28° período de sesiones

Acta resumida de la 603ª sesión

Celebrada en la Sede, Nueva York, el jueves 23 de enero de 2003, a las 10.00 horas

Presidenta:Sra. Acar

Sumario

Examen de los informes presentados por los Estados partes de conformidad con el artículo 18 de la Convención (continuación)

Quinto informe del Canadá (continuación)

Se declara abierta la sesión a las 10.15 horas.

Examen de los informes presentados por los Estados partes de conformidad con el artículo 18 de la Convención (continuación)

Quinto informe del Canadá (continuación) (CEDAW/C/CAN/5)

Por invitación de la Presidenta, la Sra. Ievers y la Sra. Regehr (Canadá) toman asiento como partic i pantes en el debate de la Mesa.

La Sra. Ievers (Canadá), presentando el quinto informe periódico del Canadá, dice que su país firmó el Protocolo Facultativo de la Convención el 18 de octubre 2002. El Canadá es un país muy diverso desde el punto de vista geográfico, lingüístico, económico y demográfico. Tiene extensas zonas rurales y núcleos urbanos densamente poblados y una sociedad es multicultural, multiétnica y multirracial. La economía del país está creciendo y presenta nuevas oportunidades y problemas. Aunque está orgulloso de sus logros en la esfera de los derechos de la mujer, el Canadá es consciente de que hay ciertas necesidades a las que aún no se ha atendido y de que todavía no se han alcanzado determinados objetivos. La oradora dice que el siglo XX entrañó una notable transformación del papel de la mujer en la sociedad canadiense. Las mujeres cada vez participaron más en todos los aspectos sociales y económicos de la vida, principalmente pasando a ser una parte integrante fundamental de la población activa asalariada. No obstante, siguen existiendo importantes diferencias entre los hombres y las mujeres en la mayor parte de las esferas claves; además, en ciertos ámbitos el proceso de mejora se ha desacelerado o incluso se ha visto neutralizado. Ciertos grupos de mujeres cuentan con experiencias diferentes dentro de la población general de mujeres y requieren una atención concreta. Ello ocurre particularmente así cuando el género se combina con factores tales como la raza, la discapacidad, la orientación sexual y la situación familiar.

En 2001, las mujeres que se consideraban a sí mismas miembros de una minoría visible representaban el 13,4% de la población de mujeres del Canadá. Otro 4,4% se consideraba población aborigen y se encuadraba dentro de los indios norteamericanos, los mestizos o los inuits. El número de familias encabezadas por una mujer que era una madre sin pareja prácticamente se duplicó desde 1971 y otra importante tendencia ha sido la disminución de la tasa de nacimientos. La esperanza de vida de las mujeres es superior a la de los hombres, pero hay un porcentaje de mujeres superior al de hombres que padece enfermedades crónicas y degenerativas, al tiempo que las mujeres recurren más que los hombres a la medicación. Se estima que una de cada diez mujeres canadienses en edad de trabajar padece alguna discapacidad. Las mujeres han realizado avances considerados por lo que respecta a la educación y se están introduciendo en esferas en que predominan los hombres. La mayor parte de las mujeres sigue desempeñando ocupaciones mayoritariamente femeninas, pero la situación está cambiando lentamente. Aunque está aumentando el número de mujeres que son trabajadoras autónomas y empresarias, las mujeres también predominan entre los trabajadores sin especialización, que son los que tienen menos acceso a las prestaciones. La situación económica general de la mujer sigue mejorando de manera constante. Por ejemplo, los ingresos netos de las mujeres, que representaban el 52% de los ingresos de los hombres en 1986, pasaron a representar el 63% en 1997. Sin embargo, habida cuenta del elevado porcentaje de mujeres que desempeñan trabajos no remunerados, la situación familiar de las mujeres adultas repercute de manera fundamental en su situación económica, al igual que factores tales como la edad, la raza, el origen étnico, su situación como inmigrantes y su origen indígena. Aunque la pobreza entre algunos grupos de mujeres sigue siendo demasiado elevada, se produjeron importantes cambios en las tendencias de la pobreza a partir de finales del decenio de 1990. Por ejemplo, la tasa de pobreza de las madres sin pareja disminuyó 11 puntos porcentuales, ya que pasó del 58,7% en 1996 al 47,6% en 2000. Aunque la violencia contra la mujer sigue siendo un problema social y económico, la incidencia de la violencia conyugal, incluido el homicidio, ha disminuido algo en el último decenio. Las mujeres representan un pequeño porcentaje de las personas encarceladas, aunque más del 20% de las mujeres que están cumpliendo condenas son de origen indígena.

Durante el período que abarca el quinto informe periódico del Canadá, el Gobierno se vio obligado a adoptar algunas decisiones muy duras con objeto de hacer frente a los elevados niveles de deuda y de déficit del Canadá. El Plan federal para la igualdad entre los géneros entró en vigor en 1995, año en que la Ley del presupuesto se concentró en reducciones encaminadas a garantizar la responsabilidad fiscal. Sin embargo, la economía ha mejorado desde entonces. Las recientes medidas presupuestarias están produciendo un efecto positivo y el Gobierno ha anunciado nuevas mejoras en esferas tales como las prestaciones por hijo, el sistema de guarderías y la asistencia de la salud.

La base jurídica de la igualdad entre los géneros en el Canadá es la Carta de Derechos y Libertades. El Canadá está intentando lograr una igualdad sustantiva, ya que reconoce que el hecho de tratar a las mujeres igual que a los hombres no garantiza necesariamente los mismos resultados. Sin embargo, el concepto de igualdad sustantiva es frecuentemente muy complejo y difícil de poner en práctica. El Tribunal Supremo del Canadá ha dictado algunos fallos importantes, que han afectado a la interpretación de la igualdad sustantiva en relación con la formulación de una política pública. En ocasiones, el Tribunal se ha mostrado significativamente dividido, lo que indica la dificultad que entraña lograr una igualdad genuina. La oradora dice que el Canadá ha abordado muchas de las formas más manifiestas de discriminación y que su labor exigirá en lo sucesivo un análisis más crítico y completo que antes. El Gobierno del Canadá a todos los niveles es ayudado en esa tarea por una amplia red de organizaciones de mujeres y otras organizaciones no gubernamentales, que están bien informadas acerca de la realidad existente, están familiarizados con los problemas nuevos e incipientes y cada vez se hacen más eco de la creciente diversidad de las mujeres en el Canadá. Mediante su nueva iniciativa de voluntarios y otros mecanismos, el Gobierno del Canadá y otros niveles de la administración desempeñan un papel importante en la financiación de las organizaciones, lo que les permite participar en el proceso normativo público. Las perspectivas críticas de esas organizaciones son bien acogidas y han desempeñado un papel fundamental ayudando al Gobierno a desarrollar la igualdad entre los géneros.

