Í ndice

	P á gina
Siglas	2
1.0Introducción	7
1.1Metodología para la preparación del informeI.Consideraciones generales	9
Artículo 1	9
Definición de discriminación	9
2.0Artículo 2	10
2.1 Obligación del Estado de eliminar la discriminación	10
2.2Medidas adoptadas para eliminar la discriminación de jure	10
2.2.1Progresos registrados por el Estado parte y dificultades todavía existentes	10
2.3Sensibilización sobre las obligaciones internacionales y nacionales del Gobierno de eliminar la discriminación contra la mujer	14
2.3.1Progresos registrados por el Estado parte, y dificultades subsistentes	14
3.0Artículo 3	15
3.1Desarrollo y adelanto de la mujer	15
3.1.2Progresos registrados por el Estado parte en la incorporación de la perspectiva de género, y dificultades subsistentes	15
4.0Artículo 4	20
4.1Aceleración de la igualdad entre la mujer y el hombre	20
4.1.2Progresos registrados por el Estado parte en la adopción de medidas de acción afirmativa, y dificultades subsistentes	20
5.0Artículo 5	21
5.1.El encasillamiento de las funciones estereotipadas de hombres y mujeres	21
5.1.1Progresos registrados por el Estado parte en la eliminación del encasillamiento de funciones estereotipadas de hombres y mujeres, y dificultades subsistentes	21
6.0Artículo 6	23
6.1Supresión de la explotación de la mujer	23
6.1.1Progreso y dificultades del Estado parte en la prestación de asistencia a las prostitutas	23
6.2Medidas adoptadas por el Estado parte para reducir la trata de personas, y dificultades subsistentes	25
7.0Artículo 7	26
7.1Representación de la mujer en la vida política y pública de Uganda	26
7.1.1Progresos registrados por el Estado parte en la resolución de las desigualdades de género en la representación política	26
7.2Participación de la mujer en los esfuerzos de consolidación de la paz y reconciliación	30
7.2.1Progresos registrados por el Estado parte en la promoción de la participación de la mujer en los esfuerzos de consolidación de la paz y de reconciliación, y dificultades subsistentes	30
8.0Artículo 8	32
8.1Representación y participación internacional de la mujer	32
8.1.1Progresos registrados por el Estado parte con el fin de alentar a la mujer a ingresar en el servicio diplomático y en organizaciones internacionales	32
9.0Artículo 9	33
9.1Nacionalidad	33
9.1.1Progresos registrados por el Estado parte en la modificación del Reglamento sobre Pasaportes	33
10Artículo 10	33
10.1Igualdad en la educación	33
10.1.1Progresos registrados por el Estado parte para garantizar la igualdad en la educación, y dificultades subsistentes	33
11.Artículo 11	35
11.1Empleo	35
11.1.1Progresos registrados por el Estado parte en la eliminación de la discriminación en el empleo, y dificultades subsistentes	36
12.0Artículo 12	39
12.1Igualdad y acceso a servicios adecuados de atención de la salud	39
12.1.1Progresos registrados por el Estado parte para garantizar la igualdad y el acceso a la atención de la salud, y dificultades subsistentes	40
12.2Mutilación genital femenina	50
13.0Artículo 13	50
13.1Prestaciones económicas y sociales	50
13.1.1Progresos registrados por el Estado parte en la reducción de la incidencia de la pobreza en las mujeres, y dificultades subsistentes	50
14.0Artículo 14	51
14.1Mujeres rurales	51
14.1.1Progresos registrados por el Estado parte en la mejora de la situación socioeconómica de las mujeres rurales, y dificultades subsistentes	52
14.2Sector de la educación	54
14.2.1Progresos registrados por el Estado parte para mejorar los niveles de alfabetización de las mujeres rurales	54
14.3Sector de la salud	55
14.3.1Progresos registrados por el Estado parte en el acceso de las mujeres rurales a los servicios de salud	55
14.4Servicios financieros rurales	56
14.4.1Progresos registrados por el Estado parte en el acceso de la mujer rural a los servicios financieros	56
14.5Medidas adoptadas por el Estado parte para corregir las costumbres y prácticas tradicionales negativas que impiden el pleno disfrute del derecho de las mujeres a la propiedad, y dificultades subsistentes	57
15.0Artículo 15	57
15.1Igualdad ante la ley	57
Mayor acceso de la mujer a la justicia	57
15.1.1Progresos registrados por el Estado parte, y dificultades subsistentes	57
16.0Artículo 16	62
16.1Igualdad en el matrimonio y en la vida de familia	62
16.1.1Progresos registrados por el Estado parte en el logro de la igualdad en el matrimonio y en la vida de familia, y dificultades subsistentes	62
17.0Conclusiòn	63

1.Introducción

Contexto socioeconómico y político

1. El Gobierno del Movimiento de Resistencia Nacional se ha caracterizado por la estabilidad política conseguida gracias a la nueva Constitución aprobada en 1995, que tiene como base un marco de derechos y que hace especial hincapié en la situación de la mujer. El Plan de acción para la erradicación de la pobreza (PAEP) se introdujo en 1997 como marco normativo para orientar las prioridades de desarrollo del país con el fin de reducir la pobreza. Uganda ha registrado una considerable reducción de la pobreza, que bajó del 56% en 1992 al 31% en 2006.

2. Se está preparando un Plan Quinquenal de Desarrollo Nacional, en sustitución del PAEP, cuyo tema es el siguiente: “Crecimiento, Empleo y Prosperidad”. El objetivo a medio plazo es conseguir una tasa media de crecimiento del PIB de al menos el 8% anual. En el ejercicio de 2007/8, la economía creció un 8,9% y, según las proyecciones, el PIB real aumentará un 8,1% en el actual ejercicio de 2008/9. Hace dos años, la mitad del presupuesto de Uganda estaba respaldado por los asociados en el desarrollo. Debido al constante crecimiento de la economía, los ingresos internos sustentan ahora el 66% del presupuesto nacional.

3. El Gobierno está firmemente decidido a reorientar la inversión pública hacia los sectores decisivos del crecimiento, entre los que se incluyen el desarrollo humano, el desarrollo industrial, la agricultura y la infraestructura (carreteras, telecomunicaciones y energía), lo que dará lugar a un aumento de la productividad. En consecuencia, el gasto se centrará en esferas que aumenten las oportunidades de empleo y aceleren la inversión en servicios vitales de infraestructura mediante asociaciones entre el sector público y el privado.

4. Uganda tiene 30,6 millones de habitantes (2009). Las mujeres constituyen el 51% de la población, y el 80% de la población vive en zonas rurales. La esperanza de vida al nacer es de 50 años y el crecimiento medio de la población, de un 3,2% continúa siendo uno de los más altos del mundo. Si bien permite contar con una considerable fuerza de trabajo, ha sometido a dura prueba la capacidad gubernamental de resolver los problemas de acceso y calidad en la prestación de servicios. La abolición del impuesto progresivo ha aumentado la dependencia de los gobiernos locales con respecto a las transferencias del gobierno local y, en cierta medida, ha limitado su capacidad de prestación y supervisión de los servicios.

5. Uganda ha conocido un período de fuerte crecimiento desde el decenio de 1990. El PIB per cápita ha crecido un 2,7% anual desde 1990-91, lo que ha permitido al país gozar de una situación económica y social relativamente estable. La economía de Uganda depende todavía fuertemente del sector agrícola, que representa menos del 40% del PIB pero da empleo a aproximadamente el 80% de la fuerza de trabajo. Aunque el sector agrícola no ha alcanzado los niveles de crecimiento previstos, las mejoras en los servicios de extensión y asesoramiento han contribuido a elevar los ingresos agrícolas. Además, se ha registrado un aumento de la población rural que cuenta con fuentes de ingresos no agrícolas. Si bien ha habido algunas fluctuaciones en la tasa de crecimiento, que pasaron de un promedio del 6,3% en 1998-2003 al 5,8% en 2003-06, el alcance de la extrema pobreza se ha reducido. No obstante, sigue habiendo todavía notables divergencias dentro de los hogares, en función del género, y entre las regiones y comunidades urbanas y rurales. Por ejemplo, los niveles de pobreza continúan siendo superiores al promedio nacional en las zonas afectadas por conflictos. Por ello, si perdura la paz, que se ha restablecido en el norte, puede alcanzarse el objetivo de desarrollo del milenio (ODM) de reducir a la mitad el porcentaje de personas que viven en situación de pobreza extrema.

6. Se han conseguido también progresos en relación con otros indicadores del desarrollo humano, en particular un aumento de la matrícula escolar, que ha alcanzado el 90%, aunque hay todavía problemas de retención; un aumento de la cobertura del abastecimiento de agua potable en las zonas rurales, que se ha situado en el 61%; una reducción de la difusión del VIH/SIDA, que ha bajado del 30% al 6%; una caída de la mortalidad infantil de 87 por 1.000 nacidos vivos en 2001 a 75 en 2006; y un descenso de la mortalidad materna de 505 a 435 durante el mismo período.

7.Tras un referéndum celebrado en 2005, se ha establecido una estructura multipartidista después de 20 años. En consecuencia, en 2006 se celebraron elecciones presidenciales y parlamentarias con participación de varios partidos. Este nuevo panorama ha ofrecido a la vez oportunidades y desafíos para la mujer. Al mismo tiempo que amplía las posibilidades de liderazgo de la mujer, como demuestra el número de mujeres en el Parlamento, que pasó de 75 en 2001 a 100 en 2008, entre los nuevos desafíos cabe señalar el proceso de incorporación de la perspectiva de género en las políticas y estructuras de los diferentes partidos políticos, y la convergencia de las mujeres en torno a las cuestiones de relieve para todas ellas, por encima de sus intereses y prioridades partidistas.

8. El Gobierno de Uganda está participando también activamente en los esfuerzos encaminados a reforzar la integración regional. Entre las novedades de alcance regional cabe señalar los procesos conducentes al fortalecimiento de la integración regional. Entre ellos se encuentran la reactivación de la Comunidad del África Oriental y, posteriormente, el establecimiento de la Asamblea Legislativa del África Oriental, con representantes de Burundi, Kenya, Rwanda, Tanzanía y Uganda. Dicha Asamblea cuenta con nueve representantes de Uganda, cuatro de los cuales son mujeres. La integración regional ofrece nuevas oportunidades, por ejemplo, para el mercado de trabajo y el comercio. Para el conjunto de la población de Uganda y la región, ello presenta oportunidades de compromiso y de comercio transfronterizo. En el caso de la mujer, la posibilidad de disfrutar de estos beneficios dependerá en gran parte del acierto con que se incorporen y aborden las perspectivas de género en los acuerdos posteriores.

9. Otras novedades ocurridas desde el último informe de 2002 son los esfuerzos concertados del Gobierno de Uganda y de otras partes interesadas para firmar un Acuerdo de Paz con el Ejército de Resistencia del Señor (LRA) con el fin de poner fin a 20 años de conflicto en Uganda septentrional. Lamentablemente, el proceso se ha visto dificultado por varios obstáculos, en particular por parte del LRA, y el proceso continúa todavía en situación indecisa. Las mujeres y los niños han soportado la parte más dura del conflicto, y las mujeres en particular han tenido que ocuparse del sostenimiento de la comunidad y de las estructuras sociales tradicionales en las regiones afectadas por el conflicto. Debido a este importante papel, se están llevando a cabo esfuerzos para implicar a la mujer en el proceso de consolidación de la paz, reconciliación, rehabilitación y recuperación, como se hace patente en el Plan de Paz, Recuperación y Desarrollo (PPRC) 2007-2010, marco que orientará el proceso de recuperación y rehabilitación en Uganda septentrional.

10. Informes presentados por Uganda al Comité de la CEDAW . Uganda ratificó sin reservas la CEDAW en 1985. El compromiso del Gobierno de Uganda de adherirse a las disposiciones de la CEDAW se ha puesto de manifiesto en la presentación al Comité de los informes de situación de 1992, 1999 y 2002. Según las directivas del Comité de la CEDAW y el informe sobre el estado de la presentación de informes por los Estados partes con arreglo al artículo 18 de la Convención, de 16 de julio de 2008, el Gobierno de Uganda debía presentar el cuarto informe periódico en 1998 e informes posteriores en 2002 y 2006. Por ello, el presente documento contiene los informes periódicos cuarto, quinto, sexto y séptimo combinados, que se someten a la consideración del Comité de la CEDAW.

11. El informe está estructurado de acuerdo con la secuencia de los artículos de la Convención. Cada artículo comienza con una mención del motivo de preocupación indicado en la recomendación del Comité de la CEDAW durante la reunión celebrada el 9 de agosto de 2002 para examinar el tercer informe de situación de Uganda. Sigue el análisis de los progresos realizados por el Gobierno de Uganda y otras partes interesadas en la aplicación de las medidas recomendadas. Representan una excepción las secciones relativas a los artículos 4, 10, 13, 15 y 16, sobre los que el Comité no presentó ninguna preocupación ni recomendación pero en relación con los cuales el Estado parte había registrado considerables progresos. En este caso, se ha documentado el progreso realizado. Se examinan también las dificultades actuales y subsistentes del Estado parte para la aplicación de las disposiciones de la Convención, además de medidas concretas futuras para superar los factores y dificultades todavía existentes en la aplicación de la Convención.

1.1Metodología para la preparación del informe

12. La metodología adoptada ha supuesto el examen de los documentos publicados por el Gobierno y las OSC. Se realizaron también consultas con los ministerios y departamentos gubernamentales, las ONG y los organismos de las Naciones Unidas. Se llevaron también a cabo consultas en ocho distritos con oficiales de desarrollo comunitario. Las consultas regionales sobre el Plan de acción nacional relativo a la aplicación de la CEDAW permitieron aportar nuevas perspectivas a las cuestiones incluidas en el informe.

Artículo 1Definición de discriminación

13. Durante el período incluido en el informe se estableció la Comisión de Igualdad de Oportunidades (CIO); con el fin de reforzar las disposiciones constitucionales acerca de la definición de la discriminación, la Ley de la CIO define la discriminación en términos generales de la siguiente manera:

Todo acto, omisión, política, ley, norma, práctica, distinción, condición, situación, exclusión o preferencia que, directa o indirectamente, anule o dificulte la igualdad de oportunidades o margine a un segmento de la sociedad o dé lugar a un trato desigual de las personas en el empleo o en el disfrute de los derechos y libertades por motivos relacionados con el sexo, la raza, el color, el origen étnico, la tribu, el nacimiento, las creencias, la religión, el estado de salud, la condición social o económica, la opinión política o alguna forma de discapacidad.

2.0Artículo 2

2.1Obligación del Estado de eliminar la discriminación

14. El Comité manifestó su preocupación por la existencia de medidas legislativas nacionales que discriminan a la mujer y por la lentitud del proceso de reforma de la ley a pesar de la existencia de disposiciones constitucionales que promueven la igualdad entre la mujer y el hombre y prohíben la discriminación por razón de género . Además, el Comité expresó su preocupación ante el lento progreso en la eliminación de la discriminación de jure y la prevención y eliminación de la discriminación de facto.

Por ello, el Comité recomendó que se acelerara el proceso de reforma legislativa para armonizar la legislación nacional con los principios constitucionales de no discriminación e igualdad entre la mujer y el hombre. En este sentido se recomendó también que se agilizara la promulgación de los proyectos de ley sobre tierras, relaciones familiares y delitos sexuales. Se instó también al Gobierno de Uganda a que iniciara campañas de educación pública y formación jurídica sobre las disposiciones de la Convención y la Constitución para lograr una mayor sensibilización acerca de sus obligaciones internacionales y nacionales con el fin de eliminar la discriminación contra la mujer.

El Comité tomó nota de la difusión de las leyes y costumbres que contradicen las garantías constitucionales sobre la igualdad y el limitado conocimiento y acceso de la mujer a mecanismos para exigir el cumplimiento de las disposiciones constitucionales relativas a la no discriminación. Por ello, el Comité recomendó la adopción de un procedimiento accesible de reclamaciones para hacer realidad las garantías constitucionales, y la realización de campañas de formación jurídica para que las mujeres tomaran conciencia de sus derechos constitucionales y de los mecanismos para lograr la observancia. Asimismo, el Comité propuso el establecimiento, en cooperación con grupos de mujeres, de programas de ayuda jurídica que permitieran a estas reclamar la protección de sus derechos.

2.2 Medidas adoptadas para eliminar la discriminación de jure

2.2.1 Progresos registrados por el Estado parte y dificultades todavía existentes

15. El Estado parte ha realizado notables progresos en la promulgación de medidas legislativas para combatir la discriminación de jure, aunque hay todavía posibilidades de mejorar. Después de una intensa campaña de promoción, se enmendó la Ley agraria de 1998 con el fin de incluir secciones que ofrecieran mayor protección de los derechos de la mujer a poseer, utilizar y heredar la tierra.

En la sección 39A de la Ley agraria (enmienda) se incluyen detalles sobre la garantía en la ocupación de la tierra familiar, mientras que en la sección 40 se prohíbe la venta, transferencia, intercambio, pignoración, hipoteca o arrendamiento de la tierra familiar si no es con consentimiento previo del cónyuge.

Aunque en esas secciones no se llega a reconocer la copropiedad de la tierra entre los cónyuges, como había deseado el grupo de presión, otorgan un interés equitativo en la tierra familiar a los cónyuges a través de la cláusula de consentimiento. Las mujeres pueden ahora registrar una reserva en el título de propiedad o certificado de propiedad consuetudinaria, indicando que una propiedad está sometida al requisito de consentimiento antes de cualquier venta y transferencia de propiedad. La cláusula de copropiedad se relegó a la ley propuesta sobre relaciones familiares, donde parecía más indicada.

16. La Ley protege también los derechos de la mujer a utilizar las tierras tradicionales. Mientras que esta Ley garantiza el reconocimiento jurídico de las decisiones adoptadas por las autoridades consuetudinarias en relación con la tierra sometida a un régimen de tenencia tradicional, para que estas decisiones sean válidas no deben negar el acceso de la mujer a la propiedad, ocupación o uso de la tierra ni negarle sus derechos. Esta disposición está en consonancia con el párrafo 4 del artículo 246 de la Constitución, que prohíbe las costumbres, prácticas, usos o tradiciones relacionados con un dirigente tradicional o cultural que merme los derechos de cualquier persona. Esta condición es importante, habida cuenta de los anteriores informes sobre la subjetividad de las autoridades tradicionales debido a las normas y actitudes tradicionales hacia la mujer.

17. No obstante hay algunas deficiencias que deben rectificarse para reforzar los derechos de tenencia de la mujer. El hecho de que la Ley agraria (enmienda) no exija que el consentimiento del cónyuge se presente por escrito podría poner en peligro los derechos de la mujer sobre la tierra. Esta observación se comprende mejor si se tiene en cuenta la práctica común según la cual los compradores de tierra que no han conseguido presentar pruebas de consentimiento escrito han presentado pruebas orales que han sido aceptadas por los tribunales y las autoridades locales. El proceso de adquisición de certificados de propiedad, que es fundamental para hacer realidad la cláusula de seguridad de la ocupación, no se ha divulgado ampliamente, en particular entre las comunidades de las zonas rurales. Ello aumenta la vulnerabilidad al peligro de desahucio.

