Comité contra la Tortura
84º período de sesiones
Ginebra, 13 de abril a 8 de mayo de 2026
Examen de los informes presentados por los Estados Partes en virtud del artículo 19 de la Convención
Respuestas del Pakistán a la lista de cuestiones relativa a su segundo informe periódico *
[Fecha de recepción: 26 de septiembre de 2025]
Respuestas a la lista de cuestiones (CAT/C/PAK/Q/2)
Artículos 1 y 4Respuesta a los párrafos 2 y 18
1.La Ley de Prevención y Castigo de la Tortura y la Muerte durante la Detención, de 2022, tipifica como delito la tortura, los actos que causan la muerte y la violación de personas privadas de libertad por parte de funcionarios públicos, y prohíbe la utilización de pruebas obtenidas mediante tortura. En caso de comisión de esos delitos, no se admite la puesta en libertad bajo fianza ni la conciliación. Las investigaciones corren a cargo del Organismo Federal de Investigación (OFI), que actúa bajo la supervisión de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH). La ley prevé duras penas, que incluyen penas de prisión y multas pagaderas a las víctimas o a sus familiares. Establece la responsabilidad de los agentes que cometen actos de tortura o no los impiden. Además, con arreglo a la Ley Qanun-e-Shahadat de 1984, las confesiones obtenidas mediante coacción son inadmisibles en los tribunales, lo que constituye una salvaguardia adicional contra la tortura durante la privación de libertad.
2.Todos los departamentos provinciales de la administración penitenciaria aplican una política de tolerancia cero hacia las torturas y los malos tratos infligidos a los reclusos por parte del personal o de otros reclusos. Para que las detenciones se ajusten a derecho y se dé un trato humano a los detenidos, se aplican estrictamente procedimientos operativos estándar en materia de detención, privación de libertad e investigación. Estos procedimientos exigen que los reclusos sean sometidos a un reconocimiento médico inmediato, que se notifique de manera oportuna la detención a la familia y que las celdas sean inspeccionadas periódicamente. Se toman estrictas medidas disciplinarias y legales contra los agentes declarados culpables de maltrato o conducta indebida, así como de todo comportamiento indebido con los familiares o amigos de los reclusos. A nivel operativo, todos los departamentos de policía cuentan con oficinas de asuntos internos y dependencias disciplinarias para investigar las denuncias de tortura, actos de violencia durante la reclusión y abuso de autoridad. Las células de resolución de quejas a nivel de distrito, el teléfono de asistencia 8787, el servicio de acceso a la policía, las plataformas digitales para dejar comentarios y la célula central de supervisión y quejas son vías accesibles para que los ciudadanos presenten sus quejas. La vigilancia se refuerza aún más mediante inspecciones realizadas por funcionarios superiores, funcionarios judiciales y representantes del Ministerio del Interior, mientras que, en caso de queja, se hace un seguimiento de las grabaciones de las líneas directas, los sistemas digitales y los sistemas de videovigilancia.
3.La CNDH está facultada por la Ley de la CNDH de 2012 para realizar visitas a cualquier prisión o centro de detención. Tiene el mandato de vigilar las condiciones de reclusión, investigar las denuncias de violaciones de los derechos humanos, reunirse en privado con los reclusos y formular recomendaciones para la introducción de reformas. Las comisiones de seguridad pública también realizan visitas periódicas e inspecciones sin previo aviso a las prisiones para evaluar las condiciones de reclusión, proteger los derechos de los reclusos y elaborar informes para el Gobierno. Además, las organizaciones de la sociedad civil y el poder judicial contribuyen a la vigilancia de las prisiones: las primeras vigilan las condiciones de reclusión y promueven reformas, mientras que los funcionarios judiciales realizan inspecciones y tramitan los recursos de habeas corpus. Las comisiones parlamentarias también ejercen una labor de vigilancia mediante peticiones de información, el estudio de informes sobre la reforma penitenciaria y el seguimiento de la aplicación de las recomendaciones.
4.El fomento de la capacidad sigue siendo una prioridad. Los programas de formación de la policía incluyen módulos sobre derechos humanos y lucha contra la tortura, así como formación sobre cuestiones de género y protección de la infancia. Se ha modernizado la formación para familiarizar a los agentes con el uso de instrumentos forenses, tecnologías modernas y métodos de investigación científica conformes con las normas internacionales. Se ha separado a la Fiscalía de la policía para reforzar el control independiente de los procesos de investigación.
5.Tras la promulgación de la Ley de Prevención y Castigo de la Tortura y la Muerte durante la Detención de 2022, el número de casos registrados de torturas, muertes y violaciones de personas privadas de libertad y la tasa de condenas de agentes implicados han mostrado una tendencia al alza. Las estadísticas anuales para el período 2019-2025 sobre los casos de agentes de policía y funcionarios de prisiones juzgados por torturas y sus resultados reflejan una mayor rendición de cuentas y una mejor aplicación de las medidas de salvaguardia contra la tortura. Esos enjuiciamientos penales se suman a los mecanismos internos de rendición de cuentas como la suspensión, el despido y las multas.
|
Año |
Número de casos remitidos a los tribunales |
Número de declaraciones de culpabilidad |
Número de absoluciones |
Número de casos pendientes ante los tribunales |
|
2019 |
19 |
6 |
4 |
9 |
|
2020 |
35 |
1 |
11 |
23 |
|
2021 |
34 |
8 |
7 |
9 |
|
2022 |
19 |
9 |
6 |
4 |
|
2023 |
33 |
18 |
2 |
13 |
|
2024 |
44 |
15 |
18 |
11 |
|
2025 |
11 |
0 |
3 |
8 |
|
Total |
195 |
57 |
51 |
77 |
6.La Ley de Prevención y Castigo de la Tortura y la Muerte durante la Detención de 2022 se aplica de conformidad con las obligaciones contraídas en virtud de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes. Tipifica como delito la tortura, prevé penas proporcionales a la gravedad del delito y prohíbe invocar circunstancias excepcionales como justificación. Tampoco permite invocar como defensa la orden de un superior o de una autoridad pública. El artículo 337-L del Código Penal penaliza las lesiones que no están tipificadas en ninguna otra parte del Código, lo que abarca los casos en que se infligen ilegalmente dolores y sufrimientos mentales graves.
Definición de tortura y de sufrimientos mentales
7.Los tribunales han interpretado sistemáticamente la prohibición de la tortura de manera amplia, en el sentido de que abarca los daños tanto físicos como psicológicos. El artículo 14, párrafo 2, de la Constitución, que prohíbe expresamente la tortura con el fin de obtener pruebas, se ha interpretado de manera que abarca tanto los dolores y sufrimientos mentales graves como los malos tratos físicos. Como el Estado tiene un sistema jurídico anglosajón, las decisiones de los tribunales superiores son vinculantes para los tribunales inferiores, lo que refuerza el reconocimiento de la tortura mental como equivalente a la tortura física. Este enfoque refleja el compromiso del Pakistán de aplicar la definición de tortura de manera integral y en consonancia con la Convención contra la Tortura. Por ejemplo:
En la causa Saifuddin Saif v. Federation of Pakistan (PLD 1977 Lahore 1174), el Tribunal Superior de Lahore dictaminó que las presiones y el maltrato psicológicos eran actos de “tortura” en el mismo sentido que la brutalidad física.
En la causa Asfandyar Wali v. The State (PLD 1978 Peshawar 38), el Tribunal Superior de Peshawar dictaminó que las confesiones obtenidas mediante coacción psicológica o maltrato físico carecían de valor probatorio.
En la causa Mst. Tayyeba Ambareen v. Shafqat Ali Kiyani (2023 SCMR 246), el Tribunal Supremo reconoció expresamente que la crueldad abarcaba la tortura tanto física como mental y destacó la humillación y la angustia como formas de maltrato.
Jurisprudencia relativa a la Convención y a la Ley de 2022
8.La jurisprudencia nacional sigue evolucionando de conformidad con las normas de la Convención contra la Tortura y con el marco constitucional del Pakistán. Cabe citar las siguientes sentencias destacadas:
Sadaf Aziz v. Federation of Pakistan (2021 P Cr. LJ 205): el Tribunal Superior de Lahore declaró inconstitucionales las pruebas de virginidad, citando el artículo 16 de la Convención contra la Tortura.
Jumma Khan v. NAB (2023 P Cr. LJ 78): el Tribunal Superior de Baluchistán reconoció que la prohibición establecida en el artículo 14 de la Convención incluía la tortura mental.
Khadim Hussain v. Federation (PLD 2020 Islamabad 268): el Tribunal Superior de Islamabad ordenó reformas sistémicas de las condiciones de reclusión sobre la base de las salvaguardias previstas en la Constitución y la Convención.
Mst. Sarriya Bibi v. RPO Sheikhupura (2024 LHC 2550): el Tribunal Superior de Lahore ordenó el traslado de los casos de tortura al Organismo Federal de Investigación en virtud de la Ley de 2022.
Saifuddin Saif v. Federation of Pakistan (PLD 1977 Lahore 1174): el Tribunal Superior de Lahore dictaminó que las presiones y el maltrato psicológicos eran actos de “tortura” en el mismo sentido que la brutalidad física.
Amir Sajjad v. The State (2023 P Cr. LJ 1650): varios agentes de policía fueron declarados culpables de la muerte de personas privadas de libertad y se destacó su responsabilidad con arreglo al artículo 14, párrafo 2, de la Constitución.
Waqas Ahmad v. The State (2024 LHC 2550): El Tribunal Superior de Lahore declaró a agentes de policía culpables de infligir torturas graves, incluidos actos de agresión sexual, a personas privadas de libertad, y señaló el abuso de autoridad grave, la inobservancia de las salvaguardias establecidas y la complicidad de los funcionarios superiores.
Government of Sindh v. Muhammad Sarwar (PLD 2023 Sindh 154): El Tribunal Superior de Sind concedió una indemnización de 5 millones de rupias por la muerte de una persona privada de libertad y consideró a los agentes de policía responsables de tortura, reclusión ilegal y falta de atención médica.
Prescripción
9.Ni la ley de 2022 ni el Código Penal del Pakistán establecen un plazo de prescripción para el ejercicio de la acción penal en los casos de tortura. El derecho penal del Pakistán no prevé plazos de prescripción para los delitos graves, en aplicación del principio de que los delitos graves contra la dignidad humana siguen siendo enjuiciables indefinidamente. La ley de 2022 tipifica las torturas infligidas por agentes públicos como delito punible y ninguna defensa ha logrado impugnar las acusaciones de tortura por prescripción. La ley de 2022 establece plazos para la investigación, el juicio y la apelación a fin de agilizar la tramitación de las denuncias de tortura.
Formación y sensibilización
10.Las escuelas judiciales a nivel federal y provincial han integrado en sus planes de estudio módulos sobre prevención de la tortura y protección de los derechos humanos. Entre 2019 y 2025:
El Ministerio de Derechos Humanos organizó cursos de formación especializada en materia de derechos humanos en todos los departamentos de policía provinciales y en la sede del OFI centrados especialmente en la prohibición de la tortura y las salvaguardias previstas en los lugares de reclusión con arreglo a la ley de 2022. Más de 400 altos mandos de la policía y agentes del OFI recibieron esta formación.
