Abreviaciones

ACNUDH	Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos
ACNUR	Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados
CEC	Consejo Electoral Central
GSM	Sistema Mundial de Comunicaciones Móviles
ODS	Objetivos de Desarrollo Sostenible
OIM	Organización Internacional para las Migraciones
OIT	Organización Internacional del Trabajo
OMS	Organización Mundial de la Salud
ONE	Oficina Nacional de Estadística
ONU	Naciones Unidas
ONU-Mujeres	Entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de las Mujeres
ONUSIDA	Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/Sida
PIB	Producto interno bruto
PNUD	Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
UNFPA	Fondo de Población de las Naciones Unidas

I.Introducción

En nombre del progreso continuo y del compromiso con la igualdad de género, la República de Moldova presenta el séptimo informe periódico sobre la aplicación de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer. En este informe no solo se reflejan los esfuerzos constantes y los destacados avances alcanzados en la promoción de los derechos de las mujeres y la igualdad de género en nuestro país, sino que también se reconocen las dificultades persistentes para lograr una sociedad plenamente equitativa. Asimismo, se presentan los compromisos asumidos, que se detallan en el anexo 1.

En consonancia con el espíritu de la Convención, este informe destaca las medidas concretas adoptadas por la República de Moldova para erradicar la discriminación y crear un entorno en el que las mujeres y las niñas puedan prosperar sin restricciones. Desde reformas legislativas relevantes y políticas innovadoras hasta iniciativas en materia de sensibilización y programas de empoderamiento, documentamos cada paso importante adoptado con el fin de garantizar que la igualdad de género no sea solo un objetivo, sino una realidad cada vez más tangible.

El informe también pone de relieve cómo el diálogo y la colaboración entre las instancias gubernamentales, la sociedad civil, los asociados internacionales y los ciudadanos comprometidos contribuyen a promover la igualdad de género y a combatir la discriminación. A través de la presentación de los avances, las estadísticas pertinentes y las prácticas exitosas, se ofrece una imagen completa de los progresos realizados.

En los últimos años, la República de Moldova ha realizado avances considerables en materia de igualdad de género, como se refleja en el Informe mundial sobre la brecha de género del Foro Económico Mundial. No obstante, según el primer informe del índice mundial de disparidad entre los géneros, el país muestra avances positivos pero desiguales.

Siendo conscientes de que el camino hacia la plena igualdad de género es un proceso continuo, en este informe no solo se indican los logros pasados y presentes, sino que también se describe a grandes rasgos la orientación de las iniciativas en el futuro. Se trata de una invitación abierta al diálogo, la innovación y la acción colectiva, que hace hincapié en la importancia de la colaboración entre todos los sectores de la sociedad con el fin de cumplir las promesas de la Convención. Desde que ratificó la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, la República de Moldova ha presentado su informe inicial al Comité (2000), los informes periódicos combinados segundo y tercero en 2006, cuarto y quinto en 2013, un informe provisional sobre la prevención y la lucha contra la violencia doméstica en 2015, y el sexto informe periódico en 2018. Las estadísticas del informe abarcan el período 2019-2022 y parte de 2023.

Se ha prestado especial atención a las observaciones/recomendaciones formuladas por el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer a raíz de la evaluación del sexto informe periódico de la República de Moldova (CEDAW/C/MDA/CO/6, de 2 de marzo de 2020). Estas recomendaciones se tuvieron en cuenta a la hora de elaborar los nuevos documentos normativos contra la violencia y los destinados a garantizar la igualdad de género.

El presente informe ha sido elaborado por el Ministerio de Trabajo y Protección Social, basándose en la instrucción CEDAW/C/74/3/Rev.1 del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer y en HRI/GEN/2/Rev.4, con la participación de coordinadores de género (puntos de contacto) de los ministerios y otras instancias del Gobierno central. El informe fue sometido a consulta pública con representantes del comité especializado responsable de coordinar y supervisar la aplicación de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, los ministerios pertinentes, otras autoridades e instituciones públicas, organizaciones internacionales y organizaciones no comerciales, incluida la presentación y el debate público. El borrador del informe se publicó en el sitio web del Ministerio de Trabajo y Protección Social (www.social.gov.md). Hacemos notar que este informe no solo sirve como registro de nuestros avances, sino también como declaración de nuestra resiliencia, compromiso y esperanza compartidos por un futuro en el que todas las personas, independientemente de su género, disfruten de igualdad y plenos derechos. Avancemos juntos hacia una República de Moldova más justa e igualitaria.

II.Primera parte: El documento general principal

Panorama general de la República de Moldova

A.Características demográficas, económicas, sociales y culturales de la República de Moldova

Entre 2019 y 2023, la evolución de los procesos demográficos se ha caracterizado por la disminución del número de habitantes y por el deterioro de la estructura por edad de la población, ocasionados por aspectos desfavorables relacionados con la fecundidad, el aumento de la migración externa, la intensificación del proceso de envejecimiento y la mortalidad general de la población.

En el período 2020-2023 se ha observado una tendencia negativa en el número de habitantes. Así, el número preliminar de la población con residencia habitual en la República de Moldova a 1 de enero de 2023 era de 2.500.000 personas, un descenso de 52.300 personas (o un 2,0 % en comparación con el inicio del año anterior), lo cual confirma una clara tendencia a la disminución de la población (cuadro 1, anexo 2).

La densidad de población se ha reducido, con un valor de 89,9 habitantes por kilómetro cuadrado en 2018 que no ha dejado de disminuir hasta los 82,8 habitantes por kilómetro cuadrado en 2023.

La distribución de la población por entornos residenciales muestra un predominio de la población urbana. El número de mujeres supera al de hombres tanto en las zonas urbanas como en las rurales (cuadro 2, anexo 2).

El movimiento natural de la población también registra valores negativos. En 2022 se constató el número más bajo de fallecimientos, con un descenso de 9307 personas (20,5 %) con respecto a 2021. Ese mismo año se produjeron 18.157 matrimonios y 9565 divorcios, con un 52,7 % de parejas divorciadas.

La esperanza de vida al nacer de los hombres no ha dejado de disminuir (de 68,1 en 2013 a 65,1 en 2021), si bien se ha producido un aumento de dos años en 2022. La misma situación se observa en las mujeres (75,55 en 2013 y 73,0 en 2021), pero con un aumento de 2,8 años en 2022 (cuadro 3, anexo 2). Las mujeres viven ocho años más que los hombres. Esta brecha se debe a los niveles más elevados de mortalidad prematura de los hombres.

La tasa global de fecundidad ha disminuido en 2022 con respecto al año anterior y se sitúa en 1,7 nacidos vivos por mujer (cuadro 3, anexo 2). A pesar de que la tasa global de fecundidad de la República de Moldova es relativamente alta, sigue sin alcanzar el nivel de reemplazo de 2,1 nacidos vivos por mujer en edad de procrear.

En 2023 el gasto medio mensual en consumo de la población fue de 4248,4 leus moldavos por persona, es decir, un 12,63 % más que el año anterior. En los gastos en consumo influye el tamaño de los hogares. En los hogares unipersonales, el gasto medio mensual por persona es 1,7 veces mayor que en los hogares formados por cinco o más personas. Los hogares grandes son los que más gastan en consumo de alimentos (el 45,8 % del gasto total). El gasto medio mensual en todo el país solo fue superado por los hogares formados por un máximo de tres personas.

Los principales destinos del gasto de los hogares son el consumo de alimentos (39,7 %, el aumento en 2020 se debió a la pandemia de enfermedad por coronavirus (COVID-19)), los pagos por vivienda, agua, electricidad y gas (17,6 %), y la compra de ropa y calzado (7,8 %). El gasto restante se destinó a pagar servicios de transporte (7 %), mobiliario, equipamiento y mantenimiento del hogar (5,3 %), salud (4,4 %) y telecomunicaciones (4,3 %), entre otras cosas. En función de la zona, el gasto en consumo de los hogares urbanos asciende a 5391,8 leus, es decir, 2003 leus por encima de los hogares rurales (cuadro 4, anexo 2).

En 2019 el umbral de pobreza se situó en una media de 2095,1 leus por persona y mes, con una tasa de pobreza absoluta del 25,2 %. La población rural corre un riesgo de pobreza mucho mayor que la urbana. La tasa de pobreza en las zonas rurales en 2019 era del 34,5 %, frente al 11,2 % en las zonas urbanas. En los hogares encabezados por mujeres (26,6 %), la tasa de pobreza es superior a la de los encabezados por hombres (24,6 %) y también supera la tasa de pobreza general (25,2 %). Los índices de pobreza eran más elevados en los hogares unipersonales y en los formados por cinco o más personas, siendo estos últimos muy superiores a la media general (cuadro 5, anexo 2). En 2022 la tasa general de pobreza absoluta de la población era del 31,1 %.

En el contexto de las desigualdades económicas, tanto en términos de ingresos como de gastos, entre la población rural y la urbana, en los últimos años, según el coeficiente de Gini, el grado de desigualdad en los ingresos en la República de Moldova ha venido mostrando una lenta tendencia a la baja, pasando del 27,0 % en 2015 al 25,7 % en 2021 y 2022.

La carga que recae sobre la salud y el bienestar de la población de la República de Moldova siguen siendo las enfermedades no transmisibles, que representan más del 80 % de todas las muertes prematuras debidas a enfermedades no contagiosas.

Los resultados del estudio Acceso de la población a los servicios sanitarios de 2022 indican que la percepción positiva del estado de salud disminuye con la edad: las mujeres son más críticas con su percepción de la salud en comparación con los hombres: el 51 % de los hombres califican su salud de buena o muy buena, frente al 40,7 % de las mujeres. Aproximadamente el 53 % de los residentes urbanos mayores de 16 años califican su salud de buena/muy buena, frente al 33 % de los residentes rurales.

La prevalencia de las enfermedades crónicas sigue siendo bastante elevada. Una de cada tres personas padece al menos una enfermedad crónica (figura 1, anexo 2). La tasa de prevalencia de las enfermedades crónicas en las mujeres es superior a la de los hombres (353 casos frente a 264 casos por cada 1000 habitantes) (figura 2, anexo 2).

La pandemia de COVID-19 modificó la estructura de las principales causas de muerte (figura 3, anexo 1), con un predominio de las enfermedades del aparato circulatorio (52,9 %), seguidas de la COVID-19 (14,8 %), los tumores (12,6 %) y las enfermedades del aparato digestivo (6,3 %).

Los datos de mortalidad de la población por principal causa de muerte muestran que los hombres sufren en mayor medida la carga de las enfermedades no transmisibles, y su clasificación por magnitud de carga refleja el siguiente orden: enfermedades cardiovasculares, cirrosis hepática, así como diabetes mellitus y tres tipos de neoplasias malignas (cáncer de pulmón, colon e hígado), seguidas de trastornos mentales y traumatismos no intencionales. En el caso de las mujeres, la clasificación de la magnitud de la carga es muy similar, excepto en el grupo de cánceres, donde predomina el cáncer de mama, seguido del cáncer de colon y de recto.

La educación es una prioridad nacional en la República de Moldova, puesto que se considera uno de los factores básicos para promover los derechos humanos y el desarrollo del capital humano. Entre la población total de edad comprendida entre los 25 y 64 años, el nivel educativo de las mujeres es del 55,5 % de media, mientras que el de los hombres es del 60,4 %. Las mujeres tienden a elegir los siguientes campos generales de estudio: educación, ciencias sociales y del comportamiento, servicios públicos, filología y artes, mientras que los hombres optan por las ingenierías y las tecnologías de la información y las comunicaciones.

En el año académico 2022-2023, el proceso educativo se organizó en 1329 centros educativos y el número de alumnos y estudiantes al inicio del curso era de 437.200 personas, es decir, 5100 menos que en el curso anterior y 20.000 menos que en el curso 2016-2017. Este descenso se debe a la emigración de ciudadanos moldavos al extranjero. Del número total de alumnos que cursan educación primaria y secundaria general, el 51 % son varones, la mayoría de ellos entre los cursos quinto a noveno. En los centros de enseñanza superior, la proporción de mujeres era del 59,4 % del total de estudiantes.

Al inicio del año académico 2022-2023, había 1740 alumnos y estudiantes por cada 10.000 habitantes, frente a los 1725 del curso 2021-2022. En comparación con el año académico 2016-2017, el número de centros de educación primaria y secundaria general ha disminuido en 73 unidades, quedándose en 1218 unidades en el curso 2022-2023, mientras que el número de alumnos ha aumentado ligeramente en 800 personas (334.500 en 2022-2023, frente a 333.700 en 2016-2017). En 2022 se graduaron en el gymnasium (equivalente al centro de educación secundaria) 31.500 estudiantes, de los cuales 26.300 o el 83,6 % continuaron sus estudios en la enseñanza secundaria y postsecundaria en el mismo año (el 42,6 % continuó en la educación secundaria y el 41,0 % en la formación profesional); 11.600 estudiantes se graduaron en la enseñanza secundaria, de los cuales 8000 (69,2 %) continuaron sus estudios en la enseñanza superior ese mismo año.

En el año académico 2023-2024 hay 21 instituciones de educación superior en funcionamiento, con 56.500 estudiantes. En el período 2016-2022, el número de instituciones de educación superior se redujo en nueve unidades, y el número de estudiantes en estas instituciones disminuyó en aproximadamente 18.000. Muchos estudiantes moldavos cursan estudios en el extranjero. Al inicio del curso 2023-2024, la mayoría de los estudiantes de educación superior proceden de centros públicos (83,4 %). En 2023, 8700 egresados de instituciones de educación superior obtuvieron su licenciatura y 5200 su máster o equivalente.

