Comité de Derechos Humanos

Segundo informe periódico que Botswana debía presentar en 2019 en virtud del artículo 40 del Pacto con arreglo al procedimiento facultativo de presentación de informes *

[Fecha de recepción: 26 de mayo de 2020]

Información general

Respuesta a la pregunta 1

1.Botswana sigue adoptando medidas para aplicar las recomendaciones formuladas en las anteriores observaciones finales del Comité. El Comité Interministerial de los Tratados, Convenios y Protocolos, establecido en 2002, continúa prestando asistencia para el cumplimiento de las obligaciones internacionales. En agosto de 2019, el Gobierno estableció también la Dependencia de Derechos Humanos adscrita al Ministerio de Asuntos de la Presidencia, Gobernanza y Administración Pública. El mandato de esta Dependencia comprende, entre otras funciones, la coordinación de todas las cuestiones de derechos humanos, incluida la presentación de informes y la realización de actividades de seguimiento, así como la modificación de la Ley del Defensor del Pueblo a fin de conferir a la Oficina del Defensor del Pueblo el mandato de protección de los derechos humanos. Además, en noviembre de 2019, Botswana inició el proceso de elaboración de una base de datos de recomendaciones en materia de derechos humanos que, una vez en funcionamiento, permitirá formular recomendaciones a los ministerios competentes y vigilar de forma sistemática su aplicación.

Respuesta a la pregunta 2

2.Desde la aprobación de las anteriores observaciones finales, Botswana ha realizado progresos con respecto al marco jurídico e institucional de promoción y protección los derechos humanos. Tras haber ratificado el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional el 8 de septiembre de 2000, Botswana incorporó ese Estatuto a su legislación interna mediante la aprobación por el Parlamento, el 13 de julio de 2017, de la denominada Ley del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional de 2017.

3.Por lo que respecta al desarrollo institucional, en 2014 el Gabinete aprobó la modificación de la Ley del Defensor del Pueblo, que permitirá convertir la Oficina del Defensor del Pueblo en la institución nacional de derechos humanos. En noviembre de 2018 se celebró un simposio nacional sobre derechos humanos, en colaboración con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, que se centró en el intercambio de experiencias y conocimientos especializados regionales con miras a perfeccionar el proyecto de modificación de la Ley del Defensor del Pueblo. En el simposio se formularon recomendaciones que se transmitieron al Gabinete. El proyecto de modificación se presentará ante el Parlamento en 2020. La atribución del mandato de derechos humanos al Defensor del Pueblo permitirá reforzar la promoción y protección de los derechos humanos y la educación al respecto.

4.Además, en 2019, el Gobierno de Botswana estableció la Dependencia de Derechos Humanos adscrita a la Presidencia, cuyo mandato comprende, entre otras cosas, mejorar la promoción de los derechos humanos y coordinar la formulación de la Estrategia y el Plan de Acción Nacionales de Derechos Humanos.

5.Actualmente, la Fiscalía General está creando la Dependencia de Reforma Legislativa, cuyo mandato será examinar las leyes de Botswana y, cuando proceda, armonizar las leyes nacionales con este Pacto y con todos los demás tratados, protocolos y convenciones de derechos humanos en los que Botswana sea parte.

6.Los tribunales de Botswana siempre han procurado proteger los derechos humanos de la mujer cuando se ha presentado la ocasión. En la causa Mmusi and Others v. Ramantele and Others (cita), el Tribunal Superior de Botswana declaró inconstitucional la norma ngwaketse de derecho consuetudinario que dispone que solo el último hijo varón puede heredar la vivienda de sus padres. Esa norma negaba a las mujeres el derecho a heredar la vivienda de sus padres indistintamente de su rango en el orden de nacimiento. Nos enorgullece esa decisión, que constituye un paso fundamental hacia la igualdad de género en el país, y celebramos que el Tribunal haya aplicado ampliamente la jurisprudencia comparada de derechos humanos y el derecho internacional de los derechos humanos para resolver esa reclamación.

7.Botswana sigue aplicando las decisiones judiciales adoptadas en la causa Attorney General of Botswana v. Rammoge and 19 Others (CACGB-128-14), por las que se reconocen a los beneficiarios sus derechos amparados en la Convención. En esta causa intervino LEGABIBO, una organización de personas lesbianas, gais y bisexuales de Botswana. El asunto se remitió a los tribunales a raíz de la negativa del Gobierno de Botswana a registrar a LEGABIBO como asociación. Los demandantes alegaban que al denegar el Gobierno la inscripción registral de LEGABIBO, vulneraba su derecho a la libertad de reunión y de asociación.

8.En noviembre de 2014, el Tribunal Superior falló a favor de LEGABIBO y determinó que se habían vulnerado los derechos de los demandantes a la libertad de reunión y de asociación, a la libertad de expresión y a igual protección de la ley. En marzo de 2016, el Tribunal de Apelaciones confirmó la decisión del Tribunal Superior, en particular que la denegación de la inscripción de LEGABIBO no solo era contraria a derecho, sino que también constituía una violación del derecho de la comunidad de personas lesbianas, gais, bisexuales, transgénero, queer e intersexuales (LGBTQI) a asociarse libremente. El Tribunal de Apelaciones de Botswana ordenó al Registro de Sociedades que procediera a su inscripción.

9.El Tribunal estableció que: “Un principio fundamental del derecho internacional de los derechos humanos es que todos los seres humanos nacen libres y con igual dignidad y derechos, y gozan de todos sus derechos sin distinción alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición”.

10.En junio de 2019, el Tribunal Superior de Botswana, en la causa Letsweletse Motshediemang v. Attorney General (núm.MAHGB–000591–16), determinó que las relaciones entre personas del mismo sexo son lícitas y que debía derogarse el artículo 164 del Código Penal que tipifica como delito los actos de esa índole. Actualmente, este asunto está pendiente de una decisión final del Tribunal de Apelaciones.

A.Información específica sobre la aplicación de los artículos 1 a 27 del Pacto

Respuesta a la pregunta 3

11.Se está trabajando en la atribución de un mandato de derechos humanos a la Oficina del Defensor del Pueblo, de conformidad con los Principios de París. Botswana ha decidido adoptar un modelo híbrido y asignar el mandato de derechos humanos a esa Oficina. Además, ha realizado misiones de análisis comparado de la Comisión de Derechos Humanos y Justicia Administrativa de Ghana en 2015, así como de la Comisión de Derechos Humanos y Buena Gobernanza de Tanzanía y de la Oficina del Defensor del Pueblo de Namibia en 2016. Una vez finalizadas, se presentó al Gobierno un informe que incluía recomendaciones sobre el modelo de institución nacional de derechos humanos que debía establecerse.

12.En 2017, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) contrató a un consultor en derechos humanos cuyo mandato consiste, entre otras cosas, en prestar asistencia para la transformación de la Oficina del Defensor del Pueblo en una institución nacional de derechos humanos mediante la revisión de la Ley del Defensor del Pueblo.

13.Del 20 al 21 de noviembre de 2018 se celebró, en colaboración con el PNUD, un simposio nacional sobre derechos humanos, que se transmitió en directo por la televisión nacional para que todos los ciudadanos estuvieran informados. Además, contó con la asistencia de agentes estatales y no estatales, como los medios de comunicación, los círculos académicos y las organizaciones de la sociedad civil. El simposio se centró en el intercambio de experiencias y conocimientos especializados regionales con miras a perfeccionar el proyecto de modificación de la Ley del Defensor del Pueblo. En él se formularon recomendaciones que se transmitieron al Gabinete.

14.Las recomendaciones se incorporaron en el proyecto de ley revisado, que se distribuyó a las principales partes interesadas en una reunión de carácter consultivo que se celebró en octubre de 2019. En ella participaron: la Oficina del Defensor del Pueblo, la División de Redacción de Leyes de la Fiscalía General, la Oficina de la Presidencia, el PNUD, la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos (ACNUDH) y la Alianza Global de las Instituciones Nacionales de Derechos Humanos (GANHRI). Tras incorporarse las observaciones de las partes interesadas, se envió el proyecto de ley a la Fiscalía General en noviembre de 2019 junto con nuevas instrucciones para la redacción. Se prevé que el proyecto de modificación de la Ley del Defensor del Pueblo se presente ante el Parlamento en 2020, después de someterlo a las organizaciones de la sociedad civil para que formulen sus observaciones.

Respuesta a la pregunta 4

15.El derecho consuetudinario desempeña una importante función en Botswana. Sin embargo, la Constitución prevalece sobre la Ley de los Bogosi, que es una ley parlamentaria que rige la administración del derecho consuetudinario en Botswana. En efecto, el artículo 2 de la Ley de los Bogosi define el “derecho consuetudinario” de la siguiente manera:

“[…] en relación con una tribu o comunidad tribal, se trata del derecho o las costumbres comunes de esa tribu o comunidad, salvo si esa ley o costumbres son contrarias a la moral, la humanidad o la justicia natural, o perjudiciales para el bienestar de sus miembros, o contrarias a la Constitución o cualquier otra ley.”

16.Los tribunales derogan toda práctica del derecho consuetudinario que sea inconstitucional, como se ha demostrado en la causa Ramantele, en la que el Tribunal de Apelaciones de Botswana confirmó y reforzó la decisión del Tribunal Superior de que “los valores constitucionales de la igualdad ante la ley, así como la creciente nivelación en las estructuras de poder debido al número cada vez mayor de mujeres que son cabeza de familia y que participan de igual a igual con los hombres en la esfera pública y, cada vez más, en la esfera privada, demuestran que no existe ningún fundamento racional ni justificable para mantener normas restrictivas del pasado en los casos en que sean contrarias a los sistemas de valores actuales”.

17.En ese mismo sentido, el Presidente del Tribunal Superior, Sr. Kirby, indicó: “Toda norma o regla del derecho consuetudinario que discrimine a una mujer de forma injusta por el mero motivo de su género contravendría los principios de humanidad, moral o justicia natural. Tampoco sería conforme con los principios de justicia, equidad y buena conciencia”.

18.Se siguen adoptando medidas positivas para armonizar las prácticas del derecho consuetudinario con el derecho internacional, incluidas las disposiciones del Pacto. El artículo 15, párrafo 4, de la Constitución contiene una contradicción fundamental con el Pacto en lo que respecta a la lucha contra la discriminación. Sin embargo, se han promulgado leyes, como la Ley contra la Violencia Doméstica y la Ley de Abolición de la Potestad Marital, entre otras, que tienen por objeto erradicar la discriminación contra la mujer. Se espera además que la Dependencia de Reforma Legislativa se encargue de dirigir la modificación de las leyes (incluida la Constitución) que no sean compatibles con las disposiciones del Pacto, como las que vulneran los derechos de la mujer.

19.El Gobierno sigue realizando una labor de sensibilización contra algunas normas y prácticas consuetudinarias que impiden la igualdad de género, especialmente en las esferas relacionadas con el derecho de las personas y el derecho de familia. Se han llevado a cabo actividades de educación y capacitación públicas dirigidas a la ciudadanía en general, a los dikgosi (jefes tradicionales), a los jueces, a los fiscales y a los abogados. En lo que respecta a la población en general, la sensibilización se lleva a cabo mediante la difusión en cascada de las nuevas políticas y leyes a través de las kgotla (reuniones comunitarias), de programas de radio y televisión en que intervienen los miembros del Parlamento y de diversos funcionarios gubernamentales.

20.A fin de formar mejor a los fiscales, jueces y abogados, se han organizado sesiones de capacitación sobre el tráfico de migrantes, la trata de personas y los delitos conexos, las leyes relativas a los niños y los delitos sexuales, la ciberdelincuencia, la medicina forense, la admisibilidad del material probatorio, la pornografía infantil y los delitos conexos, así como sobre técnicas de litigación.

21.En colaboración con el PNUD y el Departamento de Asuntos de Género, el Departamento de Administración Tribal puso en marcha un programa de capacitación sobre la violencia de género dirigido a todos los dikgosi en todo el país. Hasta la fecha, se ha capacitado a un total de 115 dikgosi: 36 de Chobe, 45 de Kgalagadi Norte y 34 de Kgalagadi Sur. En la próxima etapa se cubrirán las zonas nororiental, central, meridional y noroccidental del país. El objetivo es impartir capacitación a los 670 dikgosi para finales de 2020.

No discriminación (arts. 2, 3, 25 y 26)

Respuesta a la pregunta 5

22.Botswana ratificó la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer en 1996, demostrando así su compromiso de prohibir todas las formas de discriminación contra la mujer y de velar por la aplicación efectiva del principio de igualdad entre las mujeres y los hombres. Botswana inició en 2012 el proceso de plena incorporación de la Convención al derecho interno. Se establecieron las estructuras pertinentes de incorporación de la Convención en el derecho interno y, en 2013, se llevó a cabo un ejercicio de análisis comparado en Ghana, donde también rige un ordenamiento jurídico dual. Además, el Gobierno de Botswana celebró consultas en todo el país para recabar opiniones sobre los distintos artículos de la Convención y el proceso de incorporación al derecho interno. Los resultados de las consultas se han compilado y se han redactado las recomendaciones que servirán de base para la reforma de las leyes y políticas.

23.Se han adoptado medidas destinadas a establecer un marco operativo para la aplicación de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer. En general, la Constitución de Botswana reconoce la igualdad de las mujeres y los hombres ante la ley, y en su artículo 15, párrafo 1, se estipula que ninguna ley debe contener disposiciones que sean discriminatorias en sí mismas o por sus efectos. A este respecto, la igualdad de género es un principio fundamental de las leyes, políticas y marcos de planificación nacionales. Sin embargo, el artículo 15, párrafo 4, de la Constitución prevé una derogación deliberada de esa disposición en favor del derecho consuetudinario, que forma parte del ordenamiento jurídico dual, en que el derecho consuetudinario coexiste con el common law. La mayoría de los botsuanos siguen el derecho consuetudinario en las cuestiones matrimoniales y familiares, mientras que unos pocos se rigen por el common law.

