Comité de Derechos Humanos

Examen de los informes presentados por los Estados partes en virtud del artículo 40 del Pacto con arreglo al procedimiento facultativo de presentación de informes

Informes iniciales que los Estados partes debían presentar en 2010

República Democrática Popular Lao * **

[Fecha de recepción: 24 de marzo de 2017]

Introducción

1.El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos fue firmado y ratificado por la República Democrática Popular Lao el 7 de diciembre de 2000 y el 25 de septiembre de 2009, respectivamente, y entró en vigor para el país el 25 de diciembre de 2009. En el momento de la ratificación, la República Democrática Popular Lao formuló declaraciones en relación con el artículo 1 sobre el derecho a la libre determinación y el artículo 18 sobre el derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión. La República Democrática Popular Lao también formuló una reserva al artículo 22 sobre el derecho a fundar asociaciones y sindicatos. La República Democrática Popular Lao es parte en siete de los nueve convenios fundamentales de derechos humanos de las Naciones Unidas y es signataria de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas.

Proceso de preparación y redacción

2.El presente informe nacional, presentado de conformidad con el artículo 40 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, se ha preparado y redactado de conformidad con las directrices del Comité de Derechos Humanos contenidas en el documento CCPR/C/2009/1, de 22 de noviembre de 2010. El Ministerio de Relaciones Exteriores ha desempeñado un papel fundamental en la preparación de este informe en colaboración y consulta con los ministerios y organizaciones competentes y otras partes interesadas en la recopilación de datos e información. La redacción de este informe se realizó bajo la supervisión del Comité Directivo Nacional sobre Derechos Humanos. El Equipo Técnico de Redacción estuvo integrado por representantes de los ministerios competentes u organizaciones equivalentes a estos, la Asamblea Nacional, el poder judicial, el Frente Lao de Construcción Nacional y las organizaciones de masas. El presente informe se presenta al Comité de Derechos Humanos juntamente con el documento básico común. La información y las estadísticas que se presentan en este informe fueron proporcionadas por el Centro Nacional de Estadística y otras instituciones interesadas durante el período 2009-2016.

3.La Constitución de la República Democrática Popular Lao fue aprobada en 1991 y reformada en 2003 y 2015 a fin de atender las necesidades de desarrollo socioeconómico del país. Hasta el presente, la Asamblea Nacional ha aprobado más de 100 leyes para aplicar las disposiciones de la Constitución. Además, a fin de aplicar la Constitución, el Gobierno ha promulgado numerosos reglamentos y leyes, incluidas las relacionadas con la promoción y protección de los derechos y libertades fundamentales de los ciudadanos lao en virtud del capítulo IV de la Constitución, de conformidad con las obligaciones y compromisos internacionales de la República Democrática Popular Lao en materia de derechos humanos, incluido el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

Aplicación de los derechos enunciados en el Pacto

Artículo 1Derecho a la libre determinación

El derecho a la libre determinación del pueblo lao multiétnico se reconoce como sigue:

4.Como miembro de las Naciones Unidas, la República Democrática Popular Lao reconoce plenamente el derecho a la libre determinación de conformidad con los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas. Este derecho, como se especifica en el artículo 1 del Pacto y el artículo 1 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, es un derecho colectivo de un pueblo a la libertad y a la independencia nacional de antiguas y nuevas formas de colonización, a determinar su destino político y a perseguir su desarrollo económico y social sin injerencia externa.

5.La Constitución define el derecho a la libre determinación; en particular, el último párrafo del Preámbulo de la Constitución estipula que “la presente Constitución es fruto del proceso de deliberaciones y contribuciones de las personas de todo el país. Refleja las aspiraciones tradicionales y la fuerte determinación de la comunidad nacional de esforzarse colectivamente para alcanzar el objetivo de hacer de la República Democrática Popular Lao un país de paz, independencia, democracia, unidad y prosperidad”.

6.La República Democrática Popular Lao formuló una declaración en relación con el artículo 1 del Pacto en la que afirmó que la libre determinación se ha de interpretar en consonancia con la Declaración sobre los Principios de Derecho Internacional Referentes a las Relaciones de Amistad y a la Cooperación entre los Estados de 1970. El propósito de la declaración formulada es interpretar el significado de “pueblo” en la República Democrática Popular Lao del siguiente modo: el pueblo de la República Democrática Popular Lao está integrado por todos los grupos étnicos dentro de la jurisdicción de la República Democrática Popular Lao como Estado soberano e independiente, sin discriminación basada en el origen étnico, la religión o la raza. El ejercicio del derecho a la libre determinación no afectará a la unidad política y la integridad territorial de la República Democrática Popular Lao de conformidad con la Declaración de 1970.

7.La República Democrática Popular Lao consta de 49 grupos étnicos que conviven en paz y armonía en todo el país. El Gobierno lao no clasifica a ningún grupo étnico como minoría o mayoría étnica independientemente de las distintas dimensiones de su población. Los grupos étnicos tienen iguales derechos y deberes. El artículo 1 de la Constitución estipula que la República Democrática Popular Lao es un país independiente con soberanía e integridad territorial respecto de sus aguas territoriales y su espacio aéreo; es un país único e indivisible que pertenece a todos los grupos étnicos. En su artículo 2, la Constitución dispone que el Estado de la República Democrática Popular Lao es un Estado democrático popular; todos los poderes pertenecen al pueblo y son ejercidos por el pueblo y en interés de la población multiétnica de todos los estratos sociales, cuya base es la alianza entre los trabajadores, los agricultores y los intelectuales. El artículo 3 de la Constitución prevé que el derecho del pueblo multiétnico a ser dueño de la nación se ejerce y garantiza mediante el funcionamiento del sistema político, cuyo núcleo dirigente es el Partido Revolucionario del Pueblo Lao. El artículo 4 de la Constitución estipula que el pueblo elige a sus representantes a la Asamblea Nacional y las asambleas provinciales a fin de velar por que se garanticen sus derechos e intereses.

8.La Constitución garantiza la igualdad y el derecho de la población lao a ser dueña del país, como se establece en el artículo 3, y el Estado protege los derechos de propiedad, como los derechos de posesión, uso, usufructo y disposición y los derechos de herencia de organizaciones y personas, conforme a lo dispuesto en el artículo 17. El artículo 3 de la Ley de Tierras dispone que la tierra y los recursos naturales son propiedad de toda la comunidad nacional y el Estado se encarga de la gestión centralizada y uniforme, la protección, la asignación y el uso de la tierra en todo el país de conformidad con las leyes. El Decreto sobre la Aplicación de la Ley de Tierras, en su artículo 26, estipula que los derechos consuetudinarios de uso de la tierra consisten en la protección y utilización de la tierra mediante la limpieza y el desarrollo de la parcela ocupada, o asignada con arreglo al plan de asignación de tierras del Estado, de forma regular, sostenida y a largo plazo y con continuidad en el presente sin que existan documentos que certifiquen los derechos de uso comunitario de la tierra por parte de las personas, organizaciones o aldeas. Conforme a la Ley de Tierras, el Estado reconoce el derecho consuetudinario de uso de la tierra que asiste a las personas, organizaciones o aldeas mediante la expedición de un certificado de prospección topográfica o un título de propiedad o certificado de tenencia de tierras según cada caso particular, previa solicitud de registro de la tierra en cuestión a la Autoridad de Gestión de Tierras. Entre 2011 y 2015, el Gobierno aprobó el registro permanente de 344.399 parcelas en todo el país, o aproximadamente el 25,33% del millón de parcelas proyectadas, y finalizó la base de datos sobre el registro de tierras, que abarca 1,6 millones de parcelas con una superficie total de 4,5 millones de hectáreas.

9.La República Democrática Popular Lao aplica una política de protección de los recursos naturales, considerados propiedad de toda la comunidad nacional. El artículo 19 de la Constitución estipula que todas las organizaciones y los ciudadanos deben proteger y preservar la diversidad biológica y utilizar los recursos naturales de manera sostenible. El Gobierno ha promulgado y modificado una serie de leyes y reglamentos con respecto a los recursos naturales y la ordenación del medio ambiente, en particular la Ley sobre Protección del Medio Ambiente. El artículo 13 de esta Ley prevé la protección del medio ambiente, el control de la contaminación, en particular la contaminación química, la eliminación de desechos, la certificación y aprobación en materia ambiental y la promoción de la protección del medio ambiente, así como de la participación de la población en esas actividades. El artículo 53 de esa Ley establece que las personas, entidades jurídicas y organizaciones que se dedican a la explotación, el transporte, el almacenamiento, la producción y el uso de recursos naturales deberán cumplir estrictamente la Ley de Promoción de Inversiones y otras leyes y reglamentos pertinentes. La Ley del Agua y los Recursos Hídricos, en su artículo 28, establece que cuando sea necesario sacar a personas de un emplazamiento o de una zona de desarrollo de fuentes hídricas, la entidad responsable de la ejecución del proyecto debe ayudar a encontrar una residencia y los medios de vida apropiados. Por otra parte, el Gobierno también ha modificado el Decreto sobre la Gestión del Agua y los Recursos Hídricos de 2001, las Directrices del Ministro de Recursos Naturales y Medio Ambiente de 2013 sobre la Participación Pública en la Evaluación del Impacto Ambiental de la Inversión, el Decreto sobre la Evaluación del Impacto Ambiental y Social, el Decreto sobre la Indemnización y la Reubicación de las Personas y las Directrices sobre el Proceso de Evaluación Ambiental, Social y Natural de los Efectos de la Inversión y Otras Actividades de 2013, y el Decreto sobre Indemnización y Reasentamiento de las Personas Afectadas por Proyectos de Desarrollo de 2016. En la práctica, antes de la construcción de grandes proyectos de desarrollo, el Ministerio de Recursos Naturales y Medio Ambiente tiene la responsabilidad de proporcionar instrucciones técnicas a los promotores de los proyectos sobre el proceso de observación y evaluación de los efectos ambientales y sociales y sobre la celebración de consultas con la participación de las personas afectadas por el proyecto a fin de que estén informadas y expresen su opinión sobre el proyecto en curso de ejecución. El promotor del proyecto debe asumir plenamente la responsabilidad de completar el proceso de evaluación de los efectos ambientales y sociales y obtener el certificado de inocuidad ambiental y la aprobación del Ministerio de Recursos Naturales y Medio Ambiente antes de iniciar la ejecución del proyecto propuesto.

Artículo 2Obligaciones jurídicas de los Estados partes

10.La República Democrática Popular Lao respeta los principios de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados de 1969, en la que la República Democrática Popular Lao es parte desde 1998. La Orden Presidencial de la República Democrática Popular Lao sobre la Celebración, Firma y Aplicación de Tratados de 2009, en su artículo 2, dispone que la República Democrática Popular Lao se compromete a aplicar los instrumentos en los que el país es parte. El artículo 35 de esa Orden prevé que la aplicación de los tratados consiste en la transposición de las disposiciones de los tratados en políticas y leyes nacionales acordes con el objetivo de cada tratado. La aplicación nacional de los tratados se realiza mediante la formulación y actualización de las políticas del Estado, la enmienda de las leyes vigentes y la promulgación de nuevas leyes para garantizar la coherencia y el cumplimiento de los tratados en los que la República Democrática Popular Lao es parte. La República Democrática Popular Lao respeta y aplica de buena fe los tratados en los que es parte y pide a los demás Estados partes que cumplan sus obligaciones de la misma forma.

11.La transposición a la legislación nacional de las disposiciones de los tratados en los que la República Democrática Popular Lao es parte es un requisito legal en la República Democrática Popular Lao. Los fallos de los tribunales o las decisiones de las autoridades competentes no deberán entrar en conflicto con los tratados en los que el país es parte. Los artículos 7, párrafo 2 y 9 de la Ley sobre la Elaboración de Instrumentos Jurídicos prevén que la formulación y enmienda de leyes y demás instrumentos jurídicos serán compatibles con los tratados en los que la República Democrática Popular Lao es parte, y si las disposiciones de la legislación existente o de leyes recientemente aprobadas son incompatibles con las disposiciones de los tratados en los que es parte la República Democrática Popular Lao prevalecerán las disposiciones de los tratados y la legislación nacional se modificará a su debido tiempo. El artículo 31 del Decreto Presidencial de 2009 sobre la Celebración, Firma y Aplicación de Tratados incluye una disposición similar según la cual si las disposiciones del derecho interno son diferentes o incompatibles con las disposiciones de un tratado sobre el mismo asunto en que la República Democrática Popular Lao sea parte, estas últimas tendrán prelación sobre el derecho interno.

12.El capítulo IV, artículo 34, de la Constitución prevé que el Estado reconoce, respeta, protege y garantiza los derechos humanos y los derechos fundamentales de los ciudadanos lao de conformidad con la ley. Los artículos 35 a 45 disponen que todos los ciudadanos lao, independientemente de su sexo, condición social, educación, creencias y grupo étnico, son iguales ante la ley; los ciudadanos lao tienen los siguientes derechos: el derecho a votar y a ser elegidos, la igualdad de derechos en las esferas política, económica, cultural y social y en los asuntos de la familia, el derecho a la educación, el derecho al trabajo y a dedicarse a cualquier ocupación que no sea contraria a la ley, el derecho al descanso, a recibir tratamiento médico en caso de enfermedad y a recibir asistencia en caso de incapacidad o discapacidad en la vejez, el derecho a la libertad de circulación y residencia, el derecho a presentar denuncias y quejas y proponer ideas a las organizaciones estatales pertinentes en relación con cuestiones relativas al interés público o a sus propios derechos e intereses, el derecho a la integridad física, al honor y a la inviolabilidad del domicilio de los ciudadanos lao, el derecho a no ser sometido a detención o registro arbitrarios, el derecho y la libertad de creer o no en una religión o religiones, el derecho y la libertad de expresión, de prensa y de reunión y el derecho a crear asociaciones y organizar manifestaciones que no sean contrarias a la ley. Las leyes y los decretos que promueven y protegen los derechos humanos consagrados en el Pacto incluyen el Código Penal, el Código de Procedimiento Penal, el Código de Procedimiento Civil, la Ley de Desarrollo y Protección de la Mujer, la Ley para Prevenir y Combatir la Violencia contra las Mujeres y los Niños, la Ley de Protección de los Derechos e Intereses del Niño, la Ley contra la Trata de Personas, la Ley de Extradición, la Ley de Inmigración y Administración de Extranjeros, el Código del Trabajo, la Ley de la Familia, la Ley del Registro Civil, la Ley de la Nacionalidad Lao, la Ley sobre Tramitación de Quejas, la Ley sobre los Fiscales Populares, la Ley sobre los Tribunales Populares, la Ley sobre la Elección de Miembros de la Asamblea Nacional y las Asambleas Provinciales, la Ley de Tierras, la Ley de Bosques, la Ley contra la Corrupción, la Ley de Medios de Comunicación, la Ley de Publicaciones, la Ley sobre los Delitos Cibernéticos, la Ley de Sindicatos, la Ley de Abogados, la Ley para Prevenir y Combatir el VIH/SIDA, el Decreto sobre Indemnización y Reasentamiento de las Personas Afectadas por Proyectos de Desarrollo, el Decreto sobre la Gestión y Protección de las Actividades Religiosas en la República Democrática Popular Lao, el Decreto sobre las Asociaciones sin Fines de Lucro, el Decreto sobre las Fundaciones, el Decreto sobre la Difusión de Información por Internet, etc. La lista de leyes y decretos figura como anexo del presente informe.

13.La Constitución, en su artículo 41, prevé el derecho de los ciudadanos a presentar denuncias y quejas y a proponer ideas a las organizaciones estatales pertinentes en relación con cuestiones relativas al interés público o a sus propios derechos e intereses. Las denuncias, quejas e ideas de los ciudadanos deben examinarse y abordarse de conformidad con la legislación. A fin de tramitar las denuncias y quejas de forma eficaz y eficiente, la Asamblea Nacional aprobó la Ley sobre Tramitación de Quejas. El artículo 2 de esta Ley dispone que una queja es un documento presentado por un ciudadano o una organización a la consideración de la autoridad competente respecto de una acción o decisión de una organización o una persona que presuntamente ha vulnerado leyes y reglamentos o perjudicado los intereses del Estado, las comunidades o los derechos e intereses legítimos del autor de la queja. Los ciudadanos de otros países, los apátridas y los extranjeros residentes en la República Democrática Popular Lao también tienen derecho a presentar denuncias y quejas de conformidad con la ley. Conforme a lo dispuesto en los artículos 15 y 16 de la mencionada Ley, los órganos administrativos gubernamentales (ministerios y organismos, autoridades administrativas provinciales), las autoridades de investigación, las fiscalías populares, los tribunales populares y la Asamblea Nacional son los órganos encargados de recibir y tramitar oportunamente las quejas de conformidad con la ley. El Código Penal, el Código de Procedimiento Penal y el Código de Procedimiento Civil también constituyen la base jurídica para solicitar indemnización por daños y perjuicios por parte de ciudadanos u organizaciones cuyos derechos hayan sido presuntamente violados. En el período 2011-2015, se presentaron a los tribunales de todas las instancias 37.864 denuncias, de las cuales se resolvieron 36.076, o el 95,32% del total. En comparación con el número de denuncias presentadas a los tribunales hace cinco años, esto representa un aumento de 3.713 casos, o un 9,81%. En 2016, se presentaron 107 denuncias al Tribunal Popular Supremo. Estas denuncias se dividían en las tres categorías siguientes: 84 quejas sobre decisiones o sentencias adoptadas por los tribunales populares, 18 quejas sobre comportamientos indebidos de funcionarios de los tribunales populares y 5 quejas sobre otras cuestiones. Los ciudadanos lao que no estén de acuerdo con la decisión final del Tribunal Popular Supremo pueden presentar una reclamación al Comité de Justicia de la Asamblea Nacional para pedir que se haga justicia. Los ciudadanos lao también pueden llamar por teléfono a la línea directa 156 durante los períodos ordinarios de sesiones de la Asamblea Nacional. El número total de quejas presentadas a la Asamblea Nacional durante el período 2011-2015 ascendió a 5.815, de las cuales se resolvieron 3.817. La mayoría de esas quejas se refería a controversias relativas a la herencia y el derecho a la tierra.

14.La República Democrática Popular Lao ha establecido mecanismos nacionales para la promoción y protección de los derechos humanos y para la coordinación en la aplicación de las obligaciones contraídas en virtud de los tratados de derechos humanos y protocolos conexos en los que el país es parte. Entre estos mecanismos se incluyen el Comité Directivo Nacional de Derechos Humanos, la Comisión Nacional de Promoción de la Mujer, la Comisión Nacional para la Madre y el Niño, el Comité Nacional contra la Trata de Personas y el Comité Nacional sobre las Personas con Discapacidad y las Personas de Edad. En 2016, la Comisión Nacional de Promoción de la Mujer y la Comisión Nacional para la Madre y el Niño se han fusionado en la Comisión Nacional de Promoción de la Mujer y Protección de la Madre y el Niño. Además, los ministerios, las organizaciones estatales, las organizaciones de masas y otras partes interesadas contribuyen a la promoción y protección de los derechos humanos. Entre esas entidades se cuentan el Frente Lao de Construcción Nacional, la Unión de Mujeres Lao, la Unión de Jóvenes Lao, la Federación Lao de Sindicatos, la Cámara Nacional de Comercio e Industria, la Asociación Lao de Abogados, la Asociación Lao de Personas con Discapacidad y varias asociaciones sin fines de lucro.

15.El Gobierno de la República Democrática Popular Lao concede gran importancia a la promoción y protección de los derechos humanos mediante la difusión de información y la sensibilización sobre los derechos humanos entre los funcionarios gubernamentales de los sectores pertinentes a nivel central y local, en particular entre los agentes de policía, los militares, los miembros de la Asamblea Nacional y las asambleas provinciales, los fiscales y los jueces. El Ministerio de Relaciones Exteriores, el Ministerio de Justicia y otras entidades competentes han organizado una serie de seminarios y talleres sobre determinadas cuestiones relacionadas con los derechos humanos y los derechos jurídicos de las personas. La Comisión Nacional para la Madre y el Niño ha organizado cursos de formación de formadores destinados a las autoridades que se ocupan de la promoción y protección de los derechos de los niños en el ámbito local, y ha difundido y alentado la aplicación de medidas en pro de las mujeres y los niños con miras a combatir la violencia contra los niños, prohibir el trabajo infantil y promover la inscripción de los nacimientos, la salud reproductiva, la nutrición, el desarrollo en la primera infancia, la vacunación, el suministro de agua potable, el saneamiento y la higiene y la disuasión del matrimonio precoz. Esas actividades de formación, en las que participaron en total 4.232 personas, se organizaron en 496 aldeas, 148 distritos y 8 provincias. El Ministerio de Justicia realizó actividades de sensibilización para la comprensión básica de la Ley de Protección de los Derechos e Intereses del Niño en el 90% de las aldeas. La Comisión Nacional para la Promoción de la Mujer, el Ministerio de Justicia, el Ministerio de Seguridad Pública, la Fiscalía Popular Suprema, el Tribunal Popular Supremo y la Unión de Mujeres Lao publicaron conjuntamente una guía sobre el acceso de las mujeres a la justicia. Además, esos ministerios y organismos también colaboraron con ONU-Mujeres en la celebración de un seminario sobre el acceso de las mujeres a la justicia destinado a las autoridades del sistema de justicia en los distritos, las provincias y la capital Vientián, en particular a la Fiscalía Popular Suprema, el Tribunal Popular Supremo y las fuerzas del orden y los funcionarios de las prisiones, así como a los miembros de la Asamblea Nacional, en el que participaron en total 216 personas, de las cuales 42, o el 6%, eran mujeres.

Artículo 2, párrafo 1, artículo 3 y artículo 26

16.La legislación nacional garantiza la igualdad de derechos de los ciudadanos ante la ley y los tribunales mediante lo siguiente.

17.La Constitución, en sus artículos 35 y 37, dispone que todos los ciudadanos lao son iguales ante la ley, sin distinción de género, condición social, formación, creencias y origen étnico, y que los ciudadanos lao de ambos géneros gozan de igualdad de derechos en los planos político, económico, cultural y social, así como en el ámbito de la familia. La Asamblea Nacional ha aprobado una serie de leyes para garantizar los derechos de los ciudadanos lao sin discriminación; en particular, el artículo 13 del Código de Procedimiento Penal dispone que el procedimiento penal debe llevarse a cabo sobre la base de la igualdad de derechos de todos los ciudadanos ante la ley y los tribunales populares, sin discriminación por motivos de género, raza, origen étnico, situación socioeconómica, idioma, formación, ocupación, creencias, lugar de residencia, etc. Asimismo, el artículo 10 del Código de Procedimiento Civil dispone que el procedimiento civil se llevará a cabo sobre la base de la igualdad de derechos de todos los ciudadanos ante la ley y los tribunales populares, sin discriminación por motivos de género, raza, origen étnico, situación socioeconómica, idioma, formación, ocupación, creencias, lugar de residencia, etc. El artículo 6 de la Ley de Protección de los Derechos e Intereses del Niño estipula que todos los niños son iguales en todos los aspectos, sin discriminación de ningún tipo por motivos de género, raza, idioma, origen étnico, creencias, religión, estado físico o situación socioeconómica de la familia. El artículo 176 del Código Penal dispone que toda persona que excluya a otra persona de la participación en cualquier actividad, o le impida o restrinja dicha participación, o la discrimine por motivos étnicos será castigada con una pena de prisión de uno a tres años y una multa de 1.000.000 a 3.000.000 kip. Los extranjeros que residen en la República Democrática Popular Lao no tienen derecho a votar, ser elegidos, poseer tierras u ocupar cargos públicos y no están obligados a hacer el servicio militar.

18.Los derechos de los extranjeros residentes en la República Democrática Popular Lao están protegidos por la Constitución y las leyes de la República Democrática Popular Lao. El artículo 50, párrafo 1, de la Constitución prevé que los derechos y las libertades de los extranjeros y los apátridas están amparados por las leyes de la República Democrática Popular Lao. Esas personas tienen derecho a presentar denuncias ante los tribunales, así como quejas ante otras autoridades competentes de la República Democrática Popular Lao, y tienen la obligación de respetar la Constitución y las leyes de la República Democrática Popular Lao. Conforme a lo dispuesto en el artículo 7, párrafos 2 y 4, de la Ley de Nacionalidad, se entenderá por “extranjero” la persona que, teniendo una nacionalidad distinta, reside y vive en la República Democrática Popular Lao durante un largo período, es titular del carnet de identidad de extranjero, y sigue siendo reconocido por su Gobierno como ciudadano de su país. Los extranjeros y los apátridas están bajo la administración del Ministerio de Seguridad Pública y otras autoridades competentes. Se les puede conceder la nacionalidad lao en virtud de la Ley de la Nacionalidad Lao, siempre y cuando soliciten la nacionalidad lao a la autoridad competente y cumplan todos los requisitos previstos en esa Ley.

