75º período de sesiones
10 a 28 de febrero de 2020
Tema 4 del programa provisional
Examen de los informes presentados por los Estados partes en virtud del artículo 18 de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer
* La versión original del presente documento no fue objeto de revisión editorial oficial.
Respuestas de Letonia a la lista de cuestiones y preguntas relativa a sus informes periódicos cuarto a séptimo combinados *
[Fecha de recepción: 9 de diciembre de 2019]
El presente documento contiene las respuestas de la República de Letonia (Letonia) a la lista de cuestiones y preguntas previa a la presentación de los informes periódicos cuarto a séptimo combinados de Letonia (el informe periódico) relativas a la aplicación de la Convención de las Naciones Unidas de 1979 sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (la Convención), que debe presentarse en el 75º período de sesiones del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (el Comité).
El informe periódico se presentó al Comité el 10 de diciembre de 2018. Las respuestas a la lista de cuestiones y preguntas incluyen información actualizada y los datos estadísticos de que se dispone sobre los años 2018 y 2019. A fin de proporcionar un contexto más amplio, en las respuestas se hace referencia también a los párrafos correspondientes del informe periódico y al documento básico común de Letonia (HRI/CORE/LVA/2017).
Respuestas a la lista de cuestiones
A.Respuesta al párrafo 1 de la lista de cuestiones
En el Anexo 1 del presente documento se ofrecen datos estadísticos adicionales y actualizados sobre la situación actual de las mujeres en el Estado parte. Con respecto a la adhesión al Protocolo Facultativo de la Convención y las modificaciones al artículo 20, párrafo 1, de la Convención, Letonia señala que el proceso de evaluación sigue su curso (véase el párrafo 221 del informe periódico).
B.Respuesta al párrafo 2 de la lista de cuestiones
La Convención es uno de los principales instrumentos internacionales a los que hace referencia Letonia cuando elabora documentos de planificación de políticas sobre cuestiones de igualdad de género y al organizar consultas públicas.
La Cancillería del Estado imparte un módulo de capacitación para directivos de los niveles superiores de las instituciones estatales titulado “Planificación estratégica de los recursos humanos” que incluye un tema específico sobre igualdad de género. En 2018 y 2019 recibieron capacitación 51 personas (38 mujeres y 13 hombres). Se impartirá el módulo durante el próximo bienio. El objetivo del módulo de capacitación es desarrollar las competencias de los directivos de los niveles medio y superior del aparato del Estado, en particular de las instituciones que trabajan con emprendedores de pequeñas y medianas empresas y que contribuyen indirectamente a mejorar el entorno empresarial y reducir la burocracia. La finalidad del módulo es forjar a los futuros líderes, mejorando la cooperación, la eficiencia interinstitucional, las innovaciones y la excelencia en las instituciones estatales e influyendo indirectamente en el desarrollo del entorno empresarial. El módulo se impartirá hasta el 30 de junio de 2022.
En complemento de lo expuesto en el párrafo 11 del informe periódico, cabe señalar que el Centro de Formación Jurídica Continua y Formación Profesional de la Facultad de Derecho de la Universidad de Letonia ofrece desde 2015 múltiples cursos para profesionales del derecho del país (abogados, agentes de policía, jueces, fiscales, agentes de policía militar y otros). La cuestión de la discriminación no se aborda de forma separada, sino que se trata, por ejemplo, en los cursos de derecho penal o derecho procesal penal.
En el período comprendido entre 2014 y 2018 se organizaron cursos de formación profesional dirigidos a un total de 6.074 participantes del ámbito escolar (docentes de ciencias sociales, profesores de escuelas primarias, directores de instituciones educativas preescolares y especialistas en metodología). En los cursos se trataron cuestiones de igualdad de género, derechos humanos, educación en valores y educación sanitaria. Se prevé seguir organizando cursos de formación profesional para docentes al desarrollar los nuevos contenidos educativos basados en competencias a fin de garantizar una mejor aplicación del nuevo currículo, que incluye, entre otras, cuestiones relativas a la igualdad de género.
C.Respuesta al párrafo 3 de la lista de cuestiones
El principio de igualdad entre hombres y mujeres como valor fundamental está recogido en el artículo 91 de la Constitución, que se interpreta en consonancia con los acuerdos internacionales vinculantes para Letonia, incluida la Convención. Letonia ha optado por un enfoque integrado de la igualdad de género que incluye la prohibición de la diferencia de trato o la discriminación sexual en diversos ámbitos de políticas. Además de las leyes mencionadas en los párrafos 178 a 188 del documento básico y el párrafo 6 del informe periódico, el principio de igualdad está recogido también en la Ley de Juventud, la Ley del Deporte, la Ley de Actividades Científicas y la Ley del Poder Judicial. Aparte de esas leyes sectoriales, en las que se incluyen disposiciones relativas a la no discriminación y la prohibición de la diferencia de trato, el principio también figura en la disposición del Código Civil relativa a la buena fe. De conformidad con el artículo 1 del Código Civil, los derechos y los deberes deben ejercerse de buena fe, lo que refuerza la idea, entre otras cosas, de que en toda relación civil las personas deben actuar sin discriminación de ningún tipo.
En virtud del artículo 1.635 del Código Civil, cualquier persona damnificada por una acción ilícita o inacción que le haya provocado un daño físico o moral tiene derecho a reclamar una reparación al infractor. En los párrafos 97 a 102 y 109 a 113 del documento básico se describen los recursos jurídicos y los procedimientos administrativos conexos y en los párrafos 120 y 121 y 133 a 135 se ofrece información sobre las indemnizaciones proporcionadas por el Estado a las víctimas y el acceso a la asistencia jurídica gratuita.
Cualquier empleado que sufra, en una relación laboral, una diferencia de trato prohibida o que sea víctima de acciones que generen consecuencias nocivas, tiene derecho a solicitar una indemnización por pérdidas y una indemnización por daño moral, además de ejercer los demás derechos recogidos en el Código del Trabajo (artículo 29). En caso de controversia, un tribunal determina a su discreción la indemnización por daño moral.
D.Respuesta a los párrafos 4 y 5 de la lista de cuestiones
Cabe señalar una serie de logros y avances positivos en relación con los derechos y las oportunidades de las mujeres en Letonia. Por ejemplo, está aumentando el nivel de actividad económica y empleo de las mujeres, y estas ocupan cada vez más puestos superiores, especialmente en el sector público. Los indicadores en el ámbito de la salud sexual y reproductiva están mejorando gradualmente, lo que refleja un aumento de la esperanza de vida de las mujeres; el riesgo de pobreza de los hogares con niños ha disminuido significativamente en los últimos años debido al sustancial aumento del apoyo financiero garantizado por el Estado a las familias con niños. Además, la opinión pública entiende cada vez mejor la necesidad de garantizar la igualdad de oportunidades para hombres y mujeres. Se ha producido un aumento significativo de la participación de los hombres en las responsabilidades familiares y domésticas, como demuestra la creciente tendencia de los hombres a ejercer el derecho a tomar una licencia de paternidad y una licencia parental.
Las orientaciones de las medidas políticas iniciadas en los documentos de políticas anteriores sobre igualdad de género se mantienen en el Plan de Promoción de la Igualdad de Derechos y Oportunidades para Mujeres y Hombres para 2018–2020. El objetivo del Plan es promover la aplicación integrada, decidida y eficiente de las políticas sectoriales. A tal fin las actividades siguen las cinco orientaciones siguientes: 1) promoción de la independencia económica y la igualdad de oportunidades en el mercado laboral para mujeres y hombres; 2) promoción de la igualdad de oportunidades educativas para niños y niñas y hombres y mujeres; 3) reducción de la prevalencia de la violencia de género; 4) fortalecimiento de la capacidad de las autoridades en materia de igualdad de género; 5) educación y sensibilización del público sobre cuestiones de igualdad de género.
