Fuente: Ministerio de Finanzas y Planificación para el Desarrollo.
31.La estimación del PIB en precios corrientes pasó de 36.338 millones a 31.922 millones de pula en 2001/02, lo que representa un incremento del 13,8% en comparación con el 11,5% el año precedente. La mayor parte del incremento se registró en los trimestres cuarto y segundo.
32.A nivel de los sectores, la explotación minera siguió haciendo el mayor aporte al PIB (34,8%), seguida del gobierno en general (16%), el comercio, los hoteles y restaurantes (11,5%) y la banca, seguros y servicios comerciales (11,3%). Del comercio y los hoteles y restaurantes, el comercio representaba el 8,9% y los hoteles y restaurantes, el 2,6%. El menor aporte al PIB provenía de la agricultura con un 2,4%, seguida de los recursos hídricos y eléctricos con un 2,6% (cuadro 0.1.1, anexos).
33.A precios constantes de 1993/94, el PIB se estimó en 18.040 millones de dólares de los EE.UU., un aumento del 6,7% respecto al año precedente. Se registró un cambio anual importante del 9,5% que en los recursos hídricos y eléctricos que en los otros sectores fue inferior al 5%; el menor cambio ocurrió en el transporte y las comunicaciones (0,9%), seguido de la construcción con un 0,6%. El PIB, sin contar la explotación minera, aumentó en un 4,8% en comparación con el 5,5% el año precedente (cuadro 0.1.2, anexo).
34. El gráfico 1 muestra el valor añadido trimestral a precios corrientes para todos los sectores de 1998/99 a 2002/03 en millones de pula.
Gráfico 1
\s Valor añadido trimestral a precios corrientes (1998/99 a 2002/03)
(En millones de BWP)
35. El gráfico 2 más abajo muestra la tendencia en la tasa de aumento/disminución del PIB en términos reales a partir de 1993/94. El PIB per cápita en términos reales aumentó en un 4,2% en 2002/03 de una estimación revisada de 9.78 BWP en 2001 a 10.195 BWP en 2002/3.
Producto interno bruto por tipo de gastos
36. En precios ínfimos, el PIB por total de los gastos provino principalmente del consumo oficial final, seguido del consumo final de los hogares con 12.168 y 10.336 BWP, respectivamente (cuadro 0.2.1). En términos reales, el PIB por gastos aumentó así: consumo oficial final, superior en un 5,9%; consumo privado final, superior en un 0,9%; formación de capital mixto bruto, superior en un 1,5%; el total de exportaciones e importaciones bajó en un 5,2 y un 1,7%, respectivamente.
Gráfico 2
Modificación anual en porcentajes del PIB real (1993/94 a 2002/03)
\s
37. El gráfico 3 muestra el PIB por tipo de gastos. En 2002/03, el gasto interno bruto como porcentaje del total del PIB ascendió al 91,5% en comparación con el 88,4% en 2001/02. En términos reales, el PIB en 2002/03 aumentó en un 8,9% en comparación con un aumento del 15,3% en 2001/02.
Gráfico 3
\s Producto interno bruto por gastos a precios corrientes (1993/94 a 2002/03)
38. El gráfico 4 muestra una tendencia del GIB a precios corrientes desde 1993/94. La tendencia muestra que el GIB ha venido aumentando constantemente, salvo en 1998/99 y 1999/00.
Gráfico 4
Gasto interno bruto (1993/94 a 2002/03)
\s
PIB por tipo de ingresos
39. En términos globales, el costo de los factores/ingresos nominales aumentó de 22.936 millones de BWP en 1999/00 a 26.568 millones (cuadro 0.3.1, anexo) en 2000/01. Ese crecimiento se hizo evidente en todos los componentes del costo de los factores/ingresos. La remuneración de los empleados aumentó de 7.252 millones de BWP en 1999/00 a 8.244 millones en 2000/01. El superávit de explotación bruto nominal aumentó de 15.685 millones de BWP en 1999/00 a 18.324 millones en 2000/01.
40. El PIB por tipo de ingresos (sin ajustar por variaciones de temporada) por trimestre (véanse los cuadros 4.1 y 4.2 en los anexos) se expresa en millones de pula y porcentajes del total del PIB, respectivamente.
41. El gráfico 5 muestra la composición media del PIB por tipo de ingresos. En la tabla se indica que se produjo aproximadamente de una cuarta parte a las dos terceras partes del total del PIB gracias a la remuneración de los empleados y el rendimiento del capital/remuneración bruto de los propietarios del capital, respectivamente.
42. El resto se produjo gracias a los pagos de aranceles de aduanas netos y otros impuestos sobre los productos. (El cuadro 0.7.1 muestra las relaciones entre producto, ingresos, economías y créditos/préstamos netos a precios ínfimos. Las relaciones entre producto, condiciones comerciales e Ingreso Nacional Bruto en términos reales se muestran en el cuadro 0.7.2 en los anexos.)
Gráfico 5
Composición media del PIB por tipo de ingresos 2000/01
\s
Empleo
43. El empleo estructurado total aumentó de 279.700 en septiembre de 2002 a 285.400 en septiembre de 2003, es decir, 5.700 nuevos puestos de trabajo, una tasa de crecimiento del 2%. La mayoría de los empleos pertenecían al sector privado, que abrió 5.000 plazas, seguido del gobierno central con 1.100 plazas. El empleo en el sector estructurado del gobierno central aumentó en un 1,3%. Los últimos resultados de la HIES de 2002/03 indican que había 606.826 personas económicamente activas, de las cuales 462.366 trabajaban en los sectores estructurado e informal y 144.460 estaban desempleadas. Esto arroja una tasa general de paro del 23,8% en comparación con el 19,6% obtenido de resultas del censo de población y vivienda de 2001.
Disparidad en concepto de ingresos
44. Las HIES de 1993/94 y 2002/03 muestran una elevada incidencia de desigualdades de ingresos que han ido aumentando entres los dos períodos. La HIES de 2002/03 indica que el 40% más pobre de la población participaba apenas del 5,8% del total de la renta en comparación con el 11,6% en 1993/94. La participación en la renta correspondiente al 40% medio de la población ascendía al 23,3% en 2002/03 en comparación con el 29,1% en 1993/94 mientras que el 20% más pudiente de la población percibió el 70,9% del total de la renta en comparación con el 59,3% en 1993/94.
45. En los hogares, la participación en la renta no ha variado mucho entre las dos encuestas. En 1993/94, la participación en la renta del 40% más pobre de los hogares ascendía al 9,4% en comparación con el 9,2% en 2002/03. La del 40% medio de los hogares ascendió al 29,9% en comparación con el 29,4% en 1993/94. La participación del 20% más pudiente de los hogares ascendió al 60,9% en 2002/03 en comparación con el 61,1% en 1993/94.
46. La HIES de 2002/03 reveló una disparidad en los ingresos disponibles entre hogares encabezados por un varón o una mujer. En todas las capas (ciudades/pueblos, pueblitos urbanos o pueblitos rurales), los ingresos de los hogares dirigidos por varones eran superiores a los de los hogares dirigidos por una mujer. Del mismo modo, los ingresos disponibles (en efectivo y en especie) muestran una gran disparidad entre las capas. El ingreso disponible medio nacional de los hogares por mes era de 1.344 BWP en comparación con el ingreso disponible mensual medio de los hogares de 2.424 BWP; en las ciudades/pueblos, el ingreso disponible medio mensual era de 1.949 BWP en comparación con un promedio de 3.961 BWP. En los pueblitos urbanos, el ingreso disponible medio mensual de los hogares ascendía a 1.334 BWP en comparación con un ingreso medio por hogar de 2.445 BWP mientras que en el campo el ingreso disponible medio mensual ascendía a 743 BWP en comparación con un promedio de 1.379 BWP.
E. Estructura constitucional
47. La Constitución de Botswana fue aprobada en el momento de la independencia. La Constitución dispone una forma de gobierno republicano, encabezado por el Presidente, con tres órganos administrativos principales: el ejecutivo, el legislativo y el judicial. Cada órgano es independiente de los demás.
48. El órgano ejecutivo está compuesto por el gabinete, dirigido por el Presidente, y está encargado de decidir y dirigir la política del país. Hay 14 ministerios, dirigidos cada uno por un ministro del gabinete, que, junto con la Fiscalía General, la Auditoría General y la Comisión Electoral Independiente, forman el Gobierno central. Cada ministerio está dividido en oficinas (por lo general, "departamentos" o "divisiones") con su respectiva responsabilidad.
a) El país está dividido en nueve distritos administrativos. En cada distrito, hay nueve consejos de distrito. En las zonas urbanas, hay dos concejos de ciudades y cuatro concejos de pueblos. Estos concejos pertenecen al Ministerio de Administración Local y están encargados de los centros de educación primaria, los centros de salud (dispensarios, puestos sanitarios, etc.), la construcción y el mantenimiento de algunas carreteras rurales, el desarrollo social y de la comunidad, el abastecimiento de agua a los pueblitos y la sanidad.
b) Por otro lado, algunos ministerios del Gobierno central han descentralizado algunas funciones creando dependencias en los distritos administrativos; por ejemplo, de recursos hídricos, de inmigración y nacionalidad, de agricultura, del registro civil, de trabajo y seguridad social. En los distritos administrativos, hay una oficina del comisionado del distrito cuya función primordial consiste en coordinar todas las actividades de desarrollo del distrito.
c) El órgano legislativo fue creado en virtud del artículo 57 de la Constitución y está integrado por el Presidente y la Asamblea Nacional. El artículo 58 de la Constitución dispone que la Asamblea Nacional estará compuesta de 40 miembros elegidos de conformidad con las disposiciones constitucionales. Cuatro miembros elegidos especialmente, el Fiscal General y el Presidente de la Asamblea Nacional. La Asamblea Nacional funciona en consulta con los 15 miembros de la Cámara de los Jefes en cuanto a los asuntos de las tribus, y es la suprema autoridad legislativa nacional. Las elecciones son por sufragio universal de los mayores de edad y el principal partido de oposición es el Frente Nacional de Botswana (BNF). En las elecciones de 1994, la oposición obtuvo el 30% de los escaños en el Parlamento, pero en las elecciones generales de 1999 sólo sacó el 16%. En 1999, el 77,1% de los votantes inscritos votaron en las elecciones nacionales. En las últimas elecciones de 2004, 552.849 personas habían sido inscritas. De ellas, 421.272, el 76,20%, efectivamente votaron.
d) Hubo un cambio importante en el panorama político del país cuando el Parlamento adoptó la decisión trascendental de aumentar a 17 el número de miembros electos de la Asamblea Nacional. La distribución de los escaños fue efectuada después por la Comisión de Delimitación que, conforme a la Constitución, está facultada para hacerlo independientemente de los órganos ejecutivo, legislativo y judicial. El noveno Parlamento tiene un total de 57 miembros electos, a diferencia de los 40 de la legislatura actual.
e) El órgano judicial está compuesto del Tribunal de Apelación, el Tribunal Superior y los tribunales de primera instancia. En conformidad con el artículo 95 2) de la Constitución, el Tribunal Superior estará integrado por su Presidente y los demás magistrados que el Parlamento disponga. Con arreglo al artículo 96 1), el Presidente designará al Presidente del Tribunal Superior y, con arreglo al artículo 96 2), el Presidente designará a los otros magistrados del Tribunal Superior en consulta con la Comisión del Servicio Judicial.
49. Con arreglo al artículo 99 2), el Tribunal de Apelación estará integrado por su Presidente y los magistrados que dispongan el Parlamento y el Presidente y demás magistrados del Tribunal Superior. Con arreglo al artículo 100 1), el Presidente designa al Presidente del Tribunal de Apelación y, con arreglo al artículo 100 2), los otros magistrados son designados por el Presidente en consulta con la Comisión del Servicio Judicial.
50. Conforme al artículo 104 de la Constitución, la facultad de designar los jueces de primera instancia corresponderá al Presidente en consulta con la Comisión del Servicio Judicial.
51. El artículo 103 de la Constitución, enmendado en virtud de la Ley Nº 2 de enmienda de la Constitución de 2001, dispone la composición de la Comisión del Servicio Judicial. La Comisión está integrada por:
a) El Presidente del Tribunal Superior que la presidirá;
b) El Presidente del Tribunal de Apelación;
c) El Fiscal General;
d) El Presidente de la Comisión de la Función Pública;
e) Un miembro del Colegio de Abogados designado por éste, y
f) Una persona íntegra con experiencia que no pertenezca a la profesión jurídica, designada por el Presidente.
52. También existe el Tribunal del Trabajo, cuyos miembros son designados por el Presidente conforme a la Ley de conflictos laborales. Al escoger los magistrados del Tribunal del Trabajo, el Presidente designará al que lo presidirá y el rango de los otros magistrados dependerá de la fecha de su nombramiento.
F. Estructura administrativa
53. Además de las estructuras constitucionales mencionadas, existen la Oficina del Ombudsman y el Tribunal de Tierras.
54. La Ley del Ombudsman dispone que el Ombudsman investigue las denuncias de injusticia o mala administración en la función pública que se reciban del público (las corporaciones inclusive) y, si son válidas, formule recomendaciones a la autoridad competente que deberá cumplirlas. En caso de incumplimiento, el Ombudsman tiene el deber de notificarlo a la Asamblea Nacional. También tiene jurisdicción sobre las violaciones de los derechos humanos, así como las denuncias de personas a disposición judicial o internadas en un hospital.
55. Quedan excluidos de la competencia del Ombudsman los asuntos siguientes:
- Asuntos que el Presidente o un ministro certifique que afectan las relaciones o el trato del Gobierno de Botswana con cualquier otro gobierno u organización internacional;
- Medidas tomadas a fin de proteger la seguridad del Estado o investigar delitos, comprendidas las que se adopten en relación con pasaportes en ambos casos;
- Incoar o llevar actuaciones civiles o penales ante los tribunales;
- Medidas adoptadas con respecto al nombramiento de funcionarios u otros puestos en el Gobierno de Botswana o nombramientos efectuados por el Presidente o un ministro, o con la aprobación de éstos, y medidas adoptadas en relación con toda persona en calidad de titular o ex titular de uno de esos cargos, puestos o nombramientos;
- Medidas adoptadas con respecto a órdenes o instrucciones impartidas a la fuerza policial de Botswana o sus integrantes;
- La concesión de honores, premios o privilegios competencia del Presidente;
- Medidas tomadas en asuntos relativos a contratos u otros tratos comerciales con miembros de la población, distintas de las medidas que adopten las autoridades mencionadas en el artículo 3 6) de la Ley del Ombudsman ; medidas tomadas en todo país que no sea Botswana por o en nombre de todo funcionario que represente al Gobierno de Botswana o un funcionario de este Gobierno.
G. Ordenamiento jurídico
56. El ordenamiento jurídico de Botswana consta de dos sistemas, el derecho consuetudinario y lo que se suele denominar derecho recibido (o common law ). El derecho consuetudinario es el derecho de toda tribu o comunidad tribal en la medida en que no es incompatible con las disposiciones del derecho escrito ni contrario a la moral, el humanismo o la justicia natural. El derecho consuetudinario no está escrito y varía de una comunidad a otra. El derecho recibido está compuesto del derecho inglés y del derecho romano holandés que se aplicaba en el Cabo el 10 de junio de 1891 y es modificado por ley de tanto en tanto e interpretado por los tribunales. Los dos sistemas coexisten pese a las diferencias de derecho o en su aplicación.
57. El supremo tribunal de Botswana es el Tribunal de Apelación. Es el más alto tribunal que guarda constancia de los autos al que se puede apelar después del Tribunal Superior. El Tribunal Superior tiene la jurisdicción original para entender en asuntos civiles y penales y resolverlos. Es un órgano de apelación con respecto a los tribunales de primera instancia y al Tribunal Consuetudinario de Apelación. El common law consta de las leyes y los precedentes que son casos en que han fallado el Tribunal Superior y el Tribunal de Apelación.
58. Desde la independencia, la legitimidad de los tribunales consuetudinarios se deriva de la Ley Nº 57 de tribunales consuetudinarios de 1968. La Ley de derecho consuetudinario de 1987 también establece normas que deben guiar a los tribunales al determinar si aplican el derecho consuetudinario o el common law . Los tribunales consuetudinarios tienen competencia para resolver una amplia gama de asuntos de derecho civil o penal como litigios financieros, hurto, disputas entre cónyuges, divorcio (cuando la pareja haya contraído matrimonio en virtud del derecho consuetudinario), robo de ganado, insultos y difamación, entre otros. La jurisdicción de los tribunales consuetudinarios está limitada por las penas o multas que pueden imponer, o el tipo de delitos o pleitos que pueden resolver. Cuando entienden en asuntos penales, siguen las normas de procedimiento de tribunales consuetudinarios.
59. Los abogados no están facultados para representar a nadie ante los tribunales consuetudinarios (Ley de tribunales consuetudinarios, cap. 16:01, art. 32). No obstante, las personas tienen derecho a que el caso se remita a otro tribunal (de common law ), si lo permite el Comisionado de Tribunales Consuetudinarios, en que gozan del derecho a asistencia jurídica.
60. La administración del derecho consuetudinario es función del kgosi (en plural, dikgosi , jefes tradicionales de las tribus), encargado o presidente del tribunal quien consulta a los ancianos de la comunidad que conocen el derecho consuetudinario y la práctica de este derecho. Por lo general, los casos son tratados en kgotla (un lugar de reunión pública -en plural, dikgotla ). Los dikgosi suelen intervenir en la solución de disputas fuera del sistema judicial en que existe discrecionalidad para que ejerzan sus facultades (de derecho o de convencimiento).
61. La aplicación de las leyes que rigen la jurisdicción y los procedimientos de los tribunales consuetudinarios está limitada por el nivel y la formación de los dikgosi . La falta de difusión al público en general y el hecho de que no está traducida al setswana u otros idiomas locales también contribuyen a la limitada aplicación de la Ley de tribunales consuetudinarios.
62. El derecho consuetudinario no está escrito y la práctica puede variar de kgotla a kgotla (ya que las costumbres varían según las distintas tradiciones). Es fluido y depende de las modalidades del comportamiento de cada comunidad. Así, podría ser difícil que los tribunales consuetudinarios incorporen las convenciones internacionales.
63. La policía local trabaja para los tribunales consuetudinarios en paralelo con el cuerpo de policía nacional. Ambas fuerzas policiales tienden a preferir los tribunales consuetudinarios porque administran justicia con rapidez y sin demasiadas complicaciones.
64. El Tribunal Consuetudinario de Apelación entiende en las apelaciones referentes a los tribunales consuetudinarios. Las resoluciones del Tribunal Consuetudinario de Apelación pueden ser recurridas ante el Tribunal Superior. En las cuestiones referentes a reclamaciones de tierras también se puede recurrir ante el Tribunal de Tierras.
65. La eficacia de los dos sistemas y las normas que los rigen y la interacción en los planos cultural y jurídico repercuten en la forma de proteger y promover los derechos en Botswana.
66. La policía local trabaja con los tribunales consuetudinarios en paralelo con el cuerpo de policía nacional. Para un examen a fondo de las dos fuerzas. Ambas fuerzas policiales tienden a preferir los tribunales consuetudinarios porque administran justicia con rapidez y sin demasiadas complicaciones. El Tribunal Consuetudinario de Apelación entiende en las apelaciones referentes a los tribunales consuetudinarios ( dikgotla ) que administran el derecho consuetudinario.
67. La eficacia de los dos sistemas y las normas que los rigen y la interacción en los planos cultural y jurídico repercuten en la forma de proteger y promover los derechos en Botswana. Estas cuestiones volverán a abordarse más adelante cuando corresponda.
Aplicación de la ley
Cuerpo de policía de Botswana
68. El cuerpo de policía de Botswana se encarga de la aplicación de la ley. Está regido por la Ley de policía, capítulo 21:03, Leyes de Botswana.
69. El Comisionado es el comandante del cuerpo de policía y es designado conforme al artículo 112 de la Constitución.
70. El artículo 6 de la Ley de policía dispone que el cuerpo funcionará en todo Botswana para proteger la vida y los bienes, prevenir y detectar los delitos, reprimir la alteración del orden público, mantener la seguridad y el orden público, detener a los infractores de la ley, hacerlos comparecer ante la justicia, hacer cumplir todas las leyes escritas que sean de su competencia directa y preservar la paz en general.
71. El artículo 6 2) de la Ley de policía dispone que los miembros del cuerpo podrán portar armas en el desempeño de su deber, pese a que en realidad no lo hacen. En tiempo de guerra u otras situaciones de excepción, el Presidente podrá desplegar a la policía en defensa del país.
72. La policía deberá respetar la Constitución en todo momento. Si abusa de su poder, tendrá que rendir cuentas de ello.
La policía local
73. La policía local es otro órgano encargado de la aplicación de la ley en todo el país, conforme a la Ley de la policía local. Depende del Ministerio de Administración Local. El artículo 6 dispone que el jefe de toda zona a la que se asignen agentes de la policía local dirigirá el cuerpo, respetando las instrucciones generales o particulares del Ministro.
La Dirección sobre la Corrupción y los Delitos Económicos
74. La Dirección sobre la Corrupción y los Delitos Económicos fue establecida el 5 de septiembre de 1994 con arreglo a la Ley sobre la corrupción y los delitos económicos (cap. 08:05). Su función principal consiste en tomar e investigar las denuncias por corrupción en toda entidad o de particulares. La ley prescribe las facultades y deberes del encargado de la Dirección. Dispone los procedimientos para el tratamiento de los sospechosos y especifica los delitos referentes a servidores públicos, empleados de entidades públicas, agentes y el sector privado.