La tasa de empleo de la población entre 20 y 64 años alcanzó el 55,7 % (en 2022 era del 52,1 %). Los hombres son más activos en el mercado de trabajo de la República de Moldova. La tasa de empleo de los hombres alcanzó el 58,8 %, frente al 53 % de las mujeres, con una disparidad de género en el empleo del 5,8 %. En las zonas urbanas, la tasa de empleo alcanzó el 59,3 % y en las rurales el 52,9 %. El empleo de la población mayor de 15 años creció un 2,9 %, pasando de 862.300 en 2022 a 886.900 en 2023. El empleo creció más en el caso de las mujeres (5,5 %) que en el de los hombres (0,3 %). El empleo femenino aumentó de 418.600 en 2022 a 441.700 en 2023, y fue el empleo de las mujeres de las zonas urbanas el que más creció, un 8,8 %, de 193.600 en 2022 a 210.700 en 2023. El empleo masculino creció en 1400 personas, pasando de 443.700 en 2022 a 445.100 en 2023. La tasa de empleo de las mujeres depende de muchos factores, entre ellos la presencia en su familia de hijos menores de 16 años. En el sector servicios se constató la mayor proporción de mujeres empleadas (58,4 % de mujeres y 41,6 % de hombres en 2022). Las mujeres prefieren más que los hombres los empleos asalariados y formales. La brecha salarial en 2022 era del 15,5 %.

En 2023 los sectores de los servicios y la agricultura tenían los porcentajes más elevados de población ocupada, con un 60,5 % y un 19,5 % respectivamente, mientras que la industria y la construcción representaban el 13,2 % y el 6,7 % de todas las personas empleadas mayores de 15 años (cuadro 6, anexo 2).

Los trabajadores jóvenes (15-24 años) trabajan sobre todo en el comercio, la hostelería y la restauración (27,1 %), la industria (15,2 %) y la agricultura (18,1 %). Las mujeres (mayores de 15 años) tienen el doble de probabilidades de trabajar en la administración pública, la educación, la sanidad y el trabajo social (34,2 %) que los hombres (12 %), mientras que los hombres tienen más probabilidades de trabajar en la agricultura que las mujeres (25,4 % y 15,9 %, respectivamente). El porcentaje de hombres y mujeres en la industria en 2022 era casi el mismo (15 % frente a 14,6 %).

Los trabajadores jóvenes (15-24 años) se dedican principalmente a trabajos que requieren una cualificación media (68,2 % de todos los empleos ocupados por jóvenes) y a trabajos de cualificación alta (15,6 %), lo cual se ajusta en gran medida a la mejora del nivel educativo de este grupo de población. La polarización de las cualificaciones es más pronunciada entre las mujeres, dado que el empleo se concentra en trabajos de cualificación alta (35,1 % del total de la mano de obra femenina) y de cualificación baja (11,4 %), mientras que más del 66 % de los hombres se dedican a ocupaciones de cualificación media, según los datos de la Oficina Nacional de Estadística (ONE) de 2021.

La proporción de personas en el sector informal (indicador 8.3.1 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)) era del 21,5 % del total de empleados. En el sector no agrícola, el empleo informal representaba el 10,3 %. El porcentaje más elevado de empleo informal en las actividades no agrícolas se registró en la construcción (62,2 % de todas las personas empleadas en la construcción). Entre esos empleados de manera informal, los asalariados constituían el 26,1 %. De todos los asalariados, el 7,5 % tenía un empleo informal y, al mismo tiempo, recibía un complemento de manera informal. El porcentaje de empleo informal entre las mujeres en 2022 era del 16,5 %, y entre los hombres del 27,1 % (figura 4, anexo 2).

Entre 2019 y 2020, las mujeres empleadas en el sector informal perdieron más puestos de trabajo (-7,5 %) como consecuencia de la crisis provocada por la COVID-19, mientras que los hombres perdieron solo la mitad (-3,4 %).

El nivel de educación influye directamente en las oportunidades laborales. La tasa de empleo, tanto para hombres como para mujeres, muestra los valores más elevados entre las personas de entre 20 y 64 años con estudios superiores (76,5 % en el caso de los hombres y 66 % en el de las mujeres en 2022).

En 2022 la tasa de participación en la fuerza de trabajo de las personas de entre 25 y 54 años alcanzó el 59,4 %. Este indicador alcanzó valores más altos entre la población masculina (61,7 %,) en comparación con la femenina (57,2 %).

Según la ONE, entre 2019 y 2022, la tasa media de crecimiento del producto interno bruto (PIB) representó el 1,1 %. En 2022 el PIB alcanzó los 274.500 millones de leus, a los precios vigentes de mercado, disminuyendo (en términos reales) en un 4,6 % en comparación con 2021, cuando ascendió a 242.000 millones (cuadro 7, anexo 2).

El comercio al por mayor y al por menor y el mantenimiento y la reparación de vehículos de motor y motocicletas contribuyeron de forma significativa a la formación del PIB por categoría de recursos, representando un 16,6 %. En términos de uso, la mayor proporción correspondió al gasto en consumo final de los hogares, con un 83,9 %. Cabe destacar que, en la estructura del PIB por principales categorías de recursos en el período 2019-2022, el porcentaje de los servicios se ha mantenido en un promedio elevado del 55,6 %, en comparación con los bienes, que registran una media del 30,8 %.

La inflación a finales de 2022 ascendía al 30,2 %, incluyendo los productos alimentarios (31,8 %), los productos no alimentarios (19,9 %) y los servicios prestados a la población (44 %). En 2022 el considerable incremento de los precios de la energía contribuyó a un aumento del 7 % de los precios medios al consumo. Los índices anuales de precios al consumo figuran en el cuadro 8 del anexo 2.

La complicada situación económica de la región y las consecuencias de la crisis energética han mantenido el gasto presupuestario al alza, lo cual ha generado tensiones en términos de presupuesto. De enero a septiembre de 2023, se produjo un incremento de todos los gastos presupuestarios. Los gastos en materia de protección social representaron el porcentaje más elevado del gasto presupuestario total, concretamente el 41,1 %. Los datos sobre el aumento del gasto presupuestario se incluyen en la figura 5 del anexo 2. La tendencia al alza de la deuda pública (tanto interna como externa) continuó a lo largo de 2023. A 30 de septiembre de 2023, el saldo de la deuda pública registraba un aumento del 15 % con respecto a la misma fecha de 2022. La deuda interna, que representaba el 40,5 % del total de la deuda pública a finales de septiembre de 2023, ascendía a 39.800 millones de leus, un 20,8 % más que en septiembre de 2022. La deuda pública externa (59,5 % del total) ascendía a 58.500 millones de leus, un 11,4 % más. En moneda extranjera, la deuda pública externa ascendió a 3000 millones de dólares de los Estados Unidos y registró un aumento del 20 % respecto a finales de septiembre de 2022. El aumento de las fuentes de financiación externa ha condicionado el incremento de la deuda pública externa.

B.Estructura constitucional, política y jurídica del Estado

A 1 de diciembre de 2023, había 60 partidos políticos registrados en la República de Moldova. Entre 2018 y 2023 se registraron 17 partidos políticos. Algunos de los partidos anteriores se han reformado y otros han abandonado su actividad política. Entre los líderes de los partidos registrados/activos, solo hay cuatro mujeres.

Las elecciones legislativas del 11 de julio de 2021 supusieron el undécimo proceso electoral desde la proclamación de la independencia de la República de Moldova, con la participación de 23 candidatos. La participación electoral fue del 48,41 % (44,56 % en todo el país) y la distribución de los escaños parlamentarios fue la siguiente: Partido Acción y Solidaridad: 63; Bloque Electoral de Comunistas y Socialistas: 32; y Partido Shor: 6.

Actualmente hay 41 mujeres en el Parlamento moldavo. En la primera legislatura (1990-1994), las mujeres representaban el 3,7 %; en 2021, el 39,6 %; y en 2023, más del 40 %. Otro avance ha sido la inclusión de mujeres en las listas de candidatos: 837 mujeres, es decir, el 46,73 % del total de candidatos designados por las 23 candidaturas electorales registradas por el Consejo Electoral Central (CEC).

En las elecciones presidenciales celebradas el 1 de noviembre de 2020 se eligió a la primera mujer presidenta del país. En las elecciones locales generales de 2023 fueron elegidos 896 alcaldes, de los cuales 215 eran mujeres (23,99 %). Entre los 9931 concejales de nivel I, el 41,54 % son mujeres; y entre los 1086 concejales de nivel II, el 33,7 % son mujeres.

Entre agosto de 2021 y febrero de 2023, el Gobierno moldavo estuvo dirigido por una mujer primera ministra. En la actualidad, de los 17 miembros del Gobierno, cuatro son mujeres, mientras que en los ministerios hay 17 secretarias de Estado y 11 vicesecretarias y subsecretarias, de un total de 62 dirigentes.

La justicia en la República de Moldova se imparte en nombre de la ley a través de los tribunales. Los responsables de administrar justicia son el Tribunal Supremo de Justicia, los tribunales de apelación y los tribunales de primera instancia. El Tribunal Constitucional opera al margen de los poderes legislativo, ejecutivo y judicial.

La proporción de mujeres juezas está aumentando. En 2013 las juezas representaban el 40,9 %, un porcentaje que aumentó hasta el 48,3 % en 2018, mientras que en 2022 las mujeres juezas ya superaban a los hombres, alcanzando el 51,2 %. En el caso del Tribunal Constitucional, de los seis magistrados constitucionales, tres son mujeres. En la Fiscalía General, las mujeres representaban el 40,7 % del contingente. De los 592 fiscales que trabajaban en 2022, 201 eran mujeres (34 %) y 391 eran hombres (66 %). En cuanto al número de fiscales principales, a 31 de diciembre de 2022 había 94 unidades, lo cual representa el 15,9 % de los fiscales en activo (592). Las mujeres están infrarrepresentadas en las fuerzas policiales, con una brecha de género de 49,4 puntos porcentuales con respecto a los hombres, con un porcentaje que se situaba en el 25,3 % en 2022.

El régimen jurídico no impone restricciones a la afiliación sindical, y menos aún sobre el criterio de género. A nivel nacional, solo existe una central sindical interprofesional: la Confederación Nacional de Sindicatos de la República de Moldova. Las mujeres representan el 64 % del total de afiliados a los sindicatos. En los órganos rectores de la Confederación Nacional de Sindicatos, el porcentaje de mujeres en el Consejo General es del 47,2 % (de entre 106 personas), y en el Comité Confederal, del 34,6 % (de entre 26 personas).

Según datos del Ministerio del Interior, en 2022 la tasa de criminalidad fue de 103 delitos por cada 10.000 habitantes, frente a los 119 delitos de 2018. La mayoría de los delitos se registraron en zonas urbanas (60,8 %). Del total de delitos registrados, el 2,6 % fueron cometidos por menores o con su participación. El número de delitos cometidos por chicas ha disminuido (62 en 2022) con respecto a 2018 (86), y son 40 menos que en 2019. En 2022, 698 personas fueron víctimas de violencia doméstica, el 70,3 % de las cuales fueron mujeres. La mayor parte de las víctimas de violencia doméstica, tanto mujeres como hombres, tenían entre 35 y 64 años. El porcentaje de niños de 0 a 17 años que sufrieron violencia doméstica fue el doble que el de niñas de la misma edad: el 16,4 % frente al 6,3 %.

En 2022 hubo 114 víctimas de homicidio doloso. En la mayoría de los casos, las víctimas de homicidio doloso fueron hombres. Cada día se condena a un promedio de 23 personas, de las cuales unas 22 son hombres. Entre las personas condenadas definitivamente a penas de prisión en 2022, la mayoría tenían entre 30 y 39 años.

Desde la puesta en marcha de la Ley núm. 198/2007 de Asistencia Letrada Garantizada por el Estado (julio de 2008), el mayor número de casos de concesión de asistencia letrada garantizada por el Estado se registró en 2017, con 65.322 casos, y el segundo indicador más alto se registró en 2022, con 64.132 casos. En 2022 el número de beneficiarios fue un 5 % superior al de 2021. De este número total, en 4001 casos se prestó asistencia jurídica de urgencia a personas detenidas (alrededor del 8 %), en 6794 casos las beneficiarias fueron mujeres (alrededor del 13,5 % del volumen total), y en 1324 casos tenían la condición de víctima/parte perjudicada de un delito (alrededor del 2,6 % del volumen total), de las cuales 1085 fueron víctimas de violencia doméstica y 8 fueron víctimas de trata de personas.

El marco general de protección y apoyo de los derechos humanos

A.Armonización con las normas internacionales de derechos humanos

La República de Moldova ha ratificado la mayoría de los principales convenios en materia de derechos humanos, aceptando ampliamente las obligaciones derivadas y presentando de forma periódica informes nacionales sobre la aplicación. Así se han sentado las bases de un nuevo sistema jurídico y sociopolítico, creando mecanismos y palancas para poner en marcha un sistema nacional de promoción y respeto de los derechos humanos basado en los instrumentos jurídicos internacionales. La implementación de los instrumentos jurídicos internacionales sigue siendo indispensable.

La República de Moldova ratificó el Convenio del Consejo de Europa sobre Prevención y Lucha contra la Violencia contra las Mujeres y la Violencia Doméstica (Convenio de Estambul), en vigor desde el 1 de mayo de 2022. El 1 de mayo de 2022 se incluyó a la República de Moldova en el proceso de evaluación, mientras que el 3 de octubre de 2022 se presentó el primer informe del Gobierno sobre la aplicación del Convenio al Grupo de Expertos en la Lucha contra la Violencia contra las Mujeres y la Violencia Doméstica.

En 2018 el Gobierno aprobó el primer documento normativo en este ámbito: la Estrategia Nacional de Prevención y Lucha contra la Violencia contra las Mujeres y la Violencia Doméstica para 2018-2023 y el Plan de Acción para 2018-2020 (Decisión núm. 281/2018 del Gobierno). En 2023 el Gobierno aprobó tres planes de acción nacionales dedicados a la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres, con objetivos claros y medidas concretas para promover la igualdad de género en todos los sectores de la sociedad: el Programa Nacional de Prevención y Lucha contra la Violencia contra las Mujeres y la Violencia Doméstica para 2023-2027 (Programa Nacional contra la Violencia), el Programa para Promover y Garantizar la Igualdad entre Mujeres y Hombres en la República de Moldova (Programa de Igualdad de Género) y el Programa de Apoyo al Emprendimiento Femenino (2023-2025). La ejecución de estos programas abarcará cinco años, de 2023 a 2027, y está cofinanciada por el Gobierno y los asociados estatales para el desarrollo.

La ratificación del Convenio núm. 190 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre la Eliminación de la Violencia y el Acoso en el Mundo del Trabajo, en diciembre de 2023, constituye también un paso importante hacia la eliminación de la violencia y el acoso en el lugar de trabajo.

