Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE).

121.En cuanto a la distribución por áreas, tomando como referencia las proyecciones al año 2005 del INE, se tiene que de una población total estimada de 9.427.219, en el área urbana habitaba el 64,23%, permaneciendo en las áreas rurales el 35,77%. La proporción de varones y de mujeres era la misma que en el año 2001.

Cuadro 2

Población total proyectada, por área y sexo, según d epartamento , 2005

Departamento	Población t otal	Área urbana	Área rural
Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres
Chuquisaca	601.823	129.597	140.206	167.183	164.837
La Paz	2.630.381	858.179	910.163	443.368	418.671
Cochabamba	1.671.860	493.391	531.751	332.503	314.215
Oruro	433.481	128.964	136.368	87.295	80.854
Potosí	768.203	126.918	138.498	248.441	254.346
Tarija	459.001	148.121	155.944	82.203	72.733
Santa Cruz	2.388.799	903.178	940.387	300.551	244.683
Beni	406.982	142.658	140.858	69.210	54.256
Pando	66.689	15.720	14.492	20.813	15.664
T otal	9.427.219	2.946.725	3.108.667	1.751.568	1.620.259

Fuente: INE.

122.Según el censo de 2001, la población menor de 18 años, es decir niños, niñas y adolescentes era de 3.908.462, representando el 47,23% de los habitantes del país. En este grupo generacional, el mayor peso demográfico es de niños y niñas menores de 6 años con el 39,14%, en segundo lugar los de 7 a 12 años que alcanzan un 32,41%, seguidos por un 28,45% de adolescentes, con edades comprendidas entre los 13 y 18 años.

123.Analizados los datos proyectados de población según grupos de edad, las personas menores de 18 años en 2007 son 4.492.918, es decir el 45,71% del total de habitantes; de los que son varones el 50,94% y mujeres 49,06%.

Cuadro 3

Población total proyectada, por años calendario y sexo, según grupos de edad, 2005-2007

E dad	2005	2006	2007
Total	Hombres	Mujeres	Total	Hombres	Mujeres	Total	Hombres	Mujeres
0 a 4 años	1.279.278	652.317	626.961	1.287.479	656.475	631.003	1.293.134	659.355	633.779
5 a 9 años	1.184.544	603.976	580.568	1.198.737	611.181	587.556	1.215.036	619.415	595.621
10 a 14 años	1.120.715	570.690	550.025	1.135.680	578.457	557.223	1.145.858	583.750	562.108
15 a 18 años	795.153	403.470	391.683	816.226	414.402	401.824	838.890	426.152	412.738
T otal	4.379.690	2.230.453	2.149.237	4.438.121	2.260.515	2.177.606	4.492.918	2.288.672	2.204.247

Fuente: INE.

124.La estructura de la población boliviana es piramidal y se caracteriza por tener mayor proporción de población joven. En 2005 57,5% eran menores de 25 años, los grupos de edad con mayor peso relativo se ubican entre los niños de 0 a 4 años y los de 5 a 9 años de edad (ver cuadro 4). Por lo tanto, la niñez constituye una población de particular interés para las prioridades estatales.

Cuadro 4

Población de niños y adolescentes, 2001-2015

Grupos de edad	2001	2005	2015
Habitantes	Porcentaje total	Habitantes	Porcentaje total	Habitantes	Porcentaje total
0 a 4 años	1.219.415	14,1	1.279.278	13,6	1.309.764	11,5
5 a 9 años	1.148.448	13,3	1.184.544	12,6	1.284.354	11,3
10 a 14 años	1.016.804	11,8	1.120.715	11,9	1.247.189	10,9
15 a 19 años	886.992	10,3	980.559	10,4	1.162.394	10,2
Población de niños y adolescentes	4.271.659	49,5	4.565.096	48,4	5.003.701	43,9
Población t otal	8.624.268		9.427.219		11.410.651

Fuente:INE-UDAPE, 2005.

125.Durante los últimos años el país presentó una tendencia hacia una mayor urbanización; la población que habitaba el área urbana en 2001 (el 62,4%) se incrementó a 64,2% en 2005 y se prevé que el 2015 sea aproximadamente el 68%, lo que supone mayores presiones en la demanda de servicios sociales en las ciudades y mayores desafíos en la atención de la niñez.

126.El Informe de d esarrollo h umano , 2004 (véase anexo I) ubica a Bolivia en el lugar 114 de la clasificación del Índice de Desarrollo Humano; en términos concretos este hecho significa que el 14,4% de la población vive con 1 dólar diario y el 34,3% con 2 dólares diarios, ambos grupos ubicados bajo el umbral de pobreza.

127.La pobreza está asociada con el índice de necesidades básicas insatisfechas, que además se relaciona con las áreas de residencia de la población: el 39% de la población urbana está en situación de pobreza y el 90,8% en el área rural, especialmente en comunidades dispersas, ya sean del altiplano, del valle o del llano.

128.En cuanto al suministro de energía alimentaria, son también las poblaciones rurales las que presentan el consumo más bajo: 29 g/persona/día, que corresponde a la mitad del requerimiento considerado normal.

129.La mortalidad infantil: según datos oficiales (Encuesta Nacional de Demografía y Salud (ENDSA), 2003) de cada 1.000 niños nacidos en el período 1998-2003, murieron durante su primer año de vida 54, baja relativa comparada con el período anterior 1993-1998, en el que murieron 82. En relación con la región de residencia, el riesgo de mortalidad es mayor en el altiplano y en el valle en comparación con el llano; las principales causas de mortalidad en recién nacidos son las infecciones, los trastornos de la gestación y los problemas respiratorios, particularmente la asfixia.

130.Una de las características esenciales de Bolivia es la diversidad cultural, que conforma un país con identidades particulares y con la decisión de lograr su unidad en la diversidad. Si bien estas diferencias enriquecen al país, son también causas de discriminación y de exclusión que se hacen más evidentes en los grupos indígenas originarios campesinos, que históricamente fueron ignorados por las políticas públicas, sin acceso a los servicios y sin participación en la vida nacional. La transformación de estas condiciones constituye para el actual Gobierno y para todos los bolivianos uno de los principales desafíos a asumir para lograr la convivencia en condiciones de equidad y haciendo de la interculturalidad una forma de relacionamiento social.

2. Aspecto político

131.Entre 2003 y 2007 Bolivia tuvo un período particularmente conflictivo, fruto del desgaste del modelo económico en aplicación, la crisis política que implicó la sucesión de tres presidentes y finalmente la presión social para adelantar la convocatoria a elecciones nacionales.

132.Al asumir el Gobierno la alianza del Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR) y el Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) en agosto de 2002, se anunció la priorización de las políticas de reactivación para superar la crisis económica, la creciente dependencia de la inversión y de los recursos externos, así como para revertir la alta desocupación abierta.

133.Con este propósito, las medidas asumidas por el gobierno del Presidente Gonzalo Sánchez de Lozada estuvieron principalmente dirigidas a reducir el déficit fiscal y a controlar la evasión impositiva, mediante el incremento a las empresas petroleras del Impuesto Especial a los Hidrocarburos y Derivados (IEHD) y la aplicación de un impuesto a la renta de las personas y a los bienes considerados suntuarios. Por otra parte, se pretendía reducir la inversión estatal en programas sociales, financiando éstos con donaciones externas.

134.El descontento frente a este conjunto de medidas fue general y se expresó a través de pronunciamientos y movilizaciones de los diferentes sectores sociales, algunos de los cuales demandaban además la aplicación inmediata de anteriores compromisos gubernamentales incumplidos.

135.Tal fue el caso de los pueblos indígenas que exigían el saneamiento de la propiedad de la tierra en la modalidad de tierras comunitarias de origen (TCO), que permanentemente fue obstaculizado por los terratenientes, mediante la ocupación ilegal de sus territorios, principalmente en el oriente boliviano.

136.La intensidad de los conflictos emergentes del propósito del Gobierno de gravar impuestos y de las demandas no atendidas, desembocaron en el llamado "febrero negro", que como resultado del enfrentamiento armado entre policías y militares arrojó un saldo de 33 muertos. La consecuente reacción de los movimientos sociales fue el pedido de renuncia del Presidente y de su Gabinete.

137.La crisis estatal no fue superada y en octubre del mismo año se agravó con la "guerra del gas", motivada por el anuncio oficial de venta del gas boliviano a los Estados Unidos y el vehemente rechazo de las organizaciones sociales, no sólo por la venta anunciada sino en general por la política de hidrocarburos que favorecía a empresas transnacionales que sólo aportaban el 18% sobre la producción bruta de los hidrocarburos en boca de pozo, por concepto de regalías.

138.Las movilizaciones sociales fueron reprimidas en las ciudades de La Paz y El Alto, determinando que la inicial demanda de recuperación de la propiedad del gas se convirtiese en la exigencia de renuncia del Presidente Sánchez de Lozada, que ocurrió el 17 de octubre de 2003, fecha en que hizo llegar al Congreso su carta de renuncia, antes de abandonar el país.

139.Posesionado como Presidente el hasta entonces Vicepresidente de la República Carlos Mesa, el anuncio de la realización de un referéndum vinculante sobre la política de hidrocarburos, la revisión o modificación de la Ley de hidrocarburos y la convocatoria a una Asamblea Constituyente, fue recibido por la población con la esperanza de días mejores.

140.La Central Obrera Boliviana (COB) presentó un pliego petitorio incorporando demandas de los diferentes sectores sociales: la abrogación del Decreto sobre la política económica neoliberal (Decreto Nº 21060), de la Ley de hidrocarburos y de las leyes tributarias; la reducción de los salarios de autoridades y el incremento del salario mínimo nacional, entre otras. El Congreso Nacional aprobó la Ley marco del referéndum sobre el gas y la política de hidrocarburos, que se llevó adelante en julio de 2004, quedando clara la voluntad mayoritaria (92%) de recuperación de los hidrocarburos.

141.Los movimientos sociales, conformaron el "Pacto de unidad" aglutinando en un bloque social a la mayoría de las organizaciones campesinas, indígenas y otras del movimiento popular en torno a la defensa de los recursos naturales y que, frente a la constatación de que el plan de gobierno del Presidente Mesa no modificaba en lo esencial la política económica, retomaron lo que se denominó la "agenda de octubre" que además incorporaba la convocatoria a una Asamblea Constituyente (AC) de refundación del país.

142.A partir de entonces el Gobierno del Presidente Mesa generó desconfianza tanto en las organizaciones sociales como en las fuerzas conservadoras, a la cabeza de los directivos del Comité Cívico de Santa Cruz, que forzaron el compromiso presidencial de convocar a un referéndum sobre autonomías, que se convirtió en la demanda en torno a la que se aglutinaron los cívicos y empresarios de la llamada "media luna" (Santa Cruz, Beni, Pando y Tarija).

143.La creciente e incontrolable polarización política del país desencadenó en 2005 la definitiva renuncia del Presidente Mesa, provocando las "jornadas de junio" con epicentro en la ciudad de Sucre, que impidieron la sucesión constitucional de los Presidentes del Senado y de la Cámara de Diputados, debiendo el Congreso designar en la primera magistratura al Presidente de la Corte Suprema de Justicia, Eduardo Rodríguez Veltzé, con el único mandato de convocar a elecciones generales en diciembre de 2005.

144.Realizadas las elecciones nacionales el 18 de diciembre, Evo Morales Ayma, candidato del Movimiento al Socialismo (MAS) y líder del movimiento de los productores de hoja de coca, fue electo como Presidente Constitucional de la República con el 54% de los votos, triunfo que generó mucha expectativa a nivel nacional e internacional.

145.Constituido el nuevo gobierno, el país es escenario de cambios trascendentales. La recomposición de los poderes ejecutivo y legislativo y las medidas asumidas por el Gobierno durante la primera mitad del año 2006, entre las que destacan la promulgación de la Ley especial de convocatoria a la Asamblea Constituyente, la nacionalización de los hidrocarburos y la abrogación del artículo 55 del Decreto Supremo Nº 21060, fueron complementadas por otras, como la promulgación de la Ley de reconducción comunitaria de la reforma agraria (INRA), que dispone revertir al Estado los latifundios improductivos para su dotación a los indígenas y campesinos sin tierra o con tierra insuficiente, medidas que motivaron reacciones divergentes de la opinión pública nacional.

146.El Gobierno Nacional convocó para julio de 2006 a consulta popular para elegir 255 representantes a la Asamblea Constituyente, así como para definir en referéndum la inclusión de las autonomías en la estructura del Estado boliviano. En la elección de representantes a la Asamblea Constituyente el MAS, partido gobernante, obtuvo el 54% de los votos, lo cual alertó a los sectores políticos tradicionales y a los empresarios agroindustriales sobre el riesgo para sus intereses económicos, y desde el principio se opusieron a la Asamblea Constituyente y a la aprobación de una nueva Constitución política del Estado.

147.Los resultados del referéndum sobre autonomías confirmaron las opciones regionales; así Santa Cruz, Tarija, Beni y Pando optaron por el sí y los otros cinco departamentos reafirmaron el no, con lo que el país quedó aparentemente dividido. Desde entonces la Prefectura de Santa Cruz, autodenominada gobierno departamental preautonómico asumió el rol de articulador de los cuatro departamentos de la "media luna".

148.Las posiciones respecto del futuro del país se hicieron evidentes; la élite empresarial de Santa Cruz, que se fortaleció con la presencia de empresarios andinos, directivos de empresas transnacionales, prefecturas, comités cívicos y partidos políticos de derecha, llevó adelante diversas medidas dirigidas a hacer inviable la Asamblea Constituyente como el bloqueo sistemático de las sesiones, las manifestaciones violentas y el planteamiento final de un tema marginal y extraconstitucional como el de la "capitalía plena" para Sucre, situación que desencadenó el último conflicto social en diciembre de 2007.

149.No obstante estas acciones de la oposición, la Asamblea Constituyente logró aprobar el nuevo texto constitucional en la ciudad de Oruro, el mismo que será sometido a plebiscito.

150.El período 2003-2007 es para Bolivia un verdadero proceso de transformación del Estado; tras casi dos décadas de imposición del modelo neoliberal, la población reacciona cuestionando el modelo y el propio Estado; esta reacción encuentra en el MAS su único instrumento para llevar adelante la lucha tanto contra el modelo como contra el tradicional carácter racista y clasista del Estado boliviano y por primera vez, el país tiene un Presidente constitucionalmente elegido que representa a la mayoría indígena excluida de la vida política y social durante los 182 años de vida republicana.

151.Finalmente es importante señalar que por primera vez en la historia boliviana, asume la conducción del Estado una fuerza política que articula tres dimensiones de conciencia y lucha: étnicocultural, socialclasista y patrióticosoberana que se constituyen en su fortaleza articuladora de diferentes sectores y movimiento sociales para constituir un Estado soberano, plurinacional y con justicia social. Muestra de esa decisión es la "revolución democrática y cultural" que el Presidente Evo Morales lleva adelante para "vivir bien" colectivamente, sin privilegios y sin exclusiones.

3. Aspecto económico

152.El último quinquenio tiene para la economía boliviana varios significados históricos y de enormes proyecciones para el futuro del país que podrán constituir una oportunidad para que se reviertan las peores aristas de la eterna pobreza, aunque sea un proceso de todavía algunas décadas.

Contexto l atinoamericano

153.Se ha dicho en relación con la evolución en el contexto latinoamericano:

El cuatrienio 2003-2006 puede calificarse como el de mejor desempeño económico y social de América Latina de los últimos 25 años. El avance en la reducción de la pobreza, la disminución del desempleo, la mejora en la distribución del ingreso en algunos países, y un aumento importante del empleo son los principales factores que marcaron una tendencia positiva en varios países de la región.

154.En este contexto, ciertamente heterogéneo y con enormes disparidades entre los países de la región, casi todos los países han registrado una evolución positiva de sus economías a partir de 2003. El crecimiento promedio de la región fue de 5,6% del PIB para 2006 y aunque la tendencia tiende a disminuir, la proyección es de 5% para 2007 y se estima en 4,5% la tasa de 2008; con un acumulado en los seis años de crecimiento consecutivo (2003-2008) del 20,6% del producto interno bruto (PIB) por habitante, equivalente a un incremento anual superior al 3%, en términos promedio anual. Bolivia no ha estado en el promedio o por encima de la tasa regional, especialmente en las dos últimas gestiones, pero está dentro la tendencia de tasas de crecimiento excepcionales para nuestros promedios históricos.

Situación en Bolivia

155.En una mirada directa sobre el inmediato pasado, lo primero a destacar es que los resultados globales del quinquenio y en especial del correspondiente a 2007 implican la reversión de la tendencia negativa crecientemente descendente desde 1998, cuando el último pico alto era de un 5%, sobre todo por efecto del boom de la inversión extranjera, para llegar al peor momento que fue 2001 cuando descendimos a 1,7% y un déficit público histórico de 8,8% del PIB.

156.Sin embargo para el siguiente año 2003, las cosas empezaron a mejorar porque el PIB creció al 2,45%, sobre la base de una sustancial mejora en los volúmenes y los precios de nuestras exportaciones. El déficit fiscal fue de 7,9% del PIB, 1,1 puntos menos que en el ejercicio fiscal del año anterior, aunque hubo que contar con que el financiamiento del déficit tuviese que provenir hasta en un 69% de recursos externos. La crisis fiscal determinó una caída en la inversión pública social en el año, y en menor medida una reducción del gasto corriente. A lo que debe agregarse que los levantamientos populares de febrero y octubre afectaron negativamente a la actividad económica.

157.Consecuentemente, el sector social se vio afectado por el menor crecimiento de la economía. El desempleo abierto llegó al 8,8% en áreas urbanas, los trabajadores por cuenta propia crecieron en 9% y la pérdida de ingresos laborales en términos reales, repercutiendo en todo el ámbito del consumo y la producción y que explican el aumento de las desigualdades económicas y de un 0,17% en los índices de pobreza.

158.Los recursos del programa HIPC II, pensados para ampliar las bases y el alcance de la inversión pública para los sectores fundamentales de salud, educación e infraestructura productiva, mejoraron su nivel de ejecución pero siguen con obstáculos en la capacidad de gestión que impiden priorizar acciones para reducir la pobreza y ampliar la protección social.