La Escuela Judicial de Punyab organizó múltiples sesiones de sensibilización sobre la tortura de personas privadas de libertad dirigidas a jueces y funcionarios judiciales, en las que participaron más de 600 funcionarios.
Sind organizó una formación especializada para funcionarios judiciales y profesionales del derecho centrada en los derechos de las mujeres, los grupos vulnerables y las salvaguardias previstas en los lugares de reclusión.
La Escuela Judicial de Jaiber Pastunjuá organizó, del 25 al 29 de marzo de 2024, seminarios web específicos sobre la ley de 2022.
La Escuela Judicial de Baluchistán impartió formación a aproximadamente 180 funcionarios judiciales y 120 fiscales sobre la Convención contra la Tortura, las garantías constitucionales y las salvaguardias previstas en los lugares de reclusión.
Artículo 2Respuesta al párrafo 3
11.El Gobierno del Pakistán ha adoptado medidas concretas para reforzar las salvaguardias jurídicas fundamentales previstas durante la detención y la reclusión. Todas las personas privadas de libertad tienen derecho a que un médico independiente los someta a un reconocimiento inmediato con total confidencialidad. Los ingresos se consignan sin demora en el registro oficial de cada centro. En lo que respecta a la asistencia letrada, con la promulgación de la Ley de la Autoridad para la Justicia y la Asistencia Letrada de 2020 se ha institucionalizado la prestación de asistencia letrada gratuita a las personas sin recursos, garantizando así el acceso efectivo a la justicia. Además, en la causa NCSW v. The Government of Pakistan (2019), el Tribunal Supremo declaró que los sistemas de justicia paralelos como las jirgas y los panchayats eran ilegales con arreglo a la Constitución e incompatibles con las obligaciones internacionales del Pakistán en materia de derechos humanos, de manera que dichos mecanismos de justicia paralelos ya no tienen validez legal ni funcionan oficialmente en ninguna parte del país. Por otra parte, ningún recluso detenido en relación con las protestas del 9 de mayo ha sido sometido a tortura o malos tratos. Se han respetado las debidas garantías procesales y todas las salvaguardias legales.
Punyab
Datos médicos de las prisiones de Punyab (2019-2024)
|
Año |
Número de solicitudes recibidas |
Número de servicios prestados a los reclusos dentro de las instalaciones penitenciarias |
Número de reclusos derivados a hospitales |
|
2019 |
81 443 |
1 946 834 |
2 633 |
|
2020 |
92 450 |
1 783 117 |
2 828 |
|
2021 |
105 644 |
1 802 157 |
3 470 |
|
2022 |
112 053 |
2 315 663 |
3 532 |
|
2023 |
116 062 |
2 596 538 |
3 395 |
|
2024 |
93 914 |
2 682 169 |
3 512 |
12.Punyab ha establecido salvaguardias estructuradas para los reclusos con enfermedades mentales, de conformidad con el Decreto Legislativo sobre Salud Mental de 2001 y el artículo 444 del Reglamento Penitenciario del Pakistán de 1978. En 2025, había un total de 48 reclusos con enfermedades mentales. Los reclusos a quienes se ha diagnosticado una enfermedad mental grave son trasladados al Instituto de Salud Mental de Punyab después de haberse sometido a una evaluación clínica por los psicólogos de la prisión. Para reforzar aún más la atención de la salud mental, se han destinado 16 psicólogos (categoría 17 de la escala básica de sueldos) y 11 psicólogos auxiliares (categoría 16) a las prisiones de todo Punyab. El gobierno de Punyab ha establecido una junta médica especializada en el Departamento de Atención Sanitaria Especializada y Educación Médica para evaluar a los reclusos con enfermedades mentales, en cumplimiento de la sentencia del Tribunal Supremo PLD 2021 SC 488.
13.En lo que respecta a la prestación de asistencia letrada, se han establecido múltiples canales para asegurar la prestación de asistencia letrada gratuita a los reclusos. En coordinación con el Colegio de Abogados de Punyab y los colegios de abogados de distrito, se han creado comités de asistencia letrada a nivel de distrito para prestar una asistencia letrada oportuna. Se insta a las formaciones sobre el terreno a que compartan las listas de reclusos que merezcan dicha asistencia con el poder judicial y los comités pertinentes de los colegios de abogados. Al 20 de junio de 2025, un total de 327 reclusos se habían beneficiado de servicios jurídicos gratuitos en el marco de este programa.
Sind
14.En Sind, todos los reclusos son sometidos a un reconocimiento médico inicial a su ingreso y reciben posteriormente visitas médicas diarias. En todas las prisiones hay un servicio médico disponible 24 horas al día y siete días a la semana a cargo de médicos delegados y médicos de prisiones. En todas las cárceles hay pabellones médicos separados para personas con VIH, con tuberculosis, toxicómanas, etc., a fin de prevenir la propagación de enfermedades. Actualmente hay 36 médicos y 27 médicos penitenciarios trabajando en las prisiones de Sind.
Datos médicos de las prisiones de Sind (2019-2024)
|
Año |
Número de servicios prestados a los reclusos dentro de las instalaciones penitenciarias |
Número de reclusos derivados a hospitales |
|
2019 |
405 964 |
4 233 |
|
2020 |
564 204 |
5 291 |
|
2021 |
598 424 |
5 432 |
|
2022 |
682 661 |
6 623 |
|
2023 |
872 598 |
6 788 |
|
2024 |
774 718 |
7 177 |
15.En lo que respecta a la asistencia letrada, el Departamento de Empoderamiento de las Personas con Discapacidad tiene el mandato de proteger todos los derechos de las personas con discapacidad según lo previsto en la Ley de Empoderamiento de las Personas con Discapacidad de Sind de 2018. La Pakistan Legal Aid United Society (PLUS) es una organización no gubernamental (ONG) asociada al Departamento que recibe una subvención/financiación anual para gestionar el sistema de apoyo jurídico y asistencia letrada para los reclusos con discapacidad de la provincia de Sind. Presta asistencia jurídica al Departamento en cuestiones relacionadas con las personas con discapacidad. Entre los ejercicios fiscales de 2023 y 2025, en el marco de la iniciativa de colaboración entre la PLUS y el Departamento de Empoderamiento de las Personas con Discapacidad, se gestionaron 197 casos de reclusos con discapacidad, se prestaron servicios de representación en 119 casos y se prestó asesoramiento jurídico en 222. Durante esos dos años, 460 personas se acogieron al programa, dotado con un presupuesto combinado de 30 millones de rupias pakistaníes. Por otra parte, el Comité para el Bienestar de los Reclusos, dependiente del Ministerio del Interior, se encarga de la asistencia letrada de los presos preventivos sin recursos. El Comité proporciona asistencia letrada gratuita, avala fianzas y se ocupa de la representación en los casos de delitos menos graves. También se ocupa de consignar anualmente las asignaciones presupuestarias y los beneficiarios. Además, todas las prisiones de Sind cuentan con una financiación total de 90,9 millones de rupias pakistaníes para la prestación de asistencia letrada gratuita.
Jaiber Pastunjuá
Datos médicos de las prisiones de Jaiber Pastunjuá (2019-2024)
|
Descripción |
Número |
|
Solicitudes de tratamiento médico recibidas |
104 267 |
|
Número de servicios prestados a los reclusos dentro de las instalaciones penitenciarias |
1 767 551 |
|
Número de servicios prestados a los reclusos fuera de las instalaciones penitenciarias |
46 440 |
16.En lo que respecta a la prestación de asistencia letrada en Jaiber Pastunjuá, 1.688 personas han recibido asistencia letrada gratuita en virtud de la Ley de la Autoridad para la Justicia y la Asistencia Letrada de 2020.
Baluchistán
Datos médicos de las prisiones de Baluchistán (2019-2024)
|
Descripción |
Número |
|
Solicitudes de tratamiento médico recibidas |
26 480 |
|
Número de servicios prestados a los reclusos dentro de las instalaciones penitenciarias |
252 315 |
|
Número de servicios prestados a los reclusos fuera de las instalaciones penitenciarias |
9 230 |
Respuesta al párrafo 4
17.El Gobierno del Pakistán reafirma su compromiso inquebrantable con la Comisión Nacional de Derechos Humanos como piedra angular de la estructura nacional de derechos humanos, que funciona con total independencia e imparcialidad en estricta conformidad con los Principios de París. Esta dedicación se ve reflejada en la reciente acreditación de la CNDH como institución nacional de derechos humanos de la categoría A por parte de la Alianza Global de Instituciones Nacionales de Derechos Humanos (GANHRI) el 19 de mayo de 2024. Además, la CNDH también ha sido elegida para formar parte de la Mesa de la GANHRI para Asia y el Pacífico por un período de cuatro años.
18.La CNDH tiene amplias competencias para cumplir su mandato, que consiste, entre otras cosas, en investigar las denuncias de violaciones de los derechos humanos, ya sea a instancia de particulares o instituciones o de oficio. Además, desempeña un papel fundamental en el examen de la legislación vigente y de los proyectos de ley para garantizar el cumplimiento de los principios de derechos humanos. También lleva a cabo investigaciones y ofrece asesoramiento sobre políticas en materia de derechos humanos, lo que permite al Gobierno y otras partes interesadas formular políticas bien fundamentadas y eficaces. Asimismo, participa en iniciativas de sensibilización y promoción. Además de lo anterior, el artículo 5 de la Ley de Prevención y Castigo de la Tortura y la Muerte durante la Detención de 2022 encomienda a la CNDH un mandato firme para supervisar las investigaciones de actos de tortura llevadas a cabo por el OFI.
19.Para reforzar la independencia e imparcialidad de la CNDH, el Gobierno del Pakistán ha aplicado varias medidas esenciales, entre ellas el nombramiento de un nuevo presidente y nuevos miembros mediante un proceso parlamentario riguroso y transparente. De conformidad con el artículo 4 de la Ley de la CNDH, el proceso de nombramiento consiste en una consulta pública y un examen minucioso de los candidatos tras el cual el Primer Ministro y el líder de la oposición transmiten las candidaturas a una comisión parlamentaria, integrada por miembros tanto del Senado como de la Asamblea Nacional, que garantiza un proceso de selección equilibrado y justo. El nombramiento del presidente y los miembros de la CNDH es confirmado en última instancia por el Presidente del Pakistán, lo que garantiza que solo se seleccione a personas de la máxima integridad y compromiso con los derechos humanos para dirigir la Comisión. La Comisión lleva plenamente operativa desde noviembre de 2021.
20.El reconocimiento por parte del Gobierno del papel crucial que desempeña la CNDH también se refleja en el considerable aumento de su presupuesto. Desde el ejercicio fiscal 2021/22 hasta el ejercicio fiscal 2023/24, el presupuesto de la CNDH se ha incrementado en más de un 200 %, pasando de 70,8 millones de rupias a 161 millones de rupias. Ese presupuesto ha seguido aumentando hasta alcanzar los 183 millones de rupias para el ejercicio fiscal 2024/25 y 232,34 millones de rupias para el ejercicio fiscal 2025/26. Además, el nombramiento del Presidente de la CNDH como Contable Principal, responsable del presupuesto y los gastos, refuerza la autonomía financiera de la Comisión al permitirle asignar los recursos de la manera que mejor se adapte a sus necesidades y objetivos operativos.