El proceso de ratificación de la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de Sus Familiares se inició con anterioridad y se detuvo con el fin de calcular los costos de ejecución de la Convención, dado que la República de Moldova es parte en tres instrumentos internacionales en el ámbito de la migración y en 40 instrumentos internacionales en el ámbito del trabajo.

La ratificación de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas se encuentra actualmente en una fase prematura a la luz del principio de integridad territorial, que pone de manifiesto posibles obstáculos para garantizar el cumplimiento de las disposiciones de la Convención en el territorio de la orilla izquierda del río Dniéster, controlado por estructuras autoproclamadas que operan al margen del marco jurídico de la República de Moldova.

B.Marco jurídico para la protección de los derechos humanos a nivel nacional

La legislación moldava establece la igualdad de derechos entre hombres y mujeres en todos los ámbitos de la vida pública y privada. El sistema nacional de derechos humanos se basa en la Constitución moldava (1994), la legislación nacional y los instrumentos internacionales de los que la República de Moldova es parte.

Los derechos humanos y las libertades se interpretan y aplican de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos, los pactos y otros tratados de los que la República de Moldova es parte. La Constitución estipula que, en caso de discrepancia entre los pactos y tratados sobre los derechos humanos fundamentales de los que la República de Moldova es parte y su legislación interna, prevalecerán los acuerdos internacionales.

La condición jurídica, el mandato, la duración y las competencias de la Defensoría del Pueblo están regulados por la Ley núm. 52/2014 sobre la Defensoría del Pueblo (Ómbudsman). En febrero de 2023, se ajustó el marco regulatorio a las últimas tendencias y normas internacionales con el fin de garantizar el funcionamiento eficaz de la institución de la Defensoría del Pueblo. Esto incluyó mejoras en los procedimientos de selección, nombramiento y destitución, así como una ampliación de las competencias del mandato.

Los derechos humanos y libertades fundamentales están regulados por una serie de disposiciones normativas. Para el Estado es una prioridad la promoción y garantía del respeto de los derechos humanos y libertades fundamentales, como confirman las políticas gubernamentales y el programa marco del Plan de Acción Nacional sobre Derechos Humanos para 2018-2022 (PNADO III). Este plan incluía iniciativas destinadas a facilitar el acceso a la justicia, garantizar la libertad de expresión, promover la igualdad y proteger los derechos de las personas con discapacidad, los residentes de las localidades de la orilla izquierda del Dniéster y los miembros de grupos minoritarios nacionales, étnicos, religiosos y lingüísticos. También se centraba en armonizar el marco jurídico con las normas internacionales, brindar protección contra la discriminación, luchar contra la violencia doméstica, facilitar el acceso a los servicios médicos y a una educación de calidad, y mejorar de forma continua los niveles de empleo ofreciendo oportunidades de trabajo. Según el informe de evaluación sobre la aplicación del Plan de Acción Nacional sobre Derechos Humanos para 2018-2022, el plan se ejecutó a un nivel moderado, y los éxitos más importantes se registraron en los ámbitos de la prevención y lucha contra la trata de personas, la igualdad de género y la violencia doméstica, y los derechos de los niños.

En el primer trimestre de 2024, el Gobierno aprobó el Plan de Acción Nacional sobre Derechos Humanos para 2024-2027, que complementará las políticas sectoriales y se centrará en: 1) garantizar los derechos humanos; 2) fortalecer los mecanismos institucionales para la implementación, coordinación y supervisión de los compromisos contraídos en virtud de la legislación sobre derechos humanos; y 3) desarrollar la Estrategia Nacional de Derechos Humanos.

C.Marco de promoción de los derechos humanos a nivel nacional

Se han creado estructuras e instituciones de protección de los derechos humanos a escala nacional (anexo 3), entre las que destacan:

•La Comisión Parlamentaria de Derechos Humanos y Relaciones Interétnicas (Decisión núm. 86/2021 del Parlamento);

•La Defensoría del Pueblo vela por que las autoridades públicas, las organizaciones y las empresas, así como las personas que ocupan puestos de responsabilidad a todos los niveles, respeten los derechos humanos y las libertades fundamentales. La Defensoría del Pueblo para la Protección de los Derechos del Niño ejerce competencias para garantizar el respeto de los derechos y libertades de los niños y la aplicación de las disposiciones de la Convención sobre los Derechos del Niño;

•El Consejo Nacional de Derechos Humanos (Decisión núm. 65/2019 del Gobierno), que cuenta con comisiones especializadas que actúan como mecanismos institucionales de coordinación y seguimiento de los tratados internacionales de derechos humanos de los que la República de Moldova es parte. Actualmente existen cuatro comisiones especializadas:

•La comisión coordinada por la Cancillería de Estado, encargada de coordinar y supervisar la aplicación de las recomendaciones del examen periódico universal y del Convenio del Consejo de Europa sobre la Lucha contra la Trata de Seres Humanos;

•La comisión especializada coordinada por el Ministerio del Interior, que se encarga de coordinar, supervisar y evaluar el nivel de ejecución de la resolución 1325 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, relativa a las mujeres, la paz y la seguridad, el Convenio del Consejo de Europa para la Protección de los Niños contra la Explotación y el Abuso Sexual, la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, así como las recomendaciones formuladas por las instituciones internacionales en los procedimientos de presentación de informes;

•La comisión especializada coordinada por el Ministerio de Educación e Investigación, encargada de la coordinación y el seguimiento de la aplicación de la Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial y del Convenio Marco para la Protección de las Minorías Nacionales;

•El comité especializado coordinado por el Ministerio de Trabajo y Protección Social, responsable de coordinar y supervisar el nivel de aplicación del Convenio de Estambul, la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, la Convención sobre los Derechos del Niño, la Carta Social Europea y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales;

•El Consejo Nacional para la Protección de los Derechos del Niño.

Información sobre no discriminación, igualdad y recursos jurídicos eficaces

El derecho de las personas a la protección y la asistencia social está garantizado con arreglo a la Constitución de la República de Moldova (artículo 47). Todos los ciudadanos del país son iguales ante la ley y los poderes públicos, independientemente de su raza, nacionalidad, origen étnico, idioma, religión, sexo, opinión, afiliación política, patrimonio u origen social (artículo 16).

La Ley núm. 121/2012 de Garantía de la Igualdad vela por la prevención y lucha contra la discriminación y asegura la igualdad de todas las personas bajo la jurisdicción de la República de Moldova en las esferas política, económica, social, cultural y otros ámbitos de la vida, sin distinción de raza, color, origen nacional o étnico, condición social, ciudadanía, idioma, religión o creencias, edad, sexo, identidad de género, estado civil, orientación sexual, discapacidad, estado de salud, estado serológico con respecto al VIH, opinión, afiliación política, patrimonio, nacimiento o cualquier otro criterio.

La Ley núm. 5/2006 para Garantizar la Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres prohíbe la discriminación por razón de sexo y garantiza la igualdad de acceso en todos los ámbitos de actividad.

Entre los mecanismos nacionales creados para garantizar la igualdad de oportunidades (descripción en el anexo 4), cabe destacar:

•La Plataforma de Mujeres Parlamentarias de la República de Moldova;

•El Consejo de Igualdad;

•Los Grupos de Coordinación de Género;

•El Consejo Nacional de Coordinación para Prevenir y Combatir la Violencia contra las Mujeres y la Violencia Doméstica, que se creará en el marco de la Agencia Nacional para Prevenir y Combatir la Violencia contra las Mujeres y la Violencia Doméstica (Agencia contra la Violencia) y asumirá las funciones de la estructura anterior: el Consejo Interministerial de Coordinación para Prevenir y Combatir la Violencia contra las Mujeres.

Desde 2022, el Ministerio de Educación e Investigación, en colaboración con el Centro de Información y Documentación sobre los Derechos del Niño, ha puesto en marcha el Foro de Defensores de los Derechos Humanos de los Niños, que se celebra del 1 al 10 de diciembre, y el Programa de Actividades Extraescolares en Educación Primaria y Secundaria, que se aprueba anualmente por orden ministerial.

III.Segunda parte

Informe sobre la aplicación de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer en la República de Moldova

A.Artículos 1 y 2

El artículo 16 de la Constitución de la República de Moldova establece el principio de igualdad de los ciudadanos ante la ley y los poderes públicos, independientemente de su raza, nacionalidad, sexo, religión y otros criterios. La legislación moldava establece la igualdad de derechos entre hombres y mujeres en todos los ámbitos de la vida pública y privada.

El principio de la igualdad de género se promueve a través de la legislación marco, que ha sufrido ciertas modificaciones durante el período de referencia. La Ley núm. 121/2012 se ha actualizado con la finalidad de incluir nuevas definiciones (discriminación continuada, discriminación prolongada); ampliar el abanico de criterios protegidos (identidad de género, estado civil, orientación sexual, estado de salud, estado serológico con respecto al VIH); definir más claramente las competencias del Consejo de Igualdad; mejorar los procedimientos de examen de denuncias y la recogida de datos en materia de igualdad, no discriminación y diversidad; reforzar los procesos de seguimiento, evaluación y presentación anual de resultados; y fortalecer el marco institucional aumentando el personal del Consejo de Igualdad de 20 a 33 trabajadores. La Ley núm. 5/2006 para Garantizar la Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres se ha modificado para redefinir el concepto de acoso sexual.

En cuanto a la tipificación como delito de los discursos de odio basados en criterios de género, se han introducido nuevas normas en el Código Penal por medio de la revisión del artículo 346, que obliga a castigar los actos de incitación al odio o a la violencia, expresados mediante la incitación pública, la difusión de información u otras formas de comunicación pública, en particular a través de los medios de comunicación, ya sea por escrito o en forma de dibujo o imagen, o mediante un sistema informático, contra una categoría de personas basándose en motivos prejuiciosos, entre ellos el género. Al mismo tiempo, el texto “odio social, nacional, racial o religioso” del Código Penal se ha sustituido por el término “prejuicio” y la noción de “motivo de prejuicio” se ha definido en el artículo 134/21.

Además, se ha complementado el Código de Contravenciones con el artículo 70/1, que penaliza los actos intencionados, la incitación pública, la difusión de información u otras formas de comunicación pública dirigidas a incitar a la discriminación por motivos de prejuicio. También se han introducido los nuevos artículos 70/2, sobre el acoso, y 70/3, sobre la victimización.

En referencia a la recomendación del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer sobre la definición de discriminación, se señala que la discriminación interseccional se incluye entre las formas de discriminación grave señaladas en el artículo 4 de la Ley núm. 121/2012.

Entre 2018 y 2022, se renovaron muchas de las dependencias judiciales y la mayoría de ellas son accesibles actualmente para las personas con discapacidad.

En consonancia con la evaluación final del Plan de Acción Nacional sobre Derechos Humanos para 2018-2022, en el ámbito de Igualdad de género y violencia doméstica, el grado de consecución de los indicadores de resultados se calificó como parcial.

A través de la plataforma de comisiones especializadas (incluida la relativa a la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer) del Consejo Nacional de Derechos Humanos, coordinada por el Ministerio de Trabajo y Protección Social, se supervisa la ejecución de la política estatal en el ámbito de los derechos humanos, así como de los tratados internacionales en materia de derechos humanos de los que la República de Moldova es parte. Entre los miembros de estas comisiones hay representantes del Gobierno y de la sociedad civil.

El Instituto de Administración Pública, la Academia “Stefan cel Mare” del Ministerio del Interior y el Instituto Nacional de Justicia desempeñan un papel crucial a la hora de fortalecer las capacidades profesionales de los funcionarios públicos, alcaldes, representantes de las fuerzas de seguridad, abogados, fiscales y jueces en el ámbito de la igualdad de género y la no discriminación, así como en la prevención y la lucha contra la violencia contra las mujeres.

En los últimos cinco años se ha producido un aumento constante del número de casos en los que se ha prestado asistencia jurídica garantizada por el Estado (anexo 5). Se ha garantizado la asistencia jurídica gratuita para una nueva categoría: las víctimas de la trata de personas (Ley núm. 1/2020) y las personas con discapacidad (Ley núm. 298/2022). En 2020 también se amplió el concepto de asistencia jurídica de urgencia.

Por medio de la Decisión núm. 953/2022 del Gobierno, se aprobó el marco nacional de seguimiento de la implementación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, que establece indicadores para supervisar la eficacia de la aplicación de las políticas sobre igualdad de género y empoderamiento de todas las mujeres y niñas (ODS 5). En cuanto a la lista de indicadores, se ha garantizado el desglose de los indicadores sobre la base de criterios relativos al género, la edad o los medios de subsistencia, en función de su pertinencia para todos los ODS.

Se ha modificado el marco regulatorio del trabajo y la igualdad de género, obligando a los empresarios a aplicar medidas para prevenir y combatir la discriminación por cualquier motivo, el acoso sexual y la victimización en el lugar de trabajo. Según las nuevas disposiciones, los empleadores están obligados a informar por escrito al organismo sindical, en un plazo de 7 días, acerca de los resultados del examen de los casos de discriminación y acoso sexual y de las medidas adoptadas para eliminar las infracciones detectadas en estos casos. A partir de 2025, los inspectores de trabajo verificarán las medidas adoptadas por el empleador para prevenir y combatir los casos de discriminación y acoso sexual en el lugar de trabajo.

Las estructuras estatales garantizan la inclusión social de los grupos de población vulnerables a través de medidas legislativas e iniciativas multidimensionales llevadas a cabo en colaboración con la sociedad civil.

Entre 2020 y 2023, el Consejo de Igualdad registró denuncias de discriminación contra las mujeres en ámbitos como la vida política y pública, la educación y el empleo y la sanidad (anexo 7).

Entre 2020 y 2022, del total de personas que denunciaron un caso de discriminación ante el Consejo de Igualdad, 434 eran hombres y 343 mujeres. Las decisiones emitidas por el Consejo de Igualdad sobre casos de discriminación durante 2020-2023 pueden consultarse en el sitio web oficial del Consejo: www.egalitate.md, en la sección Decisiones/Notificaciones.