18. El progreso en relación con el proyecto de ley de relaciones familiares (PLRF) se ha desacelerado después de que se retirara para dar lugar a nuevas consultas, a raíz de las protestas de algunos sectores de la sociedad acerca de ciertas cláusulas polémicas. La ley propuesta trata de reformar y consolidar las leyes relativas al matrimonio, la separación y el divorcio. La Comisión de Reforma del Derecho de Uganda (ULRC) se encargó de compaginar los intereses de las diferentes partes y ha dividido el proyecto de ley en dos instrumentos legislativos: el primer proyecto de ley contiene disposiciones sobre el matrimonio civil, cristiano, hindú y bahai, mientras que el segundo prevé el establecimiento de tribunales khadi encargados de las cuestiones relativas al matrimonio y el divorcio islámicos. Se presentará un proyecto de ley al Fiscal General, que a su vez lo presentará ante el Gabinete. Baste señalar que estos retrasos no han acabado con la presión ejercida por el MAGTDS, la UWOPA, el Comité del período de sesiones encargado del género y el Comité permanente de igualdad de oportunidades del Parlamento en favor de una ley justa y equitativa sobre la familia.

19. Las OSC han participado también activamente con el fin de promover la promulgación de una ley equitativa sobre la familia en el contexto de la coalición del PLRF. Con respecto al proyecto de ley sobre las relaciones familiares, se están llevando a cabo actualmente iniciativas para garantizar que las mujeres, cualquiera que sea su religión, gocen de la plenitud de derechos en el matrimonio y en su disolución.

20. La posición adoptada por la ULRC en lo que respecta a la promulgación del proyecto de ley sobre delitos sexuales consiste en enmendar las secciones de la Ley del Código Penal en respuesta a algunas de las propuestas formuladas en el proyecto de ley. Esta enmienda tiene en cuenta las preocupaciones planteadas por el Comité, en particular con respecto a la violación conyugal y a la disponibilidad de mecanismos de recurso, protección y enjuiciamiento de los culpables. El proyecto de ley de delitos sexuales (varias enmiendas) de 2004 reconoce el carácter delictivo de las agresiones sexuales conyugales y dispone que una persona condenada por agresión sexual conyugal deberá, además de sufrir una sentencia de prisión o una multa, indemnizar a la víctima. Al determinar el monto de la indemnización se tendrán en cuenta factores como los gastos médicos y de otro tipo incurridos por la víctima.

21. La Ley de empleo de 2006 es otro instrumento legislativo que contiene disposiciones que tratan de corregir la discriminación contra la mujer en el sector del empleo (las disposiciones de esta Ley se examinan con detalle en las secciones correspondientes al artículo 11).

22. Otras medidas significativas para eliminar la discriminación de jure son la promulgación de la Ley de la CIO de 2007 y la Política nacional de igualdad de oportunidades.

La Ley tiene como fundamento los párrafos 3, 4 y 21 del artículo 32 de la Constitución de Uganda de 1995, en los que se exige al Parlamento que formule leyes para establecer la Comisión de Igualdad de Oportunidades y se prevé la igualdad de trato de la mujer con respecto al hombre, y viceversa. La Ley de la Comisión de Igualdad de Oportunidades establece una base jurídica para impugnar las leyes, políticas, costumbres, tradiciones, etc. que representen una discriminación contra la mujer.

El progreso con respecto a la instrumentación de la CIO presupone el nombramiento de cinco comisionados que deberán ser designados en breve y una asignación presupuestaria inicial en el ejercicio de 2008/9 del orden de 1.000 millones de chelines ugandeses.

23. Las OSC han sido de gran importancia para utilizar una litigación estratégica con el fin de impugnar con éxito las leyes existentes que discriminan a la mujer. Entre esas leyes cabe destacar la Ley de divorcio, con particular referencia a los motivos para reconocer el divorcio, la Ley del Código Penal, en particular la disposición sobre el adulterio penal, y la Ley de sucesión.

La Ley de divorcio exigía que la mujer presentara dos motivos al solicitar a un tribunal el divorcio, mientras que el hombre sólo debía presentar uno.

La Ley del Código Penal tenía definiciones diferentes del delito de adulterio penal según que se tratara de los hombres y las mujeres. Las definiciones aprobaban de hecho que un hombre casado tuviera relación sexual con cualquier mujer, siempre que no estuviera casada, mientras que las mujeres casadas no podían tener relación sexual con ningún hombre, independientemente de su estado civil.

Las disposiciones de la Ley de sucesión sobre la herencia, distribución de sucesiones ab intestado, nombramiento de un albacea testamentario, elección de domicilio y nuevo matrimonio mientras se ocupa la casa matrimonial, fueron también impugnadas como discriminatorias contra la mujer.

24. El Tribunal constitucional ha declarado inconstitucionales algunas disposiciones de esas leyes, ya que eran incompatibles con los principios constitucionales de no discriminación e igualdad entre los sexos. El Fiscal General ha encargado al Departamento del Administrador General que formule propuestas sobre la manera de enmendar las secciones en cuestión, propuestas que luego se presentarán al Gabinete. Las disposiciones enmendadas sobre el adulterio y el divorcio se incorporarán en el proyecto de ley sobre relaciones familiares.

25. El Fiscal General ha dado su consentimiento para que Uganda ratifique el Protocolo de la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos relativo a los derechos de la mujer en África.

26. Un desafío clave es el retraso en la aplicación de los fallos del Tribunal Constitucional y el prolongado proceso de promulgación del PLRF. En ausencia de nuevas enmiendas, los funcionarios judiciales están dictando sentencias de carácter discrecional, lo que quizá no redunde en beneficio de la mujer.

27. Por ello, se considera que una de las prioridades urgentes del Estado parte es agilizar el proceso de reforma legislativa.

2.3Sensibilización sobre las obligaciones internacionales y nacionales del Gobierno de eliminar la discriminación contra la mujer

2.3.1Progresos registrados por el Estado parte, y dificultades subsistentes

28. Otra novedad es la adopción del primer Plan de acción nacional para el seguimiento y aplicación de la CEDAW durante el período comprendido entre 2007 y 2010. El Plan se enmarca en el contexto de las recomendaciones del Comité de la CEDAW adoptadas con respecto al tercer informe periódico de Uganda y en él se señalan algunas actividades específicas y los agentes responsables de cada recomendación. Deberá revisarse cada año.

29. El Ministerio de Asuntos de Género, Trabajo y Desarrollo Social ha realizado sesiones regionales de sensibilización sobre las disposiciones de la CEDAW, además de divulgar el Plan nacional de acción sobre la CEDAW. En los distritos, los consejos locales, las organizaciones de la sociedad civil, los funcionarios judiciales, etc. han participado en la elaboración de planes regionales de acción para la aplicación de las recomendaciones de la CEDAW.

30. Las sesiones de sensibilización organizadas por otros departamentos gubernamentales han contribuido al desarrollo de mecanismos institucionales para promover y proteger los derechos de la mujer en el sector de la justicia, el derecho y el orden. Entre esos mecanismos se incluyen los siguientes:

•La Unidad de Protección de la Familia y el Niño, de las Fuerzas de Policía de Uganda, que recibe y tramita las quejas recibidas de las mujeres y los niños;

•La Oficina de Derechos Humanos en las Cárceles; y

•La Dirección de Derechos Humanos de las Fuerzas de Defensa del Pueblo de Uganda (UPDF), que cuenta con una unidad especializada que se encarga de los casos de las mujeres y los niños.

31. El Estado parte ha promovido el acceso de la mujer a la información acerca de sus derechos constitucionales mediante la creación de grupos de acción voluntarios y oficinas de distrito de derechos humanos cuyos miembros han recibido capacitación para realizar sesiones comunitarias de sensibilización y formación jurídica en sus respectivas comunidades. Otra actividad ha sido la traducción de los materiales a los idiomas locales. Actualmente se están utilizando grupos de teatro y grupos de acción masculinos para divulgar materiales de formación jurídica. Se han llevado a cabo también actividades de formación jurídica orientadas a las personas desplazadas internamente.

32. Las OSC han participado activamente en las campañas de sensibilización sobre las disposiciones de la CEDAW mediante actividades de capacitación y la formulación y aplicación de programas para convertir a las mujeres en agentes de cambio mediante el desarrollo de su capacidad para poner en tela de juicio su statu quo .

33. Las campañas de formación jurídica del Gobierno y las OSC han contribuido a la potenciación de la mujer, ya que han aumentado su participación en el sistema de gestión y en las actividades económicas, mejorado la salud materna y las tasas de alfabetización, reducido el matrimonio de niños y aumentado las denuncias de violación de sus derechos presentadas por mujeres.

34. A pesar de estas intervenciones, las mujeres están abrumadas por una serie de problemas que limitan sus esfuerzos para conseguir la aplicación de sus derechos constitucionales. Entre ellos cabe citar los siguientes: altos niveles de pobreza, bajas tasas de alfabetización, prácticas culturales negativas, acceso limitado a los recursos y deficiencias institucionales en los organismos de aplicación de la ley. Por otro lado, la insuficiencia de los recursos ha restringido la cobertura de los agentes principales.

35. Por ello, se reconoce la necesidad de mayor cobertura de los programas de sensibilización y concienciación en todo el país y en todos los niveles, que el Estado parte se ha comprometido a emprender.

3.0Artículo 3

3.1Desarrollo y adelanto de la mujer

36 . El Comité manifestó su preocupación ante la ausencia de estrategias generales y sistemáticas y de mecanismos de apoyo para facilitar la aplicación sostenible de las disposiciones de la Convención.

Se propusieron un programa general de incorporación de la perspectiva de género en todos los ministerios gubernamentales y una campaña amplia de sensibilización de los funcionarios públicos sobre las disposiciones de la Convención.

3.1.1Progresos registrados por el Estado parte en la incorporación de la perspectiva de género, y dificultades subsistentes

37. Se han emprendido actividades de incorporación de la perspectiva de género en dos niveles: nacional y local. En el plano nacional, el Estado parte está realizando actualmente actividades de capacitación sobre presupuestación en función del género y la equidad para los funcionarios de los sectores pertinentes. Se han elaborado también materiales de capacitación sobre ese tema para los funcionarios y los promotores de la planificación sectorial.

38. Como consecuencia de las iniciativas de incorporación de la perspectiva de género, la circular presupuestaria para los sectores y los gobiernos locales incluye orientaciones para la elaboración de presupuestos en función del género y la equidad. En consecuencia, la incorporación de la perspectiva de género es uno de los criterios utilizados en la evaluación de los planes de desarrollo del gobierno local. Con el fin de reforzar la presupuestación en función del género, el Estado parte ha generado datos desglosados en función del género en relación con la salud, la educación, el acceso a los recursos productivos y el empleo.

39. La incorporación de la perspectiva de género en el Plan de acción para la erradicación de la pobreza (PAEP) es otra de las actividades llevadas a cabo durante el período incluido en el informe. El PAEP es un marco general de planificación del desarrollo nacional cuyo objetivo es orientar las políticas adoptadas para erradicar la pobreza en Uganda. La integración del género en el PAEP ha dado lugar a la formación del equipo de género del PAEP (conocido ahora con el nombre de Subcomité de Género y Derechos), lo que ha facilitado el proceso de incorporación de la perspectiva de género. Para ello se han encargado estudios que han demostrado convincentemente la necesidad de incorporación de la perspectiva de género en el PAEP y la elaboración de un plan de acción para orientar los compromisos con los sectores e instituciones que se encargan de ejecutar el PAEP.

40. Una evaluación del proceso de incorporación de la perspectiva de género dentro del PAEP comprobó que el progreso era irregular con respecto a la mayor o menor inclusión de las cuestiones de género en el PAEP, así como a la eficacia de las estrategias de género empleados para su aplicación. Las conclusiones sobre las lecciones aprendidas se incorporarán al proceso de formulación del Plan de desarrollo nacional que sustituirá al PAEP en el ejercicio de 2009/10.

41. Se han registrado progresos en la incorporación de la perspectiva de género en los sectores del PAEP relacionados con la agricultura, las carreteras, la educación, la justicia, la ley y el orden y la salud. Los esfuerzos realizados en este sentido en los sectores de la educación y la salud se examinan con mayor detalle en las secciones relativas a los artículos 10 y 12, respectivamente, mientras que los referentes al sector de la justicia, el derecho y el orden se examinan en el artículo 15.

42. Se han llevado a cabo actividades de incorporación de la perspectiva de género en el sector agrícola para garantizar que las mujeres participen en la agricultura y se beneficien de ella en condiciones de igualdad con el hombre. El Plan para la modernización de la agricultura (PMA), que es el marco para la modernización agrícola, trata de aumentar los ingresos y mejorar la calidad de vida de los agricultores de subsistencia pobres aumentando la productividad y compartiendo la producción destinada al mercado, que sería uno de sus objetivos. Las intervenciones relacionadas en este marco han incluido el establecimiento de un Subcomité Técnico del PMA sobre el Género (que desde 2005 recibe el nombre de Subcomité sobre la Pobreza y el Género), que ha preparado un documento expositivo sobre el género, ha encargado la formulación de orientaciones para incorporar la perspectiva en los siete pilares del PMA y boletines sobre política de género para el PMA, ha realizado encuestas de género y ha prestado apoyo para la elaboración de la Estrategia de género de los Servicios nacionales de asesoramiento agrícola (SNAA).

43. El sector vial ha incorporado la perspectiva de género en sus documentos normativos, con apoyo técnico del MAGTDS y ayuda financiera del Organismo Danés de Desarrollo Internacional (DANIDA). El resultado ha sido un aumento del número de mujeres que participan en las obras de construcción de carreteras con gran intensidad de mano de obra. Por ejemplo, la proporción de contratistas y capataces femeninas ha subido del 10% al 30%. De la misma manera, se ha registrado un aumento del número de mujeres empleadas como trabajadoras especializadas y sin especializar en la construcción de carreteras.

44. En lo que respecta al gobierno local, las iniciativas de incorporación de la perspectiva de género se han centrado en el desarrollo de la capacidad de los funcionarios locales para integrar el género en sus planes y presupuestos de desarrollo de distrito. Los esfuerzos se han orientado a establecer mecanismos institucionales de apoyo al proceso de incorporación de la perspectiva de género. Entre esos mecanismos institucionales cabe señalar el Foro sobre el género, el Grupo de acción sobre la incorporación de la perspectiva de género, el Foro de mujeres dirigentes y los Foros de distrito sobre género y mujeres dirigentes. Se han conseguido logros notables en los esfuerzos de incorporación de la perspectiva de género en las siguientes esferas incluidas en los proyectos de distrito:

Enseñanza primaria

•Una estructura de dotación de personal que refleja la igualdad de género: Nombramiento de mujeres como directoras y subdirectoras

•Construcción de locales para el personal docente femenino gracias a la Donación para instalaciones escolares, teniendo en cuenta sus responsabilidades de gestión familiar

•Establecimiento en las escuelas primarias de servicios que tengan en cuenta las diferencias de género, como la construcción de servicios de saneamiento separados para niñas y niños

•Incorporación de la perspectiva de género en el entorno escolar nombrando mujeres como asesoras.

Salud

•Prestación de servicios de fácil acceso para las auxiliares femeninas de los pacientes en los centros de salud, como tanques de agua, incineradores y espacio para cocinar

•Especial atención a la participación de los hombres en los programas de salud reproductiva.

Obras y servicios técnicos

•Adopción de iniciativas de acción afirmativa, durante el proceso de licitación, en las empresas cuyos empleados sean predominantemente mujeres o tengan mujeres en altos cargos de gestión

•Promoción de la construcción de carreteras con gran intensidad de mano de obra para permitir la inclusión de empresas pertenecientes a mujeres.

Finanzas y administración

•Garantía de la igualdad de género en los puestos técnicos. Por ejemplo, en el distrito de Kayunga el coeficiente entre mujeres y hombres en los cargos de jefe de departamento y jefe de subdistrito es de 4:5

•Selección de empresas de mujeres para la recaudación de impuestos en algunos distritos.

Servicios de base comunitaria

•Institucionalización de un grupo de acción para la incorporación de la perspectiva de género que tenga en cuenta las cuestiones de género

•Establecimiento de un grupo de mujeres con anterioridad al presupuesto, que ha sido de gran importancia para la identificación de intervenciones específicas en materia de género

•Institucionalización de las intervenciones orientadas a la incorporación de la perspectiva de género, como un análisis anual de las cuestiones de género, el índice de situación en materia de género y el análisis de género de las tendencias de la pobreza; todos estos procedimientos se han utilizado en la planificación eficaz en función del género.

45. La creación del Departamento de Estudios sobre la Mujer y el Género en la Facultad de Ciencia Sociales en 1991 es una estrategia para incorporar la perspectiva de género en la Universidad de Makerere. La misión del Departamento es ofrecer liderazgo intelectual para la incorporación de la perspectiva de género en todos los aspectos del desarrollo económico, político y sociocultural en la Universidad. El Departamento cuenta con un programa de estudios sobre el género.

46. En relación con estos acontecimientos cabe señalar la creación del Programa de incorporación de la perspectiva de género y la correspondiente División para la Incorporación de la Perspectiva de Género en la Universidad de Makerere. El Comité Permanente del Senado para la Incorporación de la Perspectiva de Género, que es el principal órgano normativo sobre cuestiones de género y se encarga de la supervisión del citado Programa, ha sido de gran importancia para la inclusión de la dimensión de género en el proceso estratégico de planificación de la Universidad. La División encargó un estudio sobre la situación de la Universidad de Makerere en materia de género, en el que se señalaron algunas desigualdades existentes y se recomendaban intervenciones para eliminarlas. La Dirección ha promovido también sesiones de sensibilización para los nuevos alumnos de la Universidad durante la semana de orientación.

47. El empeño del Estado parte en aplicar la Declaración y la Plataforma de nacionales de acción sobre la mujer (PNAM), 1999-2004 y 2006-2010. El objetivo del PNAM revisado es conseguir en Uganda la igualdad de oportunidades para todas las mujeres, potenciándolas para que se conviertan en participantes activas y beneficiarias del desarrollo social, económico y político del país. En el PNAM se especifican cinco esferas de acción fundamentales que deberían dar lugar a la promoción y adelanto de la mujer. Son las siguientes: marco jurídico y normativo y capacidad de liderazgo; potenciación social y económica de la mujer; salud reproductiva, derechos y responsabilidades; educación de las niñas; consolidación de la paz, resolución de conflictos y ausencia de violencia.

48. Con el fin de reforzar la aplicación y supervisión del PNAM, se han localizado los principales agentes en el marco de cada una de las acciones estratégicas, además de reforzar la capacidad del Ministerio de Asuntos de Género, Trabajo y Desarrollo Social (MAGTDS). Entre los progresos realizados en la aplicación del PNAM cabe señalar la distribución de ejemplares de las orientaciones para la aplicación y supervisión del PNAM entre las principales partes interesadas, como los distritos, los ministerios gubernamentales, los departamentos y organismos de las organizaciones de la sociedad civil, las instituciones académicas y los representantes del sector privado. Se han llevado a cabo actividades de capacitación sobre el uso de esas orientaciones para los agentes gubernamentales locales.

49. Las organizaciones de la sociedad civil han participado también activamente en las iniciativas de incorporación de la perspectiva de género. Los importantes logros atribuidos a sus intervenciones son semejantes a los registrados por el Estado parte.

