el Terrorismo se promulgó en 1997 y se modificó el 24 de octubre de 1998 en virtud del Decreto de Modificación de la Ley de Lucha contra el Terrorismo, después de que el Tribunal Supremo declarara inconstitucionales diversas disposiciones de la Ley en la causa Mehram Ali v. Federation of Pakistan. Posteriormente, en agosto de 1999 se aprobó el Decreto de Modificación de la Ley de Lucha contra el Terrorismo, con el que se extendió por todo el país el sistema de tribunales antiterroristas. Sin embargo, en 2019 el Tribunal Supremo sentó las directrices sobre la aplicabilidad de esta ley y ordenó al Parlamento la introducción de algunos cambios esenciales. En la causa Ghulam Hussain v. the State, el Tribunal Supremo del Pakistán dictó una sentencia histórica, firmada por el juez Asif Saeed Khosa, con la que se redujo de manera definitiva el alcance de la definición de “terrorismo” y su aplicación en las causas penales. Después de haber venido aplicando dos tipos de enfoques diferentes en sus sentencias anteriores, a saber, un enfoque basado en los efectos y otro basado en el objeto, el Tribunal llegó a una conclusión definitiva y falló a favor del enfoque basado en el objeto, con lo que puso fin a la amplia discrecionalidad que utilizaban la Policía, el Gobierno y la población general a la hora de invocar la Ley de Lucha contra el Terrorismo de 1997.

51.Esta sentencia puso coto a las amplias facultades discrecionales de los tribunales por lo que respecta a las causas de terrorismo y sirvió para prevenir el uso indebido de la Ley de Lucha contra el Terrorismo. Para invocar las disposiciones de dicha ley, el caso debe satisfacer los tres criterios siguientes: a) debe haber actus reus; b) debe haber mens rea; y c) a las dos primeras condiciones se debe sumar la intención de promover una causa ideológica, política o religiosa. Por lo general, el enfoque basado en los efectos se centraba solamente en el primero de esos criterios, pero gracias al análisis tripartito actual, el ámbito de aplicación de la Ley se ha visto considerablemente reducido. Con esta sentencia, el Tribunal Supremo del Pakistán ha armonizado esta ley con la noción imperante de terrorismo que utilizan los tribunales locales y que recoge el derecho internacional. Asimismo, a fin de limitar el alcance de la Ley, en la sentencia se recomienda al Parlamento modificar el preámbulo, para incluir en él solo los actos de terrorismo, y eliminar la Lista III.

Información relativa al párrafo 13 b) de las observaciones finales

52.Tras la masacre ocurrida en la Escuela Pública del Ejército en Peshawar, el Parlamento aprobó la 21ª modificación constitucional y la modificación de la Ley del Ejército del Pakistán de 1952 con el fin de establecer tribunales militares especiales encargados de juzgar únicamente casos vinculados con el terrorismo. Esta modificación fue recurrida ante el Tribunal Supremo. Tras cinco meses de juicio, el alto tribunal desestimó los recursos contra las modificaciones 18ª y 21ª de la Constitución.

53.Después de la expiración del mandato de los tribunales militares en enero de 2017, este se prorrogó por otros dos años mediante una modificación constitucional. El mandato de estos tribunales expiró definitivamente en marzo de 2019. La creación de tribunales militares estaba en consonancia con la Constitución del país y las obligaciones internacionales. En este sentido, conviene señalar que el proceso para la tramitación de las causas que siguen los tribunales militares ha sido diseñado con frenos y contrapesos. Así pues, de un total de 869 causas remitidas por las provincias, solo se condenó a 59 presos tras el debido proceso ante los tribunales, incluidos los Tribunales Superiores y el Tribunal Supremo. A fin de garantizar el derecho a un juicio imparcial, se tomaron las siguientes medidas:

De conformidad con la ley, todas las causas que habían de ser juzgadas en tribunales militares debían ser aprobadas primero por el respectivo Comité Superior Provincial.

De conformidad con la ley, el Gobierno Federal debía autorizar el enjuiciamiento de esas causas en tribunales militares.

Las personas condenadas por un tribunal militar tienen derecho a recurrir la sentencia ante el Tribunal de Apelación. También tienen derecho a presentar un recurso ante el Jefe del Estado Mayor del Ejército y a solicitar un indulto al Presidente en virtud del artículo 45 de la Constitución del Pakistán.

Información relativa al párrafo 13 c) de las observaciones finales

54.El Decreto de Medidas (de Ayuda al Poder Civil) de 2011 se ha formulado en estricta conformidad con las normas internacionales de derechos humanos. Con arreglo a ese decreto, el abuso o el uso indebido de la fuerza durante las operaciones ha pasado a considerarse un acto punible y las personas detenidas deben ser recluidas en centros de internamiento declarados y oficiales. Las Juntas de Supervisión nombradas por los gobiernos provinciales examinan periódicamente los casos de las personas internadas. La Ley contiene disposiciones detalladas sobre cuestiones como el bienestar de los reclusos, la desradicalización, la puesta en libertad y la tramitación de las causas. Conviene señalar que, en virtud de la 25ª modificación constitucional, de 2018, las Zonas Tribales de Administración Federal han pasado a formar parte de la provincia de Jaiber Pastunjuá, por lo que ahora toda la legislación civil y penal del país se aplica también a los territorios anteriormente considerados Zonas Tribales de Administración Federal.

Definición y tipificación de la tortura

Información relativa al párrafo 15 de las observaciones finales

55.En el párrafo 28 supra se ofrece una respuesta detallada.

Salvaguardias legales fundamentales

Información relativa al párrafo 17 de las observaciones finales

56.En virtud del derecho penal y procesal del Pakistán, toda persona privada de libertad puede acceder sin demora a un abogado y tiene derecho a impugnar su reclusión en los foros adecuados. Las autoridades judiciales del Pakistán también trabajan activamente para tramitar esas causas y se apresuran en impartir justicia y proporcionar a las personas recluidas artículos de primera necesidad. Los artículos 10 y 10-A de la Constitución prevén salvaguardias en relación con la detención y reclusión y el derecho a un juicio imparcial. Asimismo, en virtud del derecho procesal, toda persona que se encuentre recluida en dependencias policiales debe ser llevada ante un juez en un plazo de 24 horas tras su detención o reclusión. Además, si una persona recluida no puede costearse un abogado, se le asigna uno de oficio.

Aplicación de la Convención por las autoridades judiciales y acceso a la justicia

Información relativa al párrafo 19 de las observaciones finales

57.A nivel federal, el Ministerio de Derechos Humanos y las instituciones conexas, como la Comisión Nacional de Derechos Humanos, trabajan activamente para vigilar las violaciones de los derechos humanos y garantizar el cumplimiento de las obligaciones que imponen los tratados internacionales.

58.Además, a nivel provincial todos los gobiernos cuentan con departamentos, comisiones y direcciones de derechos humanos análogos encargados de garantizar la promoción y protección de los derechos humanos en sus respectivos territorios, por ejemplo, revisando las leyes y prácticas que atenten contra las libertades fundamentales garantizadas por la Constitución del Pakistán o que infrinjan las obligaciones internacionales contraídas por el país.

Comisión Nacional de Derechos Humanos

Información relativa al párrafo 21 de las observaciones finales

59.El Estado ha adoptado diversas medidas para garantizar la independencia y eficacia de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. La Comisión es un órgano oficial independiente con 175 puestos autorizados en el presupuesto y plena autonomía financiera, en consonancia con los Principios de París. También goza de algunas de las competencias que tienen los tribunales civiles por lo que respecta a la investigación de las violaciones de los derechos humanos y la citación de testigos.

60.Asimismo, se ha reforzado el mecanismo de tramitación de denuncias de la Comisión Nacional de Derechos Humanos mediante la aprobación del Reglamento de Denuncia de la Comisión Nacional de Derechos Humanos en 2015.

61.Otra manera en que se ha fortalecido la Comisión Nacional de Derechos Humanos ha sido aumentando anualmente sus asignaciones presupuestarias. En el ejercicio económico 2018-2019, el presupuesto de la Comisión experimentó un aumento del 126 % sobre los 92 millones de rupias pakistaníes asignados anteriormente. El presupuesto inicial para el ejercicio 2019-2020 fue de 93 millones de rupias, a los que se sumó una asignación adicional de 20 millones (lo que se tradujo en un total de 112 millones de rupias). El Presidente y los miembros de la Comisión tienen sueldos competitivos que, en algunos casos, son mayores que los que reciben los funcionarios gubernamentales de categorías superiores.

62.La última vez que expiró el mandato de la Comisión fue en mayo de 2019. En septiembre de 2019 se puso en marcha el procedimiento para constituir el nuevo cuerpo de la Comisión y, tras el debido proceso, se remitieron los nombres de los candidatos al Consejo de Ministros y a la oposición a fin de iniciar las consultas para nombrar a los nuevos integrantes. Después de la expiración de su mandato en mayo de 2019, en 2021 se nombró a un nuevo Presidente y a nuevos miembros y la Comisión retomó su labor.

63.Entre las principales funciones y competencias de la Comisión se encuentran la investigación de las denuncias de conculcaciones de los derechos humanos, tanto de oficio como en respuesta a peticiones presentadas por ciudadanos o instituciones; el examen de la legislación vigente y las leyes propuestas a la luz de los principios de derechos humanos; la investigación y asesoramiento sobre cuestiones normativas relacionadas con la situación de los derechos humanos en el Pakistán; y la contribución a los programas nacionales de promoción y concienciación en el ámbito de los derechos humanos. Además, la Comisión colabora estrechamente con la Alianza Global de las Instituciones Nacionales de Derechos Humanos (GANHRI) y el PNUD a fin de reforzar todavía más su capacidad funcional con el objetivo último de dar respuesta a las quejas de los sectores vulnerables de la sociedad.

64.La Comisión Nacional de Derechos Humanos ha elaborado un plan de trabajo bienal (2019-2021), que se ha utilizado como base para formular el mandato de la Comisión y establecer un marco de cooperación entre el Ministerio de Derechos Humanos y la Comisión. Además, antes de la expiración de su mandato, se presentó al Parlamento el informe anual de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, en el que se recoge información detallada sobre las diversas consultas, talleres, seminarios, debates, misiones de investigación de los hechos y actividades de formación sobre distintas cuestiones de derechos humanos organizados por la Comisión. En el informe también figura el número de denuncias que recibió la Comisión y el número de investigaciones que inició de oficio sobre distintos asuntos, como el enfrentamiento simulado con Naqeebullah Mehsud y el asesinato de una persona transgénero en Sahiwal.

65.En dicho informe también se formulan recomendaciones sobre cuestiones como la trata de personas, la tortura policial, las desapariciones forzadas y el trabajo en régimen de servidumbre. Según el informe anual de 2018, la Comisión Nacional de Derechos Humanos recibió 2.435 denuncias (195 de ellas de oficio), de las cuales 109 procedían del Territorio de la Capital Islamabad, 1.385 de Punyab, 300 de Sind, 147 de Jaiber Pastunjuá, 31 de Baluchistán y 6 de otros distritos del Pakistán. De ellas, 1.539 están siendo examinadas por los tribunales, 520 se encuentran en las primeras fases del proceso de investigación y 376 han sido desestimadas.

66.La Comisión Nacional de Derechos Humanos también ha formulado las Directrices de Política sobre la Protección de los Defensores de los Derechos Humanos, que definen las principales funciones de los defensores de los derechos humanos y contienen disposiciones sobre el apoyo que ha de prestarles la Comisión, la libertad de expresión y el derecho a la información, la libertad de asociación y de reunión pacífica, la libertad de circulación, las restricciones arbitrarias e indebidas a los defensores de los derechos humanos, las amenazas y los actos de intimidación, la investigación y las acciones judiciales y los mecanismos de reparación existentes en 2019 a nivel federal, provincial y de distrito.

Información relativa al párrafo 23 de las observaciones finales

67.El Gobierno del Pakistán considera a las organizaciones de la sociedad civil y a los defensores de los derechos humanos como aliados en su empeño por promover los derechos humanos y las libertades fundamentales de sus ciudadanos. A nivel federal, en diciembre de 2021 el Parlamento del Pakistán promulgó la Ley de Protección de los Periodistas y los Profesionales de los Medios de Comunicación, que actualmente se encuentra en proceso de implementación. Para ello, se está elaborando el reglamento relativo a dicha ley y se está creando la comisión independiente prevista en ella.

68.Esta ley facilitará la denuncia de todos los casos de intimidación, acoso, secuestro y asesinato de defensores de los derechos humanos y periodistas. La comisión creada en virtud de la ley propuesta tendrá competencia para investigar esos casos de manera rápida y exhaustiva. Esta ley garantizará recursos efectivos para las víctimas y sus familias, lo cual incluye medidas de protección de testigos.

69.A nivel provincial, todos los gobiernos están tomando medidas para investigar pronta y exhaustivamente los casos de intimidación, acoso, secuestro y asesinato de defensores de los derechos humanos. En Jaiber Pastunjuá no se ha denunciado ningún caso de desaparición, intimidación, secuestro, tortura o lesiones y tampoco hay ningún caso pendiente. Sin embargo, el año pasado se registraron dos asesinatos. Con respecto a los 3 casos de asesinato pendientes de investigación, ya se han dictado 2 sentencias condenatorias por delitos de asesinato y 1 sentencia por un delito de daños. Además, hay 10 casos de asesinato y 1 relacionado con un delito de daños pendientes de juicio. También están pendientes de juicio 12 casos relacionados con abogados. Asimismo, hay otros 3 casos pendientes de investigación: 2 relativos a abogados y 1 relativo a un periodista.

70.El gobierno de Punyab también ha investigado rápida y exhaustivamente los casos registrados en 2020 en relación con defensores de los derechos humanos, abogados y periodistas. En 2020 se registraron 20 casos cuyas víctimas eran abogados: 7 de asesinato, 8 de intento de asesinato y 5 de secuestro. Sin embargo, no se registró ningún caso contra periodistas o defensores de los derechos humanos.

71.Por lo que respecta al bienestar de los periodistas en la provincia de Jaiber Pastunjuá, ya se ha aprobado la Ley del Fondo de Dotación para el Bienestar de los Periodistas (Modificación), de 2019, a fin de asegurar el bienestar de los periodistas veteranos mayores de 60 años en caso de, entre otras cosas, fallecimiento o lesiones.

