* La versión original del presente documento no fue objeto de revisión editorial oficial.
Sexto informe periódico que Uzbekistán debía presentar en 2019 en virtud del artículo 18 de la Convención *
[Fecha de recepción: 22 de noviembre de 2019]
Introducción
En el período comprendido entre 2016 y 2019, Uzbekistán llevó a cabo reformas de gran alcance que afectaron prácticamente a todas las esferas de la sociedad y a todas las categorías de ciudadanos que viven en el país. Sobre la base de una estrategia de acción en cinco esferas prioritarias del desarrollo de la República de Uzbekistán para el período 2017-2021, se ha prestado especial atención a medidas prioritarias encaminadas, entre otras cosas, a mejorar el desarrollo del Estado y la sociedad; defender el estado de derecho y seguir llevando a cabo reformas del sistema judicial y jurídico; desarrollar y liberalizar la economía; fortalecer la esfera social; garantizar la seguridad, la armonía entre las etnias y la tolerancia religiosa; y poner en práctica una política exterior eficaz.
Mediante el diálogo continuo con una población de más de 33 millones de personas, se han adoptado medidas orientadas a garantizar los derechos, las libertades y los intereses legítimos de los ciudadanos.
En los últimos tres años se han aprobado más de 5.000 instrumentos jurídicos y reglamentarios, entre ellos 4 nuevos códigos, 162 leyes y 1.209 actos presidenciales (340 decretos y 869 decisiones), que han servido de base jurídica para liberalizar y democratizar todos los ámbitos de la vida pública y del Estado, lograr el desarrollo sostenible y acelerado de la economía y la esfera social y potenciar el bienestar de la nación. Uzbekistán se ha adherido a los Convenios núms. 81, 87, 129 y 144 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), relativos a la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación; el trabajo forzoso; la aplicación de las normas internacionales del trabajo; la inspección del trabajo en la agricultura, la industria y el comercio; y la Constitución de la Organización Internacional para las Migraciones.
Garantizar el profundo respeto de la mujer, la protección de la familia y los derechos y el interés superior del niño ocupa un lugar importante en el sistema de reformas que se están llevando a cabo en el país. En su intervención en la sesión del Senado de 2019, el Presidente de la República de Uzbekistán, Shavkat Mirziyoyev, subrayó que, en la actual era de la globalización, la protección de los derechos, libertades e intereses legítimos de las mujeres ha adquirido una importancia aún mayor y la elevación de su perfil socioeconómico, político y jurídico es un imperativo de los tiempos modernos. El Presidente ha establecido las prioridades para mejorar el papel y la condición jurídica y social de la mujer: en primer lugar, garantizar que las mujeres estén representadas en el Parlamento y en los órganos representativos locales y que sus opiniones se tengan en cuenta en la preparación de los proyectos de ley y en la elaboración del presupuesto del país; en segundo lugar, establecer órganos de trabajo de la cámara alta del Parlamento encargados de las cuestiones relacionadas con la igualdad de género; en tercer lugar, acelerar la aprobación de legislación sobre la igualdad de género; y, en cuarto lugar, reforzar el papel de las organizaciones no gubernamentales de mujeres para garantizar los derechos de la mujer. A propuesta del Presidente, se creó el Comité sobre la Mujer y la Igualdad de Género en el Senado y se eligió para que presidiera el Senado a una mujer, T. Narbaeva, que anteriormente había ocupado el cargo de Viceprimera Ministra y Presidenta del Comité de la Mujer de Uzbekistán.
Desde el examen del quinto informe periódico de Uzbekistán sobre la aplicación de la Convención, se ha trabajado de manera coherente y sistemática para fortalecer la condición social y jurídica de la mujer, lo cual se ha visto facilitado por la aprobación de documentos normativos como:
•El programa estatal sobre el año de la salud maternoinfantil (2016).
•El plan de acción nacional aprobado para poner en práctica las recomendaciones del Comité de Derechos Humanos tras el examen del cuarto informe periódico de Uzbekistán sobre la aplicación del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (20 de agosto de 2016).
•La estrategia de acción en cinco esferas prioritarias del desarrollo de la República de Uzbekistán para el período 2017-2021, aprobada mediante decreto presidencial de 7 de febrero de 2017 y destinada a aplicar el programa estatal sobre el tema “Año del diálogo público y los intereses humanos” (párr. 4.2: “Mejoramiento del sistema de protección social y atención médica y aumento del perfil social y político de las mujeres”).
•El plan de acción nacional aprobado para poner en práctica las recomendaciones del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer tras el examen del quinto informe periódico de Uzbekistán sobre la aplicación de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (16 de octubre de 2017).
•El plan de medidas prácticas (hoja de ruta) para promover las iniciativas de la República de Uzbekistán, presentado en el septuagésimo segundo período de sesiones de la Asamblea General, sobre la aplicación de los acuerdos alcanzados tras los resultados de las negociaciones con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (27 de septiembre de 2017).
•El programa estatal de ejecución de la estrategia de acción en cinco esferas prioritarias del desarrollo de la República de Uzbekistán para el período 2017‑2021 durante el año de apoyo al emprendimiento, la innovación y la tecnología (de fecha 22 de enero de 2018).
•El programa estatal de ejecución de la estrategia de acción en cinco esferas prioritarias del desarrollo de la República de Uzbekistán para el período 2017‑2021 durante el año de la inversión activa y el desarrollo social, aprobado por el Presidente el 17 de enero de 2019.
El ejercicio efectivo de los derechos de las mujeres también se promovió mediante los siguientes instrumentos: el plan de acción para seguir desarrollando la cooperación entre Uzbekistán y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, aprobado por las cámaras del Oliy Majlis el 16 de junio de 2017; el programa de actividades para celebrar el 70º aniversario de la Declaración Universal de Derechos Humanos, aprobado mediante decreto presidencial de 5 de mayo de 2018; el programa de medidas para seguir profundizando en las reformas y promover una imagen exterior positiva de la República de Uzbekistán, aprobado por el Primer Ministro el 17 de agosto de 2018; los objetivos y metas nacionales de desarrollo sostenible para el período que se extiende hasta 2030, aprobados mediante decisión del Consejo de Ministros de 20 de octubre de 2018; el programa estatal sobre la aplicación de las propuestas y recomendaciones resultantes del Foro Asiático sobre Derechos Humanos celebrado en Samarcanda (de fecha 2 de febrero de 2019); y el programa de actividades para celebrar el 30º aniversario de la adopción de la Convención sobre los Derechos del Niño, aprobado mediante decisión del Consejo de Ministros de 17 de julio de 2019.
En el marco de la aplicación de los programas citados, se han aprobado leyes de importancia social que regulan los derechos y libertades de los ciudadanos. En 2016 se aprobaron, entre otras, las siguientes leyes: la Ley de Control Parlamentario, de 11 de abril de 2016; la Ley relativa a la Política Estatal sobre la Juventud, de 14 de septiembre de 2016; la Ley de las Fuerzas del Orden, de 16 de septiembre de 2016; la Ley por la que se ratifica el Convenio de la OIT sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87), de 26 de octubre de 2016; la Ley por la que se modifica y complementa la Ley de Sindicatos y Derechos y Garantías Sindicales, de 28 de noviembre de 2016; y la Ley de Servicios Sociales para las Personas de Edad Avanzada, las Personas con Discapacidad y Otros Grupos Sociales Vulnerables, de 26 de diciembre de 2016; en 2017 la legislación aprobada incluyó: la Ley de Lucha contra la Corrupción, de 3 de enero de 2017; la Ley de Protección de los Niños contra la Información Perjudicial para su Salud, de 8 de septiembre de 2017; y la Ley de Peticiones de Personas Físicas y Jurídicas (nueva versión), de 11 de septiembre de 2017; en 2018 se aprobaron los siguientes instrumentos legislativos: la Ley de Procedimientos Administrativos, de 8 de enero de 2018; el Código de Procedimiento Civil, de 22 de enero de 2018; el Código de Procedimiento Económico, de 24 de enero de 2018, y el Código de Procedimiento Administrativo, de 25 de enero de 2018; la Ley por la que se restringe el Consumo de Tabaco en Pipa y de Cigarrillos Electrónicos en Lugares Públicos, de 2 de julio de 2018; la Ley de Mediación, de 3 de julio de 2018; y la Ley de Contratación Pública, de 9 de abril de 2018; y en 2019 la legislación aprobada abarcó: la Ley de Protección de Víctimas, Testigos y Otros Agentes Intervinientes en las Actuaciones Penales, de 14 de enero de 2019; la Ley de Tratados Internacionales suscritos por la República de Uzbekistán, de 6 de febrero de 2019; la Ley de Alianzas Público-Privadas, de 10 de mayo de 2019; el Código Electoral, de 25 de junio de 2019; la Ley por la que se ratifica el Protocolo del Convenio de la OIT sobre el trabajo forzoso, 1930 (núm. 29), de 25 de junio de 2019; la Ley de Datos Personales, de 2 de julio de 2019; la Ley de Armas, de 29 de julio de 2019; y la Ley de Mecenazgo, de 16 de octubre de 2019.
En 2019 se hizo una importante contribución al desarrollo de la legislación en materia de género aprobada en Uzbekistán, mediante, entre otras cosas: la Ley de Garantías de Igualdad de Derechos y Oportunidades de Mujeres y Hombres, de 2 de septiembre de 2019; la Ley de Protección de las Mujeres frente al Acoso y la Violencia, de 2 de septiembre de 2019; la Ley de Salud Reproductiva, de 11 de marzo de 2019; la Ley por la que se modifica y completa el Artículo 15 del Código de la Familia, de 28 de agosto de 2019; la Ley de Apoyo a la Lactancia Materna y las Necesidades Alimentarias de los Lactantes y los Niños Pequeños, de 23 de octubre de 2019; y la Ley por la que se modifica el Código de Trabajo para abolir las restricciones relacionadas con la elección por parte de las mujeres de formas de trabajo anteriormente prohibidas y otras asimetrías de género en la legislación laboral.
Durante ese período tuvieron gran importancia los siguientes instrumentos: el decreto presidencial de 2 de febrero de 2018 sobre medidas para mejorar radicalmente el apoyo a la mujer y fortalecer la institución de la familia; el decreto presidencial de 27 de junio de 2018 sobre la aprobación de un marco normativo para fortalecer la institución de la familia en la República de Uzbekistán; la decisión presidencial de 2 de julio de 2018 sobre medidas para mejorar el sistema de rehabilitación y adaptación social y la prevención de la violencia doméstica; la decisión presidencial de 7 de marzo de 2019 sobre medidas para seguir fortaleciendo las garantías de los derechos laborales y apoyar la actividad empresarial de las mujeres; y la decisión presidencial de 3 de octubre de 2019 sobre medidas para mejorar radicalmente la política de dotación de personal y la administración pública en la República de Uzbekistán. Recientemente se han aprobado más de 15 leyes y reglamentos presidenciales y gubernamentales sobre la condición jurídica de la mujer y la protección de la familia como institución.
Se ha prestado gran atención al desarrollo de las instituciones de la sociedad civil y a su participación activa en la gestión pública y la supervisión de los organismos estatales mediante la aprobación de los siguientes instrumentos: la Ley de Supervisión Pública, de 12 de abril de 2018; el decreto presidencial de 4 de mayo de 2018 sobre medidas para potenciar radicalmente la función de las instituciones de la sociedad civil en la renovación democrática del país, que estableció un consejo consultivo para el desarrollo de la sociedad civil bajo la autoridad del Presidente de Uzbekistán; el decreto presidencial de 2 de abril de 2019 sobre medidas para mejorar radicalmente la situación de los órganos de administración autónoma (majallias) con el fin de ocuparse de los problemas que experimenta la población; el decreto presidencial de 4 de octubre de 2019 sobre medidas complementarias para mejorar la supervisión pública de las reformas socioeconómicas y la participación de los ciudadanos en la ejecución de las reformas democráticas del país, que prevé la adopción de un código sobre las organizaciones no gubernamentales sin fines de lucro; el decreto presidencial de 4 de julio de 2018 sobre medidas de organización de la labor de los consejos públicos en los organismos estatales; el decreto presidencial de 22 de agosto de 2019 sobre medidas para garantizar la transparencia de los datos presupuestarios y la participación activa de los ciudadanos en el proceso presupuestario; el decreto presidencial de 23 de agosto de 2019 sobre medidas complementarias de apoyo estatal a las asociaciones de la sociedad civil dedicadas a las personas con discapacidad; y el decreto presidencial de 30 de octubre de 2019 sobre medidas de apoyo a la labor del Centro de Desarrollo de la Sociedad Civil. En Uzbekistán se están desarrollando activamente las instituciones de la sociedad civil y se han creado más de 9.000 organizaciones no gubernamentales sin fines de lucro, de las cuales unas 400 se dedican a cuestiones relacionadas con la mujer. Desde abril de 2016, se ha reconocido a la organización de mujeres denominada “Centro de Apoyo a las Iniciativas Civiles” como entidad de carácter consultivo especial por el Consejo Económico y Social.
Se ha concedido gran importancia a la mejora de la condición jurídica y las actividades de las instituciones nacionales de derechos humanos. En particular, se han ampliado considerablemente los derechos del Comisionado de Derechos Humanos (Ombudsman) del Oliy Majlis y del Centro Nacional de Derechos Humanos de la República de Uzbekistán; se han creado las oficinas de un comisionado presidencial encargado de la protección de los derechos e intereses de las entidades comerciales y de un comisionado de los derechos del niño, que actúan como ombudsman adjuntos de los derechos humanos; y se está mejorando el sistema de educación y capacitación en materia de derechos humanos y libertades, entre otras cosas mediante el establecimiento de la Academia de la Fiscalía General, la Escuela Superior del Consejo Judicial Supremo y los cursos de capacitación del personal en materia de derechos humanos y libertades en el Centro Nacional de Derechos Humanos de la República de Uzbekistán.
Durante el período que abarca el informe, Uzbekistán amplió su cooperación con las organizaciones internacionales en la esfera de los derechos humanos: en el período 2017-2019, el país recibió la visita del Secretario General de las Naciones Unidas, António Guterres; el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Zeid Ra’ad Al Hussein; el Relator Especial sobre la libertad de religión o de creencias, Ahmed Shaheed; el Relator Especial sobre la independencia de los magistrados y abogados, Diego García-Sayán; una delegación de Human Rights Watch y la Oficina Regional de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. También visitaron Uzbekistán los jefes de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, el Centro Regional de las Naciones Unidas para la Diplomacia Preventiva en Asia Central, la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE), la Asamblea Parlamentaria, la Unión Europea y el Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo. Desde 2018 Uzbekistán es miembro de la Organización de Cooperación Islámica y de la Comisión Permanente Independiente de Derechos Humanos, así como participante permanente en la serie de sesiones de alto nivel y en las reuniones del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. El 11 de marzo de 2019 la delegación de Uzbekistán, encabezada por la Presidenta del Comité de la Mujer, la Viceprimera Ministra Narbaeva, participó en el 63er período de sesiones de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer del Consejo Económico y Social, en el que se debatió el sistema de protección social, la infraestructura sostenible y el acceso a los servicios públicos para garantizar la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres y las niñas.
Uzbekistán ha alcanzado un nuevo nivel de desarrollo como sujeto de derecho internacional y participa activamente en el establecimiento de normas internacionales en la esfera de los derechos humanos. Por iniciativa de Uzbekistán, en el septuagésimo segundo período de sesiones de la Asamblea General se aprobó la resolución titulada “Fortalecimiento de la cooperación regional e internacional para asegurar la paz, la estabilidad y el desarrollo sostenible en la región de Asia Central”, y en el septuagésimo tercer período de sesiones se aprobó la resolución titulada “Concienciación y tolerancia religiosa”. Uzbekistán también ha preparado un proyecto de convención internacional de las Naciones Unidas sobre los derechos de los jóvenes.
En 2018 Uzbekistán se convirtió en miembro de pleno derecho de la Organización Internacional para las Migraciones. Mediante la ejecución del plan de acción nacional para la aplicación de los convenios de la OIT y el programa nacional sobre el trabajo decente para 2017-2020, Uzbekistán ha logrado importantes progresos en la protección de los derechos de los adultos y los niños contra el trabajo forzoso.
Uzbekistán ha iniciado una cooperación más profunda en materia de derechos humanos en Asia Central y en la Organización de Cooperación Islámica. En 2018 se celebró en Samarcanda el primer Foro Asiático sobre Derechos Humanos desde la creación de las Naciones Unidas, hace 70 años. El Parlamento de Uzbekistán ha aprobado una “hoja de ruta” para hacer realidad el “espíritu de Samarcanda” de los derechos humanos. La primera reunión mantenida por las instituciones nacionales de derechos humanos de los países de Asia Central se celebró en Taskent para fortalecer la cooperación en la esfera de los derechos humanos.
Entre 2017 y 2019 se enviaron a los órganos internacionales de derechos humanos más de 100 documentos analíticos e informes nacionales sobre la aplicación de los pactos y convenciones internacionales ratificados por Uzbekistán: el documento básico común que forma parte integrante de los informes sobre derechos humanos (2017); el quinto informe periódico sobre la aplicación de las disposiciones de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes (2017); los informes periódicos 10º a 12º combinados de la República de Uzbekistán sobre la aplicación de la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial (2018); el quinto informe periódico sobre la aplicación del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (2018); el tercer informe periódico para el examen periódico universal (2019); el quinto informe periódico relativo a la aplicación de la Convención sobre los Derechos del Niño y los dos informes nacionales sobre la aplicación de los Protocolos Facultativos de la Convención sobre los Derechos del Niño; el tercer informe periódico sobre la aplicación del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (2019); y el informe sobre la aplicación de la Declaración y la Plataforma de Acción de Beijing en el período posterior a la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer, la Igualdad de Género y los Derechos de las Mujeres en relación con el logro de la plena efectividad de la igualdad de género y la protección de los derechos de las mujeres en los últimos 5 años (2019).
En el presente informe se exponen no solo los logros realizados por Uzbekistán a la hora de aplicar las disposiciones de la Convención y las recomendaciones pertinentes del Comité en la legislación y en la práctica, sino también las perspectivas de la labor futura orientada a mejorar la condición de la mujer en la sociedad y las principales esferas para afrontar los problemas relacionados con la consecución de la plena igualdad de género en el país. En el proceso de preparación del informe se tuvieron en cuenta los requisitos del Comité establecidos en el documento de las Naciones Unidas titulado “Compilación de directrices relativas a la forma y el contenido de los informes que deben presentar los Estados partes en los tratados internacionales de derechos humanos” con respecto al Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (págs. 68 a 74). En el informe se presta especial atención a la aplicación de las recomendaciones del Comité en el contexto de cada artículo de la Convención.
