Distr.GENERAL

CCPR/C/95/Add.1218 de agosto de 2000

ESPAÑOLOriginal: INGLÉS

COMITÉ DE DERECHOS HUMANOS

EXAMEN DE LOS INFORMES PRESENTADOS POR LOS ESTADOS PARTESDE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 40 DEL PACTO

Cuarto informe periódico que los Estados Partes debían presentar en 1994

Adición

RUMANIA*

Información adicional al cuarto informe periódico de Rumania sobre la aplicacióndel Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos

Artículo 2

1.En las Decisiones Nº 729, de 24 de Octubre de 1996 y Nº 69, de 15 de Abril de 1997 el Tribunal Constitucional declaró inconstitucional el párrafo 3 del artículo 332 del Código de Procedimiento Penal que permite la discriminación entre condenados o entre condenados y otras partes interesadas, por ser contrario al artículo 128 de la Constitución (sobre el derecho a interponer recurso).

2.Mediante sus decisiones Nº 463, de 13 de noviembre de 1997 y Nº 25, de 10 de febrero de 1998 el Tribunal Constitucional declaró inconstitucionales las disposiciones del párrafo 4 del artículo 86 y del párrafo 4 del artículo 81 del Código de Procedimiento Penal, para evitar toda discriminación injusta entre condenados por motivos de riqueza.

3.El Defensor del Pueblo (el Ombudsman), establecido de conformidad con la Constitución de Rumania, desempeña la mayor parte de las funciones asignadas tradicionalmente a un ombudsman de derechos humanos. En la Constitución se establecen, de manera concisa, los principios básicos relativos al Ombudsman: su función, estructura, nombramiento, competencias, y su relación con el Parlamento y las autoridades públicas. Sus facultades y los medios de que dispone para ejercerlas ser rigen mediante una Ley del Parlamento, a saber, la Ley Nº 35/1997. De conformidad con las disposiciones de la Ley, la institución debe proteger los derechos y las libertades de los ciudadanos en las relaciones con las autoridades públicas. La intención de los legisladores era facultar al Ombudsman sólo en relación con la administración pública.

4.Los casos que incumben a la jurisdicción del Ombudsman corresponden actualmente a las esferas siguientes: los procedimientos administrativos en los casos de restitución de tierras o la propiedad de viviendas; las pensiones y los beneficios sociales; los derechos de los ex presos políticos y de las víctimas del régimen totalitario: la protección especial a los discapacitados, la protección de antiguos empleados como consecuencia de los despidos colectivos efectuados a raíz de la reorganización de empresas de propiedad del Estado; la protección de los niños necesitados; la vivienda social: violaciones de los derechos del consumidor por empresas de propiedad del Estado; la policía: la detención preventiva y el encarcelamiento de los presos: los derechos de los solicitantes de asilo y de los refugiados.

5.El jefe de la Oficina del Ombudsman es nombrado por el Senado por un período de cuatro años; puede ser reelegido una sola vez.

6.El Ombudsman tiene dos auxiliares que le ayudan a administrar las diferentes esferas de actividad de la institución. Son nombrados por el Ombudsman con el acuerdo del Comité Jurídico del Senado.

7.El Ombudsman actúa sobre la base de denuncias pero la institución también puede actuar de oficio. Las peticiones sólo podrán ser presentadas por particulares, sin discriminación por motivos de ciudadanía, edad, sexo, filiación política o religión. Las peticiones deberán presentarse por escrito. El solicitante deberá presentar pruebas de la demora o negativa de la autoridad pública en cuanto a la solución de su caso.

8.El Ombudsman tiene derecho legal a ordenar investigaciones, a examinar, a escuchar y pedir declaraciones. Puede dirigirse al Fiscal General o al Consejo Superior de la Magistratura, de conformidad con sus competencias. Como consecuencia de sus actividades, puede formular recomendaciones destinadas a las autoridades públicas, señalando las ilegalidades y pidiendo a la autoridad pública causante de la ilegalidad que enmiende o anule la disposición administrativa, que repare los daños y que restablezca a la persona interesada que haya resultado lesionada en consecuencia. En casos de corrupción o de ilegalidades graves el Ombudsman también puede remitir informes a los Presidentes de las Cámaras del Parlamento o al Primer Ministro.