Desapariciones forzadas

Información relativa al párrafo 25 de las observaciones finales

72.En marzo de 2011, el Gobierno Federal creó la Comisión de Investigación de las Desapariciones Forzadas en ejercicio de las facultades que le confería la Ley de Comisiones de Investigación del Pakistán de 1956 (sustituida por la Ley de Comisiones de Investigación del Pakistán de 2017). La Comisión, integrada por un Presidente y dos miembros, está dirigida por un antiguo juez del Tribunal Supremo del Pakistán. La Comisión de Investigación de las Desapariciones Forzadas funciona como foro jurídico ante el que las familias de personas supuestamente desaparecidas pueden presentar la correspondiente denuncia. Durante la investigación de los casos, la Comisión mantiene a las familias informadas de los avances de las pesquisas, y las audiencias de las causas se celebran en su presencia. Se trata de un sistema completamente gratuito, pues los denunciantes no deben abonar ninguna tasa por presentar la denuncia ni contratar a un abogado para comparecer ante la Comisión. Además, las audiencias se celebran en las capitales provinciales a fin de que los denunciantes no tengan que incurrir en gastos para viajar a la capital federal. Durante la investigación de los casos, la Comisión colabora plenamente con todas las partes interesadas, incluidos el Gobierno Federal, los gobiernos provinciales, los servicios de inteligencia y las fuerzas del orden.

73.Gracias a la colaboración y los esfuerzos concertados con las partes interesadas, la Comisión de Investigación de las Desapariciones Forzadas ha podido tramitar la mayoría de los casos. Al mes de agosto de 2021, la Comisión había recibido un total de 8.122 denuncias de presuntas desapariciones forzadas, de las cuales había tramitado 5.853. De los 56 casos denunciados en agosto de 2021, se dio con el paradero de 45 personas —de las cuales 35 fueron trasladadas a su hogar, 5 estaban recluidas en centros de internamiento, 4 se encontraban en prisión y 1 había fallecido— y se desestimaron 11 denuncias por no tratarse de casos de desaparición forzada. Por consiguiente, al 31 de agosto de 2021 había pendientes 2.269 presuntos casos de desaparición forzada. Durante ese mismo mes se celebraron en todo el país 371 procedimientos judiciales, de los cuales 180 tuvieron lugar en Islamabad, 72 en Lahore, 58 en Karachi y 61 en Quetta.

74.El Decreto de Medidas (de Ayuda al Poder Civil) de 2011 se ha formulado en estricta conformidad con las normas internacionales de derechos humanos. Con arreglo a ese decreto, el abuso o el uso indebido de la fuerza durante las operaciones ha pasado a considerarse un acto punible y las personas detenidas deben ser recluidas en centros de internamiento declarados y oficiales. Las Juntas de Supervisión nombradas por los gobiernos provinciales examinan periódicamente los casos de las personas internadas. La Ley contiene disposiciones detalladas sobre cuestiones como el bienestar de los reclusos, la desradicalización, la puesta en libertad y la tramitación de las causas. Además, se tiene debidamente en cuenta el estado de salud de los detenidos, tanto por lo que respecta a las condiciones de higiene como a la salud mental. Por otro lado, el 7 de junio de 2021 el Gobierno del Pakistán presentó el Proyecto de Ley de Desapariciones Forzadas o Involuntarias (Modificación del Código Penal) a la Asamblea Nacional, que lo aprobó el 8 de noviembre de 2021. El proyecto de ley ha sido presentado al Parlamento a fin de continuar el proceso legislativo.

Vigilancia de los lugares de detención

Información relativa al párrafo 27 a) de las observaciones finales

75.Los Departamentos Penitenciarios provinciales han adoptado medidas para garantizar un control adecuado de los presos robusteciendo el componente dinámico de los sistemas de seguridad. Se ha ordenado a los directores de todos los centros penitenciarios que adopten una política de tolerancia cero respecto de la tortura. Además, en 2020 el Ministerio de Derechos Humanos, bajo las órdenes del Tribunal Superior de Islamabad, elaboró un informe para examinar la situación de las prisiones del país, en el que también se analizaba el estado de hacinamiento en los centros penitenciarios. La Comisión ha transmitido amplias recomendaciones a todas las prisiones del Pakistán a fin de que tomen medidas integrales para mejorar y modernizar las instalaciones y adopten una política de tolerancia cero respecto de la tortura.

Información relativa al párrafo 27 b) de las observaciones finales

76.Los jueces de lo civil y lo penal con competencia sobre los distritos inspeccionan las prisiones de los territorios de su jurisdicción. Es frecuente que el Inspector General y el Subinspector General de Prisiones lleven a cabo inspecciones sin previo aviso a fin de garantizar el cumplimiento de la legislación y los manuales penitenciarios.

77.El Departamento Penitenciario de Punyab también vela por mantener vigilados a los presos y disuadir a los funcionarios de cometer excesos. Son varios los funcionarios del Departamento de Derechos Humanos y Asuntos de las Minorías de Punyab que tienen autoridad para hacer visitas sin previo aviso a las prisiones de la provincia. Se han realizado nueve visitas a las prisiones de distrito de Sheikhupura y Toba Tek Singh, la prisión central de Lahore, el reformatorio e institución para menores de Bahawalpur, la prisión central de Bahawalpur, la prisión de distrito de Lahore y las prisiones centrales de Faisalabad y Gujranwala. A recomendación del Departamento de Derechos Humanos y Asuntos de las Minorías de Punyab, se han realizado mejoras en la prisión central de Lahore, entre las que se encuentran la construcción de siete nuevos pabellones para presos con enfermedades mentales, que aún está en curso, la contratación de psicólogos superiores y adjuntos para el tratamiento de esas personas, la colaboración con psicólogos de hospitales externos para que realicen visitas periódicas a estos centros, la señalización clara en los menús de los platos alternativos para los no musulmanes, de acuerdo con su fe, y la provisión a los presos de uniformes adecuados a las condiciones meteorológicas. Todos los funcionarios de las prisiones reciben formación periódica sobre las visitas que realizan los oficiales de derechos humanos a los centros penitenciarios a fin de aumentar sus conocimientos sobre la cuestión y mejorar la coordinación en beneficio de la población.

78.En el siguiente enlace se puede consultar un informe detallado sobre la situación de las prisiones preparado por la comisión constituida por orden del honorable Tribunal Superior de Islamabad: https://www.mohr.gov.pk/SiteImage/Misc/files/PrisonsReforminPakistan.pdf.

Información relativa al párrafo 27 c) de las observaciones finales

79.Al igual que en otros países democráticos, la decisión de adherirse a un tratado internacional o a su protocolo facultativo se toma tras amplios debates y deliberaciones entre todas las partes interesadas. La propuesta de ratificar el Protocolo Facultativo de la Convención sobre la Tortura sigue en proceso de debate interno.

Condiciones de reclusión

Información relativa al párrafo 29 a) de las observaciones finales

80.El Gobierno ha adoptado diversas medidas para que las muertes de reclusos se investiguen de manera rápida y eficaz. En virtud de la regla 735 del Reglamento Penitenciario del Pakistán, de 1978, cuando una persona recluida fallece, un juez de lo penal emprende una investigación para determinar la causa de la muerte. El informe resultante se remite a todas las partes interesadas, incluidos el tribunal de primera instancia, el tribunal de apelación, el Ministro del Interior y el Inspector General de Prisiones. Lo mismo ocurre a nivel de distrito, donde los jueces de lo penal de los distritos son los encargados de investigar exhaustivamente todas las muertes de reclusos. Conviene destacar que, entre 2018 y 2021, en Sind no se registró la muerte de ningún recluso. En cambio, en Jaiber Pastunjuá, entre 2019 y 2021 se registró solo un caso, y los autores tuvieron que rendir cuentas por el suceso. En Punyab y Baluchistán, por su parte, tampoco se registró ninguna muerte durante la detención policial. Al mismo tiempo, se denuncian e investigan exhaustivamente todos los casos de tortura cometidos por la Policía en todo el territorio pakistaní, y los responsables reciben el correspondiente castigo. En el Proyecto de Ley de Prevención y Castigo de la Tortura, la Muerte y la Violación durante la Detención, de 2021, se estipulan castigos más severos para los delitos de muerte y tortura de personas recluidas.

Información relativa al párrafo 29 b) de las observaciones finales

81.Se han establecido Dependencias de Distrito para la Presentación de Denuncias para investigar esos sucesos. El Departamento Penitenciario de Punyab ya ha instaurado en todas las prisiones un sistema de denuncia independiente y confidencial y ha creado la Inspección de Prisiones de Punyab para ofrecer reparación a la población en general por los perjuicios sufridos.

82.El Inspector General de Prisiones examina las quejas de la población y dicta las órdenes necesarias al momento. Además, se ha ordenado a los directores de los centros penitenciarios de todo el país que, cada día, establezcan un puesto en el exterior de sus respectivas prisiones, en un lugar conveniente, para atender durante por lo menos una hora las quejas de la población penitenciaria general. Tanto en el interior como en el exterior de las prisiones se han instalado buzones de reclamaciones, cuya llave no se encuentra en posesión del equipo administrativo de la prisión, para establecer una comunicación directa entre los presos. Sin embargo, los directores de los centros penitenciarios realizan visitas diarias a las prisiones para escuchar las quejas de los presos. Cuando se recibe una denuncia de agresión física, se toman medidas disciplinarias contra el funcionario, el agente o el preso responsable. Las inspecciones sin previo aviso que llevan a cabo el Inspector General y el Subinspector General de Prisiones también contribuyen a mantener vigilados a los presos y disuadir a los funcionarios de cometer excesos. Por ejemplo, se determinó que las denuncias contra agentes de policía por actos de tortura cometidos en las prisiones de Punyab habían sido el resultado directo de la implantación del sistema confidencial de denuncia. Gracias al sistema de atención de denuncias, en el período comprendido entre 2020 y 2021 se impusieron castigos leves y severos a 12 agentes. Asimismo, en Jaiber Pastunjuá se sancionó a 24 agentes por denuncias de tortura. Del mismo modo, en Sind y Baluchistán también se imponen castigos a los policías en el marco del sistema de atención de denuncias.

Información relativa al párrafo 29 c) de las observaciones finales

83.En 2020, el Ministerio de Derechos Humanos, bajo las órdenes del Tribunal Superior de Islamabad, elaboró un informe para examinar la situación de las prisiones del país, en el que también se analizaba el estado de hacinamiento en los centros penitenciarios. Los datos recopilados revelaron que, en la actualidad, el Pakistán tiene una población penitenciaria de aproximadamente 77.000 presos.

84.Las prisiones del Pakistán, en cambio, solamente tienen capacidad para 56.634 personas, lo que contrasta con la cifra de presos real. No obstante, todas las mujeres cuentan con una cama para dormir, y en las prisiones y pabellones femeninos no hay problemas de hacinamiento. Solo en Punyab, 29 de las 41 prisiones presentan problemas de hacinamiento, mientras que en Sind son 8 las prisiones en tal situación.

85.A fin de resolver este problema, los respectivos departamentos y ministerios han tomado diversas medidas. En Punyab, entre 2012 y 2018 se construyeron 8 prisiones de distrito, 1 centro penitenciario de alta seguridad y 1 centro de detención. Además, se están construyendo otras 2 prisiones, a saber, la prisión de distrito de Lodhran y el centro penitenciario de alta seguridad de Mianwali. También se ha puesto en marcha el proceso para convertir 2 cárceles judiciales en centros de detención. Gracias a estas medidas, el hacinamiento carcelario se reducirá todavía más, del 42 % al 30 %.

86.Por lo que respecta a las medidas alternativas a la prisión, el gobierno de Punyab se ha propuesto reducir el hacinamiento carcelario poniendo en libertad condicional a los condenados por delitos leves que depositen la correspondiente fianza. También se ha completado la conversión de la Dirección de Libertad Condicional y a Prueba en el Servicio de Libertad Condicional y a Prueba, y en breve se empezará a aplicar la nueva Ley de Libertad Condicional, de 2019, y la Ley de Libertad Condicional de Presos con Buena Conducta, de 1926 (aprobada por el gobierno provincial). El proceso de elaboración del Reglamento para la Libertad Condicional previsto en dicha ley ha concluido y la Junta de Libertad Condicional ha sido constituida. El gobierno provincial también ha aprobado las modificaciones del Decreto de Libertad Condicional, de 1960.

87.Progresivamente, se ha ido dando respuesta al problema del hacinamiento carcelario en Jaiber Pastunjuá y Baluchistán. En Jaiber Pastunjuá, la prisión de Peshawar ha abierto sus puertas recientemente y la de Swat lo hará en breve. A fin de prevenir los problemas de hacinamiento, cada viernes los jueces de lo penal de rango inferior celebran juicios en los centros penitenciarios a fin de juzgar los delitos leves. Gracias a este sistema se han resuelto unos 2.860 casos. Además, se ha puesto en libertad a 29 condenados pobres previo pago de la diyat (una compensación económica). El Departamento Penitenciario de Jaiber Pastunjuá también ha realizado un censo de la población penitenciaria para determinar qué presos podían ser puestos en libertad condicional. Además, en 14 prisiones de Jaiber Pastunjuá se ha instalado el Sistema Informático de Gestión de los Reclusos, en el que se han digitalizado seis módulos de los registros penitenciarios, hospitalarios, del inventario y del personal.

88.En Sind se están construyendo varias prisiones y se está ampliando la prisión de distrito de Malir para reforzar su muro. También está previsto construir nuevas prisiones con capacidad para 500 reclusos en el distrito de Thatta. Además, se están construyendo 10 nuevos pabellones en la Prisión de Malir, en Karachi, y 4 pabellones adicionales en la prisión de distrito de Shikarpur. En 2019 se promulgó la Ley de Servicios Penitenciarios y Correccionales de Sind para proteger los derechos fundamentales de todos los presos, asegurar una reclusión en condiciones de seguridad y contribuir a su reinserción en la sociedad como ciudadanos respetuosos de la ley. En virtud de dicha ley, el gobierno provincial ha comenzado a poner en libertad a los infractores de edad que han cumplido la mitad de su condena y a aquellos que están gravemente enfermos y que no han sido condenados por ningún delito grave ni por terrorismo.