En la preparación del informe participaron más de 60 organismos y organizaciones estatales, así como instituciones de la sociedad civil. Del 25 al 27 de marzo de 2019 se celebró, con el apoyo del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, un seminario de tres días de duración sobre el tema “Fomento de la capacidad de información y educación de los funcionarios del Estado y los representantes de las organizaciones no gubernamentales sin fines de lucro en lo que respecta a la preparación de los informes nacionales y los planes de acción nacionales para la aplicación de la Convención Sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer”, en el que participaron Lia Nadaria, miembro del Comité, y otros expertos internacionales. Tras el seminario, se estableció un grupo de trabajo para preparar el presente informe y una lista de indicadores cualitativos y cuantitativos sobre los logros en la esfera de los derechos de las mujeres. El 12 de abril de 2019, con la asistencia del Fondo de Población de las Naciones Unidas, se llevaron a cabo consultas sobre el tema “Resultados de la aplicación de la Declaración y la Plataforma de Acción de Beijing en la República de Uzbekistán: logros y desafíos”; y el 26 de septiembre de 2019 se organizó en la Cámara Legislativa una mesa redonda sobre el tema “Mejora del papel y la condición de la mujer en la construcción de la sociedad y la construcción nacional: la experiencia de Uzbekistán y Alemania”. Se celebró una audiencia parlamentaria sobre el informe en la Comisión de Instituciones Democráticas, Organizaciones No Gubernamentales y Órganos de Autogobierno de los Ciudadanos de la Cámara Legislativa.
Aplicación de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer
Artículo 1. Definición del concepto de discriminación contra la mujer (recomendaciones 6, 8 y 10)
El artículo 18 de la Constitución de la República de Uzbekistán dice lo siguiente: “Todos los ciudadanos de la República de Uzbekistán tienen los mismos derechos y libertades y son iguales ante la ley, sin discriminación por motivos de sexo, raza, nacionalidad, idioma, religión, origen social, convicciones o condición individual o social”.
“Los privilegios solo pueden establecerse de acuerdo con la ley y los principios de justicia social”.
De conformidad con el artículo 46 de la Constitución, los hombres y las mujeres tienen los mismos derechos. Casi todas las leyes que rigen derechos humanos específicos contienen disposiciones que consagran la igualdad de los derechos humanos, independientemente del género u otros motivos, incluidos el Código Electoral, el Código Civil, el Código de la Familia, el Código del Trabajo, el Código Penal y otras leyes.
El 2 de septiembre de 2019 se aprobó la Ley de Garantías de Igualdad de Derechos y Oportunidades de Mujeres y Hombres, en la que se establecen por primera vez definiciones de la discriminación sexual directa e indirecta. El artículo 3 de la ley dispone que “por discriminación sexual directa se entiende toda distinción, exclusión o restricción destinada a no reconocer los derechos y libertades de las mujeres y los hombres en todas las esferas de la sociedad, incluida la discriminación por motivos de estado civil, embarazo, obligaciones familiares, así como el acoso sexual y la remuneración desigual por un trabajo de igual valor y con las cualificaciones”; “Por discriminación sexual indirecta se entiende la creación de una situación, disposición o criterio que sitúe a las personas de un sexo en una posición menos favorable que a las del otro sexo, por ejemplo, fomentando mensajes de desigualdad de género en los medios de comunicación, la educación o la cultura mediante el establecimiento de condiciones o requisitos que puedan tener efectos adversos para las personas de determinado sexo”.
En la citada Ley se definen las principales esferas de la política del Estado y las facultades del Consejo de Ministros, la Comisión de Igualdad de Género y el órgano autorizado y otros organismos estatales e instituciones de la sociedad civil para prevenir y prohibir la discriminación contra la mujer en diversos ámbitos de la sociedad. El artículo 28 de la Ley establece que las personas que consideren que han sido objeto de discriminación sexual directa o indirecta tienen derecho a recurrir a las autoridades o el tribunal competentes. Al mismo tiempo, no se impone ningún deber estatal a esas personas, y el pago de los servicios jurídicos prestados por los abogados está cubierto, previa solicitud, por el Estado en la forma prescrita por la Ley.
En Uzbekistán se han aprobado medidas legislativas destinadas a eliminar la discriminación contra la mujer en las relaciones familiares y conyugales: el 29 de agosto de 2019 se aprobó una ley para modificar el artículo 15 del Código de la Familia, según la cual, a partir del 1 de septiembre de 2019, la edad mínima para contraer matrimonio se fijó en 18 años en el caso de los hombres y las mujeres.
La prohibición de la discriminación por motivos de sexo y otros motivos está consagrada en casi todas las leyes aprobadas en el período 2016-2019, entre ellas: el artículo 22 de la Ley sobre la Política de Juventud, de 14 de septiembre de 2016; el artículo 8 2) de la Ley de las Fuerzas del Orden, de 16 de septiembre de 2016; el artículo 16 de la nueva versión de la Ley de Peticiones de Personas Físicas y Jurídicas, de 11 de agosto de 2017; el artículo 9 del Código de Procedimiento Administrativo, de 25 de enero de 2018; el artículo 8 2) de la Ley del Servicio de Seguridad Nacional, de 5 de abril de 2018; el artículo 19 2) de la Ley del Comisionado de Derechos Humanos (Ombudsman) del Oliy Majlis, de 14 de marzo de 2019 (nueva versión), y el artículo 4 del Código Electoral, de 25 de junio de 2019.
La Ley de Salud Reproductiva, de 11 de marzo de 2019, protege los derechos reproductivos no solo de las mujeres, sino también de los hombres y los menores de edad, y proclama la igualdad de derechos y oportunidades de las mujeres y los hombres en el ejercicio de sus derechos reproductivos y el derecho a tomar decisiones independientes en relación con el nacimiento de sus hijos utilizando tecnologías seguras y eficaces.
La Ley de Protección de las Mujeres frente al Acoso y la Violencia, de 2 de septiembre de 2019, define los conceptos de violencia sexual, física, económica y psicológica. El acoso a las mujeres se distingue de otras formas de violencia por ser una acción (o inacción) que menoscaba la dignidad humana de la mujer e incluye el acoso en el lugar de trabajo. De conformidad con la Ley, las entidades que se dedican a combatir el acoso y la violencia contra la mujer no solo son las fuerzas del orden, sino también las autoridades ejecutivas centrales y locales, las autoridades educativas, laborales y sanitarias, las organizaciones no gubernamentales de mujeres y de otro tipo, los órganos de autogobierno de los ciudadanos y los centros especiales de asistencia a las víctimas del acoso y la violencia. El 21 de abril de 2019 el Primer Ministro de Uzbekistán aprobó los planes para aplicar la Ley de Garantías de Igualdad de Derechos y Oportunidades de Mujeres y Hombres y la Ley de Protección de las Mujeres frente al Acoso y la Violencia.
Durante el período sobre el que se informa, se fortaleció el papel del órgano legislativo para garantizar las disposiciones de la Convención, y las cámaras del Parlamento adoptaron medidas complementarias para vigilar la situación en este ámbito. El 11 de octubre de 2017 la Cámara Legislativa estableció la Comisión de Asuntos de la Familia y la Mujer, que ha adoptado una serie de medidas orientadas a sensibilizar a los diputados sobre el papel y la importancia de la Convención para mejorar la política estatal en la esfera de los derechos e intereses de las mujeres. El 27 de noviembre de 2017 se escuchó el informe de la Viceprimera Ministra y Presidenta del Comité de la Mujer de Uzbekistán sobre las actividades para aplicar la Convención y se formularon recomendaciones de mejora; el 21 de mayo de 2018 se organizó un acto internacional sobre el tema “La participación de las mujeres en la gobernanza en el proceso de reformas socioeconómicas e institucionales”; y en mayo de 2019 la Comisión examinó el proyecto de ley sobre la igualdad de derechos y oportunidades de las mujeres y los hombres en Samarcanda, Bujará y Ferganá y elaboró propuestas para su finalización. Entre 2018 y 2019 la Comisión examinó unas 70 peticiones relativas a mejoras de la legislación, de las cuales 4 se referían a la discriminación contra la mujer en el lugar de trabajo y 2 fueron resueltas favorablemente en los tribunales. En abril de 2019 se llevó a cabo en Bujará y Samarcanda una supervisión parlamentaria de la puesta en práctica de la legislación sobre los derechos laborales de las mujeres, que dio lugar a propuestas de modificaciones y adiciones al Código del Trabajo.
El 5 de abril de 2018 las cámaras del Parlamento examinaron por primera vez un informe sobre las medidas adoptadas en Uzbekistán para garantizar la protección de los derechos de los ciudadanos en diversas esferas de la vida, titulado “Uzbekistán: progresos en materia de derechos humanos”; en la sección “Derechos de las mujeres y los niños”, se destacó el papel que desempeña el Comité de la Mujer de Uzbekistán para garantizar los derechos de las mujeres; tras el examen del informe, se aprobó una hoja de ruta para llevar su contenido a la comunidad mundial y a la población. La Fundación Pública del Oliy Majlis presentó 60 proyectos para proteger los derechos de la mujer y velar por su plena participación en la vida pública, política, social, económica y cultural del país para el crecimiento espiritual e intelectual de las mujeres.
El Comité sobre la Mujer y la Igualdad de Género en el Senado, que inició su labor en agosto de 2019, puso en práctica una plataforma nacional destinada a apoyar y crear las condiciones necesarias para la participación de las mujeres en todas las esferas de la sociedad a través del sitio web www.gender-platform.uz, empezó a preparar una estrategia de igualdad de género y llevó a cabo una amplia campaña de información pública para estudiar la Ley de Garantías de Igualdad de Derechos y Oportunidades de Mujeres y Hombres y la Ley de Protección de las Mujeres frente al Acoso y la Violencia en las provincias de Namangán, Djizak, Sirdarín y Taskent; en cooperación con la Comisión de Asuntos de la Familia y la Mujer de la Cámara Legislativa, se examinaron más de 150 peticiones de mujeres; y el Comité de la Mujer de Uzbekistán y el Ministerio de Justicia celebraron también audiencias parlamentarias sobre la aplicación de la Convención.
De conformidad con el decreto presidencial de 8 de febrero de 2017 sobre medidas para mejorar radicalmente el sistema de difusión de la legislación y el decreto presidencial de 8 de julio de 2018 sobre la aprobación del marco normativo para mejorar la elaboración de normas, se ha reforzado considerablemente la apertura de la actividad legislativa del Parlamento y se han introducido tecnologías modernas de la información y las comunicaciones en el proceso legislativo. Para el debate público de los proyectos de ley, un decreto presidencial de 22 de enero de 2018 estableció el procedimiento de peticiones públicas a las cámaras del Parlamento y a los consejos (kengashes) de diputados del pueblo locales a través de un portal web especial llamado Mening fikrim (“Mi opinión”). Desde el 1 de enero de 2019 se ha puesto en marcha en Internet un sistema electrónico único para la elaboración y coordinación de proyectos de legislación a fin de llevar a cabo un amplio debate profesional y público, que abarca, entro otros, proyectos de ley preparados por el órgano legislativo y otros organismos y organizaciones estatales.
En virtud de un decreto presidencial de 9 de enero de 2019 sobre la mejora radical del sistema de fomento de la conciencia y la cultura jurídicas en la sociedad, se estableció el portal jurídico nacional denominado “Advice.uz”, en el que se puede obtener información sobre el derecho laboral; la ciudadanía y la inmigración; el sistema de pasaportes; las relaciones familiares; los servicios comunitarios y de vivienda; el emprendimiento; la seguridad social; y la salud y otras cuestiones jurídicas. De conformidad con la decisión gubernamental de 6 de septiembre de 2019 sobre medidas para seguir mejorando el sistema de suministro de información jurídica y asistencia letrada a la población, se creó la organización no gubernamental sin fines de lucro conocida como “Madad”, que se encarga de prestar asesoramiento jurídico y asistencia letrada de forma gratuita a la población, y se están estableciendo de forma progresiva en cada distrito (ciudad) oficinas de asesoramiento jurídico de “Madad”.
En vista de las disposiciones de la Ley de Garantías de Igualdad de Derechos y Oportunidades de Mujeres y Hombres, se está prestando una atención considerable a las actividades de sensibilización y promoción amplias para explicar la política del Estado en materia de género; en todos los niveles de la enseñanza se están organizando programas de capacitación sobre las normas internacionales y la legislación nacional en materia de género; y se están elaborando programas y seminarios de capacitación para adultos y niños sobre la modificación de las nociones estereotipadas de los papeles tradicionales del hombre y la mujer sobre la base de las normas de la Convención y la Ley. Durante el período que abarca el informe, las autoridades de la fiscalía llevaron a cabo 5.061 actividades de sensibilización sobre la igualdad de género, los derechos de las mujeres y la inadmisibilidad de la violencia contra ellas, de las cuales 552 tuvieron una amplia cobertura en los medios de comunicación.
Se han reforzado las medidas para mejorar la educación en materia de derechos humanos en el país, lo que ha contribuido a dar a conocer la Convención y las recomendaciones del Comité a los parlamentarios, los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley y los jueces. Las cuestiones relacionadas con los derechos de la mujer y la igualdad de género se estudian en la Academia del Ministerio del Interior en el marco de actividades de formación, seminarios y cursos de capacitación especiales; y el Centro de Perfeccionamiento de Juristas enseña los mecanismos internacionales y nacionales de protección de los derechos de la mujer. El 7 de septiembre de 2016 se celebró una mesa redonda internacional sobre el tema: “Protección de la maternidad y la infancia, la base del desarrollo sostenible de la sociedad: la experiencia de Uzbekistán”; el 22 de noviembre de 2016 se celebró un foro de organizaciones públicas de mujeres, organizado por el Comité de la Mujer de Uzbekistán; del 24 al 26 de julio de 2019 se celebró un curso de capacitación de tres días de duración sobre el tema “El género en la legislación” en el marco del proyecto “El género en la legislación”, conjuntamente con la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID); se organizó un curso de capacitación de cinco días de duración para docentes de la Universidad Estatal de Derecho de Taskent sobre la incorporación de la dimensión de género en todos los programas de estudios; y se impartió un curso de capacitación de cuatro días de duración para los miembros de la Cámara Legislativa sobre el análisis de la legislación basado en el género.
Las organizaciones no gubernamentales sin fines de lucro participan activamente en la promoción de los derechos de las mujeres. Desde abril de 2016 el Centro de Apoyo a las Iniciativas Civiles, junto con el Comité de la Mujer de Uzbekistán y otros asociados nacionales e internacionales, ha organizado varios seminarios de capacitación para celebrar el 40º aniversario de la Convención. Durante dos años, el Comité de la Mujer ha impartido más de 40 cursos de capacitación y 10 mesas redondas, con un total de más de 1.300 participantes. En 2018 se creó un club de organizaciones no gubernamentales sin fines de lucro dedicadas a las cuestiones de género que actuaba como plataforma de expertos en el marco del Comité de la Mujer de Uzbekistán para ejecutar programas y proyectos destinados a mejorar el papel y la condición de la mujer.
La difusión de información y capacitación sobre las cuestiones de género en Uzbekistán se basa en la Ley de Difusión y Acceso a la Información Jurídica, de 7 de septiembre de 2017, el decreto presidencial de 13 de septiembre de 2017 sobre la creación de un programa de medidas integrales para desarrollar el sistema de publicación y distribución de libros y promover la cultura de la lectura, y el decreto presidencial de 9 de enero de 2019 sobre la mejora radical del sistema de fomento de la conciencia y la cultura jurídicas en la sociedad, en el que se aprobó un plan general de concienciación jurídica en la sociedad y una hoja de ruta para su puesta en práctica. Se ha establecido un portal jurídico nacional en el que se puede consultar una base de datos nacional que recoge la legislación de la República de Uzbekistán.
Artículo 2. Aplicación de la política estatal en la prohibición de la discriminación contra la mujer (recomendaciones 12 y 40 a 42)
Uzbekistán está adoptando medidas coherentes para lograr la plena efectividad de la igualdad entre las mujeres y los hombres en la práctica; ha aprobado la Ley de Garantías de Igualdad de Derechos y Oportunidades de Mujeres y Hombres, en la que se han definido los principales ejes de la política estatal para garantizar la igualdad de género en todas las esferas de la sociedad y se han establecido las competencias de los organismos estatales y las formas de participación de las instituciones de la sociedad civil en este ámbito. La Ley estableció la Comisión de Igualdad de Género, que desempeña los siguientes cometidos: participa en la elaboración y aplicación de programas estatales para garantizar la igualdad de derechos y oportunidades para las mujeres y los hombres; adopta medidas encaminadas a mejorar el sistema de apoyo social y jurídico a las mujeres, proteger la maternidad, la paternidad y la infancia y aumentar la actividad pública y sociopolítica de las mujeres en pie de igualdad con los hombres; presenta propuestas al Consejo de Ministros sobre la adopción y abolición de medidas especiales de carácter temporal para garantizar la aplicación de la política de género; coordina las actividades de los organismos estatales, vigila y analiza la situación en esta esfera, examina los recursos y adopta medidas para restablecer los derechos vulnerados; y proporciona información sobre la situación de los derechos y oportunidades de las mujeres y los hombres en el Oliy Majlis de la República de Uzbekistán.
De conformidad con el artículo 7 de la Ley, se ha establecido la obligación de llevar a cabo un examen especializado de las cuestiones de género y jurídicas que plantean los instrumentos jurídicos y reglamentarios en la esfera de la fijación de normas, con miras a determinar las incoherencias entre los principios de igualdad de género y los posibles riesgos de carácter discriminatorio en el proceso de su aplicación y a formular recomendaciones para eliminar las normas detectadas que permiten la discriminación sexual directa o indirecta. Con el apoyo del Coordinador de Proyectos de la OSCE, el Centro Nacional de Derechos Humanos ha publicado un manual científico y metodológico sobre el análisis de la legislación nacional basado en el género (2018) y ha preparado proyectos de métodos para realizar dicho análisis en relación con los proyectos de ley y otros instrumentos jurídicos y reglamentarios.