24.Como se desprende de lo anterior, Botswana aún no ha derogado el artículo 15, párrafo 4, de la Constitución, según recomendó el Comité. Sin embargo, se han realizado progresos legislativos para promover y defender la igualdad de género. Entre las leyes promulgadas para defender la igualdad de género figuran las siguientes: la Ley de Patrimonio Conyugal (2014), que permite a las parejas casadas revisar su régimen económico matrimonial; la Ley contra la Violencia Doméstica (2008), que reconoce como delito los actos de violencia en el hogar; el Reglamento sobre Violencia Doméstica (2013), que facilita la aplicación efectiva de la Ley contra la Violencia Doméstica; el Código Penal, que tipifica como delito las relaciones sexuales con personas menores de 18 años; la Ley de Abolición de la Potestad Marital (2004), que otorga a las parejas casadas las mismas facultades para administrar el patrimonio conyugal; y la Ley de Registro Notarial, cuya modificación en 2008 permitió establecer la igualdad de los cónyuges con respecto a la administración del patrimonio conyugal.

25.Aunque en Botswana existen problemas en materia de sucesiones, se han puesto en marcha actividades educativas dirigidas al público para evitar las prácticas que privan a las mujeres y los niños de sus derechos sucesorios. Los tribunales (tanto los consuetudinarios como los civiles) siguen dictando sentencias que protegen los derechos de sucesión de las mujeres y los niños frente a los esfuerzos patriarcales que buscan anularlos. Las organizaciones de la sociedad civil colaboran con el Gobierno para que la población comprenda que tanto los hombres como las mujeres gozan de los mismos derechos en materia de sucesiones. Cabe mencionar a la asociación Re A Nyalana, inscrita en 2012 con el objetivo de apoyar la modificación de las prácticas consuetudinarias discriminatorias y la protección de los derechos de sucesión de las mujeres y los niños, entre otras cosas. La asociación ha ayudado a muchas parejas a registrar legalmente sus matrimonios, incluidos los de parejas de ancianos que se habían casado mediante ritos matrimoniales tradicionales con dote ( bogadi)y habían vivido como pareja durante muchos años. La inscripción en el registro civil de esos matrimonios tradicionales ha contribuido a proteger los derechos patrimoniales y de sucesión de las mujeres y los niños, que a menudo les han sido denegados tras una separación o el fallecimiento del cónyuge varón. También cabe destacar la causa Ramantele, referida más arriba, pues en ella se estableció el derecho de los niños y las niñas de heredar los bienes de sus padres en igualdad de condiciones.

26.Continúan realizándose actividades de sensibilización pública sobre la necesidad de armonizar las normas y prácticas consuetudinarias con las disposiciones del Pacto. Así, desde 2012, el Gobierno ha colaborado con los dikgosi para garantizar que se evite toda forma de discriminación en materia de matrimonio, divorcio, igualdad de respecto de la propiedad y otros derechos jurídicos de los cónyuges. En noviembre de 2015, los dikgosi elaboraron un plan de acción nacional para la incorporación de la perspectiva de género en el sistema de justicia consuetudinaria. Este plan se revisó en 2018, y los dikgosi siguen aplicando el plan revisado para tratar las cuestiones de género dentro de sus comunidades. El Gobierno también ha elaborado materiales de educación pública centrados en el concepto de igualdad de género y los ha traducido al idioma local.

27.Botswana reconoce que para lograr la paridad de género es necesario contar con los hombres y los niños como asociados estratégicos. A tal efecto, la iniciativa Men Sector sigue organizando diversas actividades, entre ellas diálogos comunitarios en todo el país. A fin de fortalecer esta iniciativa, Botswana conmemora el Día Internacional del Hombre desde 2013, y en 2014 puso en marcha la campaña “Él por Ella”. El Día Internacional del Hombre tiene por objeto celebrar la contribución positiva de los hombres a la sociedad, la comunidad, la familia, el matrimonio y a la crianza de los niños, así como mejorar las relaciones entre los géneros y promover la igualdad entre ellos.

28.Botswana sigue aplicando las decisiones judiciales que protegen los derechos de los beneficiarios, y se están celebrando consultas con miras a revisar y modificar la legislación nacional para hacer frente a la discriminación contra todo tipo de personas, incluidos los refugiados, las personas lesbianas, gais, bisexuales, transgénero e intersexuales (LGBTI), los trabajadores del servicio doméstico, los trabajadores sexuales, los solicitantes de asilo y los reclusos extranjeros.

Respuesta a la pregunta 6

29.Los derechos de las personas están garantizados en el marco jurídico del país, en particular en la Constitución de la República de Botswana. En el sistema político nacional, las libertades consagradas en la Constitución comprenden el derecho a la ciudadanía y el derecho a votar y a ser elegido para ocupar cargos de liderazgo político.

30.La participación de la mujer en la política y en la vida pública en general sigue siendo insuficiente, y Botswana no ha alcanzado la meta internacional de que las mujeres ocupen el 50 % de los puestos con poder de decisión. La responsabilidad de asegurar una participación igualitaria en elecciones primarias abiertas recae en los diferentes partidos políticos. En general, estos celebran sus elecciones primarias a fin de determinar los candidatos que competirán en las elecciones nacionales. La mayoría de ellos promueven la representación de la mujer mediante un sistema de cuotas previsto en sus políticas. En el anexo 1 figuran datos desglosados sobre la representación de la mujer en la vida política y pública de Botswana.

31.Aún no se han establecido medidas especiales para acelerar la participación de las mujeres en la política. Sin embargo, en reconocimiento de la importancia fundamental de la inclusión igualitaria de las mujeres y los hombres, en la Política Nacional de Género y Desarrollo se da prioridad a la adopción y aplicación de medidas de acción positiva por sectores, en función de las necesidades, para subsanar las brechas de género, de conformidad con el cometido de cada uno.

32.Con objeto de aumentar la participación de la mujer en la política y el desarrollo económico, el PNUD ha concedido un apoyo financiero de 10.000,00 dólares de los Estados Unidos al Departamento de Asuntos de Género para fortalecer la capacidad de la Comisión Nacional de Género en cuanto a la supervisión de las políticas, así como financiación por un valor de 50.000,00 dólares a las organizaciones no gubernamentales (ONG) a fin de ayudar a las candidatas a competir de forma efectiva en las elecciones generales de 2019.

33.El Departamento de Asuntos de Género fomenta la participación de las mujeres en los partidos políticos por conducto de las organizaciones de la sociedad civil. Se han realizado talleres sobre participación de la mujer en la política para que las candidatas pudieran competir de forma eficaz con sus homólogos masculinos.

Respuesta a la pregunta 7

34.El Gobierno de Botswana no tolera la discriminación ni la violencia contra ninguno de sus ciudadanos, incluida la comunidad LGBTI. En 2016, declaró “inmigrante prohibido” al pastor Steven Anderson y lo expulsó a su país de origen por predicar la violencia y la discriminación contra esa comunidad en una de las emisoras de radio locales. El Gobierno adoptó esta medida para frenar la incitación a la discriminación y a la violencia contra las personas LGBTI por parte de las organizaciones religiosas.

35.Botswana sigue realizando progresos con respecto al reconocimiento de los derechos de las personas LGBTI. En 2017, en la causa Kgositau v. Attorney General and Registrar of National Registration, el Tribunal Superior ordenó al Director del Registro Nacional que expidiera a una mujer transgénero un nuevo documento de identidad que certificara su condición de mujer. Kgositau había presentado una demanda ante los tribunales en la que alegaba que se reconocía como mujer desde temprana edad y que el género masculino que constaba en su documento de identidad le causaba malestar psíquico y acentuaba su vulnerabilidad a los abusos y la violencia.

36.En un discurso conmemorativo pronunciado con ocasión de la campaña 16 Días de Activismo contra la Violencia contra las Mujeres y los Niños en noviembre de 2018, el Presidente de la República de Botswana, Excmo. Dr. M. E. K. Masisi, subrayó la necesidad de proteger los derechos de las personas LGBTI. En particular, dejó claro que estas gozan de los mismos derechos que cualquier otro ciudadano y dijo que “en este país también hay muchas personas que mantienen relaciones homosexuales que han sido violadas y han sufrido en silencio por miedo a ser discriminadas. Al igual que los demás ciudadanos, merecen que se protejan sus derechos”. Asimismo, exhortó a la sociedad que recordara a todas las víctimas y comunidades vulnerables a la violencia y los abusos.

37.El discurso del Presidente fue una muestra de voluntad política que, si se aprovecha, podría influir en las reformas legislativas, la política pública y las iniciativas de sensibilización del Gobierno para para proteger a las personas contra la discriminación y la violencia por motivos de orientación sexual e identidad de género. Durante el discurso sobre el estado de la nación de 2019, el Presidente afirmó además que el Gobierno tenía la intención de llevar a cabo una revisión integral de la Constitución de Botswana para derogar todas las disposiciones que pudieran considerarse discriminatorias.

38.En junio de 2019, el Tribunal Superior de Botswana, en la causa Letsweletse Motshediemang v. Attorney General (núm.MAHGB-000591-16), estableció que las relaciones entre personas del mismo sexo son lícitas y que debía derogarse el artículo 164 del Código Penal que tipificaba como delito los actos de esa índole. Actualmente, este asunto está pendiente de una decisión definitiva del Tribunal de Apelaciones. El Gobierno tendrá en cuenta el resultado del recurso para decidir si deroga o no el artículo 164 del Código Penal. Ninguna persona ha sido condenada en virtud de esa disposición desde que se promulgó el Código Penal.

Violencia contra la mujer, incluidas la violencia sexual y la doméstica (arts. 2, 3, 6, 7 y 26)

Respuesta a la pregunta 8

39.La promulgación de la Ley contra la Violencia Doméstica, que tiene por objetivo proteger a las personas que sobreviven a la violencia doméstica, ha demostrado ser una medida eficaz para combatir la violencia física y sexual contra la mujer en Botswana. La Ley prevé recursos civiles, por ejemplo las medidas cautelares, las órdenes de alejamiento, las órdenes de titularidad del arrendamiento o las órdenes de ocupación decretadas por vía judicial.

40.En 2012 se documentaron las deficiencias y dificultades que obstaculizaban la aplicación efectiva de la Ley contra la Violencia Doméstica de 2008, lo que sirvió de base para la elaboración del reglamento que facilita su aplicación efectiva.

41.Según el Estudio de Referencia sobre Género de 2013, el 61,6 % de los encuestados tenían conocimiento de la legislación en materia de igualdad de género y la violencia en la pareja. De acuerdo con el Estudio sobre Indicadores de Violencia de Género de 2012, el 46,2 % de las mujeres y el 42,5 % de los hombres han oído hablar de la Ley contra la Violencia Doméstica. Aproximadamente un tercio de las mujeres y los hombres de la muestra sabían de la existencia de las órdenes de protección.

42.En 2015, el Gobierno aprobó la Política Nacional de Género y Desarrollo, que dio lugar al establecimiento de la Comisión Nacional de Género en 2016 para supervisar su aplicación. Además, las cuestiones de género ocupan un lugar destacado en la labor del Ministerio de Nacionalidad, Inmigración y Asuntos de Género. En la Política Nacional de Género se ha dado prioridad a la incorporación de la perspectiva de género en las siguientes esferas de desarrollo nacional:

a)Desarrollo económico, prosperidad y reducción de la pobreza para lograr un desarrollo sostenible;

b)Protección social y servicios sociales, en particular con programas y servicios prioritarios de protección social que abarcan la salud, el saneamiento adecuado y un mayor bienestar;

c)Acceso a una educación, formación e información de calidad;

d)Acceso a una vivienda segura y examen de las cuestiones relativas al cambio climático para lograr un medio ambiente sostenible;

e)Poder político, gobernanza democrática y adopción de decisiones;

f)Acceso a la justicia, protección de los derechos humanos y protección contra la violencia;

g)Medidas especiales y transversales destinadas a grupos vulnerables de hombres, mujeres, niñas y niños.

43.Para facilitar la aplicación de la Política, se estableció la Comisión Nacional de Género, que es de carácter multisectorial. Asimismo, se ha creado el Comité Consultivo sobre Cuestiones relativas a Hombres y Niños y Mujeres y Niñas encargado de prestar asesoramiento técnico a la Comisión. También se han constituido comités distritales de desarrollo que tienen por mandato facilitar la aplicación de la Política en los distritos.

44.Además, en el marco de la Estrategia Nacional de Género y Desarrollo (2016), aprobada por el Departamento de Asuntos de Género, se ha dado prioridad a esferas de desarrollo nacional para la incorporación de la perspectiva de género, entre ellas el acceso a la justicia, la protección de los derechos humanos y la protección contra la violencia. Se han aplicado medidas especiales destinadas a los grupos vulnerables de hombres, mujeres, niñas y niños, y establecido comités distritales para las cuestiones de género integrados por todas las partes interesadas pertinentes a fin de aplicar la Política Nacional de Género y Desarrollo en los distritos.

45.En la Estrategia Nacional para Poner Fin a la Violencia de Género en Botswana (2016‑2020) se destacan las principales intervenciones destinadas a luchar contra las prácticas culturales negativas que repercuten en la igualdad de género. Entre dichas intervenciones figura el Sistema de Remisión en Línea de los Casos de Violencia de Género, en el que las remisiones se harán en línea para reducir el sufrimiento de las víctimas que tienen que exponer en repetidas ocasiones el calvario vivido a todos los proveedores de servicios. El Sistema se puso en marcha de forma experimental en Maun, Shorobe, Mochudi y Artesia. A través de él se difundieron mensajes sobre la violencia de género a 2.700 miembros de la comunidad y se sensibilizó a 20 instituciones sobre esta cuestión.

