I.Introducción

La República del Yemen se adhirió a la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer en mayo de 1984 y presentó sus informes nacionales séptimo y octavo combinados sobre los avances en la aplicación de la Convención el 27 de octubre de 2021. De conformidad con el artículo 18 de la Convención, el Yemen presenta sus informes nacionales 9o a 11o combinados, en que se recogen los logros más significativos alcanzados durante el período 2021-2024 y se ofrece una visión general de los desafíos y dificultades a los que se ha enfrentado el Yemen durante ese período.

El informe aborda las políticas, los programas y las iniciativas nacionales adoptadas por el Yemen para empoderar a las mujeres y mejorar su situación en todos los ámbitos de la vida política, económica, social y cultural. También pone de relieve las dificultades y los desafíos que plantea su aplicación, sobre todo teniendo en cuenta las circunstancias actuales en el país.

El Yemen reafirma su compromiso inquebrantable con los principios de igualdad, justicia y derechos humanos, y espera que el presente informe le brinde la oportunidad de entablar un diálogo constructivo con el Comité y de aprovechar sus recomendaciones para fortalecer los esfuerzos nacionales encaminados a promover los derechos de la mujer y alcanzar un desarrollo sostenible basado en la plena colaboración entre mujeres y hombres.

El Comité Nacional de la Mujer desea expresar su gratitud y reconocimiento a la Entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de las Mujeres (ONU-Mujeres) por haber prestado apoyo técnico y financiero, así como a la Comisión Económica y Social para Asia Occidental por haber prestado apoyo técnico y haber ayudado al equipo y a los expertos del Comité en la elaboración del informe. Agradece asimismo a los organismos gubernamentales y a las organizaciones de la sociedad civil que han facilitado datos e información para el informe, y a todos los miembros del equipo técnico. El equipo no escatimó esfuerzos a la hora de ofrecer asesoramiento y revisar el informe para asegurarse de que presentara una visión objetiva y ofreciera vías para lograr la justicia y soluciones prácticas para el empoderamiento de las mujeres.

Comité Nacional de la Mujer

II.Proceso y metodología para la elaboración del informe

Los informes periódicos 9o a 11o combinados del Yemen se prepararon para presentarlos al Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer de conformidad con el artículo 18 de la Convención y fueron aprobados por el Comité Nacional de la Mujer del Yemen mediante un proceso participativo en el que intervinieron organismos gubernamentales y la sociedad civil. Los informes se elaboraron basándose en lo siguiente:

a) Las directrices y recomendaciones generales para la presentación de informes publicadas anteriormente por el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer;

b) Las observaciones finales sobre los informes periódicos séptimo y octavo combinados del Yemen;

c) El examen nacional amplio de los avances en la aplicación de la Declaración y la Plataforma de Acción de Beijing (2020-2024);

d) El primer examen nacional voluntario del Yemen en el marco de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.

El informe se analizó en un taller celebrado en la capital temporal, Adén, al que asistieron los responsables de las delegaciones del Comité Nacional de la Mujer en las provincias de Lahij, Abyan, Shabwa, Taiz y Marib, así como representantes de los organismos pertinentes de esas provincias. El taller reunió a una amplia variedad de participantes, incluidos expertos, funcionarios públicos, representantes de organizaciones de la sociedad civil, partidos políticos y organizaciones, así como de medios de comunicación.

El informe se basó en datos procedentes de los informes nacionales elaborados anteriormente por el Yemen en el marco de su examen nacional amplio de los avances en la aplicación de la Declaración y la Plataforma de Acción de Beijing (2020-2024) y de su primer informe voluntario sobre sus compromisos en virtud de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. El Comité Nacional de la Mujer, por conducto del equipo técnico encargado de elaborar el informe, contribuyó al desarrollo de una serie de indicadores relacionados con la igualdad de género.

La estructura del informe sigue la de las observaciones finales sobre los informes periódicos séptimo y octavo combinados del Yemen. En el informe se abordan específicamente los párrafos de la sección F (Principales motivos de preocupación y recomendaciones) y se exponen brevemente los logros en cuatro partes que se corresponden con las partes principales de la Convención:

a)Parte I: no discriminación (artículos 1, 2, 3, 5 y 6);

b)Parte II: derechos civiles y políticos (artículos 4, 7, 8 y 9);

c)Parte III: derechos económicos y sociales (artículos 10, 11, 12, 13 y 14);

d)Parte IV: asuntos familiares (artículos 15 y 16).

III.Contexto general del conflicto y sus repercusiones en las mujeres y las niñas

El Yemen atraviesa un período difícil y complejo tras muchos años de conflicto e inestabilidad. El conflicto ha causado daños considerables a las instituciones estatales, lo que ha mermado la capacidad del Gobierno para gestionar los asuntos públicos y prestar servicios básicos a los ciudadanos. La incapacidad del Estado para extender su control a todas las zonas también ha contribuido a que no pueda prestar servicios a toda la población. Los huzíes controlan aproximadamente el 20 % del territorio del Yemen, mientras que el Gobierno legítimo controla aproximadamente el 80 %. A pesar de las numerosas iniciativas emprendidas por actores nacionales e internacionales, la falta de consenso entre las facciones políticas y la persistencia de las divisiones internas están obstaculizando los esfuerzos de paz y retrasando el proceso de reconstrucción.

El debilitamiento de las instituciones estatales ha tenido importantes repercusiones en la eficacia de los poderes legislativo, ejecutivo y judicial, lo que, a su vez, ha tenido un impacto negativo en el sistema de gobernanza y transparencia, y en la capacidad del Estado para incluir a las mujeres en los procesos de toma de decisiones y en la gestión de los asuntos públicos. En ese contexto, el Acuerdo de Riad de 2019, impulsado por el Reino de la Arabia Saudita en colaboración con la Coalición para Apoyar la Legitimidad en el Yemen, supuso un hito importante a la hora de reunificar la nación y poner fin a los enfrentamientos militares internos entre el Gobierno legítimo y el Consejo de Transición del Sur. Si bien en el Acuerdo se hacía hincapié en la necesidad de defender los derechos humanos y poner fin al discurso de odio, no se hacía ninguna referencia explícita a las cuestiones relacionadas con las mujeres. No obstante, el Acuerdo brindó la oportunidad de fomentar la participación de las mujeres ampliando la representación política y con la formación de un Gobierno competente en el que las mujeres pudieran ocupar cargos ministeriales y de liderazgo.

En 2022 se firmó el segundo Acuerdo de Riad con el objetivo de acelerar la aplicación de las disposiciones del primer Acuerdo, prestando especial atención al fortalecimiento de las instituciones estatales, la ampliación de la participación política y el establecimiento de la seguridad y la estabilidad administrativa. Este Acuerdo se consideraba parte de los esfuerzos de reconciliación nacional, pues contribuía a restablecer la confianza entre las partes y a crear las condiciones necesarias para la reanudación del proceso político, incluida la integración de una perspectiva de igualdad de género en los esfuerzos de reconstrucción y reconciliación nacional.

El 7 de abril de 2022, el presidente del Yemen, Abdrabuh Mansour Hadi, dictó un decreto por el que transfería todos sus poderes al Consejo Presidencial de Liderazgo, compuesto por ocho miembros que representan un amplio espectro de fuerzas y facciones políticas y militares. Esta decisión contó con un amplio apoyo regional e internacional y dio lugar a una reestructuración integral del poder ejecutivo para reflejar las realidades sobre el terreno y las políticas, lo que supuso un paso decisivo para restablecer la legitimidad y ampliar la participación en la toma de decisiones. Ello proporcionó un nuevo marco político para los esfuerzos de paz liderados por las Naciones Unidas, lo que condujo al alto el fuego negociado por la Organización en abril de 2022, que contribuyó a mejorar la situación humanitaria. Como consecuencia de ello, el aeropuerto internacional de Saná reabrió parcialmente sus puertas a los vuelos comerciales y humanitarios tras años de cierre y se facilitó la entrada de combustible y productos de primera necesidad a través del puerto de Al-Hudayda. Ello ha tenido un impacto positivo en las condiciones de vida de los ciudadanos, los pacientes, los expatriados y los estudiantes y ha contribuido a paliar la crisis humanitaria.

De conformidad con la declaración sobre el traspaso de poderes, se creó la Comisión de Consulta y Reconciliación del país como plataforma inclusiva a fin de que diversos grupos políticos y de la sociedad civil pudieran prestar su apoyo al Consejo Presidencial de Liderazgo y reforzar la unidad nacional. Se creó un equipo jurídico formado por expertos nacionales para redactar las normas que rigen el funcionamiento del Consejo y de la Comisión, además de un equipo de expertos económicos encargado de asesorar al Gobierno y al Banco Central sobre reformas económicas, financieras y monetarias urgentes. A estas medidas les siguieron otras adoptadas en 2023 y 2024 para poner en marcha los comités conjuntos del Gobierno y las Naciones Unidas, encargados de supervisar la aplicación del acuerdo de alto el fuego y de ampliar el diálogo con vistas a reanudar el proceso político amplio.

A pesar de las mejoras relativas en los ámbitos político y humanitario, sigue habiendo problemas en materia de derechos humanos, sobre todo teniendo en cuenta el conflicto armado en curso, la falta de garantías para la libertad de opinión y de expresión, y la participación aún limitada de las mujeres en la toma de decisiones. No obstante, hitos como el Acuerdo de Riad y la creación del Consejo Presidencial de Liderazgo y sus órganos de apoyo constituyen una nueva base política sobre la que se puede avanzar para reanudar el proceso de paz y reforzar la participación de las mujeres en las fases de negociación, reconciliación y reconstrucción en el Yemen.

Pese a los retos actuales, estos avances políticos e institucionales ponen de relieve el compromiso del Yemen de seguir cumpliendo con sus obligaciones internacionales en virtud de la Convención, en particular las establecidas en el artículo 2, según el cual los Estados están obligados a adoptar medidas legislativas, administrativas e institucionales para eliminar todas las formas de discriminación y violencia contra las mujeres y las niñas, también durante los conflictos armados. En este contexto, el Gobierno está trabajando para integrar la perspectiva de igualdad de género en el proceso político en curso y para potenciar la participación de las mujeres en los órganos de consulta y reconciliación, así como en las iniciativas de reconstrucción y la gobernanza local, con el fin de ampliar su papel en el fomento de una paz sostenible. El Yemen reafirma también su compromiso con seguir cooperando con los mecanismos internacionales pertinentes a fin de velar por que las reformas nacionales se ajusten a las normas internacionales y de reforzar la protección de las mujeres y las niñas frente a todas las formas de violencia y discriminación, pues ello constituye una obligación innegociable y un componente fundamental del camino hacia la paz y la justicia en el país.

El conflicto, que se prolonga desde 2015, ha provocado el colapso casi total de la infraestructura económica del país. El producto interno bruto se ha reducido a más de la mitad, y sectores productivos clave, como el comercio, la agricultura y la industria, se han visto gravemente afectados. El rial yemení ha perdido más de dos tercios de su valor frente a las divisas extranjeras, lo que ha provocado un fuerte aumento de los precios de los bienes y servicios básicos y la erosión del poder adquisitivo de los ciudadanos. Además, las tasas de pobreza y desempleo han alcanzado niveles sin precedentes, lo que afecta sobre todo a las mujeres, en particular en las zonas rurales, donde muchas se han visto obligadas a asumir cargas adicionales para mantener a su familia, en un contexto de escasez de recursos y deterioro de los medios de subsistencia.

A nivel institucional, la fragmentación del sistema financiero y bancario ha agravado la crisis de liquidez y ha mermado la capacidad del Estado para aplicar una política monetaria unificada. La brecha entre los mercados financieros del norte y del sur se ha ampliado, lo que ha mermado la capacidad de las instituciones gubernamentales para supervisar el flujo de fondos y estabilizar el tipo de cambio. No obstante, desde 2022, el Banco Central de Adén ha puesto en marcha una serie de reformas para frenar la especulación en el mercado de divisas y estabilizar la moneda nacional. Por ejemplo, se suspendieron las operaciones de compra y venta de divisas en todos los bancos y en las empresas de cambio de divisas que incumplían la normativa, y se revocaron las licencias de unas 30 entidades financieras y empresas de cambio de divisas por infringir las normas. También se suspendieron las operaciones con los bancos que no habían trasladado su sede a Adén, lo que contribuyó a lograr una estabilidad relativa en el valor del rial y una mejora temporal de la confianza de los mercados y las instituciones financieras en 2023 y 2024.

El Yemen sigue sufriendo una de las peores crisis humanitarias del mundo. Millones de yemeníes sufren escasez de alimentos, medicamentos, agua potable y servicios básicos, y las mujeres y las niñas se encuentran en situaciones especialmente vulnerables. El conflicto y el deterioro de los servicios han provocado un aumento de los índices de violencia contra las mujeres y las niñas, lo que incluye el matrimonio precoz y la denegación del acceso a la educación y a la asistencia sanitaria básica, en particular a los servicios de salud reproductiva. Estos problemas se han visto agravados por los desplazamientos internos generalizados, que han obligado a las familias a depender cada vez más de la ayuda humanitaria como principal medio de supervivencia.

Pese a estas difíciles circunstancias, el Gobierno sigue movilizando sus instituciones nacionales para la protección de las mujeres y los niños, en colaboración con las organizaciones de la sociedad civil y los asociados internacionales, para mitigar los efectos de la crisis económica y proteger a los grupos más vulnerables, fundamentalmente las mujeres y las niñas. Entre las medidas adoptadas para ello cabe mencionar los programas de apoyo a los medios de subsistencia, la concesión de transferencias en efectivo y la puesta en marcha de iniciativas económicas a pequeña escala dirigidas a las mujeres de las zonas afectadas, así como el apoyo a iniciativas destinadas a mejorar el acceso de las mujeres a la financiación y a actividades generadoras de ingresos. Esas iniciativas forman parte de un esfuerzo por reconstruir gradualmente la economía nacional y restablecer la estabilidad financiera, creando así un entorno seguro e inclusivo que permita a las mujeres participar activamente en el desarrollo económico y social.

En lo que respecta a los servicios sociales, el conflicto ha afectado directamente a la vida cotidiana de la población, pues los servicios sanitarios y educativos se han visto reducidos de forma significativa y las redes de agua y electricidad han sufrido daños, lo que ha provocado un deterioro de las condiciones de vida. Millones de yemeníes sufren pobreza extrema e inseguridad alimentaria y muchos viven en duras condiciones de desplazamiento. Los retos ambientales, como la sequía y la escasez de agua, también han contribuido a aumentar la presión sobre las comunidades locales. No obstante, las comunidades locales e internacionales siguen trabajando para mejorar la situación humanitaria y prestar apoyo a las familias afectadas.

En el conflicto actual se han destruido hospitales, colegios, mercados y viviendas. Las familias se han visto obligadas a huir, lo que expone a las mujeres a riesgos adicionales en las carreteras, en los puestos de control y en los campamentos superpoblados. Las milicias huzíes han sembrado más de 2,5 millones de minas terrestres, muchas de ellas camufladas como juguetes infantiles o piedras. Como consecuencia, han fallecido 4.501 personas, entre ellas 338 mujeres y 979 niños, y han resultado heridos 381 mujeres y 1.213 niños. Con esta fragmentación como telón de fondo, los servicios básicos se han colapsado casi por completo, sobre todo en las zonas densamente pobladas controladas por los huzíes. Esta crisis ha afectado a más de 27millones de personas, entre ellas 3 millones de desplazados internos, y 17 millones de personas se enfrentan a una grave inseguridad alimentaria; de ellas, 7 millones se encuentran en una situación de peligro crítico. Las milicias huzíes han reclutado a más de 30.000 niños. Para evitar el reclutamiento de niños, el Gobierno ha promulgado decretos militares y ha puesto en marcha programas de rehabilitación y reintegración, pero el riesgo sigue siendo elevado en las zonas controladas por los huzíes.

Las mujeres y niñas se ven especialmente afectadas por estas circunstancias. Según fuentes oficiales, el Yemen pierde cada semana a seis mujeres como consecuencia de la violencia directa. Entre 2020 y 2024, el Ministerio de Derechos Humanos registró 4.279 casos de violencia contra las mujeres y 2.361 casos de mujeres que sufrieron lesiones. Las milicias huzíes también cometieron violaciones de los derechos humanos, como el secuestro de mujeres en manifestaciones o en su propio hogar, torturándolas y obligando a algunas a realizar trabajos forzados o a recabar información. El paradero de muchas de ellas sigue sin conocerse. Muchas mujeres han perdido el acceso a la educación y al empleo, y su sufrimiento se ha visto agravado por el desplazamiento, la pérdida de quienes son el sostén de la familia y el deterioro de los servicios. Las mujeres también se enfrentan a importantes dificultades a la hora de acceder a la atención de la salud y al apoyo económico, y corren un mayor riesgo de sufrir violencia de género. No obstante, desempeñan un papel importante en el sustento de la familia y de la comunidad, y algunas participan en iniciativas locales de consolidación de la paz y de asistencia humanitaria. Empoderar a las mujeres e implicarlas en los esfuerzos de reconstrucción y recuperación es un paso fundamental para construir un país más estable y equitativo para todos.

Las repercusiones del conflicto para las mujeres y las niñas han variado según la región. En las zonas del norte controladas por los huzíes hay estrictas restricciones a la libertad de movimiento, al trabajo y a la participación ciudadana; en las zonas controladas por el Gobierno legítimo, las restricciones son menos estrictas, pero las mujeres se enfrentan a problemas económicos y de seguridad. En las zonas rurales y las zonas donde se encuentran las líneas del frente, el acceso a los servicios es limitado, las tasas de matrimonio infantil son más elevadas y los partos en casa son más habituales que los partos en el hospital, lo que repercute en la salud reproductiva de las madres. Las zonas de desplazamiento y los campamentos se enfrentan a retos particulares, entre ellos la falta de seguridad e intimidad, el acceso limitado a los servicios y un mayor riesgo de violencia contra las mujeres y las niñas.