21.Desde su creación, la CNDH ha recibido un total de 7.080 denuncias, ha tramitado 1.271 casos de oficio e investigado activamente violaciones de los derechos humanos y ha organizado actividades de promoción a ese respecto. Las iniciativas proactivas de la CNDH, como las 173 visitas a prisiones, las 28 misiones de investigación de los hechos y la publicación de 50 informes especiales, ponen de manifiesto su determinación de detectar y abordar decididamente los problemas en materia de derechos humanos.
22.La CNDH ha investigado denuncias de tortura en la prisión central (Adiala) de Rawalpindi, a instancias del Presidente del Tribunal Superior de Islamabad. Tras múltiples visitas a la prisión para investigar y reunirse con los reclusos, elaboró un informe de investigación para el Tribunal Superior de Islamabad. El Gobierno ha tomado las siguientes medidas a raíz de la investigación y el informe de investigación de la CNDH:
Se han emprendido acciones legales contra funcionarios de la prisión de Adiala: 7 funcionarios han sido destituidos de sus cargos; 4 han sido suspendidos durante 90 días; y 38 han sido trasladados a otro centro.
Se ha creado una célula de denuncias y la CNDH ha encargado al comité de vigilancia de la prisión de Adiala que investigue las denuncias de tortura.
Se ha procedido a notificar a los tribunales de derechos humanos en aplicación del artículo 21 de la Ley de la CNDH de 2012.
Todos los departamentos de policía han incorporado un módulo de formación sobre tortura y muerte de personas privadas de libertad en el programa de todos los cursos promocionales y obligatorios.
La CNDH ha elaborado un manual para la policía y los médicos forenses sobre las mejores prácticas para investigar las denuncias de tortura, basado en la legislación nacional y las normas internacionales.
Respuesta al párrafo 5
23.El Gobierno ha adoptado importantes medidas legislativas, institucionales y administrativas para combatir la violencia contra las mujeres y las niñas, incluida la violencia doméstica, y el acoso, la violación conyugal y los denominados “asesinatos por motivos de honor”. La histórica Ley de Modificación del Código Penal (delitos cometidos en nombre del honor o con el pretexto de defenderlo) de 2016 reforzó el marco jurídico al clasificar los delitos de honor en la categoría fasad-fil-arz, que impide que los familiares renuncien a la ejecución de la pena o acepten una conciliación y establece duras penas, incluida la cadena perpetua, incluso en caso de indulto.
24.Para velar por que los casos de violencia contra las mujeres y las niñas se resuelvan sin demora y teniendo en cuenta su situación, se han creado 95 tribunales especializados en todo el país, con 116 funcionarios judiciales encargados de los casos relacionados, entre otras cosas, con los matrimonios forzados y los matrimonios infantiles, así como con las conversiones forzadas. Además, la Dependencia de Delitos de Género de la Oficina Nacional de Policía recopila y supervisa los datos sobre las denuncias presentadas, las investigaciones abiertas, los enjuiciamientos realizados, las condenas dictadas y las penas impuestas por delitos de género, incluidos los “delitos de honor”, lo que refuerza la rendición de cuentas y el cumplimiento de la ley.
25.Los departamentos de policía provinciales también mantienen datos digitalizados y desglosados sobre delitos como los asesinatos por motivos de honor, la violencia doméstica, los abusos sexuales, el acoso, la trata y los delitos contra personas transgénero. Los datos están desglosados por sexo, edad, distrito y naturaleza del delito, lo que garantiza una documentación precisa y permite analizar tendencias. Existe una coordinación periódica con las comisarías de policía, las dependencias de investigación y las fiscalías de los distritos para actualizar y verificar los registros.
Datos estadísticos
26.El Gobierno ha adoptado un enfoque proactivo para eliminar todas las formas de violencia contra las mujeres, incluidos los malos tratos psicológicos, físicos y sexuales, la violación, las agresiones con fuego y con ácido, el acoso, los matrimonios precoces y forzados, las conversiones forzadas, los secuestros, los raptos y los asesinatos y los homicidios por motivos de honor, entre otras.
Violencia contra la mujer, 2022-2025
|
Año |
Casos registrados |
Sentencias condenatorias |
|
2022 |
2 172 |
76 |
|
2023 |
2 692 |
100 |
|
2024 |
2 698 |
50 |
|
2025 |
2 442 |
25 |
|
Total |
10 004 |
251 |
Desglose provincial de delitos de honor, 2016-2024
|
Provincia |
2016 |
2024 |
|
Punyab |
248 |
211 |
|
Sind |
111 |
62 |
|
Jaiber Pastunjuá |
190 |
96 |
|
Baluchistán |
85 |
50 |
|
Total |
634 |
419 |
Respuesta al párrafo 6
27.El artículo 9 de la Constitución garantiza el derecho a la libertad, y el artículo 10 establece salvaguardias contra la detención y la reclusión arbitrarias. Además, el Código Penal del Pakistán (artículos 359 a 365) tipifica como delitos la privación de libertad ilegal, el secuestro, el rapto y la retención ilícita, que abarcan actos relacionados con la desaparición forzada. En el proyecto de ley de modificación del código penal de 2021 se proponía introducir nuevas disposiciones en el Código Penal del Pakistán para tipificar como delito la desaparición forzada y el artículo formulado explicaba ese término de manera exhaustiva. La Asamblea Nacional aprobó el proyecto de ley el 8 de noviembre de 2021 y lo remitió al Senado para su examen. Sin embargo, el plazo para el refrendo del proyecto de ley expiró debido a la finalización de la legislatura en curso. El proyecto de ley está en proceso de deliberación. Aunque actualmente no existe ninguna ley sobre desapariciones forzadas, el Código Penal contiene disposiciones que castigan la desaparición forzada en la categoría del secuestro, el rapto y la retención ilícita.
28.Además, la Comisión de Investigación sobre Desapariciones Forzadas, creada en 2010, sigue desempeñando un papel fundamental en la localización de personas desaparecidas, la determinación de responsabilidades y la recomendación de medidas preventivas. A continuación se reproducen los datos sobre desapariciones forzadas.
Casos denunciados y tramitados por la Comisión de Investigación sobre Desapariciones Forzadas, por mes
|
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
||||||||
|
Denunciados |
Tramitados |
Denunciados |
Tramitados |
Denunciados |
Tramitados |
Denunciados |
Tramitados |
Denunciados |
Tramitados |
Denunciados |
Tramitados |
Denunciados |
Tramitados |
|
|
Enero |
71 |
48 |
50 |
69 |
23 |
24 |
34 |
48 |
91 |
37 |
55 |
43 |
26 |
209 |
|
Febrero |
76 |
60 |
45 |
42 |
144 |
154 |
48 |
51 |
99 |
57 |
42 |
35 |
12 |
104 |
|
Marzo |
62 |
75 |
24 |
37 |
714 |
230 |
76 |
51 |
141 |
59 |
18 |
53 |
30 |
34 |
|
Abril |
138 |
50 |
33 |
10 |
71 |
330 |
122 |
133 |
91 |
109 |
15 |
30 |
11 |
42 |
|
Mayo |
73 |
54 |
13 |
21 |
145 |
185 |
35 |
50 |
82 |
88 |
20 |
47 |
19 |
82 |
|
Junio |
32 |
91 |
12 |
49 |
45 |
45 |
38 |
55 |
29 |
78 |
47 |
28 |
27 |
33 |
|
Julio |
121 |
82 |
43 |
23 |
37 |
30 |
42 |
75 |
157 |
177 |
26 |
27 |
15 |
70 |
|
Agosto |
55 |
42 |
23 |
26 |
22 |
56 |
96 |
60 |
74 |
98 |
43 |
35 |
- |
- |
|
Septiembre |
40 |
73 |
34 |
76 |
32 |
27 |
38 |
42 |
47 |
35 |
36 |
42 |
- |
- |
|
Octubre |
59 |
69 |
45 |
30 |
37 |
44 |
128 |
135 |
14 |
- |
15 |
25 |
- |
- |
|
Noviembre |
43 |
65 |
23 |
34 |
88 |
123 |
98 |
101 |
14 |
- |
33 |
28 |
- |
- |
|
Diciembre |
32 |
97 |
67 |
16 |
102 |
70 |
70 |
75 |
48 |
40 |
29 |
44 |
- |
- |
|
Total |
800 |
814 |
415 |
433 |
1 450 |
1 381 |
860 |
1 019 |
835 |
788 |
379 |
427 |
140 |
554 |
Artículo 3Respuesta al párrafo 7
29.El Pakistán no es parte en la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951 ni en su Protocolo de 1967, pero se adhiere a las normas internacionales relativas a la protección de los refugiados en virtud del derecho internacional consuetudinario. Los refugiados, los apátridas y los extranjeros son tratados de acuerdo con las disposiciones de la Ley de Extranjería de 1946. El ACNUR determina la condición de refugiado en virtud de su mandato (Estatuto de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados aprobado por la Asamblea General en su resolución 428 (V) de 14 de diciembre de 1950) y en nombre del Gobierno del Pakistán de conformidad con el Acuerdo de Cooperación de 1993 entre el Gobierno del Pakistán y el ACNUR. Por lo general, el Pakistán acepta las decisiones del ACNUR de conceder la condición de refugiado y permite a los solicitantes de asilo (que aún están en trámites), así como a los refugiados ya reconocidos, permanecer en el Pakistán a la espera de encontrar una solución duradera.
Respuesta al párrafo 8
30.El Gobierno del Pakistán ofrece a los migrantes en situación irregular la posibilidad de registrarse para que se les reconozca la condición de refugiado conforme a la ley. En febrero de 2007, el Gobierno concluyó un censo de los refugiados afganos que vivían en el Pakistán y les expidió certificados de registro, en virtud de los cuales tienen permiso de residencia legal temporal en el Pakistán, libertad de circulación y exención de la aplicación de la Ley de Extranjería de 1946. Aproximadamente 1,34 millones de afganos son, en la actualidad, titulares de certificados de registro. También está en curso una operación de verificación de documentos e información, dirigida por el Gobierno y apoyada por el ACNUR. Todos los titulares de certificados de registro verificados durante esta operación recibirán nuevas tarjetas inteligentes de registro con una validez de dos años. En la actualidad existen en el Pakistán 11 Centros de Renovación de Tarjetas de Registro en funcionamiento. Los datos del censo de 2023 están desglosados por nacionalidad: pakistaní, afgana, bengalí, china y otras. Actualmente hay 1,42 millones de refugiados afganos en el Pakistán con tarjetas de registro, 0,85 millones titulares de tarjetas de ciudadanía, 1,5 millones sin registrar y 0,29 millones en situación irregular. También viven en el Pakistán 1,6 millones de bengalíes y hasta 400.000 rohinyás. Actualmente hay un total de 1.539 millones de refugiados residiendo en el país. Según los datos relativos a la orientación étnica, entre los titulares de tarjetas de registro hay un 87 % de pastunes, un 3 % de uzbekos, un 2 % de baluchis, un 5 % de tayikos, y un 1 % hazaras y turcomanos, y; entre los titulares de tarjetas de ciudadanía, un 93 % de pastunes, un 1,4 % de hazaras y persas, un 1,2 % de tayikos y menos del 1 % de otros grupos étnicos.