75. La Dirección depende de la Presidencia y su director rinde cuentas oficial y directamente al Presidente. No obstante, la Dirección es un organismo autónomo, si bien la decisión de proceder al procesamiento es prerrogativa del Fiscal General. Las pruebas de la comisión de un delito se transmiten al Fiscal General en un escrito de acusación. Si el Fiscal General resuelve enjuiciar a la persona, normalmente el asunto es remitido a la Dirección para que haga los trámites de inscripción judicial y presentación al tribunal. El procesamiento efectivo es responsabilidad de la Fiscalía General, pero los funcionarios de la Dirección, en su calidad de fiscales, prestan asistencia al Fiscal General en un gran número de casos. Desde que fue creada, la Dirección ha procesado varios delitos económicos.
II. INFORMACIÓN RELATIVA A LA APLICACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 1 A 27 DEL PACTO
Artículo 1
76.Conforme al artículo 1 de la Constitución, Botswana es una república soberana.
77.Tiene una forma democrática de gobierno mediante un sistema de elecciones libres celebradas cada cinco años. El artículo 67 b) de la Constitución establece que la edad mínima para votar es de 18 años; anteriormente era de 21. El cambio de edad se produjo en virtud de la Ley de la Constitución (enmendada) Nº 18 de 1997.
78.El artículo 61 de la Constitución dispone que podrá ser elegido miembro de la Asamblea Nacional quien:
a)Sea ciudadano de Botswana;
b)Haya cumplido los 18 años de edad;
c)Cumpla los requisitos necesarios para registrarse como votante a efectos de la elección de los miembros electos de la Asamblea Nacional y esté inscrito; y
d)Sepa hablar y, a menos que esté incapacitado por ceguera u otra causa física, leer inglés lo suficientemente bien como para participar de manera activa en los debates en la Asamblea.
79.El requisito del idioma para ser elegido miembro de la Asamblea Nacional se debe a que el inglés es el idioma oficial del país. En realidad, en el Parlamento se aceptan y hablan indistintamente el inglés y el setswana, puesto que uno es el idioma oficial y el otro, el idioma nacional.
80.De conformidad con el artículo 62 1) de la Constitución, se inhabilitará para ser elegido miembro de la Asamblea Nacional a quien haya sido declarado demente o tenga perturbadas las facultades mentales, haya sido condenado a pena de muerte, haya sido declarado insolvente en alguna parte del Commonwealth o esté cumpliendo una condena de prisión superior a seis meses.
81.El artículo 58 2) b) de la Constitución dispone la elección especial de cuatro miembros de la Asamblea Nacional, que son designados por el Presidente y elegidos por la Asamblea Nacional. No existe ningún modelo preestablecido para su elección. Antes, la elección de estos miembros del Parlamento permitía que la Asamblea Nacional dispusiera de competencias específicas.
82.El compromiso del Gobierno respecto del derecho de libre determinación se ve reflejado también en su disposición para que la población intervenga en la decisión de las cuestiones que la afectan, en especial a través de la Comisión de Consultas y Referendos.
83.Por ejemplo, en 2000 el Presidente creó la Comisión Balopi, en respuesta a una moción presentada por un miembro del Parlamento en 1995, en la que pedía la modificación de los artículos 77, 78 y 79 de la Constitución para eliminar la distinción entre las tribus. La Comisión hizo una extensa gira por el país a fin de celebrar consultas con una gran parte de la sociedad. Los medios de comunicación dieron mucha cobertura a la labor de la Comisión. Personas de diferentes orígenes, como miembros de la Cámara de los Jefes, dirigentes tradicionales, hombres de Estado y políticos veteranos, académicos, jóvenes y miembros de grupos culturales presentaron comunicaciones, por escrito y verbalmente. En noviembre de 2000, se elevó el informe al Presidente. En él se concluía que deberían modificarse los artículos 77, 78 y 79 de la Constitución para incluir a otras tribus. El Gabinete ha elaborado un proyecto de libro blanco, que se presentará al Parlamento para que lo examine.
84.El Gobierno de Botswana, en consulta con la población en general y todas las partes interesadas, ha elaborado un manifiesto nacional para el pueblo de Botswana, conocido comúnmente como Visión de futuro 2016. Se trata de una declaración de objetivos a largo plazo y un conjunto de estrategias para cumplirlos. El programa Visión de futuro 2016 propone un ideal para el porvenir de Botswana. Cabe señalar que uno de esos objetivos es que en 2016 Botswana sea "una nación abierta, democrática y responsable". "Botswana será una comunidad orientada a la democracia, con instituciones descentralizadas y sólidas". Ello constituye una prueba importante del compromiso del Gobierno respecto del derecho de libre determinación.
85.Botswana tiene una economía de mercado libre en que toda persona con derecho a poseer bienes o recursos puede disponer de ellos. Al mismo tiempo, Botswana conserva su derecho de regular la exportación de recursos naturales y disponer la tributación correspondiente.
Artículo 2
86.Cabe señalar que las convenciones internacionales no tienen aplicación automática en las leyes nacionales y municipales de Bostwana mientras no sean específicamente incorporadas en la legislación. Es preciso legislar para que tengan aplicación en el ordenamiento interno.
87.En el capítulo II de la Constitución se consagra una Declaración de Derechos que protege los derechos y libertades fundamentales de la persona.
88.El artículo 3 de la Constitución dispone que toda persona en Botswana, cualesquiera que sean su raza, lugar de origen, opiniones políticas, color, creencias o sexo, debe gozar de los derechos y libertades fundamentales de la persona, es decir, el derecho a la vida, la libertad y la seguridad personales y la protección de la ley; la libertad de conciencia, de expresión y de reunión y asociación; la protección de la intimidad de su hogar y de otros bienes, y el derecho a no ser privado de su propiedad sin compensación.
89.El artículo 4 de la Constitución reconoce el derecho a la vida.
90.El derecho a la libertad personal queda reconocido en el artículo 5.
91.El artículo 6 de la Constitución prohíbe la esclavitud y los trabajos forzados.
92.El artículo 7 de la Constitución prohíbe los tratos inhumanos o degradantes.
93.Cabe señalar que, cuando Botswana ratificó la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, formuló reservas por lo que concierne al párrafo 3 del artículo 7 (véase la sección del presente informe dedicada al artículo 7).
94.El derecho a la protección frente a la privación de bienes se garantiza en el artículo 8 de la Constitución. Este artículo también dispone una protección específica respecto a la privación de la propiedad privada. No obstante, la Constitución permite la adquisición de bienes de cualquier tipo por parte del Gobierno. En apoyo de ese derecho (el derecho a protección frente a la privación de bienes), el Parlamento promulgó la Ley de adquisición de bienes (cap. 32:01). La ley limita esa adquisición a los bienes inmuebles. De hecho, este derecho se debatió y reconoció en la causa El Presidente de la República de Botswana y otros c. Bruwer y otro. En este caso, Bruwer y otro entablaron negociaciones con la Corporación de Desarrollo del Commonwealth para la compra de su granja. El día en que se había de cerrar la venta, el Gobierno publicó un anuncio con arreglo a la Ley de adquisición de bienes para "expropiar un terreno que incluía la granja denominada Molopo Ranch, con sus mejoras y el ganado". Los demandados impugnaron la adquisición en una solicitud al Tribunal Superior, en especial la validez del anuncio, y pidieron que éste fuera anulado. Sostuvieron que la Ley de adquisición de bienes facultaba únicamente para adquirir bienes inmuebles. Habida cuenta de que el anuncio comprendía bienes inmuebles y muebles, éste estaba viciado por excederse en su ámbito de aplicación o era nulo. Interpuesto recurso, se consideró que la Ley de adquisición de bienes autorizaba al Gobierno a comprar exclusivamente bienes inmuebles. El Gobierno carecía de competencia para adquirir bienes muebles.
95.El derecho a la inviolabilidad del domicilio y de otros bienes está garantizado en el artículo 9 de la Constitución.
96.El artículo 10 garantiza el derecho a un juicio justo por un tribunal independiente e imparcial dentro de un plazo razonable.
97.El artículo 11 de la Constitución garantiza el derecho a la libertad de conciencia.
98.El artículo 12 de la Constitución garantiza el derecho a la libertad de expresión.
99.El artículo 13 de la Constitución reconoce el derecho a la libertad de reunión y de asociación.
100.La libertad de circulación se establece en el artículo 14 de la Constitución. Botswana ha formulado reservas al artículo 12 del Pacto.
101.El artículo 15 de la Constitución prohíbe la discriminación.
102.En determinadas circunstancias, los derechos que garantiza el Pacto pueden ser limitados o derogados. Sucede cuando es necesario proteger la seguridad nacional, el orden público, la salud o la moral públicas o los derechos y libertades de otros, o cuando las restricciones son compatibles con otros derechos reconocidos en el Pacto. De igual manera, se permiten las restricciones estipuladas por ley o que son razonablemente necesarias en una sociedad democrática. Dichas limitaciones se reconocen también en el ámbito jurídico nacional de Botswana. La mayor parte de los derechos previstos en la Declaración de Derechos de Botswana podrán limitarse en aras del interés general y la salud y seguridad públicas, y cuando se considere razonablemente necesario en una sociedad democrática.
103.Según se establece en el artículo 18 de la Constitución, toda persona cuyos derechos y libertades reconocidos en la Constitución hayan sido conculcados tiene derecho a un recurso efectivo y rápido mediante demanda ante el Tribunal Superior de Botswana. El artículo 18 ofrece un recurso a las personas que consideran que sus derechos han sido vulnerados por una ley anticonstitucional, una acción administrativa o medidas adoptadas contra ellas que contravengan los derechos que les garantiza la Constitución.
104.El asunto Unity Dow c. el Fiscal General es un ejemplo de recurso de amparo interpuesto ante el Tribunal Superior con arreglo al artículo 18 de la Constitución. Unity Dow era una mujer de Botswana, casada con un extranjero. De acuerdo con la ley, sus hijos no eran ciudadanos de Botswana, sino extranjeros en su país de nacimiento. Por ser mujer, con arreglo a la Ley de nacionalidad no podía transmitir la nacionalidad a sus dos hijos. La Sra. Dow impugnó la Ley de la nacionalidad argumentando que iba en contra de sus intereses y era contraria a la Constitución. El Tribunal Superior le dio la razón, aceptó su recurso y declaró que los artículos 4 y 5 de la Ley de la nacionalidad eran inconstitucionales.
105.Botswana es consciente de que las obligaciones contraídas en virtud del artículo 2 del Pacto no se limitan a la promulgación de leyes. Existen mecanismos efectivos para el ejercicio y la reivindicación de esos derechos.
106.Cabe señalar también que, si bien la legislación en materia de derechos humanos formó parte de un curso de derecho constitucional que se impartía en la Universidad de Botswana, ahora esa legislación constituye una asignatura del programa de la licenciatura de derecho. También se imparte en el nivel de diplomatura en derecho. La Academia de Policía de Botswana cuenta asimismo con un programa sobre derechos humanos. Además, el Gobierno ha creado el Departamento de Asuntos de la Mujer, institución que aborda las cuestiones relativas a la mujer y su desarrollo (véanse más adelante las observaciones relativas al artículo 3).
107.Por otro lado, en 2002 se estableció un Comité Interministerial por iniciativa del Ministerio de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional, con el apoyo de otros ministerios. La Fiscalía General desempeñó un papel muy activo en el establecimiento del Comité. La misión del Comité consiste en velar por la aplicación de los tratados, en particular las obligaciones de presentar informes.
108.En 1997, la Ley de la Constitución (enmendada) Nº 18 de 1997 dispuso la creación de la Comisión Electoral Independiente. La Comisión está integrada por un Presidente, un Vicepresidente y otros cinco miembros. Las tareas diarias son realizadas por la secretaría, dirigida por el secretario, que es designado por el Presidente. El mandato de la Comisión consiste en gestionar el proceso electoral, concienciar a los votantes, velar por que los votantes estén informados del proceso electoral y movilizar a los ciudadanos para que se inscriban en el padrón electoral y voten.
109.Como se mencionó anteriormente, la Defensoría del Pueblo fue creada en 1995 en virtud de la Ley del Defensor del Pueblo. Es otra medida que contribuye al ejercicio de los derechos a nivel nacional.
Artículo 3
110.La Constitución prohíbe todo tipo de discriminación. El artículo 3 dispone que toda persona podrá disfrutar de los derechos y libertades fundamentales sin distinción de raza, lugar de origen, opiniones políticas, color, creencias o sexo. Estos derechos están sujetos a las limitaciones establecidas por la legislación correspondiente. Los derechos también pueden limitarse por motivo del interés público y para proteger los derechos y las libertades de otros.
111.El Gobierno es consciente de que las mujeres de Botswana no gozan de igualdad con respecto a los hombres ni participan plenamente en todos los aspectos del desarrollo económico, social y cultural del país. Ha hecho un intento por mejorar la condición de la mujer y sigue tratando de lograrlo (para más información al respecto, véase lo referente al artículo 2 más arriba).
112.El Gobierno ha creado un Departamento de Asuntos de la Mujer, en el Ministerio de Trabajo y del Interior. El Departamento tiene por misión abordar las cuestiones relacionadas con la mujer y promover su desarrollo e integración en las actividades económicas, sociales, culturales y políticas. Organizaciones no gubernamentales (ONG) como Emang Basadi, que trabaja en el ámbito de la mujer, colaboran con el Departamento.
113.En 1996, Bostwana se adhirió a la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, que fue traducida al idioma nacional, el setswana. Botswana también va a ratificar el Protocolo Facultativo de la Convención.
114.El Gobierno ha aprobado una Política Nacional sobre la Mujer en el Desarrollo que tiene por objeto lograr la integración efectiva y la promoción de la mujer con el fin de mejorar su condición jurídica y social e incrementar su participación en las decisiones que se adopten y en el proceso de desarrollo.
115.Entre las medidas concretas adoptadas, cabe citar:
La eliminación de todas las prácticas económicas, sociales y jurídicas de discriminación de la mujer;
El mejoramiento de la salud de la mujer;
La promoción de la educación y la capacitación técnicas, y;
La incorporación de la perspectiva de género en la planificación del desarrollo.
116.En 1997, comenzaron a ejecutarse el Programa Marco Nacional sobre Cuestiones de Género y la Estrategia de Promoción y Movilización. El Programa Marco se centra en seis ámbitos de interés fundamental, para cada uno de los cuales establece estrategias, objetivos y medidas concretas con el fin de lograr el cambio social. Todos estos elementos se describen detalladamente en el documento titulado Plan de Acción del Programa Nacional sobre Cuestiones de Género 1999-2003. El Plan de Acción es un conjunto amplio de estrategias y actividades diseñadas para incorporar la igualdad de género en cada uno de los ámbitos de interés fundamental (véase el anexo 4). En 1998, el Departamento de Asuntos de la Mujer encargó un examen de toda la legislación relativa a la condición jurídica y social de la mujer en Botswana. Como resultado de ello, se enmendaron algunas de las leyes que afectan a los derechos de la mujer.
117.Como se señala más arriba, en 1995 fue enmendada la Ley de la nacionalidad para aplicar lo dispuesto por la sentencia pronunciada en la causa Unity Dow c. el Fiscal General. En consecuencia, se eliminó la discriminación por razón de género de la legislación sobre la nacionalidad.
118.En 1996, se enmendó la Ley de registro notarial para que las mujeres, tanto las que estuvieran casadas en sociedad de gananciales como las que no y tanto las que estaban sujetas a la potestad del marido como las que no, pudieran formalizar escrituras y otros documentos sin necesitar de contar con el consentimiento marital. Un marido no puede disponer de bienes inmuebles registrados a su nombre, que forman parte de la sociedad de gananciales, sin el consentimiento de su esposa y viceversa.
119.En diciembre de 2004, tuvo lugar un hito importante cuando el Parlamento aprobó un proyecto de ley por el que se abolía esta estructura de potestad del marido prevista en el common law. La Ley sobre la potestad marital, modificada, establece la igualdad de hombres y mujeres en el matrimonio en sociedad de gananciales y excluye específicamente el matrimonio consuetudinario y el matrimonio religioso.
120.El artículo 5 de la Ley sobre potestad marital dice así: "La abolición de la potestad del marido tiene como objetivo eliminar las limitaciones que esa potestad impone a la capacidad jurídica de la mujer y suprime la posición de jefe de familia del marido conforme al common law".
121.En 1996, se enmendó la Ley de empleo para permitir que las mujeres trabajaran en minas subterráneas y en labores industriales o agrícolas durante el turno de noche.
122.La Ley de procedimiento penal y de pruebas fue enmendada para imponer la obligatoriedad de oír los casos de violación y delitos similares a puerta cerrada. Antes de la enmienda, quedaba a discreción del tribunal tratarlos a puerta cerrada.
123.Se enmendaron los artículos 141 y 142 del Código Penal para introducir cambios importantes: la neutralidad en cuanto al género en relación con el delito de violación y la no limitación de este delito a la penetración fálica. La definición de violación recogida en el artículo 141 del Código Penal abarca la penetración de un órgano genital o de un objeto con fines de gratificación sexual. En pocas palabras, las mujeres también violan.
124.La Ley de procedimiento de filiación se enmendó para:
Aumentar el número de tribunales ante los que pueden elevarse causas;
Elevar la aportación mensual para el mantenimiento de los hijos que debe pagar el padre, previendo situaciones en que no pueda abonar el pago mínimo estipulado de 100 pula (20 dólares de los EE.UU.).
125.Se enmendó la Ley de la función pública para tipificar el acoso sexual como falta de conducta. La orden general que rige la función pública también se ha enmendado para incluir las cuestiones siguientes:
Las funcionarias locales tienen derecho a 84 días civiles de licencia de maternidad con sueldo completo por cada parto;
Cuando las funcionarias se reincorporan, tienen derecho a una hora de lactancia diaria por año.
126.La Ley electoral otorga a las mujeres el derecho a votar en elecciones generales y parciales y a presentarse como candidatas en elecciones parlamentarias. En las últimas elecciones parlamentarias, más de la mitad de los votantes botswana inscritos en los padrones para las elecciones generales de 1999 eran mujeres (el 54,7 %) frente a un 44,3% de varones. El número de mujeres en el Parlamento ha ido aumentando regularmente con el paso de los años. A pesar de este aumento constante, en las últimas elecciones (de octubre de 2004) se produjo un retroceso, puesto que se pasó de las ocho parlamentarias electas en las elecciones de 1999 a seis. Véase el cuadro que figura a continuación.
Cuadro 2
Número de mujeres en el Parlamento
Mandato |
Número de mujeres en el Parlamento |
1965 a 1969 |
0 |
|
1969 a 1974 |
0 |
|
1974 a 1979 |
2 |
|
1979 a 1984 |
2 |
|
1984 a 1989 |
2 |
|
1989 a 1994 |
2 |
|
1994 a 1999 |
4 |
|
1999 a 2004 |
8 |
|
2004 a 2009 |
6 |
De las seis parlamentarias, cinco han sido designadas para formar parte del gabinete ministerial y la sexta es Vicepresidenta del Parlamento.
127.Cabe mencionar otras medidas adoptadas por el Gobierno:
Incorporación de la perspectiva de género en estructuras como partidos políticos, la sociedad civil o instituciones de nivel terciario, y
Ejecución de programas de sensibilización y formación sobre las cuestiones de género como parte de una estrategia amplia de potenciación.
Con el fin de garantizar una incorporación efectiva de la perspectiva de género, el Departamento de Asuntos de la Mujer encargó un estudio de datos desglosados por sexo sobre los cargos de alto nivel y otros puestos de responsabilidad en los sectores público y privado (véase el anexo 5).
128.A pesar de que la Constitución prohíbe el trato discriminatorio o, mejor dicho, la discriminación, de acuerdo con el derecho consuetudinario, las mujeres no poseen capacidad jurídica independiente en el sentido de que, sea cual sea su edad, están sujetas a la tutela de sus padres, hermanos y tíos, cuando están solteras, y de su marido, una vez casadas. Aunque, con el paso del tiempo, se han producido cambios socioeconómicos en la posición de la mujer, las leyes consuetudinarias de algunas tribus reconocen la capacidad jurídica de las mujeres adultas. Habida cuenta de que el derecho consuetudinario no es un derecho escrito, existe cierta ambigüedad en cuanto a la condición jurídica de la mujer.
129.Como se ha indicado, en 1995 se enmendó la Ley de la nacionalidad para aplicar lo dispuesto por la sentencia pronunciada en la causa Unity Dow c. el Fiscal General. Actualmente tanto el padre como la madre pueden transmitir la nacionalidad.
130.El Ministerio de Educación también ha contribuido al logro de la igualdad de hombres y mujeres de la forma siguiente:
Teniendo como punto de mira los objetivos de "Educación para todos", Botswana trata de conseguir que hombres y mujeres tengan igualdad de acceso a la educación. El Gobierno considera la educación un derecho humano fundamental.
El Ministerio de Educación también ha elaborado una política de igualdad de oportunidades para promover la igualdad de oportunidades de todos los alumnos, personal y miembros de la comunidad en aspectos de la vida institucional o profesional, y para velar por que no se discrimine o desfavorezca a nadie por motivo de raza, origen étnico, religión, sexo, discapacidad, edad, etc. Esta política tiene por objeto que un mayor número de mujeres y hombres tengan acceso a la educación.