B.Artículo 3

Las políticas de la República de Moldova en el ámbito de la eliminación de la discriminación contra las mujeres y las niñas se recogen en el Programa de Promoción y Garantía de la Igualdad de Género para 2023-2027 (Programa de Igualdad de Género); el Programa Nacional contra la Violencia; la Estrategia Nacional de Desarrollo “Moldova Europea 2030”; el programa de actividades gubernamentales “Moldova próspera, segura y europea”; el Programa de Apoyo a la Población Romaní de la República de Moldova para el período 2022-2025; el Programa de Emprendimiento Femenino; el Programa Nacional de Implementación de la Resolución 1325 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, relativa a las Mujeres, la Paz y la Seguridad, para 2023-2027; la Estrategia de Desarrollo de la Gestión de las Finanzas Públicas y el Plan de Acción Nacional para la Adhesión de la República de Moldova a la Unión Europea para 2024-2027. En el anexo 7 se describen brevemente la finalidad y los objetivos de estas políticas.

En 2023 el Ministerio de Trabajo y Protección Social elaboró y consultó con las autoridades pertinentes la hoja de ruta para 2024 con el fin de lograr una presupuestación que responda a las cuestiones de género a escala nacional. A la hora de redactar documentos de política pública (estrategias y programas) y de planificación (planes de acción, planes nacionales de desarrollo, entre otros) se aplican procedimientos operativos, que cumplen los requisitos de integrar el principio de no dejar a nadie atrás, la dimensión de género y el principio de no discriminación en las políticas públicas. En consonancia con el ámbito de intervención y en la medida en que la disponibilidad de los datos lo permite, los documentos incorporan los derechos de las mujeres como motor para promover la sostenibilidad de las políticas.

La ONE, conjuntamente con el proyecto Estadísticas a través de la Asociación Oriental, ha publicado Avances em materia de igualdad de género: ¿Qué nos dicen las estadísticas? (edición de 2022). En la publicación se presentan datos de género comparables entre los países de la Asociación Oriental, ofreciendo un análisis descriptivo a escala regional y nacional, así como una oportunidad para determinar los retos a los que se enfrentan los países asociados a la hora de elaborar y presentar datos nacionales de género.

El Ministerio de Trabajo y Protección Social es la autoridad pública central facultada para desarrollar, supervisar, evaluar y promover políticas en materia de igualdad de género. Dentro del Ministerio opera un departamento especializado, que forma parte del mecanismo nacional de promoción de la igualdad de género en la República de Moldova. Dicho mecanismo se reforzó en 2023 mediante la creación de un cargo adicional de jefe adjunto para el Departamento de Políticas de Igualdad de Género. Los gastos de mantenimiento de esta subdivisión durante el período 2020-2023 fueron los siguientes: en 2020, 1.037.600 leus; en 2021, 1.005.600 leus; en 2022, 1.406.400 leus; en 2023, 1.510.200 leus.

En el seno de 14 ministerios se han creado Grupos de Coordinación de Género (integrados por 166 dependencias de género), cuyo objetivo es velar por un enfoque integral de la igualdad de género en las políticas y programas de todos los ámbitos y a todos los niveles de decisión y ejecución. El artículo 19 de la Ley núm. 5/2006 estipula que las dependencias de género también operan a nivel local.

El Gobierno ha elaborado el Programa de Desarrollo de la Sociedad Civil para 2024-2027. En enero de 2024, había 16.453 organizaciones inscritas en el Registro Estatal de Organizaciones no Gubernamentales de la República de Moldova con la finalidad de defender los derechos humanos fundamentales: de las 1729 organizaciones no gubernamentales que fomentan los derechos humanos, 191 promueven específicamente los derechos de las mujeres. Entre 2020 y 2023 se registraron 20 organizaciones de mujeres.

La Plataforma para la Igualdad de Género (anexo 4), integrada por organizaciones no gubernamentales (ONG) y asociados para el desarrollo (entre otros, ONU-Mujeres, la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), el Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/Sida (ONUSIDA), el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) y la Organización Mundial de la Salud (OMS)) que, conjuntamente con el Gobierno, llevan a cabo diversos proyectos internacionales, contribuye de manera significativa a la promoción de la igualdad de género a nivel central y local.

C.Artículo 4

El Código Electoral establece que las listas de candidatos a las elecciones legislativas y locales deben mantener una cuota mínima de representación del 40 % para ambos sexos (doble cuota introducida en 2019). Los candidatos se ordenan en las listas siguiendo una fórmula: un mínimo de cuatro candidatos por cada diez escaños.

En 2018-2019, el CEC, conjuntamente con el PNUD y otros organismos involucrados, elaboró materiales electorales informativos y motivacionales en braille y en formato audio para personas con discapacidad visual, en el contexto de las elecciones legislativas del 20 de octubre de 2019. Se imprimió material informativo en cinco idiomas de minorías étnicas (ruso, ucraniano, gagaúzo, búlgaro y romaní) para las elecciones generales locales de 2023.

La Ley núm. 136/2017 sobre el Gobierno no establece una cuota mínima del 40 % de representación de mujeres y hombres en el Gobierno. El Primer Ministro, al confeccionar la lista de candidatos a ocupar cargos en el Gobierno, debe tener en cuenta la legislación que garantiza la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, en sintonía con los criterios de profesionalidad y mérito.

Sobre la base de las observaciones del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (2020) acerca de la aplicación de una cuota de representación mínima del 20 % de mujeres en las fuerzas policiales, se aprobó un Plan de Acción para la Igualdad de Género en la Policía para 2022-2025, que incluye un conjunto de medidas destinadas a aumentar la tasa de retención de los empleados. Como resultado de las medidas de implementación del Plan de Acción de la Estrategia de Desarrollo Policial para 2016-2020 y de la ejecución de las iniciativas y medidas incluidas en el Plan de Igualdad de Género para 2022-2025, la proporción de mujeres empleadas en la policía aumentó del 20,6 % en 2022 al 23,2 % de la plantilla en el primer semestre de 2023. En la actualidad, hay 4233 mujeres (26,44 %) trabajando en el Ministerio del Interior, y 321 mujeres empleadas en puestos directivos, lo que representa el 15,1 % del total de puestos directivos de la institución.

El Programa de Apoyo a la Población Romaní para 2022-2025 incluye la respuesta del Estado a las recomendaciones del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (2020). Con el fin de reducir la brecha educativa existente entre la juventud romaní, especialmente entre las niñas romaníes, se aprobó el Programa de Concesión de Becas al Mérito a alumnos y estudiantes romaníes de educación secundaria, formación técnica profesional y educación superior (Decisión núm. 818/2023 del Gobierno). A partir de enero de 2024, 50 alumnos y estudiantes romaníes, entre ellos 23 niñas, recibirán becas al mérito por valor de 1200 leus.

Cada vez se reconoce más a las empresas privadas como elementos clave del crecimiento económico, pero también como impulsoras del desarrollo social sostenible. Varias empresas privadas se han comprometido a promover la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres en el lugar de trabajo y en la comunidad. Entre ellas hay 19 empresas de la República de Moldova, incluido un banco comercial, que han suscrito los Principios para el Empoderamiento de las Mujeres. Anualmente, se organizan conferencias nacionales para difundir las mejores prácticas internacionales y locales en la promoción de los Principios, haciendo hincapié en el papel de los Gobiernos y las organizaciones internacionales a la hora de empoderar a las mujeres. Además, se ha llevado a cabo un estudio sobre los efectos de la implantación de los Principios en las empresas de la República de Moldova, que servirá de base para iniciativas posteriores. La adopción de los Principios en las estrategias de desarrollo empresarial representa la mayor iniciativa voluntaria en materia de responsabilidad corporativa.

El Programa Nacional de Empleo para 2022-2026 y su Plan de Acción (Decisión núm. 785/2022 del Gobierno) incluyen el objetivo de incrementar la tasa de participación en la fuerza de trabajo de las mujeres de 25 a 34 años, del 44 % en 2021 al 48 % en 2026 (+4 %), así como la tasa de empleo de las mujeres de 25 a 34 años, del 43,2 % en 2021 al 47,2 % (+4 %) en 2026.

El Programa Nacional de Fomento del Emprendimiento y Aumento de la Competitividad para 2023-2027 (Decisión núm. 653/2023 del Gobierno) incluye medidas destinadas a apoyar la iniciativa empresarial y a mejorar el acceso a la financiación de las empresas locales, los pequeños productores, los comerciantes y los diversos grupos desfavorecidos (mujeres, jóvenes e inmigrantes, entre otros). En 2021 el porcentaje de pequeñas y medianas empresas propiedad de mujeres era aproximadamente del 33 %, y en 2022 del 30 %, con un objetivo del 35 % fijado para 2025.

A través de la ejecución del Programa Nacional de Implementación de la Resolución 1325 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, el objetivo es aumentar la proporción de mujeres en puestos decisorios y operativos hasta al menos el 10 % y al menos 5000 personas admitidas con fines humanitarios, e incrementar la participación en comisiones, comités y otras estructuras de toma de decisiones en el sector de la seguridad y la defensa hasta el 10 %; se desarrollarán al menos dos programas de mentoría y liderazgo para las mujeres del sector. Con el fin de reforzar la transparencia y la visibilidad en el sector de la seguridad y la defensa, se aumentará la presencia de los medios de comunicación en un 15 % de aquí a 2027.

El sistema educativo tiene cuotas de admisión en la enseñanza superior. Se mantiene una cuota del 15 % del número total de plazas del plan de admisión financiado con cargo al presupuesto para determinados grupos de candidatos desfavorecidos, entre ellos las niñas. Se da prioridad a aquellos alumnos carentes del cuidado de sus padres, así como a los niños con discapacidades graves o profundas. En consonancia con la consolidación del papel de los hombres como promotores de la igualdad de género y de conformidad con el objetivo de la estrategia Educación 2030 de dotar al sistema educativo de docentes competentes y motivados, el Estado pondrá en marcha estrategias para motivar y apoyar a los estudiantes varones de pedagogía, con la finalidad de aumentar sus tasas de empleo y retención en el sistema educativo en al menos un 5 % anual.

Con el fin de cumplir los requisitos de las Naciones Unidas en cuanto a la proporción de mujeres en misiones internacionales de mantenimiento de la paz como observadoras militares y oficiales del Estado Mayor (un mínimo del 19 % del total de puestos concedidos a la República de Moldova), el 20 % de estos puestos se ofrecen exclusivamente a mujeres que sirven en el ejército nacional, mientras que el resto de los puestos están abiertos tanto a hombres como a mujeres que sean soldados contratados en el ejército nacional y cumplan todos los criterios establecidos por las Naciones Unidas.

La ONE, como autoridad administrativa independiente, coordina el sistema estadístico nacional en materia de elaboración y producción de estadísticas oficiales relativas a las estadísticas de género. La ONE difunde datos relacionados con el género a través de varias páginas y productos (anexo 5).

D.Artículo 5

La República de Moldova ratificó en octubre de 2021 el Convenio de Estambul, que entró en vigor en mayo de 2022.

Durante el período de referencia, se introdujeron en el marco regulatorio nacional ajustes relativos a: la introducción de nuevos términos (violencia contra las mujeres, víctima adulta, víctima infantil); la inclusión del control telemático de los agresores domésticos en el contexto de las medidas de protección de las víctimas por parte de los tribunales (incluida la posibilidad de que la víctima y sus familiares sean seguidos electrónicamente a través de un sistema de vigilancia del Sistema Mundial de Comunicaciones Móviles (GSM), previo consentimiento por escrito); el fortalecimiento del sistema de asistencia social mediante la creación de un servicio encargado de prevenir y combatir la violencia doméstica; la mejora de la protección de las víctimas mediante la evaluación y gestión del riesgo de reincidencia o comisión de actos de violencia doméstica por parte de los profesionales de la policía, los asistentes sociales y los servicios sanitarios; la ampliación del concepto de asistencia jurídica de urgencia garantizada por el Estado, proporcionando asistencia jurídica, las 24 horas del día y los 7 días de la semana, a las víctimas de violencia doméstica y delitos sexuales en la fase de presentación de la denuncia y garantizando el derecho a asistencia jurídica cualificada, independientemente del nivel de ingresos para determinadas categorías.

El mecanismo para garantizar los derechos de las víctimas en el caso de delitos de violencia sexual y doméstica también se ha mejorado por medio de modificaciones y adiciones legislativas para transponer las disposiciones de los Convenios de Estambul y Lanzarote, entre las que destacan: garantizar el derecho de las víctimas a un juicio justo (en condiciones amistosas, en ausencia de la persona sospechosa); impedir la supresión de la responsabilidad penal como consecuencia de la reconciliación de la víctima con el delincuente; velar por un proceso de investigación proactivo, incluso aunque la presunta víctima haya retirado su declaración o denuncia; promover una reinserción social más eficaz mediante el acceso a asistencia médica, forense, psicológica postraumática y asesoramiento para la recuperación física y psicosocial; y tipificar como delito la ciberviolencia en forma de pornografía por venganza, adecuando la definición de acoso sexual a las normas internacionales de derechos humanos aplicables. El Programa contra la Violencia también interviene a través de cuatro objetivos generales que se traducen en 90 iniciativas concretas. La información pertinente relativa a la misión del programa se incluye en el anexo 8.

Durante el período que abarca el informe, se reforzó el marco operativo metodológico para los profesionales (anexo 9).

Hasta 2016, la Ley núm. 243/1994 de Prensa incluía disposiciones que obligaban a las publicaciones periódicas y a las agencias de prensa a utilizar un lenguaje correcto y no discriminatorio hacia mujeres y hombres, contribuyendo a reducir los estereotipos sexistas y prohibiendo la publicación de materiales sexistas. La Ley núm. 62/2022 de Publicidad prohíbe en su artículo 7 la publicidad sexista. El Código núm. 174/2018 de Servicios para los Medios de Información Audiovisuales prohíbe, en su artículo 18, el uso de lenguaje sexista y escenas de violencia y comportamientos degradantes contra mujeres y hombres en los servicios para los medios de información audiovisuales. El Centro de Periodismo Independiente ha elaborado el Código Ético para Periodistas de la República de Moldova, que incluye compromisos para evitar la discriminación por razón de género, edad, discapacidad, religión, condición social y orientación sexual.

En la República de Moldova existe una red de servicios especializados (anexos 10 y 11) que prestan servicios a las víctimas de la violencia doméstica y a sus hijos; por ejemplo, nueve albergues financiados con cargo al presupuesto gubernamental, el teléfono de asistencia 0 8008 8008 para mujeres y niñas y 116 111 para los niños en general, y albergues y centros de día gestionados por organizaciones no comerciales. Esta red también gestiona el servicio nacional 112 de llamadas de emergencia.

