COMITÉ DE DERECHOS HUMANOS
88º período de sesiones
ACTA RESUMIDA DE LA 2398ª SESIÓN
celebrada en el Palacio Wilson, Ginebra,
el lunes 16 de octubre de 2006 a las 15.00 horas
Presidente:Sr. CHANET
más tarde:Sr. SOLARI YRIGOYEN(Vicepresidente)
más tarde:Sr. PALM(Vicepresidente)
SUMARIO
EXAMEN DE LOS INFORMES PRESENTADOS EN VIRTUD DEL ARTÍCULO 40 DEL PACTO
Informe inicial de Honduras
Se declara abierta la sesión a las 15.05 horas.
EXAMEN DE LOS INFORMES PRESENTADOS EN VIRTUD DEL ARTÍCULO 40 DEL PACTO (tema 6 del programa)
Informe inicial de Honduras (CCPR/C/HND/2005/1; CCPR/C/HND/Q/1 y Add.1; HRI/CORE/1/Add.96/Rev.1)
Por invitación del Presidente, los miembros de la delegación de Honduras toman asiento como participantes a la mesa del Comité.
El Sr. JIMÉNEZ PUERTO (Honduras) presenta el informe inicial de Honduras (CCPR/C/HND/2005/1) y llama la atención sobre la elevada proporción de mujeres en la delegación, lo que ilustra los progresos realizados en el ámbito de la igualdad entre los géneros en una sociedad tradicionalmente dominada por los hombres.A la hora de examinar la situación actual de los derechos humanos en Honduras, es importante tener en cuenta su historia de violencia y otras violaciones de los derechos humanos promovidas por el Estado.Los integrantes del Gobierno actual apoyan desde hace mucho tiempo la causa de los derechos humanos y, de hecho, algunos de ellos han sido víctimas de desapariciones forzadas.Como consecuencia, e independientemente de las lealtades políticas o de los intereses económicos, el presente equipo de Gobierno mantiene un firme compromiso con la promoción y la protección de los derechos humanos, y se han realizado progresos considerables en la consolidación de las instituciones democráticas y el cumplimiento de los instrumentos internacionales de derechos humanos.
Por invitación del Gobierno de Honduras, el Grupo de Trabajo sobre la detención arbitraria y el Grupo de Trabajo sobre mercenarios llevó a cabo misiones de constatación en Honduras durante 2006.Ambos grupos han confirmado la voluntad política del Gobierno de afrontar los problemas que aún persisten en relación con los derechos humanos.Con este fin, se han puesto en práctica medidas destinadas a establecer un registro unificado de prisioneros, a proporcionar formación sobre derechos humanos al personal judicial, a fortalecer la Oficina del Fiscal General, a enmendar el Código de Procedimiento Criminal y el Código de Procedimiento Civil, a compensar a las víctimas de violaciones de derechos humanos y a sus familias, a reformar el sistema de prisiones y a conceder la amnistía a unos 900 prisioneros.
Se ha creado un organismo interinstitucional para coordinar las políticas públicas destinadas a luchar contra la impunidad y a supervisar el cumplimiento de los instrumentos de derechos humanos en los que es parte Honduras.El orador señala que el Gobierno de Honduras se ha comprometido a promover una cultura de respeto de los derechos individuales y colectivos, incluso a través de la cooperación internacional.Además, se están emprendiendo medidas para afrontar cuestiones más amplias relacionadas con los derechos humanos, como la delincuencia, la pobreza y la marginación.
La Sra. DUBÓN VILLEDA (Honduras), en respuesta a la pregunta 1 de la lista de cuestiones (CCPR/C/HND/Q/1), dice que los tratados internacionales que ha ratificado Honduras, inclusive el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, tienen la misma relevancia jurídica que la legislación nacional.Además, las disposiciones de los tratados prevalecen sobe toda legislación nacional en contrario.Los tratados sobre derechos humanos tienen la misma consideración que la Constitución y forman parte de lo que se conoce como “acervo constitucional”.
