28° período de sesiones
Acta resumida de la 604ª sesión
Celebrada en la Sede, Nueva York, el jueves 23 de enero de 2003, a las 15.00 horas
Presidenta:Sra. Acar
Sumario
Examen de los informes presentados por los Estados partes de conformidad con el artículo 18 de la Convención (continuación)
Quinto informe periódico del Canadá (continuación)
Se declara abierta la sesión a las 15.00 horas.
Examen de los informes presentados por los Estados partes de conformidad con el artículo 18 de la Convención (continuación)
Quinto informe periódico del Canadá (continuación) (CEDAW/C/CAN/5 y Add. 1; CEDAW/PSWG/CRP.1/Add.1; CEDAW/PSWG/2003/1/CRP.2/Add.3)
Por invitación de la Presidenta, la delegación del Canadá toma asiento como participante en el debate de la Mesa.
La Presidenta invita a la delegación del Canadá a que siga respondiendo a las preguntas formuladas durante la sesión de la mañana.
La Sra. Regehr (Canadá) dice que recientemente el Gobierno Federal y otras jurisdicciones han intentado establecer marcos para estudiar otros factores distintos del género en relación con la evaluación de la situación de la mujer, como la raza, el origen ético, la discapacidad física, la orientación sexual y la situación familiar. El Canadá está mejorando y actualizando constantemente su base de datos y proporcionando información. Los censos, que se realizan cada cinco años, son el mecanismo principal de reunión de datos acerca de la mujer. Además, se está realizando una encuesta sobre la diversidad étnica; servirá para examinar la autodefinición étnica, el origen familiar, las redes sociales, la participación civil, la exclusión social, las esferas de la confianza y del sentido de pertenencia a una comunidad y las actividades socioeconómicas. Los resultados de ese estudio se publicarán en 2003 y servirán para que se comprenda mejor la situación de la diversa población con que cuenta el Canadá.
En el Canadá hay una amplia gama de mecanismos analíticos para evaluar y estudiar la sociedad. La cifra del 63% representa el ingreso después de impuestos de todas las mujeres del Canadá, lo que incluye el trabajo remunerado y no remunerado, independientemente de que se hayan o no se hayan obtenido ingresos durante el período en cuestión; esas cifras simplemente muestran el ingreso de las mujeres por comparación con el de los hombres. Además, hay cifras sobre los porcentajes de sueldos durante todo un año, desglosados en función de que los trabajos correspondientes sean en régimen de jornada completa o por horas. Por ejemplo, las cifras de los sueldos por horas ponen de manifiesto que las mujeres ganan el 80% del ingreso de los hombres. El porcentaje total de ingresos incluye a las mujeres que trabajan a tiempo parcial, dado que ello constituye una realidad en la vida de muchas de ellas.
El ingreso de las mujeres está mejorando, al igual que el equilibrio entre el trabajo remunerado y no remunerado. Las mujeres realizan más trabajos remunerados y menos trabajos no remunerados; ello obedece a que los hombres están empezando a asumir una mayor parte de tareas en el hogar. El volumen total de trabajo también está disminuyendo. Sin embargo, el trabajo de atender a los hijos sigue siendo una responsabilidad principal de las mujeres, con importantes repercusiones sustantivas.
Las estadísticas sobre la pobreza generalmente citadas en el Canadá son “secciones de bajos ingresos”, que muestran una desventaja relativa, es decir, la proporción de ingreso necesaria para satisfacer las necesidades básicas de subsistencia. El Gobierno está desarrollando métodos más perfeccionados para evaluar la pobreza; por ejemplo, mide los factores de intensidad y duración. Para muchas personas, como los estudiantes, la pobreza es transitoria; para otras, como las familias monoparentales, la intensidad y la duración representan un grave problema. Todas esas conclusiones tienen repercusiones sustantivas y el análisis de la información resulta de utilidad al Gobierno del Canadá para luchar contra la pobreza.
Los datos ponen de manifiesto que las mujeres son especialmente vulnerables en calidad de trabajadoras no remuneradas, sobre todo cuando han de atender a sus hijos. Además, para que una familia pueda subsistir, se requieren dos ingresos; de ahí la especial atención que se prestan a los adultos solteros y sin pareja, independientemente de su edad, y, en particular, a las mujeres de edad separadas, divorciadas o viudas, quienes nunca han obtenido ingresos ni tienen derecho a pensiones por haberse dedicado a la crianza de los hijos. La cuestión del trabajo no remunerado es de suma importancia. En el ámbito de las prestaciones por maternidad y por nacimiento de un hijo, el Canadá ha intentado facilitar que los hombres asuman una mayor responsabilidad en la crianza de los libros con objeto de que las mujeres no se encuentren a lo largo de su vida en la situación en la que se encuentran ahora las mujeres de edad.