9.El Ombudsman es independiente en sus relaciones con las autoridades públicas y no las sustituye. Las autoridades públicas ayudan al Ombudsman a cumplir sus deberes.

10.El Ombudsman y sus actividades están supeditados a la vigilancia del Parlamento. El Ombudsman debe presentar informes a ambas Cámaras del Parlamento cada año o a solicitud del Parlamento. Estos informes incluyen recomendaciones sobre las modificaciones de la legislación rumana o cualquier tipo de medidas relativas a la protección de los derechos humanos y las libertades.

11.El Ombudsman se ha transformado en una de las instituciones más importantes, comparable a la de otros países democráticos, fundada en la protección de los derechos humanos y el imperio de la ley.

12.En relación con las reclamaciones relativas a edificios nacionalizados, en la decisión Nº 1/1998 de la Corte Suprema de Justicia se establece que las instancias del Poder judicial tienen competencia para decidir la restitución de esos edificios. Así, se anuló la decisión anterior Nº 1/1995 de la Corte Suprema por la que se declaraban incompetentes las instancias en estos casos de derecho.

13.Asimismo, en el artículo 6 de la Ley Nº 213/1998 sobre el régimen jurídico de la propiedad pública se establece la competencia de los tribunales de derecho para solucionar todas las reclamaciones de los antiguos propietarios de edificios que hayan sido nacionalizados.

14.El Departamento para la Protección de las Minorías Nacionales redactó varios proyectos de ley relativos a la restitución de los bienes inmuebles, a saber:

La Ordenanza de Emergencia Nº 21/1997 sobre la restitución de bienes inmuebles pertenecientes a la comunidad judía;

Las Ordenanzas de Emergencia Nº 13/1998 y Nº 83/1999 sobre la restitución de bienes inmuebles pertenecientes a la comunidad de ciudadanos miembros de minorías nacionales;

La Ordenanza de Emergencia Nº 112/1988 sobre la restitución de bienes inmuebles pertenecientes a las confesiones religiosas de las minorías nacionales.

Artículo 3

15.La presentación del marco legislativo por el que se garantiza "a hombres y mujeres la igualdad en el goce de todos los derechos civiles y políticos enunciados en el presente Pacto" se actualizó en el cuarto informe de Rumania presentado a la secretaría del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer en diciembre de 1998.

16.El mecanismo público para el adelanto de la mujer (establecido en 1995) elaboró dos proyectos de ley que se están debatiendo actualmente en el Parlamento de Rumania, a saber, el proyecto de ley sobre la igualdad de oportunidades para hombres y mujeres y el proyecto de ley sobre la licencia de paternidad.

17.El proyecto de ley sobre la igualdad de oportunidades garantiza la igualdad de oportunidades de hombres y mujeres en todas las esferas de actividad de la vida social y establece la obligación de las autoridades públicas de adoptar medidas para que se cumplan estas disposiciones legales. En el proyecto de ley se define la discriminación directa e indirecta por motivos de sexo y se prohíbe su manifestación en las relaciones laborales, los sueldos, la concesión de derechos sociales, la formación profesional y los ascensos. En el proyecto de ley sobre la licencia de paternidad se promueve el principio de la responsabilidad compartida de los padres en las cuestiones familiares y la crianza de los hijos.

Artículo 8

18.El 3 de agosto de 1998 Rumania ratificó el Convenio Nº 105 (1957) de la Organización Internacional del Trabajo relativo a la abolición del trabajo forzoso. Así, Rumania pasó a ser Parte en todos los convenios básicos de la OIT.