El Plan establece medidas para garantizar la aplicación de los principios de igualdad, por ejemplo impulsando la participación de los hombres en los cuidados infantiles y las responsabilidades familiares, determinando las causas principales de la disparidad salarial por razón de género en ciertos sectores y promoviendo una tolerancia cero de la violencia contra las mujeres. El conjunto de medidas tiene por objeto promover una comprensión global del principio de igualdad por parte de los expertos de las autoridades que intervienen en las políticas educativa, laboral y económica. Las medidas del Plan, especialmente las que afectan al empleo, la educación y la violencia de género, tienen en cuenta la garantía de la igualdad de oportunidades y derechos para mujeres y hombres con discapacidad. El Plan prevé que las ONG y los interlocutores sociales participen en la aplicación de las medidas.
Por lo que respecta al Convenio del Consejo de Europa sobre Prevención y Lucha contra la Violencia contra las Mujeres y la Violencia Doméstica (Convenio de Estambul), Letonia señala que su ratificación requiere el apoyo del Parlamento.
Cabe señalar que los artículos del Código Penal sobre violencia física y sexual contra las mujeres ya han sido adaptados y cumplen los requisitos del Convenio de Estambul. Por ejemplo, se ha ampliado la lista de circunstancias agravantes recogidas en el Código Penal (véase el párrafo 39 del informe periódico). Además, las enmiendas introducidas en el artículo 56 del Código Penal han ampliado el plazo de prescripción de los delitos que den lugar a lesiones corporales graves, como una mutilación genital o la pérdida de la capacidad reproductiva, o impliquen trata de personas o un aborto forzado. Se han modificado varios artículos del Código Penal añadiendo una nueva circunstancia agravante (véase el párrafo 36 del informe periódico). Se ha introducido un nuevo artículo en el Código Penal para establecer la responsabilidad penal de quien siga o vigile de forma continua o duradera a una persona, le envíe comunicaciones no solicitadas o la amenace, siempre que la víctima tenga motivos razonables de temer por su seguridad o la de sus familiares. Ese delito está penado con una privación temporal de libertad, trabajo comunitario o una multa.
Además, mediante las enmiendas de 2018 a la Ley de Procedimientos para la Entrada en Vigor y Aplicación del Código Penal, se amplió la calificación de las lesiones corporales y pasaron a incluirse también en esa categoría los trastornos psiquiátricos y las lesiones provocadas por incidentes psicológicos, mecánicos, térmicos, eléctricos, acústicos, radiológicos, químicos, biológicos o de otro tipo. Por ejemplo, las lesiones corporales graves abarcan también las lesiones que tengan como consecuencia un trastorno mental crónico o un trauma mental con efectos permanentes que afecten a la adaptación social de una persona. La mutilación genital femenina ha sido definida también como una lesión corporal grave. Una lesión corporal moderada es aquella que provoca un trastorno mental o un trauma mental que afecten a la adaptación social de una persona a largo plazo.
El 1 de enero de 2018 se introdujo una norma que permite castigar a los autores de delitos que causen trastornos psiquiátricos o traumas a las víctimas. Se han introducido enmiendas en el Código de Procedimiento Penal para poder abrir diligencias penales por violación, abuso sexual y lesiones corporales deliberadas sin que medie una solicitud formal de la víctima del delito. Las enmiendas introducen la categoría de “víctima especialmente protegida”, que abarca a los menores, las víctimas de violencia sexual o doméstica o de violencia contra la pareja y las víctimas de trata. A fin de reducir la victimización continua de estas personas, el Código de Procedimiento Penal establece condiciones específicas, como la obligación de interrogar a la persona en una sala separada o sin la presencia de otras personas, la posibilidad de que participe un administrador fiduciario en todas las actuaciones procesales, la realización del interrogatorio por parte de una persona del mismo sexo, etc.
Las respuestas a la cuestión planteada por el Comité con respecto a la aprobación de una ley sobre la igualdad de género figuran en los párrafos 8 a 10.
E.Respuesta al párrafo 6 de la lista de cuestiones
Desde 2018 se ha hecho referencia directa a las disposiciones de la Convención en diez denuncias presentadas ante los tribunales. Todas las causas fueron examinadas por los tribunales en audiencias a puerta cerrada. En la mayoría de los casos, las denuncias estaban relacionadas con asuntos familiares, como divorcios, reclamaciones de prestaciones para alimentos, procedimientos de retorno de niños y derechos de custodia. En dos casos los tribunales adoptaron decisiones relacionadas con medidas de protección temporal contra la violencia.
La Ley de Indemnización del Estado a las Víctimas de Letonia establece que las víctimas de delitos recibirán una indemnización del Estado (véanse los párrafos 120 y 121 del documento básico). Las mujeres que cumplan uno de los criterios recogidos en la Ley pueden solicitar y recibir una indemnización del Estado aunque no hayan finalizado las actuaciones penales.
En complemento de la información proporcionada en los párrafos 133 a 135 del documento básico, la Ley de Asistencia Letrada Garantizada por el Estado incluye una lista de personas, entre ellas, refugiados y solicitantes de asilo, que tienen derecho a la asistencia letrada, por lo que se proporciona acceso a la justicia a una amplia gama de personas vulnerables. Letonia también ofrece asistencia letrada, proporcionada por el Estado, a las mujeres víctimas de violencia. La Administración de Asistencia Letrada ha proporcionado hasta ahora asistencia letrada gratuita a todas las mujeres víctimas de violencia. En 2018 se prestó asistencia letrada en 36 casos como parte de las medidas de protección temporal contra la violencia. Si no se concede esa asistencia, se puede presentar un recurso ante los tribunales solicitándola. En ese caso, la persona solicitante recibirá asistencia letrada en los tribunales de conformidad con la normativa vigente sobre asistencia letrada en actuaciones administrativas complejas.
Las personas que soliciten medidas de protección temporal contra la violencia están exentas del pago de las tasas judiciales por incoación de actuaciones civiles. Además, en el capítulo 305 del Código de Procedimiento Civil se establece una regulación especial sobre las medidas de protección temporal contra la violencia.
Por último, la oficina del Ombudsman también puede ofrecer asesoramiento o representar a una persona de forma gratuita, por ejemplo en casos de discriminación.
F.Respuesta al párrafo 7 de la lista de cuestiones
La coordinación de la política de igualdad de género es responsabilidad del Ministerio de Bienestar Social, en particular del Departamento de Planificación y Formulación de Políticas Sociales. Las principales funciones del Departamento son proporcionar apoyo metodológico sobre los principios de igualdad de género a otras instituciones estatales; determinar cuáles son las áreas problemáticas en las que se observa una diferencia de trato en función del género; garantizar la incorporación de la perspectiva de género en la planificación de políticas sectoriales e interdisciplinarias (en evaluaciones iniciales de impacto y documentos de planificación de políticas); y ejecutar proyectos y campañas de sensibilización con el objetivo de aumentar la comprensión sobre la igualdad de género en diferentes áreas.
El objetivo del Comité sobre Igualdad de Género es promover la cooperación y la participación de los ministerios, las ONG, los interlocutores sociales, los municipios y otras partes interesadas, así como debatir la aplicación, la supervisión y la elaboración de políticas de igualdad de género. El Comité es un órgano consultivo que desempeña un papel fundamental en la definición de las prioridades de las políticas de igualdad de género y en la supervisión de la aplicación de esas políticas en otras políticas sectoriales.
El Ministerio de Bienestar Social es responsable de supervisar la aplicación del principio transversal en los proyectos financiados con fondos de la Unión Europea destinados a promover la igualdad de oportunidades. En la práctica, el Ministerio define criterios específicos para la selección de proyectos, evalúa la conformidad de los proyectos de ley con los principios transversales y proporciona asesoramiento y apoyo metodológico.
En 2017 y 2018, el Ministerio de Bienestar Social organizó 20 seminarios sobre cuestiones relativas a la igualdad de oportunidades y la igualdad de género dirigidos a 835 participantes, a saber, responsables políticos, solicitantes de proyectos, promotores y evaluadores de proyectos financiados con fondos de la Unión Europea, así como a instituciones que participaban en la gestión y el control de fondos de la Unión Europea.