Para los refugiados de Ucrania, se han organizado centros de alojamiento para refugiados, con el apoyo de los asociados para el desarrollo, las organizaciones no gubernamentales y las autoridades locales. El número de estos centros ha oscilado entre 136 en el momento álgido de la crisis y 44 en la actualidad. Tienen una capacidad de 2809 plazas, con cerca del 70 % de ocupación. En enero de 2024, los centros acogían a 2318 beneficiarios, entre ellos 967 niños y 149 personas con discapacidad. El Ministerio de Trabajo y Protección Social aprobó el nuevo reglamento sobre centros de acogida temporal, que establece normas relativas a la protección contra la violencia, la discriminación, el abandono, la explotación, el acoso (incluido el sexual), los tratos inhumanos o degradantes y la trata de personas. Del 1 de marzo de 2023 al 15 de enero de 2024, en el sistema de información para protección temporal de la Inspección General de Migraciones se preinscribieron 38.874 personas, de las cuales 17.145 son mujeres y niñas. En 2023 el Ministerio de Trabajo y Protección Social llevó a cabo un análisis de los servicios de respuesta a la violencia por razón de género, con el apoyo del UNFPA.

En octubre de 2023, bajo los auspicios del Ministerio de Sanidad, se puso en marcha la Red de Dependencias de Apoyo para víctimas de la violencia de género, incluida la violencia sexual, en los servicios de urgencias de 11 centros médicos, con el apoyo del UNFPA. Como resultado, las mujeres reciben inmediatamente atención sanitaria, las 24 horas del día y los 7 días de la semana, así como apoyo psicológico y derivación a otros servicios en un espacio único y seguro, lo cual evita su revictimización durante las interacciones con los médicos forenses o los agentes de policía. En junio de 2023, en el Centro de Medicina Forense, con el apoyo del UNFPA y de conformidad con las normas internacionales, se renovó la unidad de examen forense para víctimas de violencia física y sexual y se la dotó de equipos médicos avanzados. Asimismo, más de 290 profesionales de la salud recibieron formación durante 2022-2023 con el apoyo del UNFPA.

En 2023 el Ministerio de Trabajo y Protección Social aprobó una normativa para poner en marcha el Servicio Regional Integrado para Víctimas de la Violencia Sexual en la ciudad de Ungheni, financiado por ONU-Mujeres. En colaboración con la Embajada de los Estados Unidos, se creó en Chisinau el Centro de Justicia de Familia, bajo los auspicios del Ministerio del Interior, para ayudar a las víctimas de violencia doméstica y sexual.

En marzo de 2022, comenzó a funcionar el primer centro regional (Norte), siguiendo el modelo Barnahus, de apoyo integrado a los niños víctimas/testigos de delitos, dedicado a reducir al mínimo el riesgo de que los niños sufran nuevas victimizaciones y daños psicológicos durante el proceso de recopilación de pruebas penales. El cuidador del niño también puede recibir asesoramiento en situaciones de crisis y asistencia letrada primaria. En 2022, 78 niños y 60 adultos recibieron asistencia en el Centro Regional Norte. La mayoría de los delitos sexuales se cometieron contra niños de 11 a 14 años, mientras que los niños de 0 a 6 años fueron los más afectados por la violencia doméstica.

Entre 2020 y 2022, las subdivisiones del Centro de Medicina Forense examinaron 10.125 casos de víctimas de violencia doméstica.

Hasta 2023, los datos relativos a la violencia doméstica y sexual en el sector sanitario están desglosados por sexo, edad, lugar de residencia, presencia de personas con necesidades especiales y relación entre víctima y agresor.

Con el fin de proteger a las mujeres y niñas con discapacidad de los abusos y la violencia dentro de las instituciones médicas psiquiátricas y los centros de acogida temporal para personas con discapacidad, se han puesto en marcha registros de las denuncias sobre presuntos actos de tortura o tratos inhumanos o degradantes. En todos los centros hay buzones para presentar denuncias, se instalan teléfonos accesibles y se exponen los números de contacto de las fuerzas del orden y las organizaciones de derechos humanos. Los resultados de las visitas periódicas de seguimiento realizadas por la Agencia para la Gestión de Servicios Sociales de Alta Especialización se documentan en informes de seguimiento, que también incluyen propuestas para mejorar las actividades de las instituciones.

En las instituciones penitenciarias, se planifican cada año iniciativas que contribuyen a mejorar las condiciones de internamiento y a modernizar las infraestructuras penitenciarias con el fin de respetar la dignidad humana, adaptándolas a las distintas categorías de detenidos y a las necesidades especiales de las categorías de alto riesgo (mujeres, madres con hijos, niños y personas con discapacidad, entre otras).

Las campañas informativas son una prioridad para la República de Moldova, sobre todo porque constituyen un elemento esencial de la prevención. Las actividades se describen en el anexo 12.

Según datos del Ministerio de Trabajo y Protección Social, entre 2020 y 2023, el sistema de bienestar social registró 12.962 casos de violencia doméstica. La mayoría de las víctimas eran mujeres (92 %). Las personas con discapacidad representaban el 4 % de los casos. Las mujeres de entre 35 y 49 años (43 %) son las más afectadas, seguidas de las de entre 18 y 34 años (36 %). Actualmente, el fenómeno de la violencia afecta en su mayor parte a personas que mantienen relaciones matrimoniales y de convivencia. Según los informes, las víctimas de la violencia doméstica sufren principalmente múltiples formas de violencia, seguidas de violencia psicológica y física. Del número total de casos registrados en ese período, 11.066 víctimas de violencia doméstica recibieron ayuda del sistema de bienestar social.

Según datos de la Inspección General de Policía, de 2020 a 2023 se incrementa el número de delitos contra la integridad sexual. Los casos de violación han aumentado, mientras que los actos sexuales violentos han disminuido, y los casos de violencia doméstica se han mantenido relativamente constantes (figuras 1 a 4, anexo 13). En total, predominan las víctimas femeninas, que representan más de la mitad de los casos de violencia doméstica. En total se dictaron 15.817 órdenes de alejamiento de emergencia contra agresores familiares. Entre 2020 y 2023, se emitieron 2994 órdenes de protección.

Con arreglo a la Ley núm. 137/2016, se establece el mecanismo de indemnización económica proporcionada por el Estado a las víctimas de delitos. La indemnización económica se abona con cargo a los presupuestos del Estado y asciende al 70 % de la pérdida calculada, sin superar los diez salarios medios mensuales previstos para el año en que la víctima presentó la solicitud de indemnización al Ministerio de Justicia. Durante 2020-2023, no se presentaron solicitudes de indemnización económica por parte de víctimas de violencia doméstica o delitos de género.

E.Artículo 6

La Ley núm. 241/2005 sobre la prevención y lucha contra la trata de personas estipula la prestación de protección y asistencia a las víctimas y presuntas víctimas de la trata de personas. Las enmiendas introducidas en 2020 al Código de Procedimiento Penal (Ley núm. 1/2020) incluían una categoría para las víctimas de la trata de mujeres y niños, que gozan de derechos adicionales a los que ya se ofrecen generalmente a las víctimas de delitos. Independientemente de que se las reconozca como parte perjudicada o como parte civil, las víctimas tienen garantizados los siguientes derechos: el derecho a consultar a un abogado durante todo el proceso penal al igual que las demás partes; el derecho a disponer, en virtud de la ley, de la asistencia letrada de un abogado de oficio, si no pueden costearse una representación jurídica; el derecho a estar acompañadas por una persona de confianza, además de su abogado, durante todas las investigaciones, incluidas las sesiones a puerta cerrada; y el derecho a recibir una resolución judicial sobre la indemnización material por los daños causados por el delito.

Además, se ha ampliado de 14 a 18 años la edad para las vistas en condiciones especiales de menores víctimas/testigos de delitos sexuales, trata de menores o violencia doméstica, así como en aquellos otros casos en los que el interés de la justicia o del menor así lo requieran. Las víctimas de trata tienen derecho a asistencia jurídica cualificada garantizada por el Estado con independencia de sus ingresos (Ley núm. 198/2007). La asistencia jurídica la prestan abogados públicos y privados contratados por el Consejo Nacional de Asistencia Jurídica, mientras que el asesoramiento jurídico primario lo prestan auxiliares de justicia. Las víctimas también reciben asistencia letrada de organizaciones no gubernamentales.

Para prevenir la trata de personas, en 2020 se introdujeron enmiendas a la Ley núm. 105/2018 sobre el fomento del empleo y el seguro de desempleo, añadiendo nuevas disposiciones relativas a la regulación de las actividades de las agencias privadas de contratación y nuevas condiciones de concesión de licencias, que sirven como filtro para la concesión de licencias a los agentes económicos que deseen dedicarse a la contratación de mano de obra, además del fortalecimiento de la supervisión y el control.

Para facilitar la aplicación de lo dispuesto en la Decisión núm. 270/2014 del Gobierno, por la que se aprueban las instrucciones para el mecanismo de cooperación intersectorial para la identificación, evaluación, derivación, asistencia y seguimiento de los menores víctimas y posibles víctimas de violencia, abandono, explotación y trata, se aprueba la Guía Práctica de Aplicación del mecanismo de cooperación intersectorial.

Con el fin de fortalecer la protección y la asistencia para las víctimas de delitos, se estableció el Mecanismo Nacional de Derivación y se aprobó su Programa de Desarrollo para 2022-2026 (Decisión núm. 182/2022 del Gobierno). Metodológicamente, se han aprobado tres guías para facilitar la identificación proactiva de los casos de trata de personas.

La Estrategia Nacional de Desarrollo “Moldova Europea 2030” pretende eliminar el fenómeno de la trata de personas en dos de sus diez objetivos estratégicos, con la meta específica de reducir el número de víctimas de trata por cada 100.000 habitantes, del 7,0 % en 2018 al 4,5 % en 2025, y al 3,5 % en 2030.

La Ley núm. 241/2005 (artículo 21, apartado 3) garantiza la privacidad de las víctimas de trata. De 2020 a 2023, se elaboraron y aprobaron dos documentos estratégicos para prevenir y combatir la trata: la Estrategia Nacional de Prevención y Lucha contra la Trata de Personas para 2018-2023, junto con los planes de acción para su ejecución, y el Programa de Prevención y Lucha contra la Trata de Personas para 2024-2028.

De forma periódica se llevan a cabo actividades de prevención de la trata.

Las víctimas de trata pueden acceder a los servicios de dos centros especializados de día y residenciales (para mujeres, hogares materno-infantiles, y por separado para los hombres), financiados con cargo al presupuesto estatal (cuadro 3, anexo 11).

También se presta ayuda a las víctimas de la trata de personas a través de otros cinco centros financiados con fondos públicos, repartidos por todo el país. En el proceso de asistencia e inclusión social de los refugiados procedentes de Ucrania, se creó un grupo especializado en este ámbito (coordinado por la Cancillería del Estado y copresidido por el ACNUR y la OIM). Se aprobó el Plan de Acción para prevenir y combatir la trata de personas en respuesta a la situación en Ucrania, para el período comprendido entre el 1 de julio de 2022 y el 1 de julio de 2023.

Según los datos del Ministerio del Interior sobre los casos de trata, el número de víctimas identificadas se mantiene en la media (figura 2, anexo 13).

En consonancia con la recomendación del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, se introdujeron modificaciones en el artículo 89 del Código de Contravenciones, relativo al ejercicio de la prostitución. Se han aumentado las penas para los clientes de los servicios, a la vez que se han reducido las penas por practicar la prostitución. Durante el período sobre el que se informa, se llevaron a cabo actividades, en colaboración con ONUSIDA, destinadas a reducir este fenómeno.

F.Artículos 7 y 8

Se establece el derecho de voto a partir de los 18 años de edad, incluido el día de las elecciones, con la excepción de las personas que estén bajo tutela judicial por orden de un tribunal.

De acuerdo con el Código Electoral, en los programas, anuncios y materiales electorales y en las actividades de campaña, está prohibido incitar a la agresión bélica o al odio nacional, racial o religioso, así como promover la discriminación, el separatismo territorial o la violencia pública. Durante la campaña para las elecciones legislativas de 2021 y las elecciones locales de 2023, el Consejo Electoral Central (CEC) invitó a los candidatos electorales y a los medios de comunicación a firmar un Código de Conducta, de carácter voluntario.

En abril de 2023 se organizó una campaña de concienciación para combatir el sexismo, el acoso y la violencia contra las mujeres en las elecciones locales.

Las listas de candidatos a las elecciones legislativas y locales se elaboran respetando una cuota mínima del 40 % de representación de ambos sexos. Los candidatos se ordenan en las listas siguiendo una fórmula de un mínimo de cuatro candidatos por cada diez escaños. En 2021 se registró la mayor proporción de mujeres candidatas al Parlamento: el 46,7 %. El número de candidatas en las listas se ha incrementado aproximadamente un 12 % respecto a las elecciones de 2019 y un 16 % respecto a las de 2014.

El anexo 14 ofrece datos sobre la participación de las mujeres en cinco elecciones.

Los partidos políticos tienen derecho a recibir financiación anual con cargo al presupuesto del Estado a través del CEC, que se destina, entre otras cosas, a apoyar a las mujeres en las elecciones. El 20 % de las asignaciones anuales se utilizará para fomentar y alentar la participación de las mujeres en los procesos políticos y electorales, y el 10 % para fomentar y alentar la participación de los jóvenes.

La función pública se basa en los principios de igualdad y no discriminación. La ocupación de puestos mediante concurso se lleva a cabo basándose en el principio de igualdad de acceso a los cargos públicos, garantizando el acceso a la función pública a cualquier persona que reúna las condiciones legales, sin discriminación por razón de sexo, edad, raza, origen étnico, religión, preferencia política, etc.

La distribución por sexos de los cargos públicos entre 2020 y 2022 sigue de forma sistemática una proporción aproximada de 1/2 mujeres y 1/2 hombres. Las mujeres representan un porcentaje significativo entre los cargos directivos superiores y los puestos de liderazgo de las autoridades públicas (anexo 14).

El Presidente de la República de Moldova designa a los jueces entre los candidatos seleccionados mediante concurso, previa recomendación del Consejo Superior de la Magistratura. Se les nombra para que ejerzan hasta los 65 años.