A la luz de las observaciones finales del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, en particular los párrafos 11 y 12, el Gobierno del Yemen lleva desde 2021 adoptando una serie de medidas destinadas a reforzar el cumplimiento de la Convención durante el conflicto armado, en consonancia con las recomendaciones generales núms. 28 y 30 del Comité. El Yemen ha seguido manteniendo su compromiso con las convenciones internacionales básicas en la esfera del derecho internacional humanitario, incluidos los cuatro Convenios de Ginebra y sus Protocolos Adicionales, la Convención sobre los Derechos del Niño, la Convención sobre la Prohibición del Empleo, Almacenamiento, Producción y Transferencia de Minas Antipersonal y sobre Su Destrucción y la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio. El Comité Nacional de Derecho Internacional Humanitario, creado en 1999, sigue representando un papel importante a la hora de sensibilizar sobre las disposiciones del derecho internacional humanitario y de asegurar que las fuerzas armadas cumplan esas obligaciones, prestando particular atención a la protección de las mujeres y las niñas frente a los efectos del conflicto armado.

Como parte de sus esfuerzos por reforzar la cooperación con las Naciones Unidas y los mecanismos internacionales, el Gobierno del Yemen procura desde 2018 facilitar la labor de los organismos de las Naciones Unidas y los organismos independientes, incluida la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), proporcionando acceso seguro a las zonas que controla a fin de apoyar las actividades de seguimiento, investigación y documentación. En 2018, el Gobierno del Yemen creó una comisión gubernamental para coordinar la labor del Grupo de Expertos del Comité del Consejo de Seguridad establecido en virtud de la resolución 2140 (2014). En 2019 se creó un comité de alto nivel, presidido por el Ministro de Planificación y Cooperación Internacional, con el fin de coordinar las actividades de las organizaciones internacionales, facilitar la cooperación con los organismos de las Naciones Unidas y garantizar que el Yemen cumple las obligaciones que le incumben en virtud del derecho internacional humanitario, el derecho de los refugiados y el derecho penal internacional. Desde 2021, esos comités han seguido cumpliendo sus mandatos mediante el desarrollo de mecanismos de coordinación institucional y la mejora del intercambio de información entre los organismos nacionales y los órganos de las Naciones Unidas, lo que ha permitido aplicar de manera más eficaz las recomendaciones internacionales en materia de derechos humanos y de protección de las mujeres y las niñas.

En 2023 y 2024, esta cooperación se amplió para incluir la participación de las partes interesadas nacionales en reuniones periódicas con las oficinas de las Naciones Unidas y las organizaciones humanitarias que operan en el país, con el objetivo de acelerar la aplicación de las recomendaciones del Consejo de Derechos Humanos relativas a la determinación de los hechos en el Yemen. Además, se aprobó un plan conjunto del Gobierno y varios organismos de las Naciones Unidas por conducto del Ministerio de Planificación y Cooperación Internacional. El plan incluye medidas prácticas para reforzar la protección de la población civil y mejorar los mecanismos de asistencia humanitaria y rendición de cuentas, dando prioridad a las necesidades de las mujeres y las niñas en las zonas afectadas por el conflicto. El comité de alto nivel también se coordinó con las organizaciones internacionales para facilitar visitas sobre el terreno de equipos de las Naciones Unidas a las provincias de Marib, Hadramaut y Adén a fin de hacer un seguimiento de la ejecución de los programas de protección humanitaria y de asegurar la entrega sin trabas de la asistencia, en colaboración con el Comité Superior de Socorro y las autoridades locales.

En 2024, el Gobierno intensificó su colaboración con el ACNUDH a fin de reforzar la capacidad del personal de contratación nacional en materia de seguimiento, documentación e investigación de las violaciones. Con ese fin, se organizaron talleres de capacitación especializados sobre los mecanismos de justicia de transición, la recopilación de pruebas y la protección de las víctimas en Adén, Marib y Taiz. En la misma línea, se creó una nueva dependencia de coordinación nacional dentro del Ministerio de Derechos Humanos para supervisar la aplicación de las recomendaciones de los mecanismos de las Naciones Unidas. El Ministerio también está desarrollando una base de datos electrónica compartida con las Naciones Unidas para documentar las violaciones y clasificarlas por género, edad y ubicación geográfica. Estas iniciativas han contribuido a reforzar la cooperación institucional entre el Estado y el sistema de las Naciones Unidas, así como a mejorar la transparencia y la rendición de cuentas en respuesta a las recomendaciones del Comité, garantizando así la protección de los derechos de las mujeres y las niñas en situaciones de conflicto armado y de posconflicto.

En lo que respecta a la facilitación del acceso humanitario, el Gobierno del Yemen ha seguido garantizando, desde 2018, el paso de la asistencia a través de 22 corredores terrestres y marítimos hacia todas las provincias, en colaboración con el Comité Superior de Socorro, creado en 2015, y con los organismos de las Naciones Unidas y las organizaciones humanitarias. Ello se hace de conformidad con las resoluciones del Consejo de Seguridad 2139 (2014) y 2165 (2014), a fin de garantizar que la asistencia llegue a todas las poblaciones afectadas, incluidas las mujeres y las niñas, de forma rápida, segura y sin trabas, habida cuenta del deterioro de la situación humanitaria. En diciembre de 2024, el Gobierno organizó una conferencia nacional para debatir las obligaciones del Yemen relativas a los refugiados y participó en el Segundo Foro Mundial sobre los Refugiados, celebrado en Ginebra en 2023, con el objetivo de movilizar el apoyo internacional y de aumentar las contribuciones para cubrir el déficit de financiación del plan de respuesta humanitaria, respondiendo a los llamamientos del Comité sobre la escasez de recursos.

En el marco de los esfuerzos por reforzar la protección contra la violencia de género, entre 2020 y 2023 se pusieron en marcha una serie de iniciativas institucionales: se crearon comités de coordinación para la protección de las mujeres y los niños en siete provincias, en 2022 se creó una división dedicada a los derechos de las mujeres y los niños en la Fiscalía, y se crearon dependencias de atención a las mujeres litigantes en algunos tribunales de apelación para facilitar el acceso a la justicia. Además, en 2022 se creó en Adén la Dirección General de Protección de la Familia y de Mujeres Policías, así como una entidad similar en Marib. En colaboración con organizaciones internacionales, se ha impartido capacitación a más de 900 mujeres agentes de seguridad en diversas provincias. Con el establecimiento de una sección de protección dentro de la dependencia ejecutiva encargada de la gestión de los campamentos para desplazados internos, al que se ha sumado a la puesta en marcha de líneas de atención telefónica, ha mejorado la denuncia de los casos de violencia y la coordinación de las derivaciones. Por su parte, la dependencia de seguimiento y documentación, creada en 2021, siguió registrando las violaciones desglosadas por género, haciendo un seguimiento de la utilización de menores en el conflicto y analizando datos para la preparación de los informes nacionales oficiales.

Como parte de los esfuerzos para combatir la impunidad y velar por la rendición de cuentas, la Fiscalía creó en 2020 una división especial para las mujeres y la infancia encargada de investigar las violaciones de los derechos de las mujeres y las niñas. Además, el Comité Nacional encargado de Investigar las Denuncias de Violaciones de los Derechos Humanos, creado en 2012 y compuesto por jueces independientes, ha seguido documentando las violaciones y elaborando informes periódicos sobre los delitos cometidos por diversas partes, y ha remitido varias causas a la Fiscalía. El Gobierno también ha intensificado sus esfuerzos para combatir el reclutamiento de menores, retirar las minas terrestres e investigar las violaciones graves de los derechos humanos de conformidad con las normas internacionales, lo que refleja el compromiso del Estado de exigir responsabilidades a los autores de violaciones graves y de evitar su repetición.

El Estado ha continuado sus esfuerzos para proporcionar protección y asistencia humanitaria a los desplazados internos. En 2022, proporcionó alojamiento a más de 84.000 familias desplazadas y las trasladó de los alojamientos de emergencia a viviendas de transición adecuadas que respetan su intimidad y dignidad. Se implementaron amplios programas de sensibilización centrados en la protección infantil y en los riesgos del matrimonio precoz, la violencia y el acoso que llegaron a más de 47.000 beneficiarios. Además, en Marib se puso en marcha un proyecto para facilitar el acceso a la educación a los niños desplazados y a las comunidades de acogida, gracias al cual se proporcionó educación y protección a 14.000 niños y niñas, y se prestó apoyo a los docentes y a las comunidades locales.

Las mujeres y la paz y la seguridad

De conformidad con la recomendación del apartado 14 a), el Gobierno del Yemen ha seguido adoptando medidas institucionales para promover la participación de las mujeres en los esfuerzos en materia de paz, seguridad y reconstrucción, a pesar de los retos que plantea el conflicto armado. La aprobación por el Yemen, en 2020, de su primer plan de acción nacional sobre la resolución 1325 (2000) del Consejo de Seguridad supuso un hito importante en el reconocimiento a nivel nacional de la agenda sobre las mujeres y la paz y la seguridad. Bajo la dirección del Ministerio de Asuntos Sociales y Trabajo, se creó una estructura institucional nacional para implementar el plan de acción nacional sobre las mujeres y la paz y la seguridad con un mandato claro para cada uno de los componentes del plan. Esta estructura está compuesta por un órgano consultivo presidido por el Ministro de Asuntos Sociales y Trabajo, un equipo nacional de planificación, coordinación y seguimiento nacional dirigido por el Ministerio de Asuntos Sociales y Trabajo y grupos de trabajo provinciales presididos por gobernadores, entre ellos el grupo de trabajo de la provincia de Adén, gestionado por el Director General para el Desarrollo de la Mujer de la Oficina del Gobernador. Se aprobó una política de coordinación y seguimiento, ratificada por el Ministro de Asuntos Sociales y Trabajo, para los períodos 2020-2022 y 2022-2023, que vino seguida de programas de formación dirigidos a los representantes de los organismos gubernamentales y de seguridad que participaban en la ejecución del plan, con el objetivo de adaptar su aplicación al contexto yemení.

Como parte de las iniciativas de fortalecimiento de la capacidad institucional, se han impartido sesiones de capacitación sobre violencia de género, derechos humanos y protección de las mujeres y los niños dirigidas a agentes de policía de ambos sexos. También se han impartido cursos de formación para mejorar las competencias de los agentes de las fuerzas del orden en la redacción de informes jurídicos y la remisión de causas a la Fiscalía. Además, se renovaron diez comisarías para crear entornos de trabajo sensibles a las cuestiones de género, se llevaron a cabo campañas de sensibilización para alentar a las niñas afectadas por la violencia de género a recurrir a los servicios de derivación, y se puso en marcha un programa comunitario de radio sobre la violencia y la protección de las mujeres. También se puso en marcha un plan para las comisarías de la provincia de Adén, en colaboración con las organizaciones internacionales que operan en la provincia, y se establecieron mecanismos de coordinación con los Ministerios de Justicia y del Interior para el intercambio de información relacionada con las mujeres y la paz y la seguridad. El Ministerio de Justicia ha alentado a las organizaciones de la sociedad civil y a los colectivos de mujeres, jóvenes y académicos a que participen en la puesta en marcha del plan de acción nacional sobre las mujeres y la paz y la seguridad y a que compartan datos y conocimientos especializados. Además, creó una base de datos nacional de proyectos, programas, estudios e informes de los medios de comunicación relacionados con los objetivos del plan.

Se ha reforzado la coordinación con las instituciones académicas y la Organización Central de Estadística para llevar a cabo investigaciones y encuestas sobre la violencia de género y subsanar las carencias en materia de datos y análisis. En varias provincias se han llevado a cabo actividades sobre el terreno, en colaboración con organizaciones asociadas, a fin de mejorar el acceso a la información y a las estadísticas. Entre esas actividades, cabe mencionar la capacitación de 60 miembros del personal de seguridad y judicial de la provincia de Adén en derecho penal, técnicas de investigación y códigos de conducta policial, y la organización, en colaboración con el Departamento de Seguridad de Adén y bajo la supervisión del equipo local, de reuniones consultivas semanales para agentes del orden de ambos sexos, para compartir experiencias con el Ministerio de Asuntos Sociales y Trabajo.

Debido a la escasez de fondos, la primera fase del plan nacional se centró en el sector de la seguridad y en la participación de las mujeres en este. A lo largo de los próximos tres años, el Gobierno tiene la intención de elaborar un plan más exhaustivo que abarque las zonas afectadas por la guerra, asegurándose al mismo tiempo de que ningún grupo de mujeres, ya sean mujeres del medio rural, mujeres marginadas, desplazadas, refugiadas, mujeres con discapacidad, mujeres jóvenes o mujeres de edad, quede excluido en términos de protección y participación. El Gobierno también ha destacado la importancia de centrarse en la recuperación económica y psicológica, las oportunidades educativas, la salud mental y el empoderamiento jurídico y social; fortalecer la capacidad institucional y los mecanismos de vigilancia, seguimiento y rendición de cuentas; mejorar las infraestructuras y las instalaciones para la prestación de protección; y reforzar la capacidad de las organizaciones locales a fin de velar por la sostenibilidad de los esfuerzos nacionales.

En lo que respecta a la política y los procesos de paz, las mujeres yemeníes han participado en varias rondas de consultas y negociaciones políticas, ya sea directamente o por conducto de delegaciones consultivas y grupos de la sociedad civil. Entre los ejemplos más destacados cabe mencionar la participación de Fa’iqah al-Sayyid Ahmad Ba‘alawi, en representación del Congreso Popular General, en las negociaciones celebradas en Ginebra en 2015; Nihal Naji al-Awlaqi, en representación del Gobierno legítimo, en las negociaciones celebradas en Kuwait en 2016; y Rana Ghanim, de la Organización Popular Unionista Nasserista, en las consultas celebradas en Suecia en 2018. Ese mismo año, el Enviado Especial del Secretario General para el Yemen creó un comité consultivo de mujeres integrado por ocho expertas que presentaron documentos de política sobre la paz, la justicia y la reconciliación. Algunas de ellas participaron en las negociaciones celebradas en Estocolmo en 2018. Pese a esos esfuerzos, la representación de las mujeres en los procesos de paz sigue siendo limitada, y todavía no se ha alcanzado el objetivo del 30 % al que se ha comprometido el Gobierno en acuerdos nacionales e internacionales.

Cuadro 1

Participación de las mujeres en los consejos nacionales constituidos por el Gobierno legítimo

Entidad	Número	Número de mujeres	Porcentaje
Equipo de apoyo jurídico del Consejo Presidencial de Liderazgo	10	2	20
Equipo de apoyo económico del Consejo Presidencial de Liderazgo	15	2	15
Consejo Médico	15	3	20
Consejo de Acreditación Académica	9	4	44

Aunque todavía no se ha establecido un marco nacional integral para la justicia de transición y las iniciativas de reconstrucción, las mujeres han participado en importantes actividades preparatorias centradas en documentar las violaciones, pedir justicia restaurativa y proteger a las víctimas. Las iniciativas de las mujeres y de la sociedad civil han sido fundamentales para las labores de socorro y la recuperación de las comunidades a nivel local, lo que pone de manifiesto la disposición de las mujeres a participar de forma más amplia en los futuros planes nacionales.

Recientemente se han obtenido excelentes resultados y se han dado pasos importantes en la integración de las mujeres en puestos decisorios. Por primera vez se designó a una mujer al Consejo Judicial Supremo, otra fue nombrada para encabezar el órgano ejecutivo encargado de gestionar las promesas de contribuciones de los donantes, y una tercera para dirigir la Organización Central de Estadística. Las mujeres también obtuvieron cuatro de los nueve escaños (el 45 %) del Comité Nacional encargado de Investigar las Denuncias de Violaciones de los Derechos Humanos. En la Comisión de Consulta y Reconciliación, creada en abril de 2022 para apoyar al Consejo Presidencial de Liderazgo, cinco mujeres (el 10%) ocupaban puestos de liderazgo, entre ellas la Vicepresidenta de la Comisión, la presidenta del comité encargado de redactar los principios de reconciliación y la relatora del comité encargado de elaborar el marco integral de paz, en el que se incorporó el principio de igualdad de ciudadanía. Tras la constitución de las comisiones especializadas en abril de 2024, fueron mujeres quienes asumieron los cargos de Presidenta de la Comisión de Derechos y Libertades, Vicepresidenta de la Comisión de Reconciliación y Justicia de Transición y Relatora de la Comisión Política y quieres pasaron a integrar la Comisión Social y Económica. Además, se designó a una experta en medios de comunicación para que prestara apoyo al Comité de Medios de Comunicación y abordara la falta de representación femenina.

IV.Avances logrados en las medidas nacionales para aplicar las disposiciones de la Convención

En esta sección se describen las medidas más importantes adoptadas para aplicar las disposiciones de cada una de las cuatro partes de la Convención: la parte I (artículos 1 a 6), relativa a la no discriminación; la parte II (artículos 7 a 9), relativa a los derechos políticos y civiles; la parte III (artículos 10 a 14), sobre los derechos sociales y económicos, y la parte IV (artículos 15 y 16), sobre la igualdad jurídica y la igualdad en la familia. Además, la sección contiene información sobre las medidas adoptadas para aplicar las recomendaciones del Comité.

Parte I. No discriminación (artículos 1, 2, 3, 5 y 6)

I.Definición de discriminación contra la mujer y leyes discriminatorias

La legislación nacional del Yemen, en particular la Constitución, no contiene disposiciones que discriminen a las mujeres. De hecho, la legislación nacional defiende los principios de igualdad y no discriminación respecto de todos los ciudadanos. El artículo 41 de la Constitución dispone que “todos los ciudadanos son iguales en sus derechos y deberes públicos”, y el artículo 24 dispone que “el Estado garantizará la igualdad de oportunidades para todos los ciudadanos en lo que respecta a la actividad política, económica, social y cultural”. De conformidad con la recomendación del párrafo 16, el Yemen redactó una Constitución basada en los resultados de la Conferencia de Diálogo Nacional, celebrada del 18 de marzo de 2013 al 25 de enero de 2014, en la que se aborda de manera óptima la discriminación contra las mujeres y las niñas. Uno de los proyectos de artículo pertinentes dispone que “los ciudadanos tienen iguales derechos y libertades públicas, sin discriminación por motivos de sexo, color, raza, origen, religión, confesión, creencias u opiniones, situación económica o social, discapacidad, afiliación política o geográfica, profesión, lugar de nacimiento o cualquier otra consideración”. El artículo que sigue dispone que “a fin de hacer efectivo el principio de igualdad de ciudadanía, el Estado, mediante la promulgación de leyes y la adopción de medidas, fomentará la participación política activa de las mujeres, con miras a asegurarse de que representen al menos el 30 % de las distintas autoridades y órganos”.