Dos universidades y el Instituto Superior de Educación Policial imparten cursos sobre derechoshumanos.Actualmente se está preparando un módulo de formación sobre derechos humanos para el personal judicial con especial hincapié en el Pacto.A menudo se invocan los instrumentos internacionales en los procedimientos judiciales nacionales. En el informe y en las respuestas por escrito puede encontrarse información específica sobre casos relacionados con el Pacto.
El Sr. JIMÉNEZ PUERTO (Honduras), pasando a la pregunta 2,dice que el mandato del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, creado en 1992, es proteger los derechos y las libertades que establece la Constitución.La Oficina del Fiscal General se creó en 1993 con el objetivo de garantizar la independencia en la investigación, el enjuiciamiento y el castigo de las violaciones de dichos derechos.El primer informe sobre derechos humanos publicado por el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos en 1993 contenía, entre otras cosas, información sobre las 183 personas registradas como desaparecidas durante la década de 1980.A partir de ese informe, la Fiscalía inició procesos penales contra alguno de los presuntos autores de ese delito, incluidos varios cargos estatales.El Gobierno está cooperando con las autoridades argentinas para exhumar e identificar a las personas desaparecidas con el objeto de iniciar nuevos procesos penales.Se han presentado diversas peticiones ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanosen relación con las desapariciones forzadas.En algunos casos se han alcanzado acuerdos extrajudiciales y las víctimas o sus familiares han recibido una compensación.
La Sra. PONCE (Honduras) afirma que la Fiscalía ha creado una unidad especial para investigar lo sucedido con 183 personas desaparecidas.Se ha modificado la legislación penal para tipificar como delito el delito concreto de desaparición forzada, con la posibilidad de reabrir casos que se hayan juzgado previamente de forma insatisfactoria.La experiencia de países como Argentina y Chile supone una guía útil a este respecto.
La Sra. DUBÓN VILLEDA (Honduras) dice que en la actualidad hay tres casos pendientes de desaparición forzada en los tribunales del país.Si bien no en todos los casos se demostró la culpabilidad de los acusados, estos procesos llamaron la atención de la opinión pública sobre esta cuestión y ayudaron a preservar la memoria histórica del país.Por ejemplo, el caso de Ángel Manfredo Velázquez Rodríguez ha sido el primero en ser juzgado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.La fiel aplicación por parte de Honduras de la decisión del tribunal ha dado un considerable impulso al sistema interamericano, que desempeña un papel fundamental a la hora de llenar vacíos jurídicos.
El Sr. JIMÉNEZ PUERTO (Honduras), en relación con la pregunta 3, dice que la creación de una Comisión Interinstitucional de Derechos Humanos estuvo motivada por la necesidad de coordinar los esfuerzos institucionales para promover y proteger los derechos humanos.Sin embargo, se ha anulado el decreto administrativo por el cual se establecía la comisión.No obstante, se siguen realizando esfuerzos para crear un nuevo organismo de coordinación, ya que el Gobierno reconoce la naturaleza interrelacionada de todos los derechos humanos y por ello trata de implicar a todos los ministerios en su promoción.
La Sra. DUBÓN VILLEDA (Honduras) señala que el decreto por el cual se crea la Comisión se ha retirado a petición del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, que argumenta que las facultades de la Comisión se superponen a las suyas propias.Esta duplicidad no fue intencionada.La idea original era crear un organismo que siguiese los casos presentados, entre otros, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
La Sra. ROSA BAUTISTA (Honduras) dice que la Comisión Interinstitucional de Derechos Humanos se creó con el objetivo de ofrecer una respuesta eficaz a las importantes cuestiones relativas a las obligaciones de Honduras en virtud del derecho internacional de los derechos humanos.Una vez retirado el decreto por el cual se creaba dicho organismo, el Gobierno de Honduras llegó a la conclusión de que es necesario contar con un mecanismo que coordine todas las instituciones gubernamentales, e interactúe con ellas, no solo para responder a las violaciones de los derechos humanos, sino también para promover los derechos humanos.Las respuestas por escrito a la lista de cuestiones fueron redactadas por un equipo de cargos públicos entusiasmados con esta labor que se sienten partícipes de un proceso histórico a través del cual el Gobierno busca diligentemente su desarrollo económico, educativo e institucional.
