Con el objetivo de asegurar un proceso amplio y participativo de elaboración y respetando el cometido de “preparación de los informes periódicos de Uruguay ante el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (Comité CEDAW), que se le encomendó a través de decreto presidencial, a la Comisión Interinstitucional para Cuestiones de Género en el Ámbito Internacional, la redacción de este informe periódico se enmcarcó en este espacio. El que funciona desde el 2004 y se integra por un amplio espectro de organismos públicos y organizaciones de mujeres y feministas y es co-coordinado por el Ministerio de Relaciones Exteriores y el Instituto Nacional de las Mujeres. Asimismo, este proceso contó con el aporte de otros organismos estratégicos para la tarea.
Para este proceso de redacción se contó con el apoyo de ONUMujeres, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y la experta integrante del Comité CEDAW, Sra. Line Bareiro.
El Informe se estructuró en función de cada una de las recomendaciones planteadas y los artículos de la convención donde se registraron avances.
Recomendación (Párrafo 11)
Se informa que aún no se ha incorporado el concepto de discriminación hacia las mujeres en el régimen jurídico nacional. El Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) elaboró un anteproyecto de ley de igualdad de género para mejorar la legislación en esta materia: establece garantías y mecanismos orientados a la exigibilidad de los principios y derechos establecidos en la ley, articula los diferentes instrumentos legales que están dispersos en la legislación y fortalece la institucionalidad de género en el país y el rol de rectoría del Inmujeres, regulando y ampliando sus cometidos, así como la redefinición del papel y competencias del actual Consejo Nacional de Género (CNG) y la consolidación de las Comisiones de Género en el Estado.
El anteproyecto incorpora el concepto de discriminación establecido por la CEDAW, y extiende el concepto a las discriminaciones por razones de género, discriminación directa e indirecta y discriminaciones múltiples.
El mismo ha sido difundido, presentado y validado en diferentes ámbitos (Conferencia Nacional de Género, así como con otros organismos públicos y de la sociedad civil) y será presentado en la próxima legislatura (2015-2020).
Recomendación (Párrafo 13)
En el marco de la implementación del Plan Nacional de Lucha Contra la Violencia Doméstica, se realizaron cinco Encuentros Nacionales con las Comisiones Departamentales de Lucha contra la Violencia Doméstica (cuatro en 2009 y uno en 2013), con el objetivo de fortalecer el entramado institucional departamental y descentralizar la implementación del citado Plan, a los que participaron todas las instituciones integrantes del Consejo Nacional Consultivo de Lucha contra la Violencia Doméstica (CNCLVD). También se brinda capacitación de manera continua a funcionarios/as de los organismos que integran el CNCLVD, dentro de los cuales se encuentra el Poder Judicial (PJ) y el Ministerio Publico y Fiscal (MPF), para la prevención, detección e intervención en situaciones de Violencia de Género (Cuadros 1 y 2). Además se realizaron acciones de capacitación en materia de violencia basada en género (VBG), en el marco del Primer Plan Nacional de Igualdad de Oportunidades y Derechos entre hombres y mujeres (PIODNA).
Desde 2011 el PJ realiza un Seminario de Capacitación en derechos humanos (DDHH) dirigido a magistrados/as fiscales y judiciales en actividad, de 21 horas de duración, que incluye las relaciones de género, DDHH y normativa internacional. También tiene incorporado un curso de DDHH al programa de formación inicial destinado a aspirantes a la magistratura, el cual a partir 2015 incorpora DDHH específicos de las mujeres. En los últimos años se han realizado actividades de sensibilización en género y DDHH (Cuadros 3 y 3.1). Por otra parte, en el ámbito de la Comisión de Género creada en 2014 por Fiscalía de Corte, se realizó una Videoconferencia Nacional sobre Género dirigida a fiscales y se elaboró un seminario de capacitación completa para 2015. El Centro de Estudios Judiciales (CEJU) ha realizado una campaña sobre derechos y administración de justicia en la escuela primaria.
Recomendación (Párrafo 15)
La ley de participación política contempla medidas especiales de carácter temporal (Anexo ley Nº 18.476), la que fuera presentada en informe complementario de 2012. Esta disposición será aplicada durante el proceso electoral 2014-2015, lo que establece un marco temporal extremadamente reducido para la generación de cambios en la participación política de las mujeres. Se presentó un proyecto de ley para la extensión del período de aplicación de esta disposición que está en trámite parlamentario.
La ley Nº 19.122 y su Decreto reglamentario Nº 144/014 establecen medidas especiales de carácter temporal durante 15 años como la reserva del 8% de los puestos de trabajo por año, a ser llenados por personas afrodescendientes en los Poderes del Estado, el Tribunal de Cuentas, la Corte Electoral, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, los Gobiernos Departamentales, los Entes Autónomos, los Servicios Descentralizados y las personas de derecho público no estatal. Para ello, también determina que se incorpore la perspectiva de género en el llenado de tales vacantes.
Se incorporaron medidas especiales para las mujeres en dos programas enmarcados en el Plan de Equidad de 2007, en materia de empleo protegido dirigidos a la población en situación de vulnerabilidad: el Programa “Uruguay trabaja” (ley Nº 18.240) y su modificación en la ley 19.149, que habilita la definición de medidas especiales para grupos con dificultades de empleabilidad —jóvenes, mujeres, afrodescendientes, transexual y personas con discapacidad—. Para cada año participaron alrededor de 70% de mujeres. (Cuadros 4 y 5). Otro de los programas que favoreció la inserción laboral femenina a través de medidas especiales es el Programa Objetivo Empleo, tal como fuera presentado en informe intermedio de 2012.
La ley de empleo juvenil Nº 19.133 promueve y amplía las oportunidades de inserción laboral para personas en situación de vulnerabilidad social: jóvenes entre 18 y 24 años, mujeres, afrodescendientes, transexuales y jóvenes con baja calificación a través de medidas especiales, tales como experiencia laboral en empresas privadas, primera experiencia laboral para egresados/as, mayores subsidios para jóvenes vulnerables socioeconómicamente, primera experiencia laboral en el Estado (50% mujeres, 8% afrodescendientes, 4% personas con discapacidad y 2% transexuales), práctica formativa en empresas, etc. El decreto reglamentario está pendiente de aprobación.
En 2012 se creó el Programa “Yo estudio y trabajo”, iniciativa interinstitucional para fortalecer el vínculo entre el mundo educativo y el mundo del trabajo. Es coordinado por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) y co-ejecutado con el Instituto Nacional de la Juventud (INJU) del Ministerio de Desarrollo Social (MIDES) e Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional (INEFOP). El objetivo del mismo es ofrecer una primera experiencia laboral formal a jóvenes estudiantes de 16 a 20 años, generando habilidades básicas para desempeñarse en el mercado laboral. A partir de la tercera edición del programa (2014) se incorporaron las medidas especiales de carácter temporal para la población afro, trans, mujeres y con discapacidad para el departamento de Montevideo.
En 2012 se creó el Programa “Uruguay Crece Contigo” para atender las necesidades de niños y niñas menores de 4 años en situación de vulnerabilidad. Es un programa que establece una medida especial para la protección de la maternidad y la primera infancia. Su objetivo general es construir un Sistema de Protección Integral a la Primera Infancia, con el fin de garantizar el desarrollo integral de los niños y las niñas y sus familias, comenzando por la protección a la mujer embarazada, desde una perspectiva de derechos, equidad, igualdad de género, justicia social y desarrollo humano integral. Para ello combina acciones de carácter universal y focalizado (Cuadros 6 y 7).
Recomendación (Párrafo 17)
En el año 2007 se aprobó la ley de promoción de la Igualdad de Oportunidades y Derechos entre hombres y mujeres (ley 18.104 de 2007) y el decreto reglamentario que aprobó el PIODNA; el texto legal creó, además, el Consejo Nacional Coordinador de Políticas Públicas de Igualdad de Género, que es un órgano presidido por el Inmujeres e integrado por representantes de todos los Ministerios, del Congreso de Intendentes, de la Suprema Corte de Justicia, de la Universidad de la República (UdelaR) y representantes de cuatro organizaciones de la sociedad civil (la central única de trabajadores, las cámaras empresariales, mujeres rurales y organizaciones feministas), tal como fuera señalado en el informe de 2007.
En el marco de la Reforma Social, eje central del modelo de desarrollo impulsado desde 2012 para mejorar el acceso y la universalidad de las prestaciones sociales con foco en la justicia social, el MIDES realizó un proceso de reforma que simplificó y racionalizó la estructura organizativa manteniendo seis Direcciones Nacionales, dentro de las cuales se incluye al Inmujeres. Este proceso de reestructura implicó un desafío para el entramado de las políticas de desarrollo social del Estado uruguayo. Para el Inmujeres esta nueva formulación conllevó a la reafirmación de sus funciones, visión y misión, permitiendo profundizar en su rol de rectoría en la conducción, promoción, regulación y contralor de la política de género en el Estado uruguayo.
Desde el Inmujeres se profundizó en el fortalecimiento del rol rector mediante diferentes estrategias:
Promoción de la creación de diversos mecanismos institucionales para el avance de los derechos de las mujeres y la articulación con los mismos, tales como comisiones de género, comités de Calidad con Equidad de Género, redes de género u otras formas, enmarcados en convenios interinstitucionales.
Capacitación sistemática al funcionariado público sobre género y no discriminación y otras temáticas conexas.
Apoyo para la elaboración, implementación y seguimiento de planes de acción dirigidos a incorporar la perspectiva de género en las políticas públicas y la gestión organizacional.
Promoción de la incorporación de la perspectiva de género en el presupuesto nacional.
Procesamiento y análisis de información con perspectiva de género a través de un Sistema de Información de Género (SIG) propio que pone a disposición de diversos actores político-institucionales, organizaciones sociales y público interesando información estadística rigurosa para apoyar la toma de decisiones y el diseño de políticas públicas que incorporen la perspectiva de de género.
Elaboración y difusión de publicaciones sobre temas específicos (toma de decisiones, medición de la pobreza, mujeres afrodescendientes, trabajo- empleo, uso del tiempo, entre otros).
Apoyo e incidencia para el diseño e implementación de legislación y políticas de promoción y defensa de los derechos de las mujeres en diferentes espacios interinstitucionales, ejerciendo la Presidencia del CNG, el CNCLVD, la Coordinación de la Mesa Interinstitucional de Combate a la Trata de Mujeres con Fines de Explotación Sexual, de la Mesa de trabajo sobre Mujeres Privadas de Libertad e integrando la Comisión Tripartita de Igualdad de Oportunidades y Trato de en el Empleo (CTIOTE), la coordinación conjunta con la Cancillería de la Comisión Interinstitucional para cuestiones de género en el ámbito internacional, integrando la Comisión Asesora de Salud Sexual y Reproductiva, la Comisión Nacional de Sida, la Comisión Muerte Materna y el Consejo Sectorial de Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) del Gabinete Productivo.
Para el logro de sus objetivos, el Inmujeres ha desarrollado actividades financiadas, tanto con fondos presupuestales como con fondos de organismos de cooperación internacional. Es importante señalar que Inmujeres no es una Unidad Ejecutora, por tanto, no cuenta con presupuesto propio ni con la potestad de ejecutar el presupuesto asignado por MIDES, sin la autorización correspondiente.
Al momento de la creación de Inmujeres (2005) los fondos provistos por la cooperación internacional representaban alrededor del 50% del total de fondos ejecutados en los primeros 3 años y en los años siguientes paulatinamente el MIDES fue asumiendo con fondos presupuestales los diferentes proyectos que se venían desarrollando desde la Institución. El Inmujeres ha desarrollado en los últimos años una gran capacidad de ejecución manteniendo la tendencia creciente de los niveles de ejecución del total de los fondos asignados por el MIDES. El presupuesto de Inmujeres del año 2013 se vio afectado por el proceso de reestructura ministerial; la creación de la Dirección Nacional de Desarrollo Social, como unidad ejecutora, aglomeró los programas que ejecutaban todas las otras unidades En consecuencia, los servicios especializados de atención a mujeres en situación de violencia doméstica (VD) y de trata en Montevideo y el interior del país, que dependían de la División de Violencia Basada en Género del Inmujeres, se trasladaron a dicha unidad ejecutora, lo que implicó una reducción significativa en la asignación y ejecución presupuestal, así como también de los recursos humanos que conformaban el Inmujeres. Según lo expuesto, se puede observar una disminución de los fondos ejecutados en el 2013 respecto a los períodos anteriores, como consecuencia de la reducción del presupuesto de la División de VBG de aproximadamente un 80% de su monto total (Cuadros 8 y 9).
Por último, es de destacar la creciente incorporación de recursos humanos que desempeñan sus funciones en los distintos dispositivos territoriales de los departamentos, faltando aún la cobertura en 4 de los 19 departamentos del país.
Recomendación (Párrafo 19)
Desde el CNCLVD y el Sistema Integral de Protección a la Infancia y Adolescencia contra la Violencia (SIPIAV) en 2012 se realizaron propuestas para el proyecto en estudio del Código Procesal Penal y el Código Penal, dentro de las que se puede señalar la propuesta para penar la violación en el matrimonio o concubinato con o sin declaración judicial; los avances en materia de VD, acoso sexual, abuso sexual, así como la eliminación de condicionantes que expresan estereotipos de género en el ámbito penal.
El proyecto de Código Penal fue presentado en Cámara de Representantes en el mes de diciembre de 2014, como resultado de fuertes presiones institucionales y de organizaciones de mujeres y feministas, se decidió remitir el proyecto a Comisión para la consideración de los reparos planteados. En este proyecto se identificó la ausencia de incorporación de los aportes antes señalados, así como también la incorporación del título de “Protección de vida intrauterina” para el articulado que regula el aborto por fuera de la ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo y la preservación de los delitos sexuales bajo el título “Delitos contra las Buenas Costumbres y el Orden de Familia”, entre otros aspectos.