Se han realizado esfuerzos concretos para que las niñas se interesen por la ciencia, la tecnología y la educación y formación profesionales mediante la organización de ferias de empleo y la difusión de vídeos de orientación profesional, en los que los especialistas que se muestran son mujeres. Dichas medidas han tenido una importancia fundamental para acabar con el mito de que la ciencia y la tecnología son ámbitos propios del hombre.
Se organizan talleres de sensibilización y cursos para maestros, instructores y profesores con el fin de luchar contra la discriminación basada en el género. El resultado ha sido un aumento del número de mujeres matriculadas en los institutos técnicos.
La elaboración del material didáctico y los programas escolares está basada en unos criterios cuyo objetivo es que el lenguaje y los dibujos empleados en el material para la enseñanza/aprendizaje sean neutros en cuanto al género. Las cuestiones relativas al género están presentes y plenamente integradas en los programas de estudios para facilitar su comprensión y conocimiento.
Se está examinando la normativa existente con la finalidad de diseñar una política que permita aumentar la tasa de retención de las niñas en las escuelas para evitar que abandonen los estudios por embarazo. Se trata de ayudarlas a mejorar su calidad de vida ofreciéndoles una mejor educación. Con el examen de la normativa también se pretende estudiar el modo de ayudar a las niñas para que sus resultados académicos no se vean afectados por su condición.
El plan de estudios primarios y secundarios incluye un programa de orientación y asesoramiento para acabar con los estereotipos vigentes sobre la elección de la profesión por niños y niñas.
Artículo 4
131.El artículo 17 1) de la Constitución prevé la declaración del estado de excepción mediante proclamación publicada en el Diario Oficial.
132.Una vez hecha la declaración, a menos que se revoque mediante el estado de excepción quedará sin efecto si la declaración se efectúa cuando el Parlamento está reunido o ha sido convocado para reunirse en un plazo de 7 días, tras la expiración de un plazo de 7 días a contar desde la fecha de publicación de la declaración del estado de excepción, o si se formula en otras circunstancias al término de un plazo de 21 días a contar desde la fecha de su publicación, salvo que, antes de que termine el plazo, sea aprobada por resolución de la Asamblea Nacional respaldada por la mayoría de los votos de los miembros votantes de la Asamblea.
133.Si la declaración es aprobada por resolución de la Asamblea Nacional, el estado de excepción permanecerá en vigor seis meses contados desde la fecha de su aprobación o hasta una fecha anterior que especifique la resolución. La declaración así aprobada puede prorrogarse por una nueva resolución de la Asamblea Nacional, por mayoría de votos, por períodos de no más de seis meses. La Asamblea Nacional puede revocar la declaración del estado de excepción aprobada por resolución en todo momento.
134.En 1999, se declaró el estado de excepción para solucionar irregularidades electorales. Se dictó una orden para que se celebraran elecciones generales. No obstante, se descubrió que más de 67.000 ciudadanos estaban privados del derecho al voto porque sus nombres aparecían en padrones que no habían sido autenticados (que por tanto no eran válidos) y cuya autenticación después de la promulgación de la orden era imposible en virtud del artículo 28 de la Ley electoral, por lo que sólo el Parlamento podía remediar la situación. Ahora bien, como se había disuelto (y no sólo aplazado) el Parlamento, únicamente podía ser convocado con el fin de remediar las irregularidades tras la declaración del estado de excepción. Así pues, se declaró el estado de excepción, el Parlamento se reunió y se enmendó la Ley electoral para que pudieran autenticarse los padrones electorales. Ninguno de los derechos contemplados en el Pacto fue violado y la vida de la nación no se vio amenazada. El estado de excepción duró menos de 24 horas.
135.El artículo 16 de la Constitución dispone la suspensión de la aplicación de los artículos 5, libertad personal, y 15, discriminación, en algunos casos. Sólo puede hacerse en circunstancias razonablemente justificables para hacer frente a situaciones que podrían sobrevenir en el país en caso de guerra o estado de excepción declarado en virtud del artículo 17 de la Constitución. Es importante señalar que las leyes de Botswana no permiten la derogación de los derechos enumerados en el párrafo 2 del artículo 4 del Pacto. La Constitución dispone que, cuando alguien es detenido o privado de su libertad personal, el caso será oído en un tribunal independiente e imparcial establecido por ley. Además, esa persona tendrá derecho a representación jurídica y disfrutará de facilidades razonables para consultar e instruir de su bolsillo a su representante jurídico, que podrá formular exposiciones orales o escritas ante el tribunal. Aunque se reconoce el derecho a representación letrada, el acceso a ésta depende de los recursos disponibles y el Estado no está obligado a proporcionar recursos a quienes no los posean.
136.En todo caso, es importante señalar que Botswana no ha declarado nunca un estado de excepción en los términos que figuran en el artículo 4 del Pacto, es decir, en caso de peligro para la vida de la nación. La Ley de poderes de excepción faculta al Presidente, en su calidad de jefe del órgano ejecutivo, para dictar normas de emergencia cuando se proclama el estado de excepción; especificar a qué se referirán las normas de emergencia; determinar el plazo de aplicación de esas normas y determinar otras cuestiones correlativas o conexas.
137.El artículo 4 de la Ley de poderes de excepción dispone que las normas de emergencia y cualesquiera otras órdenes o normas adoptadas con motivo del estado de excepción tendrán efecto aunque sean incompatibles con lo dispuesto en otras disposiciones. La aplicación de cualesquiera otras disposiciones que sean incompatibles con la normativa quedará en suspenso hasta que se revoque el estado de excepción. Por tanto, la normativa dejará de tener efecto en cuanto se revoque la declaración del estado de excepción.
138.El papel del ejército durante el estado de excepción no se define ni en el artículo 17 ni en el artículo 48 de la Constitución. No obstante, el Presidente, como su Comandante en Jefe, está facultado, en virtud del artículo 48 de la Constitución, para decidir la intervención de las Fuerzas Armadas, con sujeción al control del Parlamento. Así pues, el Parlamento puede controlar, limitar y moderar el uso y el despliegue de las Fuerzas Armadas en cualquier situación, incluido el estado de excepción decretado conforme a lo dispuesto en el artículo 17 de la Constitución.
139.De acuerdo con el artículo 4 de la Ley de las Fuerzas de defensa, las Fuerzas se encargan de la defensa del país y el Presidente podrá decidir ocasionalmente la realización de otras misiones. Los miembros de las Fuerzas están sujetos a una serie de órdenes que disponen cómo y cuándo se puede abrir fuego dependiendo de las circunstancias.
140.El artículo 7 de la Ley de policía dispone que, en tiempo de guerra u otro tipo de emergencia, el Presidente podrá emplear una parte o la totalidad de los efectivos de la Policía en la defensa del país.
Artículo 5
141.Por lo general, Botswana cumple las obligaciones dimanantes de los tratados. Con ese fin, ha procurado interpretar de buena fe los artículos del Pacto, como dicta la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados de 1969, con el fin de lograr los objetivos del Pacto. No obstante, es preciso señalar que ciertos derechos consagrados en el Pacto pueden ser derogados en caso de que se decrete el estado de excepción. Esos derechos se enumeran en los artículos 16 (protección de la libertad personal) y 5 (protección contra la discriminación por motivo de raza, etc.) de la Constitución. Además, la Constitución y el Código Penal de 1964 prevén también la limitación del derecho a la vida. La derogación de este derecho sólo es posible en determinadas circunstancias que se explican en el presente informe en relación con el artículo 6. Las leyes de Botswana no contemplan en ningún caso la limitación injustificada de los derechos humanos.
Artículo 6
142.El artículo 4 de la Constitución consagra el derecho a la vida de todas las personas. En él se explican resumidamente las circunstancias en que se considera razonablemente justificada la denegación de este derecho.
143.En 1997, el Comité de reforma de la Ley parlamentaria elaboró un informe basado en una encuesta pública sobre la pena de muerte, que fue presentado al Parlamento. Las conclusiones del informe demuestran que la opinión pública estaba a favor del mantenimiento de la pena de muerte.
144.El artículo 25 del Código Penal dispone que los tribunales pueden dictar la pena de muerte. El artículo 26 dispone además que no podrá imponerse bajo ninguna circunstancia la pena capital a menores de 18 años o a mujeres embarazadas. El artículo 298 de la Ley de procedimiento penal y de pruebas aborda la cuestión de la pena de muerte en el caso de mujeres embarazadas. Si una mujer es sentenciada a muerte y alega que está embarazada, deberá presentar pruebas de su estado al tribunal. Una vez confirmado el embarazo, la sentencia se reduce a prisión perpetua.
145.De conformidad con el Código Penal, se castigan con la pena capital los delitos de traición (art. 34) y asesinato (art. 203). La muerte es la pena obligatoria, aunque puede imponerse una pena inferior, si concurren circunstancias atenuantes. No existe ningún plan o iniciativa del Gobierno para la abolición de la pena capital.
146.Hay una serie de salvaguardias en vigor que protegen a los acusados de delitos que se castigan con la pena de muerte. El artículo 10 de la Constitución dice que, cuando una persona sea acusada de un delito castigado con esta pena, tendrá derecho a un juicio justo por un tribunal independiente e imparcial, establecido por la ley, dentro de un plazo razonable. Con ello se trata de prevenir la privación arbitraria del derecho a la vida en los casos de delitos punibles con pena de muerte.
147.La Constitución garantiza el derecho a asistencia letrada en causas penales, a expensas del procesado (art. 10 2) d)). La asistencia de oficio a los imputados que carecen de medios se presta únicamente a los acusados de delitos castigados con la pena capital. En esos casos, se presta asistencia pro deo. No obstante, los honorarios que abona el Gobierno son bastante inferiores a los del sector privado. El Secretario del Tribunal Superior ha tratado de resolver el problema decretando que todos los bufetes de abogados se encarguen de defender una de esas causas al año, pero no se ha resuelto el problema de la calidad de la representación de los pobres. Para subsanar el problema, la Universidad de Botswana dirige un centro de asistencia letrada, dotado de escasos recursos, en el que trabajan estudiantes de derecho bajo la supervisión de un profesor. Además, varias ONG tienen algunos programas de asistencia jurídica para los pobres. No obstante, cabe reconocer que algunos de ellos no disponen de muchos fondos.
148.Existe también una normativa para el tratamiento de las personas en el pabellón de la muerte. Su finalidad es proteger a esos presos de todo trato arbitrario. En el artículo 115 de la Ley de prisiones se dispone que "todo preso sentenciado a la pena capital será recluido en un lugar seguro de la prisión, separado de otros presos y bajo la supervisión de un funcionario de prisiones las 24 horas del día".
149.El artículo 59 1) de dicha ley regula las visitas y los exámenes médicos de los presos sentenciados a muerte. Dispone que "el médico, en los días en que le corresponda visitar la prisión, verá a todos los condenados a muerte o en reclusión en régimen de incomunicación y velará por el reconocimiento médico de todos ellos al menos una vez por semana".
150.El artículo 116 1) dispone que "solamente tendrán acceso a los presos sentenciados a muerte el Ministro, un funcionario de prisiones, el médico oficial u otro médico en su lugar, un clérigo u otras personas que fueran autorizadas por el Comisionado..."
"El preso podrá recibir la visita de sus asesores legales y de los parientes o amigos que consintiera ver, con sujeción a las condiciones razonables que el Comisionado imponga".
151.Desde septiembre de 1966 hasta la fecha, se ha ejecutado a 40 presos. De ese total, tres eran mujeres; sólo seis ejecuciones tuvieron lugar después de 2000, la última de ellas en 2003. En Botswana sólo se ha ejecutado a convictos de asesinato. Hay tres presos en el pabellón de la muerte.
152.La pena de muerte es dictada por el Tribunal Superior. El condenado tiene derecho a apelar ante un tribunal más alto, el Tribunal de Apelación. Además, puede apelar al Presidente para que le conmute la pena por otra inferior ejerciendo la prerrogativa del indulto, a instancias del Comité de Asesoramiento sobre la Prerrogativa del Indulto. Así se dispone en los artículos 53 y 54 de la Constitución. A título de ejemplo cabe citar la causa Letlhohonolo Bernard Kobedi c. la apelación 25 de 2001 al Tribunal de Apelación (juicio penal del Tribunal Superior Nº F. 29 de 1997) en la que el demandante fue declarado culpable del asesinato de un agente de policía que investigaba un robo que el demandante había cometido. El Tribunal de Apelación desestimó el recurso de apelación y confirmó la sentencia de muerte del Tribunal Superior. En su fallo, los magistrados dispusieron que se suspendiera la ejecución de la pena de muerte hasta que el apelante ejerciera su derecho a pedir clemencia al Presidente de la República. Ahora bien, el Presidente rechazó la petición y el preso fue ejecutado.
153.En 1975, se conmutó una condena a muerte por prisión perpetua.
154.A mediados de la década de 1970, con el fin de promover el derecho a la vida, el Gobierno aprobó la estrategia de atención primaria de la salud. Gracias a ella, se ha conseguido mejorar considerablemente la salud de la población de Botswana. Su objetivo principal es la promoción de la salud y la prevención y el control de las enfermedades, y, en segundo lugar, la prestación de servicios curativos y de rehabilitación.
155.Con el fin de aumentar la esperanza de vida y promover el derecho a la vida, se han tomado las medidas siguientes para abordar las nuevas necesidades y problemas en materia de salud:
a)Supervisión de la calidad del abastecimiento de agua en pueblos y zonas rurales con la consiguiente reducción del riesgo de enfermedades como el cólera, tifoidea, etc. Estas enfermedades siguen causando la muerte en la región si bien en Botswana no se han producido brotes en los últimos años a consecuencia del abastecimiento de agua potable.
b)Campañas de inmunización contra las principales enfermedades infecciosas. El país ejecuta un buen programa de inmunización. Las enfermedades de la infancia contra las que existen vacunas han dejado de ser una causa principal de mortalidad infantil. No obstante, el país tiene el problema de una grave reaparición de la tuberculosis como resultado de la epidemia del VIH/SIDA. Para combatirlo, se ha puesto en marcha el Programa de Terapia Preventiva con Isoniazida (IPT) para impedir que los pacientes seropositivos que reúnen las condiciones del programa desarrollen la tuberculosis activa, que es la principal causa de mortalidad.
c)Supervisión del crecimiento: se verifica mensualmente el peso de los niños menores de 5 años y, si se presentan casos de malnutrición, se toman medidas oportunas.
d)Atención a la salud maternoinfantil, incluida la planificación de la familia: actualmente hay una iniciativa de maternidad sin riesgo cuya finalidad es promover una maternidad sana y reducir la tasa de mortalidad materna. Otros programas iniciados recientemente son el de prevención de la transmisión del VIH/SIDA de la madre al niño y el de alimentación infantil en situaciones de VIH/SIDA.
e)Prevención y control de las enfermedades endémicas locales: existe un programa de control del paludismo bien establecido y otro sobre enfermedades transmitidas por vectores.
f)Prevención y control de heridas y enfermedades no transmisibles: Botswana, como país en desarrollo, experimenta también un aumento constante de enfermedades no transmisibles como hipertensión, cáncer o diabetes (según las estadísticas de salud). La hipertensión, que es un factor de riesgo de las enfermedades cardiovasculares, es la causa más común de morbilidad y mortalidad. Actualmente, el Ministro de Salud, en colaboración con la Organización Mundial de la Salud (OMS), está realizando un estudio de la hipertensión, la diabetes y la apoplejía entre las personas de más de 50 años de edad. Los resultados de ese estudio servirán para elaborar políticas sanitarias para la atención de las personas de edad que padecen estas enfermedades.
g)Vigilancia de las enfermedades transmisibles: en el departamento correspondiente se ha iniciado un programa de vigilancia y atención de las enfermedades como una importante iniciativa regional para contribuir al control de las enfermedades y responder mejor en caso de epidemias.
Artículo 7
156.Botswana ha ratificado la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, con sujeción a reserva al artículo 1 en la medida en que "tortura" signifique tortura y penas inhumanas o degradantes u otros tratos que prohíbe el artículo 7 de la Constitución de la República de Botswana. Una reserva similar se formuló cuando se ratificó el Pacto en la medida en que "tortura y tratos crueles, inhumanos o degradantes" signifique tortura y penas inhumanas o degradantes u otros tratos que prohíbe el artículo 7 de la Constitución de la República de Botswana.
157.La protección contra la tortura y penas inhumanas está prevista en la Constitución. El artículo 7 1) dice que nadie será sometido a tortura ni a penas inhumanas o degradantes u otros tratos. Se hace una excepción, sin embargo, en el artículo 7 2) de la Constitución al afirmar que nada de lo que figure en las leyes o de lo que se haga por ministerio de la ley se considerará que contradice o contraviene este artículo en la medida en que la ley de que se trate autorice la imposición de un castigo que fuese legal en el país inmediatamente antes de la entrada en vigor de la presente Constitución.
158.En Botswana, la tortura en sí no es un delito, pero delitos como la agresión, intento de asesinato o el homicidio involuntario son elementos de ella. Por tanto, los tribunales se basan en la jurisprudencia.
159.Hay casos en que se ha hablado de tortura. Por ejemplo, en Clover Petrus y otro c. el Estado 1984 BLR 14, los dos acusados fueron condenados en primera instancia por allanamiento de morada y robo. Cada uno fue condenado a tres años de prisión y a castigo corporal, como dispone el artículo 301 3) de la (enmienda de la) Ley de procedimiento penal y de pruebas Nº 21 de 1982. En virtud de esa disposición, el castigo corporal debía consistir en cuatro golpes cada tres meses los años primero y último de la pena a prisión. En la apelación ante el Tribunal Superior y el Tribunal de Apelación, el abogado de los acusados planteó la cuestión de que los castigos corporales eran anticonstitucionales pues contradecían lo dispuesto en el artículo 7 de la Constitución que garantiza la protección contra la tortura o los tratos o penas inhumanos o degradantes. Se afirmó que la imposición repetida y aplazada de un castigo corporal era inhumana y degradante y que por tanto contradecía el artículo 7 1) de la Constitución. El Tribunal ordenó que se suprimieran los golpes de la condena.
160.Aunque la tortura no está definida en las leyes de Botswana, los tribunales prohíben todo tipo de torturas. Además de la Constitución, el artículo 23 1) ii) de la Ley de policía dice así:
"Comete una falta disciplinaria el funcionario de policía que ejerce de manera ilegítima o innecesaria su autoridad, es decir, si un funcionario de policía hace un uso innecesario de la violencia o intimida a un recluso o a otra persona con la que entre en contacto en el desempeño de sus funciones."
Si se declara a un policía culpable de este tipo de conducta, según el grado de violencia o intimidación a que haya llegado, podrá ser expulsado de la policía con arreglo a los artículos 28 y 29 de la ley. Cuando alguien afirme que la policía lo ha sometido a tortura, y el caso se lleve ante los tribunales, se presentarán pruebas que demuestren exactamente de qué se acusa a la policía. Entonces, el tribunal decidirá, sobre la base de las pruebas, si se trata de tortura. El tribunal no está limitado por una definición concreta de tortura.
161.En El Estado c. Thebe y otros 1993 BLR 484, los cinco acusados eran agentes de policía que habían participado en el interrogatorio del occiso, un sospechoso que estaba a su cargo. El occiso había sido esposado por orden del primero de los acusados. El objetivo de esposarlo era conseguir que confesara. El acusado fue agredido y la fuerza utilizada fue brutal y desproporcionada. No hubo ninguna justificación legal para ese uso excesivo de la fuerza. Aunque no era posible saber realmente cuál de los agentes de policía había causado la muerte, estaba claro que la muerte se debió a las lesiones provocadas de forma ilegítima. Por tanto, se consideró a los cinco acusados responsables legales del fallecimiento y fueron condenados por homicidio involuntario. También fueron expulsados del cuerpo de policía.
162.Esto demuestra claramente que la realidad de que existe la tortura se encuentra en los tribunales. Los tribunales están dispuestos a condenar a los policías que se dediquen a actividades equiparables a la tortura de delitos como homicidio involuntario, punibles con una pena máxima de prisión perpetua.
163.El Código Penal no dispone ninguna sanción específica para el delito de tortura, pero las sanciones dependerán de los hechos.
164.Las víctimas pueden presentar una demanda por daños contra el Gobierno en los casos en que se alegue tortura y los casos se examinarán como cualquier otro asunto civil. Corresponde a la víctima la carga de probar que fue torturada.
165.En otros casos se imponen a los autores sanciones disciplinarias, como se ha visto en el caso citado.
166.La ley considera nula toda declaración o confesión obtenida por medio de torturas. El artículo 228 de la Ley de procedimiento penal y de pruebas dice así:
"i)Toda confesión de haber cometido un delito, si se demuestra con pruebas válidas que fue expresada por una persona acusada de haber cometido ese delito (antes o después de su captura y en examen judicial o después de que se haya dictado auto de procesamiento, y por escrito o no), será admisible como prueba contra ella.
Siempre que:
a)Se demuestre que la confesión ha sido expresada libre y voluntariamente por esa persona en plena posesión de sus facultades y sin haber recibido influencias indebidas."