Información relativa al párrafo 29 d) de las observaciones finales

89.En 2020, el Ministerio de Derechos Humanos, bajo las órdenes del Tribunal Superior de Islamabad, elaboró un informe para examinar la situación de las prisiones del Pakistán y armonizar las condiciones penitenciarias con las Reglas Nelson Mandela. El informe contenía diversas recomendaciones para las autoridades penitenciarias competentes a fin de humanizar las condiciones de las prisiones.

90.Además, un comité creado por el Primer Ministro realizó un estudio bajo la dirección del Ministerio de Derechos Humanos para examinar la difícil situación de las reclusas en el Pakistán y revisar el Reglamento Penitenciario a la luz de las Reglas de Bangkok.

91.En el informe del comité se presentaban los resultados del estudio y se formulaban recomendaciones para mejorar la situación de las reclusas, por ejemplo, agilizando la revisión de la legislación vigente de acuerdo con las normas internacionales, reduciendo el número de presas preventivas, formulando medidas alternativas a la condena y programas postpenitenciarios para estas mujeres, combatiendo los problemas de salud mental y formando al personal penitenciario para que traten a estas reclusas de manera más humana. En el informe se mencionaban específicamente determinadas disposiciones del Reglamento Penitenciario del Pakistán, de 1978, y se señalaba cómo se podían modificar a la luz de las normas internacionales.

92.El comité también indicó que las presas preventivas representaban el 66,7 % de la población penitenciaria femenina y señaló la urgente necesidad de resolver ese problema. En el informe se reconocía la posibilidad de que algunas mujeres tuvieran responsabilidades parentales adicionales, lo cual se debía tener en cuenta a la hora de decidir si enviarlas a prisión. Además, en abril de 2020 el Tribunal Supremo ordenó poner en libertad a algunos presos debido a los problemas derivados de la pandemia de la enfermedad por coronavirus (COVID-19), entre los que figuraban las presas preventivas. Entre los requisitos establecidos, el Tribunal Supremo determinó que se debía contemplar la puesta en libertad condicional de todas las personas acusadas de delitos que no se inscribieran en una cláusula que prohibiera la libertad condicional o en la legislación relativa al vagabundeo o de delitos punibles con menos de tres años de prisión, y que esto se extendería a todas las mujeres y menores en prisión preventiva. El comité también recomendó la puesta en libertad y el indulto de 15 mujeres extranjeras encarceladas. Se ha considerado la posibilidad de excarcelar a aproximadamente 450 mujeres y menores presos que cumplían los requisitos mencionados.

93.La Ley de Servicios Penitenciarios y Correccionales de Sind se aprobó el 11 de junio de 2019 y el Reglamento Penitenciario de Sind se revisó y publicó el 14 de mayo de 2020. Estos instrumentos legislativos han introducido un nuevo marco jurídico que tiene en cuenta las cuestiones de género y prevé reglas progresistas por lo que respecta al ingreso en prisión, la clasificación de los presos, las iniciativas de rehabilitación y otros derechos. Punyab también se encuentra en la última fase de revisión y modificación de la Ley de Prisiones y el Reglamento Penitenciario.

94.En Sind, por ejemplo, todas las prisiones cuentan con funcionarios médicos para ofrecer servicios sanitarios a los presos. Además, distintos especialistas médicos del Departamento de Salud de Sind visitan las prisiones de manera semanal o quincenal para reconocer a los presos y brindarles los servicios de salud necesarios.

95.Además, el Reglamento Penitenciario del Pakistán, de 1978, contiene disposiciones que obligan a brindar una asistencia médica adecuada a todos los presos independientemente de la pena que se les haya impuesto, lo cual incluye a los presos condenados a muerte. En el Reglamento se estipula que todos los Departamentos Penitenciarios del Pakistán deben estar adecuadamente equipados y contar con funcionarios médicos y psicólogos. Según el Informe sobre Reformas Penitenciarias en el Pakistán, las prisiones de Punyab cuentan con 42 funcionarios médicos y 37 psicólogos, las de Sind con 17 funcionarios médicos, las de Jaiber Pastunjuá con 17 funcionarios médicos y 9 psicólogos y las de Baluchistán con 9 funcionarios médicos.

Información relativa al párrafo 29 e) de las observaciones finales

96.De conformidad con las reglas 227 y 231 contenidas en el capítulo 9, sobre la clasificación y separación de los presos, del Reglamento Penitenciario del Pakistán, de 1978, las personas en prisión preventiva se mantienen separadas de las personas condenadas, las mujeres separadas de los hombres y los menores separados de los adultos.

97.En Punyab, todos los centros de detención, cárceles y prisiones cuentan con celdas separadas para hombres y mujeres. En Multán hay una cárcel exclusivamente femenina, mientras que otras cárceles disponen de módulos separados para la reclusión de mujeres. Los pabellones femeninos están gestionados por mujeres y ningún funcionario de sexo masculino puede entrar en ellos. Una vez condenadas, estas mujeres son trasladadas a la cárcel femenina de Multán, la prisión central de Sahiwal, Lahore, Rawalpindi o Gujranwala o la prisión de distrito de Faisalabad, según el caso.

98.Gracias a los últimos avances en la legislación relativa a la violación y los delitos sexuales, las reformas introducidas en el Código Penal y el Código de Procedimiento Penal y las sentencias dictadas por las máximas instancias judiciales están teniendo efectos positivos. En 2020, el Teléfono de Asistencia a la Mujer de Punyab (1043) recibió 5.530 llamadas relativas a actos de violencia y tortura, lo que incluye casos de violación y abuso sexual, mientras que en 2019 esa cifra ascendió a 9.316, lo que muestra cierto descenso en los casos de violencia contra la mujer.

99.El teléfono de asistencia de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer de Punyab (1043) trabaja activamente para hacer frente a los problemas relacionados con la mujer.

Información relativa al párrafo 29 f) de las observaciones finales

100.El Gobierno del Pakistán se compromete a garantizar la seguridad de sus ciudadanos y a velar por que ninguna persona sea recluida en régimen de aislamiento en las prisiones del país.

Información relativa al párrafo 29 e) de las observaciones finales

101.En Punyab, Sind, Jaiber Pastunjuá y Baluchistán los directores de los centros penitenciarios no tienen competencia para colocar grillos a los presos. No obstante, los grillos se utilizan para garantizar la reclusión segura de los presos implicados en delitos atroces previa autorización del Inspector General de Prisiones de Punyab, en Lahore, y siempre y cuando el juez de lo civil y lo penal que conozca del caso confirme tal decisión.

La violencia contra las mujeres y los llamados “asesinatos por honor”

Información relativa al párrafo 31 a) de las observaciones finales

102.En los últimos años se han aprobado diversas leyes para reducir al máximo todas las formas de violencia contra la mujer, entre las que cabe mencionar las siguientes:

Ley de Protección de las Mujeres frente al Acoso en el Lugar de Trabajo, de 2010.

Ley de Modificación del Código Penal (Segunda Enmienda), de 2011 (Ley de Control de Ácidos y de Agresiones con Ácido).

Ley de Modificación del Código Penal (Tercera Enmienda), de 2011 (Ley para la Prevención de las Prácticas Nocivas para las Mujeres).

Ley de Modificación del Código Penal (Delitos de Violación), de 2016.

Ley de Modificación del Código Penal (Delitos Relacionados con los Asesinatos por Honor), de 2016.

Ley de Aplicación de los Derechos de las Mujeres a la Propiedad, de 2020.

Leyes provinciales contra la violencia doméstica.

103.Además, el Gobierno del Pakistán ha promulgado el Decreto para la Investigación y Enjuiciamiento de los Delitos de Violación, de 2020, que, en su artículo 3, estipula el establecimiento de tribunales especiales, cuyos jueces tendrán las mismas competencias que los jueces de lo penal. El Decreto también prevé la creación de Dependencias de Atención Urgente en caso de Violación para atender estos delitos, que llevarán a cabo un reconocimiento forense en un plazo de seis horas tras recibir la información de la Policía. También está previsto que las víctimas de violación reciban asistencia letrada por conducto de la Autoridad para la Justicia y la Asistencia Letrada, establecida en virtud de la Ley de la Autoridad para la Justicia y la Asistencia Letrada, de 2020. De conformidad con el Decreto, el tribunal deberá dictar sentencia, preferiblemente, en un plazo de cuatro meses.

104.El Gobierno del Pakistán también ha modificado la Ley de Protección de las Mujeres frente al Acoso en el Lugar de Trabajo (Modificación), de 2022, con lo cual se ha ampliado la definición de “acoso”. Asimismo se han ampliado las definiciones de “empleado”, para incluir a estudiantes, intérpretes, artistas, deportistas, pasantes, trabajadores domésticos y personas que trabajan en su domicilio; “lugar de trabajo”, para incluir instituciones educativas, representaciones, conciertos, estudios, salas de espectáculos, tribunales, carreteras e instalaciones de apoyo; y “entorno hostil”, para incluir las actitudes o ideas discriminatorias y prejuiciosas que den lugar a comportamientos discriminatorios por motivos de género.

105.El país ha pasado ahora a centrarse en aplicar de manera efectiva las leyes mencionadas a fin de erradicar los delitos de violencia contra la mujer en todo su territorio. Además, se están formulando una serie de leyes que ofrecen protección y otros derechos básicos a las mujeres, y que se aprobarán a la mayor brevedad, entre ellas:

El Proyecto de Ley de Atención y Derechos en materia de Salud Reproductiva, de 2013.

El Proyecto de Ley del Territorio de la Capital Islamabad de Prevención y Protección contra la Violencia Doméstica, de 2020.

106.La Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer de Jaiber Pastunjuá ha ayudado al gobierno provincial a redactar y finalizar la Ley de Prevención y Protección contra la Violencia Doméstica contra la Mujer, que se aprobó en enero de 2021. La Ley prevé la formación de comités de protección, que contribuirán a detectar a las mujeres que sufren violencia y facilitarán el acceso de las supervivientes de la violencia a servicios jurídicos y psicológicos y a centros de acogida. Conviene destacar que 25 mujeres que sufrían distintas formas de violencia han acudido a la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer de Jaiber Pastunjuá, quien, con la asistencia del Consejo de Solución de Controversias de la Policía, ha resuelto todos los casos. Además, algunas de las disposiciones del Código Penal del Pakistán forman parte de los cursos de capacitación básica y continua de los agentes de policía y del plan de estudios de la Escuela de Investigación. Todas las comisarías y oficinas de la Policía en los distritos cuentan con un servicio gestionado por agentes de sexo femenino para atender a las mujeres que deseen interponer una denuncia. Los casos de violencia contra la mujer se notifican inmediatamente al Inspector General de la Policía de Jaiber Pastunjuá y son llevados a los tribunales por la Fiscalía del correspondiente distrito. Las mujeres víctimas y testigos son responsabilidad de las comisarías de Policía que se encuentran bajo la jurisdicción de los Jefes de policía de los distritos, y están supervisadas por la cadena de mando. Se han diseñado seminarios y cursos especiales de capacitación para los agentes de policía encargados de investigar los casos relacionados con las mujeres. También se organizan visitas periódicas a escuelas, escuelas superiores y universidades y actividades para el público en general con el fin de sensibilizar e informar a la población sobre cómo y dónde denunciar los casos de violencia contra la mujer.

Información relativa al párrafo 31 b) de las observaciones finales

107.La Dependencia de Delitos de Género de la Oficina de la Policía Nacional recopila datos sobre los delitos cometidos contra mujeres, en particular los relacionados con la violencia sexual, las agresiones con ácido, la violencia doméstica, los asesinatos por honor y el acoso en el lugar de trabajo, y las fuerzas del orden utilizan estas estadísticas para formular políticas adecuadas de protección de los derechos de la mujer, supervisar la aplicación de la legislación y tomar las medidas necesarias para garantizar su cumplimiento. Los datos que se recopilan provienen de múltiples fuentes, entre las que se encuentran los casos denunciados en las comisarías de Policía (denuncias informativas iniciales), las causas iniciadas en los juzgados y las noticias sobre delitos contra la mujer publicadas en los medios de comunicación. Según los datos recogidos, entre enero de 2018 y junio de 2021 se denunciaron en el país un total de 1.710 casos de asesinatos por honor, 6.527 casos de asesinato y 14.456 casos de violación. Entre las medidas destinadas a frenar la violencia de género se encuentran las siguientes:

a)Acceso a la justicia y asistencia letrada: A fin de que las mujeres reciban la asistencia y apoyo jurídicos necesarios y tengan acceso a vías de recurso, en 2020 se aprobó la Ley de la Autoridad para la Justicia y la Asistencia Letrada, que prevé la prestación de asistencia jurídica, financiera y de otra índole a los sectores pobres y vulnerables de la sociedad para que puedan acceder a la justicia en los procesos penales y los procedimientos conexos. La Autoridad para la Justicia y la Asistencia Letrada prevista en la Ley ya está constituida y plenamente operativa. Asimismo, se ha establecido la correspondiente Junta de Gobernadores y se ha nombrado a un Director General, que es el jefe administrativo de la Autoridad. El Gobierno del Pakistán también ha creado un fondo de dotación oficial: el Fondo de Fomento del Acceso a la Justicia. Uno de sus objetivos es promover el empoderamiento jurídico proporcionando financiación a través de la Ventanilla de Financiación para el Empoderamiento Jurídico, parte de la cual se utiliza para ofrecer asistencia letrada a los litigantes que cumplan los requisitos. Los fondos se desembolsan por conducto de los Comités de Distrito para el Empoderamiento Jurídico. Hasta la fecha, se han otorgado 60 millones de rupias a los Comités de 114 distritos y se ha prestado asistencia jurídica a 2.832 litigantes de todo el país. Además, el Fondo Rotatorio de Ayuda para Cuestiones de Derechos Humanos, administrado por el Ministerio de Derechos Humanos, proporciona asistencia financiera por un monto de hasta 50.000 rupias a las mujeres necesitadas que cumplan los requisitos. El Fondo para Mujeres en Situaciones de Desamparo y Detención ofrece rehabilitación a las mujeres que salgan de prisión o de hogares de acogida y centros de crisis; el Ministerio de Derechos Humanos ha reservado 46 millones de rupias para el desembolso de ayuda con cargo a este fondo. A nivel provincial, el Departamento para el Desarrollo de la Mujer de Sind, en colaboración con el Centro de Karachi para la Resolución de Controversias y abogados que trabajan a título gratuito, ha puesto en marcha amplios programas provinciales de solución de controversias por vías alternativas dirigidos a mujeres, en el marco de los cuales 1.200 mujeres han recibido apoyo para la solución de controversias civiles y familiares por vías alternativas. Además, gracias a la alianza público-privada con la Sociedad para la Asistencia Letrada, se proporcionan servicios gratuitos de asesoramiento y asistencia jurídicos en 11 distritos de Sind. También hay cuatro centros de crisis que ofrecen asistencia letrada, los cuales cuentan con equipos especializados de abogados que trabajan a título gratuito. Por otro lado, el Departamento de Asistencia Social de Baluchistán ofrece asistencia jurídica gratuita y una compensación económica a las víctimas de la discriminación, las mujeres con discapacidad y las minorías religiosas. La Sociedad para la Asistencia Letrada del Consejo de la Abogacía de Punyab ofrece asistencia jurídica a hombres y mujeres marginados.