Recomendación (Párrafo 21)
Sobre el trabajo para la eliminación de estereotipos de género, el Canal Televisión Nacional de Uruguay elaboró un Código de Ética que incluye, entre otros temas, el tratamiento de la violencia de género, la discriminación, el tratamiento de temas referidos a la identidad de género y orientación sexual, así como la autorregulación de los contenidos, y la promoción de la participación igualitaria entre los sexos en el medio de comunicación.
El Ministerio de Turismo y Deportes (MTD) aplica la directiva de evitar el uso sexista de la imagen femenina en las campañas publicitarias de destinos turísticos y en los materiales promocionales institucionales del MTD.
El Plan Ceibal ha facilitado la difusión de contenidos con perspectiva de género y no discriminatorios. Desde 2013 se coordina con Inmujeres para el desarrollo de herramientas informáticas para estos dispositivos.
El Programa Lenguaje Ciudadano, de la Dirección Nacional de Impresiones y Publicaciones Oficiales (IMPO), en conjunto con el Ministerio de Educación y Cultura (MEC) y la Cámara de Representantes del Uruguay, propone fomentar el conocimiento de las leyes por medio de su traducción a un lenguaje simple. Su principal propósito es difundir los instrumentos normativos a través de una comunicación sencilla y eficaz. En uno de sus componentes, se desarrolla una campaña de información pública sobre legislación nacional referida a DDHH en formato audiovisual y con subtítulos, con soporte en televisión, web, radio y vía pública.
Inmujeres ha realizado un conjunto de campañas de comunicación, de difusión de derechos y contenidos teóricos y conceptuales. En particular, se puede señalar las campañas de difusión para la erradicación de la discriminación de género y étnico-racial, “¿Sabemos cómo hablamos?”, dirigido a escuelas.
En diciembre de 2014 se aprobó la ley de servicios de comunicación audiovisual. Inmujeres y organizaciones feministas han contribuido a la promoción de la incorporación de la perspectiva de género en sus contenidos y regula aspectos de la forma de propiedad de los medios de comunicación, la gestión de los contenidos, los mensajes publicitarios, las modalidades de comunicación, la protección a la infancia, entre otros.
Se realizó una campaña de difusión de derechos y trabajo decente con énfasis en los/as jóvenes, a través de MIDES, INJU y MTSS llamada “Mismos Derechos”; tuvo una cobertura nacional durante 3 meses y se dirigió a jóvenes y empleadores/as. Buscó instalar en la agenda y opinión pública la temática de trabajo decente joven desde un enfoque de derechos, género y diversidad étnico-racial. También se desarrolló un proyecto educativo interinstitucional (INJU-MIDES, Banco de Previsión Social (BPS), MEC, MTSS, y la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) con el apoyo de la Organización Internacional del Trabajo (OIT)), que tuvo por objetivo incorporar la temática de trabajo decente en el sistema educativo formal a través de materiales didácticos y formación para docentes de centros educativos de enseñanza media del país.
Inmujeres realizó una campaña de difusión y promoción de la Ley N° 18.561 de Acoso Sexual a través de afiches y dípticos, que fueron distribuidos a todo el territorio nacional a través de las referentes territoriales de género de Inmujeres, así como a través de la articulación interna con los mecanismos de género de los distintos Ministerios y Empresas Públicas, fundamentalmente el MTSS, incluyendo un díptico y una guía de procedimiento para el abordaje de las situaciones de acoso sexual en el trabajo.También se realizó un importante conjunto de acciones para la sensibilización y capacitación acerca de la legislación y los derechos.
El Ministerio del Interior (MInterior) creó una comisión para elaborar una Guía de Lenguaje Inclusivo, destinada a la producción de comunicados y llamados y en los Formularios de Toma de Denuncia del inciso. Se capacitó en la aplicación de esta guía y sobre el abordaje periodístico de calidad y con enfoque de derechos sobre la temática de violencia que afecta o involucra niñas/os y adolescentes, especialmente la explotación sexual al personal de las áreas de Prensa y Relaciones Públicas de las Jefaturas de Policía de Montevideo y Canelones y de la Unidad de Comunicación del Ministerio del Interior.
Recomendación (Párrafo 23)
El abordaje de la problemática de la violencia contra las mujeres y niñas, niños y adolescentes, mantuvo durante años una respuesta fragmentada por sector y focalizado en la emergencia. A partir de la Ley 17.514, ya presentada en el informe de 2007, de la constitución del CNCLVD y el SIPIAV, se inició un proceso de desarrollo de políticas basadas en la interinstitucionalidad y la articulación de una red de servicios donde cada organismo (salud, seguridad, servicios sociales, educación, entre otros) actúe según su competencia y según las características de cada situación. La creación del CNCLVD ha contribuido a fortalecer y coordinar la acción pública en esta materia. Tiene por finalidad asesorar al Poder Ejecutivo en materia de su competencia, velar por el cumplimiento de la Ley Nº 17.514 y su reglamentación, diseñar y organizar planes de lucha contra la VD, promover la coordinación e integración de las políticas sectoriales de lucha contra la VD diseñadas por parte de las diferentes entidades públicas vinculadas al tema, elaborar un informe anual acerca del cumplimiento de sus cometidos y sobre la situación nacional de la VD, entre otros. Desde 2007 se ampliaron a 19 Comisiones Departamentales de Lucha Contra la VD.
En el marco del proyecto ”Uruguay unido para poner fin a la violencia hacia las mujeres, niñas y adolescentes” se elaboró la “Guía violencia basada en género y generaciones, orientaciones para la cobertura periodística”.
En este marco, el Plan Nacional de Lucha contra la VD, elaborado por el CNCLVD, ha sido un hito muy importante para generar compromisos político-institucionales hacia la implementación de esta política pública.
En noviembre de 2012 desde el CNCLVD se presentó el documento: “Medidas para un país libre de VD”, en el marco de la Estrategia por la Vida y la Convivencia presentada por el Gabinete de Seguridad. En ese marco se reconoce como problema de seguridad ciudadana la violencia vinculada al ámbito familiar y/o afectivo y que tiene como principales víctimas a las mujeres, niñas, niños y adolescentes. El documento establece tres ejes programáticos y dos transversales: Prevención, Acceso a la Justicia y Servicios de Asistencia, por un lado, y los ejes transversales de Sistemas de Información y de capacitación y formación al funcionariado público.
Se ha avanzado en la incorporación de la dimensión de discapacidad en las políticas de lucha contra la violencia de género, para lo cual el Programa Nacional de Discapacidad e Inmujeres desarrollaron materiales de difusión de derechos y prevención, algunos de los cuales fueron impresos en lenguaje braille.
El sistema de respuesta a las situaciones de VBG y generaciones ha apelado a una visión sistémica de las acciones que permita fortalecer los mecanismos interinstitucionales y la especificidad de cada sector, desde una perspectiva étnico-racial, de la diversidad sexual y la discapacidad. En este sentido se trata de una política en la que todos los actores de todos los niveles deben verse involucrados con una primera respuesta. El sistema de respuesta construido prevé las acciones de prevención, la red de servicios de atención, la rehabilitación, el acceso al sistema de justicia, los sistemas de información así como la formación y capacitación.
A partir de la Ley Nº 17.514 se ha conformado un sistema específico para el PJ, integrado por todos los juzgados de paz y letrados en materia de familia del interior del país y seis juzgados especializados en VD, para los que se han creado equipos multidisciplinarios en las capitales de todo el país, se ha impartido formación a todos/as los operadores/as, para el cual la Suprema Corte de Justicia (SCJ) ha mantenido una actitud vigilante.
Desde Inmujeres-MIDES la puesta en funcionamiento de servicios públicos de atención a mujeres en situación de VBG forma parte de la estrategia para ofrecer una respuesta integral y especializada en la temática.
Los servicios brindan asistencia psico-social y jurídica a mujeres en situación de VD y en los servicios del interior del país se brinda patrocinio en juicio. Actualmente, en el territorio nacional funcionan 18 servicios públicos y 12 dispositivos móviles de atención a mujeres en situación de VBG.
En 2011, se incorporaron a los servicios de atención, los dispositivos móviles. Estos brindan servicio de detección y primeras respuestas en situaciones de VBG. También desarrollan tareas de promoción y sensibilización a nivel comunitario para la difusión del servicio en centros urbanos, localidades y zonas rurales. Durante los años 2012 y 2013 se capacitó a todos los equipos técnicos de los servicios para la inclusión de la atención a mujeres lesbianas en situación de VD. Se proyecta para 2015 haber finalizado la cobertura a nivel nacional, completando la instalación de cada dispositivo en todos los departamentos. Al año 2012 fueron 2013 las consultas realizadas.
Sobre el componente habitacional, desde enero de 2009 funciona el Proyecto “Alternativas habitacionales transitorias para mujeres en proceso de salida de situaciones de VD” del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente (MVOTMA) y MIDES, con cobertura nacional, tal como fuera mencionado anteriormente. Entre enero de 2009 y octubre de 2013, fueron beneficiarias del programa 194 mujeres, 500 niños, niñas y adolescentes, completando un total de 694 personas.
En el Ministerio de Salud Pública (MSP) – Sistema Nacional Integrado de Salud (SNIS) desde 2007 existen 103 equipos de referencia distribuidos en todo el país en las instituciones públicas y privadas, incluyendo instituciones públicas no incluidas en el SNIS. Estos equipos son los encargados de organizar y apoyar la atención en la institución y de la asistencia directa a los casos de mayor gravedad. En los servicios de salud, según datos del año 2012, se realizó la pesquisa a 522.200 mujeres mayores de 15 años detectándose 4.090 (0,8%) en situación de VD, actual o pasada. De éstas fueron derivadas a los Equipos de Referencia en VD 1.711 mujeres.
Bajo la órbita del Instituto Nacional del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU), actualmente están funcionando 15 comités locales de recepción del SIPIAV en todo el país, que tienen por objetivo recibir, orientar y coordinar la atención de situaciones de violencia de niños, niñas y adolescentes en forma intersectorial, en el marco del modelo de protección integral. Por su parte, el INAU implementa servicios que cotidianamente atienden las situaciones de violencia que viven niños/as y adolescentes, a través de los Centros de Estudios y Derivación en cada departamento del país: la línea de atención telefónica (Línea Azul), Centros de Referencia Familiar, Casamiga y la Unidad de Atención Familiar. Por otra parte, en noviembre de 2012, se crea el Programa de Atención a Niñas, Niños, y Adolescentes Víctimas de Trata y/o Explotación Sexual Comercial. En la capital del país se dispone de un equipo preparado para el abordaje de las situaciones que se presenten. Asimismo, se han realizado convenios con organizaciones de la sociedad civil, por los cuales se brinda respuesta en cinco refugios para madres con niños/as, con una capacidad de 170 madres con niños/as; y servicios de atención específica a estas situaciones en Montevideo (4 convenios), Canelones (5 convenios) y San José (1 convenio).
El MInterior creó la Oficina Nacional de VD y Género (ONVDG) dependiente de la Policía Nacional y las Direcciones de VD y Género (DVDG) en las Jefaturas de Policías, dependientes de la Coordinación Ejecutiva, y aprobó su reglamento orgánico. Existen 34 Unidades Especializadas de VD y Género (UEVDG) en territorio y a nivel nacional, cuentan con un personal total de 426 (119 varones y 307 mujeres). El Decreto 317/2010 reglamenta la Ley Nº 18.315 de Procedimiento Policial para la Actuación en VD.
El Sistema de Gestión y Seguridad Pública (SGSP) cuenta con un módulo específico de VD, para vincular los delitos de lesiones, amenazas, violencia privada, suicidios, homicidios —entre otros— con el de VD. También ha permitido analizar, por ejemplo, el tipo y frecuencia de la violencia, factores de riesgo, red familiar y social de la víctima, registrar las medidas cautelares interpuestas por la justicia y avisar al operador/a que realice cualquier consulta al SGSP sobre el indagado. La implementación del módulo tuvo como resultado un aumento significativo del registro y captación de eventos policiales asociados a VD.
Se aprobó el protocolo de gestión de información de VD para favorecer el llenado del Módulo de VD del SGSP. Asimismo, para el registro en papel se elaboraron formularios y una ficha específica similar al Módulo de VD.
Sobre las respuestas a situaciones de alto riesgo para mujeres en situación de VD, en el marco de la Medida Nº 3 de las Medidas por la Vida y la Convivencia, se implementó la utilización de tecnologías de verificación de presencia y localización —tobilleras—, diseñadas para monitorizar personas, permitiendo el seguimiento y contralor del cumplimiento de las medidas de protección dispuestas por los Juzgados correspondientes (Especializado en VD, Penal y Juzgados Letrados) (Anexo documental 1). El Minterior capacitó y coordinó con Juzgados Penales, Especializados en VD, Defensorías y MPF para el uso de las mismas, y se coordinó con MIDES e Inmujeres para instalar Servicios de Atención a Víctimas y Ofensores, que comenzaron a funcionar en setiembre de 2013.
Desde 2013 el Inmujeres, en acuerdo con el MInterior, conformaron un equipo técnico (piloto) para un Servicio Público de Atención Especializada dirigido a las mujeres y varones ofensores que tengan dispuesta la medida de uso de “tobilleras”, para brindar asistencia psico-social. Actualmente, el Servicio está compuesto por dos equipos de atención, uno de ellos destinado al trabajo con los varones agresores y el otro destinado al trabajo con las mujeres, con la supervisión y monitoreo por parte de Inmujeres. Desde su inicio se han aplicado 280 pares de “tobilleras”, y al 31 de diciembre de 2014, hay en uso entre 80 y 90 pares en Montevideo. En 2014 se extendió a Canelones, Ciudad del Plata y San José. El PJ realizó un taller de capacitación sobre este tema en el Centro de Estudios Judiciales.