167.Un caso que ilustra que, cuando la confesión se ha obtenido con presiones indebidas al acusado, se considera inadmisible es Twala c. el Estado 1986 BLR 371. En este caso, el apelante y otras cuatro personas fueron acusados de posesión ilícita de una cantidad importante de metacualona (tabletas de mandrax) en contravención de la Ley de estupefacientes adictivos. Al pronunciar sentencia, el presidente del tribunal consideró que no estaba en absoluto claro de qué manera ni en qué momento el apelante había tomado posesión de los estupefacientes. No obstante, afirmó que si el apelante arrojó las tabletas al río solo o en compañía de otros, o con su asistencia, entonces debía entenderse que en aquel momento estaban en su posesión. Por consiguiente, lo condenó. En la apelación ante el Tribunal Superior, el abogado del Estado reconoció que no podía confirmar la condena porque el juez había admitido como prueba una confesión del apelante. Se afirmó que la confesión probatoria en que se basaba el Estado fue admitida indebidamente por el juez ya que había comprobado que la policía había presionado indebidamente al apelante para que confesara. Por tanto, se autorizó la apelación contra la condena.
168.En el artículo 231 4) de la Ley de procedimiento penal y de pruebas se establecen las normas para la admisibilidad de confesiones. Una declaración rendida con arreglo a este artículo no será admisible como prueba contra su autor a menos que haya sido hecha por él de manera libre y voluntaria, en pleno uso de sus facultades y sin haber recibido ninguna influencia indebida.
169.El tratamiento de los detenidos se rige por la Ley de prisiones, especialmente los artículos 64 a 82 que disponen, entre otras cosas, que:
"a)Habrá un funcionario de prisiones de sexo femenino a cargo de toda prisión en que se encuentren presas únicamente mujeres;
b)Se internará a los reclusos y las reclusas en prisiones distintas o en distintas partes de una misma prisión;
c)En caso de enfermedad de un preso, el funcionario encargado podrá ordenar su traslado a un hospital por recomendación de un médico oficial o a su propia discreción en caso de emergencia;
d)Se podrán restringir los movimientos de un preso por medios mecánicos, como esposas, si tiene que ser trasladado a otro lugar y el funcionario a cargo lo considera necesario para que el traslado se lleve a cabo en condiciones de seguridad."
170.Con objeto de que los funcionarios de prisiones comprendan las disposiciones relativas al tratamiento de los reclusos, se envía a todos los nuevos funcionarios a la Escuela para Funcionarios Penitenciarios a tomar un curso de seis meses en que el tratamiento de los detenidos es una de las asignaturas principales.
171.El artículo 111 de la Ley de prisiones dice así:
"i)No se incomunicará a ningún preso ni se reducirá su dieta a menos que el médico oficial, tras examinarlo, certifique que se encuentra en condiciones físicas y mentales adecuadas para someterlo al régimen de incomunicación o para recibir una dieta reducida durante el período indicado. (En virtud del artículo 23 del Reglamento de Prisiones, la celda también tiene que cumplir una serie de requisitos que deberán ser verificados por un médico.)
ii)Ningún preso seguirá sometido al régimen de incomunicación o a una dieta reducida cuando, tras examinarlo, el médico oficial certifique que no se encuentra en condiciones físicas o mentales para seguir sometido a ese tratamiento.
iii)En los casos en que se castigue a un preso con el régimen de incomunicación y una reducción de la dieta, el período en que se aplique esta última no excederá de ningún modo el período de incomunicación impuesto.
iv)No se obligará a ningún preso castigado con régimen de incomunicación o una dieta reducida a realizar ninguna forma de trabajo manual durante el período de incomunicación o dieta reducida."
En el artículo 116 de la ley se dispone que:
"Todo preso sentenciado a la pena capital será recluido en un lugar seguro de la prisión, separado de otros presos y bajo la supervisión de un funcionario de prisiones las 24 horas del día."
173.El artículo 60 prevé la visita y el examen médico de los condenados a muerte. Dice así:
"El médico oficial, cada día que visite la prisión, visitará a todos los condenados a muerte o acusados de un delito que se castigue con esta pena o que se encuentren en régimen de incomunicación y se asegurará de que cada uno de esos reclusos sea examinado por un médico al menos una vez por semana."
174.En el artículo 117 se dispone que:
"Solamente tendrán acceso a los presos sentenciados a muerte el Ministro, un funcionario de prisiones, el médico oficial u otro médico en su lugar, un clérigo u otras personas que fueran autorizadas por el Comisionado…
El preso podrá recibir la visita de sus asesores legales y de los parientes o amigos que consintiera ver, con sujeción a las condiciones razonables que el Comisionado imponga."
175.Los presos condenados a muerte no hacen ningún tipo de trabajo en prisión. Ni siquiera limpian sus celdas. Esas celdas las limpian unos presos seleccionados que cumplen condenas determinadas. Los condenados a muerte no participan en programas de rehabilitación como cursos o formación profesional, por ejemplo, pero los asistentes sociales y capellanes de las prisiones les ofrecen sus servicios.
176.En virtud del artículo 131 de la misma ley, los magistrados, todos los jueces de primera instancia y otras personas que el Ministro, mediante nota publicada en el Diario Oficial, nombre con ese fin serán visitantes oficiales de todas las prisiones. Los visitantes oficiales también podrán ser un comité civil (nombrado por el Ministro) o miembros del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR).
177.Con arreglo al artículo 79 de la ley, se permite que los reclusos mantengan contacto con el mundo exterior. De este modo, el Comisionado puede ordenar que se libere temporalmente a un preso, por el período que especifique, para: a) visitar a un familiar moribundo, o b) asistir al funeral de un familiar. En el apartado l), "familiar" significa el padre, la madre, el esposo, la esposa, el hijo, la hija, el hermano, la hermana o el tutor del preso o la persona que, en circunstancias normales, estaría directamente a cargo del preso.
178.Con arreglo a la ley, normalmente se interroga a los detenidos para obtener información sobre los abusos o torturas a manos del equipo de investigación de la policía. Si se averigua que un detenido ha sido objeto de abusos o malos tratos, se procesa a los autores.
179.Los funcionarios que efectúan visitas periódicas a las prisiones para inspeccionar las condiciones de reclusión también escuchan las quejas de los reclusos. Esta medida sirve para comprobar que se detectan y denuncian los abusos o malos tratos.
180.La Ley de prisiones autoriza el uso razonable de la fuerza contra los presos por funcionarios de prisiones. El artículo 33 1) dispone que:
"Todo funcionario de prisiones puede utilizar contra los presos la fuerza que sea razonablemente necesaria para hacer que obedezcan las órdenes legítimas que se nieguen a obedecer o para mantener la disciplina en la prisión.
Se permite el uso mínimo de la fuerza para evitar fugas y revueltas, así como para salvar vidas."
181.Además, la ley reconoce que a veces la policía necesita utilizar la fuerza de manera razonable para desempeñar sus funciones. El artículo 47 de la Ley de procedimiento penal y de pruebas dispone lo siguiente:
"1)Cuando un agente de la fuerza pública u otra persona autorizada para detener a alguien trate de capturar a una persona, y el delincuente se resista por la fuerza al intento de detenerlo, o trate de huir, el agente o la persona podrá hacer uso de todos los medios necesarios para efectuar la detención.
2)Se considerará que nada de lo que figura en el presente artículo justifica el uso de una fuerza superior a la razonable en las circunstancias particulares en que se empleó o era necesaria para apresar al delincuente."
182.En Makwati c. el Estado (1996 BLR 682), el apelante era miembro del Grupo Especial de Apoyo de la Policía de Botswana. Algunos policías habían sido agredidos durante la noche y, al día siguiente, el apelante y otros fueron a buscar a las personas que habían agredido a sus colegas. El occiso era uno de los sospechosos. El apelante tenía en su poder un AK‑47 y, cuando trató de detener al occiso, éste apartó el arma de fuego y salió huyendo, con lo que el apelante le pegó tres tiros certeros en la espalda con su AK‑47 en modo automático. No se disparó ningún tiro de aviso, era de día y muchos policías rodeaban el patio en que estaba el occiso. El tribunal sostuvo que el apelante había ido mucho más allá de la protección limitada prevista en el artículo 47 de la Ley de procedimiento penal y de pruebas al disparar al occiso con un AK‑47 en modo automático. El apelante fue declarado culpable de homicidio involuntario.
183.Durante el período que abarca el informe se registró un total de siete denuncias de reclusos. En uno de los casos, los funcionarios implicados fueron sometidos a un procedimiento disciplinar administrativo y se redujo un tercio de su sueldo. Los otros dos fueron examinados por la vía de lo penal. En un caso, se procesó a los funcionarios implicado, pero fueron absueltos.
184.La policía investigó tanto el caso Thebe como el caso Makwati, ya citados. Los acusados eran policías. Fueron investigados por otros policías y, sin embargo, en ambos casos los acusados fueron declarados culpables.
185.En virtud de la ley, cuando un detenido preventivo o un sospechoso denuncia que ha sido torturado o maltratado por la policía mientras está a su cargo, el procedimiento normal consiste en que se abre un expediente y se investiga a fondo el asunto. Si al cabo de las averiguaciones se descubre que las alegaciones son ciertas, se somete al funcionario implicado a un proceso penal o a un procedimiento disciplinar administrativo, según la gravedad del asunto.
186.La Ley de educación autoriza el castigo corporal en las escuelas. No obstante, cabe señalar que debe ser un último recurso. Además, la Ley de educación dispone el modo de administrarlo: quién puede administrar el castigo corporal, la forma de hacerlo y la constancia que queda del hecho. Según la ley, sólo el director de la escuela tiene autoridad para administrar el castigo corporal. Un maestro, profesor de un internado, vigilante o padre podrá administrarlo únicamente con la autorización del director de la escuela o del secretario permanente. Además, el castigo debe administrarse en presencia de otro miembro del personal de la escuela en que está matriculado el alumno. Según el reglamento, el castigo corporal debe ser moderado y razonable, y se administrará en la palma de la mano o en las nalgas con un bastón ligero, de no más de un metro de largo ni más de un centímetro de diámetro, y nunca consistirá en más de cinco golpes. Ningún docente de sexo masculino, a excepción del director de la escuela, podrá aplicar el castigo físico a una alumna. Además, todas las escuelas deberán llevar un registro de los castigos corporales en que se anote lo siguiente: a) nombre y apellido del alumno; b) fecha del castigo; c) motivos para el castigo; d) nombre y apellido de la persona que administró el castigo.
187.El registro debe ir firmado por la persona que administró el castigo y por el observador y debe estar a disposición de los inspectores escolares si lo solicitan. Sin embargo, estas normas no se respetan estrictamente en la práctica.
188.Las condiciones y modalidades de la atención psiquiátrica se detallan en el artículo 5 de la Ley de trastornos mentales CAP 63:02, que dice que, para que un paciente sea admitido en un hospital psiquiátrico, debe dirigir una solicitud al comisionado de distrito su esposa, su esposo u otro familiar, o cualquier otra persona que haya cumplido 21 años.
189.Los pacientes internados en instituciones de salud mental pueden clasificarse en dos categorías:
a)Aquellos internados en virtud de la Ley de trastornos mentales como pacientes civiles; y
b)Aquellos internados en virtud de la Ley de procedimiento penal y de pruebas como delincuentes con trastornos mentales.
190.Los trabajadores sanitarios detienen a los pacientes con arreglo a lo dispuesto en la Ley de trastornos mentales si:
a)Son propensos al suicidio o al homicidio, o de algún modo constituyen un peligro para sí mismos o para los demás;
b)Han cometido o tratado de cometer un delito grave;
c)Son incapaces de protegerse a sí mismos de peligros físicos comunes o de cuidarse a sí mismos;
d)Requieren una atención médica especializada o necesitan asistencia.
No se detiene a nadie en una institución ni en ningún otro lugar simplemente porque padece un trastorno o deficiencia mental, salvo en virtud de estas leyes.
191.Existe una Junta de Salud Mental formada por iniciativa del Presidente como medio externo para prevenir el abuso de los pacientes. La Junta visita las instituciones cada seis meses, y, en cada visita, sus miembros examinan a todos los pacientes e inspeccionan todas las salas, la cocina y los lugares en que los pacientes suelen realizar actividades, que en este caso es el Departamento de Terapia Ocupacional. La Junta informa de los resultados de sus visitas e inspecciones al Director de Servicios Sanitarios. El Ministro puede pedir a la Junta que haga sugerencias y observaciones, así como recomendaciones, sobre el bienestar de los pacientes al Director.
192.La ley también exige que el superintendente médico de la institución presente un informe anual al Director de Servicios Sanitarios sobre el estado físico y mental de los pacientes detenidos.
193.La Junta investiga las quejas de los pacientes. En este sentido, el Hospital Psiquiátrico de Lobatse ha registrado diez quejas oficiales en los últimos diez años que fueron tramitadas por la dirección del propio hospital o por el Ministerio de Sanidad. Una de ellas llegó hasta la Defensoría del Pueblo, que la resolvió. Cabe señalar que el Centro de Derechos Humanos de Botswana (Ditswhanelo) también defiende a los pacientes.
194.Los pacientes cuentan con los servicios de un curator bonis. Se trata de un mecanismo que se utiliza para la protección de los bienes del paciente. El comisionado de distrito, tras la emisión de una orden de recibo, nombra un administrador para que vele sobre los bienes del paciente e impida que le sean enajenados.
195.También está la cuestión de las pruebas clínicas. Estas pruebas se contemplan brevemente en el artículo 18 de la Ley de estupefacientes y sustancias conexas Nº 18 de 1992. En ese artículo se definen las pruebas clínicas de fármacos como estudios que se realizan en seres humanos o animales con el objeto de obtener sistemáticamente información nueva o verificar la que ya se posee sobre su eficacia y sus efectos secundarios, así como estudios sobre su absorción, metabolismo o secreción en el cuerpo humano o el animal.
196.En el artículo 18 2) se ordena que toda persona que desee hacer una prueba clínica de fármacos firme una solicitud dirigida al Director de Servicios Sanitarios y, si éste la autoriza, expedirá por escrito autorización, con las instrucciones o condiciones que él desee especificar, para que el solicitante efectúe la prueba.
197.En el párrafo 3 se trata específicamente la cuestión de la protección de sujetos humanos al especificar que para garantizar la protección del público en general contra todo riesgo o efectos adversos de la prueba clínica de todo fármaco, el Director vigilará la prueba de principio a fin para comprobar que todas las condiciones o instrucciones generales y específicas a las que se ha condicionado la autorización de la prueba están siendo estrictamente observadas por la persona que efectúa la prueba, y que a todos los efectos la prueba logrará sus objetivos.
198.También está prevista la terminación o suspensión de las pruebas por el Director. Esto se señala específicamente en el artículo 18 4), en que se afirma que, si en cualquier fase de la prueba clínica de un fármaco, el Director está convencido de que, teniendo debidamente en cuenta los riesgos iniciales, las incomodidades u otros efectos negativos para las personas que participan en la prueba, en función del interés público se debe terminar o suspender la prueba inmediatamente, podrá hacerlo, notificando por escrito a la persona que la efectúa, quien inmediatamente cumplirá lo señalado.
199.El artículo 18 5) dispone que, cuando se va a hacer una prueba clínica en un hospital o en otro establecimiento médico, la solicitud deberá llevar la firma del superintendente médico o de un responsable médico de rango comparable del hospital o establecimiento médico. La referencia a las pruebas clínicas en la ley es bastante limitada porque en el momento que se promulgó se llevaban a cabo muy pocas pruebas clínicas en el marco de investigaciones en materia de salud en el país. Con la prevalencia del VIH/SIDA y la presencia de diversas instituciones de investigación en el país, han aumentado considerablemente la calidad y la complejidad de las investigaciones clínicas y operativas que se llevan a cabo.
200.El Ministerio de Salud ha creado un Comité de Investigación y Desarrollo Sanitarios que se encarga de aprobar las investigaciones y hace las veces junta de supervisión ética. El Comité de Investigación y Desarrollo Sanitarios suscribe los "Principios de Belmont" o principios básicos para la investigación referentes al respeto a las personas, la beneficencia y la justicia. Antes de autorizar investigaciones, especialmente con fármacos y seres humanos, han de presentarse protocolos de investigación detallados. Se presta una atención especial al respeto de la autonomía de los participantes y la libertad de abandonar en todo momento la investigación. Es necesario el consentimiento escrito fundado de las personas para participar en pruebas clínicas.
201.No obstante, se acepta que existe la necesidad de una documentación mejor y más amplia de las políticas y las normas que rigen la investigación, la regulación de la investigación y la promulgación de una legislación más general que abarque este importante ámbito en expansión. A menudo, las organizaciones investigadoras que operan en el país tienen asociados exteriores que colaboran en las investigaciones de los investigadores o instituciones de Botswana. En la medida de lo posible, se respetan las normas internacionales sobre la colaboración en investigaciones, por ejemplo, la junta de supervisión ética del país de origen de los investigadores o instituciones colaboradores también debe autorizar la investigación. Además, se debe garantizar que la investigación no expone a los pacientes a unas exigencias menos elevadas que las normales en el país que trata de resolver cuestiones concretas por medio de ella.
Artículo 8
202.La Constitución dispone específicamente la protección contra la esclavitud y el trabajo forzoso. En su artículo 6 dice lo siguiente:
"No se mantendrá a ninguna persona en situación de esclavitud o servidumbre.
No se obligará a nadie a realizar trabajos forzosos.
A efectos del presente artículo, la expresión "trabajo forzoso" no incluye:
a)Ningún trabajo que se exija como consecuencia de una decisión u orden de un tribunal;
b)El trabajo que se exija a las personas que se encuentren legalmente detenidas y que, aunque no se exija como consecuencia de una decisión u orden de un tribunal, sea razonablemente necesario en interés de la higiene o para el mantenimiento del lugar en que se encuentran detenidas;
c)Todo trabajo que se exija a un miembro de una fuerza disciplinada en el desempeño de sus funciones como tal o, en el caso de una persona que tenga una objeción de conciencia al servicio como miembro de las fuerzas armadas de tierra, mar o aire, todo trabajo que se le exija por ley como servicio sustitutorio;
d)Todo trabajo que se exija durante un período de excepción o en caso de cualquier otra emergencia o catástrofe que amenace la vida y el bienestar de la comunidad, en la medida en que se justifique razonablemente exigirlo en las circunstancias de una situación que se plantee o exista durante ese período o a consecuencia de esa otra emergencia o catástrofe, a efectos de solucionar la situación; o
e)Todo trabajo que se exija razonablemente como parte de las obligaciones cívicas razonables y normales u otras obligaciones comunitarias."
203.Además, en el artículo 256 del Código Penal se dispone que quien secuestre o rapte a otra persona para someterla, o exponerla a ser sometida, a un daño grave, a la esclavitud o a los deseos antinaturales de terceros, o que sepa que es probable que sea sometida o expuesta a estos perjuicios, será culpable de un delito punible con una pena máxima de diez años de prisión.
204.En el artículo 260 del Código se afirma que quien detenga a otra persona en calidad de esclava contra su voluntad será culpable de un delito punible con una pena máxima de cinco años de prisión.
205.Además, en el artículo 261 se afirma que quien compre, venda o disponga de otra persona como esclava, o que trafique o trate con esclavos, será culpable de un delito punible con una pena máxima de siete años de prisión.
206.En el artículo 262 se afirma que quien obligue ilegítimamente a otra persona a trabajar contra su voluntad será culpable de un delito. No obstante, las disposiciones relativas a la esclavitud y al trabajo forzoso se exponen en términos generales y no se refieren específicamente a los niños, por ejemplo, al trabajo infantil.
207.Botswana no tiene ninguna ley que autorice el servicio militar obligatorio. Ni en la práctica se han registrado casos de este tipo. La legislación tampoco aborda el tráfico de estupefacientes.
208.Está claro que la ley, en especial el artículo 6 2) de la Constitución, prohíbe el trabajo forzado. No obstante, hay algunas excepciones en la Ley de prisiones, por ejemplo en el artículo 9 1), que dice que el trabajo en prisión no será excesivo:
"i)Se proporcionará suficiente trabajo que permita mantener ocupados durante la jornada laboral a todos los presos que tengan que estar empleados activamente;
ii)En la medida en que sea viable, el trabajo que se proporcione mantendrá o incrementará la capacidad del preso para ganarse la vida honradamente después de su puesta en libertad;
iii)Dentro de las limitaciones normales de la disciplina, se tendrán en cuenta los deseos del preso al decidir el tipo de trabajo que se le asigna;
iv)A fin de preparar al preso para las condiciones de un empleo normal, la organización y los métodos de trabajo se asemejarán, en la medida de lo razonable, a los de un trabajo similar fuera de la prisión.
A todos los condenados se les asignará, dentro o fuera del recinto de la prisión, el empleo que ordene el Comisionado.
El médico oficial, tras examinar al preso, podrá ordenar por razones médicas que se le exima de ese empleo por el tiempo que especifique."
209.En el artículo 94 1) de la Ley de prisiones se dispone el empleo de reclusos fuera de la prisión por empleadores distintos de las autoridades públicas. El párrafo 3 va más allá al decir que el recluso empleado en virtud del presente artículo será remunerado con arreglo al plan de remuneración que haya instituido el Comisionado en la prisión. La legislación no impone trabajos forzados como castigo.
210.En el artículo 96 de la ley se afirma que, pese a las demás disposiciones de esta ley o de cualquier otra ley, el delincuente que haya sido condenado por un tribunal a una pena de no más de seis meses de prisión (bien por una sola condena o bien por varias condenas concurrentes o consecutivas) o que haya sido condenado por un tribunal por impago de una multa no superior a 400 pula (80 dólares) podrá, por orden del tribunal y con el consentimiento del delincuente, ser empleado bajo el control y supervisión inmediatos de una autoridad pública en obras o servicios públicos fuera de la prisión.