En 1995 el Canadá comenzó a adoptar un enfoque dual de la igualdad entre los géneros, en el que se combinaba la integración de la perspectiva de género en los procesos del Gobierno (incorporación de la perspectiva de género) y la formulación de políticas y programas relacionados concretamente con las cuestiones de género. Merced a la utilización de análisis basados en el género, la incorporación de la perspectiva género considera la situación de la mujer respecto del hombre en la sociedad en toda su diversidad, a lo largo de todas las etapas de la vida y de las correspondientes experiencias. En 2000, el Gobierno aprobó un nuevo Programa para la igualdad entre los géneros, que es una estrategia plurianual con un nuevo sistema de financiación a lo largo de un quinquenio. El Programa tiene por objeto impulsar el desarrollo de las iniciativas normativas y programáticas existentes y de otras nuevas, acelerar la aplicación de un análisis basado en el género, mejorar la capacidad de los voluntarios, lograr que los canadienses participen en el proceso normativo público y cumplir los compromisos internacionales del Canadá. Además de la Secretaria de Estado para la Condición de la Mujer, hay otros tres ministros claves del Gobierno que se encargan de supervisar el desarrollo del Programa: los Ministros de Salud, Desarrollo de los Recursos Humanos y Justicia.

La nueva Ley de inmigración y protección de los refugiados constituye un ejemplo de los adelantos más recientes en materia de promoción de la igualdad sustantiva. La Ley promueve la incorporación del análisis de género, ya que requiere que se aporten datos sobre las repercusiones sobre el género en el informe anual que presenta al Parlamento el Departamento Federal de Inmigración. La Ley incluye los nuevos delitos de contrabando de seres humanos y trata de personas, que llevan aparejada una pena máxima de cadena perpetua o una multa de hasta un millón de dólares, o ambas cosas. Además, la Ley permite que los tribunales tengan en cuenta circunstancias agravantes, como el trato humillante o degradante, al determinar la pena que ha de imponerse por la comisión del correspondiente delito. Hay otras disposiciones relacionadas con la Ley que tienen por objeto luchar contra la trata de niños. Además, el Canadá ha efectuado algunos cambios en su programa de cuidadores migrantes internos en respuesta a las preocupaciones planteadas acerca de su aplicación. Como novedad, se exige un contrato escrito entre el empleador y el cuidador interno, en el que se han de fijar las condiciones de trabajo con miras a garantizar que ambas partes conozcan sus respectivos derechos y obligaciones. La oradora reconoce que las condiciones de vida y las oportunidades de las mujeres indígenas están muy por debajo del promedio del resto de la población canadiense. Como indicaba el Canadá en un informe anterior, el Gobierno aprobó un plan de acción destinado a mejorar la calidad de vida de la población indígena y promover su autosuficiencia, y también expresó oficialmente su profundo pesar a toda la población aborigen del Canadá por la pasada actuación del Gobierno Federal. En relación con el sistema de escuelas residenciales “indias”, que entrañó la separación de muchos niños de sus familias y comunidades, el Gobierno emprendió una iniciativa encaminada a hacer frente a los aspectos intergeneracionales del sistema y, en junio de 2001, creó un departamento independiente encargado de resolver todos los problemas relacionados con la herencia del sistema. El Gobierno ha aprobado legislación en la que se brindan nuevas oportunidades a las mujeres indígenas a los efectos de su participación en el gobierno de sus comunidades y de la ampliación de su protección frente a la discriminación. Entre sus actividades para mejorar las condiciones de vida y ampliar el número de viviendas de las reservas cabe mencionar un examen del problema de la propiedad conyugal.

Las cuestiones relacionadas con el trabajo remunerado y no remunerado constituyen otro ejemplo de la incorporación de la perspectiva de género que puede ayudar al Gobierno a delimitar las necesidades de todos los ciudadanos canadienses y a satisfacerlas. El Canadá ha registrado mejoras espectaculares por lo que respecta a la licencia por el nacimiento de un hijo. En diciembre de 2000, en el marco del seguro de desempleo, la licencia por el nacimiento de un hijo pasó de diez semanas a 35, al tiempo que se eliminó un elemento de disuasión que afectaba a los hombres. Además, se han ampliado las disposiciones federales, provinciales y territoriales de la legislación laboral en materia de licencias. De resultas de ello, el número de canadienses que en 2001 se benefició de la licencia por el nacimiento de un hijo aumentó un 24,3% y el número de los hombres que disfrutaron de esa licencia aumentó casi un 80%. Los hombres están aprovechando claramente la oportunidad de compartir el cuidado de los hijos durante el primer año de vida de éstos y ello constituye una importante novedad a los efectos de compartir las labores tradicionalmente realizadas por las mujeres.