La Sra. Quinn (Canadá) dice que la Prestación Nacional por Hijos constituye una iniciativa importante de carácter federal, provincial y territorial cuyo objetivo es proporcionar prestaciones a las familias de bajos ingresos que están trabajando o que reciben asistencia social. Percibe la prestación más del 80% de las familias con hijos del Canadá. Para una familia de dos personas, el nivel de asistencia ha aumentado de 3.400 dólares en 1999 a 4.700 dólares en 2003. Con arreglo a ese programa, las provincias pueden reajustar las sumas de la asistencia federal e invertir en servicios complementarios para familias de bajos ingresos, como, por ejemplo, en la prestación de servicios de transporte o en el suministro de medicamentos con receta médica. El Gobierno Federal ha asumido ese papel con miras a establecer un enfoque general. En un informe publicado en 2002 se pone de manifiesto que, en 1999, la Prestación Nacional por Hijos dio lugar a un 6,5% de disminución del margen de diferencia de bajos ingresos. Dado que la Prestación Nacional por Hijos ha aumentado y se ha indizado en función de la inflación, se espera que esos resultados vayan mejorando. Se evalúan con respecto a sus repercusiones en la reducción de la pobreza y en la mejora de la participación de la población activa. Los resultados son muy esperados.
En 2000 los Ministros federales, provinciales y territoriales firmaron el Acuerdo de desarrollo de la primera infancia. En él se prevé la asignación de 2.200 millones de dólares a lo largo de cinco años para servicios de desarrollo de la primera infancia. Se publicarán informes sobre los resultados de esos servicios, que se utilizarán para revisar los programas. En respuesta al interés internacional en el desarrollo de la primera infancia, el Gobierno Federal y algunas provincias, en colaboración con la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), llevará a cabo una revisión temática de tales programas. Se considera que los servicios que cuentan con un firme apoyo ayudan a los niños a iniciar con buen pie su trayectoria en la vida y a los adultos a participar en la población activa.
En el marco de los esfuerzos que realiza para prestar asistencia a los grupos vulnerables, el Gobierno colabora con diversos socios y entidades que prestan ayuda, al tiempo que proporciona asistencia a los niños y las familias. Sin embargo, esos grupos no son mutuamente excluyentes: una persona puede ser aborigen, discapacitada y anciana. A este respecto, el Gobierno ha realizado importantes progresos en la reducción de la pobreza entre las personas de edad. Por ejemplo, es consciente de que las mujeres que no han trabajado fuera de su hogar no tienen acceso a pensiones contributivas. El Gobierno está intentado resolver ese problema mediante la garantía del ingreso, el pago de complementos por vejez y la prestación de servicios. Entre las iniciativas complementarias cabe mencionar la deducción por gastos de cuidado de los hijos y la ampliación de las prestaciones por paternidad y maternidad.
El Gobierno Federal y las provincias participan en la prestación de servicios a las personas con discapacidad. Se ha preparado un informe sobre el programa de asistencia en el empleo de esas personas, en el que se describen los progresos realizados hasta la fecha.
La Sra. Ginnish (Canadá) dice que las poblaciones aborígenes del Canadá son los inuits, los indios y los mestizos. Los grupos indios tienen dos subdivisiones: los que cuentan con una definición jurídica del concepto de indio con arreglo a la Ley de los indios y los no considerados indios o los descendientes de esas personas. El pueblo inuit, que procede en su mayor parte de las regiones septentrionales del Canadá, se identifica a sí mismo y se asocia con una comunidad concreta. Los mestizos tienen una mezcla de sangre aborigen y no aborigen: eso es también una autoidentificación. Aunque hay pocas comunidades de mestizos, la mayor parte de ellos vive en las zonas urbanas. Ce n sus and Statistics Canada reúne datos sobre todos esos grupos y las definiciones que utilizan dependen del objetivo para el que se reúnen los datos.
En abril de 2001 se presentó el proyecto de Ley de Gobernanza de las Primeras Naciones, después de un proceso de amplias consultas que incluyó reuniones comunitarias y sesiones informativas en las comunidades, las ciudades pequeñas y los grandes núcleos urbanos. El Ministro de Asuntos Indios y Desarrollo Septentrional estableció un comité consultivo mixto, constituido por representantes del Gobierno y de la Primera Nación, que contribuyó a la redacción del instrumento legislativo. Más de 10.000 personas manifestaron su opinión, de las que aproximadamente el 50% de las mujeres. Las mujeres plantearon preocupaciones concretas como la mayor participación en los asuntos de la Primera Nación, el acceso a los mecanismos de recurso, la mayor transparencia en el ámbito de la gobernanza y la mayor responsabilidad a nivel comunitario. Su preocupación principal era que la Ley de derechos humanos del Canadá se aplicara a las decisiones adoptadas a nivel comunitario. Se preparó un instrumento legislativo con el fin de abordar cuestiones relacionadas con la gobernanza; se presentó al Parlamento y actualmente está siendo estudiado por el Comité Permanente de la Cámara sobre Asuntos Aborígenes y Desarrollo Septentrional. El Ministro de Asuntos Indios y Desarrollo Septentrional comparecerá ante el Comité Consultivo en enero de 2003 y posteriormente se celebrarán audiencias públicas en todo el país. Por entonces, las mujeres de las Primeras Naciones tendrán la oportunidad de dar a conocer sus opiniones y la legislación podrá modificarse en consecuencia.