211.Según el artículo 97 de la ley, también puede dictar esta orden el Comisionado de Asuntos Penitenciarios o un visitante oficial, siempre con el consentimiento del delincuente.
212.Las condiciones del trabajo fuera de prisión se exponen en el artículo 99, que dice lo así:
1.La autoridad pública bajo cuyo control y supervisión inmediatos esté empleado el delincuente en virtud de lo dispuesto en esta parte de la ley tendrá que:
a)Determinar el número de horas diarias de trabajo del delincuente;
b)Siempre que no se exijan a ningún delincuente más de ocho horas diarias de trabajo;
c)La cláusula de interpretación de la Ley de empleo define el trabajo forzado como todo trabajo que se exija a una persona bajo amenaza de un castigo y que no se haya ejecutado voluntariamente.
213.El trabajo forzoso también está prohibido específicamente en la Ley de empleo. El artículo 71 de esta ley dispone que toda persona que obtenga o imponga el trabajo forzoso, o que provoque o permita que se obtenga o imponga el trabajo forzoso, en su beneficio o en beneficio de terceros será culpable de un delito punible con una multa de hasta 2.000 pula (400 dólares) o con una pena máxima de 18 meses de prisión o ambas cosas.
214.En el artículo 72 se dispone además que todo funcionario público que obligue a las personas a su cargo, individual o colectivamente, a trabajar para un particular, una empresa o una asociación será culpable de un delito punible con una multa de hasta 2.000 pula (400 dólares) o con una pena máxima de 18 meses de prisión o ambas cosas.
215.Los tribunales no dictan órdenes de trabajo o servicio a personas detenidas. El único trabajo o servicio que pueden hacer es el trabajo diario normal que realizan los presos y que incluye costura, carpintería, tapicería, etc. Generalmente, se trata del tipo de trabajo que sirve de capacitación a los presos. Además, no se impone ningún tipo de trabajo o servicio a las personas en libertad condicional.
216.El artículo 149 del Código Penal, junto con su enmienda de 1998, prohíbe que se consiga a ninguna persona para la prostitución en Botswana o en cualquier otro lugar. Los artículos 155 y 156 del Código Penal también disponen que toda persona que a sabiendas viva, en todo o en parte, de las ganancias de la prostitución y toda mujer que ayude, instigue u obligue a prostituirse a otra mujer por dinero comete un delito.
Artículo 9
217.La Constitución dispone, en el artículo 5 1), que no se prive a nadie de su libertad personal, es decir, no se podrá detener o retener a nadie a menos que lo autorice la ley en los casos siguientes:
a)En ejecución de la sentencia u orden de un tribunal, establecido para Botswana o algún otro país, por un delito penal por el que haya sido condenado;
b)En ejecución de la orden del tribunal de constancia que lo castiga por desacato a este u otro tribunal;
c)En ejecución de la orden de un tribunal dictada para garantizar el cumplimiento de una obligación que le impone la ley;
d)Para que comparezca ante un tribunal en ejecución de una orden judicial;
e)Por sospechas razonables de que ha cometido, o va a cometer, un delito penal con arreglo a la legislación en vigor en Botswana;
f)Por orden de un tribunal o con el consentimiento de uno de sus padres o de su tutor, para su educación o bienestar durante un período de tiempo previo a la fecha en que cumple 18 años;
g)Para prevenir la propagación de una enfermedad infecciosa o contagiosa;
h)En el caso de quien tenga, o haya sospechas razonables de que tiene, un trastorno mental, adicción a estupefacientes o al alcohol, o sea un vagabundo, con el fin de atenderlo o tratarlo, o de proteger a la comunidad;
i)Con objeto de evitar la entrada ilegal de esa persona en Botswana, o con objeto de llevar a cabo su expulsión, extradición u otra remoción legal de Botswana, o con objeto de restringir los movimientos de esa persona mientras es trasladada de un país a otro a través de Botswana en el transcurso de su extradición o remoción como presa condenada;
j)En la medida en que sea necesario en la ejecución de una orden legítima que exija a esa persona permanecer en una zona especificada dentro de Botswana o que le prohíba entrar en esa zona, o en la medida en que se justifique razonablemente para el inicio de un procedimiento contra esa persona para dictar una orden de este tipo, o en la medida en que se justifique razonablemente para restringir los movimientos de esa persona durante las visitas que se le autoricen a cualquier parte de Botswana en la que, como consecuencia de dicha orden, su presencia sería de otro modo ilegítima; o
k)Para garantizar la seguridad de aeronaves en vuelo.
218.En el párrafo subsiguiente se dispone que:
i)Se informará a toda persona que sea detenida o retenida lo antes posible, en un idioma que comprenda, de los motivos para su detención o retención;
ii)Se detendrá o retendrá a las personas
1.Para que comparezcan ante los tribunales en ejecución de una orden judicial; o
2.Por sospechas razonables de que han cometido, o están a punto de cometer, un delito penal en virtud de lo dispuesto en las leyes en vigor en Botswana y, si no son puestas en libertad, comparecerán lo antes posible ante un tribunal; y si toda persona detenida o retenida, como se menciona en el apartado b) de este párrafo, no es sometida a juicio dentro de un plazo razonable, entonces, sin perjuicio de otros procedimientos que se puedan llevar a cabo contra ella, será puesta en libertad sin condiciones o con unas condiciones razonables, especialmente las que sean razonablemente necesarias para garantizar que más adelante se presente ante el tribunal para su procesamiento o para la instrucción previa.
3.Toda persona que sea detenida o retenida ilegalmente por otra tendrá derecho a recibir compensación de ésta.
219.Toda víctima de detención o retención ilegal tiene derecho exigible a recibir compensación, y puede hacerlo efectivo mediante acciones legales, es decir, recurriendo a los tribunales para demandar al Gobierno. Entonces, el tribunal adoptará una decisión sobre la ilegalidad de la detención o retención y, si se confirma, el tribunal ordenará el pago de compensación.
220.En el artículo 10 de la Constitución se dispone que:
1.Si una persona es acusada de un delito penal, entonces, a menos que se retire la acusación, se celebrará un juicio justo dentro de un plazo razonable ante un tribunal independiente e imparcial establecido o reconocido por la ley.
221.No obstante, en la práctica no ha sido así, sobre todo por el gran volumen de casos. Pero los tribunales también son estrictos en cuanto a la idea de un juicio dentro de un plazo razonable, y algunos casos se han desestimado porque había transcurrido el plazo razonable.
222.Un caso que ilustra este problema es El Estado c. Merriweather Seboni 1968-1970 B.L.R. 158 (HC). El acusado fue detenido el 31 de diciembre de 1967. Posteriormente, por diversos factores, entre ellos la ineficiencia administrativa de los órganos del Estado, la orden de procesamiento apenas se dictó en febrero de 1969. Al dictar la segunda orden de enjuiciamiento, el juez, manifestando que actuaba en virtud del artículo 18 3) de la Constitución de Botswana, remitió la cuestión del retraso para procesar al acusado al Tribunal Superior. Éste sostuvo que se produjo un retraso indebido para procesar al acusado y que las deficiencias administrativas que tuvieron como resultado el retraso podrían haberse evitado. Sostuvo asimismo que la detención del acusado y el retraso del procedimiento constituían contravenciones del artículo 10 de la Constitución.
223.La ley prevé que las personas privadas de libertad por retención o detención tienen derecho a comparecer ante un tribunal para que decida sin demora la legalidad de su detención y ordene su puesta en libertad si es ilegal.
224.Cuando se acusa a una persona de haber cometido un delito ante un tribunal de primera instancia, y se la detiene, el artículo 111 1) de la Ley de procedimiento penal y de pruebas dispone que sólo podrá permanecer detenida 15 días, transcurridos los cuales el tribunal puede por iniciativa propia admitir una fianza o ampliar el período de detención preventiva según las circunstancias de cada caso. Por tanto, en Botswana no hay ninguna ley que prevea una detención prolongada sin juicio.
225.En el artículo 36 de la Ley de procedimiento penal y de pruebas se afirma que:
i)Ninguna persona detenida sin una orden podrá ser mantenida bajo custodia por un período superior al que dadas las circunstancias se considere razonable; y dicho período (sujeto a lo dispuesto en el párrafo 2) no se prolongará más de 48 horas a menos que se haya obtenido una orden de prolongación porque se la acusa de un delito, con exclusión del tiempo necesario para el traslado desde el lugar de la detención hasta el tribunal de primera instancia que tenga jurisdicción en el asunto.
ii)A menos que se ponga en libertad a la persona porque no se formula ninguna acusación contra ella, comparecerá lo antes posible ante un tribunal de primera instancia competente una vez formulada la acusación.
El artículo 36 4) prevé el derecho de la persona a ser informada en el momento de la detención de las razones de la misma, pues en él se afirma que si una persona efectúa una detención sin orden, informará inmediatamente al detenido de las razones para la detención.
226.Las personas en espera de juicio tienen derecho a la libertad bajo fianza; sin embargo, esta disposición tiene excepciones como puede comprobarse en el artículo 104, que dice así:
Toda persona en espera de juicio o de una decisión judicial por un delito, a excepción de los delitos de traición o asesinato, podrá ser puesta en libertad bajo fianza a la discreción del juez.
Teniendo en cuenta que:
La negativa del juez a conceder la libertad bajo fianza a una persona en espera de juicio por orden suya no afectará los derechos que le asisten en virtud del artículo 113 (que prevé la apelación ante el Tribunal Superior por denegación de la libertad bajo fianza), y
El juez podrá conceder la libertad bajo fianza a los menores de 18 años que vayan a ser procesados por asesinato.
227.El artículo 16 de la Constitución prevé que la persona privada de libertad puede ponerse en contacto con un abogado. En el párrafo 2 prevé, entre otras cosas, que:
Cuando se detiene a una persona por una autorización del tipo a que se hace referencia en el párrafo 1 de este artículo [es decir, por las medidas para limitar la libertad personal cuando el país está en guerra] se aplicarán las disposiciones siguientes:
[…]
d)Se le concederán los medios razonables para consultar y dar instrucciones, por cuenta propia, a un representante legal y se concederá tanto a la persona como al representante legal la oportunidad de hacer alegatos por escrito o verbalmente, o ambas cosas, ante el tribunal designado para que entienda en su caso.
228.Asimismo, en el artículo 102 1) se prevé que los amigos y asesores legales del acusado tendrán acceso a él, con sujeción a las disposiciones de las leyes o normas relativas a la organización de la prisión.
229.En esos casos, las actuaciones judiciales normalmente se rigen por el common law y la Ley de procedimiento penal y de pruebas.
230.En los asuntos penales, se aplica la Ley de procedimiento penal y de pruebas para regular el modo en que se llevan a cabo las detenciones, los registros y la solicitud de libertad bajo fianza. La ley también abarca la formulación de acusación y los juicios sumarios.
231.En los casos civiles, generalmente las actuaciones se rigen por las normas judiciales tanto en el Tribunal Superior como en los tribunales de primera instancia.
Artículo 10
232.El Reglamento de prisiones de Botswana fue elaborado para garantizar que la protección contra los tratos inhumanos y degradantes se hace extensiva a las personas privadas de libertad.
233.Existen estructuras oficiales que velan por el cumplimiento de las normas internacionales para el tratamiento de reclusos. Se trata de visitantes oficiales y los comités de visita. Los presos pueden presentar denuncias a esos órganos en relación con el trato que reciben, las condiciones de la prisión y asuntos conexos. También pueden presentar denuncias al Comisionado de Asuntos Penitenciarios y al Ministro. Asimismo, se les autoriza a presentar escritos al Ombudsman y las cartas dirigidas a éste no son censuradas como dispone la ley.
234.Hace poco un preso condenado hizo valer su derecho de acceso a un visitante oficial y obtuvo un fallo favorable del Tribunal Superior (véase Kemokgatla c. la Fiscalía General).
235.El artículo 7 1) de la Constitución establece que nadie será sometido a torturas o penas inhumanas o degradantes u otros tratos.
236.El artículo 3 c) del Reglamento de prisiones establece específicamente que uno de los principios que guiarán a los funcionarios de prisiones es que en todo momento el tratamiento de los reclusos condenados ha de fomentar su autoestima y el sentido de la responsabilidad personal, para devolverles el ánimo, inculcarles hábitos de buena ciudadanía y de trabajo, alentarlos a llevar una vida ordenada y de provecho cuando sean puestos en libertad y prepararlos para que lo hagan.
237.El artículo 46 de la Ley de prisiones indica los delitos que pueden cometer los funcionarios de prisiones. Por ejemplo, el apartado 1) y L) del artículo 46 tipifica como delito el uso injustificado de la violencia por un funcionario contra un detenido. Asimismo, los apartados I) y m) del artículo 46 tipifican como delito la utilización ilícita de un arma contra un preso.
238.Los castigos por los delitos previstos en el artículo 46 son discrecionales y comprenden la amonestación, la pérdida de sueldo, la retención o el aplazamiento de los aumentos de sueldo, la pérdida de rango o la separación del servicio. Los castigos están previstos en los artículos 47 y 48 de la Ley de prisiones.
239.Por ejemplo, un caso de agresión contra presos por funcionarios de prisiones fue objeto de un procedimiento disciplinario interno. Los funcionarios implicados fueron declarados culpables y se impuso a cada uno una multa correspondiente a un tercio de su salario mensual.
240.Otros dos casos se resolvieron en los tribunales de primera instancia. Sin embargo, no se determinó la culpabilidad de los funcionarios que, por consiguiente, fueron absueltos y liberados.
241.Generalmente, todos los reclusos reciben el mismo tratamiento de acuerdo con el principio constitucional de igualdad ante la ley.
242.La separación de los presos preventivos de los condenados está prevista en los artículos 4 y 5 del Reglamento de prisiones. El preso preventivo que lo desee puede trabajar y es remunerado con arreglo al plan establecido por el Comisionado de Asuntos Penitenciarios. Los presos preventivos, de ambos sexos, pueden consultar a un médico colegiado de su elección cualquier día de la semana en el horario de trabajo de la prisión (véase el artículo 69), llevar su propia ropa y peinarse a su gusto. Los preventivos no tienen que participar en el trabajo de la prisión. No se limitan las visitas a los preventivos.
243.No obstante, las condiciones de los presos preventivos acusados de delitos que se castigan con la pena capital son distintas. Estos presos son objeto de vigilancia constante y toda su correspondencia es examinada por un funcionario.
244.Recientemente se ha creado un centro para inmigrantes ilegales o personas detenidas por hallarse ilegalmente en el país. Es el único centro del país y tiene capacidad para 504 personas. Los inmigrantes que allí se encuentran tienen derecho a recibir la visita de amigos y parientes sin restricciones. También reciben la visita de los representantes diplomáticos de su país. Antes de la construcción del centro, los inmigrantes o detenidos por estancia ilegal en el país eran encarcelados como inmigrantes detenidos y tenían básicamente los mismos derechos que ahora.
245.En cuanto a la separación de los menores, el país se rige por la Ley de la infancia de 1981 y el Reglamento de prisiones. Todos los presos de menos de 18 años son tratados como menores. Están separados de los presos adultos.
246.El país sólo tiene una prisión de menores con capacidad para 120 niños varones. Dado el aumento del número de menores delincuentes se está construyendo un segundo centro que estará listo en el último trimestre de 2003. Acogerá a los menores delincuentes alojados hasta entonces en un centro en condiciones de hacinamiento. Es cierto que no existe una prisión para niñas, pero únicamente porque no existe un problema de delincuencia entre las ciudadanas menores.
247.Son muy raros los casos de prisión preventiva de menores delincuentes. Cuando ocurren, los asistentes sociales penitenciarios se encargan de que se informe de su detención a los parientes.
248.Los menores delincuentes, según su situación, reciben clases de alfabetización o incluso de enseñanza secundaria. Aprenden agricultura básica y un oficio. Como se indicó en el informe de Botswana al Comité de los Derechos del Niño (CRC/C/51/Add.9), se está construyendo una escuela de enseñanza profesional. En la primera fase, únicamente delincuentes varones estudiarán en la escuela y, en la segunda fase del programa, también estudiarán mujeres. Al igual que en el caso de los presos adultos, asistentes sociales y capellanes orientan a los menores.
249.En los tres últimos años, se ha ayudado a los menores delincuentes para que se matriculen en la escuela, y al salir de prisión han sido enviados a diversas instituciones, universidades y otros centros de estudio. En gran medida, ello depende del progreso de los reclusos en los programas que propone la prisión. Durante la formación en prisión, se explican a los jóvenes planes de desarrollo de la ciudadanía y la manera en que pueden aprovecharlos.
250.Inmediatamente después de su ingreso en prisión, asistentes sociales ayudan a los menores delincuentes a localizar a sus parientes para que cuando sean puestos en libertad ya estén en contacto con ellos. En la medida de lo posible, ningún preso o presa debe cortar los lazos con su familia y comunidad.
251.El artículo 89 de la Ley de prisiones prevé la formación y rehabilitación de los reclusos. En virtud de este artículo, la formación y rehabilitación de los presos que cumplen condena deben estar orientadas a ayudarlos a llevar una vida ordenada y de provecho. Con este fin, hay centros de estudios y enseñanza profesional, se presta particular atención a los analfabetos y se alienta y ayuda a todos los reclusos a mantener relación con personas e instituciones ajenas a la prisión que, a juicio del funcionario competente, mejor promuevan los intereses de la familia del preso y la rehabilitación social de éste.
252.Al 16 de julio de 2003 se había impartido formación y examinado a los reclusos según se indica en el cuadro 3 a continuación.
Cuadro 3
Formación de reclusos
|
Oficio |
Número de reclusos formados |
|
Carpintería |
221 |
|
Tapicería/trabajo en cuero |
204 |
|
Soldadura |
46 |
|
Sastrería |
59 |
|
Alfarería |
16 |
|
Herrería |
6 |
|
Albañilería |
200 |
|
Estudios bíblicos |
300 |
|
Grupos de estudio de la Biblia |
400 |
|
Clases de alfabetización |
700 |
|
Cursos para terminar la enseñanza primaria |
100 |
253.En el período citado, algunos de los que salieron de prisión han tenido éxito y contribuyen a la economía del país. Tres antiguos presos dirigen iglesias, siete tienen sus propios talleres de carpintería y tapicería, tres tienen negocios de soldadura propios y dos dirigen sus propias empresas de construcción.
254.El artículo 57 del Reglamento de prisiones establece que todos los presos condenados deben realizar un trabajo útil acorde con su sexo y su condición física. En prisión no se trabaja los domingos y días festivos, salvo en las tareas de limpieza y la preparación de la comida. Sin embargo, el artículo 62 2) permite que el funcionario competente tome las disposiciones necesarias para que un determinado grupo de presos observe sus propias fiestas religiosas y nacionales.
255.No se autorizan las visitas conyugales. No obstante, los condenados pueden recibir una visita mensual de 20 minutos de amigos o parientes. También pueden escribir y recibir una carta al mes. Se les puede autorizar a recibir visitas especiales (véanse los artículos 38 y 45 del Reglamento de prisiones). Las visitas de sacerdotes y abogados son casi libres. De hecho, se autoriza a los representantes de diversas iglesias a visitar y predicar a los presos, que por su parte no tienen obligación de asistir a las reuniones que organicen las iglesias. Se permite que los reclusos practiquen su religión.
256.Los diplomáticos que residen en Botswana y los que están acreditados en el país pueden visitar a sus compatriotas presos. Los miembros del CICR pueden visitar a los reclusos y su última visita tuvo lugar en septiembre de 2002.
257.Los medios recreativos para los reclusos corren por cuenta del erario. Se trata, por ejemplo, de juegos de cartas, pelotas, ajedrez, juegos de damas o Monopolio. El artículo 37 de la Ley de prisiones permite que todos los presos hagan ejercicio físico.
258.Todos los presos tienen acceso ilimitado a atención médica gratuita (véanse el artículo 56 de la Ley de prisiones y el artículo 11 del Reglamento de prisiones).
259.A pesar de la propagación del VIH/SIDA en Botswana, en las cárceles no están permitidos los preservativos. La segregación de los reclusos impide que hombres y mujeres tengan relaciones íntimas. Por consiguiente, la distribución de preservativos entraría en contradicción con la legislación contra la homosexualidad.
260.En 2000, fue enmendada la Ley de prisiones para autorizar la puesta en libertad de presos gravemente enfermos, especialmente si están desahuciados, para que los atiendan parientes en la casa. Entre 2000 y abril de 2003, fueron liberados con arreglo a esta disposición 85 reclusos.
261.Los artículos 31, 32 y 33 del Reglamento de prisiones establecen que se debe proporcionar a todos los presos vestido y ropa de cama decentes. De hecho, todos los presos preventivos pueden usar su propia ropa.
262.Todos los reclusos reciben alimentos de calidad en cantidad suficiente (véase el artículo 34 del Reglamento de prisiones). Se permite que familiares y amigos aporten alimentos a los presos preventivos.
263.A continuación se enumeran los delitos por los que un preso puede ser sancionado: motín, fuga, agresión a un funcionario de prisiones, toma de rehenes y posesión de armas o agresión. Se considera que éstas son faltas graves en prisión. Las faltas menos graves son desobediencia, haraganería, insultos o amenazas, daños a los bienes de la prisión o posesión de objetos prohibidos (véanse los artículos 104 y 105 de la Ley de prisiones). Todo preso acusado de una falta tiene derecho a defenderse.