159.Pese a todo, la recuperación de la economía no tuvo efectos significativos en el desempeño del sector social, como era de esperar puesto que ésta tiene que ser sostenible y sus impactos se aprecian en el mediano plazo. La tasa de desempleo abierto en el área urbana se estimó en 8,7% para 2004, medio punto porcentual por debajo de la registrada en 2003, debido al repunte del crecimiento en la actividad de la manufactura; pero, los empleos fueron creados principalmente en el sector informal. La incidencia de pobreza en 2004 se estima en un 63,6% de la población, apenas inferior a la de 2003 (64,1%), empero el número de pobres sigue creciendo a un ritmo de 85.000 personas por año.

160.Las medidas de austeridad promulgadas a principios del presente año determinaron la reducción del presupuesto de inversión social, sin embargo la inversión ejecutada a septiembre de 2004 aumentó en 2,8% respecto a la ejecutada a septiembre de 2003.

161.Los desembolsos de recursos del programa HIPC II hasta el tercer trimestre del presente año alcanzaron a 208,5 millones de bolivianos, que sumados al saldo del año anterior (203,9 millones de bolivianos), representan 412,4 millones de bolivianos disponibles en las cuentas municipales del diálogo. En el mismo período, los gastos de las cuentas del HIPC II fueron de 268,6 millones bolivianos, con un nivel de ejecución menos de lo deseable del 65,1%.

162.Para atender a la población vulnerable se creó la red de protección social conformada por el Programa de lucha contra la pobreza y apoyo a la inversión solidaria (PROPAIS), Plan de empleo de emergencia (PLANE), Programa de atención a la niñez (PAN) y el Programa de Transferencias (PT). Hasta principios de diciembre de 2004, el PLANE ejecutó 4,5 millones de dólares de los Estados Unidos de América y pagó 75.000 salarios, se espera que hasta mediados de 2005 alcance a generar 200.000 salarios pagados.

163.Para 2005, las tendencias favorables del comercio internacional se mantuvieron. Volvimos a mejorar en la balanza comercial con otro superávit e incrementamos nuestras reservas internacionales en 565,7 millones de dólares. En cumplimiento de la nueva Ley de hidrocarburos mejoramos nuestros ingresos fiscales en 2.301 millones de bolivianos, equivalentes a 288 millones de dólares y un 3% del PIB. La inversión pública llegó a 5.260 millones de bolivianos, 9% más de lo correspondiente a la gestión anterior y equivalente a un 107 % de lo proyectado para la gestión, todo un récord.

164.La nota discordante para la economía nacional a nivel de los principales indicadores macroeconómicos fue el saldo negativo de la inversión extranjera que en esta gestión tuvo una exportación de capitales de 276,6 millones de dólares de este año, frente a una inversión directa de ya sólo 62,6 millones de dólares para 2004, como parte de la estrategia de desinversión camuflada de pagos intrafirma y retiro de capital.

165.Para 2006, con todas las tendencias y proyecciones desarrollándose más o menos conforme a lo previsto, contando con el incremento de las exportaciones y la ejecución de una adecuada política económica nacional, existe consenso sobre el buen estado de la economía basado en un excelente desempeño simultáneo de los principales sectores de la economía nacional, que no se había obtenido en un largo período de nuestra historia económica.

166.Un sintético resumen de esta situación la hace UDAPE:

"Los datos muestran en el sector real una tasa de crecimiento del orden del 4,5%, la más alta después del 5% alcanzado en 1998 con el boom de la inversión extranjera, junto con una baja tasa de inflación (4,8%), similar a la del año pasado y una menor tasa de desempleo del 7,6%. Un sector externo con récord en el nivel de las exportaciones (4.100 millones de dólares), superávit comercial (más de 1.300 millones de dólares), superávit en cuenta corriente (11,6% del PIB), récord en reservas internacionales (más de 3.000 millones de dólares) y un saldo de la deuda externa pública de mediano plazo de 3.234,5 millones de dólares, el más bajo desde 1984. Un sector fiscal que registra el superávit fiscal más alto en 66 años equivalente a un 5,9% del PIB gracias a la contribución del IDH equivalente a 6,6% del PIB sin el cual no hubiera habido el saldo favorable y, por último, un sector financiero sólido y robusto con depósitos cercanos a los 4.000 millones, que mostraría la recuperación del sector después de la declinación que siguió al boom financiero de mediados de los noventa pero con un menor grado de dolarización."

167.Para 2007, frente a la tendencia constante del comercio internacional la economía nacional tiende a enfriarse por efecto de los desastres naturales, y la expectativa de crecimiento del 5% debió rebajarse al 4%, bastante menor del 5,6% promedio regional latinoamericano y lejos del 6% que el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) entiende ideal para afrontar las exigencias de desarrollo.

168.Una de las claves, aparte de los temas climatológicos, está en la baja inversión extranjera, que en cálculos del Banco Mundial apenas llega al 13% del PIB o, que según el BID, está lejos de los 2.500 millones de dólares que se necesitan anualmente. El otro tema difícil de la economía fue la inflación que llegó a los dos dígitos y que aunque es principalmente consecuencia de un shock en la oferta, habrá de complicar varias de las previsiones presupuestarias para la siguiente gestión.

169.Los problemas del desempleo seguirán siendo atendidos por los planes de emergencia y las previsiones para financiar a pequeños y microempresarios tan sólo llegaron a los 22 millones de dólares canalizados por el Banco de Desarrollo Productivo (BDP).

170.Lo central de la política social está en los bonos y en un abanico amplio de medidas sectoriales de impacto inmediato. El bono escolar elevó la matrícula escolar en 10% en relación al pasado año y con el nuevo bono "Dignidad", destinado a las personas mayores de 60 años, se pretende llegar a 676.009 adultos, 226.409 más que los beneficiarios del Bonosol. El resto de las medidas sectoriales: educación con 318.057 graduados del programa de alfabetización; el escudo epidemiológico con vacunación de 4,9 millones de personas para la fiebre amarilla, la rubéola a 3 millones, etc.; el programa de cédula de identidad gratuita que llegó a 281.900 cédulas para personas del área rural y suburbano, etc.

171.Sin embargo, pese a los innegables avances en la inversión y el gasto social, en la escala regional Bolivia está en el antepenúltimo lugar, sólo delante de Jamaica, Nicaragua y Ecuador.

172.Se adjunta en anexo la información estadística sobre gasto público.

B. M edidas generales de aplicación

1. Legislación

173.Con el propósito de avanzar en la aplicación de las disposiciones de la Convención y de las normas bolivianas, con referencia a los derechos del niño, en Bolivia se realizan esfuerzos para hacer ajustes y llenar los vacíos legales que aún constituyen limitaciones que impiden la plena armonía con la Convención y el sustento firme de las políticas específicas dirigidas a proteger y promover los derechos de la niñez.

174.En esta perspectiva se han aprobado y puesto en vigencia las siguientes disposiciones legales:

Ley Nº 2616 de 18 de diciembre de 2003, que dispone la modificación de los artículos 21, 22 y 30 de la Ley de registro civil; y de los artículos 96 a 98 y de la Disposición transitoria primera del Código del Niño, Niña y Adolescente;

Resolución Nº 616/2004 de 29 de diciembre de 2004, emitida por la Corte Nacional Electoral, por la que se pone en vigencia el reglamento para la inscripción de nacimientos;

Decreto Supremo Nº 27477 de 7 de enero de 2005, que dispone la incorporación de personas con discapacidad a las fuentes de trabajo, con preferencia e inamovilidad;

Decreto Supremo Nº 28023 de 4 de marzo de 2005, que regula los procedimientos administrativos de las adopciones nacionales e internacionales;

Ley Nº 3300 de 12 de diciembre de 2005, que crea y regula el sistema de inmunizaciones preventivas;

Decreto Supremo Nº 28521 de 16 de diciembre de 2005, que aprueba la creación del sistema de Registro único nacional de personas con discapacidad;

Ley Nº 3325 de 18 de enero de 2006, referida a la trata y tráfico de personas y otros delitos relacionados;

Decreto Supremo Nº 28671 de 7 de abril de 2006 que aprueba el Plan Nacional de igualdad y equiparación de oportunidades de las personas con discapacidad (PNIEO);

Ley Nº 3460 de 15 de agosto de 2006, dirigida a promover, proteger y apoyar la práctica de la lactancia materna;

Resolución Ministerial Nº 0442 del Ministerio de Salud, de 18 de junio de 2007, que aprueba el Programa "Desnutrición cero".

175.La posibilidad de elaborar una nueva Constitución política del Estado en la Asamblea Constituyente, en la que todos los sectores sociales fueran incluidos, motivó a organizaciones e instituciones a contribuir al proceso de cambio con la presentación de propuestas para su inclusión en el texto constitucional. De manera especial, las organizaciones de niños, niñas y adolescentes tuvieron la oportunidad de ser escuchados en su demanda de constitucionalizar sus derechos.

176.El resultado de esta movilización es que en el texto de la nueva Constitución, el capítulo 3, Derechos civiles y políticos, sección V, se refiere a los derechos de la niñez, adolescencia y juventud.

2. Coordinación

Viceministerio de Género y Asuntos Generacionales

177.La entidad cabeza de sector a nivel nacional es el Viceministerio de Género y Asuntos Generacionales (VGAG), dependiente del Ministerio de Justicia, creado el 9 de marzo de 2006, mediante Ley Nº 3351 de Organización del poder ejecutivo.

178.El Viceministerio entre sus lineamientos estratégicos ha priorizado el diseño y ejecución de políticas nacionales públicas para la protección de los derechos humanos del niño, niña y adolescente, personas de la tercera edad y personas con discapacidad.

179.En este marco, sus funciones específicas son las siguientes:

Formular, ejecutar, dirigir, concertar y vigilar políticas, normas y planes que promuevan la equidad de género y generacional, con igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, personas con discapacidad en lo físico, económico, productivo social, político y cultural;

Evaluar la ejecución y cumplimiento de planes y programas relativos a la equidad, género, generacional, personas con discapacidad y sectores vulnerables;

Transversalizar el enfoque de género y generacional y la igualdad de oportunidades para personas con discapacidad en las políticas sectoriales y de gestión pública, articulando acciones con los poderes del Estado y la sociedad civil;

Formular y ejecutar la política nacional de defensa, protección y promoción de los derechos de las mujeres, niños, niñas adolescentes, jóvenes, adultos mayores, personas con discapacidad y sectores vulnerables;

Formular reglamentos e instructivos para fortalecer los mecanismos de protección en el marco de la prevención, atención, recuperación y sanción de la violencia contra las mujeres, violencia intrafamiliar y sexual;

Formular políticas, reglamentos e instructivos para fortalecer los mecanismos de protección, prevención y sanción del maltrato institucional a las mujeres, niños, niñas, adolescentes, jóvenes, personas con discapacidad, adultos mayores y sectores vulnerables;

Vigilar el cumplimiento de la legislación y convenios internacionales en asuntos de género, generacionales y personas con discapacidad;

Vigilar y articular con los gobiernos prefecturales y municipales la ejecución de políticas y programas de género y generacionales, para la protección de personas vulnerables en lo económico, productivo, social, sexual, político y cultural;

Coordinar con las instancias respectivas la asignación de recursos económicos que permitan la ejecución de políticas, planes y programas con enfoque de género, generacionales y personas con discapacidad.

180.Para la ejecución de políticas, planes y proyectos y de acuerdo a los ámbitos de intervención coordina con los respectivos ministerios, las comisiones legislativas, autoridades del poder judicial a nivel nacional; en el marco de la descentralización administrativa, con las administraciones departamentales y gobiernos municipales.

Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia

181.En mayo de 2005, a convocatoria del Viceministerio de la Juventud, Niñez y Tercera Edad (VIJUNTE) se reunieron sectorialmente instituciones que trabajan con la niñez y adolescencia y organizaciones sociales de niños, niñas, adolescentes y adultos para nombrar sus representantes para conformar el Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia, el que fue posesionado por el Presidente de la República el 18 de ese mismo mes.

182.Seguidamente el Consejo comenzó su trabajo y se abocó inicialmente a consensuar su reglamento interno, destinado a regular su organización y funcionamiento. Uno de los aspectos centrales de este documento es la definición de su naturaleza:

El Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia es un órgano de concertación y coordinación entre el Estado y la sociedad civil que, de acuerdo a los artículos 172 y 174 del Código del Niño, Niña y Adolescente, tiene facultades propositivas, de consulta, seguimiento y evaluación de políticas públicas y servicios integrales para la niñez y adolescencia en el ámbito nacional. Su funcionamiento es autónomo e independiente de los poderes del Estado.

Comisiones de la Niñez y Adolescencia

183.Con el propósito de establecer instancias descentralizadas en los niveles departamental y municipal encargadas de proponer y fiscalizar políticas públicas dirigidas a niños, niñas y adolescentes, se crearon las comisiones de la niñez y adolescencia en los consejos departamentales de las prefecturas y en los concejos municipales.

184.Constituidas con la participación de consejeros/concejales y representantes de la sociedad civil, estas comisiones tienen responsabilidades específicas, sobre las políticas y servicios de atención los unos y con relación a las políticas y acciones de protección los otros.

185.En ambas comisiones hay representantes, democráticamente elegidos, de las organizaciones de niños, niñas y adolescentes.

186.Los Presidentes de las Comisiones de la Niñez y Adolescencia de los Consejos Departamentales de la Prefectura, son miembros natos del Consejo Nacional.

Servicio Departamental de Gestión Social

187.Dependiente de la Prefectura, en cada departamento, está el Servicio de Gestión Social (SEDEGES) como instancia técnica, operativa cuya misión es implementar políticas de atención, de protección social y de cumplimiento de medidas socioeducativas, de acuerdo a lo dispuesto por el Código.

188.Una de sus principales responsabilidades es la administración, directa o delegada, de los centros de acogida existentes en el departamento.

Defensorías de la n iñez y a dolescencia

189.Las defensorías de la niñez y adolescencia son un servicio municipal gratuito de protección y defensa sociojurídica, dependiente de cada gobierno municipal.

190.Sus funciones específicas son:

Promoción y difusión de los derechos de los niños;

Orientación e información dirigida a la población y a la niñez;

Prevención y vigilancia sobre situaciones de riesgo para la salud, la libertad y la dignidad de niños, niñas y adolescentes.

191.Actualmente se hallan en funcionamiento 303 defensorías, en 329 municipios.

C. Definición de niño

192.La Convención, a nivel internacional y el Código en la legislación nacional, en términos generales son coincidentes cuando definen al niño. La Convención señala que "niño es todo ser humano menor de 18 años de edad"; el Código, al identificar a los sujetos de protección considera niño o niña a todo ser humano desde su concepción hasta cumplir los 12 años y adolescente desde los 12 a los 18 años de edad cumplidos, identificando de esta manera las dos etapas de la vida de una persona menor de edad.

193.Es importante que estas definiciones que se aplican por igual a todos los niños y adolescentes bolivianos, sean integradas con las características que las diferencian. A este efecto la Constitución política del Estado vigente reconoce que Bolivia es un país multicultural y plurilingüe, donde coexisten más de 30 grupos étnicoculturales que conservan su propia identidad, usos y costumbres; este hecho permite comprender las diversas formas de ser, de pensar, de vivir de los niños, en correspondencia con los grupos culturales de los cuales proceden.

194.Estas diferencias naturales y legítimas constituyen su derecho y en este sentido deben merecer respeto y no ser motivo de exclusión y/o de invisibilización de ningún niño, niña o adolescente. Por el contrario, deben comprometer la responsabilidad estatal, social y familiar para mejorar sus condiciones de vida, que actualmente están llenas de obstáculos y el sobrevivir, ya sea el primer mes de su existencia, el seguir con vida hasta tener 1 año y llegar a los 5 años sin ser afectado por la desnutrición, exigen el heroísmo de cada día, que les permitirá ingresar a la escuela y construir su plan de vida.

195.Esta inseguridad de seguir viviendo en condiciones de exclusión, de discriminación por ser diferentes y de riesgo permanente, alcanza a la mayoría de los bolivianos: niños, adolescentes y jóvenes; significa brevedad en el tiempo para vivir, para madurar y asumir precozmente una serie de responsabilidades, incluida su propia subsistencia. Ésta viene a ser una lógica explicación de las edades mínimas legalmente fijadas para ejercitar sus derechos. Éstas son:

El Estado tiene la obligación de asegurar la escolaridad primaria a los niños, niñas y adolescentes desde los 5 años (o antes) para concluir a los 16 años, además de ofrecer a quienes no ingresaron oportunamente al sistema regular, la posibilidad de ingreso a la educación de adultos desde los 15 años, en horarios compatibles con el trabajo.

La edad mínima para contraer matrimonio, que según el Código de Familia es de 14 años para la mujer y de 16 años para el varón (art. 44).

El Código Penal, al considerar los delitos contra la libertad sexual, expresa que quedan exentas de sanción las relaciones sexuales consensuadas entre adolescentes mayores de 12 años, siempre que no exista diferencia de edad mayor de tres años entre ambos y no se haya producido violencia ni intimidación.

El servicio militar obligatorio es para adolescentes, varones y mujeres, de 18 años cumplidos.

El derecho al sufragio es ejercido también a los 18 años.

Según el Código, la edad mínima para trabajar es de 14 años.

Los adolescentes pueden cambiar su identidad, sin consentimiento de sus padres, antes de cumplir los 18 años.

En caso de embarazo de niñas y adolescentes, el Código establece que pueden recibir atención gratuita y prioritaria, orientación médica, psicológica y social durante el período de gestación, parto y posparto (art. 15, inciso 3).

Los adolescentes de 12 a 16 años no cumplidos que infringen la ley son sujetos de responsabilidad social y los adolescentes mayores de 16 años que incurren en conductas calificadas como delitos son sujetos de responsabilidad penal. Los niños y niñas que no hubieran cumplido los 12 años de edad, están exentos de responsabilidad social y en ningún caso pueden ser privados de libertad.