El Área Violencia de Género del Centro de Comando Unificado funciona como centro de monitoreo y en diciembre de 2013 contaba con 28 policías (Director, Subdirectora, cuatro encargados de turno y 22 operadores) de los cuales eran 15 mujeres y 13 hombres. En el 2013, fue aprobado el protocolo de actuación para esta Área.
En 2012 se creó la primer Casa de Breve Estadía (para brindar alojamiento, protección y orientación a mujeres solas y/o con hijos/as a cargo y en situación de VD con riesgo de vida inminente. La casa está situada en Montevideo, con alcance nacional, funciona todo el año y tiene una capacidad para 30 personas (hasta 12 mujeres con o sin hijos/as a cargo). Entre enero de 2012 y noviembre de 2013, 73 mujeres y 135 niños, niñas y adolescentes fueron usuarias/os de la casa.
En materia de reparación a hijos/as huérfanos de mujeres víctimas de VD, se desarrolló una prestación de seguridad social que otorga una pensión. A febrero de 2014 ascendieron a 125 prestaciones por esta causa.
En 2011 comenzó la implementación por parte del Inmujeres – MIDES, MInterior, MSP y PJ del “Programa Integral de lucha contra la Violencia de Género en Uruguay”, con el apoyo de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID). Este programa tiene entre sus resultados: diseñar una Estrategia Nacional para la erradicación de la Violencia Basada en Género, en coordinación con el CNCLVD y SIPIAV, que se orientará a instalar la VBG, como un problema estructural en la sociedad uruguaya y que avanzará hacia la consolidación de un pacto nacional para jerarquizar esta problemática.
Luego comenzó la ejecución del proyecto “Uruguay Unido para poner fin a la violencia hacia mujeres, niñas y adolescentes”, para el período 2012-2014, llevado adelante por el CNCLVD y el SIPIAV, junto al Sistema de Naciones Unidas en Uruguay, y cuenta con el apoyo de la Agencia Uruguaya de Cooperación Internacional. El enfoque central del Proyecto está orientado a prevenir, sancionar y erradicar la VBG y tiene por finalidad contribuir a la implementación de la Estrategia Nacional en VBG. Dicha Estrategia propone un modelo de atención integral que articule acciones de prevención, protección, asistencia y rehabilitación.
Durante 2013 se realizó en Uruguay la primera Encuesta Nacional de VBGG enmarcada dentro del proyecto anteriormente mencionado, en coordinación con el Instituto Nacional de Estadística (INE). Su gran aporte es el de establecer una línea de base a nivel nacional, sobre la magnitud del fenómeno de la violencia hacia mujeres, niñas y adolescentes y sus características, dado que los datos con los que cuenta el país hasta el momento provienen únicamente de denuncias, servicios de atención a la violencia o encuestas parciales. La misma constituye, además, un insumo fundamental para la producción de indicadores que contribuyan al fortalecimiento de las políticas públicas integrales para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia hacia las mujeres en nuestro país.
Indicadores sobre VD.
a)Número de procesados por homicidio: 104
b)Tasa de femicidio y/o muerte violenta de mujeres por 100.000 mujeres: 2,85
c)Número de procesados por femicidio: 19 (Fuente: Observatorio de Violencia y Criminalidad del Ministerio del Interior de 1/04/13 a 31/03/14) (Cuadros 10; 10.1; 10.2)
d)Cantidad de denuncias de violencia contra la mujer sobre cantidad total de población de mujeres:
e)Año 2009:13.352/1.708.481=0.008
f)Año 2010:12.312 /1.708.481=0.007
g)Año 2011:12.947/1.708.481= 0.008
h)La Encuesta Nacional de VBG y Generaciones, evidencia la importancia de la violencia ejercida contra mujeres y niñas, en el ámbito privado (familia, pareja) y público (social, laboral, educativo). El 68,8 de las mujeres han vivido algún tipo de VBG en algún momento de su vida (que representa más de 650.000 mujeres). Se relevó que el 45,4% de las mujeres que han tenido alguna relación de pareja a lo largo de su vida, declaran haber vivido alguna vez violencia por parte de su pareja o ex parejas; al considerar el último año, el 23,7% de las mujeres encuestadas que tienen o han tenido pareja en los últimos 12 meses, transitaron por esta situación. Según el tipo de violencia, la violencia psicológica es el tipo de violencia más frecuente (43,7%), el cual se manifiesta en forma simultánea con los otros tipos de violencia; la segunda más frecuente es la económica (19,9%), la violencia física (14,8%) y la sexual (6,7%). (Cuadro 11. “Tríptico resumen”).
Recomendación (Párrafo 25)
Tal como fue informado en la recomendación correspondiente al párrafo 19, la aprobación del proyecto de reforma del Código Penal prevista para diciembre de 2014 fue suspendida para que la Comisión tratante tome en consideración las observaciones realizadas por diversas instituciones y organizaciones entorno al proyecto. La propuesta presentada por el CNCLVD y el SIPIAV a la Cámara de Representantes incluye la penalización de la violación en el matrimonio o concubinato con o sin declaración judicial.
Recomendación (Párrafo 27)
Los juzgados que atienden en materia de Familia Especializado tienen competencia en materia de VD. En Montevideo existen seis juzgados de familia especializados; en las capitales departamentales y en Pando, Las Piedras, Ciudad de la Costa, hay sedes con competencia en Familia, que tienen a su cargo la atención de casos de VD con idénticas facultades, conformando en todos ellos equipos asesores multidisciplinarios. En centros poblados de menor población y relativamente alejados de la capital departamental, la competencia corresponde a los Juzgados de Paz actuando con “competencia de urgencia” para adoptar las primeras y más urgentes medidas, que luego remiten las actuaciones al Juzgado Letrado Departamental correspondiente. En Montevideo también existe una Defensoría Pública de Familia Especializado —que atiende casos de violencia intrafamiliar— y cuenta con trece defensores (una directora y dos defensores asignados a cada sede judicial especializada en esa materia). En el resto del país, hay treinta y cuatro defensorías en capitales departamentales o ciudades importantes que atienden todas las materias. Específicamente en materia de violencia intrafamiliar, a fines del año 2004 se crearon en la capital cuatro Juzgados Letrados de Primera Instancia de Familia Especializado y en el 2010 se crearon dos más. En el año 2011 se creó un Juzgado de Familia Especializado en Pando. Los Juzgados de Familia —excluyendo los especializados— son 51, a lo que se agregan 14 juzgados “multimateria”. En Montevideo, existen tres Fiscalías Especializadas en materia de VD que están compuestas por un/a Fiscal Nacional, un/a Fiscal Adjunto y un/a Fiscal Adscripto cada una y que trabajan ante los juzgados especializados durante las audiencias y en los expedientes que se siguen.
El PJ identifica que al tratarse de un proceso cautelar y luego ser necesario un proceso principal en otra sede judicial, se crean algunas complicaciones para las litigantes, tales como la desconexión entre las actuaciones cumplidas y decisiones adoptadas por los jueces especializados con las que luego se llevan adelante en las sedes de familia que corresponda, la división artificial del conflicto en varias causas que lleva a que se generen varios procesos que prosiguen paralelamente en forma inconexa, con duplicación de pruebas, resultado de la distribución de la competencia de los distintos juzgados. Los casos de violencia contra la mujer que llegan a las sedes penales generalmente encuadran en figuras delictivas como homicidio, lesiones, violación, abuso sexual de menores o incapaces, o explotación sexual, siendo muy baja la aplicación de la figura delictiva “delito de VD” (Ley Nº 16.707 de 12/7/95). En el ámbito penal se advierten dificultades para enfocar los hechos con perspectiva de género, dificultad que se percibe particularmente cuando se juzga la conducta de la mujer víctima o de la mujer agresora en un marco de agresión previa que hubiera dado muerte o lesionado a su agresor, y en ocasiones puntuales para juzgar casos de abuso sexual adolescente.
La SCJ en el año 2012 aprobó la Acordada Nº 7755 que significó la incorporación de buenas prácticas para los Magistrados/as que se desempeñan en los Juzgados de Familia Especializada y aquellos con competencia en la aplicación de la Ley 17.514 de todo el país. También se aprobó la Acordada Nº 7647 de 1/4/09, que recoge las “Cien reglas de Brasilia” aprobadas en la XIV Cumbre Judicial Iberoamericana.
En los Juzgados Letrados de Familia especializados en VD y CNA, tuvieron una demanda que fue de 8.025 asuntos, de los cuales 5.279 (66%) corresponden a la Ley 17.514 de VD y 2.451 al Código de la Niñez y de la Adolescencia (34%). (Cuadros 12; 13; 14). En el 80,9% de los asuntos iniciados en el año 2012 por VD existe violencia psicológica y en el 52,6% se denuncia violencia física. Se indica también que el 41,2% de los casos corresponden únicamente a violencia psicológica, el 29,9% corresponden a violencia física y psicológica, y el 17% corresponden únicamente a violencia física. La violencia sexual y patrimonial son las menos frecuentes.Si comparamos estos datos con los obtenidos en 2011 se observa que las denuncias por violencia psicológica se duplican (de 20,6% a 41,2%), aumentan las denuncias de violencia física y psicológica (de 23,6% a 29,9%) y disminuye las de violencia física a poco menos de la mitad (de 36,6% a 17%). El total no suma 100% porque existen muchos casos en que se denuncian más de un tipo de violencia conjuntamente (Cuadro 15).
La información sobre presupuesto destinado a los juzgados especializados en VD no se registra en la Contabilidad Presupuestal por oficina, sino por tipo de gasto, por lo que el PJ no dispone de estos datos desagregados.
Se han realizado mejoras edilicias en las Sedes de los Juzgados de Familia Especializada que han permitido cumplir con las exigencias que implican la separación de agresores y víctimas tanto para las esperas como para los traslados dentro de las sedes y se ha mejorado el lugar destinado para la espera de los niños y niñas. Asimismo, se han creado equipos interdisciplinarios asesores que trabajan en estas sedes que se integran con médico/a forense, psiquiatra, psicólogo/a y asistente social. En Montevideo existe un equipo con personal para trabajar en dos turnos (Cuadro 16).
Recomendación (Párrafo 29)
La Mesa Interinstitucional de combate a la trata de mujeres con fines de explotación sexual comercial es coordinada por Inmujeres desde su instalación en el año 2008. Está integrada por organismos públicos, organizaciones de la sociedad civil y organismos internacionales. Tiene por finalidad coordinar la actuación de los organismos en esta materia, identificando las competencias y los recursos institucionales existentes para abordar la temática. En 2013, desde la Mesa, se inició la elaboración de un documento de lineamientos estratégicos para la construcción de un Sistema de Protección y Asistencia a Personas en situación de Trata. Este documento fue presentado en el año 2014. En octubre de 2014 se aprobó el decreto del Poder Ejecutivo Nº588/2014 que formaliza este ámbito de trabajo y amplía sus alcances a todas las formas de trata de personas.
El servicio de atención a mujeres en situación de trata está destinado a la atención de mujeres adultas y forma parte del Sistema de Respuestas a la VBG, aumentando, respecto a su fase piloto, la cantidad de recursos humanos y las horas destinadas a la atención directa. Brinda una respuesta especializada de atención a mujeres que transiten o hayan transitado una situación de trata con fines de explotación sexual, desde una perspectiva de género y DDHH. El acceso es voluntario y tiene competencia nacional. Entre marzo de 2011 a noviembre de 2013 fueron atendidas 66 mujeres en este servicio. Según informe 2014 del Servicio, se realizó atención directa a mujeres (generando una estrategia de intervención personalizada para su recuperación integral, brindando soporte emocional, contención y patrocinio legal, salida de la crisis, re-vinculación familiar, orientación y asesoramiento socio-laboral para la reintegración social); la valoración del riesgo (acordando medidas con la mujer y si es necesario con el Ministerio del Interior, PJ y otros actores con competencia en la temática); la tramitación y regulación de documentación migratoria de personas uruguayas y extranjeras a través del Plan de respuesta rápida; la orientación y asesoramiento a familiares (tanto en la línea de la re-vinculación familiar, como en tareas de prevención y protección); la derivación y coordinación con otras instituciones; retornos voluntarios a nacionales y extranjeras (brindando información y asesoramiento). Para la prevención, Inmujeres ha desarrollado capacitaciones y sensibilizaciones, desde el año 2009 a la fecha, a lo largo del país, especialmente en aquellos departamentos de frontera. Se elaboraron herramientas para la detección y atención como el Protocolo de atención a mujeres en situación de trata con fines de explotación sexual y el Protocolo de intervención para embajadas y oficinas consulares en el exterior. El MTSS cuenta con protocolos de actuación fiscalizadora para la Inspección General de Trabajo y Seguridad Social (IGTSS). A solicitud del MTD, a través Decreto Nº 398/013 (Anexo Documental 2), los prestadores de servicios turísticos deberán realizar acciones tendientes a la prevención de la explotación sexual comercial de niños y adolescentes en la actividad turística. Dicha iniciativa se enmarca en los postulados del Código Mundial de Ética para el turismo y prevé, entre otras cosas, la adopción por parte de las empresas de un Código de Conducta relativo a la venta de niños/as, explotación sexual y utilización de niños/as en pornografía, así como la difusión de sus derechos e impedir la explotación sexual comercial, la pornografía infantil y el turismo asociado a las prácticas sexuales con niños, niñas y adolescentes; la implementación de medidas para impedir que sus dependientes e intermediarios ofrezcan servicios turísticos sexuales; realizar la denuncia de la existencia de actos relacionados con la explotación sexual a través del servicio de la línea 0800 5050, y ante las autoridades competentes; no ofrecer en sus programas de promoción turística, expresa o tácitamente, planes de explotación sexual; y facilitar la presentación de materiales para la prevención.Asimismo, más de 1000 prestadores a la fecha, tienen en sus establecimientos materiales de difusión del decreto con el lema: “Somos Empresas Responsables. Condenamos la Explotación Sexual de Niñas, Niños y Adolescentes”, también se colaboró en la ejecución y realización de otras instancias de intercambio y difusión (“CONSTRUYENDO PUENTES”, corre-caminatas, campañas publicitarias, folletería, stickers y banners).
