Período extraordinario de sesiones
Acta resumida de la 584ª sesión
Celebrada en la Sede, Nueva York, el viernes 16 de agosto de 2002, a las 10.00 horas
President a :Sra. Abaka
Sumario
Examen de los informes presentados por los Estados Partes en virtud del artículo 18 de la Convención (continuación)
Cuarto y quinto informes periódicos combinados de la Argentina
Se declara abierta la sesión a las 10.25 horas
Examen de los informes presentados por los Estados Partes en virtud del artículo 18 de la Convención (continuación)
Cuarto y quinto informes periódicos combinados de la Argentina (CEDAW/C/ARG/4, CEDAW/C/ARG/5, CEDAW/PSWG/2002/EXC/CRP.1/Add.1 y CEDAW/PSWG/2002/EXC/CRP.2/Add.1)
Por invitación de la Presidenta, la Sra. del Socorro Abán (Argentina) toma asiento a la mesa del Comité.
La Presidenta anuncia que, dada la grave crisis económica, financiera, política y social a la que se enfrenta la Argentina en la actualidad, las preguntas del Comité se centrarán en los derechos que deben ser respetados incluso en una situación tan difícil.
La Sra. del Socorro Abán (Argentina) señala que el cuarto informe periódico de la Argentina (CEDAW/C/ARG/4) se elaboró durante la presidencia de Carlos Menem y el quinto informe periódico (CEDAW/C/ARG/5) durante la presidencia de Fernando de la Rúa. En sus 10 años de existencia el Centro Nacional de la Mujer (CNM) ha propuesto y coordinado actividades con mujeres políticas y legisladoras y con organizaciones de la sociedad civil; entre sus logros cabe citar la aprobación de la Ley de Cupo y la Ley de Protección contra la Violencia Familiar, así como enmiendas a la Constitución y el Código Penal.
Una de las prioridades del CNM es la creación y el fortalecimiento institucional de las 21 áreas mujer provinciales y las 240 municipales; en un país federal como la Argentina, con distintas condiciones socioeconómicas y culturales, se necesitan mecanismos de la mujer a nivel local para impulsar políticas públicas que incorporen una perspectiva de género y para coordinar las actividades que se realizan a nivel nacional. El Consejo Federal de la Mujer constituido por consejeras federales nombradas por los gobiernos provinciales y representantes de las áreas mujer provinciales, es el responsable de discutir y aprobar los planes anuales del CNM; el Directorio es una comisión de articulación intersectorial con representantes de cada uno de los ministerios nacionales y de las dos Cámaras del Congreso.
Esta red institucional se complementa con organizaciones no gubernamentales (ONG) de mujeres, tanto a nivel nacional como provincial, muchas de las cuales son miembros de los Consejos Consultivos de Áreas Mujer Provinciales y participan de los programas de capacitación y asistencia técnica. Actualmente el CNM proyecta la creación de comisiones de trabajo con la participación de mujeres políticas e integrantes de organismos no gubernamentales. En la etapa del proceso de formulación del Plan Federal de la Mujer en 1998 participaron 214 ONG de todo el país, un 40% de las cuales han sido seleccionadas para la asignación de proyectos dentro del mismo Plan. En 1995 se estableció la Comisión Ad Hoc para el Seguimiento de la Plataforma de Acción de la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer, que está integrada por representantes del Gobierno central, de los gobiernos provinciales y de representantes de ONG.
La crisis actual se desencadenó de manera abrupta en diciembre de 2001 pero se gestó años atrás. La concentración creciente de la riqueza en pocas manos y el aumento de los índices de pobreza, desocupación y subempleo, y el deterioro de los derechos sociales afectó de manera directa la situación de las mujeres. Según los resultados de la Encuesta Permanente de Hogares de mayo de 2002, la tasa de desempleo de las 28 urbes del país aumento en el último año del 16,6% al 21,5%. Sólo se dispone de datos desglosados por sexo del Gran Buenos Aires, donde el desempleo afectó al 20,1% de las mujeres y al 23,2% de los varones económicamente activos; esta situación no se producía desde 1990. Asimismo, la tasa de desempleo es del 18,4% entre los jefes de hogar varones, mientras que entre las jefas de hogar mujeres es del 15,4%; la tasa de desempleo más alta entre los varones se explica por la eliminación de puestos de trabajo en la industria, la construcción y el transporte en los primeros meses de 2002. La tasa de desempleo de 2002 entre las mujeres es la misma que el Comité observó con preocupación en 1997 (A/52/38/Rev.1, párr. 301); la disminución de la tasa entre 1997 y 2002 fue más producto de políticas coyunturales, como los planes de emergencia laboral, que reflejo de una recuperación económica.