Artículo 9

19.Mediante su decisión Nº 60/1994 el Tribunal Constitucional declaró inconstitucionales las disposiciones del artículo 149 (primer párrafo) del Código de Procedimiento Penal si se interpretaba en el sentido de que la duración de la detención durante el juicio podría exceder de 30 días sin necesidad de una ampliación. El Tribunal Constitucional llegó a la conclusión de que la duración de la detención de una persona acusada no podía exceder de 30 días y que en caso de que expirara este período durante el juicio, el Tribunal podría prorrogarlo a lo sumo 30 días más, tras una verificación ex oficio de su necesidad.

20.La decisión Nº 45 del Tribunal Constitucional, de 10 de marzo de 1998, tiene que ver con el derecho a la repatriación de toda persona detenida o encarcelada ilegalmente.

21.En el Decreto Ley Nº 118/1990, publicado nuevamente en septiembre de 1990 como la Ley Nº 63/1996, se establece una de las medidas indemnizatorias de las personas encausadas o detenidas por motivos políticos, que hayan estado hospitalizadas en establecimientos psiquiátricos o que hayan sido sometidas a detención domiciliaria o forzosamente desplazadas. Así, por cada año de detención, encarcelamiento, hospitalización abusiva o deportación, se pagará cierta suma a título de indemnización.

Artículo 10

22.A principios de 1999 el Ministerio de Justicia elaboró un proyecto de ley sobre la ejecución de castigos y medidas preventivas que sustituirá a la Ley Nº 23/1969. Un aspecto novedoso del proyecto de ley es el establecimiento del principio de los regímenes penitenciarios diferenciados, es decir, la detención cerrada, la detención parcialmente abierta y la detención abierta. El régimen penitenciario se establece de conformidad con el grado de peligro social que supone el delito, la sentencia, los antecedentes penales, la edad, el estado de salud, la respuesta al programa de rehabilitación, etc... Además, en el proyecto de ley se prevé el derecho a interponer quejas contra el juez ejecutor.

Artículo 12

23.En la Ley Nº 15, de 12 de abril de 1996, sobre el estatuto y el régimen de los refugiados en Rumania se estipula, entre otras cosas, el derecho de los refugiados a establecerse en Rumania, a tener una residencia y a circular libremente, de conformidad con la legislación sobre los extranjeros.

Artículo 13

24.En mayo de 1997 Rumania ratificó el Convenio Europeo de Extradición, así como los Protocolos adicionales primero y segundo de este instrumento jurídico.

25.De conformidad con la Ley Nº 15/1996 sobre el estatuto y el régimen de los refugiados en Rumania, los refugiados no podrán ser expulsados o devueltos salvo por razones de seguridad nacional u orden público. En estos casos, los refugiados no podrán ser devueltos a países donde su vida o su libertad estén peligro.

Artículo 14

26.La Decisión Nº 486 del Tribunal Constitucional, de diciembre de 1997 tenía que ver con la interpretación del derecho de acceso a la justicia. En ella se estimaba inconstitucional el artículo 278 del Código de Procedimiento Penal, según el cual toda queja contra medidas adoptadas por un fiscal sólo podrá ser resuelta por una fiscalía de categoría superior, en tanto que la ley no contempla ninguna forma de apelación de esta solución. El Tribunal Constitucional decidió que toda medida adoptada durante un juicio penal también está sujeta al control de las instancias judiciales.

27. El derecho a acceder a un tribunal de derecho se define también en el artículo 2 de la Ley Nº 142/1997, en el que se estipula que toda persona puede apelar a la justicia para defender sus derechos, libertades e intereses legítimos. Ninguna ley puede impedir el ejercicio de este derecho.

28.La Ley Nº 142/1997 introdujo varias enmiendas y adiciones a la Ley Nº 92/1992 (Ley orgánica del Poder judicial) en relación con la autoridad judicial. En el nuevo artículo 1 se estipula que la autoridad judicial consiste en los órganos judiciales, el Ministerio Público y el Consejo Superior de la Magistratura.

