Distr.GENERAL

E/C.12/2001/SR.610 de julio de 2001

ESPAÑOLOriginal: FRANCÉS

COMITE DE DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES

25º período de sesiones

ACTA RESUMIDA DE LA SEGUNDA PARTE (PÚBLICA)*DE LA SEXTA SESIÓN

celebrada en el Palacio Wilson, Ginebra,el miércoles 25 de abril de 2001, a las 15.00 horas

Presidenta: Sra. BONOAN-DANDAN

SUMARIO

Examen de los informes :

a)Informes presentados por los Estados Partes de con arreglo a los artículos 16 y 17 del Pacto (continuación)

-Informe inicial de Honduras

Se declara abierta la sesión a las 15.00 horas .

La segunda parte (pública) de la sesión comienza a las 15.55 horas.

EXAMEN DE LOS INFORMES:

a)INFORMES PRESENTADOS POR LOS ESTADOS PARTES CON ARREGLO A LOS ARTÍCULOS 16 Y 17 DEL PACTO (tema 6 del programa) (continuación)

Informe inicial de Honduras [(E/1990/5/Add.40); documento de base (HRI/CORE/1/Add.96); lista de cuestiones (E/C.12/Q/HON/1); análisis del país (E/C.12/CA/HON/1); respuestas de Honduras presentadas por escrito a las preguntas del Comité (documento sin signatura distribuido en la sesión, en español solamente)]

1.Por invitación de la Presidenta, la delegación de Honduras ocupa sus asientos a la mesa del Comité.

2.La PRESIDENTA da la bienvenida, en nombre del Comité, a la delegación de Honduras y da la palabra a la representante permanente de Honduras.

3.La Sra. RIVERA RAMÍREZ (Honduras) dice que pese a los enormes trabajos de reconstrucción que ha debido llevar a cabo su país para hacer frente al paso del huracán Mitch, el Gobierno de Honduras ha hecho un esfuerzo particular para enviar una delegación de alto nivel a fin de presentar un cuadro fiel de las realidades del país. Agradece al Comité la posibilidad de que su delegación aporte precisiones útiles sobre diversos aspectos relacionados con el desarrollo económico, social y cultural de su país.

4.La PRESIDENTA invita al jefe de la delegación a que formule su declaración preliminar. No obstante, lamenta que las respuestas presentadas por escrito a la lista de cuestiones, recibidas con mucho retraso en la secretaría, no se puedan distribuir en los idiomas de trabajo habituales del Comité y teme que esto reste calidad al diálogo con la delegación.

5.El Sr. MEDINA (Honduras) lamenta que no se hayan podido traducir las respuestas por escrito presentadas por su país, pero está convencido de que en la dinámica de preguntas y respuestas entre el Comité y la delegación se podrá resolver esa deficiencia. Asegura al Comité que su país está firmemente comprometido con el respeto fiel y estricto de las obligaciones contraídas en el marco de los instrumentos internacionales de las Naciones Unidas. Es innegable que los derechos económicos, sociales y culturales de la población siguen siendo violados, pero el Gobierno despliega enormes esfuerzos para poner fin a esa situación. Por lo demás, diferentes informes de órganos de las Naciones Unidas demuestran que los casos de torturas y desapariciones forzosas disminuyen, que los niños de la calle gozan de una situación de protección suficiente, que se ha creado el Instituto de la Niñez y la Familia (IHNFA) y que todos los menores privados de libertad y encarcelados junto a los adultos han recibido una indemnización. Honduras está firmemente decidida a no volver a cometer esos errores.

6.El orador recuerda que en 1998 su país fue azotado por el huracán Mitch, que destruyó una gran parte de la infraestructura económica y social, en particular las carreteras, las escuelas y los centros de salud. No obstante, el Gobierno de Honduras es consciente de que esta catástrofe no puede ser una excusa y que su deber es garantizar a la población el respeto de todos los derechos humanos. Con esto en mente, se han adoptado medidas en materia de educación, justicia, cultura y salud para hacer frente a los retos del nuevo milenio. La difusión del Pacto se ha garantizado a nivel nacional y todos los encargados de aplicarlo recibirán la debida formación. Se han promulgado textos en los que se consagra la no discriminación y, en ese mismo orden de ideas, el Congreso nacional aprobó recientemente una ley sobre la igualdad de oportunidades para hombres y mujeres.