Por lo que respecta a los servicios de guardería, merece ser especialmente destacada la red progresiva de centros de atención a los niños en edad temprana de Quebec. En lo concerniente a la vinculación entre la situación económica de las mujeres y los niños, la oradora señala a la atención del Comité el sistema de Prestación Fiscal por Hijos y de Prestación Nacional por Hijos, que representan concretamente las principales innovaciones sociales de la historia del Canadá. De conformidad con esas iniciativas, que incluyen ayudas a los ingresos y de otra índole, una familia de bajos ingresos con dos hijos recibe una prestación máxima de unos 4.700 dólares (suma que ascendía a 3.400 dólares en 1999). Habida cuenta de los gastos que entraña el aumento de los ingresos de las familias de bajos ingresos, las prestaciones que se pagan en el marco de ambas iniciativas son muy importantes a los efectos de promover el empleo de los padres. Por consiguiente, ambas iniciativas abordan directamente algunos factores claves que contribuyen a la pobreza entre las mujeres, como sus ingresos promedios más bajos y su papel preponderante como encargadas de cuidar de la salud primaria de sus hijos, lo que limita sus posibilidades de obtener ingresos. En 1997 se puso en marcha un conjunto de reformas de ayuda a los hijos con el fin de garantizar una ayuda más justa a los niños que se encontrasen en hogares de custodia, frecuentemente encabezados por mujeres separadas o divorciadas. Con respecto a la población activa, en 2001 el Gobierno estableció un equipo de tareas encargado de formular recomendaciones para mejorar la legislación sobre la igualdad de remuneración, tras un fallo sin precedentes dictado en 1998 y que dio lugar al pago de 3.600 millones de dólares a unos 230.000 trabajadores federales que desempeñaban puestos de trabajo mayoritariamente ocupados por mujeres. Refiriéndose a la cuestión de las personas sin hogar, la oradora dice que el Canadá está comprendiendo mejor las dimensiones del género que entraña el problema, ya que reconoce que la situación económica inferior de la mujer la hace más vulnerable al problema de las personas sin hogar, al tiempo que sus circunstancias particulares significan que sus necesidades tal vez no sean visibles.

En relación con la salud y el bienestar, las directrices del Gobierno de 1997 relativas a la inclusión de la mujer en los exámenes clínicos constituyó un importante paso adelante para que se informara de manera más completa acerca de las enfermedades crónicas de la mujer y del mayor uso que hacía ésta de los medicamentos que el hombre. Las directrices tienen por objeto garantizar que los fabricantes de medicamentos que intentan obtener la aprobación del mercado para sus productos basen sus solicitudes en investigaciones que representen a todos los pacientes que pueden beneficiarse de los medicamentos y que las mujeres participen en pruebas clínicas en todas las etapas de la fabricación de los medicamentos. También son importantes los compromisos reiterados respecto de las investigaciones en materia salud. El Instituto del Género y la Salud, establecido en 2000 como uno de los 13 institutos canadienses de investigaciones en materia de salud de todo el país, ofrece una oportunidad sin precedentes para investigar la influencia del género y del sexo en la salud así como sus interacciones con otros factores determinantes de salud, como el origen étnico, el lugar donde se vive o la edad. El Gobierno invierte anualmente alrededor de 6.500 millones de dólares en muchos programas relacionados con las discapacidades, al tiempo que las provincias y territorios también realizan importantes inversiones y ejecutan la mayor parte de los programas y servicios.

La eliminación de la violencia sistémica contra la mujer es una prioridad especial del Gobierno y en un informe de 2002 se indicaba que los esfuerzos del Gobierno podrían producir algunos efectos. En 1993 el 12% de las mujeres manifestaba que su cónyuge o su pareja las había agredido en los cinco últimos años, en tanto que en 1999 esa cifra descendió al 8%. Las tasas de uxoricidio también han disminuido considerablemente a lo largo de los dos últimos decenios. Sin embargo, aún queda mucho por hacer. En 1999 las tasas de violencia conyugal registradas entre las mujeres aborígenes eran el doble que las registradas entre los hombres aborígenes y el triple que las registradas entre las mujeres y los hombres no aborígenes. Sin embargo, las jóvenes se encuentran en una situación de mayor riesgo de agresiones sexuales, así como de agresiones y homicidios cometidos por el esposo. El Gobierno ha puesto en marcha diversas reformas legislativas para brindar mayor protección a las víctimas de las agresiones sexuales y de otros tipos de violencia. El Código Penal y otras normas legislativas han sido modificadas para facilitar la prestación de declaración por parte de las jóvenes víctimas de agresiones sexuales o delitos con violencia y para dar una mayor importancia a las declaraciones sobre los efectos en las víctimas, al tiempo que la pena máxima por agresión sexual ha aumentado de 5 a 10 años. Además, el Canadá está intentando proteger a los niños de la explotación sexual y ha aprobado legislación para tipificar el delito de utilización de la Internet para atraer a niños con fines sexuales. Mediante sus programas de financiación, el Canadá está apoyando asimismo las iniciativas encaminadas a examinar una programación innovadora para los niños y los jóvenes que son víctimas de la prostitución.

La Presidenta encomia al Canadá por haber firmado el Protocolo Facultativo de la Convención, que es un mecanismo esencial para la aplicación de la propia Convención. La oradora confía en que la numerosa delegación del Canadá constituye una muestra de que el Canadá tiene el propósito de mantener su papel de vanguardia en la promoción de los derechos de la mujer, haciendo especial hincapié en el derecho a la no discriminación que es la esencia de la Convención. Habida cuenta de que el Canadá tiene una población muy numerosa y diversa, perteneciente a diferentes orígenes étnicos, dicha población constituye un valioso microcosmos para otros países, ya que pone de manifiesto los problemas y oportunidades que enfrentan el Gobierno y la sociedad civil, especialmente en la era de la globalización.

La Sra. Manalo dice que el quinto informe periódico del Canadá aporta nuevas pruebas de su compromiso respecto de los derechos humanos en general y de los derechos de la mujer en particular. Sin embargo, hay aspectos en que deben facilitarse aclaraciones. En primer lugar, por lo que respecta al proceso de ajuste estructural del Canadá, la oradora pregunta si el establecimiento de la Ley del presupuesto no ha empeorado, de hecho, una situación ya desigual para la mujer marginada del Canadá. Si ésa es ciertamente la causa, el Comité agradecería información concreta sobre las medidas que se tiene previsto adoptar para contrarrestar las repercusiones negativas de la Ley, especialmente por lo que respecta a la prestación de servicios sociales a las mujeres marginadas y las actividades encaminadas a mejorar los mecanismos de protección de los adelantos realizados en la esfera de los derechos de la mujer. En segundo lugar, el Comité agradecería más información acerca de la nueva Ley de inmigración y protección de los refugiados, particularmente por lo que respecta a las mujeres inmigrantes que trabajan como cuidadoras internas. De conformidad con la nueva Ley, esas trabajadoras no tienen derecho a la residencia permanente hasta que hayan transcurrido tres años y no tienen ninguna prestación real de la seguridad social. Por consiguiente, el Estado que presenta el informe debe indicar si la legislación es ciertamente positiva en el caso de esas trabajadoras.