29.El artículo 19 de la Ley Nº 92/1992 fue modificado sobre la base de recomendaciones de las organizaciones internacionales, como sigue:

"El Consejo Superior de la Magistratura y el Ministro de Justicia velarán por el respeto de la independencia de la justicia.

El Ministro de Justicia es responsable de la debida organización y el buen funcionamiento de la justicia como servicio público. A tal efecto el Ministro de Justicia es informado por jueces inspectores de los tribunales de apelación sobre el funcionamiento de las instancias y cualesquiera hechos que podrían comprometer la calidad del trabajo y la aplicación de las leyes y los reglamentos en las circunscripciones de los tribunales de apelación.

Los presidentes y vicepresidentes de los tribunales efectuarán comprobaciones de la calidad del trabajo y del respeto de las leyes y los reglamentos en los servicios que pertenecen a los tribunales que dirigen y en los tribunales que forman parte de sus circunscripciones.. Los Presidentes de los tribunales de apelación también ejercen ese derecho por conducto de los jueces-inspectores de esos tribunales.

Las comprobaciones efectuadas no podrán conducir en ningún caso a injerencias en el desarrollo de los procedimientos en curso ni a una nueva vista de las causas ya juzgadas. No se considera una injerencia el ejercicio de las atribuciones que confiere la ley al Ministro de Justicia en lo que respecta a las vías judiciales de recurso."

Los derechos del Ministerio de Justicia en relación con los métodos de apelación se justifican por la necesidad de garantizar una interpretación uniforme y el cumplimiento de la ley en todo el país.

30.En relación con el progreso logrado en la esfera de la autoridad judicial, también hay que señalar que en virtud de la Ley Nº 89/1996 se enmendó el párrafo 2 del artículo 129 de la Ley Nº 92/1992 (Ley orgánica del Poder judicial). Para evitar ampliaciones del plazo durante el cual puede otorgarse a los jueces el estatuto de inamovibles, en el artículo único de la Ley Nº 89/1996 se estipulaba que los jueces de los tribunales deberían ser nombrados por el Presidente de Rumania hasta el 30 de octubre de 1996, y que, en consecuencia, serían inamovibles desde ese momento. En la actualidad, todos los jueces de los tribunales de Rumania, salvo los pasantes, son inamovibles.

31.Para garantizar el derecho a un juicio equitativo, el artículo 330 del Código de Procedimiento Civil que permite la utilización en todo momento del procedimiento de cancelación de una apelación de una sentencia irrevocable fue enmendado por la Ley Nº 17/1997, que establece un plazo máximo de seis meses para este procedimiento.

32.Además, mediante las decisiones Nº 463/1997 y Nº 25/1998 del Tribunal Constitucional, se declararon inconstitucionales el párrafo 4 del artículo 81 y el párrafo 4 del artículo 86 del Código Penal, relativos a la suspensión condicional o la suspensión supervisada de la ejecución de las penas. Así, se decidió que la obligación de la persona condenada a reparar un daño que no había creado o producido en la medida en que lo alegara la parte lesionada era contrario al derecho a un juicio equitativo consagrado en la Constitución y en los convenios internacionales.

33.La Ley Nº 141/1996 introdujo una serie de enmiendas al Código de Procedimiento Penal. Mediante la modificación del apartado 6) del párrafo 1 del artículo 385 se introdujo un nuevo motivo de apelación, a saber, la situación en que se hubiera celebrado un juicio en ausencia de un acusado cuya presencia era obligatoria.

Artículo 17

34.En el artículo 4 de la Ley Nº 74/1996 relativa a las telecomunicaciones se estipula:

"1.Los proveedores de servicios de telecomunicaciones y su personal velarán por la confidencialidad de cualquier información acerca de los usuarios de las telecomunicaciones... Está prohibido interceptar las conversaciones o comunicaciones realizadas por teléfono, telégrafo o cualesquiera otros medios de comunicación, y la facilitación de información al respecto.