Todos los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a declarar, acompañados de sus padres o tutores en causas civiles o penales, también pueden denunciar, expresar sus sentimientos, pensamientos y opiniones sin límite de edad.

D. Principios generales

1. No discriminación

196.El principio de no discriminación constituye una norma y sustenta las declaraciones y medidas asumidas por el país, entre las que se mencionan las siguientes.

Constitución p olítica del Estado

197.La Constitución política del Estado (CPE) señala que todo ser humano "goza de los derechos, libertades y garantías" reconocidos en esa ley, "sin distinción de raza, sexo, idioma, religión, opinión política o de otra índole, origen, condición económica o social u otra cualquiera" (art. 6).

198.El nuevo texto constitucional aprobado por la Asamblea Constituyente el mes de diciembre de 2007 al tiempo de reiterar el reconocimiento de la condición de sujetos de derechos de todo ser humano "sin distinción alguna" remarca su adhesión a la no discriminación al indicar que: "II. El Estado prohíbe y sanciona toda forma de discriminación fundada en razón de sexo, color, edad, orientación sexual, identidad de género, origen, cultura, nacionalidad, ciudadanía, idioma, credo religioso, ideología, filiación política o filosófica, estado civil, condición económica o social, tipo de ocupación, grado de instrucción, discapacidad, embarazo u otras que tengan por objetivo o resultado anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio, en condiciones de igualdad, de los derechos de toda persona. III. El Estado garantiza a todas las personas y colectividades, sin discriminación alguna, el libre y eficaz ejercicio de los derechos establecidos en esta Constitución, las leyes y los tratados internacionales de derechos humanos" (art.14).

199.Es importante resaltar en este último texto la incorporación de la edad como factor de no discriminación, lo que garantiza que niños, niñas y adolescentes sean titulares, al igual que los demás, del reconocimiento de sus derechos.

Código del Niño, Niña y Adolescente

200.Las disposiciones de este Código, que establecen y regulan la prevención, protección y atención integral que el Estado y la sociedad deben garantizar, son de orden público y de aplicación preferente, "a todos los niños, niñas y adolescentes que se encuentran en el territorio boliviano, sin ninguna forma de discriminación" (art. 3).

201.En aplicación de este principio se han estructurado planes y programas sectoriales, especialmente durante el último quinquenio, en relación con los cambios políticos en curso (ver información sectorial).

2. Interés superior del niño

202.El significado real del principio del interés superior del niño es que por encima de cualquier consideración circunstancial, está la aplicación integral, sistemática y armónica de los derechos que la Convención y las leyes bolivianas consagran a los niños.

203.Aplicar la Convención y las normas nacionales significa crear y garantizar las oportunidades de realización efectiva de sus derechos, evitando la discrecionalidad en su interpretación que vulnera el rango de norma fundamental que adquiere este concepto que, más allá del ordenamiento jurídico, se proyecta a la formulación de políticas públicas y a la construcción de una cultura respetuosa e igualitaria de los derechos del niño.

204.El nuevo texto constitucional, en su artículo 60, incorpora este principio como deber prioritario del Estado, de la sociedad en general y de la familia, a ser concretado y garantizado en todos los sectores de la vida nacional. En este sentido expresa: "Es deber del Estado, la sociedad y la familia garantizar la prioridad del interés superior de la niña, niño y adolescente, que comprende la preeminencia de sus derechos, la primacía en recibir protección y socorro en cualquier circunstancia, la prioridad en la atención de los servicios públicos y privados y el acceso a una administración de justicia pronta, oportuna y con asistencia de personal especializado".

205.De esta manera, el interés superior del niño se concreta en el día a día, en decisiones y medidas a aplicarse en cada uno de sus derechos y que se presentan en este informe, tanto en su realización como en sus limitaciones.

3. Vida, supervivencia y desarrollo

206.Estos derechos, como parte de los derechos humanos de primera, segunda y tercera generación, están señalados en la Constitución política del Estado, en las demás normas en vigencia y principalmente en el Código, que estipula que todo niño, niña y adolescente tiene derecho a la vida y a la salud. El Estado tiene la obligación de garantizar y proteger estos derechos, implementando políticas sociales que aseguren condiciones dignas para su gestación, nacimiento y desarrollo integral.

207.El Plan Nacional de Desarrollo del actual Gobierno tiene como política esencial reducir las brechas sociales, económicas, políticas y culturales, en razón de pertenencia étnica cultural, clase, género, generación o capacidades diferentes. Se dirige a restituir los derechos de la población más vulnerabilizada por sus condiciones de vida, en la perspectiva de establecer una cultura de igualdad y equidad, respetando las diferencias, encarando la discriminación, marginación, exclusión y violencia que afecta especialmente a las mujeres, jóvenes, adolescentes, adultos mayores, niñas, niños y personas con capacidades diferentes. En el marco del establecimiento de un pacto nacional, en el que se involucre Estado y sociedad civil, se prevén acciones intersectoriales integrales, para prevenir, detectar, denunciar y sancionar todas las formas de vulneración de estos derechos.

4. Respeto a la opinión del niño

208.La opinión del niño, según la doctrina de la protección integral, debe ser respetada y tomada en cuenta en todas las actividades de la vida diaria; en la actualidad, estas actitudes positivas están siendo promovidas a través de procesos de sensibilización, formación, capacitación, e interrelación de niños y adultos, a fin de lograr la aceptación mutua y la construcción de una cultura de diálogo, como condiciones esenciales para la realización de este derecho.

209.El Código, en coherencia con lo establecido en la Convención, reconoce a los niños que están "en condiciones de emitir un juicio propio", el derecho a expresar su opinión libremente en todos los asuntos que los afectan, por los medios que elijan y a que ésta sea tomada en cuenta.

E. Derechos y libertades civiles

210.El Estado boliviano garantiza a todo niño, niña y adolescente sus derechos a: la nacionalidad, la identidad, la libertad de expresión, la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión, la libertad de asociación y de celebrar reuniones pacíficas, la protección de la vida privada, el acceso a la información adecuada y el derecho a no ser sometido a torturas ni a otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes, incluido el castigo corporal.

1. Nombre y nacionalidad

211.El derecho al nombre y a la nacionalidad establece un principio de ciudadanía al permitir a los niños y niñas identificarse como miembros de una familia y de una sociedad, ser reconocidos como tales por los demás y, por lo tanto, ser iguales ante la ley.

212.El artículo 97 del Código establece que todo niño o niña debe ser inscrito en el registro civil inmediatamente después de su nacimiento; el primer certificado de nacimiento es gratuito y este derecho se hace extensivo a los adolescentes no inscritos. Asimismo es también gratuito cualquier acto o trámite que haga efectivo este derecho.

213.Las disposiciones relativas a este derecho han sido precisadas por la Ley Nº 2616 de 18 de diciembre de 2003, que modifica la Ley del registro civil para la extensión gratuita de certificados de nacimientos. Estas disposiciones están referidas a la rectificación y corrección de errores en los nombres y apellidos de las personas inscritas, así como al cambio o adición de nombre o apellido y a la rectificación de sexo, que se realizan mediante trámite administrativo en las direcciones departamentales del registro civil.

214.También establece el procedimiento de registro a seguir por los padres biológicos o responsables en caso de faltar aquéllos. En el caso de adolescentes o mayores sin límite de edad, la inscripción queda sujeta a trámite administrativo de acuerdo a un reglamento especialmente elaborado para el efecto por la Corte Nacional Electoral.

215.Esta ley también modifica el Código en lo que se refiere a los siguientes aspectos:

Identidad: definida como el derecho de niño, niña o adolescente de llevar su nombre propio e individual, los apellidos paterno y materno (o apellidos convencionales), gozar de la nacionalidad boliviana, conocer a sus padres biológicos e informarse sobre sus antecedentes familiares;

Inscripción gratuita: estableciendo que el Estado provea los recursos necesarios para este efecto;

Nombres convencionales: para el caso de niños y niñas de filiación desconocida, con solicitud ante el juez; tratándose de hijos no reconocidos, de padre o madre solteros, la inscripción debe ser hecha con un apellido paterno o materno convencional, de acuerdo a una resolución administrativa.

216.En las últimas gestiones, se han realizado campañas para la inscripción y otorgación de certificados de forma gratuita, particularmente en zonas rurales y dispersas, con el apoyo de organismos internacionales, entre los que se destaca el UNICEF.

2. P reservación de la identidad

217.La preservación de la identidad es un derecho específico derivado del derecho a la identidad; forma parte de los derechos reconocidos a la niñez y adolescencia. El cambio o la alteración de identidad sólo proceden en casos concretos y sobre la base de una sentencia judicial.

218.Este derecho también hace referencia especial a la protección de la identidad de las personas menores de 18 años contra el uso y abuso de su imagen en los medios de comunicación, propiciado por la sociedad de consumo; asimismo en los casos en que se difunden noticias en las que se involucran a niños, niñas o adolescentes.

3. Libertad de expresión

219.El artículo 12 de la Convención, pese a que introduce limitaciones de edad y madurez, indica taxativamente que la libertad de expresión es un derecho del niño y una obligación de los demás el darle oportunidad para su ejercicio, especialmente tratándose de opiniones y/o decisiones que directa o indirectamente le afectan.

220.Este derecho, relacionado con el derecho a la opinión, en la práctica cotidiana está condicionado por el contexto social y cultural donde se desarrollan los niños, niñas y adolescentes.

221.Para el ejercicio de este derecho se ha logrado que niños, niñas y adolescentes organizados participen mediante sus representantes en el Consejo Nacional y en las comisiones de la niñez y adolescencia existentes a nivel departamental y local.

222.La nueva propuesta del Plan Nacional de Desarrollo establece espacios donde los niños, niñas y adolescentes pueden hacer propuestas sobre políticas públicas.

4. Libertad de pensamiento, de conciencia y de religión

223.Las libertades de pensamiento, de conciencia y de religión, son gradualmente ejercitadas en la vida cotidiana y se generan en la interacción familiar y social, por lo que están en riesgo permanente de vulneración cuando las personas adultas, particularmente padres de familia y maestros, no consideran a los niños y adolescentes capaces de tomar sus propias opciones ni los reconocen portadores de estas libertades y de los derechos que implican.

224.Con relación a estas libertades, el Proyecto educativo Avelino Siñani y Elizardo Pérez propone:

Desarrollar una educación laica y pluralista que respete las creencias, la espiritualidad de las naciones indígenas originarias, afrobolivianas y de la nación boliviana como base del derecho individual y comunitario;

Desarrollar una educación que permita el conocimiento de historias, fenómenos religiosos nacionales y universales, la espiritualidad de las naciones indígenas originarias y afrobolivianas;

Desarrollar la sabiduría y lengua propias de las naciones indígenas originarias, y promover la interrelación y convivencia en igualdad de oportunidades a través de la valoración y respeto recíprocos entre las culturas del país y del mundo, en el marco intracultural e intercultural plurilingüe.

5. Libertad de asociación y de celebrar reuniones pacíficas

225.El ejercicio de estos derechos está garantizado por la Convención y por el Código, aunque por las características de las relaciones de poder en diferentes ámbitos, tiene muchos obstáculos en la realidad cotidiana. Sin embargo, un ejemplo del ejercicio de la libertad de asociación y reunión pacífica es el de diversas asociaciones de niños y adolescentes, principalmente trabajadores. Estas libertades están asociadas con derechos específicos tales como el derecho al tiempo libre y a la inclusión.

226.En la práctica es muy frecuente que autoridades, instituciones y personas en general tengan actitudes que estigmatizan y discriminan a los adolescentes y jóvenes, calificándolos de "pandilleros" y asociándolos con actividades delincuenciales. Sin embargo, son las conductas de doble moral de los adultos y la publicidad consumista que provocan situaciones de infracción, que amenazan la seguridad ciudadana y que muchas veces son atribuidas a los adolescentes.

227.Para cambiar estas representaciones sociales negativas, el Estado, la sociedad civil y los propios niños, niñas y adolescentes desarrollan experiencias de promoción y fortalecimiento organizativo y cuyo resultado es la demanda cada vez mayor de oportunidades y espacios de participación protagónica.

6. Acceso a la información pertinente

228.Las limitaciones en el ejercicio de este derecho están dadas esencialmente en la comunicación social; en la medida en que son empresas privadas, las propietarias de los medios y difícilmente renuncian a la publicidad lucrativa o sensacionalista, contraria al sentido educativo que se espera de la comunicación. No obstante, hay acciones de instituciones privadas que buscan cambiar esta situación, mediante la sensibilización y formación de los comunicadores sociales.

7. Derecho a no ser sometido a torturas ni a otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes

229.El ejercicio de este derecho, que forma parte de los derechos civiles, se encuentra establecido en la legislación boliviana.

230.El Código del Niño, Niña y Adolescente establece como deber de todos los bolivianos velar por la dignidad de los niños y adolescentes, poniéndolos a salvo de la violencia, del trato inhumano y represivo, en cualquiera de sus ámbitos vitales: familia, escuela, trabajo y otros; y denunciar ante las autoridades respectivas la sospecha o confirmación de las diferentes formas de maltrato.

231.Los casos de malos tratos deben ser obligatoriamente denunciados ante las defensorías de la niñez y adolescencia, el ministerio público u otra autoridad competente de la niñez y la familia, quienes deberán tomar medidas pertinentes y elevar la denuncia ante el juez de la niñez y adolescencia, en el término de 24 horas.

232.El Código Penal ha tipificado como delitos las lesiones leves, graves y gravísimas, la lesión seguida de muerte y las vejaciones y torturas. Este último delito es frecuentemente denunciado por niños, niñas o adolescentes que viven en la calle sin que se conozca de sanciones aplicadas a los autores.

233.En consideración a que las diferentes formas de maltrato, particularmente el castigo físico, suelen ser justificadas con argumentos "educativos" y "disciplinarios" y tomando en cuenta las consecuencias psíquicas en la vida de niños, niñas y adolescentes, las instituciones de protección, públicas y privadas, desarrollan procesos de formación y socialización de la cultura del buen trato.

234.Un reconocimiento importante del derecho a no ser sometido a tortura o tratos crueles, está consignado en la nueva Constitución política del Estado que en su capítulo 2 Derechos fundamentalísimos, artículo 15 señala: "Toda persona tiene derecho a la vida y a la integridad física, psicológica y sexual. Nadie será torturado, ni sufrirá tratos crueles, inhumanos, degradantes o humillantes...".

F. Entorno familiar y otro tipo de tutela

235.Según el artículo 27 del Código, todo niño, niña y adolescente tiene derecho a desarrollarse y educarse en un ambiente de afecto y seguridad en su familia de origen y, excepcionalmente, en una familia sustituta que le asegure la convivencia familiar y comunitaria. También tiene derecho a no ser separado de su familia, salvo circunstancias especiales definidas por este Código y determinadas por el juez de la niñez y adolescencia, previo proceso y con la exclusiva finalidad de protegerlo.

1 . Responsabilidad de los padres

236.El Código de Familia y el Código del Niño, Niña y Adolescente establecen las obligaciones que tienen los padres de garantizar el sustento, guarda, protección y educación de sus hijos.

237.Al respecto es necesario puntualizar que los padres de familia, para cumplir estas obligaciones, dependen inevitablemente de las condiciones económicas en las que viven. A falta de apoyo a la familia, muchas veces transfieren sus responsabilidades a instituciones o a sus hijos que se ven obligados a generar ingresos y contribuir al mantenimiento familiar.

238.El asesoramiento familiar preventivo todavía no es una práctica común, siendo más frecuente la intervención institucional y profesional -por ejemplo de las defensorías de la niñez y adolescencia- al suscitarse conflictos por el incumplimiento de las responsabilidades de los padres, que afectan el bienestar de los hijos/hijas. Sin embargo cada vez hay más conciencia de la importancia de apoyar y fortalecer a la familia, para mejorar la calidad de vida de sus miembros en general y de los niños y adolescentes en particular.

2. Separación de los padres

239.El Código reconoce el derecho del niño a no ser separado de sus padres, salvo en situaciones extremas. En este último caso se procura su integración a una familia sustituta, siendo la internación la última opción a ser considerada.

240.En aplicación de esta disposición, cuando ambos padres se encuentran privados de libertad, los niños menores de 6 años permanecen junto a la madre en el recinto penitenciario; los hijos mayores deben ser tutelados por la familia extendida; en caso de no tener esta posibilidad, se dispone se proceda a albergarlos en entidades de acogimiento o familias sustitutas, mientras los padres cumplan su sentencia, manteniendo las relaciones filiales.

241.No obstante estas regulaciones legales, en la actualidad 730 niños, niñas y adolescentes se encuentran viviendo con sus padres en los penales del país. Esta situación, varias veces observada y debatida, no es de fácil solución, no sólo por la inexistencia de alternativas sino también por el respeto a los derechos de padres e hijos, aun reconociendo que el ámbito carcelario no es el mejor para el desarrollo de los niños, esta deficiencia se compensa al no haber ruptura de los vínculos familiares.

242.En caso de separación de los padres, la Constitución establece en el artículo 196 que "la situación de los hijos se definirá teniendo en cuenta el mejor cuidado e interés moral y material de éstos...". El Código de Familia establece que el padre o madre alejado del hijo por separación conyugal, tiene derecho a mantener la relación filial y supervisar la educación del hijo; el niño, niña o adolescente, en esta situación, debe emitir su opinión, que debe ser escuchada y respetada por ser un sujeto de derechos, capaz de optar y decidir sobre su futuro, sin embargo el juez debe evaluar si la opinión es libre de influencias.

3. Reunificación de la familia

243.Si bien, como se señaló al responder las observaciones del Comité, aún no existen mecanismos específicos para la atención especial a los niños separados de sus familias, en condición de refugiados, esta situación ha sido resuelta aplicándose normas internas y los principios de la no devolución, el reasentamiento y la reunificación familiar.

244.En consideración de las corrientes migratorias actuales, que separan a padres, madres e hijos que salen del país en busca de trabajo, son graves las consecuencias tanto para los hijos que se quedan como para lo que viajan y muchas veces son repatriados. En estos casos la reunificación familiar debe hacerse norma extensiva en términos de protección y de seguridad para las familias bolivianas que emigran.