Cabe esperar que al cerrarse el ciclo de la convertibilidad se inicie una etapa de crecimiento de las exportaciones, sustitución de importaciones, adaptación de nuevas tecnologías y recuperación de una mano de obra altamente calificada. Los indicadores permiten prever tres meses de aumento de la producción industrial, un aumento del abastecimiento de energía a la industria, dos meses de superávit fiscal y un aumento de la recaudación tributaria. El Gobierno ha realizado una reasignación más eficiente de los recursos presupuestarios, concentrándose en un reducido número de programas para dar respuesta a la situación de emergencia. El Programa de Emergencia Alimentaria, financiado por el Gobierno y canalizado a través de los gobiernos locales y provinciales, facilita ayuda financiera hasta el 31 de diciembre de 2002. El Programa Jefes y Jefas de Hogar, que facilita ayuda económica a jefes y jefas de hogar que cumplan el requisito relativo al tamaño de la familia, fue creado para asegurar la concurrencia escolar y el control de salud de los hijos, ofrecer a los adultos educación y readiestramiento y elaborar proyectos productivos o servicios comunitarios; el Programa podrá hacerse extensivo a desocupados jóvenes y a mayores de 60 años que no hayan accedido a una prestación previsional. Actualmente estos dos programas tienen un total de 1.822.227 beneficiarios, de los cuales 52,66% son varones y 47,34% mujeres.
En respuesta a la situación de emergencia sanitaria, el Gobierno promueve la descentralización y trata de asegurar el suministro de medicamentos, insumos médicos y las prestaciones básicas. El Programa Nacional de Universalización del Acceso a Medicamentos tiene un subprograma de seguro de medicamentos para jefes y jefas de hogar y un subprograma de medicamentos genéricos financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
Los mecanismos de la mujer a nivel nacional y regional son vulnerables a la crisis. No obstante, todas las áreas mujeres provinciales continúan funcionando, aunque la mayoría con recursos presupuestarios reducidos. El CNM sufrió recortes presupuestarios del orden del 74% en 2000 y 27% en 2001; en esos años también fue reclasificado como actividad dentro de un programa en lugar de Programa. El Gobierno actual le restituyó el carácter de Programa a partir del 1° de julio de 2002, como Programa 17: “Políticas Públicas de la Mujer”. En consecuencia, el CNM solicitó y obtuvo un aumento de su presupuesto del 295% para 2003, lo que da un total de 8.201.088 dólares.
El CNM, que dependió en un principio de la Presidencia de la Nación, depende ahora del Consejo Nacional Coordinador de Políticas Sociales del área de Presidencia de la Nación. En la etapa de crisis es imprescindible la coordinación con un organismo de esa índole para elaborar políticas sociales que afecten a la situación de las mujeres y sus familias; por ejemplo, se suscribieron convenios con el Ministerio de Trabajo y con el Ministerio de Salud en marzo y mayo de 2002 respectivamente. El CNM ha continuado con la mayoría de las actividades y programas con, entre otros, el Banco Mundial y, en colaboración con el Consejo Federal de la Mujer trata de velar por que las mujeres se beneficien de las reformas políticas en curso así como de nuevos programas de capacitación y asistencia técnica.
El Plan Federal de la Mujer está destinado al fortalecimiento de las áreas mujer a nivel nacional, provincial y municipal mediante el desarrollo de su capacidad para la formulación y seguimiento de políticas públicas de igualdad entre hombres y mujeres. Provee a todas las áreas mujer de idéntico equipamiento informático, capacitación y asistencia técnica, y favorece la descentralización en el marco del sistema federal. Los objetivos del Plan son dotar a las oficinas de la mujer de la capacidad necesaria para orientar a otras organizaciones gubernamentales y no gubernamentales sobre la incorporación de un enfoque de género en sus políticas y programas, y promover un papel más efectivo de las organizaciones de la sociedad civil en la definición y el fortalecimiento de políticas y programas prioritarios para la Mujer. El Plan se puso en marcha en 1999 con un presupuesto de 15 millones de dólares, que aportaron en partes iguales el BID y el Gobierno. El CNM es el organismo ejecutor del Plan y su Presidenta o los funcionarios que ella designe están autorizados a suscribir convenios de adhesión con las provincias participantes y con organizaciones de la sociedad civil. Sin embargo, su presupuesto se ha reducido a 10 millones de dólares, lo que ha provocado un retraso en la ejecución del Sistema Nacional de Información Mujer (SNIM). El Plan tiene dos componentes, uno de fortalecimiento institucional y otro de apoyo a iniciativas locales.
Para fortalecer las capacidades del CNM como entidad coordinadora y ejecutora se celebraron en 1999 dos seminarios: uno sobre “Políticas públicas de igualdad de oportunidades entre varones y mujeres” y, el otro sobre “Mujeres y medios masivos de difusión: protagonistas, usuarias y mediadoras de un cambio cultural”. Entre 1999 y 2002, se proporcionó capacitación sobre la perspectiva de género, políticas públicas, elaboración de proyectos y planificación estratégica a 50 representantes de cada una de las nueve Áreas Mujer provinciales para que éstas pudiesen replicar, dentro de sus jurisdicciones, los cursos recibidos; está previsto que 10 provincias más reciban este tipo de capacitación el próximo año. Asimismo, se realizaron talleres de salud reproductiva, prevención de la violencia en el hogar y formación en el uso del Registro Único para Casos de Violencia Intrafamiliar en cinco provincias.