19.La República Democrática Popular Lao concede importancia a la promoción de la igualdad de género, que es uno de los principales objetivos y la base del desarrollo socioeconómico de la República Democrática Popular Lao. El Gobierno lao ha promulgado ciertas leyes para que las mujeres puedan gozar más plenamente de sus derechos políticos, económicos, sociales y culturales. La Constitución de la República Democrática Popular Lao, en sus artículos 35 y 37, dispone que todos los ciudadanos lao son iguales ante la ley independientemente de su sexo, condición social, formación, creencias y origen étnico. Los ciudadanos de ambos sexos gozan de iguales derechos en los planos político, económico, cultural, social y familiar. Conforme a la Ley de Desarrollo y Protección de la Mujer, artículo 13, por igualdad de derechos de mujeres y hombres se entenderá la igualdad para su autodesarrollo, así como el mismo valor y las mismas oportunidades para ambos sexos en los ámbitos político, económico, sociocultural, familiar, de seguridad y defensa nacional, y de los asuntos exteriores. La Ley de la Unión de Mujeres Lao y la Ley para Prevenir y Combatir la Violencia contra las Mujeres y los Niños se aprobaron para contribuir al logro de la igualdad de género. Además, la violencia contra la mujer y la trata de mujeres están tipificadas como delito en el Código Penal, cuyo artículo 177 estipula en particular que toda persona que discrimine contra una mujer, o que excluya a una mujer de la participación, o impida o restrinja su participación en cualquier actividad política, económica, sociocultural o familiar por motivos de género, será castigada con una pena de prisión de uno a tres años y una multa de 1.000.000 a 3.000.000 kip. El artículo 6, párrafo 11, de la Ley del Presupuesto del Estado dispone que al formular y ejecutar el presupuesto nacional se velará por garantizar la igualdad entre los géneros.

20.El Gobierno también ha elaborado políticas, planes estratégicos y planes de trabajo para promover el papel de la mujer en la vida política, económica, social y cultural, en particular mediante la formulación y aprobación del Plan Quinquenal de Acción Nacional para la Promoción de la Mujer, fase II (2011-2015), la integración de la promoción de la mujer en el Séptimo Plan Quinquenal Nacional de Desarrollo Socioeconómico (2011‑2015), el Plan de Acción Nacional para la Aplicación de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) relacionados con la mujer, el Plan Nacional de Trabajo para la Aplicación de la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing y el Plan de Aplicación de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, las Estrategias para la Promoción de la Igualdad de Género en la Gobernanza y el Plan de Acción Nacional para la Prevención y Eliminación de la Violencia contra las Mujeres y los Niños (2014-2020). Este último consta de tres planes específicos, a saber: 1) un plan para la revisión de las políticas y la legislación, la elaboración de una base de datos estadísticos, la investigación y el fortalecimiento de la capacidad de la mujer; 2) un plan para la prevención y la eliminación de la violencia contra las mujeres y los niños; y 3) un plan para hacer frente a la violencia contra las mujeres y los niños.

21.En la República Democrática Popular Lao existen organizaciones encargadas de vigilar y administrar la ejecución de los mencionados planes y estrategias, por ejemplo, la Unión de Mujeres Lao, que tiene oficinas de representación a nivel central y local; la Comisión Nacional Lao para la Promoción de la Mujer y sus subcomités, establecidos en los organismos gubernamentales a nivel central y local, los cuales se encargan de alentar y vigilar la aplicación de esos planes y estrategias y de supervisar el cumplimiento de las obligaciones dimanantes de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer; el Grupo de Mujeres de la Asamblea Nacional, que se creó para garantizar la incorporación de la igualdad de género en el proceso de elaboración de legislación y para promover la participación de la mujer en la vida política y la adopción de decisiones. El Grupo de Mujeres de la Asamblea Nacional también estableció su propio plan de trabajo (2011-2015) y publicó un Manual sobre la Incorporación de la Perspectiva de Género en la Séptima Legislatura de la Asamblea Nacional (2011-2015). Existen 12 planes específicos en el marco del Plan de Trabajo (2011-2015) del Grupo de Mujeres de la Asamblea General, incluidos un plan para vigilar la aplicación de las políticas, la Constitución, las leyes y la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer en los distritos electorales; un plan para promover la formulación y enmienda de la legislación relativa a la protección de los derechos e intereses de las mujeres y los niños en el contexto del desarrollo; un plan para fomentar la representación de las mujeres lao en los distritos electorales; y un plan para mejorar la estrategia de incorporación de la perspectiva de género en las actividades de la Asamblea Nacional, entre otros.

22.En la actualidad, las mujeres desempeñan un papel más importante en la vida política de la República Democrática Popular Lao. Entre los miembros de la Octava Legislatura de la Asamblea Nacional, en 2015, fueron elegidas 41 mujeres, o sea el 28% de los 149 miembros de la Asamblea, lo que representa un aumento del 3% en comparación con la cifra correspondiente a la Séptima Legislatura. Muchas mujeres ocupan puestos directivos en los órganos ejecutivos: por ejemplo, hay 6 mujeres entre los 62 ministros y cargos equivalentes; 15 mujeres entre 121 viceministros y cargos equivalentes; 71 mujeres de un total de 437 directores generales; 186 mujeres entre los 946 directores generales adjuntos; 4 mujeres de un total de 50 vicegobernadores; 9 mujeres entre los 148 jefes de distrito; y 225 mujeres de un total de 8.577 jefes de aldea. Cuatro mujeres son embajadoras o cónsules generales. A nivel nacional, las mujeres representan el 38,9% del total de funcionarios públicos. Constituyen el 57% del total de empleados en la esfera de la economía.

23.Se ha enmendado el Código del Trabajo a fin de asegurar la coherencia y el cumplimiento de los Convenios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en particular el Convenio núm. 100 de la OIT relativo a la igualdad de remuneración y el Convenio núm. 111 de la OIT relativo a la discriminación.

24.La igualdad de remuneración entre hombres y mujeres está prevista en el Código del Trabajo y en la Ley de Desarrollo y Protección de la Mujer. El artículo 45 del Código del Trabajo estipula que los empleados que realicen un trabajo de igual cantidad, calidad y valor tienen derecho a recibir igual sueldo, salario y demás prestaciones, sin discriminación por motivos de raza, nacionalidad, género, edad, religión, creencias o situación socioeconómica. El artículo 15, párrafo 2, de la Ley de Desarrollo y Protección de la Mujer estipula que las mujeres que ocupen el mismo cargo y tengan las mismas tareas, funciones y responsabilidades que los hombres tendrán derecho a remuneración y prestaciones en pie de igualdad con los hombres.

25.En caso de violencia doméstica contra las mujeres y los niños, el autor de la violencia será castigado. La Ley de Desarrollo y Protección de la Mujer de 2004, en su artículo 50, dispone que toda persona que cometa actos de violencia doméstica contra las mujeres y los niños causándoles daños físicos y mentales o daños a sus bienes será sometida a reeducación y recibirá una amonestación oficial. Cuando la violencia doméstica constituya delito, el autor será castigado con arreglo al Código Penal. El artículo 90 del Código Penal dispone que toda persona que intencionadamente cause daño físico a otra será castigada con una pena de prisión de tres meses a un año y una multa de 100.000 a 500.000 kip. Cuando un delito de esa índole dé lugar a graves lesiones o sea cometido por un grupo de personas, el autor o autores serán castigados con una pena de prisión de uno a cinco años y una multa de 500.000 a 1.500.000 kip. Cuando un delito de esa índole cause la invalidez o la muerte de la víctima, el autor será castigado con una pena de prisión de cinco a diez años y una multa de 700.000 a 3.000.000 kip. La Asamblea Nacional aprobó la Ley para Prevenir y Combatir la Violencia contra las Mujeres y los Niños, que prevé medidas concretas para combatir la violencia contra la mujer.

26.La violencia doméstica contra las mujeres y los niños se investigará de conformidad con el Código de Procedimiento Penal, la Ley de Desarrollo y Protección de la Mujer y la Ley para Prevenir y Combatir la Violencia contra las Mujeres y los Niños. La Unión de Mujeres Lao y la Comisión Nacional de Promoción de la Mujer han llevado a cabo una campaña de sensibilización sobre esas leyes destinada a los funcionarios de los gobiernos central y local y han organizado seminarios para las mujeres con miras a ayudarles a tomar conciencia de su derecho a protegerse a fin de evitar ser víctimas de violencia doméstica. Estas actividades contaron con el apoyo de organizaciones internacionales, organizaciones no gubernamentales internacionales y organizaciones de la sociedad civil. La información sobre la capacitación brindada a los jueces, fiscales y agentes de policía a este respecto figura en el punto 30 del presente informe.

27.La edad mínima para contraer matrimonio es 18 años, conforme a lo dispuesto en la Ley de la Familia, artículo 9, párrafo 1, y en la Ley de Desarrollo y Protección de la Mujer, artículo 17, párrafo 3.

28.La igualdad en materia de divorcio está prevista en la Ley de la Familia. El artículo 20 de esta Ley dispone que el marido y la mujer tienen igual derecho a obtener el divorcio por cualquiera de las causales siguientes: adulterio; violencia o insultos graves contra el cónyuge o contra sus padres o familiares; o comportamiento basado en una actitud altamente inapropiada que haga imposible la convivencia. Si el marido y la mujer no pueden llegar a un acuerdo sobre la custodia de los hijos después del divorcio, el tribunal otorgará la custodia al padre o a la madre teniendo en cuenta el interés superior de los hijos. Las parejas divorciadas deberán cuidar y educar a sus hijos. El tribunal decidirá la pensión alimenticia que ha de pagarse a los hijos hasta que estos cumplan la mayoría de edad sobre la base de un acuerdo entre el marido y la mujer o de una decisión judicial en caso de que los cónyuges no puedan llegar a un acuerdo, conforme a lo dispuesto en el artículo 23 de la citada Ley.

29.El Gobierno ha puesto en marcha una política destinada a mejorar el acceso a la educación para todos con la aprobación del Plan de Acción Nacional de Educación Inclusiva, que prevé el fomento de la enseñanza preescolar, primaria, secundaria y superior, así como de la enseñanza técnica y profesional. En el año académico 2013/14, la tasa media de matriculación de los niños de 5 años en todo el país era del 60,8%, cifra que representó un aumento del 7,9% respecto del año académico anterior y superó la meta del 55% del objetivo de Educación para Todos. En 2015, la tasa media de matriculación en la enseñanza primaria en todo el país fue del 98% y la tasa media de alumnos que continuaron asistiendo a la escuela hasta el 5º grado de la escuela primaria fue del 77,5%, con un aumento del 4,2% desde el año académico anterior. La tasa de matrícula neta en la enseñanza primaria alcanzó el 98,6%.

30.La transmisión de la nacionalidad a los hijos se rige por la Ley de la Familia. Conforme al artículo 31, párrafos 5 y 6, de esta Ley, la nacionalidad de los hijos está determinada por la nacionalidad de sus padres, siempre que estos posean la misma nacionalidad. Con arreglo a la Ley de la Nacionalidad Lao, si los padres tienen nacionalidades distintas el hijo podrá adquirir ya sea la nacionalidad del padre o la de la madre. Según lo dispuesto en el artículo 22 de esa Ley, si ambos padres adquieren la nacionalidad lao o renuncian a esta, los hijos menores de 18 años de edad adquirirán la nacionalidad de sus padres. El artículo 26 de esa Ley estipula que los niños de nacionalidad lao que sean adoptados por un matrimonio en que uno de los cónyuges es ciudadano lao y el otro ciudadano extranjero conservarán su nacionalidad lao. Esos niños podrán renunciar a la nacionalidad lao a petición de los padres adoptivos. Los niños de nacionalidad lao que sean adoptados por personas apátridas o por un matrimonio en que uno de los cónyuges es ciudadano lao y el otro cónyuge es apátrida conservarán su nacionalidad lao.

31.El Código Penal prevé medidas contra la violación. El artículo 128 del Código estipula que toda persona que emplee la fuerza, amenace con armas, drogas u otras sustancias o recurra a otros medios para poner a una mujer que no sea su cónyuge en situación de indefensión a fin de tener relaciones sexuales con ella contra su voluntad será castigada con una pena de prisión de tres a cinco años y una multa de 1.000.000 a 5.000.000 kip. Cuando la víctima de violación sea una mujer entre 15 y 18 años que esté bajo la guarda del infractor o bajo tratamiento médico a cargo de este, el infractor será castigado con una pena de prisión de 5 a 10 años y una multa de 2.000.000 a 10.000.000 kip. En caso de violaciones múltiples, violación de niñas menores de 15 años de edad, agresiones físicas durante la violación o violación causante de invalidez o muerte de la víctima, el infractor será castigado con una pena de prisión de 7 a 15 años y una multa de 5.000.000 a 15.000.000 kip. Cuando se cometa violación seguida de asesinato de la víctima, el infractor será sancionado con una pena de prisión de 15 a 20 años y una multa de 10.000.000 a 20.000.000 kip, o podrá ser condenado a cadena perpetua o a la pena de muerte. El artículo 129 dispone que toda persona que mantenga relaciones sexuales con una niña o un niño menor de 15 años de edad será castigada con una pena de prisión de uno a cinco años y una multa de 2.000.000 a 5.000.000 kip. La Ley para Prevenir y Combatir la Violencia contra las Mujeres y los Niños, en su artículo 4, párrafo 1, define las relaciones sexuales forzosas y la violación, entendida como cualquier acto del marido que someta a su mujer a tener relaciones sexuales por la fuerza. Con arreglo al artículo 15, las relaciones sexuales forzosas y la violación de una mujer constituyen violencia sexual. Conforme al artículo 17, párrafo 5, las relaciones sexuales forzosas y la violación de una mujer constituyen actos de violencia contra la mujer. El artículo 79 dispone que el marido que obligue a su mujer a tener relaciones sexuales será sancionado con una pena de prisión de tres meses a un año y una multa de 1.000.000 a 5.000.000 kip. La cuantía de esa multa será la misma que la cuantía de la multa prevista en el artículo 128 del Código Penal.

32.Actualmente el Gobierno de la República Democrática Popular Lao ha iniciado la redacción de un Código Penal que prevé medidas detalladas para castigar la violación conyugal.

33.A fin de prevenir todo acto que menoscabe la honra y la virginidad de la mujer, la República Democrática Popular Lao impone medidas legislativas contenidas en el Código Penal. El artículo 128 del Código castiga la violación; el artículo 129 castiga las relaciones sexuales con niños; el artículo 133 dispone que la prostitución forzosa de una persona será castigada con una pena de prisión de 5 a 10 años y una multa de 10.000.000 a 20.000.000 kip. Toda persona que obligue a otra persona menor de 18 años de edad a prostituirse será castigada con una pena de prisión de 10 a 20 años y una multa de 20.000.000 a 50.000.000 kip. El artículo 134 tipifica como delitos la trata de personas con fines de trabajo forzoso, prostitución, pornografía, comisión de actos contra las buenas tradiciones de la nación o extracción de órganos de esa persona, o con otros fines ilícitos. Todo el que se dedique a la trata de personas será castigado con una pena de prisión de 5 a 15 años y una multa de 10.000.000 a 100.000.000 kip. Además, la Ley de Desarrollo y Protección de la Mujer de 2004, en su artículo 49, prevé medidas contra la trata de mujeres y niños.

Artículo 4Derogación de las obligaciones dimanantes del Pacto

34.La declaración del estado de excepción está prevista en el artículo 67, párrafo 10, de la Constitución, según el cual el Presidente de la República Democrática Popular Lao está facultado para declarar el estado de excepción en todo el país o en cualquier localidad. Sin embargo, desde que se promulgó la Constitución, la República Democrática Popular Lao nunca ha declarado el estado de excepción. El artículo 3, párrafo 3, de la Ley de Seguridad Pública Nacional prevé las medidas administrativas para declarar el estado de excepción; el artículo 19 dispone que el Ministerio de Seguridad Pública y el Ministerio de Defensa Nacional tienen la responsabilidad de actualizar periódicamente la información sobre la situación que se vive en el país, señalar las zonas peligrosas y las zonas o localidades en que están ocurriendo los incidentes causantes de inestabilidad e informar al respecto al Primer Ministro y, acto seguido, al Presidente para que determinen si es necesario declarar el estado de excepción; el artículo 20 prevé la protección de la seguridad pública cuando el Ministerio de Seguridad Pública haya declarado el estado de excepción; el artículo 21 prevé las medidas de protección de la seguridad cuando esté en vigor el estado de excepción.

35.En cualquier situación, ya sea en tiempo de paz o durante el estado de excepción, los agentes de policía cumplen funciones con arreglo a la Ley sobre la Fuerza de Seguridad Pública. Según el artículo 10 de esta Ley, la Fuerza de Seguridad Pública tiene la responsabilidad de prevenir y reprimir cualquier acto de violencia en el territorio nacional; prevenir la comisión de delitos y mantener la paz y la seguridad; garantizar la seguridad de las organizaciones del Estado; proteger la vida y los intereses de la población multiétnica; proteger las instituciones, las infraestructuras sociales y económicas nacionales y los protocolos nacionales e internacionales; proteger las embajadas y las organizaciones internacionales; y velar por la seguridad de los extranjeros que viven en la República Democrática Popular Lao. Por otra parte, la Ley de Seguridad Nacional prevé la declaración del estado de excepción y las zonas en que ha de aplicarse, la protección de la seguridad durante el estado de excepción y la adopción de las medidas que sean necesarias durante el estado de excepción por los agentes de policía de conformidad con lo dispuesto en los artículos 19, 20 y 21. La Ley de Defensa Nacional prevé el establecimiento del estado de excepción, la declaración del estado de excepción, y la declaración y la terminación de la aplicación de la ley marcial de conformidad con lo dispuesto en los artículos 22, 23 y 24.

36.La República Democrática Popular Lao sistemáticamente condena todas las formas de terrorismo y denuncia a las organizaciones terroristas de cualquier índole. El terrorismo no solo destruye la vida y los bienes de los ciudadanos, sino además impide el desarrollo socioeconómico y siembra la inestabilidad, el miedo y la desigualdad en la sociedad. Aunque la República Democrática Popular Lao no tiene una ley específica sobre la lucha antiterrorista y no existe una definición universal de terrorismo, los actos que causan la pérdida de vidas y atentan contra los bienes del pueblo y del Estado constituyen delitos tipificados en el Código Penal y serán castigados con una pena apropiada. El Gobierno ha demostrado su cooperación con la comunidad internacional al ratificar las 14 convenciones mundiales relativas a la lucha contra el terrorismo. La República Democrática Popular Lao también es miembro del Grupo de Asia y el Pacífico contra el Blanqueo de Dinero y la Financiación del Terrorismo y coopera con las organizaciones internacionales pertinentes en la organización de seminarios de perfeccionamiento de aptitudes destinados a los funcionarios gubernamentales, jueces, fiscales, abogados y miembros de la Asamblea Nacional a fin de sensibilizarlos sobre sus respectivas atribuciones y funciones en la lucha contra el terrorismo y sobre el cumplimiento de las obligaciones dimanantes de las convenciones en que es parte la República Democrática Popular Lao. La Asamblea Nacional aprobó la Ley de Lucha contra el Blanqueo de Dinero y la Financiación del Terrorismo. El Gobierno aprobó varios decretos relativos a la publicación de una lista de terroristas y a la incautación o el decomiso de los activos relacionados con el terrorismo de conformidad con las resoluciones 1267 y 1373 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Se ha creado el Comité Nacional de Lucha contra el Blanqueo de Dinero y la Financiación del Terrorismo bajo la presidencia del Viceprimer Ministro y la Oficina de Inteligencia sobre la Lucha contra el Blanqueo de Dinero del Banco de la República Democrática Popular Lao actúa como secretaría del Comité en la cooperación y colaboración con las organizaciones nacionales e internacionales pertinentes.

Artículo 6Derecho a la vida

37.El derecho de los ciudadanos de la República Democrática Popular Lao a la inviolabilidad de la persona está garantizado por la Constitución y las leyes. Están prohibidos todos los actos de burocratismo y de hostigamiento que puedan atentar contra la integridad física o la vida de los ciudadanos. Estos derechos están garantizados por los artículos 6 y 42 de la Constitución, según los cuales el Estado protege las libertades y los derechos democráticos del pueblo, incluido el derecho de los ciudadanos lao a la vida, la integridad física, el honor y el domicilio, todos los cuales son inviolables. El Código de Procedimiento Penal de 2012, artículo 7, párrafo 3, garantiza el derecho de los ciudadanos lao a la protección de la vida, la salud, la dignidad y los bienes durante el proceso penal; conforme a los artículos 82, 88, 89, 90 y 92 de esta Ley, toda persona que intencionalmente, por descuido o de forma involuntaria, cause la muerte de otra persona será castigada con arresto domiciliario, privación de libertad, pena de muerte y/o multa. La tentativa de cometer este delito también será castigada.

38.Las normas sobre el uso de la fuerza y las armas de fuego por las fuerzas de defensa y los agentes de seguridad están enunciadas en el artículo 43, párrafo 7, de la Ley sobre la Fuerza de Seguridad Pública, que prohíbe que los funcionarios presten sus armas, municiones, uniformes y tarjetas de identidad a otras personas para su utilización con otros fines. En general, en la República Democrática Popular Lao está prohibido el porte de armas de fuego por los ciudadanos, a excepción de los soldados, los agentes de policía y otras personas autorizadas. En caso de infracción, se aplicará la Ley sobre la Fuerza de Seguridad Pública. El artículo 45 de esta Ley prevé las medidas que han de adoptarse contra los infractores. Se adoptarán medidas contra las personas u organizaciones que contravengan esta Ley, incluidas medidas de carácter educativo, disciplinario o penitenciario de conformidad con el derecho interno. Los agentes de policía que no cumplan las leyes, normas e instrucciones relativas a la Fuerza de Seguridad Pública estarán expuestos a medidas disciplinarias según la gravedad de la infracción. Conforme al Código Penal, artículo 154, párrafo 2, cuando el abuso de funciones vaya acompañado de uso de la fuerza o de armas, tortura, lenguaje soez o actos que menoscaben el honor y la reputación de la víctima, el infractor será castigado con una pena de prisión de tres a cinco años y una multa de 2.000.000 a 7.000.000 kip. Cuando el delito sea doloso y el tribunal imponga la privación de libertad, el infractor perderá el derecho a prestar servicios en la Fuerza de Seguridad Pública. Sin embargo, hasta la fecha no se ha registrado ninguna violación grave por parte de agentes de seguridad.

39.La pena de muerte está prevista en el Código Penal. Esta pena solo se impondrá a los infractores que cometan delitos especialmente graves como tráfico de drogas, violación o asesinato con crueldad que tengan como consecuencia la muerte de otras personas, o a los que cometan otros delitos graves. En la práctica, las personas condenadas a la pena de muerte tienen derecho a apelar con miras a obtener la reducción de esa pena a la de cadena perpetua.

40.Entre los delitos graves pasibles de pena de muerte con arreglo al Código Penal figuran: el robo como profesión, las infracciones cometidas en el marco de un grupo organizado, los actos que causen lesiones graves, muerte o daños sustanciales (artículo 107, párr. 2); la violación seguida del asesinato de la víctima (artículo 128, párr. 4); los delitos causantes de invalidez permanente, transmisión del VIH o muerte (artículo 134, párr. 5); la producción, el comercio, la distribución, la posesión, la importación, la exportación, el transporte o el tránsito por la República Democrática Popular Lao de una determinada cantidad de heroína, anfetaminas u otras sustancias sicotrópicas (artículo 146); los delitos causantes de discapacidad física o muerte de un agente del orden (artículo 158, párr. 3); el incumplimiento de normas que ponga en peligro la seguridad de embarcaciones, aeronaves, buques, automóviles, aeropuertos, puertos o estaciones o cause daños graves (artículo 175, párr. 2). Además, muchos artículos de la parte especial del Código Penal, como el capítulo I, relativo a los delitos contra la seguridad nacional y el orden social, prevén las penas máximas de prisión perpetua o pena de muerte (artículos 56 a 88).