46.A fin de aplicar eficazmente el Sistema de Remisión en Línea, se impartió capacitación sobre los procedimientos operativos estándar a los proveedores de servicios relativos a la violencia de género. Dichos procedimientos se establecen en la Estrategia Nacional para Poner Fin a la Violencia de Género y orientan a los proveedores de servicios en la manera de tratar a las personas supervivientes de la violencia de género, promueven la confidencialidad y reducen la revictimización. Más de 200 proveedores de servicios recibieron formación, a saber, trabajadores sociales, educadores, policías y personal sanitario. El Gobierno colabora con el PNUD para implantar el Sistema en otros dos distritos.

47.En el Pilar 2 de la Visión Nacional 2036, relativo al desarrollo humano y social, se reconoce la importancia de la igualdad de género para el desarrollo socioeconómico, político y cultural. El 11º Plan Nacional de Desarrollo también prevé la incorporación de la perspectiva de género, así como la prevención y eliminación de la violencia de género en la esfera temática relativa a la gobernanza y la seguridad, de conformidad con los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

48.Después de un tiempo, se constató que las víctimas de la violencia física y sexual tenían la tendencia de retirar sus denuncias. Por lo tanto, el Cuerpo de Policía de Botswana estableció disposiciones internas para prohibir la retirada de esas denuncias. Se han adoptado medidas más rigurosas para prohibir que se retiren las denuncias de los casos de violencia doméstica en las comisarías de policía, de modo que solo es posible hacerlo acudiendo a los tribunales de primera instancia. Estas medidas han dado lugar a un aumento del número de casos denunciados y juzgados.

49.La Ley de Asistencia Jurídica fue aprobada por el Parlamento en 2013, y se está poniendo en marcha el programa de asistencia jurídica en todo el país para que, entre otras cosas, las víctimas de la violencia de género que carecen de recursos accedan a la representación letrada de forma gratuita.

50.El Gobierno presta asistencia financiera y técnica a las organizaciones de la sociedad civil para que ofrezcan servicios de apoyo psicológico a las personas supervivientes de la violencia de género y a sus familias. Se ha impartido capacitación a los representantes de los trabajadores sociales de todos los distritos en materia de incorporación de la perspectiva de género y de violencia de género en el marco del Plan de Estudios Nacional sobre la Incorporación de la Perspectiva de Género. Gracias a la formación se mejoraron los conocimientos generales sobre la cuestión del género y las capacidades para prestar apoyo psicosocial a las supervivientes de la violencia de género y a sus familias.

51.Las actividades de educación pública sobre las leyes que promueven la igualdad de género se llevan a cabo a través de la radio y de otros medios de comunicación, y están dirigidas sobre todo a las mujeres. Entre las actividades realizadas pueden citarse, por ejemplo, las conversaciones comunitarias y sesiones de diálogo centradas en la eliminación de las prácticas culturales negativas que contribuyen a las disparidades entre mujeres y hombres y la labor de sensibilización sobre la violencia de género y sus efectos, los conceptos de género, el género y el VIH/sida y las leyes que se han modificado o promulgado para derogar las disposiciones que discriminaban a la mujer.

52.Se sigue promoviendo, además, la colaboración de los medios de comunicación para que tengan en cuenta las cuestiones de género en la cobertura de las informaciones. A lo largo del año se imparte capacitación en materia de género, violencia de género y cuestiones conexas. La sección de Botswana del Media Institute of Southern Africa ha elaborado una política y plan de acción de género a fin de movilizar los medios de comunicación en torno a las cuestiones de género, lo que incluye la presentación de información no estereotipada.

53.La Ley contra la Violencia Doméstica de 2008 suprime la exclusión del esposo en los casos de violación. La Ley prevé una amplia variedad de recursos para los casos de abusos y conductas abusivas, con inclusión del “abuso sexual o las amenazas de abuso sexual” en una “relación doméstica”. De conformidad con el artículo 2 de la Ley, las relaciones domésticas abarcan las relaciones en que las personas “están o estuvieron casadas entre sí”. La Ley es una clara manifestación legislativa de política pública que amplía la interpretación del artículo 141 del Código Penal en el sentido de que abarca la violación conyugal, en un evidente afán de tipificar como delito las conductas abusivas también dentro del matrimonio. Además, esa Ley ha puesto fin a la exclusión del esposo prevista en el common law.

54.En 2008 el Tribunal Superior examinó la cuestión de la violación conyugal y determinó que “sugerir que esta debería permitirse si el autor es un cónyuge es [...] completamente inaceptable y una aberración histórica” (Letsholathebe v. The State 2008, [3] BLR 1 HC (juez Kirby)). Si bien el caso no se refería a una denuncia de violación dentro del matrimonio, de modo que el Tribunal no se pronunció al respecto, indica, contrariamente a lo que cree la opinión pública, que la violación conyugal está prohibida.

55.Botswana imparte capacitación en derechos humanos a las fuerzas del orden. Las Fuerzas de Defensa de Botswana ofrecen esa capacitación en el marco del derecho de los conflictos armados a los efectivos y personal subalterno, y con mayor profundidad al Mando de Defensa y la Escuela del Estado Mayor, mientras que el Servicio de Prisiones de Botswana lo hace a través de módulos de derechos humanos integrados en el programa de estudios inicial de los funcionarios de prisiones. El Cuerpo de Policía de Botswana también imparte formación en la materia. La formación sobre derechos humanos destinada a los agentes del orden en la escuela de policía de Botswana comprende lo siguiente: Introducción a los Derechos Humanos, Mitos sobre los Derechos Humanos, Derechos Humanos y Labor Policial, Definiciones y Conceptos, Historia de la Noción de Derechos Humanos, Marco Constitucional de Botswana, Características de los Derechos Humanos, Fuentes de los Derechos Humanos, así como Derechos Específicos y Ejemplos de Derechos Humanos. Además, la Academia Internacional para Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley ha incorporado un componente de violencia de género a su programa de estudios.

56.En el anexo 2 se facilita información estadística sobre el número de denuncias recibidas y de investigaciones llevadas a cabo por el Cuerpo de Policía de Botswana por actos de violencia contra la mujer, incluida la violencia doméstica.

57.Aunque el Estado no dispone de centros de acogida para las supervivientes de la violencia de género, existen dos centros gestionados por las ONG Women Against Rape (en Maun) y Botswana Gender Based Violence Prevention and Support Center (en Gaborone). Estos dos centros de acogida administrados por organizaciones de la sociedad civil reciben apoyo financiero y técnico del Gobierno y de asociados para el desarrollo. Se ha previsto abrir centros de acogida en otras zonas del país mediante financiación pública (subvenciones del Departamento de Asuntos de Género). Actualmente se está realizando una consultoría sobre los refugios seguros para resolver la falta de centros de acogida en el país.

58.Con respecto a las alegaciones según las cuales un gran número de alumnas son objeto de acoso sexual en el trayecto a la escuela, cabe señalar que el Gobierno de Botswana ha aplicado medidas de protección de la ciudadanía, incluidos los niños que asisten a la escuela. Se han formulado programas de prevención del delito y se han desplegado agentes de policía en los lugares con mayor índice de delincuencia y en las paradas del transporte público. Se han adoptado medidas para alentar a los alumnos que han sido objeto de acoso y violencia sexuales a revelar esos hechos en la escuela y el hogar. Las escuelas cuentan con docentes especializados en la orientación y apoyo psicológico ante quienes los estudiantes pueden denunciar los actos de acoso y violencia sexuales cometidos en el hogar o en el trayecto hasta la escuela. Los docentes colaboran con los trabajadores sociales para ayudar a los alumnos a denunciar esos actos a la policía. Se promueve que los padres hablen abiertamente de temas de sexualidad con sus hijos en el hogar. De esta manera se alienta a los niños a confiarse a sus padres y, así, pueden denunciar los casos de acoso y violencia sexuales sucedidos en la escuela o en el camino de ida o vuelta.

59.En 2019 se llevó a cabo la campaña nacional denominada “Eseng Mo Ngwaneng”, cuyo título podría traducirse más o menos como “No tocar al niño”. La campaña fue dirigida por el UNICEF y otras partes interesadas clave, y tenía por objeto proteger a las niñas del maltrato infantil.

60.En cuanto a la información sobre el caso de desfloración de una alumna por el entonces concejal de Sebina, cabe señalar que el caso se notificó al Cuerpo de Policía de Botswana en enero de 2016. Se efectuaron investigaciones y el expediente se remitió a la Dirección del Ministerio Público en mayo de 2016. En el momento en que se redactó el presente informe, la Dirección no había concluido aún el examen del caso.

Respuesta a la pregunta 9

61.Botswana garantiza la igualdad entre hombres y mujeres en el goce de todos los derechos civiles y políticos enunciados en el Pacto y en la Constitución. En el país, los hombres no tienen el derecho de tratar a sus esposas como si fueran menores de edad.

62.Botswana no considera que los ritos de viudez ( go roula ) ni el pago de dote ( bogadi ) sean prácticas culturales nocivas. Las personas que practican el bogadi afirman que su propósito es demostrar gratitud hacia la familia de la novia y en ningún momento debe interpretarse como una actividad de carácter transaccional. Por su parte, las personas que practican los ritos de viudez indican que estos tienen por objeto purificar a la viuda (y a veces al viudo) de la deshonra percibida por la muerte del cónyuge. Desde luego, existe la preocupación de que esos ritos opriman a las personas, sobre todo a las mujeres. Sin embargo, es preciso señalar que los ritos de viudez y de pago del bogadi son costumbres y no leyes. Por lo tanto, las personas no están obligadas a seguir o practicar ninguna de estas tradiciones y su inobservancia no entraña repercusión alguna.

63.El Gobierno sigue sensibilizando a los ciudadanos y a los dikgosi sobre la importancia de abolir las prácticas contrarias a las leyes nacionales y a los derechos humanos. La realidad en el terreno es que la práctica de los ritos de viudez ha disminuido. Ya no es común ver a una mujer vestida de negro para indicar que ha perdido a su esposo ni que se realicen otros componentes del rito en los funerales.

Derecho a la vida (art. 6)

Respuesta a la pregunta 10

64.El Gobierno de Botswana no solo está empeñado en proteger los derechos humanos, sino también en cumplir sus obligaciones en virtud del derecho internacional. La Constitución de Botswana garantiza el derecho a la vida. En el artículo 4 de la Constitución, que es la ley suprema del país, se consagra el derecho a la vida de todas las personas, salvo “en ejecución de una sentencia judicial respecto de un delito tipificado en la legislación vigente de Botswana por el que se haya condenado al autor o la autora”.

65.A fin de cumplir las disposiciones del Pacto, la pena de muerte no se impone de forma arbitraria en Botswana. El artículo 6 del Pacto admite la pena de muerte como excepción al derecho a la vida, y enumera las salvaguardias y restricciones precisas para aplicarla. De manera análoga, la legislación interna de Botswana establece las circunstancias claras y limitadas en las que puede imponerse la pena de muerte.

66.El artículo 25 del Código Penal estipula que los tribunales pueden dictar la pena de muerte. De conformidad con el Código Penal, se castigan con la pena capital los delitos de traición (previsto en el artículo 34) y de asesinato (previsto en el artículo 203). El Tribunal Superior es el único tribunal de primera instancia que puede conocer de los casos de asesinato y traición. Así pues, el Tribunal Superior impone la pena de muerte, mientras que el Tribunal de Apelaciones resuelve los recursos interpuestos contra la pena de muerte.

67.Además, las estrictas restricciones impuestas a la pena de muerte en el artículo 6 del Pacto también figuran en la legislación de Botswana, incluidas las que sirven para proteger a las personas vulnerables condenadas a la pena de muerte. El artículo 26 del Código Penal dispone que la pena de muerte no podrá imponerse, en ninguna circunstancia, a personas menores de 18 años ni a las mujeres en estado de gravidez. El artículo 11 estipula asimismo que no se dictará la pena de muerte contra las personas con enfermedades que afecten a su capacidad mental. Estas disposiciones se ajustan a las normas internacionales que exigen que se proteja a los grupos vulnerables contra la pena de muerte.

68.La pena de muerte se aplica con sumo cuidado a fin de respetar y preservar la dignidad del reo. Además, no se ha demostrado que la ejecución por ahorcamiento sea cruel en comparación con otros métodos.

69.Si bien la pena de muerte es obligatoria para los delitos de asesinato y traición, puede imponerse una pena menos severa si concurren circunstancias atenuantes. Asimismo, en el artículo 298 de la Ley de Procedimiento Penal y Pruebas se aborda sobre la cuestión de la pena de muerte en el caso de las mujeres embarazadas. La mujer condenada a la pena capital que alegue estar embarazada deberá presentar las pruebas correspondientes ante un tribunal. Una vez confirmado el embarazo, la pena se reduce a reclusión a perpetuidad.

70.Además de la protección que se ofrece a los menores de edad, a las mujeres embarazadas y a las personas con enfermedades mentales, la Constitución permite al Presidente ejercer la prerrogativa del indulto en virtud de los artículos 53 a 55. Esta disposición también es conforme con el artículo 6, párrafo 4, del Pacto en el que establece lo siguiente: “Toda persona condenada a muerte tendrá derecho a solicitar el indulto o la conmutación de la pena de muerte”.

71.El condenado puede solicitar al Presidente que le conmute la pena de muerte por otra más leve en virtud de la prerrogativa de indulto, teniendo en cuenta la opinión del Comité de Asesoramiento sobre la Prerrogativa del Indulto. Cabe señalar que este Comité, establecido de conformidad con el artículo 54 de la Constitución, es de carácter consultivo y establece sus propios procedimientos. El artículo 55 de la Constitución estipula claramente que la decisión definitiva en cuanto al ejercicio de esta facultad respecto corresponde al Presidente. Es preciso señalar, además, que el Comité no lleva a cabo un procedimiento judicial, por lo que no vuelve a examinar las cuestiones jurídicas, ya que estas habrían sido determinadas por la instancia suprema del país, que es el Tribunal de Apelaciones.