El Sr. JIMÉNEZ PUERTO (Honduras) dice que, aunque son pocas en número, las organizaciones de mujeres han desempeñado un papel importante en Honduras durante periodos difíciles de su historia.En los últimos años se ha ido permitiendo progresivamente a estas organizaciones desempeñar un grado cada vez mayor de participación en la gobernanza.La legislación sobre la familia promulgada en 1985 ofreció a las hondureñas unos derechos más amplios en lo tocante al divorcio, la titularidad de las propiedades y la custodia de los hijos que en otros países latinoamericanos más prósperos; sin embargo, es necesario avanzar mucho más.Por ejemplo, las políticas relativas a los derechos de la mujer suelen estar orientadas a las mujeres de clase media con títulos universitarios y pasan por alto las necesidades específicas de muchas mujeres pobres que viven en zonas rurales y cuidan de familias numerosas.Se ha creado una división especial de derechos de la mujer dentro de la Fiscalía, pero existe un acuerdo general en el Gobierno en cuanto a la necesidad de redoblar los esfuerzos para luchar contra la discriminación de las mujeres antes de que Honduras se pueda considerar una sociedad verdaderamente democrática.
La Sra. ESTRADA DE UCLÉS (Honduras) dice que, debido a limitaciones presupuestarias, el Instituto Nacional de la Mujer sigue aplicando el plan de acción para las mujeres iniciado por la anterior Administración.El Instituto trabaja conjuntamente con las organizaciones de la sociedad civil para combatir la discriminación que sufren las mujeres y sus esfuerzos están inspirados por el Pacto, la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer y la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer.Estos esfuerzos se han traducido en la elaboración de una única política coherente con respecto a los derechos de la mujer tanto a nivel nacional como internacional.
La ley electoral y de organizaciones políticas modificada establece una cuota del 30% para la participación de las mujeres en los cargos electos.La introducción de la cuota ha obtenido resultados espectaculares y en la actualidad hay 31 diputadas y 27 suplentes en el Congreso Nacional, lo que representa un aumento del 24%y el 21% respectivamente con respecto a las cifras de la anterior Administración.Otros altos cargos ocupados por mujeres son el de Vicepresidenta del Congreso Nacional y ocho ministras.
El Instituto Nacional de la Mujer, junto con una asociación de más de 100 organizaciones no gubernamentales, ha puesto en marcha una iniciativa para ampliar la cuota de participación de las mujeres en cargos electos hasta el 50% y para especificar los cargos concretos que pueden ocupar.Se ha organizado un taller con las diputadas recientemente elegidas en el Congreso Nacional para ofrecer formación y concienciar sobre las reformas que se están realizando en los ámbitos de la representación política y la igualdad entre los géneros.
A iniciativa del Ministro de Seguridad se ha creado una línea de atención policial a la que pueden llamar las mujeres víctimas de violencia doméstica para obtener ayuda más rápidamente, sin necesidad de una orden judicial.Se ha solicitado al Ministro que se investiguen y notifiquen todos los casos de asesinatos en los que haya mujeres involucradas.Para erradicar la discriminación contra la mujer es necesario combatir los estereotipos culturales a escala local.El Instituto Nacional de la Mujer ha abierto 70 oficinales locales en municipios de todo el país; han puesto en marcha diversos proyectos, como campañas de alfabetización, proyectos de lucha contra el VIH/SIDA y programas de generación de ingresos.El Instituto tiene previsto ampliar su presencia por todo el país y a escala internacional.