Desde un primer momento se ha adoptado la decisión de no abordar la cuestión de la propiedad conyugal en el marco de la Ley de Gobernanza de las Primeras Naciones porque la Ley de los indios contiene un gran número de secciones relacionadas con la ordenación de la tierra y no parece que haya un consenso suficientemente amplio que justifique la revisión de sus disposiciones. La Ley de Ordenación de la Tierra de las Primeras Naciones contiene, sin embargo, algunos mecanismos en que puede ampararse las mujeres afectadas de las Primeras Naciones en relación con las cuestiones de la propiedad conyugal. Lamentablemente esa legislación es facultativa y únicamente 14 naciones se rigen por sus disposiciones. En la Ley se pide a las Primeras Naciones que desarrollen regímenes de propiedad matrimonial con objeto de que, en caso de que se rompa el matrimonio, haya un proceso comunitario para determinar la división de la propiedad. El Ministro apoya la Ley de Ordenación de la Tierra de las Primeras Naciones y tiene el propósito de incluirla en otras 30 Primeras Naciones en los próximos años.
De resultas de la Ley de Gobernanza de las Primeras Naciones, el Canadá modificará la Ley de derechos humanos con el fin de establecer otro cauce para que las mujeres manifiesten sus opiniones y preocupaciones respecto de las decisiones que les afectan.
Por último, la oradora recuerda que las modificaciones realizadas en 1985 a la Ley de los indios eliminaron ciertas disposiciones discriminatorias. Aunque no se eliminaron todos los aspectos de la discriminación sexual, se estableció cierto control sobre la vida en las reservas, particularmente por lo que respecta a la determinación de la pertenencia a una banda. Se ha preguntado por qué la Ley de los indios no puede simplemente ser modificada con objeto de que la mujer pueda trasmitir su condición de india a la próxima generación al igual que el hombre. El Gobierno Federal colabora en la medida de lo posible con las Primeras Naciones en la formulación de políticas, planes y legislación, pero aún no se ha logrado un nivel suficiente de consenso para poder modificar las leyes. El Ministro de Asuntos Indios y Desarrollo Septentrional reconoce la importancia de la cuestión para las mujeres y la necesidad de hacer frente a ese problema.
La Sra. Harder (Canadá) dice que el programa de cuidadores internos establecido en el marco de la Ley de inmigración y protección de los refugiados tiene por objeto atender a las necesidades de esos cuidadores en el mercado laboral. De no existir ese programa, las mujeres no tendrían la oportunidad de desplazarse al Canadá y, después de haber formalizado su contrato, solicitar primero la residencia y después la nacionalidad canadiense. Se trata del único programa que permite que los trabajadores temporeros extranjeros puedan solicitar la residencia a una vez que se encuentren en el Canadá. En respuesta a las preocupaciones manifestadas, el programa se ha modificado recientemente para exigir un contrato específico y detallado entre el empleador y el cuidador e incrementar el grado de flexibilidad en relación con las interrupciones en el empleo del cuidador. Tanto los empleadores como los cuidadores reciben información sobre sus derechos y obligaciones en el marco del programa.
El Acuerdo de seguridad con un tercer país no entrará en vigor hasta el final de la primavera de 2003. El Acuerdo permitirá que el Canadá devuelva a los Estados Unidos de América a los refugiados que podían haber solicitado asilo en este último país por ser su primer país de llegada, lo que constituye una medida encaminada a asumir una responsabilidad compartida por lo que respecta al examen de las solicitudes de asilo. Los hombres resultarán más afectados que las mujeres, dado que el Acuerdo se aplica únicamente a los refugiados que entran por fronteras terrestres, en tanto que la mayoría de las mujeres que solicitan asilo entran por los aeropuertos. No se dejará a ningún refugiado sin la oportunidad de solicitar asilo. El Gobierno del Canadá es consciente de que las peticiones de asilo se tramitan de manera diferente en los Estados Unidos y el Canadá en función del género; por esa razón, cuando el Acuerdo lleve en vigor un año, será sometido a una revisión que incluirá mecanismos para determinar si el Acuerdo influye de manera diferente en los hombres y en las mujeres.
La nueva Ley de inmigración y protección de los refugiados es el resultado de amplias negociaciones durante un período de seis o siete años. Sus criterios se consideran parte de un amplio proceso de análisis basado en el género y se han adaptado para prever posibles diferencias en los efectos en la mujer de ciertos factores como la mayor posibilidad de interrupciones en su empleo y la necesidad de que queden abarcados los trabajadores de la salud y los paraprofesionales. Se han delimitado las cuestiones que requerirán una supervisión a lo que largo del tiempo; la Ley constituye el único instrumento legislativo federal que incluye el requisito de que sus efectos han de supervisarse desde la perspectiva del género.
En 2000 la Junta de inmigración y refugiados examinó 28.917 solicitudes de asilo, incluidas 138 en las que se aducía como razón la persecución basada en el género. Dentro de este último grupo, 95 fueron admitidas, 35 fueron desestimadas, dos fueron objeto de desistimiento y seis fueron retiradas. Entre 2000 y 2002 se presentaron 150 solicitudes por razones de persecución basada en el género; el 90% de esas solicitudes correspondía a mujeres. El Canadá está orgulloso de sus directrices relativas a la persecución basada en el género y están realizando una labor al respecto junto con otros países interesados en el marco de diversas conferencias, en colaboración con organizaciones no gubernamentales y por conducto de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR).