Se solicitaron propuestas de proyecto para la puesta en marcha de iniciativas locales para apoyar las políticas públicas encaminadas a combatir la discriminación contra la mujer. El CNM facilitó asistencia técnica en la etapa de formulación de propuestas; se presentaron 172 propuestas de las cuales 51 se elevaron al BID para su aprobación. Entre los proyectos aprobados, 16 corresponden a salud reproductiva y salud de la mujer, 13 a violencia, 7 a derechos de la mujer, 7 a empleo, 5 a mujeres rurales e indígenas, 2 a jefatura femenina del hogar y 1 a educación; se aprobaron 21 propuestas de organizaciones de la sociedad civil, 12 organismos del sector público, 6 de Áreas Mujer municipales, 3 de universidades argentinas, 5 de gobiernos locales y 4 de Áreas Mujer provinciales. Aproximadamente 250 personas participarán en los proyectos seleccionados, que afectarán directamente a unas 3.000 personas e indirectamente a 25.000.
La Sra. del Socorro Abán dice que en la gestión que preside se han concretado dos programas con financiamiento externo para incorporar la perspectiva de género en las políticas públicas, programas y actividades. El Proyecto de Asistencia Técnica en Género (PROGEN), financiado con una donación japonesa canalizada a través del Banco Mundial, tiene como objetivos fortalecer los proyectos financiados por el Banco para que puedan responder de manera más efectiva a las necesidades de género y superar las brechas de género. El Programa de Promoción del Fortalecimiento de la Familia y el Capital Social (PROFAM) está dirigido a promover la cooperación entre la sociedad civil, los gobiernos locales y las familias a fin de buscar estrategias alternativas de erradicación de la pobreza.
El ordenamiento jurídico argentino garantiza a la mujer el ejercicio de los derechos humanos y el goce de las libertades fundamentales y manifiesta una tendencia hacia la progresiva eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. Sin embargo, es necesario seguir adecuando la legislación nacional a las disposiciones de los distintos instrumentos de derechos humanos en los que la Argentina es parte. En abril de 2002, el Ejecutivo pidió que se retirara el proyecto de ley de aprobación del Protocolo Facultativo de la Convención. Sin embargo, el proyecto aún se encuentra en el Senado, y las respectivas Comisiones intercambian opiniones sobre el trámite futuro.
En sus observaciones finales sobre el tercer informe (A/52/38/Rev.1), el Comité recomendó que se adecuase el Código Penal a la Convención. Con ese fin se modificó el Título II del Libro Tercero del Código Penal, sustituyéndose la rúbrica del Título “Delitos contra la honestidad” por el de “Delitos contra la integridad sexual”. Asimismo, se modificó el artículo 119, incorporando la figura del abuso sexual y el delito de violación en casos de penetración de todo tipo. En el Código se contemplan también distintos supuestos de agravamiento, en los cuales las penas se elevan entre ocho y 20 años de prisión; por ejemplo, los delitos de estupro se castigan con penas de entre 13 y 16 años de prisión y se deroga el artículo 132, que exceptuaba de la pena al delincuente por posterior casamiento con la víctima. Entre las enmiendas cabe citar una disposición que permite a los tribunales extinguir la acción penal en el caso de víctimas mayores de 16 años que propongan un avenimiento cuando pueda comprobarse una relación afectiva preexistente; sin embargo, las organizaciones de mujeres han propuesto su derogación. Todavía es difícil presentar una denuncia y garantizar su seguimiento y es necesario capacitar mejor a los funcionarios policiales y judiciales. Se ha creado un Departamento de Asistencia a la Víctima que depende de la Policía Federal y una Oficina de Asistencia Integral a la Víctima que depende de la Procuración General de la nación.
El Comité también recomendó que se mantuvieran y consolidaran los planes del Gobierno en materia de igualdad y que sus resultados se evaluaran de manera más sistemática. El Plan Federal de la Mujer y los mecanismos para su evaluación son una respuesta a esa recomendación.
La solicitud del Comité de que se desglosen porsexo los datos estadísticos se ha abordado desde1996 a través del Programa de Rediseño del Sistema Integrado de Estadísticas Sociodemográficas (CEDAW/C/ARG/4, pág. 29) del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). El Plan Federal de la Mujer ejecuta el Sistema Nacional de Información Mujer (SNIM); ha firmado un convenio con el INDEC para formular indicadores desde una perspectiva de género, lo que permitirá elaborar estadísticas desglosadas por sexo en todas las áreas de interés, y con el Ministerio de Desarrollo Social para poner en marcha un sistema conjunto de información para el seguimiento y la evaluación de programas sociales. Se han elaborado informes sobre la mujer y el trabajo, la salud, la justicia, la educación y la toma de decisiones y el CNM ha elaborado un sistema de indicadores de brecha de género.