7.La PRESIDENTA invita a la delegación a que complete las informaciones proporcionadas en las respuestas por escrito a las preguntas 1 a 9 de la lista de cuestiones (E/C.12/Q/HON/1).

8.El Sr. AGUILAR ROBLES (Honduras), respondiendo a la pregunta Nº 1 relativa al lugar que ocupan los instrumentos internacionales en el derecho hondureño, dice que su país reconoce la supremacía del derecho internacional sobre el derecho interno. Los instrumentos internacionales suscritos por Honduras son inmediatamente publicados en la Gaceta Oficial y, tan pronto entran en vigor, pasan a ser parte integrante del derecho interno. En tal condición, pueden ser invocados por toda persona física o jurídica ante los tribunales de la República.

9.La Sra. BU FIGUEROA (Honduras), respondiendo a la pregunta Nº 2 sobre la elaboración de un protocolo facultativo del Pacto, dice que el Gobierno de su país considera pertinente la recomendación hecha al respecto en la  Conferencia Mundial de Derechos Humanos y está convencido de que la aprobación de ese protocolo facilitará la aplicación de las disposiciones del Pacto. Refiriéndose a la modernización de las instituciones públicas, la oradora dice que se ha creado una comisión presidencial a estos efectos encargada de, entre otras cosas, definir y movilizar los recursos necesarios para modernizar todo el aparato del Estado. Al respecto se han adoptado ya numerosas medidas, en particular la aprobación de una nueva ley fiscal que beneficia a los sectores desfavorecidos. Asimismo, se suprimieron cuatro instituciones consideradas inútiles y se puso en marcha un verdadero proceso de descentralización. Para facilitar el comercio internacional, se hizo una racionalización de la legislación y las tarifas aduaneras con arreglo a las normas de la Organización Mundial del Comercio (OMC). Se suscribió un tratado de libre comercio con Guatemala y El Salvador y se están celebrando negociaciones con miras a concluir un tratado parecido con Chile y Colombia.

10.El Sr. MEDINA (Honduras), respondiendo a la pregunta Nº 4 sobre los principales obstáculos con que ha tropezado el Gobierno en sus esfuerzos por dar plena efectividad a los derechos reconocidos en el Pacto, explica que todo se debe a la falta de medidas encaminadas a dar a conocer el Pacto, de programas de formación de los agentes del orden y las autoridades en general, de campañas de sensibilización sobre las disposiciones del Pacto y de un plan general sobre esta cuestión.

11.La Sra. BU FIGUEROA (Honduras), respondiendo a la pregunta Nº 5 sobre los daños causados por el huracán Mitch, dice que sus efectos fueron devastadores para la mayoría de las infraestructuras del país. A raíz de esta catástrofe, se elaboró un plan maestro de reconstrucción con diversas medidas de lucha contra la pobreza. El aumento de los presupuestos en los sectores de la educación, la salud, la nutrición, la cultura y la vivienda fue una de las primeras medidas adoptadas. Es importante destacar a este respecto que el plan es administrado por la Oficina de Modernización del Estado, que está directamente subordinada a la Presidencia de la República.

12.El Sr. AGUILAR ROBLES (Honduras), respondiendo a la pregunta Nº 6 sobre la función que realizaron las organizaciones no gubernamentales en la preparación del informe inicial de Honduras, dice que el Gobierno de Honduras invitó a organizaciones no gubernamentales de defensa de los derechos humanos a que participaran en la preparación de ese informe. Para ello, el Gobierno creó una comisión interinstitucional integrada por representantes del Estado y de algunas organizaciones no gubernamentales. Cabe destacar a este respecto la valiosa contribución aportada por el CIPRODEH (Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos), el Consultorio Jurídico Popular (organismo de ayuda jurisdiccional a personas carentes de recursos) y la organización no gubernamental Andar. Cabe señalar que se invitó también a las organizaciones no gubernamentales a que participaran en la redacción de las respuestas a la lista de cuestiones.