La edad máxima hasta la cual los ciudadanos pueden alistarse y prestar servicio militar mediante contrato es de 45 años. Las mujeres solo se registran en el servicio militar una vez cumplido su servicio contractual y se eliminan de los registros militares al alcanzar el límite de edad de reserva o en otras circunstancias previstas legalmente.

A la hora de formular propuestas para la reasignación o el empleo de personas en misiones diplomáticas, la Comisión de Evaluación y Competencia del Ministerio de Asuntos Exteriores tiene en consideración la necesidad de garantizar una representación equitativa entre mujeres y hombres. En el seno del Ministerio de Asuntos Exteriores, 13 mujeres ocupan puestos directivos, lo que equivale al 34 % de la plantilla. El 20 % de los embajadores son mujeres. El 40 % del personal diplomático y consular en el extranjero son mujeres. Las cualificaciones requeridas para el servicio diplomático y consular están reguladas por la Ley núm. 761/2001 sobre el servicio diplomático.

G.Artículo 9

Los ciudadanos de la República de Moldova son iguales ante la ley y los poderes públicos y disfrutan en igualdad de condiciones de todos los derechos socioeconómicos y políticos y las libertades proclamadas y garantizadas por la Constitución y otras leyes, así como por los acuerdos internacionales de los que la República de Moldova es parte. Tanto hombres como mujeres gozan de los mismos derechos en lo que se refiere a adquirir, cambiar y mantener la ciudadanía moldava.

El cambio de nacionalidad de uno de los cónyuges o el matrimonio con un ciudadano extranjero o apátrida no afecta a la nacionalidad del otro cónyuge o de su hijo, salvo que exista una solicitud por escrito de los progenitores en este sentido. La nacionalidad moldava se adquiere por nacimiento, reconocimiento, adopción, readquisición y naturalización. En cualquiera de estas modalidades, la nacionalidad de la madre tiene el mismo peso que la del padre en la adquisición de la nacionalidad del hijo.

Un niño que se encuentre en territorio de la República de Moldova se considerará ciudadano del país, siempre y cuando no se demuestre lo contrario, hasta alcanzar los 18 años. Los hijos de ciudadanos extranjeros o apátridas que adquieran la nacionalidad moldava adquirirán también la nacionalidad en la misma fecha que sus progenitores. Si solo uno de los progenitores adquiere la nacionalidad moldava, los progenitores decidirán conjuntamente la nacionalidad de su hijo. Si los progenitores no se ponen de acuerdo, será un tribunal quien tome la decisión, teniendo en cuenta el interés superior del menor. En los casos en que el hijo no adquiera la nacionalidad moldava junto con uno de los progenitores, seguirá teniendo derecho a adquirirla posteriormente, hasta los 18 años, sobre la base de los motivos por los que el progenitor adquirió la nacionalidad. En estas situaciones, es necesario el consentimiento, autentificado por un notario, del menor de 14 años o más.

En junio de 2023, se introdujeron modificaciones en la Ley núm. 1024/2000, según las cuales un niño nacido de progenitores que sean ciudadanos de otro Estado, o cuando uno de los cuales sea apátrida o beneficiario de protección internacional y el otro sea ciudadano extranjero, será considerado ciudadano de la República de Moldova si, en el momento de la solicitud, al menos uno de los progenitores goza de derecho de residencia o es beneficiario de protección internacional concedida por las autoridades competentes de la República de Moldova o ha sido reconocido como apátrida por las autoridades competentes de la República de Moldova, así como si el menor reúne las condiciones legales para ser reconocido como apátrida (anexo 15).

El registro estatal del nacimiento de los recién nacidos es obligatorio y gratuito. Durante el período de referencia, se registraron en la República de Moldova más de 167.000 partidas de nacimiento. Por lo que respecta a los hechos de nacimiento producidos y registrados en la orilla izquierda del río Dniéster y en la ciudad de Bender, se aplican la legislación nacional y las instrucciones relativas a la certificación de hechos. El registro de los nacimientos de niños de la orilla izquierda del río Dniéster figura en la agenda del grupo de trabajo sobre los actos del estado civil y la documentación de la población de Chisinau y Tiraspol en el proceso de negociación del conflicto de Transnistria. Una cuestión de consenso en este ámbito es la aprobación del modelo común de declaración relativa al consentimiento de la persona al tratamiento de datos personales.

H.Artículo 10

Los principios fundamentales de la educación se estipulan en el artículo 7.

Así, todos los ciudadanos de la República de Moldova gozan de los mismos derechos a acceder a la educación sin discriminación. Para la República de Moldova, promover la educación inclusiva y la igualdad de acceso a una educación de calidad para los niños con necesidades educativas especiales o discapacidades (independientemente del sexo) constituye una prioridad importante, estipulada en el Código de Educación e implementada en todos los niveles educativos (anexo 16).

En la República de Moldova no existen obstáculos de acceso a la educación para ninguna categoría de población por razón del sexo.

Los ciudadanos moldavos gozan de los mismos derechos de acceso a la educación y a la formación profesional inicial y continua a través del sistema educativo nacional. En consonancia con la Estrategia Nacional de Desarrollo “Moldova Europea 2030”, la estrategia de desarrollo Educación 2030 ofrece oportunidades para que las personas desarrollen desde una edad temprana, y a lo largo de toda su vida, las habilidades, conocimientos, capacidades y competencias que necesitan para maximizar su potencial tanto en la vida personal como profesional.

El Código de Educación garantiza que puedan crearse centros de enseñanza privados de todos los niveles. Las instituciones de enseñanza privadas acreditadas son una parte indisociable del sistema educativo nacional y funcionan de acuerdo con el marco regulatorio nacional.

En la formación profesional técnica postsecundaria predominan las chicas, mientras que en la formación profesional técnica secundaria lo hacen los chicos. Las chicas ejercen sobre todo profesiones de los sectores asistenciales y de servicios, mientras que los chicos se dedican a ámbitos técnicos. Las chicas optan más por la educación superior.

En la enseñanza superior, en comparación con la formación profesional técnica, se registra un nivel aún más elevado de participación de las mujeres. En el nivel de maestría, el porcentaje de mujeres estudiantes representa aproximadamente 2/3 del total de estudiantes matriculados (65,6 %), y en el nivel de licenciatura, el 57,2 %.

Del número total de alumnos matriculados en los programas de licenciatura, más de la mitad son mujeres.

Con el fin de prevenir y eliminar el fenómeno de la violencia, el Ministerio de Educación e Investigación ha aprobado una serie de procedimientos operativos. Los docentes y directores de los centros educativos están obligados a informar a las autoridades tutelares y a otras autoridades pertinentes cuando haya un menor en peligro. La mayoría de los casos de maltrato infantil en las escuelas son denunciados por el personal docente. Todos los años, el 30 de enero, la República de Moldova celebra el Día Internacional de la No Violencia en las escuelas.

Para abordar el estado psicoemocional en las situaciones de posconflicto, están disponibles el Centro Republicano de Asistencia Psicopedagógica y, a escala regional, los Servicios de Asistencia Psicopedagógica.

En la estrategia de desarrollo Educación 2030 y su programa de implementación se incluyen, como objetivos específicos, aspectos relacionados con la igualdad de género y medidas para eliminar estereotipos en este ámbito y abordar el desarrollo de habilidades y competencias parentales.

Con la reforma de los planes de estudios, se incorporó por primera vez la asignatura obligatoria Desarrollo Personal, de primero a duodécimo curso, que incluye un módulo titulado Identidad personal y relaciones armoniosas. Se ha mejorado la calidad de los programas en materia de educación sexual. La asistencia a la enseñanza general gratuita es obligatoria hasta los 16 años (de primero a noveno curso). A petición de los progenitores y previa presentación de un certificado médico, en particular en el caso de las chicas embarazadas, se ofrece un programa individual de estudios en la educación secundaria general.

En el caso de las personas con dificultades de aprendizaje provocadas por discapacidades y los alumnos en centros penitenciarios, la educación secundaria (del décimo al duodécimo curso) se puede cursar desde casa o a distancia.

La educación secundaria a tiempo parcial (del décimo al duodécimo curso) está concebida para los graduados en el gymnasium y la formación profesional técnica secundaria, los que trabajan en el mercado laboral o los que ya han cumplido 20 años. En el año académico 2022-2023, hay tres escuelas nocturnas operativas en Chisinau. Previa solicitud, se pueden iniciar clases en las delegaciones regionales de los centros de educación secundaria.

En el año académico 2020-2021, la tasa de abandono escolar fue del 0,076 % (0,022 % de niños romaníes y 0,054 % de personas que se trasladaron al extranjero con sus progenitores).

Los niños refugiados de Ucrania están integrados en el sistema educativo nacional (cuadro 5, anexo 16).

En el año académico 2018-2019, en la Universidad Estatal Nicolae Testemitanu de Medicina y Farmacia, se puso en marcha un curso optativo para alumnos de medicina, titulado Violencia doméstica y de género.

I.Artículo 11

Las personas tienen derecho a elegir libremente su profesión y lugar de trabajo, y tienen derecho al seguro de desempleo.

En lo que se refiere al empleo y a los requisitos para cubrir vacantes, está prohibida toda discriminación por motivos de raza, nacionalidad, origen étnico, idioma, religión, creencias, sexo, edad, discapacidad, opinión, afiliación política, patrimonio, origen social o cualquier otro criterio.

Las personas con discapacidad se benefician de los servicios de empleo asistido, contratados por la Agencia Nacional de Empleo a proveedores privados de servicios sociales.

La tasa de participación en el mercado de trabajo, tanto en las zonas urbanas como en las rurales, de los hombres y mujeres mayores de 15 años en relación con el total de la población de la misma categoría de edad ha ido en aumento para ambos sexos (figura 1, anexo 17). En la categoría de las personas con discapacidad, los indicadores también registraron un aumento, pasando la tasa media total del 14 % al 17 % en 2023 (figura 2, anexo 17). La tasa de desempleo de hombres y mujeres mayores de 15 años ha ido disminuyendo entre 2020 y 2023 (cuadro 1, anexo 17).

Por término medio, las mujeres ganan un 15,5 % menos que los hombres (2022). Las mayores disparidades de ingresos entre mujeres y hombres se dan en las actividades financieras, la información y las comunicaciones. En las actividades del sector de la educación y los servicios, los ingresos de las mujeres superan a los de los hombres. En la figura 3, anexo 17,se muestran el salario medio y la brecha salarial, que ha ido aumentando ligeramente.

Las mujeres mayores de 15 años están menos representadas en el sector agrícola (cuadro 2, anexo 17).

El porcentaje de mujeres mayores de 15 años entre la población ocupada es menor (figura 4, anexo 17). Están más representadas en los sectores de servicios (58,4 %), intermediación financiera y seguros (65,8 %), sanidad y atención social (82,1 %) y educación (81,9 %), y menos en información y comunicaciones (36,8 %), transacciones inmobiliarias (35,6 %) y construcción (7,8 %).

Los nuevos padres tienen derecho a la licencia de paternidad y a una prestación por paternidad (anexo 18). La cuantía media de dicha prestación ha ido en aumento.

El número de mujeres mayores de 15 años que trabajan por cuenta propia y no como empleadas está aumentando, sobre todo entre los 35 y los 44 años (anexo 19). El anexo 20 muestra la situación de las mujeres mayores de 15 años empleadas en trabajos no remunerados en empresas familiares (los ámbitos se han ido diversificando anualmente). Según la ONE, esta categoría incluía a mujeres propietarias y miembros de cooperativas.

A partir de marzo de 2022, se puso en marcha el Programa de Transformación Digital para Pequeñas y Medianas Empresas (Decisión núm. 129/2022 del Gobierno). Para 2022, se aprobó la financiación de 51 proyectos de inversión, 22 de los cuales (el 43 %) están gestionados por mujeres, mientras que las subvenciones aprobadas ascienden aproximadamente a 51 millones de leus, lo cual genera un volumen de inversión en la economía de casi 92 millones de leus.

Gracias a los cambios introducidos, en consonancia con las recomendaciones del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (2020), se ha reforzado el sector de la transparencia del régimen de sueldos desde una perspectiva de género. En este sentido, se definieron las nociones relativas al principio de igualdad de retribución por un mismo trabajo o un trabajo de igual valor; se incorporó la obligación del empresario de informar periódicamente, pero no menos de una vez al año, a los empleados o a sus representantes sobre la brecha salarial de género en las distintas categorías de empleados y funciones, desglosadas por sexo; se introdujo una norma relativa al derecho del trabajador a solicitar y obtener información acerca de los niveles salariales, desglosados por sexo.

El Programa Nacional de Ampliación de los Servicios de Guardería para niños de hasta 3 años adoptó las medidas necesarias para permitir a los progenitores conciliar las obligaciones familiares con los deberes profesionales. En agosto y diciembre de 2022 se legisló el marco regulatorio relativo a las opciones alternativas de cuidado de los niños de hasta 3 años.

Con el fin de integrar y alentar a las mujeres a reincorporarse antes al mercado laboral tras la licencia de maternidad, a partir de septiembre de 2022 se estableció una nueva opción para conceder el derecho a una prestación mensual por crianza de los hijos (pago del 90 % de los ingresos durante un año o pago durante dos o tres años).

El sistema de seguridad social se basa en un conjunto de principios, y los fondos de la seguridad social se crean a partir de las cotizaciones de las personas físicas y jurídicas que participan en el sistema.

En el sistema de jubilación, entre los tipos de pensiones que se conceden se encuentra la pensión de viudedad. El cónyuge supérstite tiene derecho a la pensión de viudedad si, en el momento del fallecimiento del sostén económico de la familia o en los cinco años siguientes, ha alcanzado la edad de jubilación o ha sido clasificado con una discapacidad grave o profunda, ha estado casado con el fallecido durante al menos 15 años y no se ha vuelto a casar. La pensión de viudedad se concede si el fallecido percibía una pensión de vejez o una pensión por invalidez, o si cumplía los requisitos para obtener una pensión por invalidez.