El MInterior creó la Dirección General de Lucha contra el Crimen Organizado e Interpol (DGLCCOI), por Ley Nº 18.719 (2010) para trabajar sobre el Crimen Organizado y los delitos conexos —explotación sexual, trata y tráfico de personas, con dos Oficinas: una dirigida a la trata de personas y otra a la explotación sexual. En 2012 comenzó a funcionar dentro del MInterior, la Comisión Ministerial de trabajo para el abordaje de Trata y Tráfico de Personas, que ha trabajado hacia la elaboración de un Plan Nacional de Acción del MInterior para el periodo 2014-2015, así como un Protocolo de Investigación específico en la temática.
El MInterior impulsa la capacitación del personal en este tema, en particular a quienes trabajan en unidades operativas (Jefaturas de Policías y Crimen Organizado), unidades administrativas (Identificación Civil, Migración y Caminera), quienes tienen competencia en la temática documentación y circulación de personas a nivel nacional y en puestos de fronteras (Tabla 1).
En el marco del Proyecto “Uruguay unido para poner fin a la violencia hacia mujeres, niñas y adolescentes”, el CNLCVD y el SIPIAV, se organizó en 2014 el Seminario Internacional sobre Trata de Personas: intercambio de herramientas y experiencias comparadas desde el Sistema de Justicia, Se capacitó a 30 funcionarios/as del Poder Judicial, 30 del Ministerio Público y Fiscal y 30 del Ministerio del Interior, aparte de cupos especiales para la Sociedad Civil y los servicios de Atención del MIDES e INAU.
A partir del 2008 la ley N° 18.250 de Migración, tipifica por primera vez los delitos de trata de personas y de tráfico de migrantes tomando las definiciones establecidas por el Protocolo de las Naciones Unidas aprobado en Palermo. El art. 80 de dicha ley, hace aplicable a los denunciantes, las víctimas, los familiares y testigos en casos de trata de personas las disposiciones establecidas sobre la intervención de las víctimas en los procesos judiciales y la reparación dispuesta en la ley Nº18.026 de crímenes de guerra y lesa humanidad.
El Ministerio de Defensa ha desarrollado medidas de formación y capacitación a través del “Grupo de Trabajo de Apoyo a la capacitación y el perfeccionamiento en DDHH en el marco del desarrollo y la consolidación de la paz” para garantizar que los ciudadanos/as desplegados en las diferentes misiones de paz no permitan, faciliten ni participen de las formas graves de trata de personas.
El PJ ha realizado capacitaciones a magistrados/as, fortalecido el sistema de justicia y avanzado en las coordinaciones interinstitucionales, tal como fuera informado en informe complementario 2012 (Cuadro 3).
A nivel regional la Reunión de Ministros del Interior y Justicia del Mercado Común del Sur (MERCOSUR) ha trabajado el tema trata de personas y la explotación sexual comercial adoptando diferentes decisiones, acuerdos y declaraciones. y disposiciones (Anexo documental 3). En el marco del trabajo de la Reunión de Ministras y Altas Autoridades de la Mujer del MERCOSUR (RMAAM), se elaboró una “Guía MERCOSUR de atención a mujeres en situaciónde trata con fines de explotación sexual” (MERCOSUR/CMC/REC Nº.09/12), la Campaña MERCOSUR LIBRE DE TRATA DE MUJERES y se creó un “Mecanismo de Articulación para la Atención a Mujeres en Situación de Trata Internacional” (MERCOSUR/CMC/DEC.Nº. 32/12).
La Guía MERCOSUR busca articular las acciones de asistencia a mujeres en situación de trata internacional con fines de explotación sexual, y está integrada por elementos conceptuales y jurídicos, así como aspectos operativos para brindar una adecuada atención a las mujeres durante la intervención.
La Campaña MERCOSUR LIBRE DE TRATA DE MUJERES, es una campaña regional que tienen por objetivos la difusión de información y mecanismos de protección, así como el apoyo al funcionariado público y operadores sociales de los territorios para la detección de posibles situaciones de trata de mujeres. Los materiales están disponibles en los tres idiomas oficiales del MERCOSUR.
El “Mecanismo de Articulación para la Atención a Mujeres en situación de trata internacional”, articula la RED MERCOSUR entre los organismos que intervienen durante el proceso de atención a mujeres en situación de trata internacional en los casos que estén involucrados los países del MERCOSUR. Este mecanismo está en proceso de conformación.
Recomendación (Párrafo 31)
En el último quinquenio se ha avanzado en la adopción de medidas especiales de carácter temporal como estrategia para la reducción de las desigualdades en la sociedad. Como ejemplo puede mencionarse la ley sobre acciones afirmativas para personas afrodescendientes o la ley de participación política.
El concepto de medidas especiales de carácter temporal para las mujeres fue integrado en el ante proyecto de la ley de igualdad de género informado anteriormente.
Como fuera presentado en profundidad en el informe complementario de 2012, la ley de promoción de la participación de personas de ambos sexos en la política incorpora medidas especiales y medidas especiales de carácter temporal por única vez en las elecciones nacionales y municipales 2014-2015. Asimismo, se presentó un proyecto de ley para mantener la ley de cuotas en el periodo subsiguiente, que está en estudio en el Parlamento. En la reciente elección parlamentaria de octubre de 2014, no se registraron avances importantes en la participación de las mujeres en el Poder Legislativo, constituyendo un 17,7 % del total. Comparando los dos períodos, se evidencia que en el año 2014 se superó el doble de senadoras electas con respecto al año 2009, pasando de 4 a 9 senadoras de un total de 30. Esto representa un avance muy positivo en la medida que casi se consigue el objetivo de participación de un tercio de mujeres en esta cámara. En el caso de las diputadas, en el año 2014 fue electa la misma cantidad (15) que en el año 2009 (15) lo cual representa un retroceso en la participación de las mujeres en esta cámara, producto de que 3 diputadas resultaron electas asimismo como senadoras (Cuadros 17 y 18).
En el PJ, si bien las mujeres representan el 63% de total de altos cargos del PJ, en los espacios de más alta jerarquía están sub-representadas, tal como sucede en la Suprema Corte de Justicia, donde su representatividad es nula en la actualidad y sumamente baja a lo largo de la historia (Cuadros 19 y 20).
Los cargos de Ministros/as han sido mayoritariamente ocupados por varones (Cuadro 21). En los altos cargos en el Estado –organismos con autonomía funcional, servicios descentralizados, entes autónomos y empresas públicas-, se puede señalar que hacia 2011 representaban entre el 9% y el 29% del total de autoridades (Cuadro 22).
A nivel departamental, en promedio fueron electas el 17.8% de mujeres para integrar las Juntas Departamentales (Cuadro 23).
En el tercer nivel de gobierno se alcanzó el 25% de mujeres electas para los gobiernos municipales. Flores posee un único municipio —Villa Ismael Cortinas— y este es liderado por una mujer, y en Paysandú dos de los tres municipios tienen alcaldesas. En los departamentos de Cerro Largo, Florida y Treinta y Tres existe una representación equitativa entre varones y mujeres con un municipio para cada uno. En los restantes departamentos el número va disminuyendo. Más allá de este escenario, aún quedan ocho departamentos en los que las alcaldías son ocupadas únicamente por varones. A nivel municipal también se eligen el concejal o concejala, de carácter honorarios y se votan año a año. En esta primera elección la representación femenina fue 19%; las mujeres ocuparon 66 de los 348 puestos disputados.
Recomendación (Párrafo 33)
En la Ley General de Educación (Nº 18.437) se establece que la educación estatal se regirá por los siguientes principios: gratuidad, laicidad e igualdad de oportunidades, además de los principios y fines establecidos en la misma. El Estado brindará los apoyos específicos necesarios a aquellas personas y sectores en especial situación de vulnerabilidad, y actuará de forma de incluir a las personas y sectores discriminados cultural, económica o socialmente, a los efectos de que alcancen una real igualdad de oportunidades para el acceso, la permanencia y el logro de los aprendizajes. También establece que se estimulará la transformación de los estereotipos discriminatorios por motivos de edad, género, raza, etnia u orientación sexual, lo que actualmente se considera un desafío para el sistema educativo.
En este marco se reafirmó el derecho a la educación de todas las personas, y que la educación de los niños/as desde los 4 años hasta la educación básica media superior es un derecho y un deber de los responsables de los niños y niñas (padre, madre o tutor). Asimismo, algunos programas para la asistencia social incluyen entre las condiciones el envío de los niños/as a la educación y los controles periódicos de salud.
El Consejo Directivo Central (CODICEN) de ANEP conformó la Red de Género. En la UdelaR existe desde el año 2000 la Red Temática de Género; a instancias de la cual se comenzó a implementar el modelo de gestión de Calidad con Equidad de Género en 7 facultades, así como una comisión para la prevención y erradicación del acoso sexual laboral.
Desde el año 2007 se realizan las Jornadas de Educación y Género, en forma anual, en coordinación entre el Inmujeres y ANEP-CODICEN, dirigidas al cuerpo docente de los subsistemas educativos. El objetivo es abordar distintas temáticas desde un enfoque de género para brindar herramientas conceptuales y metodológicas para trabajar en los centros educativos (Cuadro 24). Anualmente se realizan capacitaciones en materia de VBG y derechos como modalidad de formación permanente a docentes y técnicos/as de ANEP, a través de un sistema de capacitaciones en territorio que replica los cursos realizados a nivel central, así como actividades de sensibilización en cada departamento del país. Se realizaron 5 actividades a nivel territorial en 2012 (215 participantes) y en 2013 se realizaron 14 actividades en distintos departamentos, que alcanzaron a 700 participantes.
En el 2013 se creó en la órbita del CODICEN un Grupo de trabajo interinstitucional por la equidad étnico-racial en la Administración Nacional de Educación Pública.
En materia de actividades de formación universitaria, la incorporación de la formación en género es dispar: en la Universidad de la República, desde 2012 se implementa un diploma de posgrado de género y política públicas en la Facultad de Ciencias Sociales, y en carreras de grado se implementan algunas asignaturas en ciertas facultades (Ciencias Sociales, Economía, Derecho), las cuales en su mayoría no son obligatorias. La Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales – Uruguay, realiza desde 2012 un diploma de Posgrado en Género y Política Públicas. También se destaca la incorporación al sistema educativo uruguayo del Diploma de Posgrado en Afrodescendencia y Políticas Públicas, realizado entre Inmujeres y la Facultad de Ciencias Sociales de la UdelaR y el MIDES.
Sobre el sistema educativo, puede señalarse que a los 3 y 4 años, y a los 13 y 14 años, edades de ingreso y salida de la educación básica, asisten un 3% más de hombres que de mujeres. Sin embargo, a partir de los 15 años la participación de las jóvenes es mayor que la de los jóvenes (4,9%). Dicha brecha se amplía progresivamente hasta la educación terciara. Este dato se reitera año tras año (Cuadro 25).
Luego de la educación universitaria (Cuadros 26 a 28), la educación media resultó ser el espacio con mayor participación femenina (53,8% en media básica y 54,9% en media superior). Los varones, por su parte, predominaron levemente en educación primaria e inicial (51,8% y 50,8%, respectivamente). En el nivel universitario público, a partir del Censo Web de 2012 se relevó que de los 85.905 estudiantes, el 63,8% son mujeres y el 36,2% son varones, al tiempo que a nivel de posgrado se mantiene la misma proporción entre estudiantes varones y mujeres.
En cada tramo de edad las mujeres alcanzan a culminar en mayor proporción que los hombres los respectivos niveles educativos. Esta diferencia se incrementa cuanto más elevado sea el nivel educativo y el tramo de edad considerados: primaria es culminada en proporciones muy similares por ambos sexos (97,8% y 96,3%; lo que representa una diferencia de 1,5% en favor de las mujeres). En la culminación de educación media básica, la diferencia relativa alcanzada es del 19,7% (72,6% y 58,3%, mujeres y hombres respectivamente). Por último, ellas llegan a concluir un 30,7% más la educación media superior que ellos (44,6% y 30,9%, respectivamente).
Los Centros MEC son espacios educativos y culturales, creados con el fin de facilitar el acceso a la educación, a la innovación científica y tecnológica y a servicios y productos culturales, llevando a cabo así políticas de democratización y descentralización para todos los uruguayos/as. Este proyecto busca favorecer la igualdad de oportunidades entre la ciudadanía, promoviendo la integración social y la participación ciudadana. Desde los Centros MEC se ha trabajado la dimensión de la igualdad de género a través de diferentes estrategias. El MEC aporta los contenidos educativos y culturales, de promoción de la ciencia y la tecnología, los DDHH y la alfabetización digital. A 2013, hay 123 Centros funcionando distribuidos en todos los departamentos.
Recomendación (Párrafo 35)
En términos generales, la desagregación de datos estadísticos según sexo es una acción de reciente implementación en el Estado. La ley de Presupuesto Nacional 2010-2015 (Nº 18.719) en su artículo 6 establece que “en el diseño, la elaboración, la ejecución y el seguimiento de las políticas públicas a cargo de los organismos del Presupuesto Nacional será de aplicación lo dispuesto por el artículo 2º de la Ley Nº 18.104 de 15 de marzo de 2007 y por el PIODNA”. Dicho artículo establece que el “Estado deberá adoptar todas las medidas necesarias para asegurar el diseño, la elaboración, la ejecución y el seguimiento de las políticas públicas de manera que integren la perspectiva de género”.