41.El Código de Procedimiento Penal, en su artículo 238, dispone que los reclusos pueden ser puestos en libertad por una amnistía del Presidente de la República Democrática Popular Lao con ocasión de días nacionales importantes, siempre y cuando cumplan todos los requisitos pertinentes. Las personas condenadas a la pena de muerte tienen derecho a solicitar al Presidente un indulto o una reducción de la pena dentro de un plazo de treinta días a partir de la fecha en que el Presidente del Tribunal Popular Supremo haya emitido la orden de aplicación de la sentencia.

42.La legislación de la República Democrática Popular Lao prohíbe la imposición de la pena de muerte a infractores menores de 18 años de edad y a las mujeres embarazadas. Esta prohibición está estipulada en la Ley de Protección de los Derechos e Intereses del Niño. El artículo 72, párrafo 3, de esa Ley prohíbe la imposición de la pena de muerte y la cadena perpetua a los niños. El Código Penal, en su artículo 32, prohíbe la imposición de la pena de muerte a los infractores menores de 18 años y a las mujeres que estén embarazadas en el momento de la comisión del delito, la adopción de la decisión por el tribunal, o la aplicación de la sentencia.

43.Según lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley sobre los Tribunales Populares, los tribunales populares podrán adoptar decisiones sobre la pena de muerte en los siguientes tres niveles: en primera instancia, en apelación y en casación.

44.El Tribunal Popular Provincial tendrá competencia para adoptar decisiones sobre la base de los hechos y las leyes cuando el tribunal popular de la zona no tenga competencia en una determinada provincia.

45.El Tribunal de Apelación tendrá competencia para adoptar decisiones sobre la base de los hechos y las leyes cuando se trate de la apelación de una causa respecto de la cual los tribunales populares provinciales ya hayan emitido un fallo.

46.El Tribunal Popular Supremo tendrá competencia como instancia de casación según lo dispuesto por la legislación.

47.El Gobierno ha adoptado medidas y políticas para promover la salud de las madres y los niños mediante la adopción de programas nacionales de salud pública, con miras a reducir la tasa de mortalidad de las madres y los niños, en particular estableciendo centros de salud e impartiendo formación y capacitación a las parteras en las zonas remotas. El Gobierno también proporciona vacunación gratuita y atención médica anual a fin de prevenir las enfermedades contagiosas; adopta medidas preventivas con respecto a la transmisión del VIH/SIDA de la madre al hijo y presta servicios gratuitos de atención de la salud en los hospitales a las mujeres embarazadas y las niñas, así como a los niños menores de 5 años.

48.Según el Censo de Población y Vivienda realizado en 2015, las tasas de natalidad de las mujeres de 15 a 49 años son las siguientes: 70 recién nacidos por cada 1.000 en el grupo de mujeres de 15 a 19 años; 164 por cada 1.000 en el grupo de 20 a 24 años; 158 por cada 1.000 en el grupo de 25 a 29 años. El número de recién nacidos en los grupos de 30 a 34 años, 35 a 39 años, 40 a 44 años y 45 a 49 años ha disminuido a 122, 80, 32 y 3 por cada 1.000, respectivamente. Las mujeres del grupo de 20 a 24 años tienen la tasa de natalidad más elevada; la tasa de natalidad disminuye a medida que aumenta la edad de la madre. El embarazo y el parto también pueden presentar un riesgo mortal para las madres. La tasa de mortalidad materna durante el embarazo y en el parto fue de 357 por cada 100.000 mujeres en 2009 y 206 por cada 100.000 mujeres en 2015.

49.Con miras a prevenir los embarazos no deseables o no deseados y los abortos ilegales que representen un peligro o riesgo para la vida, el Gobierno ha establecido programas de diversa índole para educar y orientar a los jóvenes, incluidas la creación de una oficina de asesoramiento para los jóvenes, la puesta en marcha de actividades de educación sexual en las escuelas y la difusión de información a través de los medios de comunicación y en lugares públicos a fin de prevenir las enfermedades de transmisión sexual y evitar los embarazos no deseados. Con arreglo al artículo 92 del Código Penal, la persona que practique a otra persona o se provoque a sí misma un aborto ilegal o contrate ilegalmente a otra persona para que lo practique será castigada con una pena de prisión de tres meses a diez años y una multa de 100.000 a 10.000.000 kip. Además, el Gobierno ha creado condiciones favorables para que las personas que viven en zonas remotas tengan acceso a servicios de atención de parto básicos y seguros.

50.En la República Democrática Popular Lao no existen prácticas como el denominado asesinato de honor, perpetrado contra niñas recién nacidas o mujeres en violación de su derecho a la vida, o el infanticidio de niñas. La Ley de Protección de los Derechos e Intereses del Niño, en sus artículos 3 y 6, dispone que los niños nacen en pie de igualdad en todos los aspectos, independientemente del género, y tienen derecho a vivir en condiciones de seguridad, a la inscripción de su nacimiento, nombre, apellido y nacionalidad, a la atención de la salud y a la protección contra toda forma de abuso físico y mental.

Artículo 7Derecho a la protección contra la tortura

51.En la República Democrática Popular Lao la tortura es un acto ilícito y contrario al estado de derecho, la moral y las aspiraciones de la población. Todo acto de burocratismo y hostigamiento que atente contra el honor, el bienestar físico, la vida, la conciencia y la propiedad de los ciudadanos está prohibido (artículo 6, párrafo 2, y artículo 42, párrafo 1, de la Constitución). Los actos de tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes son delitos punibles con arreglo a las leyes pertinentes de la República Democrática Popular Lao. Conforme al Código Penal de 2005, artículo 154, párrafo 2, cuando el abuso de funciones vaya acompañado de uso de la fuerza o de armas, tortura, lenguaje o actos indecentes que atenten contra el honor y la reputación de la víctima, el infractor será castigado con una pena de prisión de tres a cinco años y una multa de 2.000.000 a 7.000.000 kip. El artículo 171 del Código Penal dispone que toda persona que recurra a la violencia física o la tortura, o a medidas u otros actos incompatibles con las leyes, contra personas sospechosas o privadas de libertad mientras estén detenidas, sometidas a juicio o cumpliendo una sentencia será castigada con una pena de prisión de tres meses a tres años o sometida a un régimen de reeducación sin privación de libertad y una multa de 300.000 a 2.000.000 kip. El Código de Procedimiento Penal, en su artículo 12, párrafo 4, prohíbe el recurso a la fuerza, a amenazas que causen daño físico o a la tortura contra personas sospechosas o acusadas durante las actuaciones judiciales; en su artículo 24, párrafo 2, prohíbe el recurso a la fuerza, coerción, amenazas, tortura u otras medidas ilegales al tomar declaración a sospechosos, acusados y terceros durante las actuaciones judiciales; en su artículo 36, párrafo 3, prevé que toda confesión de un sospechoso o acusado obtenida mediante engaño, coerción, amenazas, daño físico, tortura u otros actos ilícitos no podrá ser utilizada como prueba. Conforme al artículo 35, párrafo 1, de la Ley de Protección de los Derechos e Intereses del Niño de 2006, el Estado aplica una política encaminada a prevenir y combatir los actos de violencia contra los niños y la explotación infantil mediante la adopción de medidas de protección y asistencia a los niños expuestos a la violencia y la explotación y, a tal fin, confía al Ministerio de Trabajo y Bienestar Social la tarea de colaborar con los sectores pertinentes, como los de salud pública, educación, justicia, relaciones exteriores, seguridad pública y fiscalía, así como con las organizaciones de masas y otras organizaciones interesadas, con miras a aplicar esa política y las medidas conexas. La República Democrática Popular Lao ratificó la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes (CAT) en 2012. La declaración formulada por la República Democrática Popular Lao con respecto al artículo 1 no tiene intención alguna de limitar la definición y el alcance de la aplicación de la Convención contra la Tortura; el propósito de esa declaración es crear una base para la legislación nacional con miras a incorporar las disposiciones de la Convención en el derecho interno. El artículo 9 de la Ley de Elaboración de Instrumentos Jurídicos y el artículo 31 de la Orden Presidencial sobre la Celebración, Firma y Aplicación de Tratados disponen que en caso de incompatibilidad entre las disposiciones del derecho interno y las disposiciones de un tratado en que la República Democrática Popular Lao es parte, prevalecerán las disposiciones de los tratados.

52.Conforme a la Ley sobre los Fiscales Populares, artículo 10, párrafo 7, las fiscalías populares tienen la función y obligación de supervisar y vigilar la aplicación de la ley en los centros de detención y establecimientos penitenciarios. Además, los artículos 36, párrafo 8, 52, 53 y 54 prevén la supervisión y vigilancia de las medidas de cumplimiento de la ley en los centros de detención y establecimientos penitenciarios, así como las atribuciones y obligaciones del fiscal, incluidas las denuncias y peticiones formuladas por personas acusadas, encausadas y condenadas. La Ley sobre los Fiscales Populares, artículo 7, dispone que el Fiscal Popular Supremo, el Fiscal Popular Supremo Adjunto, el Tribunal Popular Supremo, los fiscales, los fiscales auxiliares, además de las personas que participen en actividades investigativas, como periodistas, informantes, testigos, peritos, jueces, funcionarios judiciales y demás participantes en los procedimientos, deberán recibir la protección que les brindan las leyes y los reglamentos frente a toda amenaza contra su vida, su salud, su persona o los bienes familiares a que estén expuestos por el hecho de prestar testimonio. El artículo 6 de la Ley sobre los Tribunales Populares protege a los jueces, los funcionarios judiciales y otros participantes en las actuaciones frente a toda amenaza contra la vida, la salud, la persona o la familia. El artículo 27 del Código Penal dispone que las sanciones no tienen la finalidad de causar sufrimiento físico o ultraje a la dignidad humana del infractor, sino la de reeducar a la persona sancionada para que adopte una actitud íntegra con respecto al trabajo, cumpla las leyes de forma correcta y estricta y respete la disciplina de la vida social y evitar su reincidencia y la de otras personas. El Ministerio de Seguridad Pública ha puesto en marcha medidas para mejorar las condiciones y la gestión de los centros de detención y establecimientos penitenciarios en función de la situación económica y la realidad del país. Por otra parte, el Ministerio competente ha iniciado un proceso de revisión de los reglamentos y las normas sobre la gestión de los centros de detención y establecimientos penitenciarios.

53.El Gobierno concede gran importancia al fomento de la sensibilización respecto de la condición jurídica y la legislación en favor de las poblaciones multiétnicas lao por conducto de los medios de comunicación. En particular, el Ministerio de Justicia ha creado el sitio web denominado “Gaceta Oficial de la República Democrática Popular Lao”, en el que se publican las leyes y otros instrumentos jurídicos a fin de hacerlos accesibles al público. Asimismo, están disponibles al público el sitio web de la Asamblea Nacional, en el que se pueden consultar todas las leyes, y el sitio web del Ministerio de Relaciones Exteriores, que incluye las leyes nacionales y los tratados en que la República Democrática Popular Lao es parte, en particular los tratados de derechos humanos.

54.El Código Penal prohíbe la tortura, las penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes perpetrados por funcionarios encargados de hacer cumplir la ley. Conforme al artículo 99, párrafos 2 y 3, del Código, todo el que arreste o detenga ilegalmente a otra persona será castigado por la ley. Cuando ese delito cause daño a la salud de las personas detenidas o encarceladas, el infractor será castigado con una pena de prisión de dos a cinco años y una multa de 700.000 a 5.000.000 kip. La Ley sobre las Drogas de 2007, en su artículo 57, párrafo 4, y su artículo 58, párrafo 3, prohíbe que los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley recurran a la violencia, coerción o amenaza contra las personas acusadas con el fin de obtener una confesión y que los funcionarios de los establecimientos penitenciarios inflijan daño físico a los sospechosos o acusados de narcotráfico; esos actos también están prohibidos con arreglo a la Decisión del Ministro de Seguridad Pública sobre la Gestión de los Centros de Detención y Establecimientos Penitenciarios de 2012. El artículo 32, párrafo 3 de la Ley sobre las Drogas prohíbe las golpizas, la aplicación de la tortura a las personas detenidas por las fuerzas del orden que no opongan resistencia a la detención policial.

55.En el curso de los preparativos para la adhesión a la Convención contra la Tortura, el Gobierno organizó cursos de capacitación y seminarios para los agentes de policía y los funcionarios de los centros de detención a nivel central y local a fin de sensibilizarlos con respecto a los principios internacionales relativos al tratamiento de los reclusos. Actualmente se evidencia un mejoramiento de las condiciones de los centros de detención en todo el país. Por otra parte, la República Democrática Popular Lao también ha cooperado con la comunidad internacional al permitir que algunas delegaciones extranjeras, incluidos representantes de las misiones diplomáticas, visiten los centros de detención y establecimientos penitenciarios del país.

56.El Gobierno lao ha adoptado medidas legislativas en relación con los derechos de las personas extraditadas, en particular la Ley de Extradición. Conforme al artículo 10 de esta Ley, el Gobierno puede denegar la extradición sobre la base de ciertos motivos válidos. Las autoridades lao tienen competencia jurídica para juzgar el delito o iniciar un procedimiento judicial contra el infractor cuya extradición se solicita si se estima que la extradición podría no garantizar las debidas condiciones humanitarias por motivos de raza, nacionalidad, religión, origen étnico, género, situación económica o social de la persona solicitada, o porque esa persona podría ser sometida a tortura o tratos inhumanos. La República Democrática Popular Lao ha celebrado tratados bilaterales en materia de extradición, asistencia judicial recíproca y traslado de personas condenadas con varios países.

57.El Gobierno se preocupa por mejorar las aptitudes de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley y el personal de administración de justicia mediante la organización de cursos de formación sobre cooperación judicial y difusión de la Ley de Extradición y las instrucciones o directrices conexas.

58.La República Democrática Popular Lao ha adoptado medidas legislativas con miras a prohibir el castigo corporal de los alumnos en las escuelas e instituciones educativas. La Ley de Educación, artículo 2, dispone que la educación es un proceso de enseñanza y de aprendizaje teórico y conductual en materia de ciencias sociales y naturales y tecnología con miras a desarrollar los recursos humanos en todos los ámbitos. El artículo 71, párrafo 5 prohíbe a los maestros golpear, maldecir, abusar o discriminar a los estudiantes.

59.En la República Democrática Popular Lao se han adoptado ciertas medidas relativas a la gestión de la utilización de seres humanos en laboratorios con fines de experimentación científica y médica. La Ley sobre las Drogas y Productos Médicos fija los límites para el ensayo de drogas en seres humanos o animales y establece la normativa legal para los fabricantes y distribuidores de medicamentos u otros productos perjudiciales para los consumidores. Conforme al artículo 31, párrafo 1, de esa Ley, el ensayo clínico de drogas y medicamentos con fines de investigación consiste en ensayar la utilización de esos productos en seres humanos a fin de demostrar su eficacia y seguridad para los consumidores. Los ensayos clínicos de drogas y productos médicos pueden llevarse a cabo únicamente previa obtención de una licencia otorgada por el Ministerio de Salud. El artículo 32, párrafo 2, de la Ley prevé que cualquier efecto peligroso para la salud humana causado por ese tipo de ensayos deberá ser comunicado sin demora al Ministerio de Salud a fin de modificar o poner fin inmediatamente a esos ensayos. El artículo 37 estipula la responsabilidad de los proveedores de productos farmacéuticos y médicos que son perjudiciales para los consumidores. El Código Penal, artículo 134, dispone que toda persona que intencionalmente produzca o venda bebidas, carne, pescado, frutas, verduras u otros bienes de consumo o medicamentos que estén deteriorados o sean peligrosos para la salud será sancionada con una pena de prisión de tres meses a tres años y una multa de 1.500.000 a 5.000.000 kip.

Artículo 8Prevención y prohibición de la esclavitud

60.De conformidad con el artículo 6 de la Constitución, el Estado protege las libertades y los derechos democráticos de las personas, los cuales no podrán ser vulnerados por nadie. Todas las organizaciones y funcionarios públicos deben contribuir a difundir el conjunto de políticas, reglamentos y leyes entre la población, así como a fomentar la sensibilización al respecto, y velar por su aplicación en colaboración con la sociedad civil, con miras a garantizar los legítimos derechos e intereses de los ciudadanos. Está prohibido todo acto de burocratismo y de hostigamiento que pueda atentar contra el honor, la integridad física, la vida, la conciencia o la propiedad de las personas. Además, la República Democrática Popular Lao ha aprobado una serie de leyes para combatir todas las formas de servidumbre y de trabajo en condiciones de esclavitud. El Código del Trabajo prohíbe todas las formas de trabajo forzoso. En particular, el artículo 5, párrafo 7, prohíbe el trabajo forzoso en cualquiera de sus formas y el artículo 59 prohíbe el recurso al trabajo forzoso; en los artículos 51 a 59, 96 y 100 se define el trabajo de la mujer y de los jóvenes y en los artículos 101 y 102 se regula el trabajo de los jóvenes. Por su parte, el Código Penal, en su artículo 97, párrafo 1, estipula que toda persona que ejerza coacción contra otra persona mediante el uso de fuerza, armas o amenazas con el fin de obligar a esa persona a actuar o a abstenerse de actuar de acuerdo con la voluntad del infractor pero contrariamente a su propia voluntad y en perjuicio de su persona o intereses será sancionada con una pena de prisión de tres meses a tres años y una multa de 100.000 a 1.000.000 kip.

61.La República Democrática Popular Lao ha promulgado leyes contra la trata de personas, en particular la Ley para Combatir y Prevenir la Trata de Personas, Especialmente Mujeres y Niños, que entró en vigor a principios de 2016. Asimismo, la Ley de Desarrollo y Protección de la Mujer, artículo 24, y el Código Penal, artículo 134, contienen disposiciones contra la trata de mujeres y niños. Estas leyes incorporan la definición de la trata de personas, incluidos sus tres elementos, a saber, conducta, propósito y acto, de conformidad con el Protocolo de Palermo. Entre 2008 y 2012 se registraron 177 casos de trata de personas en los que fueron condenados 231 autores, de los cuales 145 eran mujeres, y en que resultaron afectadas 422 víctimas, de las cuales 358 eran mujeres. Entre 2010 y 2012 se registraron 66 casos de trata de personas en los que se dictó sentencia contra los autores.

62.En la República Democrática Popular Lao, la trata de personas es un delito grave en violación de los derechos fundamentales y la dignidad humana de las víctimas. El Gobierno se esfuerza denodadamente por hacer frente a esta cuestión, en particular mediante la adopción de políticas, leyes y planes de acción nacionales específicos y la asignación de créditos presupuestarios para su aplicación. En 2004, en el marco del Departamento de Lucha contra la Trata de Personas del Ministerio de Seguridad Pública, se estableció el Comité Nacional de Lucha contra la Trata de Personas, que actúa como secretaría de ese Departamento y coordina la lucha contra la trata de personas a nivel nacional. La República Democrática Popular Lao se adhirió al Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, Especialmente Mujeres y Niños, que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional y firmó la Convención de la ASEAN contra la Trata de Personas, Especialmente Mujeres y Niños. La República Democrática Popular Lao participa en la Iniciativa COMMIT y el Proceso de Bali relativo a la lucha contra la trata de personas. En el plano bilateral, la República Democrática Popular Lao ha firmado memorandos de entendimiento con Viet Nam, China y Tailandia sobre cooperación para combatir y reprimir la trata transfronteriza de personas y extradición; identificación de las víctimas de la trata de personas y prestación de asistencia oportuna; y enjuiciamiento de los autores. En 2006, la Unión de Mujeres Lao creó el Centro de Protección de Mujeres y Niños para prestar asistencia a las víctimas de violencia doméstica y explotación sexual, incluidas las víctimas de la trata de personas. Este Centro amplía las redes de asesoramiento en 12 provincias, 61 distritos y 52 aldeas de todo el país. El Centro ofrece asesoramiento presencial, así como a través de la línea telefónica gratuita 1362. Entre 2006 y 2016, el Centro brindó orientación relacionada con 19.470 casos a aproximadamente 75.000 solicitantes, de los cuales 55.000 eran mujeres, y prestó asesoramiento presencial a 25.000 personas, así como a otras 76.000 personas por conducto de la línea telefónica. En ese mismo período se prestó asistencia a 166 personas, incluidas 119 mujeres, y a 68 personas vulnerables en el contexto de la trata de personas, de las cuales 59 eran mujeres. Además de su labor de asesoramiento, el Centro también proporcionó alojamiento y alimentos, asistencia médica, acceso a asistencia letrada, asistencia en materia de formación profesional y de otra índole a fin de facilitar el regreso seguro de las víctimas a sus respectivas familias y comunidades y evitar una nueva victimización. A fin de garantizar la protección eficaz y la asistencia a las víctimas, el Centro actúa de forma asociada con la Fiscalía Popular Suprema, el Tribunal Popular Supremo, el Ministerio de Justicia, el Ministerio de Seguridad Pública, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Trabajo y Bienestar Social, el Ministerio de Educación y Deportes y otros organismos gubernamentales, así como con instituciones sin fines de lucro y organizaciones internacionales pertinentes. La Asociación Lao de Abogados presta asistencia letrada gratuita a las víctimas de la trata.

63.El Gobierno se preocupa por mejorar la capacidad de los servicios encargados de hacer cumplir la ley, especialmente de la policía central y local, para investigar los casos de trata. En total, 735 participantes, incluidas 112 mujeres, asistieron a los cursos de capacitación sobre identificación de las víctimas y ética del equipo de investigación encargado de los casos de trata. Los participantes procedían del Ministerio de Seguridad Pública, los tribunales populares, las fiscalías populares y otros organismos gubernamentales a nivel central y local.

64.Además de las medidas antes mencionadas para abordar la trata de personas de forma más eficaz, el Gobierno lao ha previsto medidas para combatir y reprimir la trata de personas en los planes de trabajo de 11 de los 111 proyectos prioritarios y ha consignado créditos destinados a la lucha contra la trata de personas en el presupuesto nacional.

65.La República Democrática Popular Lao no prevé, ni en su legislación ni en la práctica, el trabajo forzado o el trabajo en empresas privadas como sanciones aplicables a las personas privadas de libertad. La Decisión del Ministro de Seguridad Pública sobre los Centros de Detención y Establecimientos Penitenciarios de 2010 regula la gestión y las condiciones de reclusión de las personas privadas de libertad en los establecimientos penitenciarios de todo el país. Las autoridades competentes son las encargadas de administrar a toda la población penitenciaria; las tareas que realizan los reclusos en los centros de detención se limitan a actividades de formación profesional o de preparación para la vida que no constituyen en absoluto una forma de castigo de las personas detenidas. Los reclusos se dedican a esas actividades durante seis horas al día, cinco días por semana; gozan de pausas de descanso oficiales y laboran en función del estado de salud, el género, la edad, la capacidad y el talento de cada cual.

Artículo 9Derecho a la libertad y a la seguridad de la persona

66.El derecho a la libertad y la seguridad personales de todos los ciudadanos lao está consagrado en varias leyes y disposiciones legales. Conforme al artículo 12 del Código de Procedimiento Penal, no se podrá arrestar o detener a una persona o registrar un local sin una orden del jefe de un organismo de investigación, del Fiscal Popular o de un tribunal. Cuando una persona sea encarcelada, arrestada o detenida ilegalmente o detenida más tiempo del establecido por ley o en contravención de un fallo judicial, el Fiscal Popular deberá ordenar su puesta en libertad inmediata. Los infractores podrán ser sometidos a un procedimiento judicial, ser considerados penalmente responsables y condenados a pagar indemnización por eventuales daños y perjuicios. Además, el artículo 54 del Código Penal estipula las medidas que deberá aplicar el tribunal en el caso de infractores con trastornos mentales: las personas que cometan delitos en un estado de perturbación mental o infractores que, estando plenamente conscientes durante la comisión del delito, sufran perturbaciones mentales antes de que el tribunal dicte sentencia o durante el cumplimiento de esta, podrán beneficiarse de las medidas relativas al tratamiento médico, como su traslado a hospitales psiquiátricos o a centros de atención médica específica. Tras recuperar la salud mental, el infractor deberá comparecer nuevamente ante el tribunal para ser sentenciado o cumplir la sentencia dictada si la denuncia interpuesta o la decisión del tribunal sigue siendo válida. La duración del tratamiento médico se contará como parte de la pena impuesta. Cuando el autor del delito sea adicto al alcohol o las drogas y haya sido condenado a una pena de privación de libertad, el tribunal deberá aplicar medidas de rehabilitación mientras el infractor esté cumpliendo su condena; una vez recuperado de la adicción o el uso indebido, el infractor deberá comparecer nuevamente ante el tribunal o continuar cumpliendo el resto de su condena conforme a lo dispuesto en el artículo 55 del Código Penal. El Ministerio de Trabajo y Bienestar Social controla el vagabundeo y la mendicidad y presta asistencia material y moral conexa. De 2012 a 2015 el número de vagabundos y mendigos era de 285 adultos, incluidas 123 mujeres, y 116 niños, incluidas 48 niñas.