El Comité recomendó que se reforzasen los programas destinados a eliminar los estereotipos de las funciones sociales de la mujer y el hombre. Tras la ratificación de la Convención de Belém do Pará por la Argentina, sus disposiciones son de aplicación obligatoria; la incorporación de esas disposiciones en derecho interno constituye un nuevo marco jurídico para que las mujeres puedan hacer ejercicio de sus derechos. Todas las provincias menos tres han aprobado leyes que prohíben la violencia contra la mujer.
En algunas provincias se han creado instituciones especiales para abordar las cuestiones relativas a la violencia contra la mujer y elaborar programas integrales para su prevención y tratamiento. Además, hay una cantidad considerable de organizaciones no gubernamentales especializadas en esta cuestión y, en muchos casos, los organismos públicos colaboran con esas organizaciones para fortalecer su capacidad de gestión y desarrollo.
Sin embargo, a pesar de ese avance normativo, existen situaciones fundamentales que es necesario reforzar, entre otras: crear más servicios de atención a mujeres víctimas de violencia, asegurar la coordinación de los distintos organismos y redes de organizaciones no gubernamentales, establecer un sistema de registro de los servicios a los efectos de contar con datos fiables y comparables, facilitar el acceso a la justicia y a la representación letrada gratuita, y promover una mayor difusión de los derechos protegidos de la mujer.
Aunque no se dispone de estadísticas sobre violencia en el hogar a nivel nacional, la Dirección Nacional de Política Criminal del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos trabaja en un informe sobre los delitos contra la mujer que abarca el período comprendido entre diciembre de 2000 y diciembre de 2001, que se publicará próximamente.
Los objetivos del Sistema de Información y Monitoreo de la Violencia Familiar contra la Mujer son aumentar la concienciación sobre el problema y aportar elementos de juicio a los encargados de elaborar políticas. La falta de datos fiables para evaluar la magnitud y las características de este tipo de violencia a nivel nacional dificulta la planificación de políticas públicas adecuadas para su tratamiento; por consiguiente, se ha elaborado una Guía Metodológica para la Aplicación del Instrumento de Registro de Casos de Violencia, con su correspondiente programa informático para el ingreso y análisis de los datos. El personal del CNM ha viajado para capacitar a las Áreas Mujer Provinciales en esta materia.
Además, 20 colegios de abogados miembros de la Federación Argentina de Colegios de Abogados (FACA) participan en el “Programa Nacional de Acceso al Ejercicio de los Derechos y de Formación de Operadores en Violencia Intrafamiliar” y ocho de ellos han recibido capacitación.
En los programas de capacitación sobre violencia en el hogar que se realizaron en las provincias se reserva un cierto número de plazas para integrantes de las fuerzas policiales, el poder judicial y los servicios de salud. La Policía Federal Argentina realiza seminarios anuales sobre violencia en el hogar contra la mujer desde 1995.
En la Subsecretaría de Atención Comunitaria del Ministerio de Salud y Acción Social se ejecutó, entre los años 1997-2001, el Proyecto Piloto de Atención y Prevención de la Violencia Intrafamiliar contra la Mujer. Este proyecto fue financiado por el BID y se desarrolló simultáneamente en la Argentina, el Paraguay, México, la República Dominicana y Venezuela. En el marco de este proyecto, el CNM organizó en diciembre de 2000 un seminario nacional sobre “Políticas públicas, salud y violencia intrafamiliar, hacia la formulación de políticas públicas para la protección de los derechos de las niñas, los niños y las mujeres”.
Ese mismo mes, la Argentina firmó el Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños, que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, y que deberá ser aprobado por el Congreso Nacional.
En septiembre de 2000, el CNM, el Ministerio Público Fiscal, la Secretaría de Política Criminal y Asuntos Penitenciarios del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, y el Consejo del Menor y la Familia acordaron un Plan de Acción Integral contra la explotación sexual comercial infantil, que tiene como meta garantizar el derecho de las niñas y los niños a una vida libre de explotación y violencia, y fortalecer la capacidad del Estado y de las organizaciones de la sociedad civil para garantizar ese derecho.
En el cuarto informe se mencionan con todo detalle las modificaciones introducidas en el Código Penal por la Ley 25.087 de 1999 que aumentaron las penas en los casos de delitos de corrupción y de prostitución, agravando las mínimas si la víctima es menor de 18 años o si el hechor es un pariente o un profesor o si media cualquier forma de intimidación o coerción.
El Código Penal no tipifica como delito la prostitución, pero establece penas para quienes la promuevan, la faciliten, se lucren o exploten de otro modo la prostitución ajena.