La Sra. Schöpp-Schilling dice que encomia los esfuerzos que realiza el Canadá para mejorar la situación jurídica y material de la mujer. No obstante, refiriéndose al formato del quinto informe periódico, la oradora destaca que resulta difícil para el Comité apreciar en su justa medida la situación general si no están integrados el informe del Gobierno Federal y los de los gobiernos provinciales: la oradora agradecería que se le indicase por qué el Canadá no ha presentado un informe integrado. Además, pregunta por qué se ha presentado tan tarde el quinto informe periódico.

Preocupa a la oradora la tendencia del Estado que presenta el informe a documentar únicamente las circunstancias positivas en la esfera del adelanto de la mujer y reitera la importancia de presentar una relación equilibrada de los problemas que enfrenta el Canadá y de los métodos utilizados para resolverlos. Es difícil hacerse una idea coherente de cómo se aplica la Convención en el Canadá, ya que en el informe no se explica la razón de ser de los ejemplos seleccionados. Además, en varias ocasiones el informe se refiere a iniciativas adoptadas para promover la igualdad entre los géneros, pero no facilita ningún detalle acerca de sus resultados ni de su alcance.

Como medida positiva, el grupo de trabajo encargado de revisar la Ley de derechos humanos del Canadá ha recomendado la inclusión de la situación social en la Ley. A este respecto, la oradora pregunta cómo ha reaccionado el Gobierno frente a esa recomendación y si se ha establecido un calendario para la introducción de la nueva legislación. La oradora desea saber si el análisis basado en el género es ahora obligatorio para todas las actividades relacionadas por los Gobiernos Federal, de las provincias y de los territorios y pregunta por qué el Gobierno Federal ha abandonado la práctica de imponer condiciones a la asignación de fondos a los territorios y provincias, lo que contribuye a una aplicación incongruente de la Convención.

Por último, la oradora pregunta por qué el proyecto de Ley de Gobernanza de las Primeras Naciones no incluye medidas destinadas a eliminar toda la discriminación que aún existe contra las mujeres aborígenes, particularmente en las esferas de su condición jurídica y social, la pertenencia a bandas y los derechos de propiedad conyugal.

La Sra. Shin dice que desde hace largo tiempo admira la labor que realiza el Estado que presenta el informe a los efectos de promover los derechos humanos. En el plano internacional, se reconoce que el Gobierno del Canadá es uno de los Estados que se sitúan en la vanguardia de la igualdad entre los géneros, aunque aún siguen existiendo algunos problemas en el plano interno.

En 2000 el Gobierno del Canadá aprobó el nuevo Programa para la igualdad entre los géneros, si bien, durante el período que abarca el quinto informe, el déficit presupuestario dio lugar a importantes recortes en los servicios sociales. Habida cuenta de que uno de los objetivos prioritarios del Programa para la igualdad entre los géneros es la mejora de la autonomía económica de la mujer, la oradora dice que tiene interés en saber si se ha realizado un análisis de género de la nueva política presupuestaria del Canadá para determinar si dicha política ha contribuido o no ha contribuido al adelanto de la mujer.

En relación con la cuestión de la violencia contra la mujer, la oradora dice que ha recibido informes de organizaciones de base, según los cuales se han recortado considerablemente los fondos para los albergues de mujeres agredidas. Habida cuenta de que la eliminación de la violencia la contra mujer es otro de los objetivos prioritarios del Programa para la igualdad entre los géneros, la oradora desea saber por qué se han llevado a cabo esos recortes.

La Sra. Gnancadja dice que le preocupa la aplicación real de la Convención en el marco del sistema federal del Canadá. Con arreglo a la Constitución, la responsabilidad de aplicación de los tratados internacionales de derechos humanos está compartida entre el Gobierno Federal y las provincias, si bien el Gobierno Federal no puede obligar al cumplimiento en esferas que no entren dentro de su competencia. La oradora desearía aclaraciones en cuanto a las esferas en que el Gobierno Federal tiene facultades para hacer cumplir la Convención y aquellas en que no las tiene.

La oradora pregunta si la falta de progresos realizados en la esfera del adelanto de la mujer, particularmente en lo concerniente a las mujeres indígenas, obedece al hecho de que la Convención no se aplica de manera uniforme en todo el país y a la inadecuada comunicación entre los diversos poderes ejecutivos. Los resultados logrados en la esfera de la igualdad entre los géneros no parecen hacerse eco de las diversas medidas adoptadas ni de la voluntad política del Gobierno del Canadá; por consiguiente, la oradora desea saber qué nuevas sugerencias ha hecho el Gobierno para mejorar la situación. Pregunta asimismo si los diversos programas y estrategias relativos a la igualdad entre los géneros tienen en cuenta la diversidad étnica y cultural.

La Sra. González dice que admira las actividades que realiza el Canadá para ayudar a otros países a luchar contra la violencia en el hogar. Además, acoge favorablemente la decisión de tipificar como delito la utilización de la Internet para la explotación sexual de los niños.

No obstante, preocupa a la oradora el aumento de los niveles de pobreza, lo que obedece en parte al recorte de los servicios sociales, circunstancia ésta que produce efectos desproporcionadamente negativos en la mujer. A este respecto, la oradora recuerda al Estado que presenta el informe que, en 1997, el Comité sugirió que dicho Estado hiciera frente urgentemente a los factores causantes del aumento de la pobreza entre las mujeres, sobre todo entre las madres solteras, y recomendó asimismo que se restableciesen los programas de asistencia social para las mujeres al nivel adecuado. La oradora se muestra sorprendida por el hecho de que esos problemas persistan en el Canadá, que es uno de los países más ricos y más desarrollados del mundo.