A fin de mejorar el sistema de protección de los derechos humanos y libertades fundamentales, incluidos los de las mujeres, desde 2016 se han establecido mostradores de recepción de personas y servicios de asistencia virtual en la Oficina del Presidente, en la República de Karakalpakstán, en las provincias y en la ciudad de Taskent, así como en los distritos y ciudades (salvo las ciudades bajo jurisdicción de distrito); y se creó el “Año del diálogo público y los intereses humanos” para la supervisión y el control sistemáticos del examen de las peticiones y la pronta resolución de las cuestiones públicas. El 26 de enero de 2018 Uzbekistán aprobó por primera vez el Código de Procedimiento Administrativo para que los tribunales administrativos examinen las controversias que surjan de cuestiones de derecho público entre los organismos estatales y los particulares, cuando sea necesario, a fin de proteger los derechos o intereses legítimos vulnerados o controvertidos de los ciudadanos y las personas jurídicas, incluida la violación de la igualdad de género.
La Ley de Mediación, de 12 de junio de 2018, se aprobó con el fin de establecer formas alternativas de resolver los conflictos derivados de las relaciones familiares y otras relaciones jurídicas. En ella se establece la figura de un mediador que trabaje de manera profesional, voluntaria y confidencial para resolver los conflictos y las controversias que surjan.
Las víctimas de discriminación pueden ejercer los recursos judiciales y jurídicos para la protección contra la discriminación sexual, tras emplear las formas extrajudiciales de protección de sus derechos, sobre la base de la Ley de Peticiones de Personas Físicas y Jurídicas (nueva versión), de 11 de septiembre de 2017. De conformidad con la Ley, toda persona puede presentar una denuncia ante las autoridades estatales en forma oral, escrita y electrónica, en entrevistas privadas y en los mostradores de ayuda públicos y móviles organizados por los funcionarios, también por medio de visitas en grupo a su lugar de residencia.
Las cuestiones relacionadas con la discriminación y las violaciones de los derechos de las mujeres son examinadas por las autoridades de la fiscalía, el Comisionado de Derechos Humanos (Ombudsman) del Oliy Majlis de la República de Uzbekistán y el Comisionado Presidencial para la Protección de los Derechos e Intereses Legítimos de las Entidades Comerciales.
En 2016 el Ombudsman recibió 9.057 comunicaciones, de las cuales 4.598 fueron presentadas por mujeres. Tras examinar las comunicaciones, se concedieron prestaciones y asistencia material a 18 familias de bajos ingresos, se colocó a 12 mujeres en situación de empleo, se proporcionaron sillas de ruedas a 6 personas con discapacidad, se suministraron materiales de construcción para reparaciones a 4 familias, y 112 solicitantes recibieron 77,2 millones de sum en concepto de manutención. En 2017 el Ombudsman examinó 9.074 comunicaciones, de las cuales 4.637 fueron presentadas por mujeres. Tras examinar las comunicaciones, se asignaron 2 apartamentos y 6 parcelas de terreno a familias de bajos ingresos, se prestó asistencia a 2 familias para la reparación de la vivienda, se prestó asistencia material a 30 familias, se asignaron prestaciones para el cuidado de los niños a 10 familias y se remitieron 3 casos a centros preescolares, y se hicieron 55 pagos de manutención a 55 solicitantes por un costo total de 83,5 millones de sum. En 2018 se recibieron 10.832 comunicaciones, de las cuales 5.716 fueron presentadas por mujeres. Durante su examen se colocó a 5 ciudadanos en situación de empleo, se asignaron 3 apartamentos y 4 parcelas de terreno, se prestó asistencia a 1 ciudadana para la reparación de la vivienda, 11 familias recibieron asistencia material, 2 familias recibieron subsidios para el cuidado de los niños, 108 solicitantes recibieron apoyo por un costo total de 152,7 millones de sum, y se pagaron fondos en divisas equivalentes a 58,3 millones de sum a ciudadanos extranjeros.
En el período 2017-2019, el Consejo de la Federación de Sindicatos recibió 10.852 comunicaciones de mujeres y examinó 3.068 comunicaciones de miembros no sindicados. Tras el examen de las comunicaciones, se hicieron 354 requerimientos a empleadores, se iniciaron 124 pleitos, se restituyeron los derechos de 1.548 mujeres y se recuperaron salarios y otros pagos equivalentes por un total de 737.153.000 sum. Las cuestiones relativas a la igualdad de derechos entre hombres y mujeres ante la ley están bajo el escrutinio de los medios de comunicación, a los que los ciudadanos se dirigen con información sobre la situación de la igualdad de género. Por ejemplo, entre 2016 y 2019, Uzteleradiocompany recibió 2.653 comunicaciones de mujeres, de las cuales 1.126 (42 %) se refirieron a la vivienda y los servicios comunales; 520 (19,6 %), a las pensiones y la asistencia material; 245 (9 %), a la vivienda; 298 (11 %), a cuestiones jurídicas relativas a los tribunales, las autoridades fiscales y los asuntos internos; 126 (4,7 %), al divorcio y la manutención; y 338 (12,7 %), a cuestiones relacionadas con los medios de comunicación. El estudio de las denuncias de las mujeres en los medios de comunicación ayuda a analizar la opinión pública acerca de la labor que llevan a cabo los organismos y funcionarios públicos, al igual que los debates abiertos en los que participan las instituciones de la sociedad civil mantenidos en programas de televisión y radio como Axborot - 24, Novosti - 24, Mahalla, la cadena estatal “Uzbekistán”, Zhamiyat va konun, Parlament Hayoti, Munosobat y otros.
En los últimos años ha aumentado el número de programas de radio y televisión que transmiten la imagen de mujeres modernas y social y políticamente activas, en particular una serie de programas sobre las niñas líderes que han recibido el premio estatal que lleva el nombre de la poetisa uzbeka Zulfiya. La cadena estatal “Uzbekistán” ha organizado periódicamente discusiones sobre la igualdad de género y el aumento del número de mujeres en el nivel de adopción de decisiones en el debate televisado conocido como “Es importante para nosotros”. Actualmente, la cadena de Taskent emite el programa “Un día de la mujer”, que transmite imágenes de mujeres que llevan una vida activa y han hecho importantes logros en su desarrollo profesional y la promoción de sus perspectivas de carrera.
Hay varias publicaciones para mujeres que están dirigidas principalmente a un público femenino. El abanico de temas de debate abarca no solo temas femeninos tradicionales (como el hogar, las relaciones familiares y la moda), sino también una amplia variedad de cuestiones socioeconómicas, también desde la perspectiva de la mujer. Por ejemplo, además de la publicación nacional ya existente Saodat (“Felicidad”), desde marzo de 2018 se publica la revista Dugonalar (“Amigas”). Las cadenas de televisión han empezado a emitir los programas Oila (“Familia”), Oila Davrasida (“En el círculo familiar”) y los conocidos debates televisados Munosabat (“Actitud”) y Halk bilan mulokot (“Diálogo con el pueblo”), en los que el público principal y los principales oradores son mujeres que discuten cuestiones de la vida pública. Es gratificante, por ejemplo, que un programa para automovilistas sea conducido por una presentadora y que gran parte de la información se dirija al público de conductoras de automóviles.
Artículo 3. Medidas adoptadas por el Gobierno de la República de Uzbekistán para reforzar el papel de la mujer en la sociedad (recomendaciones 36 a 39)
En Uzbekistán han surgido nuevas oportunidades para las mujeres con la aprobación de la estrategia de acción en cinco esferas prioritarias del desarrollo de la República de Uzbekistán para el período 2017-2021. En el marco de la estrategia, se sigue mejorando la política estatal para aumentar el nivel de educación y la actividad económica de las mujeres y fortalecer su papel en la administración pública y estatal. Más de 15 decretos, decisiones presidenciales, decisiones gubernamentales y 20 planes de actividades conjuntas con los ministerios y los departamentos han definido medidas destinadas a reformar el ámbito de los derechos e intereses de las mujeres. En febrero de 2018 se aprobó un decreto sobre medidas para mejorar radicalmente el apoyo a la mujer y fortalecer la institución de la familia. Este decreto ha permitido modificar fundamentalmente la labor del Comité de la Mujer de Uzbekistán, así como la de varios órganos gubernamentales y organizaciones públicas. El decreto mejoró la estructura organizativa del Comité de la Mujer y sus oficinas locales; determinó las esferas prioritarias de acción y fortaleció la capacidad del Comité con expertos, abogados, analistas y psicólogos adicionales altamente cualificados a fin de prestar una asistencia más cualitativa y profesional a las mujeres en calidad de líderes, artistas y jóvenes estudiantes y, en especial, a las mujeres que se encuentran en situaciones vitales difíciles; estableció más de 46.000 organizaciones de base de mujeres en ministerios y departamentos, empresas y organizaciones, órganos de autogobierno de los ciudadanos, unidades militares, instituciones educativas y lugares de trabajo; y estableció la Fundación Pública de Apoyo a la Mujer y la Familia, que ha ampliado las oportunidades para que el Comité de la Mujer preste apoyo efectivo y productivo a las mujeres que se encuentran en situaciones vitales difíciles.
El 20 de octubre de 2018 el Consejo de Ministros aprobó 16 objetivos nacionales de desarrollo sostenible y 127 metas conexas para el período que se extiende hasta 2030. Se ha elaborado y aprobado un conjunto nacional de indicadores para supervisar los progresos en la consecución de los objetivos. De los 206 indicadores, 32 están relacionados con el género. En 2018 se inauguró el sitio web http://nsdg.stat.uz, que refleja los procesos de consecución de los objetivos y metas nacionales de desarrollo sostenible en Uzbekistán.
Mediante la decisión presidencial de 7 de marzo de 2019 sobre medidas para seguir fortaleciendo las garantías de los derechos laborales y apoyar la actividad empresarial de las mujeres, se creó la Comisión de Igualdad de Género bajo la presidencia del Senado. Sus principales tareas consisten en participar activamente en la aplicación de la política estatal destinada a garantizar la igualdad de género.
Sobre la base de la decisión del Consejo de Ministros de 20 de octubre de 2018 relativa a las medidas para alcanzar los objetivos y metas nacionales de desarrollo sostenible de aquí a 2030, se estableció un consejo de coordinación para el logro de dichos objetivos, en el que están representados todos los ministerios y organismos más importantes.
En el proceso de preparación del informe sobre el examen amplio de la aplicación de la Declaración y la Plataforma de Acción de Beijing+25, el Comité de la Mujer de Uzbekistán organizó una serie de consultas con organizaciones gubernamentales y no gubernamentales, así como debates conjuntos sobre las cuestiones señaladas en la nota orientativa para la preparación de exámenes amplios a nivel nacional relativos a la aplicación de la Declaración y la Plataforma de Acción de Beijing. En el marco de su mandato como mecanismo nacional de protección de los derechos de la mujer y sobre la base de memorandos de cooperación, el Comité de la Mujer trabaja en estrecha colaboración con organizaciones estatales y no estatales, los partidos políticos y los medios de comunicación para aplicar la Plataforma de Acción de Beijing y la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer y alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
Los organismos estatales están considerando la posibilidad de que Uzbekistán se adhiera a la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, la Cámara Legislativa está examinando la ratificación de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, y el Ministerio de Empleo y Trabajo está estudiando la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de Sus Familiares, así como el Convenio de la OIT núm. 183 relativo a la Revisión del Convenio sobre la Protección de la Maternidad (Revisado), 1952.
De conformidad con el artículo 13 de la Ley de Garantías de Igualdad de Derechos y Oportunidades de Mujeres y Hombres, las facultades de los organismos estatales incluyen la reunión y el análisis periódicos de información estadística sobre casos de discriminación sexual directa e indirecta, el examen de comunicaciones relativas a violaciones de la igualdad de derechos entre las mujeres y los hombres, y el establecimiento de funcionarios autorizados a nivel de jefe adjunto para la igualdad de género. Todos los años se llevan a cabo las modificaciones necesarias en la presentación de informes públicos sobre estadísticas para mejorar la disponibilidad de datos relativos a la situación de las mujeres. En 2017 el Comité Estatal de Estadística publicó una recopilación de datos estadísticos titulada “Las mujeres y los hombres de Uzbekistán” y se creó el sitio web oficial del Comité: https://gender.stat.uz.
Se ha comenzado a trabajar en lo siguiente: la elaboración de una metodología para recopilar estadísticas de género; el establecimiento de un mecanismo de coordinación interdepartamental sobre estadísticas de género (comisión interdepartamental); la realización de un censo nacional en 2022 para garantizar un cálculo exacto de la población, registros individuales y una descripción detallada de la población por sexo, edad, estado civil, nivel de educación, nivel de vida, empleo, nacionalidad, ciudadanía y otras características demográficas y socioeconómicas; la organización de una encuesta de indicadores múltiples por conglomerados en los hogares para evaluar la situación de los niños y las mujeres, que incluya datos estadísticos desglosados por sexo; y la mejora del sitio web oficial https://gender.stat.uz, que es una base de datos en la web sobre estadísticas de género.
Se ha mejorado el sistema de mantenimiento de estadísticas sobre la situación socioeconómica de las familias. El Comité Estatal de Estadística ha publicado una recopilación estadística titulada “La familia en Uzbekistán”. Las oficinas locales del centro Oila han creado una base de datos sobre familias con problemas y familias ejemplares y la rellenan periódicamente. Se está trabajando en la creación de una única base de datos de información interdepartamental del centro Oila a fin de obtener información oportuna sobre las familias que se encuentran en situaciones vitales difíciles.
El artículo 14 de la Ley define por primera vez la condición jurídica de las personas autorizadas en el ámbito de la igualdad de género en los organismos estatales. Entre sus atribuciones figuran: velar por que se observen los principios que protegen la igualdad de derechos y oportunidades de las mujeres y los hombres en la esfera de actividad correspondiente; analizar la situación en que se encuentra el uso de medidas especiales de carácter temporal y la puesta en práctica de la política de género y formular propuestas para la aplicación de dichas medidas; y llevar a cabo actividades de información permanentes en cooperación con los órganos de autogobierno de los ciudadanos, las organizaciones no gubernamentales sin fines de lucro y otras instituciones de la sociedad civil.
Los órganos de autogobierno de los ciudadanos y las organizaciones no gubernamentales sin fines de lucro ejercen la supervisión pública y el seguimiento de la situación en lo que respecta al ejercicio efectivo de los derechos de la mujer, prestan asistencia a las familias y a las mujeres que se encuentran en condiciones de vida difíciles (bajos ingresos, familias numerosas, familias monoparentales, víctimas de acoso y violencia), velan por que las madres que no trabajan y las madres con hijos menores de 2 años reciban asistencia material y de otro tipo, y resuelven los conflictos familiares. El consejo de diputados del pueblo de las asambleas de ciudadanos incluye no solo a un miembro del comité de mujeres del distrito (o municipal) especializado en el trabajo con las mujeres y el fortalecimiento de los valores espirituales y morales, sino también a inspectores de prevención del delito y a jefes de instituciones educativas, centros sanitarios rurales y clínicas familiares.
Artículo 4. Medidas especiales dirigidas a acelerar la igualdad de facto entre el hombre y la mujer (recomendaciones 14 y 18)
La Ley de Garantías de Igualdad de Derechos y Oportunidades de Mujeres y Hombres define, por primera vez, el concepto de “medidas especiales de carácter temporal para garantizar la aplicación de la política de género” como medidas de carácter jurídico, organizativo e institucional adoptadas por los organismos estatales para eliminar la desigualdad de género y alcanzar objetivos específicos para garantizar la igualdad de facto o fundamental entre las mujeres y los hombres.
El artículo 5 de la Ley define lo que no se considera discriminación sexual, a saber: el establecimiento de diferencias que regulen las relaciones en lo que atañe a las funciones del parto y la lactancia; el reclutamiento para el servicio militar obligatorio en la forma prescrita por la ley; la adopción, sobre la base de la Ley, de medidas especiales de carácter temporal para garantizar la aplicación de la política de género; las características específicas de la seguridad y la salud ocupacionales de las mujeres y los hombres relacionadas con la protección de su salud reproductiva; las cualificaciones profesionales recomendadas en función de la capacidad de un solo sexo específico para realizar las tareas en cuestión; el establecimiento de diferencias que regulen los procedimientos y las condiciones en los lugares de reclusión, la ejecución de las penas y otras medidas jurídicas; y las medidas positivas encaminadas a fortalecer la condición social de la mujer en la sociedad y garantizar la igualdad de derechos y oportunidades de las mujeres y los hombres.
El artículo 6 de la Ley establece que el Estado debe adoptar medidas especiales de carácter temporal para aplicar la política de género con el fin de lograr la igualdad de facto entre las mujeres y los hombres, aumentar su participación en todas las esferas de la sociedad y eliminar y prevenir la discriminación sexual directa e indirecta.
En virtud del artículo 11 de la Ley, el Consejo de Ministros está facultado para establecer medidas especiales de carácter temporal con el fin de garantizar la aplicación de la política de género, y, en virtud del artículo 12, la Comisión de Igualdad de Género está facultada para presentar propuestas al Consejo de Ministros sobre la aprobación y la abolición de esas medidas. Como se establece en el artículo 13 de la Ley, los organismos estatales están facultados para adoptar medidas encaminadas a promover la igualdad entre las mujeres y los hombres.
La Ley permite establecer medidas especiales de carácter temporal para aplicar la política de género en la administración pública, teniendo en cuenta las categorías de puestos de empleados que prevén el establecimiento de un sistema de cuotas para la sustitución de puestos por empleados del mismo sexo. La cuota podrá establecerse como medida temporal y suprimirse una vez que se haya logrado una representación equilibrada de mujeres y hombres en los organismos estatales (art. 16).