Aplicación del Plan de Repatriación de Extranjeros en Situación Irregular:equilibrio entre las cuestiones de seguridad y humanitarias
31.El Plan de Repatriación de Extranjeros en Situación Irregular se ha elaborado en respuesta a preocupaciones legítimas en materia de seguridad, así como a la necesidad de abordar la presencia de extranjeros en situación irregular en el Pakistán. El plan comenzó a aplicarse en noviembre de 2023 con una primera fase centrada en la expulsión de personas que se encontraran en situación irregular en el Pakistán, a saber, las que no estaban registradas, aquellas cuyo visado hubiera expirado o las que tuvieran documentos de identidad fraudulentos. Es importante destacar que el plan no es una medida indiscriminada ni arbitraria, sino que constituye una iniciativa estructurada y coordinada que implica una planificación y ejecución meticulosas. Se celebran reuniones periódicas para examinar los progresos realizados, a fin de velar por que el plan se aplique de conformidad con las disposiciones legales y que se mantenga un equilibro entre las cuestiones de seguridad nacional y las obligaciones humanitarias internacionales del Pakistán.
Paso seguro humanitario y protecciones jurídicas
32.Uno de los aspectos esenciales del Plan de Repatriación de Extranjeros en Situación Irregular es la concesión de permisos de paso seguro humanitario a los ciudadanos afganos que deseen trasladarse a terceros países a fin de evitar que sean devueltos por la fuerza a lugares en los que puedan sufrir persecución o daños o su bienestar pueda estar en peligro. Esta disposición demuestra claramente la adhesión del Pakistán al principio de no devolución, que prohíbe devolver a personas a un país en el que su vida o su libertad puedan verse gravemente amenazadas. Además, el marco jurídico del Pakistán, incluida la Ley de Extranjería, prevé exenciones para que las personas sean tratadas de forma humana y de conformidad con las obligaciones jurídicas internacionales. Estas disposiciones jurídicas tienen por objeto prevenir cualquier forma de discriminación o acoso contra ciudadanos afganos o cualquier otro ciudadano extranjero en el Pakistán.
Tramitación de las denuncias de discriminación y acoso contra refugiadosafganos
33.El Gobierno aplica una política de tolerancia cero hacia cualquier forma de discriminación, acoso o violencia contra los refugiados afganos. Las fuerzas del orden tienen la obligación de tratar todos los casos de extranjeros en situación irregular con la máxima profesionalidad y en el respeto de los derechos humanos. Todas las denuncias de conducta indebida se toman muy en serio y se han adoptado medidas para investigarlas y tramitarlas sin demora. El Gobierno también es consciente de las dificultades a las que se enfrentan los ciudadanos afganos que residen en el Pakistán y ha tomado medidas para proteger sus derechos. Entre ellas cabe citar facilitar acceso a asistencia letrada, habilitar vías para presentar quejas y colaborar estrechamente con organizaciones internacionales para hacer un seguimiento de la situación y proporcionar el apoyo necesario. Más de 600.000 afganos han regresado voluntariamente, y solo unos 30.000 han sido expulsados. Los refugiados registrados que posean documentos válidos siguen teniendo pleno acceso a los servicios de salud y educación. Los niños refugiados asisten a escuelas pakistaníes y las familias pueden acudir libremente a los centros de salud públicos y privados. El Ministerio de Estados y Regiones Fronterizos supervisa la repatriación voluntaria de los refugiados afganos en el marco del acuerdo tripartito con el Afganistán y el ACNUR. La repatriación es estrictamente voluntaria y se hace en condiciones dignas, a través de centros en Peshawar (Chamkani) y Baluchistán (Baleli). Las familias que regresan se registran en la Dirección Nacional de Bases de Datos y Registros, cumplimentan formularios de repatriación voluntaria y reciben una ayuda económica de 375 dólares por persona y 700 dólares por familia.
Artículos 5 a 9Respuesta al párrafo 9
34.La Ley de Extradición de 1972 regula el proceso de entrega de delincuentes fugitivos entre el Pakistán y otros países. Se han aplicado medidas de cooperación, como el intercambio de pruebas o la asistencia, en casos concretos en cumplimiento de los tratados o acuerdos aplicables. El Pakistán ha celebrado acuerdos de auxilio judicial mutuo en materia penal con seis países. Durante el período que abarca el informe se han firmado dos acuerdos de auxilio judicial mutuo. Del mismo modo, el Pakistán ha celebrado tratados de extradición con un total de 35 países. Durante el período sobre el que se informa se han celebrado dos tratados de extradición.
Artículo 10Respuesta al párrafo 10
35.Los departamentos provinciales de policía e instituciones penitenciarias han puesto en marcha iniciativas para incorporar en los planes de formación una educación sobre los principios de derechos humanos, las salvaguardias previstas en los lugares de reclusión y las técnicas de investigación éticas. En Punyab se ha impartido una amplia formación en el marco de la Ley de Prevención y Castigo de la Tortura y la Muerte durante la Detención de 2022. Entre 2023 y 2025, aproximadamente 3.500 agentes de policía (desde ASI hasta DSP) recibieron formación sobre la prevención de la tortura, y otros 1.474 recibieron formación en cursos especializados, como clases para agentes en prácticas, cursos integrados y formación sobre las salvaguardias previstas en los lugares de reclusión. Todos los agentes y funcionarios de policía reciben formación para aplicar sistemáticamente técnicas no coercitivas durante las investigaciones.
36.En Sind, el Departamento de Policía ha organizado varias formaciones centradas en los derechos humanos en colaboración con la Comisión de Derechos Humanos de Sind y organizaciones de la sociedad civil. Cabe destacar un taller de fomento de la capacidad de dos días de duración organizado en colaboración con los Servicios Penitenciarios y Correccionales de Sind y dirigido a funcionarios de prisiones, en el que se hizo hincapié en la dignidad humana, las responsabilidades éticas con los reclusos y el cumplimiento de las normas internacionales de derechos humanos. Además, los programas de formación de la policía de Sind, incluido el documento principal de la policía de Sind, es decir, la Ley de 2019 de Derogación de la Ley de Policía de 1861 y Restablecimiento del Decreto Legislativo sobre la Policía de 2002 de Sind, incluyen información sobre las penas previstas por la comisión de actos de tortura. El programa de formación de la policía de Sind también tiene diversos módulos, entre otros sobre el Manual básico de investigación, el Manual de investigación forense y la protección de los derechos humanos. En el periodo de tiempo indicado (2019‑2024), 50.652 agentes recibieron formación sobre la prevención de la tortura gracias a estos módulos. Además, la recién creada Dirección de Formación de la Policía de Sind recopila continuamente datos sobre la eficacia de la formación policial. Los oficiales médicos y el personal pertinente también reciben formación sobre los derechos humanos, los procedimientos forenses y el trato de grupos vulnerables en el marco de iniciativas de colaboración con órganos de derechos humanos y asociados internacionales.
37.En Jaiber Pastunjuá, 4.800 agentes de policía han recibido formación sobre la prevención de la tortura y los métodos de investigación legales y sensibilización sobre los derechos humanos. Entre el personal penitenciario, 1.283 funcionarios recibieron orientación sobre las salvaguardias previstas en los lugares de reclusión y el uso adecuado de la fuerza. Algunos médicos forenses de Peshawar y Abbottabad también han recibido orientación sobre la documentación basada en los derechos humanos en colaboración con ONG, aunque el Protocolo de Estambul aún no se incluye de manera sistemática en la formación forense.
38.Baluchistán ha organizado sesiones de formación sobre los derechos humanos para más de 2.000 agentes de policía y funcionarios de prisiones, centradas en los métodos de investigación lícitos, las salvaguardias previstas en los lugares de reclusión y la prohibición de la tortura. Los manuales de formación para el personal policial, penitenciario y forense incorporan los principios del Protocolo de Estambul, en particular en lo que respecta a los métodos de investigación lícitos, la documentación y el trato de los reclusos.
Respuesta al párrafo 11
39.Todos los agentes del orden y los funcionarios de prisiones tienen prohibido infligir torturas y malos tratos, y cuentan con instrucciones y circulares claras que reiteran la tolerancia cero. Los programas de formación de las academias de policía y los departamentos penitenciarios incluyen módulos sobre técnicas de investigación no coercitivas, como la recopilación de pruebas forenses, las entrevistas conductuales y los enfoques en que se tiene en cuenta la situación de las víctimas y los testigos. Las prisiones se rigen por reglamentos codificados que prohíben estrictamente la tortura. El Gobierno también ha comenzado a ajustar la formación a los Principios de Méndez, centrándose en las entrevistas basadas en el establecimiento de una relación de confianza y en el respeto de los derechos. Hasta la fecha, 4.055 funcionarios de todo el país han recibido formación sobre estas técnicas no coercitivas.
Artículo 11Respuesta a los párrafos 12 y 14
40.El Gobierno del Pakistán ha adoptado medidas concretas para abordar los problemas relacionados con el hacinamiento y las malas condiciones de los centros de reclusión. Entre las principales iniciativas, cabe citar el establecimiento de servicios de condena condicional y libertad condicional, el desarrollo de infraestructuras, como la construcción de nuevas prisiones y la ampliación de las ya existentes, y reformas judiciales destinadas a reducir la afluencia de reclusos. Para reducir los ingresos, se han puesto en marcha iniciativas como la introducción de mecanismos alternativos de arreglo de controversias y la práctica consistente en enviar a funcionarios judiciales a las prisiones para sustanciar procedimientos abreviados, especialmente para delitos menos graves. Un hito importante es la construcción de una prisión modelo en Islamabad con capacidad para albergar a 4.000 reclusos. Con una asignación presupuestaria de 18.100 millones de rupias, se espera que esta entre en funcionamiento en un plazo de seis meses a un año.
Desarrollo de infraestructuras y reformas de las medidas no privativasde libertad
41.Desde 2015, se han construido pabellones de alta seguridad en las principales prisiones centrales, como las de Rawalpindi, Lahore, Multan y Faisalabad. También se han creado 13 nuevos centros de detención de corta duración y prisiones de distrito. Actualmente, se están construyendo otras tres prisiones —prisión de distrito de Nankana, centro de detención de corta duración de Samundari y Pindi Bhattian—, con capacidad para acoger a un total de 1.500 reclusos. Además, se ha aprobado la construcción de dos nuevas prisiones de mujeres en Lahore y Faisalabad.
42.Se está llevando a cabo una importante remodelación de la prisión central de Rawalpindi. La prisión acoge actualmente a 7.590 reclusos, pese a tener una capacidad autorizada de solo 2.174. Entre otras cosas, está prevista la construcción de pabellones de varios pisos con capacidad adicional para 1.536 reclusos, así como la división administrativa del centro en tres unidades distintas, una de ellas para mujeres. La prisión modelo de Islamabad también acogerá a reclusos que se encuentran bajo la jurisdicción del Tribunal Superior de Islamabad.
43.En Sind, se han asignado fondos presupuestarios para la ampliación de las infraestructuras a fin de satisfacer las crecientes necesidades. En particular, se han asignado 58 millones de rupias para la ampliación de la prisión de distrito de Malir a fin de dar cabida a 1.000 reclusos, 10 millones de rupias para la construcción de una prisión de alta seguridad en Thatta y 20 millones de rupias para un nuevo centro penitenciario en Shaheed Benazirabad.