50. Existen todavía varias deficiencias en lo que respecta a la aplicación de las iniciativas de incorporación de la perspectiva de género. En el plano nacional, la incapacidad de los ministerios encargados del Plan de modernización de la agricultura a la hora de aplicar las orientaciones ha dado lugar a la falta de coordinación en las medidas adoptadas para la incorporación de la perspectiva de género. La falta de indicadores para el seguimiento y evaluación ha dificultado la valoración evaluación de los efectos atribuibles a los esfuerzos de incorporación de la perspectiva de género en el sector vial.

51. En lo que respecta al gobierno local es poca la disponibilidad de datos desglosados sobre el género para el diseño eficaz de programas, escasean los instrumentos estándar de análisis de género y, en consecuencia, muchos programas de ese nivel no responden necesariamente a las preocupaciones prioritarias de la mujer. Además, la adopción de medidas de incorporación de la perspectiva de género en el gobierno local es todavía escasa, dado que pocas veces se asignan recursos para la realización de esas iniciativas.

52. Con el fin de reforzar la incorporación de la perspectiva de género, el Estado parte continuará desarrollando la capacidad de los funcionarios técnicos competentes, elaborando orientaciones específicas para los distintos sectores y generando datos desglosados sobre el género.

53. El Estado parte ha elaborado un proyecto de ley sobre el Auditor General, que contiene disposiciones para realizar una auditoría de género con el fin de supervisar las asignaciones y gastos presupuestarios.

4.0Artículo 4

4.1Aceleración de la igualdad entre la mujer y el hombre

4.1.2Progresos registrados por el Estado parte en la adopción de medidas de acción afirmativa, y dificultades subsistentes

54. El Gobierno ha adoptado varias medidas adecuadas para garantizar el pleno desarrollo y adelanto de la mujer y garantizarle el ejercicio y disfrute de los derechos humanos y las libertades fundamentales en condiciones de igualdad con el hombre.

La acción afirmativa en lo que respecta la representación política se examina en el contexto del artículo 7

55. En el párrafo 1) c) del artículo 78 de la Constitución se establece la representación de grupos de interés especial, como jóvenes (dos de los cuales deben ser mujeres), personas con discapacidades y trabajadores.

56. La política de género de Uganda es una revisión de la política nacional de género de 1997 y fue aprobada por el Gabinete en 2007. Esta política establece un marco para la identificación, ejecución y coordinación de actividades encaminadas a conseguir la igualdad de género.

57. La aplicación de una estrategia de acción afirmativa para los grupos de interés especial ha dado lugar a la representación parlamentaria de estos grupos. Entre ellos se incluyen los jóvenes (dos de los cuales deben ser mujeres), las personas con discapacidades y los trabajadores. Se han constituido también órganos correspondientes, como el Consejo Nacional de la Mujer (NWC) y los consejos nacionales de juventud, que han constituido un foro importante para plantear y abordar cuestiones de interés para la mujer. El NWC ha participado activamente en la preparación de intervenciones que han promovido el desarrollo socioeconómico de la mujer mediante el fomento de su capacidad y la sensibilización.

58. Las medidas de acción afirmativa afectan ahora a la composición de las comisiones constitucionales, incluida la Comisión Sempebwa, que examinó la Constitución de 1995 en 2001. Algunas mujeres fueron nombradas para cargos de comisionada, asesora jurídica y secretaría adjunta.

59. Se han emprendido también medidas de acción afirmativa en el abastecimiento de agua y el saneamiento con el fin de abordar las cuestiones de género en ese sector. Para garantizar una participación significativa de la mujer, la Política de abastecimiento de agua y saneamiento y la correspondiente Estrategia de género en el sector del abastecimiento de agua reservan a la mujer el 50% de los componentes de los comités de usuarios del agua y de los comités de agua y saneamiento de alcance comunitario. Además, esta política alienta la elección de mujeres para el cargo de Presidenta y Tesorera del Comité de Usuarios del Agua y el Comité del Agua y Saneamiento, para garantizar la potenciación de la mujer en los procesos comunitarios de toma de decisiones y de gestión. Los comités de usuarios del agua y de abastecimiento de agua y saneamiento son puntos de acceso fundamentales para la intervención y participación de los usuarios en el sector del agua.

60. Los consejos nacionales de mujeres y jóvenes están todavía examinando qué posición pueden adoptar en un sistema multipartidista, dado que representan a todas las mujeres y jóvenes, independientemente de su ideología política.

61. Se están considerando propuestas para formular una ley que oriente a los consejos de mujeres y jóvenes sobre la forma de intervenir en un régimen multipartidista. Se ha reconocido la necesidad de formular indicadores para evaluar la calidad y alcance de la participación de la mujer en los comités de usuarios en el sector del abastecimiento de agua y el saneamiento.

5.0Artículo 5

5.1El encasillamiento de las funciones estereotipadas de hombres y mujeres

62 . El Comité manifestó su preocupación ante la persistencia de las pautas patriarcales de comportamiento y la existencia de estereotipos en relación con la función de la mujer en el hogar y en la sociedad, y las expectativas de subordinación de la mujer al hombre.

El Comité recomendó la revisión de los libros de texto escolares y los programas de estudio en todos los niveles del sistema de educación. Asimismo, propuso campañas de sensibilización y educación pública orientadas a las mujeres y a los hombres para acabar con los estereotipos tradicionales relativos al papel de la mujer. Además, se encargó al Gobierno de Uganda que evaluara el impacto de estas medidas con el fin de precisar las deficiencias y lograr las pertinentes mejoras.

5.1.1 Progresos registrados por el Estado parte en la eliminación del encasillamiento de funciones estereotipadas de hombres y mujeres, y dificultades subsistentes

63. Los párrafos 1), 2) y 4) del artículo 33 de la Constitución tratan de eliminar la discriminación contra la mujer en las esferas política, económica y social de la vida. A continuación se mencionan algunas intervenciones que tratan de aplicar las disposiciones constitucionales.

64. El Ministerio de Educación y Deportes (MED) está formulando una Política de género en la educación para resolver los problemas de género en el sector de la enseñanza. El objetivo general de la política es alcanzar la paridad entre los géneros en todos los niveles de la educación y la igualdad de género en lo que respecta a oportunidades, beneficios y resultados en el sector de la educación y los deportes. Las estrategias previstas para acabar con los estereotipos en el entorno educativo comprenden la inclusión de la perspectiva de género en los programas de estudio y la instrumentación de orientaciones para su incorporación en la educación. Las actividades propuestas son las siguientes: formulación de un tipo de enseñanza, materiales docentes, métodos e instalaciones que tengan en cuenta las consideraciones de género, la sensibilización de los editores en materia de género, el desarrollo de un lenguaje, normas y prácticas que tenga en cuenta la perspectiva de género y la garantía de la equidad en el aula.

65. El MED está preparando también un manual para orientar a los maestros de enseñanza primaria sobre la forma de crear un entorno educativo que tenga en cuenta la perspectiva de género. El manual ofrece información básica sobre las cuestiones de género en la sociedad y sobre su repercusión en el proceso de aprendizaje. Destacan las esferas que requieren atención específica en la escuela y la comunidad a fin de reducir los obstáculos a la educación resultantes del desequilibrio de género o de la despreocupación por estas cuestiones. El manual trata de ayudar a las partes interesadas en la educación, haciendo especial hincapié en el personal docente para conseguir un entorno educativo que tenga en cuenta la perspectiva de género. Se señalan algunas de las cuestiones relacionadas con el género en la escuela, en el lugar y en la comunidad, y los desafíos que plantean para la participación del niño en proceso educativo. Se sugieren estrategias que pueden emplearse y medidas prácticas que pueden ser adoptadas por el personal docente, con participación activa de los alumnos y los miembros de la comunidad, para reducir la desigualdad de género y mejorar el aprendizaje.

66. Durante el período incluido en el informe, la UHRC preparó un volumen de Lecturas sobre los derechos humanos, destinado a las escuelas de enseñanza primaria. En esta publicación se consideran, entre otros temas relacionados con los derechos humanos, las cuestiones relativas a los derechos de las niñas. Se ha constituido un grupo de tareas encargado de supervisar la aplicación del Plan de acción para la enseñanza de los derechos humanos en el sistema escolar. Entre los planes se incluye la incorporación de la educación sobre los derechos humanos en todos los niveles de la enseñanza. Se establecerá en breve una Coalición nacional de educación sobre los derechos humanos para impulsar la aplicación de la primera fase del Plan de acción. Además, se ha elaborado una nota conceptual sobre la aplicación nacional del Programa Mundial para la educación en derechos humanos. En él se incluirá la educación sobre los derechos humanos en las escuelas primarias y secundarias.

67. Las actividades de formación jurídica examinadas en el contexto del artículo 2 han contribuido a combatir los estereotipos tradicionales relativos al papel de la mujer.

68. Existen todavía pautas patriarcales de comportamiento, y los niveles de discriminación contra la mujer continúan siendo relativamente elevados. Esta discriminación se manifiesta en las siguientes esferas de la vida:

•Económica: preferencia por empleados varones

•Política: restricción de la mujer a puestos políticos de nivel intermedio

•Acceso a la información

•Sociocultural: discriminación contra las mujeres y las niñas en lo que respecta a la transmisión de bienes; preferencia de los niños varones en la educación; exclusión de las niñas embarazadas de la escuela, sin medidas correspondientes con respecto a los niños; y relegación de las mujeres y las niñas a las labores domésticas.

69. La aplicación de la Política de género en la educación y la utilización del manual por el personal docente contribuirán a los esfuerzos realizados para acabar con los estereotipos de género en el entorno educativo.

6.0Artículo 6

6.1Supresión de la explotación de la mujer

70 . El Comité manifestó su preocupación acerca de los niveles crecientes de explotación de las prostitutas. Otro motivo de preocupación era la difusión del VIH/SIDA y otras enfermedades de transmisión sexual entre las prostitutas.

El Comité propuso la elaboración de programas encaminados a las prostitutas, con el fin principal de mejorar su condición socioeconómica ofreciéndoles servicios adecuados de atención de salud y actividades alternativas de generación de ingresos. Por otro lado, se propusieron sanciones más duras contra la explotación de las prostitutas.

6.1.1 Progreso y dificultades del Estado parte en la prestación de asistencia a las prostitutas

71. La creciente atención a las prostitutas ha sido resultado de la pandemia del VIH/SIDA. El Plan estratégico nacional contra el VIH y el SIDA para 2007/8-2011/12 reconoce que las prostitutas son uno de los grupos de mayor riesgo, lo que significa que son sumamente vulnerables al VIH/SIDA. El Plan estratégico nacional reconoce que, por la naturaleza de su actividad, las prostitutas tienen numerosos contactos, lo que las expone a graves riesgos de contraer el VIH/SIDA y otras infecciones de transmisión sexual. Dos encuestas realizadas en un período de dos años (2001-2003) revelaban un aumento del 75% de la difusión del VIH entre esta categoría de mujeres. Según otra encuesta, la prevalencia de enfermedades de transmisión sexual era del 59,6%, lo que demostraba la necesidad de intervenciones urgentes y específicas.

Cuadro IVEncuestas transversales de prostitutas en Kampala

Año de la encuesta	Núm. de prostitutas incluidas en la encuesta	Porcentaje de las que resultaron seropositivas	Grupo de edad con las tasas de prevalencia más elevadas
2001	195	28,2	20-24
2003	216	47,2	20-24

Fuente : Proyecto de PEN 2007/8–2011/12

72. En el plano normativo, el PEN, en cuanto componente de su planteamiento multisectorial y holístico del VIH/SIDA (prevención, atención y tratamiento y apoyo social), ha detectado las siguientes estrategias que podrían mejorar el bienestar de las prostitutas y su acceso a la atención de salud:

•Fomento de las intervenciones preventivas orientadas a los grupos de alto riesgo;

•Prestación de servicios de tratamiento orientados a las enfermedades de transmisión sexual para los grupos de alto riesgo, entre los que se incluyen las prostitutas;

•Mejora del marco legislativo y normativo pertinente para promover el apoyo a los grupos vulnerables y penalizar la transmisión deliberada del VIH/SIDA; y

•Servicios de educación formal e informal, capacitación profesional y preparación práctica para la vida con destino a los huérfanos y niños vulnerables, personas que viven con el SIDA, personas desplazadas internamente, personas con discapacidades y otros grupos desfavorecidos.

73. En lo que respecta a la atención de salud, el Gobierno ha adoptado una política de tratamiento gratuito de las enfermedades de transmisión sexual (ETS) en todos los centros públicos de atención de salud, donde las prostitutas pueden tener acceso a servicios de atención y tratamiento. Se ofrecen servicios de asesoramiento y pruebas para la detección del VIH/SIDA (APDH) y tratamiento de las ETS en los centros públicos de salud de todo el país. Además, hay iniciativas para ampliar los servicios de APDH a las poblaciones más expuestas a riesgos, entre las que se incluyen las comunidades de pescadores, los profesionales del sexo, el personal uniformado y los jóvenes sexualmente activos de las instituciones superiores de enseñanza, para lo cual se incrementará el número de servicios de divulgación.

74.Los programas gubernamentales cuentan con el apoyo de iniciativas complementarias de varias organizaciones de la sociedad civil (OSC). Éstas gestionan dispensarios donde las profesionales del sexo pueden acceder a una serie de servicios de seguridad y salud profesional con costo nulo o mínimo.

75. Es un hecho reconocido que en muchos casos la práctica de esa actividad es resultado de unas circunstancias socioeconómicas lamentables. Varias iniciativas en curso tratan de crear actividades alternativas de generación de ingresos para la mujer. Estos programas, ejecutados fundamentalmente por las OSC, han incluido actividades de rehabilitación, formación/capacitación personal y matrícula en escuelas para algunas de las prostitutas.

76. La formación jurídica y el suministro de información y conocimientos a las prostitutas acerca de sus derechos humanos básicos son otras de las actividades emprendidas por algunas organizaciones de mujeres. Se han establecido también grupos de autopromoción por iniciativa de ex prostitutas que ofrecen, entre otros, servicios de ayuda psicosocial, educación sobre el VIH/SIDA y capacitación para antiguas profesionales del sexo.

77. No obstante, el principal desafío de todos estos programas para llegar a las prostitutas ha sido el etiquetado y estigma asociados con la prostitución, lo que hace difícil que esas mujeres puedan identificarse como tales y soliciten apoyo y asistencia cuando la necesitan. Incluso los grupos establecidos con el fin de promover los derechos de las prostitutas, por ejemplo, la ausencia de acoso y de temor a la detención y la igualdad de acceso a la atención de salud, no consiguen todavía ese objetivo de manera eficaz. Se están realizando esfuerzos, aunque lentamente, para conseguir que los servicios de salud reproductiva sean lo más cómodos posible para el usuario. Un planteamiento que ha funcionado eficazmente en el caso de las OSC ha sido el uso de prostitutas para movilizar a sus colegas y el establecimiento de un dispensario dedicado a las prostitutas.

78. Las propuestas recientes de legalizar la prostitución han encontrado fuerte resistencia entre quienes argumentan que esta práctica está en clara contradicción con los valores religiosos y culturales del país. Las secciones 131 a 134 de la Ley del Código Penal de Uganda declaran ilegales los actos asociados con la prostitución pero no el acto de la prostitución. De todas formas, las prostitutas son detenidas frecuentemente por la policía por “estar ociosas” y “provocar desórdenes”. Se han adoptado planes para examinar las disposiciones de la Ley del Código Penal sobre esas conductas.

79. Aunque no están legalmente autorizadas, el Gobierno reconoce la existencia de prostitutas y la necesidad de ocuparse de esta categoría especial de ciudadanos. Los esfuerzos gubernamentales se orientan, por lo tanto, hacia la rehabilitación y el ofrecimiento de oportunidades económicas y fuentes alternativas de ingreso para las prostitutas, al margen de las actividades de comercio sexual.

6.2Medidas adoptadas por el Estado parte para reducir la trata de personas, y dificultades subsistentes

80. El país no tiene en la actualidad ninguna ley sobre trata de personas. No obstante, se ha presentado al Parlamento un proyecto de ley sobre la prevención del tráfico de personas. Su objeto es tipificar como delito la trata de personas, además de proteger, ayudar y apoyar a las víctimas de la trata, respetando plenamente sus derechos humanos.

•Los autores de actividades de trata de personas podrán ser condenados a prisión de cinco años;

•Todo miembro de la comunidad que tenga conocimiento de estas prácticas y no las comunique a la policía podrá ser condenado a seis meses de prisión;

•El proyecto ofrece protección a las víctimas mediante apoyo médico y psicosocial, alojamiento seguro y, en el caso de los niños, educación y atención de otras necesidades relacionadas con su bienestar.

81. En espera de la aprobación del proyecto de ley, se llevan a cabo algunas actividades de sensibilización/concienciación con destino al gran público, a las autoridades y a los organismos encargados del cumplimiento de la ley.

82. No obstante, existen varios problemas. En general el público no dispone de conocimientos ni de datos sobre la difusión de la trata de personas. Esta práctica se ha visto fomentada por la pobreza, la falta de estudios y los disturbios civiles. El otro desafío es la ausencia de un organismo de coordinación y la falta de los conocimientos prácticos necesarios en los organismos encargados del orden público. Esas deficiencias han dado lugar en algunas ocasiones a una gestión inadecuada de los casos de trata de personas, a la falta de reconocimiento de los sufrimientos de las víctimas y, en algunos casos, a la penalización de su situación de víctimas de la trata.

83. El fomento de la capacidad mediante actividades de formación en las instituciones que gestionan los asuntos relacionados con la trata de personas es un objetivo prioritario con el fin de hacer posible la identificación, investigación, procesamiento y enjuiciamiento eficaz de los casos de trata de personas.

7.0Artículo 7

7.1Representación de la mujer en la vida política y pública de Uganda

84. El Comité observó con preocupación el bajo número de mujeres en cargos de toma de decisiones, a pesar de la ejecución de medidas temporales orientadas a resolver las desigualdades de género en la representación política. Otro motivo de preocupación son las actitudes patriarcales que consideran a los hombres como líderes naturales y, por lo tanto, impiden que la mujer solicite cargos de liderazgo.

Por ello, se recomendó que se intensificaran los esfuerzos por alentar a la mujer a ocupar cargos directivos, con nuevas medidas temporales en consonancia con el párrafo 1 del artículo 4 de la Convención. Se propuso asimismo que el Gobierno de Uganda ofreciera o apoyara programas para actuales y futuras mujeres en puestos directivos y que llevara a cabo actividades de sensibilización sobre la importancia de la participación de la mujer en la toma de decisiones.

7.1.1Progresos registrados por el Estado parte en la resolución de las desigualdades de género en la representación política

85. Desde la presentación del último informe se han conseguido algunas mejoras modestas en la participación de la mujer en la vida política y pública de Uganda. Las mujeres tienen ahora mayor visibilidad en las instituciones oficiales de toma de decisiones y, en el poder legislativo, han conseguido por primera vez el mínimo del 30%. El resultado de las elecciones del 2006 —las primeras en un régimen multipartidista— reflejaron un aumento del 35% del número de mujeres parlamentarias, que pasaron de 75 en 2001 a 100 en 2006, de un total de 333. Ha aumentado el número de mujeres con cargos ministeriales o de presidencia en los comités permanentes del Parlamento o en altos cargos en las estructuras de los partidos políticos. También ha aumentado el número de mujeres que presiden organismos públicos importantes.