13.El Sr. MEDINA (Honduras), respondiendo a la pregunta sobre el contenido y el alcance del término "diputados propietarios", dice que esta expresión designa a los diputados del Congreso nacional propiamente dichos, que son en total 128, por oposición a sus suplentes. Esta cifra podría muy bien aumentar, teniendo en cuenta que la población actual del país se aproxima a los 6 millones de habitantes. Se han introducido mejoras en la manera de elegir a esos representantes del pueblo. En adelante, las elecciones de los diputados, del Presidente de la República y de los responsables locales se efectuarán por separado, en boletas distintas. Se estudia asimismo la posibilidad de organizar elecciones legislativas por circunscripción, lo que favorecerá la política de proximidad y permitirá a los electores conocer mejor a sus representantes.

14.El orador añade que el ministerio público, por intermedio de las fiscalías especiales, ha creado mecanismos de información y divulgación que han permitido dar a conocer los derechos enunciados en el Pacto. Subraya, no obstante, la necesidad de sensibilizar más sistemáticamente a la población acerca de las disposiciones del Pacto.

15.La PRESIDENTA invita a los miembros del Comité a que formulen sus preguntas sobre la sección I de la lista de cuestiones que trata de las informaciones de carácter general.

16.El Sr. RIEDEL desea que la delegación de Honduras indique casos concretos en que las personas hayan invocado el Pacto ante un tribunal u otra autoridad competente. ¿Hay alguna jurisprudencia sobre la cuestión? De ser así, ¿se instruye a los magistrados al respecto?

17.El Sr. SADI hace notar que el Estado Parte ratificó el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales mucho antes que el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. ¿Quiere decir esto que Honduras considera que los derechos económicos, sociales y culturales deben ejercerse antes que los derechos civiles y políticos? ¿Cuál es la función que ha tenido el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales en Honduras?

18.El orador expresa sorpresa porque las autoridades hondureñas no han puesto empeño suficiente en sensibilizar a la población en relación con el Pacto, dado que lo ratificaron hace 20 años y parecen atribuir gran importancia a los instrumentos internacionales de derechos humanos. Respecto del huracán Mitch, desea saber qué opina la delegación acerca del papel que podría desempeñar la deforestación en América Latina en general en casos de catástrofes naturales de tal envergadura.

19.El Sr. MARCHÁN ROMERO pide aclaraciones acerca de las fiscalías especiales mencionadas en las respuestas por escrito, en particular las que se encargan de la protección de los derechos de la mujer, los niños y los grupos étnicos. ¿Hay otras? ¿Son autónomas estas fiscalías o dependen del poder ejecutivo? ¿Desde cuándo funcionan? ¿Qué papel han desempeñado en el ejercicio progresivo de los derechos económicos, sociales y culturales?

20.Por último, el orador opina que el Estado Parte tiene motivos para proseguir sus esfuerzos encaminados al ejercicio de los derechos enunciados en el Pacto, a pesar de las consecuencias del huracán Mitch. En realidad, la voluntad de las autoridades en ese sentido debe ser tanto más firme cuanto que los derechos económicos, sociales y culturales pudieron quedar en precario debido a esta catástrofe natural.

21.El Sr. PILLAY constata que la Constitución de Honduras garantiza numerosos derechos económicos, sociales y culturales. Ahora bien, según algunas fuentes, los magistrados no hacen respetar esos derechos, ya que ninguno está especializado en derecho constitucional. ¿Cuál es la situación? Para hacer que se apliquen los derechos enunciados en la Constitución y en el Pacto, los magistrados no sólo deben tener una buena formación, sino también ser independientes. ¿Es cierto, como dicen esas fuentes, que la justicia está subordinada al poder político?

22.El Sr. TEXIER expresa satisfacción por el interés demostrado por el Estado Parte en llevar a la práctica el Pacto, aun cuando ese interés parece haberse manifestado recientemente, teniendo en cuenta el hecho de que el informe inicial debió presentarse en 1983. El orador pide información acerca de la Oficina del Comisionado Nacional de Derechos Humanos. ¿Es equiparable al defensor del pueblo o al ombudsman que existe en otros países de América Latina o es más parecida a una comisión nacional de derechos humanos?

23.Por último y en relación con el artículo 1 del Pacto, el Sr. Texier desea saber qué control ejerce el Estado sobre la explotación de la minas de oro por parte de empresas extranjeras e invita a la delegación a que reflexione acerca de preguntas que no faltarán acerca de las consecuencias de esa explotación minera para el ejercicio de los derechos económicos, sociales y culturales.