La mayoría de las inmigrantes que entran en el Canadá son esposas o familiares a cargo de hombres inmigrantes. Las mujeres casadas que han entrado recientemente como inmigrantes suelen encontrarse desempleadas a causa de sus responsabilidades por lo que respecta al cuidado de los hijos. No obstante, las mujeres representan alrededor del 25% de las personas que consiguen que se admitan sus solicitudes de inmigración dentro de la categoría de trabajadores especializados; esas mujeres suelen obtener ingresos iguales o superiores a los de las mujeres canadienses dentro de los cinco años siguientes a su llegada al país. Los datos del descenso de 2001 proporcionarán una información más precisa sobre la situación económica de los inmigrantes a lo largo del tiempo.
La Sra. Hatt (Canadá) dice que muchos de los programas y políticas mencionados en la sección del informe dedicada a Columbia Británica aún no se han puesto en marcha o lo están desde hace poco tiempo. El actual Gobierno provincial únicamente lleva desempeñando sus funciones desde hace 18 meses y ha exigido a todos sus ministerios que presenten informes sobre los resultados; se proporcionará información adicional en el próximo informe periódico que se presente al Comité.
El orador dice que Columbia Británica ha registrado un déficit durante tres de los cuatro últimos años. Esa situación no es propicia a la protección de los derechos humanos a largo plazo; el nuevo Gobierno tuvo que adoptar decisiones difíciles y dar prioridad a esferas claves, como el adelanto de la mujer, la igualdad de género, la atención de la salud y la seguridad; luchar contra la pobreza y la discriminación; y prestar servicios de guarderías a entre 45.000 y 70.000 niños. El Ministerio de Igualdad de la Mujer no ha sido eliminado; se ha unido con el Ministerio de Servicios Comunitarios, Aborígenes y de la Mujer. En 2003 se publicará un nuevo análisis sobre el género.
Pese a las grandes expectativas que existen, las políticas de derechos humanos basada en el informe Hill Black han fracasado a causa de sus costos excesivos, su acumulación de trabajo y sus demoras; el Gobierno actual promulgará en breve nueva legislación compatible con los Principios de París, que modificará no la protección que se brinda, sino las medidas de ejecución existentes.
La Sra. Schöpp-Schilling dice que aún no está claro si el Gobierno Federal se ha comprometido a garantizar que las cuestiones sociales quedarán abarcadas por la Ley de derechos humanos del Canadá y a examinar de nuevo la cuestión de la transferencia de fondos federales a los gobiernos provinciales.
Las prestaciones federales para las guarderías han aumentado, pero la financiación federal para los programas provinciales ha disminuido; la oradora pregunta si las prestaciones generales para guarderías han aumentado realmente.
El número de trabajadoras autónomas ha aumentado; la oradora pregunta si los ingresos de esas mujeres son suficientes para que tengan derecho a prestaciones de la seguridad social una vez que alcancen una edad demasiado avanzada para trabajar. Además, en el informe se indica que la Comisión de Derechos Humanos del Canadá ha auditado únicamente a la mitad de todas las empresas de conformidad con la nueva Ley de equidad en el empleo; no está claro si el hecho de que no se haya auditado a todas las empresas es una consecuencia de la renuencia de estas últimas o de las limitaciones presupuestarias.
Por último, la oradora, aunque encomia al Gobierno de Quebec por sus esfuerzos para mejorar la prestación de servicios de guarderías, dice que parece ser que únicamente hay plazas para el 18% de los niños con derecho a esos servicios.
La Sra. Popescu pregunta qué objetivos concretos tiene el Plan federal para la igualdad entre los géneros en relación con la participación activa de la mujer en la vida pública y en todos los niveles del proceso de adopción de decisiones. Además, convendría contar con una explicación más detallada de las medidas adoptadas por los partidos políticos, incluidos los fondos de las campañas reservados a la mujer y los mecanismos destinados a lograr una mayor paridad entre los géneros. En su respuesta a la lista de preguntas (CEDAW/PSW/2003/I/CRP.2/Add.3), el Gobierno ha indicado que los obstáculos a la participación de la mujer en la política incluyen el proceso de nombramientos, la igualdad de acceso a la ayuda financiera y los gastos y responsabilidades en materia de prestación de servicios de guardería; no obstante, no se hace mención de otros obstáculos, como los estereotipos tradicionales basados en el género y la situación de las minorías o de los aborígenes. La delegación ha hecho algunas aclaraciones.