A fin de aplicar el artículo 4 de la Convención, el Comité de la Mujer de Uzbekistán, el Centro de Apoyo a las Iniciativas Civiles y el Centro Nacional de Derechos Humanos, con la asistencia de la Entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de las Mujeres (ONU‑Mujeres), llevaron a cabo un estudio sobre el uso de medidas especiales de carácter temporal para mejorar la condición jurídica y social de la mujer en Uzbekistán, y se elaboraron propuestas para mejorar las medidas especiales de carácter temporal en todos los ámbitos de la participación de las mujeres en la sociedad. Se han puesto en práctica recomendaciones sobre la aprobación de la Ley de Garantías de Igualdad de Derechos y Oportunidades de Mujeres y Hombres y sobre la creación del Comité sobre la Mujer y la Igualdad de Género en el Senado; se ha encomendado al Comité Estatal de Estadística la función de reunir y analizar estadísticas de género; se han llevado a cabo modificaciones y adiciones en la legislación laboral con el fin de hacer efectivos los derechos de las mujeres a la elección voluntaria y al uso de los privilegios y ventajas que otorga el Código del Trabajo; ha aumentado el número de centros de enseñanza preescolar y extraescolar para ayudar a las familias con el cuidado de los niños; se han adoptado medidas para lograr la participación equilibrada de mujeres y hombres en las actividades de los partidos políticos, crear una base de datos sobre posibles políticas para la mujer, incorporar la educación en materia de género en las universidades y establecer un sistema competitivo en lo referente a la sustitución de puestos en la contratación de la administración pública; la Academia de la Administración del Estado dependiente del Presidente de la República de Uzbekistán está capacitando a mujeres dirigentes y candidatas para que ocupen puestos ejecutivos y legislativos; y se ha intensificado la investigación científica sobre la promoción del papel y el lugar de las mujeres en la sociedad.
Artículo 5. Medidas encaminadas a erradicar los prejuicios contra la mujer (recomendación 16)
Con el fin de fortalecer la base científica de la lucha contra los prejuicios y las costumbres anticuadas en Uzbekistán, se han aprobado dos importantes documentos: el decreto presidencial de 2 de febrero de 2018 sobre medidas para mejorar radicalmente el apoyo a la mujer y fortalecer la institución de la familia, destinado a mejorar las actividades y la capacidad del Comité de la Mujer, y la creación del centro de investigación Oila, dependiente del Consejo de Ministros, para la investigación relacionada con los problemas de las mujeres y la asistencia práctica a la familia; y la decisión presidencial de 2 de julio de 2018 sobre medidas para mejorar el sistema de rehabilitación y adaptación social y la prevención de la violencia doméstica.
En 2019 el Parlamento aprobó modificaciones al Código Penal, que aumentaron la responsabilidad penal por inducir a las mujeres a cometer suicidio. El problema de la violencia doméstica fue una de las razones para aumentar la pena por ese delito. También se han adoptado medidas importantes para eliminar las costumbres y tradiciones nacionales anticuadas que obstaculizan el adelanto de la mujer, y se ha modificado el artículo 8 del Código de la Familia para establecer que, a falta de normas adecuadas en la legislación que regula las relaciones familiares, se aplicarán las costumbres y tradiciones locales que no contradigan los principios de la legislación de Uzbekistán.
Con el fin de erradicar el matrimonio infantil, se ha modificado la redacción del artículo 15 del Código de la Familia a fin de establecer que la edad mínima para contraer matrimonio para hombres y mujeres sea de 18 años. Si hay razones válidas, en casos excepcionales (embarazo, parto o adjudicación de un menor de edad para ser plenamente competente o estar emancipado), el hokim del distrito o ciudad del lugar de registro estatal del matrimonio puede, a petición de las personas que desean casarse, rebajar la edad para contraer matrimonio, pero no más de un año. La proporción de matrimonios precoces ha disminuido considerablemente debido a la política gubernamental coherente y a las medidas adoptadas conjuntamente con las organizaciones no gubernamentales. En 2016 la edad media del primer matrimonio entre las mujeres era de 22,6 años, mientras que en el caso de los hombres era de 26 años.
La Ley de Protección de las Mujeres frente al Acoso y la Violencia se aprobó el 2 de septiembre de 2019. Va más allá del concepto de “violencia doméstica” y regula las relaciones para la protección de las mujeres contra el acoso y la violencia en el hogar, el trabajo, las instituciones educativas y otros lugares. La Ley tiene por objeto establecer un clima de intolerancia en la sociedad ante cualquier manifestación de violencia contra la mujer. Describe claramente una serie de conceptos, como “acoso”, “violencia”, “violencia psicológica”, “violencia física”, “violencia sexual”, “violencia económica”, “víctima de acoso y violencia”, “orden de protección” y otros, y prevé la adopción de medidas para corregir el comportamiento de quienes son propensos a cometer o han cometido actos de violencia, para lo cual está previsto elaborar y aprobar un programa específico. Se prevé la puesta en marcha de líneas telefónicas de atención a las víctimas de acoso y violencia, se ha definido el procedimiento de su labor y se ha adoptado el concepto de centros especiales de rehabilitación, de los cuales se han abierto 165, y 9.000 mujeres han presentado solicitudes a estos centros sobre diversas cuestiones.
Durante el período sobre el que se informa, las autoridades de la fiscalía llevaron a cabo 1.180 actividades de sensibilización sobre la igualdad de género, los derechos de las mujeres y la inadmisibilidad de la violencia contra ellas, de las cuales 166 tuvieron una amplia cobertura en los medios de comunicación.
En los últimos años se ha prestado seria atención a la erradicación de reliquias del pasado tales como la celebración de eventos familiares de varios días de duración y costosos (bodas, velorios, etc.), que generan grandes dificultades económicas y gastos materiales y tienen efectos negativos en el nivel de vida, principalmente de las familias pobres y numerosas. La racionalización de las ceremonias familiares y la prevención de la desigualdad entre las distintas familias ha sido objeto de un amplio debate en la sociedad, que ha llevado a la aprobación por el Senado, el 14 de septiembre de 2019, de un reglamento que rige el procedimiento para las bodas, las celebraciones familiares, los aniversarios y las ceremonias conmemorativas, que a partir del 1 de enero de 2020 incluye nuevas normas para la celebración de los acontecimientos mencionados sin desperdicio, teniendo en cuenta las tradiciones nacionales y las costumbres del pueblo.
Las organizaciones no gubernamentales de mujeres sin fines de lucro trabajan activamente en la esfera de la lucha contra la violencia doméstica: muchas han establecido teléfonos de asistencia y oficinas de servicios sociales, consultan a abogados y psicólogos en las zonas rurales, abren refugios y realizan pequeñas operaciones en forma de empresas sociales, y ofrecen cursos profesionales para sectores de la población particularmente vulnerables (como las víctimas de la violencia doméstica que llegan a los refugios temporales; las víctimas de la trata de personas; las mujeres liberadas bajo palabra de los lugares de reclusión; y las mujeres en situaciones vitales difíciles). Se han creado más de 200 escuelas innovadoras con el fin de preparar a los jóvenes para la vida familiar. Todos los años, las organizaciones no gubernamentales sin fines de lucro participan en la campaña 16 Días de Activismo contra la Violencia de Género, que se celebra el 25 de noviembre por iniciativa de la Asamblea General de las Naciones Unidas en el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.
Artículo 6. Medidas encaminadas a suprimir todas las formas de trata de mujeres y explotación de la prostitución de la mujer (recomendación 20)
De conformidad con la Ley de Lucha contra la Trata de Personas, de 17 de abril de 2008, los organismos estatales trabajan para proteger los derechos e intereses legítimos de los ciudadanos que son víctimas de la trata de personas y, junto con las organizaciones no gubernamentales, facilitan su retorno al país. Mediante el decreto presidencial de 30 de julio de 2019 sobre medidas complementarias para seguir mejorando el sistema de lucha contra la trata de personas y el trabajo forzoso se estableció una comisión nacional de lucha contra estas actividades. Está integrada por una subcomisión de lucha contra la trata de personas, encabezada por el Ministro del Interior, y una subcomisión de lucha contra el trabajo forzoso, encabezada por el Ministro de Empleo y Trabajo. La comisión nacional se encarga de coordinar las actividades de las autoridades nacionales y regionales, los órganos de autogobierno de los ciudadanos y las organizaciones no gubernamentales sin fines de lucro en la lucha contra la trata de personas y el trabajo forzoso; y el Presidente del Jokargy Kenes de la República de Karakalpakstán y los hokims de las provincias, distritos (municipios) y la ciudad de Taskent se encargan de dirigir las comisiones regionales establecidas para hacer frente a esta cuestión.
Se estableció la oficina del relator nacional de lucha contra la trata de personas y el trabajo forzoso para que presidiera la comisión nacional. Se prevé que el relator nacional proporcione al Presidente información anual sobre la situación actual en el país y en todo el mundo respecto de la lucha contra la trata de personas y el trabajo forzoso y las medidas adoptadas para enjuiciar y castigar a las personas involucradas en ese tipo de delitos y prestar apoyo a las víctimas de la trata. Se han redactado proyectos de ley por los que se modifica la Ley de Lucha contra la Trata de Personas a fin de definir un mecanismo de identificación de las víctimas de la trata de conformidad con las normas internacionales. También se han hecho adiciones al Código Penal sobre la responsabilidad por permitir el trabajo infantil y el trabajo forzoso.
En los siete primeros meses de 2019, el Departamento de Investigación del Ministerio del Interior remitió 44 causas penales al tribunal de trata de personas, de conformidad con el artículo 381 del Código de Procedimiento Penal. En 2018 se remitieron al tribunal 155 casos de este tipo. En esta categoría de casos, se procesó a 88 personas (222 en 2018) y se procesó a 391 personas por trata de mujeres, de las cuales 254 están cumpliendo condenas en centros de detención.
En el período 2016‑2019, con la asistencia de los organismos diplomáticos y consulares de la República de Uzbekistán, 69 víctimas de la trata de personas fueron devueltas a sus hogares (2 de Azerbaiyán; 4 de Dubái (Emiratos Árabes Unidos); 6 de la India; 3 de Omán; 16 de Kazajstán; 2 de Kirguistán; 2 de Turquía; 3 de China; 12 de la Federación de Rusia; 4 de Tanam (Eritrea); 4 de Malasia; y 6 de Shanghái (China).
Los funcionarios de los órganos de orden público identifican a las mujeres que se dedican a la prostitución o al proxenetismo y a los dueños de burdeles, y adoptan medidas para averiguar qué personas padecen enfermedades cutáneas y venéreas, que son remitidas a los dispensarios para su tratamiento. Se incluye en una lista de vigilancia preventiva a las personas deportadas de otros Estados, con las que se realiza una labor preventiva individual de forma continua. Se distribuyen pancartas, carteles y folletos sobre esta cuestión a la población de todas las regiones con el fin de prevenir los delitos relacionados con la trata de personas y sensibilizar al público sobre los métodos utilizados por quienes se dedican a esta actividad. A fin de detectar y prevenir la trata de personas, los organismos encargados de hacer cumplir la ley han establecido teléfonos de emergencia, cuyos números se publican constantemente en los medios de comunicación.
En el marco de la prevención de la trata de personas y el trabajo forzoso en el país, se están adoptando medidas coherentes para regularizar la migración laboral al exterior: se aprobó una decisión presidencial de 5 de julio de 2018 por la que se concede a las personas jurídicas el derecho a contratar a ciudadanos en el extranjero a partir del 1 de septiembre de 2018 con una licencia del Ministerio de Trabajo; se ha asignado una suma de 200.000 millones de sum a un fondo creado para apoyar y proteger los derechos e intereses de los ciudadanos que trabajan en el extranjero; los días 25 de marzo de 2019, 23 de agosto de 2019 y 12 de septiembre de 2018 se adoptaron decisiones del Consejo de Ministros por las que se aprobaron las atribuciones del Organismo de Migración Laboral Externa del Ministerio de Trabajo y las normas sobre el procedimiento de contratación y utilización de mano de obra extranjera en el país; se han establecido centros de orientación previos a la partida para los ciudadanos que trabajan en el extranjero; y Uzbekistán está haciendo preparativos para ratificar la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de Sus Familiares y otros instrumentos internacionales.
Artículo 7. Medidas para eliminar la discriminación contra la mujer en la vida política y pública (recomendación 22)
Las mujeres de Uzbekistán participan plenamente en la vida política y pública del país ejerciendo su derecho a votar y a presentarse a las elecciones y participando en la esfera de la función pública y en las actividades de las organizaciones de mujeres y otras organizaciones no gubernamentales. Estos derechos se rigen por el Código Electoral de 25 de junio de 2019, la Ley de Garantías de Igualdad de Derechos y Oportunidades de Mujeres y Hombres de 2 de septiembre de 2019 y otros instrumentos legislativos.
El artículo 4 del Código Electoral establece que los ciudadanos tienen los mismos derechos electorales, sin distinción de sexo, raza, etnia, idioma, convicción religiosa, origen social, creencias, condición personal o social, educación, o tipo o naturaleza de la ocupación. De conformidad con el artículo 18 de la Ley de Garantías de Igualdad de Derechos y Oportunidades de Mujeres y Hombres, las mujeres y los hombres tienen el mismo derecho a votar a los representantes y a ser elegidos para los órganos normativos. Cuando los partidos políticos designan candidatos a diputados a la Cámara Legislativa y a los consejos de diputados del pueblo locales, se garantiza la igualdad de derechos y oportunidades de las mujeres y los hombres y, de conformidad con el artículo 19, se asegura dicha igualdad al establecer la composición de la Comisión Electoral Central y las comisiones electorales de las provincias, los distritos, los municipios, los okrug y las circunscripciones para las elecciones y los referendos.
Con arreglo al artículo 70 del Código Electoral, los partidos políticos tienen derecho a presentar 150 candidatos a diputados, y el número de mujeres debe ser como mínimo el 30 % del número total de candidatos propuestos por un partido político.
En virtud del artículo 117 de la Constitución de 4 de septiembre de 2019, no podrán ser elegidos los ciudadanos a los que un tribunal haya declarado carentes de capacidad jurídica ni las personas que cumplan sentencias judiciales en lugares de privación de libertad. Además, no podrán participar en las elecciones los ciudadanos que hayan sido declarados legalmente incompetentes por un tribunal ni las personas que cumplan condenas judiciales en lugares de privación de libertad por delitos graves o especialmente graves. En todos los demás casos, no puede haber ninguna restricción directa o indirecta de los derechos de los ciudadanos. El artículo 9 del Código de Procedimiento Penal establece que los condenados que se encuentren en centros de detención por delitos que no supongan un gran peligro para la sociedad, y por delitos menos graves, tienen derecho a participar en las elecciones presidenciales, las elecciones a la Cámara Legislativa del Oliy Majlis, las elecciones a los consejos de diputados del pueblo regionales, distritales y municipales, y los referendos.
En el período 2018‑2019 se aprobaron varias leyes y reglamentos para mejorar el sistema electoral del país. En virtud de los decretos presidenciales de 4 de octubre de 2018 y 6 de noviembre de 2018, se aprobó un programa para mejorar la legislación electoral y la práctica de la aplicación de la ley; se estableció un centro de capacitación en materia de legislación electoral y tecnología moderna dentro de la estructura de la Comisión Electoral Central; se creó un sistema de información para la gestión del proceso electoral y el uso de la lista electrónica única de votantes; y se reunió información sobre las direcciones de las residencias permanentes y temporales de los ciudadanos para establecer la lista única de votación electrónica antes del 1 de abril de 2019.
El Código Electoral establece las normas para la elaboración de las listas de votantes, en las que se incluyen los nombres de los ciudadanos que hayan cumplido los 18 años de edad antes o el día de las elecciones y que residan de forma permanente o temporal en la zona cubierta por la mesa de votación en el momento de la elaboración de la lista, y en las que las listas de votantes se elaboran sobre la base de la lista única de voto electrónico. Los ciudadanos tienen la oportunidad de familiarizarse con la lista de votantes, por ejemplo, a través del sitio web oficial de la Comisión Electoral Central. Todo ciudadano tiene derecho a comunicar a la comisión electoral de circunscripción los errores o inexactitudes de las listas de votantes, que se comprueban y corrigen en un plazo de 24 horas, o a dar una respuesta escrita y motivada a la denegación de una solicitud. Las acciones y decisiones de la comisión electoral de circunscripción pueden recurrirse ante los tribunales de conformidad con el procedimiento establecido por el Código de Procedimiento Administrativo (arts. 27, 29 y 30).
En las elecciones presidenciales del 4 de diciembre de 2016 se inscribieron 20.461.805 votantes, entre ellos 10.825.641 mujeres, que representaban en torno al 50 % del total del electorado. De los ciudadanos incluidos en la lista de votantes, votaron 17.951.667 personas, o el 87,73 %. Según la Comisión Electoral Central, en las elecciones parlamentarias de 2019 participarán más de 20 millones de ciudadanos, de los cuales unos 11 millones son mujeres. Los cinco partidos políticos han presentado 750 candidatos a la Cámara Legislativa, de los cuales 310 (41,3 %) son mujeres, lo que supone un 10 % más que en las elecciones de 2014. La Cámara Legislativa y el Senado, por recomendación del Jokara Kenesh de la República de Karakalpakstán y del consejo de diputados del pueblo de la ciudad de Taskent, eligieron a 17 miembros de la Comisión Electoral Central, de los cuales 7 son mujeres.
Con el fin de garantizar el ejercicio por parte de las mujeres de su derecho constitucional a participar en las elecciones que se celebrarán en diciembre de 2019, se ha firmado un acuerdo de cooperación entre la Comisión Electoral Central y el Comité de la Mujer de Uzbekistán, en virtud del cual se está llevando a cabo una serie de sesiones de capacitación para el personal de las oficinas locales del Comité de la Mujer a fin de mejorar sus conocimientos sobre la legislación electoral.
El Comité de la Mujer de Uzbekistán, junto con los partidos políticos, ha firmado memorandos y aprobado planes de acción para el período 2018‑2019 con el fin de aplicar medidas prácticas para el apoyo social y jurídico de las mujeres, su crecimiento profesional, espiritual e intelectual, y elevar su perfil social y sociopolítico. Cinco partidos políticos (el Partido Liberal Democrático de Uzbekistán, el Partido Democrático Popular de Uzbekistán, el Partido Democrático Milliy Tiklanish de Uzbekistán, el Partido Socialdemócrata Adolat de Uzbekistán y el Partido Ecologista) han aportado más de 6.086 mujeres a la reserva de talentos. Se están llevando a cabo actividades de formación junto con la Academia de la Administración del Estado para desarrollar sus habilidades de gestión y liderazgo. Hasta la fecha, se ha recomendado a 120 de ellas para puestos de dirección, y se está formando a 328 de ellas como candidatas a diputadas durante el proceso de elección. Se celebraron a nivel local más de 336 reuniones con la participación activa de mujeres bajo el lema “Empieza a ser diputada”.