Cuadro VMujeres en puestos directivos

Mujeres en puestos directivos	2001– 2005	2006– 2008
M	Porcentaje	H	M	Porcentaje	H
Gabinete y ministros	15		51	14	19%	58
Parlamento	75	24 , 6	230	102	30%	231
Altos cargos de la administración				15	38%	24
Poder judicial				31 , 3%		68 , 9%
Gobierno local
Presidentes y vicepresidentes de distrito	1	1 , 8	55	1	1 , 4%	68
Municipios (Consejo local 111)	2			1	5 , 5%	17
Presidentes de subdistrito	16		673	11	1 , 1%	969

Se han adoptado las siguientes medidas para aumentar la representación de la mujer en la vida política del país:

•Política de acción afirmativa que ofrece a la mujer mayores oportunidades de ocupar puestos directivos. Además de ayudarle a superar la barrera invisible, esta política ha permitido a la mujer dar muestras de su capacidad de liderazgo y, por lo tanto, acabar con el estereotipo negativo de la mujer en este terreno. En consecuencia, cada vez son más las mujeres que se dedican a la política. Este fenómeno se observó claramente durante las elecciones de 2006, en que aumentó el número de mujeres que competían con sus colegas del otro sexo por ocupar los escaños disponibles; 15 de ellas lo consiguieron. En esas mismas elecciones hubo por primera vez una mujer candidata a la presidencia. Este cambio representa una gran innovación con respecto al pasado, donde ese cargo se consideraba patrimonio exclusivo de los varones, y se prevé que ello anime a más mujeres a buscar los cargos directivos más altos.

•Programas de fomento de la capacidad en apoyo de las actividades políticas de la mujer. Por iniciativa principalmente de organizaciones de mujeres y algunos consejos de distrito, varios programas de fomento de la capacidad se han orientado a mujeres candidatas o que ocupan actualmente puestos de dirección, en respuesta a los obstáculos históricos existentes (falta de instrucción, experiencia, tiempo y técnicas de dirección). Otras instituciones han organizado también iniciativas de fomento de la capacidad orientadas a los partidos políticos con la intención de resaltar la importancia de la mujer dentro de las estructuras de los partidos. Se han organizado también programas de fomento de la capacidad de dirección con destino a mujeres parlamentarias, a fin de aumentar su participación eficaz y su capacidad de influir en la inclusión de los problemas de la mujer en las políticas. La Asociación Parlamentaria de Mujeres de Uganda (UWOPA) se ha convertido desde entonces en importante grupo de presión en favor de la representación de la mujer en las juntas públicas y órganos regionales.

•Las actividades de educación cívica, si bien limitadas, han incrementado la sensibilización de las comunidades acerca de las cuestiones relativas al liderazgo en general y de los derechos políticos de los ciudadanos. Otras iniciativas gubernamentales, como el Programa de alfabetización funcional y de adultos (PAFA) y los SNAA ejecutados en los distritos han aumentado la confianza de la mujer para manifestarse en público y competir por los cargos de los consejos locales. El MAGTDS ha realizado actividades de orientación de mujeres en puestos directivos públicos locales e iniciado la formación de foros de distrito sobre el género y grupos para mujeres dirigentes. Estas iniciativas han contribuido también a lograr una mayor conciencia acerca del género dentro de los consejos de distrito y a fomentar su capacidad para la incorporación de la perspectiva de género.

•Campañas de promoción realizadas por organizaciones de mujeres para aumentar la representación de la mujer. La Coalición sobre Responsabilidad Política para la Mujer, utilizando como instrumentos el Manifiesto de la mujer y Exigencias mínimas de la mujer a los partidos y organizaciones políticas, ha solicitado medidas de acción afirmativa, con representación mínima de un 40% de mujeres en las estructuras de partido. Si bien esta cifra no se consiguió de manera uniforme, la competencia por los votos de la mujer ha ampliado el espectro de liderazgo de la mujer y ha situado en el primer plano a algunas mujeres que ahora ocupan altos cargos ejecutivos en los partidos políticos.

•La política de descentralización y, en particular, la creación de nuevos distritos para mejorar el sistema de gobierno local y aumentar la distribución equitativa de los recursos ha creado también nuevas oportunidades de liderazgo. Las mujeres pudieron adquirir 40 puestos más en los distritos de reciente creación.

86. La presencia de la mujer en los comités del Parlamento ha transformado el carácter predominantemente masculino de éste. En la octava sesión parlamentaria, cinco parlamentarias ocupan cargos de presidentas de comité, y nueve son subpresidentas. Reviste particular importancia su presencia en los comités permanentes, muy importantes como punto de acceso para abordar los problemas de género en los programas de gobierno. Las mujeres representantes han introducido la perspectiva de género en el proceso legislativo. Han utilizado sus cargos para llamar la atención sobre cuestiones de gran importancia para la mujer, como la violencia doméstica, los derechos de propiedad, la violencia de género y la salud reproductiva, y han conseguido en cierta medida que las leyes promulgadas tengan una mayor perspectiva de género. Un ejemplo es la Ley de tierras de 1998, que contiene una cláusula sobre el consentimiento conyugal que aumenta la seguridad de tenencia de la mujer.

87. La Asociación Parlamentaria de Mujeres de Uganda (UWOPA), mediante su Programa legislativo común de la mujer (PLCM) ha ejercido presión en favor de algunos proyectos de ley encaminados a mejorar el bienestar y el respeto de los derechos de la mujer. Entre esos proyectos de ley se incluyen los relacionados con las siguientes materias: delitos sexuales, trata de personas, mortalidad materna, violencia doméstica, relaciones familiares y mutilación genital femenina. Los esfuerzos de la UWOPA en ese sentido se refuerzan gracias a la presencia de algunos de sus miembros en la Asociación de Ministras y Parlamentarias Africanas, que ha dado mayor relieve a las preocupaciones por la salud reproductiva de la mujer.

88. En el plano local, la Ley de gobierno local de 1997 garantiza que un tercio de los puestos de los consejos locales estén reservados para las mujeres en todos los niveles de la estructura del Consejo Local y ha incrementado la representación numérica de la mujer en los consejos locales.

89. No obstante, aunque el sistema de cuotas está ya en vigor, la participación de la mujer es todavía inferior al nivel deseado. Una encuesta realizada en 10 distritos revelaba que las mujeres han quedado relegadas a puestos de miembros del Consejo mientras que sólo algunas de ellas han ocupado la vicepresidencia. Hay sólo ocho mujeres presidentas en el Consejo Local III, y sólo una mujer es Presidenta de distrito, de un total de 80 distritos.

90. Existe en general la preocupación de que, si bien ha aumentado cuantitativamente la representación de la mujer, su presencia no se hace notar suficientemente. Aunque están presentes en los puestos de toma de decisiones, su poder y capacidad de influir en las políticas para la promoción de la mujer es muy limitada. Se reconoce que la UWOPA ha tratado de eliminar los obstáculos de género al desarrollo social, económico y político mediante una legislación que incorpora la perspectiva de género. No obstante, si bien la UWOPA ha conseguido elaborar un Programa legislativo común de la mujer (PLCM), la tardanza en la aprobación de los proyectos de ley demuestra la existencia de otras dificultades.

Entre los factores que pueden explicar esta situación se encuentran los siguientes:

•Diferencia entre políticas y prácticas en las disposiciones sobre la igualdad de género. El carácter patriarcal firmemente arraigado de las instituciones con que se relacionan las mujeres en puestos directivos continúa frustrando los esfuerzos de la mujer por introducir cambios positivos en los grupos que representan. Un caso ilustrativo es la resistencia a una legislación que incluya la perspectiva de género, por ejemplo, la ley propuesta sobre relaciones familiares;

•La ausencia de ideologías políticas y posiciones claramente articuladas sobre los problemas de la mujer, lo que hace que ésta tenga dificultades para utilizar su apoyo durante las elecciones como instrumento de negociación con los diferentes partidos políticos;

•El régimen multipartidista, que ha fragmentado de alguna manera la representación de la mujer;

•Los estereotipos que presentan a los hombres como líderes naturales; y

•La falta de colaboración entre las mujeres en los puestos de liderazgo y las organizaciones de mujeres, que ha impedido la formulación de un programa común y la realización de esfuerzos concertados.

91. Otros obstáculos a la participación de la mujer en las actividades políticas del país son la lamentable situación socioeconómica de la mujer (asociada con el bajo nivel de alfabetización, la falta de exposición y la limitación de recursos) que continúa desanimando a muchas mujeres que podrían presentar su candidatura en las elecciones. Los programas gubernamentales, como el de Prosperidad para Todos (PPT), tratan de mejorar la situación económica de las comunidades, y las mujeres son uno de los grupos destinatarios para las distintas intervenciones del PPT.

92. La sustitución de los colegios electorales por el sufragio adulto ha aumentado las cargas financieras de las mujeres aspirantes a los cargos de representantes de distrito en el Parlamento. Durante las últimas elecciones, las mujeres en esas circunstancias tuvieron que ocuparse de 24 subcondados (distritos enteros), frente a sólo tres en el caso de las que competían por escaños de elección libre.

93. La escasa comprensión de los procesos políticos, en particular la transición del Movimiento al régimen multipartidista y la forma en que éste funciona, fue un problema para muchos ciudadanos, con inclusión de las mujeres, que creó gran incertidumbre. Por ello, las mujeres no pudieron aprovechar la transición para manifestar sus preocupaciones y conseguir avances en su representación. En las campañas electorales las preocupaciones de las mujeres no adquirieron el debido relieve, lo que hizo que no se incorporaran suficientemente en el programa político.

94. De todas formas, la UWOPA ha realizado una labor encomiable en lo que respecta a la formulación de estrategias para hacer frente a esos desafíos. Entre ellas se incluye la organización de mesas redondas que facilitarán los debates sobre el PLCM con organizaciones de la sociedad civil y parlamentarios varones.

7.2Participación de la mujer en los esfuerzos de consolidación de la paz y reconciliación

95. El Comité manifestó su preocupación al comprobar que muchas niñas y mujeres de las zonas en conflicto han sido víctimas de la violencia, en particular de secuestros y de esclavitud.

Se recomendó que el Gobierno de Uganda incluyera a la mujer en las iniciativas de consolidación de la paz y de reconciliación nacional. Con ese fin se propuso que se incluyera en las negociaciones de paz a mujeres de todos los grupos étnicos afectados por los conflictos armados. Se propuso también que las negociaciones de paz incluyeran medidas de rendición de cuentas, reparación y rehabilitación para las mujeres y niñas que se habían visto sometidas a la violencia, en particular a la esclavitud, en esos conflictos.

96. La participación de la mujer en la vida política del país no se limita a los cargos electivos y se ha ampliado a otras esferas, como los esfuerzos de consolidación de la paz y reconciliación, en la forma estipulada por la resolución 1325 (2000) de las Naciones Unidas.

7.2.1Progresos registrados por el Estado parte en la promoción de la participación de la mujer en los esfuerzos de consolidación de la paz y de reconciliación, y dificultades subsistentes

97. El Gobierno de Uganda ha apoyado anteriormente los esfuerzos de algunas dirigentes (por ejemplo, la Sra. Betty Bigombe) que presidieron inicialmente las conversaciones de paz (1994/2004) con el Ejército de Resistencia del Señor (LRA) para acabar con el conflicto en el norte de Uganda. Aunque posteriormente las mujeres no han tenido una representación de tan alto nivel en el equipo de negociación gubernamental, el Gobierno ha adoptado disposiciones para la participación de la mujer en las conversaciones de paz de Juba. Además de las dos mujeres que se han incorporado directamente al equipo, otras han recibido facilidades para participar en algunas de las reuniones.

98. Esos esfuerzos han encontrado el apoyo de iniciativas de las CSO, como la Coalición de Mujeres de la sociedad civil en favor de la paz, que ha contribuido decisivamente a exponer las preocupaciones y problemas de la mujer mediante sus campañas de paz, y de programas de consolidación de la paz para dirigentes/organizaciones femeninas en el plano comunitario. Estas actividades reconocen el papel fundamental de la mujer en apoyo de la comunidad durante los conflictos y en el proceso posterior de reconstrucción de la sociedad.

99. Con respecto a las medidas de rendición de cuentas, reparación y rehabilitación para las mujeres y niñas que han sido víctimas de conflictos armados, los intentos señalados en el párrafo precedente han dado lugar a iniciativas para incorporar la perspectiva de género en los cinco puntos del Programa de Paz. La reparación a las víctimas de violaciones de los derechos humanos se plantea en el apartado número 3 del Programa. Entre las propuestas se incluye el uso de sistemas de justicia tradicionales (Mato Put) para resolver y solucionar los agravios. No es todavía claro qué formas de reparación se adoptarán, en particular para quienes han sufrido violencia sexual.

100. El Gobierno de Uganda, en colaboración con sus asociados en el desarrollo, está trabajando actualmente en diferentes programas de recuperación para reasentar y rehabilitar a las comunidades desplazadas en las regiones afectadas por conflictos. Se están adoptando disposiciones especiales para los grupos más vulnerables, entre los que se incluyen las mujeres acogidas al Plan de Paz, Recuperación y Desarrollo (PPRD) para Uganda septentrional. El Ministerio de Asuntos de Género, Trabajo y Desarrollo Social ha iniciado el proceso de inclusión de la perspectiva de género en ese documento, a fin de garantizar que las mujeres disfruten igualmente de las oportunidades y se beneficien de las intervenciones previstas.

101. Entre los desafíos experimentados para conseguir la participación de la mujer se incluyen la limitada comprensión de la resolución 1325 (2000) del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en todos los niveles. La experiencia del anterior programa de rehabilitación —el Fondo de Acción Social de Uganda Meridional (NUSAF)— puso de manifiesto que hay una tendencia en virtud de la cual la mujer pierde el reconocimiento conseguido durante la época de conflicto para regresar a una condición subordinada. Las mujeres no son consultadas suficientemente ni se cuenta con ellas en los procesos de toma de decisiones sobre los diferentes programas de reasentamiento. Ello se agrava por los bajos niveles de alfabetización de la mujer y las normas culturales sobre la posición de ésta, así como por la escasa coordinación de las iniciativas de mujeres en el plano popular.

102. Algunos de los desafíos se están abordando mediante iniciativas emprendidas por OSC que han facilitado la capacitación de las mujeres dirigentes, las visitas de aprendizaje mutuo y las reuniones de consulta de alcance comunitario con el fin de poner en práctica la Resolución 1325 (2000) del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.

8.0Artículo 8

8.1Representación y participación internacional de la mujer

103. Uno de los motivos de preocupación del Comité era el bajo número de mujeres en el servicio diplomático, en particular en puestos fuera de Uganda. A este respecto, cabe señalar también el pequeño número de mujeres de Uganda que trabajan en organizaciones internacionales.

Se instó al Gobierno de Uganda a que adoptara medidas en conformidad con el párrafo 1 del artículo 4 de la Convención, para alentar a la mujer a ingresar en el servicio diplomático. Además, se le aconsejó adoptar medidas para alentar a las mujeres a solicitar empleo en organizaciones internacionales.

8.1.1Progresos registrados por el Estado parte con el fin de alentar a la mujer a ingresar en el servicio diplomático y en organizaciones internacionales

104. Si bien el número de mujeres que ocupan puestos internacionales y diplomáticos quizá no haya cambiado significativamente desde el último informe, algunas mujeres han sido posteriormente nombradas para puestos de gran relieve en el Sistema de las Naciones Unidas y otros órganos regionales. Los siguientes cargos están ocupados por mujeres ugandesas:

•Subsecretaria General de las Naciones Unidas,

•Comisionada de la UA para la agricultura y el desarrollo rural

•Subsecretaria General de la comunidad del África oriental

•Directora del Equipo sobre cuestiones de género/Dirección de Políticas de Desarrollo del PNUD

•Representante de la FAO en China

•Representante de la OMS en Lesotho.

105. Otras dos mujeres han sido enviadas por el Gobierno a participar en tribunales internacionales de gran importancia en Sierra Leona y Rwanda. Esta es quizá la esfera en que las mujeres ugandesas han conseguido mayor visibilidad y gozan de mayor reconocimiento que sus homólogos varones.

106. Ocurre lo contrario en lo que respecta a los cargos diplomáticos. La representación de mujeres en los cargos superiores dentro del servicio diplomático continúa siendo baja, ya que sólo hay tres mujeres embajadoras frente a 21 hombres (en octubre de 2008). Las mujeres tienen mayor representación como adjuntas y en cargos intermedios e inferiores en las misiones del país en el extranjero.

107. Si bien el Gobierno de Uganda respalda en general el apoyo a la representación de la mujer, no se dispone todavía de mecanismos para garantizar su representación adecuada en los cargos más elevados del servicio exterior. Entre las deficiencias observadas cabe señalar los mecanismos informales a través de los cuales se identifican los posibles candidatos. Estos mecanismos, que funcionan muchas veces en el plano político, están dominados por los varones, lo que reduce las oportunidades para las mujeres competentes. En cuanto a la representación internacional, otro problema es la ausencia de cauces debidamente establecidos de intercambio de información y de presentación de candidaturas para garantizar que la información sobre las oportunidades disponibles llegue al mayor número posible de mujeres candidatas competentes.

108. No obstante, se prevé que la Comisión de Igualdad de Oportunidades, cuando esté plenamente en vigor, representará un marco institucional para promover la igualdad de género en el servicio diplomático así como en las organizaciones internacionales.

9. Artículo 9

9.1Nacionalidad

109.El Comité manifestó su preocupación acerca de las disposiciones discriminatorias del Reglamento sobre Pasaportes, en que se obligaba a las mujeres casadas a recibir consentimiento escrito de su esposo como requisito previo para la expedición de un pasaporte. Además, en el reglamento se exigía que la mujer obtuviera autorización escrita del padre de su hijo menor para que ella pudiera incluirlo en su pasaporte.

Por ello, el Comité recomendó la revisión del Reglamento sobre Pasaportes para armonizarlo con las disposiciones constitucionales sobre la ciudadanía.

9.1.1 Progresos registrados por el Estado parte en la modificación del Reglamento sobre Pasaportes

110.Según la legislación vigente, los hijos deben obtener sus propios pasaportes para reducir las incidencias de trata de menores. El padre y la madre tienen el mismo derecho a adquirir pasaportes para sus hijos. Además, no se necesita ya el consentimiento por escrito de un cónyuge al solicitar un pasaporte.

111.Después de la Enmienda constitucional de 2005, Uganda permite la doble ciudadanía y reconoce que una persona que no es ciudadano de Uganda puede adquirir la ciudadanía de otro país sin perder la ciudadanía ugandesa. Se ha presentado al Parlamento el proyecto de ley sobre control de la ciudadanía y la inmigración en Uganda (enmienda). La nueva ley instrumentará esta disposición constitucional.

10.Artículo 10

10.1Igualdad en la educación

10.1.1Progresos registrados por el Estado parte para garantizar la igualdad en la educación, y dificultades subsistentes

Enseñanza primaria

112.La Ley de enseñanza primaria universal ha contribuido a reducir la divergencia en el nivel de matrícula en las escuelas de enseñanza primaria. La proporción de niñas en este nivel subió del 44,2% en 1990 al 49,8% en 2006.