Sobre la inserción de las mujeres en el mercado de trabajo, entre 2007 y 2013 ha habido un aumento en la categoría de “asalariado/a privado/a” —que representa el 57,7% del empleo para 2013—, dado por un aumento mayor entre los varones (de 53,9% a 57,2%) que entre las mujeres (de 57,2% a 58,4%). Se mantiene una diferencia a favor de las mujeres entre “asalariado/a público/a” (12,7% de varones y 17,1% de mujeres). Asimismo, en la categoría “cuentapropistas sin local” la cantidad de mujeres se redujo casi a la mitad (5,2% a 3,3%); sin embargo continúan representando casi el doble de los varones (Cuadro 29).
En lo que refiere al cumplimiento del principio de “igual remuneración por trabajo de igual valor”, es un principio general que está consagrado en la legislación nacional. Uruguay ratificó el Convenio 100 de OIT adoptado por la Ley Nº 16.063 de 1989. La negociación colectiva ha sido un instrumento para reducir la brecha salarial entre hombres y mujeres. Actualmente se evalúa de forma periódica la evolución de la brecha salarial de género desde el Inmujeres y la sociedad civil.
La brecha salarial en el período 2007 y 2013 ha tendido a reducirse. Para el año 2008 —el menor guarismo de la serie—, el ingreso de las mujeres representaba el 87,3% del ingreso de los varones. En 2012 el valor alcanzó a 91,2% (el mayor registro del período) (Gráfica 1). Sobre la proporción de ingresos entre varones y mujeres por hora de trabajo en ocupación principal según años de estudio, cuando aumenta la cantidad de años de educación, aumenta la brecha de ingresos, en todo el período; para quienes tienen entre 4 y 6 años de educación, la brecha oscila entre el 83,1% en 2007 y el 79,1% en 2013; para quienes tienen entre 16 y más años de educación, oscila entre 68,9% en 2007 y 71,6% en 2013 (Cuadro 30).
En materia de segregación horizontal y vertical en el mercado de trabajo, para el año 2007 se destaca que en la categoría “profesionales científico/as” hay más del doble de mujeres que varones (6,0% varones y 14,0% mujeres), situación que es similar en la categoría de “empleados/as de oficina” (8,4% varones y 17,4% mujeres) y “trabajadores/as de los servicios” (8,3% varones y 21,3% mujeres). Esta situación se revierte para las ocupaciones de “agricultores” (8,2% varones y 1,9% mujeres), “oficiales y operarios/as” (21,2% varones y 5,7% mujeres) y “operadores/as de instalaciones” (10,8% varones y 2,1% mujeres). Al comparar con 2013, se mantiene en términos generales la misma distribución, si bien es necesario señalar el aumento de la participación en el trabajo de los “servicios” para ambos sexos (14,8% y 29,6%) y la importante reducción de la categoría “personal directivo de empresas” en general (Cuadro 31).
Estos datos permiten identificar que las características de la segmentación ocupacional de género en el mercado de trabajo en Uruguay aún está presente. Asimismo, las modificaciones que se han producido en este indicador entre 2007 y 2013 dan cuenta de un proceso de cambios que el mercado de trabajo en el país ha venido transitando, con un mayor enfoque al desarrollo de los servicios y un aumento sostenido de la actividad industrial en el país —partiendo de niveles considerablemente bajos en las décadas anteriores—.
La CTIOTE desde 2008 promueve la incorporación de cláusulas de igualdad de género en la negociación de los consejos de salarios, haciendo énfasis en la igualdad de remuneraciones para trabajos de igual valor, acceso igualitario a puestos de trabajo de calidad y capacitación, eliminación de la discriminación en la selección y promoción, garantía y protección a la maternidad y corresponsabilidad, prevención y sanción del acoso sexual y moral.
En la Quinta Ronda de Consejo de Salarios correspondiente a 2012-2013, se involucraron a 834.747 trabajadores, donde 704.051 son trabajadores formales (aportan a alguna caja de seguridad social) y 130.716 trabajadores informales (no realizan ningún tipo de aporte a alguna caja de seguridad social). En 2006 tan sólo 17 de 137 mesas de negociación incluyeron cláusulas de género en el sector privado y en el sector público sólo 3; en 2012, el 67% de las mesas acordaron cláusulas de género (122) y el 52% (95) acordaron cláusulas específicas relacionadas con el sector, diez puntos por encima de la ronda anterior (Cuadro 32). Dentro de estas cláusulas, se pueden observar beneficios del tipo: licencia maternal adicional, licencia a víctimas de VD, licencia para exámenes de próstata o día adicional para PAP, generación de opciones de guardería para los/as niños/as de los/as trabajadores/as, días libres por cuidados especiales para trabajadores/as a cargo de personas con discapacidad, entre otros.
El Programa PROIMUJER de INEFOP, tal como fuera informado en 2012, busca contribuir a reducir las inequidades vinculadas a la condición de la mujer en el acceso a la formación y el empleo, a través de la mejora de la empleabilidad y el apoyo a la inserción laboral. En 2013, participaron 707 mujeres en el programa y es importante señalar la disminución progresiva de los montos asignados al mismo entre 2011 y 2013 (Cuadros 33 al 37).
Las políticas de seguridad social desarrolladas desde 2005 a la fecha tienen como objetivo la inclusión y formalización de nuevos colectivos. Asimismo, se buscó mejorar la cobertura de las jubilaciones y pensiones. Es de destacar que el aumento de la cobertura de jubilaciones en distintas causales se ha dado especialmente en el caso de las mujeres. La ley Nº18.395 de 2008flexibiliza las condiciones de acceso al régimen jubilatorio en especial a las mujeres (Capítulo V) quienes tienen el derecho a computar un año adicional de servicios por cada hijo nacido vivo o por cada hijo que hayan adoptado, siendo éste menor o discapacitado, con un máximo total de cinco años. El cómputo ficto de un año de trabajo por hijo/a fue otorgado promedialmente entre 2009 y 2012 a 9.000 mujeres. El 57,7% de las jubilaciones de mujeres incluyeron años fictos de trabajo remunerado por hijo/a, lo que permitió que muchas afiliadas alcanzaran a conformar la causal para solicitar la jubilación. La cobertura del sistema de seguridad social en la etapa activa del trabajador/a mostró que la proporción de cotizantes en relación con la población económicamente activa aumentó casi un 16%. El incremento de puestos cotizantes de mujeres fue de 18,4%, y específicamente para las trabajadoras domésticas de 73,5% según registro de 2014. Los beneficios por desempleo destinados a mujeres entre 2009 y 2013 se incrementaron 43,6% y en especial para las trabajadoras domésticas, que aumentó a 128,5%. No obstante, se han identificado discriminaciones directas hacia las mujeres en el sistema de jubilación de capitalización individual, por el uso de tablas de expectativa de vida diferentes para ambos sexos.
Se aprueba el Convenio Nº 102 de OIT sobre normas mínimas de seguridad social, a través de la ley Nº18.609 de 2009.
En materia de derecho a la prestación de licencia maternal, paternal y lactancia, se aprobó legislación que implicó mejoras significas en materia de cuidados, licencias por maternidad y paternidad (Anexo ley Nº19.161). La ley establece un subsidio por maternidad para las trabajadoras dependientes de la actividad privada, las trabajadoras no dependientes que desarrollan actividades amparadas por el BPS y las titulares de las empresas monotributistas. Tienen derecho a cesar todo trabajo seis semanas antes de la fecha presunta del parto y no podrán reiniciarlo sino hasta 8 semanas después de producido el mismo. En ningún caso el período de descanso será inferior a 14 semanas. Instaura un subsidio por paternidad para los trabajadores de la actividad privada que cubren hasta 10 días de licencia. También prevé subsidios parentales para el cuidado de los niños/as recién nacidos, con reducción a la mitad de la jornada laboral para los padres o madres, hasta los 6 meses del recién nacido/a. En el sector público se mantiene lo establecido en el estatuto del Funcionario Público de 2012, que son 13 semanas de licencia y reducción a la mitad de la jornada laboral de 9 meses luego del reintegro de la licencia y 10 días de licencia paternal. En las empresas públicas y servicios descentralizados, se ordenan según reglamento interno. Por medio de la Ley Nº18.436 Trabajadores Públicos o Privados de que adoptan niños, se establece el derecho al régimen de medio horario (equivalente al medio horario por lactancia) posterior a la licencia para la legitimación adoptiva.
Desde 2008 Inmujeres en coordinación interinstitucional, lleva adelante la implementación de la política pública “Modelo de Gestión de Calidad con Equidad de Género” en organismos y empresas públicas y privadas. Tiene como principal objetivo promover que las organizaciones públicas y privadas incorporen en su gestión organizacional la perspectiva de género, asociada a las competencias del personal, optimizándolas con miras a incrementar la eficiencia y competitividad de las organizaciones así como la justicia social. Es una guía de carácter certificable que reconoce a las organizaciones que trabajan por la equidad de género y la incorpora a la gestión de recursos humanos, logrando así eliminar paulatinamente las discriminaciones, inequidades y brechas de acuerdo a cuatro niveles de incorporación del enfoque de género en su gestión organizacional. Cada uno de los niveles es certificado mediante auditorías anuales realizadas por instituciones competentes. Uno de sus componentes centrales prevé la realización de un diagnóstico organizacional que permite analizar la distribución de la masa salarial según sexo, entre otras dimensiones (promoviendo la disminución de las brechas salariales en las organizaciones), así como políticas y programas de corresponsabilidad.
Recomendación (Párrafo 37)
La ley de trabajo doméstico regula la duración de la jornada laboral y establece el descanso intermedio, descanso semanal, descanso nocturno, indemnización por despido e indemnización por despido especial. Establece salarios y categorías y asigna cobertura de seguro de desempleo, derecho a asistencia médica por cualquier prestador de salud, potestad de la IGTSS del MTSS de realizar inspecciones domiciliarias con orden judicial expedida por el juzgado competente.
El proceso de regulación del trabajo doméstico y la implementación de la política sobre trabajo doméstico ha tenido un fuerte avance en el último quinquenio. En 2013, 49% de quienes realizan trabajo doméstico están formalizadas en la seguridad social. En el período 2009-2013 se constató un incremento del 21,8% de trabajadoras domésticas inscriptas en el BPS.
Desde diciembre de 2013 bajo firma de un convenio entre BPS y el Banco de Seguros del Estado (BSE), se garantizó el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con el Seguro de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales. La inscripción de la trabajadora doméstica en el BPS es asociada a un seguro contra accidentes laborales que es de carácter obligatorio.
En cuanto a la fiscalización del cumplimiento de la normativa vigente, la IGTSS dependiente del MTSS realiza un programa de inspecciones de oficio en los domicilios.
A su vez, se estableció la instancia de negociación colectiva para el sector del trabajo doméstico en los Consejos de Salarios que funciona desde 2008. En ese marco se estipulan aumentos salariales, condiciones de trabajo y oportunidades de capacitación a través del Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional (INEFOP). El salario de este sector se ha incrementado en el valor hora en 98%.
En los últimos años se vienen desarrollando en forma periódica campañas de información pública y difusión de derechos, sobre la legislación y los derechos laborales, por parte del Inmujeres, el MTSS, el BPS y el IMPO. Estas campañas se realizan mayoritariamente en el mes de agosto, que se celebra en Uruguay el Día de la Trabajadora Doméstica (19 de agosto) —día libre no laborable para las trabajadoras/es domésticas/os—.
A nivel de normativa internacional Uruguay ratificó en junio de 2012 el Convenio Nº189 de la OIT sobre el trabajo doméstico, siendo el primer país en hacerlo.
Recomendación (Párrafo 39)
La construcción del SNIS (ley Nº 18.211 de 2007) ha sido uno de los principales componentes redistributivos de la matriz de la protección social. La generación de políticas públicas que garanticen a hombres y mujeres servicios de salud con un estándar establecido de calidad, así como la ampliación de algunos componentes claves como la red de atención primaria, han sido componentes sustantivos para mejorar las condiciones que garanticen un ejercicio pleno del derecho a la salud. El ingreso al SNIS ha tenido un constante aumento desde su implementación. La distribución de la afiliación al Fondo Nacional de Salud (FONASA) según sexo y tramo etario se mantiene prácticamente igual a la observada en el período anterior, con una participación femenina del 49% y masculina del 51%, y donde los afiliados de entre 20 y 40 años constituyen el grupo más numeroso. El SNIS ha incorporado más de 1.500.000 beneficiarios hasta el año 2013, lo que representa en términos relativos un incremento del 226% respecto al año 2007 (Cuadros 38 al 43).
Se realizó una reestructura del MSP que generó un nuevo organigrama ministerial que creó el Departamento de Salud Sexual y Salud Reproductiva, que depende de la División de Planificación Estratégica en Salud y de la Dirección General de Salud. El Departamento está integrado por el Programa de Salud Integral de la Mujer; ITS/SIDA; Violencia y Salud; Área estratégica de promoción en salud sexual y salud reproductiva y Área de atención del varón. El Mecanismo de Género creado por Ordenanza Nº 62/2011, formalmente no fue incluido en el organigrama del Ministerio. Es un grupo de trabajo interdireccional, conformado por representantes de las Direcciones Generales del MSP y de la Junta Nacional de Salud (JUNASA), siendo el coordinador responsable el Departamento de Programación Estratégica en Salud, eje Género.
El MSP desarrolló el sistema de metas prestacionales como una herramienta de financiamiento que tiene como finalidad contribuir al cambio del modelo de atención. En este marco, se paga a los prestadores integrales de salud por cumplimiento de “Metas” determinadas por la autoridad sanitaria, como acciones prioritarias para lograr los objetivos trazados en las políticas nacionales en salud. Las metas buscan fortalecer los procesos asistenciales que den garantía de una atención integral, accesible y efectiva de salud de la población en su conjunto, y son definidas por el MSP a través de la identificación de las tasas de eventos en salud que deben corregirse. Asimismo, opera como promotor de buenas prácticas en salud. La meta 1 está referida a la niñez y a la mujer, embarazo, lactancia, VD, control de niños/as hasta los 2 años. Esta Meta incentiva el correcto control de los/as niños/as y embarazadas, además de fomentar la realización de la pesquisa de VD. Se incorporan controles específicos del desarrollo en la primera infancia (Gráfica 2).