264.El castigo impuesto depende de la gravedad de la falta y puede consistir en aislamiento, dieta restringida, retirada de privilegios o castigos corporales en casos extremos (véanse los artículos 108 y 109 de la Ley de prisiones).
265.Según lo dispuesto en el artículo 110 3) y el artículo 52 del Reglamento de prisiones, se puede imponer a los reclusos el régimen de incomunicación. El preso sometido a este régimen sólo recibe la visita de funcionarios de prisiones.
266.Los condenados están separados de los otros reclusos. Sólo el Ministro, un funcionario de prisiones, el médico oficial, un clérigo u otras personas autorizadas por el Comisionado de Asuntos Penitenciarios. Con excepción de los clérigos, las visitas deben desarrollarse en presencia de al menos dos funcionarios.
267.Los presos de esta categoría pueden recurrir ante el Ministro si se consideran perjudicados por una decisión o condición que se les haya impuesto, artículos 115 y 116 de la Ley de prisiones.
268.Las mujeres están detenidas en dependencias totalmente separadas de los presos varones de manera que no tengan comunicación. Están a cargo de una funcionaria de prisiones.
269.En las cárceles de Botswana hay un número ínfimo de reclusas con niños pequeños. Por tanto, cuando sucede, los niños pueden permanecer con su madre hasta la edad de 2 años. Generalmente, las cárceles de mujeres en Botswana no tienen instalaciones especiales para las madres ya que, como por lo general son muy pocas, no se justifica.
270.Se sigue la política de que las madres lactantes no hagan trabajos pesados. La Administración compra leche para bebés y otros artículos de primera necesidad. Los educadores sobre bienestar familiar y los asistentes sociales ayudan a atender y velar por el bienestar de los niños.
Artículo 11
271.La legislación de Botswana no prevé la prisión civil. La Ordenanza Nº 53 del Reglamento del Tribunal Superior establece la prisión por deudas, pero el artículo 23 de la Ley del Tribunal Superior dice que no se dictará orden de prisión civil por impago o incumplimiento de una sentencia, si la persona que vaya a ser encarcelada demuestra al Tribunal que no dispone de bienes o medios suficientes para cumplir total o parcialmente el fallo u orden.
272.En el caso Noor y otros c. Botswana Corporate Bank (1999) l B.L.R. 443, el Botswana Corporate Bank (BCB) logró que se fallase que el acusado debía pagar una suma importante. Posteriormente, el BCB reclamó la prisión civil del acusado. En la vista, una de las cuestiones planteadas fue si la Constitución permitía la prisión civil, es decir, si la prisión civil era contraria a lo dispuesto en los artículos 3 a) y 5 l) c) de la Constitución. El Tribunal concluyó que era posible restringir la libertad individual al ejecutar una orden judicial para lograr el cumplimiento de una obligación impuesta por ley. El Tribunal concluyó que el artículo 5 subrayaba la libertad personal al tiempo que establecía las circunstancias en que podía ser restringida, para proteger el interés público o los derechos y las libertades.
273.Desde la independencia, han ingresado en prisión por deuda 124 personas. Los deudores son encarcelados a instancias de sus acreedores. Son tratados como preventivos en lugar de condenados y permanecen en las mismas celdas que aquéllos. Igual que ellos, no tienen obligación de efectuar trabajos penitenciarios. También tienen derecho a un número ilimitado de visitas de parientes y amigos.
Artículo 12
274.La Constitución establece en el artículo 14 l) que todas las personas tienen derecho a la libertad de circulación y, a efectos de ese artículo, eso significa el derecho a circular libremente en todo Botswana, a residir en cualquier lugar de Botswana, a entrar en Botswana y a inmunidad frente a la expulsión de Botswana. No se considerará que la restricción de la libertad de circulación de una persona derivada de su detención legal es contraria a este artículo o lo vulnera.
275.Al ratificar el Pacto, el Gobierno formuló reservas al párrafo 3 el artículo 12: "en la medida en que las disposiciones sean compatibles con el artículo 14 de la Constitución del Gobierno de Botswana relativo a la imposición de restricciones razonables necesarias en determinadas situaciones de excepción".
Reubicación de residentes de la Reserva Cinegética de Kalahari Central (RCKC)
276.Hace poco, la Administración ha reubicado a parte de la población de la Reserva Cinegética de Kalahari Central, en su mayoría de origen basarwa.
277.La RCKC fue creada en 1961 en virtud de una orden del Alto Comisionado que fue sustituida por la Ley de conservación de la naturaleza y de parques nacionales de 1992. Entonces vivían en la zona alrededor de 3.000 personas, en su mayoría basarwa. Sus asentamientos constituían pequeñas comunidades plurilingües y pluriétnicas. Los residentes de la reserva, que vivían principalmente de la caza y la recolección, fueron autorizados entonces a asentarse en ella. Sus actividades de caza y su modo de vida estaban acordes con la conservación de los recursos de flora y fauna silvestres de la reserva cinegética.
278.La RCKC fue creada con miras a proteger los recursos de fauna y flora silvestres y a destinar suficientes tierras al uso tradicional de las comunidades cazadoras recolectoras.
279.Con el tiempo, los habitantes de la reserva fueron abandonando su modo de vida tradicional de cazadores recolectores y se asentaron de manera permanente o semipermanente en torno o cerca de las fuentes de agua proporcionadas por el Estado para mitigar los efectos de las sequías recurrentes. Así pues, en 1985 el Gobierno nombró una misión de estudio para que investigara la situación en la RCKC con objeto de obtener información que facilitase la toma de decisiones por una parte en materia de protección del medio ambiente y de conservación de la fauna y flora silvestres y, por otra, en materia de desarrollo socioeconómico de las comunidades. Las conclusiones fueron las siguientes.
280.Las localidades de la reserva se estaban convirtiendo rápidamente en comunidades agrícolas permanentes.
281.Los residentes de la reserva casi habían abandonado su modo tradicional de caza a pie con arco y flecha por el uso de armas de fuego, caballos y vehículos todoterreno.
282.Los residentes también hacían pastar cada vez más ganado dentro de la reserva.
283.En consecuencia, en 1986 el Gobierno decidió que:
a)Los límites y el estatuto de la RCKC debían mantenerse iguales que en el momento de la decisión;
b)Se debía congelar el desarrollo social y económico del antiguo Xade y demás asentamientos de la reserva ya que no presentaban perspectivas de viabilidad económica;
c)Se debían encontrar sitios viables para el desarrollo económico y social fuera de la reserva y se debía alentar a los residentes de ésta, sin forzarlos, a trasladarse a esos lugares; y
d)El Ministerio de Administración Local y Territorio debía aconsejar al Gobierno sobre los incentivos necesarios para alentar a los residentes de la reserva a trasladarse.
284.El reasentamiento era necesario principalmente por las razones siguientes:
a)La Política Nacional de Asentamientos de Botswana establece las directrices para el desarrollo de asentamientos grandes y pequeños en el país y para la prestación de servicios a éstos;
b)El objetivo principal de los parques y las reservas cinegéticas es conservar el patrimonio silvestre, pero se vio que los residentes de la RCKC se dedicaban a la caza, la agricultura de cultivo y pastoreo, y a otras actividades comerciales que eran incompatibles con el objetivo perseguido (es decir, la conservación de la fauna y la flora); y
c)Dado el exiguo número de residentes de las comunidades, económicamente al Gobierno le era imposible seguir prestando servicios básicos en las zonas comprendidas en la reserva.
285.Antes de cada traslado, se celebraba una serie de consultas, ya desde 1985, con todos los interesados, entre ellos los habitantes de todos los asentamientos de la reserva cinegética, las ONG y demás partes interesadas, lo que convenció a muchos habitantes de trasladarse. Se ha pagado la indemnización correspondiente a las familias que se mudan y la Administración las ayuda a mudarse.
286.El traslado comenzó en 1997 cuando 1.739 personas se instalaron en los nuevos asentamientos de New Xade y Kaudwane. En total se instalaron en New Xade 1.239 personas y en Kaudwane 500 personas. Tras celebrar nuevas consultas, otro grupo acordó trasladarse en 2001. Según el censo de población y vivienda, en la RCKC quedaban 689 personas; entre febrero y junio de 2002, 348 se trasladaron a G'Kgoisanekeni y 179 a Kaudwane en los distritos de Gantsi y Kweneng, respectivamente. Oficialmente, tras la operación de reasentamiento finalizada en junio de 2002 todavía faltaban por trasladarse 17 personas.
287.El reasentamiento ha suscitado inquietud dentro y fuera del país y quienes lo denuncian sostienen que en la política de integración de los basarwa en los planes de desarrollo nacional no se tiene en cuenta su dinámica cultural, lo que ha valido frecuentes críticas al Gobierno.
288.Los basarwa tienen su propia opinión de la operación de reasentamiento. En primer lugar, rechazan la afirmación de que están agotando las poblaciones de fauna y flora silvestres. Sostienen que han vivido miles de años sin problema con los animales. Creen que realmente es posible coexistir de manera responsable con los animales y gestionar las actuales zonas protegidas. En segundo lugar, aducen que se trasladaron fuera de la reserva por el miedo producido por las prácticas intimidatorias de las autoridades. En tercer lugar, aducen que no fueron consultados antes de reasentarlos. Por último, afirman que el desarrollo querido por el Gobierno no requiere que dejen sus tierras ancestrales (la RCKC).
289.Algunos basarwa de la reserva desde entonces han demandado al Gobierno de Botswana por la decisión de reasentarlos y la supresión de los servicios básicos en la reserva cinegética. El procedimiento está en curso.
290.Algunos grupos de derechos humanos como Ditshwanelo opinan que el Gobierno se equivocó al reasentar a los residentes de la RCKC. A su parecer, el Gobierno siempre ha mantenido que uno de los motivos para sacar a los residentes de la reserva cinegética es fomentar su desarrollo.
291.Al explicar su postura acerca de la cuestión de la reserva, Ditshwanelo ha afirmado que la supresión de los servicios públicos en la RCKC a partir del 31 de enero de 2002 era ilegal. El Centro expresó su opinión como sigue:
"Ditshwanelo cree que la decisión del Gobierno de interrumpir la prestación de los servicios básicos e indispensables a los residentes de la reserva cinegética es injusta e ilegal. Creemos que fue un intento deliberado por parte del Gobierno de obligar a los residentes a salir de la reserva. Se produjo en el momento en que el equipo de negociación y el Gobierno de Botswana estaban tratando, de buena fe, del uso ambientalmente sostenible de la reserva por las comunidades en su interior."
292.El equipo de negociadores estaba constituido por residentes y las siguientes ONG: First People of the Kalahari (FPK), el Working Group for Indigenous Minorities in Southern Africa (WIMSA), el Consejo de las Iglesias de Botswana (BCC) y Ditshwanelo.
293.Ditshwanelo sigue pidiendo al Gobierno que se esfuerce por entablar un proceso de negociación constructivo con el equipo de negociadores. Ditshwanelo pidió la vuelta a la mesa de negociación en mayo de 2002 en su declaración ante la Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos en su 31º período de sesiones; en agosto de 2002 en su informe alternativo al Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial; en diciembre de 2003 en su declaración en el 34º período de sesiones de la Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos; en marzo de 2004 bajo el patrocinio de BOCONGO sobre los basarwa; en mayo de 2004 en su exposición ante la asamblea mundial CIVICUS y en todos los comunicados de prensa. Esto responde a la convicción de Ditshwanelo de que, para ser efectivo, el desarrollo debe estar centrado en las personas lo cual implica centrar en ellas los procesos de reconocimiento de los aspectos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales de su existencia. Es una alternativa al actual planteamiento oficial del desarrollo. El desarrollo no ha de consistir únicamente en la construcción de carreteras, dispensarios y escuelas.
294.A pesar de estas críticas el reasentamiento de los basarwa ha resultado en la prestación de más servicios a sus comunidades. Hay que señalar que el Gobierno de Botswana ha prestado servicios sociales básicos como la educación, atención de salud, vivienda y agua pura que antes no existían. Los basarwa además siguen gozando de derechos de caza especiales y se les alienta a mantener sus prácticas culturales singulares como la pintura, la medicina tradicional, el rastreo, la música y la danza.
295.Algunos basarwa han solicitado ante los tribunales autorización para volver a vivir en la RCKC, recurriendo de la decisión oficial de trasladarlos. El procedimiento sigue su curso.
Artículo 13
296.La Constitución de Botswana garantiza a todas las personas, sin distinción de origen, que residen en el país los derechos reconocidos en el Pacto (véase el artículo 2 en el presente informe). No obstante, hay disposiciones que permiten expulsar a los extranjeros por distintos motivos, como la condena por un delito punible con pena de prisión o por motivos de seguridad nacional. La expulsión de los extranjeros se efectúa de conformidad con el artículo 25 de la Ley de inmigración.
297.La facultad de expulsar extranjeros de Botswana pertenece a los funcionarios de inmigración. Existe la posibilidad de apelar ante el tribunal de primera instancia más cercano. Los extranjeros expulsados, si lo desean, también pueden pedir clemencia al Ministro o al Presidente.
298.El incumplimiento por el extranjero de la orden de salir del territorio en el plazo establecido conllevará su remoción por un funcionario de inmigración o de policía.
299.El artículo 25 l) de la Ley de inmigración establece que el Presidente puede dictar orden de deportación si el extranjero es condenado por un delito punible con pena de prisión y el tribunal recomienda que se dicte orden de deportación o si el Presidente considera que redundaría en el interés público.
300.El artículo 25 4) establece que la orden de deportación puede ser dictada por el Presidente, que dispondrá que sea notificada al interesado e indicará en la orden el plazo de ejecución una vez hecha la notificación.
301.El artículo 25 5) establece que si el plazo expira sin que el extranjero se haya ido, será expulsado de Botswana por un funcionario de inmigración.
302.Los inmigrantes ilegales generalmente son detenidos por la policía y otros agentes del orden. Los detenidos son mantenidos bajo custodia antes de ser trasladados al recién construido centro para inmigrantes ilegales. Es el único centro de estas características del país y se encuentra en el norte del país. Los inmigrantes ilegales quedan inscritos en el centro y se anuncia su deportación a su país de origen antes de que tenga lugar.
Artículo 14
303.El artículo 3 a) de la Constitución concede protección jurídica a todas las personas en Botswana. Esta protección fue interpretada como igualdad ante la ley en el caso Unity Dow c. el Fiscal General.
304.El artículo 10 l) garantiza a toda persona acusada de un delito que, a menos que se retiren los cargos, su caso será objeto de una vista justa en un plazo razonable ante un tribunal independiente e imparcial.
305.Al amparar el derecho a un juicio justo, los tribunales se adhieren al principio de que "no sólo se ha de hacer justicia, sino que se debe mostrar que se hace justicia". Con este principio se pretende excluir la posibilidad de parcialidad de los jueces.
306.En el caso Ali Khan c. el Estado, 1968-70 BLR 4, el apelante fue declarado culpable de entrar ilegalmente en la reserva cinegética de Kalahari central, contraviniendo lo dispuesto en el artículo 2 del Reglamento de 1968 de la RCKC (control del ingreso). El Comisionado de Distrito tenía la responsabilidad administrativa de hacer cumplir la proclamación de la fauna. Además fue el funcionario judicial que condenó al apelante. El fundamento de la apelación era que el juez de primera instancia era el Comisionado de Distrito de Ghanzi que estaba encargado de aplicar la ley presuntamente vulnerada por el apelante. En la apelación se afirmó que la cuestión no era si existían pruebas reales de parcialidad, sino si basándose en los hechos podía existir la posibilidad de parcialidad.
307.Ahora bien, en realidad la tramitación de los casos se ha visto dificultada por problemas como la escasez de fiscales.
308.El artículo 95 de la Constitución establece que, habrá un Tribunal Superior con jurisdicción original ilimitada. Los magistrados del Tribunal Superior son nombrados por el Presidente con el asesoramiento de la Comisión del Poder Judicial. La Comisión está compuesta por personas independientes que no pertenecen al ejecutivo, con la excepción del Fiscal General. Los miembros de la Comisión son el Presidente del Tribunal de Apelación, el Presidente del Tribunal Superior, una persona designada por el Colegio de Abogados, un representante de la comunidad y el Fiscal General.
309.La edad de jubilación de los jueces está establecida en el artículo 97 l) de la Constitución. El artículo 97 2) establece que los magistrados del Tribunal Superior sólo podrán ser separados del cargo por falta grave e incapacidad de cumplir los deberes judiciales.
310.El artículo 97 3) establece que, si el Presidente considera que se debe estudiar la destitución de un magistrado del Tribunal Superior en virtud de este artículo, designará un tribunal compuesto de al menos tres personas para que investigue el asunto, comunique los hechos y asesore al Presidente en el asunto.
311.El artículo 99 de la Constitución establece un Tribunal de Apelación que es un tribunal facultado para guardar constancia de los autos. Está compuesto por el Presidente del Tribunal de Apelación, varios jueces de apelación, el Presidente del Tribunal Superior y otros magistrados del Tribunal Superior.
312.Se nombra a los magistrados del Tribunal de Apelación de un modo similar de los del Tribunal Superior, su titularidad también es análoga.
313.Hay tribunales de primera instancia, subordinados al Tribunal Superior, que están presididos por jueces. Su jurisdicción incluye las causas civiles, cuya cuantía depende de la antigüedad del presidente de cada tribunal (véase la parte IV de la Ley de los tribunales de primera instancia).
314.Con el asesoramiento de la Comisión Judicial, el Presidente dispone el nombramiento y el grado de los jueces de primera instancia.
315.Cada zona tribal dispone de un tribunal consuetudinario. La autoridad de estos tribunales dimana de la Ley Nº 57 de tribunales consuetudinarios de 1968. El common law y la Ley de derecho consuetudinario establecen normas que ayudan a los tribunales a decidir si es aplicable el derecho consuetudinario o el common law. Los tribunales tratan diversos aspectos del derecho civil o penal.
316.Su jurisdicción en materia penal es limitada, lo que les impide tratar asuntos como la traición, la bigamia, la corrupción, la extralimitación, la violación, el robo y otros delitos graves. Además, no entienden asuntos como la disolución de matrimonio civil, la sucesión testada o la insolvencia. En los tribunales consuetudinarios no se permite la representación letrada. No obstante, toda persona tiene derecho a que se transfiera su caso a otro tribunal en el que tenga derecho a ser representado por letrado.
317.Los tribunales consuetudinarios son administrados por el jefe, dirigente o presidente del tribunal con la asistencia de los ancianos de la comunidad. Generalmente, los casos se resuelven en el kgotla (lugar de reunión pública tradicional).
318.Lamentablemente, la aplicación de la ley que reglamenta la jurisdicción y los procedimientos de los tribunales consuetudinarios está limitada por el grado de preparación de quienes los presiden y la falta de información, preparación y sensibilización del público en general. El Ministro podrá destituir o suspender, por el período que estime conveniente, a los miembros de un tribunal consuetudinario que presuntamente abusen de su autoridad, o sean indignos o incapaces de ejercerla con justicia, o por otro motivo suficiente (artículo 9 de la Ley de tribunales consuetudinarios). El caso del Jefe Seepapitso Gaseitsewe c. el Fiscal General y Leema Gaseitsewe, apelación civil Nº 5 de 1995, es un ejemplo de la situación en que un Ministro está habilitado para suspender a un jefe. En ese caso el Ministro de Administración Local y Territorio suspendió al Jefe Seepapitso de la jefatura de los Bangwaketse por conducta incorrecta. Gaseitsewe, el hijo del jefe, fue nombrado jefe interino mientras su padre estaba suspendido. El jefe recurrió de la suspensión y el asunto fue sometido al Tribunal de Apelación que la confirmó.
319.La Constitución prevé en su artículo 10 2) a) que todo acusado de un delito gozará de la presunción de inocencia hasta que se demuestre su culpabilidad o se declare culpable. Es la razón por la que los tribunales conceden libertad bajo fianza en la mayoría de los delitos que lo permiten (véase el artículo 113 de la Ley de procedimiento penal y de pruebas).
320.El fundamento de los principios de la concesión de libertad bajo fianza quedó establecido en el caso de El Estado c. Gopolang McKenzie 1968-70 BLR 308. En ese caso, el tribunal sostuvo que, al decidir la concesión de la libertad bajo fianza, se debían tener en cuenta las consideraciones siguientes:
a)La naturaleza de los cargos contra el solicitante y la severidad de la posible pena;
b)La naturaleza de las pruebas de cargo;
c)La independencia de las garantías si se concede la libertad bajo fianza;
d)El perjuicio para el acusado deniega la libertad bajo fianza;
e)El perjuicio para el Estado si se concede la libertad bajo fianza.
El acusado, Gopolang Mckenzie, era un dirigente y miembro influyente de su poblado, a quien se imputaba el cargo de asesinato. Tras considerar los criterios enumerados, se denegó la libertad bajo fianza.