4. N iños privados de su medio familiar

245.Los niños, niñas y adolescentes se ven privados de su medio familiar por lo general porque son huérfanos, abandonados o separados de sus padres por descuido o maltrato. Están también aquellos que han tenido conflicto con la ley.

246.El Código garantiza protección a los niños privados de su medio familiar, temporal o permanentemente, a través de la "familia sustituta" (art. 37), que es la que, no siendo la de origen, acoge en su seno a un niño, niña o adolescente, asumiendo la responsabilidad que corresponde a la familia biológica y, por tanto, obligándose a su cuidado, protección y asistencia material y moral.

247.Los servicios departamentales de gestión social están llamados a hacer el registro, seguimiento y acreditación de las entidades públicas y privadas de atención a la niñez y a la adolescencia (art. 180). En cuanto a las defensorías, éstas deben "conocer la situación de niños, niñas y adolescentes que se encuentren en instituciones públicas o privadas e impulsar las acciones administrativas que fueren necesarias para la defensa de sus derechos" (art. 196, inciso 5).

248.Sin embargo ambas entidades cumplen parcialmente sus funciones, debido deficiencias organizativas y de recursos.

5. Adopción

249.Para la restitución del ejercicio del derecho a la familia está vigente la institución legal de la adopción a la que pueden acceder los niños, niñas y adolescentes de 0 a 18 años. Es concedida por el juez de la niñez y adolescencia mediante sentencia y en función del interés superior del adoptado, siendo irrevocable, confiriendo los mimos derechos y deberes de los hijos nacidos de unión matrimonial.

250.La adopción debe ser prioritariamente nacional y excepcionalmente internacional; en ambos casos deben cumplirse los requisitos y procedimientos estipulados por ley, los que en el caso de las adopciones internacionales están en el marco del Convenio de La Haya relativo a la protección del niño y la cooperación en materia de adopción internacional.

251.El Viceministerio de Género y Asuntos Generacionales, tiene como objetivo primario promocionar la adopción nacional, para garantizar de esta manera la permanencia de nuestros niños en Bolivia, para este fin ha planificado seminarios regionales para validar sus iniciativas con instituciones y con actores sociales implicados en la temática de adopciones.

252.Se ha instituido un sistema informático para la acreditación de los organismos que intermedian adopciones internacionales y para el seguimiento posadoptivo (SASPA).

253.Asimismo se elaboró una propuesta de manual de funciones y procedimientos que establece las normas procedimentales a aplicarse en los trámites administrativos de adopción restitución de niños, niñas y adolescentes, trata y tráfico, haciendo efectivo el interés superior del niño.

6. T raslados y retención ilícitos

254.Bolivia forma parte del Convenio Interamericano sobre retención ilícita de niños en el extranjero. En este acuerdo participan la Argentina, el Brasil, el Paraguay, el Uruguay, Bolivia y Chile, países que fueron convocados por el Instituto Interamericano del Niño (IIN).

255.La retención ilícita de un niño, niña o adolescente se da con frecuencia por personas que no tienen parentesco, pero que al tener consentimiento inicial de los padres, les impiden reintegrarse a su familia sometiéndolos con amenazas.

G. Salud básica y bienestar

1. Supervivencia y d esarrollo

256.La supervivencia y el desarrollo infantil están en relación directa con la calidad de vida de la familia y de la población en general, lo que en otras palabras significa su relación con la situación de pobreza que en Bolivia es mayor al promedio latinoamericano del 36%.

257.La pobreza se manifiesta e incide con mayor gravedad en niños, niñas y adolescentes, menores de 18 años. Además de la edad, también tiene mayor impacto en niños que viven en zonas rurales del país; en este sentido, se constituyen en grupos en situación de vulnerabilidad, junto a mujeres e indígenas.

258.El bajo nivel de vida de la población infantil y adolescente se expresa en diferentes grados de desnutrición, especialmente en niños y niñas menores de 5 años que, como antecedente tienen haber nacido con peso bajo debido a una gestación en condiciones de pobreza: familias sin ingresos, madres adolescentes y residentes en regiones deprimidas.

259.La desnutrición en cualquiera de sus niveles -crónica, moderada o severa- inevitablemente afecta el crecimiento y desarrollo integral de niños y niñas, con riesgo inminente desde el inicio de su existencia de enfermar o de morir prematuramente.

260.La causa subyacente de la desnutrición es por una parte la inseguridad alimentaria en el hogar debida especialmente al limitado acceso físico y económico de las familias a los alimentos suficientes y adecuados. Por otra parte, el bajo potencial agrícola del área rural: en el año 2003, un 71% de municipios (222 de 314), tenían muy bajo potencial agrícola, tanto por escasa superficie cultivada como por rendimiento y pérdidas.

261.Esta inaccesibilidad también tiene causas geográficas y culturales, además del entorno macroeconómico adverso y de factores estructurales que agravan la pobreza y por tanto la desnutrición.

262.El problema nutricional de más alta prevalencia es la anemia que afecta a menores de 2 años, así como a mujeres embarazadas y puérperas.

263.Según ENDSA (2003), el 51% de niños de 6 a 59 meses de edad son afectados por anemia. El registro más alto se dio en niños de 6 a 23 meses: 70,7 a 88,7%.

264.La incidencia de la anemia por procedencia es la siguiente: en Potosí 67,6%, en La Paz 60,3%, en Cochabamba 51,6% y en Oruro 50,7%.

265.Como medida urgente se aplicó la suplementación con jarabe de hierro, abarcando apenas el 25% de niños menores de 5 años, quienes recibieron su tercera dosis hasta noviembre de 2006.

Cuadro 5

Cobertura de a dministración de s ulfato f erroso - g estión 2006

(En porcentaje)

Departamento	Cobertura de 90 tabletas de sulfato ferroso en mujeres embarazadas	Cobertura de 90 tabletas de sulfato ferroso en mujeres puérperas	Cobertura de c hispitas n utricionales en niños de 6 a 24 meses	Cobertura de tercera d osis d e sulfato ferroso en niños de 1  a  4 años
Beni	59,87	50,83	65,26	35,61
Chuquisaca	71,69	53,04	84,43	61,75
Cochabamba	32,42	21,85	20,97	17,45
La Paz	58,19	42,76	16,83	23,67
Oruro	5326	36,94	19,84	25,92
Pando	79,60	60,45	112,37	51,87
Potosí	47,98	41,69	30,62	23,46
Santa Cruz	39,52	20,77	44,16	20,53
Tarija	47,19	42,80	35,48	29,83
Total	48,24	34,10	34,73	25,45

Fuente: MSD-SNISS-UN, noviembre de 2006. Programa "Desnutrición cero".

Cuadro 6

Cobertura de a dministración de v itamina A - g estión 2006

(En porcentaje)

Departamento	Cobertura dosis única de vitamina A en niños de 6 a  11 meses	Cobertura de primera dosis de vitamina A en niños de 1 a  4 años	Cobertura de segunda dosis de vitamina A en niños de 1 a  4 años	Cobertura dosis única de vitamina A en puérperas
Beni	135,03	43,61	27,93	59,33
Chuquisaca	135,73	69,82	56,66	49,67
Cochabamba	95,59	35,71	25,78	35,53
La Paz	106,39	45,00	36,00	45,02
Oruro	117,70	40,45	31,83	40,13
Pando	142,91	50,64	40,26	59,43
Potosí	119,48	69,40	42,32	47,28
Santa Cruz	95,06	35,94	26,90	42,76
Tarija	105,33	43,77	34,36	51,27
Total	106,54	44,39	33,05	44,14

Fuente: MSD-SNISS-UN, noviembre de 2006. Programa "Desnutrición cero".

266.Otra medida aplicada por el Ministerio de Salud fue la fortificación con vitamina A del aceite vegetal de consumo general desde el año 2005.

267.Las políticas y estrategias asumidas por el Ministerio de Salud en el Plan sectorial, en relación con niños, niñas y adolescentes se orientan a superar toda forma de exclusión, recuperar la rectoría del sistema y fortalecer las unidades de gestión sectorial y los servicios, así como la promoción de la cultura de salud integral, construyendo modelos locales de desarrollo solidario, inclusivo, productivo, intercultural y coordinado.

268.A este efecto fue elaborado y aprobado el Programa "Desnutrición cero" para erradicar la desnutrición de niños y niñas de Bolivia. Resolución Ministerial Nº 0442 de 18 de junio de 2007.

269.Este programa es parte de las "políticas estratégicas y programáticas del Plan Nacional de Desarrollo y del Plan de Desarrollo Social 2006-2010".

270.El objetivo del Programa es enfrentar decididamente la desnutrición de niños y niñas bolivianos, especialmente en los municipios más vulnerables a la inseguridad alimentaria, relegadas y excluidas en las políticas públicas. Las políticas formuladas al efecto y sus correspondientes estrategias son las siguientes:

P olíticas	E strategias
Sistema Único .Intercultural y comunitario de salud	Modelo integral con enfoque de familia; promoción y prevención según necesidades
Rectoría . Ministerio de Salud y Deportes recupera la conducción, regulación y ejercicio del sistema sanitario general	Fortalecimiento de las unidades sectoriales de gestión y participación coordinada de agentes públicos y privados, actores sociales y comunidad
Movilización social .Participación social y desarrollo de capacidades para la acción y vigilancia en salud	Priorización y revalorización de la salud, para el ejercicio y exigibilidad del derecho a la salud con calidad y equidad así como a la fiscalización de la función pública
Promoción de la salud .Responsabilización del Estado de la calidad de vida de la población promoviendo sus componentes: alimentación, vivienda, recreación, servicios básicos, empleo e ingresos, seguridad social y desarrollo	Coordinación intersectorial para asegurar la práctica y la cultura de la salud integral en el marco de acciones inclusivas
Solidaridad .Alianza para la erradicación de la desnutrición y la violencia generadas en la pobreza y la exclusión	Planes intersectoriales para mejorar el nivel de vida de grupos desprotegidos y excluidos

Coordinación institucional

271.El Programa "Desnutrición cero", iniciativa del Ministerio de Salud, tiene la importancia de ser implementado como política intersectorial del Consejo Nacional de Alimentación y Nutrición (CONAN), encabezado por la Presidencia de la República e integrado por titulares de nueve ministerios: de la Presidencia; Planificación del Desarrollo; Hacienda; Salud y Deportes; Desarrollo Rural, Agropecuario y Medio Ambiente; Educación y Culturas; Producción y Microempresas; del Agua, y de Justicia, además de la sociedad civil.

272.A nivel departamental la responsabilidad técnica del Programa está a cargo del Servicio Departamental de Salud (SEDES).

273.Las actividades operativas en el nivel local se ejecutan en las redes de salud y municipios que involucran a las organizaciones sociales y comunitarias, además del personal de salud, encargado de los tres niveles de atención.

274.Otro aspecto destacable es la priorización espacial orientada por las condiciones de mayor pobreza que se dan en algunas zonas del país y que generan la inseguridad alimentaria.

2. Discapacidad en Bolivia

Legislación

275.Entre las leyes y normas referidas a la discapacidad en Bolivia, se tienen las siguientes:

Ley Nº 8083 de 20 de enero de 1957, creación del Instituto Boliviano de la Ceguera;

Ley Nº 1568, sancionada el 6 de agosto de 1995, creación del Comité Nacional de las Personas con Discapacidad (CONALPEDIS);

Ley Nº 1678 de 15 de diciembre de 1995, Ley de la persona con discapacidad que, en base a la Constitución política del Estado, los reconoce como sujetos de derechos, particularmente a la educación, la atención médica, la rehabilitación y el empleo;

Decreto Supremo Nº 24807 de 4 de agosto de 1997, que dispone el acceso de personas con discapacidad a escuelas fiscales regulares;

Ley Nº 2344 de 26 de abril de 2002, Bolivia ratifica las disposiciones de la Convención Interamericana para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad;

Decreto Supremo Nº 27477 de 7 de enero de 2005, que dispone la incorporación de personas con discapacidad a las fuentes de trabajo, con preferencia e inmovilidad;

Decreto Supremo Nº 28671 de 7 de abril de 2006, que aprueba el Plan Nacional de igualdad y equiparación de oportunidades de las personas con discapacidad (PNIEO).

Oportunidades de formación

276.Cabe mencionar las siguientes iniciativas:

Creación de centros de educación especial en Santa Cruz, Cochabamba, Tarija, Beni, La Paz;

Plan Nacional de estudios para la carrera docente, mediante cursos de capacitación intensiva de seis meses;

Programa de educación a distancia: en Universidad Nacional de España, (UNED) propuesto en 1998, se aprobó en 2001;

Ministerio de Educación y Culturas y la Conferencia Episcopal impulsaron la creación de FEDIA "Escuela de padres", en los centros de educación especial;

Creación del Instituto de Adaptación Infantil (IDAI) en La Paz;

El Instituto Boliviano de Cultura se responsabilizó de la formación pedagógica de padres y hermanos de personas con discapacidad visual.

Servicios ofrecidos

277.Los servicios que se ofrecen en el país son de dos tipos:

Servicios generales para todas las personas con discapacidad, que consisten en medicina general, pediatría, estimulación temprana (0 a 5 años), capacitación laboral, psicología, servicio social, pedagogía e integración educativa;

Servicios específicossegún el tipo de discapacidad, ya sea auditiva, mental, visual, retardo mental, discapacidad múltiple, etc.

278.Rehabilitación basada en la comunidad (RBC) y la familia; en esta modalidad se realizaron tres experiencias emblemáticas (Mesa de trabajo 2005 TDH-Holanda) en las que se compartieron responsabilidades entre la comunidad organizada, la familia, ONG y equipos técnicos:

En Yotala: Sucre-Chuquisaca;

En Aiquile: Consipe-Cochabamba.

279.Además de la organización de grupos comunitarios de apoyo, se procedió a la formación de promotores, el apoyo tecnológico local en la fabricación de muletas y burritos, actividades educativas de sensibilización comunitaria y la iniciación de actividades económicoproductivas. Asimismo se procedió a la incorporación de personas con discapacidad en el sistema regular de educación, habiéndose matriculado de 2.983.768 niños en edad escolar, sólo el 26%, quedando fuera el 74 % (INE, 2002).

280.En Cochabamba, en 130 escuelas primarias fueron recibidos 478 niños y niñas con discapacidad.

Investigación

281.Ante la ausencia de documentos de información sistematizada sobre el estado de situación de las personas con discapacidad (PCD) en Bolivia, el Viceministerio de Educación solicitó la asesoría de JICA para realizar esta tarea básica. La ayuda se concretó mediante una profesional de la especialidad que inició su trabajo en agosto de 2004, recolectando prioritariamente información estadística sobre personas con necesidades educativas especiales (NEE), atendidas en los centros existentes en el país. Los resultados obtenidos mediante cuestionarios y visitas complementarias sirvieron de base para definiciones técnicas y la reclasificación de los problemas de discapacidad, en adecuación a la terminología actual.

282.Con fines estadísticos y de planificación educativa global, se concentraron los datos de discapacidad en cuatro áreas:

Discapacidad intelectual (DI);

Disparidad motora (DM);

Discapacidad auditiva (DA);

Discapacidad visual (DV).

Institucionalidad y coordinación

283.En el proceso de fortalecimiento de las relaciones entre el Estado y la sociedad civil, en materia de discapacidad de niñas y adolescentes se han conformado organizaciones que actualmente trabajan en forma coordinada, entre los que se pueden mencionar los siguientes:

a)1 Comité Nacional de la Persona con Discapacidad (CONALPEDIS);

b)9 Comités Departamentales (CODEPEDIS);

c)20 Unidades Municipales de Discapacidad (UMDIS);

d)3 organizaciones nacionales y 7 departamentales de personas con discapacidad;

e)1 organización de familiares de personas con discapacidad.

H. Educación, esparcimiento y actividades culturales

1. Educación

284.La política educativa implementada en el país a partir de la promulgación de la Ley de reforma educativa (1994) tendió a priorizar la educación primaria, particularmente en la primera fase de su implementación (1995-2003). Sin embargo, el año 2004 la Estrategia de la Educación Boliviana, a través del Plan Operativo Multianual 2004-2015 propone acciones en todos los niveles y modalidades de la educación formal y alternativa.

285.Los servicios de educación se encuentran descentralizados, por lo que los gobiernos municipales están encargados de la infraestructura, equipamiento y mantenimiento de las unidades educativas de su jurisdicción. La administración, supervisión y control de los recursos humanos es tarea de los Servicios Departamentales de Educación (SEDUCA), que cuentan con direcciones distritales que son dependientes de las prefecturas departamentales.

286.La reforma educativa vigente hasta 2006, se proponía una transformación global del sistema educativo nacional, tanto en el área pedagógica -curricular como en la institucional- administrativa, con un enfoque intercultural, bilingüe y creación de una estructura de participación social. El objetivo principal se orientó a mejorar la calidad educativa, promoviendo su adecuación a las necesidades de aprendizaje y desarrollo local. El avance del sector educativo en cuanto a los resultados obtenidos, puede ser evaluado mediante la interpretación de los indicadores educativos que se presentan en anexo.

287.El Ministerio de Educación y Culturas ha desarrollado el Plan Operativo Multianual 2004‑2008 que es el plan estratégico del sector y tiene como objetivos principales mejorar la calidad educativa, fomentar la educación intercultural, mejorar el acceso y permanencia en la escuela para lograr desarrollo humano sostenible, enfatizando el logro de los Objetivos de Desarrollo del Milenio.

288.A partir de 2006, el proceso de cambio que impulsa el sector de educación, en el marco del Plan Nacional de Desarrollo, tiene el siguiente objetivo: transformar la visión, concepción y operacionalización de la educación en los niveles inicial, primario, secundario y técnico en sus modalidades formal y alternativos, de tal manera que se articule lo productivo con el desarrollo sociocomunitario.

289.Una visión de conjunto de la educación en Bolivia pone en evidencia que es uno de los sectores más complejos, con un campo de batalla de concepciones y prácticas modernizantes y conservadoras.