En materia de salud sexual y reproductiva, en los últimos años puede evidenciarse un importante desarrollo de nuevas garantías para el ejercicio pleno del derecho a la salud, salud sexual y reproductiva, y derechos sexuales y reproductivos.
La consolidación de la legislación en materia de defensa del derecho a la salud sexual y reproductiva (Anexo ley Nº 18.426) que sentó las bases del compromiso del Estado en esta materia y respaldó legalmente las políticas públicas necesarias para garantizarlos; así como la ley de interrupción voluntaria del embarazo (Anexo ley Nº18.987) y ley de reproducción asistida (Anexo Ley Nº19.167). Asimismo, la ley general de educación incorpora la educación sexual como línea transversal del Sistema Nacional de Educación.
La Ley Nº18.426 de 2008, mandató la creación de los servicios en salud sexual y reproductiva y la creación de coordinación entre el sector salud y educación a propósito de la Educación sexual (Cuadros 44). En setiembre de 2010 se reglamentó, respaldando legalmente todas las prestaciones que ya se brindaban. Es de destacar la normativa 369 de 2004 que garantizaba la atención y asesoramiento pre y post aborto a las mujeres en situación de embarazo no deseado. El sistema sanitario contribuyó de esta forma a la reducción del riesgo de vida y de salud de las mujeres en situación de embarazo no deseado en el marco de un régimen jurídico que penalizaba la práctica.
Se crearon Equipos Coordinadores de Referencia en Salud Sexual y Salud Reproductiva en todo el territorio nacional, hay 140 de ellos que están integrados por profesionales en Ginecología, Trabajo Social, Psicología, Obstetras Parteras y Enfermería, supeditando el número de integrantes al número de usuarias. Estos Equipos integran una red coordinada por el área programática de Salud Sexual y Salud Reproductiva y el Programa de Salud de la Mujer, funcionan con reuniones bimensuales y capacitación continua en modalidad semi-presencial y de carácter obligatorio. Existe en el interior del país un promedio de 3 por departamento, en Canelones y Maldonado este número es mayor debido a las zonas urbanizadas, encontrándose los restantes en el departamento de Montevideo. Los Equipos Coordinadores de Referencia coordinan y brindan servicios integrales de salud sexual y reproductiva que garantizan el asesoramiento para la interrupción voluntaria del embarazo, el asesoramiento y provisión (acceso universal y gratuito) de métodos anticonceptivos reversibles e irreversibles (ligadura tubaria, inserción del DIU), atención sexológica, entre otros. Asimismo, por su parte, los servicios de salud sexual y reproductiva proveen el control universal y gratuito del embarazo, parto institucionalizado, prevención del cáncer del cuello uterino y de mamas, a través del examen del Papanicolaou (PAP) y mamografía gratuita periódico (mujeres entre 40 y 65 años). Desde 2011 se estableció la indagación en VD de rutina como meta prestacional y la atención psicoterapéutica como parte de las prestaciones obligatorias de las instituciones del SNIS. Dentro de las disposiciones se establece la atención de las mujeres, niños y niñas en situación de violencia como grupos prioritarios.
En octubre de 2012 fue aprobada la ley Nº 18.987 Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE). La misma suspende la penalización de la interrupción del embarazo en determinadas circunstancias y bajo determinadas condiciones. El Poder Ejecutivo reglamentó esta ley mediante decreto de noviembre de 2012 y, luego de su aprobación, iniciativas contrarias a la despenalización del aborto interpusieron el recurso de referéndum a fin de derogar la misma, el cual convocó a menos de un 9% del padrón electoral, expresando con claridad la negación de la ciudadanía de refrendar la ley. En el período de diciembre 2012 a noviembre 2013, se han realizado 6.676 interrupciones de embarazo, no reportándose ninguna muerte materna por esta causa y dos complicaciones graves, una de ellas por aborto inseguro, siendo la cobertura del sistema de salud de un 40% del público y 60 % privado. De las mujeres que han sido atendidas, el 18% han sido menores de 19 años, un 82% de 20 años o más. El 6,3% de quienes consultaron por IVE finalmente continuaron con el embarazo. En cuanto a la certificación de uso de anticonceptivos luego de la IVE, fue de un promedio de 70%.
Sobre la objeción de conciencia prevista en el decreto reglamentario de la Ley de IVE, el 30% de los/as ginecólogos/as en cargos del SNIS la han solicitado, implicando dificultades importantes en el Departamento de Salto, donde todos/as los/as profesionales han objetado conciencia. Para este caso puntual se están tomando medidas específicas para superar esta importante dificultad y garantizar la accesibilidad al servicio de aborto en el departamento. Esta situación derivó en un recurso de anulación que fue presentado en 2012 ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA) para suspender 10 de los 42 artículos del decreto reglamentario de la ley acerca de la objeción de conciencia. El fallo del TCA, votado por unanimidad, dispuso la suspensión ”cautelar” para quienes interpusieron el recurso de estos artículos hasta que se adopte una decisión definitiva que se estima será el año próximo.
Cabe señalar que la Ley Nº19.167 de 2013, sobre técnicas de reproducción humana asistida fue reglamentada el 30 de octubre de 2014; facilita el acceso a los procedimientos de baja complejidad a mujeres con problemas de fertilidad. Para usuarias de la Administración de Servicios de Salud del Estado (ASSE) la prestación es gratuita y para socias de mutualistas implica un copago según se trate del primero, segundo o tercer intento. De todas formas hay una reducción del 50% de los costos en este tipo de técnicas.
El Plan Nacional de Prevención Integral del Cáncer de Cuello Uterino se estableció en Uruguay a partir de 2012. Uno de sus componentes es la vacunación contra el Virus del Papiloma Humano. En el año 2013 se incorporó la vacuna tetravalente contra el HPV (serotipos 6, 11, 16 Y 18) y se ofrece a todas las adolescentes al cumplir los 12 años.El PAP es gratuito a nivel público y privado desde el 1 de julio de 2013. Como ya fuera informado las mujeres tienen derecho a un día libre laboral al año para realizarse el PAP así como también la mamografía (Ley Nº 17.242 de 2000). A su vez, las usuarias del SNIS tienen derecho a una mamografía gratis cada dos años. El PAP es uno de los requisitos obligatorios para la obtención del carné de salud laboral.
Desde 2008 a la fecha, en todos los subsistemas educativos se implementa el programa de educación sexual, que fuera respaldado en la ley general de Educación (Nº 18.437). Los contenidos están articulados en base al ejercicio de derechos, ciudadanía, desarrollo con equidad, con calidad académica y solvencia profesional y articulación en los distintos niveles del Sistema, profundizando en la perspectiva de género y diversidad sexual. Se ha priorizado las acciones realizadas a nivel de Enseñanza Media, a través de Talleres de Educación de la Sexualidad en los Ciclos Básicos del Consejo de Educación Técnico Profesional (CETP) y Docentes Referentes en el Consejo de Educación Secundaria (CES), con Programas definidos y en marcha. En Formación Docente se ha definido la existencia de un Seminario obligatorio en el Tronco Común y un Seminario a los alumnos/as de 4º año, de carácter voluntario. Además, se ha conformado un grupo de docentes referentes en los Centros e Institutos de Formación Docente a nivel nacional, contribuyendo a la producción de conocimiento y profundización conceptual y didáctico-metodológica, ofreciendo los insumos necesarios para incrementar la calidad del proceso educativo. Desde Inmujeres se coordinó con ANEP para la edición de la “Guía para docentes en Diversidad Sexual” y la realización de curso virtual en “Género y Diversidad Sexual” a ser desarrollado en la Plataforma del Programa de Educación Sexual de ANEP. Se publicó la guía “Está bueno conversar… Educación Sexual para Familias” dirigida a las familias como un paso más en la implementación sistemática de la educación sexual en el sistema educativo uruguayo.El MInterior, en coordinación con ANEP imprimió 30.000 ejemplares para distribuirla entre su personal y a nivel de formación profesional
La Comisión Asesora en Salud Sexual y Reproductiva, como se informara en 2007, ha sufrido diferentes cambios en su composición y funcionamiento. La comisión pasó por varias situaciones debido a los cambios de Ministros/as y con las dificultades de no contar con secretaría destinada para la Comisión a efectos de dar cumplimiento a sus funciones, al tiempo que las convocatorias fueron irregulares.
Se creó en noviembre de 2006 la “Comisión nacional para el monitoreo y reducción de las muertes de mujeres por causa del embarazo, parto, cesárea, puerperio y aborto”, la cual inició su funcionamiento en marzo de 2007. Desde 2010 existe notificación activa de muerte y no muerte de mujeres por causa de embarazo, así como los ingresos a Centro de Terapia Intensiva. Se analizan las situaciones y en aquellos casos en que existió demora y luego se informa a las instituciones (Cuadro 45 y Gráfica 3).
Recomendación (Párrafo 41)
Desde 2012 se está en proceso de implementación del proyecto denominado “Hacia la Inclusión Social y el Acceso Universal a la Prevención y Atención Integral en VIH-SIDA de las Poblaciones más Vulnerables en Uruguay”; aprobado y acordado con el Fondo Mundial de Lucha Contra el Sida, la Tuberculosis y la Malaria. Está dirigido a personas travestis, transgénero y transexuales, incluyendo quienes realizan trabajo sexual, población de hombres que tiene sexo con hombres, y es extensivo a población privada de libertad. No tiene como población objetivo mujeres viviendo con VIH. Las intervenciones propuestas en el proyecto permiten fortalecer al SNIS, profundizando su enfoque integral a través de la mejora de la respuesta a la epidemia de VIH en el Uruguay y se prevé el desarrollo de servicios de salud adecuados para esta población, el fortalecimiento de organizaciones comunitarias de estas poblaciones y la promoción del compromiso multisectorial para la inclusión de los grupos objetivo, disminuyendo el estigma y la discriminación que afecta a las poblaciones más vulnerables socio-económicamente.
Inmujeres ha realizado una guía dirigida a operadores/as de políticas públicas para el abordaje del VIH desde una perspectiva de género y de DDHH. Se han editado materiales informativos destinados a técnicas/os, operadores/as y profesionales de MIDES. Inmujeres brinda capacitación sobre la temática VIH y Género a los equipos técnicos de atención directa a personas en situación de calle del MIDES. Asimismo, se realizaron, con el apoyo organizativo de Inmujeres y del MSP, cuatro Encuentros Nacionales de Mujeres con VIH en los que se comparte información y se capacita sobre los cuidados de la salud, recursos sociales y derechos de las mujeres, se favorecen espacios de encuentro y organización desde una perspectiva de género y DDHH.
El 31 de julio de 2014 el Inmujeres, en coordinación con el MSP, instaló varios dispensadores públicos de condones masculinos, femeninos y lubricante en las dependencias del MIDES, para contribuir a la prevención de infecciones de transmisión sexual y la promoción del uso del condón femenino y su acceso a bajo costo.
La evolución del VIH ha mostrado una tendencia creciente. Desde 1983, fecha en que se registró en el país el primer caso de VIH, a noviembre de 2012 se notificaron 11.492 infecciones. En los últimos 4 años, se registraron en promedio 844 casos anuales y en 2011 alcanzó a 28,5 cada 100.000 habitantes (Gráfica 4). Este fenómeno podría explicarse por el retraso en el pasaje hacia el estadio SIDA dado por las mejoras en el tratamiento terapéutico, la mayor adherencia al mismo, así como por la mayor oferta de la prueba. Es de destacar que también se ha producido una feminización de la infección. Si bien actualmente el 65,5% de los casos corresponden a población masculina y el 34% a población femenina, desde mediados de la década de los 90 se ha dado una progresiva y creciente disminución de esta relación; en el año 2011 se ha registrado un caso femenino por cada 1,5 casos masculinos.
Para el 2011, 8,6 personas fueron notificadas con SIDA cada 100.000 habitantes. La mortalidad por SIDA ha presentado un aumento sostenido hasta el año 2005 donde se ha estabilizado. En los últimos 5 años el promedio anual de fallecidos ha sido de 163 personas. La mortalidad por SIDA es fuertemente mayor para los hombres. En 2011, de los 177 fallecimientos reportados por dicha causa, el 76% correspondía al sexo masculino y el 24% al femenino (Gráfica 5 y 6).
La vía de transmisión predominante ha sido la sexual, aunque habría experimentado una tendencia descendente, cayendo 10 puntos porcentuales ubicándose en el 58,7% (Gráfica 7). La transmisión vertical del virus (madre/hijo) presenta una muy baja incidencia dentro de los posibles mecanismos de transmisión, reduciéndose del 40% en la década de 1990 a un 5% en la actualidad (Cuadro 46).
Entre las poblaciones más vulnerables se encuentran los hombres que tienen sexo con hombres, usuarios de drogas inyectables, usuarios de drogas no inyectables, trabajadores sexuales masculinos y transexuales y personas privadas de libertad. Los trabajadores sexuales masculinos y transexuales presentan una prevalencia de la infección de VIH del orden del 19,3%. La población transexual posee una tasa de infección casi cuatro veces mayor a la de los trabajadores sexuales masculinos.
Recomendación (Párrafo 43)
Acerca de las mujeres en situación de ruralidad, pueden señalarse algunos avances y desafíos en Uruguay: En materia de políticas de inclusión y aspectos de infraestructura, es de destacar que se ha avanzado en la electrificación rural, lo que ha favorecido la mejora de la calidad de vida en el ámbito rural, alcanzando la electrificación en el 98,7% del territorio nacional. En materia de acceso a agua potable en localidades de menos de 5 mil habitantes y áreas rurales sin agua potable, se redujo del 25% en 2006 a 13,8% en 2011; al tiempo que se han recuperado y equipado sistema de abastecimiento de agua a 172 escuelas y pequeñas localidades aledañas (Gráfica 8 y 9). También se desarrollaron programas de conectividad y de acceso a la telefonía en el medio rural a través de la Administración Nacional de Telecomunicaciones (ANTEL), acompañado por el impulso de la conectividad de la red CEIBAL.