2.Las conversaciones o comunicaciones realizadas por cualesquiera medios de comunicación podrán ser interceptadas sólo en los casos previstos por la ley, por los órganos autorizados por la ley, con una autorización expedida por un fiscal nombrado por el Fiscal General de Rumania o por el Primer Fiscal adscrito al Tribunal de Apelación."

35.Por otra parte, en el artículo 4 de la Ley Nº 83/1996 sobre los servicios postales se estipula que: "El secreto de las cartas, los telegramas y otros despachos está garantizado por la ley. Toda persona que ejerza actividades en las oficinas de correos velará por la confidencialidad de la correspondencia y otros despachos. Está prohibido violar la correspondencia u otras formas de correo, o revelar su contenido".

Artículo 18

36.La libertad de los padres de asegurar la educación religiosa y moral de sus hijos, de conformidad con sus convicciones, se refleja en el artículo 9 de la Ley Nº 84/1995 sobre la educación. En él se estipula que "El programa académico de la enseñanza primaria, general, secundaria y profesional incluye la religión como materia básica. La asistencia a las clases de religión será de conformidad con el culto religioso o confesión".

37.El artículo 15 de la Ley Nº 15/1996 sobre el estatuto y el régimen de los refugiados contiene disposiciones sobre el derecho de los padres a decidir la educación de sus hijos.

Artículo 24

38.En la Ley Nº 108/1998 se prevé la protección de los niños en situaciones difíciles. Con miras a proteger los intereses de los niños en situaciones difíciles pueden adoptarse las medidas siguientes:

a)Confiar al niño a una familia, a una persona o a un órgano autorizado privado;

b)Colocar al niño en adopción;

c)Confiar al niño provisionalmente a un órgano público especializado;

d)Colocar al niño con una familia o una persona;

e)Colocar al niño en una institución pública especializada o un órgano privado especializado;

f)Someter al niño a un tratamiento de emergencia;

g)Colocar al niño con una familia asistida.

La selección de una de las medidas mencionadas se hará teniendo presente el principio de la continuidad razonable, en la educación del niño, con su origen étnico, religioso, cultural o lingüístico.

39.En la Ley Nº 120/1997 se reglamenta otro aspecto de la protección del niño. En el artículo 1 de la Ley se estipula: "el derecho de las mujeres garantizadas en virtud del seguro social del Estado o del sistema de seguridad social para agricultores, y de las mujeres que son trabajadoras militares, a una licencia para atender a sus hijos, distinta de la licencia de maternidad, durante 112 días conforme a las normas vigentes." En el artículo 2 se estipula que "el período de licencia para atender a sus hijos hasta los dos años de edad se tiene en cuenta para el cálculo de la antigüedad en el trabajo." Un detalle novedoso en la legislación rumana, conforme al artículo 6 de la Ley Nº 120/1997, es que "cualquiera de los progenitores del niño puede acogerse a título facultativo de las disposiciones de la ley".

40.La Ley Nº 61/1993 sobre las prestaciones estatales para menores de edad se refiere a los menores de hasta 18 años de edad (incluidos los niños discapacitados). Este instrumento jurídico fue completado por la Ley Nº 261/1999, en la que se estipula la concesión de prestaciones estatales también a jóvenes mayores de 18 años, hasta la conclusión de la escuela secundaria o de la escuela profesional. También se concede la prestación estatal para menores a los hijos de ciudadanos extranjeros y de residentes apátridas, si residen en Rumania acompañados de sus padres. Así, en 1998, se concedió una prestación estatal a 5,1 millones de niños (por un total de 4 billones de lei).

41.Con miras a asistir a las familias numerosas, en la Ley Nº 119/1997 se prevé una prestación adicional para las familias con dos o más hijos. En 1998 recibieron la prestación adicional 1.133.070 familias con hijos (por un total de 764.000 millones de lei).

Artículo 25

42.De conformidad con la Ley Nº 27/1996 sobre los partidos políticos (art. 5), "ninguna persona puede ser obligada a pertenecer o no pertenecer a un partido político", y "la adquisición o pérdida de la condición de miembro de un partido político no genera prioridades o limitaciones con respecto a los derechos de los ciudadanos".