b)Tribunales: Además, el Comité Nacional para la Formulación de Políticas Judiciales ha ordenado a los Tribunales Superiores del Pakistán crear 116 tribunales especializados en violencia de género en todo el país. En este contexto, los casos de violencia de género se asignan a los jueces titulares o suplentes de lo penal que hayan recibido la correspondiente formación que ofrece la Academia Judicial de Punyab en colaboración con el Banco Asiático de Desarrollo. Además, se han establecido 16 juzgados de familia en la capital de algunos de los distritos de Punyab, y el Tribunal Superior de Lahore inauguró en 2016 el primer tribunal del Pakistán especializado en violencia de género. Punyab cuenta con 36 tribunales y 36 jueces especializados en violencia de género; en la provincia de Sind, estas cifras ascienden a 27 tribunales y 46 jueces; Jaiber Pastunjuá cuenta con 29 tribunales de violencia de género y 32 jueces especializados en esta cuestión; en la provincia de Baluchistán hay 1 tribunal de violencia de género y 1 juez encargado de estas causas; y el Territorio de la Capital Islamabad cuenta con 2 tribunales de este tipo y 1 juez asignado a estos casos.

c)Comisarías de Policía y servicios de asistencia: En Punyab, el 98 % de las comisarías de Policía cuentan con servicios de asistencia a la mujer y hay tres comisarías integradas por mujeres (en Lahore, Rawalpindi y Faisalabad). Todas las comisarías de Islamabad disponen de servicios de asistencia a la mujer. En Jaiber Pastunjuá se han establecido servicios de asistencia especializados en derechos humanos y derechos de la mujer en las comisarías de Policía de más de 15 distritos. En esa misma provincia, con el fin de establecer una red con los proveedores de servicios pertinentes (comisarías de Policía, hospitales, centros sociales de acogida, etc.), se ha creado también la Red Integrada de Apoyo a las Víctimas, que se introducirá en cinco distritos, a saber, Swat, Peshawar, Mardán, Charsadda y Abbottabad. Por otro lado, en Sind y Baluchistán las Dependencias de Distrito para la Presentación de Denuncias, las Dependencias de Mujeres para la Presentación de Denuncias, los hogares de acogida, los teléfonos de asistencia policiales y las comisarías de Policía cuentan con mecanismos específicos para atender los asuntos relacionados con la mujer. Asimismo, Sind dispone de un teléfono de asistencia (0800-70806) y del Centro de Llamadas de Asesoramiento Jurídico de Sind para ofrecer asesoramiento jurídico a las mujeres y a las víctimas de la violencia de género. Por su parte, en enero de 2021 el gobierno de Baluchistán creó el Teléfono de Asistencia a la Mujer de Baluchistán (1089) para recoger las denuncias de los casos de acoso contra la mujer ocurridos en el hogar y en el lugar de trabajo. Las mujeres que lo deseen pueden denunciar a través del teléfono de asistencia casos de hostigamiento, violencia doméstica y acoso en el lugar de trabajo y asuntos relacionados con la propiedad.

d)Centros de acogida: Tanto a nivel federal como provincial existen distintos hogares de acogida ( Dar-ul-Amans ), centros de crisis para mujeres y refugios que proporcionan alojamiento y servicios de rehabilitación a mujeres marginadas. El hogar de acogida para mujeres dependiente del Ministerio de Derechos Humanos ofrece albergue a mujeres y niños. En el Territorio de la Capital Islamabad se ha creado también un Centro de Rehabilitación y Protección Familiar para Mujeres que proporciona asesoramiento, asistencia jurídica y atención médica a mujeres. En particular, el Centro ofrece, entre otras cosas, servicios psicosociales, asesoramiento jurídico, psicoterapia individual y en grupo para superar la depresión y el trauma, atención médica, asistencia jurídica y servicios de reconciliación, reintegración y readaptación social, y también organiza visitas informativas. Además, proporciona alojamiento temporal, alimentos, educación básica y formación profesional y gestiona su propia línea de asistencia telefónica gratuita (111-12-13-14). En Baluchistán hay tres Centros Shaheed Benazir Bhutto para Mujeres —en Sibi, Khuzdar y Quetta— y está previsto crear otros tres en los distritos de Ketch, Loralai y Naseerabad, y los hogares de acogida Dar-ul-Aman también prestan asistencia a centenares de mujeres cada año. También se está construyendo una residencia de ancianas con capacidad para 50 personas. Por su parte, el gobierno de Sind ha instaurado Centros de Denuncia para Mujeres y Centros Shaheed Benazir Bhutto para Mujeres, a través de los cuales, durante los últimos dos años, se ha prestado asistencia jurídica y sociopsicológica a más de 500 mujeres, entre ellas víctimas de violencia doméstica, asesinatos por honor, violación y agresiones con ácido y mujeres con problemas relacionados con la custodia de los hijos y la disolución del matrimonio. Asimismo, en estos centros 154 mujeres víctimas de la violencia han recibido asistencia psicosocial; 150, psicoterapia; 64, asesoramiento jurídico; y 27, asistencia letrada gratuita. También se han creado siete dependencias de denuncia para atender a las víctimas de la violencia de género. Además, en Sind se han establecido hogares de acogida y centros de protección a nivel de distrito, dependientes de los Comisionados Adjuntos de los distritos, para ofrecer alojamiento y asistencia a las mujeres víctimas de la violencia. Los 36 distritos de Punyab cuentan con hogares de acogida para mujeres ( Dar-ul-Amans ), que ofrecen alojamiento y servicios sociales y de rehabilitación a las supervivientes de la violencia. Una investigación sistemática de los hogares de acogida realizada por la Comisión Provincial de la Condición Jurídica y Social de la Mujer ha revelado una mejora sustantiva de los servicios que se prestan en estos Dar-ul-Amans, en particular por lo que respecta a los servicios jurídicos, sanitarios y psicológicos. En marzo de 2017 se creó en Multán un Centro para la Violencia contra la Mujer, por un costo de 232 millones de rupias, que ofrece, bajo un mismo techo, servicios policiales —para el registro de la denuncia informativa inicial y la interposición de la correspondiente denuncia—, judiciales, sanitarios —lo que incluye primeros auxilios y reconocimientos médicos—, forenses y de rehabilitación postraumática, entre otros, todos ellos disponibles las 24 horas del día, todos los días de la semana. Todos estos equipos están gestionados y dirigidos por mujeres. Inicialmente, se estimaba que en el marco de este proyecto se prestarían servicios de protección y rehabilitación a 1.200 mujeres al año, pero en los últimos dos años ya se ha proporcionado asistencia a 3.078 víctimas. El personal del Centro cuenta con la formación necesaria para prestar servicios profesionales a las víctimas de delitos relacionados con la violencia doméstica, la violación, el acoso y las controversias familiares, entre otros. El gobierno de Jaiber Pastunjuá ha establecido cuatro hogares de acogida para mujeres en los distritos de Peshawar, Mardán, Swat y Abbottabad, y tiene previsto crear otros dos en Haripur y Mansehra. El Departamento de Asistencia Social también gestiona nueve centros de asistencia social para niños pobres y huérfanos, y la provincia cuenta además con dos centros de asistencia social para niñas, en los distritos de Nowshehra y Malakand. La Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer de Jaiber Pastunjuá realizó visitas de control a los Dar-ul-Amans y hogares de acogida para mujeres de Peshawar y Swat. Mediante un taller de un día de duración, se prestó apoyo a la Entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de las Mujeres (ONU-Mujeres) y al Departamento de Asistencia Social y Empoderamiento de la Mujer para el examen y modificación de los procedimientos operativos estándar de los Dar-ul-Amans y los hogares de acogida para mujeres.

e)Asistencia médica: La Comisión Nacional de la Condición Jurídica y Social de la Mujer ha presionado a los gobiernos provinciales para crear un servicio de ventanilla única en los principales hospitales del país para las mujeres víctimas de la violencia. El gobierno de Sind ha ordenado a todos los distritos la creación de servicios de ventanilla única para las mujeres víctimas de la violencia, los cuales se han implantado en dos hospitales, concretamente los de Karachi y Khairpur. En este contexto, se están realizando esfuerzos para ofrecer servicios de ese tipo en todo el país.

f)Teléfonos de asistencia: Para ofrecer asesoramiento jurídico en relación con violaciones de los derechos humanos, el Ministerio de Derechos Humanos ha establecido un teléfono de asistencia (1099), y se han creado servicios análogos a nivel provincial. Jaiber Pastunjuá cuenta con una línea gratuita de asistencia telefónica llamada BOLO (“hablar”) para prestar asistencia a las supervivientes de la violencia de género y a las mujeres con discapacidad. Punyab también ha creado un teléfono de asistencia para mujeres (1043) a través del cual estas pueden registrar sus denuncias y quejas. Asimismo, el Departamento de la Fiscalía de Punyab ha creado 17 Centros de Asesoramiento Jurídico para mujeres a nivel de distrito en los que mujeres fiscales ofrecen asistencia letrada. Del mismo modo, Sind dispone de un teléfono de asistencia (0800-70806) y del Centro de Llamadas de Asesoramiento Jurídico de Sind para ofrecer asesoramiento jurídico a las mujeres y a las víctimas de la violencia de género. Por su parte, en enero de 2021 el gobierno de Baluchistán creó el Teléfono de Asistencia a la Mujer de Baluchistán (1089) para recoger las denuncias de los casos de acoso contra la mujer ocurridos en el hogar y en el lugar de trabajo.

g)Comités especiales: El Decreto de Investigación y Enjuiciamiento de los Delitos de Violación, de 2020, estipula que el Ministerio de Derecho y Justicia tiene la responsabilidad de designar un comité y nombrar a los miembros que considere necesarios, los cuales trabajarán a título gratuito u honorario. El comité adoptará todas las medidas necesarias para garantizar el cumplimiento efectivo del Decreto y podrá solicitar a los funcionarios de las autoridades federales y provinciales que le proporcionen información o lleven a cabo determinadas acciones.

Información relativa al párrafo 31 c) de las observaciones finales

108.Con arreglo a la Ley de Protección de la Mujer, de 2005, el delito de asesinato por honor ha pasado a inscribirse en la categoría de fasad-fil-arz, en virtud de la cual el tribunal no puede permitir que los parientes consanguíneos de la víctima revoquen la condena o acuerden no acudir a los tribunales a cambio de una suma de dinero, lo que impide que los responsables eludan el castigo. Con arreglo al artículo 311 del Código Penal del Pakistán, los tribunales pueden imponer un castigo tazir (pena secular) aun cuando los herederos legales de la persona fallecida perdonen al asesino en virtud de la ley de qisas o de diyat.

109.En 2012, la Comisión Nacional de la Condición Jurídica y Social de la Mujer presentó una petición ante el Tribunal Supremo del Pakistán en relación con los jirgas y panchayats en la que solicitaba al alto tribunal que emitiera una declaración general sobre la legalidad de este sistema informal y lo proclamara ilegal y ultra vires por infringir la Constitución del Pakistán y sus disposiciones relativas a la dignidad, la vida y la libertad del ser humano. La Comisión había venido promoviendo enérgicamente esta causa desde 2012 y, gracias a sus esfuerzos, en enero de 2019 el Tribunal Supremo declaró el jirga, el panchayat y otros sistemas paralelos de justicia ilegales y nulos de pleno derecho.

110.Como consecuencia de esa sentencia, los gobiernos provinciales han empezado a elaborar directrices de política y procedimientos operativos estándar.

Información relativa al párrafo 31 d) de las observaciones finales

111.La violencia contra las mujeres y las niñas incluye el abuso y la explotación físicos, sexuales, psicológicos, emocionales, políticos y económicos. El Estado ha aprobado diversas leyes para hacer frente a distintas formas de violencia, como el acoso, la privación del derecho a heredar, la violencia doméstica, las agresiones con ácido, la violación, etc. Todas las provincias, excepto el Territorio de la Capital Islamabad y Jaiber Pastunjuá, cuentan con leyes específicas contra la violencia doméstica. En Jaiber Pastunjuá, el gobierno ha aprobado el Proyecto de Ley de Violencia Doméstica, que ha sido remitido a la Asamblea provincial por el Departamento de Derecho y se promulgará tras el debido debate en la Asamblea. Una vez aprobado, se establecerá un mecanismo adecuado en la provincia para ayudar a las supervivientes y las víctimas de la violencia doméstica y enjuiciar y castigar a los acusados.

112.En 2013 se aprobó la Ley de Prevención y Protección contra la Violencia Doméstica de Sind. En 2014, Baluchistán promulgó la Ley de Prevención y Protección contra la Violencia Doméstica de Baluchistán, y Punyab aprobó la Ley de Punyab para la Protección de las Mujeres frente a la Violencia en 2016. El objetivo de estas leyes es proteger a las mujeres contra el maltrato en el hogar, el maltrato psicológico, el abuso sexual y económico, el acoso criminal y la ciberdelincuencia.

