Comité de Derechos Humanos

Examen de los informes presentados por los Estados partes en virtud del artículo 40 del Pacto

Sextos informes periódicos que los Estados partes debían presentar en 2015

Mongolia * **

[Fecha de recepción: 30 de marzo de 2016]

Parte I

Artículo 1Todos los pueblos tienen derecho a la libre determinación

1.Según la Constitución aprobada en 1992, Mongolia es una república parlamentaria. La distribución del poder político en ese país es la siguiente: el órgano legislativo supremo es el Gran Jural del Estado, el órgano ejecutivo supremo es el Gobierno y el órgano jurisdiccional supremo es el Tribunal Supremo.

2.Según el artículo 1 de la Constitución, Mongolia es una república independiente y soberana. Su política y sus asuntos internos y externos se desarrollan sin injerencia directa ni indirecta de ningún otro Estado y Mongolia tiene plena capacidad para entablar relaciones internacionales sin depender de ningún otro Estado.

3.Por su estructura estatal, Mongolia es un Estado unitario. El Gran Jural es el órgano supremo del Estado y en él reside el poder legislativo supremo. Está compuesto por 76 diputados elegidos por sufragio universal, libre, directo y secreto por un período de cuatro años.

4.El Gobierno de Mongolia es el órgano ejecutivo supremo del Estado; su nombramiento corresponde al Gran Jural y ejecuta las leyes y ejerce funciones de gobierno.

5.El Presidente de Mongolia es el Jefe del Estado. Las elecciones para la Presidencia se realizan a doble vuelta y, en la primera vuelta, pueden participar todos los ciudadanos de Mongolia con derecho de voto; la votación será universal, libre, directa y secreta. En la segunda vuelta, el Gran Jural del Estado, tomando en consideración al candidato que haya obtenido la mayoría de los votos emitidos en la primera vuelta, aprobará una ley en virtud de la cual se reconocerá su mandato presidencial. El Presidente es el Comandante en Jefe de las fuerzas armadas de Mongolia.

6.Según la Constitución de Mongolia, el poder judicial reside exclusivamente en los tribunales. Los jueces son independientes y se rigen exclusivamente por las leyes. Con objeto de velar por la independencia del poder judicial se ha creado el Consejo General del Poder Judicial.

7.La integridad territorial y las fronteras de Mongolia son inviolables y la ley las protege. El país tiene sus propias fuerzas de defensa nacional. El mongol es la lengua oficial del Estado.

8.En la Constitución se dispone que el Estado respetará las religiones y las religiones honrarán al Estado. Así pues, la relación entre el Estado y las instituciones religiosas está regulada por ley y se reconocen los principios de no injerencia de las instituciones estatales y las religiosas en sus respectivos asuntos, la libertad de los ciudadanos de profesar una religión, o no profesar ninguna, y la libertad de actuación de las confesiones religiosas.

9.En la actualidad hay 692 organizaciones religiosas inscritas en Mongolia, incluidas las de religiones como el budismo, el cristianismo, el islam, el baha’ismo, el chamanismo y la religión moon (alrededor de 600 confesiones religiosas).

Parte II

Artículo 2 Deber de garantizar los derechos humanos sin discriminación

10.Durante el período que abarca el informe Mongolia ha hecho lo siguiente:

Adherirse al Segundo Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, destinado a abolir la pena de muerte (2012);

Aprobar la ratificación de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas (2014); y

Ratificar el Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes (2014).

11.El Ministerio de Relaciones Exteriores creó una División de Derechos Humanos en el Departamento de Asuntos Jurídicos Internacionales, en 2014, que se encargaría de coordinar y vigilar la aplicación de los convenios, los tratados y los acuerdos internacionales ratificados por Mongolia y de elaborar y distribuir informes e información conexa.

12.En la Constitución reformada de Mongolia, de 1992, se proclaman y garantizan las libertades y los derechos de los ciudadanos, en consonancia con los usos mundiales, uno de los cuales es el reconocimiento del derecho fundamental a la asistencia jurídica.