72.La información sobre las solicitudes de indulto recibidas desde 2015 hasta la fecha figura en el anexo 3 de este informe.

73.Entre 2007 y septiembre de 2019 se dictó la pena de muerte contra 17 reclusos varones, 12 de los cuales han sido ejecutados y 5 están en espera de que se aplique la pena.

74.No se han adoptado medidas para garantizar que los cadáveres de las personas ejecutadas se entreguen a sus familias para que les den sepultura en privado. De conformidad con el artículo 120, párrafo 4, de la Ley de Prisiones, el cadáver del recluso ejecutado será enterrado en el recinto penitenciario en la manera en que el Ministro lo disponga. El artículo 79 del Reglamento de Prisiones estipula que:

“1)Para la sepultura del recluso ejecutado, el Gobierno proporcionará, sin cargo alguno, un ataúd y la indumentaria necesarios para garantizar un entierro digno.

2)No asistirá a la sepultura del recluso ejecutado ningún pariente o allegado ajeno al Servicio de Prisiones ni ningún otro miembro del público.

3)Podrán celebrarse breves ritos religiosos presididos por un clérigo en la sepultura del recluso ejecutado según lo haya solicitado el condenado; pero no se celebrará ninguna otra ceremonia.”

75.Así pues, el procedimiento de no entregar los cadáveres de las personas ejecutadas a sus familias para que les den sepultura en privado se ajusta a los dispuesto por las leyes de Botswana. En conclusión, el Gobierno de Botswana no prevé actualmente abolir la pena de muerte ni decretar una moratoria sobre su aplicación. En 1997, la Comisión Parlamentaria de Reforma Legislativa elaboró un informe sobre la opinión de los ciudadanos con respecto a la pena de muerte, que resultó favorable a su mantenimiento. El Gobierno de Botswana se ha comprometido a defender la democracia y la voluntad del pueblo. Por lo tanto, no puede imponer una moratoria de la pena de muerte. La noción de que los derechos fundamentales están sujetos a limitaciones se acepta en el derecho de los derechos. Por lo general, esas limitaciones existen como contrapeso a los derechos individuales y expresan los derechos colectivos de la comunidad en su conjunto.

76.Sin embargo, el Gobierno reconoce que debe realizarse otra encuesta de la opinión pública sobre la pena de muerte, dado que la última data de 1997. Durante el examen periódico universal de 2018, Botswana aceptó una recomendación de celebrar debates públicos sobre la pena de muerte. Se prevé que la Dependencia de Derechos Humanos, recientemente establecida, formule y aplique un plan en ese sentido. El resultado de los debates públicos inspirará las decisiones que el Estado adopte en relación con la pena de muerte, incluida la ratificación del protocolo facultativo sobre la abolición de la pena de muerte.

Prohibición de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes; libertad y seguridad personales y tratamiento de las personas privadas de libertad (arts. 7, 9 y 10)

Respuesta a la pregunta 11

77.En virtud del artículo 7 de la Constitución, nadie puede ser sometido a la tortura o a otros tratos o penas inhumanos o degradantes. Botswana mantiene su reserva al artículo 7 del Pacto.

Respuesta a la pregunta 12

78.Botswana sigue aplicando medidas para reducir la masificación de sus cárceles, entre ellas las que permiten la libertad condicional y anticipada, como el trabajo fuera de la cárcel, el indulto presidencial y la libertad vigilada. Además, se han renovado algunas dependencias carcelarias para aliviar el hacinamiento.

79.Con objeto de mejorar las condiciones penitenciarias, el Servicio de Prisiones de Botswana sigue manteniendo y renovando las cárceles en todo el país. Asimismo, está formulando la Política de Rehabilitación de Reclusos en la que se prevén programas de rehabilitación más estructurados y eficaces para los delincuentes. Además, se está creando el Sistema de Tramitación de los Casos de Delincuentes que permitirá proporcionarles un tratamiento y una rehabilitación más personalizados. En 2018 se modificó la Ley de Prisiones para ajustarla al entorno correccional moderno.

80.De conformidad con el artículo 38, párrafo 2 a) y b), de la Ley de Prisiones, los reclusos condenados a penas cortas y largas tienen derecho a recibir una visita de 20 minutos cada 4 semanas. La regla 58, párrafo 1) b), de las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos (Reglas de Nelson Mandela) exige que los reclusos puedan comunicarse periódicamente con sus familiares y amigos, por ejemplo recibiendo visitas periódicas. Así pues, Botswana considera que las visitas de 20 minutos cada 4 semanas satisfacen esa disposición y, por lo tanto, son conformes con las normas mínimas internacionales sobre el derecho de visita de los reclusos.

81.El castigo corporal es medida disciplinaria prevista en la ley para la comisión de un delito grave dentro de las instituciones penitenciarias, de conformidad con los artículos 114 y 115 de la Ley de Prisiones. El recluso que se considere agraviado por haber recibido un castigo supuestamente excesivo puede acudir al Defensor del Pueblo y a los tribunales como medios alternativos de recurso. La Oficina del Defensor del Pueblo también investiga las quejas de los reclusos relativas al retraso de las audiencias judiciales y a las demoras en la remisión de los recursos de los tribunales de primera instancia a los tribunales de apelación. Cuando se comprueba que se ha cometido una injusticia, suele realizarse la audiencia del recluso concernido, lo que de cierta manera contribuye a reducir la detención preventiva. En el anexo 4 figuran datos estadísticos sobre las denuncias de los reclusos ante la Oficina del Defensor del Pueblo desde el último período examinado.

82.El Servicio de Prisiones de Botswana dispone de nueve dispensarios, once puestos de salud y dos centros de control de enfermedades infecciosas para atender las necesidades sanitarias de los reclusos. Todos los reclusos tienen acceso a tratamiento médico gratuito, independientemente de su raza, sexo u origen. Todos los reclusos seropositivos reciben terapia antirretrovírica sin costo alguno.

83.Entre las medidas que ha adoptado la Administración de Justicia para acortar la duración de la prisión preventiva figuran la implantación del Sistema de Tramitación de los Casos en 2010, el establecimiento de tribunales especializados y el aumento del número de tribunales superiores de tres a cuatro. Estas medidas permiten, en efecto, resolver los casos rápidamente al reducirse los tiempos de tramitación y, por lo tanto, se acorta la prisión preventiva.

84.El propósito del Sistema de Tramitación de los Casos es tratar los casos atrasados. Las estadísticas indican que el porcentaje de casos resueltos se sitúa, en promedio, entre el 75 % y el 80 % cada año. Actualmente, se prevé implantar el Sistema en los tribunales inferiores, empezando por el Tribunal de Primera Instancia. Este Sistema permite a las partes que comparecen ante el tribunal acceder a la justicia más rápidamente, lo que contribuye al acortamiento de la prisión preventiva.

85.Además del Sistema de Tramitación de Casos, el Organismo de Administración de Justicia ha establecido los tribunales móviles, que tienen por objeto llevar la justicia a los ciudadanos, en particular en las zonas donde no hay tribunales. También ha creado tribunales especializados, que cuentan con personal dedicado específicamente a los asuntos que corresponda, a saber: tribunales para casos de manutención, que resuelven con celeridad las reclamaciones de pensión de alimentos y de custodia de los hijos; tribunales de tráfico, que juzgan los delitos previstos en la Ley de Tráfico; tribunales para reclamaciones de menor cuantía, que conocen de las causas civiles cuya cuantía no supera los 20.000 pula; tribunales para el robo de ganado, que se ocupan de las causas contra los autores de este delito; y tribunales para casos de corrupción, que tienen por objeto luchar contra la corrupción y acelerar la resolución de los casos en la materia. El Gobierno ha iniciado un proceso tendiente a establecer tribunales mercantiles para juzgar las causas relativas a las transacciones comerciales.

Respuesta a la pregunta 13

86.Las denuncias de los reclusos sobre torturas y malos tratos se comunican a los responsables de los distintos centros penitenciarios y, en consecuencia, son objeto de documentación, investigación y seguimiento hasta que se resuelven. Los autores de esos actos, tanto reclusos como funcionarios, son sometidos a medidas disciplinarias. En caso de que los actos se clasifiquen como graves o punibles penalmente, se informa a la policía para que se realice una investigación penal y se inicien las acciones legales apropiadas. El Comité de Inspección, establecido en virtud del artículo 134 de la Ley de Prisiones, tiene por mandato, de conformidad con el artículo 135, ocuparse de las cuestiones relacionadas con el tratamiento de los reclusos, entre otras funciones.

87.A fin de asegurar el cumplimiento de las leyes y como medida de control, la Oficina del Defensor del Pueblo realiza actividades periódicas de sensibilización de los reclusos sobre sus atribuciones, en particular sobre el procedimiento de denuncia. Cuando se presentan denuncias ante el Defensor del Pueblo, se procura por todos los medios resolverlas de manera oportuna y eficaz. En virtud del artículo 5, párrafo 2, de la Ley del Defensor del Pueblo, las denuncias dirigidas por escrito al Defensor del Pueblo no serán objeto de censura a fin de garantizar la confidencialidad y la franqueza. En el anexo 4 pueden consultarse las estadísticas relativas a las denuncias de tortura presentadas por los reclusos ante la Oficina del Defensor del Pueblo.

88.Aún se está analizando la posibilidad de establecer la Comisión Independiente de Denuncias contra la Policía. Sin embargo, existe una División de Asuntos Internos que se encarga actualmente de examinar las denuncias contra los agentes de policía.

Respuesta a la pregunta 14

89.A fin de cumplir los imperativos del Pacto, Botswana imparte formación continua en derechos humanos a las fuerzas del orden. Las Fuerzas de Defensa de Botswana ofrecen esa formación en el marco del derecho de los conflictos armados a los efectivos y personal subalterno y, con mayor profundidad, al Mando de Defensa y la Escuela del Estado Mayor, mientras que el Servicio de Prisiones de Botswana lo hace mediante módulos de derechos humanos integrados en el programa de estudios inicial de los funcionarios de prisiones. El Cuerpo de Policía de Botswana también prevé la capacitación en derechos humanos en su programa de estudios.

90.Además, Botswana es una de las sedes de la Academia Internacional para Funcionarios encargados de Hacer Cumplir la Ley, que ofrece capacitación en derechos humanos y otros cursos sobre aplicación de la ley. La Academia recibe apoyo del Gobierno de los Estados Unidos y organiza cursos dirigidos a los agentes del orden de Botswana, la Comunidad del África Meridional para el Desarrollo (SADC) y el continente africano.

91.La formación sobre la aplicación de la ley en Botswana hace hincapié en evitar el uso de la fuerza y de las armas de fuego. Los agentes de policía de Botswana no portan armas de fuego en su labor cotidiana; solo las llevan en circunstancias excepcionales, cuando se sospecha o se sabe que los infractores están armados.

Erradicación de la trata de personas (art. 8)

Respuesta a la pregunta 15

92.En 2014 se promulgó la Ley de Lucha contra la Trata de Personas. Tras una agresiva campaña de sensibilización de todas las partes interesadas, el Gobierno estableció en 2015 el Comité sobre la Prohibición de la Trata de Personas a fin de a elaborar un amplio Plan de Acción Nacional (2017-2020). Dicho Plan es una muestra del programa de transformación del país para lograr la prosperidad para todos, expuesto en la Visión 2036, incluidos los objetivos enunciados en el capítulo sobre gobernanza y seguridad del 11º Plan de Acción Nacional.

93.Del 18 al 19 de junio de 2019, la Dependencia de Lucha contra la Trata de Personas, con el apoyo de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), organizó también un taller dirigido a múltiples partes interesadas para elaborar el reglamento de aplicación de la Ley de Lucha contra la Trata de Personas de 2014. Los participantes determinaron y acordaron las esferas de los respectivos ministerios o departamentos encargados de hacer cumplir esta ley que debían regularse. Se prevé que un equipo interministerial elabore el borrador preliminar del reglamento para finales de 2020 con la asistencia técnica de la UNODC.

94.La Dirección del Ministerio Público también ha establecido una dependencia especializada en la lucha contra la trata de personas. El Departamento de Inmigración ha adoptado medidas para garantizar la seguridad de los niños que cruzan las fronteras, por ejemplo, exigiendo la partida de nacimiento original del niño y, en los casos en que este viaje solo con el padre o la madre, una declaración jurada del que no lo acompaña en la que conste su consentimiento para que el niño viaje fuera del país. El Ministerio de Administración Local y Desarrollo Rural ha aplicado diversas medidas para proteger a las víctimas de la trata de personas, entre las que figuran el suministro de artículos de primera necesidad, la atención psicosocial y la repatriación de las víctimas a los países de origen.

Investigaciones, enjuiciamientos y medidas de reparación

95.Desde la promulgación de la Ley de Lucha contra la Trata de Personas de 2014, se han detectado 33 casos que fueron objeto de investigaciones minuciosas. Se han juzgado 4 casos, y los acusados fueron declarados culpables y multados con 10.000 pula (1.000 dólares de los Estados Unidos) cada uno. Uno de los acusados fue condenado a pena de prisión máxima de 22 meses.

96.Actualmente hay 2 casos que están siendo juzgados, 6 se están investigando y 10 están pendientes de juicio. Además, Botswana está prestando asistencia a 31 víctimas de la trata de personas.

97.Desde que la Ley entró en vigor no se ha otorgado ninguna reparación a las víctimas. El artículo 22 de la Ley de Lucha contra la Trata de Personas de 2014 prevé la reparación de la siguiente manera:

“Cuando una persona sea condenada por un delito tipificado en la presente Ley, el tribunal podrá imponer al condenado, además de cualquier otra sanción prevista en la Ley, el resarcimiento o indemnización en favor de la víctima respecto de:

a)Los gastos de tratamiento médico y psicológico;

b)Los gastos de transporte, de alojamiento y de subsistencia necesarios;

c)Cualquier otra reparación que el tribunal considere justa.”