A fin de aumentar la participación política de las mujeres, el Partido Democrático Popular de Uzbekistán, donde el número de mujeres asciende a 240.000, es decir, el 49 %, ha impartido más de 100 sesiones de capacitación a las que han asistido más de 1.500 mujeres. Más de 170.000 mujeres participaron en más de 6.000 reuniones de consejos locales. En los últimos cinco años, más de 8.000 mujeres miembros del partido con edades comprendidas entre los 25 y los 50 años han participado en el concurso titulado “La mujer más activa del Partido Democrático Popular de Uzbekistán”, y se ha incluido a 2.000 mujeres en la reserva de talentos del partido para participar en el programa electoral. Se ha registrado la participación de mujeres líderes de distrito y ciudad, presidentas de comités de mujeres y consejos de distrito del partido, entre otras funciones, en más de 100 concursos.
En la Ley de Garantías de Igualdad de Derechos y Oportunidades de Mujeres y Hombres se dispone que el Estado adoptará todas las medidas oportunas para garantizar que la mujer tenga las mismas oportunidades que el hombre, sin discriminación alguna, de ocupar puestos como jefas de los organismos estatales de acuerdo con sus capacidades y su formación profesional. El acceso a la función pública se realiza mediante un concurso de oposición para cubrir una plaza vacante (art. 16). Los departamentos de personal de los organismos estatales tienen la obligación de proporcionar a las comisiones de competencia información no solo sobre la educación y la formación profesional de las personas que participan en la competencia, sino también sobre la proporción de mujeres en relación con los hombres en los puestos de la administración pública en cuestión. Los departamentos de personal de los organismos estatales proporcionan información similar en lo que respecta a la certificación y el ascenso laboral de los empleados gubernamentales, a fin de que se tomen medidas para garantizar la igualdad de derechos y oportunidades para mujeres y hombres.
Mediante un decreto presidencial de 3 de octubre de 2019, se adoptaron medidas complementarias para mejorar la política de personal y la administración pública: se definió el concepto de “funcionario público”; se reformó la administración pública sobre la base de un proceso de selección abierto y competitivo de los candidatos al cargo; se estableció una reserva de talentos a todos los niveles con la amplia participación de jóvenes talentos en esta esfera, entre los que se incluían mujeres; y se creó un portal abierto de plazas vacantes de la administración pública. El decreto estableció el Organismo de Desarrollo de la Administración Pública y el Fondo de Apoyo al Desarrollo de la Administración Pública, dependiente de ese Organismo, y aprobó un programa de medidas prioritarias para mejorar radicalmente la política de personal y el sistema de la administración pública, que prevé la aprobación de la Ley de la Administración Pública del Estado y la estrategia de desarrollo de la administración pública hasta 2030, en la que se abordan las cuestiones de igualdad de género en esta esfera.
El decreto presidencial de 28 de octubre de 2019 aprobó el reglamento del Organismo de Desarrollo de la Administración Pública y definió sus facultades para garantizar los derechos de los funcionarios, impartir instrucciones para mejorar su labor y anunciar advertencias sobre la inadmisibilidad de las violaciones de los derechos de los empleados, así como las principales tareas de los departamentos de personal de los organismos estatales en relación con la adopción de un procedimiento transparente para la selección y colocación del personal y la creación de igualdad de oportunidades para el desarrollo de la carrera.
Artículo 8. Medidas para garantizar la participación de la mujer en la cooperación internacional
La Ley de Garantías de Igualdad de Derechos y Oportunidades de Mujeres y Hombres dispone que el Estado adoptará todas las medidas oportunas para garantizar que la mujer tenga las mismas oportunidades que el hombre, sin discriminación alguna, de representar al Estado en el plano internacional y de participar en la labor de las organizaciones internacionales.
Según la información del Ministerio de Relaciones Exteriores, la reglamentación interdepartamental que rige la política de personal del Ministerio se elabora de conformidad con los requisitos de la Ley Fundamental del Estado. El procedimiento de selección y colocación del personal en el sistema del Ministerio se basa en las normas y principios aprobados de selección por concurso, que son los mismos para todos los ciudadanos de Uzbekistán. Estos documentos no hacen ninguna distinción entre representantes masculinos y femeninos. Todos los ciudadanos tienen los mismos derechos y oportunidades de empleo en el Ministerio de Relaciones Exteriores, a condición de que cumplan los requisitos en cuanto a competencia profesional y cualidades personales.
El Ministerio de Relaciones Exteriores tiene las condiciones y los requisitos necesarios para el desarrollo de la carrera de las mujeres en puestos diplomáticos. En agosto de 2019 había siete mujeres diplomáticas que trabajaban en puestos de responsabilidad en la oficina central del Ministerio de Relaciones Exteriores, entre ellas la jefa de la Dirección General de Cooperación Bilateral y las jefas de departamentos y divisiones. El número total de mujeres que trabajan en diversos puestos diplomáticos asciende a 14.
El número total de alumnas de la Universidad de Economía Mundial y Diplomacia en el curso académico 2018‑2019 fue 77 (de las que estudiaban para obtener títulos de licenciatura, 23 se dedicaban a la economía y la gestión internacionales, 16 a las relaciones internacionales y 20 al derecho internacional, mientras que 18 estudiaban para obtener títulos de posgrado). En el curso académico 2017‑2018, 94 alumnas estudiaron para obtener títulos de licenciatura, entre ellas 26 en economía y gestión internacional, 8 en relaciones internacionales y 23 en derecho internacional, y 19 para obtener títulos de posgrado. El número total de alumnas de la Universidad de Economía Mundial y Diplomacia en el curso académico 2016‑2017 fue 68 (de las que estudiaban para obtener títulos de licenciatura, 24 se dedicaban a la economía y la gestión internacionales, 8 a las relaciones internacionales y 23 al derecho internacional, mientras que 13 estudiaban para obtener títulos de posgrado).
En la Universidad de Economía Mundial y Diplomacia hay 228 mujeres trabajando, de las cuales 6 ocupan puestos de dirección. El mecanismo para promover y capacitar a las mujeres y mejorar sus aptitudes para los puestos de dirección es el mismo que para los hombres, de acuerdo con sus calificaciones.
En las diversas esferas de la sociedad, las mujeres participan activamente en la labor de las organizaciones internacionales; se ha convertido en una tradición que las mujeres líderes, científicas y especialistas hablen en foros internacionales y otros eventos relacionados con los derechos humanos; son miembros de la delegación de Uzbekistán en los períodos de sesiones de los órganos creados en virtud de tratados internacionales en los que se examinan los informes nacionales del país, las reuniones de la serie de sesiones de alto nivel, el Consejo de Derechos Humanos, las organizaciones regionales europeas, la OSCE y la Unión Europea; y participan en seminarios internacionales sobre el derecho a la educación, la atención médica, el trabajo y el empleo, la protección de los derechos de las minorías nacionales y los derechos humanos en el sistema de justicia, entre otras cuestiones.
Artículo 9. Medidas dirigidas a otorgar a las mujeres iguales derechos que a los hombres para adquirir, cambiar o conservar su ciudadanía
El artículo 2 de la Ley de Ciudadanía, de 2 de julio de 1992, establece que la ciudadanía de la República de Uzbekistán es igual para todos, independientemente de la base sobre la que se haya adquirido. Los ciudadanos de la República de Uzbekistán son iguales ante la ley, sin distinción de origen, condición social y económica, raza o etnia, sexo, educación, idioma, actitud hacia la religión, opiniones políticas o de otra índole, tipo o naturaleza de la ocupación u otras circunstancias, y gozan de igualdad de derechos en todas las esferas de la vida económica, política, social y cultural.
De conformidad con la Ley, ni el matrimonio de un ciudadano de la República de Uzbekistán con una persona de nacionalidad extranjera o con un apátrida ni la disolución de dicho matrimonio conllevan un cambio de nacionalidad de los cónyuges. El cambio de nacionalidad de uno de los cónyuges no entraña ningún cambio de nacionalidad en el otro. La residencia de un ciudadano en el extranjero no implica la pérdida de la ciudadanía uzbeka.
La adquisición de la ciudadanía está condicionada a lo siguiente: a) la renuncia a la ciudadanía extranjera; b) la residencia continua en la República de Uzbekistán durante los cinco años anteriores (esta norma no se aplica a las personas que deseen adquirir la ciudadanía si han nacido en Uzbekistán y pueden demostrar que al menos uno de sus progenitores o abuelos nació allí, y si no son ciudadanos de otros Estados); c) la existencia de medios de subsistencia legítimos; y d) el reconocimiento y cumplimiento de la Constitución de la República de Uzbekistán. En circunstancias excepcionales, el Presidente podrá eximir de estos requisitos a las personas que hayan prestado un servicio destacado al país o hayan alcanzado un alto nivel de distinción en la ciencia, la tecnología o la cultura, o que ejerzan profesiones o posean calificaciones de interés para la República de Uzbekistán.
Se rechaza la solicitud de ciudadanía si una persona: propugna un cambio forzoso del orden constitucional de la República de Uzbekistán; es miembro de partidos y otras organizaciones cuyas actividades son incompatibles con los principios constitucionales de la República de Uzbekistán; o ha sido condenada y está cumpliendo una pena de prisión por actos enjuiciados con arreglo a las leyes de la República de Uzbekistán. El artículo 19 de la Ley establece que la ciudadanía de la República de Karakalpakstán se extingue: a) como consecuencia de la renuncia a la ciudadanía; b) como resultado de la pérdida de la ciudadanía; c) por motivos establecidos en los tratados internacionales; d) por otros motivos. El cese de la ciudadanía uzbeka implica el cese de la ciudadanía de la República de Karakalpakstán.
De conformidad con el artículo 21 de la Ley de Ciudadanía, la ciudadanía uzbeka puede perderse: a) como consecuencia del ingreso en el servicio militar de una persona para un Estado extranjero o su servicio de seguridad, policía, poder judicial u otros órganos estatales o gubernamentales; b) si una persona que reside permanentemente en el extranjero no se inscribe en el consulado durante tres años sin un motivo válido; c) si la ciudadanía se adquirió sobre la base de información deliberadamente falsa o documentos falsos; d) si una persona ha causado un daño sustancial a los intereses de la sociedad y del Estado al realizar actividades para un Estado extranjero o al cometer delitos contra la paz y la seguridad; y e) si una persona ha adquirido la ciudadanía de otro Estado. La ciudadanía uzbeka se retira a partir de la fecha de emisión de un decreto presidencial.
El examen preliminar de las cuestiones de ciudadanía lo realiza la Comisión de Asuntos de Ciudadanía, que depende del Presidente. En la Dirección Principal de Migración y Ciudadanía del Ministerio del Interior y en el plano local, los ciudadanos solicitan su inscripción mediante el sistema de “cola electrónica”, un servicio bot “@mvafrbot” desarrollado en la plataforma de mensajería Telegram que ofrece la posibilidad de realizar consultas. De conformidad con un decreto presidencial de 11 de julio de 2017, y junto con la Empresa Unitaria Estatal UNICON.UZ, se creó un sistema electrónico de “registro en el lugar de residencia” en un portal interactivo de servicios gubernamentales de ventanilla única, que se puso en marcha en modo de prueba el 1 de septiembre de 2019 a través del sitio web www.gumiog.uz. Según datos del Ministerio del Interior, el número de mujeres que recibieron una etiqueta de permiso de viaje para el período 2016‑2019 fue 596.436, y el número de mujeres que recibieron la ciudadanía uzbeka fue 4.558. Actualmente se está redactando una nueva versión de la Ley de Ciudadanía para tener en cuenta las disposiciones de la Convención sobre el Estatuto de los Apátridas, la Convención para Reducir los Casos de Apatridia, el Convenio Europeo sobre la Nacionalidad y la Convención sobre los Derechos del Niño.
Artículo 10. Medidas para eliminar la discriminación contra la mujer en la esfera de la educación (recomendación 24)
El Estado garantiza la creación de igualdad de derechos y oportunidades de las mujeres y los hombres en el ejercicio del derecho a la educación en todos los niveles de la enseñanza, incluida la preescolar, la secundaria general, la secundaria especializada profesional y la enseñanza superior, así como en el readiestramiento y el perfeccionamiento profesional y la participación en actividades científicas y educativas. Durante el período que abarca el informe, se estableció el Ministerio de Enseñanza Preescolar y se revisaron los procedimientos para organizar las actividades del Ministerio de Educación Nacional y del Ministerio de Enseñanza Superior y Secundaria Especial. En una decisión presidencial de 8 de mayo de 2019, se aprobó el marco para el desarrollo del sistema de enseñanza preescolar en la República de Uzbekistán hasta 2030 y se definieron una hoja de ruta e indicadores para evaluar los resultados cualitativos de ese marco; en un decreto presidencial de 29 de abril de 2019, se aprobó el marco para el desarrollo del sistema nacional de educación de la República de Uzbekistán hasta 2030, así como una hoja de ruta para su aplicación en 2019; en un decreto presidencial de 11 de julio de 2019, se adoptaron medidas para reformar la gestión de la enseñanza especial superior y secundaria sobre la base de las mejores prácticas internacionales; en un decreto presidencial de 8 de octubre de 2019, se aprobó el marco para el desarrollo de enseñanza superior de la República de Uzbekistán hasta 2030, así como una hoja de ruta para su aplicación en 2019.
De conformidad con la Ley de Educación, se garantiza a todas las personas, independientemente de su sexo, el derecho a la educación en las instituciones educativas estatales y no estatales, y, de acuerdo con el artículo 26 de la Ley de Garantías de Igualdad de Derechos y Oportunidades de Mujeres y Hombres, se garantiza sistemáticamente la creación de igualdad de oportunidades en la educación: hay igualdad de derechos y oportunidades para el acceso a todos los tipos de enseñanza y a educación en materia de género para los ciudadanos mediante la incorporación de temas de género en diversos programas educativos; los planes de estudio y los libros de texto se supervisan periódicamente para comprobar el cumplimiento del principio de no discriminación por motivos de género.
Al 1 de julio de 2019, había 9.774 establecimientos de enseñanza preescolar (5.211 en 2017): 5.767 centros preescolares estatales, 65 departamentales y 3.942 no estatales. De estos últimos, 753 eran centros preescolares privados, 419 funcionaban en el marco de alianzas público‑privadas y 2.770 eran centros preescolares para familias. Hasta la fecha, la mayor cobertura de enseñanza preescolar del país se encuentra en la ciudad de Taskent, con 130.479 alumnos (81,4 %); la República de Karakalpakstán, con 68.848 alumnos (45,6 %); la provincia de Navoi, con 37.721 alumnos (50,5 %); la provincia de Sirdarín, con 30.785 alumnos (47,9 %); la provincia de Bujará, con 66.669 alumnos (47,8 %); la provincia de Ferganá, con 128.658 (44,1 %); la provincia de Namagán, con 86.493 alumnos (39,6 %); la provincia de Andiján, con 96.199 alumnos (39,5 %); la provincia de Surjandarín, con 49.924 alumnos (22,5 %); la provincia de Kashkadar, con 81.453 alumnos (29,6 %); y la provincia de Samarcanda, con 104.722 alumnos (33,2 %).
Al 1 de agosto de 2019, había un total de 1.104.488 niños de entre 3 y 7 años de edad (553.898 niñas y 550.950 niños) matriculados en el sistema de enseñanza preescolar. De ellos, 483.726 niñas y 485.551 niños estaban inscritos en centros preescolares estatales, y 70.172 niñas y 65.399 niños lo estaban en centros preescolares no estatales. El número total de niños en edad preescolar de entre 3 y 4 años era de 251.568 (126.887 niñas y 124.861 niños); 275.221 tenían entre 4 y 5 años de edad (137.672 niñas y 137.549 niños); 277.057 tenían entre 5 y 6 años de edad (138.651 niñas y 138.406 niños); y 301.002 tenían entre 6 y 7 años (130.688 niñas y 150.314 niños).
El sistema educativo nacional cuenta con 9.904 escuelas de educación general (335 escuelas especializadas estatales con un estudio a fondo de las distintas asignaturas). En el curso académico 2016‑2017, el número total de estudiantes de las escuelas de educación general de Uzbekistán era 4.808.058, de los cuales 2.350.917 eran niñas. En el curso académico 2017‑2018, había 5.248.484 estudiantes, de los cuales 2.559.944 eran niñas. En el curso académico 2018‑2019, había 5.821.861 estudiantes, de los cuales 2.840.166 eran niñas. En el país se imparte educación adicional en los 211 centros de educación extraescolar Barkamol Avlod, en los que se enseña a más de 140.000 niños. Los centros cuentan con un total de 5.054 grupos de estudio en diversas esferas.
En el curso académico 2019‑2020, 624.458 jóvenes se matricularon en la enseñanza superior y la enseñanza secundaria especializada: de los 424.171 estudiantes matriculados en la enseñanza superior, 190.877 son niñas, y de los 200.287 estudiantes matriculados en los institutos de enseñanza secundaria especializada y los liceos académicos, 36.946 son niñas.
Hay 373.473 estudiantes en las universidades del país, de los cuales 168.470 son chicas. Se cuentan 123.352 estudiantes de primer año (de los cuales 62.104 son chicas); 106.016 estudiantes de segundo año (de los cuales 50.168 son chicas); 72.521 estudiantes de tercer año (de los cuales 28.821 son chicas); 65.640 estudiantes de cuarto año (25.360 de los cuales son chicas); 3.666 estudiantes de quinto año (de los cuales 1.269 son chicas); y 2.288 estudiantes de sexto año (de los cuales 778 son chicas).
En el ámbito de la enseñanza superior, desde 2017 muchas instituciones de este nivel de enseñanza han restablecido los programas de estudio por correspondencia para diversas especialidades. La educación a distancia está diseñada para estudiantes que compaginan el estudio con el trabajo. En el caso de las mujeres jóvenes, esta forma de educación ofrecerá oportunidades de enseñanza superior, ya que permite combinar la educación con el cuidado de los niños y otras responsabilidades familiares. Desde el curso académico 2018‑2019, se observa una tendencia positiva en materia de género: el índice de paridad entre mujeres y hombres en el aprendizaje a distancia es 2,03 (67 % de niñas y 33 % de niños).