Con el fin de aplicar la incorporación de la perspectiva de género en los procesos presupuestarios, en 2017 se realizó un análisis de las consecuencias en función del género en los procesos presupuestarios de los gobiernos estatales y locales. Se estudiaron los subprogramas presupuestarios de la Agencia Nacional de Empleo y el municipio de Aizkraukle para determinar si los procesos presupuestarios se aplicaban teniendo en cuenta los principios de igualdad de género y en qué medida. El estudio concluyó que a menudo faltaban datos desglosados por género para analizar esas consecuencias y que los empleados tenían un conocimiento y un interés relativamente limitados. Como primer paso para aplicar en la práctica las recomendaciones del estudio, se introdujeron enmiendas a las instrucciones del Consejo de Ministros sobre el análisis del presupuesto estatal. Las enmiendas preveían que los ministerios y otras instituciones estatales centrales tendrían que proporcionar también, en el informe anual sobre los resultados del presupuesto estatal y sus indicadores del desempeño, información sobre los indicadores de desempeño por género.
G.Respuesta al párrafo 8 de la lista de cuestiones
En Letonia, ya hay mujeres en los más altos cargos públicos de representación política y en la administración pública. Desde 2010 una mujer ocupa la Presidencia del Parlamento (la titular del cargo representa al Parlamento de Letonia y ejerce la Presidencia del Estado de forma provisional en caso de que el Presidente o la Presidenta se encuentre en el extranjero o enferme). En las 13as elecciones al Parlamento, celebradas en octubre de 2018, fueron elegidas un 31 % de mujeres, una cifra mayor que en las elecciones al Parlamento anteriores. De 2014 a 2016, la Sra. Laimdota Straujuma fue la primera Ministra de la historia de Letonia. En 2019, el Gobierno estaba compuesto por 14 ministros, de los cuales 3 eran ministras. La proporción de mujeres elegidas en las elecciones municipales locales de 2017 fue del 33,7 % (véase el anexo 2 del informe periódico). En las elecciones de 2019 al Parlamento Europeo, de los 8 escaños asignados a Letonia fueron elegidas mujeres para ocupar 4.
Con respecto a la proporción de altas funcionarias en Letonia, existe una segregación vertical de género estable: cuanto más alto es el puesto en el escalafón, menor es la proporción de mujeres. En total, hay un 57 % de mujeres en la administración pública. La mayor proporción de mujeres se da en los grupos de puestos más bajos (especialistas, jefas de división y adjuntas), si bien esta tendencia está en gradual declive, mientras que la menor proporción de mujeres se da en el nivel más alto de la administración pública, las Secretarías de Estado.
En cuanto a las mujeres en la Policía Estatal, su proporción aumenta cada año. En 2014, de los 7.131 agentes de policía 2.164 eran mujeres (el 33 %); en noviembre de 2019, de los 6.429 agentes 2.245 eran mujeres (el 40,4 %).
La representación de las mujeres en la judicatura también es relativamente alta; tienen una presencia casi igual o superior a la de los hombres. Son mujeres tres de los siete jueces del Tribunal Constitucional, actualmente presidido por una mujer. Desde 2013 el número y el porcentaje de mujeres en los tribunales de todas las jurisdicciones ha aumentado con respecto al número y la proporción de hombres.
El análisis de la representación de género en los puestos de responsabilidad demuestra que Letonia logra resultados positivos en comparación con otros países de la Unión Europea. Teniendo en cuenta que hasta ahora no se han aplicado medidas específicas para equilibrar el número de mujeres y hombres en los puestos de toma de decisiones, los resultados comparativamente positivos de Letonia se han visto influidos por factores culturales e históricos, así como por la ausencia de obstáculos normativos que dificulten la participación de las mujeres en la toma de decisiones.
En los anexos 1 a 5 se ofrecen estadísticas sobre la representación por género en las diferentes instituciones del Estado.
H.Respuesta a los párrafos 9 y 10 de la lista de cuestiones
En 2018 se realizó una evaluación a posteriori de las Directrices Estatales sobre Política Familiar (2011 a 2017). En ella se destacó que actualmente la política de eliminación de la violencia doméstica y contra las mujeres es más reactiva que proactiva, ya que se centra más en identificar la violencia y prestar servicios de apoyo que en realizar una labor de prevención. Los autores del informe de evaluación recomendaron intensificar los esfuerzos en la prevención de la violencia.
Una de las prioridades establecidas en el Plan de Promoción de la Igualdad de Derechos y Oportunidades para Mujeres y Hombres para 2018–2020 es fomentar la independencia económica y la igualdad de oportunidades en el mercado laboral para mujeres y hombres. A tal fin, se contemplan medidas específicas para lograr un papel más activo del padre en la familia y promover la importancia de repartir las responsabilidades familiares de forma justa. Se llevan a cabo campañas de sensibilización e información que abordan en particular el papel del padre, en las que, entre otras cosas, se anima a los padres a tomar la licencia de paternidad y la licencia parental. La participación de los interlocutores sociales y la adopción de prácticas para promover el equilibrio entre la vida profesional y la vida privada desempeñan un papel importante.
El marco de conciliación de la vida laboral y familiar está en constante mejora. Por ejemplo, desde 2014 las condiciones de las prestaciones parentales son más favorables para los progenitores empleados: la persona que tenga ingresos de forma habitual puede recibir durante la licencia parental una prestación parental parcial (el 30 %) y se ofrece flexibilidad para combinar el trabajo y el cuidado de los niños.
Durante los próximos dos años se debatirá la ampliación del período de permiso de paternidad en el marco de la transposición de la Directiva de la Unión Europea sobre la conciliación de la vida familiar y la vida profesional. La Directiva dispone que los padres deben poder tomar al menos diez días laborables de licencia de paternidad en fechas cercanas al nacimiento de su hijo.
El Ministerio de Educación y Ciencia ha iniciado una amplia reforma del enfoque de la educación a fin de elaborar los nuevos contenidos educativos basados en competencias, que promoverán un proceso de aprendizaje continuo y sostenible. Las nuevas directrices sobre educación preescolar se han aplicado en el año escolar 2019/2020, mientras que la nueva Norma General de Educación Básica y la Norma General de Educación Secundaria entrarán en vigor a partir del año escolar 2020/2021. De conformidad con el nuevo enfoque educativo, el plan de estudios incluirá cuestiones sobre el respeto de la igualdad de género, los valores, aspectos de la salud y los derechos humanos. Para apoyarlo, se dispondrá de nuevos materiales de enseñanza y aprendizaje y actividades de formación de docentes, lo que les permitirá aplicar con éxito los nuevos contenidos educativos basados en competencias.
La política nacional de los medios de comunicación está incluida en las Directrices sobre Política de los Medios de Comunicación para el período comprendido entre 2016 y 2020. Se han abordado las cuestiones de género en una serie de medidas, como la creación de un código de conducta común para el sector de los medios de comunicación, la labor del Ombudsman de los medios de comunicación y la educación de los profesionales del sector.
Se han realizado actividades destinadas a concienciar y fomentar la tolerancia en relación con la diversidad y la no discriminación en público y, en particular, en Internet. Se han realizado actividades más específicas dirigidas a jóvenes y estudiantes para que amplíen sus conocimientos sobre el uso seguro de Internet y el sexteo y entiendan las cuestiones relacionadas con la incitación al odio en Internet. Un ejemplo reciente es la campaña social de alfabetización mediática y seguridad infantil dirigida a niños de entre 5 y 8 años “¡Superhéroes en Internet!” iniciada en 2018 con el objetivo de promover la alfabetización mediática de los niños y su seguridad en Internet, informando tanto a los niños como a los adultos sobre los riesgos y las oportunidades de Internet. Los personajes de la campaña, los niños SuperAnna y SuperTom, animan a los niños a aprender y recordar normas básicas y sencillas de seguridad y alfabetización mediática. Se han elaborado, en el contexto de la campaña, orientaciones metodológicas destinadas a las escuelas preescolares y primarias. La Inspección Estatal de Protección de los Derechos del Niño también ha adoptado medidas informativas y de concienciación. Se han producido vídeos que tratan las amenazas relacionadas con Internet y abordan situaciones a las que se enfrentan los niños y niñas en la vida real, como la violación, el chantaje o la solicitud de artículos íntimos.