113.La Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer de Jaiber Pastunjuá, en colaboración con ShirkatGah, ha celebrado consultas políticas con seis parlamentarios y organizaciones de la sociedad civil sobre el matrimonio infantil y precoz a fin de promover la aprobación del Proyecto de Ley de Restricción del Matrimonio Infantil de Jaiber Pastunjuá. La Comisión ha examinado desde una perspectiva de género la Política de Trabajo de 2018 del gobierno de Jaiber Pastunjuá, y forma parte del equipo de tareas integrado por miembros de la Asamblea provincial y del Departamento de Trabajo que está encargado de elaborar el Proyecto de Ley de Personas que Trabajan en su Domicilio para proteger a las trabajadoras frente a la violencia y la explotación. Además, el gobierno ha promulgado el Decreto para la Investigación y Enjuiciamiento de los Delitos de Violación, de 2020, que se explica en mayor detalle en el párrafo 103.

Información relativa al párrafo 31 e) de las observaciones finales

114.En 2016, el Gobierno del Pakistán introdujo modificaciones en la legislación penal, en particular el Código Penal del Pakistán de 1860, el Código de Procedimiento Penal de 1898 y el Decreto Qanun-e-Shahadat de 1984, y aprobó la Ley de Modificación del Código Penal (Delitos Cometidos en Nombre del Honor o con el Pretexto de Defenderlo) y la Ley de Modificación del Código Penal (Delitos de Violación). Asimismo, el Gobierno organiza amplias campañas de concienciación y actividades de formación dirigidas a las fuerzas del orden para garantizar la aplicación efectiva de estas leyes. Por su parte, las comisarías de Policía, las líneas telefónicas de asistencia, los centros de denuncia para mujeres y los servicios de atención a la mujer de la Policía también contribuyen a las labores de vigilancia y a aplicar esas leyes, en particular las leyes de violencia doméstica y de lucha contra los asesinatos por honor, la violación, etc.

115.Además, la Dependencia de Delitos de Género de la Oficina de la Policía Nacional recopila datos sobre los delitos cometidos contra mujeres, en particular los relacionados con la violencia sexual, las agresiones con ácido, la violencia doméstica, los asesinatos por honor y el acoso en el lugar de trabajo, y las fuerzas del orden utilizan estas estadísticas para formular políticas adecuadas de protección de los derechos de la mujer, supervisar la aplicación de las leyes y tomar las medidas necesarias para garantizar su cumplimiento. Los datos que se recopilan provienen de múltiples fuentes, entre las que se encuentran los casos denunciados en las comisarías de Policía (denuncias informativas iniciales), las causas iniciadas en los juzgados y las noticias sobre delitos contra la mujer publicadas en los medios de comunicación.

116.La Comisión Nacional de la Condición Jurídica y Social de la Mujer tiene la función general de supervisar, examinar y analizar las políticas gubernamentales por lo que respecta a los derechos de la mujer en el país, lo que incluye la violencia contra la mujer. Mediante un enfoque sistémico, la Comisión ha elaborado una serie de indicadores normalizados sobre la violencia contra la mujer, a partir de los cuales ha creado una plantilla que ha transmitido a la Dependencia de Delitos de Género de la Oficina de la Policía Nacional para que proporcione información trimestral sobre los casos de violencia contra la mujer denunciados en todo el país.

117.Como parte del proceso de vigilancia, la Comisión también realiza visitas a las prisiones para registrar el número de mujeres recluidas en las prisiones y la naturaleza de los delitos que han cometido y hacer el seguimiento necesario con el fin de elaborar un estudio y crear una base de datos sobre las reclusas. Asimismo, colabora con el Ministerio de Derechos Humanos para formular los indicadores (entre otras cosas sobre violencia doméstica) del Sistema de Información sobre la Gestión de los Derechos Humanos, que ayudará al Estado en la formulación de políticas.

118.La Comisión ha observado con preocupación que el único tipo de violencia doméstica que se reconoce es la violencia conyugal. De acuerdo con la Encuesta Demográfica y de Salud del Pakistán, el 34 % de las mujeres casadas han sufrido violencia conyugal, física, sexual o emocional. El tipo de violencia conyugal más común es la violencia emocional (26 %), seguida de la violencia física (23 %). En consecuencia, el Parlamento está examinando el Proyecto de Ley de Violencia Doméstica y ha propuesto ampliar la definición de “violencia doméstica”.

119.La Comisión Nacional de la Condición Jurídica y Social de la Mujer, en colaboración con una ONG llamada Fundación de Supervivientes de Ataques con Ácido, también ha venido midiendo la incidencia de las agresiones con ácido cometidas en el país y ha observado una reducción del 50 % en este tipo de ataques y un aumento en la tasa de denuncia de esos delitos desde la modificación de la Ley de Agresiones con Ácido en 2011. La Comisión también supervisa la aplicación de la Ley de Ciberdelincuencia, de 2016, especialmente en los casos en que las víctimas son mujeres. Asimismo, ha realizado un estudio sobre el acceso de las víctimas de agresiones sexuales a la justicia con arreglo a la Ley de Protección de la Mujer, de 2006, en el que se analizan en profundidad una serie de casos de violación escogidos al azar que se enjuiciaron en los Tribunales Superiores de Lahore e Islamabad.

120.Las leyes de lucha contra la violación se han aplicado activamente en todo el país para dar respuesta a los casos de violación de menores. Por ejemplo, en Jaiber Pastunjuá se ha logrado detener a los responsables de un presunto caso de violación y asesinato de una niña ocurrido en enero de 2020 en el distrito de Nowshera y de un caso similar denunciado en Hangu en febrero del mismo año. Asimismo, en 2018, un tribunal antiterrorista condenó a prisión perpetua a los autores de la violación y asesinato de una niña del distrito de Mardán. Además, en una iniciativa histórica, el gobierno de Jaiber Pastunjuá ha creado tribunales de menores en la provincia, y recientemente los Tribunales Superiores de Peshawar han designado a 21 jueces para encargarse de los casos de violencia de género hasta que se establezcan los tribunales especializados en esta cuestión.

121.El gobierno de Jaiber Pastunjuá ha adoptado algunas medidas para aprobar leyes; por ejemplo, en 2018 modificó la Ley de Protección de las Mujeres frente al Acoso en el Lugar de Trabajo, de 2010, a fin de colmar la laguna existente por lo que respecta al establecimiento y la puesta en funcionamiento de la Defensoría prevista en dicha ley; en 2019 aprobó la Ley de Aplicación de los Derechos de las Mujeres a la Propiedad; y ha modificado la Ley de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer de Jaiber Pastunjuá, de 2009, para conferir a la Comisión autonomía financiera y administrativa.

Trata y trabajo forzoso

Información relativa al párrafo 33 a) de las observaciones finales

122.A nivel federal, en 2018 se promulgaron dos nuevas leyes, a saber, la Ley de Prevención de la Trata de Personas y la Ley de Prevención del Tráfico Ilícito de Migrantes, a fin de prevenir y combatir la trata de personas, especialmente de mujeres y niños, y poner freno a la trata de personas y al tráfico ilícito de migrantes por tierra, mar y aire. Con esto, el marco jurídico del Pakistán se ha armonizado con las normas y mejores prácticas internacionales. En virtud de dichas leyes, los responsables son enjuiciados y se les imponen penas proporcionales a la gravedad de los delitos.

123.En el artículo 3, párrafo 2, de la Ley de Prevención de la Trata de Personas, de 2018, se estipulan las penas para las personas implicadas en la trata de personas. A continuación se reproduce dicho artículo: “Si el delito de trata de personas descrito en el párrafo 1 se comete contra un niño o una mujer, la persona responsable será castigada con una pena de entre 2 y 10 años de prisión, una multa de hasta 1 millón de rupias o ambas”.

124.El artículo 4 de la Ley describe las circunstancias agravantes, como el hecho de causar a la víctima o a otra persona perjuicios graves, una enfermedad potencialmente mortal o la muerte; la actividad de un grupo delictivo organizado; la confiscación o destrucción de los documentos de viaje de la víctima; o la reincidencia. En estos casos, el responsable podrá ser castigado con una pena de prisión de entre 3 y 14 años y una multa de hasta 2 millones de rupias.

125.El Organismo Federal de Investigación, en colaboración con la UNODC, ha elaborado los reglamentos relativos a las mencionadas leyes, en los que se describe en detalle el procedimiento para darles aplicación. Durante la fase de examen, los reglamentos se remitieron a las Direcciones Zonales del Organismo Federal de Investigación, el Ministerio de Asuntos Exteriores, el Ministerio del Interior, el Ministerio de Derechos Humanos, el Departamento para el Desarrollo de la Mujer, los Inspectores Generales de los cuerpos provinciales de la Policía, la Oficina para la Protección de la Infancia, el Departamento de Asistencia Social y los miembros del Equipo de Tareas Interinstitucional. El Consejo de Ministros aprobó los reglamentos el 12 de enero de 2020.

126.A fin de combatir el problema del tráfico ilícito de migrantes, la Oficina de Emigración y Empleo en el Extranjero toma medidas contra los promotores de empleo en el extranjero que incumplan las condiciones estipuladas en el Decreto de Emigración de 1979 y su reglamento, también en respuesta a denuncias presentadas por particulares.

127.La Oficina de Emigración y Empleo en el Extranjero ha obligado a los agentes de contratación a cumplir las normas de migración. Además, ha puesto en marcha una campaña de sensibilización sobre la migración segura y legal de ciudadanos pakistaníes en los medios de comunicación impresos y electrónicos y los medios sociales a fin de informar a las personas que deseen emigrar del proceso legal de migración. Asimismo, ha derivado más de 900 casos al Organismo Federal de Investigación para que adoptara las medidas necesarias contra los agentes de contratación ilegales, y en los últimos cuatro años ha revocado 50 licencias y suspendido otras 19.

128.El Organismo Federal de Investigación ha creado una División de Inmigración para regular la entrada y salida de los pasajeros que accedan al Pakistán o abandonen el país a través de los 26 puestos de control de inmigración oficiales. Asimismo, ha reforzado su capacidad para interceptar todo el contrabando ilegal que pase por los puntos oficiales mediante la instalación de equipos para detectar la documentación falsa o fraudulenta, y también ha impartido amplia formación a su personal para detectar el contrabando ilegal que se haga usando documentación falsa.

129.El Organismo Federal de Investigación utiliza tecnologías avanzadas —como el Sistema de Información para la Gestión de Fronteras, luces ultravioletas, lupas, escáneres y cámaras de televisión en circuito cerrado— en todos los puestos de control de inmigración que tiene en los puntos de entrada y de salida con el objetivo de combatir la trata de personas.

130.Asimismo, ha constituido el Centro de Investigación y Análisis en su sede principal para analizar las tendencias más recientes y las últimas rutas que están tomando los inmigrantes ilegales. El Organismo Federal de Investigación y la Policía han mejorado considerablemente el proceso de registro de casos con arreglo a la nueva legislación sobre la trata y el Código Penal del Pakistán, y han brindado a las víctimas el apoyo necesario en función de sus necesidades. La Policía provincial informó de 15 casos y 2 condenas relacionados con la trata durante el año 2020. El Organismo Federal de Investigación registró 18 casos con arreglo a la Ley de Prevención de la Trata de Personas, de 2018, en los que estaban implicados 26 hombres y 4 mujeres tratantes y cuyas víctimas eran 16 hombres y 7 mujeres. En este contexto, 8 casos han sido impugnados, 8 están siendo enjuiciados y 10 se encuentran en proceso de investigación. En 2 casos, 3 de los acusados fueron condenados. Esto constituye un importante avance con respecto a 2019.

131.El Organismo Federal de Investigación también ha establecido 26 Círculos contra la Trata de Personas y comisarías de Policía especializadas en ese delito en siete de sus Direcciones Zonales a fin de investigar y enjuiciar a los tratantes de personas. En este contexto, se han enjuiciado con éxito seis casos internacionales de trata de personas, en el marco de los cuales se ha detenido a todos los acusados y cuyas víctimas han sido trasladadas de vuelta al Pakistán para reunirse con sus familias.

132.En estos casos, además de detectar a 23 víctimas de la trata, el Organismo Federal de Investigación ha derivado a seis de ellas para que recibieran asistencia letrada, y también se ha brindado asistencia a las mujeres víctimas de la trata en el extranjero. La oficina de enlace del Organismo en Mascate ha sido la que se ha ocupado de los casos internacionales de trata y ha ofrecido diversos servicios a las víctimas.

133.El Organismo Federal de Investigación es un miembro activo del equipo de tareas interinstitucional creado con el objetivo de coordinar los esfuerzos de los distintos órganos federales y provinciales para poner freno a la amenaza de la trata de personas y la inmigración ilegal a través de la permeable frontera occidental. En 2020, el equipo de tareas interinstitucional detuvo a 1.524 personas durante el período que abarca el informe en intervenciones fronterizas ilegales asociadas con la trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes. Las fuerzas policiales provinciales llevaron a cabo una intensa campaña de represión contra los tratantes de personas, lo que se tradujo en una reducción de los casos de trata en todo el país. Gracias a la respuesta eficiente y atenta de las fuerzas del orden, los acusados fueron detenidos y las víctimas, rescatadas y trasladadas a un lugar seguro.

134.El Organismo Federal de Investigación también ha creado un teléfono de asistencia a través del cual las víctimas pueden presentar denuncias y recibir apoyo las 24 horas del día, todos los días de la semana. Con la asistencia de la UNODC, el Organismo ha elaborado un plan nacional de acción para 2020-2025 que le servirá de guía para coordinar su labor y hacer un seguimiento de los resultados logrados en la lucha contra la trata de personas. El plan de acción también proporcionará una estructura y una serie de medidas para alcanzar los objetivos fijados por el Organismo y aplicar las recomendaciones de los asociados internacionales.

135.La estrategia 5P (prevenir, proteger, alianza, perseguir y enjuiciar, por sus siglas en inglés) permitirá al Organismo Federal de Investigación ilustrar claramente sus principales objetivos, sus indicadores clave del desempeño y su adhesión a un enfoque centrado en las víctimas y con el mandato claro de perseguir y enjuiciar a los delincuentes, los tratantes y los traficantes de migrantes, tanto en el Pakistán como a nivel internacional. Las oficinas de enlace en Grecia, Omán y el Irán han desempeñado un papel activo en la detección y derivación de las víctimas de la trata y el tráfico de personas. Nada más recibir la denuncia de siete víctimas de la trata, la oficina de enlace en Omán actuó con prontitud, rescató a las víctimas y facilitó la detención de los acusados.