En la legislación vigente no existen disposiciones específicas que definan la discriminación contra las mujeres. Sin embargo, existen disposiciones constitucionales y otras disposiciones legislativas que consagran la igualdad, y cualquier violación de ese principio se considera discriminación y está castigada por la ley. Entre esas disposiciones cabe mencionar el artículo 2 de la Ley del Poder Judicial, que consagra la igualdad ante los tribunales al disponer que “las partes son iguales ante los tribunales”, el artículo 23 de la Ley de Comercio, que dispone que “todo ciudadano que haya cumplido los 18 años tiene derecho a dedicarse al comercio”, y el artículo 3 de la Ley de Elecciones Generales, que dispone que “se concederá el derecho de voto a todos los ciudadanos mayores de 18 años”.

Con respecto a la recomendación del párrafo 18, apartados a) a d), de las observaciones finales, quisiéramos señalar que las circunstancias actuales en el Yemen, que se abordan en el contexto general del presente informe, limitan la capacidad del Gobierno para aplicar la recomendación. Cualquier modificación legislativa prevista que establezca definiciones de la discriminación directa e indirecta debe ser aprobada por la Cámara de Diputados, que actualmente no se reúne debido a la guerra.

El Comité Nacional encargado de Investigar las Denuncias de Violaciones de los Derechos Humanos se ha esforzado por reforzar los mecanismos de justicia y rendición de cuentas. El Comité recomendó la creación de un tribunal y una fiscalía especializados en violaciones de los derechos humanos, incluidas las violaciones de los derechos humanos de las mujeres, y la creación de programas de capacitación para jueces, fiscales y organizaciones de la sociedad civil en justicia de transición y mecanismos de litigio en casos de violaciones de los derechos humanos, a fin de garantizar la rendición de cuentas y proteger a las mujeres.

En este sentido, en octubre de 2024, el Comité Nacional encargado de Investigar las Denuncias de Violaciones de los Derechos Humanos se reunió con el Presidente del Consejo Superior de la Judicatura y llegó a un acuerdo sobre el desarrollo de la capacidad de los jueces y su inscripción en talleres de capacitación sobre juicios por violaciones de los derechos humanos, que difieren de los juicios ordinarios. En 2023, varios jueces, entre ellos el jefe de la Autoridad de Inspección Judicial, y cinco miembros del personal de la Fiscalía y de la Fiscalía General de la República, recibieron capacitación en el marco de un seminario organizado por el Centro de Justicia de Transición sobre las experiencias nacionales en la persecución judicial de los autores de violaciones. En 2025, el Comité Nacional encargado de Investigar las Denuncias de Violaciones de los Derechos Humanos también organizó sendas sesiones de capacitación sobre el Tribunal de Derechos Humanos y los mecanismos procesales relacionados para las organizaciones de la sociedad civil, a fin de implicar a esta como asociado activo para apoyar la creación del Tribunal y hacer un seguimiento de su labor.

Las mujeres yemeníes han representado un papel destacado en la promoción de los derechos humanos; ahora trabajan en el sector humanitario y se les han brindado oportunidades en igualdad de condiciones con los hombres, acordes con sus capacidades. Además, la participación de las mujeres en las iniciativas de mediación locales ha contribuido a reducir los conflictos internos. Las mujeres han tenido una influencia significativa en la mediación local, la labor humanitaria y la participación comunitaria y han contribuido a conciliar los distintos puntos de vista en los conflictos locales, además de participar en iniciativas de voluntariado. Se han creado consejos locales de mujeres con el apoyo de organizaciones internacionales y locales, partidos políticos y movimientos sociales y políticos. Las mujeres líderes han desempeñado un papel destacado en la sociedad al impulsar iniciativas económicas y humanitarias, hacer frente a los abusos y documentarlos y llevar la voz de las víctimas a la atención de la comunidad internacional.

El Departamento de Protección de la Familia del Ministerio del Interior, integrado por mujeres policías que atienden las denuncias presentadas por mujeres, ya sea contra su cónyuge o sus familiares o en casos de incesto, ha intensificado sus esfuerzos a fin de garantizar que esos casos se tramiten de conformidad con la ley. El Yemen es uno de los primeros países de la península arábiga en crear una fuerza policial integrada por mujeres. Algunas de ellas asistieron a la Academia de Policía de Adén y recibieron capacitación en países socialistas. En la actualidad existen unidades policiales formadas por mujeres en la mayoría de las provincias, y estas representan un papel fundamental a la hora de interactuar con las mujeres de la comunidad y en los aeropuertos, las oficinas de inmigración y de pasaportes, las comisarías y los pasos fronterizos. Además, se celebraron varias reuniones y sesiones de capacitación en colaboración con organizaciones de la sociedad civil para reforzar la capacidad de las mujeres policías y desarrollar sus habilidades para interactuar con las mujeres de la comunidad.

El Comité Nacional de la Mujer y la Unión de Mujeres del Yemen han puesto en marcha programas de sensibilización dirigidos a los grupos más vulnerables, como las mujeres con discapacidad, las desplazadas internas y las mujeres marginadas, centrados en concienciarlas sobre sus derechos y empoderarlas para que puedan reivindicarlos. Entre los métodos de sensibilización utilizados cabe mencionar el teatro participativo, los comités comunitarios, las publicaciones y los programas de radio, televisión y prensa escrita, así como iniciativas para inscribir a las mujeres y las niñas en el registro civil y garantizar sus derechos, unas iniciativas que se llevaron a cabo a pesar de las dificultades existentes en las zonas rurales y remotas y en las zonas controladas por los huzíes.

II.Violencia contra las mujeres y las niñas

Las mujeres y las niñas del Yemen se ven afectadas de manera desproporcionada por la violencia. La violencia contra las mujeres y las niñas ha aumentado a lo largo del conflicto, en comparación con los niveles de violencia anteriores a este. Como consecuencia de ello, muchas familias y comunidades se han visto obligadas a adoptar mecanismos de afrontamiento nocivos para poder sobrevivir. En vista de la escasa oferta de alojamientos disponibles y el colapso de los mecanismos formales e informales de protección social, las niñas, en particular las niñas con discapacidad, se enfrentan cada vez a más riesgos, como el matrimonio precoz, la trata de personas, la mendicidad y el trabajo infantil. Las estimaciones indican que, en 2023, aproximadamente 7,1 millones de mujeres y niñas necesitaron servicios para prevenir y combatir todas las formas de violencia. Sin embargo, esos servicios tienen una grave falta de financiación y una cobertura geográfica limitada, y en algunas zonas de difícil acceso no están en absoluto disponibles. Además, el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), en su informe de 2023 sobre la respuesta humanitaria en el Yemen, observó que los datos sobre la violencia contra las mujeres y las niñas siguen siendo escasos e inexactos debido al miedo a denunciar, la estigmatización social, la debilidad de los mecanismos de reparación jurídica y a otros factores.

Un estudio realizado por la dependencia ejecutiva encargada de la gestión de los campamentos de desplazados internos reveló que aproximadamente el 32 % de los campamentos necesitan servicios de protección de seguridad, 89.266 personas necesitan documentos de identidad y 86.267 niños no tienen partidas de nacimiento. Además, los informes indican que el 88 % de los emplazamientos carecen de espacios seguros adaptados a las necesidades de los niños y las mujeres y que en el 82 % de ellos no existen servicios de apoyo psicológico y jurídico ni programas de educación sobre los riesgos de las minas, lo que agrava la fragilidad de la situación humanitaria y aumenta la vulnerabilidad de las mujeres y las niñas ante la violencia y la explotación.

En lo que respecta a la documentación, la dependencia encargada del seguimiento y la documentación de las violaciones de los derechos humanos, creada por el Ministerio de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos, es el mecanismo nacional encargado de documentar las violaciones desglosadas por sexo, centrándose en la violencia contra las mujeres y las niñas, la utilización de niños de ambos sexos en los conflictos y las violaciones relacionadas con las minas terrestres. En el período 2020-2024, la dependencia registró 4.279 incidentes de agresiones físicas y verbales y amenazas, incluidos 2.361 casos de agresiones físicas (381secuestros, 73desapariciones forzadas, 258 actos de tortura y 1.196 homicidios). Los datos se remiten al equipo oficial encargado de la presentación de informes y al comité gubernamental responsable de la coordinación con el Grupo de Expertos del Consejo de Seguridad y los mecanismos internacionales pertinentes. En el cuadro 2 se recogen las violaciones cometidas contra las mujeres y sus diversas formas.

Cuadro 2

Violaciones de los derechos humanos contra las mujeres (2020-2024)

Provincia	Secuestros	Desapariciones forzadas	Lesiones	Tortura	Asesinatos	Juicios políticos	Total
Ib	15	1	54	17	56		143
Abyan			13		17		30
Distrito de la capital	165	48	97	202	17	10	539
Al-Bayda	11	1	117	8	57		194
Al-Yawf			135		56		191
Al-Hudayda	22	1	242	5	187		457
Al-Dalea	1		141		60		202
Al-Mahwit	38		4	1	13		56
Taiz	22	8	1 321	1	486		1 838
Hayya	12	3	36	8	69		128
Damar	53	1	41	16	12		123
Rayma	2		2		1		5
Shabwa			9		4		13
Saada	7		6		4		17
Saná	23	10	22		12		67
Adén			31		33		64
Amran	7		5		22		34
Lahij	2		32		58		92
Marib	1		53		32		86
Total general	381	73	2 361	258	1 196	10	4 279

En consonancia con la recomendación que figura en el párrafo 20 a), el Comité Nacional encargado de Investigar las Denuncias de Violaciones de los Derechos Humanos presentó una recomendación al Consejo Presidencial de Liderazgo y al Consejo Judicial Supremo para la creación de un tribunal y una fiscalía especiales para enjuiciar las violaciones de los derechos humanos, incluidas las cometidas contra las mujeres, con independencia de que se hayan cometido en tiempo de guerra o de paz. El Comité Nacional encargado de Investigar las Denuncias de Violaciones de los Derechos Humanos ha hecho un seguimiento de este asunto, a fin de presionar para la creación y puesta en marcha de ese tribunal. También remitió 3.000 casos a la Fiscalía para que se iniciaran las actuaciones pertinentes. En este sentido, el Gobierno está colaborando con los grupos de expertos de las Naciones Unidas y otros mecanismos internacionales, como el equipo conjunto de evaluación de incidentes de la Coalición para Apoyar la Legitimidad en el Yemen, a fin de investigar las violaciones, con vistas a asegurar la rendición de cuentas y la justicia, hacer un seguimiento de las indemnizaciones económicas a las víctimas, analizar las experiencias para desarrollar mecanismos operacionales eficaces e incluir a los dirigentes implicados en violaciones de los derechos de las mujeres en las listas de sanciones internacionales.

En octubre de 2024, el Comité Nacional encargado de Investigar las Denuncias de Violaciones de los Derechos Humanos se reunió con el Presidente del Consejo Judicial Supremo y se acordó mejorar la capacidad de los jueces e inscribirlos en talleres de capacitación organizados por el Comité Nacional sobre la conducción de los juicios en los casos que entrañan violaciones de los derechos humanos, dado que estos difieren de los juicios ordinarios. En 2023, varios jueces, entre ellos el director de la Autoridad de Inspección Judicial, y cinco miembros del personal de la Fiscalía y de la Fiscalía General de la República fueron seleccionados para participar en un taller de capacitación en el Centro de Justicia de Transición. El objetivo del taller era presentar los enfoques y las experiencias nacionales en materia de enjuiciamiento de los autores de violaciones de los derechos humanos, reforzando así la capacidad de la judicatura para manejar esos casos de manera profesional.

En 2025, el Comité Nacional encargado de Investigar las Denuncias de Violaciones de los Derechos Humanos organizó sendas sesiones de capacitación dirigidas a las organizaciones de la sociedad civil sobre el Tribunal de Derechos Humanos y la naturaleza de los juicios relacionados con violaciones de los derechos humanos, a fin de involucrar a la sociedad civil como asociado activo en apoyo de una decisión para la creación del Tribunal y en el seguimiento de su implementación.

Se ha reforzado la Dirección General de Protección de la Familia y de Mujeres Policías del Ministerio del Interior, creada en virtud del Decreto Presidencial núm. 288 (2005) y reestructurada en virtud del Decreto núm. 50 (2013). Desde 2021, el Ministerio, en colaboración con Penal Reform International y la Unión de Mujeres del Yemen, ha impartido capacitación a 600 mujeres policías en las provincias de Adén, Taiz, Lahij, Abyan, Marib y Hadramaut. En diciembre de 2022, el Ministerio inauguró un nuevo edificio de la Dirección General de Protección de la Familia y Mujeres Policías en Adén y otro edificio en Marib, y puso en marcha programas de capacitación para 935 mujeres oficiales de seguridad en varias provincias, incluidas 150 alumnas, como parte de un proyecto destinado a reforzar la protección frente a la enfermedad por coronavirus (COVID-19).

Con respecto a las recomendaciones que figuran en los párrafos 20 b) y c), la legislación del Yemen no cuenta con una ley específica sobre la violencia contra las mujeres ni sobre la protección frente a esa violencia. La Comisión Nacional de la Mujer y el Ministerio de Derechos Humanos presentaron un proyecto de ley al Gobierno en 2014, pero este no se aprobó debido a la guerra. En la actualidad, se aplican las disposiciones legales establecidas en el Código Penal (núm. 12 de 1994) para hacer frente a diversas formas de violencia.

Así pues, los casos de violencia física y psicológica se abordan con arreglo a las disposiciones pertinentes del Código Penal. El Código Penal tipifica como delito la agresión física, el maltrato verbal y la calumnia, y el homicidio intencional se castiga con la pena de muerte, con la opción de pagar una composición (diya) en su lugar. La composición que se paga por una mujer es la mitad de la que se paga por un hombre. Los artículos 289 y 292 establecen sanciones por calumnia, difamación e insultos, que van desde la flagelación hasta la pena de prisión y multas, dependiendo de la naturaleza del delito. Los artículos 214 y 245 establecen sanciones para toda persona que agreda físicamente a otra de diversas formas, de modo que la agresión provoque la muerte o una discapacidad permanente. Por lo que respecta a la violencia sexual, el artículo 249 establece sanciones por rapto y agresión, también cuando se produzcan actos de tortura durante el rapto o cuando la víctima sea violada o asesinada, y la pena puede incluir la pena de muerte. Otros artículos, como los artículos 233, 254 y 257, regulan las agresiones a los hijos, las amenazas y la divulgación de información o documentos registrados sin el consentimiento de la víctima, con castigos que van desde penas de prisión hasta multas. No existe una definición jurídica clara de la violación conyugal tal y como se entiende en el contexto internacional, ya que, según la legislación yemení, el matrimonio se considera un contrato religioso y civil basado en el afecto y la compasión. No obstante, la legislación yemení prevé mecanismos para proteger a las mujeres de la violencia doméstica, incluido el derecho a solicitar la disolución del matrimonio (jul o repudio compensado) en casos de daño físico o psicológico, incumplimiento de la obligación de manutención, animadversión, adulterio o infertilidad, de conformidad con los artículos 54 y 72 de la Ley del Estatuto Personal.

Con respecto a las recomendaciones que figuran en el párrafo 20 d) y e), aunque el proyecto de ley todavía no se ha aprobado debido a la situación política y de seguridad que impera en el Yemen desde 2015, el Gobierno, en colaboración con el Comité Nacional de la Mujer y el Ministerio de Derechos Humanos, se ha esforzado por elaborar un plan de acción nacional para aplicar la ley una vez que sea aprobada y proporcionar los recursos necesarios para garantizar una protección y una prestación de servicios eficaces. El Ministerio del Interior y los organismos competentes están reforzando el apoyo a las mujeres que son víctimas de violencia, entre otras cosas, proporcionando centros de acogida y servicios médicos y psicológicos y velando por que las mujeres tengan fácil acceso a ellos, siguiendo destinando recursos adecuados para la prestación de dichos servicios, capacitando al personal competente y realizando un seguimiento y supervisando la prestación de esos servicios. Además, se han logrado avances en el fortalecimiento del Departamento de Protección de la Familia del Ministerio del Interior, integrado por mujeres policías que reciben las denuncias y quejas, incluidas las de incesto, presentadas por mujeres, ya sea contra sus maridos, parientes o familiares. El Gobierno se esfuerza por facilitar que las organizaciones no gubernamentales que prestan apoyo a las mujeres que han sido víctimas de violencia puedan dar seguimiento a las denuncias y proteger a las víctimas, además de ofrecer programas de protección de testigos. Sin embargo, esas iniciativas se están llevando a cabo en un contexto económico, político y de seguridad complejo, por lo que los resultados siguen siendo limitados.

En respuesta a las observaciones finales del Comité, quisiéramos señalar que, a pesar de las dificultades que sigue planteando el conflicto, el Gobierno del Yemen ha adoptado varias medidas destinadas a reforzar la protección y a mejorar los servicios humanitarios para las mujeres, las niñas y los desplazados. El Gobierno ha proporcionado diversos tipos de alojamiento a las familias desplazadas dentro del país, comunicando las necesidades de los operadores de los centros de alojamiento a los asociados humanitarios y supervisando las iniciativas que se llevan a cabo, a fin de garantizar que el alojamiento se proporcione de forma que se respete la dignidad y la intimidad. En 2022, se proporcionó alojamiento a 84.304 familias desplazadas en los campamentos. Además, el Gobierno ha pasado progresivamente de ofrecer alojamiento de emergencia a proporcionar viviendas de transición más adecuadas y sostenibles. El Gobierno ha habilitado 646 campamentos, 214 de los cuales se encuentran en terrenos de los que es el propietario legal.

El Gobierno ha puesto en marcha una sección de protección dentro de la dependencia ejecutiva encargada de la gestión de los campamentos, ha creado una línea de atención telefónica para atender las denuncias de las desplazadas y ha implantado un sistema integral para remitir los casos a los organismos competentes. Además, realiza periódicamente actividades de sensibilización para prevenir la violencia y hace un seguimiento de los casos de maltrato. La dependencia ejecutiva también supervisa la puesta en marcha de programas y proyectos de protección y asistencia destinados a abordar las causas de la violencia y prevenir su propagación y la respuesta de los organismos gubernamentales pertinentes para garantizar la protección de las mujeres y las niñas en los centros de desplazados.