La oradora toma nota con reconocimiento del aumento del número de mujeres en la Cámara de los Comunes y en el Senado de resultas de las elecciones federales de 2000. Sin embargo, es de lamentar que en el informe figuren estadísticas desglosadas por género únicamente respecto de tres provincias: Columbia Británica, Ontario y Quebec. La oradora desea que también se facilite información sobre las provincias más pequeñas. Además, la delegación debería proporcionar detalles sobre las actividades encaminadas a alentar la participación de los aborígenes en la gobernanza comunitaria mediante modificaciones de la Ley de los indios y el Programa para la igualdad entre los géneros, así como sobre el número de mujeres que ocupan actualmente cargos de alto nivel en el Departamento de Relaciones Exteriores y Comercio Internacional. Por último, la oradora dice que el Gobierno no ha respondido a las preguntas 16 y 17 de la lista (CEDAW/PSW/2003/I/CRP.1/Add.1).
El Sr. Filinterman insta a la delegación a que responda a la pregunta 16 de la lista; el Comité ha sido informado de que las mujeres aborígenes no reciben ayuda financiera ni de otra índole para lograr la igualdad entre los géneros en el marco del gobierno local y otras esferas de la vida comunitaria.
La Sra. Belmihoub-Zerdani dice que, aunque los partidos políticos del Canadá están dirigidos por hombres, el Gobierno les ha conferido la responsabilidad de aumentar la participación de la mujer en la vida pública; convendría saber si hay algún partido cuyo máximo dirigente sea una mujer. Además, en tanto que los senadores canadienses son nombrados por el Gobernador General, que es el representante de la Reina Isabel II, únicamente el 29,8% de los escaños del Senado está ocupado por mujeres. La oradora pregunta por qué el Gobernador General no nombra de inmediato a un número suficiente de mujeres idóneas para lograr la paridad entre los géneros en ese órgano. Por otra parte, el Gobierno debe asegurarse de que el sistema de adelanto de la mujer dentro de la judicatura permite que las mujeres alcancen la paridad o la mayoría en el Tribunal Supremo, cuyos miembros ocupan sus cargos también por designación.
El Canadá es un país rico y miembro del Grupo de los Siete; además, ha llevado a cabo un adecuado programa de ajuste estructural; la oradora pide estadísticas desglosadas por género acerca de la distribución de la riqueza y del poder económico de la nación.
No está claro si las mujeres aborígenes y de la Primera Nación pueden votar en todas las elecciones canadienses y ser elegidas miembros de la Cámara de los Comunes o ser nombradas miembros del Senado o si, tal como considera la oradora, su vida transcurre en las calles y en las cárceles y se ven prematuramente privadas de ella.
La Sra. Gaspard destaca la importancia de imputar las disparidades en los efectos sobre la mujer a las diferencias sociales y no a las diferencias genéticas entre los sexos. La oradora pregunta si los órganos electivos de la nación examinan cuestiones relacionadas con la mujer, si Gobierno tiene previsto adoptar medidas especiales provisionales para promover su adelanto y si han tenido éxito los esfuerzos realizados para incrementar el número de mujeres en los cargos diplomáticos. El próximo informe periódico debe incluir estadísticas sobre todos los territorios y provincias del Canadá. Por último, la oradora lamenta que el Gobierno no haya respondido a la pregunta 17 de la lista.
La Sra. Khan dice que la estructura del empleo, según la cual más del 40% de las mujeres trabajan en puestos de trabajo del sector no estructurado y, por lo general, a tiempo parcial, dificulta garantizar los derechos humanos de la mujer. Esas mujeres no quedan abarcadas, por ejemplo, por el programa federal de contratos previsto en la Ley de equidad en el empleo, que se aplica únicamente a las empresas con más de 100 trabajadores. No está claro si quedan abarcadas por el nuevo sistema de seguro de desempleo, aplicable a los trabajadores que han quedado temporalmente desempleados (quinto informe, párr. 289). La oradora pregunta si las diferentes provincias tienen diferentes requisitos y prestaciones de empleo y si existe alguna protección para los trabajadores agrícolas, los trabajadores del sector no estructurado, el servicio doméstico, etc. La oradora encomia al Tribunal de Derechos Humanos del Canadá por reconocer la discriminación contra la mujer en sus fallos (adición del quinto informe, párr. 73). La oradora desea saber qué recomendaciones ha formulado el Grupo de Tareas constituido en 2001 a los efectos de revisar la legislación federal en materia de igualdad de remuneración (adición, párr. 74) y si esas recomendaciones se aplicarán también a las provincias. La oradora confía en que el Tribunal sugerirá modos de homologar los empleos del sector no estructurado con objeto de que queden abarcadas las mujeres que los desempeñan.
La Sra. Tavares da Silva dice que la decisión de transferir a los gobiernos provinciales subsidios en bloque en apoyo de la salud, la enseñanza y los programas sociales (quinto informe, párr. 343), dejando la utilización de los fondos a discreción de las provincias, así como la reducción de la cuantía de los fondos transferidos, genera una situación crítica para la mujer. La oradora pregunta si se ha considerado la posibilidad de volver a imponer las normas nacionales a los gobiernos provinciales.
La Sra. Patten dice que también desea saber qué normas nacionales impone el Gobierno a las provincias, habida cuenta del reconocimiento por el Gobierno de que la reestructuración de los programas sociales de 1996 provocó un efecto desproporcionadamente nocivo para la mujer. Además, la oradora está muy preocupada por el hecho de que los acuerdos federales/provinciales permitan que las provincias obtengan fondos de la Prestación Nacional por Hijos destinados a las familias más necesitadas y que los utilicen como ayuda al ingreso. La oradora pregunta si se ha realizado una evaluación de las repercusiones de esa política en la mujer.