136.En colaboración con la UNODC, el Organismo Federal de Investigación ha organizado sesiones de formación sobre la lucha contra la trata específicamente diseñadas para agentes de investigación de sexo femenino de la Policía y el Organismo. El objetivo de esas actividades era contar con investigadoras que conocieran en profundidad el proceso de investigación de los delitos de trata, las necesidades especiales de las víctimas y la necesidad de derivar a las víctimas y ofrecerles rehabilitación. El Pakistán ha establecido las siguientes relaciones de cooperación policial bilaterales, multilaterales y regionales en materia de trata de personas.

137.El Pakistán tiene relaciones de cooperación policial bilaterales en materia de trata de personas con Australia, Azerbaiyán, Omán y el Reino Unido; acuerdos trilaterales con el Irán y Türkiye, por un lado, y Grecia y Türkiye, por el otro; y acuerdos cuadrilaterales con el Afganistán, el Irán y Türkiye, por un lado, y Grecia, el Irán y Türkiye, por el otro.

138.Tanto a nivel federal como provincial, se han puesto en marcha diversas iniciativas para erradicar y combatir las causas de la trata y del trabajo forzoso en el país. El Gobierno del Pakistán también ha puesto en marcha el programa “Ehsaas”, cuyo objetivo es reducir la desigualdad, invertir en las personas y dar impulso a los distritos menos avanzados. El programa está diseñado para las personas en situación de pobreza extrema, los huérfanos, las viudas, las personas sin hogar, las personas con discapacidad, las que corren el riesgo de sufrir pobreza médica, las personas desempleadas, los agricultores pobres, los campesinos, las personas enfermas, las personas subalimentadas, los estudiantes procedentes de familias con pocos ingresos y las mujeres y personas de edad pobres, así como las minorías. Durante el último año y medio (entre julio de 2020 y diciembre de 2021), 10.528.494 personas se beneficiaron de los subsidios del programa “Ehsas Kafaalat”, lo que supuso un desembolso total de 128.426 millones de rupias.

Información relativa al párrafo 33 b) de las observaciones finales

139.El Gobierno del Pakistán también ha modificado la Ley de Protección de las Mujeres frente al Acoso en el Lugar de Trabajo (Modificación), de 2022, y ha ampliado la definición de “acoso”. También se ha ampliado la definición de “empleado” para incluir a los trabajadores domésticos y a las personas que trabajan en su domicilio. Además, el trabajo doméstico infantil se ha incluido en las ocupaciones proscritas recogidas en la parte I de la lista que figura en la Ley de Empleo de Niños, de 1991, medida que fue aprobada por el Consejo de Ministros el 16 de junio de 2020 y publicada el 30 de julio de 2020.

140.A nivel provincial, el gobierno de Jaiber Pastunjuá ha promulgado la Ley de Abolición del Sistema de Trabajo en Régimen de Servidumbre de Jaiber Pastunjuá, de 2015, con el fin de erradicar el trabajo en régimen de servidumbre.

141.De conformidad con dicha ley, toda persona que obligue a alguien a realizar trabajos en régimen de servidumbre será castigada con una pena de entre 2 y 5 años de prisión, una multa de entre 50.000 y 200.000 rupias o ambas.

142.No obstante, en Jaiber Pastunjuá se producen muy pocos casos de trabajo en régimen de servidumbre y, cuando se da alguno, se resuelve de forma amistosa mediante el sistema del jirga. El Departamento de Derecho de Jaiber Pastunjuá está examinando el reglamento para la prevención del trabajo en régimen de servidumbre, que se publicará pronto. Una vez formulado el reglamento relativo a la Ley de Abolición del Sistema de Trabajo en Régimen de Servidumbre, de 2015, el Departamento reactivará y restablecerá los Comités de Vigilancia de los Distritos. Estos comités, cuyo establecimiento será debidamente anunciado, garantizarán la aplicación de la legislación a nivel comunitario.

143.Con el fin de dar aplicación efectiva a esta ley, el Departamento de Trabajo también ha creado la Dependencia de Trabajo Infantil y en Régimen de Servidumbre en el seno de la Dirección de Trabajo.

144.Dicha dependencia ha sido dotada con 12 puestos, de los cuales 7 están reservados para movilizadores sociales. El proceso de contratación para algunos de esos puestos estaba pendiente de la formulación del reglamento del servicio. Puesto que el reglamento ya se ha publicado, se remitirán las vacantes a la comisión de administración pública para que ponga en marcha el proceso de selección.

145.Además, se han creado oficinas de facilitación laboral en 13 distritos para prestar asistencia a los trabajadores que tengan cualquier tipo de problema, también en relación con la servidumbre por deudas. Este mecanismo ayuda al Departamento a tomar medidas oportunas y efectivas contra los responsables. En el pasado, siempre que el Departamento recibía alguna denuncia de este tipo, la resolvía con la ayuda de otros departamentos concernidos. Además, el Departamento tramita con celeridad las denuncias que recibe a través del Portal de Atención al Ciudadano del Primer Ministro.

146.Aparte de las medidas legislativas, la Institución de Seguridad Social de los Trabajadores de Jaiber Pastunjuá también ha comenzado a trabajar para ampliar el ámbito de protección de las redes de seguridad social a fin de incluir a los trabajadores de las fábricas de ladrillos de la provincia. Esta es una de las iniciativas más importantes que ha emprendido el Departamento para garantizar los derechos de los trabajadores. Cuando la Institución de Seguridad Social de los Trabajadores logre incluir a los trabajadores de las fábricas de ladrillos en el ámbito de protección de las redes de seguridad social, la Dirección de Trabajo iniciará el proceso para registrar esas fábricas. Por el momento, no es fácil llevar a cabo dicho registro puesto que estos trabajadores tienen más de un empleador. Sin embargo, cuando estén inscritos en la red de seguridad social, estarán empleados por una fábrica concreta, lo que facilitará al Departamento la tarea de registro.

147.En Baluchistán están en vigor la Ley de Abolición del Sistema de Trabajo en Régimen de Servidumbre, de 1992, y su reglamento, de 1995, los cuales se aplican en el lugar de trabajo por medio de inspecciones laborales periódicas, cuyos informes se presentan debidamente al inspector jefe de la Inspección de Fábricas (autoridad central).

148.Además, el Departamento ha empezado a registrar las fábricas de ladrillos. En el marco de este proceso, también se efectúan inspecciones laborales y se contacta personalmente con los trabajadores para determinar si se encuentran en condiciones de servidumbre.

149.Hasta la fecha no se ha informado de ningún caso. En la actualidad, hay 34 fábricas de ladrillos registradas, con una plantilla de 776 hombres y 48 mujeres, pero todavía quedan por registrar 148 fábricas con más de 1.000 empleados en total.

150.Además, la Asamblea provincial está examinando el Proyecto de Ley de Abolición del Sistema de Trabajo en Régimen de Servidumbre de Baluchistán, de 2021, en el que se prevén mayores multas, así como penas de prisión. Asimismo, se está reforzando el sistema de inspección laboral; cada mes se presentan informes de inspección y se fijan objetivos para todos los inspectores a fin de mantener el carácter continuado de las inspecciones.

151.En Punyab, el Departamento de Trabajo y Recursos Humanos ha tomado diversas medidas, como el establecimiento de 50 centros de educación no formal en Gujrat, Faisalabad, Sargodha y Bahawalpur en el marco del proyecto “EBLIK-4D”. La iniciativa, dirigida a los niños víctimas de las peores formas de trabajo infantil, uno de los sectores vulnerables de la sociedad, está en consonancia con el artículo 25-A (relativo a la educación obligatoria) de la Constitución de la República Islámica del Pakistán.

152.Cabe señalar que el proyecto prevé incentivos económicos consistentes en el pago de 1.000 rupias mensuales a cada niño matriculado en la escuela y de 2.000 rupias a su familia, previa verificación de su asistencia a la escuela por las autoridades escolares competentes. El gobierno de Punyab cree sinceramente en esta realidad y se guía por el lema “cada niño empleado representa un futuro destrozado”.

153.A fin de erradicar y combatir la trata y el trabajo forzoso, el gobierno de Punyab ha constituido en todos los distritos de la provincia Comités de Vigilancia de los Distritos, presididos por el Comisionado Adjunto, al amparo de la Ley de Abolición del Sistema de Trabajo en Régimen de Servidumbre, de 1992.

154.Por otra parte, en aplicación de lo dispuesto en un plan anual de desarrollo de la Dirección del Trabajo, el Departamento de Trabajo de Punyab ha establecido la Dependencia de Recursos y Sistema de Notificación por un costo de 25,197 millones de rupias. Antes de la creación de esta dependencia, la provincia carecía de mecanismos de este tipo.

155.Por lo que respecta al fortalecimiento del Sistema de Inspección Laboral, el programa “Reingeniería Empresarial y Fortalecimiento de la Inspección de Trabajo”, previsto en el plan nacional de desarrollo (2019-2020) del Departamento de Trabajo y Recursos Humanos de Punyab, busca reforzar el Sistema de Inspección Laboral introduciendo un proceso de inspección de trabajo en tiempo real, basado en tabletas con sistema operativo Android, y desarrollar la capacidad de los inspectores de trabajo proporcionándoles la formación necesaria. Se ha designado a 225 inspectores (tanto hombres como mujeres) para llevar a cabo inspecciones de trabajo, a cada uno de los cuales le corresponde un número determinado de inspecciones.

156.En Punyab se ha puesto en marcha un nuevo sistema de inspección de trabajo en el que los informes sobre las inspecciones han pasado a presentarse de manera digital. Esto ayudará a los altos cargos a examinar y analizar la labor de los inspectores de trabajo y reducir las probabilidades de explotación.

157.Al mismo tiempo, el fomento de la capacidad de los inspectores de trabajo ha pasado a ocupar un lugar prioritario. Para facilitar la tarea a los empleadores, se les brinda asistencia para utilizar un sistema de declaración voluntaria. Además, se ha limitado al 20 % el número de establecimientos sujetos a inspección, los cuales se seleccionan mediante un proceso imparcial de votación. No obstante, se seguirán realizando inspecciones en respuesta a denuncias sin generar ningún temor ni sentimiento de acoso.

158.Por lo que respecta al fomento de la capacidad de los inspectores de trabajo, el Instituto de Relaciones Industriales y el Centro Saeed Ahmad Awan para la Mejora de las Condiciones y el Entorno de Trabajo son dos instituciones de formación punteras que se utilizan de manera efectiva para fomentar la capacidad de los inspectores y los interlocutores sociales.

159.Estas instituciones prestan servicio a aproximadamente 23.000 industrias y establecimientos de Punyab para fomentar la capacidad del personal de inspección laboral, los empleadores, los trabajadores y los enlaces sindicales en los ámbitos de la seguridad y salud ocupacionales, la legislación laboral y la mejora del entorno de trabajo en las industrias. Asimismo, ofrecen servicios de asesoramiento y orientación a los trabajadores y se encargan de elaborar materiales de formación e información para sensibilizar acerca de los derechos laborales. Durante el período comprendido entre 2018 y 2019, organizaron 33 sesiones de formación en las que participaron más de 1.503 personas.

160.Por lo que respecta a la provincia de Sind, en 2015 se aprobó la Ley de Abolición del Sistema de Trabajo en Régimen de Servidumbre de Sind, que prevé la total abolición del trabajo en régimen de servidumbre en la provincia.

161.Además, se ha anunciado la creación de 15 Comités de Vigilancia de los Distritos encargados de supervisar el cumplimiento de la mencionada ley, los cuales están integrados por representantes electos de las correspondientes zonas y por miembros de la administración y los colegios de abogados de los distintos distritos, la prensa y los Departamentos de Servicios Sociales y Trabajo. La Dirección General de Trabajo de Sind ha inscrito 715 fábricas de ladrillos de la provincia a fin de combatir la amenaza del trabajo en régimen de servidumbre.

Información relativa al párrafo 33 c) de las observaciones finales

162.El Pakistán ha proseguido sus iniciativas legislativas, administrativas, de aplicación de la ley, de concienciación pública, de investigación y de fomento de la capacidad a fin de controlar la trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes. La promulgación de legislación federal con perspectiva de género sobre la lucha contra la trata, la aprobación de leyes provinciales relativas a grupos vulnerables y la rápida respuesta de las fuerzas del orden en los casos relacionados con la trata han sido los sellos distintivos de la campaña nacional de lucha contra la trata.

163.La Ley de Prevención de la Trata de Personas, aprobada recientemente, en 2018, prevé la provisión de reparación, indemnizaciones y rehabilitación a las víctimas de la trata. La Ley contiene diversas disposiciones para alentar a las víctimas de la trata a participar voluntariamente en los procesos de investigación y enjuiciamiento. Estas disposiciones se refieren a cuestiones como la provisión de medidas de seguridad, asistencia jurídica, primeros auxilios y asistencia médica (según sea necesario), alimentos, refugio, protección policial y privacidad a fin de que las víctimas puedan participar en la investigación y enjuiciamiento de los casos relacionados con la trata de personas.

164.En virtud de la Ley, las víctimas no deben ser tratadas como delincuentes, pero sí pueden comparecer como testigos en las causas. Cuando la seguridad de las víctimas o testigos corra peligro, el Gobierno tiene la obligación de proporcionarles la protección adecuada salvaguardando su integridad física, tomando las medidas necesarias para reubicarlos o estableciendo restricciones respecto de la divulgación de su nombre, dirección y otra información de identificación personal.

165.También se ha aprobado el reglamento relativo a la Ley, que contiene disposiciones detalladas en relación con la protección y seguridad de estas víctimas, entre otras cosas por lo que respecta al proceso de detección de víctimas de la trata, la provisión de tratamiento médico y psicológico, la prestación de asistencia jurídica mediante medidas estrictamente probatorias, como la celebración de las actuaciones a puerta cerrada, la adopción de medidas especiales para la toma de declaración por videollamada y la restricción de la exposición de estas víctimas en los medios de comunicación. Además, la Ley prevé la posibilidad de que un tribunal ordene al responsable el pago de una indemnización a la víctima en virtud del artículo 545 del Código de Procedimiento Penal.