290.En todo caso, esta dinámica tiene la virtud de promover avances especialmente en lo que se refiere a desvirtuar el mito de que la educación es responsabilidad exclusiva de la institución educativa y del maestro. A partir de las reformas educativas, aun antes del proceso de globalización, en Bolivia se promovió la universalización de la educación rural y de la educación primaria.

291.Por otra parte la diversificación de la educación en cuanto a enfoques, modalidades y agencias ha generado el acceso de más instituciones, grupos y personas con preocupaciones comunes a los mecanismos de acción relacionados con la educación y de esta manera se recupera y se concreta el principio de que la educación es de responsabilidad social.

292.El proceso de globalización, si bien subrayó la importancia de mejorar la educación destacando el valor económico del conocimiento y demandando eficacia a las instituciones encargadas de diseminarlo, mantuvo las características de excluir la consideración de la persona como el centro del proceso educativo, en términos de ejercicio de derechos. Esto significa discriminación, exclusión y selectividad en función de una mayor productividad económica, que convierte la educación en la industria del conocimiento. Sin embargo, se reconocen como aportes al desarrollo educativo el uso de la tecnología y la capacidad de aprovechamiento que dependen directamente del nivel de formación de los recursos humanos y del ritmo de expansión de procesos educativos flexibles y orientados por las demandas del contexto social.

293.La globalización también contribuye al desarrollo educativo en lo cuantitativo y cualitativo, mediante la organización de redes, siempre y cuando la expansión simultánea del consumismo no anule los ideales que legitiman los derechos individuales a la educación, a la autonomía y a la diversidad cultural.

294.En el contexto cambiante de los últimos cinco años se generaron una diversidad de experiencias emblemáticas aplicadas especialmente en comunidades rurales: amazónica, andina y chaqueña de Bolivia, con el sistema de mesas de trabajo "Niñez y diversidad cultural", así como también en campañas de alfabetización, equipamiento de unidades educativas y ayudas económicas concretas.

Programa n acional de a lfabetización " Yo sí puedo "

295.Este programa se debe al acuerdo de cooperación con el Gobierno de Cuba, firmado el 30 de diciembre de 2005, con las siguientes características:

a)Propósito:

i)Incorporación a la ciudadanía activa de personas iletradas y físicamente limitadas, mayores de 15 años, que no accedieron al sistema educativo;

b)Logros (1º de marzo a 31 de diciembre de 2006):

i)Puntos de alfabetización: 14.460;

ii)Participantes: 311.477;

iii)Facilitadores: 18.012;

iv)Graduados: 68.677;

v)Coordinación: FFAA, iglesia, ONG y maestros de área rural.

296.Este programa confrontó dificultades de acceso a centros poblados rurales, especialmente por la utilización de la televisión y de vídeo reproductores, actualmente continúa a ritmo acelerado.

Nueva Ley de la e ducación b oliviana

297.Esta ley tiene las siguientes características:

a)Propósito: cambiar las bases de la educación boliviana, para que sea descolonizadora, comunitaria y productiva;

b)Medidas de innovación:

i)Aprendizaje de lenguas: una lengua originaria, el castellano y una lengua extranjera, en escuelas y colegios;

ii)Conformación de "consejos educativos comunitarios" como miembros activos en la gestión educativa: padres de familia, juntas escolares y organizaciones territorialmente constituidas, así como docentes y estudiantes;

iii)Formación del "maestro único" para trabajar en área urbana o rural;

iv)Posgrado a nivel licenciatura en las "Escuelas Superiores de Maestros";

v)Desconcentración de universidades públicas hacia el área rural y centros poblados, según necesidades;

vi)Base curricular común para universidades y colegios públicos y privados.

Medida p reventiva de la deserción escolar

298.Se ha instituido en el país el bono escolar llamado "Juancito Pinto" como una forma de redistribución de los ingresos generados en la nacionalización de los hidrocarburos.

299.Este bono consiste en la entrega directa que hace el Gobierno de 200 bolivianos a las niñas y niños escolarizados de 1º a 5º de primaria, con destino a sus gastos escolares.

300.Los beneficiarios de este reparto en 2006 fueron:

a)En provincias de los nueve departamentos.

Escolares

Santa Cruz	160.052
Cochabamba	149.410
La Paz	135.496
Potosí	88.027
Chuquisaca	55.133
Beni	51.522
Tarija	36.169
Oruro	23.392
Pando	7.001

b)En las capitales (ciudad) de departamento los que reciben el bono.

Escolares

Santa Cruz	142.672
El Alto	102.092
La Paz	66.751
Cochabamba	61.526
Oruro	28.303
Sucre	28.078
Potosí	23.862
Tarija	19.924
Trinidad	13.185
Cobija	3.533
Total	489.926
Total general	1.196.128

301.En el reparto de la gestión en curso (2007) el propósito del Gobierno es abarcar el beneficio a estudiantes de 6º grado de primaria, a los de educación especial y a hijos de jóvenes que cursan las unidades de educación de adultos.

302.Ha comenzado la distribución y se prevé llegar a 1,4 millones de estudiantes, en un total de 13.181 unidades educativas del país, con el propósito de desanimar la deserción escolar (noviembre-diciembre de 2006).

Telecentros e ducativos c omunitarios

303.Esta iniciativa tiene las siguientes características:

a)Propósito: utilización de tecnologías de información y comunicación para mejorar la calidad de los sistemas de enseñanza-aprendizaje, en el área rural y las zonas periurbanas; asimismo facilitar el acceso de las comunidades a los servicios informáticos y telefonía;

b)Logros:

i)Firma de convenios con gobiernos municipales;

ii)Organización y funcionamiento de 250 telecentros educativos comunitarios (diciembre de 2005 a marzo de 2006);

iii)Activación (en diciembre de 2005) de 8 telecentros con equipamiento adecuado;

iv)Distribución de 2.412 computadoras en 30 unidades educativas, así como de 320 en 19 institutos técnicos.

Infraestructura e scolar

304.Esta iniciativa tiene las siguientes características:

a)Propósito: mejorar la infraestructura escolar y recuperar saberes propios de pueblos indígenas y originarios;

b)Logros:

i)Inversión de 10,5 millones de dólares distribuidos en 70 municipios con destino a refacciones, ampliaciones, mobiliario y equipamiento de unidades educativas (2006);

ii)Rescate de saberes como base de los "talleres productivos" para fortalecer el desarrollo socioeconómico familiar y local;

iii)Entrega de tractores en 6 institutos tecnológicos (agropecuario, comunitario y artesanal) para apoyar la educación productiva en el marco de preservación de los recursos naturales.

Formación de maestros

305.Esta iniciativa tiene las siguientes características:

a)Propósito: cualificar la formación superior de bachilleres.

b)Logros: creación del Instituto Normal Superior Tecnológico Humanístico, en El Alto (La Paz) (6 de marzo de 2006). Decreto Supremo Nº 28625.

Educación I ntercultural B ilingüe (EIB)

306.Esta iniciativa tiene las siguientes características:

a)Propósito: desarrollar la educación intercultural bilingüe;

b)Logros: formación de profesores bilingües en seis pueblos indígenas de la Amazonía, para concretar la "Educación Intercultural Bilingüe", en coordinación con municipios, el apoyo del UNICEF y la participación de organizaciones de base.

Capacitación docente y evaluación

307.Según información del Ministerio de Educación en los dos últimos años se ha capacitado a 20.000 maestros, habiéndose otorgado un bono de participación en el programa.

308.De los maestros que trabajan con el nuevo currículo el 57% corresponde al primer ciclo de primaria y el 43% a secundaria. Se ha puesto en marcha un sistema de incentivos para estimular la permanencia de los maestros en áreas rurales.

309.El proceso de evaluación abarca el rendimiento de los alumnos, el desempeño de los profesores y el avance de la propia reforma y del plan estratégico; se halla inserto en los procesos de participación popular y descentralización. Institucionalmente conforman un sistema que en el nivel nacional encabeza el Ministerio de Educación con el apoyo de una instancia de coordinación y vigilancia que es el Consejo Nacional de Educación, y en instancias regionales y locales. A nivel local se encuentran las juntas escolares de núcleo y de distrito, y a nivel departamental los Consejos Departamentales de Educación.

Proyecto en perspectiva

310."Barcos multiservicios educativos" destinados a ofrecer servicios de Internet, biblioteca y laboratorio a estudiantes con residencia en zonas accesibles sólo por vía fluvial, en coordinación con la fuerza naval boliviana.

2. Esparcimiento y actividades culturales

311.En relación con las posibilidades de esparcimiento de niños, niñas y adolescentes, la infraestructura urbana ofrece mayores posibilidades en cuanto se construyen parques y campos deportivos barriales destinados a la niñez, asimismo al interior de las unidades educativas se amplían los espacios destinados a la recreación y el deporte. Las actividades culturales se han democratizado y más allá de los escenarios formales, los grupos artísticos ofrecen espectáculos itinerantes y de acceso comunitario. Sin embargo, no hay normas legales específicas.

I. Medidas especiales de protección

1. Niños en situaciones de excepción

i) Niños refugiados

312.En Bolivia, los casos de refugiados han sido encarados con la aplicación de normas internas, así como de los principios de: la no devolución, el reasentamiento y la unión familiar. En ese sentido se ha otorgado el estatuto de refugiado tanto a los niños y a sus familias.

313.Bolivia se ha adherido a la Convención del Estatuto de Refugiados de 1951 y su Protocolo de 1967, mediante la Ley de la República de fecha 5 de mayo de 1980 con ratificación de ambos instrumentos jurídicos mediante Ley Nº 2071 de 14 de abril de 2000.

314.Mediante Decreto Supremo Nº 19639 de 4 de julio de 1983 se creó la Comisión Nacional del Refugiado (CONARE), que tiene la facultad de recibir solicitudes de refugio, trabajar en el proceso de selección y otorgar o negar la calidad de refugiados.

315.Los instrumentos jurídicos sobre el tema se generan en el trasfondo humanitario del derecho internacional del refugiado para proteger a personas que temen ser perseguidas por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a determinado grupo social, por sus opiniones políticas.

ii) Niños afectados por un conflicto armado

316.En Bolivia no existen situaciones de conflicto armado y para prevenir hechos que afecten la integridad de los niños, recientemente se ha ratificado el Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la participación de niños en los conflictos armados, mediante Ley Nº 2827 de 3 de septiembre de 2004. Para tal efecto se ha otorgado a la Misión Permanente de Bolivia ante las Naciones Unidas en Nueva York los plenos poderes para el consiguiente depósito del instrumento de ratificación. Y conforme al párrafo 2 del artículo 3 del Protocolo Facultativo, en el momento de realizar el depósito se ha instruido acompañar la siguiente declaración:

"Bolivia declara que de acuerdo a su ordenamiento jurídico vigente, la edad mínima establecida para prestar el servicio militar obligatorio en las fuerzas armadas es de 18 años. Con relación al servicio premilitar, se trata de una prestación alternativa y voluntaria dirigida a jóvenes a partir de los 17 años."

2. Adolescentes en conflicto con la ley

317.En virtud de la Convención sobre los Derechos del Niño, el tratamiento de la administración de justicia constituye un capítulo importante. En la legislación interna, el Código expresa en su artículo 213 que el Estado garantiza a todo niño, niña y adolescente el acceso en igualdad de condiciones a las diferentes instancias de la justicia.

318.Es en el conflicto con la ley y en el enfoque con el que se pretende resolver, que se ponen en evidencia tanto las prácticas de protección de derechos como la distorsión de los mismos.

319.Según el Código son los adolescentes de 12 a 18 años de edad, los que al cometer un hecho tipificado como delito en el Código Penal o leyes penales especiales, son pasibles de ser sometidos a la justicia. En el caso de los adolescentes de 12 a 16 años no cumplidos esta conducta es denominada infracción, su responsabilidad es social y son sujetos de medidas socioeducativas dispuesta por el Juez de la Niñez y Adolescencia.

320.Cumplidos los 16 años, hasta los 21 años, son procesados en la justicia ordinaria, su responsabilidad es penal y en caso de ser privados de libertad, cumplen esta sanción en cárceles de adultos. Sin embargo, de acuerdo al Código, deben contar con la protección que dispone esta normativa.

321.Los adolescentes en conflicto con la ley, merecen el reconocimiento y aplicación de su derecho de igualdad ante la ley, en un medio en el que la pobreza y las condiciones socioeconómicas adversas contextualizan su situación y son detonantes de los conflictos en los que se ven involucrados, sin que esto implique omitir sus propias responsabilidades. Asimismo el Código garantiza el debido proceso (art. 214) y el cumplimiento de principios que aseguran la calidad del mismo.

Situación actual

Cuadro 7

Adolescentes y jóvenes varones, menores de 21 años, en conflicto con la ley que se encuentran privados de libertad en los establecimientos penitenciarios

Número	Departamento	Ciudad	Establecimiento	Total de población penitenciaria	Adolescentes y jóvenes menores de 21 años
Número	Porcentaje
1	La Paz	La Paz	San Pedro	1.377	147	11
El Alto	Sana Pedro de Chonchocoro	122	7	6
2	Oruro	Oruro	San Pedro	301	23	8
3	Santa Cruz	Santa Cruz	Centro de Rehabilitación Santa Cruz "Palmasola"	2.237	235	11
4	Pando	Cobija	Villa Busch (Cárcel Modelo)	111	35	32
5	Beni	Trinidad	Mocovi Varones	220	34	16
6	Chuquisaca	Sucre	Son Roque	87	20	23
7	Potosí	Potosí	Cantumarca	168	30	18
8	Tarija	Tarija	Morros Blancos	161	36	22
9	Cochabamba	Cochabamba	San Sebastián	324	28	9
San Antonio	129	18	14
El Abra	308	46	15
Población total y número de adolescentes y jóvenes varones	5.545	659

Fuente: Anuario 2005 de la Policía Nacional. Dirección Nacional de Seguridad Penitenciaria. Citado en la investigación "Hacia una política pública".

Cuadro 8

Adolescentes y jóvenes mujeres, menores de 21 años, en conflicto con la ley que se encuentran privadas de libertad en los establecimientos penitenciarios

Número	Departamento	Ciudad	Establecimiento	Total de población penitenciaria	Adolescentes y jóvenes menores de 21 años
Número	Porcentaje
1	La Paz	La Paz	Centro de Orientación Femenina Obrajes	238	20	8
El Alto	Centro Penitenciario Femenino de Miraflores	59	3	5
2	Oruro	Oruro	San Pedro	24	2	8
3	Santa Cruz	Santa Cruz	Centro de Rehabilitación Santa Cruz "Palmasola"	307	50	16,3
4	Pando	Cobija	Villa Busch	4	1	25
5	Beni	Trinidad	Mocovi	17	1	6
6	Chuquisaca	Sucre	Son Roque	21	1	5
7	Potosí	Potosí	Cantumarca	21	3	14
8	Tarija	Tarija	Morros Blancos	8	0	0
9	Cochabamba	Cochabamba	San Sebastián	115	3	3
Población total y número de adolescentes y jóvenes mujeres	814	84

Fuente: Anuario 2005 de la Policía Nacional, citado en la investigación antes citada.

322.Como se puede observar en los cuadros precedentes, en la práctica persiste la concepción punitivo-represora, además de las limitaciones de orden técnico y de recursos. No otra cosa significa la aplicación frecuente de la medida de privación de libertad, olvidando que ésta debe ser el último recurso.

323.Sin embargo, es importante mencionar que, a pesar de las dificultades señaladas, la temática de la justicia penal juvenil ya es parte de la agenda pública, es motivo de debate y de espacios de capacitación, en la perspectiva de diseñar en el mediano plazo un sistema especializado de justicia penal juvenil, más acorde con las disposiciones de la Convención y del Código.

324.Una muestra del interés y de la decisión de cambio es el proyecto "Centro Qalauma", que comenzó en 2002 a iniciativa del Defensor del Pueblo y del Movimiento Laico para América Latina (MLAL), que se propuso crear un centro especializado para el internamiento de los adolescentes mayores de 16 años que se encuentran en las penitenciarías de la ciudad de La Paz.

325.La concreción de este proyecto empezó a hacerse realidad en 2003, cuando el grupo impulsor recibió la donación de la familia Cruz Baptista de un terreno en la provincia Ingavi del departamento de La Paz, a 30 km de la ciudad, a condición de crear una fuente de trabajo para familias de la comunidad. El MLAL asumió la responsabilidad de la construcción que se inició el 21 de junio de 2004 con un financiamiento de arranque de la Unión Europea. También aportó recursos financieros durante tres años la Conferencia Episcopal de Italia (CEI) debido a gestiones de la diócesis de El Alto.

326.Asimismo se conformó una Mesa de Trabajo en la que participan el Defensor del Pueblo, la Pastoral Penitenciaria, el Grupo Capacitación y Derechos Ciudadanos, Pro Adolescentes Bolivia, Defensa de Niñas y Niños Internacional - Sección Bolivia (DNI), el UNICEF y la Dirección de Régimen Penitenciario. Uno de sus objetivos era concientizar e involucrar a autoridades nacionales y locales en las acciones destinadas a ofrecer alternativas a los adolescentes privados de libertad.

327.En 2006 se firmó un convenio por el que el Estado reconoce el Centro Qalauma y asigna recursos económicos. Por su parte el MLAL organizó un equipo profesional encargado de diseñar el programa de atención y de establecer vinculación con los adolescentes privados de libertad, recluidos en cárceles de La Paz, desarrollando actividades lúdicas y culturales (de 2004 a 2007).

Naturaleza del Centro Qalauma

328.El Centro Qalauma (aymará: piedra y agua) es un espacio destinado a adolescentes y jóvenes en conflicto con la ley, para trabajar con ellos aplicando un modelo de atención responsabilizador y educativo.

329.Es responsabilizador por promover como primera medida de rehabilitación el reconocimiento del acto cometido y la reconciliación con la víctima. Y es educativo para el retorno del adolescente a una vida familiar y social en el marco de legalidad, sin traumas ni represión, con aceptación de las consecuencias de sus actos y con formación técnica para su realización personal, socialmente aceptable y productiva.