Artículo 11. Medidas para eliminar la discriminación contra la mujer en la esfera del empleo (recomendación 26)
La igualdad de derechos y oportunidades de las mujeres y los hombres en la esfera de las relaciones laborales está protegida en el Código del Trabajo, la Ley de Empleo, la Ley de Garantías de Igualdad de Derechos y Oportunidades de Mujeres y Hombres y otros instrumentos jurídicos y reglamentarios.
El artículo 6 del Código del Trabajo establece que todos los ciudadanos tienen las mismas oportunidades en cuanto a la posesión y el ejercicio de derechos laborales. La imposición de cualquier restricción o la concesión de privilegios en las relaciones laborales por motivos de sexo, edad, raza, nacionalidad, idioma, origen social, situación patrimonial u oficial, actitud hacia la religión, creencias, pertenencia a asociaciones públicas u otras circunstancias no relacionadas con las cualidades profesionales de un trabajador o los resultados de su trabajo no está permitida y constituye discriminación.
Las diferencias en la esfera laboral resultantes de las necesidades de ese tipo de trabajo o de la especial preocupación del Estado por las personas que necesitan una mayor protección social (mujeres, menores de edad, personas con discapacidad y otros) no constituyen discriminación. La persona que considere que ha sido objeto de discriminación en el trabajo puede acudir a los tribunales para exigir que se elimine la discriminación y se otorgue indemnización por daños materiales y morales causados.
Todo ciudadano o ciudadana tiene el derecho exclusivo de utilizar sus capacidades para el trabajo productivo y creativo y de participar en cualquier actividad que no esté prohibida por la ley. El desempleo voluntario no puede servir de base para el enjuiciamiento. Toda persona tiene derecho a elegir libremente su lugar de trabajo por contacto directo con el empleador, por intermediación de agencias de trabajo, de forma gratuita, o por medio de agencias de empleo privadas.
En el artículo 21 de la Ley de Garantías de Igualdad de Derechos y Oportunidades de Mujeres y Hombres se establecen las siguientes garantías de los derechos laborales de las mujeres: igualdad de oportunidades en materia de empleo; igual salario (remuneración) por trabajo igual e idéntico criterio para evaluar la calidad del trabajo de las mujeres y los hombres; igualdad de oportunidades en materia de promoción, readiestramiento y desarrollo profesional; igualdad de oportunidades al terminar el contrato de trabajo con los empleados debido a modificaciones en la tecnología o en la organización de la producción o el trabajo, o a una reducción del volumen de trabajo, que dé lugar a cambios en la cantidad de empleados, la naturaleza del trabajo o la liquidación de la empresa, institución u organización, de conformidad con las medidas de acción afirmativa establecidas por la ley; establecimiento y desarrollo de protección social y apoyo a la familia que sean accesibles a las mujeres y los hombres con hijos, y creación de un entorno de trabajo propicio para las mujeres embarazadas y lactantes; condiciones de trabajo seguras que sustenten los medios de vida y la salud de mujeres y hombres, incluida la protección de la función reproductiva; medidas encaminadas a evitar un trato inaceptable que dé lugar a un descrédito en las relaciones laborales o a la creación de condiciones de trabajo discriminatorias; igualdad de condiciones para que las mujeres y los hombres puedan compatibilizar el trabajo y la participación en la vida pública con las obligaciones familiares, por ejemplo, mediante la creación y ampliación de una red de guarderías que ofrezca la oportunidad de trabajar.
La Ley también obliga a incluir en los convenios colectivos disposiciones que garanticen la igualdad de género en el empleo y la ocupación y, a tal efecto, excluyan la discriminación contra la mujer en la contratación, los ascensos y la remuneración.
Se prohíbe el trabajo forzoso, es decir, la coacción para realizar un trabajo bajo la amenaza de cualquier castigo, entre otras cosas como medio para mantener la disciplina laboral. El trabajo no se considera trabajo forzoso cuando se exige en virtud de un acto legislativo, en el contexto del servicio militar o alternativo, durante un estado de emergencia, en virtud de una condena definitiva de un tribunal, o en los demás casos prescritos por la ley. Se han adoptado medidas complementarias para eliminar el trabajo forzoso, especialmente en los sectores de la salud y la educación, en los que trabajan la mayoría de las mujeres. En una decisión del Consejo de Ministros de 10 de mayo de 2018, se prevé la detección de todos los casos de trabajo forzoso que impliquen trabajos destinados a mejorar los servicios públicos y los espacios verdes, la recogida de papel de desecho y el trabajo estacional en la agricultura, la aplicación de medidas disciplinarias estrictas y de otro tipo contra los funcionarios que hayan permitido directa o indirectamente que se produzcan trabajos forzosos, la vigilancia de las actividades de los organismos estatales y el fortalecimiento de la supervisión pública en esta esfera.
En una decisión presidencial de 7 de marzo de 2019 sobre medidas para seguir fortaleciendo las garantías de los derechos laborales y apoyar la actividad empresarial de las mujeres, que refuerza las garantías de los derechos laborales de la mujer, se estableció que, a partir del 1 de mayo de 2019: se levantaban las prohibiciones de la utilización del trabajo de las mujeres en determinadas industrias o profesiones; se aprobó una nueva lista de industrias o profesiones recomendadas que podían tener efectos negativos en la salud de las mujeres; si el padre utiliza por lo menos tres meses de licencia para cuidar de un hijo, uno de los progenitores tiene derecho a un mes adicional de licencia parental con el pago de prestaciones en la forma prescrita por el artículo 234 del Código del Trabajo; uno de los progenitores que críe a un niño menor de 2 años de edad, debido a las pausas tomadas para el descanso y las comidas, así como para la alimentación del niño durante el trabajo, tiene derecho a determinar, de acuerdo con el empleador, el tiempo de descanso tomado durante el día; se prohíbe al empleador rescindir un contrato de trabajo celebrado por tiempo indefinido en relación con el cumplimiento de la edad de jubilación por parte de una mujer, en relación con el derecho legal de una mujer menor de 60 años a obtener una pensión de jubilación, o antes de que expire un contrato de trabajo de duración determinada; y, en los procedimientos judiciales relativos a las violaciones de la igualdad de derechos entre hombres y mujeres, las mujeres pueden solicitar la asistencia jurídica de un abogado a cargo del Estado.
En 2019 se aprobaron decretos y resoluciones presidenciales y gubernamentales destinadas a proporcionar empleo a la población: una decisión presidencial de 5 de marzo de 2019 estableció empleo para la población por encargo del Estado, la organización de nuevos puestos de trabajo en 2019 para dar empleo a 64.000 ciudadanos en puestos vacantes y 46.000 puestos de trabajo para personas necesitadas de protección social, y la asignación de subsidios y subvenciones con cargo al fondo estatal de empleo para los empleadores, los desempleados y las instituciones de formación profesional para el readiestramiento y el reciclaje profesional de los desempleados, en especial los ciudadanos que regresan de una situación de migración laboral, así como las mujeres y las niñas de familias pobres; mediante una decisión del Consejo de Ministros de 13 de mayo de 2019, se estableció la organización de la formación para los especialistas y trabajadores de nivel medio en las escuelas de formación profesional, y para los desempleados, especialmente los jóvenes, en los centros de formación profesional no estatales; y en virtud de una decisión del Consejo de Ministros de 9 de julio de 2019, se instauró a partir del 1 de septiembre de 2019 el procedimiento de expedición de tarjetas de empleo temporal a los ciudadanos que trabajan por cuenta propia, otorgándoles el derecho a registrar sus años de antigüedad y a recibir prestaciones. Esta categoría de ciudadanos abarca a las personas que no están registradas como empresarios individuales y que no utilizan en su actividad el trabajo de trabajadores contratados. En la mayoría de los casos se trata de mujeres que se dedican a dar clases particulares a sus hijos en el hogar, a cuidar de los niños, los enfermos y las personas de edad, a llevar a cabo tareas domésticas o de limpieza o a realizar trabajos agrícolas en granjas.
El Comité de la Mujer de Uzbekistán ha elaborado un programa específico para el empleo de las mujeres, especialmente las niñas que necesitan asistencia y se encuentran en situaciones sociales difíciles en el contexto de cada órgano de administración autónoma. En 2018 se proporcionó trabajo a un total de 9.936 mujeres, y en 2019 se prevé proporcionar trabajo a 13.000 mujeres. En colaboración con el Banco Central, la Cámara de Comercio e Industria, la Asociación Bancaria y la Asociación Tadbirkor Ayol, se celebraron 167 talleres de capacitación y 22.190 mujeres participaron en sus actividades. En cooperación con la Fundación Pública de Apoyo a la Mujer y la Familia, se han organizado iniciativas sobre la amplia participación de la mujer en la familia y la empresa privada y en el trabajo a domicilio, sin estar alejada de la familia o la crianza de los hijos. Se ha comenzado a trabajar en la capacitación de mujeres en materia de aptitudes de emprendimiento y en la asignación de préstamos de microfinanciación por un valor de 100.000 millones de sum al año.
Para fomentar la contratación de mujeres, en 2018 se crearon 131.074 nuevos puestos de trabajo, de los cuales 29.785 correspondían a empresas y organizaciones, 8.679 a pequeñas empresas, 3.664 a la industria familiar, 8.967 a empresas familiares, 62.335 a la cría de gusanos de seda y 18.623 a otros sectores. En 2019 se crearon 40.000 nuevos empleos. Hasta la fecha, se ha colocado a casi 30.000 mujeres en puestos de trabajo.
Mediante decreto presidencial de 7 de marzo de 2009, se están estableciendo centros para fomentar la iniciativa empresarial de las mujeres con los recursos del Fondo Público de Apoyo a la Mujer y la Familia en forma de incubadoras de empresas. Las principales tareas consisten en la readaptación de las mujeres que han estado en licencia para el cuidado infantil y se han encontrado en una situación económica difícil. Las mujeres que han logrado finalizar con éxito un programa de capacitación especial reciben préstamos en condiciones favorables durante un mínimo de tres años, con un período de gracia de seis meses y a un tipo de interés anual del 8 % proporcionado por el Fondo y subvenciones concedidas por organizaciones internacionales.
En Uzbekistán las mujeres están ampliamente representadas en sectores públicos del mercado laboral como la educación, la salud y los servicios sociales, la cultura y el arte, la hostelería y la restauración pública. Representan el 76,6 % del empleo total en la salud, la seguridad social y los deportes, y el 75,6 % en la educación, la cultura, las artes y la ciencia. En la agricultura, la silvicultura y la pesca, las mujeres representan el 44,3 % de los trabajadores.
La oficina del Comisionado para la Protección de los Derechos e Intereses Legítimos de las Entidades Comerciales dependiente del Presidente de Uzbekistán, de conformidad con la Ley de 29 de agosto de 2017, ha examinado hasta la fecha 3.198 comunicaciones, de las cuales 493 (15,4 %) eran de mujeres empresarias. Se dictaron decisiones favorables en más de 100 de las comunicaciones (20 %), se proporcionaron 228 aclaraciones de carácter jurídico (46 %), y el resto se remitió a las jurisdicciones de otras organizaciones.
Artículo 12. Medidas para eliminar la discriminación contra la mujer en la esfera de la atención médica (recomendación 28)
En Uzbekistán se ha prestado considerable atención al mejoramiento de la administración pública del sistema de atención médica, cambiando fundamentalmente la actitud de las instituciones médicas hacia los pacientes y creando un modelo moderno e innovador de prestación de servicios médicos a la población. Se han adoptado medidas para mejorar las actividades del Ministerio de Salud y desarrollar el sector privado y la medicina tradicional. Se aprobaron decisiones presidenciales, entre ellas las relativas a la lucha contra la propagación de la infección por el VIH (25 de enero de 2018), al mejoramiento radical del sistema de atención psiquiátrica (16 de marzo de 2018) y a los servicios médicos de urgencia (16 de octubre de 2018). En 2019 las decisiones presidenciales aprobadas abarcaron cuestiones como el marco para el desarrollo del servicio de atención de la salud mental para 2019‑2025 (13 de febrero de 2019), el apoyo social a las personas con problemas de audición y del habla (18 de marzo de 2019) y la mejora de la asistencia endocrinológica a la población para 2019‑2021 (19 de abril de 2019), entre otras.
La Ley de Garantías de Igualdad de Derechos y Oportunidades de Mujeres y Hombres protege lo siguiente: la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres en el ejercicio de sus derechos a la salud, entre ellos la atención médica especializada, los servicios de salud accesibles, la planificación familiar y la protección de los derechos reproductivos; la aplicación de estrategias y programas de atención médica, teniendo en cuenta las diferentes necesidades de las mujeres, en especial durante el embarazo, el parto y el período posnatal, prestando servicios gratuitos a las mujeres cuando sea necesario; el fortalecimiento de la salud reproductiva; y la prevención de la discriminación directa e indirecta basada en el sexo (art. 27).
La Ley de Salud Reproductiva, de 11 de marzo de 2019, establece el concepto de “salud reproductiva”, los principales ámbitos y principios de su protección por el Estado y las garantías del ejercicio de los derechos reproductivos de los ciudadanos. En virtud del artículo 6 de la Ley, el Estado garantiza a los ciudadanos: la protección de la salud reproductiva y el ejercicio de sus derechos reproductivos; la disponibilidad y continuidad de los servicios de salud reproductiva; para tomar decisiones sobre la salud de la familia sin discriminación, amenazas ni violencia; la no injerencia en su vida privada, la protección de los secretos personales y familiares; y la prestación de atención primaria de la salud gratuita.
Los derechos reproductivos de los ciudadanos, basados en el artículo 10 de la Ley, incluyen: la toma de decisiones independientes sobre el nacimiento de sus hijos utilizando técnicas de procreación asistida seguras y eficaces; la obtención de información fiable y completa sobre su salud reproductiva; el acceso a métodos seguros de control de la natalidad y uso de anticonceptivos; los servicios médicos y preventivos y la protección frente a los medios que suponen una amenaza para la salud, incluido el uso de la experimentación científica; la obtención de asistencia médica, social y psicológica, así como información para ejercer sus derechos reproductivos; y el uso de técnicas de procreación asistida.
La Ley establece un artículo 11 especial sobre la protección de los derechos reproductivos de la mujer, en el que se afirma que la protección de la salud reproductiva de las mujeres incluye: la obtención de información fiable y completa sobre su salud reproductiva, los métodos de tratamiento de la esterilidad y la anticoncepción; el acceso libre a los servicios de salud reproductiva; y la obtención de consultas y servicios médicos sobre cuestiones de salud reproductiva, respetando la confidencialidad. La mujer tiene derecho a recibir tratamiento para la esterilidad y atención de la salud reproductiva antes del embarazo, durante el parto y en el período posnatal, con métodos de tratamiento modernos y protección social del Estado.
La intervención médica durante el embarazo se realiza con el consentimiento escrito de ambos cónyuges y, en ausencia de uno de ellos, con el consentimiento de la propia mujer, o el de sus padres u otros representantes legales en el caso de que sea menor de edad o padezca alguna incapacidad. El rechazo de una intervención médica, con indicación de las posibles consecuencias, se registra en los documentos médicos y es certificada por escrito por la mujer embarazada o, si ello no es posible, por su cónyuge o sus parientes, y, si resulta imposible obtener un rechazo por escrito de la intervención médica, en las conclusiones del equipo de consulta de los médicos. No se puede obligar a las mujeres a quedarse embarazadas, abortar o usar anticonceptivos.
De conformidad con la ley, la interrupción inducida del embarazo se lleva a cabo a petición de la mujer, hasta la 12ª semana de embarazo y en cualquier momento del embarazo si hay razones médicas que amenacen la vida de la mujer embarazada. Las instituciones médicas están obligadas a informar a la mujer que ha decidido una interrupción inducida del embarazo, o que se niega a interrumpir el embarazo por razones médicas, de las posibles consecuencias negativas para su salud.
No está permitido, sin el consentimiento de un ciudadano o ciudadana o de su representante legal, que las personas divulguen información sujeta a la confidencialidad del paciente a la que hayan tenido acceso durante su formación o en el desempeño de sus funciones profesionales, oficiales o de otro tipo, salvo en los casos establecidos a los efectos del reconocimiento y el tratamiento de un ciudadano o ciudadana incapaz de expresar su voluntad debido a su estado; en caso de amenaza de propagación de enfermedades infecciosas; o a petición de los organismos de investigación, instrucción y enjuiciamiento, así como de un tribunal, en relación con una investigación o un procedimiento judicial.
Los cursos especiales de capacitación para el readiestramiento y el perfeccionamiento del personal del centro Oila (“Familia”) se utilizan para capacitar a especialistas del Comité de la Mujer de Uzbekistán y de los órganos de administración autónoma en cuestiones de salud reproductiva, y se atribuye gran importancia al mejoramiento de la labor de las escuelas de maternidad, que contribuyen de manera considerable a la salud de las mujeres embarazadas y a la preparación de sus familiares para el nacimiento de un hijo. En el marco del programa regional titulado “Atención médica en Asia Central”, se han adoptado medidas para mejorar la labor de las escuelas de maternidad en las instituciones piloto de atención primaria de la salud, y se ha capacitado a 110 instructores (médicos, enfermeros visitantes y parteros). El Centro Nacional para la Salud Reproductiva de los Ciudadanos trabaja con los adolescentes para introducir servicios de salud adaptados a las necesidades de los jóvenes, prevenir el matrimonio y el parto a una edad temprana y prevenir las enfermedades de transmisión sexual, incluida la infección por el VIH, entre los jóvenes. El Centro trabaja activamente con los adolescentes en la “ruta de la seguridad” del país, a través de la cual se cubrieron 400 colegios entre 2015 y 2019 y se transmitió información a través de anuncios de interés público, exposiciones, juegos de rol, concursos y pruebas.
La mejora de la calidad de los servicios de planificación familiar y de la elección de métodos anticonceptivos permite reducir la frecuencia de los embarazos no deseados y el riesgo para la salud de las mujeres, la mortalidad materna y en la niñez y el número de embarazos entre las adolescentes y prevenir las infecciones de transmisión sexual y la infección por el VIH. En 2019 el número de mujeres que interrumpieron sus embarazos fue 4,2 por cada 1.000 mujeres en edad de procrear. En 2018 la tasa de mortalidad materna por cada 100.000 nacidos vivos fue 22,9 a los ocho meses y 20,7 en 2019. Las mujeres en edad de procrear tienen acceso a anticonceptivos de forma gratuita. El Estado sufraga la adquisición de anticonceptivos. La atención primaria de salud en las zonas locales proporciona la píldora anticonceptiva oral combinada, la píldora de progesterona sola, el dispositivo intrauterino y los anticonceptivos inyectables. En 2019 se compró un total de 999.870 dispositivos intrauterinos; 126.664 ciclos de la píldora anticonceptiva oral combinada; 126.660 ciclos de la píldora de progesterona sola; y 569.670 botellas de anticonceptivos orales.