En sus observaciones finales sobre el tercer informe, el Comité hizo varias recomendaciones para mejorar la situación de la mujer en el lugar de trabajo. A propuesta del CNM se procuró aplicar parte de éstas mediante el Decreto No. 254/98 del Poder Ejecutivo que aprobó el Plan de Igualdad de Oportunidades en el Mundo Laboral. El Plan, que contiene medidas para incrementar y regular los servicios de guardería, cumplir con los Convenios No. 100 y No. 156 de la Organización Internacional del Trabajo, promover la formación profesional y técnica de las mujeres, promover el empleo de mujeres, en particular de las jóvenes, y elaborar indicadores desglosados por sexo. Este Decreto fue incorporado en el Pacto Federal del Trabajo, firmado por el Gobierno Federal y las provincias en 1998. Sin embargo, nunca se llevó a la práctica.
En el año 2000, el CNM, conjuntamente con el Ministerio de Trabajo, elaboró y puso en marcha un régimen simplificado de servicio doméstico, contemplado en el Título XVIII de la Ley de Reforma Tributaria No. 25.239, que brinda cobertura médica, retiro por eventual invalidez y pensiones de jubilación a los trabajadores domésticos.
En el Congreso Nacional se encuentran actualmente en trámite alrededor de 10 proyectos de ley para sancionar el acoso sexual en la actividad privada.
El CNM participó activamente en la elaboración del Decreto No. 2385/93, que incorpora la figura del acoso sexual en la Reglamentación de la función pública para el personal de la administración pública central.
Los esfuerzos para promover el empleo de las mujeres jóvenes e incorporar una perspectiva de género en los planes de empleo se vieron obstaculizados por las elevadas tasas de desempleo registradas desde 1995. La mayor ocupación de la mujer se da en la educación, los servicios sociales y comunitarios y el servicio doméstico, aunque en 2002 el desempleo fue menor para las mujeres (20%) que para los hombres (23%). Sin embargo, el Gobierno continuó intentando aumentar el empleo de mujeres mediante la fijación de cupos para mujeres en los programas de empleo y de formación profesional, y mediante la superación de los estereotipos de género.
Además, los programas de capacitación se centran en el desarrollo de aptitudes personales, de mercado y/o sociales para dotar a las beneficiarias de instrumentos útiles para su inserción laboral.
Por lo que se refiere a la salud, durante el decenio pasado la mortalidad materna descendió en un 25%. Sin embargo, en 2000 fue de 39 muertes maternas por cada 100.000 nacidos vivos y el 90% de dichas muertes podrían haberse evitado si se hubiera dispuesto de servicios de salud adecuados a todos los niveles.
El Programa Materno-Infantil y Nutrición (PROMIN) del Ministerio de Salud mantiene su apoyo en dos líneas fundamentales: la vigilancia y el análisis cualitativo y cuantitativo de la mortalidad materna e infantil; y la asistencia técnica a las provincias en materia de salud reproductiva.
También cabe mencionar la iniciativa para establecer un programa nacional de procreación responsable, así como el establecimiento de leyes y programas provinciales y municipales que reconozcan el derecho de las mujeres y los hombres a regular su fecundidad.
En noviembre de 2001, el Senado sancionó un proyecto de ley sobre la creación de un Registro Nacional de Deudores Alimentarios Morosos y lo remitió a la Cámara de Diputados para su aprobación.
Por último, la Sra. del Socorro Abán desea subrayar que las reformas políticas y electorales que se debaten en la actualidad en la Argentina son motivo de preocupación para el CNM y el Consejo Federal de la Mujer, que han intentado informar a las organizaciones gubernamentales y no gubernamentales del peligro que suponen para el mantenimiento del cupo para mujeres en los cargos de representación.
La Presidenta, tras dar las gracias al Gobierno por su informe y por su presentación oral, dice que, aunque es ampliamente consciente de la situación general del país, desearía recibir información actualizada sobre cómo afecta la situación a las mujeres, a fin de facilitar el diálogo del Comité con el Estado Parte.
La Sra. Ferrer Gómez coincide con la Presidenta en que la situación actual de las mujeres argentinas es de enorme interés para el Comité. Está claro que la grave crisis económica, financiera, política y social que experimenta la población como consecuencia del fracaso de las políticas económicas neoliberales constituye un serio obstáculo para la aplicación de la Convención. Si no se adoptan las medidas apropiadas las mujeres serán las más afectadas por la crisis.
El hecho de que el CNM haya seguido funcionando, aunque con un presupuesto reducido, es una buena señal. El CNM puede desempeñar un papel importante insistiendo en el respeto del principio de igualdad de oportunidades cuando se distribuyen los escasos recursos del país.
La oradora considera profundamente inquietante el efecto que tienen para las mujeres los decretos de emergencia del Gobierno y agradecería al Estado Parte que explicase qué medidas se han adoptado para proteger a las mujeres en los sectores más vulnerables. También deberían darse más detalles sobre el contenido de los acuerdos firmados en marzo con el Ministerio de Trabajo y en mayo con el Ministerio de Salud.
Dado que es probable que la violencia contra la mujer, la trata y la prostitución se agraven en las condiciones actuales, el Estado Parte debería indicar si el Gobierno contempla algún plan para intensificar su campaña contra la violencia y la explotación.