La Sra. Gnacadja pregunta si la Carta de Derechos y Libertades del Canadá, que es de aplicación nacional, puede invocarse en un tribunal provincial cuando la legislación provincial en materia de derechos humanos brinda menos protección y, de ser así, la oradora desearía información sobre casos concretos. También convendría saber cómo los tribunales provinciales se ocupan de los conflictos de legislación sobre derechos humanos entre el Gobierno Federal y los gobiernos provinciales y si pueden entablarse acciones legales y por quién en caso de que una ley provincial infrinja los derechos humanos.
El propio Gobierno Federal no se ajusta a las normas nacionales sobre igualdad de derechos en el caso de los derechos de propiedad conyugales correspondientes a las mujeres de las Primeras Naciones. El Gobierno Federal tiene una competencia exclusiva sobre los asuntos aborígenes, pero en la Ley de los indios no se hace ninguna mención a esos derechos. Así pues, las mujeres aborígenes padecen una triple discriminación: la del Gobierno Federal, la de la Ley de los indios y la de las prácticas manifiestamente discriminatorias de sus propias comunidades aborígenes. No está claro si la reciente Ley de Ordenación de la Tierra de las Primeras Naciones constituye una modificación de la Ley de los indios. El carácter facultativo de sus disposiciones puede reducir seguramente su eficacia.
La Sra. Morvai pregunta si, en general, la legislación por la que se rigen las poblaciones aborígenes está exenta de la fiscalización constitucional y si el Gobierno cumple todas sus obligaciones internacionales y nacionales para garantizar los derechos de las mujeres aborígenes. Como mínimo, el Gobierno debe garantizar que las mujeres aborígenes están políticamente representadas. La cuestión es delicada, ya que, por una parte, el Gobierno desea proteger los derechos de las comunidades aborígenes, consideradas una minoría, pero, al mismo tiempo, las mujeres no estarán suficientemente representadas si el asunto se deja en manos de sus propias comunidades. La oradora pregunta cuántas organizaciones no gubernamentales de mujeres aborígenes participaron en las consultas a nivel nacional celebradas antes de la presentación del proyecto de Ley de Gobernanza de las Primeras Naciones.
No queda claro si las disposiciones sobre asistencia jurídica en las causas civiles (quinto informe, párr. 381) se aplican también a las causas penales y si el bajo nivel de ingresos constituye uno de los requisitos para tener derecho a esa asistencia.
La oradora agradecería información actualizada sobre la labor innovadora realizada por el Canadá al hacer valer la Convención ante sus tribunales. Debe seguir haciéndose hincapié en la formación de la judicatura para que sepa utilizar la Convención como fuente del derecho y de interpretación.
La Sra. Shin dice que está preocupado por la utilización en todo el informe de la expresión “minoría visible”, la cual, a su juicio, no es integradora.
La Sra. Manalo pregunta si se ha realizado algún análisis sobre los efectos en el género de la reciente reforma efectuada en Columbia Británica de su Ley de normas sobre el empleo, reforma en la que se han eliminado elementos de protección para la mayoría de los trabajadores vulnerables, incluidos los migrantes y las mujeres; además, pregunta qué medidas de protección existen para impedir situaciones de explotación.
La Sra. Belmihoub-Zerdani pregunta si el Gobierno está considerando la posibilidad de indemnizara sus poblaciones aborígenes por los daños sufridos a lo largo de su historia.
La Sra. Schöpp-Schilling pregunta si se ha realizado algún análisis relativo al efecto sobre el género de las modificaciones de la Ley del seguro de desempleo. Las estadísticas aportadas (respuestas a la lista de cuestiones, pág. 32 y 33) parecen mostrar que se ha reducido el acceso de la mujer a las prestaciones por desempleo. Además, la oradora desea saber el porcentaje real de hombres que toman la licencia por el nacimiento de un hijo. En el próximo informe, el Canadá he de proporcionar datos a nivel nacional sobre la legislación relativa a la igualdad de remuneración y sobre su aplicación en los sectores público y privado, al tiempo que debe especificar qué puestos de trabajo para la mujer quedan abarcados dentro de ella.
La Sra. Ievers (Canadá) dice que no se tiene previsto modificar las condiciones de los acuerdos fiscales entre el Gobierno Federal y los gobiernos provinciales, pero podrían establecerse nuevos programas, como, por ejemplo, en pro de la infancia o de la vivienda.
Los acuerdos sobre nuevas transferencias de asistencia en materia de salud y asuntos sociales aseguran que las provincias y territorios tienen los mismos requisitos mínimos básicos en materia social y que no se aplica ningún requisito mínimo en materia de residencia. El Gobierno se ha visto obligado a establecer condiciones que son menos flexibles que las anteriores, si bien la delegación trasmitirá al Gobierno las preocupaciones del Comité acerca de esas condiciones.