La Ley de apoyo a la Lactancia Materna y Necesidades Alimentarias para los Lactantes y Niños de Corta Edad, de 23 de octubre de 2019, elevó la protección de los derechos, las libertades y los intereses jurídicos de las mujeres embarazadas, las madres lactantes, los lactantes y los niños de corta edad al nivel de política estatal. Define medidas concretas para apoyar y promover la lactancia materna de los niños y crear las condiciones necesarias para lograrlo, a cargo de la Inspección Estatal de Vigilancia Sanitaria y Epidemiológica, dependiente del Consejo de Ministros.
Artículo 13. Medidas para eliminar la discriminación contra la mujer en las esferas económica y social
En virtud de la Ley de Garantías de Igualdad de Derechos y Oportunidades de Mujeres y Hombres, de 2 de septiembre de 2019, las mujeres y los hombres tienen igual acceso a los recursos económicos de la sociedad, incluidos los bienes muebles e inmuebles, la tierra, los activos financieros, los préstamos, los fondos públicos y los tipos de actividad empresarial elegidos libremente.
Los derechos de los ciudadanos a ser propietarios de bienes inmuebles y a participar en la construcción de viviendas están consagrados en 6 códigos y 8 leyes, entre ellas la Ley de Finanzas y la Ley de Hipotecas, 29 decretos presidenciales y 44 decisiones del Consejo de Ministros.
De conformidad con la Ley de Servicios Sociales para las Personas de Edad Avanzada, las Personas con Discapacidad y Otros Grupos Sociales Vulnerables, de 26 de diciembre de 2016, se prestan servicios sociales a las categorías de mujeres y hombres socialmente vulnerables de la siguiente manera: servicios de apoyo y asesoramiento social; servicios sociales para la atención domiciliaria; servicios sociales para centros de día o instituciones de estancia breve; y servicios sociales en instituciones residenciales.
En Uzbekistán se ha establecido un sistema para elevar el nivel de vida y prestar apoyo estatal a los ciudadanos socialmente vulnerables y a la población, incluidas las mujeres. Se proporcionan los siguientes tipos de asistencia social: a) pensiones y prestaciones de vejez y discapacidad; b) prestaciones por la pérdida del sostén de la familia, la incapacidad temporal para trabajar, la pérdida de empleo y en caso de accidente laboral; c) subsidios de maternidad en forma de suma fija; d) prestaciones pagadas a las madres de bajos ingresos que se ocupan de niños menores de 2 años y a las familias de bajos ingresos con niños menores de 14 años; e) asistencia material a las familias de bajos ingresos; suministro mensual, sin cargo, de una serie de productos alimenticios básicos y de artículos de higiene a las personas de edad y a las personas con discapacidad que viven solas y necesitan atención de enfermería; concesión de subvenciones en efectivo para el pago de servicios de utilidad pública a determinadas categorías de grupos de población socialmente vulnerables (veteranos de combate y de la retaguardia de la guerra de 1941‑1945, personas con discapacidades incluidas en las categorías 1 y 2, personas de edad y personas con discapacidad que viven solas y necesitan atención de enfermería, y otros); f) exención del pago de las cuotas parentales a los niños de familias de bajos ingresos que asisten a instituciones preescolares estatales; g) asistencia material en forma de suma fija para las víctimas de emergencias de origen humano y natural; suministro gratuito de medicamentos de venta con receta a las personas de las categorías de beneficiarios designados que se someten a tratamiento ambulatorio; y exención del pago de alimentos para las personas de las categorías de beneficiarios designados que se someten a tratamiento hospitalario y para los pacientes que padecen enfermedades incluidas en las listas aprobadas por decisiones gubernamentales.
De conformidad con un decreto presidencial de 12 de diciembre de 2018, con efecto a partir del 1 de enero de 2019, las pensiones se pagan íntegramente a los pensionistas que siguen trabajando y se calculan sobre la base de diez veces el salario mínimo. A partir del 1 de marzo de 2019, las madres de niños con discapacidad desde el nacimiento reciben una prestación social que se paga hasta que los niños alcanzan la edad de jubilación, cuando no han completado el período necesario de servicio con derecho a pensión. Las medidas encaminadas a reducir al 12 % las contribuciones al fondo social universal y suprimir las contribuciones obligatorias a los fondos estatales para fines especiales, impuestas sobre el volumen de negocios (ingresos) de las personas jurídicas, han creado condiciones que permiten a las empresas acumular fondos adicionales.
Mediante decisión de 30 de septiembre de 2019, el Consejo de Ministros aprobó la reglamentación que rige el procedimiento para establecer la lista de la atención médica garantizada con cargo al presupuesto del Estado, que incluye los siguientes tipos de atención médica: atención de urgencia, primaria, especializada y paliativa, incluidos los reconocimientos médicos preventivos de los adultos no más de dos veces al año y de las personas que contraen matrimonio; atención a las personas que sufren enfermedades de importancia social y a las personas en edad de reclutamiento; asistencia a las madres y los niños; examen de las mujeres embarazadas; asesoramiento sobre el VIH; y en el parto y posnatal.
Con arreglo a la legislación, no hay diferencias de salario entre hombres y mujeres por un trabajo de igual valor. Según lo dispuesto en el Código de Trabajo, el salario mensual de los trabajadores que hayan cumplido satisfactoriamente sus obligaciones laborales no podrá ser inferior al establecido por la ley para el primer escalón de la escala salarial unificada (en diciembre de 2018 era de 501.900 sum). El salario nominal mensual medio en Uzbekistán en el período de enero a diciembre de 2018 fue de 1.822.000 sum, lo que representa un aumento del 25 % con respecto al mismo período de 2017. Al mismo tiempo, se están adoptando medidas sostenidas para aumentar los salarios de los empleados de las instituciones médicas, educativas y científicas, las organizaciones en el ámbito de los deportes y el acondicionamiento físico y otras esferas en las que hay una gran proporción de mujeres empleadas. El decreto presidencial sobre la mejora del procedimiento de determinación de los salarios y otros pagos, de 21 de mayo de 2019, estableció tres formas de determinar los pagos a partir del 1 de septiembre de 2019: a) el salario mínimo: 577.170 sum (el pago mínimo que los empleadores deben pagar a sus empleados); b) la cantidad básica calculada: 202.730 sum; y c) la cuantía básica del cálculo de la pensión: 202.730 sum (para establecer la cuantía del cálculo de la pensión, los subsidios, los complementos y las indemnizaciones).
Recientemente se han adoptado medidas prioritarias para atender a las necesidades de vivienda de las categorías de ciudadanos socialmente vulnerables, incluidos los huérfanos y los niños privados del cuidado parental. Se aprobó una decisión del Consejo de Ministros de 12 de septiembre de 2017 para hacer efectivo el derecho de las familias jóvenes a obtener viviendas en edificios de apartamentos de la Unión de la Juventud de Uzbekistán, mediante la concesión por los bancos comerciales de hipotecas en condiciones favorables, con plazos de devolución del préstamo de 20 años, incluido un período de gracia de cinco años sin reembolsos ni depósitos iniciales, y un tipo de interés equivalente a una tasa de refinanciación del 50 %. Mediante un decreto presidencial de 2 de febrero de 2018 sobre medidas para mejorar fundamentalmente la labor de apoyo a las mujeres y fortalecer la institución de la familia, se aprobaron programas locales específicos para la construcción de viviendas decentes asequibles para las mujeres que viven en circunstancias precarias, incluidas las mujeres con discapacidad y las madres de bajos ingresos que crían a sus hijos en familias monoparentales. En virtud de una decisión del Consejo de Ministros de 11 de septiembre de 2019, en ese año se construyeron 1.064 viviendas para familias jóvenes y otras 2.116 están todavía en construcción.
Artículo 14. Medidas para eliminar la discriminación contra la mujer de las zonas rurales (recomendación 30)
En Uzbekistán se han creado las condiciones jurídicas, sociales y económicas necesarias para el desarrollo social y económico de todas las regiones del país, así como la República de Karakalpakstán. Se otorga prioridad a la labor encaminada a intensificar el proceso de reforma en todos los sectores de la economía y la esfera social, mejorar la gestión de los recursos de tierras y recursos hídricos, introducir tecnología de las comunicaciones moderna y otras iniciativas de ese tipo.
Mediante un decreto presidencial de 23 de octubre de 2019, se aprobó la estrategia de desarrollo de la agricultura de la República de Uzbekistán para el período 2020‑2030, encaminada a aplicar la política estatal para garantizar la seguridad alimentaria y establecer un sistema moderno de administración pública en la agricultura. El decreto también estableció una audiencia trimestral ante el Senado y la Cámara Legislativa sobre la labor relativa a la aplicación de la estrategia y aprobó una hoja de ruta para su puesta en práctica que prevé medidas legislativas y de otra índole coherentes para proteger los derechos de los ciudadanos del sector agrícola, principalmente de los grupos socialmente vulnerables, la elaboración y aplicación de un marco de desarrollo rural sostenible para el período 2020‑2030, la publicación de un informe anual sobre la agricultura y la aprobación de nuevas esferas para la inversión pública en la agricultura (como la seguridad alimentaria, la creación de alianzas público‑privadas y un programa de desarrollo rural).
En el marco del programa Obod Qishloq, que ha recibido asignaciones por valor de 4,865 billones de sum, se están mejorando las condiciones de vida de 1,7 millones de personas en 159 distritos y 478 aldeas del país, mediante la construcción de 214.240 viviendas individuales y 1.187 edificios de apartamentos; el tendido de 3.145 km de líneas de suministro de agua y 709 km de tuberías de gas; la construcción de 5.476 km de carreteras; y la construcción de 1.466 servicios públicos, entre otras instalaciones. En el marco de la ejecución del programa Obod Mahalla, se han adoptado medidas para mejorar 116 órganos de administración autónoma, con lo que se han mejorado las condiciones de vida de más de 496.000 personas, y se ha asignado una suma de 1,111 billones de sum para la ejecución del programa.
Los bancos del país han abierto líneas de crédito especiales en condiciones favorables para las mujeres empresarias. La Asociación de Mujeres Empresarias y las sucursales regionales del Banco Popular y del Banco del Microcrédito están ejecutando conjuntamente los proyectos titulados “Bien equipados para tomar la vida en nuestras manos” y “Mujeres empresarias: prosperidad de la empresa familiar” en cada región del país. En el primer semestre de 2019, los bancos comerciales de la República de Karakalpakstán asignaron 1.350 millones de sum en préstamos en condiciones preferentes para el desarrollo de la capacidad empresarial de las mujeres en las regiones remotas del país, 712.500.000 sum a la provincia de Corasmia y 2.500 millones de sum a la provincia de Taskent. Se han asignado préstamos por valor de 7.000 millones de sum a mujeres empresarias de todo el país.
En 2017 el Comité de la Mujer de Uzbekistán y la Cámara de Comercio e Industria de Uzbekistán concertaron un memorando de cooperación para apoyar a las mujeres empresarias y agricultoras. Como parte de las actividades de empleo de la mujer, se están estableciendo centros de colaboración para ayudar a las mujeres a capacitarse para una profesión determinada y colocarlas en el trabajo. El número total de mujeres que trabajaban en el Ministerio de Agricultura en 2019 era de 417 (13,7 %), de las cuales 6 ocupaban puestos directivos (1,1 %). El número total de mujeres rurales jefas de explotaciones agrícolas y gestoras del sector agrícola en 2018 era de 9.371 (6,2 %); en 2019 esa cifra era de 8.650 mujeres (5,6 %).
Los problemas de la mujer rural son detectados rápidamente por los órganos ejecutivos y administrativos del Estado, que compilan listas específicas de mujeres que necesitan asistencia o se encuentran en circunstancias difíciles, incluidas las mujeres con discapacidades, y les proporcionan apoyo social, jurídico, psicológico y financiero.
La Fundación Pública de Apoyo a la Mujer y la Familia, con un capital estatutario de 300.000 millones de sum, asigna fondos para proporcionar vivienda a las mujeres más vulnerables: ha pagado las contribuciones iniciales de 1.691 mujeres, que ascienden a 54.581.000.000 sum. En 2019 se proporcionó un total de 1.600 hogares a precio reducido para mujeres necesitadas, y 980 mujeres recibieron sillas de ruedas, aparatos ortopédicos, andadores y audífonos. Para mejorar la salud de 260 mujeres, la Fundación asignó 1.000 millones de sum para el tratamiento gratuito.
Todos los días el Comité de la Mujer de Uzbekistán recibe comunicaciones y visitas orales, escritas, electrónicas y personales de los ciudadanos, incluidas las mujeres de las zonas rurales, para atender sus problemas. Solo en 2019, el Comité de la Mujer de Uzbekistán recibió unas 4.000 comunicaciones, de las cuales más de 1.600 estaban relacionadas con la protección de sus derechos. Junto con el Tribunal Supremo, se están adoptando medidas para garantizar la participación de los representantes del Comité de la Mujer en los procedimientos de investigación y judiciales en los que están implicadas mujeres. Los representantes del Comité participaron en más de 1.000 procedimientos judiciales, entre ellos los procedimientos relativos a 734 mujeres que cometían delitos por primera vez y tenían hijos menores de edad, y sus condenas se redujeron con la garantía del Comité de la Mujer. Se ha llevado a cabo una labor preventiva con 33.000 familias con problemas al borde del divorcio, lo que ha permitido normalizar la situación de 22.000 familias y evitar más de 27.000 rupturas familiares. Las oficinas del registro civil han establecido “universidades de la familia”, en las que se trabaja con miras a preparar a los jóvenes para la vida familiar.
De conformidad con una decisión presidencial de 2 de julio de 2018 sobre medidas para mejorar el sistema de rehabilitación y adaptación social y prevenir la violencia doméstica, se han creado centros de rehabilitación y adaptación en las regiones del país para prestar a las víctimas de la violencia doméstica asistencia psicológica, jurídica y social. Hasta la fecha, más de 160 centros de un total de 200 han comenzado a funcionar en las regiones, a los que se han presentado más de 15.000 mujeres y niñas. El 29 de agosto de 2019 se creó un centro nacional de rehabilitación y adaptación para prestar asistencia metodológica y coordinar la labor de los centros regionales, a los que se han presentado 1.712 mujeres, de las cuales 434 han recibido apoyo psicológico, 303 atención médica, 377 asistencia jurídica, 271 asistencia para la colocación en el empleo, 99 ayuda para la obtención de créditos y 487 asistencia familiar para lograr la reconciliación. El Comité de la Mujer de Uzbekistán puso en marcha un teléfono de emergencia directo con el número 1146, mediante el cual todos los días un promedio de 180 a 200 mujeres y niñas en situaciones difíciles reciben la asistencia que necesitan.
Se está prestando una gran atención al desarrollo del deporte femenino en las regiones del país. De conformidad con una decisión del Consejo de Ministros de 29 de enero de 2019 sobre la amplia difusión de mensajes que promueven un estilo de vida saludable en Uzbekistán y la participación de la población en la cultura física y el deporte de masas, se aprobó un marco normativo relativo al desarrollo de la cultura física y el deporte de masas en Uzbekistán para el período 2019‑2023. Desde octubre de 2018 se ha establecido un sistema de actividades deportivas que abarca la “Semana de la juventud”, la “Semana de la mujer”, la “Semana del barrio y de la persona mayor” y la “Semana de la educación”, con más de 6.000 eventos deportivos masivos celebrados en todo el país y a los que asisten más de 611.000 personas.
Artículo 15. Igualdad de la mujer y el hombre ante la ley (recomendación 32)
En el Código de la Familia, las relaciones familiares se regulan sobre la base del principio de la voluntariedad de la unión conyugal entre un hombre y una mujer, la igualdad de los derechos individuales y patrimoniales de los cónyuges, la solución de los asuntos familiares por consentimiento mutuo, la prioridad de la crianza de los hijos en el seno de la familia y del bienestar y desarrollo de los niños, y la protección de los derechos e intereses de los menores y de los miembros no trabajadores de la familia.
Todos los ciudadanos tienen los mismos derechos en las relaciones familiares. Se prohíbe toda restricción directa o indirecta de los derechos, o el establecimiento de privilegios directos o indirectos al contraer matrimonio o la injerencia en las relaciones familiares por motivos de sexo, raza, nacionalidad, idioma, religión, origen social, creencias, condición individual o social u otras circunstancias. Los derechos de los ciudadanos en las relaciones familiares pueden restringirse únicamente sobre la base de la ley y solo en la medida necesaria para proteger la moral, el honor, la dignidad, la salud, los derechos y los intereses legítimos de otros miembros de la familia y de otros ciudadanos.
Los bienes adquiridos por los cónyuges durante el matrimonio, así como los adquiridos antes de la inscripción del matrimonio en el fondo común de los futuros cónyuges, son su propiedad común conjunta, salvo que la ley o el contrato matrimonial dispongan otra cosa. Los cónyuges gozan de igualdad de derechos en cuanto a los bienes comunes, también en caso de que uno de ellos esté ocupado con las tareas domésticas o el cuidado infantil o de que, por otras razones válidas, no tenga ingresos independientes u otros ingresos. Los derechos de los cónyuges a poseer, utilizar o disponer de los bienes que son propiedad conjunta de los miembros de las granjas grandes y pequeñas (dekhkan) se definen en las leyes sobre las granjas grandes y las dekhkan. La división de la propiedad de las granjas grandes y las dekhkan se lleva a cabo de acuerdo con las normas establecidas en los artículos 223 y 225 del Código Civil.
En 2019 se aprobaron varios documentos destinados a regular los derechos sobre los bienes inmuebles y basados en la igualdad de género, entre ellos la decisión presidencial de 5 de abril de 2019 sobre el registro del derecho a los bienes inmuebles, la decisión del Consejo de Ministros de 28 de enero de 2019 por la que se simplifican los procedimientos de concesión de parcelas de terreno y la Ley de Privatización de Parcelas de Terrenos No Agrícolas, de 13 de agosto de 2019.