166.A nivel federal, el Organismo Federal de Investigación también ha suscrito memorandos de entendimiento con distintas ONG locales para la provisión de alimentos, ropa y servicios de asistencia psicosocial a las víctimas del tráfico y la trata de personas. Durante la primera fase del proyecto, cuatro de los principales aeropuertos del país —a saber, los aeropuertos de Islamabad, Lahore, Karachi y Peshawar— se beneficiarán de lo acordado en los memorandos de entendimiento, tras lo cual las disposiciones se aplicarán a todos los aeropuertos.

167.Durante la primera fase de aplicación del memorando de entendimiento suscrito por el Organismo Federal de Investigación y Allah Walay Trust, se facilitarán alimentos saludables y salubres a las personas objeto de una orden de devolución que lleguen a los aeropuertos de Karachi (JIAP), Islamabad (IIAP), Lahore (AIIAP) y Peshawar (BKIAP). También se instalarán frigoríficos y un microondas para facilitar el almacenamiento y la preparación de los alimentos, y Allah Walay Trust se asegurará de reponer los alimentos según sea necesario. El Organismo Federal de Investigación preparará un lugar en el que servir la comida, facilitará a Allah Walay Trust el calendario de vuelos con antelación y permitirá al equipo de esta ONG acceder a los aeropuertos para entregar los alimentos.

168.El memorando de entendimiento suscrito por el Organismo Federal de Investigación y la fundación Akhuwat tendrá por objeto facilitar la rehabilitación de los emigrantes y las personas objeto de una orden de devolución, incluidas las víctimas de la trata. En virtud de este memorando de entendimiento, se ofrecerá a los inmigrantes pobres y necesitados que lleguen al Pakistán oportunidades para el desarrollo de competencias y acceso a los servicios de préstamos de la fundación Akhuwat para lograr su rehabilitación. La organización Akhuwat les proporcionará ropa y calzado adecuados a las condiciones meteorológicas, kits de higiene, alimentos no perecederos, como galletas y zumos, apoyo psicológico, estipendios para costear los gastos de transporte en que incurran para trasladarse desde el aeropuerto hasta su casa y un folleto con información sobre los préstamos sin intereses que ofrece la fundación Akhuwat y los cursos de formación profesional que imparten el Organismo de Capacitación Técnica y Formación Profesional y el Consejo de Formación Profesional de Punyab.

169.Durante el período sobre el que se informa, 6 víctimas de la trata de personas recibieron asistencia jurídica, refugio y documentación, 26 recibieron alimentos y artículos de higiene personal, 84 recibieron ropa y 8 recibieron asistencia médica, y todas ellas recibieron asistencia psicológica.

170.La Policía provincial ha derivado a 799 víctimas de la trata, entre ellas 756 mujeres, 41 niños y 1 adulto. En 2020, el Departamento de Trabajo, el Organismo Federal de Investigación y las fuerzas policiales provinciales detectaron 36.697 víctimas de la trata, lo que supone un 60 % más, en casos relacionados con la trata interna registrados con arreglo a la Ley de Prevención de la Trata de Personas y distintos artículos del Código Penal.

171.El número de víctimas derivadas a centros de atención en 2020 ascendió a 11.803, lo que supone un aumento considerable con respecto a los años anteriores.

172.También se ha observado una evidente mejora en el sistema de detección de víctimas y el mecanismo de derivación. En colaboración con la UNODC y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), se ha puesto en marcha un sistema nacional de derivación de las víctimas. Asimismo, en colaboración con la UNODC, la OIM, el Programa Internacional de Asistencia a la Formación en Investigaciones Criminales (ICITAP), el Centro Internacional de Formulación de Políticas Migratorias y distintas ONG locales, se han adoptado medidas específicas de fomento de la capacidad para todos los interesados que atienden casos relacionados con la trata.

173.También se han asignado recursos financieros para proteger a los sectores vulnerables de la sociedad, y el Gobierno ha seguido priorizando la organización de campañas a gran escala para concienciar a la población general sobre la trata. Los departamentos provinciales informaron de la asignación de 1.186.075.000 rupias a los servicios de apoyo a las víctimas, 5.228.563.000 rupias para la realización de encuestas y estudios, 1.677.268.000 para el desarrollo de infraestructuras y 904.889.000 para gastos operacionales. La UNODC ha asignado 5,3 millones de rupias para investigaciones, 24 millones para tareas de concienciación y 26 millones para actividades de fomento de la capacidad. Previamente, se habían asignado 33 millones de rupias al Centro de Facilitación y Apoyo a las Víctimas.

174.Gracias a las buenas relaciones diplomáticas con las autoridades competentes de Omán, a saber, la Policía Real de Omán y el Ministerio de Trabajo y Recursos Humanos, el Organismo Federal de Investigación ha establecido en el país una oficina de enlace para detectar, prevenir y enjuiciar los casos de trata, especialmente aquellos cuyas víctimas sean mujeres o niños, e identificar a las víctimas.

175.Los respectivos organismos de Omán colaboran con la oficina de enlace y le facilitan información básica sobre esos casos, gracias a lo cual estos se han podido resolver satisfactoriamente. Las personas que sean objeto de órdenes de devolución reciben inmediatamente documentos de viaje, con lo que el tiempo de espera para la repatriación se ha logrado reducir de tres meses a una semana. Además, se ha cambiado el modo de transporte, que ha pasado a ser por vía aérea en lugar de por vía marítima. La oficina de enlace colabora ininterrumpidamente con la Policía y las administraciones de trabajo e inmigración para garantizar la provisión oportuna de servicios a las víctimas. Las víctimas también tienen acceso a un servicio de crédito ilimitado que les permite ponerse en contacto con sus familias en el Pakistán durante el período de reclusión en centros de retención.

176.En 2020, la oficina de enlace del Organismo Federal de Investigación en Mascate (Omán) proporcionó financiación para costear los gastos de repatriación de las víctimas de la trata de personas, incluidos los pasajes aéreos de ida y los gastos médicos. También se brindó asistencia jurídica a las víctimas, para lo cual se contrataron los servicios de abogados para que defendieran las correspondientes causas en los tribunales omaníes, de conformidad con las directrices dictadas por el honorable Tribunal Supremo del Pakistán.

177.Asimismo, la Embajada del Pakistán ha proporcionado artículos de higiene, como jabón, detergente en polvo, pasta y cepillos de dientes, papel, bolígrafos, etc., a las personas objeto de una orden de devolución que se encontraban recluidas en centros de retención y prisiones de Omán.

178.Recientemente, el Organismo Federal de Investigación ha iniciado operaciones similares en sus nuevas oficinas de enlace en Teherán (Irán) y Atenas (Grecia).

179.En 2021, el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública de Noruega y la oficina de la UNODC en el Pakistán ampliaron su programa de asistencia en colaboración con distintos organismos encargados de hacer cumplir la ley, en particular el Organismo Federal de Investigación, el Organismo de Aduanas y las fuerzas paramilitares encargadas del control fronterizo en la provincia de Baluchistán. Se está construyendo un Centro de Facilitación y Recepción de Víctimas en la zona fronteriza de Taftán (Baluchistán), que contribuirá a mejorar los procesos judiciales mediante la protección de las víctimas de la trata para que comparezcan como testigos en las causas penales, la priorización del desmantelamiento de las redes delictivas y el enjuiciamiento de los agentes, transportistas, tratantes y traficantes. Asimismo, mejorará las actividades de recopilación e intercambio de información.

Refugiados y no devolución

Información relativa al párrafo 35 a) a c) de las observaciones finales

180.En el Pakistán hay inscritos más de 1,4 millones de refugiados afganos, quienes poseen documentos de registro válidos que facilitan su libre circulación por el país y les permiten acceder a los servicios y oportunidades básicos, como el empleo, la atención de la salud, la educación, el agua y otros servicios públicos, en las mismas condiciones que los ciudadanos pakistaníes. En 2018, en el marco del proyecto para la expedición de la Tarjeta de Ciudadano Afgano, el Gobierno del Pakistán otorgó documentos de identidad a aproximadamente 84.000 refugiados indocumentados. Las autoridades competentes tratan sin demora todas las denuncias de acoso u hostilidad y adoptan las medidas de protección correspondientes. El Pakistán nunca ha discriminado a los niños afganos refugiados en lo que respecta al acceso a la educación, y considera esencial invertir en capital humano. A pesar de las dificultades, el Gobierno del Pakistán ha fomentado y apoyado generosamente el acceso de los niños afganos a las instituciones educativas públicas y privadas.

181.Actualmente, los Gobiernos del Pakistán y el Afganistán están estudiando la manera de garantizar el retorno digno de los refugiados afganos en el marco del Plan de Acción del Afganistán y el Pakistán para la Paz y la Solidaridad. Aunque el Pakistán no ha ratificado la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados, de 1951, ni su Protocolo, de 1967, el Gobierno aplica a los refugiados afganos el principio de no devolución consagrado en el derecho internacional. El Pakistán trata a los refugiados afganos residentes en el país de conformidad con la política nacional de gestión y repatriación, el Acuerdo Tripartito, la Estrategia para Solucionar la Situación de los Refugiados Afganos y el Plan de Acción del Afganistán y el Pakistán para la Paz y la Solidaridad. Asimismo, recientemente el Primer Ministro del Pakistán autorizó la apertura de cuentas bancarias por los refugiados afganos.

Información relativa al párrafo 35 d) de las observaciones finales

182.El Pakistán ha tratado a los refugiados afganos con una hospitalidad, generosidad y compasión ejemplares. Desde hace cuatro décadas el Pakistán ha dado hogar a más de 3 millones de refugiados afganos (cifra que alcanzó los 5 millones en el punto álgido de la crisis) y les ha proporcionado toda la protección y servicios básicos necesarios. Además, a diferencia de muchos países desarrollados, que incluso han llegado a cerrar sus fronteras a poblaciones de refugiados muy pequeñas, las comunidades locales de acogida en el Pakistán han tratado a los afganos como hermanos.

183.Se han puesto en marcha diversas iniciativas, como el Plan de Acción del Afganistán y el Pakistán para la Paz y la Solidaridad y el Acuerdo Tripartito (entre la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), el Afganistán y el Pakistán), para facilitar el retorno digno y seguro de los nacionales afganos a los lugares que el Gobierno afgano ha determinado como zonas prioritarias. Recientemente se ha creado la Plataforma de Apoyo a la Estrategia para Solucionar la Situación de los Refugiados Afganos, en consonancia con el Pacto Mundial sobre los Refugiados, con el fin de maximizar los recursos internacionales para la protección de los refugiados afganos residentes en el Pakistán y el Irán y reforzar el marco para su regreso voluntario y seguro al Afganistán. Con el fin de disponer de datos fiables sobre los refugiados afganos, lo que podría contribuir a brindarles una mejor protección y a prestarles los servicios necesarios, el Gobierno del Pakistán y el ACNUR están llevando a cabo una labor considerable para proporcionar tarjetas de registro a los refugiados afganos inscritos.

184.En general, la comunidad internacional considera que el sistema de gestión y registro, el marco de protección y los demás servicios que se ofrecen a los refugiados afganos en el Pakistán son apropiados y ejemplares, y están debidamente reconocidos por el ACNUR y otros interesados, incluido el Gobierno afgano.

Ejercicio de la diligencia debida para prevenir la violencia por parte de agentes no estatales

Información relativa al párrafo 37 a) de las observaciones finales

185.El Gobierno ha conferido a la Comisión Nacional de las Minorías un amplio mandato. El Ministerio de Asuntos Religiosos y Armonía Interconfesional también está preparando una Política Nacional de Armonía Interconfesional en consulta con las partes interesadas. La División de Derechos Humanos del Ministerio de Derechos Humanos presta especial atención a la protección de los derechos de las minorías en el marco del plan de acción nacional para mejorar la situación de los derechos humanos en el Pakistán. La Comisión tendrá el cometido de proteger a los miembros de los grupos vulnerables. Además, el Pakistán ha aprobado leyes y tomado medidas administrativas para combatir los problemas a los que se enfrentan las minorías, con resultados muy satisfactorios. El Gobierno se toma muy en serio los casos de violencia tumultuaria y adopta medidas severas contra las personas implicadas en tales actos, como quedó demostrado después de que una muchedumbre linchara y asesinara al director de una fábrica en Sialkot, de origen esrilanqués. El Ministerio de Asuntos Religiosos y Armonía Interconfesional ha formulado una Política de Armonía Interconfesional tras celebrar consultas con todas las partes interesadas a nivel federal y provincial.

Información relativa al párrafo 37 b) de las observaciones finales

186.El Gobierno del Pakistán, en colaboración con la Policía, ha actuado con celeridad para dar respuesta a esta cuestión de conformidad con la legislación y los reglamentos pertinentes. Todos los gobiernos provinciales permanecen alerta en relación con este asunto y constituyen equipos especiales formados por miembros de la Policía y las instituciones de inteligencia para investigar estos casos de tortura.

Castigo corporal

Información relativa al párrafo 39 de las observaciones finales

187.El Pakistán ha adoptado medidas tanto a nivel federal como provincial para eliminar y prohibir explícitamente los castigos corporales en todas sus formas y en todos los entornos. El Gobierno Federal también está elaborando el Proyecto de Ley de Prohibición del Castigo Corporal. Además, el Gobierno Federal y los gobiernos provinciales han dictado órdenes e instrucciones normativas a todas las instituciones educativas para prohibir los castigos corporales.

188.El país ha difundido en los medios de comunicación electrónicos e impresos una campaña de concienciación a gran escala bajo el lema “Maar Nahe Pyar” (“el amor antes que la violencia”). La Dirección Federal de Educación en Islamabad ha prohibido los castigos corporales en las escuelas y está creando un mecanismo de vigilancia y denuncia para los alumnos.

189.En este sentido, la Dirección Federal de Educación ha adoptado una política de tolerancia cero respecto de los castigos corporales en las escuelas y escuelas superiores, y los directores de todas las instituciones educativas han recibido instrucciones detalladas al respecto. Además, se han definido algunos ejemplos de castigos corporales para incluir, entre otros, todos los castigos que utilicen la fuerza física y tengan por objeto causar cierto grado de dolor o malestar, aunque sea leve (por ejemplo, golpes, manotazos, palizas, bofetadas, zarandeos, pellizcos, etc.) y otras formas de castigo no físico que sean crueles y degradantes.