La oradora entiende que los Gobierno Federal, de las provincias y de los territorios tienen una responsable común respecto de la aplicación de la Convención, pero no quedan claras cuáles son las responsabilidades del Estado en esa esfera. Otros órganos creados en virtud de tratados de derechos humanos también han manifestado preocupación en relación con esa cuestión.

La Sra. Kapalata dice que, habida cuenta de la activa participación del Canadá en organizaciones internacionales para la promoción de los derechos humanos, resulta sorprendente que las mujeres aborígenes sigan estando marginadas. La educación es crucial para el logro de la independencia económica, pese a lo cual el 54% de las mujeres aborígenes no ha concluido su enseñanza secundaria. Aún queda mucho por hacer en esa esfera.

La oradora acoge favorablemente la aceptación por el Estado que presenta el informe de la persecución por razones de género como motivo para conceder asilo y desea saber cuántas mujeres han sido admitidas por esa razón y si se han puesto a su disposición servicios o programas específicos. Además, pregunta qué medidas está adoptando el Canadá para alentar a otros países a que establezcan iniciativas similares.

La Sra. Tavares da Silva dice que, aunque el Canadá desempeñó un papel primordial a efectos de la definición de las normas internacionales sobre la igualdad entre los géneros, siguen siendo evidentes varias situaciones contradictorias a nivel interno. La oradora se muestra preocupada, en particular, por el aumento de la vulnerabilidad a la pobreza y su efecto potenciador de la prostitución y la trata de personas, las importantes diferencias salariales entre el hombre y la mujer y los recortes de los servicios sociales. En cuanto a la situación de las mujeres aborígenes, la discriminación persiste, particularmente en la esfera de la propiedad conyugal, razón por la que la oradora manifiesta su confianza en que se cumplirá el compromiso que figura en el párrafo 393 del informe. Además, considera que la reciente reforma de la Ley de los indios relativa a la situación de las mujeres de la Primera Nación es restrictiva e injusta porque no se aplicará a las futuras generaciones.

La oradora pregunta si las repercusiones en el género de los recortes de los servicios sociales se han estudiado sistemáticamente y, de ser así, qué resultados se han obtenido. ¿Han puesto los recortes en peligro los programas de lucha contra la violencia en el hogar? Además, la oradora desea saber cómo se han visto afectada las mujeres por las modificaciones del acuerdo sobre distribución de los gastos concertado entre el Gobierno Federal y las provincias.

La oradora pregunta por qué hay un número tan desproporcionadamente alto de mujeres aborígenes encarceladas y si las modificaciones del sistema nacional de Columbia Británica para el adelanto de la mujer han tenido algún efecto significativo en los programas en curso y en los compromisos financieros en la esfera de la igualdad entre los géneros. Por último, después de destacar la utilización de los términos "equidad" y "igualdad" en el quinto informe, la oradora dice que debe hacerse más hincapié en el logro de la igualdad, dado que ese es el objetivo de la Convención.

La Sra. Ferrer recuerda que, en 1997 el Comité recomendó que el Canadá proporcionara una explicación más detallada de la situación de las mujeres aborígenes y que se supervisaran los programas destinados a esas mujeres para examinar si podían tener efectos discriminatorios. A este respecto, la oradora pide más información acerca de la discriminación sistemática contra las mujeres aborígenes y pregunta qué medidas se han adoptado para garantizar que puedan ejercer sus derechos humanos básicos. Además, desea saber cuándo examinará el Parlamento el proyecto de legislación sobre la participación de las mujeres de la Primera Nación en la gobernanza, si se ha examinado esa legislación desde el punto de vista del género y cuándo entrarán en vigor las enmiendas propuestas de la Ley de derechos humanos del Canadá.

El párrafo 98 del informe se refiere a la preparación de un informe coordinado para luchar contra los delitos de odio y los prejuicios: la oradora desearía más información sobre esa cuestión. Por último, desea saber por qué las mujeres aborígenes no tienen derecho a transferir su condición a sus parejas no indígenas.

La Sra. Khan dice que, habida cuenta del lugar que ocupa el Estado que presenta el informe en el índice sobre el desarrollo humano, resulta sumamente decepcionante que todos los ciudadanos canadienses no puedan beneficiarse de un elevado nivel de vida.

Por lo que respecta a los derechos de las mujeres aborígenes e inmigrantes, la oradora pregunta si se están aplicando las recomendaciones de la Comisión Real sobre los pueblos aborígenes relativas a los derechos conyugales de la mujer en materia de propiedad de bienes inmuebles una vez que se disuelve el matrimonio. Además, desea saber si todas las disposiciones de la Ley de los indios se aplican a las comunidades de dentro y fuera de las reservas y si están en consonancia con las disposiciones de la Carta de Derechos y Libertades del Canadá. A este respecto, la oradora pregunta si las mujeres tienen los mismos derechos que el hombre en cuanto a la participación en la vida pública. Por otra parte, desearía saber si los conjuntos normativos en materia de bienestar social destinados a las mujeres aborígenes e inmigrantes, particularmente a las madres solteras, resultan adecuados para hacer frente a sus necesidades de alimentación, vestido y vivienda.

La oradora acoge favorablemente la inclusión del requisito de realizar un análisis basado en el género en la Ley de inmigración y protección de los refugiados, si bien pregunta cuáles han sido las conclusiones de ese análisis. También desea saber si el documento titulado "Evaluación de la violencia contra la mujer: un perfil estadístico" ha puesto de manifiesto que la mujeres emigrantes tienen más o menos posibilidades que el resto de las mujeres de ser víctimas de la violencia. Por último, pregunta cuál es el porcentaje de mujeres de edad que viven por debajo del nivel de la subsistencia y pide información acerca de los servicios sociales y de atención de la salud disponibles para las mujeres de edad y con discapacidad.