24.El Sr. HUNT hace notar que en el documento provisional de la estrategia para la reducción de la pobreza, que Honduras preparó para aprovechar la Iniciativa en favor de los países pobres muy endeudados (PPME), no se trata la cuestión de los derechos económicos, sociales y culturales. ¿Hay alguna razón para ello? ¿Desempeña el Pacto alguna función en la formulación y aplicación de las estrategias de lucha contra la pobreza?

25.El Sr. KOUZNETSOV está asombrado de que Honduras no haya ratificado ninguno de los convenios de la OIT relativos a la protección social siendo Parte en el Pacto, instrumento en el que uno de los componentes importantes es la protección de los derechos sociales. Recuerda que en 1990, el Comité aprobó la Observación general Nº 3 en la que subrayaba que cada Estado Parte en el Pacto tenía la obligación fundamental mínima de garantizar, al menos, la satisfacción de los derechos que en él se enunciaban. El experto se pregunta si hay que llegar a la conclusión de que Honduras no tiene intenciones de cumplir las obligaciones que le corresponden en lo relativo a los derechos sociales.

26.El Sr. MALINVERNI desea que la delegación de Honduras especifique cuál es la incidencia real de la jurisprudencia nacional en el goce de los derechos económicos y sociales y, más concretamente, en las leyes encaminadas a llevar a la práctica las disposiciones correspondientes del Pacto y de las leyes que han sido revisadas o enmendadas para poner sus disposiciones en consonancia con las del Pacto. La delegación dice que el derecho internacional prima sobre el derecho interno y que los ciudadanos pueden invocar una violación de las disposiciones del Pacto ante los tribunales para procurar indemnización. ¿Se han valido realmente las personas carentes de recursos de esta posibilidad ante los tribunales? ¿Cuál es el costo de la justicia en Honduras, dicho de otro modo, cuánto cuestan los servicios de un abogado y cuáles son las modalidades de funcionamiento de la asistencia letrada? ¿Existe alguna institución como la del Defensor del Pueblo que pueda acudir en ayuda de los más necesitados para hacer valer sus derechos ante los tribunales y, más concretamente, los derechos garantizados en el Pacto?

27.El Sr. GRISSA estima que Honduras padecía ya problemas relacionados con el respeto de los derechos económicos, sociales y culturales y los derechos de las minorías mucho antes del huracán Mitch. Por tanto, de nada vale evocar las consecuencias económicas desastrosas de esta catástrofe natural para justificar el hecho de que no se apliquen las disposiciones del Pacto. Sería conveniente, en cambio, que se hicieran aclaraciones sobre el sistema jurídico que permite aplicar estas disposiciones.

28.El Sr. AHMED declara que los hondureños desean un gobierno humano, un gobierno que dé importancia a los derechos humanos y a los derechos consagrados en el Pacto. ¿De qué sirve la revolución moral emprendida por el Gobierno del Presidente Reina si las personas que trabajan en las minas y sus familias siguen desplazándose? ¿Acaso es para ceder el lugar a las empresas extranjeras que explotan las minas? Las poblaciones indígenas siguen rebelándose contra la asignación de zonas costeras situadas en su territorio a los capitales extranjeros, mientras que las mujeres siguen siendo víctimas de violación de sus derechos en las maquiladoras. El Comité desea, en este caso, una verdadera revolución moral ampliada para todos, de manera que Honduras respete los compromisos que ha contraído al suscribir el Pacto.

29.La PRESIDENTA invita a la delegación de Honduras a responder a las preguntas 10 y 11 de la lista de cuestiones.

30.El Sr. MEDINA (Honduras) responde que en la Constitución de Honduras se consagra el principio de "a trabajo igual corresponde salario igual" y que la política de igualdad salarial se aplica al conjunto de la población, tanto urbana como rural lo mismo en el sector público que en el privado. Sin embargo, a veces se puede evadir la ley, sobre todo en las zonas rurales donde trabajan personas que, por falta de instrucción, desconocen sus derechos en materia de trabajo, son más fácilmente explotables y, por ende, más vulnerables.