En lo que respecta a las iniciativas de planificación de políticas para los próximos períodos, se está redactando el Plan Nacional de Desarrollo de Letonia para 2021–2027. Todos los nuevos documentos de planificación de políticas, incluidas las nuevas Directrices Estatales sobre Política Familiar, se elaborarán de conformidad con el Plan Nacional de Desarrollo. El Plan es el principal documento de planificación del desarrollo a medio plazo de Letonia y tiene tres objetivos estratégicos: la igualdad de oportunidades, que es importante para lograr la justicia social y un factor de reducción de la desigualdad de ingresos y otros obstáculos para el desarrollo; la productividad y los ingresos, que son la principal condición previa para poder competir y crecer (en recursos humanos, inversión, procesos de gobernanza, innovación); y la confianza social, que es un recurso social crítico y una dimensión de desarrollo que facilita la cooperación en la comunidad, en las empresas y en todos los niveles de la gobernanza pública, y es esencial para la democracia.
I.Respuesta a los párrafos 11 a 13 de la lista de cuestiones
Además de la información facilitada en los párrafos anteriores, el párrafo 102 del documento básico y los párrafos 44 a 48 del informe periódico, Letonia señala que desde 2014 se han establecido mecanismos para que las víctimas de violencia dispongan de medios inmediatos de reparación y protección, como órdenes de protección o alejamiento. En el marco actual, existen tres opciones para las personas en situación de riesgo: 1) los agentes de policía pueden dictar una medida de separación de aplicación inmediata. Esta decisión se toma en casos en los que exista una amenaza inmediata de que una persona que se encuentre en la vivienda o cerca de ella pueda dañar a otra persona que viva en dicha vivienda; 2) a fin de garantizar la continuidad de la protección cuando la Policía dicte una medida de separación, la persona protegida puede solicitar a un tribunal, a través de la Policía, medidas de protección temporal contra la violencia; 3) de conformidad con las disposiciones del Código Civil, la persona protegida puede solicitar de forma independiente a un tribunal que adopte medidas de protección temporal contra la violencia. El tribunal puede imponer al autor de esa violencia una o varias medidas de protección temporal, a saber: la obligación de abandonar la vivienda en la que resida la persona protegida y la prohibición de regresar y permanecer en ella; una orden de alejamiento de la vivienda en la que resida la persona protegida (a una distancia decidida por el tribunal); la prohibición de permanecer en ciertos lugares; la prohibición de reunirse y mantener contacto físico o visual con la persona protegida; la prohibición de mantener cualquier forma de contacto con la persona protegida; la prohibición de organizar un encuentro, o cualquier forma de contacto, con la persona protegida aunque haya más personas; o la prohibición de utilizar los datos personales de la persona protegida. Las medidas de protección temporal contra la violencia pueden ser dictadas en cualquier etapa del procedimiento, incluso antes de que se inicie una acción judicial (véanse los anexos 6 a 10).
Según las últimas estadísticas proporcionadas por las fuerzas de seguridad y las instituciones sanitarias, el número de víctimas de violencia doméstica sigue siendo importante. Según datos del Ministerio del Interior, en 2018 fueron asesinadas o recibieron amenazas contra su salud y libertad 1.068 personas adultas. Casi un tercio de esas víctimas, 382, eran mujeres, de las cuales 42 fueron víctimas de violencia sexual. De las 242 personas víctimas de violencia cometida por familiares, 154 eran mujeres (13 de las cuales sufrieron violencia sexual), lo que representa más de la mitad. De las 62 personas asesinadas, 35 eran mujeres. Fueron asesinadas por familiares 16 personas, de las cuales 8 eran mujeres. En 2018 hubo 476 mujeres víctimas de violencia, de las cuales 108 fueron víctimas de violencia doméstica; en 34 casos, el maltratador fue el cónyuge y en 27 casos fue otro pariente. Según los datos del Centro de Prevención y Control de Enfermedades, en 2017 el número de adultos víctimas de violencia que recibieron asistencia médica en hospitales fue de 781, de los cuales 629 eran hombres y 152 mujeres. Casi la mitad de esas mujeres, 71, sufrieron violencia doméstica. El grupo con mayor número de mujeres víctimas de violencia doméstica fue el de las personas de entre 45 y 64 años. Hubo 52 mujeres víctimas de violencia a manos de sus cónyuges o parejas. En otros casos, los maltratadores fueron otros parientes, incluidos los padres.
El análisis de las medidas de separación impuestas por la Policía revela que en 2018 la edad media de los autores era de 43 años y la edad media de las personas protegidas era de 46 años. Hay muchos jóvenes y ancianos en los grupos de víctimas y maltratadores. De todas las medidas de separación adoptadas por la Policía Estatal, en 746 casos la persona protegida fue una mujer, y solo en 42 casos fue un hombre. Entre el 31 de marzo de 2014 y el 31 de diciembre de 2018, la Policía Estatal dictó 1.830 medidas de separación. Este número ha aumentado aproximadamente un 90 % en los últimos años. La Policía Estatal responde activamente a las decisiones de los tribunales sobre medidas de protección temporal contra la violencia y, en caso de infracción, inicia actuaciones penales.
Según los datos de la Policía Estatal sobre las actuaciones penales iniciadas por violación y violencia sexual, el número de víctimas adultas fue de 60 en 2014 (de las que 51 eran mujeres), 41 en 2016 (de las que 40 eran mujeres), 47 en 2017 (de las que 44 eran mujeres) y 48 en 2018 (de las que 42 eran mujeres). Un número importante de víctimas de violencia sexual ha sufrido violencia en el círculo familiar. Así, en 2014, 18 personas fueron víctimas de violencia sexual cometida por familiares (de las cuales 4 eran mujeres que sufrieron violencia sexual a manos de su marido o pareja), en 2016, 3 personas fueron víctimas de esa violencia (todas ellas víctimas de violencia sexual a manos de su pareja), en 2017 se registraron 11 víctimas de esta violencia (de las cuales 4 eran mujeres que sufrieron violencia sexual a manos de su marido o pareja) y, en 2018, 14 personas fueron víctimas de violencia sexual perpetrada por familiares (de las cuales 3 eran mujeres que sufrieron violencia sexual a manos de su marido o pareja).
Desde 2015, el Estado financia dos nuevos servicios: un servicio de rehabilitación social de las víctimas de violencia para reducir las consecuencias de la violencia y un servicio de rehabilitación de los autores de violencia para reducir la violencia repetida. Los servicios se ofrecen en forma de curso de rehabilitación social de hasta 30 días de duración en instituciones de rehabilitación social (con alojamiento incluido) o de hasta diez sesiones de asesoramiento de 45 minutos de duración con un psicólogo y un abogado en el lugar de residencia. El número de personas que reciben esos servicios aumentó en 2018 con respecto a 2015, cuando se pusieron en marcha. En 2015, 114 personas, de las que 109 eran mujeres, se beneficiaron del servicio de reducción de las consecuencias de la violencia, mientras que en 2018 se beneficiaron 527 personas, de las que 510 eran mujeres. El servicio se ofrece a las víctimas de violencia de forma voluntaria, individual y colectiva, en función de las necesidades de cada persona. En 2015 se beneficiaron del servicio 99 autores de violencia (59 mujeres y 40 hombres); en 2018, se beneficiaron de él 448 personas (235 mujeres y 213 hombres). La violencia emocional, física, económica y el control violento suelen ser las formas predominantes de violencia. En alrededor del 63 % de los casos de violencia, el autor es el cónyuge o la pareja.
La Policía Estatal ha centrado su atención y sus esfuerzos en la prevención de la violencia doméstica, la violencia sexual, la violencia física entre pares y la violencia emocional en Internet. Se llevan a cabo periódicamente actividades educativas de información, como charlas en escuelas de concienciación sobre la violencia, el acoso y la reducción de la violencia. Además, en otoño de 2018 se impartieron sesiones de capacitación a agentes de la Policía Estatal sobre diversos temas, como la violencia sexual y la violencia doméstica. En total, 184 inspectores de la Policía Regional participaron en la capacitación. A fin de reducir las manifestaciones violentas, se impartieron cursos de desarrollo profesional titulados “Conocimientos especiales en el ámbito de la protección de los derechos del niño” dirigidos a docentes, en los que se abordó el tema del desarrollo de una educación inclusiva, segura y no ofensiva para niñas. En 2015 participaron en los cursos 2.908 docentes (de los cuales 2.050 eran mujeres) y en 2016 participaron 1.477 docentes (de los cuales 1.000 eran mujeres).