La Ley de Protección de las Mujeres frente al Acoso y la Violencia, de 2 de septiembre de 2019, establece salvaguardias complementarias para la protección de los derechos de las mujeres contra la violencia económica, entre las que se incluyen: las formas de violencia en el hogar, en el lugar de trabajo y en otros lugares; la acción (o inacción) contra las mujeres que se traduce en restricciones a su derecho a la alimentación, a la vivienda y a otras condiciones necesarias para una existencia y un desarrollo normales; y las restricciones al ejercicio del derecho a la propiedad, la educación y el trabajo. De conformidad con el artículo 18 de la Ley, el Comité de la Mujer de Uzbekistán dispone de un teléfono de emergencia gratuito que funciona las 24 horas del día en todo el país para prestar asistencia y asesoramiento oportunos a las mujeres en caso de que se violen sus derechos.
La igualdad de la mujer ante la ley está garantizada por las autoridades de la fiscalía. En el período 2016‑2018 y en el primer semestre de 2019, se realizaron 516 comprobaciones de la aplicación de la legislación para apoyar y proteger los derechos de la mujer. En relación con el incumplimiento, se presentaron 735 objeciones y 647 propuestas para eliminar las violaciones de la ley, sus causas y las condiciones subyacentes.
Hubo 2.233 apelaciones relativas a los derechos de la mujer, de las cuales 1.392 fueron resueltas directamente por las autoridades de la fiscalía, se concedieron 305 y se restituyeron los derechos de 276 mujeres. Las autoridades de la fiscalía apoyaron 14.657 demandas sobre asuntos de la mujer (4.936 en 2016, 4.656 en 2017, 3.160 en 2018 y 1.905 en 2019), de las cuales se confirmaron 13.868 (4.675 en 2016, 4.531 en 2017, 2.954 en 2018 y 1.708 en 2019). En total, se impugnaron 1.044 decisiones judiciales, con pérdidas que ascendieron a 1.862.000.000 de sum (en 2016 se pronunciaron 276 decisiones con un costo de 749 millones de sum; 273 decisiones en 2017 con un costo de 342 millones de sum; 265 decisiones en 2018 con un costo de 362 millones de sum; y 230 decisiones en 2019 con un costo de 409 millones de sum). Se iniciaron procedimientos administrativos contra 112 personas por violación de los derechos de la mujer, se aplicaron medidas disciplinarias a 1.016 personas, se presentaron 106 demandas ante los tribunales civiles, se incoaron 2 causas penales por violaciones graves de la ley y se restituyeron los derechos de 1.928 mujeres.
En 2016 se juzgaron los siguientes casos en virtud del Código Penal: 51 casos (55 personas) en virtud del artículo 103 (inducción al suicidio); 73 casos (87 personas) en virtud del artículo 110 (tortura); 357 casos (427 personas) en virtud del artículo 118 (violación); 33 casos (38 personas) en virtud del artículo 121 (coacción a una mujer para que tenga relaciones sexuales); 26 casos (28 personas) en virtud del artículo 126 (poligamia); 18 casos (31 personas) en virtud del artículo 130‑1 (preparación, importación, distribución, publicidad o exhibición de productos que promuevan el culto de la violencia o la crueldad); 382 casos (542 personas) en virtud del artículo 135 (trata de personas); 29 casos (79 personas) en virtud del artículo 136 (obligar a una mujer a contraer matrimonio u obstruir su entrada en el matrimonio); y 1 caso (2 personas) en virtud del artículo 141 (violación de la igualdad de derechos de los ciudadanos).
En 2017: 30 casos (37 personas) en virtud del artículo 103; 35 casos (44 personas) en virtud del artículo 110; 269 casos (334 personas) en virtud del artículo 118; 5 casos (11 personas) en virtud del artículo 121; 33 casos (34 personas) en virtud del artículo 126; 1 caso (10 personas) en virtud del artículo 1251 (vulneración de la legislación relativa a la edad mínima para contraer matrimonio); 5 casos (6 personas) en virtud del artículo 130‑1; 295 casos (401 personas) en virtud del artículo 295; 1 caso (1 persona) en virtud del artículo 103 1) (inducción al suicidio); y 23 casos (46 personas) en virtud del artículo 136. En 2018: 28 casos (33 personas) en virtud del artículo 103; 37 casos (48 personas) en virtud del artículo 110; 144 casos (173 personas) en virtud del artículo 118; 9 casos (11 personas) en virtud del artículo 121; 18 casos (18 personas) en virtud del artículo 126; y 8 casos (18 personas) en virtud del artículo 136.
En 2019 (nueve meses): 18 casos (22 personas) en virtud del artículo 103; 12 casos (22 personas) en virtud del artículo 110; 90 casos (126 personas) en virtud del artículo 118; 1 caso (3 personas) en virtud del artículo 121; 1 caso (1 persona) en virtud del artículo 126; 2 casos (8 personas) en virtud del artículo 130‑1; 85 casos (116 personas) en virtud del artículo 135; 11 casos (27 personas) en virtud del artículo 136; y 5 casos (6 personas) en virtud del artículo 1411 (violación de la intimidad).
En 2017 el Ombudsman supervisó los derechos y libertades de las personas recluidas en instituciones para delincuentes juveniles y en colonias penitenciarias de régimen general para mujeres. Tras las operaciones de supervisión, las propuestas del Ombudsman se tuvieron en cuenta en el reglamento del Departamento Central de Correcciones Penales del Ministerio del Interior, aprobado mediante la decisión presidencial de 11 de agosto de 2017 sobre medidas para mejorar radicalmente la labor de las fuerzas del orden en lo que respecta a la ejecución de las penas privativas de la libertad. También se incorporaron dichas propuestas en el reglamento interno de los centros de detención temporal de las fuerzas del orden, aprobado mediante un decreto del Ministerio del Interior de 14 de agosto de 2017. En 2019 el Ombudsman envió información analítica al Senado sobre el seguimiento de la Colonia Penitenciaria núm. 21 para Mujeres, tras lo cual la Comisión de Defensa y Seguridad del Senado dictó la sentencia núm. 07‑126, de 12 de julio de 2019, sobre la solución de las lagunas identificadas y la adopción por la Fiscalía General de medidas de seguimiento relativas a la investigación de la Colonia Penitenciaria núm. 21.
De conformidad con el reglamento sobre el ejercicio de las funciones del mecanismo nacional de prevención por el Comisionado de Derechos Humanos (Ombudsman) del Oliy Majlis de Uzbekistán, aprobado por las cámaras del Oliy Majlis el 19 de agosto de 2019, en el primer semestre de 2019 se llevaron a cabo 15 operaciones de vigilancia en 10 colonias y 5 centros de detención preventiva (provincias de Surjandarín, Kashkadar, Namangán, Ferganá, Andiján, Navoi y Taskent). En virtud de la Ley de 14 de marzo de 2019, el Ombudsman está facultado para adoptar medidas encaminadas a prevenir la tortura y otras formas de violencia contra las personas, incluidas las mujeres, en los lugares de detención, y para estudiar las condiciones de su detención, celebrar reuniones confidenciales con ellas, examinar sus apelaciones, adoptar medidas inmediatas para poner fin a los actos (y omisiones) ilícitos de la administración y formular propuestas para mejorar su labor. Estos derechos pueden ejercerse en todos los lugares donde las personas no pueden salir por su propia voluntad. Con el fin de reforzar la protección de los derechos e intereses legítimos de las mujeres, se ha creado un consejo sobre asuntos familiares y derechos de la mujer dentro de la institución del Ombudsman.
Recientemente se ha prestado especial atención a la vigilancia del respeto de los derechos de las mujeres en los centros de detención como porcentaje del número total de personas condenadas: en 2016, las mujeres representaban el 4,4 %; en 2017, el 4,5 %; en 2018, el 4,8 %; y en 2019, el 4,3 %; El número total de comunicaciones de reclusas recibidas por el Departamento Central de Correcciones Penales fue el siguiente: 99 en 2016; 388 en 2017; 959 en 2018; y desde principios de 2019 se han recibido 1.569 comunicaciones, de las cuales solo una se refería a la conducta ilícita de un funcionario de prisiones. Esta comunicación fue objeto de una investigación oficial del departamento de asuntos internos de la provincia de Taskent; los argumentos del recluso se revisaron a fondo y no se encontró ninguna violación.
El Departamento Central de Correcciones Penales lleva a cabo de manera periódica operaciones de vigilancia de los derechos de la mujer: hubo 6 en 2016; 6 en 2017; 5 en 2018; y 4 desde principios de 2019. El fiscal especial de supervisión de la provincia de Taskent visita semanalmente la colonia penitenciaria y se encarga de entrevistar a las mujeres condenadas sobre asuntos personales.
Artículo 16. Medidas para eliminar la discriminación contra la mujer en los asuntos relacionados con el matrimonio y las relaciones familiares (recomendación 34)
La Ley de Garantías de Igualdad de Derechos y Oportunidades de Mujeres y Hombres establece que la familia, la maternidad, la paternidad y la infancia están protegidas por el Estado, las mujeres y los hombres tienen iguales derechos y responsabilidades en las relaciones familiares, y las relaciones familiares se basan en: el matrimonio voluntario y la prevención del matrimonio forzoso y el matrimonio precoz; la igualdad de derechos y responsabilidades personales y de propiedad de los cónyuges; la solución de conflictos intrafamiliares por consentimiento mutuo; la igualdad de derechos y responsabilidades con respecto al trabajo doméstico; la manutención, la crianza y la educación de los niños; y la protección de los derechos e intereses de los menores de edad y de los miembros de la familia que no trabajan. Los progenitores tienen el mismo derecho a recibir un subsidio para el cuidado de los niños menores de 1 año y los miembros de la familia con discapacidad, y ambos progenitores tienen derecho a una licencia remunerada en relación con el nacimiento de un hijo. La duración de esa licencia puede dividirse entre los progenitores a su discreción, y existe la posibilidad de que tomen una licencia parcial. El trabajo doméstico no puede utilizarse como base para la discriminación directa o indirecta por motivos de género y se realiza por igual entre mujeres y hombres.
Un importante papel en la protección de la institución de la familia y los derechos de las mujeres lo desempeña el decreto presidencial de 2 de febrero de 2018 sobre medidas para mejorar radicalmente el apoyo a la mujer y fortalecer la institución de la familia, en el que se definen, en primer lugar, las esferas prioritarias de las actividades del Comité de la Mujer de Uzbekistán para prestar asistencia a las mujeres y las familias en situaciones sociales difíciles y la responsabilidad de mejorar la situación de las mujeres con discapacidad, aplicar medidas que promuevan el empleo de la mujer, desarrollar la capacidad empresarial familiar y reducir la delincuencia entre las mujeres; en segundo lugar, la introducción por las asambleas de ciudadanos, desde el 1 de abril de 2018, de especialistas que trabajan con las mujeres y fortalecen los valores espirituales y morales en las familias; en tercer lugar, el Consejo de Ministros creó el centro de investigación aplicada Oila, que, junto con sus dependencias de ámbito local, está estudiando el modo de fortalecer la institución de la familia; en cuarto lugar, la responsabilidad de las oficinas de registro civil se ha transferido de las autoridades judiciales a los hokims de distrito (municipales) bajo la competencia de los presidentes de los comités de distrito (municipales) de mujeres; en quinto lugar, se han organizado cursos especiales de capacitación orientados a preparar a los jóvenes para la vida familiar; en sexto lugar, se estableció un fondo público para apoyar a las mujeres y las familias que se encuentran en situaciones vitales difíciles; en séptimo lugar, se han creado clínicas para mujeres adolescentes y mujeres en edad de procrear dentro de las clínicas familiares y los centros sanitarios rurales; y, en octavo lugar, se ha aprobado un programa de medidas integrales para apoyar a la mujer y fortalecer la institución de la familia.
En virtud de una decisión presidencial de 12 de junio de 2018 sobre medidas para seguir mejorando el sistema de registro civil, las oficinas de registro civil se colocaron bajo la competencia de los hokims de distrito (o municipales), que ejercen una supervisión general de sus actividades, y los hokims adjuntos —presidentes de los comités de mujeres de distrito (o municipales)—, que se encargan de fortalecer la institución de la familia, prevenir los divorcios e inscribir los nacimientos y matrimonios; se aprobó un programa de medidas encaminadas a mejorar la labor de la oficina de registro civil y se suprimió el deber estatal de certificación notarial de los contratos de matrimonio y los acuerdos de pago de pensiones alimenticias, así como el examen por los tribunales de casos relacionados con el establecimiento de la paternidad y la filiación de un niño; se ha racionalizado el sistema con el fin de registrar a las mujeres en edad de procrear y a las embarazadas desde las primeras etapas del embarazo hasta el nacimiento de un hijo; se realizó un inventario de los nacimientos y muertes no registrados hasta el 1 de julio de 2019; se identificó a los niños que no habían sido inscritos en el registro de nacimientos; la digitalización de las oficinas de registro civil finalizará antes del 1 de enero de 2022, con el establecimiento de un número de identificación en el momento de la inscripción de la partida de nacimiento del niño; y las violaciones de la ley sobre las oficinas de registro civil han pasado a ser delitos administrativos.
En una decisión presidencial de 27 de junio de 2018 se aprobó el marco para el fortalecimiento de la institución de la familia en la República de Uzbekistán y una hoja de ruta para la aplicación de dicho marco. Entre los resultados tangibles figura el establecimiento de una base de datos estadísticos sobre la situación de las familias, las mujeres y los niños. Las oficinas locales del centro Oila y el Comité de la Mujer de Uzbekistán han elaborado una base de datos sobre familias con problemas y familias ejemplares, a partir de la cual se supervisan las familias que se encuentran en situaciones vitales difíciles. En virtud de la Ley de Mediación, de 3 de julio de 2019, se ha establecido un sistema de mediación familiar como forma alternativa de resolver los conflictos y disputas familiares y de prestar asistencia práctica para mejorar la situación de las familias en conflicto. Se basa en la premisa de que los conflictos y disputas familiares no deben ser resueltos por miembros de una comisión de conciliación que violen el derecho a la intimidad o que vulneren el principio de confidencialidad de los ciudadanos que aún no disponen de métodos modernos de resolución de conflictos y disputas en las familias y, por lo tanto, no tienen métodos modernos de mediación familiar. El centro Oila ha empezado a capacitar a su personal y a los especialistas que trabajan con familias en tecnologías de mediación.
El centro Oila ha realizado más de diez estudios científicos sobre cuestiones apremiantes relacionadas con el fortalecimiento de la familia, incluidas las causas de las rupturas familiares y el nivel de preparación de las niñas y los niños para la vida familiar. Se ha creado un nuevo modelo de escuela de innovación al objeto de preparar a los recién casados para la vida familiar. Desde principios de 2019 funcionan 96 escuelas en las regiones del país, en las que se han formado unas 6.000 parejas con intención de casarse; se ha elaborado un reglamento para la selección y la celebración del concurso nacional Ibratli Oila (“Familia modelo”).
Mediante la decisión presidencial de 22 de abril de 2019 sobre medidas adicionales para seguir fortaleciendo las garantías de los derechos del niño, se estableció en 18 años la edad para contraer matrimonio tanto para los hombres como para las mujeres, y se modificó en consecuencia el artículo 15 del Código de la Familia; el Comité Estatal de Estadística recibió instrucciones de publicar información estadística sobre la maternidad y la infancia en el sitio web “stat.uz”; y el Ministerio de Justicia recibió instrucciones de asegurar el funcionamiento del sistema de intercambio electrónico de datos con las oficinas de registro civil sobre nacimientos y defunciones.
El 2 de septiembre de 2019 se aprobó la Ley de Protección de las Mujeres frente al Acoso y la Violencia, que define los conceptos de “violencia sexual”, “violencia física”, “violencia económica”, “violencia psicológica”, “acoso” y “orden de protección” (art. 3). La víctima de acoso y violencia tiene derecho a: solicitar a los órganos, organizaciones o tribunales competentes una declaración de que se ha cometido o amenazado con cometer acoso y violencia contra ella; recibir, de forma gratuita, asesoramiento jurídico y asistencia económica, social, psicológica, médica y de otro tipo en centros especiales, también a través de una línea telefónica gratuita; solicitar a las fuerzas del orden que emitan una orden de protección y, si se incumplen las condiciones de dicha orden, informarlas al respecto; solicitar al tribunal una indemnización por los daños materiales y morales debidos al acoso y la violencia cometidos, y estar exenta del pago de las tasas estatales. La información sobre las víctimas de la violencia y sobre las personas que la han cometido o son proclives a cometerla se introduce en la base de datos electrónica unificada del Comité Estatal de Estadística; en caso necesario, se proporciona asistencia práctica para presentar una declaración sobre la violencia; se aplican las siguientes medidas a la persona que ha cometido la violencia: indemnización por los gastos de tratamiento, consultas, internamiento de la víctima en un centro especial de asistencia, daños materiales e indemnización por daños morales; restricciones al derecho de la persona que cometió la violencia a poseer y llevar armas o una prohibición de poseer y llevar armas (excepto armas de fuego de servicio).
Al examinar una orden de protección que se haya emitido, si se detectan indicios de delito con arreglo al Código Penal, el expediente se remite al organismo pertinente encargado de hacer cumplir la ley para que adopte una decisión sobre el enjuiciamiento penal. En los casos de violencia, y a petición de la víctima del acoso y la violencia o de su representante legal, se proporciona alojamiento en centros especiales durante un máximo de 30 días, que pueden prorrogarse en caso necesario. Si una víctima de violencia es alojada en un centro especial, su puesto de trabajo se mantiene abierto y el tiempo que pasa en el centro no constituye motivo de expulsión de un establecimiento educativo por faltar a clase.
Para quienes se encuentran en una situación vital difícil, el sistema del Ministerio del Interior dispone del teléfono de asistencia 1102, que funciona las 24 horas del día, y del número de teléfono 102 para recibir informes y declaraciones de los ciudadanos sobre delitos e incidentes, además del sitio web oficial del Ministerio del Interior https://iiv.uz/en. Se han empezado a formular instrucciones para la vigilancia preventiva de las personas registradas ante las fuerzas del orden, incluidas las personas contra las que se han dictado órdenes de protección o las personas a las que se ha decidido restringir el acceso o imponer requisitos especiales en relación con su conducta.