43.En 1996, tras las elecciones parlamentarias, distintas personas pertenecientes a minorías nacionales obtuvieron 40 escaños en la Cámara de Diputados y 11 escaños en el Senado.

44.En cuanto a las elecciones locales, muchas personas pertenecientes a minorías nacionales resultaron elegidas para las estructuras administrativas locales en calidad de alcaldes o consejeros de las comunas y condados:

La Unión Democrática de los Magiares de Rumania (UDMR) - 2.445 consejeros locales, 4 vicepresidentes de consejos de condado;

El Foro Democrático de los Alemanes - 889 consejeros locales, 4 consejeros de condado, 5 alcaldes;

El Partido Romaní - 137 consejeros locales, 21 consejeros de condado, 1 alcalde;

La Unión de los Ucranianos - 21 consejeros locales, 2 consejeros de condado;

La Unión de Serbios – 21 consejeros locales, 1 consejero de condado, 1 alcalde;

La Unión de los Rusos Lipovanos - 34 consejeros locales, 4 consejeros de condado, 1 alcalde;

La Unión Democrática de Eslovacos y Checos - 27 consejeros locales, 2 alcaldes;

La Unión Democrática de Tártaros Musulmanes Turcos - 10 consejeros locales, 1 consejero de condado.

45.Dos personas pertenecientes a minorías nacionales han sido nombradas prefectos y ocho subprefectos.

46.En la actualidad, la Unión Democrática de Magiares de Rumania está representada a nivel gubernamental por el Ministro de Salud, el Ministro nombrado por el Primer Ministro para las minorías nacionales, el Secretario General Adjunto del Gobierno y el Secretario de Estado del Departamento para la Protección de las Minorías Nacionales.

Artículo 27

47.En 1997, de conformidad con las disposiciones de la Ordenanza gubernamental Nº 17/1997, se creó el Departamento para la Protección de las Minorías Nacionales. Este nuevo Departamento funciona como una dependencia del Gobierno de Rumania bajo la supervisión del Primer Ministro. El Jefe del Departamento, el Ministro designado por el Primer Ministro para las minorías nacionales, es miembro del Gobierno.

48.Las principales atribuciones del Departamento son:

Elaborar proyectos de ley y otros documentos legales en su esfera de actividad;

Aprobar proyectos de ley y documentos legales sobre las minorías nacionales conforme a las recomendaciones del Consejo de las Minorías Nacionales;

Vigilar la aplicación de documentos nacionales e internacionales sobre la protección de las minorías nacionales;

Supervisar la aplicación unitaria de las disposiciones legales sobre la protección de las minorías nacionales por parte de las autoridades públicas;

Recibir y examinar quejas de instituciones, organizaciones y órganos en relación con cualesquiera actos de la administración local que sean contrarios a los derechos de las minorías nacionales, y comunicar el punto de vista legal;

Establecer y desarrollar contactos con organizaciones gubernamentales o no gubernamentales del país o del extranjero y con organizaciones internacionales para las minorías nacionales;

Promover y organizar programas sobre la preservación, expresión y desarrollo de la identidad étnica, cultural, religiosa y lingüística de las minorías nacionales;

Realizar cualesquiera otras tareas encomendadas por el Gobierno o el Primer Ministro.

49.En el seno del Departamento para la Protección de las Minorías Nacionales, la Oficina Nacional para los Romaníes funciona como una organización específicamente encargada de iniciar, apoyar y coordinar actividades en favor de los romaníes.