113.Con el fin de reducir las diferencias de género en la educación, el UNICEF ofrece ayuda a los clubes escolares del Movimiento de educación de las niñas con el fin de incrementar la participación de los niños y lograr la emancipación de las niñas, así como a la Iniciativa de las Naciones Unidas para la prevención y educación de las niñas y a los Comités de educación comunitaria que tratan de incrementar la participación de la comunidad en la educación de las niñas y otros niños vulnerables.

Enseñanza secundaria

114.Con el fin de reforzar su programa de ampliación del acceso a la enseñanza, el Gobierno ha introducido la Política de enseñanza postprimaria y técnica universal, adoptada en 2007. En virtud de este plan, el Gobierno ofrece enseñanza secundaria gratuita.

Enseñanza terciaria

115.Las iniciativas en favor de la igualdad de género en la enseñanza terciaria han implicado la aplicación del plan 1,5. El plan se introdujo en 1990 para aumentar las cifras de matrícula de mujeres en la Universidad de Makerere y para permitir la matrícula de un número mayor de mujeres en los cursos dominados por varones, como los de ingeniería, veterinaria y medicina. En virtud de este plan, todas las mujeres candidatas que se matriculan en cursos universitarios de primer ciclo reciben automáticamente una prima de 1,5 puntos. Este plan ha contribuido a incrementar la matrícula de mujeres, que ha subido del 25% en 1990 al 43% en 2003. La Universidad consiguió que el coeficiente de graduandos fuera favorable a las mujeres (51,6%) en el año académico de 2005/06, en que se graduaron 6.519 alumnos.

116.La Universidad de Makerere adoptó la Iniciativa de becas para mujeres para los años 2001 a 2007. El objetivo era aumentar la tasa de matrícula, retención y desempeño académico de las mujeres licenciadas en la Universidad. Tenía como destinatarias a las alumnas que habían sido admitidas con apoyo de un patrocinador privado pero no podían financiar sus estudios. Durante el proceso de selección se dio prioridad a las candidatas huérfanas y a las procedentes de distritos infrarrepresentados y desfavorecidos de Uganda o de extracción familiar pobre. Uno de los objetivos clave de dicha Iniciativa es aumentar la proporción de mujeres en las disciplinas científicas reservando el 70% de las becas a disciplinas científicas, mientras que el 30% correspondería a las humanidades. Esta Iniciativa ha contribuido a aumentar la participación femenina en las disciplinas científicas. Entre 2001/2002 y 2002/2003 se han beneficiado del plan 233 alumnas, y de ellas 150 han recibido becas para emprender cursos de contenido científico.

117.En cambio, en la enseñanza primaria, la tasa de abandono de las niñas continúa siendo elevada (53,5%) y superior a la de los niños (46,3%). La diferencia de género es más acusada en las zonas afectadas por conflictos de Uganda septentrional y Karamoja. Ello se debe a varias razones, entre otras, los matrimonios precoces, los embarazos, la ausencia de instalaciones de saneamiento divididas por sexo en las escuelas, el tratamiento preferencial de los niños en detrimento de las niñas en el acceso a la educación, las responsabilidades familiares, las enfermedades, las dificultades financieras, el acoso sexual en las comunidades y en la escuela, y la ausencia de conocimientos prácticos de supervivencia o de orientación y educación sobre la salud reproductiva y los derechos de los adolescentes.

Cuadro VI

Tasas de matrícula y terminación de los estudios en la enseñanza primaria

	Mujeres	Hombres
Matrícula	48%	52%
Terminación	42%	55%
Abandono	53,5%	46,3%

Fuente : Objetivos de desarrollo del Milenio: Informe de situación de Uganda, 2007 .

118.Las estadísticas actuales indican la existencia de una diferencia de género en las tasas de matrícula de la enseñanza secundaria y en el nivel de retención de alumnos. Por ejemplo, el número de alumnos de enseñanza secundaria en el curso 2005/06 fue de 900.000; de ellos, el 53% eran niños y el 47% niñas. Las cifras bajaban considerablemente en el caso de las niñas en niveles superiores. En el último curso de enseñanza secundaria las niñas eran el 42%, y los niños el 58%.

119.Uganda aprobó la Estrategia nacional sobre la educación de las niñas con el fin de mejorar su nivel de retención escolar. La Estrategia ha permitido determinar que, para mejorar la retención de las niñas en la enseñanza primaria, se necesitarían las siguientes intervenciones: preparación de materiales en que se incluya la perspectiva de género, disposiciones sobre la creación de instalaciones sanitarias separadas para las niñas y los niños en las escuelas mixtas, mejora de la calidad de la educación para los niños y las niñas y fortalecimiento de los órganos de gestión de las escuelas para responder a las necesidades básicas de los alumnos (en particular, de las alumnas).

120.Se ha introducido un programa de alimentación escolar orientado a los niños de Karamoja y Uganda septentrional. El programa de enseñanza básica alternativa para Karamoja está orientado a ese contexto específico y tiene en cuenta las características de unas comunidades integradas por agricultores y pastores. En el marco de este programa, los niños asisten a la escuela por la mañana o a horas avanzadas de la tarde, cuando ya no tienen que ocuparse del ganado ni de las labores domésticas. El programa ha conseguido aumentar la matrícula de niños.

11.Artículo 11

11.1Empleo

121. El Comité señaló la falta de datos desglosados en función del género sobre las mujeres en el empleo. Asimismo, manifestó su preocupación por la elevada tasa de desempleo entre las mujeres, las divergencias entre los salarios de las mujeres y los hombres, las diferencias en la seguridad social y la falta de protección jurídica de las mujeres frente al acoso sexual en el lugar de trabajo. Además, el Comité se manifestó preocupado por el retraso en la adopción del proyecto de política nacional de empleo y la falta de medidas legislativas para instrumentar las disposiciones del artículo 40 de la Constitución, que protege los derechos de la persona en el empleo.

El Comité instó al Estado parte a que presentara datos desglosados por género sobre la participación de la mujer en el mercado de trabajo y sobre las condiciones de empleo, con inclusión de los salarios en los sectores privado e informal. Asimismo, el Comité instó al Estado parte a que promulgara medidas legislativas para proteger los derechos de las personas en el empleo, en consonancia con las disposiciones del artículo 11 de la Convención, y a que adoptara el proyecto de política nacional de empleo. Además, se pidió al Estado que adoptara medidas especiales temporales de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 1 del artículo 4 de la Convención con el fin de crear oportunidades de empleo para la mujer. Por otro lado, el Comité recomendó la introducción de medidas legislativas específicas con procedimientos accesibles y medidas de indemnización para las víctimas, y sanciones para los autores de actos de acoso sexual en el lugar de trabajo.

11.1.1Progresos registrados por el Estado parte en la eliminación de la discriminación en el empleo, y dificultades subsistentes

122 La legislación laboral aprobada por el Estado parte contiene varias medidas que están en consonancia con las disposiciones constitucionales sobre los derechos económicos de la mujer. Especial importancia reviste la Ley de empleo, que contiene varios elementos que protegen los derechos de la mujer en el empleo. Son los siguientes:

•Una definición amplia de la discriminación, en que se incluye la discriminación por razón de sexo en el empleo.

•Prohibición del acoso sexual en el empleo y obligación de los empleadores de adoptar medidas para prevenir el acoso sexual. La definición de acoso sexual es amplia e incluye las incidencias explícitas e implícitas de acoso sexual.

•Prohibición del empleo infantil.

•Incremento de la licencia de maternidad, que pasará de 45 días calendario en el servicio público y seis semanas en el sector privado a 60 días laborales tanto en el sector público como en el privado. Esta disposición se aplica tanto a los partos como a los abortos espontáneos.

•Disponibilidad de cuatro días de ausencia de paternidad.

•Derecho a regresar al mismo puesto después de la licencia de maternidad, incluso cuando se trata de una enfermedad relacionada con el embarazo y el parto.

123. De conformidad con la nueva legislación laboral, el Ministerio de la Administración Pública ha revisado su Código de Conducta para incluir disposiciones sobre el acoso sexual en el lugar de trabajo.

124.Los sindicatos promovieron firmemente la promulgación de la Ley de empleo. Después de ésta, se organizaron sesiones de sensibilización para los trabajadores acerca de las disposiciones de la Ley, así como negociaciones para el reconocimiento y los convenios colectivos con los empleadores. Todas estas medidas tratan de conseguir que los trabajadores puedan beneficiarse de las disposiciones de esta legislación.

125.Los datos desglosados por género sobre la fuerza de trabajo y el uso del tiempo revelan una ligera mejoría en la condición de la mujer en el sector laboral, pero sigue habiendo diferencias entre la mujer y el hombre, como se observa en los cuadros VII y VIII infra. Estas desigualdades son las siguientes:

•Las mujeres reciben una remuneración menor que los hombres tanto en el sector público como en el privado, pero las diferencias salariales son más acusadas en el sector privado, donde los salarios de los hombres son el doble que el de sus homólogas femeninas.

•Las mujeres representan el 79% de la mano de obra en el sector agrícola, que se caracteriza por la incertidumbre y los bajos rendimientos, a pesar de lo cual los empleados de este sector son los que perciben los salarios más bajos

•Hay más mujeres que hombres en los empleos de los sectores menos remunerados de la economía.

•Las mujeres constituyen sólo el tercio de todas las personas empleadas.

•Las mujeres dedican nueve horas diarias a actividades de prestación de cuidado; los hombres, sólo una hora. Estas actividades no tienen valor monetario. Entre ellas cabe señalar la preparación de alimentos, el acarreo de leña y la atención a los niños de poca edad y a los enfermos.

•Las mujeres del sector informal no se incluyen en el sistema de seguridad social y se están llevando a cabo esfuerzos para transformar todo este sistema con el fin de aumentar la cobertura.

Cuadro VIIOcupación e ingresos medianos percibidos, por sexo

Ocupaci ón (%)	Ingresos percibidos (en miles)
Mujer	Hombre	Mujer	Hombre
Legisladores/profesionales	0,5	1,4	169,0	250,0
Técnicos y trabajadores asociados	1,9	3,5	140,0	150,0
Administrativos	0,9	1,1	60,0	100,0
Servicios y ventas	8,9	9,9	30,0	75,0
Agricultura y pesca	79,1	61,6	18,1	36,2
Artesanías y actividades comerciales conexas	1,3	5,9	50,0	90,5
Operarios de instalaciones y maquinaria	1,2	3,2	150,0	90,5
Ocupación elemental	5,2	14,4	18,1	30,0

Fuente : Encuesta nacional de hogares de Uganda 2005/2006 .

Cuadro VIIIPorcentaje de la fuerza de trabajo y tasas de crecimiento (%)

Situación laboral	Mujeres	Hombres
Composición de la fuerza laboral	51,4 (descenso desde 52,6)	48,6 (aumento desde 47,4)
Tasa de participación laboral	80,9 (aumento desde 80)	83,5 (aumento desde 80,5)
Tasa de crecimiento de la mano de obra	2,9	4,4
Tasa de crecimiento del empleo	3,6	4,75
Composición del empleo no agrícola	36	53
Tasa de desempleo	2,1 (descenso desde 4,2)	1,7
Empleo por cuenta propia	40	52
Trabajador familiar no remunerado	50,1	23,5
Empleado permanente	2,6	6,5
Empleado temporal/eventual	6,4	17,4
Tiempo dedicado a actividades económicas (horas)	6	7,3

Fuente : Encuesta nacional de hogares de Uganda 2005/2006.

126. La mala situación económica de la mujer se ha atribuido a sus bajos niveles de alfabetización y al limitado acceso a activos productivos, como tierra, crédito y otros recursos.

127. La Ley de empleo (2006) contiene varias exenciones y deficiencias que limitan su capacidad de ofrecer a la mujer una protección adecuada en el empleo. Son las siguientes:

•El hecho de que no se aplique al sector informal — por ejemplo, las empresas familiares y las labores domésticas—, ocupado fundamentalmente por mujeres. La Encuesta nacional de hogares de Uganda de 2005/2006 indicaba que las mujeres constituyen el 50,1% de los trabajadores familiares no remunerados. Eso significa que las mujeres del sector informal están expuestas a explotación.

•Exclusión de determinadas profesiones de las disposiciones sobre discriminación, lo que puede justificar la existencia de 'distinciones, exclusiones o preferencias en relación con trabajos concretos, por considerarse que son inevitables'. Esta salvedad puede utilizarse para justificar la exclusión de mujeres de determinadas profesiones.

•Limitación de las incidencias de acoso sexual impugnables a las cometidas por un empleador o su representante con un empleado. Ello significa que las incidencias de acoso sexual entre empleados del mismo rango no son impugnables en virtud de la Ley. Por otro lado, la disposición que obliga a los empleadores a adoptar medidas que impidan el acoso sexual sólo es aplicable a los lugares de trabajo con más de 25 empleados.

•Incapacidad de reconocer que la necesidad de dedicar parte del tiempo libre para ocuparse de los miembros enfermos de la familia es un motivo justificado para ausentarse del trabajo. Dado que las mujeres dedican nueve horas a actividades de prestación de servicios, las mujeres empleadas corren el riesgo de que sus salarios se reduzcan o desaparezcan por completo cuando toman tiempo libre para ocuparse de familiares enfermos.

•Incapacidad de establecer medidas que permitan a las madres lactantes que han reanudado el trabajo continuar alimentando a sus hijos durante la jornada laboral. En la Ley se prevé que un empleado que trabaja un máximo de ocho horas tiene derecho a un descanso de 30 minutos. Este descanso no basta para permitir a una madre llegar hasta el lugar donde se encuentra el niño y volver después al trabajo. Esta disposición sólo sería práctica si los empleadores ofrecieran instalaciones donde las madres pudieran ocuparse de los niños en el lugar de trabajo. No obstante, la Ley no impone obligación de ningún tipo a los empleadores en este sentido.

128. Hay además problemas para aplicar estas leyes y garantizar condiciones de trabajo seguras como consecuencia de la limitada capacidad institucional y la gran escasez de personal. Las empresas pequeñas están experimentando dificultades para cumplir las disposiciones de la Ley de empleo debido a la falta de recursos. Son especialmente importantes las disposiciones sobre la licencia de maternidad. Para las empresas pequeñas es difícil ofrecer la licencia de maternidad y, al mismo tiempo, contratar a otra persona que haga las veces de la empleada ausente.

129. Se está formulando una Política nacional de empleo, que servirá como marco general del empleo en el país. En ella se contemplarán diferentes categorías de trabajadores, con inclusión de mujeres, jóvenes, trabajadores migrantes y trabajadores que viven con el VIH/SIDA y personas con discapacidades.

130. Otras políticas vigentes son la Política nacional de trabajo infantil y la Política nacional sobre el VIH/SIDA en el lugar de trabajo. Se está ultimando un proyecto de plan de acción para aplicar la política relativa al trabajo infantil, y otro sobre el empleo juvenil. El MAGTDS ha emprendido también consultas para la elaboración de un plan de acción sobre el VIH/SIDA en el lugar de trabajo.

12.0Artículo 12

12.1Igualdad y acceso a servicios adecuados de atención de LA salud

131. El Comité observó con consternación la alta tasa de embarazo de adolescentes y sus repercusiones en los derechos de las niñas a la educación y la salud. Una cuestión conexa era la alta tasa de mortalidad materna entre las niñas adolescentes, en particular en las zonas rurales, debido en muchos casos a los abortos clandestinos.

132. El Comité manifestó su preocupación acerca de la elevada incidencia de la violencia contra la mujer, como la violencia doméstica, la violación, incluida la violación en el matrimonio, el incesto, el acoso sexual en el lugar de trabajo y otras formas de abuso sexual de la mujer. La falta de un marco jurídico y normativo para hacer frente a la violencia contra la mujer era también otro motivo de preocupación. Era también preocupante la persistencia de la mutilación genital femenina en algunos distritos.

El Comité propuso la formulación y aplicación de un programa nacional de salud que incluyera programas de salud reproductiva orientados a prevenir los embarazos precoces y los abortos inducidos en las zonas rurales y urbanas. Otra esfera donde podrían introducirse también mejoras en la elaboración y aplicación de programas de salud sexual y reproductiva orientados tanto a las niñas como a los niños. Se instó al Gobierno de Uganda a que suministrara también anticonceptivos seguros y asequibles.

12.1.1Progresos registrados por el Estado parte para garantizar la igualdad y el acceso a la atención de LA salud, y dificultades subsistentes

133. La salud de la mujer continúa siendo motivo de preocupación, en particular las cuestiones relacionadas con sus derechos sexuales y reproductivos, cuya situación se ha visto agravada por la pandemia del VIH/SIDA. Según la Encuesta demográfica y de salud de Uganda de 2006, el número de mujeres de Uganda que mueren debido a complicaciones del embarazo ha disminuido ligeramente, habiendo pasado de 505 por 100.000 en 2001 a 435 por 100.000 en 2006, mientras que el número de niños que fallecen antes de cumplir el primer año ha bajado de 88 a 75 por 1.000 nacidos vivos durante el mismo período. No obstante, si bien las estadísticas revelan cierta mejoría, ésta es casi insignificante en relación con las metas de los ODM sobre la reducción de la mortalidad materna a 131 fallecimientos por 100.000 nacidos vivos para el año 2015.

Cuadro IXSituación de la salud reproductiva

Indicador	1995	2001	2006
Mortalidad materna	506	505	435
Mortalidad infantil (<1)	81	88	75
Tasa de mortalidad infantil (<5)	72	69	137
Tasa global de fecundidad	6,9	6,9	6,5%
Tasa del uso de métodos anticonceptivos	15%	23%	24%
Embarazos de adolescentes	43%	32%
Necesidades de planificación no atendidas	29%	35%

Fuente : Encuesta demográfica y de salud de Uganda .

134.El Gobierno de Uganda ha adoptado varias medidas para invertir esas tendencias. Las cuestiones relacionadas con la salud sexual y reproductiva se están abordando a través de un complejo marco normativo en que se incluyen los siguientes componentes: la Política nacional de salud, el Plan estratégico del sector de la salud (PESS II), el Marco estratégico nacional para el VIH/SIDA, la Política de población y la Política de cooperación y de enseñanza primaria universal. Los derechos sexuales y reproductivos constituyen una de las esferas prioritarias en el marco del Plan nacional de cobertura de salud mínima. Las principales esferas de atención son las siguientes:

•Salud sexual y reproductiva de los adolescentes;

•Maternidad sin peligro (atención prenatal, antenatal y postnatal y lactancia materna);

•Planificación familiar;

•Infecciones de trasmisión sexual, con inclusión del VIH/SIDA;

•Tipos de cáncer asociados con la salud reproductiva (cáncer del cuello del útero y de mama);

•Cuestiones de género en la salud reproductiva (violencia doméstica, violación e implicación de los varones).

Maternidad sin peligro

135.La atención obstétrica de emergencia (AOE), la planificación familiar y la asistencia especializada son algunas de las intervenciones clave propuestas para reducir las tasas de mortalidad materna a 300 fallecimientos por 100.000 nacidos vivos, o a niveles todavía inferiores, para el año 2010. Un grupo de tareas encargado de la mortalidad infantil y materna observó que las causas principales de los fallecimientos maternos en Uganda eran el aborto, la anemia, la hemorragia, el parto obstruido y las infecciones, que han sido provocados o agravados por la pobreza, el analfabetismo, los embarazos prematuros o frecuentes y la falta de equipamiento del sistema de salud.