13.La transición de Mongolia a la economía de mercado y la democracia ofreció, a los profesionales y los servicios de todos los sectores, por ejemplo los de asistencia jurídica y de defensa de intereses, oportunidades de autofinanciarse en un régimen de libre competencia. Por una parte, ese es el factor principal del desarrollo de los sectores, pero, por otra parte, los ciudadanos con dificultades económicas, que carecen de posibilidades de pago, no pueden recibir servicios de asistencia jurídica y defensa de sus intereses, lo que, en último término, equivale a una conculcación de sus derechos; además, ello acarrea consecuencias negativas, como la disminución y la limitación del acceso a los servicios jurídicos en toda la nación.

14.El Estado ha tomado en consideración las citadas consecuencias y aplica medidas graduales para proteger los derechos de sus ciudadanos. En virtud de su Resolución núm. 263, de 2006, el Gobierno aprobó el Programa Nacional de Asistencia Jurídica a los Ciudadanos Sin Recursos, que se ejecutó entre 2007 y 2012.

15.A partir de esa experiencia y teniendo en cuenta los recursos humanos existentes y la base material de aplicación del citado Programa, se aprobó la Ley de Asistencia Letrada a los Procesados Sin Recursos, de 5 de julio de 2013, para garantizar el acceso de los ciudadanos sin recursos a los servicios jurídicos. El Centro de Asistencia Jurídica, creado dentro de la Administración Central del Estado como órgano encargado de los asuntos jurídicos, organiza los servicios de asistencia letrada gratuita destinados a los procesados sin recursos.

16.En el mismo período, se creó la Oficina General del Tajar, que se encargaría de proteger a las víctimas y los testigos en los términos previstos en la Ley de Protección de Víctimas y Testigos, aprobada por entonces. La Oficina General del Tajar se encarga de proteger 43 recintos de 79 tribunales y 41 oficinas conexas.

17. Los servicios jurídicos disponen de un total de 72 personas que prestan asistencia jurídica gratuita, entre ellas 13 abogados de oficio que trabajan para el Centro de Asistencia Jurídica, 50 abogados profesionales y 9 ayudantes de los abogados de oficio. La mayoría de las ramas locales del Centro están situadas en las oficinas de los gobernadores de las aimags (provincias) y el número de abogados de oficio de cada oficina varía dependiendo de la tasa de delincuencia de la zona, si bien suele ser de entre uno y cuatro.

18.A finales de 2014, los abogados de oficio del Centro de Asistencia Jurídica habían prestado un total de 7.351 servicios de asesoramiento jurídico a los ciudadanos y servicios de asistencia letrada a 2.102 sospechosos de delito en 1.895 causas. Entre ellos hubo 142 menores y 5 ciudadanos de nacionalidad extranjera.

19.En 2014, se resolvieron en juicio, en toda la nación, 6.375 causas penales y 1.895 sospechosos de delito recibieron asistencia letrada gratuita en 2.102 causas. Según las cifras disponibles, los abogados de oficio intervinieron en el 30% del total de las causas penales resueltas en juicio. Las estadísticas del Colegio de Abogados de Mongolia muestran que el número de abogados de oficio representa el 2,5% del total de abogados. En otros términos, el 2,5% de los abogados (los del turno de oficio) que estaban facultados para ejercer labores de defensa en los tribunales intervinieron en el 30% de las causas penales resueltas por el sistema judicial.

20.Además, en el primer semestre de 2015, los abogados de oficio del Centro prestaron servicios de asesoramiento jurídico a 4.059 ciudadanos y asistencia letrada a 1.903 sospechosos de delito en 1.763 causas. Entre ellos hubo 140 menores y 6 ciudadanos extranjeros.

Artículo 3 Deber de garantizar la igualdad entre hombres y mujeres en el ejercicio de todos los derechos civiles y políticos

21.La Ley de Promoción de la Igualdad de Género se aprobó en 2011. En la Ley revisada de Elecciones Parlamentarias, aprobada en 2012, se fijó una cuota del 20% de mujeres para todos los partidos políticos, las coaliciones y los candidatos independientes que participaran en esas elecciones. En 2012, del total de los candidatos que aspiraban a obtener un escaño parlamentario, el 32% fueron mujeres y, de los 76 parlamentarios que resultaron elegidos, 11, es decir el 14,47%, fueron mujeres, una cifra cuatro veces superior a la del Parlamento anterior. En la Ley de Promoción de la Igualdad de Género, se determinó que el porcentaje de la representación de mujeres en los ministerios, los organismos públicos y las administraciones locales debía ser de entre el 15% y el 40%. En el sector público hay, en total, 17.900 cargos funcionariales, de los cuales el 57,4% los ocupan mujeres, y el 27,6% son cargos de categoría superior.