Se adaptó el Programa Canasta Energética al medio rural, que es un programa piloto que busca facilitar y regularizar el acceso de las familias a los servicios de energía eléctrica, gas y agua, a través de la promoción del uso eficiente de los recursos y hábitos alimentarios saludables. El programa es liderado por la Dirección Nacional de Energía del Ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM) y el MIDES. Asimismo se priorizan las intervenciones en apoyo a programas de inclusión social para tener un acceso seguro y de calidad a los servicios energéticos que mejore la calidad de vida de mujeres y niños. Se realizó una encuesta como línea de base rural para medir impacto en dimensiones sociales a partir del acceso a la energía, aplicándose en una muestra de comunidades electrificadas a partir de la Comisión Nacional de Electrificación Rural. También se elaboró una “Guía sobre género y energía para capacitadoras(es) y gestoras(es) de políticas públicas y proyectos”, dirigido a instituciones públicas y privadas en el sector energético para incorporar la perspectiva de género en políticas y proyectos de desarrollo energético. Por otra parte, se realizaron instancias de capacitación en eficiencia energética y uso seguro de tipo comunitario, así como se promovió la participación de las mujeres en su formación como consejeras territoriales de energía y en la construcción de tecnologías simples, empoderándolas en la comunidad en un área que tradicionalmente se ha considerado como masculina.
Acerca del apoyo financiero y acceso al crédito en el medio rural, durante el período 2007-2013, el programa Microfinanzas en el marco del Área de Políticas Territoriales de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP) destinó $3.449.836 al trabajo conjunto con instituciones locales para el desarrollo productivo a emprendimientos liderados por mujeres. En este sentido, los distintos proyectos enfocados exclusivamente al apoyo de mujeres emprendedoras, implementados desde el programa Microfinanzas, alcanzaron en su conjunto un total de 342 mujeres (Cuadro 47). En marzo de 2014 se creó la División de Desarrollo Económico Local “Uruguay Más Cerca”, que desde 2014 incluye un programa específicamente destinado al apoyo a 100 mujeres emprendedoras del área metropolitana, comprendida por los departamentos de San José, Canelones y Montevideo, cuyo financiamiento es de $3.172.961 pesos uruguayos.
A nivel institucional, en la mayoría de los ministerios se han desarrollado programas o unidades específicas que atienden la forma de implementación de las políticas en la ruralidad (MIDES, Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP), MIEM, MSP, Inmujeres, entre otros). Estas unidades han permitido generar insumos e información específica acerca de las características socio-económico-productivo de las zonas rurales, e incluso diagnósticos de género. El Congreso de Intendentes plasmó en una resolución la alta prioridad que tiene el eje de la ruralidad para su gestión. Por su parte, en el Inmujeres se conformó un grupo sobre ruralidad y género que tiene como objetivo promover la inclusión de la perspectiva de género en las políticas de diferentes organismos vinculados a la ruralidad, también ha coordinado acciones frente a la Reunión Especializada de Agricultura Familiar (REAF) y la RMAAM. Ambos órganos del MERCOSUR han abordado el eje de trabajo sobre mujeres rurales. El Instituto Nacional de Colonización (INC), el MGAP y el Inmujeres están trabajando en este marco sobre el acceso a la tierra con perspectiva de género.
La ley Nº 18.441 establece la jornada laboral de 8 horas diarias del sector rural el descanso semanal y las formas de remuneración de los/as trabajadores/as. Ha significado un gran avance en la regulación del sector y las garantías a los derechos laborales. No obstante, no incorpora aspectos específicos para las mujeres trabajadoras rurales. También la negociación colectiva ha sido un elemento muy importante para el establecimiento de derechos laborales en el sector rural. Inmujeres realizó, con el apoyo de Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), una consultoría acerca de la legislación rural y las discriminaciones existentes hacia las mujeres en situación de ruralidad en 2011, con recomendaciones al respecto.
Inmujeres coordinó, en el período 2010 a 2012, el proyecto “Uruguay, hacia el país de la equidad: formación de agentes de desarrollo social desde un enfoque de género”, con el apoyo de FAO. Tuvo carácter interministerial, en el que participaron el MGAP, MIEM, MIDES. Inmujeres elaboró la metodología del Análisis Socioeconómico y de Género (ASEG) y el Modelo de Intervención Territorial desde del enfoque del Análisis Socio Económico y de Género (MIT-ASEG). Este modelo, consta de dos partes: un análisis socioeconómico que propone el estudio de los sistemas ambientales, económicos, socioculturales, demográficos y políticos que componen el contexto del desarrollo, además de sus interrelaciones; y el análisis de género que se enfoca en el estudio de los diferentes roles y funciones que desempeñan las mujeres y los varones.
Entre los impactos destacados del MIT-ASEG se puede señalar el establecimiento de cuatro Comités Departamentales de Género para el Desarrollo de la transversalidad de género para el desarrollo, el diseño de una metodología de capacitación nueva con contenidos y talleres apropiados a los tres públicos objetivos del MIT-ASEG.
Sin embargo, resta avanzar en políticas específicas destinadas a las mujeres asalariadas rurales, ya que los programas y acciones en estos períodos han estado enfocadas principalmente al fomento y apoyo al emprendedurismo femenino en el medio rural.
En relación a la salud, el MSP desarrolla el Programa Salud Rural. Si bien hay un fortalecimiento de la atención en salud de las familias y las personas del medio rural, no se especifica en los manuales de orientación la preocupación específica por las mujeres, que continúan estando aisladas y sin asesoramiento y cuidados en salud, VD, salud sexual y reproductiva, entre otros aspectos. Se ha desarrollado la estrategia de Rondas Preventivo Asistenciales (ROPAS) a través de móviles saludables con un equipo de salud y equipamiento médico y odontológico, que acercan servicios a las poblaciones rurales y abordan la necesidad de aumentar el acceso a una atención integral y de calidad a los/as pobladores del medio rural, con especial énfasis en las mujeres embazadas. El censo de efectores rurales del MSP, deja en evidencia esta brecha que es necesario reducir.
De 2.145 establecimientos de educación primaria pública distribuidos en todo el país (78 de los cuales son de educación especial y están situados en áreas urbanas), 1.131 se sitúan en el medio rural (54,7%) (6 de los cuales operan en modalidad de internado rural). A pesar de la cantidad de establecimientos, el porcentaje de matrícula rural no ha superado el 6,6% de toda la matrícula de educación primaria común (2006), con una población rural del 5,1% entre los niños de 5 a 11 años de edad, asciende al 6,2% en 2012. Para el año 2014, 1.719 maestros/as trabajaban en escuelas rurales y 20.257 niños y niñas concurrían a las mismas. En 2006, la matrícula era de 20.204 niños y niñas. También se implementa el Ciclo Básico Rural (7º, 8º y 9º grado) y se extiende entre el primer y tercer año de Educación Media y atiende a la población estudiantil egresada de primaria. El Ciclo Básico Rural ha tenido un fuerte crecimiento entre 2000 y 2003, se estabilizó hasta 2007, para volver a expandirse en 2008: alcanza una matrícula histórica de 2.028 estudiantes (aumentó 13,7%: 244 alumnos más) para descender levemente en 2009 (37 estudiantes menos). Este sistema se implementa en 61 instituciones en todo el país.
En materia de generación de información estadística, los diferentes organismos realizan sus propias definiciones metodológicas y teóricas para describir la situación de ruralidad, las que no siempre son comparables entre sí. Entre los relevamientos estadísticos en la materia, se destaca el Censo Nacional de Hogares y Personas de 2011, que identificó que el 5,32% de población es rural (aproximadamente 3% de hombres y 2% de mujeres), y el Censo Agropecuario que está enfocado a la identificación de los establecimientos productivos rurales.
El MGAP definió al productor/a familiar a través de la Res/Nº 527/008, y estableció un Registro de Productores Familiares que asegure el conocimiento de esta población, que permite registrar a todos los integrantes de la unidad productiva familiar, asegurando la visibilización de las mujeres que no se registran como titulares de la unidad productiva familiar. Según datos del registro de agricultores familiares disponible, a mayo de 2013 son 23.102 registros de productores/as familiares. Sobre la titularidad de las explotaciones familiares, el 64.66% eran titulares hombres mientras que el 35.34% eran mujeres. Por otra parte, al considerar las personas vinculadas a las explotaciones familiares, el 53% eran mujeres y el 47% varones, de un total estimado de 65.620 personas.
El INC se constituyó desde su creación en 1948 en la política para la transformación de la estructura agraria del país, posibilitando el acceso a la tierra. Es el organismo que posee y administra las tierras del Estado y tiene como objetivo la radicación y bienestar de las familias de pequeños/as productores/as y asalariados/as rurales y el desarrollo de colonias en el medio rural. Cuenta con un plan estratégico 2010-2014 que plantea la necesidad de diseñar políticas de apoyo a las mujeres jefas de familia para que accedan a la tierra y la promoción de proyectos de mujeres que involucren actividades agropecuarias. El INC prevé la titularidad conjunta de fracciones de arrendamiento por parte de parejas sin distinción del estado civil para febrero de 2015 (Cuadro 48). Actualmente, de las 2.022 titularidades en todos los formatos previstos el 11,6% son mujeres y el 98,4% son varones.
Recomendación (Párrafo 45)
El Censo de Población de 2011 marcó un hito para el reconocimiento y la caracterización de la población afrodescendiente. Las personas afrodescendientes en Uruguay representan el 8,1 % de la población, en tanto las mujeres representan el 50,9% de la población afrodescendiente. No obstante, la distribución en el territorio de este colectivo varía entre 3% y 17% según el departamento.
En materia educativa, el porcentaje de personas que asisten a centros educativos varía según la edad y la ascendencia étnico-racial. Los/as jóvenes afrodescendientes presentan proporciones de asistencia más bajas que los no afros. Si bien las mujeres —afro y no afro— alcanzan porcentajes más altos de asistencia que los varones afrodescendientes, la diferencia entre mujeres según ascendencia étnico-racial es más alta para el grupo de entre 16 y 18 años. Otro indicador del Censo arroja el porcentaje de mujeres adolescentes (15 a 19 años de edad) que son madres: para 2011 es 9% para las mujeres no afrodescendientes y 14,6% para las afrodescendientes (Cuadro 49).
El nivel educativo alcanzado por las personas afrodescendientes mayores de 24 años es menor al de las personas no afro. Un 45% de los varones afro y un 42% de las mujeres afro alcanzaron primaria como máximo nivel educativo, en tanto la población no afro presenta un valor cerca del 34% para ambos sexos. No obstante, cabe destacar que, dentro de las personas afrodescendientes, las mujeres presentan un nivel educativo más alto que los varones.
Desde Inmujeres se elaboró una base de datos para el auto-registro de los/as profesionales y técnicos/as afrodescendientes que viven en el país, para generar una línea de base territorial que permita fundamentar las políticas públicas y medidas especiales para ese sector y la población afro en su conjunto. A partir de los datos del Censo de 2011, se identificó que el 9.7% de la población afro son profesionales (alrededor de 25.000 personas), y que entre los/as profesionales afro el 66% eran mujeres y el 34% varones.
Las mujeres afrodescendientes presentan una tasa de actividad en el mercado laboral mayor a las mujeres no afro (58% y 54%), aunque menor a la de sus pares varones para el año 2013. Si bien la tasa de actividad de las mujeres afrodescendientes es más alta que las no afro, la tasa de desempleo de éstas alcanza un valor de 12% en 2013 (y de 18% en 2007), por encima del nivel alcanzado tanto por las mujeres no afro, como los varones en su conjunto (Cuadro 50).
Según categorías ocupacionales, la población afro tiene mayor presencia en el trabajo “asalariado privado” (59,6% en 2007 y aumenta a 61,3% en 2013); al comparar entre varones y mujeres afro, se evidencia una diferencia a favor de las mujeres (4,2% en 2007 y 2,9% en 2013), mientras que para la población no afrodescendiente esa diferencia es mucho menor. También es de destacar la categoría “cuentapropistas sin local”, que evidencia una mayor precariedad laboral; en donde la población afro (8,8% de varones y 9,4% de mujeres en 2007) duplica a la población no afro para ambos períodos (4,2% de varones y 4,8% de mujeres en 2007 y en 2013 3,3% de varones afro y 5,5% de mujeres afro). Al considerar la categoría “patrón”, se evidencia una situación contraria: la población no afro triplica a la población afro, tanto entre varones como entre mujeres para ambos registros (Cuadro 51).
Según el tipo de ocupación hay una importante diferencia en la categoría “personal directivo de las empresas”, “profesionales y técnicos”, estando sobre-representados/as las mujeres y varones no afro frente a los/as afro. Por el contrario, en 2007 las personas afro están sobre-representadas entre “trabajadores/as no calificados/as” (37,2% de varones y 43,9% de mujeres), mientras que entre los “trabajadores/as de los servicios” se concentran más mujeres (24,7%) y los varones se concentran en segundo lugar entre “oficiales, operarios y artesanos de artes mecánicas” (24%). Para el año 2013 se mantiene la misma proporción entre mujeres y varones afro y no afro (Gráfica 10 y 11). Se destaca que 1 de cada 5 mujeres afrodescendientes que trabajan en forma remunerada, lo hacen en el servicio doméstico (21,5%).