67.Las personas sospechosas tienen derecho a ser informadas de los motivos de su detención de conformidad con el artículo 138, párrafo 2, del Código de Procedimiento Penal, según el cual el agente de investigación o los funcionarios de las fiscalías populares deberán leerles la orden de detención, informarles de sus derechos y obligaciones y comunicar su lugar de detención a sus familiares y a la oficina, organización o empresa a la que pertenezcan dentro de un plazo de 24 horas. Los sospechosos pueden ponerse en contacto con sus abogados, médicos y familiares. Pueden asimismo solicitar una reunión con sus abogados a fin de proteger sus derechos. El artículo 18 de la Ley de Abogados dispone que los abogados pueden participar en las actuaciones penales a partir del momento en que hayan sido designados o hayan recibido una solicitud por escrito de su cliente o un familiar de este o de una organización pertinente. De conformidad con el artículo 268 del Código de Procedimiento Penal, cuando un sospechoso, acusado, detenido o preso recluido en una prisión se vea afectado súbitamente por una lesión o enfermedad y el médico de la prisión no pueda proporcionarle un tratamiento adecuado, el director de la prisión ordenará que la persona lesionada sea trasladada a un hospital estatal para recibir tratamiento e informará de ello al jefe del Departamento de Policía a nivel de distrito, municipal, provincial o metropolitano y al Fiscal Popular o el presidente del tribunal dentro de un plazo de 24 horas. Los sospechosos en tratamiento médico quedarán bajo la responsabilidad y protección de la policía, conforme a lo dispuesto en el artículo 269.

68.La detención de personas sospechosas se da en circunstancias diversas, por ejemplo: 1) cuando se haya tomado declaración a un sospechoso, si hay pruebas concretas de que el sospechoso ha cometido un delito para el que la ley establece la pena de prisión, el jefe del organismo de investigación o el Fiscal Popular podrán ordenar su detención durante 48 horas a fin de realizar investigaciones; si la orden proviene del jefe del organismo de investigación, este deberá informar por escrito al Fiscal Popular dentro de las 24 horas siguientes a la detención, de conformidad con el artículo 138 del Código de Procedimiento Penal; y 2) las personas en prisión preventiva antes de que el tribunal dicte una sentencia definitiva deberán mantenerse separadas de los reclusos y en condiciones apropiadas, habida cuenta de que aún rige la presunción de inocencia, de conformidad con el artículo 142 del Código de Procedimiento Penal.

69.Según lo dispuesto en el artículo 111 del Código de Procedimiento Penal, el plazo previsto para la detención temporal con fines de investigación no debe exceder de dos meses por delitos leves y de tres meses en el caso de delitos más graves, contados a partir de la fecha en que se dictó la orden de detención temporal. Si se estima necesario para prorrogar la investigación, a instancias del jefe del organismo de investigación o un funcionario de la Fiscalía Popular, el Fiscal Popular podrá, cuando se trate de delitos leves, prorrogar el período de detención temporal por períodos sucesivos de dos meses cada uno, siempre y cuando la duración total no exceda de seis meses, y en el caso de delitos más graves, por períodos sucesivos de tres meses, siempre y cuando la duración total no sea superior a un año. La solicitud de prórroga del plazo de detención estipulado deberá hacerse 15 días antes de que expire el período de detención temporal previsto y ese período de detención temporal se tendrá en cuenta a la hora de ejecutar la sentencia.

70.Los derechos de las personas detenidas están estipulados en el Código de Procedimiento Penal. Conforme al artículo 65 de este Código, los sospechosos tienen derecho a: ser informados de los cargos que se les imputan y a responder a estos; recibir explicaciones acerca de sus derechos y obligaciones a efectos de su defensa; prestar testimonio y presentar pruebas; solicitar la libertad bajo fianza y presentar otras solicitudes; recibir documentos relacionados con la apertura de investigaciones, informes sobre sus testimonios, órdenes relativas a la aplicación de medidas, modificaciones y anulaciones de medidas coercitivas; órdenes de suspensión de las investigaciones y resúmenes de las investigaciones; órdenes de presentación de cargos y la declaración conexa del Fiscal Popular, órdenes de desestimación del caso y otros documentos y órdenes acerca de las actuaciones según lo previsto en dicho Código; examinar los documentos del sumario y hacer copias de su contenido; contratar servicios de asistencia letrada y reunirse con abogados u obtener otras formas de representación para defender su causa; proponer la recusación de personas en las actuaciones penales, tales como expertos o intérpretes; presentar una denuncia sobre una acción u orden del jefe de un organismo de investigación, un funcionario de investigación, el Fiscal Popular o un miembro de la Fiscalía Popular si consideran que es incorrecta; y solicitar un recurso de apelación o casación respecto de una orden del jefe de un organismo de investigación o del Fiscal Popular.

71.Los condenados tienen derecho a comunicarse con el exterior y reunirse con sus familiares. De conformidad con el artículo 240, párrafos 2 y 3, del Código de Procedimiento Penal, el director del centro de detención o establecimiento penitenciario deberá comunicar a la familia del recluso el lugar donde este cumple su condena dentro de los 15 días siguientes a su admisión en el establecimiento. Durante la detención, los agentes en los centros de detención deberán permitir que el recluso se reúna con sus familiares, previa solicitud, antes de ser llevado al lugar donde ha de cumplir su condena.

72.Los derechos que asisten al tribunal para examinar la legalidad de todas las formas de privación de libertad están enunciados en el artículo 13 de la Ley de los Tribunales Populares, conforme a la cual el Tribunal Popular Supremo examina las decisiones y administra los tribunales populares inferiores para asegurarse de que los tribunales populares y los tribunales militares ejerzan debidamente su competencia conforme a la ley y de que sus decisiones sean uniformes en todo el país. El Tribunal Popular Supremo podrá examinar las actuaciones y sentencias de los tribunales populares regionales y los tribunales militares. Los tribunales populares regionales podrán examinar y revisar las pruebas, las actuaciones judiciales y las decisiones de los tribunales populares provinciales y municipales que estén bajo su jurisdicción. Los tribunales populares provinciales y municipales podrán examinar y revisar las pruebas, las actuaciones judiciales y las decisiones de los tribunales populares zonales sobre los que tenga competencia. El artículo 99 del Código Penal dispone que toda persona que ilegalmente arreste o detenga a otra persona será castigada con una pena de prisión de seis meses a dos años y una multa de 500.000 a 3.000.000 kip. Cuando ese delito cause daño a la salud de la persona detenida o encarcelada, el infractor será castigado con una pena de prisión de dos a cinco años y una multa de 700.000 a 5.000.000 kip. Cuando un delito de ese tipo provoque la invalidez o la muerte de la persona detenida o presa, el infractor será castigado con una pena de prisión de 5 a 15 años y una multa de 1.000.000 a 7.000.000 kip.

73.Con arreglo a los artículos 265 y 266 del Código de Procedimiento Penal, el Gobierno aplica una política de trato humanitario a los detenidos, sospechosos, acusados, detenidos o reclusos en los establecimientos penitenciarios. Cuando esas personas sean dementes, heridos o enfermos, tengan una enfermedad infecciosa o de otra índole, serán llevados a un hospital estatal o un centro de tratamiento médico especializado y se informará de esta medida al Fiscal Popular dentro de un plazo de 24 horas a efectos de vigilancia e inspección.

74.Los derechos de los solicitantes de asilo y los migrantes en situación irregular están estipulados en el artículo 50 de la Constitución. Los derechos y libertades de los extranjeros y los apátridas están amparados por las leyes de la República Democrática Popular Lao. Estas personas tienen derecho a presentar reclamaciones ante los tribunales y a cursar peticiones a otras organizaciones interesadas de la República Democrática Popular Lao; además, conforme al artículo 51 de la Constitución, la República Democrática Popular Lao concede asilo a los extranjeros que sufren persecución debido a su lucha en aras de la libertad, la justicia, la paz y la ciencia. Por otra parte, la Ley de Inmigración y Administración de Extranjeros de la República Democrática Popular Lao establece las condiciones de inmigración y los derechos de los extranjeros residentes en el país. La disposición relativa a la violación de las leyes y el reglamento de inmigración está contenida en el artículo 54 de la citada Ley, que dispone que, en caso de violación del reglamento de inmigración por ciudadanos lao, extranjeros o apátridas, la policía de inmigración llevará a cabo una entrevista preliminar del infractor y, de ser necesario, el infractor podrá ser detenido temporalmente durante 48 horas y la policía podrá retener los documentos de viaje, objetos y vehículos relacionados con el delito y enviar el expediente a los agentes de investigación para que inicien las actuaciones judiciales pertinentes. El artículo 55 de esta Ley prevé la responsabilidad de los funcionarios competentes respecto de las actuaciones relacionadas con extranjeros y apátridas, en particular la policía de inmigración, la policía de extranjería, la policía de turismo y demás funcionarios competentes, los cuales deberán informar al Departamento de Inmigración y al Departamento de Extranjería del Ministerio de Seguridad Pública dentro de un plazo de 48 horas e informar asimismo al Departamento Consular del Ministerio de Relaciones Exteriores. En caso de detención de extranjeros y apátridas, estos tienen derecho a ser informados de los pormenores del cargo que se les imputa y a recibir asistencia jurídica al igual que los ciudadanos lao.

Artículo 10Trato humanitario de las personas privadas de libertad

75.La República Democrática Popular Lao respeta los derechos y la dignidad de todas las personas privadas de libertad y les otorga un trato humanitario. A este respecto, el Gobierno dispone de medidas legislativas para impedir que se inflijan castigos atroces a los reclusos y aplica una política destinada a mejorar las condiciones de reclusión en los centros de detención y establecimientos penitenciarios. Como medida legislativa, el artículo 27 del Código Penal dispone que las sanciones no solo tienen la finalidad de castigar a los infractores, sino también la de reeducarlos para que adopten una actitud íntegra con respecto al trabajo, cumplan las leyes de forma correcta y estricta y respeten la disciplina de la vida social, y la de evitar su reincidencia y la de otras personas; las sanciones tampoco tienen por objeto causar sufrimiento físico o ultraje a la dignidad humana. Por otra parte, el artículo 171 del Código Penal dispone que toda persona que recurra a la violencia física o la tortura, o a medidas u otros actos incompatibles con las leyes, contra personas sospechosas o privadas de libertad mientras estén detenidas, sometidas a juicio o cumpliendo una sentencia será castigada con una pena de prisión o de reeducación de tres meses a tres años y una multa de 300.000 a 2.000.000 kip. El trato humanitario, en el contexto de los derechos de las personas privadas de libertad, también está previsto en el artículo 240, párrafos 2 y 3, del Código de Procedimiento Penal. El director del establecimiento penitenciario deberá informar a los familiares del recluso dentro de un plazo de 15 días a partir de su recepción en el establecimiento acerca del lugar en que ha de cumplir la condena y, cuando se trate de personas detenidas, el personal del centro de detención permitirá que el detenido que así lo solicite pueda reunirse con sus familiares antes de ser llevado al lugar de ejecución de la sentencia. Por otra parte, el artículo 241, párrafo 1, de dicho Código estipula que las personas condenadas a penas de prisión que aún no han sido recluidas tienen derecho a solicitar que se suspenda su encarcelamiento; y el artículo 242 define los motivos por los que puede suspenderse la pena de prisión, por ejemplo cuando la persona condenada esté gravemente herida, en cuyo caso, previa certificación de esa condición por un médico, la persona recibirá tratamiento en un hospital estatal según sea necesario, y tras su tratamiento y recuperación será trasladada al establecimiento penitenciario pertinente a fin de cumplir su condena; en tal circunstancia, la persona tendrá derecho a solicitar la suspensión de la pena de prisión durante un año, excepto si el delito constituye un peligro para la sociedad y la seguridad nacional. Conforme al artículo 21, párrafo 4 de la Ley de Desarrollo y Protección de la Mujer, si una mujer ha sido condenada a la pena de muerte y se comprueba que está embarazada, la pena de muerte será suspendida temporalmente. Además, los derechos de los reclusos están amparados por la Decisión del Ministro de Seguridad Pública sobre la Gestión de los Centros de Detención y Establecimientos Penitenciarios, en particular por su artículo 35, en el que se define la política relativa a los derechos de los reclusos, y estos derechos también se han incorporado en otras normas. Cabe señalar asimismo que, si bien el Código Penal prevé la pena de muerte como medida excepcional cuyo objetivo es disuadir la comisión de los delitos más graves, en la República Democrática Popular Lao está vigente desde hace muchos años una moratoria respecto de su aplicación, y toda persona condenada a muerte puede apelar y solicitar la amnistía o la reducción de esa pena. En la práctica, cada año el Presidente de la República Democrática Popular Lao otorga amnistías, reducciones de pena o indultos a un gran número de reclusos, tanto ciudadanos lao como extranjeros.

76.El Ministerio de Seguridad Pública es responsable de la gestión de los centros de detención y establecimientos penitenciarios en todo el país. El sistema de gestión está previsto en el Decreto sobre la Gestión de los Centros de Detención y Establecimientos Penitenciarios y en otros reglamentos ministeriales. El Gobierno lao se preocupa por mejorar las condiciones y la gestión de los centros de detención a fin de garantizar condiciones penitenciarias apropiadas, así como el bienestar de los reclusos. El Gobierno lao ha asignado un presupuesto específico para el mejoramiento del sistema penitenciario en todo el territorio nacional teniendo en cuenta las condiciones económicas del país.

77.La vigilancia e inspección del cumplimiento de la ley en los centros de detención, establecimientos penitenciarios y centros de reeducación durante el período de privación de libertad y de ejecución de las decisiones judiciales están previstas en el artículo 3, párrafo 4, de la Ley sobre los Fiscales Populares. Además, el artículo 151 del Código de Procedimiento Penal establece las atribuciones de la Fiscalía Popular para inspeccionar las condiciones penitenciarias a fin de velar por que ninguna persona sea encarcelada ilegalmente. El artículo 257 enuncia los derechos y obligaciones de la Fiscalía Popular en cuanto a la supervisión e inspección de los centros de ejecución de las sentencias. A este respecto, la Fiscalía Popular tiene las siguientes atribuciones y obligaciones: cerciorarse de que el traslado, la liberación a efectos de tratamiento y la puesta en libertad de los reclusos se realicen de conformidad con las normas jurídicas y, en caso de cualquier comportamiento indebido, adoptar medidas para resolver la cuestión de manera oportuna; llevar a cabo inspecciones in situ de las cárceles y demás establecimientos donde se ejecutan sentencias judiciales con carácter sistemático; inspeccionar y supervisar a los reclusos, incluida la aplicación de otras medidas judiciales, como entrevistar a los reclusos; examinar posibles delitos cometidos por funcionarios contra los reclusos y aplicar otras medidas judiciales apropiadas para castigar al personal penitenciario que infrinja las leyes o reglamentos. Además, los fiscales podrán ordenar la puesta en libertad inmediata de los reclusos si el examen realizado por el tribunal no es conforme a derecho. Los fiscales también participan en la investigación, el examen, la selección, la clasificación y el listado de los reclusos que cumplen los criterios para el indulto y verifican que este se ejecute de conformidad con el Decreto Presidencial sobre la Concesión de Indultos.

78.Si el personal penitenciario no respeta los derechos de los reclusos, estos podrán informar de ello al fiscal durante sus visitas. Los familiares de los reclusos también pueden presentar reclamaciones por conducto de otro mecanismo de denuncia previsto en la Ley sobre las Peticiones.

79.En cuanto al trato humanitario de los acusados e infractores menores de edad, el principio del interés superior del niño se ha integrado en la legislación nacional. En particular, en el Código de Procedimiento Penal de Menores se definen las normas y medidas relativas a la gestión, vigilancia e inspección de los procedimientos administrativos y jurídicos en causas de menores, las cuales exigen que los derechos y el interés superior del niño se tengan en cuenta en la resolución de esas causas. Además, la Ley para Prevenir y Combatir la Violencia contra las Mujeres y los Niños también hace referencia específica a la necesidad de garantizar el interés superior del niño como consideración primordial, en particular durante las actuaciones judiciales. Con arreglo al artículo 52 de la Ley de Protección de los Derechos e Intereses del Niño de 2006 y al artículo 155 del Código de Procedimiento Penal, los delitos leves y graves cometidos por niños menores de 18 años pero mayores de 15 años de edad que no supongan una amenaza grave para la sociedad y respecto de los cuales la ley prevea una pena de prisión de tres años o inferior no serán sometidos a la decisión de un tribunal sino que se resolverán de conformidad con la Ley de Protección de los Derechos del Niño y el Código Penal. El artículo 44 del Código Penal dispone que al establecer la pena que se impondrá a un infractor menor de 18 años de edad cuando se cometió el delito se tendrán en cuenta el nivel y las características del delito, aunque el tribunal también podrá imponer la pena en el nivel que prescriba la ley.

80.Con respecto a la detención de niños, el artículo 63 de la Ley de Protección de los Derechos e Intereses del Niño estipula que la detención de un niño deberá basarse en una orden escrita de un fiscal popular o un tribunal popular de menores, salvo cuando el niño haya cometido un delito grave o en otros casos urgentes. El Fiscal Popular o el tribunal popular dictarán una orden de detención contra un niño únicamente como medida de último recurso y a reserva de que se cumplan todas las siguientes condiciones: todos los componentes de un delito estén presentes; el niño esté acusado de haber cometido un delito grave punible por ley con una pena de prisión de tres años o más; las pruebas sean claras y precisas; y haya motivos para creer que el niño podría huir o destruir pruebas, cometer otros delitos graves o causar daño a las víctimas o los testigos, o verse agredido por terceros. El investigador deberá cumplir los siguientes requisitos conforme a lo dispuesto en el artículo 62 de la citada Ley, a saber: informar al niño de los motivos de la detención y explicarle sus derechos con arreglo a la ley; notificar de inmediato a los padres o tutores; abstenerse de cualquier forma de violencia, amenaza con armas u otros medios, lenguaje soez o difamatorio contra un infractor menor de edad; someter al niño a un examen médico detallado para determinar su estado de salud y estado mental, manteniendo la confidencialidad de los resultados a menos que las autoridades competentes hayan ordenado su divulgación; garantizar la seguridad del niño durante su estadía en establecimientos penitenciarios; mantener al niño en un sector específicamente destinado a los menores de edad, separados por sexo. El artículo 64 de esa misma Ley define los motivos y los requisitos para la detención preventiva de un niño, la cual deberá basarse en una orden escrita de un fiscal popular o de un tribunal popular de menores, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 63 de la Ley; los padres, tutores, familiares, amigos y protectores estarán autorizados a visitar al infractor menor de edad y la duración de la prisión preventiva del menor no excederá de un mes a partir de la fecha de expedición de la orden de prisión preventiva. Si es necesario proceder a un nuevo interrogatorio, el Fiscal Popular o un tribunal popular de menores podrán prorrogar la detención por otro mes, pero la duración total de la prisión preventiva no podrá ser superior a cuatro meses por una falta grave y ocho meses por un delito. El artículo 65 de esa Ley prevé la puesta en libertad de los menores de edad previa a la sentencia, que se considera prioritaria en el proceso penal de menores, en particular cuando no se cumplen las condiciones. La puesta en libertad de los menores de edad antes de la sentencia se realizará a petición de sus padres, tutores o parientes cercanos, o por un fiscal popular o un tribunal popular de menores. No se requerirá una fianza para la puesta en libertad a menos que sea necesaria. Los investigadores deberán dar su opinión sobre la solicitud de puesta en libertad del niño presentada por los padres, tutores o parientes cercanos del niño y enviarán la solicitud, junto con su opinión, al Fiscal Popular o al tribunal popular de menores dentro de un plazo de 24 horas después de recibir la solicitud. Si el Fiscal Popular o el tribunal de menores deciden poner en libertad al niño, este deberá ser liberado de inmediato. Los niños excarcelados estarán bajo la supervisión de un progenitor, tutor o pariente que se haya comprometido a asumir la responsabilidad respecto del niño. No se pondrá en libertad a un menor de edad cuando se presuma que ha cometido un delito grave. Conforme al artículo 74 de la citada Ley, los niños condenados por un tribunal a una pena de prisión serán enviados a centros de formación profesional para infractores menores de edad donde se les brindará educación sobre comportamientos y actitudes, así como formación profesional y otros servicios necesarios, en particular atención de la salud y orientación para llegar a ser una persona responsable y reintegrarse en la sociedad. El establecimiento de centros de formación profesional para los niños infractores y las actividades conexas se rigen por normas específicas. El Gobierno de la República Democrática Popular Lao ha adoptado medidas judiciales, como la creación de salas de menores en los tribunales provinciales en todas las provincias y en la capital, Vientián, a fin de promover más eficazmente el interés superior del niño. El Marco Estratégico de Justicia para los Niños de la República Democrática Popular Lao (2010-2020) tiene por objeto apoyar la administración de justicia respecto de los infractores y las víctimas menores de edad y armonizar el sistema de justicia de menores nacional con las normas internacionales.

81.A fin de garantizar la protección de todos los derechos de las personas privadas de libertad, el Ministerio de Relaciones Exteriores de la República Democrática Popular Lao, con el apoyo del Proyecto de Derecho Internacional del PNUD (2009-2013) y el Proyecto de Apoyo del PNUD para la Aplicación del Plan Maestro del Sector Jurídico relativo al Desarrollo del Estado de Derecho (2013-2017), organizó una serie de seminarios y conferencias para funcionarios encargados de hacer cumplir la ley con miras a aumentar la sensibilización sobre las convenciones internacionales de derechos humanos y otros instrumentos, como las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos (1957), el Conjunto de Principios para la Protección de Todas las Personas Sometidas a Cualquier Forma de Detención o Prisión (1988), el Código de Conducta para Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley (1979), los Principios de Ética Médica Aplicables a la Función del Personal de Salud, Especialmente los Médicos, en la Protección de Personas Presas y Detenidas contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes y las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para la Administración de la Justicia de Menores.

82.El funcionamiento del sistema penitenciario para todas las personas privadas de libertad se ha asegurado con humanidad y respeto de su dignidad, de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento sobre los Centros de Detención y Establecimientos Penitenciarios de 2012 del Ministro de Seguridad Pública. De conformidad con el artículo 142, párrafo 2, del Código de Procedimiento Penal, los sospechosos deberán estar separados de los condenados y deben gozar de condiciones apropiadas puesto que en su caso rige aún la presunción de inocencia. Además, en caso de delitos leves, el acusado tiene derecho a ser puesto en libertad bajo fianza con arreglo a lo dispuesto en el artículo 143. En cualquier caso, el acusado deberá ser prontamente llevado ante el tribunal sin demora injustificada.

83.El Gobierno ha puesto en marcha medidas administrativas y prácticas para garantizar la rehabilitación de las personas condenadas de conformidad con lo dispuesto en la Decisión núm. 185 de 17 de febrero de 2009 del Ministro de Seguridad Pública, relativa a la organización y ejecución de las actividades del Departamento de Policía de los Centros de Detención y Establecimientos Penitenciarios. Esa Decisión prevé la educación, la formación profesional y las condiciones de trabajo de los reclusos. La Decisión también define la política sobre la gestión de los ingresos procedentes de la venta de los productos de los reclusos, conforme a la cual cada una de esas personas recibe el 40% del total de dichos ingresos, mientras que el 60% restante se destina al presupuesto para los gastos administrativos de los centros de detención. Si los reclusos se ofrecen voluntariamente para trabajar durante el fin de semana, los ingresos procedentes de esas ventas les serán devueltos.

84.En la República Democrática Popular Lao no se prestan cuidados a domicilio porque, según las tradiciones lao, los jóvenes suelen ocuparse de cuidar, atender y prestar asistencia sanitaria a las personas de edad en el seno de la familia, incluidos los padres, abuelos y demás personas de edad. En otras palabras, según la cultura lao, cuando los padres o los tíos entran en la vejez se van a vivir con sus hijos o hijas u otros parientes por el resto de su vida. Aunque la población lao mantiene esta práctica tradicional, el Gobierno adopta medidas legislativas para garantizar que las personas de edad dispongan del tratamiento necesario. El artículo 38 de la Ley de Higiene, Prevención de Enfermedades y Promoción de la Salud define a las personas de edad como personas con limitada energía y fuerza física y salud precaria, por lo que es esencial vigilar de cerca su estado de salud. Las familias, las organizaciones y la sociedad deben prestar atención a la salud de las personas de edad, velando por que se sometan a exámenes médicos necesarios, reciban cuidados apropiados y gocen de condiciones de vida favorables y de descanso suficiente. El artículo4 de la Ley de Atención Sanitaria define la política estatal en materia de atención de la salud, consistente en que el Estado vela por la calidad de la atención de la salud y proporciona servicios de atención de la salud de plena conformidad con el plan de reforma del sector de la salud y las estrategias periódicas de atención de la salud, combinando tratamientos modernos y tradicionales, a fin de que todos los ciudadanos gocen de buena salud, en particular las mujeres y los niños, los pobres y los que viven en zonas remotas o aisladas, las personas con discapacidad y las personas de edad.