22.Mongolia ha instituido la igualdad de acceso a las oportunidades educativas en todos los ámbitos de la enseñanza primaria, secundaria y superior, de la formación profesional y de la formación científica y, así, por ejemplo, se imparten clases de tecnología a niños, niñas, hombres y mujeres.

23.El Gobierno de Mongolia ha puesto en funcionamiento el Centro Nacional de Educación Permanente, que depende del Ministerio de Educación y Ciencia. Unos inspectores educativos profesionales supervisan la ejecución de las políticas, la calidad de la enseñanza y las actividades conexas, a fin de garantizar la igualdad de acceso a la educación para las niñas, los niños, las mujeres y los hombres.

24.En 2015, se hizo una evaluación de la igualdad de género en el Ministerio de Justicia, el ministerio público y los demás órganos encargados de hacer cumplir la ley para ayudar a implantar los principios y las ideas de la igualdad de género en las políticas de ese sector e inculcar una comprensión de las cuestiones de género basada en un enfoque participativo.

Artículos 4 y 5 Limitación de los derechos humanos y las libertades en caso de estado de emergencia

25.Como se dispone en el artículo 19.2 de la Constitución, en caso de estado de emergencia o de guerra, los derechos humanos y las libertades definidos en la Constitución y en otras leyes se podrán limitar exclusivamente por ley. Esa ley no afectará al derecho a la vida, a la libertad de pensamiento, conciencia y religión ni al derecho a no ser sometido a tortura o a tratos inhumanos y crueles; lo mismo se dispone en el artículo 18 de la Ley del Estado de Emergencia y Protección frente a Desastres.

26.Durante el estado de emergencia, el Ministro de Relaciones Exteriores de Mongolia está obligado, por ley, a informar inmediatamente al Secretario General de las Naciones Unidas acerca de las razones que haya habido para decretar ese estado, de la consiguiente anulación de las obligaciones contraídas por Mongolia al haber ratificado el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, de las medidas concretas que se hayan adoptado para limitar los derechos humanos y las libertades y del plazo de duración de dicha limitación.

27.El Presidente ha decretado el estado de emergencia una sola vez en toda la historia de Mongolia. Ello ocurrió el 1 de julio de 2008, a raíz de unos disturbios y habida cuenta de que los órganos competentes no podían dominar la situación. El Presidente emitió el decreto oportuno. En la citada fecha, un grupo de personas recurrió a la fuerza ilegítimamente para amenazar la vida de otras personas, causar daños a los bienes y las propiedades y provocar peligro de incendio en el soum (distrito) de Sujbaatar; los disturbios se produjeron cuando las fuerzas del orden público fueron atacadas. La necesidad de resolver esa situación de emergencia y de restablecer la normalidad en la vida de las personas y de la sociedad indujo al Presidente a ejercer los plenos poderes que se le conferían en el artículo 33.1.12 de la Constitución y los artículos 5.3 y 6 de la Ley del Estado de Emergencia y decretar, así, un estado de emergencia en el término municipal de Ulanbaatar, a partir de las 24.00 horas del 1 de julio de 2008 y con una duración de cuatro días. Mientras estuvo en vigor el estado de emergencia se adoptaron las siguientes medidas:

Dispersar las reuniones, las concentraciones y los demás actos públicos organizados ilegalmente recurriendo a la fuerza y los medios legítimos previstos por ley;

Limitar el tráfico en el centro de la ciudad de Ulanbaatar y realizar inspecciones de vehículos;

Dispersar y detener a los grupos de personas que alteraran o hubieran alterado el orden público o que organizaran o hubieran organizado actos violentos y confiscar sus armas y equipamiento;

Restringir la libertad de circulación en el centro de la ciudad de Ulanbaatar (Baga toiruu) entre las 22.00 y las 8.00 horas, detener, por medio de la policía y el ejército, a quienes infringieran el toque de queda y, en caso de que esas personas no llevaran documentos de identidad o equivalentes, recluirlas hasta identificarlas por un período no superior a 72 horas;

Prohibir el uso de altavoces o aparatos análogos y confiscarlos temporalmente en caso necesario;

Clausurar todos los canales de televisión, salvo los de la Emisora Nacional de Radio y Televisión de Mongolia, hasta que terminara el estado de emergencia;

Prohibir la venta y la distribución de alcohol; e

Imponer controles al uso de armas de fuego y municiones en poder de los ciudadanos, de explosivos y de sustancias químicas, biológicas y radiactivas con efectos potentes y de armamento, tecnología y pertrechos militares para adiestrar a organizaciones y otras entidades.