Además de la información proporcionada en los párrafos anteriores, cabe señalar que en 2014 la Policía Estatal dictó 91 medidas de separación contra infractores, y los tribunales, 337; en 2018, las medidas dictadas por la Policía Estatal llegaron a 798, y las de los tribunales, a 879. Esta mejora de las prácticas se debe a un cambio en los procedimientos, cuestiones organizativas y actividades de capacitación y prevención y a una mayor confianza en la Policía y los tribunales por parte de las víctimas de violencia doméstica. El aumento registrado está relacionado con el número cada vez mayor de víctimas de violencia doméstica que solicitan protección a la Policía, lo que provoca a la vez un aumento de las medidas de separación dictadas por la Policía.
En relación con los casos categorizados como disputa familiar, cabe destacar que la Policía Estatal lleva un registro de todos los casos en los que interviene. No se debe interpretar que los casos de disputa familiar registrados son solo casos de violencia doméstica que dan lugar a medidas de separación. Generalmente el conflicto se resuelve sobre el terreno, a menudo antes de que llegue la Policía, y ninguna de las partes interpone una demanda contra la otra. Sin embargo, se trata de un dato relevante que sirve de herramienta de gestión de riesgos para el futuro. En 2019 se puso en marcha una nueva práctica: si no se dicta una medida de separación en casos de disputa familiar, el agente de policía rellena un formulario de riesgo familiar que se transmite a los servicios sociales de las autoridades locales para llamar la atención de las autoridades sobre la familia en cuestión.
Con respecto a la forma de las relaciones familiares (incluidas las minorías sexuales), cabe destacar que, de conformidad con el Código de Procedimiento Civil, al dictar medidas de separación no se hace ninguna diferencia por el régimen o la forma de la familia (matrimonio o simple convivencia, padres e hijos, hermanos, convivencia de dos personas del mismo sexo). La base para dictar medidas de protección temporal contra la violencia es que se haya producido un acto de violencia física, sexual, psicológica o económica entre personas que sean o hayan sido cónyuges o tengan o hayan tenido algún otro tipo de relación independientemente de si el autor vive o ha vivido en el hogar con la víctima. Esta medida se aplica también en casos en los que se ejerce un control violento sobre una persona (ya sea violando sus derechos, forzándola sexualmente, amenazándola, actuando de forma degradante o amedrentándola con objeto de castigarla o intimidarla).
El análisis del tipo de relación entre la persona protegida y la persona violenta en 2019 demuestra una tendencia muy estable. De todos los casos en los que se dictó una medida de separación, el 40 % correspondía a una pareja casada, el 35 % a una pareja de hecho, el 12 % a una madre y su hijo y el 4 % a progenitores que no vivían juntos.
En conclusión, el mecanismo de protección creado ha demostrado ser, en la práctica, una herramienta disponible y eficaz contra la violencia doméstica. La sociedad en general, así como los profesionales (agentes de policía y jueces), son más conscientes y reconocen diversas formas de violencia doméstica; existe una clara tendencia a no tolerar este tipo de violencia. Además, Letonia reconoce que la siguiente prioridad es debatir los modelos de cooperación interinstitucional que permitirían intervenciones familiares preventivas en etapas tempranas o al detectar los primeros signos de la posible aparición de la violencia doméstica.
El artículo 159 del Código Penal establece la responsabilidad penal por violación. En ese artículo se dispone que a una persona que mantenga relaciones sexuales aprovechándose del estado de desamparo de una víctima o mantenga relaciones sexuales contra la voluntad de la víctima mediante violencia, amenazas o abusando de la confianza, la autoridad o ejerciendo cualquier otra influencia sobre la víctima (violación), se le aplicará una pena de privación de libertad de entre cuatro y diez años, con un período de libertad condicional de hasta cinco años. Si la violación se lleva a cabo en grupo o la víctima es menor de edad, la pena aplicable será de reclusión a perpetuidad o privación de libertad por un período de entre cinco y 20 años, con un período de libertad condicional de hasta cinco años.
Cabe destacar que el hecho de que el autor de una violación esté casado con la víctima puede constituir una circunstancia agravante (véase el párrafo 38 del informe periódico).
El artículo 1321 del Código Penal establece la responsabilidad penal por acoso. El seguimiento y la vigilancia continuos de una persona, el envío de comunicaciones no solicitadas y las amenazas, si la víctima tiene motivos razonables para temer por su seguridad o la de sus familiares, están penados con una privación temporal de libertad, trabajo comunitario o una multa.
El artículo 125 del Código Penal establece la responsabilidad penal por mutilación genital femenina cuando se causen lesiones corporales graves de forma intencional. El anexo 3 de la Ley sobre Procedimientos para la Entrada en Vigor y Aplicación del Código Penal establece los criterios de categorización del nivel de gravedad de las lesiones corporales. Por ejemplo, son lesiones corporales graves aquellas que provocan una pérdida de la capacidad reproductiva (pérdida de la capacidad para mantener relaciones sexuales, dar a luz o quedar embarazada o pérdida de fertilidad), así como la extirpación total o parcial de órganos genitales externos, excepto en procedimientos realizados por indicación médica.
El artículo 125 del Código Penal establece la responsabilidad penal por violencia psicológica cuando se causen lesiones corporales graves de forma intencional; el artículo 126 establece esa responsabilidad en casos de lesiones corporales moderadas. Son lesiones corporales graves aquellas que provocan un trastorno mental crónico o un trauma mental con efectos permanentes que afectan de forma importante a la adaptación social de una persona, mientras que las lesiones corporales moderadas son aquellas que provocan un trastorno mental crónico o un trauma mental que afectan a la adaptación social de una persona a largo plazo.
El artículo 74 1) del Código Civil prohíbe expresamente todas las formas de violencia (física, sexual, psicológica o económica) contra un cónyuge. En lugar de limitar el desarrollo de los conceptos definiéndolos, son los tribunales quienes interpretan los conceptos en consonancia con otros instrumentos jurídicos, acuerdos internacionales vinculantes para Letonia, recomendaciones y otras fuentes del derecho, a fin de permitir la adaptación amplia de esos conceptos, respetar las circunstancias cambiantes a lo largo del tiempo y ajustarse a cada situación individual.
Según el Código Civil, se puede disolver un matrimonio si se ha deshecho, es decir, si los cónyuges han vivido separados durante al menos tres años, o durante menos de tres años si una de las causas de la disolución es un acto de violencia física, sexual, psicológica o económica de un cónyuge contra el cónyuge que ha solicitado el divorcio, o contra su hijo o el de ambos cónyuges.
Durante la aplicación del plan de ejecución de las Directrices Estatales sobre Política Familiar (2016 a 2017) con el apoyo de proyectos cofinanciados por la Comisión Europea, se organizaron actividades informativas y educativas, así como actividades para promover la cooperación interinstitucional.
Entre 2017 y 2018 el Ministerio de Bienestar Social ejecutó dos proyectos: el proyecto “Un paso más cerca: respuesta comunitaria conjunta a los casos de violencia contra las mujeres” y la campaña de tolerancia cero con la violencia contra las mujeres titulada “La violencia prospera en el silencio”. El primer proyecto permitió desarrollar las competencias profesionales de especialistas (agentes de la Policía Estatal y empleados públicos locales, trabajadores sociales, especialistas en protección de derechos del niño, expertos en atención sanitaria y de ONG) que tratan o pueden tratar a diario con personas que han sufrido violencia doméstica o personas cercanas a ellas. El segundo proyecto incluyó actividades de sensibilización del público y mejora de los conocimientos acerca de la violencia contra las mujeres, así como de prevención de la violencia en las relaciones entre hombres y mujeres. Se prestó especial atención a la juventud en el proyecto a fin de promover relaciones respetuosas y de igualdad entre los sexos.