31.La Sra. PINEDA (Honduras) explica que el Código de la Familia de Honduras garantiza la igualdad de derechos entre los hombres y las mujeres. Las hondureñas tienen derecho a salir del país, adquirir o vender bienes, suscribir contratos, contratar una hipoteca y heredar. El Estado ha emprendido una política de promoción de la igualdad de los sexos y se han aprobado numerosas leyes que benefician a la mujer, sobre todo en el sector agrícola. Se creó un Instituto Nacional de la Mujer y una comisión legislativa de la mujer. La Fiscalía dispone de una dependencia especializada en la protección de los derechos de la mujer.

32.El Sr. MALINVERNI desea contar con datos estadísticos acerca del número de indígenas empleados en los organismos públicos y los que son miembros del Gobierno o del Parlamento. Algunas fuentes afirman que en Honduras la mujer recibe un salario inferior en más de la mitad al del hombre, principalmente porque ocupa puestos de menos categoría. ¿Podría la delegación aclarar esta cuestión?

33.El Sr. PILLAY dice que, según un informe del PNUD de 1997, las hondureñas ganan la mitad menos que los hombres por un trabajo igual, pese a las disposiciones de la Constitución del país. Esto demostraría el desconocimiento de la mujer de sus derechos. ¿Qué medidas adopta el Gobierno para poder informar a la población acerca de sus derechos y velar por que se respeten la legislación y la Constitución del país? ¿Existen organizaciones que protejan a la mujer?

34.El Sr. TEXIER expresa perplejidad por las informaciones contradictorias que figuran en el informe acerca de la cuestión de la igualdad entre los sexos. En el párrafo 31 del informe se señala efectivamente que en la Constitución se establece el principio de "a trabajo igual corresponde salario igual", pero en el párrafo 32 se señala que "a la mano de obra femenina en las maquiladoras se le recargan las horas de trabajo sin la debida remuneración" y "sin la aplicación de las condiciones laborales que la ley le confiere, generando una sobreexplotación de la mano de obra femenina". ¿Por qué, en este caso, el Gobierno alienta la continuación de las actividades de estas maquiladoras si sabe que los derechos de la mujer en materia de trabajo son objeto de una violación sistemática? El orador recuerda que, en América Latina y en Centroamérica, estas maquiladoras son sinónimo de violación de los derechos sindicales, de desigualdad entre hombres y mujeres y de inobservancia de las leyes sociales. ¿No habría que exigir a los empleadores de las maquiladoras que respetaran las leyes sociales y los derechos sindicales y que pagaran a la mujer el salario que les corresponde? El orador hace notar que el Gobierno de Honduras ha adoptado medidas para reprimir este tipo de acción, pero sería conveniente ir un poco más allá. Se está estudiando un nuevo proyecto de código del trabajo. ¿Se ha aprobado ya y en qué sentido constituirá un adelanto?

35.El Sr. THAPALIA subraya que, en su informe, el Estado Parte reconoce que en el país existen "tres formas de discriminación: leyes discriminatorias de facto; discriminación por violación de las leyes; y discriminación por vacíos legales con respecto a la mujer" (párr. 9). Es obvio que las leyes no se aplican en Honduras, y específicamente en materia de derecho al trabajo. Pese a que en el informe se señala que el Gobierno de Honduras aplica en las maquiladoras una política de apoyo "con el fin de aliviar la pobreza, generar empleo y captar divisas", todo parece indicar que los derechos de la mujer son invariablemente pasados por alto cuando trabaja en este tipo de estructuras. El orador desea que se le suministren datos estadísticos sobre la evolución de la carrera de la mujer en las maquiladoras, la igualdad de los salarios y la violencia y que se le informe de las medidas que se han adoptado para eliminar las discriminaciones contra la mujer, los discapacitados, las poblaciones indígenas y los refugiados.