Con respecto a la recomendación que figura en el párrafo 20 f), se seleccionó a jueces y a varios funcionarios judiciales para que participaran en programas de capacitación destinados a reforzar su capacidad para tramitar casos relacionados con violaciones de los derechos humanos y la violencia contra las mujeres. Además, las organizaciones de la sociedad civil han participado en programas de capacitación y sensibilización. Entre los planes de futuro cabe mencionar aumentar el número de juezas, fiscales y mujeres policías e impartir capacitación a todos los funcionarios judiciales y profesionales médicos sobre los procedimientos de investigación y enjuiciamiento que tengan en cuenta las consideraciones de igualdad de género. En consonancia con los principios de rendición de cuentas y de prevención de la impunidad, el Gobierno ha dado pasos importantes para reactivar las instituciones judiciales y de seguridad en todo el Yemen, como el pago de los salarios del personal judicial, el nombramiento de jefes de policía, la puesta en funcionamiento de escuelas, academias e institutos militares, la incoación de procedimientos judiciales contra los líderes de grupos armados implicados en violaciones de los derechos humanos y la remisión de varios casos de derechos humanos a los fiscales competentes.

Con respecto a la recomendación que figura en el párrafo 20 g) relativa al varón acompañante, la libertad de circulación de las mujeres se ve restringida en las zonas controladas por los huzíes. El Gobierno se está esforzando por agilizar los trámites legales para las mujeres. Ello incluye eliminar las restricciones relativas al varón acompañante, reducir las tasas y los requisitos de documentación, prestar asistencia práctica cuando sea necesario, aumentar la transparencia, agilizar los trámites legales y sensibilizar a la ciudadanía sobre los trámites legales y el derecho de las mujeres a acceder a la justicia.

Las autoridades competentes recopilan datos sobre la violencia contra las mujeres y las niñas, desglosados por edad, región y discapacidad, así como sobre la relación entre la víctima y el agresor. Los datos incluyen el número de casos denunciados, el número de casos que no han dado lugar a un proceso judicial, el número de condenas y absoluciones, los tipos de sanciones impuestas y el importe de las indemnizaciones concedidas a las víctimas, con el fin de garantizar un seguimiento eficaz y de reformar las políticas y los mecanismos existentes. El Gobierno está trabajando para reactivar un sistema de información que abarca los organismos de seguridad, la judicatura, el Ministerio de Asuntos Sociales y Trabajo y el Ministerio de Sanidad. Los organismos de seguridad investigan los casos de violencia física y remiten informes al respecto al Departamento de Protección de la Familia, y las autoridades judiciales se encargan de documentar esos casos. Los datos oficiales son difundidos por la Organización Central de Estadística. Las organizaciones de la sociedad civil, como la Unión de Mujeres del Yemen, también participan en la documentación y el seguimiento de los casos de violencia contra las mujeres. Ello incluye desglosar los datos por edad, región y discapacidad, ofrecer asesoramiento jurídico mediante líneas de atención telefónica, remitir los casos a las autoridades competentes y utilizar los datos para desarrollar campañas de sensibilización y estrategias de apoyo y protección.

III. Mecanismos nacionales para el adelanto de la mujer

El Comité Nacional de la Mujer es el organismo gubernamental nacional encargado de las cuestiones relacionadas con la mujer. Se creó en virtud de la Decisión del Primer Ministro núm. 97 (1996), en aplicación de los resultados de la Plataforma de Acción de Beijing, para contribuir al desarrollo y la propuesta de políticas, estrategias y planes destinados a mejorar la situación de la mujer en las zonas tanto urbanas como rurales. El Comité Nacional de la Mujer fue reestructurado en virtud de la Decisión del Primer Ministro núm. 68 (2000), por la que se creó el Consejo Supremo de Asuntos de la Mujer, presidido por el Primer Ministro. El Consejo está compuesto por tres ministros, la Presidenta del Comité Nacional de la Mujer y su Vicepresidenta y por varias mujeres destacadas. La tarea fundamental del Consejo Supremo es integrar las cuestiones relativas a las mujeres en las políticas generales del Estado a fin de mejorar la situación política, económica, social y cultural de las mujeres.

El Consejo Supremo de Asuntos de la Mujer fue reestructurado en virtud del Decreto Presidencial núm. 25 (2003), por el que se amplió su composición para incluir a siete ministros responsables de las cuestiones pertinentes, un viceministro, un representante de la Federación General de Cámaras de Comercio e Industria del Yemen y las directoras de las delegaciones provinciales del Comité Nacional de la Mujer que actualmente operan en las provincias liberadas por el Gobierno legítimo y reconocido: Lahij, Abyan, Shabwa, Al-Mahra, Hadramaut, Socotora, Taiz y Marib. En el decreto mencionado, se define el Comité Nacional de la Mujer como el órgano consultivo y ejecutivo del Consejo Supremo de Asuntos de la Mujer. Durante el período que abarca el informe, el Gobierno reactivó el Comité Nacional de la Mujer, que reanudó su labor desde la capital temporal, Adén. El Comité llevó a cabo varias actividades y programas, realizó estudios en su ámbito de actuación y creó varias delegaciones en distintas provincias. Entre los logros más destacados del Comité cabe mencionar la elaboración de su propia estrategia para las mujeres: el Plan Estratégico Quinquenal del Comité Nacional de la Mujer (2023-2027). Entre los objetivos estratégicos que se recogen en el Plan Estratégico figuran los siguientes: desarrollar la infraestructura y el marco institucional del Comité Nacional de la Mujer a fin de crear un entorno de trabajo propicio y contar con un equipo cualificado y con delegaciones bien equipadas, garantizando así un desempeño satisfactorio y eficaz, ampliar las alianzas de colaboración entre el Comité y todas las partes interesadas del sector del desarrollo, a fin de promover las cuestiones relacionadas con la mujer en el Yemen, mejorar la situación social y económica de las mujeres yemeníes con miras a asegurar su participación efectiva y su empoderamiento, y mejorar la situación de las mujeres en el sector educativo. El quinto objetivo estratégico tiene por fin reforzar las bases para proteger a las mujeres yemeníes de diversas formas de violencia, mejorar el nivel de participación política de las mujeres, mejorar la situación de las mujeres en lo que respecta a las prácticas y los servicios relacionados con la maternidad segura y la salud reproductiva, y promover la promulgación, la modificación, la aplicación y el cumplimiento de leyes que tengan en cuenta las cuestiones de género y respeten los derechos de las mujeres, de acuerdo con la Constitución y con las convenciones, los acuerdos y las resoluciones internacionales, regionales y de las Naciones Unidas que haya aprobado el Yemen. Ello incluye colaborar con todos los organismos públicos de diversos sectores, así como con organizaciones de la sociedad civil y diferentes sectores de la sociedad en todas las esferas. Lamentablemente, no se dispone de los fondos necesarios.

El Comité Nacional de la Mujer participa en varios comités gubernamentales pertinentes, entre ellos el comité técnico sobre justicia juvenil, el comité técnico para la elaboración del informe periódico exhaustivo sobre los derechos humanos y el equipo nacional para el enfoque centrado en el triple nexo. El Comité participa en programas para prestar servicios a las mujeres en todos los sectores, pese a los limitados recursos económicos que se le asignan debido a las dificultades financieras del país.

En respuesta a la recomendación que figura en el párrafo 23 de las observaciones finales, relativa a la asignación de recursos financieros y humanos al Comité Nacional de la Mujer, el Gobierno del Yemen apoya la función y la labor del Comité. Por ejemplo, las comunicaciones del Comité se emiten por conducto del Consejo de Ministros, a fin de poner de relieve la importante función que desempeña el Comité. Sin embargo, el Comité, al igual que otras instituciones gubernamentales, se ha visto afectado por la situación del país, en particular el control de determinadas zonas por parte de los huzíes y la crisis económica y política que atraviesa el país.

Además, en respuesta a la recomendación que figura en el párrafo 23, cabe señalar que el hecho de que la Cámara de Diputados no haya podido reunirse desde 2015 ha impedido que se apruebe el proyecto de ley sobre la creación de una institución nacional de derechos humanos independiente, a pesar de que este está listo desde hace años. Sin embargo, en 2023 y 2024, el Gobierno, el Comité y los asociados nacionales celebraron reuniones periódicas con las oficinas de las Naciones Unidas y las organizaciones humanitarias que operan en el país a fin de acelerar la aplicación de las recomendaciones del Consejo de Derechos Humanos y el Grupo de Eminentes Expertos Internacionales y Regionales. Además, el Gobierno y varios organismos de las Naciones Unidas aprobaron un plan conjunto que incluye medidas prácticas para reforzar la protección de la población civil y mejorar los mecanismos de asistencia humanitaria y rendición de cuentas, dando prioridad a las necesidades de las mujeres y las niñas en las zonas afectadas por el conflicto. El comité de alto nivel también se coordinó con organizaciones internacionales para facilitar visitas sobre el terreno de equipos de las Naciones Unidas a las provincias de Marib, Hadramaut y Adén para hacer un seguimiento de la ejecución de los programas de protección humanitaria y asegurar la entrega sin trabas de asistencia, en colaboración con el Comité Superior de Socorro y las autoridades locales.

IV.Estereotipos de género y prácticas nocivas

El Gobierno del Yemen, por conducto de los mecanismos nacionales encargados de las cuestiones relacionadas con la mujer, los más destacados de los cuales son el Comité Nacional de la Mujer y las organizaciones de la sociedad civil, representa un papel destacado en las campañas de sensibilización destinadas a apoyar a las defensoras de los derechos humanos. Pese a la importancia de las iniciativas nacionales, estos indicadores positivos se ven contrarrestados por las serias prácticas discriminatorias de las milicias huzíes en las zonas que se hallan bajo su control. Esas milicias, que recurren a una retórica sectaria y religiosa, han dictado directrices sistemáticas destinadas a afianzar una cultura de exclusión de las mujeres de los medios de comunicación y los planes de estudios, como parte de una visión estrecha que es contraria al principio de igualdad.

El Comité Nacional de la Mujer, actuando bajo directrices claras de la Oficina del Presidente y del Consejo de Ministros, se ha propuesto abordar y combatir los estereotipos que pueden reforzar la idea de que las mujeres son inferiores o de que los hombres son superiores, mediante una amplia campaña que abarca los planes de estudios, los medios de comunicación y las campañas de sensibilización llevadas a cabo por el Ministerio de Educación, el Ministerio de Información, Cultura y Turismo y el Ministerio de Habices y Orientación, a fin de promover la igualdad entre hombres y mujeres y entre niños y niñas, sin discriminación y sin la idea de que un sexo es inferior o superior al otro. Este enfoque ha quedado claramente reflejado en los planes estratégicos aprobados en los últimos años, entre los que se incluyen el programa general del Gobierno y los programas de diversos ministerios e instituciones. Esos planes estratégicos incluyen, en particular, la Estrategia Nacional para el Desarrollo de la Mujer y la Estrategia Nacional para el Desarrollo de la Educación, que incluyen disposiciones claras sobre el apoyo y el empoderamiento de las mujeres, así como sobre la asignación de funciones y responsabilidades que reflejen ese compromiso.

Esas iniciativas incluían abordar la importante cuestión crítica de la mutilación genital femenina. En 2014, el Gobierno presentó en la Cámara de Diputados un proyecto de ley sobre la infancia segura, que no fue aprobado; se volverá a presentar, dado que la Conferencia de Diálogo Nacional estableció que la edad mínima legal para contraer matrimonio eran los 18 años. Actualmente se está abordando esta cuestión de conformidad con una circular emitida por el Ministerio de Sanidad. Paralelamente a esas iniciativas, se organizaron varias campañas de sensibilización con el apoyo del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) y el UNFPA. Cabe señalar que el 9 de enero de 2001 se publicó un decreto ministerial por el que se prohibían esas prácticas en los establecimientos de salud tanto públicos como privados. Posteriormente, se promulgó la decisión núm. 3/1 (2005) del Ministro de Sanidad y Población, que dispone que queda estrictamente prohibido a todos los trabajadores de la salud, tanto públicos como privados, practicar la mutilación genital femenina. En 2014 se elaboró un proyecto de ley sobre los derechos del niño que tipifica como delito la mutilación genital femenina e incluye sanciones y multas por su comisión. Este se presentó a un comité ministerial, pero no fue aprobado. El proyecto de constitución aprobado en la Conferencia de Diálogo Nacional establece la edad mínima para contraer matrimonio en los 18 años. Esta disposición, que no figuraba en la legislación anterior, supone un importante paso adelante en la lucha contra el matrimonio infantil. Sin embargo, debido a la situación actual en el Yemen, no se ha promulgado.

Las organizaciones de la sociedad civil representan un papel destacado en las campañas de sensibilización, pero el alcance de esas campañas es limitado. Entre esos grupos se encuentran la Fundación Akun y la Iniciativa Path of Peace, que han prestado su apoyo a las defensoras de los derechos humanos. Algunos líderes locales y religiosos participaron en esas campañas, que no llegaron en medida suficiente a las zonas rurales. Entre las herramientas que se han utilizado figuran la formación, la información pública y la defensa de los derechos, pero estas iniciativas suelen carecer de sostenibilidad y de recursos financieros suficientes.

Pese a la importancia de las iniciativas nacionales, estos indicadores positivos se ven contrarrestados por las serias prácticas discriminatorias de las milicias huzíes en las zonas que se hallan bajo su control. Esas milicias, que recurren a una retórica sectaria y religiosa, han dictado directrices sistemáticas destinadas a afianzar una cultura de exclusión de las mujeres de los medios de comunicación y los planes de estudios, como parte de una visión estrecha que es contraria al principio de igualdad.

V.Trata y explotación de la prostitución

La guerra ha agravado la trata de personas y ha incrementado el flujo de migración irregular procedente del Cuerno de África, en particular de mujeres y niños. Los tratantes se aprovechan de las precarias condiciones humanitarias en las que se encuentran las víctimas, dada la pobreza generalizada y las elevadas tasas de desempleo entre los migrantes y los desplazados internos. Como consecuencia de ello, las mujeres y los niños se han convertido en víctimas de estos delitos. Las milicias huzíes han cometido graves violaciones contra las mujeres, como obligarlas a preparar comida para sus unidades armadas en el frente, y se han documentado casos de secuestro, violación y explotación sexual de decenas de mujeres y niñas en las zonas controladas por esas milicias. Estas violaciones sistemáticas reflejan la naturaleza de los delitos que se han cometido contra las mujeres.

También se ha producido un aumento de las formas de violencia, entre las que se incluyen el matrimonio infantil, la trata de personas y la explotación en los campamentos. Las estimaciones indican que 7,1 millones de mujeres y niñas necesitan servicios de protección y tratamiento. El UNFPA, en su informe de 2023 sobre la respuesta humanitaria en el Yemen, observó que los datos sobre la violencia contra las mujeres y las niñas seguían siendo extremadamente escasos y poco fiables debido al miedo a denunciar, a la estigmatización social, a la debilidad de los mecanismos de reparación jurídica y a otros factores. En lo que respecta a las necesidades generales de protección, un estudio realizado por la dependencia ejecutiva reveló que aproximadamente el 32 % de los campamentos necesitan servicios de protección y seguridad, unas 89.266 personas necesitan documentos de identidad y aproximadamente 86.267 niños no tienen partidas de nacimiento.

El Gobierno emitió la Decisión del Consejo de Ministros núm. 101 (2014), por la que se aprueba el Protocolo contra la Trata de Personas, y la remitió al Parlamento para que completara el proceso de aprobación. Además, el Gobierno aprobó un proyecto de ley de lucha contra la trata de personas y lo remitió a la Cámara de Diputados, y el plan del Consejo de Ministros para el cuarto trimestre de 2025 incluye un proyecto de decisión para reactivar el Comité Nacional de Lucha contra la Trata de Personas. El Gobierno había creado este Comité en virtud de la Decisión del Consejo de Ministros núm. 46 (2012).

El Ministerio de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos, en colaboración con los ministerios y organismos pertinentes, está elaborando una estrategia nacional para combatir la trata de personas. Se ha aprobado un programa para proteger a los niños contra la trata, y el comité técnico nacional para la lucha contra la trata de personas ha reanudado sus actividades y ha llevado a cabo campañas de sensibilización en colaboración con la sociedad civil y los medios de comunicación estatales.

En octubre de 2024, el Gobierno aprobó el Protocolo Árabe para Prevenir y Combatir la Trata de Personas, Especialmente de Mujeres y Niños, que se incluye como anexo de la Convención Árabe contra la Delincuencia Organizada Transnacional. Esta medida del Gobierno se ajusta a la recomendación que figura en el párrafo 27 c), de cooperar con los países vecinos para alcanzar acuerdos bilaterales o regionales y emprender otras formas de cooperación con el fin de prevenir la trata de mujeres y niñas.

A principios de 2022, el Gobierno reactivó el Comité Nacional para Asuntos de los Refugiados, que mantuvo reuniones con las Naciones Unidas y organismos internacionales que dieron como fruto la reanudación de los trabajos en el marco del memorando de entendimiento y la puesta en marcha de iniciativas para desarrollar un marco nacional para los asuntos de los refugiados, en cooperación con la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR). El Gobierno del Yemen ha ordenado a las instituciones oficiales que reanuden sus actividades desde la capital, Adén. El Comité Nacional para Asuntos de los Refugiados ha comenzado a celebrar reuniones periódicas, presididas por el Viceministro de Asuntos de los Refugiados, y ha debatido su plan de trabajo para la próxima fase. Además, el Comité Nacional aprobó sus planes sectoriales de acuerdo con los resultados de la conferencia de donantes celebrada en Adén, coincidiendo con la celebración del Foro Mundial sobre los Refugiados. Funcionarios de alto nivel de diversos organismos gubernamentales participaron en un taller, al término del cual se publicó una importante declaración en la que se esbozaban los compromisos y una hoja de ruta para abordar las cuestiones relacionadas con los refugiados y la migración internacional en el Yemen.