44.Además de la mejora de la infraestructura, se han introducido medidas no privativas de libertad y de rehabilitación para reducir al mínimo el recurso al encarcelamiento, en particular de sectores de la población vulnerables, como las mujeres y los menores. En Punyab, la Ley de Servicios de Libertad Vigilada y Condicional de Punyab de 2019 ha entrado en vigor de manera efectiva. Se ha nombrado especialmente a un director general encargado de supervisar el servicio y se ha desarrollado un sistema de información sobre la gestión de los delincuentes a fin de realizar un seguimiento digital de las personas en libertad condicional. Se ha creado una Junta de Libertad Condicional integrada por múltiples partes interesadas, entre ellas miembros de la administración penitenciaria y la fiscalía, así como psicólogos, para evaluar la elegibilidad para la libertad condicional y formular recomendaciones normativas. Estas iniciativas tienen por objeto promover la rehabilitación de ámbito comunitario y reducir la imposición de penas privativas de libertad.
Mejora de las condiciones carcelarias y el bienestar de los reclusos
45.Se han hecho avances significativos en todo el país para mejorar las condiciones de vida y el bienestar general de los reclusos. Ahora todos los departamentos penitenciarios están obligados a proporcionar una alimentación conforme a las normas nutricionales y se revisan periódicamente las prescripciones alimentarias para garantizar su calidad. Se garantiza el acceso al agua potable en todos los centros, y se han reforzado las prácticas de saneamiento e higiene. Se lleva a cabo una desinfección periódica de las zonas habitables y los módulos de aseos para mantener un entorno saludable. También se están renovando las instalaciones para que haya espacio suficiente, luz natural, ventilación y control de la temperatura.
46.Se han institucionalizado servicios de atención de la salud en todas las provincias, se realizan chequeos médicos rutinarios y se ofrece tratamiento para diversas enfermedades. Se ha añadido un nuevo capítulo 44-A al Reglamento Penitenciario del Pakistán de 1978 para definir las responsabilidades del Consejo de Distrito sobre Salud Penitenciaria (circular núm. SO (Prs)2-Gen/2021, de 20 de diciembre de 2023). Para facilitar la comunicación de los reclusos con sus familias, se han instalado teléfonos públicos en todas las prisiones y los reclusos pueden realizar entre dos y tres llamadas semanales. En Punyab también se han introducido servicios de videollamadas. Se han ampliado las oportunidades de entretenimiento y educación. Los reclusos pueden participar en juegos en el interior y al aire libre, y todas las prisiones cuentan con una biblioteca, cuyo fondo se actualiza periódicamente en colaboración con ONG y filántropos para ofrecer libros sobre una gran variedad de temas.
Iniciativas por provincias
Punyab
47.Punyab ha establecido un marco de gestión penitenciaria sensible al género en consonancia con normas internacionales como las Reglas de Bangkok y las Reglas de Tokio de las Naciones Unidas. El capítulo 13 del Reglamento Penitenciario del Pakistán regula el trato que debe dispensarse a las reclusas y dispone, entre otras cosas, el traslado inmediato de las que sean menores de edad a prisiones para mujeres, la segregación de las reclusas por edad y tipo de delito, y la presencia exclusiva de personal femenino en los pabellones penitenciarios para mujeres. La provincia también ha introducido kits de higiene, dietas especiales para mujeres embarazadas y zonas separadas de saneamiento y aseo a fin de preservar la dignidad y la privacidad. Los reconocimientos médicos de las reclusas son realizados por médicas. En colaboración con organizaciones como SOS Village, la Khubaib Foundation y Women Aid Trust Punjab, se asegura la continuidad de la educación y una atención adecuada a los niños mayores de seis años que viven con sus madres en prisión.
Sind
48.Sind ha hecho importantes avances en materia de reforma penitenciaria mediante la promulgación de la Ley y el Reglamento de Servicios Penitenciarios y Correccionales de Sind de 2019, que establecen un marco jurídico centrado en la rehabilitación y la reinserción, en lugar de en enfoques punitivos. En virtud del artículo 55 de la ley, se ha establecido un comité específico que vela por el bienestar de los reclusos y ofrece servicios como asistencia letrada gratuita, apoyo en materia de salud mental, entrenamiento de fútbol para reclusos menores de edad y formación profesional para mujeres. La provincia promueve alternativas al encarcelamiento, entre ellas la mediación en delitos susceptibles de conciliación, la facilitación de la libertad bajo fianza y las remisiones a programas de rehabilitación. En Karachi y Hyderabad hay instalaciones separadas para mujeres, con centros de educación infantil para sus hijos. Los menores infractores están separados de los adultos y son internados en la Escuela Industrial para Menores Infractores, en la que reciben una educación formal e instrucción religiosa. Entre 2019 y 2024, se registraron un total de 1.652 casos disciplinarios en las prisiones de Sind, de los cuales 1.326 han sido resueltos y 326 están pendientes. Todos los casos se tramitan con las debidas garantías procesales, de conformidad con el Reglamento de Servicios Penitenciarios y Correccionales de Sind de 2019. Se asegura la vigilancia mediante inspecciones periódicas realizadas por órganos judiciales, la Comisión de Derechos Humanos de Sind, la CNDH y otras organizaciones competentes.
Jaiber Pastunjuá
49.Jaiber Pastunjuá ha establecido protocolos sanitarios estrictos en los centros de reclusión para mujeres. Se limpian periódicamente las zonas de alojamiento y de aseo, y se organizan sesiones de educación sanitaria para mejorar la higiene menstrual. Se proporciona atención médica, centrada en el bienestar de las reclusas.
Baluchistán
50.En Baluchistán, se están realizando esfuerzos para mejorar los servicios de higiene y atención sanitaria, especialmente para las reclusas. En las prisiones de la provincia se da prioridad al acceso al agua potable, a la disponibilidad de productos sanitarios y a las instalaciones médicas.
Medidas destinadas a abordar la prisión provisional antes y durante el juicio
51.La reducción del número de personas en prisión provisional antes y durante el juicio ha sido una prioridad nacional. Con este fin, se ha aumentado el número de funcionarios judiciales para agilizar las audiencias. El fortalecimiento de las fiscalías y la sustanciación de procedimientos abreviados en las prisiones han ayudado a acelerar la tramitación de las causas, especialmente en el caso de los delitos menos graves. El recurso a mecanismos alternativos de arreglo de controversias ha reducido la acumulación de causas pendientes y ha permitido resolver litigios de manera extrajudicial. Las vistas judiciales en línea y los interrogatorios de testigos a distancia también han agilizado la tramitación de los procesos judiciales. Se han aprobado varias disposiciones legales en este sentido: el artículo 265-K del Código de Procedimiento Penal permite a los tribunales absolver al acusado si las pruebas son insuficientes; el artículo 265-D facilita la formulación de acusaciones a partir de atestados policiales; y el artículo 249-A permite a los magistrados absolver a una persona en cualquier fase del juicio si ello está justificado. Las medidas cautelares, como la constitución de una fianza o de una garantía personal antes de la detención, contribuyen a evitar encarcelamientos innecesarios. Los tribunales dan prioridad a la resolución de los casos civiles sin recurrir al encarcelamiento, aliviando así la presión sobre los centros de privación de libertad.
Datos estadísticos
Centros de privación de libertad
|
Provincia |
Centros de privación de libertad |
Capacidad autorizada |
Población reclusa actual |
|
Baluchistán |
12 |
2 764 |
2 874 |
|
Jaiber Pastunjuá |
39 |
13 375 |
13 961 |
|
Punyab |
43 |
37 217 |
68 204 |
|
Sind |
24 |
13 538 |
22 721 |
|
Total |
118 |
66 894 |
103 175 |
Respuesta al párrafo 13
52.Las medidas disciplinarias aplicadas en los centros de detención del Pakistán están reguladas por marcos jurídicos y administrativos exhaustivos que garantizan el debido proceso, la proporcionalidad y el control. Los instrumentos aplicables son la Ley de Prisiones de 1894, el Reglamento Penitenciario del Pakistán de 1978 y los reglamentos provinciales actualizados, que establecen las infracciones disciplinarias, las sanciones permitidas y las salvaguardias para prevenir los abusos. Son infracciones disciplinarias el incumplimiento deliberado del reglamento penitenciario, la agresión, el comportamiento amenazante, el deterioro de bienes o dispositivos de inmovilización, la posesión de artículos prohibidos y los intentos de fuga. Todas las infracciones se tratan con arreglo a procedimientos documentados y bajo el control de las autoridades competentes, y los directores de los centros son responsables de garantizar el respeto del debido proceso.
53.Además, se asegura el control a múltiples niveles, a saber, mediante inspecciones mensuales de jueces de distrito, visitas adicionales de jueces del Tribunal Superior e inspecciones ejecutivas de comisionados, comisionados adjuntos y autoridades sanitarias. Además, los Departamentos del Interior provinciales ejercen una supervisión independiente a través de las Direcciones de Supervisión. Los representantes de la sociedad civil, entre los que se incluyen abogados, jueces eméritos y periodistas, también realizan visitas no oficiales y están facultados por los reglamentos penitenciarios para llevar a cabo inspecciones sin previo aviso y presentar informes independientes. Los comités penitenciarios también vigilan periódicamente las condiciones de reclusión y recomiendan al Gobierno medidas normativas para mejorar las condiciones de vida en las prisiones.
54.El Reglamento Penitenciario del Pakistán de 1978 define el régimen de aislamiento como la separación completa de un recluso de los demás. Puede imponerse en determinadas condiciones, previstas en los artículos 73 y 74 del Código Penal del Pakistán y el artículo 638 del Reglamento Penitenciario. Sin embargo, la ley limita estrictamente su uso. En el caso de los reclusos condenados a seis meses o menos, el régimen de aislamiento puede imponerse por un máximo de un mes. Los condenados a más de seis meses pero menos de un año pueden ser recluidos hasta un máximo de dos meses. Si la pena es superior a un año, el aislamiento puede prolongarse hasta tres meses. En ningún caso puede durar más de 14 días consecutivos. Debe haber un intervalo entre dos períodos de aislamiento que debe ser al menos tan largo como el período de aislamiento anterior.
55.La salud de los reclusos se controla mediante visitas diarias de médicos superiores y todos los casos se registran en el expediente médico del recluso, y los artículos 640 a 642 regulan el mantenimiento de registros, las anotaciones y la separación de otras medidas disciplinarias. Los niños en conflicto con la ley y las personas con discapacidad intelectual o psicosocial no son sometidos a régimen de aislamiento. Se ha abandonado el uso de grilletes y otros medios de inmovilización física y no se ha registrado ningún caso de utilización durante el período que abarca el informe. Además, el castigo corporal está expresamente prohibido por el reglamento penitenciario y no se aplica en ninguna provincia. Todas las prisiones llevan un registro de sanciones disciplinarias que es examinado periódicamente por jueces y organismos de supervisión para velar por que las sanciones sean proporcionales y se ajusten a las normas de derechos humanos.
Respuesta al párrafo 14
56.El Gobierno del Pakistán ha adoptado medidas concretas para mejorar las condiciones de reclusión (véase información más detallada en el párr. 12). Para evaluar la conformidad de la reglamentación nacional con las normas internacionales, en el siguiente cuadro comparativo se indican las principales Reglas Nelson Mandela y las disposiciones correspondientes del Reglamento Penitenciario del Pakistán de 1978.