La ley Nº18.620 de 2009, de identidad de género y el cambio de nombre y sexo en documentos identificatorios, reconoce derecho al libre desarrollo de su personalidad conforme a su propia identidad de género, con independencia de cuál sea el sexo biológico, genético, anatómico, morfológico, hormonal, de asignación u otro y habilita al cambio de nombre y sexo registral para personas trans. De 2010 a la fecha, se han concretado más de 300 solicitudes de cambios de nombre y sexo registral. Se han capacitado en el tema a más de 1.200 funcionarios/as.
La ley Nº 19.075 de 2013, establece que la institución matrimonial no debe distinguir “en razón del sexo de la persona” y habilita al matrimonio entre personas del mismo sexo.
En 2013 se creó el Consejo Consultivo Permanente de la Diversidad Sexual, que es un “órgano colegiado de deliberación, asesoramiento y propuesta en materia de políticas públicas encaminadas a erradicar la discriminación por orientación sexual e identidad de género.
Desde el PJ se ha aplicado la ley Nº18.620 de 2009 que habilitó un procedimiento judicial para que las personas puedan ejercer el derecho de rectificar los documentos identificatorios de acuerdo a su identidad de género, ante los Juzgados Letrados de Familia.
Desde 2006 existe la Mesa de Trabajo sobre Mujeres Privadas de Libertad que tiene como objetivos contribuir a mejorar las condiciones de reclusión de las mujeres privadas de libertad, así como formular propuestas dirigidas a ampliar las posibilidades de inclusión social de las mujeres luego de su liberación provisional o definitiva. Inició su actuación en abril de 2006 a instancias del MInterior, y desde junio de 2013 el Inmujeres asumió la coordinación de la misma.
Desde Inmujeres en 2014 se editaron materiales para las mujeres privadas de libertad, destacándose la Guía de Recursos Sociales, asegurándose que cada mujer en privación de libertad recibiera una, en coordinación con los dispositivos territoriales del MIDES, el Instituto Nacional de Rehabilitación y el MInterior.
Recomendación (Párrafo 47)
La edad mínima para contraer matrimonio se aumentó de 12 y 14 años a 16 años para hombres y mujeres, a través de la ley Nº 19.075 (Anexo) o con autorización judicial. Si bien no se adapta al estándar establecido por la Convención de los Derechos del Niño, se considera un avance sustantivo en la legislación.
La prohibición que las mujeres viudas o divorciadas se puedan volver a casar durante un período de 300 días, a contar desde la fecha del fallecimiento de su esposo o la fecha de su divorcio, establecido en el Código Civil no se ha modificado.
Acerca de la privación de la pensión alimenticia a las mujeres que lleven una “vida desarreglada” establecida en el artículo 183 del Código Civil, fue modificado por las disposiciones de la ley Nº19.075 y Nº 19.119, estableciendo una modalidad diferente para la definición de las pensiones, eliminándose la referencia a la “vida desarreglada”.
Recomendación (Párrafo 49)
Sobre las diferentes edades para poder reconocer válidamente, sin aprobación judicial, a sus propios hijos/as (12 y 16 años para mujeres y varones respectivamente), se identifica una discriminación directa hacia las mujeres. Asimismo, acerca de la imposibilidad de ejercer la patria potestad hasta los 18 años de edad de los/as progenitores/as adolescentes que no se encuentran casados, se identifica una discriminación directa por razones de nacimiento (para que el niño/a pueda quedar sujeto a la patria potestad de la o el progenitor menor de edad, depende de que estén casados entre sí), lo que se configura en una discriminación indirecta por razones de género.
La ley Nº19.119 de 2013, quita la expresión de “los abuelos” como antes estaba el Código de la Niñez y Adolescencia y utiliza el término “el abuelo” (en masculino), este uso no inclusivo del lenguaje invisibiliza a las abuelas, sustentando una discriminación por razones de género que podría restringir la determinación de la patria potestad en esta situación.
Artículo 2
Otros avances legislativos y de institucionalidad para la protección de los DDHH (Anexo Institucionalidad y Cuadro 52).
La ley Nº18.246de 2007 sobre unión concubinaria reconoce las uniones de parejas estables y con cohabitación de al menos cinco años de forma continua, para garantizar derechos en las relaciones no matrimonializadas. Entre otros aspectos, extiende el régimen de bienes gananciales (régimen que estaba reglamentado en la sociedad conyugal de bienes previsto en el contrato matrimonial) una vez reconocida judicialmente la unión.
Laley Nº 18.590 de 2009 modifica disposiciones relativas a la adopción en el Código de la Niñez y la Adolescencia, habilitando la adopción por parte de cónyuges o concubinos del mismo sexo.
La ley Nº18.868 de 2012 establece la prohibición de la exigencia de test de no gravidez para la selección o en cualquier momento de la relación laboral.
Artículo 3
El PIODNA, informado pertinentemente en el 2012, fue el primer instrumento integral para enfrentar las desigualdades y discriminaciones contra las mujeres en Uruguay (Ley Nº 18.104 de 2007). Inmujeres lideró el proceso participativo de su elaboración, así como de la promoción de su implementación y seguimiento. A partir de una evaluación, se identificó que el PIODNA arrojó importantes avances, a la vez que persistentes desafíos. El Estado rindió cuentas respecto de los avances en su ejecución frente a la Asamblea General y en acto público en el marco de cada 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer.
En base a este acumulado, Inmujeres comenzó a elaborar un Plan Estratégico para la Igualdad de Género, que tiene como objetivo integrar la perspectiva de género y DDHH en las políticas públicas. Su diseño constituye un organizador del desarrollo de políticas públicas en prospectiva, con enfoque de DDHH y para la igualdad de género, con su consiguiente sincronización de los procesos de planificación, programación y presupuestación estatal para su materialización. Implica la formulación de resultados factibles y medibles, la visualización de las orientaciones del Estado hacia la igualdad de género por medio de la asignación presupuestal, la construcción de un sistema de alianzas estratégicas para el logro de los objetivos a corto y mediano plazo así como la creación de valor público a través de, fundamentalmente, las transacciones con la ciudadanía para la satisfacción de demandas, la prestación de servicios y el ejercicio de derechos.
Artículo 8
Sobre la representación del gobierno en el ámbito internacional por parte de las mujeres, de un total de 221 funcionarios/as que se desempeñan en el exterior del país, 88 son mujeres, con la siguiente distribución por escalafón:
Escalafón A – Profesional: 5; Escalafón B – Técnico: 3; Escalafón C – Administrativo: 9; Escalafón D – Docente: 3; Escalafón M – Servicio Exterior: 68.
A su vez, dentro del Escalafón M – Servicio Exterior, la distribución por cargo presupuestal es la siguiente: Embajador/a: 2; Ministro/a: 8; Ministro/a Consejero/a: 7; Consejero/a: 15; Secretario/a de Primera: 12; Secretario/a de Segunda: 22; Secretario/a de Tercera: 2. De un total de 55 funcionarios que desempeñan la función de Embajador, 9 son mujeres, distribuyéndose de la siguiente forma, atendiendo a su cargo presupuestal: Embajador/a: 2; Ministro/a: 5; Ministro/a Consejero/a: 2.
Inmujeres representa al país en la RMAAM, la Comisión Interamericana de Mujeres, el Mecanismo de Seguimiento de la Implementación de Convención Interamericana “Belém Do Pará” (MESECVI) de la OEA, la Conferencia Regional de la Mujer de América Latina y el Caribe de CEPAL y la Comisión Sobre la Condición Jurídica y Social de la Mujer de Naciones Unidas.
La Cancillería cuenta con una Comisión de Género con 2 funcionarias permanentes, responsable de promover la incorporación de la perspectiva de género en la gestión del organismo, y se encuentra en proceso de implementación del Modelo de Gestión de Calidad con Equidad de Género.
Artículo 11
Se avanzó en el diseño de un Sistema Nacional de Cuidados (SNC) identificando algunos desafíos en el proceso de diseño e implementación de carácter integral e interinstitucional, y en la incorporación de la perspectiva de género, la protección de los derechos laborales de las personas que cuidan, entre otros aspectos.
Inmujeres contribuyó a transversalizar la perspectiva de género en todas las propuestas y lineamientos del SNC, visibilizar a las personas que cuidan, dentro y fuera del hogar, como una población objetivo del SNC, colocar la importancia de la profesionalización y regulación del sector de trabajo en cuidados, tanto en el ámbito familiar como en el mercado laboral, visibilizar las necesidades de cuidado de las familias de sectores medios, entre otros aspectos.
Se han desarrollado proyectos pilotos, particularmente el Piloto de inclusión de niños/as con discapacidad en los Centros de Atención Integral a la Infancia y la Familia (CAIF), en las etapas de diseño y capacitación. Se realizaron dos cursos dirigidos a 56 Asistentes Personales de los departamentos de Montevideo, Canelones, Treinta y Tres, Rocha y Artigas. Asimismo, se consolidó el Programa de Asistentes Personales para personas con discapacidad severa, en el marco de la cual secrea unanueva prestación económica para las personas que percibiendo pensión por invalidez por discapacidad severa y están en situación de mayor dependencia. Consiste en una ayuda para contratación de un asistente personal que apoye al beneficiario para poder desarrollar las actividades de su vida diaria.
El Instituto Nacional del Adulto Mayor del MIDES ha asumido la regulación de los hogares de larga estadía para personas adultas mayores, y se implementan programas de formación para cuidadoras/es. También se elaboró el Plan Nacional de Envejecimiento y Vejez 2013-2015 para articular las estrategias del Estado dirigidas al bienestar de todas las personas adultas mayores, que en su mayoría son mujeres.
Se creó un programa socio-educativo-laboral —Jóvenes en Red— que promueve el ejercicio de los derechos de los jóvenes desvinculados del sistema educativo y del mercado formal de empleo, pertenecientes a hogares con ingresos por debajo de la línea de pobreza. El programa atiende a 3.071 participantes en varios departamentos (53% mujeres y 47% varones), 25% de los cuales son mujeres con hijos/as a cargo o con personas dependientes.
Las tasas de empleo femeninas resultan inferiores a las masculinas en todas las mediciones, indistintamente del lugar de residencia, ascendencia racial, situación de pobreza del hogar y edad. Las tasas de actividad y empleo femeninas presentan aproximadamente veinte puntos porcentuales de diferencia respecto a las masculinas (54,5% vs. 73,9% y 50,0% vs. 70,2% respectivamente). Las tasas de desempleo femeninas aún resultan superiores a las masculinas en todo el territorio nacional (8,2% vs. 5,0%) (Cuadro 53). En materia de desempleo, las mujeres jóvenes de 14 a 18 años resultan las más perjudicadas.
En 2014 se realizó la segunda encuesta nacional de uso del tiempo. Se evidencia que las mujeres tienen una carga de trabajo no remunerado que duplica las horas dedicadas por los varones. Si bien los varones trabajan remuneradamente más horas que las mujeres, al incorporar las horas de trabajo no remunerado, las mujeres tienen una carga global de trabajo semanal significativamente mayor. El 66% del trabajo de las mujeres es trabajo no remunerado, mientras que entre los varones solamente es el 33% de su trabajo (Gráfica 12 a 14).
A partir de la Ley Nº 18.561 de Acoso Sexual se fiscalizan y atienden denuncias recibidas en la IGTSS. Inmujeres desarrolla programas de capacitación a inspectores/as, abogados/as y funcionariado de dicha institución a efectos de la mejora de su implementación. En las sedes de justicia del trabajo los procesos han sido abreviados por ley Nº18.572 de 13/9/09, que funciona como un procedimiento sumarísimo para la reparación de daño moral en caso de acoso sexual laboral creado casi conjuntamente por ley Nº18.561 de 11/9/09. Existe un proceso similar a la acción de amparo para indemnizar a las víctimas de acoso sexual en el trabajo (Ley Nº 18.561 de 11/9/09). Por su parte, en materia del ámbito educativo, la ANEP elaboró un protocolo de atención a situaciones de acoso sexual en la relación docente alumno/a que entró en vigencia a partir de octubre 2014.
Artículo 13
Se ha apuntado a la universalización de la actividad física y el deporte para el conjunto de la población, con especial énfasis en la juventud. Para ello se diseñó el I Plan Nacional Integrado de Deporte. El MTD ha aumentado la cantidad de plazas de deportes públicas, a efectos de acercar la actividad física y el deporte a la población. En todas las plazas de deporte se registra una mayor utilización por parte de las mujeres. A 2014 están en funcionamiento 112 plazas distribuidas en todos los departamentos (Cuadro 54). Es de destacar la promoción del desarrollo del fútbol femenino a nivel infantil y juvenil, a través de programas como “Gol al Futuro”, así como coordinaciones con la Organización Nacional de Fútbol Infantil.
Se ha desarrollado el Sistema Nacional de Turismo Social con el propósito de hacer accesible al mayor número de personas al disfrute del tiempo libre y la recreación, posibilitando el viaje a lugares turísticos de calidad y a precios accesibles, desarrollado entre el BPS y el MTD. El programa es usado mayoritariamente por mujeres, tanto entre personas adultas mayores y trabajadoras, además de los programas específicos dirigidos a mujeres (quinceañeras, trabajadoras domésticas, Comuna Mujer) (Cuadros 55 y 56).
El Programa Convocatoria a Mujeres Empresarias 8M realizado por el MIEM apunta a que emprendimientos gestionados por mujeres presenten proyectos que favorezcan el desarrollo de áreas clave de su actividad productiva o de servicios que integren cadenas productivas de interés ministerial. Los proyectos deben incluir mejoras tecnológicas y/o innovación en producto, procesos, organización, comercialización, mejoras de gestión y/o certificación de calidad, considerándose la creación de empleo genuino. Está dirigido a mujeres mayores de 18 años, que sean titulares de emprendimientos productivos y/o de servicios cuya gestión también sea realizada por mujeres y cooperativas en las que el número de socias mujeres deberá superar el 60 % del total. En 2012, se presentaron 57 proyectos, de los cuales se seleccionaron 17, adjudicándose un monto total de 2.500.000 de pesos (Cuadros 57 al 63).