Refiriéndose a las trabajadoras autónomas, la oradora dice que acoge favorablemente el hecho de que haya más mujeres empresarias que hombres y actuando como promotoras de la generación de empleo. En 1996 la tercera parte de las pequeñas y medianas empresas eran propiedad de mujeres o estaban dirigidas por ellas. Sin embargo, no cabe duda de que muchos de esos nuevos puestos de trabajo creados lo son en ámbitos de la economía no estructurada, en la que no obtienen prestaciones los hombres ni las mujeres. El Gobierno, una vez que determine quiénes están empleados en ese nuevo sector de rápido crecimiento dentro del mercado laboral y reúna datos acerca de si sus puestos de trabajo son permanentes o provisionales, estará en mejores condiciones de decidir cómo abordar la cuestión del acceso a las prestaciones.
Aunque el Gobierno está de acuerdo en que la participación de la mujer en la vida política es un objetivo deseable, no entra dentro de la mentalidad política canadiense la utilización de medidas coactivas ni la aplicación de cuotas. Casi del 30% de los integrantes del Senado, que es un órgano de designación, son mujeres, entre las que figura por lo menos una mujer aborigen; además, durante el pasado decenio se ha producido un aumento apreciable de su número. Tres de los nueve magistrados del Tribunal Supremo, incluida la Presidenta, son mujeres. La Gobernadora General del Canadá es una mujer inmigrante y uno de los partidos políticos está dirigido por una mujer.
La Sra. Holt (Canadá), refiriéndose a la representación de la mujer en el servicio exterior, dice que 23 mujeres encabezan el 18% de las misiones del Canadá en el extranjero y ocupan el 20% de los cargos superiores. Se han establecido nuevos requisitos favorables a la mujer en materia de empleo, que han dado lugar a una igualdad de representación entre los géneros entre los nuevos funcionarios del servicio exterior, lo que eventualmente repercutirá en el porcentaje de mujeres en puestos de categoría superior.
La Sra. Quinn (Canadá) dice que sólo hay un 10% de niños que no pueden acceder a las guarderías por falta de plazas y que deben tenerse en cuenta las nuevas inversiones que se han realizado y que aún pueden realizarse en el marco del sistema en vigor entre el Gobierno Federal y las provincias.
En lo concerniente a la obtención de fondos de la Prestación Nacional por Hijos, la oradora dice que los padres que reciben prestaciones de asistencia social generalmente pierden las prestaciones por hijos cuando comienzan a trabajar, y que frecuentemente ganan únicamente la mitad de lo que percibían en concepto de prestaciones. Hasta que la Prestación Federal por Hijos se ajuste a la Prestación Provincial, seguirá percibiéndose la Prestación Nacional. Sin embargo, paralelamente los ingresos se han incrementado, por lo general, en el caso de los trabajadores de bajos ingresos.
Debería facilitarse más información sobre el trabajo en el sector no estructurado de la economía. En relación con las repercusiones de los recientes cambios acaecidos en el seguro de desempleo, en la oradora dice que el Departamento de Desarrollo de los Recursos Humanos cuenta con activas redes de personas capacitadas en análisis de género, quienes promueven la política de género del Departamento en todas las esferas sustantivas y analizan sus efectos.
El número de hombres que han solicitado la licencia por el nacimiento de un hijo aumentó en 2001 en más de un 80% respecto del año anterior, con lo que pasó a cifrarse en 22.000.
La Sra. Gingras (Canadá) dice que la participación de la mujer en la política es una cuestión que se plantean frecuentemente el Gobierno, los partidos políticos y los grupos de mujeres. Desde 1995 ha aumentado en más de un 50% el número de diputadas, aunque las cifras generales se han mantenido relativamente estancadas. Con objeto de poner remedio a la situación, el Gobierno estableció una comisión parlamentaria encargada de sugerir modos de mejorar el sistema electoral a fin de atraer a grupos excluidos, al tiempo que otra comisión parlamentaria se encargó de considerar las reformas de las instituciones democráticas, incluido el modo de incrementar la representación de la mujer. Existe un número igual de hombres y mujeres en esas comisiones. En el próximo informe se presentarán sus conclusiones.
La Sra. Eid (Canadá) dice que la inclusión de la "situación social" en la Ley de derechos humanos del Canadá se está examinando y que el Comité será informado cuando se adopte una decisión política al respecto.
La oradora dice que la Ley de igualdad en el empleo se aplica a las empresas que están reguladas por las normas del Gobierno Federal, categoría que abarca alrededor de 500 grandes empresas y alrededor de dos millones de trabajadores. Únicamente quedan abarcadas por el momento las grandes empresas a causa de las gravosas obligaciones de presentación de informes impuestas en la Ley. Además, la oradora dice que están siendo sometidas a auditorías las empresas en las que trabaja alrededor del 85% de la población activa.