28.El Sr. Ts. Munkh-Orgil, Ministro de Justicia y del Interior, fue quien ordenó que se adoptaran las medidas de emergencia requeridas para ejecutar la citada Ley y las demás normas jurídicas aplicables y que se movilizaran las instituciones, las fuerzas y el equipo técnico pertinentes.

29.El Presidente emitió el Decreto núm. 194 en virtud del cual se declaró el estado de emergencia durante cuatro días en la ciudad de Ulanbaatar y, en nombre del Gobierno de Mongolia, el Ministro de Relaciones Exteriores remitió una nota al Secretario General de las Naciones Unidas.

30.El Jefe del Departamento General de Policía aprobó el Procedimiento núm. 173, de 4 de abril de 2010, sobre la defensa del orden social durante el estado de emergencia (código 416). En el procedimiento se prohíbe limitar los derechos humanos y las libertades; se garantizan el derecho a la vida y la libertad de convicción y de profesar una religión o no profesar ninguna, y se prohíbe a la policía infligir torturas u otros tratos crueles o inhumanos durante el estado de emergencia.

31.En las normas de la policía se describe detalladamente qué medidas se tomarán durante el estado de emergencia.

32.Tomando como base el principio del reconocimiento de los derechos humanos y las libertades en la Constitución de Mongolia, así como los principios de lucha contra las violaciones de esos derechos y libertades y de restitución de los mismos, el Parlamento aprobó la Ley de Indemnización a las Víctimas, de 9 de julio de 2009. Desde que empezó a aplicarse esa Ley, se han consignado, en los presupuestos del Estado, 17.100 millones de togrogs para indemnizar a víctimas. Además, a raíz de la Resolución núm. 294, de 2009, del Gobierno de Mongolia, relativa a las indemnizaciones, se organizaron las labores destinadas a indemnizar, con 442,5 millones de togrogs, a 396 agentes de policía que habían sufrido lesiones en el ejercicio de sus funciones durante los disturbios de 2008.

33.A raíz de la directriz conjunta de los Secretarios de Estado del Ministerio de Salud y el Ministerio de Justicia, el Jefe del Departamento General de Policía dictó, en 2011, la Orden núm. 254, en la cual se reglamentaba la primera fase del reconocimiento médico de 258 agentes de policía y soldados del ejército que habían sufrido lesiones durante los disturbios públicos de 2008.

Parte III

Artículo 6 El derecho a la vida es inherente al ser humano

34.Mongolia se ha adherido al Segundo Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, por lo cual erradicará la pena de muerte para todas las personas. En el proyecto de ley de reforma del Código Penal se sustituyó esa pena por la de cadena perpetua, que se conmutaría por otra pena de duración definida cuando el reo hubiera cumplido 25 años de cárcel y reuniera ciertos requisitos.

35.La pena de prisión podrá tener una duración definida o ser de por vida. En el primer caso durará de una semana a 20 años y en el segundo caso, de 20 años en adelante; la persona podrá quedar en libertad una vez haya cumplido 25 años de condena.

Artículo 7 Prohibición de la tortura y otros tratos o penas inhumanos o degradantes

36.Mongolia firmó el Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes de las Naciones Unidas el 24 de septiembre de 2013 y lo ratificó el 11 de diciembre de 2014.

37.En virtud de la Ley del Departamento de Policía aprobada en 2013, las competencias de supervisión y vigilancia del Departamento de Policía y de su personal se transfirieron a la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Gracias a ello se ha creado un sistema independiente que vigila las actividades de la policía. Se ha creado un subconsejo que vela por la aplicación del Programa Nacional de Derechos Humanos en el Cuerpo de Policía e informa a las autoridades superiores. El director del subconsejo es el Subdirector del Departamento General de Policía. En el ámbito de las actividades de derechos humanos y para garantizar la aplicación del memorando de cooperación que firmaron el Departamento y la Comisión, se organizan reuniones periódicas para intercambiar información actualizada sobre las actividades realizadas, debatir nuevas medidas y recomendaciones, estudiar casos de personas encarceladas por delitos penales, examinar denuncias e informaciones sobre violaciones de derechos humanos presentadas por personas sospechosas y acusadas de delitos, examinar las resoluciones correspondientes, definir los nuevos objetivos y metas de los planes de acción de derechos humanos, y debatir las actividades que se prevean realizar.