85.En el punto 63 del presente informe se incluye información sobre las condiciones de detención de los solicitantes de asilo y los migrantes en situación irregular.

Artículo 11Prohibición del encarcelamiento por el hecho de no poder cumplir una obligación contractual

86.De conformidad con el artículo 139 del Código de Procedimiento Penal, la detención de cualquier persona deberá basarse en una orden escrita emitida por el Fiscal Popular o un tribunal popular, salvo cuando se trate de una detención en el acto o en una situación de urgencia, según lo dispuesto en el artículo 140 de dicho Código. El Fiscal Popular o el tribunal popular expedirá una orden de detención a condición de que: exista una orden de abrir una investigación; el acto constituya un delito que la ley castiga con una pena de prisión; y se disponga de pruebas suficientes. Por otra parte, el artículo 173 del Código Penal prevé sanciones por la no ejecución de una decisión u orden judicial y dispone en particular que toda persona que eluda el cumplimiento de la instrucción, orden, decisión o fallo, o de la citación de un tribunal, ya sea en primera instancia, en apelación o en casación o por mandato judicial, será castigada con una pena de prisión de tres meses a un año y una multa de 100.000 a 5.000.000 kip.

Artículo 12Derecho a la libertad de circulación y de residencia

87.Los ciudadanos lao gozan de libertad de circulación y residencia conforme a lo previsto en el artículo 40 de la Constitución y en las leyes pertinentes.

88.La Asamblea Nacional aprobó la Ley del Registro Civil, que define los principios, las normas y las medidas relativas a la estructura orgánica y el funcionamiento, la gestión, la vigilancia y la inspección de la institución encargada del registro civil, a fin de que el proceso de inscripción de los ciudadanos lao sea expedito y legalmente válido y la recopilación de datos se realice de manera sistemática. En este sentido, el artículo 11 define el proceso de registro civil, que consta de tres etapas: la presentación de la solicitud de inscripción, el examen de la solicitud y el depósito de la inscripción. El artículo 12 de esta Ley se refiere a la presentación de la solicitud de inscripción que toda persona que desee inscribir a un miembro de la familia deberá presentar a las autoridades del registro civil por conducto del jefe de la aldea en que resida. Para los que viven en zonas remotas, la inscripción de miembros de la familia puede realizarse mediante la aprobación del jefe de la aldea correspondiente de conformidad con la normativa pertinente.

89.El reasentamiento de ciudadanos lao puede ser de dos tipos: 1) el reasentamiento por razones personales, por ejemplo una persona o familia que desee reasentarse por voluntad propia, ejerciendo la libertad de circulación y de residencia de que gozan los ciudadanos lao; y 2) el reasentamiento debido a la aplicación de un plan estatal de redistribución demográfica, en el marco de los Planes Nacionales de Desarrollo Socioeconómico, que dispone la reasignación a un nuevo lugar de residencia y base de producción con el fin de aliviar la pobreza. El Gobierno cuenta con un plan estratégico para la asignación de la residencia permanente y las bases de producción mediante la integración de pequeñas aldeas de zonas rurales remotas en grupos de desarrollo a nivel de aldea a fin de facilitar su acceso al desarrollo y a los servicios públicos. La repercusión de los proyectos de desarrollo ejecutados en el marco de los planes gubernamentales es otro motivo para el reasentamiento. En este sentido, el Gobierno ha puesto en práctica políticas y leyes para la aplicación y gestión del reasentamiento de grupos de personas a fin de reducir los efectos negativos de los proyectos de desarrollo y asegurar una indemnización adecuada a las personas afectadas. Entre esas leyes se incluyen la Ley de Tierras (artículo 71, relativo a la indemnización por las pérdidas causadas a raíz de la confiscación de tierras; y artículo 72, relativo a la determinación de las pérdidas); la Ley del Registro Civil (capítulo III, relativo al proceso de inscripción de miembros de la familia, artículo 28, relativo a la notificación y el registro de los cambios de residencia); el Decreto sobre la Aplicación de la Ley de Tierras (artículo 28, relativo a la indemnización por pérdidas, y artículo 29, relativo a la evaluación de los daños); el Decreto sobre Indemnización y Gestión del Reasentamiento en el Marco de Proyectos de Desarrollo de 2016; el Decreto sobre Arrendamiento o Concesión de Tierras del Estado de 2009; la Orden del Primer Ministro sobre la Asignación de la Ocupación y la Residencia de 2002; las Instrucciones del Primer Ministro de 2008; la Orden del Primer Ministro sobre la Reparación por la Dispersión de los Ciudadanos en Función del Plan Estratégico de Asignación de la Residencia Permanente y las Bases de Producción para la Población Multiétnica de 2012; y la Decisión del Ministro del Interior sobre la Gestión del Reasentamiento de los Ciudadanos de 2012.

90.Como se mencionó anteriormente, de conformidad con la Constitución y las leyes de la República Democrática Popular Lao, los ciudadanos lao gozan de libertad de circulación conforme a lo dispuesto por las leyes, con la excepción de los acusados de delitos leves, que pueden ser liberados temporalmente a petición de su familia o tutor; no obstante, el alcance de sus desplazamientos se regirá por lo dispuesto en el Código de Procedimiento Penal, artículo 143, párrafo 2, relativo a las condiciones de libertad provisional a fin de impedir la evasión.

91.Las condiciones para la expedición de documentos de viaje están previstas en la Ley de Inmigración y Extranjería de la República Democrática Popular Lao y en el Decreto del Primer Ministro sobre los Pasaportes de 2011. El artículo 11 de este Decreto dispone que los ciudadanos lao tienen derecho a tener un pasaporte y a entrar en el país y salir de él. El artículo 12 de la Ley de Inmigración y Administración de Extranjeros establece las condiciones para prohibir la entrada de extranjeros y apátridas en la República Democrática Popular Lao, cuando esas personas: 1) actúen en contra de la estabilidad, la seguridad y los intereses comunes de la nación o menoscaben la dignidad e imagen de la nación; 2) hayan cometido actos de piratería internacional, terrorismo, delitos transnacionales, trata de personas, inmigración ilegal o tráfico ilícito de migrantes, comercio sexual, prostitución y violación sexual o tengan antecedentes relacionados con la comisión de estos actos; 3) figuren en la lista negra; 4) porten documentos de viaje no válidos, como documentos de propiedad falsos o documentación falsificada, alterada o incompleta; 5) carezcan de medios de sustento suficientes durante la totalidad de su estancia en la República Democrática Popular Lao; 6) padezcan enfermedades infecciosas, terminales y peligrosas, a tenor de las normas internacionales y la notificación de los organismos competentes. El artículo 13 de esa Ley establece las condiciones para prohibir la salida de la República Democrática Popular Lao de toda persona que: 1) atente contra la estabilidad, la seguridad y los intereses comunes de la nación o menoscabe la dignidad e imagen de la nación; 2) porte documentos de viaje no válidos, como documentos de propiedad falsos o documentación falsificada, alterada o incompleta; 3) sea parte en un procedimiento penal o civil en curso o esté sujeta al pago de una multa o indemnización civil y aún no haya cumplido esas obligaciones de conformidad con la notificación de las autoridades encargadas de la investigación, la Fiscalía Popular, el Tribunal Popular, los sectores pertinentes, o los funcionarios que dispongan de información contra esa persona o la parte litigante.

92.Por otra parte, con arreglo a la política del Gobierno de la República Democrática Popular Lao, los extranjeros, los expatriados lao y los apátridas pueden residir de forma permanente en el territorio nacional, y sus legítimos derechos e intereses están protegidos por la Constitución y las leyes de la República Democrática Popular Lao, en particular por el Decreto sobre la Residencia Permanente en la República Democrática Popular Lao de 2011 (artículos 4 a 13 y 15) y los tratados pertinentes suscritos por el país. Los derechos e intereses legítimos de los ciudadanos están garantizados por la legislación, sin discriminación alguna entre personas empleadas y desempleadas. El Gobierno aprobó una reglamentación sobre los trabajadores extranjeros a fin de garantizar el orden social y proteger sus derechos e intereses legítimos de conformidad con las disposiciones del Código del Trabajo, artículo 4.

Artículo 13Estatuto de los extranjeros y los apátridas

93.En general, los derechos y las libertades de los extranjeros y los apátridas están consagrados en la legislación, de conformidad con la Constitución. Según el artículo 50, los derechos y libertades de los extranjeros y los apátridas están amparados por las leyes de la República Democrática Popular Lao. Estas personas tienen derecho a presentar reclamaciones ante los tribunales y formular quejas ante otras organizaciones interesadas de la República Democrática Popular Lao, y tienen la obligación de respetar la Constitución y las leyes de la República Democrática Popular Lao. En virtud del artículo 51 de la Constitución, la República Democrática Popular Lao concede asilo a todo extranjero perseguido por luchar en pro de la libertad, la justicia, la paz y la ciencia.

94.Las condiciones para la concesión de asilo se basan en las disposiciones de la Ley de Inmigración y Administración de Extranjeros en la República Democrática Popular Lao. Los artículos 9, 10 y 11 de esta Ley establecen las condiciones de entrada de los extranjeros y apátridas en la República Democrática Popular Lao, así como de su salida del país. De conformidad con la Ley de Promoción de Inversiones, los inversores extranjeros con un capital de inversión registrado de 500.000 dólares de los Estado Unidos o superior pueden comprar derechos de uso de la tierra. El Gobierno asignará tierras a los inversores por un período acorde con la duración de la inversión, previo consentimiento de las autoridades locales y de conformidad con el reglamento vigente para la construcción de instalaciones con fines residenciales o comerciales. La expulsión de extranjeros que gocen de privilegios e inmunidades en virtud de las convenciones internacionales en que es parte la República Democrática Popular Lao se tramitaría por conducto de los canales diplomáticos.

95.Los motivos para la expulsión de extranjeros están estipulados en el Decreto sobre la Residencia Permanente de Extranjeros, Expatriados Lao y Apátridas en la República Democrática Popular Lao de 2011. Según el artículo 15 de este Decreto, si los extranjeros o los apátridas que han sido autorizados a residir permanentemente en la República Democrática Popular Lao cometen un delito contra la estabilidad nacional o atentan contra los intereses nacionales, o son condenados a una pena de prisión de cinco años o más, esa autorización quedará sin efecto y los infractores serán deportados de la República Democrática Popular Lao. En el período 2010-2016, el número de extranjeros deportados por violación de las leyes y reglamentos de la República Democrática Popular Lao ascendió a 49 (incluidas 4 mujeres) de un total de 45.538 extranjeros, de los cuales 16.203 eran mujeres.

96.Los extranjeros residentes en la República Democrática Popular Lao gozan de igualdad ante la ley y los tribunales. El artículo 50 de la Constitución garantiza el derecho de los extranjeros a presentar reclamaciones ante los tribunales para obtener un procedimiento justo. La Ley de Tramitación de Quejas establece los principios, las reglamentaciones y las medidas aplicables para atender a las quejas de los ciudadanos, los extranjeros y los apátridas residentes en la República Democrática Popular Lao. Por su parte, el Código de Procedimiento Penal, artículo 13, y el Código de Procedimiento Civil, artículo 10, garantizan la igualdad de los ciudadanos ante la ley y los tribunales. Conforme a lo dispuesto en el artículo 65, párrafo 7 y el artículo 66, párrafo 3 del Código de Procedimiento Penal, las personas acusadas e imputadas tienen derecho a contratar asistencia letrada y a reunirse con su abogado o defensor para litigar el caso. El artículo 72, párrafo 9 del Código de Procedimiento Civil dispone que los litigantes tienen igualdad de derechos en las actuaciones judiciales y pueden contratar a un abogado o defensor en el curso de esas actuaciones.

Artículo 14Derecho a la igualdad ante la ley y a un juicio imparcial

97.La igualdad de derechos ante la ley está garantizada por la Constitución. Conforme al artículo 35 de la Constitución, los ciudadanos lao son iguales ante la ley, independientemente de su sexo, condición social, educación, creencias y origen étnico.

98.Según lo previsto en los artículos 90 a 103 de la Constitución, el sistema judicial de la República Democrática Popular Lao está constituido por los tribunales populares y las fiscalías populares. Además, conforme al artículo 19 de la Ley sobre los Tribunales Populares, el sistema de tribunales populares está integrado por el Tribunal Popular Supremo, los tribunales populares regionales, los tribunales populares provinciales, los tribunales populares zonales del pueblo y los tribunales militares. La Ley sobre las Fiscalías Populares, en su artículo 11, dispone que la estructura orgánica de las fiscalías populares comprende la Fiscalía Popular Suprema, las fiscalías populares regionales, las fiscalías populares provinciales, las fiscalías populares zonales y las fiscalías militares. El Comité Permanente de la Asamblea Nacional tiene la facultad de nombrar, transferir o destituir a jueces en todos los niveles de los tribunales populares y tribunales militares atendiendo a la recomendación que formule el Presidente del Tribunal Popular Supremo sobre la base de las propuestas de la Conferencia General de Jueces, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 93 de la Constitución y el artículo 32 de la Ley sobre los Tribunales Populares. Según las cualificaciones enunciadas en el artículo 46, un juez de los tribunales populares deberá ser ciudadano lao no menor de 25 años de edad, demostrar un firme compromiso político y buena conducta, ser patriótico, proteger los intereses nacionales, tener un comportamiento ético, ser licenciado en derecho o experto en materia jurídica y gozar de buen estado de salud. Las cualificaciones, criterios y normas específicos aplicables a los jueces en los distintos niveles de los tribunales populares se rigen conforme a normas específicas. En 2015-2016, el total de funcionarios judiciales en el sistema de los tribunales populares ascendió a 1.906 (incluidas 685 mujeres), de los cuales 424 eran jueces (incluidas 87 mujeres), 218 eran jueces auxiliares (incluidas 82 mujeres), 186 eran secretarios de juzgado (incluidas 100 mujeres); y 1.437 eran funcionarios (incluidas 475 mujeres) de las fiscalías populares, de los cuales 250 procedían de grupos étnicos (incluidas 54 mujeres).

99.Los funcionarios judiciales gozan de protección legal en virtud de la Ley sobre los Tribunales Populares, artículo 6, según el cual los jueces y los funcionarios de los tribunales populares y las partes en las actuaciones judiciales deben ser protegidos de conformidad con la legislación y no estar expuestos a actos vengativos o amenazas contra la vida, la salud, la libertad, la dignidad y los bienes personales o familiares. Conforme a lo dispuesto en el artículo 48 de esta Ley, los jueces solo pueden ser detenidos o investigados previa aprobación del Comité Permanente de la Asamblea Nacional. Si, por motivos de urgencia, es necesario detener a un juez antes de contar con la aprobación del Comité Permanente, la detención se comunicará de inmediato al Comité Permanente de la Asamblea Nacional y se obtendrá aprobación para adoptar cualquier medida de investigación ulterior. Asimismo, la detención de cualquier juez de un tribunal popular de apelación, provincial, municipal o de distrito deberá comunicarse al Tribunal Popular Supremo. La detención de cualquier juez de un tribunal militar deberá ser notificada al Tribunal Popular Supremo y al Ministerio de Defensa Nacional. A tenor del artículo 58 de la citada Ley, se prohíbe a las personas u otras entidades jurídicas interrumpir el proceso de decisión y sentencia e intervenir o interferir en él; amenazar o lesionar al personal de los tribunales populares; realizar actos que puedan conducir a un fallo injusto; blasfemar, insultar, criticar o difamar al personal de los tribunales populares; encubrir, ocultar o destruir pruebas relacionadas con la causa y proteger a los infractores; transferir a jueces del Tribunal Popular Supremo, o al Presidente, el Vicepresidente o los jueces de los tribunales populares locales o de los tribunales militares sin la avenencia del Comité Permanente de la Asamblea Nacional. Por su parte, el Código de Procedimiento Penal, en su artículo 7, párrafos 1 y 2, dispone que las organizaciones y autoridades encargadas del proceso penal están protegidas por la legislación frente a todo acto de venganza y amenaza contra la vida, la salud, la libertad, la dignidad y los bienes de la comunidad, la persona y la familia.

100.El sueldo y el ascenso de los jueces se rigen con arreglo a la Ley de los Tribunales Populares. Conforme al artículo 60 de esta Ley, el índice de sueldos de los jueces, jueces auxiliares y secretarios judiciales está previsto en la normativa específica; y en su artículo 47, la citada Ley dispone que la clasificación y los puestos de los jueces se rigen por las normas específicas aprobadas por el Comité Permanente de la Asamblea Nacional. Cuando un juez sea objeto de suspensión, despido o medidas disciplinarias, esas medidas deberán adoptarse de conformidad con el artículo 64 de esa Ley, según el cual los funcionarios de los tribunales, los participantes en los procesos penales y las personas y otras entidades jurídicas que infrinjan la ley y atenten contra los intereses del Estado, la sociedad, la dignidad, la reputación y los derechos y beneficios legítimos de los ciudadanos, serán pasibles de medidas de reeducación, disciplina, multas o procedimientos judiciales en función de la gravedad del delito, y tendrán la obligación de compensar la pérdida de beneficios causada por esa infracción de conformidad con lo dispuesto en la legislación. Por otra parte, el soborno y el abuso del cargo, las facultades y los mandatos por las autoridades investidas de esas funciones son actos que constituyen corrupción conforme a lo dispuesto en la Ley sobre la Corrupción. Según los artículos 11, 15 y 16 de esa Ley, los autores de esos delitos serán castigados con arreglo al Código Penal, artículos 153, 154, 157 y 174, relativos al abuso de poder, el abuso de autoridad, la aceptación y la oferta de soborno y la corrupción, respectivamente.

101.La Asociación Lao de Abogados es una organización profesional de abogados establecida en la República Democrática Popular Lao para promover la profesión jurídica, fomentar la solidaridad y proteger el prestigio de los abogados con miras a garantizar la prestación de servicios jurídicos a la sociedad de una manera justa, eficaz y amplia y contribuir al estado de derecho. Con arreglo a la Ley de Abogados, artículo 30, la estructura orgánica de la Asociación Lao de Abogados está integrada por los miembros colegiados, la Reunión General de Abogados, el Comité Ejecutivo, el Comité de Inspección y la Oficina de la Asociación Lao de Abogados. Los derechos y obligaciones de esas entidades orgánicas se especifican en los artículos 32, 35, 38, 41 y 43 de la mencionada Ley. En 2016 había en todo el país un total de 196 abogados, de los cuales 33 eran mujeres y 40 eran abogados pasantes.

102.Además, la República Democrática Popular Lao cuenta con tribunales militares, que son uno de los componentes del sistema de tribunales populares, según lo dispuesto en el artículo 91 de la Constitución. De conformidad con la Ley sobre los Tribunales Populares, artículo 28, los tribunales militares tienen la función de dirimir las causas penales por delitos relacionados con cuestiones militares o cometidos en el recinto de una base militar. La Ley sobre los Tribunales Militares también determina la competencia de estos tribunales. Conforme al artículo 3 de esta Ley, los tribunales militares tienen competencia para juzgar los casos penales relacionados con delitos cometidos por los comandantes y soldados, los trabajadores y demás personal de la defensa nacional, las fuerzas de reserva, los cuerpos de seguridad, las fuerzas militares o el personal en servicio durante los períodos de capacitación, prácticas, preparación para la guerra o vigilancia y que estén directamente bajo la administración del Ejército, así como los actos delictivos cometidos por personas ajenas a las fuerzas armadas que pongan en peligro la estabilidad nacional, la confidencialidad de los asuntos militares y los intereses del Ejército, o la vida, los bienes, la salud o la dignidad de los comandantes y soldados.

103.El Código de Procedimiento Penal, en su artículo 10, establece los principios fundamentales del procedimiento penal en el contexto de un juicio público. Conforme al artículo 214 del Código de Procedimiento Civil y al artículo 15 de la Ley sobre los Tribunales Populares, todos los juicios serán públicos, salvo en casos de secretos de Estado o la sociedad, infracciones cometidas por personas entre 15 y 18 años de edad, o ciertos delitos que ponen en peligro la relación conyugal o las costumbres tradicionales, en los que el juicio deberá celebrarse a puerta cerrada. En todos los casos, la decisión del tribunal se leerá públicamente.

104.En las actuaciones penales, mientras el acusado o procesado no haya sido declarado culpable y condenado con arreglo a una decisión final del tribunal popular se le presumirá inocente y tendrá derecho a presentar pruebas en su defensa, pero no estará obligado a presentar pruebas para demostrar su inocencia según lo dispuesto en los artículos 14 y 15 del Código de Procedimiento Penal.

105.El artículo 65 del Código de Procedimiento Penal enuncia los derechos del acusado en un procedimiento penal, incluidos el derecho a ser informado de los cargos que se le imputan y a presentar su defensa; recibir información sobre sus derechos y obligaciones en el marco del procedimiento; prestar testimonio y presentar pruebas; solicitar la libertad bajo fianza y formular otras solicitudes; recibir los documentos relacionados con la apertura de las investigaciones, los informes sobre testimonios, las órdenes relativas a la aplicación, modificación o anulación de medidas coercitivas, las órdenes de suspensión de las investigaciones, el resumen de las investigaciones, la orden de imputación de cargos y la declaración del Fiscal Popular, la orden o decisión de desestimar el caso y demás documentación y órdenes relativas a las actuaciones de la causa, de conformidad con el citado Código; examinar el expediente de la causa o hacer una copia de los documentos del expediente que sean necesarios; contratar servicios de asistencia letrada y reunirse con su abogado u otro defensor a fin de impugnar los cargos; proponer la recusación de una persona encargada de las actuaciones penales, conforme a lo dispuesto en el artículo 52, párrafos 2 y 3 del Código, o de expertos o intérpretes; presentar una denuncia contra acciones y órdenes del jefe o los funcionarios de un organismo de investigación o del Fiscal Popular que considere ilegales; e interponer un recurso de apelación o casación de una orden del jefe de un organismo de investigación o del Fiscal Popular. Asimismo, conforme al artículo 66 de este Código, el acusado tiene derecho a ser informado de los cargos que se le imputan y a presentar su defensa; recibir explicaciones acerca de sus derechos y obligaciones a efectos de su defensa; prestar testimonio, responder a los cargos y presentar pruebas; contratar servicios de asistencia letrada y reunirse con su abogado u otro defensor a fin de impugnar los cargos; describir los hechos y responder a las preguntas formuladas ante el tribunal; examinar el expediente de la causa o hacer una copia de los documentos del expediente que sean necesarios; formular solicitudes; participar en las audiencias judiciales; exigir la recusación de un juez, fiscal popular o investigador según lo dispuesto en el artículo 52, párrafos 2 y 3, del Código, o de un experto o traductor; hacer una declaración final antes del cierre de las actuaciones; recibir una decisión del Tribunal Popular; presentar un recurso de apelación o solicitar la cesación de una decisión del Tribunal Popular; y otros derechos previstos por la ley. Además, el artículo 206 de ese Código dispone que, una vez que el tribunal judicial haya adoptado una decisión a puerta cerrada, el Presidente del Tribunal deberá leer esa decisión en voz alta en la sala del tribunal e informar al acusado de su derecho a apelar la decisión del tribunal. Si el acusado no comprende el idioma lao, el traductor deberá traducir al acusado todos los pormenores de la decisión.

106.La República Democrática Popular Lao cuenta con una política para proporcionar asistencia jurídica gratuita conforme a lo dispuesto en la Ley de Abogados. Según el artículo 23 de esta Ley, la asistencia jurídica consiste en la prestación de servicios jurídicos gratuitos por la Asociación Lao de Abogados a las personas pobres y desfavorecidas a fin de garantizar su acceso a la justicia y a las actuaciones judiciales. Además, el artículo 51 de la Ley establece la base legal para el establecimiento de fondos de asistencia jurídica.

107.De conformidad con el Código de Procedimiento Penal, artículo 20, los participantes en actuaciones judiciales que no entiendan el idioma lao tienen derecho a utilizar su propio idioma u otro idioma por conducto de un intérprete.