Los participantes en el taller reiteraron la necesidad de elaborar un marco jurídico que regule el proceso de asilo en el Yemen y que refleje las obligaciones derivadas de las convenciones que el país ha ratificado. Además, el Comité Nacional aprobó la directiva del Ministerio del Interior relativa a la expedición de tarjetas electrónicas a los refugiados, a fin de facilitar su acceso a los servicios financieros, educativos y de atención de la salud. El Ministerio de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos ha designado un equipo jurídico para atender las quejas y los agravios de los refugiados y migrantes. El Ministerio hace un seguimiento de las violaciones y les hace frente de forma continua en colaboración con las autoridades competentes. Además, realiza visitas sobre el terreno a las zonas donde se encuentran los refugiados y los migrantes. El Ministerio del Interior y el Ministerio de Justicia imparten un curso sobre la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados dirigido a los organismos encargados de hacer cumplir la ley en el que se abordan los derechos de los refugiados amparados por la Convención. Los refugiados en el Yemen reciben servicios humanitarios y de protección de emergencia que prestan más de 19 organizaciones locales en las distintas provincias del país, además de los servicios básicos incluidos en el plan de respuesta humanitaria. Esos servicios incluyen alojamiento, atención de la salud, educación, agua, servicios de retorno voluntario y servicios de protección jurídica.

La Fiscalía ha creado una división especial para luchar contra la extorsión cibernética, integrada por jueces de ambos sexos, y ha puesto en marcha una línea de atención telefónica y un portal en línea para recibir denuncias. Se ordenó a los fiscales de las provincias que crearan unidades especiales; se establecieron departamentos en los cuerpos de seguridad y se organizaron cursos de capacitación en colaboración con organizaciones internacionales para mejorar la capacidad de los fiscales y los agentes judiciales. Sin embargo, esos departamentos aún deben mejorar su capacidad técnica y material. Las autoridades de seguridad y judiciales no comprenden del todo el concepto de trata de personas, lo que ha llevado a que esos casos se clasifiquen en otras categorías, como casos de delincuencia organizada o delincuencia transnacional. Se han adoptado los procedimientos nacionales de la Organización Internacional de Policía Criminal y se han firmado acuerdos de cooperación con organismos árabes y regionales.

Algunos organismos de seguridad consideran que las actividades de las bandas dedicadas al tráfico ilícito de migrantes constituyen delitos de trata de personas, y se ha detenido a varios traficantes procedentes del Cuerno de África. Sin embargo, no existe una base de datos oficial sobre las víctimas de la trata de personas. La esclavitud está tipificada como delito en los artículos 248 y 249 del Código Penal (núm. 14 de 1994) y se castiga con una pena de hasta diez años de prisión. Los artículos tienen un ámbito de aplicación limitado y se centran en las transacciones y los movimientos. En consecuencia, muchas formas de trabajo sexual y de trata con fines sexuales, según se definen en el derecho internacional, no están tipificadas como delito. Del mismo modo, el artículo 279 tipifica como delito la trata con fines de explotación sexual. El Código Penal contiene disposiciones que tipifican como delito la prostitución y los delitos precursores, y los consideran comercio ilícito y trata de personas, con el fin de proteger a las mujeres de la explotación y la trata. El Gobierno está reduciendo la pobreza entre las mujeres y apoya programas de generación de medios de vida y pequeñas empresas, lo que contribuye a evitar que las mujeres caigan en manos de bandas delictivas.

Se han reabierto algunos centros de acogida para mujeres víctimas de la trata de personas y se han mejorado las condiciones en las prisiones de mujeres. El Ministerio del Interior ha llevado a cabo campañas para acabar con las bandas dedicadas a la trata de personas y ha cerrado los “complejos” de detención en los que se retenía a los migrantes en el distrito de Mudaraba, en la provincia de Lahij, así como en las provincias de Shabwa y Abyan. Las autoridades de seguridad y judiciales están investigando varios casos que se han descubierto en las provincias de Shabwa, Al-Mahra, Abyan y Lahij.

El Gobierno colabora con la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, que ha abierto una oficina en la región. Esa oficina proporciona datos primarios sobre los delitos de trata de personas, la mayoría de ellos relacionados con la migración irregular. El Yemen ha ratificado el Pacto Mundial para la Migración, la Convención Árabe para la Lucha contra la Trata de Personas y la Convención Árabe para la Lucha contra el Blanqueo de Dinero. Se han creado dependencias de protección infantil en colaboración con las Naciones Unidas para atender a los niños soldados que habían sido víctimas de la milicia huzí, y se han puesto en marcha programas integrales de rehabilitación en la provincia de Marib.

Parte II.Derechos civiles y políticos (artículos 4, 7, 8 y 9)

I.Participación en la vida política y pública en condiciones de igualdad

La Conferencia de Diálogo Nacional de 2013 supuso un hito importante en lo que respecta a la participación política de las mujeres yemeníes, que representaban el 30 % de los delegados. La Conferencia marcó un punto de inflexión fundamental en el camino hacia el empoderamiento de las mujeres y su participación en la vida pública y en la toma de decisiones. Sin embargo, tras la Conferencia, se produjo una disminución significativa de la representación de las mujeres en los puestos de liderazgo como consecuencia de la guerra y de la división política que se generó. Pese a los esfuerzos de las organizaciones de la sociedad civil y las instituciones nacionales por organizar talleres e iniciativas para promover la participación política de las mujeres y reclamar la asignación de escaños temporales para ellas en las instituciones de transición, la realidad sobre el terreno es que las mujeres siguen estando excluidas y marginadas. En el Gobierno que se formó en 2020 no había ninguna mujer. La situación seguía siendo igual en el momento de prepararse el presente informe, lo que supone un claro retroceso respecto a los avances logrados en la participación política de las mujeres yemeníes.

No obstante, las mujeres yemeníes han logrado avances graduales en lo que respecta a su representación en las instituciones estatales en los últimos años. Las mujeres representaban el 20 % de los miembros nombrados por el Presidente para el Consejo Judicial Supremo y representan un porcentaje similar en el Comité Médico Supremo, creado por decreto presidencial. Además, representan el 5 % de la Comisión de Consulta y Reconciliación. En el ámbito administrativo, se nombró a seis directoras en las provincias de Taiz y Hadramaut, y a 87 directoras en diversos ministerios y organismos públicos. Además, se han creado departamentos de asuntos de la mujer en 22 de los 24 ministerios, y en 2022 se reactivaron las delegaciones del Comité Nacional de la Mujer en las provincias liberadas de Lahij, Abyan, Shabwa, Hadramaut (regiones costera, del valle y del desierto), Al-Mahrah, Marib y Socotora. Se nombró a una mujer para la secretaría del Ministerio de Defensa y se inauguraron dos academias de policía para mujeres en las provincias de Hadramaut y Adén. En el Ministerio del Interior hay 2 mujeres con el rango de general de brigada y 14 con el de coronel, lo que supone un aumento significativo de la presencia de las mujeres en las fuerzas de seguridad y las fuerzas armadas. La tabla 3 muestra el número de mujeres que trabajan en instituciones públicas.

Cuadro 3

Participación de las mujeres en las instituciones del Gobierno

Institución	Número	Detalles
Secretaría del Primer Ministro	17	3 con rango de subsecretaria y 14 con rango de directora
Ministerios y organismos públicos	87	2 con rango de subsecretaria, 2 con rango de subsecretaria adjunta y 83 con rango de directora
Ministerio del Interior	458	Número de mujeres con grados militares, desde subteniente hasta general de brigada
Ministerio de Justicia	77	Juezas y administradoras de la secretaría del Ministerio
Tribunales	62	Juezas y magistradas, desde el Consejo Judicial Supremo a juezas administrativas
Fiscalías	136	Número de juezas en la Fiscalía y sus delegaciones
Departamento General para el Adelanto de la Mujer	33	22 en los ministerios y 11 en las provincias liberadas
Autoridades locales en las provincias	15	2 con rango de subsecretaria provincial y 13 con rango de directora

Con respecto a los partidos políticos, el Yemen sigue sin contar con una legislación que obligue a los partidos a reservar un porcentaje concreto de escaños para las mujeres. Sin embargo, el Congreso Popular General ha establecido una cuota del 15 % para los órganos elegidos. La representación de las mujeres varía según los partidos. Las mujeres representan aproximadamente el 25 % de la Organización Popular Unionista Nasserista y el 16 % del Partido Socialista Yemení, pero constituyen menos del 9 % de la Asamblea Yemení por la Reforma y del Congreso Popular General. Esas cifras muestran que la representación de las mujeres en la vida política sigue siendo limitada y que se necesitan medidas legislativas y políticas más amplias de los partidos para lograr una participación equitativa de las mujeres en los puestos decisorios. La figura 1 muestra el número de mujeres que forman parte de los órganos de dirección de los partidos políticos del Yemen.

Figura 1

Número de mujeres y hombres en los órganos supremos de toma de decisiones de los partidos políticos antes de 2015

Fuente: Al-Motamar Net. Información privilegiada procedente de las partes que se confirmó antes de la ruptura provocada por la guerra.

El Gobierno del Yemen ha prestado particular atención a asegurar la representación de las mujeres en los foros internacionales y en el cuerpo diplomático, ya sea mediante nombramientos, ascensos o el acceso a puestos de liderazgo, de conformidad con lo dispuesto en la Ley del Cuerpo Diplomático y Consular. Según el Ministerio de Relaciones Exteriores, los datos correspondientes a 2022 indicaban que el número total de empleados del Ministerio era de 945, de los cuales 133 eran mujeres (14 %) y 814 hombres (86 %), lo que refleja una brecha de género del 84 %. En cuanto a la representación en los puestos de alta dirección, había 181 embajadores y 14 embajadoras (7 %). Esas cifras ponen de relieve que sigue siendo necesario aumentar el número de mujeres en puestos diplomáticos de alto nivel y potenciar su representación en el servicio exterior. En la figura 2 se muestra el porcentaje de mujeres en los distintos niveles profesionales del Ministerio de Relaciones Exteriores.

Figura 2

Distribución del personal del Ministerio de Relaciones Exteriores por puesto y género, 2022

Como parte de las iniciativas destinadas a fomentar la participación de las mujeres en el sector de la seguridad, se ha creado la Dirección General de Protección de la Familia y de Mujeres Policías en las provincias de Adén y Marib, así como en la región de la costa occidental. Se formó a un total de 600 mujeres policías en varias provincias, en colaboración con Penal Reform International y la Unión de Mujeres del Yemen. Además, se inauguraron nuevas oficinas en Adén y Marib a fin de mejorar la actuación de los organismos de seguridad en la protección de las mujeres y los niños. Se impartió capacitación a 330 mujeres de la Fuerza de Mujeres Policías y del Servicio Penitenciario, 70 auxiliares jurídicas, 25 abogadas, 25 juezas y 50 especialistas en apoyo psicológico en el marco de la iniciativa “Acceso universal a la justicia para las mujeres y las niñas”, financiada por la Agencia de Cooperación Internacional de la República de Corea y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y gestionada en colaboración con los organismos públicos competentes. Se crearon asociaciones profesionales, entre ellas una asociación de mujeres policías, una asociación de juezas y la red de mujeres en la justicia. En Adén se construyó un centro para la Fuerza de Mujeres Policías y se elaboraron manuales de procedimientos y planes para la protección de las mujeres, algunos de los cuales se incorporaron a los planes locales. Alrededor del 4 % de los presupuestos de las administraciones locales para el período 2024-2025 se destinó a apoyar iniciativas de protección y el acceso a la justicia. Se creó un comité técnico conjunto, integrado por 15 mujeres procedentes de organismos oficiales y organizaciones de la sociedad civil, para apoyar la ejecución del proyecto, cuyo objetivo es empoderar a las mujeres que trabajan en el ámbito del estado de derecho, así como prestar asistencia jurídica a las mujeres que buscan justicia. En el Ministerio del Interior trabajan 498 mujeres, algunas de ellas en puestos de responsabilidad. Todo ello marca el inicio de un cambio en la representación de las mujeres en los cuerpos de seguridad, tras décadas de ausencia casi total de las mujeres.

En la administración de justicia, se nombró a una mujer para formar parte del Consejo Judicial Supremo. Además, el Decreto Presidencial núm. 155 (2023) dispone el nombramiento de 40 magistrados para el Tribunal Supremo, 8 de los cuales son mujeres, lo que representa el 20 % del total. La Fiscalía cuenta con 159 mujeres, entre juezas y personal administrativo, que trabajan en la Fiscalía, la Autoridad de Inspección Judicial y las fiscalías, además de 62 juezas en tribunales de distintos niveles, tal como se muestra en el cuadro 4. Aproximadamente 79 alumnas de un total de 608 estudiantes se graduaron del Instituto Superior de la Magistratura entre 2021 y 2025. Cabe señalar que el Instituto admite una nueva promoción cada dos años, lo que ofrece a las mujeres más oportunidades de incorporarse al poder judicial.

Cuadro 4

Número de mujeres en el poder judicial y su distribución geográfica

	Órgano judicial	Número de mujeres
1.	Consejo Judicial Supremo	1
2.	Autoridad de Inspección Judicial	3
3.	Tribunal Supremo	10
4.	Fiscalía de Apelación	6
5.	Número de juezas en los tribunales de la capital, Adén	23
6.	Número de juezas en los tribunales de la provincia de Lahij	2
7.	Número de juezas en los tribunales de la provincia de Taiz	4
8.	Número de juezas en los tribunales de la provincia de Hadramaut	8
9.	Número de juezas en los tribunales de la provincia de Al-Mahra	1
10.	Número de juezas en los tribunales de la provincia de Marib	5

Fuente: Consejo Judicial Supremo, 2025.

En el poder ejecutivo, la proporción de mujeres en los ministerios y en los organismos gubernamentales de alto nivel varía considerablemente, entre el 6 % y el 65 %. El Ministerio de Industria y Comercio es pionero en materia de empoderamiento de la mujer: las mujeres ocupan el 50 % de los puestos de liderazgo y el 56 % son directoras. A ese ministerio le sigue la Oficina del Primer Ministro, en la que 17 de los 41 puestos de responsabilidad (el 41 %) están ocupados por mujeres, entre ellas 3viceministras (el 27 %) y 14 directoras (el 56 %). Frente a ello, las mujeres ocupan el 6 % de los puestos de dirección en el Ministerio de la Función Pública y el 7,3 % en el Ministerio de Educación Superior, mientras que la representación femenina en el Ministerio de Justicia se sitúa en el 14,8 % de los altos cargos y en el 21 % de los directores. En el Ministerio de Sanidad y Población, las mujeres ocupan el 10 % de los puestos de dirección, entre ellas dos que desempeñan funciones de subsecretaria adjunta, una que ocupa el cargo de asesora y otra que ocupa el de directora. Las mujeres ocupan el 80 % de los puestos de dirección en el Ministerio de Educación y el 7,7 % de los puestos de dirección en el Ministerio de Agricultura, Riego y Pesca. Estos datos ponen de manifiesto que la representación de las mujeres en los ministerios clave sigue siendo limitada, sobre todo en los ámbitos de la educación, la sanidad y la agricultura.

A nivel local, las mujeres ocupan aproximadamente el 11,5 % de los puestos de dirección en la secretaría y los consejos ejecutivos de la provincia de Adén, y el 15,8 % de ellas ocupa el cargo de directora. En conjunto, estos indicadores confirman que la representación de las mujeres en puestos de liderazgo y de toma de decisiones sigue estando por debajo de las expectativas, a pesar de las medidas positivas que han adoptado algunas instituciones. Por consiguiente, es necesario adoptar políticas gubernamentales y legislativas claras con el fin de garantizar la participación equitativa de las mujeres en todos los niveles de la administración pública, el cuerpo diplomático, los organismos de seguridad y el poder judicial, en consonancia con las obligaciones que incumben al Yemen en virtud del artículo 7 de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer.

En respuesta a la recomendación del apartado a) del párrafo 31, cabe señalar que, aunque las condiciones políticas y de seguridad dificultan la organización de actividades de sensibilización, las organizaciones de la sociedad civil han llevado a cabo campañas de sensibilización en apoyo de las defensoras de los derechos humanos. Esas actividades estaban dirigidas a los líderes locales y religiosos de las zonas urbanas. En lo que respecta a la recomendación 31 b) sobre el diálogo con las instancias decisorias en relación con las medidas especiales de carácter temporal, el Comité Nacional de la Mujer se esfuerza continuamente por plantear esta cuestión a las instancias decisorias e influir en los procedimientos existentes, con el fin de garantizar una mayor participación de las mujeres. En lo que respecta a las recomendaciones de los apartados c) y d) del párrafo 31, no es posible introducir modificaciones en la legislación, ya que muchas instituciones del Estado, incluida la Cámara de Diputados, se han visto paralizadas por el conflicto. En lo que respecta a la recomendación que figura en el párrafo 31 e), la disponibilidad de datos desglosados por género sigue siendo limitada y los datos de que se dispone están desactualizados, lo que limita la capacidad de los organismos públicos para utilizarlos con el fin de elaborar y aplicar políticas.

II.Nacionalidad

Con respecto a las recomendaciones recogidas en los párrafos 33 a) a 33 f) de las observaciones finales, no se han introducido modificaciones en la Ley de Nacionalidad desde la reforma de 2009, debido a la situación actual en el país. No obstante, el Gobierno ha puesto en marcha una serie de programas de alcance limitado para ayudar a las personas desplazadas y prestarles servicios.

El artículo 3 a) de la Ley de Nacionalidad fue modificado por el poder legislativo en virtud de la Ley núm. 17 (2009), que dispone explícitamente que las mujeres yemeníes tienen derecho a transmitir su nacionalidad a sus hijos en virtud del ius sanguinis, lo que sitúa a hombres y mujeres en pie de igualdad en lo que respecta a la transmisión de la nacionalidad. En virtud de la modificación, se concede la nacionalidad yemení a toda persona cuyo padre o madre sea yemení, a toda persona nacida en el Yemen de madre yemení y padre cuya nacionalidad se desconozca o que sea apátrida, a toda persona nacida en el Yemen de madre yemení pero cuya paternidad no se haya establecido legalmente, y a toda persona nacida en el Yemen de padres cuya identidad se desconozca. Se considera que un niño abandonado hallado en el Yemen ha nacido en el país, salvo que se demuestre lo contrario. Además, a las personas que hayan adquirido la ciudadanía a través de su madre la ley les reconoce el derecho, al alcanzar la mayoría de edad, a elegir entre conservar la ciudadanía yemení o adquirir la nacionalidad de su padre.