Se ofrecen servicios de rehabilitación social financiados por el Gobierno por los cuales se proporciona asistencia psicológica, social y jurídica a fin de evaluar las amenazas y planificar las medidas de seguridad, impulsar la recuperación de las víctimas o mejorar sus capacidades sociales, dirigidos a adultos víctimas de violencia (física, sexual, económica o emocional, amenazas físicas, violencia sexual o control violento). Esos servicios se pueden prestar en el municipio que elija la persona o en un centro de crisis. Los servicios se ofrecen en forma de curso de rehabilitación social de hasta 30 días de duración en instituciones de rehabilitación social (con alojamiento incluido) o de hasta diez sesiones de asesoramiento de 45 minutos de duración con un psicólogo y un abogado en el lugar de residencia. En algunos de los centros de crisis se ofrecen servicios de rehabilitación social para hombres, si bien los hombres reciben estos servicios principalmente en su lugar de residencia (véanse los anexos 12 y 13).
Existen siete albergues que proporcionan servicios de rehabilitación financiados por el Estado a niños y mujeres víctimas de violencia. Esos servicios están a disposición de cualquier víctima de violencia sin costo alguno.
En 2015 se enmendó la Ley de Servicios Sociales y Asistencia Social a fin de mejorar la situación social de los refugiados y las personas con un estatuto alternativo, incluidas las mujeres, garantizando el derecho a disfrutar de servicios sociales y asistencia social. Se concedió a las personas con un estatuto alternativo el derecho a recibir un ingreso mínimo garantizado, asesoramiento proporcionado por un asistente social y servicios diurnos y nocturnos de albergue. Se abrió el acceso a la atención social y servicios de rehabilitación social a niños a los que se había concedido un estatuto alternativo. Se ofrecen servicios sociales y asistencia social a las personas a las que se ha concedido la condición de refugiado en la misma medida que a otros residentes permanentes de Letonia. Por su parte, los solicitantes de asilo tienen acceso a centros de servicios para solicitantes de asilo.
Además, la Administración de Asistencia Letrada proporciona apoyo informativo a víctimas de delitos, incluidas las víctimas de violencia, que tienen acceso, a través del teléfono 116006, a apoyo emocional y psicológico, información sobre sus derechos procesales y medidas de apoyo.
El objetivo del informe anual sobre la prevalencia de la violencia doméstica y de género contra las mujeres y las niñas que elabora el Ministerio de Bienestar Social en cooperación con otros interesados estatales, municipales y no gubernamentales es proporcionar información real sobre los acontecimientos internacionales y la situación actual en Letonia. El informe suele incluir información relativa a la investigación internacional sobre el tema y señalar, cuando es pertinente, los resultados de Letonia (por ejemplo, los resultados del informe de la Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea sobre la violencia contra las mujeres o las encuestas del Eurobarómetro), recoger recomendaciones formuladas a Letonia por organizaciones internacionales sobre temas relevantes y ofrecer datos estadísticos proporcionados por la Policía Estatal, el Ministerio del Interior y otras instituciones. En el informe también se señalan las áreas en las que se debe trabajar más. El informe es público y la información que recoge puede ser utilizada por medios de comunicación, estudiantes y cualquier persona interesada.
J.Respuesta a los párrafos 14 y 16 de la lista de cuestiones
Letonia sigue participando activamente en el intercambio de información e inteligencia con fuerzas del orden extranjeras. En 2017 se intercambió información sobre 491 casos de trata de personas y en 2018, sobre 495 casos. Gracias a la cooperación internacional anterior, en 2018 se condenó en el Reino Unido a varios grupos delictivos organizados por trata de personas. Los grupos estaban compuestos principalmente por ciudadanos letones que reclutaban a otros ciudadanos letones para trabajar en el Reino Unido recurriendo al fraude, la intimidación y la violencia. Los delincuentes pagaban a esas personas solo una pequeña parte del salario que ganaban en realidad, les proporcionaban un alojamiento no apto para vivir y abrían cuentas a su nombre en el Reino Unido para blanquear dinero usando los documentos de identidad de las víctimas.
En 2017 se remitieron a la fiscalía las primeras actuaciones penales contra ciudadanos letones por explotación doméstica de un grupo de personas a las que habían involucrado en deudas de origen criminal. Se abrió en Eurojust la primera investigación conjunta sobre un grupo organizado que reclutaba, transportaba y alojaba a ciudadanos letones y los explotaba laboralmente en viveros de flores en el Reino Unido. En 2018 se detuvo a cinco ciudadanos letones adultos (tres hombres y dos mujeres) en Letonia sobre la base de las actividades del equipo conjunto de investigación.
En 2017 se iniciaron en Letonia actuaciones penales en ocho casos en virtud del artículo 1541 del Código Penal por explotación laboral y explotación sexual en el país, explotación laboral en el extranjero (también en grupo organizado) y explotación mediante matrimonios fraudulentos en el extranjero a cargo de grupos organizados. En esas actuaciones, se declaró sospechosos a cuatro ciudadanos letones (tres mujeres y un hombre). En 2018 se iniciaron en Letonia actuaciones penales en cuatro casos por explotación mediante matrimonio fraudulento en el extranjero y explotación sexual (de personas vulnerables, entre otras). Durante las investigaciones, se declaró sospechosos a 12 ciudadanos letones (siete hombres y cinco mujeres) y se reconoció como víctimas a cinco ciudadanos letones (tres mujeres y dos hombres). En 2018 se remitió para su enjuiciamiento una causa penal de explotación laboral. Entre el 1 de enero de 2017 y el 31 de diciembre de 2018, los fiscales remitieron a los tribunales para que dictaran sentencia tres casos de trata de personas en los que había cuatro acusados; dos causas penales con tres acusados en 2017 (una mujer y dos hombres) y una causa con un acusado en 2018 (véase también el anexo 11).
La Ley de Servicios Sociales y Asistencia Social y el Reglamento del Consejo de Ministros sobre procedimientos para que las víctimas de trata de personas reciban servicios de rehabilitación social prevén la prestación a víctimas de trata de servicios de rehabilitación social con financiación del Estado. También se puede proporcionar un alojamiento seguro, financiado por el Estado, a las víctimas de trata, de ser necesario. Las dos ONG que proporcionan servicios de rehabilitación social con financiación estatal a víctimas de trata, el Centro Marta y la sociedad Shelter “Safe House”, ofrecen también alojamiento seguro (se trata de un requisito importante para que las ONG puedan participar en procesos de contratación pública). Igualmente, las ONG que proporcionan servicios de rehabilitación social con financiación estatal pueden reconocer a una persona como víctima (existen tres criterios para ello, ninguno de los cuales implica que la víctima deba cooperar con la policía o testificar en un procedimiento penal). Se ofrecen estos servicios a todas las personas con condición de víctimas de trata independientemente de su edad, sexo o nacionalidad.
En relación con las medidas de concienciación en materia de salud y seguridad, los trabajadores sexuales y sus clientes son uno de los grupos destinatarios que acuden a centros de prevención del VIH. En esos centros se realizan pruebas rápidas de diagnóstico, se intercambian agujas y jeringas, se distribuyen preservativos, se dispensa la ayuda social y médica necesaria y se ofrecen consultas sobre enfermedades infecciosas y medidas de prevención. Estos servicios son gratuitos y anónimos.
Con el apoyo del Fondo Social Europeo y a fin de “mejorar la accesibilidad a los servicios de promoción de la salud y prevención de enfermedades, especialmente para personas en riesgo de pobreza y exclusión social”, el Ministerio de Salud llevará a cabo campañas de promoción de la salud sexual y reproductiva, especialmente para personas en riesgo de pobreza y exclusión social.
K.Respuesta al párrafo 17 de la lista de cuestiones
El Ministerio de Educación y Ciencia realizó importantes esfuerzos para mejorar el mecanismo de supervisión y los métodos de recopilación de datos a fin de obtener información precisa sobre la educación de la infancia romaní; por ejemplo, en 2016 administró un cuestionario sobre sus oportunidades educativas.