321.Los tribunales toman muy en serio la presunción de inocencia y lo dispuesto en el artículo 10 2) a) de la Constitución. "No les gusta privar de libertad a quien está pendiente de juicio, ya que puede ser inocente" (véase Daniel Baiketsi y otros c. el Estado H.Ct.Misc. solicitud Nº 4 de 1992, por Mokama, entonces Presidente del Tribunal Superior). En ese caso, los siete acusados fueron detenidos en febrero de 1992, por posesión de armas de guerra. El fiscal pidió que ingresaran en prisión mientras se realizaba la investigación. Los acusados solicitaron la libertad bajo fianza y el juez de primera instancia rechazó su solicitud. Su siguiente fecha de examen era marzo de 1992. Entonces, el fiscal volvió a solicitar la prisión preventiva. Siguieron como prevenidos hasta noviembre de 1992, pues el fiscal seguía sosteniendo que la investigación seguía su curso. En noviembre de 1992, otro juez indicó que el retraso había sido demasiado largo. El fiscal formuló cargos contra los acusados ante el Tribunal Superior. Los acusados solicitaron libertad bajo fianza, y el juez la concedió afirmando que "la norma cardinal es que todos los acusados son considerados inocentes hasta que se demuestra su culpabilidad. Aun cuando posteriormente sean declarados culpables, los tribunales procuran no privarlos de libertad hasta que quede demostrada su culpabilidad".
322.La Constitución garantiza el derecho a la representación letrada (art. 10 2) d)) en los juicios penales, por cuenta del acusado.
323.La Constitución prevé en su artículo 10 2) b) y f) que quien sea acusado de un delito será informado en cuanto sea posible, en un idioma que comprenda, se le concederán tiempo y medios suficientes para preparar su defensa, y se le proporcionará gratuitamente la asistencia de un intérprete si no entiende el idioma en que se celebra el juicio.
324.Se prevé que, a menos que esté de acuerdo, el juicio no se celebrará sin que esté presente, siempre y cuando su conducta no impida que prosiga el juicio y el tribunal haya ordenado su salida de la sala y la continuación del juicio en su ausencia.
325.El artículo 5 2) de la Ley de tribunales de primera instancia prevé que se facilite interpretación del inglés, el idioma de los tribunales, al idioma que entiendan las partes interesadas. No obstante, en las actuaciones civiles el presidente del tribunal podrá pedir a las partes que sufraguen la totalidad o parte del costo de la interpretación, si el idioma de las partes o los testigos es distinto de los que suelen hablarse en la zona de jurisdicción del tribunal.
326.Los procedimientos judiciales, incluida la lectura de la sentencia, serán públicos, a menos que las partes afectadas acuerden lo contrario. En el artículo 6 2) de la Ley de tribunales de primera instancia se prevén excepciones relativas a la seguridad nacional o al bienestar de los menores de 18 años. En circunstancias en que la publicidad perjudique los intereses de la justicia o de la defensa; la seguridad pública; el orden público; la moralidad pública; el bienestar de los menores de 18 años; o la protección de la vida privada de las personas afectadas por el procedimiento. El artículo 9 de la Ley del Tribunal Superior contiene disposiciones similares.
327.El público siempre puede tener acceso a las actas y las actuaciones judiciales bajo la supervisión de un funcionario del tribunal, en un horario conveniente y tras el pago de tasas. El artículo 10 e) de la Constitución prevé que toda persona "dispondrá de medios para interrogar personalmente o por conducto de su representante legal a los testigos convocados por la acusación ante el tribunal y de hacer comparecer ante el tribunal e interrogar a testigos de descargo en las mismas condiciones que los testigos de cargo".
328.La asistencia de oficio a los imputados que carecen de medios se presta únicamente a los acusados de delitos castigados con la pena capital. En esos casos, se presta asistencia pro deo. No obstante, los honorarios que abona el Gobierno son bastante inferiores a los del sector privado. El Secretario del Tribunal Superior ha tratado de resolver el problema, decretando que todos los bufetes de abogados se encarguen de defender una de esas causas al año, pero no se ha resuelto el problema de la calidad de la representación de los pobres. Para subsanar el problema, la Universidad de Botswana dirige un centro de asistencia letrada, dotado de escasos recursos.
329.Varias ONG tienen algunos programas de asistencia jurídica para los pobres. No obstante, cabe reconocer que alguno de ellos no disponen de muchos fondos.
330.Se capacita e instruye a todos los detenidos, incluidos los menores, para fomentar su rehabilitación y reinserción social (véase el artículo 10 del presente informe).
331.El Tribunal Supremo de Botswana es el Tribunal de Apelación. Es el más alto tribunal que guarda constancia de los autos al que se puede apelar después del Tribunal Superior. El Tribunal Superior tiene la jurisdicción original inherente para entender en asuntos civiles y penales y resolverlos. Es un órgano de apelación con respecto a los tribunales de primera instancia y el Tribunal Consuetudinario de Apelación.
332.Los tribunales consuetudinarios son locales (tribales), pero sus decisiones pueden ser recurridas ante un Tribunal Consuetudinario de Apelación con jurisdicción en todo el país, cuyas resoluciones pueden ser recurridas ante los tribunales de primera instancia o directamente ante el Tribunal Superior.
333.No existe una reparación automática salvo en forma de disculpas oficiales, cuando se ha revocado una condena o la persona ha sido indultada debido a que un hecho nuevo o recién descubierto demuestra que se cometió un error judicial y fue sancionada injustamente.
334.El artículo 10 5) de la Constitución y el artículo 19 del Código Penal de Botswana establecen que nadie que demuestre que ha sido juzgado por un tribunal competente por un delito, y haya sido declarado culpable o absuelto, puede volver a ser juzgado por ese mismo delito o cualquier otro por el que hubiera podido ser condenado en el juicio por aquel delito, salvo si lo ordena un tribunal superior en el curso de apelación o revisión de la condena o absolución. El párrafo 6) dice que nadie será juzgado por un delito por el que demuestre que ha sido indultado.
Artículo 15
335.El principio de irretroactividad está establecido en el artículo 10 4) de la Constitución, que establece que nadie será considerado culpable de un delito por actos u omisiones que no constituyeran delito en el momento de cometerse, y no se impondrá pena alguna por un delito que sea más rigurosa, en grado o naturaleza, que la pena máxima que se hubiera impuesto por ese mismo delito en el momento de que cometerse. Los tribunales respetan esta prohibición.
Artículo 16
336.No existe disposición alguna en la legislación que estipule el momento en que se adquiere la personalidad jurídica; no obstante, conforme al common law, la personalidad jurídica se adquiere al nacer.
Artículo 17
337.El artículo 9 de la Constitución prevé la protección de la vida privada de todas las personas en Botswana. El párrafo 1 establece que, salvo con su consentimiento, no se podrá registrar a ninguna persona ni sus bienes o entrar en un local de su propiedad. Por otro lado, este derecho puede limitarse cuando la ley autorice la injerencia en la vida privada.
338.En el derecho de Botswana no se define la "familia" o el "hogar". La familia, como unidad básica de la sociedad, ha experimentado muchos cambios en Botswana. Antes, los batswana tenían familias extensas en que los parientes permanecían juntos. Debido a la evolución de la situación socioeconómica, esa estructura familiar está cambiando, especialmente en las zonas urbanas donde cada vez tiene más importancia la familia pequeña. Cada vez nacen más niños fuera del matrimonio, y el incremento de las tasas de abandono/divorcio ha aumentado el número de familias monoparentales, es especial a cargo de mujeres.
339.El artículo 9 2) de la Constitución permite la injerencia en la vida privada en las situaciones siguientes:
a)En aras de la defensa; la seguridad pública, el orden público, la moralidad pública, la salud pública; la planificación urbana y rural; el desarrollo y la explotación de los recursos minerales; la elaboración de cualquier censo, o del desarrollo o la explotación de cualquier bien en beneficio de la comunidad;
b)Cuando sea necesario para proteger los derechos y libertades de otras personas;
c)Para que los agentes del Gobierno de Botswana o las autoridades gubernamentales locales o cualquier otro órgano establecido por ley para desempeñar una función pública puedan entrar en el local de una persona para registrarlo o lo que allí se encuentre a efectos de percibir impuestos o tasas;
d)Para ejecutar una sentencia u orden judicial en actuaciones civiles y registrar bienes personales o entrar en un local por orden judicial.
340.El artículo 18 de la Constitución prevé el resarcimiento de toda persona que alegue que se han violado sus derechos con arreglo al artículo 9.
Artículo 18
341.El artículo 11 1) de la Constitución de Botswana garantiza la libertad de conciencia. Dispone que, salvo con su consentimiento, no se impedirá a nadie el ejercicio de su libertad de conciencia y, a efectos de este artículo, esta libertad comprende la libertad de pensamiento y de religión, la libertad de cambiar de religión o de creencias, y la libertad de manifestar y propagar, individual o colectivamente, tanto en público como en privado, su religión o creencias en el culto, la enseñanza, la práctica y la observancia.
342.El artículo 11 2) de la Constitución establece asimismo que toda comunidad religiosa tendrá derecho, por cuenta propia, a establecer y mantener centros educativos y a dirigir todo centro educativo que mantenga de forma exclusiva, y no se impedirá a ninguna comunidad de esta índole impartir una enseñanza religiosa a sus miembros como parte de la educación ofrecida en los centros educativos que mantenga de forma exclusiva o como parte de la educación que ofrezca de otro modo.
343.El artículo 11 4) de la Constitución establece que no se podrá obligar a nadie a que preste juramento en contra de su religión o creencias o a que lo haga de una manera que no sea conforme a su religión o creencias.
344.El artículo 11 5) enumera las razones por las que se puede limitar el disfrute de este derecho, que son: la defensa; la seguridad, el orden, la moral o la salud públicos; y la protección de los derechos y libertades de otras personas.
345.En Botswana, la inscripción de iglesias está prevista en la Ley de sociedades. El artículo 3 de la ley define una sociedad como todo club, empresa, agrupación o asociación de diez o más personas, independientemente de su naturaleza o fines.
346.Botswana no tiene una religión oficial. No obstante, la religión predominante es el cristianismo, representado por metodistas, católicos romanos, luteranos y las Iglesias de Sión. Se estima que por lo menos el 50% de la población profesa creencias indígenas. Hay también un número importante de musulmanes, bahaíes e hindúes. Las siguientes categorías de confesiones religiosas están inscritas en el Registro de Sociedades: cristiana (520), hindú (2), musulmana (sunitas 1), musulmana (chiítas 1), bahaí (1), sij (1), y budista (1).
347.Todas las sociedades registradas tienen que tener estatutos y reglamentos, así como normas y reglamentaciones acordes con las leyes escritas de Botswana.
348.Se podrá rechazar la inscripción a una organización cuando:
a)La organización que solicita la inscripción esté afiliada o vinculada a una organización u organizaciones de fuera de Botswana que tengan carácter político;
b)El registrador de sociedades no esté convencido de que los estatutos de la organización definen adecuadamente sus condiciones de afiliación y ni disponen el control y la gestión de sus asuntos;
c)Las normas de la organización no están acordes con alguna ley escrita;
d)Parezca que alguno de los objetivos de la organización podría utilizarse para fines ilícitos o incompatibles con la paz, el bienestar y el orden en Botswana;
e)El nombre bajo el cual una organización vaya a registrarse sea idéntico al de otra organización inscrita o se parezca tanto a él que pueda confundir al público o a los miembros de ambas organizaciones, o contravenga una ley escrita.
349.Entre 1999 y 2001, se denegó el derecho a inscribirse a las iglesias siguientes: la Casa Internacional de Oración para la Reconciliación, las Asambleas Celestiales de Dios (Internacional) y el Ministerio "Jesús está vivo". La solicitud de la Casa Internacional de Oración para la Reconciliación se rechazó porque fue presentada por un estafador. Las otras dos habían proporcionado al registrador informaciones falsas sobre sus afiliados.
350.El artículo 8 de la Ley de sociedades establece que toda sociedad cuya inscripción haya sido rechazada por el registrador podrá, en el plazo de los 28 días siguientes a la fecha del rechazo, presentar un recurso ante el ministro competente; una vez presentado el recurso, pese a lo dispuesto en el artículo 20, la sociedad no podrá ser considerada ilegal hasta que el ministro no resuelva el asunto.
351.El artículo 20 de la Ley de sociedades dice que toda sociedad local que no esté inscrita en el registro ni esté exenta de ello será considerada ilegal.
352.El Código Penal establece que es ilegal toda sociedad constituida con alguno de los objetivos siguientes:
a)Hacer la guerra contra el Gobierno o una parte de Botswana;
b)Matar o herir a alguien;
c)Destruir o dañar bienes;
d)Cometer actos de violencia o intimidación o incitar a ello; o
e)Si el Presidente la declara peligrosa para la paz y el orden en Botswana.
353.En virtud de esta ley, todas las sociedades deberán de la forma prescrita, solicitar al registrador su inscripción en el registro o una exención.
Artículo 19
354.La libertad de expresión está garantizada en el artículo 12 1) de la Constitución, que establece que no se podrá restringir a nadie el disfrute de la liberad de expresión, que incluye:
a)La libertad de expresar opiniones sin injerencias;
b)La libertad de recibir información e ideas sin injerencias;
c)La libertad de comunicar información e ideas sin injerencias (ya sea al público en general o a una persona o grupo de personas), y
d)El derecho a no sufrir injerencias en su correspondencia.
355.El artículo 12 2) de la Constitución establece ciertas restricciones a la libertad de expresión, a saber: por motivos de defensa o seguridad, o en aras del orden, la moralidad o la salud públicos; en los casos en que sea preciso proteger la reputación, los derechos y las libertades de otras personas o impedir que se revele información confidencial; para mantener la autoridad y la independencia de los tribunales; para regular las instituciones educativas en beneficio de las personas que educan; para regular la administración o la operación técnicas de los servicios de telefonía, telegrafía, correos, comunicación inalámbrica, radiodifusión o televisión; o con el fin de imponer restricciones a los funcionarios públicos, a los empleados de la administración local o a los docentes.
356.El artículo 90 del Código Penal establece que toda persona cuyo vocabulario o comportamiento en un lugar público o en una reunión pública sea amenazador, abusivo o insultante será culpable de un delito punible con una pena de hasta seis meses de prisión.
357.El artículo 91 del Código Penal establece que quien cometa un acto, profiera palabras o publique algún escrito con la intención de insultar, despreciar o ridiculizar el Arsenal de Armas o Enseñas del Gobierno de Botswana, la bandera nacional de Botswana, el estandarte del Presidente de Botswana o el himno nacional de Botswana será culpable de un delito punible con una multa de hasta 500 pula (aproximadamente 100 dólares).
358.El artículo 92 1) del Código Penal establece que quien profiera palabras o publique algún escrito en que manifieste o muestre odio, mofa o desprecio de una persona o grupo de personas, sólo o principalmente a causa de su raza, tribu, lugar de origen, color o creencias será culpable de un delito punible con una multa de hasta 500 pula.
359.El artículo 93 1) del Código Penal establece que quien emplee un lenguaje abusivo, obsceno o insultante en un lugar público o en una reunión pública para referirse al Presidente, cualquier otro miembro de la Asamblea Nacional o un funcionario público será culpable de un delito punible con una multa de hasta 400 pula (80 dólares).
360.No existe en la legislación restricción alguna respecto de la importación y distribución de prensa extranjera en el país. A este respecto, los ministerios y departamentos gubernamentales están suscritos a publicaciones extranjeras. No obstante, la única limitación que puede imponerse está recogida en el artículo 178 del Código Penal, que prohíbe la distribución, la exhibición pública y la producción de obscenidades.
361.No existe ninguna ley que prohíba a los medios de comunicación publicar o difundir noticias y acontecimientos, siempre que se respeten los derechos y las libertades de los demás y el interés público. Se ha elaborado un proyecto de ley de los medios de comunicación social que se va a presentar al Parlamento y cuyo objetivo es regular el sector de la prensa con el fin de complementar la Ley de radiodifusión. Esta ley prevé un código de prácticas que ha de ser observado por los titulares de licencias de radiodifusión.
362.Existe un foro denominado Consejo Consultivo de los Medios de Comunicación de Botswana en el que están representados los medios privados y otras partes interesadas. Constituye otra vía para promover el derecho a la libertad de expresión. Su misión principal es fomentar y preservar los diversos medios de comunicación en Botswana.
363.La Dirección de Telecomunicaciones de Botswana (BTA) fue creada en 1996 como organismo oficial encargado de conceder licencia a los operadores de telecomunicaciones y radiodifusión, resolver litigios entre operadores, aprobar tarifas, promover y supervisar una competencia libre y leal, asignar y administrar el espectro de radio, homologar el equipamiento para los terminales, y proteger al consumidor.
Artículo 20
364.El artículo 38 del Código Penal dice que toda persona que, sin autoridad legítima, lleve a cabo o prepare una guerra o empresa hostil en la que se vea implicada o afectada una persona o un grupo de personas en Botswana, o ayude al respecto, será culpable de un delito punible con una pena de 15 a 25 años de prisión.
365.El artículo 136 del Código Penal dispone que será culpable de delito quien destruyese, dañare o deshonrare un lugar u objeto de culto, considerado sagrado por un grupo de personas, con la intención de insultar con ello la religión de ese grupo o a sabiendas de que alguna persona podría considerar esa destrucción, daño o deshonra un insulto a su religión. Por otro lado, el artículo 137 dispone que será culpable de delito quien voluntariamente perturbare una reunión organizada legítimamente para celebrar un culto o ceremonia religiosos. Además, el artículo 140 del Código Penal tipifica como delito escribir o profesar palabras con la intención de herir sentimientos religiosos.
366.En virtud del artículo 92 1), toda promoción del odio de carácter nacionalista o racial constituye incitación a la discriminación y está prohibida por la ley. Además, el artículo 94 1) tipifica como delito la discriminación y el artículo 94 2) establece que una persona discrimina a otra si, por motivos de color, raza, nacionalidad o creencias, la trata menos bien o de forma distinta a como trata o trataría a cualquier otra persona.
Artículo 21
367.El artículo 13 1) de la Constitución establece que:
"Salvo que así lo consienta el afectado, no podrá impedirse a nadie que ejercite su derecho a la libertad de reunión y de asociación, es decir, el derecho a reunirse libremente y a asociarse con otras personas y, en particular, a constituir sindicatos u otras asociaciones para la protección de sus intereses, o afiliarse a ellos."
368.El artículo 13 2) de la Constitución limita las libertades contempladas en el párrafo 1 en la medida en que:
a)Sea razonablemente necesario en aras de la defensa y de la seguridad, el orden, la moralidad o la salud públicos;
b)Sea razonablemente necesario para proteger los derechos y las libertades de otras personas;
c)Imponga restricciones a los funcionarios públicos, los empleados de la administración local o los docentes.
369.El Código Penal define una reunión ilegal como la reunión de tres o más personas con la intención de cometer un delito o de llevar a cabo algún fin común, comportarse de forma que se altere el orden público o provocar que otras personas alteren el orden público.
370.La Ley de orden público regula las reuniones y procesiones públicas. El artículo 4 3) establece que quien desee convocar a una reunión pública o celebrar una procesión pública debe presentar una solicitud al funcionario competente de la zona afectada. Dicho funcionario autorizará por escrito la reunión, salvo en el caso de que considere que esa reunión o procesión podría provocar o propiciar la alteración del orden público. Toda reunión o procesión que se celebre sin autorización con arreglo al artículo 4 constituirá un delito y todos los participantes habrán cometido un delito.
371.Es práctica habitual que, cuando se solicita autorización para celebrar una reunión o procesión pública con arreglo a lo dispuesto en el artículo 4, la policía escolte y proteja a sus organizadores o participantes.
372.En lo que respecta a la inscripción de sociedades en el registro y a la constitución de organizaciones religiosas, asociaciones y partidos políticos, existe una Ley de sociedades que regula su inscripción.
Artículo 22
373.La protección de la libertad de asociación está prevista en el artículo 13 1) de la Constitución. (Véase una explicación detallada del artículo 13 en relación con el artículo 21 más arriba.)
374.Hay 11 partidos políticos en Botswana. Sólo tres están representados en el Parlamento, a saber: el Partido Demócrata de Botswana, actualmente en el poder (40 representantes), el Partido del Congreso de Botswana (1 representante) y el Frente Nacional de Botswana (3 representantes). Existe un foro denominado Conferencia Pluripartidista en que los partidos políticos se consultan entre sí. El foro es una institución legítima de los 11 partidos políticos inscritos de conformidad con la Ley de sociedades. La institución brinda a todos los partidos políticos la oportunidad de debatir cuestiones de interés nacional y formular recomendaciones al Gobierno.
375.Existe una disposición legal que permite el establecimiento de ONG en el ámbito de los derechos humanos y otras esferas. Sus actividades están debidamente reguladas.
376.La Ley de sindicatos y asociaciones de empleadores constituye el marco jurídico para la reglamentación gubernamental, el registro y el desarrollo de los sindicatos. El artículo 2 1) define un "sindicato" como "una organización compuesta en su totalidad o en parte por más de 30 empleados y cuyos objetivos comprenden la regulación de las relaciones entre empleados y empleadores o asociaciones patronales, o entre los propios empleados".
377.El artículo 5 de la ley establece la obligación de inscribir los sindicatos. El artículo 6 exige que todos los sindicatos constituidos en Botswana presenten la solicitud de inscripción en el Registro de sindicatos y federaciones patronales dentro de los 28 días siguientes a su constitución. Todo dirigente de un sindicato que no presente la solicitud de inscripción dentro de ese plazo de 28 días comete un delito (art. 8). Se considerará delito el hecho de que un sindicato, sus oficinas o sus afiliados operen sin que esté debidamente inscrito.