A pesar de la importancia legislativa de esta modificación, que estableció el principio de igualdad en la transmisión de la nacionalidad, la modificación no tiene efecto retroactivo. Por consiguiente, los hijos de mujeres yemeníes casadas con extranjeros que hayan nacido antes de la entrada en vigor de la ley no pueden acogerse al derecho legal a adquirir la nacionalidad de forma automática. En consecuencia, sus solicitudes de ciudadanía están sujetas a procedimientos especiales y requieren la aprobación del Ministerio del Interior y de la comisión competente, lo que les plantea numerosas dificultades administrativas y de seguridad. Además, esas mujeres y sus hijos no han podido obtener documentos oficiales, como pasaportes y documentos de identidad, y se enfrentan a restricciones en su derecho a la educación superior, dificultades para acceder a oportunidades laborales y obstáculos relacionados con la libertad de circulación. En este sentido, el Comité Nacional de la Mujer y las organizaciones de la sociedad civil han continuado con sus esfuerzos para instar a las autoridades competentes a que adopten las medidas necesarias para superar esas dificultades y garantizar el ejercicio efectivo del derecho a la nacionalidad.

En lo que respecta al artículo 4 b) de la Ley de Nacionalidad, que discrimina a los niños con discapacidad, no se han introducido modificaciones debido a las circunstancias excepcionales provocadas por la guerra y la interrupción del proceso legislativo. Aunque el Gobierno ha reafirmado su compromiso con la promoción de los derechos de las personas con discapacidad, las circunstancias actuales han impedido la adopción de las reformas legislativas necesarias, por lo que las disposiciones discriminatorias siguen sin modificarse.

Parte III. Derechos económicos y sociales (artículos 10, 11, 12, 13 y 14)

I.Educación

La guerra en curso en el Yemen ha afectado a diversos aspectos del proceso educativo, pues el conflicto ha provocado la destrucción de un gran número de colegios y el deterioro de las infraestructuras educativas. Los datos del Gobierno muestran fluctuaciones en el gasto en educación como porcentaje del gasto público total, que se situó en el 14,16 % en 2020, en el 19,78 % en 2021 y en el 14,37 % en 2022. Es evidente que esa fluctuación tuvo repercusiones en los servicios prestados. Los presupuestos y el gasto públicos se están viendo afectados por la crisis económica que se ha desencadenado como consecuencia de la situación actual en el país, lo cual ha dado lugar a una mayor dependencia de los donantes para cubrir necesidades básicas, como la provisión de instalaciones educativas y el pago de los sueldos del personal docente. Además, ha tenido un efecto negativo en la capacidad de aplicar la recomendación que figura en el párrafo 35 a) de las observaciones finales. En respuesta a la recomendación del párrafo 35 b), el Comité Nacional encargado de Investigar las Denuncias de Violaciones de los Derechos Humanos sigue supervisando y documentando las violaciones cometidas por las autoridades huzíes, que utilizan las escuelas con fines militares. El Comité Nacional documenta ese uso, que se considera una violación de los derechos humanos. En un informe de 2021, la UNESCO señaló que se habían cerrado más de 2.500 colegios en el Yemen, lo que ha afectado a aproximadamente 4,5 millones de alumnos y ha agravado los problemas a que se enfrenta la educación pública en el país.

Cuadro 5

Brecha de género en la educación

Indicador de educación	Mujeres	Hombres	Brecha de género
Finalización de la educación secundaria básica	41,9 %	55,7 %	13,8 %
Niños sin escolarizar	14,2 %	25,3 %	11,1 %
Alfabetización de adultos	54,1 %	86,9 %	32,8 %

Fuente: Organismo Central de Estadística y datos del Ministerio de Educación correspondientes al curso 2022-2023.

Según los informes del Grupo Temático de Educación del Yemen, en 2021 se prestó atención a un total de 3.998.091 alumnos. Se atendieron las necesidades de 1.343.186 de esos alumnos (el 34 %), mientras que las de 2.654.905 alumnos quedaron sin atender. En 2022, el programa se dirigió a un total de 5.619.000 estudiantes. Se atendieron las necesidades de 4.151.400 de ellos (el 74 %), mientras que los otros 1.467.600 alumnos no recibieron apoyo. En 2023, el programa tenía como objetivo atender a 5.651.000 alumnos, pero solo pudo satisfacer las necesidades de 2.658.000 de ellos (el 47 %).

Cuadro 6

Tasas de matriculación y paridad de género

Año		2021		2023
Indicador		Hombres	Mujeres	Total	Hombres	Mujeres	Total
Matriculación en educación básica	81 %	77 %	79 %	71,5 %	74,7 %	77,6 %
Paridad de género, educación básica	–	–	0,95	–	–	0,92
Matriculación en educación secundaria	68 %	65 %	67 %	69,6 %	67,6 %	65,7 %
Paridad de género, educación básica	–	–	0,96	–	–	0,91

Fuente: Organismo Central de Estadística y datos del Ministerio de Educación correspondientes al curso 2022-2023.

El número de centros educativos dependientes del Ministerio de Educación del Gobierno legítimo asciende a 5.745, de los cuales 5.457 son centros mixtos. Un total de 267 centros educativos han cerrado definitivamente como consecuencia de los reiterados ataques. Algunas escuelas se han convertido en cuarteles militares. Gracias al esfuerzo de la División de Proyectos y Equipamiento y a la colaboración de las entidades de apoyo, se han reconstruido y renovado varias escuelas, y actualmente se están construyendo 21 escuelas. Como consecuencia de ello, en la actualidad solo hay 288 centros escolares que no están en funcionamiento.

A pesar de las dificultades a las que se enfrenta la educación en el Yemen, el Ministerio de Educación ha realizado importantes esfuerzos, en colaboración con organizaciones internacionales como el UNICEF, así como con el programa de educación en situaciones de emergencia y el Comité Internacional de la Cruz Roja, para rehabilitar los colegios parcialmente dañados por la guerra y aquellos que han caído en el abandono. En los últimos cinco años, el Ministerio ha puesto en marcha varios proyectos destinados a garantizar el desarrollo integral y la sostenibilidad en el ámbito de la educación. Uno de los más destacados es el proyecto para mejorar el acceso a una educación de calidad para los niños del Yemen en edad escolar, que se llevó a cabo entre octubre de 2023 y septiembre de 2024 con el apoyo de la organización Iqraa (Reino Unido) en el distrito de Tuban, en la provincia de Lahij. El proyecto estaba dirigido a unos 1.089 beneficiarios, incluidos estudiantes, personal docente y comités educativos, así como personas con discapacidad. También se llevó a cabo un proyecto similar en la provincia de Abyan con el apoyo de asociados locales e internacionales, dirigido al mismo número de alumnos y centrado en ofrecer un entorno de aprendizaje seguro e inclusivo que tenga en cuenta las necesidades de las personas con discapacidad.

El Ministerio ha puesto en marcha planes especiales para atraer a las niñas y a sus familias a las escuelas y evitar que los alumnos abandonen las aulas, especialmente en las zonas rurales, ofreciendo incentivos a las alumnas y al personal docente. El Ministerio emitió directrices oficiales destinadas a impedir que los huzíes y otros grupos armados utilizaran las escuelas con fines militares, en las que hacía hincapié en que las escuelas son lugares seguros y están destinadas exclusivamente a la educación, y que su uso con fines militares constituye una violación del derecho internacional humanitario. El Ministerio ha participado en campañas internacionales para poner fin al reclutamiento de menores y garantizar su protección frente a los conflictos.

En la provincia de Abyan se han creado complejos educativos exclusivos para niñas en varios distritos, dotados de las instalaciones educativas y de salud adecuadas. Además, una parte significativa de las oportunidades de empleo en los proyectos educativos financiados por el UNICEF se ha reservado a las muchachas, con el fin de fomentar la contratación de profesoras voluntarias. Las alumnas de estos centros han participado en concursos del mundo árabe, como el concurso de lectura Arab Reading Challenge de Dubái, lo que ha contribuido a reforzar la convicción de las familias y la comunidad local sobre la importancia de la educación de las niñas. En la provincia de Hadramaut (región costera), se han creado nuevas escuelas para niñas, se han rehabilitado las instalaciones de saneamiento de las escuelas de niñas y se han separado las escuelas de niños y de niñas. Como resultado de ello, la tasa de escolarización de las niñas en la educación básica aumentó de 84 niñas por cada 100 niños a 86 niñas por cada 100 niños entre 2020 y 2023. Además, la brecha de género en la educación secundaria se redujo de 86 a 83 durante el mismo período. En la provincia de Lahij se llevaron a cabo proyectos educativos integrales dirigidos a niños con discapacidad y a alumnos de zonas afectadas por el conflicto, como parte de la visión del Ministerio de garantizar una educación equitativa e inclusiva para todos.

Las tasas de deserción escolar han aumentado. En 2021, un total de 2.049.000 alumnos abandonaron los estudios. Esa cifra aumentó hasta los 2.415.764 en 2022 y hasta los 2.676.736 en 2023, lo que refleja un aumento interanual cada vez mayor de la brecha educativa.

En respuesta al párrafo 35 c), relativo al fomento de la matriculación y la asistencia escolar de las niñas, el Ministerio, por conducto de su División de Educación de las Niñas y su División de Proyectos, puso en marcha un proyecto para promover el regreso a las aulas de las niñas que habían abandonado los estudios en siete provincias: Hadramaut (región costera y región del valle), Lahij, Marib, Al-Dalea, Abyan, Hayya y Socotora. El proyecto, en el que participaron 21 escuelas, fue financiado por el Centro Rey Salman de Socorro y Acción Humanitaria, en colaboración con la Organización del Mundo Islámico para la Educación, la Ciencia y la Cultura. El proyecto consistió en equipar las escuelas, proporcionar aulas alternativas y distribuir kits escolares, realizar 14 campañas de sensibilización para alentar a las niñas a matricularse en la escuela y capacitar y empoderar a las mujeres que son cabeza de familia y que se hacen cargo de niñas huérfanas y en situación de extrema pobreza. Además, se llevaron a cabo campañas de sensibilización dirigidas a padres, profesores, imanes de mezquitas y líderes locales con el fin de destacar la importancia de la educación de las niñas y de su empoderamiento económico.

Cuadro 7

Principales actividades llevadas a cabo por el programa para devolver a las aulas a las niñas que han abandonado la escuela

Actividad básica	Observaciones
Suministro de material escolar	Mobiliario escolar, incluidas pizarras, sillas, pupitres, impresoras, fotocopiadoras, armarios y otros artículos para 21 escuelas
Preparar y poner a disposición aulas alternativas, junto con el material necesario	64 aulas alternativas situadas en zonas remotas que no son accesibles para las alumnas o en zonas de desplazamiento donde las alumnas desplazadas se han visto privadas de educación
Distribución de kits escolares	19.000 kits escolares con material escolar para alumnas de las zonas seleccionadas
Campañas de concienciación para promover la educación de las niñas	14 campañas de concienciación que incluyen diversas actividades en los medios de comunicación, destinadas a fomentar un entorno que promueva la educación y la escolarización de las niñas
Desarrollo de las capacidades del profesorado y del personal de orientación	Siete sesiones de capacitación para 350 profesores y orientadores, una sesión en cada provincia
Simplificación del proceso de admisión de las niñas desplazadas y refugiadas	Colaboración con las autoridades competentes y las oficinas del Ministerio de Educación en las provincias seleccionadas a fin de facilitar la matriculación de las niñas y evaluar su nivel académico
Capacitación y empoderamiento de las mujeres que son cabeza de familia y que se hacen cargo de niñas huérfanas y en situación de extrema pobreza	Implementación de 14 programas de formación profesional y artesanal dirigidos a 280 mujeres cabezas de familia que mantienen a niñas huérfanas o que han abandonado los estudios por no poder continuar su educación

Fuente: Informe del Ministerio de Educación, 2025.

En respuesta a la recomendación que figura en el párrafo 35 d) de las observaciones finales, varios abogados y abogadas realizaron visitas sobre el terreno a escuelas e instituciones educativas con el objetivo de fomentar la sensibilización jurídica entre estudiantes y adultos. Organizaron sesiones educativas sobre diversos temas, entre ellos la ley sobre los derechos y deberes de los niños y los menores, la reducción de las tasas de deserción escolar, los peligros y efectos de las drogas, el acoso sexual, el matrimonio infantil, la tenencia de armas y la extorsión cibernética, así como la promoción de una cultura de concienciación jurídica entre los jóvenes y adolescentes, con el fin de consolidar los principios de comportamiento responsable y prevenir la delincuencia.

Se han creado comités de coordinación en siete provincias, a saber: Adén, Lahij, Abyan, Shabwa, Hadramaut, Taiz y Marib. Se trata de subcomités que funcionan bajo la supervisión del presidente del tribunal de menores o de un juez especializado en asuntos de menores, y están integrados por 15 personas procedentes de los organismos pertinentes. Los comités celebran reuniones mensuales para debatir los retos y dificultades relacionados con cuestiones de justicia juvenil, elaborar soluciones oportunas y prácticas en coordinación con los asociados locales, presentar recomendaciones y comunicaciones oficiales a las autoridades competentes y supervisar su aplicación sobre el terreno, con el fin de mejorar la situación de los niños y los menores y proteger sus derechos.

El número total de maestros es de 81.070 (hombres y mujeres) y el Ministerio cuenta con una plantilla de 124.899 personas (hombres y mujeres). Todos los empleados del Ministerio de Educación de las zonas liberadas reciben sus salarios con regularidad, de conformidad con los procedimientos establecidos por el Ministerio de Economía, aunque en ocasiones se producen retrasos. El Ministerio está haciendo todo lo posible para garantizar que se abonen los sueldos a todos los empleados del sector educativo, incluidos los desplazados de ambos sexos. El número de profesoras aumentó un 39 % en la educación primaria y un 47 % en la educación secundaria durante el curso escolar 2022/23 en comparación con el curso anterior, lo que refleja una mejora en la participación de las mujeres en la profesión docente.

Cuadro 8

Número de profesores y profesoras en los años escolares 2021/22 y 2022/23

Número de profesores y profesoras		Educación primaria		Educación secundaria
Año escolar		2021/22	2022/23	2021/22	2022/23
Hombres	10 689	16 392	2 356	3 848
Mujeres	6 785	9 435	1 401	2 066
Total	17 474	25 827	3 757	5 914

Fuente: Anuario estadístico 2021-2023, Oficina de las Provincias, Ministerio de Educación.

El Ministerio de Educación ha prestado especial atención a la alfabetización y a la educación de adultos. El Departamento de Alfabetización, con el apoyo de sus asociados, se ha esforzado por ofrecer oportunidades educativas seguras a las mujeres y las niñas de las zonas afectadas por conflictos. En 2019, el Ministerio puso en marcha el mecanismo de educación alternativa, que consiste en programas no formales que ofrecen educación de recuperación o acelerada a niños y niñas que no han podido asistir a escuelas ordinarias debido al conflicto. Esos programas contribuyen a reducir el trabajo infantil y el reclutamiento de menores, y también ayudan a reintegrar a los niños en el sistema educativo y a desarrollar sus competencias, contribuyendo así al desarrollo comunitario.

II.Salud

Gran parte del sistema de atención de la salud del Yemen se colapsó tras el inicio del conflicto, y ello ha tenido repercusiones devastadoras para la salud de las mujeres y las niñas. Como consecuencia de ello, solo uno de cada cinco establecimientos de salud puede prestar servicios de atención de la salud materno-infantil. Ello se debe a la falta de personal médico especializado, a la escasez de suministros médicos esenciales y a la destrucción de las infraestructuras. En el país, un total de 17,8millones de personas necesitan asistencia sanitaria. Las mujeres, que representan el 24% de esa cifra, necesitan diversos servicios médicos y de salud reproductiva. Los niños representan la mitad de esa cifra, incluidos 540.000 menores de 5 años que necesitan un tratamiento vital para la emaciación grave. El 10% de ese grupo padece malnutrición aguda grave con complicaciones y necesita atención especializada en hospitales. Los datos recopilados por el sistema de seguimiento de los recursos y servicios de atención de la salud indican que el 52,4 % de los establecimientos de salud están plenamente operativos, aunque con algunas carencias en los servicios médicos, mientras que el 47,6% de los establecimientos de salud solo están parcialmente operativos o se encuentran fuera de servicio debido a la escasez de personal de atención de la salud y de suministros médicos, la falta de cualificación y capacitación adecuadas y la insuficiencia de fondos para cubrir los gastos operacionales. El 24,8% de los establecimientos de salud dispone de suministro eléctrico completo y el 42,9% de suministro parcial, mientras que el 32,3% carece de suministro eléctrico. Según las estimaciones, entre el 91% y el 93 % de los establecimientos de salud carece de equipamiento médico estándar, y el equipamiento disponible ha superado su vida útil. Además, el 76% de los establecimientos de salud y el 87% de los centros de atención de la salud carece de sistemas de información.

Los datos del Gobierno indican que, en 2022, el gasto público en servicios de atención de la salud se había reducido al 3,27 % del gasto total. Este escaso porcentaje no permite reforzar los servicios de atención de la salud y dificulta la capacidad de desarrollar programas educativos, campañas de vacunación y programas de prevención del VIH, todos ellos aspectos abordados en las recomendaciones de los párrafos 37 a) a 37 e) de las observaciones finales. El número de muertes durante el embarazo y el parto ha aumentado en las zonas controladas por las milicias huzíes, pues estas han obstaculizado deliberadamente el acceso de las mujeres a los establecimientos de salud y están utilizando muchos de ellos para atender a los heridos de guerra. Además, las milicias se han negado a permitir que las mujeres reciban las vacunas necesarias, alegando que están fabricadas por países del primer mundo con el objetivo de perjudicar a los habitantes del tercer mundo. El Gobierno se enfrenta a importantes retos a la hora de prestar servicios a todas las zonas que los necesitan, en particular a aquellas que se han visto afectadas por el golpe de Estado perpetrado por las milicias y por la destrucción de las infraestructuras. El cuadro 9 que figura a continuación presenta información sobre algunos indicadores clave de salud de la mujer, extraídos de los datos recopilados por los organismos de las Naciones Unidas.