El Sr. JIMÉNEZ PUERTO (Honduras) afirma que, al replantearse la estrategia de reducción de la pobreza, la nueva Administración, en estrecha colaboración con las organizaciones de mujeres y otras organizaciones de la sociedad civil, se está centrando en proyectos que generan ingresos y en el desarrollo de pequeñas empresas.Estos proyectos resultan necesarios para corregir el problema estructural de discriminación de las mujeres que la legislación no ha logrado resolver por sí sola.Se ha creado una red solidaria dirigida por la mujer del Presidente para ayudar a unas 200.000 familias pobres, de las cuales el 45% están encabezadas por mujeres.La red les proporciona alimentos y créditos para poner en marcha pequeños negocios.Para que tengan éxito, estos esfuerzos dependen del apoyo de las organizaciones no gubernamentales locales.
El Sr. LANDAVERDE (Honduras) dice que la Policía Nacional ha acometido cambios radicales para garantizar el respeto de los derechos humanos en Honduras.Han organizado campañas para promover la denuncia de los actos de violencia doméstica y han ofrecido formación a los funcionarios encargados de estos informes.Se han creado unidades especiales de la policía para atender a las mujeres y niñas víctimas de la violencia y el uso indebido de drogas y para mejorar el trato a las reclusas, incluida la introducción de programas especiales que ofrecen apoyo psicológico y formación profesional.
La Sra. DUBÓN VILLEDA (Honduras) dice que el Tribunal Supremo ha aprobado el establecimiento (a partir de enero de 2007) de tribunales y magistrados especializados para tratar los casos de violencia doméstica.
El Sr. JIMÉNEZ PUERTO (Honduras) dice que las investigaciones penales sobre las muertes violentas de mujeres realizadas por médicos forenses ayudarán a frenar la violencia contra la mujer porque permitirán identificar y procesar a los autores.Para ayudar a prevenir la violencia contra la mujer son necesarias medidas encaminadas a cambiar actitudes arraigadas en Latinoamérica como el machismo.Se han logrado importantes avances desde el decenio de 1980, cuando muchos hondureños perdieron la vida como consecuencia de luchas políticas o conflictos sociales relacionados con la propiedad de la tierra.
Desde luego, no existe una política estatal en virtud de la cual se ejecute a las personas que supongan una grave amenaza para la sociedad.El Gobierno ha abandonado su política de tolerancia cero con las bandas, puesto que ya no se considera una solución adecuada.Las medidas represivas no son suficientes; se debe examinar la raíz de la violencia de las bandas para evitar que los jóvenes que se unan a ellas pasen después a la delincuencia organizada.En el marco de un proyecto puesto en marcha en Tegucigalpa, se ofrece a 16.000 jóvenes que no trabajan ni van a la escuela educación general y competencias profesionales para que puedan reinsertarse en la sociedad; existen planes para repetir el proyecto en otras zonas del país.El Gobierno ha destinado más de la mitad de su presupuesto general a la salud y la educación; una cifra sin precedentes que demuestra su compromiso de mejorar las vidas de todos los hondureños.El Gobierno está adoptando nuevas medidas para promover la asistencia a la escuela, por ejemplo velando por que no se cobren tasas en la educación primaria y ofreciendo comidas gratuitas a los alumnos y sus hermanos.
La División de Derechos Humanos de la Fiscalía ha puesto en marcha un sistema de supervisión permanente de la conducta de los funcionarios estatales.Se ha ofrecido compensación a las víctimas de violaciones de los derechos humanos perpetradas por dichos funcionarios.
El Sr. Solari Yrigoyen (Vicepresidente) ocupa la presidencia.
La Sra. PONCE (Honduras) dice que la Unidad de Investigaciones Especiales sobre Muertes Violentas de Niños, que depende de la Fiscalía, ha encontrado aproximadamente un 12% de casos registrados en los que han participado funcionarios estatales.Además de investigar todos los casos de muertes violentas, el Gobierno de Honduras ha establecido un programa nacional de prevención, rehabilitación y reinserción social para los miembros de bandas, puesto que la mayoría de dichas muertes se han producido en enfrentamientos entre bandas.