La Sra. Achmad dice que resulta difícil comprender totalmente el sistema federal de gobierno en el Canadá y conocer los resultados concretos de las actividades emprendidas, aunque la oradora acoge favorablemente la inclusión de la situación social en la Ley de derechos humanos del Canadá. A este respecto, manifiesta preocupación por los efectos de la globalización en la mujer y dice que confía en que el problema se abordará teniendo en cuenta la asistencia del Canadá para el desarrollo y el hecho de que el Canadá apoyará las investigaciones en esa esfera. Además, preocupa a la oradora el aumento de la pobreza entre las mujeres, particularmente entre las inmigrantes, y dice que confía en que podrán establecerse indicadores para ofrecer un panorama completo de la situación.

Es esencial que se establezca una red integrada e institucionalizada para prestar servicios sociales a las mujeres, no sólo a las que tienen hijos, sino también a las de edad o a las que viven en la pobreza, a fin de velar por su independencia económica, proteger sus derechos humanos y eliminar la violencia contra ellas. Un sistema general e integrado de apoyo social favorecerá el desarrollo de las mujeres y les ayudará a hacer una mayor contribución a la sociedad canadiense. Además, el mayor desarrollo la mujer fortalecerá sus derechos humanos, ya que es bien sabido que el aumento de la independencia económica les hace menos vulnerable a la violencia.

La Sra. Šimonović pregunta si el informe del Canadá (CEDAW/C/CAN/5) ha sido preparado en colaboración con organizaciones no gubernamentales y si ha sido aprobado por el Gobierno. La oradora pide que en el próximo informe figuren datos estadísticos de todas las provincias y territorios y también del Gobierno Federal con objeto de que se delimiten mejor las tendencias, por ejemplo, por lo que respecta al grado de participación política de la mujer. Además, agradecería más información sobre los derechos de las mujeres aborígenes, como, por ejemplo, si pueden trasmitir su condición de indias a sus hijos y si existe algún obstáculo a que la Ley de los indios sea compatible con la Convención. La ratificación del Protocolo Facultativo debe constituir un incentivo adicional para hacer frente a las cuestiones que interesan a las mujeres aborígenes.

La Sra. Kuenyehia dice acoge favorablemente las medidas adoptadas para impedir la trata de mujeres y niños y la prostitución. No obstante, no queda claro qué sucede a las víctimas de esas prácticas: ¿corren el riesgo de ser deportados o existe algún sistema de apoyo que les permita permanecer en el Canadá? Además, pregunta si la estrategia del Canadá contra la trata de mujeres y niñas incluye medidas para hacer frente a las causas de la trata.

El Sr. Melander dice que el Canadá está negociando un acuerdo sobre la posibilidad de trasladar a ciertas personas a un tercer país seguro de acogida y pregunta si las víctimas de la trata pueden ser deportadas de conformidad con ese acuerdo. Es importante definir el término “seguro”, razón por la que pregunta si puede ser considerado como tal un país en el que tales personas tengan un temor razonable a ser detenidas.

Además, pregunta cuándo se considera que una persona es canadiense, dado que en la presentación oral se ha señalado que la quinta parte de las mujeres canadienses son inmigrantes; ¿se incluyen entre ellas a las mujeres nacidas en el Canadá o cuyas familias han vivido en el Canadá durante generaciones? Después de destacar que la comunidad internacional no ha podido ponerse de acuerdo sobre la definición de indígena, el orador pregunta cómo se determina el carácter de aborigen de una persona y si ésta puede negarse a ser considerada aborigen e insistir en ser considerada una persona canadiense “ordinaria”.

La Sra. Patten, después de destacar la abundante jurisprudencia facilitada y el claro compromiso del Estado parte en relación con las cuestiones de género, dice que resulta inquietante que algunos grupos de mujeres se encuentren de hecho peor que antes, particularmente las mujeres vulnerables, como las aborígenes, las discapacitadas, las madres solteras y las trabajadoras del sexo, cuya situación de vivienda, salud, educación y empleo ha empeorado. Ese enfoque fragmentado de las cuestiones relacionadas con la mujer, que separa a los programas del ingreso, el bienestar social y las prestaciones sociales, parece tener efectos negativos. La violencia contra las mujeres vulnerables también parece haber aumentado, así como su grado de vulnerabilidad.

En lo concerniente a la provincia de Columbia Británica, la oradora pregunta por qué la Comisión de Derechos Humanos y el Ministerio de la Igualdad de la Mujer han sido eliminados y qué organismos llenarán el vacío dejado tras su desaparición. Preocupa asimismo a la oradora el efecto de las restricciones presupuestarias en el Tribunal de Derechos Humanos y los esfuerzos que se realizan para luchar contra la violencia en el hogar, razón por la que pregunta si es cierto que los servicios de justicia se están centralizando en las zonas urbanas, lo que planteará problemas de acceso a la población rural, particularmente a los aborígenes. Después de destacar que la financiación de la asistencia letrada se ha reducido aproximadamente un 38%, la oradora pregunta si es cierto que los fondos restantes no pueden utilizarse para medidas de lucha contra la pobreza o asuntos familiares, salvo en los casos en que exista una situación de violencia.

El Sr. Flinterman dice que es lamentable que el informe abarque únicamente el periodo comprendido entre 1994 y marzo de 1998 y destaca la importancia de que, en lo sucesivo, los informes se refieran a épocas más actuales. La ratificación del Protocolo Facultativo hace que sea más importante que nunca garantizar que exista algún sistema nacional de supervisión de la observancia de la Convención por parte de todas las autoridades pertinentes; el orador pregunta si el Gobierno Federal prevé establecer ese sistema. Además, destaca que, en un sistema dual, es importante que todas las leyes provinciales y federales estén en consonancia con los instrumentos internacionales de derechos humanos, incluida la Convención.

La Sra. Morvai manifiesta su sorpresa por el hecho de que, en uno de los países más adelantados del mundo, la mitad de las mujeres de edad que viven solas y de las madres sin pareja, y por consiguiente, sus hijos, vivan en la pobreza (informe, párr. 23). Además, dice que la tendencia a la desinstitunalización del sistema de atención de la salud (párr. 20), lo que entraña una carga suplementaria para las mujeres encargadas de prestar asistencia dentro del hogar, es una política que debe ser reconsiderada. La oradora pregunta si existe una verdadera voluntad política de formular programas encaminados a hacer frente a los problemas de la pobreza de la mujer. Es esencial que las organizaciones no gubernamentales de mujeres participen en la formulación y aplicación de esas políticas y, a este respecto, pregunta si el Gobierno proporcionará fondos a los voluntarios y la sociedad civil en reconocimiento del papel fundamental que pueden desempeñar para reducir la discriminación por razones de géneros.