Correspondencia entre las Reglas Nelson Mandela y el Reglamento Penitenciariodel Pakistán
|
Núm ero |
Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos (Reglas Nelson Mandela), de 17 de diciembre de 2015 |
Reglamento Penitenciario del Pakistán de 1978 |
|
1 |
Reglas 6 a 10: Gestión de los expedientes de los reclusos |
Artículos 10 a 24: Ingreso de los reclusos Artículo 25: Procedimiento de inscripción en el registro de ingresos |
|
2 |
Regla 11: Separación por categorías |
Artículo 4: Clasificación de las prisiones Artículos 225 a 249: Clasificación adicional y segregación de los reclusos Artículo 401: Segregación de los reclusos por causas civiles |
|
3 |
Regla 12: Alojamiento |
Artículo 622: Reclusos en celdas Artículos 875 a 881: Pabellones penitenciarios |
|
4 |
Regla 18: Higiene personal |
Artículos 745 a 775: Saneamiento Artículo 661: Abluciones y desayuno Artículo 682: Corte del cabello |
|
5 |
Regla 19: Ropas y cama |
Artículos 508 a 537: Ropas y equipamiento Artículos 306 a 328: Alimentación y ropas de las reclusas y los niños |
|
6 |
Regla 22: Alimentación |
Artículos 469 a 489: Alimentación según la escala, incluidos desayuno, almuerzo y cena, y alimentación suplementaria para madres lactantes, mujeres embarazadas y niños Artículo 473: Almuerzo y cena Artículo 475: Alimentación especial en los Eids |
|
7 |
Regla 23: Ejercicio físico y deporte |
Artículo 279: Paseo Artículo 299: Ejercicio físico, gimnasia y juegos |
|
8 |
Regla 24: Servicios médicos |
Artículos 776 a 809: Administración médica Artículos 435 a 445: Pacientes con trastornos mentales y traslado a hospital psiquiátrico |
|
9 |
Menores |
Artículo 283: Reclusión de delincuentes juveniles en reformatorios |
|
10 |
Regla 65: Religión |
Artículo 477: Iftar para los reclusos que ayunan durante el Ramadán Artículo 681: Cuestiones relativas a la casta o la religión |
|
11 |
Regla 83: Inspecciones internas y externas |
Artículos 693 a 730: Vigilancia y custodia Artículo 907: Visita del coordinador de distrito a las prisiones. Artículo 913: Visitantes |
|
12 |
Regla 104: Instrucción y recreo |
Artículo 215: Educación Artículos 283 a 298: Educación y formación profesional de los menores infractores Artículo 297: Formación profesional de los reclusos |
|
13 |
Regla 106: Relaciones sociales |
Artículos 913 a 934: Visitantes Artículos 538 a 570: Cartas y entrevistas Artículo 680: Radio y televisión |
57.Se presta especial atención al trato que reciben las reclusas, abordado en el capítulo 13 del Reglamento Penitenciario del Pakistán de 1978. Cabe mencionar los siguientes artículos:
Artículos 292 y 293: Reclusión de las menores y las reclusas condenadas en prisiones para mujeres.
Artículos 308 y 309: Clasificación por edades y separación de clases.
Artículos 322 a 328: Atención materna, parto en prisión, alimentación y alojamiento de los niños.
Artículos 314 y 315: Restricción de acceso del personal masculino y procedimientos de cacheo.
Respuesta al párrafo 15
58.A fin de optimizar la prestación de atención sanitaria en las prisiones, el control administrativo de los hospitales penitenciarios se ha transferido al Departamento de Salud de Punyab, que ahora es responsable de todas las futuras contrataciones de personal médico y odontológico. En 2024 se registraron 257 muertes de reclusos en las prisiones de Punyab. Según los registros oficiales, ninguna fue por causa de tortura. Cada incidente fue investigado por un juez especialmente facultado por el artículo 30, designado por el juez de distrito y de sesión correspondiente. Los cuadros que figuran a continuación contienen datos penitenciarios sobre el número de muertes de hombres y mujeres en centros de privación de libertad, las causas de la muerte en cada caso según los registros oficiales y el resultado de las investigaciones realizadas en cada caso.
Ejecuciones (datos penitenciarios)
|
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Causa de la muerte en cada caso según los registros oficiales (datos penitenciarios)
|
Año |
Causas naturales |
Suicidio |
Presunto maltrato |
Enfermedad |
|
2019 |
213 |
3 |
0 |
28 |
|
2020 |
245 |
2 |
1 |
39 |
|
2021 |
272 |
1 |
2 |
34 |
|
2022 |
225 |
4 |
3 |
26 |
|
2023 |
240 |
5 |
0 |
23 |
|
2024 |
257 |
3 |
6 |
41 |
59.En todos los casos de muerte repentina, no natural o violenta, o cuando se cuestiona la causa de la muerte, se lleva a cabo una investigación a cargo de un juez de primera clase en virtud del artículo 174 del Código de Procedimiento Penal. El director de la prisión también está obligado a presentar el informe de la investigación al inspector general de prisiones, con arreglo al artículo 736 del Reglamento Penitenciario del Pakistán de 1978. Además, Punyab también ha adoptado oficialmente el Protocolo de Minnesota.
60.En Sind, todas las muertes de personas privadas de libertad ocurridas entre 2019 y 2024 se debieron a causas naturales, como enfermedades crónicas y complicaciones médicas. En todos los casos, un juez lleva a cabo una investigación y se realiza una autopsia. El informe de la investigación, junto con las conclusiones médicas, constituye el expediente oficial de cada incidente. Se supervisa el proceso a varios niveles. Los jueces de primera instancia y los jueces de distrito y de sesión realizan inspecciones aleatorias de las prisiones cada quince días, mientras que órganos independientes como el Tribunal Superior de Sind, la Comisión de Derechos Humanos de Sind, la CNDH y otras partes interesadas vigilan periódicamente las condiciones de reclusión. Además, el Inspector General de Prisiones y los inspectores generales adjuntos competentes realizan inspecciones frecuentes para garantizar la rendición de cuentas y salvaguardar los derechos de los reclusos. Cuando sea procedente, se concederá una indemnización o reparación a los herederos legales del fallecido, de conformidad con las recomendaciones judiciales y la política pública aplicable, una vez concluido el procedimiento de investigación.
61.Actualmente, hay 36 médicos y 27 médicos penitenciarios trabajando en las prisiones de Sind. Los exámenes forenses de los reclusos no son realizados por el Departamento de Prisiones, sino por el Departamento de Salud de forma independiente, bajo la supervisión del juez competente, de conformidad con la ley. Los exámenes se realizan con arreglo a las disposiciones legales y los procedimientos forenses en vigor, en consonancia con el Protocolo de Minnesota. En el siguiente cuadro figuran los datos recibidos sobre las muertes ocurridas en la provincia de Sind durante el período 2019-2024.
|
Categoría |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
|
Número total de muertes de reclusos por año |
29 |
45 |
47 |
78 |
89 |
80 |
|
Número total de muertes de reclusas por año |
1 |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
|
Causa de la muerte oficialmente registrada en cada caso (por ejemplo, causas naturales, suicidio, presunto maltrato, enfermedad, etc.). No ha habido ejecuciones desde 2020. |
62.En Jaiber Pastunjuá, desde 2019 se han cubierto los siguientes puestos vacantes mediante nombramientos directos: 1 puesto de técnico (categoría 17 de la escala básica de sueldos) y 23 puestos de técnico auxiliar (farmacia/odontología) (categoría 12). Además, durante el mismo período se han cubierto varios puestos mediante ascensos, entre ellos 4 puestos de técnico jefe (categoría 16), 6 puestos de técnico superior (categoría 16) y 9 puestos de técnico (categoría 14). Asimismo, hay un proceso de selección en curso para cubrir 46 puestos adicionales de técnico auxiliar (categoría 12). El gobierno de Jaiber Pastunjuá ha proporcionado un desglose detallado del personal médico y odontológico que trabaja actualmente en las prisiones de toda la provincia.
Puestos de personal médico cubiertos en las prisiones de Jaiber Pastunjuá
|
Designación |
Puestos aprobados |
Puestos cubiertos |
|
Médico jefe (categoría 19) |
1 |
1 |
|
Médico superior (categoría 18) |
5 |
3 |
|
Psiquiatra (categoría 18) |
3 |
3 |
|
Especialista quirúrgico (categoría 18) |
1 |
1 |
|
Fisioterapeuta (categoría 18) |
1 |
1 |
|
Cardiólogo (categoría 18) |
1 |
1 |
|
Médico (categoría 17) |
34 |
26 |
|
Médica (categoría 17) |
6 |
5 |
|
Cirujano dentista (categoría 17) |
2 |
2 |
|
Tecnólogo (categoría 17) |
3 |
2 |
|
Técnico jefe (categoría 16) |
5 |
5 |
|
Técnico superior (categoría 16) |
7 |
7 |
|
Enfermero (categoría 16) |
2 |
2 |
|
Técnico (categoría 14) |
13 |
12 |
|
Técnico auxiliar (farmacia/odontología, etc.) (categoría 12) |
120 |
63 |
63.El siguiente cuadro muestra el número de muertes de personas privadas de libertad en la provincia de Jaiber Pastunjuá.
|
Año |
Hombres fallecidos |
Mujeres fallecidas |
|
2019 |
35 |
0 |
|
2020 |
48 |
0 |
|
2021 |
49 |
1 |
|
2022 |
51 |
0 |
|
2023 |
54 |
0 |
|
2024 |
52 |
1 |
|
Total |
289 |
2 |
64.El siguiente cuadro muestra el número de muertes de personas privadas de libertad en la provincia de Baluchistán.
|
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Respuesta al párrafo 16
65.La atención psiquiátrica en Punyab se rige por el Decreto Legislativo sobre Salud Mental de 2001, que establece el marco jurídico para la hospitalización forzosa. Esos ingresos se llevan a cabo generalmente en cumplimiento de una orden judicial por recomendación de un psiquiatra. El decreto legislativo prevé mecanismos de revisión y recurso para salvaguardar los derechos de las personas internadas en establecimientos psiquiátricos. El uso de medios de contención física y farmacológica en entornos psiquiátricos está regulado por el Reglamento Penitenciario del Pakistán de 1978 y por el Decreto Legislativo sobre Salud Mental de 2001. Esos medios de contención solo están autorizados como medidas de último recurso y su uso está estrictamente limitado a los casos en que se hayan agotado todos los demás métodos de distensión.
Número de personas internadas en centros de deshabituación de drogasentre 2019 y 2024 (datos penitenciarios)
|
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
|
6 282 |
6 041 |
7 020 |
7 729 |
8 534 |
10 944 |
|
Total |
46 550 |
66.La Ley de Salud Mental de Sind, de 2013, establece el marco jurídico aplicable a la atención psiquiátrica forzosa en la provincia. Describe los procedimientos legales y administrativos urgentes para la hospitalización forzosa, que se aplican bajo control judicial. El artículo 10 de la ley reconoce a las personas internadas en virtud de disposiciones relativas a la salud mental el derecho a recurrir su internamiento en un plazo de 14 días. Además, los artículos 20 a 25 de la ley detallan los procedimientos para conceder permisos de salida y dar de alta a los pacientes psiquiátricos, garantizando así el debido proceso. En lo que respecta a los medios de contención física y farmacológica, su uso se rige por el artículo 14 de la Ley de Salud Mental de Sind de 2013, que prevé garantías procesales claras y un control externo para evitar abusos. Es importante destacar que la Autoridad de Salud Mental de Sind ha confirmado que entre 2019 y 2024 no se ha internado a ninguna persona contra su voluntad en centros de deshabituación de drogas en toda la provincia.