Se ofrecen los siguientes datos sobre los niños romaníes en el sistema educativo: hay 900 estudiantes romaníes en programas de enseñanza general, de los que 322 son niñas. Un total de 65 niños romaníes siguen programas de educación preescolar y 698 niños romaníes siguen programas de educación primaria (de primer grado a noveno grado). Hay 33 estudiantes romaníes en programas de educación secundaria (10º grado a 12º grado) y 65 estudiantes en programas de formación profesional (turismo, actividades artesanales, etc.). Se imparten actividades adicionales de capacitación al 21,4 % de los estudiantes romaníes.
En los párrafos 39 y 41 se proporciona información sobre los estereotipos de género y la reforma educativa; en los anexos 14 a 17 se ofrecen datos estadísticos.
L.Respuesta a los párrafos 18 y 19 de la lista de cuestiones
Las Directrices sobre Empleo Inclusivo para 2015-2020 contemplan la ejecución de varias actividades concretas. Por ejemplo, en las Directrices se dispone la prestación de apoyo a desempleados de larga duración y la ayuda al emprendimiento social, se promueve el empleo de los trabajadores de más edad, se facilita la integración de las personas con discapacidad, se las alienta a entrar en el mercado de trabajo y se proporcionan servicios de mentoría para esas personas, y se dispone que se ofrecerán empleos subvencionados para personas desempleadas. Las políticas activas del mercado de trabajo, en particular la capacitación dirigida a personas desempleadas, han tenido efectos positivos en el mercado laboral. Los participantes en sesiones de formación académica (destinadas a desarrollar aptitudes concretas y reconocidas oficialmente) y no académica (destinadas a desarrollar aptitudes más generales, como idiomas o competencias en tecnología de las comunicaciones) experimentaron un aumento de sus posibilidades de encontrar trabajo y su remuneración. Si bien los resultados variaron en función del género, la edad y la asistencia social recibida, prácticamente todos los participantes se beneficiaron de las sesiones. Además, la combinación de formación y otras políticas activas del mercado de trabajo para personas desempleadas, especialmente las medidas de apoyo a la movilidad regional, aumentó la eficacia de las medidas. Por último, la evaluación de mitad de período concluyó que se había facilitado la participación de la población en el empleo y la incorporación al mercado de trabajo se había vuelto más inclusiva, en particular respecto de la reducción del desempleo de los grupos en riesgo de exclusión social y gracias a la aplicación selectiva de políticas activas del mercado de trabajo. Las sesiones de formación profesional y formación no académica destinadas a desempleados registrados se imparten con un sistema de cupones. En los cupones se especifica el tipo de formación para el que pueden ser utilizados y su valor, que refleja la duración de la formación. Los cursos pueden ser impartidos por proveedores de formación acreditados privados o públicos.
Desde 2017, los trabajadores, incluidos aquellos con un nivel educativo bajo, tienen la oportunidad de aumentar sus competencias profesionales y su competitividad participando en un proyecto de mejora de las competencias profesionales de los empleados. El proyecto se centra en la formación profesional para adultos, el desarrollo profesional y los planes de estudios no académicos. También permite evaluar las competencias profesionales adquiridas fuera del sistema educativo formal por personas de más de 25 años, incluidas aquellas con un nivel de educación bajo, y ofrece actividades educativas en sectores profesionales con escasez de mano de obra o en los que los recursos humanos superan la demanda. Se proporciona un apoyo prioritario a los trabajadores de grupos sociales de riesgo. Con objeto de promover la participación de trabajadores en riesgo de exclusión social, se ofrece apoyo adicional durante las sesiones de formación, como interpretación en lengua de señas y asistencia para personas con discapacidad. Además, se ofrece apoyo a la movilidad regional para trabajadores en situación de pobreza o con bajos ingresos. Cuando finalice el proyecto, el 31 de diciembre de 2022, se prevé que 36.000 personas se habrán beneficiado de él.
A fin de promover, prolongar y mejorar la calidad de la participación de los trabajadores de edad en el mercado de trabajo, se están poniendo en marcha políticas activas dirigidas a personas de más de 50 años, como actividades de concienciación sobre la tendencia al envejecimiento de la sociedad y la mano de obra, a fin de aprovechar el máximo tiempo posible el potencial de esos trabajadores evaluando sus conocimientos, aptitudes y estado de salud, impartiendo formación y oportunidades de aprendizaje permanente, adaptando los lugares de trabajo e introduciendo modalidades flexibles de trabajo.
La integración en el mercado de trabajo de las personas con discapacidad sigue siendo un reto, debido en gran medida a los estereotipos de los empleadores y el sistema educativo. La Agencia Nacional de Empleo ofrece un amplio abanico de políticas activas del mercado de trabajo, como subsidios salariales u orientación especializada para grupos destinatarios. En respuesta a recomendaciones de la OCDE, se planea estudiar la posibilidad de diferenciar el programa de subsidios de empleo para personas con discapacidad en función del grado de discapacidad evaluada o de su capacidad de trabajo. El número de personas con discapacidad sigue aumentando cada año, al igual que su proporción (véanse los anexos 18 a 25).
El 1 de abril de 2018 entró en vigor la Ley de Empresas Sociales, cuyo objeto es mejorar la calidad de vida y promover el empleo de grupos en riesgo de exclusión social, creando un entorno propicio para las empresas sociales.
La Inspección Estatal del Trabajo recibe denuncias sobre violaciones del principio de igualdad de trato. En 2016 la Inspección Estatal del Trabajo estudió 34 denuncias por diferencia de trato en las relaciones laborales. En tres casos los hechos alegados se confirmaron en su totalidad y en ocho casos se confirmaron parcialmente. Con objeto de prevenir las violaciones y en función de su gravedad en cada caso, los funcionarios de la Inspección Estatal del Trabajo impusieron multas administrativas, formularon observaciones orales, emitieron avisos y dispusieron la obligación de prevenir violaciones. Las penas se impusieron por violación de los artículos 32 (anuncios de empleo discriminatorios) y 7 (violación del principio de igualdad del derecho a trabajar y de condiciones laborales) del Código del Trabajo.
En 2017 la Inspección Estatal del Trabajo examinó 31 denuncias por diferencia de trato y posible discriminación, entre ellas dos denuncias por supuesta discriminación por razón de género, cuatro por diferencia de trato por cuestión de edad y una por diferencia de trato debido a una discapacidad. En otros 24 casos se denunció diferencia de trato por razones distintas (por acoso laboral por parte de un jefe o acoso laboral en general, por exigir conocimientos de ruso, por solicitar fotos, etc.). En tres de los casos las alegaciones se confirmaron en su totalidad, en cinco casos se confirmaron parcialmente y en 23 no se confirmaron. En respuesta a esas denuncias, los funcionarios de la Inspección Estatal del Trabajo impusieron multas y sanciones administrativas o decidieron poner fin a los procedimientos abiertos por infracción administrativa.
En 2018 la Inspección Estatal del Trabajo examinó 28 denuncias por diferencia de trato. En tres de los casos las alegaciones se confirmaron en su totalidad y en seis casos se confirmaron parcialmente. Sobre la base de las infracciones detectadas, los funcionarios de la Inspección Estatal del Trabajo impusieron multas administrativas por violación de los artículos 7, 29 y 60 (relativos al principio de igualdad del derecho a trabajar y de condiciones laborales) del Código del Trabajo.
Durante los cinco primeros meses de 2019, la Inspección Estatal del Trabajo ha examinado 42 denuncias por diferencia de trato y posible discriminación, 15 de ellas relacionadas con requisitos inaceptables de conocimientos de idiomas. Tras examinar las denuncias se ha determinado que no se han producido infracciones que hayan generado una responsabilidad administrativa.
M.Respuesta al párrafo 20 de la lista de cuestiones
Se hará una evaluación integral de las Directrices sobre Salud Pública para 2014-2020 después de su aplicación. En 2016 se realizó una evaluación de mitad de período de las Directrices que demostró una mejora de muchos indicadores relativos a la salud maternoinfantil, como la mortalidad de niños menores de 1 año, la proporción de embarazadas fumadoras o la mortalidad causada por el síndrome de muerte infantil súbita.