Cuadro 9

Indicadores de la salud de las mujeres

Indicador	Valor	Fuente
Mujeres que necesitan servicios de salud reproductiva	5,5 millones de mujeres y niñas	Fondo de Población de las NacionesUnidas
Tasa de mortalidad materna por 100.000 nacidos vivos	183 (2020)118 (2023)	Banco MundialOrganización Mundial de la Salud
Partos asistidos por personal médico cualificado	50 %	Fondo de Población de las NacionesUnidas
Partos en establecimientos de salud	33 %	Fondo de Población de las NacionesUnidas

Alrededor de 1,3 millones de mujeres embarazadas y lactantes corren el riesgo de sufrir malnutrición aguda, lo que pone en peligro su vida y la de sus hijos. Por ello, el embarazo y el parto suponen un viaje lleno de peligros para todas las mujeres yemeníes. Las desigualdades se ponen de manifiesto en las elevadas tasas de malnutrición entre las madres y los niños. La malnutrición sigue siendo un importante reto para la salud pública. El embarazo y el parto, que deberían ser motivo de alegría y esperanza, se han convertido en un viaje peligroso que puede acabar en la muerte. Según los informes del UNFPA, cada dos horas muere una mujer durante el parto o por causas relacionadas con el embarazo. La tasa de mortalidad materna se sitúa en 43,3 por cada 1.000 nacidos vivos, lo que convierte al Yemen en uno de los países más peligrosos del mundo para las mujeres en edad de procrear. Esta auténtica tragedia humana se repite cada día.

Más de 5,5 millones de mujeres y niñas en edad de procrear carecen de acceso a los servicios de salud reproductiva. La mayoría de las mujeres carecen de una atención de la salud esencial durante el embarazo, el parto y el posparto, pues solo el 20 % de los establecimientos de salud ofrecen servicios de atención materna integrales o básicos. Se calcula que, aproximadamente, cada dos horas muere una mujer yemení por causas prevenibles. La tasa de mortalidad materna se situó en 118 por cada 100.000 nacidos vivos en 2023, según el Banco Mundial, y en 183 por cada 100.000 nacidos vivos en 2020, según la Organización Mundial de la Salud (OMS). Además, menos de la mitad de los partos cuentan con asistencia médica y solo un tercio tiene lugar en establecimientos de salud. Las consecuencias de unos servicios sanitarios insuficientes se extienden a todos los aspectos de la salud reproductiva. Las mujeres tienen dificultades para acceder a métodos anticonceptivos, tratamientos para afecciones ginecológicas, revisiones médicas periódicas y las vacunas necesarias. La escasez de personal de atención de la salud, en particular de personal femenino, hace que algunas mujeres se muestren reacias a acudir a los servicios sanitarios debido a cuestiones culturales y sociales. La propagación de las enfermedades infecciosas también tiene consecuencias de salud, psicológicas y sociales, pues el miedo genera un estado de ansiedad y estrés constantes, mientras el aislamiento social priva a las mujeres del apoyo social que necesitan.

Los datos indican que seis provincias presentaban una elevada proporción de habitantes por hospital, es decir, superior a 150.000 personas por hospital. La proporción más elevada se registró en el distrito de la capital (442.000), seguido de Adén (217.000), Hayya (201.000), Al-Hudayda (183.000), Ib (173.000) y Rayma (161.000). Esas cifras demuestran la importancia de ampliar la cobertura geográfica de los hospitales. A nivel de los distritos, no hay hospitales en aproximadamente 117 de los 333 distritos (es decir, el 35 % de los distritos), lo que deja a su población sin servicios secundarios de atención de la salud. El escaso número de establecimientos de salud en las distintas provincias dificulta el acceso de la población a los servicios de atención de la salud. En las 14 provincias, cada centro de salud atiende a entre 20.000 y 128.000 personas, con diferencias entre las zonas urbanas y las rurales. La atención primaria es fundamental para garantizar la salud de todas las personas. El sistema de atención primaria de salud está compuesto por unidades y centros de atención cuyo objetivo es prestar un conjunto de servicios básicos de atención de la salud, servir de puerta de acceso a los servicios de salud reproductiva, neonatal e infantil, y ofrecer atención preventiva y curativa antes de derivar a los pacientes a niveles superiores de atención. A nivel nacional, hay menos de 6 camas por cada 10.000 habitantes destinadas a la atención materna y hospitalaria. Esta cifra es la mitad de la norma establecida por la OMS. En 19 de las 22 provincias hay una grave escasez de camas para estos servicios de salud. A nivel hospitalario, solo hay 7 camas por cada 10.000 habitantes, lo que está por debajo del nivel mínimo de 18 camas por cada 10.000 habitantes. A nivel de las provincias, la mayor densidad de camas de maternidad se registra en Amran, con 31 camas por cada 100.000 habitantes, frente a las apenas 2 camas por cada 100.000 habitantes de Rayma. En Saná hay 9 camas de cuidados intensivos por cada 100.000 habitantes, y en Adén y Hadramaut, 7 por cada 100.000 habitantes, frente a tan solo 1 cama de cuidados intensivos por cada 100.000 habitantes en Al-Dalea y Lahij. A nivel nacional, hay 18,8 trabajadores de la salud por cada 10.000 habitantes, lo cual está por debajo del nivel mínimo de la OMS, de 22 trabajadores de la salud por cada 10.000 habitantes. Además, el 37 % de los hospitales en funcionamiento carece de médicos especialistas, con diferencias entre las distintas provincias, y la escasez de personal de atención de la salud supone un problema en 17 provincias.

En consonancia con la recomendación que figura en el párrafo 37 de las observaciones finales, el Gobierno ha rehabilitado y reparado hospitales públicos y ha prestado apoyo a aproximadamente 60 hospitales y establecimientos de salud (37 a)). Además, el Ministerio de Sanidad, con el apoyo de asociados internacionales y del Fondo Social para el Desarrollo, ha impartido capacitación al personal de atención de la salud de todas las provincias sobre las medidas de respuesta ante epidemias y la prestación de servicios de atención de la salud a mujeres, niñas y niños, en particular a aquellos que viven en situación de pobreza en las zonas rurales (37 b)).

Pese a la situación que vive el país, en septiembre de 2024, el Ministerio de Salud Pública y Población, en colaboración con el UNICEF y la OMS, puso en marcha la Estrategia Nacional de Calidad de la Atención de la Salud del Yemen, con el objetivo de mejorar la seguridad y el desempeño clínicos, reforzar la capacidad, fomentar la participación de la comunidad y desarrollar sistemas de información. Entre los planes, programas y proyectos que se han puesto en marcha cabe mencionar el Plan de Acción Nacional Multisectorial de Nutrición del Yemen, que ofrece un marco integral para mejorar la nutrición e integrar las iniciativas humanitarias, de desarrollo y de paz en diversos sectores, entre ellos la atención de la salud, la agricultura, la pesca, el comercio, la industria, el agua, el saneamiento, el medio ambiente, la educación y la protección social. El Gobierno, en colaboración con los organismos de las Naciones Unidas, ha adoptado varios planes y estrategias para velar por que las mujeres, en particular las que viven en zonas rurales, tengan acceso a una atención de la salud adecuada. A continuación se enumeran algunos de esos planes y estrategias:

a)La estrategia nacional de salud reproductiva (2024-2026);

b)La estrategia de nutrición (2022-2030);

c)La estrategia de vacunación (2023-2025);

d)La estrategia de sistemas de información sanitaria (2024-2028);

e)La estrategia nacional de salud infantil y de los adolescentes (2024-2030);

f)El Programa de Resiliencia Rural (2022-2025), implementado conjuntamente por el PNUD, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y el Programa Mundial de Alimentos, con financiación de la Unión Europea y Suecia, que contribuyó a aumentar el uso de energías renovables en las comunidades rurales y permitió rehabilitar escuelas, carreteras, redes de abastecimiento de agua e instalaciones de saneamiento.

En mayo de 2024, la OMS puso en marcha el Proyecto de Capital Humano de Emergencia. Un total de 1,7 millones de mujeres recibieron servicios de atención de la salud esenciales. Alrededor del 61 % de esas mujeres recibieron asistencia de matronas comunitarias cualificadas. Se sufragaron los gastos de funcionamiento de más de 2.400 establecimientos de salud, se adaptaron 50 establecimientos de salud para que pudieran prestar atención obstétrica y neonatal de urgencia básica y se concedieron subsidios diarios a 3.600 trabajadores de la salud comunitarios.

El UNICEF apoya la prestación de servicios de atención primaria de la salud, entre los que se incluyen la atención de la salud infantil, la nutrición y los servicios generales, el tratamiento de enfermedades infecciosas comunes, los servicios básicos de laboratorio, la salud reproductiva, la atención de la salud materna y neonatal, la atención psicológica y el apoyo psicosocial.

La unidad ejecutiva encargada de la gestión de los campamentos utiliza clínicas móviles para prestar servicios nutricionales y de atención de la salud a las desplazadas tres veces por semana. Además, lleva a cabo programas de sensibilización dirigidos a las mujeres sobre planificación familiar e higiene personal, supervisa la puesta en marcha de programas de atención a las mujeres embarazadas y lactantes, rehabilita los establecimientos de salud cercanos a los campamentos y proporciona a las mujeres kits de higiene femenina.

El establecimiento de salud del distrito de Nujid, en la isla de Socotora, ha empezado ofrecer vacunas para niños y mujeres embarazadas, servicios de nutrición y una ambulancia para el transporte de pacientes, mujeres embarazadas y personas de edad. La unidad de urgencias obstétricas atiende al menos 20 casos al día, y los servicios los prestan mujeres especializadas en salud reproductiva.

La Unión de Mujeres del Yemen, en colaboración con organizaciones internacionales, ha prestado servicios de atención de la salud, entre los que se incluyen apoyo psicológico, servicios de salud reproductiva y asesoramiento tras sufrir violencia sexual, a las mujeres que viven cerca de los campamentos de desplazados, así como asistencia jurídica a las víctimas por medio del proyecto de medios de subsistencia. Esas iniciativas han permitido a las mujeres recuperar sus derechos y hacer frente a las consecuencias de la violencia, pese a lo difícil que puede resultar acceder a esos servicios en algunas zonas de desplazamiento debido a las condiciones de seguridad y a la falta de recursos. Desde el 25 de febrero de 2023, un total de 38.356 mujeres y niñas que han sufrido violencia se han beneficiado de los servicios de apoyo.

En diciembre de 2024, el Gobierno, en colaboración con organizaciones internacionales, puso en marcha una red de trabajadoras de la salud comunitarias en unos 90 distritos rurales. Se capacitó a más de 3.600 trabajadoras de la salud para prestar servicios integrales a niños y madres, entre los que se incluyen servicios de nutrición, vacunas, atención prenatal y posnatal y detección de la malnutrición, entre otros.

Como parte de las medidas de apoyo infraestructural, el Proyecto de Obras Públicas puso en marcha una iniciativa destinada a mejorar las infraestructuras y a crear y ampliar varios centros de atención de la salud y centros de atención primaria, incluidos aquellos que prestan servicios de salud reproductiva a las madres. La iniciativa está dirigida a las zonas más pobres y con mayores necesidades y tiene por objetivo aliviar la carga que supone para las mujeres verse obligadas a recorrer largas distancias. Además, el Gobierno, en colaboración con el Banco Mundial, el UNICEF, la OMS, la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos y el Ministerio de Sanidad, puso en marcha un proyecto destinado a prestar servicios preventivos y curativos a las madres y a los niños menores de 5 años en establecimientos de salud y clínicas móviles.

III.Empoderamiento económico de la mujer y prestaciones sociales

En la siguiente sección se ofrece información actualizada sobre los avances logrados en relación con las recomendaciones que figuran en los párrafos 40 a) a 40 c) de las observaciones finales. El Yemen se rige por los principios de los convenios de la OIT que ha ratificado. En consecuencia, el Código Laboral garantiza los derechos de los trabajadores sin discriminación alguna, incluidos el derecho al trabajo, la jornada laboral y el salario, y aplica el principio de discriminación positiva a favor de las mujeres en lo que respecta a las licencias relacionadas con el embarazo, el parto y la lactancia. En su artículo 45, el Código Laboral dispone que las trabajadoras tienen derecho a 70 días de baja por maternidad con remuneración completa, incluido el período anterior y posterior al parto, previa presentación de un certificado médico. En su artículo 46, el Código Laboral dispone que no se puede despedir a una mujer ni rescindir su contrato de trabajo por el hecho de que tenga derecho a beneficiarse de la licencia de maternidad. También dispone que una mujer tiene derecho a una hora de lactancia remunerada al día durante un año completo tras su reincorporación después de la licencia de maternidad, con la posibilidad de fraccionarla o programarla al principio o al final de la jornada laboral, de acuerdo con el empleador. El Código Laboral dispone asimismo que las mujeres no pueden realizar trabajo nocturno, a fin de proteger su intimidad, salvo en casos concretos, como el trabajo en el sector de la salud o en el de la aviación. El artículo 42 dispone que las mujeres no pueden trabajar de noche, salvo en los puestos de trabajo que se especifiquen en una resolución dictada por el Ministro, en caso necesario.

Sin embargo, la situación general del país y la imposibilidad de que la Cámara de Diputados celebre sesiones legislativas han impedido modificar las disposiciones legislativas pertinentes a fin de fomentar la participación de las mujeres y dar respuesta a la recomendación del párrafo 40 b) de las observaciones finales, relativa a la modificación de los derechos a la licencia de maternidad en consonancia con los convenios de la OIT. Lo anterior también se aplica a la capacidad del Gobierno para pagar puntualmente los sueldos de los empleados del sector público, pues esta se ve afectada por la actual crisis económica que vive el Yemen y por su capacidad de liquidez financiera. Además, el Gobierno legítimo no puede proteger los derechos económicos de las mujeres en las zonas controladas por los huzíes, donde las milicias terroristas huzíes siguen aplicando prácticas discriminatorias. Esas milicias tratan de limitar los ámbitos en los que las mujeres pueden trabajar basándose en una visión estereotipada, restringiendo así la libertad de las mujeres y reforzando las percepciones tradicionales del papel de la mujer en la sociedad.

Según un informe del PNUD de 2023, la mayoría de la población del Yemen vive en la pobreza. El Informe sobre desarrollo humano de 2021 reveló que el 82,7 % de la población vivía en situación de pobreza multidimensional, con una tasa media de pobreza y privación del 46 %. Para hacer frente a la situación, se han adoptado las siguientes medidas:

a)Se han puesto en marcha diversos programas y proyectos, entre los que se incluyen asistencia en efectivo y protección social no sujeta a condiciones para familias pobres mediante transferencias mensuales en efectivo, que abarcan aproximadamente 105 millones de hogares, así como programas de medios de subsistencia y proyectos de empoderamiento económico financiados por algunos donantes, como la Unión Europea y el Programa Saudita de Desarrollo y Reconstrucción para el Yemen, a fin de apoyar a los pequeños agricultores y a las familias rurales pobres. En el cuadro 10 se ofrece un resumen de las ayudas concedidas por el Fondo de Bienestar Social del Ministerio de Asuntos Sociales y Trabajo;

Cuadro 10

Beneficiarios del Fondo de Bienestar Social en las zonas liberadas, desglosados por tipo de beneficiario y sexo

Grupo	Mujeres	Hombres	Total
Beneficiarios	261 277	292 788	554 065
Huérfanos	6 796	7 903	14 699
Personas de edad	101 818	95 489	197 307
Personas desempleadas	3 086	146 753	149 839
Personas con discapacidad parcial	13 678	29 816	43 494
Personas con discapacidad total	5 354	11 156	16 510
Personas con discapacidad temporal (parcial o total)	634	2 799	3 433
Mujeres desempleadas	–	–	–
Total general	392 643	586 704	979 347

b)Los organismos de las Naciones Unidas han desempeñado un papel importante en el apoyo a los programas de asistencia económica dirigidos a las mujeres. ONU-Mujeres ha prestado un apoyo específico destinado a crear oportunidades adecuadas para las mujeres y a su empoderamiento en las provincias de Adén, Amran, Hadramaut, Al-Hudayda, Ib y Saná. Esta iniciativa, financiada por el Gobierno del Japón, abarca esferas como la respuesta a situaciones de crisis, los servicios de protección social, el apoyo al alojamiento temporal, la capacitación en competencias para la vida, los programas de efectivo por trabajo y el apoyo a las ayudas para la subsistencia dirigidos a numerosas mujeres;

c)Con el apoyo del PNUD, se han puesto en marcha programas destinados a mejorar los medios de subsistencia de las mujeres en el país. Un total de 31.097 mujeres se han beneficiado del programa y han recibido capacitación en diversas habilidades y competencias, como la artesanía, la producción de incienso y cosméticos.

El Comité Nacional de la Mujer y varios organismos gubernamentales pertinentes, en colaboración con la Unión de Mujeres del Yemen y organizaciones de la sociedad civil, han elaborado programas de empoderamiento económico dirigidos a las mujeres en diversos sectores. Esos programas, que también proporcionan equipamiento y materias primas, ya sea directamente o mediante ayudas económicas, se centran en la formación, la creación de capacidad y la comercialización, a fin de garantizar la sostenibilidad de las actividades y minimizar los riesgos. A continuación se indican algunas de las iniciativas más importantes:

a)Se ha puesto en marcha un programa público de becas para mujeres en Marib con el objetivo de aumentar el número de mujeres empleadas en las entidades locales. Un total de 70 mujeres y niñas, la mitad de las cuales trabajaban en las oficinas de las provincias y los distritos y la otra mitad recién graduadas, recibieron formación en diversas competencias, como la gobernanza local, la planificación participativa, la elaboración de presupuestos públicos, la contratación pública y la gestión de proyectos. Las tituladas fueron destinadas a las oficinas ejecutivas de las autoridades locales para realizar un programa de capacitación práctica de tres meses de duración. Ocho tituladas del programa fueron contratadas con contratos a tiempo completo por diversos organismos públicos, entre ellos la Dirección de Desarrollo Administrativo, la Oficina de Obras Públicas, la Oficina de Sanidad, la Oficina de Industria y Comercio y la Oficina de Asuntos Jurídicos. El Ministerio de Administración Local ha aplicado el Decreto Presidencial núm. 180 (2008), por el que se modifican las normas que regulan las oficinas provinciales y de los distritos, ha reactivado la Dirección General para el Desarrollo de la Mujer a nivel provincial y de distrito, y ha promulgado el Decreto Ministerial núm. 1 (2023), relativo a la estructura orgánica de los subdepartamentos de la Dirección General. Además, se ha encomendado a la Dirección General la tarea de proponer políticas y programas destinados a mejorar la situación de la mujer en la administración local y de proporcionar apoyo institucional a las dependencias encargadas de los asuntos de la mujer y a las mujeres que trabajan en las oficinas de distrito y fomentar su capacidad;

b)La evaluación institucional de las dependencias encargadas de los asuntos de la mujer tenía varios objetivos, entre ellos ofrecer orientación sobre cómo abordar las dificultades a las que se enfrentan las mujeres y promover su acceso a puestos decisorios a nivel local, y elaborar un plan estratégico para la Dirección General de Desarrollo de la Mujer del Ministerio de Administración Local. Una vez finalizada la evaluación, se celebró un taller para analizar las conclusiones y elaborar un plan estratégico para los departamentos de desarrollo de la mujer.