La oradora explica que la tortura se ha tipificado como delito en el Código Penal y el Gobierno está adoptando medidas para aplicar el protocolo facultativo de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, que se ratificó en mayo de 2006.El subdirector de la cárcel de El Porvenir ha sido condenado en relación con los incidentes que tuvieron lugar allí en abril de 2003 y otros funcionarios están actualmente detenidos y a la espera de juicio.La Fiscalía ha atribuido las muertes de la cárcel de San Pedro Sula, acaecidas en mayo de 2004, a una avería eléctrica.Se están poniendo en marcha medidas para ofrecer una compensación a las víctimas de estos incidentes.La reforma del Código de Procedimiento Penal ha permitido a la Fiscalía iniciar acciones civiles en representación de las víctimas que no puedan asumir personalmente el coste.
El Sr. LANDAVERDE (Honduras) dice que su Gobierno ofrece formación a todos los funcionarios estatales para garantizar que todos entienden por igual cuál es el uso adecuado de la fuerza y de las armas de fuego.Unidades especiales han investigado todos los casos de uso excesivo de la fuerza por parte de funcionarios.Cuando participan en patrullas conjuntas con la policía, los miembros de las fuerzas armadas no realizan detenciones ni desempeñan tareas policiales; su mandato consiste en mantener el orden.A todos los funcionarios estatales se les ha facilitado una copia del código de conducta y a los funcionarios de policía se les han proporcionado manuales en los que se explica que acciones constituyen un uso excesivo de la fuerza.
La Sra. DUBÓN VILLEDA (Honduras) afirma que la justicia penal hondureña utiliza el principio de contradicción, que normalmente no permite la prisión provisional.Sin embargo, para mitigar la angustia de los familiares de las víctimas de los incidentes de El Porvenir, los funcionarios que están pendientes de juicio por esos hechos han sido detenidos.
La Sra. PONCE (Honduras) afirma que la dirección de las cárceles corresponde en la actualidad a la policía y que el personal penitenciario no ha recibido una formación adecuada para desarrollar esas tareas.Se han denunciado numerosos casos de maltrato en las cárceles.Se está preparando nueva legislación para reformar el sistema penitenciario.Tanto los organismos nacionales como los internacionales han condenado las condiciones de las cárceles hondureñas y se están tomando medidas para mejorar la situación.La Fiscalía trabaja conjuntamente con las organizaciones no gubernamentales para realizar visitas aleatorias a cárceles y centros de detención, de conformidad con las disposiciones del protocolo facultativo de la Convención contra la Tortura.En virtud de las nuevas normativas, el personal de la Fiscalía y del Comisionado Nacional de Derechos Humanos han realizado visitas no anunciadas a cárceles y centros de detención y han comprobado la situación de los detenidos.El trato inhumano o degradante y la tortura son delitos penales y el Comisionado Nacional de Derechos Humanos es responsable de iniciar diligencias contra los autores de dichos actos.
El Sr. LARA WATSON (Honduras) dice que su Gobierno ha creado una serie de refugios para las víctimas de la trata de personas con fines de explotación sexual.Tras una conferencia regional sobre migración en la que se pusieron en marcha varias medidas para combatir la trata de personas, se ha iniciado una campaña para concienciar a la población sobre este tipo de delitos.Aunque El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua han acordado permitir la libre circulación de personas por sus fronteras, los cuatro países han mejorado la supervisión del movimiento transfronterizo de niños.El Gobierno es consciente de que son necesarias nuevas medidas para prevenir la trata de personas, tarea que resulta más fácil desde la penalización, en febrero de 2006, de la explotación sexual y comercial de personas.
La oradora explica que las actividades de la Unidad Especial de Investigación de Muertes Violentas de Niños se han visto dificultadas por la falta de recursos.En la actualidad el Gobierno examina un proyecto de decreto por el que se conceden más recursos a la unidad.
La Sra. PONCE (Honduras) dice que entre las medidas para eliminar el trabajo infantil está el aumento de las inspecciones aleatorias, especialmente en zonas turísticas.Durante esas inspecciones se comprueba la documentación de los trabajadores infantiles o ilegales y se notifica a los empleadores que es ilegal contratar a menores.