108.A tenor de lo dispuesto en el artículo 207 del Código de Procedimiento Civil, en un procedimiento civil iniciado por las partes, si por razones justificadas, tras haber sido citado por un tribunal, el demandante, el demandado o un tercero en una causa está imposibilitado de comparecer, el tribunal podrá aplazar el juicio. Si el demandante, el demandado o un tercero no comparecen ante el tribunal tras recibir tres citaciones sin tener un motivo que lo justifique, el tribunal podrá fallar en rebeldía o poner fin a las actuaciones según estime conveniente en cada caso.

109.De conformidad con el Código de Procedimiento Penal, artículo 66, párrafo 6, el acusado tiene derecho a examinar o copiar los documentos del expediente y formular solicitudes. De modo similar, los abogados también tienen derecho a examinar los expedientes de las causas, hacer copias o registrar el contenido de los documentos con arreglo a lo dispuesto en la Ley de Abogados, artículo 19, párrafo 3. Por su parte, el artículo 102 del Código de Procedimiento Penal dispone que, a petición de los participantes en actuaciones penales relativas a la presentación de pruebas, la revisión de datos o la incautación o el decomiso de activos a efectos de indemnización, el jefe del organismo de investigación o la Fiscalía Popular deberá tramitar las solicitudes en un plazo de 7 días a partir de la fecha de recepción de la solicitud y notificará por escrito a los solicitantes sobre el resultado. Cuando la solicitud sea denegada o transcurra un período superior a 7 días sin que se haya examinado, los solicitantes tendrán derecho a apelar ante el jefe del organismo de investigación o la Fiscalía Popular, en la instancia superior, a fin de que la solicitud se examine dentro de un plazo de 15 días.

110.Cuando se trate de un procedimiento judicial deficiente, la indemnización deberá hacerse de conformidad con la Ley sobre las Peticiones, artículo 13, párrafo 3, a saber, restituyendo a los peticionarios sus legítimos derechos que les fueron vulnerados por otras personas e imponiendo a los infractores el pago de una indemnización de conformidad con lo dispuesto en las leyes y reglamentos.

Artículo 15Principio de no retroactividad del derecho penal

111.El principio de no retroactividad del derecho penal está consagrado en el artículo 5 del Código Penal, según el cual la ley entrará en vigor en la fecha en que es promulgada; toda nueva ley que prevea penas menos severas o elimine cualquier delito tipificado en leyes anteriores tendrá efecto retroactivo; toda nueva ley que tipifique nuevos delitos o requiera una pena más grave que la prevista en una ley anterior no tendrá efecto retroactivo. El artículo 81 de la Ley sobre la Elaboración de Instrumentos Jurídicos contiene una cláusula similar a tal efecto. Este principio del derecho penal es aplicable a la competencia tanto de los tribunales populares como de los tribunales militares.

Artículo 16Derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica

112.Conforme a la Ley de Contratos y Responsabilidad Extracontractual, artículo 12, párrafo 2, tienen capacidad jurídica los ciudadanos mayores de 18 años, exceptuados los que sean inimputables por demencia. Con arreglo a la Ley de la Familia, artículo 3, párrafo 2, los ciudadanos mayores de 18 años tienen derecho a elegir pareja libremente sobre la base del consentimiento mutuo y el amor con miras a contraer matrimonio conforme a las costumbres y tradiciones nacionales. El Código Penal, en su artículo 7, dispone que el componente de autoría de un delito se basa en el hecho de que, para ser responsable, el infractor debe estar en posesión de sus facultades mentales, no ser demente y haber alcanzado la mayoría de edad, es decir, por lo menos los 15 años. Conforme al artículo 36 de la Constitución y al artículo 6, párrafos 2 y 3, de la Ley sobre la Elección de los Miembros de la Asamblea Nacional y las Asambleas Provinciales, todos los ciudadanos lao que hayan cumplido 18 años de edad tienen derecho a votar y los que tengan 21 años o más tienen derecho a ser elegidos.

113.La inscripción de los nacimientos es el reconocimiento de la persona ante la ley. La inscripción del nacimiento es uno de los procedimientos de registro de los miembros de la familia previstos en la Ley del Registro Civil, artículo 9, párrafo 2, y los procedimientos relativos a la inscripción del nacimiento se definen en el artículo 17 de esa Ley. Con respecto a la notificación y la expedición del certificado de inscripción del nacimiento de un niño nacido en el hogar, en un centro de salud u hospital, el jefe de familia o un representante de la familia comunica el hecho verbalmente o por escrito al jefe de la aldea en que viven y presenta el parte de nacimiento expedido por el centro de salud u hospital a fin de demostrar el nacimiento. Una vez recibida la notificación sobre el recién nacido, el jefe de la aldea deberá emitir el certificado de nacimiento dentro de un plazo de cinco días laborables. Cuando un niño nazca en el extranjero, el padre o la madre o el representante de la familia deberán notificarlo al funcionario encargado del registro civil de la embajada u oficina consular de la República Democrática Popular Lao en el país en que haya nacido el niño. El artículo 18 de esta Ley dispone que tras la inscripción del nacimiento y la recepción del certificado de nacimiento expedido por el jefe de aldea, el nacimiento del niño será inscrito en el registro civil de la oficina administrativa del distrito correspondiente dentro de un plazo de 30 días hábiles a partir de la fecha de recepción del certificado de nacimiento. Tras recibir la notificación del nacimiento, el oficial de registro civil de la embajada u oficina consular de la República Democrática Popular Lao inscribirá el nacimiento dentro de un plazo de cinco días hábiles. En las zonas rurales, cuando un niño nace con asistencia de una comadrona, el jefe de aldea confirmará el nacimiento y procederá a su inscripción con arreglo a la Ley del Registro Civil.

Artículo 17Derecho a la vida privada

114.La República Democrática Popular Lao ha formulado leyes y reglamentos para garantizar la intimidad, la cual no puede ser vulnerada arbitrariamente, según lo dispuesto en los artículos 6 y 42 de la Constitución y en otras leyes, entre las que se cuentan las siguientes.

115.La Ley de la Fiscalía Popular, artículo 42, párrafo 5, estipula los derechos y deberes que asisten a la Fiscalía Popular para emitir órdenes de arresto, detención, detención temporal, puesta en libertad temporal y registro de locales en relación con delitos que no hayan sido cometidos en presencia de los funcionarios competentes o cuando el caso no sea urgente; el Código de Procedimiento Penal, en su artículo 123, define el registro de locales y, en su artículo 124, define asimismo el registro de vehículos y el registro corporal por funcionarios de investigación; el Código Penal, en su artículo 102, dispone que toda persona que atente contra las libertades individuales de otra persona, como las de hacer uso de la palabra, escribir y participar en asociaciones y reuniones conforme a la ley, entre otras, será sancionada con una pena de prisión de tres meses a un año o un régimen de reeducación sin privación de libertad y una multa de 100.000 a 300.000 kip. El artículo 103, que contiene la definición de violación de domicilio, dispone que toda persona que cometa violación ilegal de domicilio con uso de la fuerza, amenaza o documentos falsificados, o haciéndose pasar por un funcionario o por cualquier otro medio, será castigada con una pena de prisión de seis meses a dos años y una multa de 300.000 a 1.000.000 kip. El artículo 104, que contiene la definición de injerencia en los asuntos personales de carácter confidencial, dispone que toda persona que revele información confidencial relativa a otras personas de la que haya tenido conocimiento durante el ejercicio de su profesión o sus funciones, causando con ello daños a otra persona, será castigada con una pena de prisión de tres a seis meses y una multa de 50.000 a 500.000 kip; toda persona que abra las cartas, telegramas u otros documentos de otras personas o escuche una conversación telefónica entre otras personas, vulnerando de esa forma los derechos de otra persona, será castigada con una pena de prisión de tres a seis meses y una multa de 50.000 a 500.000 kip.

116.La reglamentación del uso de medios electrónicos está prevista en la Ley sobre las Operaciones Electrónicas. Los artículos 36, 37, 38 y 39 de esta Ley prohíben que las personas, las entidades jurídicas y otras organizaciones utilicen información específica de otras personas sin permiso.

117.Las autoridades gubernamentales pueden realizar registros residenciales, personales y corporales de conformidad con el Código de Procedimiento Penal. Como se ha mencionado anteriormente, el artículo 124, párrafos 2 y 3, el artículo 138, párrafo 2, el artículo 139 y el artículo 140, párrafos 3 y 4, prohíben los registros arbitrarios de vehículos y locales por otras personas no autorizadas. En su artículo 123, el Código estipula que el registro de edificios deberá llevarse a cabo en presencia de las autoridades de la aldea, el propietario de la casa y por lo menos dos testigos. Los registros de locales deben realizarse durante el día, entre las 6.00 horas y las 18.00 horas. Cuando a las 18.00 horas el registro no haya terminado se continuará hasta el final. Durante un registro, el funcionario que lo dirige está facultado para prohibir la salida de las personas presentes dentro del recinto y la entrada de personas que estén fuera de él, así como la comunicación entre ambos grupos de personas, hasta que haya concluido el registro. Solo podrán incautarse materiales, objetos y documentos si guardan relación con el delito o son ilícitos. El Código Penal establece las penas por vulneración de la libertad individual (artículo 102), violación de domicilio (artículo 103) e injerencia en los asuntos personales confidenciales (artículo 104).

118.El almacenamiento y mantenimiento de datos privados, incluidos datos informáticos y bancarios, están previstos en la Ley sobre las Operaciones Electrónicas. Los artículos 40 y 44 de esta Ley disponen que en caso de controversia relacionada con una transacción electrónica, las partes podrán someter el asunto al Tribunal Popular para que adopte una decisión de conformidad con las leyes y reglamentos. Según lo dispuesto en el artículo 24, párrafo 3 de la Ley de Estadística, está prohibido revelar cualquier información confidencial sobre personas naturales o jurídicas u organizaciones que se haya recopilado a partir de encuestas o informes administrativos. Con arreglo al Decreto sobre la Gestión de la Información en Internet, artículo 10, párrafo 6, está prohibido publicar información distorsionada y engañosa con el propósito de menoscabar la honra o los derechos personales o perjudicar a determinados sectores, instituciones u otras organizaciones.

Artículo 18Derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión

119.Los ciudadanos lao tienen el derecho y la libertad de creer o no creer en las religiones, de conformidad con la Constitución de la República Democrática Popular Lao, cuyo artículo 43 dispone que el Estado respetará y protegerá todas las actividades de los budistas y de los fieles de otras religiones que se realicen conforme a la ley. Todo acto que siembre la división entre las religiones está prohibido (artículo 9). El Gobierno revisó el Decreto núm. 92 y aprobó el Decreto núm. 315 sobre la Gestión y Protección de las Actividades Religiosas en la República Democrática Popular Lao, de 16 de agosto de 2016, a fin de garantizar el ejercicio del derecho de los ciudadanos lao a ser libres de creer o no en una religión.

120.En la República Democrática Popular Lao están inscritas cuatro religiones: el budismo, con un 64,7% de fieles; el cristianismo, con un 1,7%; el islam y bahaí, con el 1%; y las religiones animistas, con el 33% restante de adeptos.

121.La publicación e importación de materiales y publicaciones religiosas deben contar con la aprobación de la autoridad competente, de conformidad con la normativa imperante. El Decreto sobre la Gestión y Protección de las Actividades Religiosas en la República Democrática Popular Lao, artículo 14, dispone que la importación, distribución y difusión por medios electrónicos de materiales religiosos se realizarán de conformidad con la Ley de Publicaciones, la Ley sobre los Medios de Comunicación de Masas y otras leyes y reglamentos pertinentes. La Ley de Publicaciones, artículo 52, prohíbe a los editores imprimir libros y otras publicaciones que socaven las buenas tradiciones y la cultura de la nación y la solidaridad entre los grupos étnicos, o cuyo contenido promueva determinadas creencias, tergiverse la imagen y atente contra la reputación de organizaciones o personas, o apoye cualquier acto que redunde en perjuicio del interés nacional. Conforme al artículo 53 de esta Ley, se prohíbe a los editores diseñar publicaciones de contenido inapropiado que obren en desmedro del honor nacional y ancestral y de la solidaridad multiétnica del pueblo lao, entre otras cosas. En su artículo 54, la Ley prohíbe la distribución o venta de libros y otras publicaciones que no cuenten con la autorización de la organización encargada de la gestión de las publicaciones.

122.De conformidad con la Constitución y las leyes de la República Democrática Popular Lao, no se reconoce ninguna religión como religión de Estado. Según el artículo 4 del Decreto sobre la Gestión y Protección de las Actividades Religiosas en la República Democrática Popular Lao, el Estado respeta y protege todas las actividades lícitas de los budistas y de los fieles de las demás religiones en el país. Los ciudadanos lao gozan de igualdad de derechos y libertades ante la ley en cuanto a creer o no creer en las religiones o a cambiar sus creencias. Toda persona que vulnere la libertad legítima de otra persona será castigada con una pena de prisión y una multa conforme a lo previsto en el artículo 102 del Código Penal. En la República Democrática Popular Lao la creencia en la religión es voluntaria y no puede ser objeto de coacción o influencia ilícitas, y el propósito de las organizaciones religiosas es contribuir al desarrollo nacional y educar a las personas de todos los estratos de la sociedad para que sean buenos ciudadanos. Conforme al artículo 7 del Decreto sobre la Gestión y Protección de las Actividades Religiosas en la República Democrática Popular Lao, los adeptos a una religión que deseen crear e inscribir una organización religiosa en la República Democrática Popular Lao deberán completar toda la documentación necesaria de conformidad con el Decreto núm. 315 y la Instrucción del Ministerio del Interior sobre la Aplicación del Decreto.

123.El servicio militar se realiza de conformidad con la Ley de Obligaciones en Materia de Defensa Nacional. Los artículos 2, 3, 8 y 9 de esta Ley estipulan que los ciudadanos lao de 18 a 28 años de edad, y de 18 a 23 si son mujeres, sin discriminación por motivos de raza, origen étnico, situación socioeconómica, creencias, educación o lugar de residencia, tienen la obligación de cumplir el servicio militar de conformidad con el artículo 49 de la Constitución, a excepción de las personas con trastornos mentales, las personas con discapacidad, las personas con enfermedades graves, los hijos únicos de una familia, los pacientes, los estudiantes, las personas que tengan hermanos mayores o menores que aún están en servicio militar activo, las personas que sean parte en un proceso penal o estén cumpliendo una pena, o las personas en situación difícil según así lo certifiquen las autoridades competentes.

Artículo 19Derecho a la libertad de expresión

124.Con arreglo al artículo 44 de la Constitución, los ciudadanos lao tienen derecho a la libertad de expresión, de prensa y de reunión; y tienen derecho asimismo a establecer asociaciones y a organizar manifestaciones que no sean contrarias a la ley. El artículo 45 dispone que los ciudadanos lao tienen el derecho y la libertad de realizar estudios en ciencias, técnicas y tecnologías avanzadas y a aplicar esos conocimientos, crear obras artísticas y literarias y participar en actividades culturales que no contravengan la ley. La Ley sobre los Medios de Comunicación de Masas, en sus artículos 4 (párrafos 4 a 6), 14, 15, 16, 17 y 27, consagra las garantías legales de libertad de expresión, incluido el derecho de todos los ciudadanos lao a expresarse libremente a través de los medios de comunicación de masas y otros medios, así como a suministrarles información, y a recibir noticias e información nacionales e internacionales y establecer sus propios medios informativos, incluidas la publicación y distribución de sus productos lícitos.

125.La política del Gobierno fomenta el acceso de los ciudadanos a Internet. El Gobierno concede gran importancia a las operaciones electrónicas y promueve el comercio electrónico, los servicios electrónicos, el gobierno electrónico y otras operaciones electrónicas en apoyo del desarrollo económico y los servicios públicos. El Gobierno presta atención a la creación de infraestructura de tecnología de la información y las comunicaciones, el perfeccionamiento de los recursos humanos, la garantía de seguridad, la transparencia, la protección de los usuarios y el fomento de la confianza en las operaciones electrónicas (artículo 4 de la Ley sobre las Operaciones Electrónicas). Actualmente existen en todo el país seis empresas y varios proveedores de servicios de redes de Internet que ofrecen un total de 47.324 Mbps, con 2.642.693 usuarios registrados en el país en 2015.

126.El Gobierno alienta a todos los sectores a que contribuyan al desarrollo de los medios de comunicación. En la actualidad se publican 123 periódicos y revistas de circulación diaria, semanal, mensual o trimestral pertenecientes a los sectores público y privado. Hay 57 emisoras de radio en todo el país que transmiten en las frecuencias FM y AM, SW, incluidos canales de radio extranjeros que transmiten en vietnamita, chino, francés e inglés. Recientemente se han establecido sitios web de radiodifusión que transmiten en línea en cinco idiomas, lao, khmu, hmong, inglés y francés, lo que permite a los oyentes del país y de muchas otras partes del mundo acceder a la programación a través de Internet. Está en marcha una iniciativa de desarrollo técnico para establecer un sistema digital moderno. Existen 37 emisoras de televisión en todo el país, cuatro de las cuales son propiedad del sector privado, con tres canales que transmiten programas extranjeros, incluidos programas de televisión en los idiomas de los grupos étnicos, a saber, lao, khmu y hmong, y en idiomas extranjeros. Además de la capital, Vientián, algunas ciudades cuentan con sistemas de cable. La población del país puede recibir las señales de radio por satélite o tiene la opción de ver o escuchar los programas disponibles a través de Internet por conducto de canales tanto nacionales como internacionales.

127.En la República Democrática Popular Lao no se han registrado ataques contra periodistas. Conforme a la Ley sobre los Medios de Comunicación de Masas, artículos 37, párrafos 1, 6 y 7 y 52, párrafos 1 y 5, las personas que trabajan en los medios de comunicación tienen derecho a obtener el carnet de periodista. Los periodistas gozan de protección con arreglo a la ley para ejercer lícitamente su actividad profesional. La Ley prohíbe toda obstrucción de la actividad periodística y toda intervención ilegal en la cobertura, los guiones y los programas de noticias. Con arreglo a los artículos 94 y 95 del Código Penal se castigará a toda persona que distorsione la información con un efecto difamatorio para otras personas que vulnere sus derechos y su dignidad.

128.Cualquier persona, organización o entidad del sector privado puede establecer una agencia de información y operar legalmente de conformidad con lo dispuesto en los artículos 27, 40 y 41 de la Ley sobre los Medios de Comunicación de Masas. El número de periodistas y funcionarios de los medios de comunicación en el país aumentó recientemente de 1.200 en 2010 a 3.073 en 2015, incluido un 35% de mujeres. El Gobierno de la República Democrática Popular Lao permite que los periodistas de las agencias de noticias nacionales y extranjeras cubran la actualidad noticiosa y transmitan y distribuyan sus informes en la República Democrática Popular Lao de forma lícita. Según las estadísticas de 2010-2016, más de 2.730 corresponsales extranjeros participaron en la cobertura de noticias en la República Democrática Popular Lao, incluidos 819 periodistas nacionales y extranjeros que estuvieron presentes durante las Cumbres 28ª y 29ª de la ASEAN celebradas en la República Democrática Popular Lao en 2016. Durante ese período, algunas agencias de noticias, como CRI (China), VTV (Viet Nam) y otras agencias internacionales de noticias, establecieron oficinas en la República Democrática Popular Lao para transmitir programas específicos acerca de la República Democrática Popular Lao y pudieron desempeñar su labor sin trabas, amenazas o medidas restrictivas.

129.El Gobierno permite el acceso de periodistas extranjeros a diversas fuentes de información y a los medios de comunicación lao de cualquier índole que no pongan en peligro la seguridad nacional en el marco de la Ley sobre los Medios de Comunicación de Masas y otras leyes pertinentes. No existe restricción ni prohibición alguna para la circulación de periódicos y revistas importados conforme a las leyes y reglamentos pertinentes. La distribución y la publicidad de materiales pornográficos, la calumnia, la difamación, la incitación al odio que erosiona el espíritu de solidaridad y las actividades que provoquen disturbios sociales están prohibidas con arreglo a la legislación pertinente de la República Democrática Popular Lao. En 2015, el Gobierno aprobó el Decreto sobre la Gestión de las Agencias de Comunicación Extranjeras y los Medios de Comunicación de las Misiones Diplomáticas y las Organizaciones Internacionales en la República Democrática Popular Lao a fin de facilitar sus actividades, que deben llevarse a cabo de manera eficaz y apropiada, en consonancia con las leyes y reglamentos de la República Democrática Popular Lao, así como con los tratados internacionales pertinentes.

130.La restricción legal de la libertad de expresión está prevista en el artículo 65 del Código Penal, los artículos 50 y 51 de la Ley sobre los Medios de Comunicación de Masas y el artículo 52 de la Ley de Publicaciones, los cuales prohíben a los medios de comunicación hacer campañas contra la República Democrática Popular Lao, socavar los intereses nacionales y públicos, utilizar lenguaje inapropiado, difundir información distorsionada contra organizaciones o personas y publicar información que atente contra la seguridad nacional, la paz y el orden social, incluida la publicación de contenido pornográfico.

Artículo 20Prohibición de la propaganda en favor de la guerra

131.La República Democrática Popular Lao aplica una política exterior de paz, independencia, amistad y cooperación y promueve las relaciones y la cooperación con todos los países sobre la base de los principios de coexistencia pacífica, respeto mutuo de la independencia, la soberanía y la integridad territorial, no injerencia en los asuntos internos de los demás, e igualdad y beneficio recíproco (artículo 12 de la Constitución). La República Democrática Popular Lao apoya la lucha de los pueblos del mundo en pro de la paz, la independencia nacional, la democracia y el progreso social. Conforme al artículo 50, párrafos 3 y 4, de la Ley sobre los Medios de Comunicación de Masas, está prohibido menoscabar la solidaridad entre los grupos étnicos, incitar al odio, la violencia y hacer propaganda en favor de la guerra.

132.La población de la República Democrática Popular Lao consta de grupos multiétnicos que tienen su propia tradición cultural y creencias religiosas diferentes. El Gobierno aplica una política de igualdad y solidaridad entre los grupos étnicos con el fin de mejorar gradualmente sus condiciones de vida. La Constitución y las leyes prevén la adopción de medidas legislativas adoptadas para combatir la incitación al odio por motivos de raza, religión o color. El artículo 8 de la Constitución garantiza la igualdad de derechos y la solidaridad de todos los grupos étnicos. El Código Penal, en su artículo 176, dispone que toda persona que excluya a otra de cualquier actividad o impida o restrinja su participación en ella, o que discrimine contra otra persona por motivos étnicos, será castigada con una pena de prisión de uno a tres años y una multa de 1.000.000 a 3.000.000 kip. La Ley sobre los Medios de Comunicación de Masas, en su artículo 50, párrafo 3, prohíbe que se socave la solidaridad entre los grupos étnicos y se incite al odio y a la violencia, entre otras disposiciones. La República Democrática Popular Lao ha establecido el Comité Internacional de la Amistad, que coopera con sus homólogos de otros países en pro de la paz mundial y la solidaridad entre las naciones. En 2008, la República Democrática Popular Lao recibió el Gong de la Paz Mundial otorgado por el Comité Mundial de la Paz de Indonesia.

Artículo 21Derecho de reunión pacífica

133.El artículo 44 de la Constitución garantiza el derecho de reunión siempre y cuando no contravenga la ley. El artículo 12, párrafo 1 y el artículo 37, párrafo 4 de la Ley sobre la Federación Lao de Sindicatos permite a la Federación Lao de Sindicatos movilizar, reunir y educar a los miembros de la Federación, así como a funcionarios, trabajadores, intelectuales y estudiantes, con el fin de fomentar el respeto a las leyes y la participación en la salvaguardia y el desarrollo de la nación. El artículo 102 del Código Penal dispone que toda persona que vulnere la libertad individual de otra persona de hablar, escribir y participar en asociaciones y reuniones legalmente, entre otras libertades, será sancionada con una pena de prisión de tres meses a un año o un régimen de reeducación sin privación de libertad y una multa de 100.000 a 300.000 kip.

134.En cuanto a las restricciones legítimas impuestas al derecho de reunión pacífica, el Gobierno ha adoptado medidas contra los infractores de conformidad con lo dispuesto en el artículo 72 del Código Penal, que estipula que toda persona que organice o participe en reuniones de grupos de personas para llevar a cabo protestas, marchas, manifestaciones y otras actividades análogas con la intención de causar disturbios sociales será castigada con una pena de uno a cinco años de prisión y una multa de 200.000 a 50.000.000 kip cuando esas actividades redunden en perjuicio de la sociedad. La tentativa de cometer este delito también será castigada.