190.El Departamento de Educación de Punyab ha prohibido terminantemente el uso de los castigos corporales en todas las instituciones educativas, adoptado una política de tolerancia cero respecto de esta cuestión y ordenado el estricto cumplimiento de esta norma. También está elaborando mecanismos jurídicos y administrativos para poner fin a los castigos corporales, impartir formación a los docentes sobre métodos alternativos de disciplina y sensibilizar a los alumnos sobre el asunto. Además, a fin de poner freno a la amenaza de tortura y al uso de los castigos corporales en Punyab, se ha sensibilizado a todas las dependencias sobre el terreno para que utilicen el método científico y técnicas modernas en la investigación de los casos. En Punyab, se ha sancionado a 233 agentes, 88 Jefes de policía, 205 Subinspectores Adjuntos, 189 Subinspectores, 64 Inspectores y 7 Subcomisarios por distintas infracciones relacionadas, entre otros, con la tortura, la muerte de personas recluidas, el abuso de poder, la mala conducta y la reclusión ilegal.

191.El Departamento de Educación ha establecido aulas modelo para niños en todas las escuelas públicas de Punyab y administra 150 escuelas adaptadas a los niños en Lahore. El Departamento ha organizado conferencias y sesiones de concienciación periódicas para los docentes en el marco de las actividades de formación en el empleo y ha hecho de esta cuestión uno de los temas ordinarios del programa de las reuniones del Departamento.

192.A nivel de los distritos, se ha nombrado a coordinadores encargados de vigilar el cumplimiento de la política de tolerancia cero respecto de los castigos corporales.

193.También se ha trabajado para aprobar legislación eficaz a nivel federal para prohibir los castigos corporales. La Ley del Territorio de la Capital Islamabad, de 2021, ha sido aprobada en una sesión plenaria del Parlamento y está pendiente de aprobación por el Presidente del Pakistán. El Instituto Nacional de Educación Especial, el Centro Nacional de Formación sobre Movilidad e Independencia y el Proyecto de Readaptación Profesional y Empleo para Personas con Discapacidad organizan periódicamente sesiones de formación para sensibilizar a los progenitores y los representantes legales sobre el uso de formas de disciplina no violentas y concienciarlos sobre los efectos nocivos de los castigos corporales. También existen mecanismos institucionales eficaces para garantizar el cumplimiento de estas normas.

194.Algunos gobiernos provinciales ya han promulgado leyes sobre esta cuestión. En 2016, el gobierno de Sind aprobó la Ley de Prohibición del Castigo Corporal, que proscribe todas las formas de castigo corporal y tratos humillantes o degradantes contra niños, independientemente de quién sea el responsable.

195.En 2016 se aprobó la Ley de Protección de la Infancia de Baluchistán, que prohíbe los castigos corporales hacia niños en el hogar. Asimismo, tipifica como delito los tratos crueles o perjudiciales, el maltrato de niños por parte de sus cuidadores y los actos de tortura física hacia adultos u otros niños. En Baluchistán, se han impuesto 818 castigos severos a Subcomisarios, Inspectores, Subinspectores, Subinspectores Adjuntos y agentes de la Policía por negligencia en el desarrollo de sus funciones, tortura, ausencia del trabajo y causas penales. Además, se ha amonestado a 1.418 funcionarios de distintos servicios por diferentes motivos. El Departamento Penitenciario de Baluchistán imparte sesiones de concienciación a su personal sobre la prohibición de la tortura. Además, el Departamento Penitenciario solo recluye a los ciudadanos que han sido condenados por un tribunal competente.

196.El gobierno de Jaiber Pastunjuá también ha prohibido los castigos corporales en las escuelas públicas. Toda persona que infrinja el artículo 34 de la Ley de Protección y Bienestar de la Infancia de Jaiber Pastunjuá, de 2010, se enfrentará a una pena de prisión de seis meses y una multa de hasta 50.000 rupias. Además, Jaiber Pastunjuá ha remitido instrucciones estrictas de manera periódica a todos los agentes de policía sobre el terreno para advertirles contra el uso de la tortura y prohibir tales prácticas. En 2017, la cámara legislativa provincial de Jaiber Pastunjuá aprobó la Ley de la Policía con el objetivo de proteger la vida, los bienes y el honor de los ciudadanos. El artículo 119 de dicha ley prevé una pena de hasta cinco años de prisión y una multa para quien inflija tortura o violencia contra la población. A fin de frenar la amenaza de tortura, las autoridades competentes toman estrictas medidas departamentales contra los funcionarios implicados en ese tipo de actos. Los acusados que se encuentran detenidos en dependencias policiales son tratados de conformidad con los artículos 61 y 167 del Código de Procedimiento Penal. Las dependencias de denuncia de los distritos, controladas por comisarios de policía, han comenzado sus operaciones y empezado a recibir denuncias. Toda persona declarada culpable es tratada con mano dura. Por ejemplo, en Jaiber Pastunjuá se ha castigado a 4.605 agentes, 667 Jefes de policía, 507 Subinspectores Adjuntos, 423 Subinspectores, 65 Inspectores y 19 Subcomisarios por distintas infracciones. En Sind se ha sancionado a 18 agentes, 3 Jefes de policía, 2 Subinspectores Adjuntos, 3 Subinspectores y 1 Inspector por distintas infracciones relacionadas, entre otros, con actos de tortura, reclusión ilegal y mala conducta. De manera paralela, el gobierno de Jaiber Pastunjuá también ha establecido garantías jurídicas en el marco de la legislación provincial pertinente para poner fin a la práctica de la tortura. Además, el artículo 119, apartado d), de la Ley de la Policía de Jaiber Pastunjuá, de 2017, prevé penas para los agentes que inflijan torturas u otros actos de violencia contra las personas que se encuentren en detención policial. Se han puesto en marcha las debidas campañas a través de los medios sociales y otros canales para informar a la población sobre este asunto. Conviene señalar que en 2016 el gobierno de Gilgit-Baltistán también aprobó la Ley de Prohibición del Castigo Corporal.

197.El gobierno de Punyab también ha formulado el Proyecto de Ley de Prohibición del Castigo Corporal, de 2020, que se encuentra en proceso legislativo. Los Directores Ejecutivos de las Administraciones Educativas de los Distritos ya han empezado a aplicar rigurosamente las instrucciones relativas a los castigos corporales en los niveles de enseñanza inferiores de todas las escuelas de la provincia. El gobierno de Punyab está elaborando los ulteriores mecanismos jurídicos y administrativos para poner fin a los castigos corporales, formar a los docentes sobre métodos alternativos de disciplina y sensibilizar a los alumnos sobre la cuestión. El Departamento de Educación ha establecido aulas modelo para niños en todas las escuelas públicas de Punyab y administra 150 escuelas adaptadas a los niños en Lahore. Además, en Punyab se ha sensibilizado a todas las dependencias sobre el terreno para que utilicen el método científico y técnicas modernas en la investigación de los casos. En Punyab se ha sancionado a 233 agentes, 88 Jefes de policía, 205 Subinspectores Adjuntos, 189 Subinspectores, 64 Inspectores y 7 Subcomisarios por distintas infracciones relacionadas, entre otros, con la tortura, la muerte de personas detenidas, el abuso de poder, la mala conducta y la reclusión ilegal.

198.La campaña de sensibilización sobre los efectos nocivos de los castigos corporales ya se ha extendido por todas las escuelas públicas y privadas, que han colgado en la entrada pancartas con el lema “ Maar NahiPiyar ”. También se han colocado en lugares destacados de las escuelas los números de teléfono de las jerarquías provinciales y de los distritos por si se produjese alguna incidencia. Asimismo, se toman medidas contra los infractores, de conformidad con las normas pertinentes aplicables.

Justicia juvenil

Información relativa al párrafo 41 de las observaciones finales

199.A fin de intensificar los esfuerzos para establecer mecanismos eficaces para determinar la edad de los jóvenes infractores y mecanismos de apelación respecto de tales determinaciones, el Pakistán ha sustituido el Decreto sobre el Sistema de Justicia Juvenil, de 2000, por la Ley del Sistema de Justicia Juvenil, de 2018. De conformidad con las obligaciones internacionales, la Ley prohíbe imponer la pena de muerte a las personas que fuesen menores de 18 años cuando cometieron el delito.

200.Se está trabajando expresamente para garantizar que todo menor acusado de un delito reciba asistencia letrada independiente y eficaz. En virtud de la Ley del Sistema de Justicia Juvenil, todos los jóvenes infractores o niños víctimas de un delito tienen derecho a recibir asistencia letrada a cargo del Estado. Asimismo, la Ley estipula la obligación de informar de ese derecho al joven infractor en un plazo de 24 horas tras su detención.

201.La Ley del Sistema de Justicia Juvenil también prevé el establecimiento de un Comité de Justicia Juvenil encargado de resolver las causas abiertas mediante un mecanismo de derivación. De conformidad con este sistema, se deberá poner en marcha un proceso alternativo para determinar la responsabilidad del joven infractor y establecer el trato que debe recibir en función de sus antecedentes sociales, culturales, económicos, psicológicos y educativos sin recurrir a procedimientos judiciales formales. Además, el Comité de Justicia Juvenil debe resolver los casos mediante dicho mecanismo de derivación en un plazo de un mes desde la fecha de recepción.

202.Además de la Ley del Sistema de Justicia Juvenil, el Gobierno del Pakistán también ha aprobado la Ley de la Autoridad para la Justicia y la Asistencia Letrada, de 2020, que prevé la prestación de asistencia jurídica gratuita a todas las personas vulnerables, incluidos los jóvenes infractores.

203.En cuanto a la determinación de la edad, la Ley del Sistema de Justicia Juvenil estipula que, cuando la persona que presuntamente ha cometido un delito parezca menor de edad o afirme serlo a los efectos de esta ley, el agente al mando de la comisaría de Policía o el correspondiente funcionario de la Policía judicial llevará a cabo una investigación para determinar la edad de esa persona a partir de su certificado de nacimiento, sus certificados educativos u otros documentos pertinentes.

204.A falta de tales documentos, se podrá determinar la edad del acusado a partir de un parte médico emitido por un funcionario médico.

205.Además, cuando un acusado que parezca menor de edad a los efectos de esta ley sea llevado ante un tribunal en virtud del artículo 167 del Código de Procedimiento Penal, antes de ordenar la continuación de la reclusión, el tribunal deberá dejar constancia de sus conclusiones en relación con la edad basándose en los documentos disponibles, incluidos el informe presentado por la Policía y el parte médico emitido por un funcionario médico.

206.El reglamento relativo a la Ley del Sistema de Justicia Juvenil, que está en proceso de formulación, prevé un mecanismo de apelación. En caso de disconformidad con la decisión del funcionario médico por lo que respecta a la determinación de la edad, el joven infractor, o cualquier otra persona en su nombre, podrá solicitar al tribunal de menores que emita una orden para que una junta especial lleve a cabo el proceso de determinación de la edad.

207.El reglamento relativo a la Ley ya se ha formulado y está siendo examinado por todos los ministerios competentes.

Reparación

Información relativa al párrafo 43 a) de las observaciones finales

208.El Gobierno del Pakistán está determinado a combatir los casos de tortura cometidos por agentes de las fuerzas del orden. El Gobierno ha introducido diversas reformas para mejorar la capacidad operativa, los mecanismos de rendición de cuentas y la profesionalidad del Departamento de Policía. El Departamento de Policía cuenta con mecanismos sólidos de rendición de cuentas y los sistemas de control necesarios, y se está trabajando para reforzarlos y garantizar su plena aplicación. Puesto que el Pakistán es una democracia parlamentaria con un poder judicial independiente, una sociedad civil dinámica y unos medios de comunicación libres y abiertos, los presuntos casos de torturas o mala conducta policiales salen inmediatamente a la luz y son objeto de una investigación exhaustiva.

209.También existen diversos mecanismos de rendición de cuentas para garantizar que nadie sea sometido a tortura. La Comisión Nacional de Derechos Humanos, creada en 2015, es un órgano oficial independiente con competencia para conocer de casos de violaciones de los derechos humanos, tanto de oficio como en respuesta a denuncias, y tiene la autoridad para citar a personas e investigar los casos de violaciones de los derechos humanos. Tiene el mandato general de promover y proteger los derechos humanos consagrados en la Constitución del Pakistán y en los instrumentos internacionales en que el Pakistán es parte. La Comisión, que se guía por los Principios de París, es una institución clave para la promoción y protección de los derechos humanos básicos y las libertades fundamentales de todas las personas. Asimismo, ofrece a las víctimas una plataforma en la que alzar la voz y obtener reparación por las vulneraciones que han sufrido.

210.A fin de facilitar el acceso de las víctimas de violaciones de los derechos humanos a vías de recurso, y teniendo en cuenta la importancia de que existan tales medios de reparación a nivel provincial, la Comisión ha establecido cinco oficinas regionales en las capitales provinciales y en el Territorio de la Capital Islamabad. Estas oficinas están plenamente operativas, atienden y resuelven las denuncias de las víctimas de violaciones de los derechos humanos, incluidos los casos de tortura, y contribuyen a mejorar la situación de los derechos humanos a nivel provincial.

211.Por medio de las academias de Policía y otras instituciones, los Departamentos de Policía también han centrado sus esfuerzos en impartir formación a los funcionarios y agentes de la Policía y capacitarlos para que puedan ofrecer servicios policiales modernos de base comunitaria y eviten recurrir a métodos de investigación tradicionales. Las academias judiciales a nivel federal y provincial también imparten formación periódica a los jueces y fiscales para frenar la amenaza de tortura y reforzar los mecanismos de rendición de cuentas.

Información relativa al párrafo 43 b) de las observaciones finales

212.Todos los presos reciben el mismo trato y los correspondientes Departamentos Penitenciarios les proporcionan servicios sin discriminación.

Reunión de datos

Información relativa al párrafo 45 de las observaciones finales

213.La Oficina de la Policía Nacional del Pakistán recopila datos sobre la prevalencia de la tortura y los malos tratos, entre otros delitos y prácticas delictivas, y los desglosa de acuerdo con distintas categorías. A lo largo del informe, se han destacado debidamente los datos relativos a las investigaciones de las denuncias, las investigaciones y las condenas que se inscriben en el ámbito de la Convención sobre la Tortura.