Desde el 1 de julio de 2019, la edad estándar de jubilación está fijada en 63 años para los hombres, y a partir del 1 de julio de 2028, la edad estándar de jubilación para las mujeres será también de 63 años. Estas edades se alcanzarán a través de un aumento anual gradual de las edades estándar de jubilación. Desde el 1 de julio de 2017, el período completo de cotización para los hombres es de 33 años y 6 meses, y para las mujeres de 30 años y 6 meses, períodos que han ido aumentando en seis meses cada 1 de julio hasta alcanzar los 34 años para los hombres en 2018 y los 34 años para las mujeres en 2024 (anexo 22).

El período de cotización incluye los períodos no contributivos, como por ejemplo el período de cuidado de un hijo hasta los 3 años de edad, incluido el período de cuidado de un hijo menor de 18 años con una discapacidad grave, o de una persona con discapacidad grave, por uno de los progenitores, por un tutor o curador, hasta el empleo como asistente personal.

La Ley de Asistencia Social establece la igualdad de oportunidades para las familias desfavorecidas mediante la concesión de ayudas económicas a un nivel garantizado por el Estado, de conformidad con la evaluación de los ingresos totales mensuales medios de cada familia y la necesidad de asistencia social. El beneficiario de la asistencia social es el solicitante y su familia (anexo 21). En el período sobre el que se informa, el marco regulatorio de la asistencia social ha mejorado considerablemente.

El 28 de diciembre de 2023 se votó la Ley de Ratificación del Convenio núm. 190 de la Organización Internacional del Trabajo, relativo a la eliminación de la violencia y el acoso en el mundo del trabajo. Al mismo tiempo, se introdujeron modificaciones en la legislación nacional en consonancia con las normas internacionales sobre la dimensión de la prevención del acoso sexual.

J.Artículo 12

El derecho a la salud sexual y reproductiva se considera un derecho humano fundamental.

A través de una legislación especial, el Estado garantiza el acceso a servicios seguros y eficaces de atención a la salud sexual y reproductiva, como parte esencial del derecho a la atención sanitaria, los derechos sexuales y reproductivos de las adolescentes, el derecho de las mujeres al aborto y el acceso de las mujeres a métodos de interrupción del embarazo seguros y legales.

En consonancia con las recomendaciones internacionales más recientes, en 2020 se revisaron y aprobaron las normas para la práctica segura del aborto. El Programa Nacional de Salud y Derechos Sexuales y Reproductivos para 2024-2027, que recoge los compromisos contraídos por la República de Moldova, está en proceso de aprobación.

El Estado promueve políticas integrales redoblando los esfuerzos de todas las estructuras gubernamentales y no gubernamentales para llevar a cabo actividades de prevención del VIH/sida y pretende eliminar la discriminación contra las personas afectadas por el VIH/sida, garantizando sus derechos humanos y defendiendo la dignidad humana. El Programa Nacional de Prevención y Control del VIH/SIDA y las Infecciones de Transmisión Sexual para 2022-2025 incluye medidas que garantizan la protección de los derechos humanos, algo que sigue siendo crucial en el contexto de la epidemia del VIH. El enfoque basado en los derechos humanos hace hincapié en la obligación del Estado de garantizar el respeto de los derechos de todas las personas, incluido el derecho a la salud, y pone de relieve la importancia de empoderar e implicar activamente a las comunidades y a las personas afectadas o infectadas por el VIH/sida, especialmente las que corren un mayor riesgo de infección, como por ejemplo las personas que viven con el VIH, los hombres que tienen relaciones sexuales con hombres, los trabajadores sexuales y los consumidores de drogas inyectables.

La prevalencia del VIH entre las personas infectadas disminuyó del 3,57 % en 2020 al 2,94 % en 2022, y al 2,51 % en el primer semestre de 2023. El porcentaje de mujeres infectadas por el VIH en 2022 (4,06 %) era más del doble que el de hombres (2 %), siendo la tasa de infección en los hombres inferior a la media general.

La Ley de Derechos y Responsabilidades de los Pacientes estipula el requisito del consentimiento del paciente en relación con las intervenciones médicas, que debe ser un consentimiento informado y expresado voluntariamente, sobre la base de una información exhaustiva proporcionada por el médico que lo atiende o el médico que dirige el estudio clínico.

El Código Penal estipula penas por daños intencionados graves a la integridad física o a la salud, por inducir de manera ilegal al aborto y por practicar ilegalmente la esterilización quirúrgica.

El marco regulatorio no exige el permiso de un tercero a la mujer que desee acceder a los servicios de planificación familiar ni restringe el acceso a estos servicios únicamente a las mujeres casadas. Una excepción son las adolescentes menores de 16 años. En el caso de las menores de hasta 16 años, el consentimiento voluntario para obtener servicios en materia de atención de la salud reproductiva ha de expresarlo tanto la menor como su representante legal. Cuando resulta imposible obtener el consentimiento del representante legal, pero los servicios médicos son esenciales para la vida y la salud, basta con el consentimiento voluntario de la menor. Las decisiones se toman de forma consultiva, en el interés superior de la menor, de acuerdo con las normas legales.

El derecho de las mujeres a la asistencia médica ginecológica y obstétrica gratuita está garantizado por ley. En 2020 el porcentaje de partos atendidos por personal médico cualificado fue del 99,6 %, en 2021 fue del 99,6 % y en 2022 alcanzó el 99,7 %.

Las mujeres se benefician de un acceso mejor/rápido a la atención ginecológica y obstétrica de urgencia.

En los anexos 23 y 24 se incluyen datos acerca de la tasa de mortalidad materna y la tasa de mortalidad neonatal, desglosados por la residencia urbana o rural de las madres y por edad.

Según la Encuesta sobre Generaciones y Género (2020), algo más de la mitad de las mujeres casadas o en concubinato (55,1 %) utilizan métodos anticonceptivos. La situación epidemiológica generada por la enfermedad por coronavirus (COVID‑19) también influyó, entre otros factores, en la prevalencia de las necesidades insatisfechas de planificación familiar (anexo 24) y la demanda de planificación familiar satisfecha con métodos anticonceptivos modernos, por lo que se registraron valores inferiores a los previstos.

En los últimos años no ha habido mortalidad materna por complicaciones relativas al aborto. Los datos sobre las tasas de aborto se presentan en el anexo 27.

Se ha ampliado la lista de grupos vulnerables que pueden optar a anticonceptivos gratuitos, así como la gama de productos anticonceptivos adquiridos con cargo a fondos del presupuesto estatal, lo que refleja el derecho de las beneficiarias a elegir el método anticonceptivo que prefieran.

El porcentaje de mujeres (entre 25 y 61 años) cubiertas anualmente por los servicios de detección del cáncer de cuello uterino se ha incrementado del 36 % en 2021 al 62 % en 2023. El porcentaje de mujeres (mayores de 18 años) con cáncer de cuello uterino se mantiene sin cambios en el 0,4 % durante 2020-2022. Las mujeres de diversas regiones del país disponen actualmente de un mejor acceso a los servicios de detección y tratamiento tempranos de lesiones cervicales precancerosas.

La calidad de los servicios médicos también se ve influida por el nivel de formación de los especialistas.

Para mejorar el acceso de la población rural a los servicios médicos, la Compañía Nacional de Seguros de Salud asigna anualmente recursos financieros a los exámenes preventivos (cribado) que hacen posible la detección temprana de enfermedades (anexo 25).

Entre 2020 y 2023, los salarios del personal médico de las instituciones sanitarias públicas afiliadas al sistema de seguro médico obligatorio aumentaron un 95 %.

K.Artículo 13

De conformidad con la Ley núm. 289/2004 sobre las prestaciones por incapacidad temporal y otras prestaciones de la seguridad social, los asegurados por el régimen público de la seguridad social tienen derecho a prestaciones de maternidad y paternidad, para el cuidado parental hasta que el hijo cumpla 3 años y para el cuidado de un hijo enfermo. Estas prestaciones están disponibles para mujeres y hombres por igual. La legislación establece pagos estatales por el parto, el cuidado de niños, la crianza de gemelos, trillizos, etc., además de prestaciones de apoyo social para los niños adoptados, los niños acogidos en servicios de tipo familiar, los niños privados temporalmente del cuidado de sus padres y los niños carentes de atención parental, en particular para que puedan continuar los estudios. Estos pagos se realizan con cargo al presupuesto del Estado.

Desde enero de 2021, los profesionales autónomos del sector de la justicia tienen derecho a prestaciones de la seguridad social.

La prestación por maternidad se calcula automáticamente en función de los ingresos del cónyuge con el salario más elevado. Desde el 1 de enero de 2024, la prestación para la crianza de un hijo de hasta 3 años se calculará de forma similar.

Con el fin de apoyar a las mujeres empresarias, la Organización para el Desarrollo de la Iniciativa Empresarial puso en marcha en 2016 el primer Programa de Mujeres Empresarias, que abordaba las necesidades de apoyo de las mujeres a lo largo de todo el ciclo de vida de su empresa, facilitando el acceso a fondos, concediendo subvenciones para la inversión y ofreciendo oportunidades educativas para adquirir competencias empresariales (anexo 28). En 2023 se aprobó el Programa de Emprendimiento Femenino. La finalidad y los objetivos del programa se detallan en el anexo 8. Entre 2020 y 2023, el Fondo de Garantía de Crédito gestionado por la Organización para el Desarrollo de la Iniciativa Empresarial se hizo cargo de 296 garantías financieras, dirigidas a pequeñas y medianas empresas lideradas por mujeres, por valor de 265,41 millones de leus, con el fin de garantizar préstamos por un total de 561,87 millones de leus (anexo 29).

En el seno del Consejo Económico creado junto al Primer Ministro se han formado grupos de trabajo temáticos permanentes y grupos de trabajo temporales, entre ellos el Grupo para el Empoderamiento Económico de las Mujeres y la Igualdad de Género. A fin de respaldar y facilitar la participación de las mujeres en la economía, el Gobierno puso en marcha una hoja de ruta con medidas para fomentar la iniciativa empresarial femenina, en particular de las mujeres de las zonas rurales.

La legislación fiscal no especifica ningún criterio diferente para gravar a hombres o mujeres, sino que hace referencia al tratamiento igualitario y equitativo de todos los contribuyentes. En el anexo 30 se detallan las exenciones fiscales.

No existen normas bancarias que establezcan reglas diferentes en función del género a la hora de solicitar préstamos. El anexo 31 incluye datos desglosados por género sobre los préstamos concedidos por los bancos autorizados en el período 2020‑2023.

La actividad cultural es un derecho inalienable de todas las personas, independientemente de su origen nacional, extracción social, idioma, sexo, convicciones políticas, creencias religiosas, lugar de residencia, situación económica, educación, profesión u otras circunstancias. También existe una política de tolerancia cero hacia cualquier forma de discriminación directa e indirecta contra los empleados del sector cultural. En tres instituciones teatrales se creó un grupo de trabajo para analizar las situaciones de acoso. Posteriormente, se decidió crear un Consejo de Ética en el Ministerio de Cultura.

Con el fin de ayudar a las personas vulnerables a pagar sus facturas debido a la crisis energética durante el período 2021-2023, además de las ayudas sociales, en 2022 se creó el Programa de Ayuda con el Contador. En 2023 el programa benefició a 716.476 personas, de las cuales el 49,9 % eran mujeres.

L.Artículo 14

A fin de garantizar un acceso eficiente de las mujeres de las zonas rurales a un agua de calidad, cabe mencionar la Estrategia Nacional de Abastecimiento de Agua y Saneamiento para 2014-2030, que ordena la consideración de las cuestiones de género en la gestión de los recursos hídricos y fomenta una participación más activa de las mujeres en la toma de decisiones en este ámbito. Las mujeres rurales participan en la gestión de las Asociaciones de Usuarios del Agua para Riego, lo que ha propiciado cambios positivos a la hora de facilitar el acceso de las mujeres al riego.

Las explotaciones agrícolas dirigidas por mujeres cultivan productos industriales en el 18 % de sus tierras laborables, mientras que las dirigidas por hombres utilizan el 26 % de sus tierras laborables para tal fin. Los hogares encabezados por mujeres se dedican más a la producción de hortalizas. La Agencia de Intervención y Pagos para la Agricultura gestiona el Fondo Nacional para el Desarrollo de la Agricultura y el Medio Rural (Decisión núm. 20/2019 del Gobierno). La legislación que regula la asignación de fondos a los posibles beneficiarios de subvenciones alienta específicamente a las mujeres agricultoras. Para fomentar las actividades agrícolas prioritarias, se incrementan las subvenciones concedidas bajo condiciones generales a partir del valor de inversión admisible a petición de las agricultoras y se calculan a partir del valor de subvención autorizado en un 20 % (en 2020-2021 fue del 15 %). Durante 2020-2022, las agricultoras recibieron anualmente entre el 17 % y el 20 % del fondo (anexo 32).

En la agricultura, menos de un tercio de la población está empleada, y las mujeres ocupan el 49,6 % de los puestos de trabajo en el sector. Las mujeres poseen menos del 12 % de la maquinaria agrícola y el ganado del país. En 2021, el 37,9 % de los agricultores de la República de Moldova eran mujeres, que gestionaban el 19 % de las explotaciones agrícolas. Los hombres controlan el 81 % de las explotaciones y son más numerosos que las mujeres en lo que se refiere a la tecnología agrícola. La renta media mensual de las mujeres en el sector agrícola es de 128 dólares (141 dólares en el caso de los hombres). A 1 de enero de 2023, la cuantía media de la pensión de jubilación de los hombres del sector no agrícola asciende a 4253,3 leus, frente a los 3242,7 leus de las mujeres. La cuantía media de la pensión de jubilación de los empleados del sector agrícola era de 2361,8 leus para los hombres, frente a 2.276,1 leus para las mujeres.

La proporción de personal médico cualificado con respecto a la población rural es la siguiente: la disponibilidad de médicos especialistas en las instituciones de distrito es de 20,3 por cada 10.000 habitantes; la de auxiliares médicos, 59,0; y la de personal médico-sanitario, 79,3 por cada 10.000 habitantes.

En 2021 el 1,5 % de la población rural y el 0,4 % de la población urbana citaron la gran distancia respecto a un centro médico como motivo para no solicitar ayuda médica para su enfermedad más reciente.

La tasa de prevalencia de los anticonceptivos modernos en las zonas rurales es del 46,7 % (edades comprendidas entre los 15 y los 49 años).

En el cuadro 4 del anexo 16 se ofrecen datos sobre los centros de formación técnica profesional secundaria y postsecundaria en las zonas rurales, incluido el número de estudiantes por especialidad y género.