Artículo 22Derecho a la libre asociación

135.Los ciudadanos lao tienen derecho a crear asociaciones conforme a la ley y los reglamentos, tal como dispone el artículo 44 de la Constitución. El procedimiento para establecer una asociación está previsto en el Decreto núm. 115 sobre las Asociaciones de 2009. Este Decreto establece las normas y reglamentos que rigen la creación, el funcionamiento y la gestión de las asociaciones registradas como entidades jurídicas en la República Democrática Popular Lao con el fin de promover los derechos y las libertades, la creatividad y la implicación de la población lao en la organización de asociaciones destinadas a fomentar la protección y el desarrollo nacionales; proporcionar una base jurídica a las personas u organizaciones que tengan la intención de crear asociaciones; proporcionar una base jurídica a las organizaciones gubernamentales interesadas en administrar, facilitar y alentar las actividades lícitas de las asociaciones, promover la contribución de las asociaciones al desarrollo socioeconómico y la erradicación de la pobreza y combatir las actividades que atenten contra la estabilidad nacional, el orden social y los derechos y libertades individuales. Los grupos de personas que deseen establecer una asociación se guiarán por las normas previstas en los artículos 12 y 13 del Decreto núm. 115, según las cuales deberán cumplimentar debidamente la documentación requerida a fin de presentarla al Gobernador provincial, al Alcalde de la capital, Vientián, o al Ministerio del Interior para su examen y aprobación, o a otros sectores pertinentes conforme a sus respectivas normas en función del ámbito de acción y las atribuciones de cada sector. En la República Democrática Popular Lao existe la Federación Lao de Sindicatos, que es la organización encargada de proteger los derechos e intereses de sus miembros, los trabajadores, incluidos los pertenecientes a grupos étnicos. Los sindicatos se establecerán en cada unidad de trabajo de conformidad con lo dispuesto en el artículo 64, párrafo 2 del Código del Trabajo.

136.La Ley sobre la Federación Lao de Sindicatos, en su artículo 36, prevé las medidas de supervisión que han de establecerse en relación con la Federación y, en su artículo 37, enuncia los derechos y las funciones de la Federación Lao de Sindicatos. Por su parte, el Decreto núm. 115 sobre las Asociaciones de 2009, en su artículo 51, consigna los derechos y las funciones del Departamento de Gestión de la Administración Pública y el Desarrollo del Ministerio del Interior. Los artículos 20 y 40 de este Decreto prohíben toda asociación que constituya una violación de la ley o de las normas de la asociación. Conforme al artículo 58, la asociación o el miembro de una asociación que contravenga lo dispuesto en este Decreto o en cualquier otra ley pertinente relativa a las asociaciones serán amonestados, informados, sometidos a medidas disciplinarias, obligados a pagar una multa o enjuiciados, según el caso. La República Democrática Popular Lao cuenta con una Federación de Sindicatos y con sindicatos en diversos sectores a nivel central y local, así como en las distintas unidades laborales. En 2016 se contaban 147 asociaciones en todo el país, 72 de ellas activas en la esfera económica y dedicadas a fomentar la solidaridad, promover la asistencia y proteger los derechos e intereses legítimos de sus miembros; 47 asociaciones de carácter social dedicadas a la promoción y protección de los grupos vulnerables; 5 asociaciones de apoyo a las personas con discapacidad; 4 asociaciones técnicas y 10 fundaciones. Se denegó la inscripción a tres asociaciones porque no cumplían los requisitos para el establecimiento de una asociación. Las asociaciones y fundaciones contribuyen al desarrollo, a la prestación de asistencia a las personas en la sociedad y a la reducción de la pobreza. En 2012, las asociaciones y fundaciones ejecutaron 53 proyectos con un nivel de gastos de 5,8 millones de dólares y en 2013 llevaron a cabo 54 proyectos con un nivel de gastos de 4,1 millones de dólares.

137.Conforme al artículo 2 de la Ley sobre la Federación Lao de Sindicatos, la Federación protege los derechos e intereses legítimos de los miembros de los sindicatos, a saber, los trabajadores y las personas que trabajan en todo el país. En el artículo 13 de esa Ley se establecen los principios administrativos de la Federación de Sindicatos. Los dirigentes sindicales serán elegidos entre los delegados en la Conferencia Ordinaria de Sindicatos. En 2016, la Federación tenía un total de 207.491 miembros, de los cuales 88.647 eran mujeres.

138.Esta Ley prevé algunas prohibiciones para los miembros de los sindicatos, como las contenidas en los artículos 30 y 31, según las cuales los miembros de los sindicatos no harán paros ni anularán los acuerdos concertados sin la aprobación de los sectores pertinentes y no organizarán grupos o manifestaciones que tengan efectos adversos para la administración, los intereses del Estado o las personas.

Artículo 23Protección de la familia

139.La definición de familia está contenida en el artículo 1, párrafo 1 de la Ley de la Familia. La familia es una célula de la sociedad integrada por el esposo, la esposa, los hijos u otros miembros de la familia que están relacionados entre sí, viven juntos y están inscritos en el mismo registro de familia. La relación familiar es la relación derivada del matrimonio y del hecho de tener y criar hijos comunes, la cual entraña derechos y obligaciones de familia recíprocos.

140.El ejercicio del derecho de los hombres y las mujeres a fundar una familia se basa en el artículo 2 de la Ley de la Familia y el artículo 17 de la Ley de Desarrollo y Protección de la Mujer, conforme a los cuales el Estado y la sociedad promoverán y protegerán la igualdad entre la mujer y el hombre en la familia. Los hombres y las mujeres mayores de 18 años de edad tienen derecho a contraer matrimonio sobre la base del consentimiento mutuo, la libertad y el amor. Está prohibido obligar a otra persona a contraer matrimonio o impedir que contraiga matrimonio. El artículo 3 de la Ley de la Familia y el artículo 17 de la Ley de Desarrollo y Protección de la Mujer disponen que los hombres y las mujeres que hayan cumplido la edad mínima para contraer matrimonio estarán sujetos al régimen de monogamia. Tras contraer matrimonio, los cónyuges tienen derecho a adoptar el apellido del marido o de la mujer o a conservar su propio apellido (artículo 15 de la Ley de la Familia y artículo 17 de la Ley de Desarrollo y Protección de la Mujer). La nacionalidad de los hijos estará determinada por la nacionalidad de sus padres si estos tienen la misma nacionalidad. Si los padres tienen distinta nacionalidad, los hijos podrán adoptar la nacionalidad del padre o la madre de conformidad con la Ley de la Nacionalidad Lao. Los cónyuges decidirán conjuntamente el lugar de residencia de la familia. El marido y la mujer tienen derecho a participar en actividades políticas, económicas, culturales y sociales (artículo 14 de la Ley de la Familia). El marido y la mujer tienen iguales derechos sobre la propiedad conyugal, independientemente de cuál de los dos haya adquirido efectivamente cada bien. Cada cónyuge tiene derecho a utilizar los bienes gananciales en función de las necesidades de la familia. No obstante, se requerirá el consentimiento previo de ambos cónyuges respecto del ejercicio del derecho de usufructo y disposición de los bienes gananciales (artículo 27 de la Ley de la Familia). Los padres tienen la obligación de educar a sus hijos con un espíritu patriótico y progresista a fin de que lleven una vida pura y participen en actividades útiles para la sociedad. Los padres tienen igual derecho y obligación de proteger los derechos e intereses de sus hijos. Son los representantes legales de sus hijos menores de edad y tienen la obligación de proteger sus derechos e intereses ante los tribunales, en el lugar de trabajo, la escuela y demás ámbitos. Los padres representarán a sus hijos cuando estos sean parte demandada en una causa judicial y asumirán toda la responsabilidad civil en su nombre (artículos 32 y 33 de la Ley de la Familia). La cuestión de la nacionalidad está definida en los artículos 11 y 14 de la Ley de la Nacionalidad Lao, según los cuales los hijos adquieren la nacionalidad en el momento del nacimiento, y el artículo 17 de esa Ley estipula los motivos por los que se pierde la nacionalidad lao, a saber: cuando se renuncia a ella; cuando es retirada; o cuando la parte interesada ha emigrado a otro país. El matrimonio o el divorcio de un ciudadano lao cuando el otro cónyuge tenga una nacionalidad distinta o carezca de nacionalidad no alterará su nacionalidad lao (artículo 4 de la Ley de la Nacionalidad Lao).

141.El marido y la mujer gozan de igualdad de derechos en todos los aspectos atinentes a las relaciones familiares y tanto el marido como la mujer tienen derecho a solicitar el divorcio (artículos 13 y 20 de la Ley de la Familia) por los motivos previstos en el artículo 20. Las causales de divorcio son: el adulterio; el uso de violencia física, mental o verbal; los comportamientos indebidos de carácter grave, como el consumo habitual de alcohol, el uso de drogas o la afición frecuente a los juegos de azar; la decisión del marido o de la mujer de vestir el hábito de monje o novato o de monja, respectivamente, durante más de tres años sin consenso previo; la decisión de un tribunal que declare desaparecido a uno de los cónyuges; el abandono de la familia por uno de los cónyuges sin previo aviso y sin noticias al respecto durante más de dos años o la ausencia de un cónyuge por causa de accidente sin que dé señales de vida en seis meses; la condena de uno de los cónyuges a una pena de prisión superior a cinco años; una enfermedad peligrosa grave que afecte a uno de los cónyuges y haga imposible la convivencia; la incapacidad de uno de los cónyuges para realizar el acto sexual; y la incompatibilidad de los cónyuges para la vida en común.

142.En caso de divorcio, los artículos 23 y 24 de la Ley de la Familia y el artículo 24 de la Ley de Protección de los Derechos e Intereses del Niño disponen que el padre y la madre compartirán la obligación respecto de la crianza de los hijos. El tribunal decidirá si los niños estarán al cuidado del padre o de la madre en función del interés superior del niño y determinará quién se hará cargo del niño hasta que el niño cumpla 18 años de edad. Según lo dispuesto en el artículo 127 del Código de Procedimiento Penal, si una persona incumple su deber de atender a sus hijos menores de edad, el tribunal la condenará a amonestación pública y multa de 300.000 a 3.000.000 kip. En el caso de hijos nacidos fuera del matrimonio, el artículo 8 de la Ley de la Familia prevé que el hombre debe hacerse cargo de los gastos del parto y tiene la obligación de mantener a esos hijos hasta que cumplan 18 años de edad.

143.El matrimonio en segundas nupcias se rige por la Ley de la Familia. Conforme al artículo 25 de esta Ley, los cónyuges divorciados que deseen reintegrarse a la familia común deberán solicitar la inscripción de un nuevo matrimonio.

Artículo 24Derechos del niño

144.Los niños son el futuro de la nación; por tanto, el Gobierno lao asigna prioridad a la protección de los derechos e intereses de los niños, así como a su desarrollo. A estos efectos, el Gobierno de la República Democrática Popular Lao ha establecido mecanismos a nivel nacional y ha aprobado varias leyes y políticas relativas a la protección de los derechos e intereses de los niños. El artículo 29 de la Constitución dispone que el Estado, la sociedad y las familias se esforzarán por aplicar políticas de desarrollo, apoyar el adelanto de la mujer y proteger los derechos y beneficios legítimos de las mujeres y los niños. Con arreglo a la Ley de Educación, todos los ciudadanos lao, independientemente de su origen étnico, raza, religión, género, edad, estado físico y situación socioeconómica, gozan de igual derecho a la educación. Esa Ley requiere además que se preste apoyo a las familias pobres, los grupos desfavorecidos, las personas con discapacidad o con problemas de aprendizaje, los alumnos superdotados o aventajados, las mujeres y los grupos étnicos. Conforme al Plan de Desarrollo del Sector de la Educación, 2016-2020, se presta especial atención a los niños desfavorecidos (en particular los niños de grupos étnicos, los niños con discapacidad y los niños que viven en zonas remotas) y se garantiza la igualdad de género. Con el Plan de Educación para Todos en el marco de los Planes de Acción Nacionales (2000-2005, 2006-2010 y 2011-2015) se ha tratado de proporcionar acceso equitativo a la atención y el desarrollo en la primera infancia, a la enseñanza primaria y secundaria inferior, y a la enseñanza no formal y la formación profesional. La Política Nacional de Educación Inclusiva 2011-2015 y la Estrategia y Plan de Acción Nacional de Educación Inclusiva se formularon con la finalidad de brindar un marco de orientación para impartir una educación de calidad con miras a reducir y finalmente eliminar las disparidades de acceso a la enseñanza que afectan a los grupos desfavorecidos, especialmente las niñas y las mujeres, los grupos étnicos, las personas con discapacidad y las personas con problemas socioeconómicos. La Ley de Protección de los Derechos e Intereses del Niño dispone que todos los niños gozan de igualdad en todos los aspectos, sin ningún tipo de discriminación basada en el género, la raza, el origen étnico, el idioma, las creencias, la religión, el estado físico o la situación socioeconómica, y su aplicación tiene por objeto garantizar que todos los niños tengan acceso equitativo a la educación, los servicios de atención de la salud y la participación en la vida cultural. Se está velando en particular por garantizar que los niños con discapacidad y los niños de grupos étnicos puedan disfrutar de sus derechos en pie de igualdad. La Ley de Protección de los Derechos e Intereses del Niño, en sus artículos 3, 6 y 9, consagra el derecho de los niños a obtener un certificado de nacimiento, tener un nombre y adquirir una nacionalidad sin discriminación de ningún tipo en materia de género, raza, origen étnico, idioma, creencias, religión, estado físico o situación socioeconómica de la familia. El artículo 19 prevé la inscripción del nacimiento.

145.Con respecto a la inscripción del nacimiento sin discriminación, la Ley de Protección de los Derechos e Intereses del Niño, en su artículo 3, párrafo 2, define los derechos básicos del niño, incluidos el derecho a la inscripción del nacimiento, a tener un nombre y apellido y a adquirir una nacionalidad; el artículo 6 dispone que todos los niños gozan de igualdad en todos los aspectos, sin ningún tipo de discriminación en materia de género, raza, origen étnico, idioma, creencias, religión, estado físico y situación socioeconómica de la familia. El artículo 19 de esa Ley prevé la inscripción del nacimiento, que se explica más detalladamente en el punto 79 del presente informe. En 2012, el Centro Nacional de Estadística realizó una evaluación del sistema de inscripción de los nacimientos en la República Democrática Popular Lao. Los resultados de la evaluación podrían utilizarse como información básica para redactar las políticas estratégicas en materia de inscripción de los nacimientos y registro civil de la población de todo el país, los cuales se realizan a nivel de distrito, con el objetivo de alcanzar un 70% de cobertura para 2024.

146.El artículo 20 de la Ley de Protección de los Derechos e Intereses del Niño, el artículo 31 de la Ley de la Familia y el artículo 26 de la Ley del Registro Civil consagran el derecho del niño a tener un nombre y apellido.

147.La Ley de Protección de los Derechos e Intereses del Niño, en su artículo 21, la Ley de Inscripción Familiar, en sus artículos 9, 10, 11, 12, 13, 22, 23, 24 y 25, y la Ley de la Familia, en su artículo 31, disponen que la nacionalidad del niño estará determinada por la nacionalidad de sus padres, si estos tienen la misma nacionalidad. Si los padres tienen distinta nacionalidad, el niño podrá adquirir la nacionalidad del padre o de la madre, conforme a lo dispuesto en la Ley de la Nacionalidad Lao.

148.La Ley de Contratos y Responsabilidad Extracontractual, en su artículo 12, estipula el requisito de edad de los niños para actuar en nombre propio en causas civiles, según el cual el niño tendrá capacidad de actuar en su propio nombre en una causa civil una vez cumplidos los 18 años de edad. El Código de Procedimiento Civil, artículo 5, dispone que el Tribunal de Menores tiene competencia para fallar en casos relacionados con la indemnización de daños resultantes de actos cometidos por menores de 18 años, así como en materia de trabajo infantil, controversias entre niños y violencia contra los niños. Si en el curso de las actuaciones de una causa relacionada con un menor de edad, el menor ya es capaz de actuar en su propio nombre o cumple 18 años de edad, el Tribunal de Menores deberá no obstante proseguir con las actuaciones hasta que se adopte una decisión al respecto. Si se presenta un recurso de apelación o casación, corresponderá al tribunal de menores de la instancia superior conocer de ese recurso.

149.Con arreglo al artículo 7 del Código Penal, y al artículo 50 de la Ley de Protección de los Derechos e Intereses del Niño, relativos a la mayoría de edad en el contexto de causas penales, los niños menores de 15 años de edad en el momento de la comisión del delito no se considerarán imputables.

150.El artículo 6 del Código de Procedimiento Penal, relativo a los motivos para desestimar un procedimiento penal, prevé que cuando el comportamiento de un niño menor de 15 años constituya un peligro para la sociedad se aplicarán la Ley de Protección de los Derechos e Intereses del Niño, el Código Penal y otras leyes pertinentes. La Ley de Protección de los Derechos e Intereses del Niño, en su artículo 52, dispone que todo delito cometido por un niño que no se remita a un tribunal se considerará una infracción leve o un delito punible con una pena de prisión inferior a tres años. El Código Penal, en su artículo 53, prevé las disposiciones aplicables a los niños menores de 15 años de edad que cometan un acto dañino para la sociedad. Conforme a ese artículo, el niño deberá pedir perdón a la parte damnificada por medios apropiados, los padres o tutores deberán pagar una indemnización civil y el niño será devuelto al cuidado de la persona encargada de su reeducación o a las autoridades administrativas y las organizaciones sociales competentes a esos efectos. El artículo 40 de dicho Código prevé las circunstancias atenuantes de la responsabilidad penal, incluida la comisión de un delito por una persona menor de 18 años de edad y el artículo 44 dispone que al imponer una pena a un niño infractor que en el momento de la comisión del delito tenga menos de 18 años de edad se tendrán en cuenta el nivel y las características del delito, si bien el tribunal podrá imponer una sanción más leve que la prevista en la ley.

151.Los sospechosos y los reos no estarán detenidos en el mismo lugar. Los convictos se ubicarán en un lugar diferente, con separación de las mujeres y los hombres, y se destinará un sector especial para los infractores menores de 18 años de edad. La Ley de Protección de los Derechos e Intereses del Niño, en su artículo 62, párrafo 6, estipula que, de ser necesario, el niño que haya cometido un delito grave punible por ley con prisión de tres años o más no será detenido durante más de 48 horas, siempre y cuando haya pruebas suficientes. En cualquier caso, el investigador deberá asegurarse de que el niño detenido esté separado de los adultos en una zona específicamente destinada a los menores de edad.

152.El marco jurídico para proteger a los niños privados de su entorno familiar incluye la Ley de Protección de los Derechos e Intereses del Niño. El artículo 25 de esta Ley dispone que el Estado es responsable del cuidado y la crianza de los niños que carezcan de padres o tutores o sean abandonados por sus padres, y a tal fin velará por la construcción o el establecimiento de orfanatos, internados y otras instituciones análogas. Los artículos 38 a 43 de esa Ley prevén medidas especiales de protección y asistencia a los niños. Además del marco jurídico, el Plan de Desarrollo en Materia de Bienestar Social amplía las Redes de Protección de la Infancia a todas las aldeas del país. Actualmente 496 aldeas cuentan con Redes de Protección de la Infancia, lo que representa un aumento respecto de las 175 existentes en 2010. Se ha publicado y distribuido a nivel nacional un folleto destinado a alentar a las aldeas que no cuenten con una Red de Protección de la Infancia a establecerla. Además, con el apoyo de los asociados para el desarrollo, el Gobierno está fortaleciendo las Redes de Protección de la Infancia existentes y estableciendo nuevas redes en otras aldeas.

153.En 2012, el Ministerio de Trabajo y Bienestar Social organizó dos reuniones, con apoyo del UNICEF, para concienciar y sensibilizar a los representantes de diversos sectores gubernamentales acerca de los derechos de los niños carentes de cuidado parental y de la importancia de brindar protección y asistencia a esos niños, de conformidad con la Convención sobre los Derechos del Niño y las Directrices de las Naciones Unidas. El Ministerio de Trabajo y Bienestar Social también ha organizado visitas conjuntas sobre el terreno de representantes del Ministerio del Interior, el Ministerio de Educación y Deportes y el Ministerio de Seguridad Pública, así como de miembros del Comité de Protección y Asistencia a los Niños, a fin de visitar las instalaciones de cuidados alternativos, incluidos los internados, las Aldeas Infantiles SOS y las Redes de Protección de la Infancia en cuatro provincias. El Ministerio de Trabajo y Bienestar Social, con apoyo del UNICEF, ha iniciado los preparativos para realizar una evaluación rápida de la situación de los niños carentes de cuidado parental en la República Democrática Popular Lao a finales de 2016. Esa evaluación permitirá obtener información directa sobre las medidas adoptadas por el Gobierno para asignar mayor prioridad a las necesidades de investigación a fin de reunir un mayor número de datos cuantitativos y cualitativos desglosados sobre los niños carentes de cuidado parental; propiciar un diálogo entre los distintos sectores con miras a elaborar directrices para proteger a los niños que no gozan del cuidado de sus padres o que ya no pueden vivir con sus padres, en consonancia con las Directrices de las Naciones Unidas; establecer un mecanismo para asegurar el examen periódico de los niños y el cumplimiento de las normas en las instalaciones de cuidados alternativos; e informar acerca de qué mecanismos y estrategias de protección social y de prevención pueden ponerse en marcha para evitar la separación de los niños de sus padres. Se han establecido Aldeas Infantiles SOS en seis provincias. El apoyo brindado varía según las necesidades de la población local, ya sea en forma de cuidados temporales a los niños malnutridos o de servicios de guarda para los niños que no puedan ser cuidados por sus familias.

154.El Gobierno de la República Democrática Popular Lao adopta medidas de carácter prioritario para prevenir y combatir la trata de personas, en particular mediante la elaboración de políticas, leyes, reglamentos y planes de acción nacionales. La Ley contra la Trata de Personas define los procedimientos y las medidas que han de adoptarse en materia de prevención, lucha contra la trata de personas y protección y asistencia a las víctimas, así como las medidas que deben adoptarse contra los autores. El Plan de Acción Nacional sobre la Trata de Personas (2013-2015) se integró en los planes sectoriales y un nuevo Plan de Acción Nacional para Prevenir y Combatir la Trata de Personas está en curso de elaboración. El Comité Nacional de Lucha contra la Trata de Personas es el órgano gubernamental encargado de hacer frente a la trata de personas mediante la formulación de políticas, estrategias, programas, planes y proyectos y la coordinación y cooperación con los sectores pertinentes tanto a nivel nacional como internacional. El Departamento de Lucha contra la Trata de Personas, adscrito al Ministerio de Seguridad Pública, y la División de Lucha contra la Trata de Personas, dependiente de las comisarías de policía provinciales, coordinan y ejecutan los planes, programas y proyectos dentro de sus respectivos ámbitos de responsabilidad. El Gobierno está ampliando su cooperación bilateral y multilateral para combatir la trata de personas. Además de los acuerdos celebrados anteriormente con Tailandia y Viet Nam, en 2014 se firmó un acuerdo bilateral entre la República Democrática Popular Lao y China sobre cooperación en la lucha contra la trata de personas, el cual se centra en la prevención, la investigación de los casos, la protección de las víctimas de la trata, la creación de capacidad y el establecimiento de mecanismos de coordinación en las zonas fronterizas. La República Democrática Popular Lao firmó la Convención de la ASEAN contra la Trata de Personas, Especialmente Mujeres y Niños (2015) y ya ha iniciado el proceso de ratificación. El Gobierno asigna fondos para actividades de lucha contra la trata, a los que se suman la asistencia y las contribuciones aportadas por entidades nacionales e internacionales. En 2014 se aumentaron las consignaciones presupuestarias en apoyo de las medidas contra la trata.