136.Ha continuado ofreciéndose asistencia prácticamente universal en los dispensarios prenatales, aunque la proporción de mujeres que alcanzan el objetivo nacional de cuatro asistencias por embarazo y las que dan a luz en centros de salud ha mejorado sólo en forma marginal. Por otro lado, esas mejoras no han ido acompañadas de una mayor disponibilidad de AOE. Según una encuesta nacional sobre la AOE en 2003/2004, había una necesidad no atendida de AOE del 86%. El acceso a la AOE, principal factor determinante de una mejora en la supervivencia materna y neonatal, continúa siendo sumamente bajo, sólo un 5,1% en el conjunto del país, frente a la tasa mínima recomendada por las Naciones Unidas del 15%.

137.El Estado parte está realizando intervenciones para corregir esta situación, entre las que cabe citar las siguientes: creación de una comunidad de profesionales de la salud experimentados con capacidad para ayudar a las madres (incluidas las parteras tradicionales); fortalecimiento de las relaciones entre las comunidades y el sistema oficial de atención de salud; sensibilización de las comunidades sobre la importancia del comportamiento relativo a la búsqueda de atención sanitaria; y extensión y mejora del sistema de atención de salud en los distritos. Se están adoptando medidas para mejorar y equipar los centros de salud con los necesarios medicamentos y el equipo conexo para la atención obstétrica de emergencia, transfusiones de sangre y atención después del aborto. El Plan nacional de cobertura de salud mínima y las instalaciones de quirófano solo están disponibles en el Centro de Salud IV. No obstante, el objetivo es utilizar los recursos en la forma más eficiente posible construyendo un sistema de remisión eficiente.

138.Entre las intervenciones conexas cabe citar la integración de los programas de salud reproductiva con el Programa de lucha contra el paludismo y, en particular, la inclusión de la atención preventiva intermitente (API) dentro del Plan de atención prenatal, y la promoción y suministro gratuito o subvencionado de mosquiteros tratados con insecticidas a las mujeres embarazadas y niños de menos de cinco años, aunque en escala muy limitada. No obstante, la cobertura de la API es todavía baja, en particular como consecuencia de la utilización tardía de la asistencia prenatal.

139.A pesar de estos esfuerzos, el Gobierno sigue afrontando numerosos desafíos para garantizar el acceso a servicios de salud de calidad y promover la utilización de los servicios sanitarios más importantes. El problema de la financiación continua siendo decisivo en las cuestiones relacionadas con la salud materna. Éstas deben recibir todavía la prioridad necesaria tanto en las políticas como en las actividades de aplicación. Aunque las estadísticas revelan un nivel considerable de financiación para el sector de la salud, enmascaran las desigualdades en los desembolsos destinados a sus diferentes esferas, ya que el grueso de los fondos se destina a actividades relacionadas con el VIH/SIDA. Por ejemplo, el Ministerio de Salud necesita al menos 40.000 millones de chelines ugandeses anuales para reducir la mortalidad materna e infantil, pero recibe sólo 80 millones, es decir, el 0,2% del total necesario. El enfoque sectorial ha dado lugar a una reducción de la financiación para la salud reproductiva en la actualidad, ya que la mayoría de los donantes que anteriormente respaldaban esas iniciativas han aceptado el planteamiento sectorial, por lo que no pueden apoyar proyectos de salud reproductiva. Tampoco ha contribuido a mejorar la situación el hecho de que las cuestiones relacionadas con la salud reproductiva, a saber, el VIH/SIDA, las cuestiones demográficas, la salud sexual y reproductiva y la maternidad sin peligro, se hayan fragmentado entre diferentes organismos burocráticos.

140.La prestación de servicios de salud es particularmente insuficiente en las zonas rurales, donde el sistema de descentralización y la autonomía en la asignación de los recursos no han contribuido precisamente a mejorar la salud de la mujer. Hay todavía enormes desafíos en relación con la infraestructura, en el suministro periódico de medicamentos y en el reclutamiento y retención del personal de salud debidamente capacitado. La situación es particularmente mala en las zonas de Uganda septentrional y Karamoja afectadas por conflictos. Los indicadores de salud en esas regiones continúan siendo muy inferiores al promedio nacional. Por ejemplo, el acceso a los servicios de atención primaria de salud en Karamoja es del 7,1% frente al 100% en Kampala.

141. Algunas de las medidas correctivas adoptadas para mejorar la atención de salud en esas regiones y en la mayoría de las zonas rurales son las siguientes: formulación de programas especiales (Uganda septentrional y Karamoja) e institución de una política de asociación con el sector privado como estrategia para la descentralización de los servicios. Se están adoptando medidas para garantizar una mejor coordinación y colaboración entre el Ministerio de Salud y los proveedores privados y sin fines de lucro (con inclusión de ONG y confesiones religiosas). Todavía no se ha logrado incluir oficialmente a quienes practican la medicina tradicional y complementaria.

142.Otra medida adoptada para aumentar los recursos a disposición de la salud reproductiva y materna es la programación sinérgica integrada. Se han conseguido ya algunos progresos con el Programa de lucha contra el paludismo y el Programa sobre el VIH/SIDA. No obstante, la disponibilidad de recursos adicionales continúa siendo decisiva para que el Gobierno pueda mejorar los resultados sanitarios en general y para alcanzar el ODM de reducir la mortalidad materna. Un aumento de los recursos permitirá al sector de la salud contar con equipo y personal adecuados para las instalaciones de salud construidas en el país.

143.El Ministerio de Salud suministra también el medicamento Misoprostol, que puede evitar las hemorragias de las mujeres después del parto. Este fármaco puede obtenerse sin costo ninguno en el Centro de Salud IV y se administrará a las mujeres que sufran hemorragias después del parto.

Planificación familiar

144.La planificación familiar es de importancia decisiva, dadas las altas tasas de fecundidad (6,7 hijos por mujer) y de crecimiento demográfico. Según datos de World Population (noviembre de 2007), Uganda es el tercer país con crecimiento demográfico más rápido (3,2% al año) y, en consecuencia, registrará el mayor aumento de la población en los cuatro próximos años. La población de Uganda, estimada en 30,66 millones de habitantes a mediados de 2009, ascenderá a 55,9 millones en 2025 y a 117 millones en 2050, lo que corresponde a un crecimiento del 307% entre 2007 y 2050. Se reconoce que no es probable que Uganda consiga sus metas nacionales de reducción de la pobreza ni los ODM si en el futuro inmediato no se aceleran los esfuerzos por reducir el crecimiento demográfico y la fecundidad global.

145. Las considerables necesidades insatisfechas de planificación familiar han dado lugar a un aumento de los nacimientos no planificados, que pasaron del 38% en 2000 al 41% en 2006. Según las estimaciones, cada año 775.000 mujeres tienen embarazos no planificados (en el 25% de los casos se trata de adolescentes), lo que explica el elevado número de abortos inducidos, unos 297.000 al año.

146.No obstante, aunque las mujeres quieren reducir el número de hijos, sólo una quinta parte de las mujeres casadas (24%) practican el control de la natalidad. Ello se debe a numerosos factores, en particular, la concepción errónea de la planificación familiar, la falta de información, la limitación del acceso a los servicios, el escaso poder de toma de decisiones con respecto a las decisiones reproductivas y la oposición de los varones.

147.El Gobierno trata de reducir la tasa global de fecundidad del 6,9% al 5,4% y de elevar la tasa de utilización de anticonceptivos del 23% al 40% para 2009. Para ello abordará el problema con diferentes medios, en particular, servicios integrados de salud reproductiva, programas de información y educación para la mujer e iniciativas de sensibilización con el fin de aumentar la implicación de los varones en los programas de planificación familiar, además de ofrecer diversos servicios de planificación familiar y de información orientada a los adolescentes.

148.Las OSC están realizando esfuerzos complementarios, en particular fuertes campañas de comercialización social de los servicios de planificación familiar y para promover el espaciamiento de los nacimientos.

149.La correlación entre tasa de matrícula y embarazos precoces es bien conocida. Según un estudio reciente, el 6% de las mujeres jóvenes escolarizadas han tenido algún embarazo, frente al 73% en el caso de quienes no asisten a la escuela. Por ello, el Gobierno está empeñado en incrementar el acceso a la enseñanza académica mediante el programa de enseñanza primaria universal y, más recientemente, la política de enseñanza postprimaria y técnica universal. Es de esperar que estos programas, que contarán con el respaldo de la Estrategia nacional de educación de las niñas, incrementen el nivel de instrucción y otras oportunidades para las niñas.

Salud sexual y reproductiva de los adolescentes (SSRA)

150.La prevención del VIH/SIDA continúa siendo un componente clave de los programas gubernamentales relacionados con la salud sexual y reproductiva de los adolescentes (SSRA). Desde el punto de vista normativo, el Estado parte mantiene su estrategia ABC sobre el VIH/SIDA, haciendo especial hincapié en la abstinencia de los jóvenes. Entre las medidas actuales para promover la SSRA se encuentra la Iniciativa escolar de promoción de la salud, en la que se incluyen componentes de educación sexual, asesoramiento y preparación para la vida cotidiana. Cabe citar también la Iniciativa presidencial sobre la estrategia para la comunicación con los jóvenes acerca del SIDA y la Iniciativa Jóvenes Emancipados y Sanos, iniciada en julio de 2004 por la Comisión del SIDA de Uganda con el fin de prevenir el VIH y los embarazos precoces en los jóvenes escolarizados y sin escolarizar.

151.El MAGTDS está aplicando el Programa para mejorar la vida reproductiva de los adolescentes con apoyo del UNFPA. Este programa comunitario está orientado sobre todo a los jóvenes no escolarizados con edades comprendidas entre 10 y 24 años. Su planteamiento abarca varios frentes y tiene los siguientes objetivos:

•Crear un entorno seguro en que los adolescentes puedan practicar actividades recreativas;

•Lograr una mayor sensibilización y ofrecer servicios y asesoramiento sobre salud reproductiva;

•Implicar a los padres y a los dirigentes religiosos y comunitarios y convencerles de la importancia de ofrecer esos servicios y asesoramiento.

De hecho, la necesidad de implicar a los padres ha sido una de las enseñanzas más valiosas aprendidas gracias al programa.

152. Las OSC están emprendiendo también diversas actividades en los medios de difusión. Cabe citar entre ellas la campaña contra el sexo intergeneracional, factor decisivo en las tasas de incidencia del VIH en las mujeres jóvenes. Las destinatarias son las niñas y las jóvenes de las universidades y de 50 escuelas de enseñanza secundaria. La Straight Talk Foundation ha contribuido también a divulgar materiales de información, educación y comunicación sobre la SSRA mediante publicaciones en periódicos, el diálogo abierto, programas radiofónicos en cuatro idiomas locales y el establecimiento de 1.200 clubes Straight Talk en comunidades y escuelas.

153. A medida que la epidemia ha madurado, han cambiado los grupos de población más afectados, que inicialmente eran los jóvenes solteros y ahora son personas de más edad que están o estuvieron anteriormente casadas. En el estudio nacional de 2006 sobre las formas de conducta con riesgo de infección por el VIH y el SIDA se observaba un desplazamiento de los grupos de edad más jóvenes al grupo de edad de 30 a 49 años, lo que podría indicar que los jóvenes están adoptando comportamientos y prácticas más seguros. Se ha observado también un descenso de los embarazos de adolescentes, que han pasado del 41% en 1995 al 31% en 2001 y al 25% en 2006.

154. Si bien se han registrado progresos, hay que superar todavía el desafío de ampliar y prolongar la disponibilidad de los servicios de SSRA. Hasta ahora, el Gobierno lo ha intentado con un planteamiento integrado (servicios integrados de salud sexual y reproductiva) en los centros de salud, atención primaria de salud y programas comunitarios como medio eficaz en función de los costos para abordar las cuestiones de la salud reproductiva. Lamentablemente, el acceso no siempre es fácil para los jóvenes y, por consiguiente, hay que realizar nuevos esfuerzos de capacitación y sensibilización del personal para responder con eficacia a las necesidades de SSRA de los adolescentes.

155. Otro nuevo desafío es el de los adolescentes seropositivos, muchos de los cuales han adquirido la infección al nacer. Según un estudio, son un constante peligro latente de infección que puede desencadenarse en cualquier momento. Esta categoría de adolescentes carece todavía de conocimientos adecuados acerca de la salud reproductiva, la transmisión del VIH y el uso de anticonceptivos. El estudio revelaba también que la pobreza, la presión de los homólogos, el estigma y el temor al rechazo han sido un obstáculo para la revelación del problema. Por ello se necesitan intervenciones adaptadas a las necesidades de estos jóvenes, en particular para fomentar comportamientos adecuados.

Infecciones de transmisión sexual, en particular el VIH/SIDA

156. Las estadísticas del estudio nacional de 2004-05 sobre las formas de conducta con riesgo de infección por el VIH indicaban que la prevalencia del VIH entre las mujeres es mayor (8%) que en los hombres (5%). En la actualidad, la prevalencia del VIH alcanza su nivel máximo en las mujeres de 30 a 34 años y en los hombres de 40 a 44, lo que representa un cambio de 5 a 10 años con respecto a los primeros años noventa. La encuesta revelaba también un aumento del número de parejas en que sólo uno de los miembros es seropositivo (5%). Tres quintas partes de los miembros infectados de esas parejas son hombres. Ello representa un grave riesgo para las mujeres casadas, que, debido a la escasez de servicios de asesoramiento y a la escasa capacidad de negociación sobre el uso de preservativos, están continuamente expuestas a la infección por el VIH.

157. Entre las medidas gubernamentales para resolver estos problemas se incluyen la introducción del análisis y tratamiento gratuito de las ETS en todos los centros públicos. Ocupan también un lugar importante en el programa las pruebas y consultas voluntarias (PCV), habida cuenta del aumento de parejas serodiscordantes y en cuanto estrategia de prevención. Se está preparando una estrategia de comunicación para sensibilizar a la población acerca de la importancia de las pruebas y consultas para la detección del HIV. Mientras tanto, el Gobierno, en colaboración con las OSC, ha invertido significativamente en centros de PCV y está tratando de conseguir que estos servicios sean disponibles y accesibles para todos.

158. El APDH y, en particular, el asesoramiento y las pruebas de rutina se están convirtiendo en un componente integral de la ATP en la mayoría de los centros de salud. El Estado parte tiene también planes para hacer del APDH un requisito para la toma de decisiones acerca del embarazo de las mujeres en edad reproductiva y para evitar que las mujeres no embarazadas trasmitan el VIH a los hijos. El APDH ha presentado una aportación de valor inestimable para localizar a las madres seropositivas que necesitan atención especial, apoyo y terapia antirretroviral. El Gobierno ha conseguido resultados satisfactorios en la introducción de los servicios de prevención de la transmisión del VIH de la madre al hijo (PTMH), que ha conseguido que la tasa de infección por VIH de los recién nacidos bajara del 25% en el decenio de 1990 al 6% en 2006. Al menos entre el 60% y el 70% de todas las madres embarazadas seropositivas tienen acceso ahora a los servicios de PTMH. En 2006, tenían acceso a esos servicios 500.000 mujeres y hay planes para ampliar ese número a 800.000 en 2008. Se ha iniciado un programa piloto en cinco hospitales de distrito donde los servicios de PTMH se están ampliando para incluir los relacionados con el VIH y el tratamiento antirretroviral para las familias con madres seropositivas.

159. A pesar de estas medidas, los servicios de PTMH, cada vez más numerosos, han gozado de poca aceptación. El hecho de que algunas madres no tengan acceso a ellos se debe a limitaciones existentes en los centros de salud comunitarios de nivel inferior, como la falta de preparación y experiencia de los profesionales de la salud y la escasez de medicamentos para infecciones oportunistas y el tratamiento antirretroviral, de equipo para el análisis y de algunos otros elementos esenciales. La falta de acceso a los mensajes de información, educación y comunicación y el hecho de que muchas mujeres no recurran a la atención prenatal temprana ni tengan a sus hijos en centros de salud representa un problema para el programa. La cooperación masculina, que es fundamental para los servicios de PTMH, es también escasa.

160. Los desequilibrios en la capacidad de toma de decisiones y de negociación dentro de los hogares, la falta de autonomía con respecto a la salud reproductiva, la escasa disponibilidad de métodos de barrera del VIH cómodos para la mujer y la ausencia de protección jurídica, por ejemplo, contra las distintas formas de violencia de género, continúan representando graves amenazas para la protección de la mujer frente al VIH y otras infecciones de transmisión sexual.

161. Entre las respuestas adoptadas frente a esos desafíos cabe señalar la introducción de preservativos femeninos —aunque su distribución se ha suspendido debido a la falta de aceptación—, y las pruebas de vacunas realizadas en Uganda y otros tres países sobre el uso de microbiocidas, que por desgracia no dieron resultados positivos.

Cáncer del cuello del útero

162. En Uganda, más del 80% de las mujeres con cáncer del cuello del útero son diagnosticadas en fases avanzadas de la enfermedad, lo que hace que ésta sea la causa principal de fallecimientos por cáncer en el país. Las mujeres con este tipo de cáncer representan más del 40% de los pacientes de radioterapia en el Hospital de Mulago.

163. Los altos costos y la inaccesibilidad de los servicios han frenado la lucha contra el cáncer del cuello del útero. Las pruebas de detección no están todavía generalizadas y se limitan fundamentalmente a los centros urbanos. Muchos proveedores de rango inferior, que constituyen la mayoría del personal en los dispensarios del interior, no conocen esta práctica. El problema se agrava por la falta de conciencia sobre la necesidad de exámenes de Papanicolaou entre las mujeres sexualmente activas.

164. El sector de la salud está tratando de responder a este desafío con vacunas. Uganda es uno de los países que participan en una iniciativa piloto cuyo objetivo es vacunar contra el virus HPV a las niñas de 10 a 12 años de edad, antes de que lleguen a ser sexualmente activas. No obstante, se necesitan campañas de información, educación y comunicación e instrumentos de detección de bajo costo para las mujeres por encima de esa edad. Es también muy importante contar con una política que aliente los reconocimientos para fines de prevención, detección temprana y tratamiento eficaz del cáncer del cuello del útero.

Violencia sexual y de género

165. La violencia sexual y de género continúa siendo un grave problema de derechos humanos y de salud pública, sobre todo para las mujeres. En Uganda, las mujeres se ven sometidas a diferentes formas de violencia de género, en particular la mutilación genital femenina (que se practica todavía en algunas partes del país), violencias y agresiones, ultrajes y violaciones —inclusive dentro del matrimonio—, con lo que aumenta el riesgo de problemas ginecológicos y la vulnerabilidad de la mujer a las infecciones de transmisión sexual y el VIH/SIDA.

Cuadro XPrevalencia de la violencia contra la mujer

Violencia sexual y de género	Promedio	Zonas urbanas	Zonas rurales
Violencia física	60%	54%	61%
Violencia sexual	39%	31%	41%
Violencia durante el embarazo	16%	7%	17%

Fuente : Encuesta demográfica y de salud (2006) de Uganda.