La Sra. DUBÓN VILLEDA (Honduras) dice que no existen alternativas a la prisión provisional para las personas acusadas de tráfico de drogas o de blanqueo de dinero.
La Sra. PONCE (Honduras) explica que los magistrados toman en consideración las circunstancias personales de cada acusado a la hora de decidir si se les detiene de forma provisional.Considerando el mal estado de las instalaciones de detención disponibles, no se ha ordenado, de forma general, la prisión provisional en el caso de menores.Se han introducido varias medidas para prevenir la detención arbitraria; aunque esa práctica todavía no se ha eliminado totalmente, se ha avanzado mucho.
El Sr. LANDAVERDE (Honduras) dice que, gracias al fortalecimiento de la formación policial a raíz de la introducción del Código de Procedimiento Penal revisado, ahora la mayoría de las detenciones son legales y, por tanto, los detenidos van a juicio.
El Sr. RIVAS POSADA pide que se aclare el proceso seguido cuando un instrumento internacional ratificado por el Gobierno, o que éste prevé ratificar, discrepa con una disposición constitucional.Pregunta si las personas tienen derecho a invocar disposiciones de instrumentos internacionales ante los tribunales nacionales incluso aunque dichas disposiciones no se hayan incorporado a la legislación nacional.
La identificación de las víctimas de desapariciones forzadas constituye, obviamente, una prioridad.Pregunta qué medidas se han adoptado para investigar estos casos y castigar a los culpables, especialmente si se tiene en cuenta que esta cuestión se planteó por primera vez en 1993.Aunque el Comité es consciente de las dificultades que ha debido afrontar el Estado parte, que ha sido escenario de conflictos y de alteraciones del orden público, se debe hacer todo lo posible para que se traten adecuadamente los casos de desapariciones forzadas, para que se encause a los responsables y para que las víctimas reciban una compensación adecuada.Además, pregunta cómo se abordan los casos en virtud del sistema jurídico interamericano.Aunque se ha aprobado legislación para regular los procesos judiciales contra el personal militar implicado en casos de desapariciones forzadas, el orador desearía recibir más información sobre la forma en que se ha aplicado dicha legislación.
Pasando a la cuestión de la prisión provisional, dice que, aunque se han realizado cambios positivos en el sistema de justicia penal de Honduras, demasiados procesos penales se prolongan más de lo debido y, en consecuencia, suponen periodos excesivos de prisión provisional, lo que agrava el problema de la ocupación excesiva de las cárceles.Aunque se han aprobado leyes que mitigan parcialmente el problema de la prisión provisional demasiado prolongada, sigue habiendo un número considerable de presos no condenados.Es preciso redoblar los esfuerzos para resolver esa situación.
Se ha informado al Comité de varias detenciones basadas en la sospecha de que algunas personas, concretamente miembros de bandas, podrían plantear una amenaza al orden y la seguridadpúblicos.Hay que buscar un equilibrio entre la seguridad y el respeto de los derechos fundamentales de la persona.El orador anima al Estado Parte a adoptar medidas para evitar detenciones basadas en una simple sospecha o temor y para reforzar la protección de los derechos humanos en zonas en las que han ocurrido actos violentos y conflictos.
La Sra. Palm (Vicepresidenta) ocupa la presidencia.
El Sr. SOLARI YRIGOYEN dice que el Comité comparte la preocupación de la delegación en relación con una serie de situaciones, incluida las facultades de la policía para encarcelar a personas por el mero hecho de parecer sospechosas.Debe eliminarse esa práctica.También se debe abordar la ocupación excesiva de las cárceles.Solicita más información sobre las medidas adoptadas para prevenir la ejecución extrajudicial, concretamente sobre la forma de investigar y juzgar los delitos de esta naturaleza y sobre la forma de procesar a los culpables.Es necesario disponer de estadísticas sobre el número de casos investigados, el número de sentencias dictadas y el número de víctimas y familiares que han recibido compensación.