155.En el Código del Trabajo se ha introducido una nueva disposición que prohíbe la participación de los menores de 18 años de edad en labores peligrosas, de conformidad con el Convenio núm. 182 de la OIT. Esto incluye el empleo de niños en actividades, funciones y lugares inseguros o nocivos para su salud, seguridad física o formación moral, el trabajo forzoso, el trabajo en pago de deudas, la trata de personas, los tratos u ofrecimientos engañosos para incitarles a participar en la industria del sexo o la solicitación de prostitución, fotografía o pornografía, y los tratos u ofrecimientos engañosos en relación con el movimiento y la producción, el transporte o la posesión de estupefacientes o sustancias adictivas. Los empleadores deberán mantener registros sobre el empleo de jóvenes con información sobre su edad y fecha de nacimiento, los cuales deberán facilitarse a los inspectores del trabajo. Las autoridades provinciales han difundido el Código del Trabajo entre los jóvenes, adolescentes y estudiantes y supervisan su aplicación para asegurarse de que los niños sean remunerados y no trabajen más tiempo del previsto en el horario de trabajo normal. La Estrategia y Plan de Acción Nacional de Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil (2014-2020) tiene por objeto mejorar las políticas de educación, capacitación, salud, protección social y empleo con miras a aumentar el acceso de los niños trabajadores y los niños vulnerables a los servicios y las intervenciones, mejorar la calidad y cantidad de los servicios educativos a fin de mantener a los niños en la escuela e incorporar las cuestiones relacionadas con el trabajo infantil en las políticas e intervenciones del sector agrícola. Asimismo, se reconoce la necesidad de organizar actividades de sensibilización sobre la nueva ley entre los trabajadores, los empleadores y el público en general y de instituir la capacitación obligatoria de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, los fiscales, los jueces y el personal de las dependencias de inspección del trabajo sobre el trabajo infantil. El Plan tiene por objeto mejorar e institucionalizar la reunión de datos sobre el trabajo infantil y la asistencia a la escuela mediante la creación de una base de datos y la realización de una segunda Encuesta Nacional sobre el Trabajo Infantil en 2020 a fin de comparar los datos a lo largo de un período de diez años.

Artículo 25Participación en los asuntos públicos y derecho a voto

156.Todos los ciudadanos lao mayores de 18 años de edad, independientemente de su sexo, origen étnico, creencias, condición social, situación habitacional y ocupación, tienen derecho a votar y los mayores de 21 años tienen derecho a ser elegidos de conformidad con la Constitución y la Ley sobre la Elección de los Miembros de la Asamblea Nacional y las Asambleas Populares Provinciales.

157.A tenor de lo dispuesto en el artículo 3 de la Constitución, por “ciudadano lao” se entenderá cualquier persona que tenga la nacionalidad lao de conformidad con la Ley de la Nacionalidad Lao. En el artículo 2 de esta Ley se define la nacionalidad lao como una relación política y jurídica que vincula estrechamente a una persona con la República Democrática Popular Lao; esa relación confiere a la persona derechos y obligaciones en materia de ciudadanía para con la República Democrática Popular Lao, y confiere a la República Democrática Popular Lao derechos y obligaciones para con esos ciudadanos. En virtud del artículo 3 de la Ley, la República Democrática Popular Lao no autoriza a los ciudadanos lao a tener varias nacionalidades al mismo tiempo. En su artículo 9, dicha Ley establece las bases para la adquisición de la nacionalidad lao, que puede obtenerse por nacimiento, naturalización, recuperación o por otros medios previstos en sus artículos 11 y 14.

158.La residencia permanente en la República Democrática Popular Lao está regulada por el Decreto núm. 472/PMO, relativo a la residencia permanente de los extranjeros, los expatriados lao y los apátridas; en particular, el artículo 3 de este Decreto estipula que los extranjeros son las personas de otras nacionalidades y los apátridas son las personas que, sin poder certificar su nacionalidad, han entrado en la República Democrática Popular Lao y gozan de un permiso para establecerse en el país. Estas personas no son ciudadanos lao a tenor de la definición contenida en la Ley de la Nacionalidad Lao mientras no se les haya concedido la nacionalidad lao tras haberla solicitado y haber reunido todos los criterios previstos en el artículo 14 de dicha Ley. Por lo tanto, los ciudadanos lao son los que tienen la nacionalidad lao de conformidad con la Ley de la Nacionalidad Lao.

159.La suspensión del derecho a votar y a ser elegido está prevista en el artículo 35 del Código Penal y en el artículo 7, párrafo 2, de la Ley sobre la Elección de los Miembros de la Asamblea Nacional y las Asambleas Populares Provinciales, según los cuales se suspenderá el derecho a votar y a ser elegida a toda persona que haya sido condenada a una pena de prisión por un tribunal. La Ley sobre la Elección de los Miembros de la Asamblea Nacional y las Asambleas Populares Provinciales, en sus artículos 8 y 16, dispone que los representantes electos pueden ser destituidos o impugnados por los electores si hay pruebas suficientes para demostrar que la persona en cuestión ha tenido un comportamiento indebido. Sin embargo, el artículo 9 de esa Ley dispone que el representante electo tiene derecho a defenderse contra tales acusaciones presentando a la Comisión Electoral Nacional, para su consideración, explicaciones, aclaraciones y justificaciones respecto de las cuestiones planteadas por los electores que propusieron su destitución.

160.La Asamblea Nacional representa los derechos e intereses del pueblo lao multiétnico y tiene la función y el mandato de aprobar la Constitución y las leyes; adoptar decisiones sobre los asuntos fundamentales de la nación; supervisar la aplicación de la Constitución y las leyes por los órganos ejecutivos y judiciales; examinar y aprobar los informes del Gobierno sobre la implementación del desarrollo socioeconómico y los proyectos de presupuesto estatales; elegir o destituir al Presidente, el Vicepresidente y los miembros del Comité Permanente de la Asamblea Nacional y al Presidente y el Vicepresidente del Estado según la recomendación del Comité Permanente de la Asamblea Nacional; considerar, aprobar o destituir al Primer Ministro; elegir o destituir al Presidente del Tribunal Popular Supremo y al Fiscal Popular Supremo sobre la base de las recomendaciones del Presidente del Estado; y tomar decisiones en materia de ratificación o retiro de tratados, concesión de amnistías y cuestiones relativas a la guerra y la paz, entre otras, de conformidad con la Constitución.

161.La Ley de la Asamblea Nacional y la Ley sobre la Elección de los Miembros de la Asamblea Nacional y las Asambleas Populares Provinciales definen el proceso electoral para ocupar un escaño en la Asamblea Nacional como el ejercicio por los ciudadanos de su derecho democrático a elegir a sus representantes, los cuales deberán reunir todos los criterios necesarios para ser miembros de la Asamblea Nacional o miembros de las Asambleas Populares Provinciales, con el mandato de defender sus derechos y prerrogativas de conformidad con la ley. La Ley de la Asamblea Nacional, en su artículo 19, dispone que el mandato de los miembros de la Asamblea Nacional es de cinco años, tal como el de la Asamblea Nacional, que comienza a partir de la sesión de apertura de la legislatura y termina en la sesión de apertura de la legislatura siguiente. La elección de la legislatura siguiente deberá concluir por lo menos 60 días antes de que concluya el mandato de la legislatura anterior; en caso de guerra o de fuerza mayor, la Asamblea Nacional podrá prorrogar su propio mandato, pero deberá organizarse una elección en un plazo de seis meses después de que la situación haya vuelto a la normalidad; de ser necesario, con al menos dos tercios de los votos de los miembros presentes, la Asamblea Nacional podrá convocar nuevas elecciones antes del término de su mandato; los miembros de la Asamblea Nacional son elegidos en circunscripciones electorales y el número de diputados de las diversas circunscripciones lo determina la Asamblea Nacional sobre una base proporcional al número de ciudadanos de las respectivas circunscripciones, que es variable; los períodos de sesiones de la Asamblea Nacional están abiertos al público, si bien, de ser necesario, el Comité Permanente podrá celebrar una sesión a puerta cerrada.

162.En la práctica, para garantizar que el proceso electoral se celebre conforme a la Ley sobre la Elección de los Miembros de la Asamblea Nacional y las Asambleas Populares Provinciales, en el artículo 5 de esta Ley figuran los principios en que se basa dicho proceso, a saber: 1) el principio de universalidad; 2) el principio de igualdad; 3) el principio de sufragio directo; y 4) el principio de votación secreta. En su artículo 24, la Ley prevé la composición de los comités electorales: el Comité Electoral Nacional, los comités electorales provinciales, los comités electorales de distrito y los comités de mesa de votación. En cada nivel, los comités deberán estar integrados asimismo por representantes del Partido, las organizaciones del Estado, las fuerzas de la Defensa y Seguridad Nacionales, el Frente Lao de Construcción Nacional y las organizaciones de masas. El Comité Electoral Nacional y los comités electorales provinciales también deberán incluir a representantes de las asambleas populares nacionales y provinciales, respectivamente. Los comités electorales de todos los niveles podrán establecer subcomités para ayudarles en sus tareas específicas. La fecha de la elección se rige por el artículo 32 de esta Ley: el Comité Permanente de la Asamblea Nacional determina la fecha y propone al Presidente del Estado que emita un decreto presidencial a fin de anunciar oficialmente la fecha de la elección con un mínimo de 90 días de antelación. La elección se efectuará en el curso de un día, sábado o domingo, de forma simultánea en todo el país. Cuando sea necesario, el Comité Permanente podrá cambiar la fecha de las elecciones a un día antes o después de la fecha fijada. La duración de la votación está prevista en el artículo 33 de dicha Ley, que prevé un horario de votación de las 7.00 horas a las 19.00 horas.

163.El Comité de Mesa de Votación podrá convenir en abrir y cerrar la votación antes o después del plazo establecido según las respectivas condiciones de cada mesa, aunque no abrirá antes de las 5.00 horas y cerrará a más tardar a las 21.00 horas.

164.En la práctica, existen factores económicos, sociales, infraestructurales y geográficos que aún dificultan las elecciones en la República Democrática Popular Lao, en particular para los ciudadanos que viven en zonas remotas y para los analfabetos. A fin de superar esos obstáculos, el Gobierno lao ha adoptado las siguientes medidas para garantizar la eficacia, conforme a lo dispuesto en el artículo 34 de la Ley sobre la Elección de los Miembros de la Asamblea Nacional y las Asambleas Populares Provinciales:

165.1) Los lugares de votación deberán ser adecuados y convenientes: por ejemplo, escuelas, municipalidades, templos, entre otros. 2) Los comités de mesa de votación deberán impartir instrucciones, reglas y procedimientos de votación que todos los votantes legítimos puedan comprender. 3) Antes de la votación, el Comité de Mesa de Votación deberá abrir las urnas para que los ciudadanos las examinen. 4) Las personas con derecho a voto deberán presentarse y mostrar su cédula al Comité de Mesa de Votación para recibir la papeleta de voto. 5) Para los votantes analfabetos, el Comité de Mesa de Votación podrá nombrar a una persona que les sirva de asistente, que deberá respetar sus preferencias e instrucciones de voto, tras lo cual los votantes depositarán su voto en las urnas por sí solos. Si los votantes no son capaces de depositar el voto en las urnas por sí mismos, uno de los miembros del Comité podrá ayudarles a hacerlo en su presencia. 6) Si el votante está enfermo, tiene alguna discapacidad, es una persona de edad o se encuentra demasiado débil para llegar hasta la mesa de votación, los miembros del Comité de Mesa de Votación deberán organizar una unidad de votación móvil para recibir su voto. 7) Si un votante se equivoca al marcar la papeleta, deberá devolver la papeleta errónea y obtener una nueva papeleta del Comité de Mesas de Votación. 8) Los votos se depositarán uno por uno.

166.Conforme a lo dispuesto en el artículo 12 de la citada Ley, los candidatos deberán reunir los siguientes criterios: ser ciudadanos lao de 21 años o más, tener un nivel de conocimientos suficiente para ejercer sus derechos y obligaciones como miembro de la Asamblea Nacional y miembro de la Asamblea Popular Provincial y gozar de buena salud, entre otros criterios.

167.Los criterios para ocupar puestos administrativos de gobierno están definidos en el artículo 39 de la Constitución, conforme al cual los ciudadanos lao tienen derecho a trabajar y a ejercer profesiones que no sean contrarias a la ley. La Ley sobre los Funcionarios Públicos, en su artículo 2, dispone que los funcionarios gubernamentales de la República Democrática Popular Lao deberán ser ciudadanos lao que hayan sido contratados, elegidos o nombrados para un cargo en una organización del Partido, el Gobierno, el Frente Lao de Construcción Nacional o las organizaciones de masas a nivel central y local, o asignados a misiones diplomáticas de la República Democrática Popular Lao, y que reciben sueldos y prestaciones con cargo al presupuesto del Estado. Los otros criterios para ocupar un cargo de funcionario público están enunciados en el artículo 17 de dicha Ley y son los siguientes: tener la nacionalidad lao por nacimiento o haberla adquirido tres años antes como mínimo; tener entre 18 y 35 años de edad; no haber sido condenado a una pena de prisión por un acto de carácter penal; tener un historial personal y antecedentes familiares intachables; poseer conocimientos especializados, formación profesional o un diploma de estudios superiores idóneo para el cargo; y gozar de buena salud. La promoción y el ascenso de los funcionarios públicos están previstos en el artículo 15 de la citada Ley y se basan en lo siguiente: el nivel de educación, la antigüedad en la carrera, los resultados de los exámenes y los ascensos anteriores a puestos directivos. La reasignación y el cambio de funciones o de lugar de destino de los funcionarios públicos se realizarán de conformidad con el artículo 20 de dicha Ley y dependerán de las necesidades de puestos administrativos o técnicos, las evaluaciones de la actuación profesional y la idoneidad para el cargo en términos de garantizar la estabilidad, la transparencia, las ventajas comparativas, la continuidad y la productividad. El despido de funcionarios públicos se rige por el artículo 68 de esa misma Ley, según el cual si un funcionario público ha infringido gravemente las normas y la disciplina o ha sido declarado culpable de un delito por un tribunal y ha recibido un aviso de terminación de funciones, el funcionario será destituido inmediatamente de su cargo de funcionario público.

168.Todos los ciudadanos lao gozan de igualdad de derechos en cuanto al acceso a los servicios públicos, especialmente en materia de educación, salud pública y bienestar social, conforme a lo dispuesto en la Constitución y las leyes pertinentes. El artículo 35 de la Constitución prevé que todos los ciudadanos lao, independientemente de su sexo, condición social, nivel de educación, creencias y origen étnico tienen iguales derechos ante la ley. A este respecto, el Gobierno ha reformado el sistema educativo mediante la aprobación de leyes, políticas, planes estratégicos, planes de acción y programas destinados a crear más oportunidades para que los ciudadanos lao de todos los grupos étnicos y géneros que residan tanto en zonas urbanas como rurales tengan acceso a la educación en los distintos niveles. La Ley de Educación, en su artículo 6, garantiza la igualdad de derechos de los ciudadanos lao a recibir educación independientemente de su nacionalidad, raza, religión, origen étnico, género, edad, estado físico y situación socioeconómica; la ley y los reglamentos pertinentes garantizan a los ciudadanos lao, en pie de igualdad, el derecho a recibir una educación de calidad y a acceder a oportunidades de aprendizaje durante toda su vida. El Decreto sobre la Aprobación y Promulgación del Plan de Acción Nacional de Educación para Todos 2003-2015 tiene por objeto fomentar el cuidado y el desarrollo de los niños en edad preescolar, así como en la enseñanza primaria y secundaria inferior, la educación no formal y las instituciones de capacitación especializada prioritaria; designar, en un documento de política, el desarrollo del sector de la educación como estrategia principal destinada a alcanzar los objetivos de Educación para Todos 2003-2015; y aplicar la Política Nacional de Educación Inclusiva a fin de reducir y eliminar las disparidades de acceso y aumentar la tasa de adelanto de los grupos desfavorecidos, especialmente las niñas, las mujeres, los grupos étnicos, las personas con discapacidad y las personas en situación socioeconómica difícil. La instrucción emitida por el Ministerio de Educación y Deportes sobre la supresión del pago de la matrícula escolar para todos los alumnos de los niveles preescolar, primario y secundario inferior y superior de la enseñanza pública a fin de reducir la carga financiera que representa la educación de los niños para los padres y tutores y sobre la aplicación de la política de almuerzo escolar subvencionado en las escuelas durante 2014 con miras a promover una alimentación nutritiva, aumentar la tasa de asistencia y la tasa de promoción de grado, reducir la tasa de repetición y de abandono escolar de los alumnos desde el nivel preescolar hasta la escuela secundaria en las zonas remotas y pobres, las zonas pobladas por grupos étnicos y niños con necesidades especiales y las zonas que registran índices de mala nutrición, bajas tasas de matriculación y elevadas tasas de repetición y abandono escolar, centra la atención en las zonas identificadas como prioritarias por el Gobierno y en las zonas con indicadores socioeconómicos inferiores a la norma. Desde 2011, el Gobierno ha establecido como prioridad la ampliación de la red de enseñanza, para lo cual ha aumentado las consignaciones para la educación en el presupuesto estatal y ha intensificado la inversión en la construcción de escuelas y la contratación de maestros. En el ejercicio económico 2012-2013, la Asamblea Nacional aprobó el presupuesto del Estado para el sector de la educación y los deportes, que se elevó al 17% del total del presupuesto nacional, o un 4,47% del PIB; asignó fondos por concepto de gestión escolar por valor de 20.000 kip por persona/año para las escuelas de enseñanza preescolar y secundaria inferior y superior y por valor de 50.000 kip por persona/año para las escuelas primarias (2012/13). En 2014, el número de maestros aumentó en un 10% en comparación con 2011 (de 33.576 a 36.938 maestros). Se han alcanzado las metas relativas a la tasa de matriculación con los siguientes resultados: la tasa correspondiente a los niños de 3 a 5 años registró un aumento del 43,20% en el año escolar 2014/15, superando la meta del 39%; la tasa de matriculación en la enseñanza primaria aumentó del 92,7% (2012/13) al 98,6% (2014/15), superando la meta del 98%; la tasa de matriculación en la enseñanza secundaria inferior alcanzó el 78% (2014/15), superando la meta del 75%; y la tasa de matriculación en la enseñanza secundaria superior (2014/15) registró un 45,7%, superando la meta del 43%.

169.Se han aprobado leyes, reglamentos y políticas para garantizar el acceso de la población a servicios de salud pública de calidad. Cabe destacar en particular la Ley de Higiene, Prevención de Enfermedades y Promoción de la Salud, la Ley de Atención de la Salud de 2015 y la Ley para Prevenir y Combatir el VIH/SIDA. El artículo 6 de la Ley de Atención de la Salud consagra la igualdad de derechos de los ciudadanos a recibir tratamiento sin discriminación alguna. La Ley para Prevenir y Combatir el VIH/SIDA, en su artículo 33, dispone que las personas que padecen el VIH/SIDA y demás personas afectadas tienen derecho a acceder a los planes de seguro médico a fin de garantizarles una atención médica equitativa conforme a los reglamentos pertinentes. A tenor de lo dispuesto en el artículo 34 de esa Ley, las personas que padecen el VIH/SIDA y otras personas afectadas gozan de igualdad de condiciones en la sociedad con respecto a su participación en la comunidad y sus actividades cotidianas sin estigmatización o discriminación. El Gobierno aplica una política encaminada a mejorar la calidad del tratamiento médico y a ofrecer servicios de salud pública de amplio alcance de conformidad con el Plan de Reforma del Sistema de Salud Pública y los planes estratégicos periódicos en materia de tratamiento médico, incluidas la adopción de una serie de medidas para promover la igualdad de acceso de todos los grupos étnicos del pueblo lao a los servicios de salud pública y la formulación de una Visión a Largo Plazo para el Sector de la Salud Pública 2000-2020 que forma parte de la Estrategia Nacional de Crecimiento y de Erradicación de la Pobreza. Conforme a esa Visión, se han fijado los objetivos generales y los planes de trabajo para la atención de la salud de la población lao multiétnica, que incluyen lo siguiente: la atención universal de la salud, que se prestará de manera oportuna y en condiciones de igualdad para todos en el país, independientemente de consideraciones de género, edad, religión o situación económica; además, la atención básica de la salud deberá satisfacer las demandas de la población y mejorar las condiciones de salud de los ciudadanos, especialmente los que viven en la pobreza; y, por último, el mejoramiento de la salud se centrará en los 47 distritos más pobres a fin de brindarles acceso a los servicios de atención de la salud, agua potable e higiene, reducir la tasa de mortalidad infantil y promover la utilización de productos médicos y la medicina tradicional. El Gobierno ha aprobado 12 planes de trabajo para lograr esas prioridades. La aplicación y la promoción de los servicios de salud pública han avanzado incrementalmente con la ampliación de la red de servicios públicos de atención de la salud en 2015. Actualmente hay en todo el país 985 centros de atención de la salud, 135 hospitales de distrito, 17 hospitales provinciales, 5 hospitales centrales y, acorde con la importancia que concede el Gobierno a la buena salud y a la prevención de enfermedades, se han establecido aldeas modelo en materia de salud pública en 8 esferas de la atención primaria de la salud. Existen 4.553 aldeas modelo de salud pública, cifra que abarca el 53% del total de aldeas del país. Además, están en marcha proyectos de servicios gratuitos de atención de la salud, especialmente para las madres, incluida la atención posterior al parto y la atención de la salud infantil, así como servicios gratuitos para las mujeres embarazadas y los niños menores de 5 años, que están disponibles en los centros de atención de la salud y los hospitales estatales. La tasa de mortalidad materna en 2013 fue de 220 por cada 100.000 nacidos vivos; en 2015, esa tasa se redujo a 206 por cada 100.000 nacidos vivos, lo que constituye un progreso tangible en la reducción de la tasa de mortalidad materna.

Artículo 27Derechos de los grupos étnicos

170.Desde tiempos inmemoriales conviven en la República Democrática Popular Lao muchas etnias, integradas por 49 grupos que se dividen en 4 principales agrupaciones etnolingüísticas: los lao-tai (62,5%), los mon-khmer (23,7%), los hmong-mien (9,7%), y los sinotibetanos (2,9%).

171.Todos los grupos étnicos son iguales ante la ley. La República Democrática Popular Lao no clasifica a ningún grupo étnico como indígena o grupo minoritario o mayoritario. La población lao está compuesta por un 64,7% de budistas, un 1,7% de cristianos, un 1% de musulmanes y bahaíes, y un 33% de animistas.

172.La política del Gobierno tiene por objeto realzar la unidad, la solidaridad y la igualdad entre los grupos étnicos y reafirmar la no discriminación por motivos de raza, idioma, creencias u origen étnico. El pueblo lao multiétnico siempre ha coexistido pacíficamente en el disfrute de la igualdad y la no discriminación. De conformidad con los artículos 8 y 9 de la Constitución, el Estado aplica una política de unidad, solidaridad e igualdad entre los grupos étnicos; todos los grupos étnicos tienen derecho a preservar y promover sus valiosas tradiciones y culturas respectivas, así como las tradiciones y la cultura de toda la nación; está prohibido todo acto de divisionismo o discriminación de índole religiosa entre los grupos étnicos. El Estado aplica todas las medidas necesarias para mejorar y elevar las condiciones socioeconómicas de todos los grupos étnicos. Los artículos 66 y 176 del Código Penal disponen que toda persona que excluya, obstruya o limite la participación de otras personas o las discrimine por su origen étnico será castigada con una pena de prisión. La Ley del Patrimonio Nacional, en sus artículos 4 y 9, dispone que el Estado aplicará políticas para proteger y preservar el patrimonio nacional, incluido el patrimonio cultural inmaterial, como las invenciones locales, las creencias y las tradiciones.

173.La Octava Legislatura de la Asamblea Nacional, elegida en 2015, cuenta con 149 miembros, de los que 41, o el 27%, son mujeres. La composición de los miembros de la Asamblea Nacional, desglosada por grupos etnolingüísticos, es la siguiente: los lao-tai constituyen el 75%, los mon-khmer el 15%, los hmong-mien el 5,3% y los sinotibetanos el 3,8%. Los miembros de la Asamblea Nacional pertenecientes a grupos étnicos ocupan altos cargos en la Asamblea Nacional, incluidos los puestos de Presidente de la Asamblea Nacional y de Presidente o Vicepresidente de diversos comités. Uno de los comités de la Asamblea Nacional es el Comité de Asuntos Étnicos, que se encarga de las políticas étnicas para garantizar que las leyes aprobadas por la Asamblea Nacional tengan debidamente en cuenta la igualdad y la no discriminación en los ámbitos político, económico, social y cultural. Los miembros de grupos étnicos también se cuentan entre los titulares de puestos clave, incluidos ministros, viceministros, gobernadores provinciales, vicegobernadores y alcaldes. Asimismo, los miembros de grupos étnicos ocupan cargos de director general y director general adjunto en diversos ministerios y organismos, así como cargos diplomáticos y puestos directivos en centros educativos y hospitales de todo el país, y ostentan el rango de general y de coronel en las fuerzas de defensa y la policía nacionales.