166. Como factores coadyuvantes cabe señalar la dependencia y la precaria situación económica, las leyes discriminatorias y los valores, prácticas y actitudes culturales relativos a la mujer en el matrimonio (poligamia, pago del precio de la novia, falta de comunicación de los problemas conyugales). Podría añadirse a esa enumeración la ausencia de mecanismos de protección jurídica, incluida la ausencia de organismos de observancia de la ley en algunas zonas, por ejemplo, en las regiones afectadas por conflictos, lo que ha aumentado todavía más la vulnerabilidad de la mujer.

Entre las medidas para combatir esos factores coadyuvantes y los problemas existentes se incluyen las siguientes.

167. Además de promulgarse las disposiciones previstas en la Constitución, en la política de género de Uganda, en la política nacional de salud y en la Ley de la tierra (enmienda), se ha enmendado la Ley del Código Penal (capítulo 120) para incluir los delitos de desfloración simple o agravada. Además, la jurisdicción sobre estos delitos se ha transferido a los magistrados con el fin de garantizar la rápida administración de la justicia. El proyecto de ley sobre relaciones familiares y el relativo a los delitos sexuales contribuirán también a reforzar los mecanismos de protección de la mujer.

168. La Comisión de Reforma de la Legislación ha preparado un proyecto de ley sobre la violencia doméstica, que trata de tipificar como delito las diferentes formas de violencia doméstica y adoptar disposiciones sobre las sanciones y recursos civiles pertinentes, y ha sometido este proyecto a la consideración del Fiscal General. Se prevé que éste lo tramite tan pronto como se terminen los procedimientos correspondientes.

169.Uno de los desafíos para acceder al sistema jurídico continúa siendo la enorme lentitud del proceso de reforma de la legislación, en particular en las materias relacionadas con el género. Por ejemplo, mientras que se han condenado las acciones discriminatorias de la Ley de divorcio y sucesión (ampliamente examinada en el contexto del artículo 15), todavía no se han adoptado nuevas leyes al respecto.

170. El Gobierno, a través del MAGTDS, ha adoptado una serie de medidas cuyo objetivo es abordar la violencia sexual y de género (VSG) en sus políticas y prácticas y ha conseguido los siguientes logros:

•Establecimiento de un Grupo de Referencia sobre la VSG

•Desarrollo de una estrategia contra la violencia de género (labor en curso)

•Inclusión de la violencia de género en el Plan nacional de cobertura de salud mínima, a través del Misterio de Salud

•Preparación de un manual de capacitación y de material de información y emergencia

•Establecimiento de un equipo de capacitación sobre la VSG integrado por representantes del gobierno y de las OCS

•Generación de datos, en colaboración con la oficina de estadística de Uganda, acerca de la situación de la VSG, en apoyo de las intervenciones normativas.

Hasta ahora se ha impartido capacitación en los cinco distritos con niveles muy altos de prevalencia de la VSG. El 80% de todos los profesionales de la salud han recibido alguna forma de capacitación, lo que ha dado lugar a un aumento del número de casos de VSG señalados a la policía. Se están realizando esfuerzos por establecer un centro modelo de recuperación de la VSG mediante una iniciativa conjunta del MAGTDS y el Ministerio de Salud.

171. Otras intervenciones conexas son la ejecución de un proyecto sobre la VSG (2006-2010) que trata de aumentar el acceso a la información, el asesoramiento, el apoyo social y el tratamiento, así como la protección frente a la VSG y otras prácticas nocivas. El proyecto recurrió a los medios de comunicación para llevar a cabo campañas comunitarias contra la VSG en los cinco distritos incluidos en su radio de acción. Se realizaron también seminarios de sensibilización en las parroquias, programas radiofónicos y anuncios sobre la VSG. El resultado de estas iniciativas ha sido una mayor conciencia sobre la VSG, los factores que predisponen a ella y las medidas que deben adoptarse cuando se produce. El interés de la comunidad por señalar los casos de VSG está aumentando gradualmente en la zona del proyecto, así como el compromiso de los dirigentes locales por combatir este problema. El proyecto ha concluido recientemente un estudio sobre las cuestiones de género en la trata de personas, que servirá de orientación a la hora de aplicar el Protocolo de las Naciones Unidas sobre la trata de personas.

172. Además de estos proyectos especiales, se han adoptado las siguientes medidas para combatir la violencia contra la mujer: fortalecimiento de los mecanismos de protección mediante el establecimiento de las unidades policiales de protección de la familia, suministro de equipo de profilaxis posterior a la exposición al VIH/SIDA en los centros de salud III y IV, y programas de fomento de la capacidad y sensibilización sobre las cuestiones de género destinados a los organismos encargados de la observancia de la ley.

173. El gobierno está actualmente restableciendo y reforzando los servicios policiales y judiciales en las regiones afectadas por conflictos, donde la incidencia de la VSG es sumamente elevada. No obstante, aparte de la escasez de recursos, que han dificultado las operaciones logísticas y la dotación de personal de los organismos encargados del cumplimiento de la ley, continúa siendo problemática la actitud hacia la violencia de género, en particular por parte de los funcionarios de policía. De todas formas, se prevé que esto podría cambiar si se aprueba la legislación que tipifica como delito la violencia doméstica.

174. Estos esfuerzos se complementan con iniciativas de las OSC, por ejemplo, la Iniciativa nacional de prevención de la violencia doméstica, que trata de reforzar la prevención de la violencia de género en las comunidades. Algunas de las OSC han emprendido proyectos integrados en los que se incluyen programas de difusión de conocimientos jurídicos básicos, fomento de la capacidad, ayuda jurídica, asesoramiento y refugios para mujeres objeto de abusos. Estas iniciativas han dado mayor visibilidad a la violencia de género, movilizado a las comunidades, con inclusión de los hombres, en la lucha contra la violencia de género y consolidado las relaciones entre la sociedad civil y el Estado en el trato de los supervivientes de la violencia.

12.2 Mutilación genital femenina

Progresos registrados por el Estado parte en la eliminación de la mutilación genital femenina

175. Se elaboró y se presentó el proyecto de ley 'Prohibición de la mutilación genital femenina'. En él se define la mutilación genital femenina (MGF) como la violación o intento de violación de la integridad física del órgano femenino, bien mediante ablación total o parcial, excisión, infibulaciones o desensibilización. En el proyecto de ley se prevé que una persona declarada culpable de MGF puede ser sancionada con pena de 7 a 10 años de cárcel o una multa de no menos de un millón de chelines ugandeses. Este proyecto de ley es resultado de los esfuerzos del Gobierno local de Kapchorwa, el programa REACH y LAW Uganda, OSC que solicitó recientemente al Tribunal Constitucional que declarara ilegal la MGF.

176. Los esfuerzos por eliminar las prácticas nocivas, por ejemplo, la MGF, han insistido en las campañas de sensibilización con el fin de cambiar las actitudes y acabar con su aceptabilidad social en las comunidades donde se practica. La campaña contra la MGF promovida por el proyecto REACH en asociación con el Gobierno local de Kapchorwa ha contribuido a la reducción de esta práctica en algunas zonas del distrito, donde ha descendido del 80% en 1996 a menos del 10% en 2006.

13.0Artículo 13

13.1 Prestaciones económicas y sociales

13.1.1 Progresos registrados por el Estado parte en la reducción de la incidencia de la pobreza en las mujeres, y dificultades subsistentes

177. El rostro de la pobreza en Uganda es predominantemente femenino. El 31% de la población de Uganda vive por debajo del umbral de pobreza, y en la mayoría de los casos se trata de mujeres. Según investigaciones llevadas a cabo, las mujeres tropiezan con graves dificultades, como la limitación del acceso a los principales factores de producción —la tierra y el capital—, así como con varios obstáculos jurídicos y administrativos que limitan su capacidad empresarial. Las mujeres carecen con frecuencia de la información y los contactos necesarios para tener oportunidades considerables de creación de empresas.

178. Desde la presentación del último informe, las políticas y programas han prestado cada vez mayor atención a la reducción de la pobreza. En 2002 se consiguió un avance significativo mediante el Proceso participativo de evaluación de la pobreza en Uganda (UPPAP), en el que se comprueban las diferencias entre hombres y mujeres en la forma de percibir y sufrir la pobreza, por lo que constituyó un argumento importante para la integración de la perspectiva de género a fin de aumentar la eficacia de las políticas contra la pobreza.

179. El proceso ha sido progresivo, y entre los esfuerzos del Estado parte por reforzar la integración de la perspectiva de género en sus políticas cabe mencionar el establecimiento de un Grupo de Género del PAEP, la realización de exámenes desde la perspectiva del género de las iniciativas de erradicación de la pobreza en Uganda, y la elaboración de orientaciones sectoriales del PAEP para la incorporación de la perspectiva de género. El análisis de estos procesos orientó la revisión del PAEP y, por primera vez, el PAEP de 2004/2008 reconoció expresamente la desigualdad de género como cuestión importante en la lucha contra la pobreza, ya que era causa de privación y de ineficiencia.

180. Se están llevando a cabo esfuerzos para aumentar el acceso de la mujer al crédito y, por lo tanto, su capacidad de participar en empresas de tamaño mediano. En consecuencia, en Gobierno tiene previsto ampliar los servicios financieros rurales en el marco de la Estrategia de Desarrollo Rural, y, en particular, del programa Prosperidad para Todos. El objetivo es promover el crecimiento económico y aumentar los ingresos de los hogares mediante el establecimiento de Cooperativas de ahorro y crédito en todos los subdistritos.

181. Además de las iniciativas para enmendar la Ley de tierras y aumentar la seguridad de la ocupación, existen también planes para establecer un Fondo de Tierras que, según estimaciones del Gobierno, permitirá a los hogares adquirir tierras y aumentar sus propiedades a fin de dedicarse más productivamente a la agricultura. Las modalidades de acceso a este Fondo se encuentran todavía en sus fases iniciales, pero se prevé que las mujeres podrán beneficiarse de él.

182. Una Coalición de evaluación del crecimiento y género respaldada por el Banco Mundial encontró una serie de obstáculos jurídicos y administrativos a la inversión de las mujeres en Uganda. Además de los enumerados en otras secciones, están los siguientes: obstáculos para la constitución oficial de empresas; dificultades para cumplir los requisitos de administración de impuestos; legislación laboral que no tiene en cuenta las necesidades específicas de género de las mujeres; y acceso limitado a la justicia comercial, debido a la falta de información de la mujer acerca de sus derechos y a los problemas de acceso a mecanismos que pueden obligar a respetarlos.

183. Los miembros de la Coalición han prestado apoyo a grupos de mujeres pertenecientes a pequeñas, medianas y grandes empresas con las siguientes iniciativas: programas de capacitación empresarial, programas de orientación, cursillos sobre impuestos, elaboración de guías sobre empresas y sobre desarrollo de productos, sensibilización acerca de las leyes laborales y políticas y productos bancarios.

184. La Asociación de Mujeres Empresarias de Uganda tiene también i) un Programa de orientación empresarial para niñas, iniciativa orientada a animar a las jóvenes a crear sus propias empresas; ii) un programa de acceso que trata de desarrollar la capacidad de las empresarias para participar eficazmente en el comercio de exportación, y iii) relaciones con un banco (DFCU), gracias a lo cual se pueden ofrecer más rápidamente préstamos a PYME administradas por mujeres.

14.0 Artículo 14

14.1 Mujeres rurales

185.El Comité manifestó su preocupación acerca de la situación de las mujeres rurales, en particular por la existencia de costumbres y prácticas tradicionales que impiden a la mujer heredar o adquirir la propiedad de la tierra y otros bienes.

El Comité recomendó la adopción de medidas que garanticen que las mujeres rurales se beneficien de las políticas y programas en todas las esferas, además de participar en la toma de decisiones y tener pleno acceso a los servicios de educación y salud y de crédito. Otra recomendación fue la eliminación de todas las formas de discriminación con respecto a la propiedad, el condominio y la herencia de tierras y la introducción de medidas para corregir las costumbres y prácticas tradicionales negativas que impiden el pleno disfrute del derecho a la propiedad por la mujer.

14.1.1Progresos registrados por el Estado parte en la mejora de la situación socioeconómica de las mujeres rurales, y dificultades subsistentes

186.Los programas del Gobierno de Uganda tienen como principal destinatario a la población rural, donde se concentra la mayoría de los pobres, con inclusión de las mujeres. Se han adoptado algunas medidas en los sectores de la agricultura, la educación y la salud, así como en los servicios financieros rurales y en la esfera política para mejorar la condición socioeconómica de las mujeres rurales.

Sector agrícola

187. Se han realizado actividades de incorporación de la perspectiva de género en el sector agrícola para garantizar que la mujer participe en ella y se beneficie en condiciones de igualdad con el hombre. La incorporación de la perspectiva de género en el PMA se examina en el contexto del artículo 3.

188. Algunos componentes del PMA han tratado de incorporar la perspectiva de género en sus elementos fundamentales. No obstante, se insistirá sobre todo en los Servicios nacionales de asesoramiento agrícola (SNAA) considerados como los más avanzados en la aplicación de ese tipo de iniciativas. Cabe señalar las siguientes:

•Un marco operativo que tiene en cuenta las diferencias de género en la distribución de los recursos y la gran carga de trabajo de la mujer en relación con la del hombre,

•Documentos normativos que incorporan la equidad de género y lo tiene en cuenta en sus actividades, por lo que el 60% de los miembros de los 5.005 grupos agrícolas registrados son mujeres;

•Examen de la selección de empresas para garantizar que los proveedores de SNAA tengan como destinatarios a los agricultores que producen alimentos. Una de las diferencias de género en los SNAA era que los proveedores de estos servicios solían tener más en cuenta los cultivos comerciales que la producción de alimentos, que es competencia sobre todo de la mujer.

189. La Política nacional de investigación agrícola debe reforzarse para responder más adecuadamente a las necesidades tecnológicas de las mujeres que se dedican a la agricultura. Ha hecho especial hincapié en la investigación para obtener variedades de cultivos con mayores rendimientos o que permitan la aplicación de una tecnología multifuncional para la agricultura en gran escala. Con el fin de responder a las necesidades de las mujeres agricultoras, la Organización Nacional de Investigación Agrícola ha insistido en el desarrollo de tecnologías que permitan el ahorro de mano de obra y tengan en cuenta las múltiples funciones de la mujer.

190. Los proveedores de servicios del sector privado han contribuido también a abordar las cuestiones de desigualdad de género en la agricultura. Han procurado sobre todo ofrecer a la mujer insumos agrícolas y animales, maquinaria agrícola, capacitación y conocimientos. Las mujeres participantes en estos proyectos se han beneficiado en forma semejante a quienes participan en las actividades de los SNAA. Los factores que limitan su participación en estos programas son semejantes a los observados en el programa de los SNAA.

191. El examen de la aplicación del programa de SNAA en algunos distritos permitió comprobar que, gracias a él, las mujeres agricultoras pueden recibir capacitación, controlar los beneficios de la venta de productos agrícolas y aumentar la producción y los ingresos. No obstante, las mujeres no han logrado beneficiarse por completo de los SNAA por varias razones:

•Proceso de selección de empresas que no tiene en cuenta ni responde a las necesidades de género: Las empresas promovidas por los SNAA son de larga duración y requieren períodos de larga gestación, mientras que las mujeres agriculturas participan y obtienen mayores beneficios cuando se trata de agroempresas de breve duración. El método de selección de las empresas para que se beneficien de los SNAA supone una decisión a mano alzada, lo que limita la capacidad de las mujeres agrícolas de elegir libremente, en particular cuando su elección difiere de la de sus cónyuges. En consecuencia, las empresas prioritarias preferidas por las mujeres quedan excluidas.

•Limitada capacidad de incorporación de la perspectiva de género de los proveedores de SNAA para integrar el género en su trabajo: Muchos proveedores de SNAA suelen entender por género el número de mujeres y no prestan atención a las relaciones de género en los hogares.

•Participación limitada de las mujeres en los comités de agricultores y de adquisiciones: Ello se refleja en la elección de empresas de distrito que no atienden las necesidades de las mujeres en lo que respecta al tiempo necesario y los costos de producción.

•Desequilibrio de género en los proveedores de SNAA: Los proveedores de SNNA son predominantemente varones y las prácticas culturales no permiten que las mujeres se interrelacionen con ellos, lo que limita la participación de la mujer en las actividades de los SNAA.

•Estrategia de difusión de la información que no tiene en cuenta las consideraciones de género: La estrategia de divulgación de la información empleada por los SNAA no tiene en cuenta las bajas tasa de alfabetización ni la escasez de tiempo de las mujeres.

•Prácticas culturales discriminatorias: Éstas suelen negar a la mujer el derecho al acceso y control de la tierra y otros recursos de producción.

192. El programa de SNAA se ha revisado para incluir un componente relativo al suministro de insumos. Con este nuevo sistema, se seleccionarán 30 agricultores por subdistrito, y al menos seis por parroquia. Una recomendación importante es que se garantice el equilibrio de género en la selección de los agricultores a fin de que las mujeres se beneficien de estos SNAA revisados. Los cambios estructurales en el programa revisado incluyen la fijación de cuotas para la representación de mujeres en las estructuras de los SNAA.

14.2Sector de la educación

14.2.1Progresos registrados por el Estado parte para mejorar los niveles de alfabetización de las mujeres rurales

193. El Programa de alfabetización funcional y de adultos (PAFA) aplicado por el Estado parte trata de mejorar las tasas de alfabetización de adultos en Uganda. El Programa permite mejorar los niveles de alfabetización y el conocimiento de los rudimentos de la aritmética de los ugandeses de 15 o más años que tienen poca o ninguna instrucción. Dadas las altas tasas de analfabetismo de las mujeres, el Programa les presta especial atención. Actualmente, el Programa es de alcance nacional y su contenido se ha modificado a lo largo de los años para tener en cuenta las nuevas necesidades de aprendizaje de la población destinataria. El 70% de los participantes en estas clases son mujeres que han conseguido las siguientes mejoras:

•Mayor nivel de alfabetización y mejor conocimiento de la aritmética elemental, demostrado por su capacidad de leer y escribir cartas o leer las indicaciones de tráfico

•Más autoconfianza, demostrada por su participación en las reuniones de aldea y en las iniciativas de desarrollo local

•Mayor bienestar general en lo que respecta a la higiene personal y de los hogares

•Mayor capacidad de gestionar las empresas, que a su vez han conseguido aumentar sus beneficios.

194. A pesar de los logros conseguidos por el PAFA, existen diferencias de género en las tasas de alfabetización: las femeninas son del 63%, mientras que las masculinas alcanzan al 76%. Algunas de las razones de esta situación son las exigencias contradictorias a que se ve sometido el tiempo de la mujer, lo que limita su participación en las clases del PAFA, y los limitados recursos para ampliar la cobertura geográfica del Programa.

195. El Estado parte reconoce la importancia de realizar sesiones de sensibilización sobre el género durante las clases del PAFA con el fin de alentar el intercambio de funciones y tareas domésticas en el hogar.

14.3 Sector de la salud

14.3.1Progresos registrados por el Estado parte en el acceso de las mujeres rurales a los servicios de salud

196. El Gobierno de Uganda ha adoptado varias medidas para mejorar el acceso de las mujeres rurales a los servicios de salud. Entre ellas se incluyen el establecimiento de los Centros de Salud II-IV para mejorar el acceso físico, dotar a las instalaciones de salud públicas de los medicamentos esenciales básicos a lo largo de todo el año e incrementar el número de profesionales de salud capacitados. Una consecuencia de estas intervenciones ha sido el aumento del número de personas que utilizan los centros de atención de salud, que ha pasado del 40% al 45%. Reviste especial importancia para las mujeres rurales el ligero aumento del porcentaje de partos en centros de salud, que ha subido del 25% al 29%. No obstante, conviene señalar que, en general, se prefieren las clínicas privadas a los centros de salud públicos, debido a que aquellas cuentan con personal profesional y servicios de crédito y suelen encontrarse a menos distancia. No obstante, los adolescentes prefieren los servicios de salud pública porque son accesibles y sus servicios son más asequibles.