330.Es una experiencia emblemática que deberá ser replicada especialmente por su orientación filosófica, por el compromiso de quienes lo impulsan y por responder a una sentida necesidad social. Representa el inicio de una tarea que debe emprenderse en cada departamento por la cantidad de adolescentes que en este momento están recluidos en medios nada propicios para su rehabilitación y reinserción.

3. Niños sometidos a explotación

i) Explotación económica

331.El trabajo de niños, niñas y adolescentes en Bolivia no es un fenómeno reciente; sin embargo, a partir de la década de los ochenta, coincidiendo con la manifestación de la crisis económica que vivió el país, el número de niños trabajadores se incrementó considerablemente, sobre todo en las actividades de servicio y comerciales, desarrolladas en espacios públicos de las ciudades.

332.Para analizar el trabajo infantil, se dispone de información de 2001, según la cual 116.000 niños y niñas de 7 a 13 años declararon desarrollar actividades productivas de bienes y/o servicios y alrededor de 2.500 manifestaron que se hallaban sin empleo y lo estaban buscando. Esta realidad confrontaba la norma que ya en ese momento fijaba la edad mínima de inserción laboral en 14 años. En cuanto a los adolescentes, de un total de 729.000 personas entre 14 y 17 años, el 27% (198.000) realizaban alguna actividad económica.

333.En ambos grupos de edad se evidenciaron diferencias, tales como por ejemplo el tipo de actividad por género. Las niñas y adolescentes mujeres, en el área urbana, se concentraban en el sector de servicios y dedicaban importante parte de su tiempo a la resolución de problemas familiares y la atención doméstica.

334.Los niños y niñas, según este estudio, trabajan en el sector informal por no tener la edad mínima establecida por ley, lo que les pone en situación de vulnerabilidad, dadas las condiciones desfavorables en las que trabajan. Entre las características de su actividad se señalan las siguientes:

a)En su mayoría son víctimas de explotación laboral, maltrato físico y psicológico;

b)El ingreso que obtienen es mínimo por lo que se puede considerar que su actividad es de subsistencia;

c)No tienen acceso a la seguridad social y su jornada laboral sobrepasa el tiempo establecido;

d)Se enfrentan a inestabilidad laboral y no requieren mayor calificación;

e)Muchas veces el trabajo provoca su deserción del sistema educativo y, en aquellos casos en los que pueden asistir a la escuela, su desempeño escolar es bajo;

f)Los niños, niñas y adolescentes trabajadores apoyan de manera significativa la generación de ingresos familiares en pequeñas unidades informales.

335.Otra constatación fue que en el área rural la participación laboral de niños, niñas y adolescentes es mayor que en la zona urbana: 44% del total de niños, niñas y adolescentes trabajan.

Medidas adoptadas

336.Generalmente la participación de niñas, niños y adolescentes en actividades laborales está motivada por las necesidades familiares y en muchos casos es una opción de vida. Esta realidad tiene que ser encarada esencialmente incidiendo en las causas y no simplemente prohibiendo el trabajo como un "delito" que no debe ser cometido.

337.Aunque muy poco se ha hecho en el intento de eliminar las causas del trabajo de los niños, en la última década ante la presión, especialmente de organismos internacionales, se ha comenzado a debatir y buscar consensos para intervenir en esta situación. Con este objetivo es importante el plan que se describe a continuación.

338.Por Resolución Suprema Nº 220849 de 7 de junio de 2001, se aprobó el Plan Nacional de Erradicación Progresiva del Trabajo Infantil. Este plan fue elaborado por una Comisión Interministerial, creada por el Ministerio de Trabajo el 26 de diciembre de 2002, mediante la Resolución Ministerial Nº 597/02. La importancia de este plan está dada en primer lugar por sus lineamientos políticos y las áreas de intervención, así como por la coordinación interinstitucional lograda.

339.Los lineamientos políticos del plan son: el desarrollo institucional; la corresponsabilidad; y la movilización de recursos. Las áreas de intervención seleccionadas responden a necesidades priorizadas:

a)Reducción del trabajo en niños y niñas menores de 14 años;

b)Protección de adolescentes trabajadores mayores de 14 años;

c)Erradicación de las peores formas de trabajo de niños, niñas y adolescentes.

340.Las líneas de intervención abarcan: la promoción, la prevención, la fiscalización y la atención directa.

341.Transcurridos cinco años (medio término) de desarrollo del plan, se hizo una evaluación cuyos resultados fueron informados por líneas de intervención.

342.La promoción se concentró en tres áreas estratégicas: concientización, información y sensibilización. El avance logrado en esta línea de intervención es haber visibilizado, ante la opinión pública, las características negativas del trabajo infantil.

343.En la línea de prevención se ejecutaron acciones relacionadas con la creación de una base de datos de niños, niñas y adolescentes trabajadores en la zafra de caña de azúcar (Santa Cruz - Bolivia) actividad considerada de importancia tomando en cuenta la carencia de datos estadísticos sobre el trabajo infantil en este sector productivo.

344.Con relación a la escolarización, considerada como uno de los objetivos estratégicos de esta línea, se iniciaron acciones para asegurar que niños, niñas y adolescentes trabajadores tengan acceso y permanezcan en el Programa de Educación Juvenil Alternativa (EJA), dependiente del Ministerio de Educación y Culturas.

345.En cuanto al mejoramiento social y laboral de los niños trabajadores, se llevaron a cabo talleres con participación de padres de familia, profesores de las unidades educativas y empleadores. Estas actividades tuvieron el carácter de procesos de sensibilización.

346.La línea de fiscalización fue diseñada con el fin de "revisar, adecuar y compatibilizar" la legislación relacionada con el trabajo infantil; este propósito no se logró y tampoco fueron debidamente aplicados los mecanismos de control y fiscalización.

347.En atención directa, las acciones se vincularon con proyectos ejecutados en el período 2000-2004; los resultados logrados fueron de beneficio formativo para los niños, niñas y adolescentes trabajadores y sus familias, especialmente por la constitución de redes sociales, de programas educativos, iniciativas económicas, servicios de salud y programas de reinserción.

348.Las limitaciones detectadas en este proceso dan cuenta de la magnitud y complejidad del problema, así como de las estrategias para encararlo. Es por esto que no es posible aún identificar el impacto de este programa al cabo de los cinco años de ejecución y es posible que incluso al cabo de diez años el sólo hecho de que cierto número de niños y adolescentes deje de trabajar, tampoco supondrá que su nivel de vida ha mejorado, en tanto no se modifiquen las condiciones estructurales que los obligan a subsistir por sus propios medios.

349.Por otra parte la prohibición legal del trabajo infantil, que se concreta mediante acciones de erradicación, no puede afectar el derecho a la vida de niños, niñas y adolescentes, ignorando las causas y motivaciones esenciales que determinan el trabajo prematuro de la niñez y adolescencia. Es por esto que resolver esta problemática significa ofrecer alternativas válidas a la familia y a los niños para evitar el trabajo en condiciones de explotación, en situaciones de riesgo y también de desprotección.

ii) Explotación y abuso sexual

350.La violencia sexual, en sus dimensiones comercial y no comercial, que afecta a niños, niñas y adolescentes, es un problema que no ha podido todavía ser encarado de manera apropiada. Las causas son múltiples y están vinculadas fundamentalmente a las relaciones de poder de género y de generación, a la cultura patriarcal, las representaciones sociales de desvalorización de la niñez y la adolescencia, los patrones de crianza, la violencia intrafamiliar y los conflictos consecuentes; estos factores son agravados por otros de origen estructural.

351.Una investigación realizada en las ciudades de La Paz, El Alto, Cochabamba y Santa Cruz en 2004 comprobó que la violencia sexual comercial tiende a expandirse teniendo como escenarios lenocinios, bares, karaokes e inclusive domicilios particulares. Aproximadamente 1.453 niñas y adolescentes, entre 11 y 17 años, son víctimas de esta forma de explotación y en cifras relativas representan alrededor de 7 por cada 1.000.

352.El incremento de hechos de violencia sexual comercial es explicado por la investigación, como el producto de los siguientes factores concurrentes:

a)El aumento de la demanda de "servicios" sexuales;

b)La situación de pobreza de la familia y la expectativa de obtener buenos ingresos;

c)La desintegración familiar;

d)Las experiencias de abuso sexual a corta edad;

e)La baja autoestima y la falta de oportunidades de realización personal;

f)El engaño, el chantaje, la inducción al consumo de alcohol y otras sustancias, como formas de sometimiento.

353.Ante estas evidencias cada vez más preocupantes y por la asociación de la violencia sexual comercial con la trata y tráfico de personas, se promulgó la Ley Nº 3325, de 18 de enero de 2006, relativa a la trata y tráfico de personas y otros delitos relacionados, para incluir en el Código Penal un capítulo en el que se tipifican estos delitos.

354.En lo que hace específicamente a la violencia sexual comercial, esta norma establece lo siguiente:

a)Artículo 281 bis:

i)La pena privativa de libertad de 8 a 12 años en caso de trata de seres humanos, con fines de explotación sexual comercial: pornografía, pedofilia, turismo sexual, violencia sexual comercial;

ii)La agravación de la pena cuando se trata de un niño, niña o adolescente, el autor sea el padre, madre o tutor, el autor o partícipe fuera parte de una organización criminal y cuando el autor o partícipe sea una autoridad o funcionario público encargado de proteger los derechos de niños, niñas y adolescentes;

b)Artículo 281 quater:

i)Tipifica la pornografía y espectáculos obscenos con niños, niñas o adolescentes y señala como sanción la pena privativa de libertad de tres a seis años;

ii)La agravación de la pena cuando el autor o partícipe sea el padre, madre o tutor;

c)Artículo 321:

i)Sanciona el proxenetismo con la privación de libertad de 2 a 6 años y multa de 30 a 100 días;

ii)Cuando la víctima sea un niño, niña, adolescente o persona con discapacidad la pena se agrava.

355.En cuanto a la violencia sexual no comercial, que asume diferentes expresiones, continua ocurriendo en los ámbitos más cercanos a los niños, niñas y adolescentes como son el hogar, la escuela, la parroquia, los campos deportivos, siendo los agresores personas conocidas y de confianza, incluidos los familiares.

356.Se observa un incremento de la denuncia, sin embargo el procesamiento sigue siendo difícil, unas veces por favorecer al agresor, otras veces por culpar a las víctimas de provocar la situación y por deficiencias en la propia norma y en su aplicación. Sin embargo las reacciones sociales frente a esta problemática son cada vez más efectivas y se expresan en acciones coordinadas entre el Estado y la sociedad civil, tanto para modificar las normas, capacitar a los administradores y operadores de justicia, al personal de las instituciones de atención y protección, como para contribuir a la restauración física y emocional de las víctimas.

357.Dada la complejidad de este problema, las soluciones sólo pueden darse de manera integral y mediante acciones intersectoriales sostenidas.

J. Proyectos en perspectiva

358.Para mejorar las oportunidades de realización de los derechos de niños, niñas y adolescentes, el Ministerio de Justicia, a través del Viceministerio de Género y Asuntos Generacionales (VGAG), en coordinación con el UNICEF y otros organizamos de cooperación, ha establecido una agenda de trabajo con los siguientes programas:

a)Programa Nacional cero niños, niñas y adolescentes en situación de calle;

b)Programa Nacional con niños y niñas con padres privados de libertad;

c)Programa Nacional de desarrollo integral Infantil de 0 a 6 años;

d)Programa Nacional con niños, niñas y adolescentes institucionalizados;

e)Programa Nacional contra la violencia sexual comercial y abuso sexual de niños, niñas y adolescentes;

f)Programa Nacional de erradicación progresiva de las peores formas de trabajo infantil y explotación laboral;

g)Programa Nacional de atención de los derechos de los adolescentes en conflicto con la ley;

h)Programa Nacional contra la trata y tráfico de niños, niñas y adolescentes;

i)Programa Nacional de atención a niños, niñas y adolescentes con discapacidad;

j)Diagnóstico de niños, niñas y adolescentes que viven en la calle;

k)Estudio de las practicas de justicia comunitaria, en relación con los derechos del niño, niña y adolescente;

l)Elaboración del Plan Nacional de la Niñez y Adolescencia.

ANEXOS

Anexo I

AMÉRICA LATINA: EVOLUCIÓN DEL ÍNDICE DE DESARROLLO HUMANO (1975-2000)

Clasificación según el Índice de desarrollo humano	1975	1980	1985	1990	1995	2000
Alto desarrollo humano
7	Estados Unidos de América	0,864	0,883	0,896	0,911	0,923	0,937
27	Barbados	0,802	0,823	0,835	0,849	0,855	0,888
34	Argentina	0,784	0,797	0,804	0,807	0,829	0,849
40	Uruguay	0,756	0,775	0,779	0,799	0,814	0,834
42	Costa Rica	0,749	0,774	0,776	0,794	0,815	0,832
43	Chile	0,700	0,735	0,752	0,780	0,811	0,831
49	Bahamas	-	-	-	-	-	0,812
51	Saint Kitts y Nevis	-	-	-	-	-	0,808
52	Cuba	-	-	-	-	-	0,806
54	Trinidad y Tabago	-	-	-	0,806	0,774	0,804
55	México	0,733	0,765	0,784	0,787	0,788	0,802
		0,684	0,729	0,748	0,757	0,771	0,800
Desarrollo humano medio
56	Antigua y Barbuda	-	-	-	-	-	0,798
59	Panamá	0,710	0,729	0,744	0,745	0,768	0,788
64	Colombia	0,667	0,696	0,711	0,731	0,758	0,779
65	Brasil	0,643	0,678	0,691	0,712	0,738	0,777
67	Belice	-	0,709	0,717	0,749	0,768	0,776
68	Dominica	-	-	-	-	-	0,776
69	Venezuela	0,715	0,729	0,737	0,755	0,765	0,775
71	Santa Lucía	-	-	-	-	-	0,775
77	Suriname	-	-	-	-	-	0,762
78	Jamaica	0,690	0,693	0,695	0,723	0,736	0,757
80	San Vicente y las Granadinas	-	-	-	-	-	0,755
82	Perú	0,639	0,668	0,691	0,702	0,729	0,752
84	Paraguay	0,674	0,708	0,714	0,726	0,744	0,751
92	Guyana	0,686	0,689	0,680	0,687	0,711	0,740
93	Granada	-	-	-	-	-	0,738
94	República Dominicana	0,625	0,654	0,675	0,683	0,703	0,737
97	Ecuador	0,627	0,672	0,694	0,704	0,720	0,731
105	El Salvador	0,595	0,595	0,614	0,653	0,692	0,719
114	Bolivia	0,511	0,546	0,573	0,598	0,631	0,672
115	Honduras	0,522	0,571	0,603	0,626	0,648	0,667
119	Guatemala	0,514	0,551	0,563	0,587	0,617	0,652
121	Nicaragua	-	-	-	-	-	0,643
122	Santo Tomé y Príncipe	-	-	-	-	-	0,639
Desarrollo humano bajo
146	Haití	-	0,446	0,461	0,457	0,456	0,467

Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE), Informe sobre Desarrollo Humano, 2001, Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo.

Nota: Los valores del índice de desarrollo humano facilitados en este cuadro se han obtenido a partir de una metodología y una serie de datos coherentes, por lo que no pueden compararse estrictamente con los proporcionados en anteriores informes sobre desarrollo humano.

Anexo II

BOLIVIA: TASA DE CRECIMIENTO DEL PIB EN TÉRMINOS REALES

(En porcentaje)

	1999	2000	2001	2002	2003	2004*	2005*	2006*
Tasa de crecimiento del PIB en términos reales	0,4	2,5	1,7	2,5	2,9	3,92	4,06	4,63

Fuente: UDAPE con base en INE.

* Preliminar.

Anexo III

BOLIVIA: INDICADORES DE POBREZA MODERADA, SEGÚN ÁREA GEOGRÁFICA (1999-2005)

Indicadores	Unidad de medida	1999	2000	2001	2002	2003 (p) 1	2005 (p)
Bolivia
Incidencia de pobreza	Porcentaje	63,47	66,38	63,12	63,33	63,15	59,63
Brecha de pobreza	Porcentaje	35,99	40,16	34,55	34,88	31,11	33,30
Intensidad de pobreza	Porcentaje	25,62	29,81	23,88	24,24	19,79	23,36
Población total	Personas	n.d.	8.274.803	8.248.404	8.547.091	8.729.976	9.366.312
Población pobre	Personas	n.d.	5.492.814	5.206.393	5.412.566	5.512.721	5.584.772
Área Urbana
Incidencia de pobreza	Porcentaje	51,36	54,47	54,28	53,91	54,41	48,18
Brecha de pobreza	Porcentaje	22,19	25,40	24,60	23,81	22,20	20,25
Intensidad de pobreza	Porcentaje	12,75	15,36	14,65	13,76	11,97	11,14
Población total	Personas	n.d.	5.268.526	3.099.633	5.330.045	5.606.907	6.001.837
Población pobre	Personas	n.d.	2.869.766	1.682.481	2.873.265	3.050.749	2.891.635
Área Rural
Incidencia de pobreza	Porcentaje	84,00	87,02	77,69	78,80	77,67	80,05
Brecha de pobreza	Porcentaje	59,37	65,39	50,95	53,08	45,94	56,58
Intensidad de pobreza	Porcentaje	47,43	54,62	39,10	41,44	32,79	45,16
Población total	Personas	n.d.	3.006.277	5.148.771	3.217.046	3.123.069	3.364.475
Población pobre	Personas	n.d.	2.616.062	4.000.080	2.535.037	2.425.724	2.693.137

Fuente: INE.

Nota: Corresponde a indicadores obtenidos por el método de línea de pobreza.

(p): Preliminar.