50.Para dar cumplimiento a las disposiciones de la Ordenanza gubernamental Nº 17/1997, se creó el Comité Interministerial para las Minorías Nacionales, órgano consultivo en el que participa un representante de cada uno de los ministerios y departamentos siguientes:

Departamento para las Minorías Nacionales;

Ministerio de Educación Nacional - Departamento para las Minorías Nacionales;

Ministerio de Cultura - Departamento para las Minorías Nacionales;

Ministerio del Trabajo y la Protección Social;

Ministerio de Relaciones Exteriores - Departamento para los Derechos Humanos y el Consejo de Europa;

Ministerio de Justicia;

Ministerio de Salud;

Ministerio de Defensa Nacional;

Ministerio de Agricultura y Alimentación;

Ministerio del Interior;

Ministerio de Obras Públicas y Administración Municipal;

Departamento para la Relación con el Parlamento;

Secretaría de Estado para Asuntos Religiosos;

Departamento para la Integración Europea;

Departamento para la Protección de la Infancia.

51.De conformidad con la Ordenanza gubernamental Nº 459/1998, se creó el Subcomité para la Minoría Romaní, encargado principalmente de elaborar una estrategia específica para la protección de la minoría romaní.

52.Las competencias principales del Comité Interministerial son:

Apoyar al Departamento para Protección de las Minorías Nacionales en la realización de sus actividades, proporcionándole la información necesaria;

Contribuir a una estrategia uniforme para la protección de las minorías nacionales;

Publicar informes anuales sobre la aplicación de las disposiciones de la Convención Marco sobre la Protección de la Minorías Nacionales y otros documentos internacionales a los que Rumania se ha adherido así como los programas nacionales relativos a la protección de las minorías nacionales.

53.El Parlamento está debatiendo un nuevo proyecto de ley sobre la administración pública y el régimen general de autonomía municipal, destinado a enmendar la Ley Nº 69/1991. Algunas disposiciones de este proyecto de ley atañen especialmente a las minorías étnicas:

En las dependencias territoriales administrativas donde las personas pertenecientes a una minoría nacional representan más del 20% de los habitantes, estos ciudadanos también pueden usar su idioma materno para dirigirse a los representantes de la administración pública local;

Los nombres de esas localidades y las instituciones públicas sometidas a su autoridad podrán traducirse también al idioma materno de la minoría respectiva.

54.La Ley de Educación Nº 84/1995 fue modificada mediante la Ordenanza gubernamental Nº 36/1997, que introdujo nuevas disposiciones relativas al derecho de las minorías nacionales a recibir instrucción en su idioma materno:

"Artículo 46

1)El idioma y la literatura rumanos se enseñan en las escuelas primarias de conformidad con programas y libros de texto escolares especialmente concebidos para las minorías respectivas. En las escuelas de enseñanza general y secundaria los programas y libros de texto escolares de idioma y literatura rumanos son los mismos que se emplean en las clases en las que se imparte la instrucción en rumano.

2)En las escuelas primarias la historia y la geografía de Rumania se enseñan en los idiomas maternos sobre la base de los mismos programas y libros de texto escolares que se emplean en las clases en las que se imparte la instrucción en rumano, con la obligación de garantizar la transposición y asimilación de la toponimia de los nombres propios rumanos en el idioma rumano. En las escuelas de enseñanza general y secundaria, la historia y la geografía de Rumania se enseñan sobre la base de los mismos programas y libros de texto escolares que se emplean en las clases en las que se imparte la instrucción en rumano. Los exámenes de historia y geografía de Rumania se darán en el idioma materno.

Artículo 48

1)En la enseñanza universitaria pública podrán establecerse secciones, grupos, colegios superiores y facultades en los que se imparta la enseñanza en el idioma materno previa solicitud y de conformidad con la presente Ley. En este caso, se garantizará la asimilación de la terminología especializada en idioma rumano. Previa solicitud y de conformidad con la ley, podrán establecerse universidades multiculturales. El idioma de instrucción se establecerá de conformidad con la ley.

2)Las personas pertenecientes a minorías nacionales tienen el derecho a fundar y administrar sus universidades privadas de conformidad con la ley.

3)Se alentará a las instituciones de enseñanza superior con estructuras y actividades multiculturales a promover unas relaciones y una integración interétnicas armoniosas, tanto a nivel nacional como a nivel europeo."

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