M.Artículo 15

Los ciudadanos de la República de Moldova, independientemente de su género, gozan de igualdad de derechos en la protección judicial de sus derechos e intereses jurídicos. La legislación en materia de igualdad pretende prevenir y combatir la discriminación y garantizar la igualdad de todas las personas de la República de Moldova en todos los ámbitos de la vida sin distinción.

El derecho civil y procesal se basa en el reconocimiento de la igualdad de los participantes en las relaciones civiles/procesales, la protección de la vida privada, íntima y familiar, y el reconocimiento de la necesidad del libre ejercicio de los derechos civiles.

Un individuo se considera una persona física, titular de derechos y obligaciones civiles. La capacidad para tener derechos y obligaciones civiles se reconoce por igual a todas las personas.

El Código Civil reconoce la capacidad civil a todas las personas en pie de igualdad, independientemente de su raza, nacionalidad, origen étnico, idioma, religión, sexo, opinión, afiliación política, patrimonio, origen social, nivel de educación u otros criterios similares. Una persona solamente puede ver privada o limitada su capacidad de uso y ejercicio de los derechos en la forma y condiciones previstas por la ley. En aquellos casos en que una persona, debido a una enfermedad mental o a una deficiencia física, psíquica o mental, no pueda comprender plenamente sus actos o expresar su voluntad, se puede establecer una medida de protección judicial, por decisión de un tribunal, en forma de curatela, protección temporal o tutela. En todos los casos, la persona protegida tiene derecho a acordar de forma independiente transacciones jurídicas de escasa cuantía, a recibir gratuitamente prestaciones que no requieran autentificación notarial o registro estatal de los derechos derivados de las mismas, y a realizar actos de conservación.

El domicilio de una persona es el lugar donde reside habitualmente. Se considera que una persona conserva su domicilio mientras no haya establecido otro. El establecimiento o cambio de domicilio solo se produce cuando la persona que ocupa o se traslada a un lugar determinado lo ha hecho con la intención de mantener en él su residencia habitual. La prueba de la intención proviene de las declaraciones efectuadas por la persona ante las autoridades competentes para llevar a cabo el establecimiento o el cambio de domicilio o, a falta de tales declaraciones, de cualquier otra circunstancia de hecho.

El marco regulatorio relacionado con el Registro de la Propiedad (Ley núm. 1543/1998) establece la igualdad de derechos y obligaciones entre mujeres y hombres y no contiene ninguna forma de discriminación contra las ciudadanas de la República de Moldova, ni tampoco contra las extranjeras y apátridas.

Desde 2014, los ciudadanos de la República de Moldova se benefician de un régimen de liberalización de visados para viajes de corta duración dentro del espacio Schengen con pasaportes biométricos.

La coordinación de los sistemas de seguridad social es un componente importante de la política social promovida por el Gobierno en el contexto de los crecientes flujos migratorios de población. Entre 2020 y 2023 se firmaron acuerdos bilaterales en el ámbito de la seguridad social.

La asistencia jurídica garantizada por el Estado se concede sobre la base del principio de igualdad de derechos de los solicitantes. Más de 50.000 personas se beneficiaron de la asistencia jurídica garantizada por el Estado en el período 2020-2023. Actualmente, dicho sistema está integrado por: 540 abogados (13 públicos, 527 previa petición), incluidos 20 abogados especializados en la prestación de asistencia a las víctimas de delitos y 73 auxiliares jurídicos.

N.Artículo 16

Todas las medidas enunciadas en el artículo 16 de la Convención están integradas y se aplican como normas vinculantes en la legislación sobre el ámbito de la familia y el estado civil de la República de Moldova. Las normas constitucionales establecen que la familia se basa en el matrimonio libremente consentido entre el hombre y la mujer, en la igualdad de derechos y en el derecho y el deber de los progenitores de hacerse cargo de la crianza, educación y formación de sus hijos.

El Código de Familia garantiza el derecho a formar una familia y a contraer matrimonio, la monogamia, el matrimonio entre un hombre y una mujer por libre consentimiento, el derecho de los cónyuges en el matrimonio, y la igualdad de derechos entre los cónyuges, así como en sus relaciones patrimoniales y no patrimoniales.

La edad mínima para contraer matrimonio es 18 años. La dispensa del límite de edad solo puede invocarse por razones justificadas y con el acuerdo de la autoridad tutelar local y de los progenitores del menor.

Al contraer matrimonio, los cónyuges, si así lo desean, eligen el apellido de uno de ellos. También es posible que elijan el apellido uniendo los nombres de ambos cónyuges o que cada cónyuge conserve el apellido que tenía hasta el matrimonio. En la República de Moldova, la relación matrimonial sigue siendo el modelo estándar en la formación de uniones familiares. El concubinato ha aumentado en los últimos años.

El matrimonio de una persona bajo curatela se permite por su propia voluntad, a menos que el tribunal haya declarado en la resolución por la que se establece la curatela que solo se permite con el consentimiento del curador o, si este se niega, con la autorización de la autoridad pertinente. El matrimonio de una persona bajo tutela solo se permite con la autorización del consejo de familia o de la autoridad tutelar, una vez se haya escuchado a los futuros cónyuges y, en su caso, a los progenitores.

El Código de Familia prevé la terminación voluntaria del contrato matrimonial antes o durante el registro del matrimonio. El contrato estipula los derechos y obligaciones patrimoniales de los cónyuges durante el matrimonio o en caso de terminación del mismo y puede establecer que los bienes adquiridos por cada cónyuge durante el matrimonio sean propiedad personal del cónyuge que los adquirió.

Los activos adquiridos por los cónyuges durante el matrimonio son propiedad conjunta de ambos cónyuges. Los bienes en copropiedad pueden dividirse por acuerdo entre los cónyuges. En caso de desacuerdo, el tribunal determinará los porcentajes y la forma de dividir los bienes comunes.

El patrimonio debe declararlo el sujeto de la declaración y sus familiares, o su conviviente. La legislación regula el mecanismo de control del patrimonio adquirido por el sujeto de la declaración y sus familiares, así como por su conviviente, durante el ejercicio de su mandato o el desempeño de cargos de función pública o dignidad pública.

En consonancia con la evolución del derecho internacional, en 2018 se modificaron las disposiciones del Código Civil relacionadas con las sucesiones para que se aplicaran de manera uniforme a todos los sujetos. Con el fin de garantizar la previsibilidad de los costos de preparación de actas notariales, incluidos los documentos relativos a herencias, se está elaborando un proyecto de ley sobre pagos notariales.

El Estado, a través de las autoridades públicas responsables y de las instituciones especializadas en derechos humanos (Defensoría del Pueblo), vela por el derecho de las personas con discapacidad a gozar de capacidad jurídica en igualdad de condiciones con las demás personas en todos los aspectos de la vida y garantiza una protección jurídica equitativa y eficaz contra la discriminación por cualquier motivo.

IV.Conclusiones

El derecho interno se ha complementado con múltiples disposiciones, que estipulan el principio de igualdad de derechos y oportunidades para mujeres y hombres en todos los ámbitos de actividad (principio de igualdad de retribución por un mismo trabajo o un trabajo de igual valor, desarrollo de servicios alternativos de guardería para los niños de 0 a 3 años tanto en el sector público como en el privado, oferta de tres opciones a los padres con hijos para garantizar el permiso para su cuidado, disposiciones en materia de prevención y lucha contra el acoso sexual en el lugar de trabajo, etc.).

Existe un mecanismo institucional estatal para la igualdad de género, como se demuestra por: el fortalecimiento de la dirección especializada en el Ministerio de Trabajo y Protección Social y de los Grupos de Coordinación de Género; la creación de una comisión especializada del Consejo Nacional de Derechos Humanos, coordinada por el Ministerio de Trabajo y Protección Social, que supervisa la aplicación de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer; el desarrollo profesional de especialistas en ámbitos como la inspección de trabajo, la educación, el sistema social y los órganos de seguridad y defensa; la creación de una Agencia Nacional contra la Violencia; la introducción de puestos de profesionales especializados en la violencia doméstica y en la rehabilitación de víctimas de delitos a nivel local.

Se ratificó el Convenio de Estambul y se iniciaron los procedimientos para armonizar el marco normativo nacional con sus disposiciones. Se aprobaron dos nuevos documentos de política pública: el Programa de Igualdad de Género y el Programa contra la Violencia.

Existe un mecanismo funcional en marcha a nivel legislativo que permite que un amplio grupo de sujetos se beneficien de la asistencia jurídica garantizada por el Estado sin condiciones.

Las medidas legislativas adoptadas para la conciliación de la vida laboral y familiar y la creación de un nuevo Programa Nacional de Empleo que prevé medidas concretas para aumentar el empleo y la participación de las mujeres en el mercado laboral se traducen en una menor discriminación por razón de género.

El Gobierno ha tomado medidas en el ámbito de la sanidad y la educación (estrategia Educación 2030) con el fin de garantizar el acceso de las niñas y las mujeres a los servicios de salud reproductiva y a la educación.

Se han realizado esfuerzos considerables para promover la igualdad de género en el sector de la seguridad y la defensa, incluidos dos programas que implementan la resolución 1325 y que llevan aprobados desde 2017.

Junto con los asociados para el desarrollo, el Gobierno llevó a cabo múltiples actividades: fomentar la capacidad de los especialistas en género, prevenir y luchar contra la violencia doméstica y la trata de personas; integrar la igualdad de género en el sector privado y en los campos de la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas; iniciar la transposición de las directivas en materia de igualdad de género de la Unión Europea.

La información sobre la aplicación por parte de la República de Moldova de cada una de las recomendaciones del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (2020) puede consultarse en: https://social.gov.md/wp-content/uploads/2024/05/Raport-privind-realizarea-Setului-de-masuri-pentru-implementarea-Observatiilor-finale-ale-Comitetului-ONU-pentru-eliminarea-discriminarii-impotriva-femeilor-CEDAW-pentru-2020-2023.pdf.

Obstáculos y limitaciones

Desde hace más de tres décadas, la República de Moldova se enfrenta a un deterioro constante y profundo de la situación demográfica, provocado por los cambios políticos, económicos y sociales y el éxodo de la población apta para trabajar en busca de empleos atractivos. En las últimas décadas, la República de Moldova ha tenido problemas con la movilidad laboral y la migración de la población en edad de trabajar.

La masculinización y feminización de determinadas profesiones supone un reto en la formación profesional y en el mercado laboral.

Persiste la necesidad de garantizar el acceso de las personas con discapacidad a los centros educativos.

La violencia contra las mujeres, la violencia doméstica y la trata de personas siguen siendo retos considerables, que exigen una respuesta multidisciplinar coordinada de todas las partes interesadas pertinentes, la asignación de recursos suficientes, la puesta en marcha de programas de educación/sensibilización de la población, el desarrollo de servicios apropiados y la formación de especialistas.

Muchas mujeres víctimas de violencia sexual siguen sin poder acceder a los servicios sanitarios por miedo a denunciar; sin embargo, el personal sanitario está obligado a informar de los casos detectados. Existe una razón que explica estas dificultades: el acceso a los servicios sanitarios durante las primeras 72 horas es muy importante para recoger muestras y proporcionar el tratamiento necesario que permita descartar embarazos no deseados y enfermedades de transmisión sexual.

Es preciso redoblar esfuerzos para informar a la población acerca de la igualdad de género, sus derechos y las posibilidades de reclamarlos. Para ello se necesita la participación activa de los medios de comunicación para educar a la sociedad en consonancia con la igualdad de género y la eliminación del sexismo del lenguaje y la publicidad.

Los hombres y las mujeres de las zonas rurales necesitan una atención especial, sobre todo en el contexto de la migración y los retos demográficos. Seguir desarrollando y apoyando programas de emprendimiento, especialmente para las mujeres, los jóvenes y las personas mayores, mejoraría la situación socioeconómica, disminuiría los flujos migratorios y mitigaría las consecuencias negativas del envejecimiento de la población.

Para derivar correctamente los casos de violencia doméstica, los policías (comunitarios) rurales necesitan una formación adicional exhaustiva.

El acceso de la población rural a los servicios sanitarios, incluida la salud sexual y reproductiva, es insuficiente. Los servicios sanitarios adaptados a los jóvenes están poco desarrollados, lo que ocasiona una tasa de natalidad adolescente en descenso.

Es necesario reforzar la supervisión de la aplicación de la normativa, dado que el mecanismo de ejecución no se ajusta a las normas internacionales ni a las directivas de la Unión Europea.

Sigue prevaleciendo la reticencia de las autoridades a incorporar la perspectiva de género en los documentos normativos sectoriales y en los presupuestos.

Otra cuestión delicada es la escasa participación de los hombres como promotores de la igualdad de género en los cuidados, la educación y otros ámbitos feminizados del mercado laboral.

Actualmente es demasiado pronto para ratificar la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, debido a los posibles obstáculos para garantizar su cumplimiento en la orilla izquierda del río Dniéster, donde las estructuras autoproclamadas operan al margen de la legislación de la República de Moldova.

Teniendo en cuenta lo anterior, cabe señalar que la República de Moldova ha demostrado un compromiso significativo para promover la igualdad de género y luchar contra la discriminación por medio de la ratificación de convenios internacionales y la adopción de la legislación nacional pertinente. Se han logrado avances considerables en la reducción de la violencia contra las mujeres, el fomento de su participación en la vida política y pública y la mejora del acceso a la educación y la sanidad.

No obstante, persisten algunas dificultades, entre ellas la desigual aplicación de la legislación y la necesidad de luchar contra los estereotipos de género y de hacer frente a las desigualdades económicas y sociales. La migración y la disminución de la población son retos demográficos que requieren soluciones innovadoras para garantizar la sostenibilidad social y económica.

De cara al futuro, es esencial proseguir las reformas y redoblar los esfuerzos para cumplir eficazmente los compromisos internacionales. Entre las prioridades figuran la mejora del marco legislativo e institucional, el respaldo a la participación económica de las mujeres y el fortalecimiento de los mecanismos de seguimiento y evaluación de los avances en materia de igualdad de género. La cooperación con la sociedad civil y los asociados internacionales será clave para alcanzar la igualdad de género y los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

También iniciamos la elaboración del informe para la aplicación de la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing (1995) para 2020-2024.