1 Todos los indicadores están calculados con ingresos.

Anexo IV

BOLIVIA: INDICADORES DE POBREZA EXTREMA, SEGÚN ÁREA GEOGRÁFICA (1999-2005)

Indicadores	Unidad de medida	1999	2000	2001	2002	2003 (p) 1	2005 (p)
Bolivia
Incidencia de pobreza extrema	Porcentaje	40,7	45,2	38,8	39,5	34,5	36,69
Población total	Personas	8.000.798	8.274.803	8.248.404	8.547.091	8.729.976	9.366.312
Población en pobreza extrema	Personas	3.259.525	3.297.508	3.054.884	3.124.064	3.462.536	5.497.130
Área Urbana
Incidencia de pobreza extrema	Porcentaje	23,5	27,9	26,2	25,7	22,9	20,48
Población total	Personas	5.035.535	5.268.526	3.099.633	5.330.045	5.606.907	6.001.837
Población en pobreza extrema	Personas	1.183.854	1.497.125	1.335.210	1.357.177	1.631.796	2.686.068
Área Rural
Incidencia de pobreza extrema	Porcentaje	69,9	75,0	59,7	62,3	53,7	65,62
Población total	Personas	2.965.263	3.006.277	5.148.771	3.217.046	3.123.069	3.364.475
Población en pobreza extrema	Personas	2.073.905	1.800.383	1.719.674	1.766.887	1.830.740	2.811.062

Fuente: INE.

Nota: Corresponde a indicadores obtenidos por el método de línea de pobreza.

( p ) : Preliminar .

1 Todos los indicadores están calculados con ingresos.

Anexo V

BOLIVIA: INCIDENCIA DE POBREZA MODERADA POR AÑO, SEGÚN REGIÓN Y TRAMOS DE EDAD

Región	Grupos de edad	2000	2001	2002	2005 *	2006 *
Altiplano	0 a 5 años	82,5	73,1	76,2	70,7	76,0
6 a 13 años	78,9	76,0	75,0	71,9	76,9
14 a 18 años	70,6	68,1	72,2	67,6	72,5
Mayores a 18 años	64,3	60,6	61,3	57,8	58,7
Total Altiplano	64,3	66,4	67,7	63,5	66,1
Valle	0 a 5 años	79,6	78,2	77,6	76,1	71,5
6 a 13 años	78,7	74,8	77,7	74,8	75,2
14 a 18 años	67,7	63,2	72,6	65,8	65,8
Mayores a 18 años	63,5	57,3	61,3	57,6	57,0
Total Valle	63,5	64,9	68,6	64,9	64,1
Llano	0 a 5 años	66,8	66,8	63,9	67,0	59,6
6 a 13 años	65,7	66,5	63,6	64,2	59,8
14 a 18 años	60,2	57,7	49,7	55,1	46,5
Mayores a 18 años	47,6	48,5	45,7	43,7	39,8
Total Llano	47,6	56,7	53,1	52,6	47,8
Total Bolivia	0 a 5 años	77,0	72,6	72,5	71,2	69,2
6 a 13 años	75,2	72,7	72,1	70,3	71,0
14 a 18 años	66,6	63,7	64,5	63,2	62,7
Mayores a 18 años	59,7	56,2	56,5	53,5	52,5
Total Bolivia	66,4	63,1	63,3	60,6	59,9

Fuente: UDAPE con base en Encuestas de Hogares (INE).

* Preliminar.

Anexo VI

BOLIVIA: INDICADORES SOCIALES (2007)

A. Salud

Indicador	Porcentaje	Fecha de referencia
Tasa de prevalencia de diarrea en menores de 5 años	22,40	2003
Tasa de prevalencia de infecciones respiratorias en menores de 5 años	22,20	2003
Prevalencia de desnutrición en menores de 5 años	7,50	2003
Cobertura de primera dosis antipoliomielítica en menores de 3 años	93,50	2003
Cobertura de tercera dosis de DPT en menores de 3 años	71,50	2003
Cobertura de cuarto control prenatal	57,90	1998-2003
Cobertura de control prenatal antes del cuarto mes	51,40	1998-2003
Cobertura de control prenatal después del cuarto mes	27,40	1998-2003
Cobertura de parto institucional	57,10	1998-2003

Fuente: INE, Encuesta Nacional de Demografía y Salud (ENDSA), 2003.

B. Educación

Indicador	Dato	Unidad	Fecha de referencia	Fuente
Tasa de analfabetismo (para la población de 15 o más años)	13,28	Porcentaje	2001	INE Censo - 2001
Área urbana	6,44	Porcentaje	2001	INE Censo - 2002
Área rural	25,77	Porcentaje	2001	INE Censo - 2003
Promedio de escolaridad (de la población de 19 o más años)	7,43	Porcentaje	2001	INE Censo - 2004
Área urbana	9,23	Porcentaje	2001	INE Censo - 2005
Área rural	4,19	Porcentaje	2001	INE Censo - 2006
Tasa de asistencia (de la población de 6 a 19 años)	79,71	Porcentaje	2001	INE Censo - 2007
Área urbana	82,68	Porcentaje	2001	INE Censo - 2008
Área rural	74,73	Porcentaje	2001	INE Censo - 2009
Cobertura bruta de matriculación	81,23	Porcentaje	2003	Ministerio de Educación, Sistema de Información de Educación
Cobertura bruta de matriculación en el nivel inicial	44,57	Porcentaje	2003	Ministerio de Educación, Sistema de Información de Educación
Cobertura bruta de matriculación en el nivel primario	99,37	Porcentaje	2003	Ministerio de Educación, Sistema de Información de Educación
Cobertura bruta de matriculación en el nivel secundario	61,70	Porcentaje	2003	Ministerio de Educación, Sistema de Información de Educación
Tasa de efectivos	94,18	Porcentaje	2003	Ministerio de Educación, Sistema de Información de Educación
Tasa de efectivos en el nivel inicial	94,35	Porcentaje	2003	Ministerio de Educación, Sistema de Información de Educación
Tasa de efectivos en el nivel primario	95,00	Porcentaje	2003	Ministerio de Educación, Sistema de Información de Educación
Tasa de efectivos en el nivel secundario	91,10	Porcentaje	2003	Ministerio de Educación, Sistema de Información de Educación
Tasa de promoción	90,76	Porcentaje	2003	Ministerio de Educación, Sistema de Información de Educación
Tasa de promoción en el nivel inicial	94,35	Porcentaje	2003	Ministerio de Educación, Sistema de Información de Educación
Tasa de promoción en el nivel primario	92,53	Porcentaje	2003	Ministerio de Educación, Sistema de Información de Educación
Tasa de promoción en el nivel secundario	82,72	Porcentaje	2003	Ministerio de Educación, Sistema de Información de Educación
Tasa de reprobación	3,43	Porcentaje	2003	Ministerio de Educación, Sistema de Información de Educación
Tasa de reprobación en el nivel primario	2,47	Porcentaje	2003	Ministerio de Educación, Sistema de Información de Educación
Tasa de reprobación en el nivel secundario	8,38	Porcentaje	2003	Ministerio de Educación, Sistema de Información de Educación
Tasa de abandono	5,84	Porcentaje	2003	Ministerio de Educación, Sistema de Información de Educación
Tasa de abandono en el nivel inicial	5,67	Porcentaje	2003	Ministerio de Educación, Sistema de Información de Educación
Tasa de abandono en el nivel primario	5,00	Porcentaje	2003	Ministerio de Educación, Sistema de Información de Educación
Tasa de abandono en el nivel secundario	8,90	Porcentaje	2003	Ministerio de Educación, Sistema de Información de Educación
Relación alumno/docente	25,09	Alumnos por docente	2003	Ministerio de Educación, Sistema de Información de Educación
Relación alumno/docente en el nivel inicial	46,74	Alumnos por docente	2003	Ministerio de Educación, Sistema de Información de Educación
Relación alumno/docente en el nivel primario	23,19	Alumnos por docente	2003	Ministerio de Educación, Sistema de Información de Educación
Relación alumno/docente en el nivel secundario	27,93	Alumnos por docente	2003	Ministerio de Educación, Sistema de Información de Educación

C. Servicios básicos en la vivienda de los hogares

Indicador	Porcentaje
Hogares en viviendas con energía eléctrica	64,92
Área urbana	88,56
Área rural	23,87
Hogares en viviendas que procede el agua por cañería de red	65,11
Área urbana	86,49
Área rural	27,97
Hogares en viviendas con desagüe a alcantarillado	31,43
Área urbana	48,36
Área rural	2,05

Fuente: INE, Encuesta continua de hogares 2003-2004.

Fecha de referencia: 2003 (datos preliminares).

D. Trabajo e ingresos (área urbana)

Indicador	Dato	Unidad
Índice de carga económica	65,47	Porcentaje
Tasa de oferta potencial	74,09	Porcentaje
Tasa de ocupación	54,89	Porcentaje
Tasa bruta de participación	44,77	Porcentaje
Tasa de cesantía	6,66	Porcentaje
Tasa de dependencia	1,46	Porcentaje
Tasa de desempleo abierto	9,17	Porcentaje
Tasa global de ocupación	90,83	Porcentaje
Tasa global de participación	60,43	Porcentaje
Promedio de horas trabajadas	45,92	Horas promedio por semana
Ingreso laboral promedio	913,18	Bolivianos por mes

Fuente: INE, Encuesta continua de hogares 2003-2004.

Fecha de referencia: 2003 (datos preliminares).

E. Pobreza (indicadores medidos solo con ingresos)

Indicador	Porcentaje
Incidencia de pobreza	67,30
Área urbana	60,51
Área rural	79,51
Brecha de pobreza	33,42
Área urbana	26,00
Área rural	46,74
Intensidad de pobreza	20,76
Área urbana	14,64
Área rural	31,75

Fuente: INE, Encuesta continua de hogares 2003-2004.

Fecha de referencia: 2003 (datos preliminares).

Anexo VII

BOLIVIA: GASTO PÚBLICO

A. Gasto público del sector público no financiero

(En millones de dólares)

	2001	2002	2003	2004	2005
Gasto público no social	1.697,3	1.439,0	1.414,8	1.554,0	1.766,3
Servicios públicos generales	420,7	495,5	460,7	496,9	566,6
Defensa	162,3	148,2	149,9	145,9	144,5
Orden público y seguridad	181,8	179,3	179,8	180,2	190,6
Asuntos económicos	876,1	556,7	571,7	678,5	812,7
Protección del medio ambiente	39,0	36,1	39,2	32,0	33,7
Actividades de cultura y religión	17,4	23,3	13,6	20,5	18,3
Gasto público social	1.389,4	1.386,4	1.408,4	1.472,3	1.603,8
Salud	253,7	238,7	261,5	247,9	345,6
Educación	491,1	513,8	542,9	576,6	597,3
Vivienda y servicios básicos	143,6	131,5	137,0	149,4	170,1
Protección social	479,5	483,6	448,9	464,1	463,0
Otros programas sociales	21,5	18,7	18,1	34,2	27,8
Gasto público social para la niñez y adolescencia	485,4	495,1	543,7	611,5	633,7
Salud	95,2	85,1	100,3	105,1	135,3
Educación	301,8	322,2	353,1	392,7	405,8
Vivienda y servicios básicos	46,0	52,0	54,0	59,9	53,5
Protección social	25,1	20,3	21,1	23,0	16,7
Otros programas sociales	17,2	15,5	15,2	30,7	22,5
Gasto público total	3.086,7	2.825,5	2.823,2	3.026,3	3.370,2

Fuente: UDAPE, elaborado con base en información de la Dirección General de Contaduría (DGC).

En porcentaje del gasto público del sector público no financiero

	2001	2002	2003	2004	2005
Gasto público no social	55,0	50,9	50,1	51,4	52,4
Servicios públicos generales	13,6	17,5	16,3	16,4	16,8
Defensa	5,3	5,2	5,3	4,8	4,3
Orden público y seguridad	5,9	6,3	6,4	6,0	5,7
Asuntos económicos	28,4	19,7	20,2	22,4	24,1
Protección del medio ambiente	1,3	1,3	1,4	1,1	1,0
Actividades de cultura y religión	0,6	0,8	0,5	0,7	0,5
Gasto público social	45,0	49,1	49,9	48,6	47,6
Salud	8,2	8,4	9,3	8,2	10,3
Educación	15,9	18,2	19,2	19,1	17,7
Vivienda y servicios básicos	4,7	4,7	4,9	4,9	5,0
Protección social	15,5	17,1	15,9	15,3	13,7
Otros programas sociales	0,7	0,7	0,6	1,1	0,8
Gasto público social para la niñez y adolescencia	15,7	17,5	19,3	20,2	18,8
Salud	3,1	3,0	3,6	3,5	4,0
Educación	9,8	11,4	12,5	13,0	12,0
Vivienda y servicios básicos	1,5	1,8	1,9	2,0	1,6
Protección social	0,8	0,7	0,7	0,8	0,5
Otros programas sociales	0,6	0,5	0,5	1,0	0,7
Gasto público total	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Fuente: UDAPE, elaborado con base en información de la DGC.

En porcentaje del gasto público social

	2001	2002	2003	2004	2005
Gasto público social	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Salud	18,3	17,2	18,6	16,8	21,6
Educación	35,3	37,1	38,5	39,2	37,2
Vivienda y servicios básicos	10,3	9,5	9,7	10,2	10,6
Protección social	34,5	34,9	31,9	31,5	28,9
Otros programas sociales	1,5	1,4	1,3	2,3	1,7
Gasto público social para la niñez y adolescencia	34,9	35,7	38,6	41,5	39,5
Salud	6,9	6,1	7,1	7,1	8,4
Educación	21,7	23,2	25,1	26,7	25,3
Vivienda y servicios básicos	3,3	3,7	3,8	4,1	3,3
Protección social	1,8	1,5	1,5	1,6	1,0
Otros programas sociales	1,2	1,1	1,1	2,1	1,4

Fuente: UDAPE, elaborado con base en información de la DGC.

En porcentaje respecto al PIB

	2001	2002	2003	2004	2005
Gasto público no social	20,8	17,8	17,7	17,9	18,9
Servicios públicos generales	5,1	6,1	5,8	5,7	6,1
Defensa	2,0	1,8	1,9	1,7	1,5
Orden público y seguridad	2,2	2,2	2,2	2,1	2,0
Asuntos económicos	10,7	6,9	7,1	7,8	8,7
Protección del medio ambiente	0,5	0,4	0,5	0,4	0,4
Actividades de cultura y religión	0,2	0,3	0,2	0,2	0,2
Gasto público social	17,0	17,2	17,6	17,0	17,2
Salud	3,1	3,0	3,3	2,9	3,7
Educación	6,0	6,4	6,8	6,6	6,4
Vivienda y servicios básicos	1,8	1,6	1,7	1,7	1,8
Protección social	5,9	6,0	5,6	5,4	5,0
Otros programas sociales	0,3	0,2	0,2	0,4	0,3
Gasto público social para la niñez y adolescencia	5,9	6,1	6,8	7,1	6,8
Salud	1,2	1,1	1,3	1,2	1,4
Educación	3,7	4,0	4,4	4,5	4,3
Vivienda y servicios básicos	0,6	0,6	0,7	0,7	0,6
Protección social	0,3	0,3	0,3	0,3	0,2
Otros programas sociales	0,2	0,2	0,2	0,4	0,2
Gasto público total	37,8	35,0	35,3	34,9	36,1

Fuente: UDAPE, elaborado con base en información de la DGC.

B. Gasto público según nivel administrativo

Año 2001

(En millones de dólares de los EE.UU.)

	Gobierno general	Empresas nacionales	Total SPNF
Gobierno central	Prefecturas	Municipios	Seguridad Social	Total Gob. general
Administración central	Universidades	Resto Inst. descentralizadas	Total Gob. central
Gasto público no social	774,4	7,2	181,4	963,0	160,9	160,1	0,2	1.284,2	413,1	1.697,3
Servicios públicos generales	300,0	3,4	30,7	334,1	23,2	61,7	0,2	419,2	1,5	420,7
Defensa	161,3		0,9	162,3				162,3		162,3
Orden público y seguridad	179,6		0,4	180,1	0,6	1,1		181,8		181,8
Asuntos económicos	109,7	2,4	147,7	259,7	132,0	74,5		466,2	409,9	876,1
Protección del medio ambiente	19,8	0,1	1,3	21,2	4,2	13,5		38,9	0,1	39,0
Actividades de cultura y religión	4,0	1,3	0,4	5,7	0,8	9,3		15,8	1,6	17,4
Gasto público social	517,1	144,7	5,9	667,8	384,5	178,4	141,4	1.372,0	17,4	1.389,4
Salud	33,3	3,8	0,9	38,0	63,7	18,8	133,2	253,7	0,1	253,7
Educación	47,5	134,8	0,0	182,3	265,5	43,3		491,1	0,0	491,1
Vivienda y servicios básicos	16,7	0,0	0,5	17,2	17,7	91,2	0,4	126,5	17,1	143,6
Protección social	416,0	6,1	4,5	426,6	32,6	12,3	7,7	479,2	0,2	479,5
Otros programas sociales	3,6	0,1	0,0	3,6	5,1	12,8		21,5	0,0	21,5
Gasto público social para la niñez y adolescencia	39,1	0,6	0,2	40,0	309,2	78,0	41,0	468,2	17,2	485,4
Salud	10,8	0,0		10,8	34,2	9,7	40,5	95,2		95,2
Educación	21,4			21,4	242,6	37,7		301,8		301,8
Vivienda y servicios básicos	0,1		0,0	0,1	13,1	15,8		29,0	17,0	46,0
Protección social	5,9	0,6	0,2	6,7	15,1	2,7	0,5	25,0	0,2	25,1
Otros programas sociales	0,9	0,1	0,0	1,0	4,1	12,1		17,2	0,0	17,2
Gasto público total	1.291,5	151,9	187,3	1.630,7	545,4	338,5	141,5	2.656,2	430,6	3.086,7

Fuente: UDAPE, elaborado con base en información de la DGC.

Año 2002

(En millones de dólares de los EE.UU.)