El Ministerio de Industria y Comercio, en el marco de su iniciativa para promover el empoderamiento económico de las mujeres, ha adoptado varias medidas, entre las que se incluyen las siguientes:

a)La Dependencia de Emprendimiento, dirigida tanto a hombres como a mujeres, se creó en 2023;

b)El Fondo de Financiación para Pequeñas Empresas y Microempresas se trasladó de Saná a Adén con el fin de crear oportunidades para los emprendedores y las pequeñas y medianas empresas;

c)En 2023, las mujeres representaban la mitad de los funcionarios que participaron en los programas de capacitación del Ministerio. La plantilla total del Ministerio era de 127 empleados (71 mujeres y 56 hombres);

d)Las estadísticas más recientes de que se dispone correspondientes a 2024 indican que cinco mujeres han obtenido licencias comerciales. El Ministerio también ha simplificado los trámites para las mujeres que desean crear su propia empresa, incluidos los procedimientos para inscribir un nombre comercial en el registro mercantil a nombre de la propietaria;

e)Según datos del Ministerio en Adén, aproximadamente 74 mujeres se registraron como empresarias en 2021 y 2022, mientras en 2023 y 2024 se registraron aproximadamente 60 empresarias. Esta disminución se debe a la guerra y a sus repercusiones en la moneda, así como al aumento de los precios, lo que provocó una recesión económica y el fracaso y el cierre de algunos proyectos;

f)En los últimos cinco años, el número de empresas propiedad de hombres era de 7.500 en Adén y de 4.000 en las demás provincias liberadas. Por otra parte, había 2 mujeres empresarias, 5 mujeres titulares de marcas registradas y 2.000 mujeres que gestionaban proyectos desde su hogar;

g)A nivel provincial, el Fondo Social de Lahij ha permitido a las mujeres del medio rural crear sus propios negocios mediante fondos de ahorro, ha ofrecido programas de capacitación para el desarrollo de las competencias de las mujeres del medio rural y ha ayudado a algunas de ellas a convertirse en emprendedoras, a pesar de su escaso presupuesto.

En la región costera de Hadramaut se ha producido una mejora gradual en la calidad y la naturaleza de la participación de las mujeres en las actividades económicas. Las mujeres se han incorporado a sectores no tradicionales mediante la apertura de negocios como farmacias, tiendas de alimentación, panaderías, cibercafés, puestos de verduras y tiendas de ropa y cosméticos. Las mujeres del medio rural representan una parte significativa de la actividad agrícola y ganadera. Además, unas 740 mujeres trabajan en el sector pesquero y más de 3.150 mujeres se dedican a la producción de sal marina. Las organizaciones de la sociedad civil han puesto en marcha programas de capacitación para mujeres sobre los aspectos técnicos y financieros de la gestión de pequeñas empresas y han creado un fondo de apoyo a la juventud en Hadramaut que ha concedido préstamos a 40 mujeres. En la Cámara de Comercio de Al-Mukalla están inscritas 170 mujeres empresarias. A esa cifra hay que sumarle las numerosas mujeres que dirigen negocios que no están inscritos en la Cámara de Comercio. En lo que respecta al empleo público, las mujeres siguen trabajando principalmente en sectores relacionados con sus roles sociales tradicionales. En 2023, las mujeres representaban el 54 % de la población activa del sector educativo y el 33 % de los trabajadores del sector de la salud, aproximadamente el 20 % del personal administrativo de la provincia y alrededor del 17 % de la población activa del sector privado, según datos de la delegación de Hadramaut del Comité Nacional de la Mujer.

IV.Mujeres de zonas rurales

El Gobierno, por conducto del Ministerio de Administración Local, que es el organismo gubernamental encargado de desarrollar los sistemas de administración y desarrollo locales, ha prestado especial atención a la elaboración de políticas que respondan a las necesidades de las mujeres de las zonas rurales, ha adoptado diversas medidas institucionales y ha puesto en marcha proyectos diseñados para lograr un impacto rápido y sostenible.

Siguiendo instrucciones del Presidente del Consejo Presidencial de Liderazgo, el Gobierno ha prestado apoyo y ha reforzado los organismos encargados de la aplicación de la ley y del poder judicial en todas las regiones, provincias y distritos, a fin de velar por que todos los ciudadanos tengan acceso a la justicia, en particular las mujeres y los niños, cuya capacidad de acceder a la justicia se ha visto afectada por la guerra. El Gobierno, por conducto de los departamentos de seguridad a nivel provincial y de distrito, ha creado un Departamento de Protección de la Familia y ha capacitado a nuevas agentes de policía para que trabajen en los juzgados y comisarías, con el objetivo de que esos espacios sean más acogedores y adaptados a las necesidades de las mujeres, especialmente en las zonas rurales, donde las costumbres y tradiciones limitan el acceso de las mujeres a la justicia. Varias provincias han promulgado decretos de administración local que facultan a las mujeres a ocupar cargos administrativos en los cuerpos de policía y en las unidades de investigación y tramitación de denuncias. Además, se están llevando a cabo iniciativas para elaborar una estrategia nacional en materia de planes de despliegue de fuerzas de seguridad y estrategias de reforma judicial, con el fin de facilitar el acceso de las mujeres a la justicia. El Gobierno colabora con la Unión de Mujeres del Yemen para prestar servicios de apoyo y asistencia jurídica en las zonas pobres y remotas.

En consonancia con las recomendaciones de los párrafos 42 a) a 42 d), el Gobierno concede especial importancia al empoderamiento económico de las mujeres de las zonas rurales, debido al efecto que puede tener en el fortalecimiento de la seguridad alimentaria, la lucha contra la pobreza y el mantenimiento de la producción y la economía rurales, que constituyen una fuente de sustento para muchas familias que han perdido sus fuentes de ingresos como consecuencia de la guerra y se han visto desplazadas a las zonas rurales. Además de la información facilitada anteriormente sobre la salud, la educación y el empleo, a continuación abordaremos algunas cuestiones específicas de las zonas rurales:

a)El Fondo de Recuperación y Resiliencia Local ha financiado más de 40 proyectos prioritarios que figuran en los planes de desarrollo de las autoridades locales, entre los que se incluyen proyectos en los ámbitos de la educación, la energía, los sistemas de energía solar y el alumbrado público alimentado con energía solar, la sanidad, las infraestructuras de las autoridades locales y el agua. En su primer año (2021), el Proyecto de Obras Públicas llevó a cabo la primera fase de los proyectos. Estos se completaron y se entregaron a las autoridades y oficinas locales correspondientes;

b)El objetivo del proyecto de fortalecimiento de la resiliencia institucional y económica en el Yemen es promover el desarrollo económico local mediante la cooperación entre los sectores público y privado y la sociedad civil, con el fin de crear mejores condiciones para el crecimiento económico y la generación de empleo. El proyecto se centra en el desarrollo de la capacidad económica local en los distritos seleccionados, en colaboración con las autoridades locales. El proyecto consiste en crear una plataforma colaborativa para revitalizar la economía local en las provincias de Adén, Lahij, Hadramaut (regiones costera y del valle), Marib y Taiz. Cada plataforma colaborativa está formada por entre 10 y 12 miembros: 4 o 5 representantes de la administración local, 4 o 5 representantes del sector privado y 2 representantes de organizaciones de la sociedad civil que participan en el desarrollo local;

c)Se ha formado a las mujeres del medio rural para que elaboren productos de valor añadido. En el marco de esta iniciativa, se ha prestado apoyo financiero y técnico, incluido apoyo en materia de comunicación, a los pequeños agricultores y a las pequeñas y medianas empresas, incluidas las asociaciones empresariales, con el fin de ayudarles a desarrollar sus proyectos y a aumentar los ingresos de sus hogares.

V.Desplazadas internas y mujeres migrantes

En virtud de la Ley de Bienestar Social y del Fondo de Bienestar Social, las viudas se consideran uno de los grupos con derecho a recibir prestaciones sociales. Por consiguiente, se les concede asistencia en efectivo. Además, las organizaciones y los fondos internacionales apoyan la concesión de préstamos en condiciones favorables y los programas de mejora de los medios de subsistencia destinados a las viudas, a fin de fomentar su independencia económica y permitirles hacer frente a las dificultades económicas.

El Gobierno ha tenido en cuenta las necesidades de las mujeres desplazadas. Con tal fin:

a)El 4 de enero de 2023, el Gobierno aprobó una actualización de la política nacional sobre desplazamiento interno y desplazamiento forzoso, de modo que el marco nacional para responder al desplazamiento y atender a los desplazados abarque todas las etapas: antes del desplazamiento, durante el desplazamiento y tras el retorno. La dependencia ejecutiva encargada de los desplazados es responsable de su aplicación, al tiempo que tiene en cuenta y vela por los derechos de los desplazados.

b)La dependencia ejecutiva proporcionó distintos tipos de alojamiento a las familias desplazadas. En 2022, proporcionó 84.304 camas en los campamentos y colaboró con las autoridades locales para conseguir 646 emplazamientos, 214 de ellos con propiedad legal, en los que se pudieran instalar los campamentos.

c)En colaboración con el Ministerio de Educación, se matriculó a 406.755 alumnos desplazados en centros de enseñanza pública y se facilitó la matriculación de los alumnos que habían perdido sus documentos al verse desplazados. Además, se crearon 67 escuelas provisionales en los campamentos que carecían de centros educativos, y se hicieron esfuerzos para encontrar soluciones permanentes al desplazamiento interno;

d)Se llegó a un acuerdo con el equipo humanitario dirigido por el coordinador humanitario de las Naciones Unidas para incorporar proyectos de medios de subsistencia en el plan de respuesta humanitaria de 2023. Como resultado de ello, 2.326 familias se beneficiaron de proyectos relacionados con los medios de subsistencia durante el primer semestre de 2022.

El Gobierno se ha comprometido a defender y respetar la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados, de 1951, y el Protocolo sobre el Estatuto de los Refugiados, de 1967. En colaboración con el ACNUR, se esfuerza por elaborar programas de desarrollo generales y locales para las provincias afectadas por corrientes mixtas de migración y de refugiados, al tiempo que garantiza que los refugiados reciben un trato acorde con la normativa local y que se satisfacen las necesidades humanitarias, a pesar de la escasa asistencia internacional disponible.

VI.Personas con discapacidad

El Gobierno sigue aplicando políticas destinadas a garantizar los derechos de las personas con discapacidad de conformidad con los convenios internacionales, entre otras cosas, mediante la formulación de políticas nacionales, el empoderamiento de las personas con discapacidad, el desarrollo de las capacidades del personal de las instituciones gubernamentales y la puesta en marcha del Fondo de Bienestar para las Personas con Discapacidad, con el fin de proporcionar ayuda económica y en especie y llevar a cabo programas de rehabilitación. El cuadro 11 ofrece una sinopsis de los servicios prestados a las personas con discapacidad, y a continuación se enumeran algunas de las medidas más importantes que se han adoptado al respecto:

a)La designación del 9 de diciembre como Día Nacional de las Personas con Discapacidad, de conformidad con la Decisión del Consejo de Ministros núm. 50 (1990);

b)La supervisión y evaluación de los servicios prestados en consonancia con la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, incluida la publicación, actualización y digitalización de un diccionario de lengua de señas local;

c)El suministro de equipo médico a un hospital para personas con discapacidad y el aumento de las tasas recaudadas para el fondo. En 2022, el número de beneficiarios fue de 15.498, y esa cifra aumentó hasta los 24.888 en 2023;

d)La prestación de diversos servicios, incluidas transferencias en efectivo, la distribución de mascarillas y kits de esterilización, la prestación de servicios educativos y de atención de la salud y la prestación de apoyo a las organizaciones de la sociedad civil que atienden a personas con discapacidad;

e)La financiación de 41 centros y asociaciones para promover actividades de rehabilitación en centros de asistencia social, la concesión de licencias a más de 60 nuevas organizaciones de la sociedad civil y la organización de actividades para celebrar el Día Internacional de las Personas con Discapacidad.

Cuadro 11

Servicios prestados a las personas con discapacidad, 2021-2023

Tipos de servicio	Unidad	2021	2022	2023
Servicios de atención de la salud	Personas	2 430	9 265	19 529
Servicios educativos (número de beneficiarios)	Personas	315	532	532
Gasto en educación	Millones de riales	31,4	–	–
Apoyo a organizaciones no gubernamentales	Millones de riales	185,7	227,8	241,5
Número de asociaciones (gastos generales de funcionamiento)	Asociaciones	37	–	–

Fuente: Fondo para la Atención y la Rehabilitación de las Personas con Discapacidad, oficina de Adén (2023).

Parte IV. Situación en la familia (artículos 15 y 16)

El matrimonio y las relaciones familiares

El principio de igualdad ante la ley es un principio constitucional firmemente arraigado en la legislación yemení. La Constitución garantiza la igualdad entre todos los ciudadanos en lo que respecta a los derechos y deberes, y reafirma el principio de igualdad de oportunidades. En el marco legislativo y en lo que respecta a la justicia social se hace hincapié en la aplicación de este principio. Además, este principio general no solo está recogido en la Constitución, sino que también ha sido desarrollado por los legisladores, quienes lo han plasmado en normas de procedimiento vinculantes que se han incorporado a leyes fundamentales, como la Ley del Poder Judicial, el Código de Procedimiento, el Código Penal y la Ley de Trabajo. La Constitución del Yemen, modificada en 2001, consagra de forma clara y explícita el principio de igualdad ante la ley, que se considera uno de los derechos y deberes generales de que gozan todos los ciudadanos. A continuación se mencionan algunas de las disposiciones más pertinentes de la Constitución en este sentido:

a)Artículo 25: “La sociedad yemení se basa en la solidaridad social, que se fundamenta en la justicia, la libertad y la igualdad de conformidad con la ley”;

b)Artículo 41: “Todos los ciudadanos son iguales en derechos y deberes”;

c)Artículo 24, relativo a la obligación del Estado de garantizar la igualdad de oportunidades: “El Estado garantizará la igualdad de oportunidades para todos los ciudadanos en las esferas política, económica, social y cultural y promulgará las leyes necesarias para su realización”;

d)Otras leyes, como el Código de Procedimiento Penal, refuerzan el principio de igualdad en materia judicial y penal. El artículo 5 del Código de Procedimiento Penal dispone que todos los ciudadanos son iguales ante la ley y no pueden ser perseguidos ni sufrir perjuicio alguno por motivos de nacionalidad, raza, origen, lengua, religión, profesión, nivel educativo o condición social.

Existen deficiencias legislativas que se abordaron en las conclusiones de la Conferencia de Diálogo Nacional y en el borrador de la nueva constitución, cuya aprobación se vio frustrada por el golpe de Estado perpetrado por las milicias huzíes, en contra del consenso nacional y la legitimidad. El proyecto de constitución, en su artículo 57, dispone que “los ciudadanos tienen los mismos derechos y libertades generales, sin discriminación por motivos de sexo o color”. El proyecto de constitución modificada derogaría el artículo 31, aplicaría el principio de igualdad de ciudadanía y consagraría el compromiso del Estado de garantizar la participación política efectiva de las mujeres, con una representación mínima del 30 % de mujeres en los distintos órganos y autoridades. Para combatir el matrimonio infantil, el borrador de la nueva constitución fija en 18 años la edad mínima para contraer matrimonio.

Los legisladores han establecido una serie de garantías para asegurar que el principio de igualdad ante la ley se aplique en la legislación. Estas pueden resumirse de la siguiente manera:

Ámbito del derecho	Ley básica	Objetivo de igualdad
Poder judicial y actuaciones judiciales	“Todas las partes son iguales ante la ley, independientemente de su perfil” (Ley del Poder Judicial, art. 2)	Igualdad procesal: garantizar la imparcialidad de los jueces y que todas las personas tengan las mismas oportunidades de presentar su defensa ante el tribunal
Derechos laborales y económicos	“Las mujeres serán iguales a los hombres en lo que respecta a todas las condiciones de trabajo y a los derechos laborales […] y a los salarios” (Código Laboral, art. 42)	Igualdad social: garantizar la igualdad salarial por un trabajo de igual valor y la no discriminación en la contratación y la promoción
Derechos civiles	Garantizar que todas las personas tengan capacidad jurídica para poseer y disponer de bienes, de conformidad con el Código Civil	Igualdad en el ámbito civil: independencia económica y libertad contractual y de titularidad, sin discriminación por razón de sexo

La Ley del Estatuto Personal (núm. 20 de 1992) regula las relaciones familiares de conformidad con las disposiciones de la ley islámica, respetando al mismo tiempo los principios de justicia e igualdad en lo que respecta a los derechos y obligaciones recíprocos:

a)En virtud del artículo 41, el marido debe tratar a sus esposas de forma justa, en caso de que tenga más de una, a fin de garantizar la igualdad de trato;

b)El artículo 41 reconoce la independencia económica de las mujeres y prohíbe a los maridos interferir en los fondos personales de sus esposas;

c)El artículo 183 establece que las donaciones deben repartirse a partes iguales entre los hijos y los herederos, de conformidad con los requisitos de la ley islámica, con el fin de garantizar la justicia económica entre los miembros de la familia;

d)Sin embargo, existen varios obstáculos que dificultan los esfuerzos por modificar la legislación en materia de familia y aplicar las recomendaciones recogidas en las observaciones finales, especialmente en el contexto del conflicto actual, que ha imposibilitado la elaboración de modificaciones a la legislación debido a que la Cámara de Diputados no puede celebrar sesiones legislativas. Entre esos obstáculos cabe mencionar el entorno conservador del Yemen y las actitudes tradicionales hacia las mujeres, que se han acentuado durante el conflicto debido a la preocupación social por la seguridad de las mujeres. Como consecuencia de ello, las iniciativas para promover los derechos de la mujer en el ámbito familiar se han limitado a la realización de actividades de sensibilización. Las actitudes mencionadas han contribuido a afianzar los estereotipos generalizados y las normas de género tradicionales.