Por último, la oradora insta al Gobierno a dar prioridad a la salud maternoinfantil, así como a la educación sobre salud sexual y reproductiva, y a adquirir y distribuir anticonceptivos para que no aumente la mortalidad de mujeres como consecuencia de los embarazos no deseados.
La Sra. González Martínez dice que, desde la ratificación de la Convención en 1985, la Argentina ha cumplido muy puntualmente sus obligaciones de conformidad con el artículo 18. Por tanto, no encuentra explicación al hecho de que en abril de 2002 el Ejecutivo retirase un proyecto de ley que habría permitido al Senado aprobar el Protocolo Facultativo de la Convención, firmado por la Argentina a principios de 2000 . El motivo que se adujo fue que el Protocolo Facultativo no ofrecía las salvaguardias adecuadas contra las disposiciones para la legalización del aborto. Sin embargo, la Argentina es parte en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y varios otros instrumentos. El Protocolo Facultativo no establece nuevas obligaciones; simplemente ofrece un mecanismo que permite a las mujeres y las organizaciones acudir a los órganos internacionales para exigir la aplicación de la Convención. La oradora agradecería al Estado Parte que indicase si el Ejecutivo prevé denunciar el Pacto; en caso contrario, su rechazo del Protocolo Facultativo sobre la base de que éste viola la soberanía argentina constituye un caso claro de discriminación contra la mujer.
La Sra. Açar pregunta si se han difundido ampliamente las observaciones finales del Comité sobre el último informe de la Argentina. Los funcionarios a nivel nacional, provincial y local, y la sociedad civil deben conocer bien esas observaciones para que la Convención se aplique. Asimismo, pregunta cómo se propone proceder el Gobierno con respecto a las observaciones finales sobre los informes actuales.
La Sra. Shin dice que se identifica con la difícil situación por la que atraviesa la Argentina, puesto que su propio país, la República de Corea, ha experimentado una profunda recesión. Las mujeres fueron las primeras en sentir los efectos psicológicos y financieros de la crisis. Se produjo un resurgimiento de los planteamientos patriarcales y se perdieron más de 10 años de avances del movimiento de la mujer. La violencia en el hogar y la explotación de la mujer en el lugar de trabajo se acentuaron. Ahora se puede afirmar que el país salió de la crisis porque sus habitantes comprendieron que debían aunar sus esfuerzos para hacer frente a una situación de emergencia. Las organizaciones de mujeres en particular mantuvieron una estrecha colaboración con el Gobierno. La oradora pregunta si los fenómenos que ha descrito se han producido en la Argentina y si el Gobierno ha intentado trabajar con las organizaciones de mujeres. Las organizaciones de mujeres conocen la realidad diaria y ofrecen un medio de detectar sin demora los problemas y necesidades.
La Sra. Saiga pide más detalles sobre la situación actual de las mujeres en el país. Observa con satisfacción que el CNM ha continuado su labor de forma efectiva durante la crisis económica. Observa que el CNM ha concluido acuerdos con varios ministerios, pero no entiende plenamente la división de responsabilidades entre las autoridades federales, provinciales y municipales.
La Sra. Achmad pregunta qué estrategia ha utilizado el CNM para seguir funcionando, particularmente en lo que respecta a obtener el apoyo de los grupos de mujeres, los grupos de jóvenes, los sindicatos, el sector privado, los partidos políticos y los dirigentes religiosos y tradicionales. Se pregunta también si el CNM mantiene relaciones con grupos académicos y con centros de estudios de la mujer. La Sra. Achmad solicita detalles sobre la forma en que el CNM proyecta conseguir que dichos grupos participen en la formulación de políticas sobre cuestiones relativas a la mujer y en la vigilancia de la aplicación de esas políticas.
La Sra. del Socorro Abán (Argentina) dice que, debido al tamaño y la estructura federal de la Argentina, el CNM incluye representantes de todos los principales ministerios. El Consejo Federal de la Mujer, que tiene dos consejeras de cada provincia, canaliza las comunicaciones con las Áreas Mujer Provinciales (AMP). Gracias a esa estructura el Programa Federal de la Mujer (PFM) ha podido continuar su labor; el establecimiento de esta estructura llevó cierto tiempo y las organizaciones de mujeres de base desempeñaron un papel importante a ese respecto.
El CNM pudo participar en deliberaciones a nivel del gabinete desde el comienzo de la crisis y eso le permitió concluir acuerdos con varios ministerios federales. El nivel provincial se está consolidando mediante reuniones con los ministros de salud de las provincias para lograr que el personal de salud a nivel local reciba capacitación sobre los derechos de la mujer, la salud sexual y reproductiva y la atención maternoinfantil.
En aquellos lugares donde no existe una estructura adecuada de organizaciones no gubernamentales, el CNM trabaja directamente con la población, sin esperar las decisiones políticas de los dirigentes provinciales o los alcaldes locales. De otro modo se habría retrasado la difusión del mensaje sobre la igualdad de la mujer entre los hombres y las mujeres que trabajan en el terreno. Esto es esencial porque el empeoramiento de la situación del país ha impuesto una gran carga a las mujeres, que se han visto obligadas a buscar nuevas fuentes de ingreso y a mantener el hogar, y que cada vez más son víctimas de la violencia en el hogar.