El Sr. ANDO pregunta si se considera a hombres y mujeres como iguales en la sociedad.Le gustaría saber si las madres disfrutan del derecho a transmitir su nacionalidad a sus hijos, si las viudas tienen derecho a heredar las propiedades de sus difuntos maridos y, en ese caso, qué porcentaje de esas propiedades tienen derecho a recibir.Se pregunta si existe alguna distinción entre los derechos sucesorios de hijos e hijas y si las mujeres tienen derecho a reclamar por vía judicial la titularidad de las propiedades durante el juicio de divorcio.Aunque el aborto está prohibido por ley, desea saber si se permite en casos de violación.El orador se pregunta si las mujeres disponen de un acceso adecuado a la planificación familiar y si se protegen adecuadamente los derechos reproductivos de las mujeres.
El Sr. KHALIL solicita más información sobre los resultados de los programas de formación para los policías que ofrecen ayuda a las mujeres que la necesitan.Se ha informado al Comité de que se han producido casos de brutales asesinatos de mujeres en el norte de Honduras y de que no se ha juzgado a ninguno de los responsables.Según algunas organizaciones no gubernamentales, el elevado nivel de impunidad en estos casos es el resultado directo del reducido número de fiscales.Se ha informado al Comité de que el 70% de los casos en los que las víctimas fueron mujeres han quedado impunes.Se deben modificar las actitudes culturales hacia las mujeres para rectificar esta situación.Aunque la violencia doméstica está prohibida por el Código Penal, los delitos siguen siendo habituales y las condenas son especialmente indulgentes.Se deberían hacer esfuerzos por incrementar el número de refugios disponibles para las víctimas de la violencia doméstica.
En Honduras, las violaciones más graves de los derechos humanos las sufren los reclusos de las cárceles estatales.Es especialmente sorprendente que algunos reclusos puedan adquirir armas de fuego, ya que, aunque los autores de la mayoría de las violaciones en las cárceles son los propios reclusos y no el personal penitenciario, el Estado sigue siendo el responsable de garantizar la seguridad en las cárceles.Pregunta por qué se ha hecho tan poco para mejorar la formación de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley.El orador desearía saber qué medidas se están adoptando para reducir la ocupación excesiva en las cárceles y si se están realizando esfuerzos para reducir los periodos de aislamiento, que son demasiado largos.¿Se ha aprobado nueva legislación sobre el sistema penitenciario?¿Se han puesto en marcha métodos para retirar las armas letales de las cárceles?
Pasando a la cuestión de la brutalidad policial contra los campesinos que participaron en una manifestación pacífica por los derechos a la propiedad de la tierra, pregunta por qué no se ordenó específicamente a la policía que se abstuviesen de detener a personas por el único motivo de que les parecieran sospechosas.Desearía saber por qué no se han investigado oficialmente los casos de violación de los derechos humanos cometidos por los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley.Pregunta si se están abordando los problemas institucionales que afectan a la policía y al poder judicial.Se ha informado al Comité de que varios defensores de los derechos humanos que se opusieron a la legislación antibandas han sido atacados y, en algunos casos, incluso asesinados.El orador desearía saber qué medidas se han tomado para investigar esos incidentes y para juzgar a los responsables de esos actos de violencia.
El Sr. JOHNSON LOPEZ, Relator para el país, afirma que el Gobierno de Honduras ha realizado esfuerzos concretos para proteger los derechos consagrados en los artículos 8 y 24 del Pacto sobre la esclavitud, el trabajo forzoso y los derechos de los niños, especialmente en el campo de la prevención del trabajo infantil.Aunque se han aprobado leyes en estos ámbitos, sigue siendo necesaria una investigación pormenorizada para establecer una base de datos con información y estadísticas.El orador pregunta si las redes de trabajo infantil y explotación hondureñas operan en cooperación con redes de los países vecinos.También solicita más información sobre el trabajo realizado por la comisión interinstitucional para prevenir la explotación sexual de los niños y los adolescentes.
Se levanta la sesión a las 18.00 horas.
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