En lo concerniente a la igualdad de remuneración, la oradora dice que la situación actual del Canadá es complicada y está de acuerdo en la necesidad de establecer una descripción completa en el próximo informe del marco federal, provincial y territorial relativo a la igualdad de remuneración. Todas las jurisdicciones cuentan con disposiciones en las que se establece la igualdad de remuneración, pero existen algunas variaciones entre las normas relativas a la "igualdad de remuneración por un trabajo de igual valor" y la "igualdad de remuneración por un trabajo similar". El Grupo de Trabajo ha concluido sus consultas públicas e investigaciones sobre un examen comparativo del concepto de igualdad de remuneración por un trabajo de igual valor, aplicado en todas las jurisdicciones y en otros países, pero su informe final y sus recomendaciones sobre la mejora del marco legislativo no se publicarán hasta marzo de 2003.
La oradora dice que recientemente el número de mujeres matriculadas en las facultades de derecho de todo el Canadá ha igualado y en algunos casos superado al de hombres y que se espera que sigan realizándose progresos en esa esfera.
La oradora dice que, si bien la Ley de igualdad en el empleo no se aplica a las empresas con menos de 100 trabajadores, los trabajadores del sector no estructurado de la economía están, sin embargo, protegidos por la legislación antidiscriminatoria en materia de derechos humanos en los ámbitos federal y provincial. En lo concerniente a la relación entre la legislación relativa a los derechos humanos y la Carta de Derechos y Libertades del Canadá, la oradora dice que las mujeres que son objeto de discriminación en las empresas públicas pueden interponer demandas ante la Comisión de Derechos Humanos o entablar acciones legales con arreglo a la Carta, aunque la mayoría de ellas opta por recurrir a la Comisión, dado que resulta más sencillo y menos costoso que emprender una acción judicial. No obstante, el Tribunal Supremo del Canadá ha interpretado la igualdad establecida en la Carta y en la legislación de derechos humanos en un sentido similar: en ambos instrumentos se prevé la protección contra la discriminación directa y de efectos perjudiciales y en ambos se puede hacer frente a la discriminación sistémica, así como recurrir a programas de acción afirmativa.
Por otra parte, no todas las personas necesitadas acusadas de la comisión de un delito reciben asistencia letrada. El Canadá sigue las normas internacionales y constitucionalmente aceptadas en las que se dispone que el Estado ha de sufragar los gastos de la asistencia letrada cuando así lo requieran los intereses de la justicia. Además, cada vez se hace valer más la Convención en las causas judiciales y particularmente en la jurisprudencia del Tribunal de Derechos Humanos, tendencia que se espera que continúe.
Por último, la oradora dice que la expresión “minoría visible” se acuñó en el decenio de 1980, durante la investigación que dio eventualmente lugar a la aprobación de la Ley de la igualdad en el empleo. Por aquel entonces, se determinó que existía un grupo concreto de personas que sufrían discriminación en el trabajo por sus características raciales visibles, en tanto que las minorías étnicas sin esas características visiblemente distinguibles parecían tener menos posibilidades de sufrir esa discriminación. La expresión únicamente se utiliza en el contexto de la igualdad en el empleo y con el fin de promover la representación de las minorías también en el empleo y no en el contexto general de la Carta ni en la legislación de derechos humanos.
La Sra. McPhee (Canadá) dice que en un programa de larga data sobre el patrimonio canadiense se prevé la financiación de las organizaciones de mujeres aborígenes. Además, en el marco de Gathering Strength – Canada’s Aboriginal Action Plan, el Programa para las mujeres aborígenes recibió financiación concretamente para fortalecer la capacidad de los grupos aborígenes a nivel de la comunidad y garantizar su participación plena y equitativa en las iniciativas de gobierno autónomo aborígenes. Además, el Gobierno ha preparado un proyecto de plan de trabajo para estructurar las directrices sobre la incorporación de las mujeres aborígenes al proceso de negociación; las directrices se redactarán con el asesoramiento de las mujeres aborígenes y teniendo en cuenta sus recomendaciones.
La oradora dice que el plebiscito propuesto en Nunavut sobre la paridad entre los géneros se planteó como parte de la labor de la Comisión de Aplicación de Nunavut y fue sufragado por el Gobierno del Canadá; no se realizó ninguna evaluación oficial de la propuesta. La razón de que la propuesta no prosperase obedece en parte a la ingente labor que entraña la creación de un territorio totalmente nuevo, así como a las consiguientes limitaciones de recursos y a la competencia entre las prioridades.
La Sra. Ievers (Canadá) dice que la importancia de las cuestiones aborígenes para la sociedad canadiense y el compromiso del Gobierno Federal de poner fin a la discriminación contra la población aborigen se ponen de manifiesto en las numerosas medidas adoptadas por el Gobierno. El Gobierno actual se ha comprometido, entre otras cosas, a prestar asistencia a las familias monoparentales y de bajos ingresos con hijos con un elevado nivel de discapacidad, para lo cual ha aumentado la Prestación Nacional por Hijos y ha mejorado las oportunidades de aprendizaje temprano y los servicios de guardería, al tiempo que se han reducido las diferencias de oportunidades entre los niños aborígenes y no aborígenes. El compromiso tangible del Gobierno respecto del adelanto de la mujer y la mejora de su condición jurídica y social en la sociedad canadiense también se pone de manifiesto en la asignación de 20 millones de dólares canadienses al programa encaminado a lograr la igualdad entre los géneros.
Se levanta la sesión a las 17.20 horas.