Después de destacar que en el artículo 3 de la Convención se destaca la obligación de los Estados partes de asegurar el pleno desarrollo de la mujer, la oradora dice que, aunque las tendencias económicas en el Canadá son positivas, parece ser que la situación de las mujeres que viven en la pobreza está empeorando y que su número está aumentando. Sería de agradecer que se facilitara más información sobre los servicios disponibles para esas mujeres, sobre la financiación destinada a las organizaciones y políticas relacionadas con la mujer, sobre quién es responsable de esas actividades y sobre las medidas de cooperación adoptadas.

La Presidenta, hablando a título personal, pregunta si el Gobierno del Canadá no está haciendo demasiado hincapié en los programas para impedir la pobreza de las madres y de los niños a expensas de otras mujeres sin pareja como las mujeres de edad en general.

La Sra. Ievers (Canadá) dice que, aunque se han realizado grandes progresos en la esfera legislativa, el logro de la verdadera igualdad sustantiva sigue siendo una tarea sumamente ardua. La oradora recuerda que en 1995 los gobiernos de la federación y de las provincias se enfrentaron con déficit sin precedentes, que, a la larga, amenazaron el crecimiento económico y la prosperidad. En el presupuesto federal de 1995 se redujeron drásticamente las cuantías y los tipos de las transferencias a las provincias y se vio gravemente afectado el sistema federal. Esas actividades tuvieron, sin embargo, el resultado deseado, saber, la mejora considerable de la situación económica, la reducción de la pobreza y el logro de resultados tangibles mediante los programas existentes. Lamentablemente en 1995 no se realizó adecuadamente un análisis basado en el género de las consecuencias de las decisiones adoptadas. Aunque el Plan federal para la igualdad entre los géneros se estableció en 1995, coincidió con esas restricciones presupuestarias. La estrategia adoptada en los diversos niveles del Gobierno consistió en inversiones prudentes en apoyo de los grupos considerados más vulnerables, mediante la adopción de medidas tales como el sistema de la Prestación Nacional por hijos y la Prestación Fiscal por Hijos.

Después de recordar que el informe abarca únicamente el período comprendido hasta marzo de 1998, la oradora dice que se ha producido una importante mejora en los años transcurridos desde entonces: por ejemplo, la tasa de pobreza de las madres solteras se ha reducido en un 11% durante el período de 1996 a 2000; se han realizado progresos en la esfera de la licencia por nacimiento de un hijo por lo que respecta tanto a la duración de la licencia como al número de hombres que se acogen a ella, lo que ha dado lugar a un mejor reparto de las responsabilidades entre las mujeres y los hombres. No obstante, la carga desproporcionada que recae sobre las mujeres como prestadoras de asistencia y el elevado volumen de trabajo no remunerado que realizan siguen obstaculizando su plena participación en la economía. Sin embargo, el enfoque fundamental de los programas específicos debe posibilitar una rápida mejora de la situación de los grupos más vulnerables.

Aunque las estadísticas sobre la pobreza son ciertamente aterradoras, la oradora considera que la constante mejora de la situación económica dará lugar a una mejora de las cifras sobre la pobreza. Se han registrado un crecimiento económico constante y un aumento de los puestos de trabajo de las mujeres en régimen de jornada completa. Aunque en otras épocas se tuvieron que adoptar decisiones difíciles, la oradora confía en que podrán seguir haciéndose progresos. Por ejemplo, en la esfera de la salud se acaba de realizar una revisión federal del sistema con miras a mejorar la prestación de asistencia de la salud. Se espera que se adopten decisiones más concretas en esta esfera en el próximo presupuesto federal.

Los esfuerzos para promover la igualdad entre los géneros y el análisis de las políticas basado en el género se inspiran en tres objetivos: aumentar la independencia económica de la mujer, garantizar la protección de los derechos humanos de la mujer y luchar contra la violencia contra la mujer. En el Plan federal para la igualdad entre los géneros, de 1995, el análisis basado en el género fue la clave para realizar actividades en el marco de la Plataforma de Acción de Beijing, si bien la capacidad para producir resultados a partir de ese análisis fue inadecuada. Por esa razón, el ulterior Programa para la igualdad entre los géneros adoptó un enfoque estratégico, concentrado en generar políticas para el adelanto de la mujer y acelerar la realización de un análisis basado en el género. Dicho análisis no es obligatorio y no es acertado que lo sea hasta que haya mejorado la capacidad de ejecución.

La Sra. McPhee (Canadá) dice que el quinto informe periódico se ha presentado tarde y abarca un período que concluyó hace varios años simplemente porque el número de informes requeridos por los órganos de derechos humanos de las Naciones Unidas en general y las exigencias de la estructura federal del Canadá dieron lugar a que se acumulara el trabajo. El retraso está siendo eliminado. Además, el procedimiento de aprobación significa que los informes no se aprueban hasta que todos los departamentos del Gobierno y todas las provincias y territorios han considerado aceptable la parte de los informes que se ocupa de los asuntos federales. El Canadá entiende que la estructura de esos informes resulta difícil de abordar para todos los órganos de derechos humanos de las Naciones Unidas, y el Comité Permanente de funcionarios de derechos humanos de ámbito federal, provincial y territorial intenta garantizar que todas las entidades territoriales adopten un enfoque coherente para proporcionar la documentación que se va a incluir en los informes.

La estructura de los informes periódicos del Canadá de conformidad con la Convención se ajusta a las directrices establecidas por el Comité. Aunque los informes periódicos se dividen por jurisdicción, su contenido se ajusta al orden de los artículos de la Convención. En el sitio del Departamento del Patrimonio Canadiense en la Web, los informes son más fáciles de consultar, ya que contienen hipervínculos que sirven para hacer referencias cruzadas de documentos entre varias secciones. Los cambios de la estructura de los informes tienen que ser acordados por todas las jurisdicciones del Canadá y el proceso resulta difícil. Sin embargo, el asunto se está examinando. La oradora destaca el deseo del Comité de obtener más información sobre los resultados de las políticas y programas y de que se faciliten explicaciones cuando únicamente se hayan seleccionado unos cuantos ejemplos de políticas y programas para el informe.