67.En Jaiber Pastunjuá, la atención psiquiátrica y los procedimientos de hospitalización forzosa están regulados por el Reglamento Penitenciario de Jaiber Pastunjuá de 2018. El artículo 455 estipula que los reclusos con enfermedades mentales no pueden ser sancionados por infracciones disciplinarias. Sin embargo, se pueden aplicar medidas de contención adecuadas exclusivamente para evitar que la persona se cause daño a sí misma o a otros. Además, el artículo 446 enuncia los requisitos previos para trasladar a un recluso con una enfermedad mental a un centro psiquiátrico. Entre otras cosas, un médico debe emitir un certificado que confirme la aptitud física del recluso para viajar y el hospital psiquiátrico receptor debe garantizar que dispone del tratamiento y la capacidad adecuados para admitir al recluso.
68.La Ley de Salud Mental de Baluchistán de 2019 ofrece un marco jurídico integral para la prestación de atención psiquiátrica en la provincia. Prevé la creación de una Autoridad de Salud Mental, que fue constituida oficialmente en junio de 2020 y se encarga de supervisar la aplicación de la ley y salvaguardar los derechos de los pacientes. La ley también define al “psiquiatra autorizado” como un médico registrado en el Colegio de Médicos y Odontólogos del Pakistán con una titulación de posgrado reconocida y certificado por la Autoridad. Además, la ley exige la creación de centros psiquiátricos en toda la provincia para la evaluación, el tratamiento, la rehabilitación y la atención a largo plazo de las personas con trastornos mentales. Asimismo, la utilización de medios de contención física y farmacológica se rige por marcos jurídicos y normativos que dan prioridad a las intervenciones menos restrictivas, como la evaluación del paciente, el seguimiento y la documentación, la formación del personal y los mecanismos de control externos (por ejemplo, las autoridades de salud mental). Estos marcos son conformes con las normas internacionales, como la Ley de Salud Mental de 1983 (Código de Prácticas) del Reino Unido, el Protocolo de Minnesota (para casos de posibles malos tratos o muertes en centros de reclusión) y las directrices de las asociaciones profesionales y organismos reguladores pertinentes. En cuanto a los internamientos forzosos en centros de deshabituación de drogas, el Gobierno de Baluchistán ha proporcionado datos mensuales de los años 2019 a 2024 sobre el número de personas internadas por la fuerza en dichos centros. Esos datos figuran en el siguiente cuadro.
|
Mes |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
|
Enero |
0 |
2 |
9 |
3 |
6 |
3 |
|
Febrero |
0 |
2 |
4 |
3 |
2 |
0 |
|
Marzo |
0 |
3 |
0 |
12 |
5 |
4 |
|
Abril |
0 |
0 |
3 |
4 |
1 |
4 |
|
Mayo |
0 |
0 |
8 |
0 |
9 |
2 |
|
Junio |
0 |
0 |
13 |
9 |
1 |
4 |
|
Julio |
22 |
0 |
2 |
7 |
2 |
6 |
|
Agosto |
13 |
6 |
9 |
11 |
5 |
5 |
|
Septiembre |
2 |
13 |
7 |
14 |
15 |
6 |
|
Octubre |
0 |
4 |
2 |
7 |
5 |
5 |
|
Noviembre |
16 |
4 |
2 |
5 |
2 |
4 |
|
Diciembre |
6 |
4 |
2 |
16 |
2 |
2 |
|
Total |
59 |
38 |
61 |
91 |
55 |
45 |
|
Total general de 2019 a 2024 |
349 |
Respuesta al párrafo 17
69.El Gobierno ha establecido un sistema de vigilancia de las privaciones de libertad de varios niveles, que combina los controles internos con inspecciones independientes. Los equipos de control de los departamentos del interior provinciales, funcionarios penitenciarios, autoridades alimentarias y funcionarios judiciales visitan los centros de reclusión sin previo aviso. Los jueces de distrito y de sesión realizan inspecciones mensuales, mientras que los magistrados del Tribunal Superior, los diputados, los comisionados, los comisionados adjuntos, las autoridades sanitarias de distrito y los funcionarios de derechos humanos y asuntos de las minorías también realizan visitas para velar por el cumplimiento de las normas y mejorar las condiciones.
70.En Punyab, el Departamento de Derechos Humanos y Asuntos de las Minorías está autorizado a visitar las prisiones sin previo aviso, y existen disposiciones similares en otras provincias. Además de las prisiones, la labor de vigilancia se extiende a las comisarías de policía, las instituciones psiquiátricas, los centros de asistencia social y los centros de detención de inmigrantes. El artículo 918 del Reglamento Penitenciario del Pakistán de 1978 faculta a visitantes no oficiales, como abogados, jueces eméritos y periodistas, para realizar visitas sin previo aviso y presentar informes independientes. La CNDH desempeña un papel esencial: en el marco de su mandato, realiza con frecuencia inspecciones en todos los lugares de reclusión, publica informes y formula recomendaciones. Además, las autoridades penitenciarias han constituido comités de control independientes para vigilar las violaciones de los derechos de los reclusos. Esos comités tienen pleno acceso a las instalaciones y cuentan con recursos humanos y financieros específicos, y se han puesto en marcha iniciativas para reforzar su presencia en la provincia y la formación de su personal. Además, los comités penitenciarios funcionales de todo el país realizan inspecciones independientes y publican informes para mejorar la transparencia y la rendición de cuentas.
Artículos 12 y 13
71.Véase el párrafo 1.
Respuesta al párrafo 19
72.El Gobierno del Pakistán ha establecido varios mecanismos de denuncia independientes y accesibles para que los reclusos puedan denunciar los casos de torturas, malos tratos o abusos. A nivel externo, los jueces de distrito y de sesión inspeccionan periódicamente las prisiones y reciben las denuncias. Los secretarios administrativos y las direcciones de control del Ministerio del Interior también examinan esos casos. A nivel interno, los directores de las prisiones, los inspectores generales adjuntos y los inspectores generales realizan inspecciones rutinarias y sin previo aviso para asegurar la rendición de cuentas. Todas las prisiones tienen una célula de gestión y seguimiento de las denuncias, de manera que los reclusos pueden presentarlas por múltiples canales, a saber, por un teléfono de asistencia gratuito, por correo electrónico, por escrito y personalmente. También se han instalado buzones confidenciales para denuncias, se organizan audiencias públicas con funcionarios de prisiones y se facilita el acceso directo a los funcionarios judiciales y órganos de derechos humanos que visitan los centros. Las denuncias se registran e investigan de conformidad con la ley. Desde 2022, se han presentado 425 denuncias a través de estos mecanismos independientes, 410 de las cuales se han resuelto y 15 se encuentran actualmente bajo investigación. Para reforzar aún más el control, se han instalado cámaras de videovigilancia en las prisiones y los calabozos, y las grabaciones se revisan periódicamente. Los departamentos de policía cuentan con oficinas de asuntos internos que investigan las denuncias por malos tratos o tortura, con la consiguiente imposición de medidas disciplinarias o penales en caso necesario. El artículo 11 de la Ley de Prevención y Castigo de la Tortura y la Muerte durante la Detención de 2022, que tipifica como delito las denuncias falsas, se aplica con prudencia. No hay pruebas de que se haya aplicado indebidamente contra denunciantes legítimos. Las autoridades velan por que esta disposición no se utilice como medio de represalia, y las múltiples vías de denuncia externas proporcionan una protección adicional a las víctimas.
Respuesta al párrafo 20
73.Para garantizar la independencia de las investigaciones sobre denuncias de tortura y malos tratos, el artículo 5 de la Ley de Prevención y Castigo de la Tortura y la Muerte durante la Detención de 2022 encomienda a la OFI la investigación de dichos casos. La ley es aplicable a todo el Pakistán sin excepción. La OFI está facultada para llevar a cabo investigaciones de oficio y funciona de forma independiente de los departamentos policiales o penitenciarios, de manera que no tiene ninguna relación institucional o jerárquica con los presuntos autores. Si bien la ley le reconoce plenas competencias para investigar a los funcionarios civiles, los casos que involucran a personal militar quedan fuera de su competencia y se tratan en marcos jurídicos distintos. Las normas operativas previstas en la ley están siendo actualmente objeto de un examen jurídico. Al mismo tiempo, la OFI ha establecido y aplicado desde diciembre de 2024 procedimientos operativos estándar que definen claramente las funciones y responsabilidades de los funcionarios encargados de la investigación y garantizan la tramitación estandarizada de las denuncias. Las juntas médicas permanentes de distrito colaboran en el proceso de investigación realizando exámenes médicos en los presuntos casos de tortura. Esas juntas están integradas por peritos forenses capacitados en la aplicación del Protocolo de Estambul.
Respuesta al párrafo 21
74.El Reglamento de Medidas de Ayuda al Poder Civil de 2011, formulado de conformidad con el derecho internacional de los derechos humanos, castiga el uso excesivo o indebido de la fuerza durante las operaciones. El personal militar rinde cuentas ante los tribunales militares en virtud de la Ley del Ejército de 1952, lo que garantiza el tratamiento de cualquier transgresión, incluidos los actos constitutivos de tortura, de conformidad con la ley.
Artículo 14Respuesta al párrafo 22
75.El artículo 14, párrafo 3, de la Ley de Prevención y Castigo de la Tortura y la Muerte durante la Detención de 2022 faculta a los tribunales para proporcionar una reparación, incluida una indemnización, a las víctimas de tortura y a sus familias. Un ejemplo notable es la causa Government of Sindh v. Muhammad Sarwar (PLD 2023 Sindh 154), en la que el Tribunal Superior de Sind concedió una indemnización de 5 millones de rupias por muerte en reclusión y responsabilizó a la policía de tortura, reclusión ilegal y denegación de asistencia médica.
Artículo 15Respuesta al párrafo 23
76.El artículo 21-H de la Ley de Lucha contra el Terrorismo de 1997 no obliga a los tribunales a admitir las confesiones grabadas por agentes de policía. Las declaraciones previstas en ese artículo solo pueden ser grabadas por un oficial superior de policía con rango de superintendente de policía de distrito en circunstancias limitadas. Concretamente, cuando, en el marco de un procedimiento sustanciado en virtud de esa ley, las pruebas, incluidas las circunstanciales, den lugar a una presunción de probabilidad razonable de que el acusado haya cometido el delito, solo entonces podrá el agente grabar una confesión voluntaria previo cumplimiento de todos los requisitos legales. Toda confesión de ese tipo sigue estando sujeta al control judicial, y su admisibilidad es puramente condicional y no vinculante para el tribunal. Además, los artículos 3 y 4 de la Ley de Prevención y Castigo de la Tortura y la Muerte durante la Detención de 2022 establecen que toda declaración, información o confesión obtenida por un funcionario público mediante tortura u otro trato cruel, inhumano o degradante será inadmisible como prueba en las actuaciones emprendidas contra la persona en cuestión. El funcionario público que utilice a sabiendas esa información será penalmente responsable. La aplicación del artículo 21-H está sujeta a la aprobación del tribunal. En caso de que este no esté convencido con las circunstancias en que se haya hecho la confesión, esta no será admisible. Por ejemplo, en un caso juzgado en Rawalpindi en virtud de la Ley de Lucha contra el Terrorismo de 1997, el tribunal no admitió la confesión realizada ante la policía. De manera similar, en otro caso en el distrito de Narowal, la confesión del acusado no fue aceptada por el tribunal.