98.A fin de asegurarse de que se dicten sentencias suficientemente severas contra los tratantes de personas de conformidad con la Ley, y de seguir aumentando el grado de sensibilización sobre las cuestiones relativas a la trata de personas, el Gobierno organizó tres coloquios dirigidos a los honorables jueces de los tribunales del país del 9 al 11 de abril de 2017, del 20 al 22 de abril de 2017 y del 9 al 11 de julio de 2019, respectivamente. En esos coloquios se elaboraron 16 resoluciones que el Comité sobre la Prohibición de la Trata de Personas examinará con miras a su aplicación.

Asistencia a las víctimas

99.De conformidad con la Ley, el Ministerio competente en materia de bienestar social, esto es, el Ministerio de Administración Local y Desarrollo Rural, presta asistencia integral a las víctimas de la trata de personas. Esta comprende el acceso a centros de acogida, la atención psicosocial, el acceso a establecimientos de salud, a la educación y a actividades lúdicas infantiles y la realización actividades recreativas para las víctimas adultas. Durante el ejercicio económico de 2018/19, el Gobierno gastó 368.000 dólares de los Estados Unidos en la prestación de asistencia social a las víctimas de la trata de personas.

100.Desde entonces, el Gobierno ha organizado 28 talleres de fomento de la capacidad durante el ejercicio económico de 2017/18 y otros 12 durante el ejercicio de 2018/19. Estos talleres se dirigían a los funcionarios que se relacionan directamente con las víctimas (es decir, agentes de policía, funcionarios de inmigración, investigadores, organizaciones de la sociedad civil, dirigentes tradicionales, funcionarios de bienestar social, etc.). Se espera que esta labor no solo aumente el grado de sensibilización de los agentes del orden, sino que también contribuyan al conocimiento público.

101.En reconocimiento de la función esencial que desempeñan los medios de comunicación en la sensibilización y la presentación responsable de información sobre las cuestiones relativas a la trata de personas, la Dependencia de Lucha contra la Trata de Personas organizó un curso de capacitación de periodistas los días 16 y 17 de abril de 2019. El curso contó con la asistencia de profesionales de la radio, la televisión y la prensa escrita, tanto del sector público como del privado, y tenía por propósito formar a esas personas para que siguieran promoviendo la sensibilización sobre el delito de la trata de personas. Además, la Dependencia de Lucha contra la Trata de Personas continúa realizando presentaciones en diversas escuelas, comités de protección infantil y organizaciones religiosas de todo el país, y también examina cuestiones relativas a la trata de personas en la radio y la televisión.

102.El Ministerio de Defensa, Justicia y Seguridad impartió un curso de formación de formadores a las organizaciones de la sociedad civil del norte del país los días 7 y 8 de octubre de 2019, con el fin capacitarlas mejor para sensibilizar al público mediante la difusión de información sobre el delito de la trata de personas y la legislación correspondiente en las comunidades en las que operan. Se había previsto llevar la formación de formadores a las organizaciones de la sociedad civil ubicadas en el sur del país antes de marzo de 2020. Se espera que todas estas actividades redunden en un aumento de la prevención de la trata de personas y de la sensibilización en todo el país.

Aplicación del Plan de Acción Nacional contra la Trata de Personas y asignación de recursos

103.En 2015 se estableció el Comité sobre la Prohibición de la Trata personas de conformidad con la Ley. El Comité está supeditado a la autoridad del Ministro de Defensa, Justicia y Seguridad y desempeña las siguientes funciones:

a)Determinar las políticas que permitan cumplir los objetivos y propósitos del Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas y de esta Ley;

b)Formular recomendaciones al Ministro sobre la política de prevención y represión de la trata de personas;

c)Formular recomendaciones al Ministro sobre la aplicación efectiva de la Ley;

d)Establecer estrategias y medidas para la prevención y la represión de la trata de personas;

e)Vigilar el cumplimiento de las obligaciones internacionales, incluida la cooperación y la coordinación con organismos extranjeros en relación con la prevención y la represión de la trata de personas;

f)Dirigir y supervisar los procedimientos de los proyectos de estudio o investigación y el desarrollo de un sistema integrado de bases de datos para la prevención y la represión de la trata de personas;

g)Formular normas relativas a la prestación de asistencia a las ONG para llevar a cabo actividades centradas en la prevención y la represión de la trata de personas;

h)En consulta con el Secretario Permanente del ministerio encargado de las finanzas, ocuparse de la recepción, pago, mantenimiento, dotación y gestión del Fondo;

i)Realizar cualquier otra tarea confiada por el Ministro.

104.Durante el período examinado, el Comité sobre la Prohibición de la Trata de Personas llevó a cabo un examen documental del Plan de Acción Nacional contra la Trata de Personas, lo que permitió adoptar decisiones de política eficaces, como la de asegurarse de que las cuestiones relativas a la trata de personas se tengan en cuenta durante la elaboración de nuevas políticas y leyes gubernamentales. Por ejemplo, la Dependencia de Lucha contra la Trata de Personas ha participado activamente en la modificación en curso de la Ley de Adopción de Botswana de 1952, dirigida por el Ministerio de Administración Local y Desarrollo Rural.

105.En 2018 el Gobierno también asignó 1.000.000 pula (unos 100.000 dólares) a la Dependencia de Lucha contra la Trata de Personas para aplicar la parte del Plan de Acción Nacional contra la Trata de Personas que se centra en las actividades de prevención (como talleres y campañas informativas).

Refugiados y solicitantes de asilo (arts. 7, 9, 10 y 13)

Respuesta a la pregunta 16

106.Todas las personas que solicitan protección internacional en Botswana tienen acceso a procedimientos de asilo justos y eficientes, así como a protección contra la devolución a través del Comité de Asesoramiento a los Refugiados. Este se reúne periódicamente para examinar las solicitudes de asilo y formular recomendaciones al Ministro. Los solicitantes tienen la posibilidad de prestar declaración bajo juramento. Además, cuentan con servicios de interpretación gratuitos para que puedan expresarse libremente. Las reuniones se celebran a puerta cerrada para garantizar a los solicitantes privacidad y confidencialidad.

107.En la reunión de noviembre de 2019 se concedió la condición de refugiado a muchos solicitantes de la República Democrática del Congo y de Somalia. Se trataba de aplicaciones genuinas de personas que huían de ataques xenófobos en Sudáfrica. Las pruebas eran fidedignas y fáciles de verificar de forma independiente. El Ministro estuvo de acuerdo con las recomendaciones del Comité y confirió la condición de refugiado a cerca del 50 % de los solicitantes. Por lo tanto, no es cierto que la tasa de denegación de solicitudes de asilo sea del 99 %. Cabe destacar que el examen de las solicitudes se basa en la credibilidad de las pruebas y no en la aplicación de los conceptos de “país de primer asilo” o “tercer país seguro”.

108.En cuanto a los refugiados de Namibia, fueron repatriados a su país tras el fallo del Tribunal de Apelaciones, de julio de 2019, por el que se confirmaba que habían perdido la condición de refugiados. El proceso se llevó a cabo con éxito y con dignidad. Solo seis de los antiguos refugiados namibios permanecen en el centro para inmigrantes ilegales de Francistown en espera del resultado de las conversaciones bilaterales entre Namibia y Botswana, ya que el Gobierno de Namibia no autorizó su repatriación.

109.Botswana no tiene una política de detención y reclusión indefinida de refugiados y solicitantes de asilo. Cabe aclarar que estos se acogen y mantienen en el centro para inmigrantes ilegales de Francistown a fin de asegurar su máxima protección. Recuérdese que los solicitantes de asilo siempre huyen de la persecución, la guerra y otras circunstancias que pueden poner sus vidas en peligro. Mientras se examinan sus solicitudes de asilo, es de suma importancia asegurarse de que estén protegidos contra posibles daños o la privación de la vida por parte de los agentes de los Gobiernos de los que escapan. El solicitante cuya solicitud es aprobada obtiene la condición de refugiado y es trasladado a la aldea de Dukwi. Las personas a quienes se deniega su solicitud permanecen en el centro de Francistown a la espera de su repatriación.

110.La aldea de Dukwi sirve principalmente como lugar de residencia para los refugiados y, al igual que todas las aldeas de Botswana, no está cerrada. Otros grupos de la población nacional también residen allí. Botswana clasifica sus aldeas en zonas “remotas” y “muy remotas”. El factor determinante para esa clasificación es la falta de infraestructura adecuada en la aldea en cuestión y la distancia que las separa de otras aldeas o pueblos que cuentan con servicios tales como carreteras transitables, hospitales, opciones de alojamiento, comercios, etc. La aldea de Dukwi no está clasificada como zona geográficamente remota según las normas nacionales. Es accesible a través de carreteras transitables y cuenta con escuelas, un dispensario, una comisaría de policía, un tribunal consuetudinario y comercios, entre otros servicios. Por lo tanto, Dukwi no es un lugar utilizado para recluir indefinidamente a los refugiados y solicitantes de asilo detenidos.

111.Por lo que respecta a las denuncias de malos tratos infligidos a los solicitantes de asilo en el centro para inmigrantes ilegales de Francistown, el Gobierno no ha recibido ninguna denuncia formal de las personas agraviadas. Cabe señalar que la Constitución de Botswana garantiza a todas las personas, sin excepción alguna, el derecho a la protección de la ley. La persona que sea agraviada por otra o por el Estado, o por cualquiera de sus órganos, como la policía, tiene derecho a recurrir a los tribunales o a instituciones especializadas, como la Oficina del Defensor del Pueblo. Además de estas instituciones, los refugiados han podido crear comités de bienestar que colaboran de forma periódica con funcionarios del Gobierno y la sociedad civil en relación con los asuntos que les conciernen.

112.En cuanto al empleo de los refugiados, Botswana formuló una reserva al artículo 17 de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados, relativo al empleo. Por lo tanto, los refugiados no pueden trabajar fuera de la aldea de Dukwi, a menos que dispongan de permisos, que se deben renovar periódicamente.

Respuesta a la pregunta 17

113.En relación con el estado en que se encuentra el proyecto de ley sobre el asilo, la Fiscalía General elabora actualmente el proyecto de ley de reconocimiento y control de refugiados. A fin de que este sea conforme con las normas internacionales, se someterá al ACNUR y a las organizaciones de la sociedad civil antes de su aprobación por el Parlamento.

Respuesta a la pregunta 18

114.Botswana es parte en la Convención de las Naciones Unidas sobre el Estatuto de los Apátridas de 1954. Botswana no dispone de datos estadísticos sobre los apátridas y los desplazados internos. Sin embargo, tras la serie de sesiones de alto nivel sobre la apatridia, organizada por la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Refugiados el 7 de octubre de 2019, el Gobierno está considerando la posibilidad de adoptar las siguientes medidas:

i)Realizar un estudio e investigación cualitativos antes de 2021 a fin de comprender mejor la situación de los grupos y personas apátridas, o que corren el riesgo de serlo, en Botswana, con miras a encontrar una solución a su situación;

ii)Revisar la Ley de Inmigración y la Ley de Nacionalidad antes de 2024 a fin de crear una plataforma propicia para atender el problema de la apatridia. Esta medida se ajusta al Plan de Acción Mundial para Acabar con la Apatridia (2014-2024), que tiene una duración de diez años.

115.La Ley de Inscripción de Nacimientos y Defunciones de Botswana regula el registro de los nacimientos y las defunciones que se producen en el país. Por lo tanto, todos los niños nacidos en Botswana, sean nacionales, no nacionales, apátridas o expósitos, son registrados y reciben una partida de nacimiento. Cabe señalar, sin embargo, que esta no confiere la nacionalidad a los niños que no son botsuanos de conformidad con la Ley de Nacionalidad.

Derecho a un juicio imparcial e independencia del poder judicial (art. 14)

Respuesta a la pregunta 19

116.Es preciso destacar que, contrariamente a la opinión generalizada, la Ley de Tribunales Consuetudinarios, en particular el artículo 32, no contiene ninguna disposición que prohíba a los abogados comparecer ante los tribunales consuetudinarios. En ese artículo solo se somete el derecho a la representación letrada a autorización judicial. El artículo 32 estipula que:

“No obstante lo dispuesto en cualquier otra ley, ningún abogado o asesor letrado tendrá derecho a actuar:

a)Ante los tribunales consuetudinarios;

b)Ante los tribunales de primera instancia en el marco de una actuación penal o procedimiento civil que forme parte de la jurisdicción del derecho consuetudinario en virtud de lo dispuesto en los artículos 37, 39 y 42, a menos que dispongan de una autorización especial otorgada por esos tribunales.”

117.Los casos en que los acusados desean tener representación letrada suelen resolverse por la vía judicial y entonces la Oficina de Asistencia Jurídica (Legal Aid Botswana) puede prestar asistencia jurídica gratuita. Se trata de un órgano paraestatal creado en virtud de la Ley núm. 18 de Asistencia Jurídica de Botswana, de 2013, (en adelante, “Ley de Asistencia Jurídica”), cuyo propósito es brindar asistencia letrada gratuita a botsuanos indigentes y a los refugiados. Los servicios jurídicos consisten, sobre todo, en: educación en cuestiones jurídicas, asesoramiento jurídico y representación letrada.

118.La Ley de Asistencia Jurídica no prohíbe de forma expresa que la Oficina ofrezca asistencia jurídica en asuntos penales. De conformidad con lo estipulado en su reglamento, se prestará asistencia jurídica en asuntos penales:

a)A los niños en conflicto con la ley;

b)En los recursos penales interpuestos contra los tribunales de primera instancia y el tribunal de apelaciones consuetudinario;

c)En los recursos penales interpuestos contra el Tribunal Superior ante el Tribunal de Apelaciones.