36.La Sra. BARAHONA RIERA, recordando que Honduras es Parte en los principales instrumentos internacionales destinados a prevenir, reprimir y eliminar la violencia contra la mujer y que, con esto en mente, el país ha emprendido una reforma de sus instituciones con miras a proteger los derechos de este sector de la población, pregunta si se han emprendido programas para sensibilizar a la comunidad acerca de estas cuestiones. Además, en vista de las cifras alarmantes relativas a la violencia contra los niños, ¿existen programas educativos destinados a los alumnos de primaria y secundaria? ¿Se brinda protección a las víctimas de la violencia en el hogar que denuncian su caso? En la práctica, el miedo a sufrir represalias suele disuadirlas de formular la denuncia. En materia de igualdad entre hombres y mujeres, la oradora desea saber si se prevén sanciones contra las empresas y en particular contra las maquiladoras que no respeten el principio de "a trabajo igual corresponde salario igual". En caso de que no existan, ¿prevé el nuevo proyecto de código del trabajo este tipo de sanciones?

37.Dado que la Ley de modernización agrícola de 1991 sitúa al hombre y a la mujer en pie de igualdad en lo que respecta al acceso a la tierra y a la propiedad, la oradora desea saber si durante la venta de un bien que pertenezca a los gananciales de una pareja es necesaria la firma de ambos cónyuges o si basta la de uno de los dos.

38.El Sr. CEAUSU, recordando que los grupos étnicos constituyen en Honduras entre 8 y 10 % de la población total, o sea cerca de medio millón de personas, que viven en regiones muy apartadas en las que se dificulta el acceso a los servicios sociales, pide a la delegación de Honduras que ofrezca ejemplos concretos de la manera en que "el Gobierno da prioridad a estos grupos de población en la realización de acciones comunitarias", como se señala en el documento de base (HRI/CORE/1/Add.96).

39.Por último, en lo que se refiere a la situación de los no nacionales, el orador desearía saber si los extranjeros que viven en Honduras gozan de los derechos económicos, sociales y culturales y si existen limitaciones al ejercicio de esos derechos.

40.El Sr. MEDINA (Honduras) responde que las fiscalías especiales se crearon en el ministerio público en diciembre de 1992 y comenzaron sus funciones a partir de junio de 1993. Su intención es hacer que se respeten los derechos humanos en general y, más particularmente, los derechos económicos, sociales y culturales, los de las minorías, los de la mujer, los niños, los ancianos o los discapacitados, entre otros. A pesar de los esfuerzos realizados por el Gobierno de Honduras, hay que admitir que ningún particular ha invocado jamás el Pacto ante los tribunales nacionales. El Gobierno de Honduras creó además una fiscalía especial encargada de velar por el respeto de la Constitución. Con la instauración de estas fiscalías en el ministerio público, el orador considera que se ha dotado al país de un sistema capaz de garantizar la aplicación de la ley. El sistema judicial se ha visto fortalecido. De hecho, el ministerio público, en el marco de la lucha contra la impunidad que prevalecía en Honduras, por primera vez en la historia del país, entabló juicios contra antiguos políticos, miembros del partido gobernante, militares o jefes de empresas por presunta violación de los derechos humanos.

41.El orador explica también que Honduras ratificó el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales antes que el Pacto de Derechos Civiles y Políticos, pero que la voluntad del Gobierno de Honduras de atribuir la misma importancia a los dos instrumentos es real teniendo en cuenta la universalidad, indivisibilidad e interdependencia de todos los derechos que en ellos se consagran.

42.El orador rechaza la afirmación de que los magistrados no hacen respetar los derechos económicos, sociales y culturales porque no son especialistas en derecho constitucional. Cuando un magistrado presta juramento, se compromete a hacer respetar la Constitución y las leyes del país y no podría justificar ningún incumplimiento de esta obligación por el hecho de desconocer alguna rama del derecho. La magistratura no está bajo la influencia de ninguna parte del poder político, como tampoco lo está la Oficina del Comisionado Nacional de Derechos Humanos, que actúa con total independencia. El Comisionado puede ciertamente equipararse con un defensor del pueblo.

43.Por último, en lo que respecta a las consecuencias de la explotación de minas para el ejercicio de los derechos económicos, sociales y culturales, cabe subrayar que una fiscalía especial encargada de la cuestión del medio ambiente ha impuesto sanciones penales, por una parte, contra empresas de explotación minera que han realizado actividades perjudiciales para el medio ambiente y, por otra, contra funcionarios que han expedido permisos de explotación sin solicitar un estudio previo de los efectos de esas actividades en el medio ambiente.

Se levanta la sesión a las 18.00 horas.