Se han sacrificado programas sectoriales individuales para hacer sitio a programas más amplios en respuesta a la situación de emergencia alimentaria, emergencia en el empleo y emergencia sanitaria. Se ha hecho hincapié en la asistencia a los jefes de hogar, y la mitad de los funcionarios son mujeres. El objetivo prioritario es ayudar a los que ya eran pobres antes de la crisis económica. Se han establecido consejos consultivos en cada distrito municipal para determinar quiénes deben recibir ayuda. Esos consejos están integrados por representantes de organizaciones no gubernamentales, sindicatos de industria y sindicatos de trabajadores y se han incluido representantes de mujeres por acuerdo expreso entre el Ministerio de Trabajo, Empleo y Formación de Recursos Humanos y el CNM. Sin embargo, todavía no se ha integrado a los grupos de jóvenes.
En el marco del PROGEN, el CNM incorporará una perspectiva de género en los planes para proporcionar medicamentos, suministros médicos, anticonceptivos y alimentos para lactantes, y facilitará información sobre planificación familiar con miras a reducir la mortalidad materna e infantil. Junto con el Fondo de Participación de Inversión Social (FOPAR), el proyecto PROGEN tratará de utilizar las redes de organizaciones y comedores de la comunidad para proporcionar alimentos a los más vulnerables, como las personas de edad y las embarazadas. En estos lugares el CNM trabajará para eliminar la discriminación por motivos de género de los procesos de adopción de decisiones, la capacitación y los asuntos de la familia, para facilitar información sobre salud y planificación familiar y para recopilar estadísticas desglosadas por sexo sobre los beneficiarios de la ayuda.
El CNM opina que debería tratarse al Protocolo Facultativo de la Convención del mismo modo que otros protocolos facultativos y continuará presionando para que se ratifique.
Las recomendaciones y conclusiones del Comité se comunicarán a las autoridades del país y a la sociedad civil. En el caso del informe anterior, se publicó y distribuyó una revista para dar a conocer las conclusiones del Comité, que también se publicaron en el sitio de la web del CNM. Es cierto que podría haberse dado más difusión a esta información, pero la estructura actual no existía en aquel momento.
La Sra. Manalo dice que le preocupa que el Gobierno haya pedido que se retirara el proyecto de ley para la aprobación del Protocolo Facultativo en el Congreso Nacional. Independientemente de los motivos de retiro de dicho proyecto de ley, la ratificación del Protocolo Facultativo sería provechosa para la Argentina y ventajosa para sus mujeres. El sistema de las Naciones Unidas podría ayudar al Gobierno de la Argentina aportando información pertinente sobre la importancia del Protocolo Facultativo, si esto facilitase el proceso de ratificación.
La Sra. Manalo observa con satisfacción las reformas puestas en marcha para mejorar la situación de las mujeres y los niños en la Argentina y para garantizar los derechos sociales básicos de los trabajadores domésticos y otros trabajadores del hogar. Desea saber si el Gobierno ha formulado una estrategia para contrarrestar los efectos de la migración y proteger los derechos y las condiciones de trabajo de los trabajadores domésticos y los que atienden a otras personas en previsión de la emigración masiva, inevitable en tiempos de crisis económica.
La Sra. del Socorro Abán (Argentina) dice que el CNM considera que el Protocolo Facultativo es un instrumento de vital importancia y asegura al Comité que continuará trabajando para que se ratifique. Estima que la sesión en curso contribuirá en gran medida a acelerar el proceso de ratificación.
La emigración ha sido un elemento inquietante para el cual todavía no se ha encontrado una solución. Cabe esperar que, tras las próximas elecciones, exista un entorno más conducente a la creación de empleo y mejoren las condiciones de trabajo, lo que contribuirá a detener la salida de trabajadores de la Argentina.
La Sra. Corti expresa su solidaridad con las mujeres argentinas que han soportado las penurias provocadas por la crisis nacional. No obstante, cuestiona los motivos y las prioridades del Gobierno que, en una etapa tan delicada, dedica su tiempo a retirar el Protocolo Facultativo del Congreso Nacional.
El derecho a la alimentación y el derecho a la salud son fundamentales y, por tanto, la oradora desea saber cómo afecta la situación de emergencia nacional en materia de salud a los hospitales y los servicios de urgencia, el tratamiento de las personas de edad, los servicios obstétricos y el suministro de medicamentos esenciales. Cabe prever que la alta tasa de mortalidad materna se eleve aún más en las condiciones actuales. El aumento de las infecciones por el VIH/SIDA y de la prostitución son inquietantes. La oradora insta al Gobierno a prestar más atención a estas cuestiones.