Artículo 16Respuesta al párrafo 24
77.El discurso de odio y los comportamientos conexos están tipificados como delito en el Código Penal del Pakistán (arts. 153A y 505, párr. 2) y en la Ley de Lucha contra el Terrorismo de 1997 (arts. 8, 11W, 11EE y cuarto anexo). Estas disposiciones facultan a las fuerzas del orden para registrar sin demora las denuncias preliminares, investigar y enjuiciar los delitos de odio y castigarlos con penas que incluyen la prisión y la imposición de multas. La Agencia Nacional de Investigación de Delitos Cibernéticos también está facultada para investigar casos relacionados con discursos de odio. Paralelamente, el Gobierno del Pakistán ha puesto en marcha el sitio web Pakistan Code, un repositorio en línea de leyes y reglamentos que permite a los ciudadanos consultar fácilmente y conocer la legislación, incluidas las disposiciones relacionadas con los delitos de odio. También se difunden regularmente mensajes de concienciación a través de los principales medios de comunicación para sensibilizar aún más a la población. Entre 2019 y 2024, se denunciaron 163 casos de discurso de odio en Punyab que fueron derivados a las instancias pertinentes y acabaron con 37 detenciones y 19 condenas. En Sind se denunciaron 20 casos, se impusieron multas en 9 de ellos y el resto están pendientes. La policía de Sind vela por el cumplimiento estricto de la ley, registra las denuncias iniciales, lleva a cabo investigaciones imparciales y actúa en coordinación con la fiscalía, además de organizar programas de sensibilización y capacitación para los agentes. En Jaiber Pastunjuá había 41 casos relacionados con la legislación contra el discurso de odio y el uso de altavoces pendientes de juicio en 2024, mientras que en Baluchistán se registró un caso durante ese periodo.
Instancias de la Autoridad de Telecomunicaciones del Pakistán a empresasde medios sociales
78.Durante el período comprendido entre 2022 y junio de 2024, la Autoridad de Telecomunicaciones del Pakistán instó a diferentes empresas de medios sociales a que eliminaran contenidos que incitaban al odio contra determinadas personas o grupos. En el siguiente cuadro se recogen esos datos.
|
Solicitudes de bloqueo de contenidos que incitan al odio remitidas a empresas de medios sociales |
2022 |
2023 |
2024 |
|
a. Facebook |
95 |
134 |
129 |
|
b. Twitter |
272 |
173 |
32 |
|
c. YouTube |
1 |
37 |
17 |
|
d. Daily Motion |
73 |
23 |
5 |
|
e. Otras |
- |
17 |
58 |
79.También se solicitó el bloqueo de contenidos sectarios objetables a las siguientes empresas de medios sociales.
|
Solicitudes de bloqueo de contenidos que incitan al odio sectario remitidas a empresas de medios sociales |
2022 |
2023 |
2024 |
|
a. Facebook |
1 147 |
2 013 |
497 |
|
b. Twitter |
686 |
1 262 |
56 |
|
c. YouTube |
14 |
4 |
162 |
|
d. Daily Motion |
168 |
693 |
95 |
|
e. Otras |
- |
75 |
39 |
80.Las empresas de medios sociales han accedido a esas solicitudes y la tasa de cumplimiento en 2023 se situó en el 56,7 %, frente al 26 % en 2022.
Respuesta al párrafo 25
81.El Pakistán ha adoptado medidas legislativas y administrativas para prohibir los castigos corporales, en cumplimiento de las obligaciones que le incumben en virtud de la Convención contra la Tortura. En el Territorio de la Capital Islamabad, la Ley de Prohibición del Castigo Corporal de 2021 prohíbe todas las formas de castigo corporal en los establecimientos de enseñanza públicos y privados y prevé sanciones leves y graves para los infractores. La ley revoca el artículo 89 del Código Penal, que permitía el castigo corporal “de buena fe”, y consagra así su prohibición total.
82.En Punyab, la Ley de Educación Gratuita y Obligatoria de 2014 prohíbe expresamente el castigo corporal (art. 16) y lo califica de falta grave. Las disposiciones complementarias del Código Penal del Pakistán (arts. 350, 351, 328-A y 332) y de la Ley de Niños Indigentes y Abandonados de Punyab de 2004 refuerzan las medidas de protección. La Circular de 2018 del Departamento de Educación Escolar reafirmó la prohibición. Punyab también ha adoptado medidas e iniciativas de seguridad institucional, como la organización de 6.060 campamentos de aprendizaje (35.000 inscripciones), el programa de comidas escolares (45.568 inscripciones), becas para niñas, libros de texto gratuitos y el uso de un sistema de información escolar para el seguimiento.
83.En Sind, la Ley de Prohibición del Castigo Corporal de Sind de 2016 prohíbe todas las formas de violencia contra los niños en las escuelas y el Código Penal prevé penas de prisión de hasta diez años en sus artículos 334 y 336. Desde 2019, se ha registrado un caso en Karachi: un maestro que causó una fractura a un alumno fue suspendido de empleo y obligado a pagar una multa de 25.000 rupias y a indemnizar a la víctima por los gastos médicos incurridos. En Jaiber Pastunjuá, la Ley de Protección y Bienestar Infantil de 2010 tipifica como delito el castigo corporal, y las directivas del Departamento de Educación también prohíben esta práctica en las escuelas. Las campañas de sensibilización y la formación del profesorado contribuyen al cumplimiento de la normativa. En Baluchistán, la Ley de Protección de la Infancia de 2016 prohíbe el castigo corporal en las escuelas, las guarderías y los centros de detención. El Departamento de Educación ha emitido notificaciones de cumplimiento, y las dependencias de protección de la infancia de los distritos tramitan las denuncias y aseguran la reparación.
Respuesta al párrafo 26
84.Había 33 delitos castigados con la pena de muerte pero, a raíz de unas reformas legislativas, esa pena se ha suprimido para 2 de ellos, de manera que en la actualidad son 31 los delitos que conllevan la pena capital. Los menores infractores sujetos a la Ley del Sistema de Justicia Juvenil de 2018 tampoco pueden ser condenados a muerte. El Ministerio del Interior, previa aprobación del Comité Ministerial de Reformas Legislativas, ha elaborado un proyecto de ley para someterlo al Parlamento a fin de modificar los artículos 354 A (delito de agredir o usar la fuerza criminal contra una mujer y despojarla de su ropa) y 402 C (penas por alojar a secuestradores de aeronaves) del Código Penal del Pakistán de 1860 y sustituir la “pena de muerte” por “cadena perpetua”. Una vez aprobada, esta ley reducirá aún más la imposición de la pena de muerte en el sistema de justicia penal del Pakistán. El proyecto de ley fue aprobado por el Senado el 18 de julio de 2025 y se ha remitido a la Asamblea Nacional.
Punyab
Número de condenas a muerte (datos penitenciarios)
|
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
|
672 |
342 |
498 |
658 |
645 |
815 |
Número de ejecuciones (datos penitenciarios)
|
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Número de penas de muerte conmutadas (datos penitenciarios)
|
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
|
214 |
125 |
220 |
208 |
219 |
259 |
Número de penas de muerte convertidas (conmutadas)
|
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
Total |
|
148 |
192 |
188 |
115 |
173 |
816 |
Sind
|
Indicador |
Número (2019-2024) |
|
Delitos castigados con la pena de muerte |
937 |
|
Nuevas condenas a muerte |
121 |
|
Ejecuciones |
0 |
|
Penas de muerte conmutadas |
69 |
Jaiber Pastunjuá
|
Año |
Nuevas condenas a muerte |
Ejecuciones |
Penas de muerte conmutadas |
|
2019 |
110 |
0 |
58 |
|
2020 |
36 |
0 |
33 |
|
2021 |
59 |
0 |
64 |
|
2022 |
83 |
0 |
36 |
|
2023 |
85 |
0 |
64 |
|
2024 |
80 |
0 |
64 |
|
Total |
453 |
0 |
319 |
Baluchistán
Número de ejecuciones (datos penitenciarios)
|
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
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Respuesta al párrafo 27
85.La Ley de Protección de los Periodistas y los Profesionales de los Medios de Comunicación de 2021 establece el marco jurídico e institucional para promover, proteger y garantizar de manera eficaz la independencia, la imparcialidad, la seguridad y la libertad de expresión de los periodistas y los profesionales de los medios de comunicación. La ley prevé la creación de la Comisión de Protección de los Periodistas y Profesionales de los Medios de Comunicación, encargada de investigar las denuncias de periodistas, establecer un sólido mecanismo de reparación y determinar el derecho a recibir indemnizaciones con cargo a fondos federales y provinciales. Para el nombramiento de su presidente, el artículo 13, párrafo 1, de la ley dispone que el Ministerio de Derechos Humanos, en consulta con el Ministerio de Información y Radiodifusión, solicitará propuestas, las examinará detenidamente y presentará una lista de tres candidatos al Gobierno Federal. De conformidad con el artículo 13, párrafo 2, el Gobierno Federal nombra al presidente a partir de la lista presentada por el Ministerio de Derechos Humanos. Con arreglo a estas disposiciones, el 1 de julio de 2025 dicho ministerio nombró presidente de la Comisión al Sr. Kamal ud Din Tippu. Además, el Ministerio de Información y Radiodifusión ha finalizado y trasladado al Consejo de Ministros un resumen sobre el nombramiento de los 15 miembros de la Comisión. A fecha de hoy, dado que la Comisión aún no está plenamente operativa, todavía no ha tramitado ninguna denuncia, investigación o indemnización. Los datos se facilitarán al Comité una vez que la Comisión comience a registrar y resolver casos.
Otras cuestiones
Respuesta al párrafo 28
86.El Reglamento de Medidas de Ayuda al Poder Civil de 2011 es conforme con el derecho internacional de los derechos humanos, por lo que castiga el uso indebido de la fuerza y garantiza que todos los reclusos permanezcan en centros de internamiento autorizados y que sus casos sean examinados por juntas provinciales de control con arreglo al artículo 14. El 7 de mayo de 2025, una sala constitucional del Tribunal Supremo integrada por siete miembros confirmó la competencia de los tribunales militares para juzgar a civiles por los ataques perpetrados los días 9 y 10 de mayo de 2023 contra instalaciones militares, y afirmó que debían respetarse todas las debidas garantías procesales. Un total de 105 civiles fueron declarados culpables en virtud de la Ley del Ejército del Pakistán de 1952 y la Ley de Secretos Oficiales de 1923, y condenados a penas de prisión de uno a diez años; 20 de ellos fueron puestos en libertad en abril de 2024 tras obtener la remisión de la pena, y otros 19 fueron puestos en libertad en enero de 2025 por razones humanitarias. Los juicios militares deben seguir cumpliendo el artículo 10-A de la Constitución y las obligaciones internacionales del Pakistán. Los condenados conservan el derecho a recurrir ante instancias judiciales superiores.