119.La necesidad de garantizar la protección del estado de derecho, el derecho a un juicio imparcial y la igualdad de acceso a la justicia exige que se replantee la posición actual de la legislación de Botswana en cuanto a la prestación de asistencia jurídica en asuntos penales. De ahí que se haya iniciado un proyecto sobre la Oficina de Asistencia Jurídica, que cuenta con el apoyo del PNUD, para persuadir al Gobierno de Botswana de que extienda la asistencia letrada a todos los acusados en todas las etapas del proceso penal.

120.La Oficina determinó que primero había que realizar una evaluación comparativa de la prestación de asistencia jurídica en el ámbito penal con la República de Sudáfrica. Del 15 al 18 de septiembre de 2019 se realizó un viaje para efectuar esa evaluación. El grupo de personas que participó en él fue lo más amplio posible a fin de incluir a los principales interesados.

121.El informe elaborado tras el viaje de evaluación se tendrá en cuenta en las decisiones de política gubernamental que se adopten con respecto a la prestación de asistencia jurídica gratuita a los botsuanos indigentes.

122.El personal de la Oficina de Asistencia Jurídica está integrado por 78 personas, de las cuales 33 son abogados, 10 funcionarios de asistencia jurídica (personal parajurídico) y 35 auxiliares. Se asignaron fondos por un valor de 39.211.910,04 pula a la Oficina de Asistencia Jurídica de Botswana para el ejercicio económico 2018/19, que se destinaron a:

Gastos operacionales: 15.454.336.00 pula.

Gastos de personal: 21.562.924,00 pula.

Respuesta a la pregunta 20

123.La igualdad ante los tribunales y el derecho a un juicio imparcial son imperativos constitucionales arraigados en Botswana. Así pues, los tribunales consuetudinarios, sin excepción alguna, deben adherirse a ellos. En el artículo 15 de la Ley de Tribunales Consuetudinarios se estipula que:

“Con arreglo a lo dispuesto en la presente Ley y en cualquier otro instrumento del derecho codificado, el tribunal consuetudinario velará por el cumplimiento de:

a)El derecho consuetudinario;

b)Las disposiciones del derecho codificado que puedan ser de su competencia en virtud de ese derecho (incluidas las órdenes decretadas de conformidad con el artículo 16) y, con ello, estará cumpliendo el artículo 10 de la Constitución de Botswana, leído en conjunto con el artículo 32 de la presente Ley.”

124.Como ya se ha señalado, contrariamente a la opinión generalizada, la Ley de Tribunales Consuetudinarios, en particular el artículo 32, no contiene ninguna disposición que prohíba a los abogados comparecer ante los tribunales consuetudinarios. A tenor de ese, el derecho a la representación letrada solo queda sujeto a la obtención de una autorización judicial.

125.No se imparte ninguna capacitación específica sobre el Código Penal a los dikgosi. Sin embargo, desde 2017, cada kgosi que se incorpore a la institución de los bogosi recibe formación de la Fiscalía General sobre los procedimientos para presidir casos judiciales y sobre el proceso judicial. Hasta la fecha, se ha capacitado a los dirigentes tradicionales en las siguientes esferas: marcos internacionales, regionales y nacionales de la igualdad de género y empoderamiento de las mujeres; conceptos, promoción y defensa básicos de las cuestiones de género; derechos humanos; violencia de género como cuestión de derechos humanos; gobernanza y paridad de género; e incorporación de la perspectiva de género y análisis en materia de género. Estas actividades de fomento de la capacidad han contribuido a que los dirigentes tradicionales sean sensibles a las cuestiones de género y puedan determinar las principales esferas de preocupación en ese ámbito, formular estrategias contra la desigualdad y la discriminación por motivos de género y establecer las principales cuestiones relacionadas con la labor de promoción.

126.De los dikgosi actualmente en funciones, 8 son antiguos agentes de policía y algunos tienen formación en Derecho: 10 presidentes de tribunal y 2 dikgositienen titulación académica en esa materia.

127.En virtud de las reglas 23 y 26 del Reglamento Procesal de los Tribunales Consuetudinarios, todos los tribunales consuetudinarios deben informar a las partes, inmediatamente después de dictar sentencia, de su derecho a recurrir la decisión ante el tribunal jerárquicamente superior en la estructura de órganos jurisdiccionales de Botswana.

Respuesta a la pregunta 21

128.El nombramiento de los jueces se basa en los méritos. El proceso de selección está a cargo de la Comisión del Servicio Judicial, que formula una recomendación al Presidente, quien está obligado a respetarla. El Tribunal de Apelaciones examinó la independencia en el nombramiento de los jueces en la causa Law Society of Botswana and Motumise v. The President of Botswana and Two other (núm.CACGB-031-16), en la que el Presidente había hecho caso omiso de la recomendación formulada por la Comisión del Servicio Judicial de conformidad con el artículo 96, párrafo 2, de la Constitución de respaldar el nombramiento del Sr. Motumise.

129.En ese artículo de la Constitución se establece que “los demás jueces del Tribunal Superior serán nombrados por el Presidente, que actuará de conformidad con la recomendación de la Comisión del Servicio Judicial”. El Tribunal de Apelaciones resolvió que el Presidente no tenía derecho a eludir la recomendación de la Comisión del Servicio Judicial, ya que su función, además de lo señalado anteriormente, era actuar de acuerdo con la Comisión”. Por lo tanto, se anuló la decisión del Presidente de no nombrar al Sr. Motumise como juez del Tribunal Superior.

130.De conformidad con el artículo 97, párrafos 2, 3 y 4, de la Constitución, solo podrá destituirse a un juez del Tribunal Superior por incapacidad para desempeñar las funciones que le corresponden o en caso de conducta indebida. El Presidente decreta la destitución de un juez por recomendación de un tribunal compuesto por un presidente y otros dos jueces.

131.En Botswana los jueces son inamovibles. La suspensión de los cuatro jueces se basó en un informe de auditoría interna sobre el subsidio de vivienda de los jueces, en el que se determinó que estos se beneficiaban indebidamente de esa prestación. Se trató de un asunto administrativo que los jueces admitieron y que las partes posteriormente acordaron resolver, y el tribunal creado para investigarlo se disolvió.

132.Entre los mecanismos establecidos para garantizar la imparcialidad figuran la posibilidad de recusación de un juez y el derecho a recurrir una decisión judicial.

133.La escasez de personal judicial se ha resuelto de forma progresiva. El Tribunal de Apelaciones cuenta actualmente con 9 jueces, de los cuales 6 son residentes y 3 no residentes. Las sedes del Tribunal Superior en Lobatse, Gaborone y Francistown disponen de 28 jueces y de 15 secretarios judiciales, mientras que los tribunales de primera instancia, por su parte, tienen 80 jueces.

Libertad de expresión y de reunión (arts. 19 a 21)

Respuesta a la pregunta 22

134.No existe ninguna disposición especial que garantice la libertad de expresión de los medios de comunicación. Sin embargo, el derecho a la libertad de expresión reconocido en el artículo 12 de la Constitución se extiende a los periodistas y los defensores de los derechos humanos.

135.La Constitución de Botswana reconoce a toda persona el derecho a la protección de la ley, incluidos los periodistas y los defensores de los derechos humanos. Toda persona que considere que se han vulnerado sus derechos fundamentales puede a recurrir a los tribunales de Botswana o a instituciones especializadas como la Oficina del Defensor del Pueblo.

136.Botswana no ha adoptado ninguna medida para despenalizar la difamación. Sabe que el propósito de las leyes contra la difamación es proteger la reputación de las personas. Sin embargo, considera que es necesario alcanzar un equilibrio entre la protección de la reputación de las personas y la protección de la libertad fundamental de expresión. Además, entiende que existe una necesidad particular de asegurar que el periodismo no se vea obstaculizado por leyes que impidan la exposición legítima de actos ilícitos y la crítica de las decisiones y actuaciones, especialmente de las personalidades públicas.

137.Es fundamental contar con un poder judicial independiente como mecanismo de equilibrio de poderes para determinar si las leyes vigentes logran ese equilibrio, de ahí la necesidad de que las personas que creen estar sometidas a una presión indebida por sus críticas al Gobierno denuncien esos casos a la policía. La denuncia permitiría llevar a cabo investigaciones y que los tribunales puedan establecer si se ha vulnerado la libertad de expresión bajo el pretexto de proteger la reputación de las personas.

138.En su entrevista a una cadena televisiva de Sudáfrica, el Sr. Edgar Tsimane alega que huyó a ese país tras recibir informaciones de que su vida corría peligro debido a un artículo periodístico que había escrito. Sin embargo, Edgar Tsimane no ha sido imputado ni tampoco detenido por redactar ese artículo que, según él, es la causa de su temor a las represalias del Gobierno. Dado que su alegación nunca se comprobó en los tribunales de justicia de Botswana, el Gobierno no está en condiciones de confirmar las denuncias de que el Sr. Mokone fue objeto de presiones indebidas por criticar al Gobierno.

139.El ataque cibernético de 2015 de que fue objeto el periódico Mmegi tampoco se denunció ante la policía de Botswana, por lo que no pudo abrirse una investigación ni incoarse el correspondiente procedimiento judicial.

140.Cabe señalar que el Gobierno de Botswana alienta a que se denuncien las conductas de los departamentos o funcionarios gubernamentales que sugieran una irregularidad. En muchas instituciones públicas es posible presentar información y denunciar irregularidades de forma anónima de conformidad con la Ley de Denunciantes de Irregularidades de 2016.

141.En virtud del artículo 8 de la Ley se ha autorizado a diez instituciones a designar personas encargadas de recibir las denuncias de irregularidades presentadas con arreglo a esa Ley. La Constitución también protege la seguridad de todas las personas, y se han creado instituciones públicas para velar por la seguridad de todos los habitantes de Botswana.

142.El caso de Outsa Mokone se refería a presuntos actos de sedición que, de conformidad con los artículos 50 y 51 del Código Penal, son constitutivos de un delito punible con pena de prisión de tres años como máximo. El Tribunal, en el marco de una causa contra la que Outsa Mokone y Sonny Serite impugnaban la legalidad de esas disposiciones sostuvo que no eran inconstitucionales. Actualmente, no existe ningún proceso penal abierto contra Sonny Serite ni Outsa Mokone, ya que los cargos fueron retirados.

Respuesta a la pregunta 23

143.En el artículo 13 de la Constitución se consagra el derecho a la libertad de reunión y de asociación. Sin embargo, el Parlamento goza de la facultad constitucional de promulgar una ley que restrinja el ejercicio de ese derecho, por ejemplo, si resulta razonablemente necesario por motivos de defensa, seguridad, orden, moralidad o salud públicos, o a efectos de proteger los derechos y las libertades de otras personas.

144.En virtud de la Ley de Orden Público, todo grupo de personas que necesite reunirse para enviar un mensaje relativo a su situación o hacer un piquete deberá solicitar en la comisaría de policía más cercana el permiso correspondiente. En el caso de Tlamelo Tsurupe, el Cuerpo de Policía de Botswana recibió informaciones en agosto de 2016 de que un grupo de jóvenes denominado “Población Desempleada” se había reunido en las instalaciones del Parlamento sin permiso. El grupo no obedeció la orden pacífica de la policía de Botswana de dispersarse de manera voluntaria y, por lo tanto, fue desalojado por la fuerza, ya que su reunión era ilegal. No hubo agresiones ni uso excesivo o desproporcionado de la fuerza por la policía, y no se procesó a nadie.

Derecho a la vida privada (art. 17)

Respuesta a la pregunta 24

145.Por lo general, todo aumento de la delincuencia o cambio en los patrones de los actos delictivos exige la adopción de medidas para ponerle freno. Esas medidas podrían abarcar una mayor visibilidad de la policía, el despliegue de otros agentes del orden y la utilización de material de vigilancia electrónica. Botswana ha establecido un marco jurídico relativo al uso de la vigilancia electrónica. Entre las principales garantías jurídicas figura el artículo 28 de la Ley contra la Ciberdelincuencia y los Delitos Informáticos, de 2008, que establece el marco jurídico que rige el uso de la vigilancia electrónica por la policía y estipula lo siguiente:

“Todo agente de policía o persona autorizada por el Comisionado o por el Director General podrá solicitar por escrito a un funcionario judicial una orden, a instancia de parte, para:

a)Recopilar o registrar datos, en cuanto a contenido o a su tráfico, en tiempo real, en relación con comunicaciones concretas transmitidas por medio de una computadora o sistema informático;

b)Obligar a un proveedor de servicios, en función de sus capacidades técnicas, a:

i)Efectuar la reunión y registro de los datos a que se refiere el párrafo a); o

ii)Prestar asistencia a la persona que solicite esa recopilación y registro de datos.”

146.Además, la Ley de Policía también regula la conducta de los agentes de policía en el desempeño de sus funciones y, en virtud de su artículo 23, prohíbe la transmisión de cualquier material, documento, artículo o elemento en posesión del cuerpo de policía.

147.Asimismo, en el artículo 17 de la Ley núm. 20 por la que se modifica de la Ley de Policía de 2018 se prevé una medida de control que restringe la divulgación, la comunicación y el uso de toda información obtenida en el ejercicio de las funciones.

148.La Ley de Protección de Datos de 2018 también aborda la protección de los datos personales y la privacidad respecto de esos datos.

149.El uso de aparatos electrónicos por el Cuerpo de Policía de Botswana tiene por objeto lograr una labor policial eficaz mediante la vigilancia de los incidentes en zonas estratégicas, lo que redundará en la disuasión, la detección y, en última instancia, la reducción de la delincuencia.

Derechos del niño (arts. 7, 8 y 24)

Respuesta a la pregunta 25

150.La Ley del Niño de 2009 establece que los niños solo podrán estar empleados a los efectos del aprendizaje, mediando el consentimiento escrito de sus padres o tutor, y amplía las condiciones de protección de los niños que trabajan. Además, dispone que los empleadores deben proporcionar un entorno seguro y saludable para los empleados menores de edad.