El Consejo Nacional de la Mujer ha procedido admirablemente en sus gestiones por salvaguardar los derechos de la mujer y otros grupos vulnerables a pesar de los obstáculos a los que se enfrenta. La Sra. Corti pregunta si el Consejo ha iniciado un diálogo con el Jefe de Gobierno o si ha visto alguna señal de que se seguirá prestando apoyo político al establecimiento de programas y la ejecución de proyectos, y hace suyos los comentarios de la Sra. Shin relativos a la importancia de establecer una relación entre las instituciones del Estado y la sociedad civil. La oradora elogia el no gubernamental enérgico, avanzado y activo movimiento de la Argentina. La actual crisis política y económica podría considerarse como un reto y una oportunidad de consolidar la democracia o, si se desaprovecha esta oportunidad, como una regresión al pasado indeseable de la Argentina.
El Consejo puede desempeñar un importante papel, aprovechando el potencial de la mujer y promoviendo propuestas que hagan partícipes a las mujeres en el positivo proceso de reconstrucción de la Argentina.
La Sra. Kapalata dice que está segura de que el CNM continuará ejecutando sus programas y promoviendo los derechos de la mujer a pesar de la inestabilidad económica. Considera también que la situación de la atención sanitaria es preocupante, particularmente el aumento de la incidencia de la transmisión del VIH/SIDA en el seno materno. Pregunta qué recursos sanitarios se dedican al asesoramiento, el suministro de medicamentos a las embarazadas y los servicios de atención posnatal, así como a la atención sanitaria genera para los huérfanos por el VIH/SIDA y las mujeres infectadas.
La Presidenta, interviniendo a título personal, se une a las oradoras anteriores y expresa su preocupación por las posibles amenazas a la salud de la mujer y el aumento de las infecciones por el VIH/SIDA. Le satisface saber que el programa de emergencia nacional de salud asiste a mujeres infectadas por el VIH/SIDA. Por lo que se refiere a la violencia sexual, dice que la violencia contra las mujeres tienden a aumentar cuando se deterioran las estructuras sociales. Observando que la legislación argentina permite la interrupción del embarazo en ciertos casos, a saber, para proteger la salud de la madre y en caso de violación de una mujer discapacitada, la oradora pregunta si el Gobierno contempla ampliar la autorización de la interrupción del embarazo a todas las víctimas de violación. También querría saber cómo responden los médicos a las necesidades de las pacientes que necesitan atención hospitalaria debido a abortos provocados y si se las trata con prontitud.
Según ciertos informes, incluso antes del comienzo de la crisis nacional en la Argentina, había leyes altamente discriminatorias en materia de seguridad social; por ejemplo, los hombres podían transferir las prestaciones de seguro a sus cónyuges, pero las mujeres no.
La Sra. del Socorro Abán (Argentina) está de acuerdo con que la situación de la sanidad pública había empezado a deteriorarse antes de que la crisis alcanzase su punto álgido. El restablecimiento de los servicios de salud es una de las principales prioridades para la reconstrucción del país. Gracias a la declaración de emergencia nacional de salud, la mayoría de las provincias tienen servicios apropiados de atención primaria de la salud, prestados a veces en el hogar por profesionales de la salud calificados. El decreto sobre la emergencia de salud tiene por objeto, entre otras cosas, recuperar las instalaciones, asegurar el normal suministro de medicamentos y artículos médicos, y redefinir las prestaciones médicas esenciales.
Desafortunadamente la delegación no dispone de las estadísticas sobre el VIH/SIDA, pero las transmitirá al Comité en una fecha próxima. Habida cuenta de las preocupaciones expresadas por el Comité, la oradora dice que la Argentina considera el suministro de medicamentos una cuestión de alta prioridad y trata de asegurar que los medicamentos sean accesibles al público y a los servicios de salud en general.
La delegación de la Argentina también tendrá en cuenta la cuestión relativa a la ampliación del alcance de la legislación sobre interrupción del embarazo y estudiará el modo de encontrar una solución a esta cuestión. La violencia en el hogar está en aumento y a nivel nacional se está procurando concienciar a la población y formar a personal para ocuparse de todos los aspectos de este fenómeno. El Ministerio de Salud ha iniciado un intenso programa de concienciación del personal médico a todos los niveles ocupacionales para abordar sus distintos aspectos médicos y sociales que cada vez están más interrelacionados.
La Presidenta da las gracias a la representante de la Argentina por su presentación y le asegura que cuenta con la comprensión y el apoyo del Comité. Ni siquiera en circunstancias difíciles deberían las mujeres sufrir desproporcionadamente. Con la suficiente voluntad política, las mujeres pueden recibir un nivel dé trato igualitario que les permita contribuir plenamente a la reconstrucción de la economía y la sociedad.
La oradora espera que el Gobierno examine debidamente las observaciones finales del Comité, les de una amplia difusión y las someta a examen en todos los niveles de autoridad. Insta al Gobierno de la Argentina a seguir aplicando, en colaboración auténtica con la sociedad civil, las recomendaciones contenidas en las observaciones finales.
Se levanta la sesión a las 13.05 horas.