	Gobierno general	Empresas nacionales	Total SPNF
Gobierno central	Prefecturas	Municipios	Seguridad social	Total Gob. general
Administración central	Universidades	Resto Inst. descentralizadas	Total Gob. central
Gasto público no social	801,6	1,8	235,1	1.038,4	134,4	137,1	0,1	1.310,1	129,0	1.439,0
Servicios públicos generales	388,8	0,8	33,0	422,6	19,2	52,7	0,1	494,6	0,9	495,5
Defensa	147,8		0,3	148,2		0,0		148,2		148,2
Orden público y seguridad	176,8		0,2	177,0	0,4	1,9		179,3		179,3
Asuntos económicos	55,4	0,2	199,4	255,0	111,1	65,6		431,7	125,0	556,7
Protección del medio ambiente	21,0		1,4	22,4	3,1	9,2		34,7	1,4	36,1
Actividades de cultura y religión	11,8	0,8	0,6	13,3	0,7	7,6		21,6	1,7	23,3
Gasto público social	498,8	149,7	9,8	658,3	388,2	169,6	141,7	1.357,8	28,6	1.386,4
Salud	33,7	1,5	2,1	37,3	60,9	19,5	121,1	238,7	0,0	238,7
Educación	39,5	142,3	0,0	181,8	279,8	52,2		513,8	0,0	513,8
Vivienda y servicios básicos	18,5		0,8	19,3	13,7	74,4	0,2	107,7	23,9	131,5
Protección social	404,1	5,8	7,0	416,9	29,5	12,1	20,4	478,9	4,7	483,6
Otros programas sociales	2,9	0,0	0,0	3,0	4,3	11,5	0,0	18,7		18,7
Gasto público social para la niñez y adolescencia	32,8	0,5	0,2	33,5	314,5	90,1	33,0	471,1	24,0	495,1
Salud	10,4	0,0		10,4	32,7	9,6	32,5	85,1		85,1
Educación	17,8			17,8	256,8	47,6		322,2		322,2
Vivienda y servicios básicos	0,4		0,0	0,4	8,5	19,2		28,1	23,9	52,0
Protección social	3,4	0,5	0,2	4,1	12,8	2,7	0,4	20,2	0,1	20,3
Otros programas sociales	0,8	0,0	0,0	0,8	3,8	10,9	0,0	15,5		15,5
Gasto público total	1.300,4	151,4	244,9	1.696,7	522,6	306,7	141,9	2.667,9	157,6	2.825,5

Fuente: UDAPE, elaborado con base en información de la DGC.

Año 2003

(En millones de dólares de los EE.UU.)

	Gobierno general	Empresas nacionales	Total SPNF
Gobierno central	Prefecturas	Municipios	Seguridad social	Total Gob. general
Administración central	Universidades	Resto Inst. descentralizadas	Total Gob. central
Gasto público no social	761,6	7,3	257,4	1.026,2	96,1	151,2	0,3	1.273,9	140,9	1.414,8
Servicios públicos generales	345,4	2,4	33,2	381,0	21,6	57,0	0,3	460,0	0,8	460,7
Defensa	149,7			149,7	0,0	0,2		149,9		149,9
Orden público y seguridad	175,9		0,4	176,3	1,0	2,5		179,8		179,8
Asuntos económicos	70,0	3,7	221,0	294,7	67,0	71,8		433,4	138,2	571,7
Protección del medio ambiente	19,2		2,2	21,4	5,7	11,3		38,4	0,8	39,2
Actividades de cultura y religión	1,4	1,2	0,6	3,2	0,7	8,5	0,0	12,4	1,2	13,6
Gasto público social	470,4	152,7	8,5	631,5	413,6	210,7	126,5	1.382,4	26,0	1.408,4
Salud	36,0	3,2	2,6	41,7	63,7	37,6	118,5	261,5	0,0	261,5
Educación	25,3	142,7	0,0	168,0	315,7	59,2		542,9		542,9
Vivienda y servicios básicos	16,9	0,0	0,2	17,1	7,5	89,5	0,3	114,4	22,6	137,0
Protección social	390,8	6,7	5,3	402,8	24,4	10,5	7,7	445,4	3,4	448,9
Otros programas sociales	1,4	0,1	0,4	1,9	2,3	14,0	0,0	18,1		18,1
Gasto público social para la niñez y adolescencia	25,2	0,7	0,2	26,1	345,7	112,1	37,1	521,0	22,7	543,7
Salud	11,0	0,0		11,0	34,8	17,7	36,7	100,3		100,3
Educación	9,8			9,8	292,3	51,0		353,1		353,1
Vivienda y servicios básicos	0,1	0,0		0,1	5,1	26,2		31,4	22,5	54,0
Protección social	3,9	0,5	0,2	4,7	11,7	4,3	0,4	21,0	0,2	21,1
Otros programas sociales	0,4	0,1		0,5	1,7	12,9	0,0	15,2		15,2
Gasto público total	1.231,9	160,0	265,9	1.657,8	509,7	362,0	126,8	2.656,3	167,0	2.823,2

Fuente: UDAPE, elaborado con base en información de la DGC.

Año 2004

(En millones de dólares de los EE.UU.)

	Gobierno general	Empresas nacionales	Total SPNF
Gobierno central	Prefecturas	Municipios	Seguridad social	Total Gob. general
Administración central	Universidades	Resto Inst. descentralizadas	Total Gob. central
Gasto público no social	805,7	8,2	306,1	1.120,0	119,5	183,7	0,1	1.423,2	130,8	1.554,0
Servicios públicos generales	371,9	3,2	33,3	408,5	23,5	64,0	0,1	496,0	0,9	496,9
Defensa	145,9			145,9				145,9		145,9
Orden público y seguridad	175,1		1,3	176,4	1,2	2,6		180,2		180,2
Asuntos económicos	93,8	3,6	266,7	364,1	87,7	99,3		551,0	127,5	678,5
Protección del medio ambiente	12,3		4,1	16,4	6,5	7,9		30,8	1,2	32,0
Actividades de cultura y religión	6,7	1,5	0,7	8,8	0,6	9,9	0,0	19,4	1,2	20,5
Gasto público social	494,8	147,9	5,5	648,2	453,1	260,1	89,1	1.450,5	21,8	1.472,3
Salud	33,5	3,0	2,3	38,8	68,3	54,2	86,6	247,9	0,0	247,9
Educación	29,9	138,0	0,0	167,8	349,4	59,4		576,6		576,6
Vivienda y servicios básicos	14,1	0,0	0,8	15,0	8,1	105,6	0,4	129,1	20,3	149,4
Protección social	414,2	6,1	2,4	422,7	25,1	12,7	2,0	462,6	1,5	464,1
Otros programas sociales	3,2	0,7		3,9	2,2	28,1		34,2		34,2
Gasto público social para la niñez y adolescencia	33,0	1,3	0,2	34,5	376,7	153,5	26,5	591,3	20,2	611,5
Salud	12,9	0,1		13,0	35,9	29,9	26,3	105,1		105,1
Educación	12,9			12,9	322,6	57,2		392,7		392,7
Vivienda y servicios básicos	0,5			0,5	5,2	34,2		39,9	20,0	59,9
Protección social	5,0	0,5	0,2	5,7	11,3	5,6	0,2	22,8	0,1	23,0
Otros programas sociales	1,7	0,7		2,4	1,8	26,6		30,7		30,7
Gasto público total	1.300,5	156,1	311,6	1.768,2	572,6	443,7	89,1	2.873,7	152,6	3.026,3

Fuente: UDAPE, elaborado con base en información de la DGC.

Año 2005

(En millones de dólares de los EE.UU.)

	Gobierno general	Empresas nacionales	Total SPNF
Gobierno central	Prefecturas	Municipios	Seguridad social	Total Gob. general
Administración central	Universidades	Resto Inst. descentralizadas	Total Gob. central
Gasto público no social	942,9	8,6	337,7	1.289,3	157,2	176,0	0,4	1.622,8	143,5	1.766,3
Servicios públicos generales	433,0	1,8	38,4	473,2	25,6	66,1	0,1	565,1	1,5	566,6
Defensa	144,5			144,5		0,0		144,5		144,5
Orden público y seguridad	181,9	0,5	2,3	184,7	1,3	4,1	0,2	190,3	0,4	190,6
Asuntos económicos	168,3	4,6	294,4	467,3	121,3	86,0		674,6	138,1	812,7
Protección del medio ambiente	13,0		1,9	14,9	8,3	8,7		31,9	1,7	33,7
Actividades de cultura y religión	2,1	1,8	0,6	4,6	0,8	11,1		16,5	1,8	18,3
Gasto público social	525,4	157,9	11,1	694,4	498,5	254,9	147,4	1.595,1	8,7	1.603,8
Salud	50,7	4,0	2,5	57,3	99,9	45,4	143,1	345,6	0,0	345,6
Educación	26,5	146,0	3,3	175,8	364,4	57,1		597,3	0,0	597,3
Vivienda y servicios básicos	28,6	0,3	0,5	29,3	8,5	122,3	1,7	161,7	8,4	170,1
Protección social	416,5	7,5	2,7	426,7	22,3	11,1	2,6	462,6	0,3	463,0
Otros programas sociales	3,1	0,1	2,0	5,3	3,5	19,0	0,0	27,8		27,8
Gasto público social para la niñez y adolescencia	37,3	0,7	2,0	40,0	405,9	137,7	41,6	625,3	8,5	633,7
Salud	18,2	0,1	0,0	18,2	51,0	24,8	41,2	135,3		135,3
Educación	15,6			15,6	339,1	51,0		405,8		405,8
Vivienda y servicios básicos	0,6		0,1	0,8	5,0	39,5		45,2	8,3	53,5
Protección social	2,8	0,5	0,2	3,5	7,8	4,9	0,3	16,6	0,1	16,7
Otros programas sociales	0,1	0,1	1,7	1,9	3,0	17,6	0,0	22,5		22,5
Gasto público total	1.468,3	166,6	348,7	1.983,6	655,7	430,9	147,8	3.217,9	152,2	3.370,2

Fuente: UDAPE, elaborado con base en información de la DGC.

C. Gasto público social para la niñez y adolescencia

	2001	2002	2003	2004	2005
Gasto público social para la niñez y adolescencia	485,4	495,1	543,7	611,5	633,7
Salud	95,2	85,1	100,3	105,1	135,3
Atención primaria de salud y prevención	21,7	20,4	28,8	43,0	43,1
Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI)	6,6	6,4	3,6	7,7	10,3
Hospitales materno infantiles	1,5	0,5	1,8	10,4	1,4
Postas de salud	0,4	0,8	1,4	1,5	2,0
Centros de salud	0,7	1,7	1,8	4,3	3,4
Brigadas móviles	0,0	0,2	0,1	0,0	3,0
Seguros de atención básica (SBS-SUMI )	7,2	6,5	12,1	13,3	17,7
Reforma de salud	4,4	4,0	7,5	5,3	5,0
Otros programas para la niñez	0,9	0,3	0,4	0,3	0,5
Atención integral de salud	73,6	64,8	71,5	62,1	92,1
Sistema público de cajas de salud	40,5	32,5	36,7	26,3	41,2
Sistema de salud pública	33,0	32,2	34,7	35,8	50,9
Educación	301,8	322,2	353,1	392,7	405,8
Enseñanza pre escolar	12,1	11,6	14,8	15,6	14,8
Enseñanza primaria	204,4	220,4	244,9	269,1	277,4
Enseñanza secundaria	45,1	51,9	64,6	73,6	74,9
Servicios auxiliares de educación	20,9	22,5	14,4	17,8	24,0
Desayuno escolar	19,3	15,8	14,4	16,5	14,6
Vivienda y Servicios Básicos	46,0	52,0	54,0	59,9	53,5
Abastecimiento de agua	20,6	27,5	27,2	38,2	22,6
Alcantarillado (ordenamiento de aguas residuales)	25,0	24,2	26,4	21,2	29,8
Baños y letrinas	0,3	0,2	0,4	0,5	1,1
Protección Social	25,1	20,3	21,1	23,0	16,7
Familia e hijos	9,7	11,2	10,8	10,6	10,4
Asignaciones familiares	9,6	10,7	10,5	10,4	10,2
Hogares	0,1	0,5	0,3	0,1	0,1
Exclusión social	0,2	0,2	0,1	0,3	0,4
PAN y programas de nutrición	14,0	8,1	8,7	9,9	4,1
Protección a la niñez y familia	0,7	0,7	1,1	1,6	1,2
Maltrato y violencia	0,0	0,1	0,1	0,4	0,1
Certificados de nacimiento	0,0	0,0	0,1	0,2	0,0
Defensorías de la niñez y adolescencia	0,7	0,6	0,9	1,0	1,2
Incentivo a la demanda educativa	0,4	0,0	0,4	0,5	0,5
Bono Esperanza			0,4	0,4	0,5
Bono Juancito Pinto
Otros incentivos	0,4	0,0	0,0	0,1	0,0
Protección social sin discriminar	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1
Otros Programas Sociales	17,2	15,5	15,2	30,7	22,5
Servicios recreativos y deportivos	17,2	15,5	15,2	30,7	22,5

Fuente: UDAPE, elaborado con base en información de la DGC.

D. Apoyo internacional al gasto social

(En dólares de los EE.UU.)

	2001	2002	2003	2004	2005
Organismos multilaterales	65.619.891,3	53.049.707,6	50.692.793,4	73.275.573,8	72.834.428,6
Banco Interamericano de Desarrollo (BID)	26.203.740,9	25.236.059,2	18.102.146,2	20.395.442,7	26.508.768,3
Banco Muñida (BM)	20.779.126,2	18.095.097,7	21.381.611,7	24.177.620,6	14.859.071,1
Programa Mundial de Alimentos	10.830.596,1	5.463.232,8	3.588.239,6	3.192.820,9	3.044.363,4
Unión Europea	348.853,2	696.737,2	1.055.032,3	6.269.470,2	12.405.025,5
Corporación Andina de Fomento	307.989,1	-	3.649.803,6	12.223.596,6	7.369.510,4
Otros organismos multilaterales	7.149.585,9	3.558.580,7	2.915.960,0	7.016.622,7	8.647.689,8
Organismos bilaterales	41.290.461,3	45.758.907,0	29.133.741,1	39.458.668,9	23.382.411,2
Alemania	10.876.443,6	9.484.972,8	6.100.731,1	3.348.066,2	1.216.278,9
Japón	5.593.049,7	9.874.259,3	3.885.544,6	3.263.379,7	3.323.893,3
Holanda	4.605.642,6	9.001.000,1	7.584.500,7	4.472.008,2	7.980.772,7
Estados Unidos	6.591.891,6	6.705.912,8	2.829.999,6	7.891.564,3	2.943.428,1
España	6.780.403,4	3.493.090,7	886.033,6	6.389.051,1	601.976,0
Dinamarca	2.823.390,4	2.150.247,3	2.672.476,8	3.670.295,3	2.226.047,0
Otros organismos bilaterales	4.019.640,0	5.049.424,0	5.174.454,6	10.424.304,2	5.090.015,2
Otros organismos financiadores externos	9.625.362,9	2.992.791,1	10.392.616,4	13.946.408,6	4.349.786,8
Total	116.535.715,6	101.801.405,6	90.219.150,9	126.680.651,3	100.566.626,7

Fuente: UDAPE, elaborado con base en información de la DGC.

Nota: Estos recursos corresponden al gasto ejecutado en el sector público no financiero (SPNF).

E. Apoyo internacional al gasto social para la niñez y adolescencia

(En dólares de los EE.UU.)

	2001	2002	2003	2004	2005
Organismos multilaterales	28.922.058,1	18.732.631,5	24.925.533,2	47.458.705,7	45.786.811,5
Banco Mundial	10.971.669,5	8.226.503,8	12.587.184,9	17.256.819,8	11.173.239,9
Banco Interamericano de Desarrollo	11.412.305,2	7.966.910,3	6.307.121,4	10.455.416,2	14.296.337,4
Corporación Andina de Fomento	7.431,2	-	3.637.899,2	11.551.173,4	7.325.661,7
Unión Europea	94.194,1	363.545,9	312.972,4	5.364.196,9	10.850.902,9
Programa Mundial de Alimentos	4.262.170,8	1.404.852,4	1.291.708,6	901.260,0	55.748,1
Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia	1.324.935,5	594.870,0	591.224,9	1.004.741,9	1.537.479,2
Otros organismos multilaterales	849.351,8	175.949,1	197.421,9	925.097,5	547.442,2
Organismos bilaterales	20.630.898,9	20.753.823,8	11.413.572,8	14.710.299,2	14.553.436,8
Alemania	9.300.903,0	6.844.768,9	4.694.828,5	1.561.971,8	886.768,1
Japón	5.246.558,2	6.064.923,6	1.163.168,0	971.861,5	2.114.168,9
Holanda	996.106,5	3.831.242,4	1.333.186,3	1.404.926,8	7.234.247,1
España	3.483.018,2	1.549.404,7	153.417,4	876.459,4	484.032,3
Italia	370.128,8	45.844,8	1.289.941,2	5.624.762,6	45.148,9
Suecia	101.941,6	212.472,8	873.851,6	1.229.165,9	920.181,8
Otros organismos bilaterales	1.132.242,5	2.205.166,7	1.905.179,7	3.041.151,3	2.868.889,7
Otros organismos financiadores externos	6.673.942,1	849.332,8	4.407.453,3	10.534.476,7	2.393.155,0
Total	56.226.899,1	40.335.788,2	40.746.559,2	72.703.481,6	62.733.403,3

Fuente: UDAPE, elaborado con base en información de la DGC.

Nota: Estos recursos corresponden al gasto ejecutado en el sector público no financiero (SPNF).

F. Apoyo internacional a Bolivia

(En dólares de los EE.UU.)

Detalle	2001	2002	2003	2004	2005
Total apoyo internacional	324.997.045,2	367.898.399,3	355.881.487,1	460.860.756,0	428.572.605,4
Total apoyo internacional para gasto social	116.535.715,6	101.801.405,6	90.219.150,9	126.680.651,3	100.566.626,7
Total apoyo internacional para gasto social niñez	56.226.899,1	40.335.788,2	40.746.559,2	72.703.481,6	62.733.403,3

Fuente: UDAPE, elaborado con base en información de la DGC.

Nota: Estos recursos corresponden al gasto ejecutado en el sector público no financiero (SPNF).

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