151.Asimismo, no se puede emplear a los niños en las siguientes condiciones: en trabajos subterráneos; en trabajos nocturnos entre las 22.00 y las 6.00 horas; en trabajos industriales con un horario de más de 3 horas consecutivas sin un período de descanso de 30 minutos como mínimo; y durante más de 6 horas al día o 30 horas a la semana. En virtud de la Ley de Empleo, todo niño que haya cumplido 14 años podrá realizar trabajos ligeros que no sean perjudiciales para su salud y desarrollo.

152.También se ha determinado que la pobreza y la inseguridad de los ingresos de los hogares son los principales factores que contribuyen a la vulnerabilidad de los niños al trabajo infantil. A ese respecto, se está promoviendo el acceso universal y gratuito a la educación primaria. Esta iniciativa ha dado lugar a una tendencia sostenida de altas tasas de escolarización y retención en la educación primaria.

153.Además, se proporcionan servicios básicos y paquetes de alimentos mensuales a familias vulnerables, que también se benefician de formación y proyectos para su empoderamiento económico. El objetivo general del programa de empoderamiento económico es permitir que esas familias accedan a medios de vida sostenibles y reducir la vulnerabilidad de los hogares y su dependencia del Estado, protegiendo al mismo tiempo a los niños del trabajo infantil.

154.Se sigue ejecutando el programa nacional de huérfanos y niños vulnerables, que proporciona a los niños beneficiarios raciones alimentarias mensuales y ayudas para la educación, que comprenden uniformes escolares, transporte escolar y la exención de pago de cualquier tasa o gasto que deba abonarse. Los niños huérfanos que se benefician del programa son escolarizados y no se someten a ninguna verificación de recursos.

155.El otro componente principal del programa es la asistencia psicosocial, que tiene por objeto la adquisición de competencias para la vida por parte de los huérfanos y niños vulnerables a fin de que puedan salir del programa. Los huérfanos y niños vulnerables que han finalizado el programa siguen beneficiándose de una dispensa especial para acceder a la educación terciaria y la formación profesional.

Medidas adoptadas para erradicar la explotación sexual de los niños y modificar la Ley del Niño de 2009

156.En la Ley de Lucha contra la Trata de Personas de 2014 se prohíben todas las formas de la trata y se define este delito, vinculándolo también con delitos conexos como la violación, la pornografía y el trabajo infantil. En ella se prevé una pena para la trata de persona con fines de explotación sexual y laboral de hasta 30 años de prisión o una multa de 1 millón de pula (111.000 dólares). Los artículos 57 y 114 de la Ley del Niño de 2009 prohíben la prostitución infantil y la trata de niños, respectivamente. El artículo 57 prescribe penas de prisión de 2 a 5 años por facilitación o imposición forzada de la prostitución infantil, mientras que el artículo 114 establece penas de prisión de 5 a 15 años por la trata de niños. En la Ley del Niño no se define la trata de niños, sin embargo, en la Ley de Lucha contra la Trata de Personas de 2014 se vincula específicamente la definición de la trata de niños a la Ley del Niño. El Código Penal de 1998 prohíbe la mayoría de las formas de la trata de personas en virtud de los artículos 150 a 158 (prostitución forzada), el artículo 256 (secuestro con fines de esclavitud) y los artículos 260 a 262 (esclavitud y trabajo forzoso).

Respuesta a la pregunta 26

El castigo corporal en el sistema educativo

157.La Ley de Educación permite los castigos corporales. Sin embargo, Botswana está estudiando medidas de reforma que incorporan valores culturales como la participación de los padres en la disciplina, al tiempo que se abandonan conductas que degradan y deshumanizan al niño. Cabe señalar que la Ley de Educación está en proceso de revisión. El proyecto de ley por el que se modifica la Ley de Educación y Formación (2014) busca, entre otros objetivos principales, prohibir los castigos corporales y el acoso psicológico. Se están celebrando consultas sobre ese proyecto de ley. El propósito de la modificación es defender los derechos del niño.

El castigo corporal en el sistema de justicia penal

158.Botswana ha mantenido el castigo corporal en la Ley del Niño de 2009 como una de las posibles medidas de sanción penal para los niños infractores. El Estado parte tiene claro que deberá, en última instancia, adoptar medidas que reformen y rehabiliten a los niños que han delinquido contra la sociedad, pero actualmente se enfrenta a una situación en que la mayoría de su población, incluidos los niños, no está convencida de que el encarcelamiento de niños en lugares de reclusión (el método popular actual) sea necesariamente humano y no degradante. En general, el sistema de justicia penal es renuente a enviar a la prisión a jóvenes infractores, especialmente si están escolarizados.

159.En Botswana existen los siguientes argumentos generales a favor de mantener los castigos corporales:

a)El dolor que causa un máximo de seis azotes con una caña cuyo tamaño está regulado por la ley no cumple los criterios para ser considerado tortura. La lesión resultante es menor que la lesión que podría resultar de un partido de fútbol duro, una perforación para un pendiente, un tatuaje, un combate de boxeo, etc. Se argumenta que el motivo de la objeción no puede ser el daño causado al niño;

b)La humillación resultante, que parece ser la principal objeción al castigo corporal, es menor que la humillación que sentiría un niño botsuano si se le enviara a un reformatorio juvenil o a la cárcel. La humillación, según se ha sostenido, depende del contexto cultural;

c)Los jóvenes enviados a centros de acogida o reformatorios son apartados de la influencia positiva de sus padres y familiares y, en adelante, se consideran a sí mismos “niños del Gobierno” y rechazan la orientación de sus familiares;

d)En Botswana la vida gira en torno a la familia y los eventos familiares, y el hecho de ser excluido de ella, como en el caso de la reclusión, independientemente del entorno, se considera un trato duro y humillante;

e)Es previsible que los niños que han estado en centros de detención sean estigmatizados como “delincuentes”, mientras que los niños que han sido azotados por exactamente los mismos delitos no suelen ser considerados así;

f)Para que el castigo pueda tener un efecto reformador, la persona que lo reciba debe reconocerlo como tal. Los jóvenes aceptan el castigo corporal como un medio para reformarlos, pero consideran que la reclusión es un castigo cuyo propósito es apartarlos de sus familias;

g)El castigo corporal es rápido y acaba en pocos minutos, y permite al menor de edad seguir con su vida;

h)Los jóvenes infractores siempre elegirán el castigo corporal antes que cualquier otra forma de castigo. Dado que un elemento central de la Carta Africana sobre los Derechos y el Bienestar del Niño es que las opiniones de los niños deben tenerse en cuenta al tomar decisiones sobre su bienestar, sus opiniones sobre los castigos corporales también deben tomarse en consideración.

El castigo corporal en el entorno familiar

160.Se reconoce que permitir el castigo corporal de los niños en el hogar puede abrir la puerta a que se produzcan situaciones graves de maltrato y, como informa en efecto la ONG Child Line, que brinda asesoramiento en relación con los niños maltratados, una denuncia habitual de los niños se refiere a castigos corporales equiparables a maltrato físico. Se están celebrando debates públicos sobre la cuestión del castigo corporal, en colaboración con la Oficina del UNICEF en Botswana, en que personas influyentes, como el ex-Ministro de Administración Local y Presidente de la Asamblea Nacional, dialogan con los dirigentes tradicionales y las comunidades acerca de la importancia de métodos alternativos de disciplina para los niños con conducta antisocial, y este tema también se trata en los medios de comunicación y en las reuniones de la kgotla.

Derechos de las minorías (arts. 12, y 25 a 27)

Respuesta a la pregunta 27

161.Por lo que respecta a la aplicación de la sentencia dictada por el Tribunal Superior en la causa Roy Sesana v. The Attorney General, el Gobierno ha cumplido la decisión del Tribunal de permitir que las personas que, según se determinó, fueron despojadas de sus tierras en la Reserva Cinegética de Kalahari Central regresaran a ellas para establecerse allí, y actualmente esas personas viven en la Reserva. Las personas concernidas por el fallo del Tribunal Superior no están obligadas a presentar permisos para entrar en la Reserva, pero sí deben hacerlo los demás ciudadanos de Botswana, incluido el pueblo san, que no se vio afectado por la sentencia.

162.Además, el Gobierno ha tomado nota de las recomendaciones preliminares sobre las medidas que debería adoptar con respecto a la Reserva, a saber: realizar una declaración pública en la que se precise la posición del Gobierno sobre quién puede entrar en la Reserva y las condiciones para ello; determinar la forma de consultar con las comunidades; y facilitar el acceso al agua en la Reserva.

163.El Gobierno ha restablecido los servicios a los residentes de la Reserva, como el agua, los servicios de salud móviles, las raciones de alimentos para los más necesitados, el transporte de los niños a escuelas fuera de la Reserva, su devolución a los padres durante las vacaciones escolares y el transporte de los padres para cobrar los subsidios y comprar artículos de primera necesidad, etc., aun cuando la decisión del Tribunal no obligaba al Gobierno a restablecer los servicios a los asentamientos de la Reserva.

164.Cabe señalar que los asentamientos tradicionales de los basarwa de Molapo, Metsiamanong, Gope, Mothomelo y Gugamma siguen estando habitados dentro de la Reserva. Por lo tanto, Botswana puede afirmar categóricamente que no han sido desposeídos de las tierras en absoluto. Como se ha indicado, el Gobierno, por conducto del Consejo del Distrito de Ghanzi, sigue prestando servicios sociales y facilitando redes de protección social a esos asentamientos. Además, ha perforado y equipado pozos en Molapo y Mothomelo. Al 20 de septiembre de 2019, el Gobierno había efectuado 38 visitas para suministrar agua, raciones de alimentos y redes de seguridad social en los asentamientos.

165.Es cierto que en la Reserva se llevan a cabo actividades mineras en paralelo a la ocupación de los san, pero no se ha reubicado a esta población con el fin de favorecer la minería. Su reubicación se debió al cambio de su modo de vida (de cazadores y recolectores), que era compatible con el uso original de la tierra, a una actividad agrícola que ya no lo era.

166.En cuanto a las informaciones de que en agosto de 2016 una unidad aérea contra la caza furtiva disparó contra nueve miembros del pueblo basarwa mientras cazaban antílopes, y de que se les detuvo, obligó a desnudarse y golpeó mientras se encontraban en detención, Botswana confirma que se privó de libertad a algunas personas en la Reserva Cinegética de Kalahari Central por cazar ilegalmente tres órices del Cabo y dos antílopes elands comunes. Los detenidos fueron trasladados a la cárcel estatal de Ghanzi a la espera de investigaciones complementarias. Las alegaciones de que se les disparó, desnudó y golpeó mientras estaban detenidos fueron objeto de investigación y posteriormente se llevó a cabo un proceso disciplinario contra los agentes involucrados. De los 4 agentes acusados, 3 fueron absueltos y puestos en libertad y 1 fue declarado culpable de uso ilegal de fuerza innecesaria y condenado a una multa de 500 pula, es decir, unos 50 dólares. Aunque las pruebas reunidas no excluyeron la posibilidad de una agresión, nada indicaba que los agentes les hubieran disparado.

167.En relación con las medidas adoptadas para garantizar el derecho de los grupos indígenas, en particular los basarwa, a sus tierras tradicionales, la Ley de Adquisición de Bienes (cap. 32:01), leída conjuntamente con los artículos 3, 8 y 9 de la Constitución, ampara la privacidad de las personas y la protección de su hogar y sus bienes. Además, prohíbe la privación de bienes sin indemnización. Por lo tanto, los títulos de propiedad de tierras que posean los botsuanos, incluidos los basarwa, están protegidos por la ley y no pueden expropiarse sin el debido proceso. Se han establecido instituciones como los tribunales de tierras, las juntas de tierras y otros tribunales con competencia para adjudicar tierras y resolver las controversias relativas a las tierras.

168.Entre las medidas adoptadas para garantizar que los basarwa puedan disfrutar de los recursos naturales en sus comunidades figuran la formulación por el Gobierno de la Política de Gestión Comunitaria de los Recursos Naturales, que tiene por objeto lograr que las comunidades, incluidos los basarwa, se beneficien de los recursos naturales en sus localidades.

169.En cuanto a las medidas para asegurar el respeto del derecho de los basarwa a participar de forma libre, equitativa e informada en las actividades relacionadas con las políticas que les afectan, cabe señalar que todos los ciudadanos, incluidos los basarwa, tienen derecho de tomar parte en elecciones, de elegir y ser elegidos, por medio del sufragio universal e igual, de participar en el Gobierno y en la dirección de los asuntos públicos en cualquier nivel, y de acceder, en condiciones de igualdad, a las funciones públicas. En virtud del artículo 62 de la Constitución, para ser candidato a unas elecciones, se debe ser nacional de Botswana. En el caso de las elecciones para los gobiernos locales, también se debe satisfacer ese requisito. Todos los ciudadanos pueden tomar parte de los asuntos públicos del país a través de las reuniones de la kgotla. Estasse celebrarán en la lengua que hable la gente de la localidad. Se ofrecen servicios voluntarios de traducción para las personas que no entiendan el inglés o el setswana, en caso de que la persona que haga uso de la palabra no se exprese en la lengua local.

Respuesta a la pregunta 28

170.No es correcto afirmar que algunas tribus de Botswana no están familiarizadas con la kgotla, pues todas tienen la costumbre y la práctica de reunirse para debatir los asuntos que les afectan. Desde tiempos inmemoriales, en todas las tribus, esas reuniones han sido dirigidas por el jefe que la tribu o comunidad había elegido. La historia muestra que incluso los basarwa, que no disponían de un kgosi permanente y eran nómadas, se reunían de vez en cuando para elegir a su líder, resolver controversias y examinar asuntos que les afectaban. Ese es el caso de todas las tribus que se establecieron en Botswana. Históricamente, siempre han elegido a sus líderes y celebrado reuniones cada cierto tiempo, por orden de esos líderes, para debatir cuestiones de interés. En eso consiste una kgotla. La kgotla no es, de ningún modo, un concepto atribuible a alguna tribu de Botswana, por lo que no cabe presumir que se ha impuesto a otras tribus que originalmente no la practicaban.