197. Existen todavía diferencias de género entre el hombre y la mujer en lo que respecta al acceso a los servicios de atención de salud. Las variaciones de género en la proporción de la población que cae enferma reflejan las desigualdades de género en el acceso a los servicios de atención médica. La Encuesta nacional de hogares de Uganda de 2005/06 estima que las mujeres constituyen el 43,9% de la población enferma en las zonas rurales, mientras que los hombres representan el 39,4%. En el cuadro siguiente se observa que la distancia a los centros de salud, la falta de disponibilidad de medicamentos y los elevados costos del tratamiento determinan que el acceso de la mujer a los centros de salud sea proporcionalmente mayor que el de los hombres. Por otro lado, la falta de disponibilidad de personal y sus actitudes negativas son percibidas más intensamente por los hombres que por las mujeres.

Cuadro XIDistribución porcentual de las personas que cayeron enfermas y no visitaron un centro público de salud, por residencia, razón y categoría de población

Razón por la que no se visitó un centro público de salud	Niños	Adultos	Ancianos
Mujer	Hombre	Mujer	Hombre	Mujer	Hombre
Distancia excesiva	40,3	39,6	40,2	39,0	49,7	44,9
Falta de medicamentos	29,8	31,1	27,3	29,9	15,7	22,0
Costo elevado del tratamiento	6,0	5,6	6,7	5,9	12,8	11,4
Enfermedad leve	10,9	10,3	9,9	9,6	5,2	5,5
Falta de disponibilidad de personal	1,4	1,5	1,8	1,5	0,6	2,6
Actitudes negativas del personal	2,0	2,1	2,5	2,7	3,1	3,2
Largo tiempo de espera	4,4	4,2	4,4	4,7	4,4	3,4
Otras	5,2	5,6	7,2	6,7	8,5	6,8
Total	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Fuente: Datos desglosados por géneros sobre el sector de la salud ( The National Service Delivery Survey, 2004 ), septiembre de 2007 .

14.4Servicios financieros rurales

14.4.1Progresos registrados por el Estado parte en el acceso de la mujer rural a los servicios financieros

198.Dado que las mujeres constituyen el 79% de la mano de obra agrícola, el Gobierno de Uganda y los asociados en el desarrollo han adoptado una serie de medidas para promover la igualdad de acceso a la financiación en ese sector. El Plan de difusión de las microfinanzas es una iniciativa gubernamental que trata de facilitar la extensión de los servicios financieros sostenibles a las comunidades rurales. La información disponible indica que la mayoría de los prestatarios de instituciones de microfinanciación (IMF) son mujeres que se dedican sobre todo a actividades comerciales y residen en zonas urbanas. Ello significa que las mujeres rurales están muy desatendidas por las IMF y, por lo tanto, no pueden ampliar sus oportunidades de subsistencia.

199.Se han aducido varias razones para explicar la situación actual. Una de ellas es la falta de proveedores de servicios de microfinanciación que ofrezcan productos financieros acomodados al sector agrícola. Las IMF consideran la agricultura como un sector de inversión de alto riesgo, debido a los largos períodos de gestación y a su gran dependencia de los caprichos del clima. Esta opinión se refleja en las elevadas tasas de interés y los breves períodos de endeudamiento característicos de las IMF.

200.Care Uganda , con ayuda del Departamento del Desarrollo Internacional (DFID), el Gobierno de Austria, el Organismo Noruego de Cooperación para el Desarrollo (NORAD) y el Organismo Danés de Desarrollo Internacional (DANIDA), está llevando a cabo la iniciativa Asociación Rural de Ahorro y Préstamos, que trata de atender las necesidades financieras de la población rural pobre, en particular de las mujeres. En ese contexto, los miembros de un grupo (25 a 30 personas) contribuyen con sus ahorros y prestan únicamente a miembros del grupo durante un determinado período de tiempo. La Asociación tiene también un fondo para seguros al que los miembros del grupo pueden acceder para resolver problemas familiares urgentes. Algunas de las características asociadas con este plan lo han hecho atractivo para la población rural. Son las siguientes:

•Accesibilidad y transparencia

•Sencillez de los procedimientos de préstamo

•Condiciones flexibles de reembolso

•Alta rentabilidad de los ahorros

•Adaptación a las necesidades de las mujeres rurales

•Frecuentes oportunidades de ahorrar, retirar los ahorros y solicitar préstamos.

201. Se considera que la VSLA ha ayudado a la mujer en el sentido de que ha mejorado sus posibilidades de gestión financiera y elevado su nivel de vida. Las mujeres pertenecientes al grupo han aprendido a ahorrar y pueden diversificarse iniciando actividades ganaderas.

202. El sector de las microfinanzas está elaborando una política de género en Uganda. Uno de sus objetivos es abordar las cuestiones de acceso, utilización y gestión del crédito y el crédito financiero entre las mujeres agricultoras.

14.5Medidas adoptadas por el Estado parte para corregir las costumbres y prácticas tradicionales negativas que impiden el pleno disfrute del derecho de las mujeres a la propiedad, y dificultades subsistentes

203. El Ministerio de Asuntos de Género, Trabajo y Desarrollo Social formuló la Política de cultura nacional de Uganda, que, entre otros objetivos, trata de movilizar a las comunidades para que emprendan medidas contra las prácticas culturales reñidas con la dignidad humana. Esta política va más allá y trata de organizar las acciones principales que deberán realizarse para conseguir ese objetivo. Se han distribuido ejemplares de la política en todos los distritos y municipios del país. Actualmente se está preparando una estrategia y un plan de acción para ponerla en práctica.

204. El MAGTDS no tiene los recursos financieros y humanos necesarios para supervisar la aplicación de la política. Se espera que esta situación se resuelva, dado que el desarrollo social y cultural constituye el tema de uno de los 10 documentos de trabajo del Plan de desarrollo nacional. Ello representa una ocasión propicia para asignar más recursos y para la rehabilitación y reclutamiento de personal encargado de los asuntos culturales en los distritos.

15.0Artículo 15

15.1Igualdad ante la ley

Mayor acceso de la mujer a la justicia

15.1.1Progresos registrados por el Estado parte, y dificultades subsistentes

205. El Gobierno ha adoptado varias medidas para desarrollar la capacidad de los organismos de justicia con el fin de superar los obstáculos de género en el acceso a la justicia. Las garantías constitucionales sobre la no discriminación de la mujer pueden ser impuestas legalmente por los tribunales competentes en la forma dispuesta en el párrafo 1 del artículo 50 de la Constitución de la República de Uganda de 1995. El Tribunal Constitucional ha recibido solicitudes de revocación de las leyes que discriminan a la mujer.

206. El Plan de inversión sectorial II (SIP II 2006-2010) del sector de la justicia, el derecho y el orden (SJDO) establece un marco normativo que representa un gran avance para salvar la distancia entre los organismos encargados de la práctica de la justicia y los pobres y marginados, en particular las mujeres. El SIP II tiene los siguientes objetivos: fomentar una cultura de derechos humanos en todo el SJDO, mejorar el acceso de todos, en particular de los pobres y marginados, a la justicia, e intensificar la participación comunitaria en el SJDO.

Entre las acciones previstas para superar los obstáculos de género en el sistema de justicia se incluyen las siguientes:

•Desconcentración de las instituciones del SFDO, como el poder judicial y la Dirección del Ministerio Público, cuyo resultado sería la construcción de tribunales y oficinas de fiscales residentes, la contratación de personal y la adquisición de equipo

•Expansión y fortalecimiento del sistema de ayuda jurídica obligatoria para mejorar el acceso financiero de los pobres y marginados a la justicia

•Eliminación de los obstáculos técnicos para acceder a la justicia mediante la elaboración de materiales informativos, la institucionalización de los comités de usuarios de tribunales, el fortalecimiento de la capacidad del personal para responder debidamente a las cuestiones de género y el ofrecimiento de servicios de interpretación para quienes no dominan el idioma del tribunal.

207. La desconcentración geográfica de las instituciones del SJDO, como el poder judicial y la Dirección del Ministerio Público, ha mejorado el acceso físico a la justicia mediante la construcción de tribunales y oficinas para fiscales residentes, comisarías de policía y pabellones de prisiones en los distritos, ha aumentado el número de distritos judiciales de rango superior y ha permitido la contratación y colocación de funcionarios judiciales y la adquisición de equipo, como automóviles y computadoras. Se ha prestado especial atención a la zona de Uganda septentrional, dado el impacto de los conflictos en el sistema de justicia. El apoyo (recursos financieros) de la Oficina del Primer Ministro en el contexto del Programa de rehabilitación de Uganda septentrional con destino al Tribunal Superior de Gulu hizo posible una reducción del número de casos con un retraso de al menos dos años, que bajaron de 500 a 202 en 2007.

208. Se ha observado una ligera mejoría con respecto al número de mujeres que consiguen una reparación legal. Las conclusiones de un estudio de referencia sobre la demanda, uso y acceso a los servicios del SJDO en Uganda revelaban que era mayor la proporción de mujeres urbanas (40%) que los hombres (36%) que manifestaban su satisfacción con la calidad de la justicia. Ocurre lo contrario en las zonas rurales, donde el acceso de la mujer a la justicia continúa siendo todavía motivo de preocupación.

209. Parte del problema podría atribuirse a la limitada capacidad en materia de género en todas las instituciones del SJDO. Otra causa podrían ser los altos costos del proceso de litigación. Otros desafíos de las instituciones del SFDO son el atraso en la elaboración de una Estrategia de género y acceso a la justicia, la limitada capacidad de los coordinadores en materia de género y la incapacidad de los grupos de trabajo del SJDO para abordar adecuadamente las cuestiones de acceso a la justicia de las mujeres pobres, de acuerdo con sus respectivos mandatos.

Cuadro XIIOpiniones nacionales sobre las instituciones del SJDO

Opiniones	Miembros del público
Satisfacción con la respuesta de la policía a los crímenes denunciados	40% descontentos 57% algo o muy satisfechos
Soborno y corrupción	85% (las puntuaciones más altas corresponden a la policía e instituciones conexas)
Equidad	43%
Eficiencia	21% (sobre todo por lo que se refiere a los magistrados)
Conocimiento de las instituciones del SJDO	99% (la puntuación más alta corresponde a la policía, seguida de los órganos de gobierno local)
Accesibilidad y asequibilidad	81% (la puntuación más alta corresponde a la policía, seguida de los órganos de gobierno local)

Fuente : A National Integrated Household Baseline Survey on the Demand, Use and Access to JLOS Services in Uganda (Draft Report), JLOS, 2007

210. Los tribunales de los consejos locales (TCL) son otros foros de solución de diferencias que pueden ser utilizados frecuentemente por las mujeres y hombres pobres para resolver conflictos relacionados con el mantenimiento de los hijos, la violencia doméstica, los enfrentamientos conyugales y los conflictos por la tierra.

Cuadro XIIIOpiniones de la comunidad sobre la forma en que los tribunales de los consejos locales han garantizado el acceso a la justicia

Opiniones	Hombres	Mujeres	Jóvenes	Total
Accesibles	35	28	27	90
Baratos	19	17	21	47
Rápidos	16	19	22	57
Abiertos a todas las horas/disponibles	6	6	6	18
Son el gobierno	16	7	9	32
Asequibles	11	12	9	32
Conciliadores	23	25	17	65
Atentos a las cuestiones de género	2	1	3	6
Dispuestos a ofrecer asesoramiento	7	6	1	14
Conocimientos	17	10	11	38
Remisiones a autoridades superiores	4	5	10	19
Total	156	136	136

Fuente : Joint Survey on Legal Aid Providers and Local Council Courts, PNUD/ FNUDC, LABF, 2006.

A pesar de sus calificaciones positivas, en algunos casos los TCL no han llegado a aplicar la justicia debido al sesgo de género y a la poca valoración de los principios de la justicia natural.

211. Otras medidas para aumentar el acceso a la justicia adoptadas por organismos como la UHRC son el establecimiento de tribunales y oficinas regionales y el ofrecimiento de representación legal para facilitar la investigación de las denuncias de violaciones de los derechos humanos. Los datos desglosados por género sobre los denunciantes registrados en las oficinas de la Comisión revelan que son más los casos de quejas presentadas por hombres que por mujeres, como se observa en el cuadro siguiente.

Cuadro XIVDatos desglosados por género sobre denuncias registradas en la UHRC

Región	Mujer	Hombre
Sede central	125	179
Gulu	59	56
Soroti	14	150
Moroto	40	20
Jinja	76	101
Mbarara	40	82
Fort Portal	40	38
Total	394	626
Porcentaje	35%	55%

Fuente : Noveno Informe Anual, Comisión de Derechos Humanos de Uganda, 2006.

No obstante, la ausencia de datos desglosados sobre las solicitudes que consiguieron resultados reales impide determinar hasta qué punto estas iniciativas han respondido eficazmente a las denuncias de las mujeres.

212. La Asociación nacional de mujeres jueces ha tratado de enseñar a los funcionarios judiciales la manera de utilizar mejor los instrumentos internacionales en los casos relacionados con la discriminación o la violencia contra la mujer. Los funcionarios que han recibido esa capacitación reconocen que ha aumentado su capacidad de valorar los sesgos de género y de dictar sentencias que tienen en cuenta esa perspectiva. Las mujeres que intervienen como litigantes y testigos no son consideradas ya desde una perspectiva neutra en función del género. Lamentablemente, las limitaciones financieras han reducido la capacidad de la Asociación para dar mayor cobertura al programa de capacitación en el conjunto del SJDO. A pesar de ello, la iniciativa ofrece grandes posibilidades de aumentar el acceso de la mujer a la justicia. La Asociación ha emprendido otro módulo de capacitación que permitirá a los funcionarios judiciales valorar mejor las dimensiones de género y de derechos humanos del VIH/SIDA. Se espera que esta capacitación permita a los funcionarios judiciales responder con mayor eficacia a los desafíos planteados por esta epidemia.

213. Los organismos gubernamentales han contribuido también a ofrecer servicios de asistencia letrada. Entre ellos cabe citar los siguientes:

•El Ministerio de Justicia y Asuntos Constitucionales ofrece fondos para el Plan de expedientes estatales administrado por tribunales oficiales. En ese contexto, los acusados que no pueden contratar un abogado reciben uno a costa del Estado. Este plan se limita a los procesos penales.

•La oficina de Enlace Comunitario de las fuerzas de policía realiza campañas de sensibilización jurídica y concienciación de las comunidades. En una encuesta conjunta sobre la asistencia letrada y los TCL, se señaló que esta oficina representaba la forma más visible de asistencia letrada en las comunidades.

•La unidad policial de protección de los niños y de la familia se ocupa de las cuestiones relacionadas con los niños sin familia.

•La oficina de libertad provisional y bienestar interviene en las cuestiones relacionadas con el bienestar de los niños.

214. Nunca se insistirá demasiado en la importancia de la asistencia letrada para facilitar el acceso de la mujer a la justicia. Los servicios de asistencia letrada se consideran más asequibles que los tribunales oficiales. Se ha procurado aumentar la prestación de estos servicios mediante el establecimiento del Fondo colectivo de asistencia jurídica —que apoya iniciativas encaminadas a eliminar la discriminación contra la mujer— y la formación de redes de ayuda jurídica, por ejemplo, la Red de proveedores de servicios de asistencia letrada, con el fin de desarrollar sinergias, reducir la duplicidad de servicios y aumentar el uso eficiente de los recursos disponibles.

215. No obstante, hay todavía algunos problemas, en particular la falta de personal, las dificultades logísticas y los retrasos en el sistema de justicia oficial, que han limitado su eficacia. Además, la prestación de asistencia letrada se ha llevado a cabo de forma fragmentaria e improvisada sin prestar demasiada atención a la cobertura nacional ni a los grupos vulnerables. Esta situación se atribuye a la falta de un marco jurídico, institucional y normativo de alcance nacional para regular la prestación de esos servicios, y a la falta de un mecanismo para exigir la prestación de servicios pro bono.

216. En la actualidad, el Consejo Legislativo ha iniciado el proceso de desarrollo de un marco regulador para la prestación de asistencia letrada y servicios pro bono en Uganda.

217. Es también necesario agilizar el proceso de elaboración de una Política de género para el sector de la justicia, el derecho y el orden, junto con la Estrategia de acceso a la justicia, que debería ofrecer un marco general para resolver los problemas de género en el acceso a la justicia.

16.0Artículo 16

16.1 Igualdad en el matrimonio y en la vida de familia

16.1.1 Progresos registrados por el Estado parte en el logro de la igualdad en el matrimonio y en la vida de familia, y dificultades subsistentes

218. La promulgación del proyecto de ley sobre relaciones familiares (el primer proyecto de ley contiene disposiciones sobre el matrimonio civil, cristiano, hindú y bahai, mientras que el segundo prevé el establecimiento de tribunales khadi para atender las cuestiones relacionadas con el matrimonio y el divorcio islámico) y el proyecto de ley sobre delitos sexuales pueden mejorar la condición jurídica de la mujer en las relaciones matrimoniales (puede encontrarse información más detallada en la sección relativa al artículo 2). El PLRF no reconoce ya el pago del precio de la novia como requisito fundamental para un matrimonio válido ni exige la devolución del mismo al disolverse el matrimonio. Se trata de novedades positivas, dado que el precio de la novia es un factor que predispone a la violencia contra la mujer.

219. No obstante, ha habido algunos cambios positivos en relación con los derechos de la mujer, en particular en lo que respecta a la disolución del matrimonio. En 2003, el Tribunal Constitucional anuló algunas secciones discriminatorias de la Ley de divorcio, que exigía justificaciones diferentes según se tratara del hombre o la mujer. Más recientemente, el Tribunal Constitucional anuló la tipificación del adulterio como delito y algunos aspectos discriminatorios de la Ley de sucesión (puede verse información más detallada en la sección relativo al artículo 2).

17.0Conclusión

220.Desde el último informe de situación, el Gobierno de Uganda ha realizado considerables progresos en la formulación y aplicación de medidas para eliminar la discriminación contra la mujer. Gracias a ello, ha sido posible establecer un marco jurídico y normativo, realizar intervenciones orientadas a mejorar el acceso de la mujer a la justicia y su condición socioeconómica y abordar las desigualdades de género existentes en la sociedad ugandesa. A pesar de ello, continúa habiendo diversos desafíos, como la lentitud del proceso de reforma de la ley, las prácticas culturales y tradicionales que discriminan a las mujeres y el bajo nivel de alfabetización de la mujer, que impide su acceso a los servicios sociales y su participación en actividades económicas, la gran extensión del fenómeno de la pobreza y la violencia contra la mujer. El Gobierno es consciente de esos desafíos y se ha comprometido a resolverlos, dado su empeño en respetar, promover y proteger los derechos de la mujer y reconocer plenamente su dignidad, en condiciones de igualdad con el hombre.