378.El artículo 6 1) establece que la solicitud de inscripción debe hacerse en el formulario correspondiente e ir acompañada de:
a)Las tasas correspondientes.
b)Tres copias impresas de sus estatutos.
c)Una copia de la resolución por la que se constituye el sindicato.
d)El nombre completo de todos los miembros del sindicato.
e)El nombre, la dirección postal y la ubicación de la sede del sindicato.
f)La fecha de su constitución.
g)El título, el nombre completo, la edad, la dirección postal, el domicilio y la ocupación de los signatarios de la solicitud.
h)El nombre de todo empleador o industria respecto al que el sindicato pida reconocimiento jurídico con arreglo al artículo 50. También se debe proporcionar información sobre todo órgano negociador, institución o dependencia cuyo reconocimiento desee obtener el sindicato.
379.El artículo 10 establece los motivos por los que el registrador puede negarse a inscribir un sindicato:
a)El nombre es idéntico al de otro sindicato inscrito o lo suficientemente parecido como para inducir a engaño o error;
b)El sindicato no ha cumplido las disposiciones de la ley;
c)La constitución del sindicato es ilegal;
d)El sindicato se utiliza con un fin ilegal;
e)Los fondos del sindicato se utilizan ilegalmente;
f)La contabilidad del sindicato no se lleva de conformidad con la ley;
g)En los cinco años inmediatamente anteriores a la fecha de la solicitud, un responsable del sindicato ha sido condenado por un delito contemplado en esta ley o en la Ley de conflictos laborales o por un delito de fraude o falsedad que haya sido castigado con una pena de prisión;
h)Alguno de sus responsables no es ciudadano de Botswana;
i)Existen sindicatos inscritos que el registrador considera suficientemente representativos de los intereses de los trabajadores de la industria o empresa que el nuevo sindicato pretende representar;
j)Sus objetivos principales no son conformes a la ley.
Según el artículo 13, se puede interponer un recurso ante el Tribunal Superior contra la decisión del registrador de no permitir la inscripción.
380.Cabe señalar que Botswana es miembro de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
Artículo 23
381.La definición y concepto de familia ya se ha mencionado en relación con el artículo 17. Basta señalar que en la legislación no hay ninguna disposición relativa a la protección de la familia. No obstante, el sistema tradicional de solución de conflictos en el seno de la familia sigue vigente para garantizar la estabilidad de la unidad familiar. La política estatal consiste en velar por que no se separe a las parejas casadas que trabajan en la función pública destinando a sus integrantes a lugares de trabajo diferentes.
382.El artículo 14 de la Ley del matrimonio dice que no podrá contraer matrimonio ningún enfermo mental que sea incapaz de dar su consentimiento para ello ni ninguna persona menor de 18 años.
383.El artículo 15 establece que ningún menor o persona de menos de 21 años que no haya enviudado podrá contraer matrimonio sin el consentimiento escrito de sus padres o su tutor.
384.No obstante, existen remedios en caso de que no se dé el consentimiento. El artículo 15 I) establece que, cuando el consentimiento sea dado por un progenitor pero denegado por el otro, el menor podrá solicitar a un tribunal de primera instancia o al Tribunal Superior el consentimiento para contraer matrimonio, para lo cual no precisará la asistencia jurídica de su representante legal.
385.El artículo 15 iii) establece que, cuando un menor no tenga padres ni tutor, un funcionario administrativo del distrito en que resida podrá dictar una orden por escrito autorizándolo a contraer matrimonio.
386.Existen dos formas de matrimonio, aquel celebrado con arreglo al derecho civil y el matrimonio celebrado con arreglo al derecho consuetudinario. Si bien no está legalmente reconocida como forma de matrimonio en el marco de ninguno de los dos sistemas, la cohabitación también está reconocida en ambos sistemas como una unión que conlleva derechos y obligaciones similares a los de las personas casadas, sobre todo en lo que respecta a la tenencia y custodia, la manutención y la herencia.
387.La Ley del matrimonio regula la formalización y la inscripción del matrimonio, pero no se aplica al matrimonio contraído en virtud del derecho consuetudinario. El matrimonio contraído según el common law puede regirse por la sociedad de gananciales o no; por su parte, el matrimonio contraído según el derecho consuetudinario se rige automáticamente por la sociedad de gananciales. El derecho consuetudinario no prohíbe la poligamia.
388.Ninguna ley o práctica prohíbe el matrimonio por razones de nacionalidad, religión, raza o creencias.
389.La Ley del matrimonio también prevé el reconocimiento del matrimonio de derecho consuetudinario y los matrimonios musulmanes, hindúes y de otras religiones. El artículo 22 establece que nada de lo dispuesto en la Ley del matrimonio se entenderá que afecta o pone en entredicho en modo alguno la validez de un matrimonio de derecho consuetudinario o de un matrimonio musulmán, hindú o de otra religión.
390.El artículo 23 1) dice que, en un matrimonio de derecho consuetudinario o en un matrimonio musulmán, hindú o de otra religión, los contrayentes se asegurarán de que su matrimonio quede inscrito en el plazo de dos meses tras su celebración.
391.El hecho de no inscribirlo es un delito con arreglo al artículo 23 4), que establece que quien contravenga las disposiciones del párrafo 1 será culpable de un delito punible con una multa de hasta 800 pula (160 dólares) o con una pena de hasta un año de prisión, o ambas cosas.
392.No se reconoce el derecho a contraer matrimonio en los casos siguientes: cuando los contrayentes estén emparentados; o se haya contraído matrimonio con arreglo a la Ley del matrimonio del país, a menos que haya sido disuelto por fallecimiento o a instancia judicial, o haya sido anulado por sentencia judicial.
393.La Ley del matrimonio establece algunos requisitos y procedimientos para contraer un matrimonio válido. El artículo 3 estipula que ningún matrimonio será válido a menos que, en un período de no más de tres meses con anterioridad a su celebración, se hayan publicado amonestaciones o se haya obtenido una licencia especial.
394.El artículo 7 1) establece que ningún matrimonio será válido a menos que haya sido celebrado por un oficiante matrimonial. El artículo 7 2) dispone que podrán hacer las veces de oficiantes matrimoniales las siguientes personas:
-Los funcionarios administrativos, y
-Un clérigo o alguien que ocupe un puesto de responsabilidad en alguna confesión o comunidad religiosa y a quien el Ministro haya nombrado oficiante matrimonial mediante anuncio en el Diario Oficial.
395.En el país existe la cohabitación, lo que ha generado problemas, especialmente cuando las parejas se separan o uno de sus miembros muere y surge una disputa en cuanto al reparto de los bienes. En la mayoría de las zonas, la postura tradicional ha sido siempre que las disputas entre parejas no casadas no pueden dirimirse en el kgotla (tribunal consuetudinario). Cuando una de las partes muere, los parientes suelen litigar por sus bienes. Por lo general, se presupone que los bienes más valiosos pertenecían al hombre, y se suele decir a las mujeres que, puesto que no estaban casadas, no tienen derecho a heredar. Los tribunales consuetudinarios entienden cada vez más en litigios por el reparto de bienes en estos casos. Algunos tribunales consuetudinarios parecen haber modificado su tendencia anterior a desestimar los casos de cohabitación.
396.En Moswelakgomo c. Kekgaretswe (no declarado), las partes habían convivido 26 años cuando terminó su relación. Aunque nunca se habían casado, habían tenido un hijo y construido una casa juntos. La mujer argüía que, pese a que nunca se habían casado, ella había realizado ciertas tareas en el hogar que indicaban que el apelante la consideraba su esposa. Entre esas tareas figuraba el hecho de que ella se había encargado en gran medida del entierro de los tíos materno y paterno y de los padres de él, que habían fallecido durante ese tiempo. Adujo que la razón de la ruptura de su relación era que el hombre había encontrado otra mujer con la que quería pasar el resto de su vida. Por otro lado, el hombre declaró que a sus mayores nunca les había gustado la demandante y que él ni siquiera conocía a los padres de ella. Añadió que la demandante se había avejentado mientras vivía con él y que él no volvería con ella, pero que la dejaría vivir en la casa. Así pues, el tribunal resolvió que la demandante y su hijo vivieran en la casa. Entonces el hombre cambió de opinión y recurrió ante el Tribunal Consuetudinario de Apelación alegando que era insólito que el tribunal hubiera dado su casa a una concubina. El Tribunal desestimó el recurso aduciendo que la relación entre las partes no había sido de concubinato, sino una relación más estrecha, y que el apelante no había construido su casa por sí solo, por lo que realmente no era de su exclusiva propiedad. Así, el Tribunal decidió que la forma en que la propiedad se había dividido era la más justa para las partes.
397.La Ley de causas matrimoniales regula las cuestiones relativas a la disolución del matrimonio. La ley no se aplica a los matrimonios contraídos en virtud del derecho consuetudinario. Cualquiera de los cónyuges puede solicitar judicialmente el divorcio por los motivos que especifica la ley. No obstante, a efectos de establecer la jurisdicción en casos de matrimonio, la esposa debe, como establece el artículo 7 1) b), haber residido tres años en Botswana ininterrumpidamente inmediatamente antes de la fecha de incoación del procedimiento. Este requisito se aplica sólo a las mujeres.
398.El domicilio conyugal, según la legislación de Botswana, es el del marido en el momento del matrimonio. El artículo 13 1) de la Ley de causas matrimoniales se refiere a los derechos de propiedad de los cónyuges. Dispone que todo tribunal que entienda en una demanda de divorcio o de separación judicial con arreglo a esta ley también tendrá competencia para dictar una orden:
a)Que determine los derechos de propiedad mutuos del marido y la mujer;
b)Que regule la tenencia y custodia, la guardia y la manutención de los hijos menores que tengan; y
c)Que modifique una orden dictada en virtud de los apartados a) y b).
399.El artículo 28 1) de la ley establece que, en todo procedimiento de divorcio, nulidad o separación judicial, el tribunal podrá antes, con ocasión o después del decreto o declaración correspondiente, dictar las disposiciones convenientes con respecto a la tenencia y custodia, la manutención y la educación de los hijos de la pareja cuyo matrimonio sea objeto de los procedimientos. El párrafo 2 establece además que, en relación con cualquier decreto de divorcio o declaración de nulidad del matrimonio, el tribunal tendrá capacidad para ordenar al marido y, en el caso de un decreto de divorcio fundamentado en la enfermedad mental del marido, a la mujer, que, en beneficio de los hijos, aporten la cantidad bruta de dinero o la suma anual que el tribunal estime razonable, siempre que el período de tiempo durante el cual se deba aportar la suma de dinero en beneficio de un hijo no exceda la fecha en la que el niño cumpla 21 años de edad.
Artículo 24
400.Los jóvenes están protegidos por la Ley de protección de la infancia. La ley define al "niño" como toda persona que tenga menos de 14 años. La Ley de la nacionalidad incluye en la definición de "niño" a todo niño nacido fuera del matrimonio.
401.Botswana nunca ha participado en conflictos armados, por lo que nunca ha tenido que llamar a filas a personas menores de 18 años. Por otro lado, el artículo 17 2) de la Ley de las fuerzas de defensa de Botswana establece que los oficiales de reclutamiento no reclutarán a personas que aparentemente tengan menos de 18 años. Como se ha indicado más arriba, toda persona de menos de 18 años no puede contraer matrimonio legalmente.
402.El párrafo 1 de la norma 2 de la orden 7 del reglamento del Tribunal Superior dice que una persona menor de 21 años no podrá presentar una demanda o intervenir en un procedimiento si no es a través de su representante legal, y no podrá defenderse, hacer una contrademanda o intervenir en un procedimiento si no es a través de su representante legal.
403.El artículo 13 1) del Código Penal establece que una persona de entre 8 y 14 años no será penalmente responsable de un acto u omisión a menos que se pueda probar que, en el momento, tenía capacidad para entender que no debía hacerlo. El artículo 13 3) establece que un varón menor de 12 años es incapaz de tener relaciones sexuales.
404.Existen ciertas normas que se aplican al empleo de niños. El artículo 105 1) establece que, a reserva de otras disposiciones de este mismo artículo, ningún niño será empleado para realizar tarea alguna. Cuando se emplee a niños, se aplican las normas siguientes:
a)El artículo 105 2) permite que un niño que haya cumplido 14 años y que no vaya a la escuela sea empleado en trabajos ligeros que no sean perjudiciales para su salud y desarrollo. Sólo podrá ser empleado por un familiar suyo o si la naturaleza del trabajo está aprobada por el Comisionado. No se requerirá o permitirá a ese niño trabajar más de 6 horas al día o 30 horas a la semana.
b)El artículo 105 3) establece que un niño que haya cumplido 14 años y que vaya a la escuela puede ser empleado, durante las vacaciones escolares, en trabajos ligeros que no sean perjudiciales para su salud y desarrollo y cuya naturaleza haya sido aprobada por el Comisionado no más de 5 horas al día, entre las 06.00 y las 16.00 horas.
c)En virtud del artículo 105 4), en el transcurso de su empleo, no se requerirá ni se permitirá a ningún niño levantar, transportar o mover nada cuyo peso pueda poner en peligro su desarrollo físico.
Toda violación de las disposiciones que preceden constituirá un delito en virtud de la ley y se castigará con diversas penas.
405.Los artículos 106 y 107 prohíben el empleo de niños o jóvenes (definidos en la ley como personas que han cumplido 15 años, pero no tienen 18 años) en trabajos subterráneos o en cualquier tipo de trabajo nocturno. No obstante, hay excepciones a la prohibición del trabajo nocturno de jóvenes (párrafos 1 y 2 del artículo 17), y se podrá emplear a jóvenes en trabajos nocturnos en caso de emergencia que no se haya podido prever y prevenir razonablemente o en virtud de un contrato de prácticas o aprendizaje. El artículo 108 1) prohíbe específicamente el empleo de jóvenes en un trabajo que sea perjudicial para su salud y desarrollo o que sea peligroso o inmoral.
406.Según el artículo 14 de la ley, un "niño necesitado de asistencia" es aquel que:
a)Ha sido abandonado o carece de medios de subsistencia evidentes;
b)No tiene padres o un tutor que se ocupan debidamente de él o no están en condiciones de hacerlo;
c)Se dedica a cualquier tipo de comercio callejero, a menos que sus padres le hayan encargado que ayude a distribuir las mercancías de un negocio familiar;
d)Está al cuidado de una persona que ha sido condenada por cometer, contra un menor o en relación con un menor, uno de los delitos tipificados en la parte IV; o
e)Frecuenta a una persona inmoral y violenta o vive en condiciones tales que puedan dar lugar a que sufra abuso, corrupción o prostitución.
407.El artículo 15 1) enumera las obligaciones de la sociedad con respecto a los niños necesitados. Dispone que, cuando alguien que cuide a un niño tenga motivos para creer que éste necesita asistencia, informe inmediatamente de ello a un funcionario de bienestar social o a un agente de policía del distrito en que reside el niño.
408.El artículo 6 1) dice que deberá inscribir en un registro de distrito o en la Oficina de Registro a todo niño nacido vivo o nacido vivo que luego muere o nacido muerto en un plazo de 60 días a partir del alumbramiento:
-El padre o la madre del niño o, en el caso de que el alumbramiento haya tenido lugar fuera de un centro de salud, el ocupante de la vivienda en que nazca; o
-El médico o la matrona que haya asistido al alumbramiento en un centro de salud.
El artículo 6 2) establece que, si un niño nace fuera del matrimonio, nadie estará obligado en virtud de esta ley a inscribirlo como su padre.
409.La explotación de niños por cualquier motivo preocupa enormemente al Gobierno de Botswana. Se aplican diversas medidas legislativas y administrativas para proteger a los niños de la explotación económica y hacer cumplir los convenios de la OIT.
410.Botswana ha ratificado los siguientes convenios de la OIT:
-El Convenio sobre la edad mínima, 1973 (Nº 138), y
-El Convenio sobre las peores formas de trabajo infantil, 1999. Este Convenio prohíbe la exposición de niños a situaciones que pongan en peligro su salud, su moralidad y su bienestar, así como a la esclavitud, la servidumbre por deudas y la condición de siervo.
411.Se está modificando la Ley de empleo para que se ajuste a los convenios de la OIT que se han ratificado.
412.El artículo 146 del Código Penal dice que toda persona que agreda sexualmente a una niña menor de 16 años incurrirá en un delito punible con una pena máxima de siete años de prisión, acompañada o no de un castigo corporal, incluso si la víctima dio su consentimiento. Toda persona que cometa abuso deshonesto contra un niño varón menor de 14 años incurrirá en un delito punible con una pena máxima de siete años de prisión (artículo 166 del Código Penal).
413.Como se indica en el informe inicial de Botswana al Comité de los Derechos del Niño, en virtud del artículo 34, se ha sensibilizado a los profesionales que prestan servicios a la infancia, tales como maestros, asistentes sociales y la policía, para que atiendan a los niños que han sido víctimas de abusos y denuncien los casos de que tengan conocimiento. La introducción de servicios de orientación y asesoramiento en las escuelas ha dado además a los niños una vía para denunciar los abusos y obtener apoyo en la escuela.
414.Las ONG se han sumado a la campaña para asistir a los niños en la prevención del abuso y la explotación. Los esfuerzos concertados de organizaciones como Child Line Botswana han sido fundamentales en la prestación de servicios, la promoción y la movilización de la comunidad.
Artículo 25
415.El proceso electoral en Botswana se examinó con cierto detalle en relación con el artículo 1 (véanse los párrafos 48 a 51 más arriba).
416.El nuevo artículo 65A de la Constitución establece la Comisión Electoral Independiente.
417.La Comisión Electoral Independiente es responsable de:
a)Celebrar y supervisar la elección de los miembros de la Asamblea Nacional, para lo que da instrucciones y órdenes al Secretario de la Comisión respecto del ejercicio de sus funciones en virtud de la Ley electoral;
b)Velar por que las elecciones se desarrollen de forma eficiente, adecuada, libre y justa.
418.La Ley electoral se promulgó para refundir leyes relativas a las elecciones, a la inscripción de los votantes y al desarrollo del proceso electoral.
419.El artículo 6 1) de la ley inhabilita a quien:
-Por sus propios actos, haya jurado fidelidad u obediencia a una potencia extranjera;
-Haya sido condenado a la pena de muerte o a una pena de prisión, haya perdido la razón o tenga perturbadas sus facultades mentales;
-Esté incapacitado para ejercer el derecho al voto con arreglo a las leyes en vigor.
420.El artículo 7 dispone la inscripción de los votantes. La Comisión Electoral Independiente está encargada de señalar un período general de registro.
421.El artículo 9 de la ley se refiere a la inscripción en el padrón electoral de los ciudadanos no residentes, mientras que el artículo 10 versa sobre la solicitud de inscripción durante el período general de inscripción.
422.En Botswana, todas las personas tienen derecho a participar en la dirección de los asuntos públicos de forma directa o indirecta por medio de representantes libremente elegidos. Además, todos los ciudadanos tienen derecho a participar en las elecciones, excepto aquellos cuyas facultades mentales estén probadamente perturbadas, que hayan sido condenados a una pena de más de seis meses de prisión o que hayan prestado juramento de fidelidad a una Potencia extranjera. Según el artículo 91 3) de la Constitución, las elecciones generales se celebran cada cinco años.
Artículo 26
423.Las cuestiones relativas a la discriminación se han tratado de forma sustantiva más arriba en relación con el artículo 2. Basta indicar que la Constitución, como ley suprema del país, protege los derechos de todas las personas. Esto está previsto en el artículo 3 de la Constitución que dice que, en Botswana, toda persona tiene derecho a gozar de los derechos y libertades fundamentales del individuo cualesquiera que sean su raza, lugar de origen, convicciones políticas, color, creencias o sexo, siempre que respete los derechos y libertades de los demás y el interés público.
424.Si se violan los derechos de los ciudadanos, éstos pueden pedir reparación a las cortes de justicia. Toda ley que sea ultra vires en relación con la Constitución será nula. Así, por ejemplo, la Ley de la nacionalidad fue declarada sin efecto en Unity Dow c. el Fiscal General, ya mencionado.
425.Se ha examinado la cuestión de la discriminación de género y en consecuencia se han modificado varias políticas públicas y prácticas administrativas. Esto ya se ha mencionado en el informe.
Artículo 27
426.En Botswana hay grupos minoritarios que gozan de todos los derechos contemplados en la legislación del país. Tienen derecho a vivir según su cultura y a tener y emplear su propio idioma. En las instituciones estatales y privadas, las oportunidades de empleo se basan en el mérito, razón por la cual hay miembros de grupos minoritarios en cargos de gran responsabilidad. El acceso a los servicios sociales también está abierto a todos sin discriminación.
427.Algunos grupos minoritarios no están representados en la Cámara de los Jefes, lo que algunos círculos consideran discriminatorio. Por tanto, el Gobierno de Botswana designó una comisión para que examinara las disposiciones constitucionales que se estiman discriminatorias. La comisión concluyó que efectivamente los artículos en cuestión eran discriminatorios y que debían modificarse para que no se refieran a ninguna tribu en particular.
428.En el ejercicio de los derechos que les garantiza la Constitución, los grupos minoritarios han comenzado a formar asociaciones culturales. Ya hay cuatro asociaciones de grupos minoritarios inscritas en el Registro de Sociedades: la Sociedad para la Promoción de la Lengua Ikalanga (SPIL), Lentswe la Batswapong, la Asociacion Kamanakao y Reteng. Los objetivos principales de estas asociaciones son la promoción, la conservación, la protección y el desarrollo de sus idiomas y culturas.
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