Las organizaciones no gubernamentales no han sido consultadas directamente a los efectos de la preparación del informe periódico, si bien Status of Women Canada mantiene relaciones constantes con esas organizaciones y recibe sus opiniones y contribuciones.

La Sra. Eid (Canadá) dice que, de conformidad con la división de poderes establecida en la Constitución del Canadá, algunos asuntos quedan abarcados exclusivamente por la jurisdicción federal, otros exclusivamente por las jurisdicciones provinciales o territoriales y algunos se enmarcan dentro de una jurisdicción compartida. Eso determina, a su vez, la capacidad para legislar sobre cada uno de esos asuntos.

El consiguiente enfoque dualista de los tratados internacionales significa que esos tratados no tienen fuerza directa en los tribunales del país. No obstante, antes de la ratificación de tratados internacionales, todas las jurisdicciones han de acordar a aplicarlos. Los derechos humanos constituyen una esfera de jurisdicción compartida, en la que participan los órganos legislativos de nivel federal, provincial y territorial. En el ámbito de la legislación relativa a los derechos humanos, la Carta Derechos y Libertades del Canadá y sus garantías de igualdad constituyen una importante influencia unificadora. Aunque inevitablemente hay diferencias en el alcance de la protección de los derechos humanos entre las diferentes jurisdicciones, el Tribunal Supremo del Canadá ha establecido que la protección debe ser uniforme, que su interpretación debe ser homogénea y que no debe hacerse indebidamente hincapié en las variaciones de la terminología utilizada en la legislación.

La primera revisión de la Ley de derechos humanos del Canadá fue exhaustiva. En junio de 2000 el grupo encargado de la revisión formuló 165 recomendaciones, incluidas recomendaciones para que se cambiara la estructura de la Comisión de Derechos Humanos y del Tribunal de Derechos Humanos y para que se incluyera el concepto de “situación social” en la legislación.

En lo concerniente a los términos "equidad" e "igualdad" utilizados en el informe, predomina la palabra "igualdad", en tanto que la palabra "equidad" se utiliza únicamente en unas cuantas expresiones hechas, como "igualdad de pago". En todos los casos, el significado deseado es el de igualdad sustantiva.

Los delitos motivados por el odio quedan abarcados dentro de diversas disposiciones del Código Penal en las que se establece un aumento de la condena para tener en cuenta el odio como motivación, la prohibición de la propaganda basada en el odio y la adopción de más medidas para impedir que la Internet se utilice para promover el odio.

La Sra. Blackell (Canadá) informa de que el número de mujeres que se encuentra en las cárceles federales y realizando servicios para la comunidad ha disminuido desde 2001. En un informes de 1996 de la Comisión Real sobre los pueblos aborígenes se destacaba que las comunidades aborígenes registraban elevadas tasas de pobreza, mala salud, delincuencia y violencia y que sufrían malos tratos en las escuelas de las zonas donde vivían. Las causas de esos fenómenos han de comprenderse. En el Discurso de la Corona de 2001 se indicaba que una de las prioridades del Gobierno era poner remedio a dicha situación.

El Gobierno ha establecido el objetivo de reducir el número de reclusos aborígenes hasta un nivel no superior al del promedio de la población en general. Se han establecido alternativas para las condenas de privación de libertad; entre ellas cabe mencionar las condenas que han de cumplirse dentro de comunidades aborígenes. Se han abierto nueve pabellones de salud para tratar a los reos y víctimas aborígenes, así como a sus familias.

Las víctimas de la trata de seres humanos pueden solicitar protección por razones humanitarias de conformidad con las disposiciones sobre inmigración o pedir que se les reconozca la condición de refugiados. Hay muchas formas de pedir reparaciones e indemnizaciones de conformidad con el derecho penal y las normas de la convivencia social. Para hacer frente a las causas de la vulnerabilidad a la trata de personas, el Organismo Canadiense de Desarrollo Internacional (CIDA) ha financiado diversos programas en países en desarrollo.

Los centros de acogida para las mujeres víctimas de malos tratos entran dentro de la competencia de las jurisdicciones provinciales y territoriales, si bien el Gobierno Federal contribuye a su mantenimiento y su mejora. Según el personal de los alojamientos, han mejorado, de resultas de ello, la seguridad y las condiciones físicas.

En una encuesta general sobre la sociedad, realizada en 1999, se recogieron datos estadísticos sobre la violencia en el hogar, que pusieron de manifiesto que el 6% de las mujeres inmigrantes eran víctimas de esa violencia, lo que contrastaba con el 8% de las mujeres de la población global. Únicamente podrán hacerse comparaciones a lo largo del tiempo cuando comience el próximo ciclo de encuestas, en 2004; además, en la encuesta de 1999 es probable que no se tuviera suficientemente en cuenta el problema en las comunidades inmigrantes porque la encuesta se realizó únicamente en inglés y en francés. Se está estudiando la posibilidad de que la encuesta se realice en las principales lenguas de las comunidades inmigrantes, pero su costo constituye un problema.

La Sra. Regehr (Canadá) explica que la utilización por el Gobierno de la expresión "minoría visible" no guarda relación con la nacionalidad canadiense. La expresión se refiere a grupos frecuentemente bien establecidos, como la población negra de Nueva Escocia, pero que siguen sufriendo marginación. La descripción cada vez es menos apropiada: en la ciudad más importante del país, Toronto, las "minorías visibles" constituyen la mayoría de la población.

Para la reunión de datos, la organización Status of Women Canada estableció una buena relación de trabajo con la organización Statistics Canada, que pudo proporcionar datos desglosados por sexo, información sobre las mujeres víctimas de la violencia y detalles sobre el número de personas que realizaban trabajos remunerados y no remunerados.

Se levanta la sesión a las 13.00 horas.