La vacunación es una medida eficaz para prevenir y controlar la propagación de enfermedades prevenibles mediante este método. En general, la cobertura de vacunación infantil es alta (más del 90 %) y la morbilidad debida a enfermedades prevenibles mediante vacunación es baja. Según la evaluación de mitad de período, la cobertura de vacunación de niños menores de 7 años aumentó un 2 % con respecto a 2013 (95 % en 2013, 97 % en 2016). La cobertura de vacunación de adolescentes contra la difteria, el tétanos y la poliomielitis aumentó un 2,1 % con respecto a 2013 (91,4 % en 2013, 93,5 % en 2016).
En 2016 el Ministerio de Salud y el Centro para la Prevención y el Control de Enfermedades organizaron una campaña informativa de concienciación sobre la vacunación contra la difteria (“Vacunarse es protegerse”) para adultos haciendo hincapié en las vacunas periódicas de refuerzo como medio de protección a largo plazo. Como consecuencia de la campaña, el número de adultos vacunados contra la difteria aumentó un 49,2 % con respecto a los tres años anteriores. Gracias a la campaña de vacunación contra el virus del papiloma humano 2017-2018, la cobertura de vacunación de las niñas de 12 años aumentó alrededor de un 10 %.
La cobertura de vacunación de niños y personas de edad contra la gripe estacional aumentó en el período examinado en la evaluación de mitad de período. Gracias a las campañas periódicas de vacunación contra la gripe estacional, el número de personas en distintos grupos de riesgo que recibió una vacuna reembolsable contra la gripe aumentó en casi un 65 % con respecto a los tres años anteriores. El número de embarazadas vacunadas contra la gripe aumentó de forma importante (se multiplicó casi por diez con respecto a las dos temporadas de gripe anteriores combinadas). La vacuna se incluye a partir de la temporada de gripe 2019-2020 en el calendario de inmunización de los niños de entre 6 y 24 meses y las embarazadas.
Se ofrece a todas las mujeres acceso a abortos legales y sin riesgos con cargo al presupuesto estatal cuando hay razones médicas para ello. El Plan de Mejora de la Salud Maternoinfantil para 2018-2020, aprobado con objeto de mejorar la salud en este ámbito y reducir la mortalidad materna y de niños menores de 1 año, proporciona a las mujeres de los grupos más desfavorecidos acceso a la anticoncepción con cargo al presupuesto estatal. Cabe destacar que el número de abortos provocados ha disminuido. La tasa de abortos provocados en 2017 era de 9,3 por 1.000 mujeres, y de 8,8 en 2018.
N.Respuesta al párrafo 21 de la lista de cuestiones
Letonia ha aumentado el acceso al tratamiento antirretrovírico para personas con un CD4 inferior a 200 células por mm3 y ha adoptado un enfoque de “diagnóstico y tratamiento”. Cualquier persona infectada por el VIH puede recibir tratamiento antirretrovírico; no existe ninguna limitación, al prescribir el tratamiento, sobre el nivel de linfocitos CD4.
Según datos estadísticos, 596 mujeres seropositivas recibieron tratamiento antirretrovírico en 2015, 710 en 2016, 871 en 2017 y 1.008 en 2018. En 2018 se registraron 326 nuevos casos de VIH y en 2017, 371 nuevos casos. En enero de 2019 había registradas en Letonia 5.635 personas seropositivas, de las que 1.909 eran mujeres. Sobre la base de los datos de un estudio de 2018, se calcula que hay 7.400 personas seropositivas en Letonia, lo que significa que unas 1.800 personas no saben que están infectadas por el VIH.
Desde agosto de 2019 se ofrece, en los centros de prevención del VIH, un nuevo servicio de apoyo para personas que en sus pruebas de diagnóstico rápido sobre el VIH o la hepatitis B reciben un resultado positivo. Ese apoyo se materializa en información sobre atención sanitaria y servicios sociales, compañía al acudir a una consulta médica y explicación de la necesidad de seguir un tratamiento antirretrovírico, entre otros. La ONG “DIA+LOGS” proporciona estos servicios con el apoyo del Centro de Prevención y Control de Enfermedades.
El Hospital Universitario de Riga Este ofrece a las personas infectadas por el VIH un servicio de apoyo al cumplimiento del tratamiento prestado por personal cualificado que puede ofrecer asesoramiento complementario sobre la necesidad de seguir un tratamiento antirretrovírico, la correcta utilización de los productos medicinales y los riesgos asociados con el seguimiento o la falta de seguimiento del tratamiento antirretrovírico; este personal también puede ayudar a organizar las consultas médicas de seguimiento.
La atención médica dispensada a mujeres infectadas por el VIH y mujeres que viven con el sida no está centralizada en un solo hospital. Cualquier médico especialista en enfermedades infecciosas financiado por el sistema sanitario estatal puede proporcionar tratamiento contra el VIH en cualquier centro médico. Históricamente, las personas infectadas por el VIH suelen acudir al Hospital Universitario de Riga Este a recibir atención médica debido a que en ese hospital se concentran los especialistas más experimentados y a su gestión avanzada y metodológica del tratamiento contra el VIH. Sin embargo, los pacientes también acuden, por ejemplo, al Hospital Universitario Clínico Pauls Stradiņš y el Hospital Regional Daugavpils.
Con respecto a los programas relacionados con el VIH/sida mencionados en el párrafo 187 del informe periódico, el Plan de Acción para la Eliminación de la Infección por el VIH, las Infecciones de Transmisión Sexual y la Propagación de la Hepatitis B y C (2018 a 2020) es ahora el documento de planificación de políticas aplicable.
La red de centros de prevención del VIH no es homogénea; son los municipios o las ONG los que organizan la labor de esos centros y proporcionan asistencia en sus instalaciones. Por su parte, el Centro de Prevención y Control de Enfermedades ofrece apoyo metodológico, formación y suministros (jeringas, preservativos, pruebas rápidas de diagnóstico, material informativo, desinfectantes). También existen servicios móviles de reducción del daño que ofrecen pruebas rápidas de diagnóstico, distribución de jeringas y preservativos, así como consultas en los lugares en los que se concentran los grupos de riesgo, y que cuentan con vehículos con equipo especial y personal capacitado. Esos servicios dependen de varias ONG.
O.Respuesta a los párrafos 22 y 23 de la lista de cuestiones
En lo que respecta a penas relacionadas con matrimonios fraudulentos, se dictaron ocho condenas penales contra 22 personas en total en aplicación del artículo 2852 del Código Penal (“Ofrecer, de forma dolosa, la posibilidad de conseguir el derecho a residir legalmente en la República de Letonia, otros Estados miembros de la Unión Europea, el Espacio Económico Europeo o la Confederación Suiza”). Se condenó a tres personas a penas de privación de libertad de 5 años y 2 meses, 6 meses y 4 meses, respectivamente. Se condenó a una persona a 6 meses de privación de libertad y deportación de la República de Letonia. Se condenó a ocho personas a penas de privación de libertad con condena condicional de 3 años y 6 meses, 3 años, 1 año y 6 meses, 2 años (dos personas) y 6 meses (dos personas). Se condenó a siete personas a realizar trabajos comunitarios durante entre 260 y 60 horas. Se impusieron multas a tres personas (5.590 EUR en un caso y 4.730 EUR en los otros dos).
El Tribunal Constitucional de Letonia, haciendo referencia a la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, ha reconocido que el concepto de “familia” debe interpretarse de forma amplia y no únicamente como una relación basada en el matrimonio y que engloba también las relaciones familiares de facto en los casos de personas que conviven fuera del matrimonio. Por consiguiente, el Tribunal Constitucional de Letonia ha establecido que el Estado debe proteger a cualquier familia.
De conformidad con el artículo 25044 del Código de Procedimiento Civil, pueden solicitar medidas de protección temporal contra la violencia los cónyuges o excónyuges; las personas con un vínculo paternofilial, de tutela o de atención extrafamiliar, existente o pasado; las personas con relaciones de parentesco o afinidad; las personas que residan o hayan residido en un mismo hogar; las personas que tengan o estén esperando un hijo en común, independientemente de que hayan estado casadas o hayan convivido alguna vez; y las personas entre las cuales exista o haya existido una relación personal estrecha o íntima. Se ofrece protección contra la violencia a cualquier persona necesitada sin excepción de ningún tipo (por ejemplo, pueden optar a esas medidas los integrantes de uniones de personas del mismo sexo).