171.En Botswana, la kgotla es un foro público de consulta que contribuye a la actividad parlamentaria y a la planificación del desarrollo nacional, ya que es el espacio en el que los representantes elegidos para los consejos y el Parlamento, los dikgosi y los funcionarios gubernamentales interactúan con los ciudadanos en relación con las leyes, los planes de desarrollo nacional y los proyectos previstos. Todos los botsuanos, incluidos los basarwa, pueden tomar parte de los asuntos públicos del país a través de las reuniones de la kgotla, que se celebran siempre en la lengua que habla la gente de la localidad. Se ofrecen servicios voluntarios de traducción para las personas que no entiendan el inglés o el setswana, en caso de que la persona que haga uso de la palabra no se exprese en la lengua local. Por lo tanto, los basarwa y todas las demás tribus de Botswana pueden participar en el examen de las leyes, planes de desarrollo nacional y proyectos que tiene lugar en la kgotla y contribuir a él.

172.El Parlamento está obligado a remitir las leyes a la Ntlo ya Dikgosi (Cámara de los Jefes), que es un órgano consultivo del Parlamento. Los dikgosi (jefes) miembros de la Ntlo ya Dikgosi celebran consultas con sus tribus sobre los asuntos que les afectan a través de las kgotla. Los basarwa cuentan con representación en la Ntlo ya Dikgosi. Puede obtenerse información adicional al respecto en la causa Kamanakao and Another v. Attorney General, 2002 (1) BLR 110 (HC), en la que los demandantes impugnaron la legalidad de: a) los artículos 77 a 79 y 15, párrafos 4 d) y 9, de la Constitución; y b) el artículo 2 de la Ley de Jefes Tribales, que consideraban discriminatorios contra las tribus minoritarias. En virtud de esas disposiciones se creó la Ntlo ya Dikgosi, en la que solo ocho tribus estaban representadas y se excluía a otras tribus de Botswana, entre ellas los basarwa, que no formaban parte de esa entidad. El Tribunal determinó que la Ley de Jefes Tribales era discriminatoria y solicitó que se modificara. La Ley fue sustituida posteriormente, en 2008, por la Ley de los Bogosi, que prevé la representación en la Ntlo ya Dikgosi de otras tribus que en un principio no contaban con representación, como los basarwa.

173.El Gobierno de Botswana no solo modificó la Ley de Jefes Tribales, sino también la Constitución. Como resultado, actualmente los artículos 77, 78 y 79 de la Constitución prevén la representación de todas las tribus y regiones en la Ntlo ya Dikgosi.

174.La Constitución regula la composición de la Ntlo ya Dikgosi a fin de asegurar la representación de todas las tribus. En particular, la Ntlo ya Dikgosi está integrada por miembros adicionales de 12 distritos, 5 miembros nombrados a discreción del Presidente y 20 elegidos por los colegios electorales regionales, para permitir la representación de otras tribus establecidas en los ocho distritos del país.

175.Además del sistema de la kgotla, existen otras estructuras que facilitan la participación y representación política igualitaria de todos los botsuanos en todos los niveles del proceso de desarrollo del país. Se han establecidos comités de desarrollo de pueblos y aldeas en las comunidades, comités de desarrollo de distrito y ministerios que se coordinan a escala nacional. Los basarwa forman parte de esos comités, especialmente a nivel de las comunidades y los distritos, y tienen la posibilidad de participar en la coordinación de estrategias y programas de desarrollo a nivel nacional trabajando para los ministerios y departamentos gubernamentales.

Respuesta a la pregunta 29

176.De conformidad con el artículo 62 d) de la Constitución, para ser candidato a la Asamblea Nacional debe hablarse inglés. Sin embargo, esta disposición no se aplica con rigurosidad, ya que no se realizan pruebas de aptitud para presentarse a las elecciones.

Difusión de información relativa al Pacto (art. 2)

Respuesta a la pregunta 30

177.La base de datos sobre los acuerdos internacionales en que Botswana es parte, que se puso en marcha en 2017, es uno de los medios que utiliza el país para difundir información relativa al Pacto. Contiene el texto del Pacto y los informes conexos. La base de datos es abierta y, por lo tanto, accesible al público, incluidos los funcionarios judiciales, los dikgosi y las organizaciones de la sociedad civil. También figuran en ella los informes presentados a todos los órganos de tratados, así como información actualizada sobre los progresos realizados. Puede consultarse en el sitio web www.agreements.gov.bw.

178.En cuanto al marco institucional, el Gobierno ha establecido la Dependencia de Derechos Humanos adscrita al Ministerio de Asuntos de la Presidencia, Gobernanza y Administración Pública. El mandato de esta Dependencia comprende, entre otras cosas, actividades de sensibilización acerca de los tratados, protocolos y convenciones internacionales y regionales, incluido el Pacto.

Anexos

Anexo 1

Representación de la mujer en la vida política y pública

Representación de la mujer en el Parlamento y el Gabinete de Botswana

La participación de las mujeres en la vida política sigue experimentando un crecimiento lento y estancado y, en otros casos, un retroceso. Como muestra el cuadro que figura a continuación, las mujeres están subrepresentadas en el Parlamento y el Gabinete.

Cuadro 1 Representación de la mujer en el Parlamento y el Gabinete de Botswana

	2004	2009	2014	2019
	Hombres	Mujeres	Porcentaje de mujeres	Hombres	Mujeres	Porcentaje de mujeres	Hombres	Mujeres	Porcentaje de mujeres	Hombres	Mujeres	Porcentaje de mujeres
Parlamento	55	7	11	57	4	6,6	56	5	8,2	56	7	11
Gabinete	15	5	25	19	4	17,4	20	4	17	21	6	22,2

Fuente : Parlamento de Botswana .

Representación de la mujer en la administración local

Los consejos locales, de manera muy similar al Parlamento, siguen estando dominados por los hombres, como se indica en el cuadro que figura a continuación.

Cuadro 2 Representación en la administración local

	2014	2019
Mujeres	Hombres	Porcentaje de mujeres	Mujeres	Hombres	Porcentaje de mujeres
Consejos locales	116	473	24,5	111	498	18

Fuente : Instituto de Análisis de Políticas de Desarrollo de Botswana, 2014, y Ministerio de Administración Local y Desarrollo Rural, 2019.

Representación de la mujer al frente de organizaciones no gubernamentales y sindicatos, y participación de la mujer en los comités centrales de los partidos políticos

Cuadro 3 Mujeres al frente de organizaciones no gubernamentales y sindicatos y en los comités centrales de los partidos políticos en 2013

Sector	Porcentaje de mujeres
Comités centrales de los partidos	31
Directoras de ONG	45
Jefas de sindicatos	20

Los comités ejecutivos o centrales de los partidos políticos también están dominados por los hombres, y la mayoría solo cuentan con una representante a ese nivel de su estructura. En los sindicatos se observa una tendencia similar de predominio masculino, pues las mujeres representan solo el 20 %. La tasa de representación de la mujer en la dirección de ONG es del 45 %. Sin embargo, esta situación no es sorprendente, dado el carácter voluntario de esas organizaciones y sus mandatos de desarrollo social. En los órganos rectores de las organizaciones paraestatales también se observa una enorme brecha de género, y un examen más detenido de la composición de estos órganos puso de manifiesto que algunas instituciones no contaban con ninguna mujer en sus estructuras de gobernanza.

Las mujeres en la administración de justicia

Los tribunales superiores están dominados por los hombres. En cambio, el número de juezas de primera instancia es ligeramente superior. Los cargos de Presidente y Presidente Adjunto de los tribunales consuetudinarios están ocupados en su mayoría por hombres, y muestran una tendencia similar a los de Jefe Tradicional de la Ntlo ya Dikgosi, que históricamente ha sido un feudo masculino. Los cuadros que figuran a continuación muestran el desglose en la administración de justicia por sexo y cargo.

Cuadro 4 Participación de la mujer en el Tribunal de Apelaciones y el Tribunal Superior en 2015

Cargo	Porcentaje de mujeres	Porcentaje de hombres
Presidente de la Corte Suprema	0	100
Presidente	0	100

Cuadro 6 Participación de la mujer en los tribunales de primera instancia en 2012

Cargo	Porcentaje de hombres	Porcentaje de mujeres
Juez	44	56

Fuente : SADC Gender Monitor , 2013.

Cuadro 7 Juezas

Cargo	Mujeres	Hombres	Porcentaje de mujeres
Juez	8	34	19

Fuente : Administración de Justicia, febrero de 2020.

Cuadro 8 Mujeres dirigentes tradicional es

	Mujeres	Hombres	Porcentaje de mujeres
Presidente de Tribunal	1	18	10,0
Presidente Adjunto de Tribunal	1	22	4,3
Ntlo ya Dikgosi (Cámara de Jefes)	4	31	12,9

Fuente : Índice Africano de Género y Desarrollo, informe de Botswana de 2012.

De los 670 dikgosi, 23 son mujeres. De los 2.685 árbitros comunitarios de todo el país, 113 son mujeres.

Mujeres en la función pública

El nivel de participación de las mujeres en puestos de responsabilidad en el sector público y en el sector de las ONG sigue siendo superior al de otros sectores. En 2013, las mujeres representaban el 42 % del total de personas que ocupaban cargos de Director Adjunto o Secretario Permanente en el sector público, lo que situaba a Botswana en el segundo puesto de África Meridional, con un récord del 35 % de Secretarias Permanentes y del 45 % de Directoras.

Representación

Representación de la mujer en las misiones diplomáticas

Se ha producido una drástica reducción de la representación de la mujer en el cargo de Jefe de Misión, que ha pasado del 38 % en 2013 al 23,8 % en 2020.

Cuadro 9 Jefes de Misión, por sexo

	2013	2019	2020
Hombres	Mujeres	Total	Hombres	Mujeres	Total	Hombres	Mujeres	Total
Jefes de Misión	13	8	21	16	6	22	16	5	21
Porcentaje	62	38	100	72,7	27,3	100	76,2	23,8	100

Fuente : Ministerio de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional, 2013, y Ministerio de Relaciones Internacionales y Cooperación, 2018 y 2019.

Cuadro 10 Mujeres en puestos de dirección en el sector público y en entidades paraestatales

Sector	Total	Mujeres	Hombres	Porcentaje de mujeres	Fuente
Sector público (incluidos los consejos y las juntas de tierras)	1 128	430	630	38,1	Dirección de Gestión de la Administración Pública (DPSM), dic iembre de 2019, y MLGRD, feb rero de 2020
Sector público únicamente	1 046	416	630	39,8	DPSM, dic iembre de 2019
Entidades paraestatales	119	38	81	31,9	Ago sto de 2018
Juntas – Entidades paraestatales	83	29	54	34,9	Ago sto de 2018

Anexo 2

Información estadística sobre las denuncias de violencia de género recibidas y las investigaciones realizadas por el Cuerpo de Policía de Botswana

Año	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	Total
Violación	1 875	1 754	1 865	1 800	2 073	2 060	2 034	2 163	2 052	2 074	2 064	21 814
Desfloración	428	487	518	529	534	530	531	543	617	572	769	6 058
Total	2 303	2 241	2 383	2 329	2 607	2 590	2 565	2 706	2 669	2 646	2 833	27 872

Anexo 3

Estadísticas sobre las solicitudes de indulto

Nombre	Delito	Fecha de la solicitud	Resultado
Patrick Gabaakanye	Asesinato	18 de agosto de 2015	Denegada
Thatayaone Maano	Asesinato, robo, hurto de automóvil	7 de noviembre de 2016	Denegada
Uyapo Poloko	Tres cargos de asesinato, tentativa de asesinato y robo	7 de febrero de 2018	Denegada
Mooketsi Kgosibodiba	Asesinato	7 de septiembre de 2018	Denegada
Mmika Mpe	Secuestro, robo, asesinato, hurto de automóvil y daños intencionales a bienes	25 de marzo de 2019	Denegada
Tshiamo Kgalalelo	Asesinato	26 de marzo de 2019	Denegada
Moabi Seabelo Mabiletsa	Asesinato	11 de febrero de 2020	Denegada
Matshidiso Tshidi Boikanyo	Asesinato	17 de febrero de 2020	Denegada

De ahora en adelante, los solicitantes no necesitan presentar una petición individual de indulto. El Comité de Asesoramiento sobre la Prerrogativa del Indulto examina la cuestión y aconseja a Su Excelencia el Presidente, independientemente de si una persona ha presentado o no una solicitud de indulto. No se emitirá ninguna orden especial prevista en el artículo 299 de la Ley de Procedimiento Penal y Pruebas (cap. 08:02), a menos que se haya completado el proceso de indulto (véase Mooketsi Kgosibodiba and the Attorney General and Others, núm. CACGB-203/19 (inédita)).

Anexo 4

Estadísticas de los casos denunciados por los reclusos ante la Oficina del Defensor del Pueblo desde el último período examinado

Año	Agresión y tortura por agentes de policía	Agresión de reclusos por funcionarios de prisiones	Condiciones de vida de los reclusos	Expedientes atrasados	Total
Tribunales consuetudinarios	Administración de Justicia
2009/10	0	1	1	0	0	2
2010/11	0	2	3	0	0	5
2011/12	1	0	1	1	7	10
2012/13	2	2	8	0	10	22
2013/14	9	6	4	1	46	66
2014/15	6	1	13	3	6	29
2015/16	4	5	9	10	26	54
2016/17	4	0	2	2	11	19
2017/18	2	1	0	5	13	21
2018/19	0	0	0	1	1	2
2019/20	0	0	0	0	0	0
Total	28	18	41	23	120	230