38.Por lo que respecta a la estructura orgánica de la policía, la División de Lucha contra la Delincuencia, que investiga los delitos cometidos por los individuos especiales pertenecientes a los cuerpos profesionales, se ha trasladado al Departamento de Inspección y Seguridad Internas del Departamento General de Policía. En el procedimiento operativo del Cuerpo de Policía (código 224) se dispone que la policía tiene prohibido infligir tortura y tratos crueles o inhumanos a los detenidos en régimen temporal, con la intención de vejarlos, infligirles sufrimiento o administrarles castigos corporales o con cualquier otra intención”, y este procedimiento se aplica y acata.

39.Según los datos publicados por el Consejo General del Poder Judicial, entre 2010 y 2014 hubo los siguientes casos de tortura según la definición que se da de este delito en el Código Penal: en 2010, en la aimag de Bayan Ulgii, hubo un caso que afectó a una persona; en 2013, en la aimag de Ubsugul, hubo otro caso que afectó a otra persona y, en la aimag de Dornod, hubo otro caso que afectó a dos personas que fueron condenadas por haber infringido el artículo 251 del Código Penal. La Fiscalía no cursó requerimientos ni órdenes oficiales a la policía en relación con esos casos de tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.

40.Las zonas de los órganos profesionales de investigación en las que se celebraban reuniones e interrogatorios se equiparon con dispositivos de grabación de vídeo, gracias a lo cual se logró que en 2014 no hubiera ya casos de tortura o malos tratos, pues los interrogatorios y las reuniones que mantenían el interrogador, el investigador general, el fiscal, el juez y los investigadores de los servicios de inspección y de lucha contra la corrupción con los sospechosos y los condenados se volvieron más seguros, y mejoraron bastante la supervisión, la vigilancia, la protección, el respeto de la intimidad y el acatamiento de los procedimientos.

41.Las condiciones de los centros de detención y las cárceles han mejorado considerablemente, dado que se terminó de construir seis nuevos establecimientos entre 2007 y 2011, de conformidad con las prácticas internacionales, y concluyeron las obras de reforma de 12 establecimientos pertenecientes a oficinas de aimag del Organismo de Ejecución de las Resoluciones Judiciales. Con miras a cumplir las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos, en 2013 se aprobaron cinco nuevas normas, que se respetan en la práctica.

42.En el artículo 10.14 de la Constitución se reconoce el derecho a ser indemnizado por los daños y perjuicios ocasionados por otros.

43.En el artículo 498.4 del Código Civil se dispone que el Estado indemnizará, por los daños y perjuicios ocasionados, a las personas naturales a quienes se haya obligado a comparecer ante la justicia como acusadas y hayan sido condenadas, detenidas o recluidas o hayan recibido notificación escrita en la que se les haya prohibido abandonar su lugar de residencia, y ello sin fundamentos jurídicos, y que además se restituya a esas personas en sus derechos, con independencia de la gravedad de la culpa en que hayan incurrido los investigadores, los agentes de policía, los fiscales o los jueces.

44.En el artículo 26.2 de la Ley de Fondos Públicos Especiales se dispone que incumbirá al Gobierno decidir acerca de la utilización de los fondos especiales y, en el artículo 8.3, que las medidas que se mencionan a continuación no pueden constar en el presupuesto anual, con lo cual se financiarán con cargo al fondo mencionado en el artículo 8.1 de la Ley. Los pagos a los ciudadanos que, por resolución judicial, se hayan hecho con cargo al Fondo de Reserva del Gobierno se consignan en el presupuesto anual del Ministerio de Justicia desde 2008, y en el período comprendido entre 2008 y 2014 se han asignado, con cargo a ese fondo y por resolución judicial, 1.500 millones de togrogs a 137 ciudadanos.

Artículo 8 Prohibición de la esclavitud y el trabajo forzoso

45.En la Ley del Trabajo se dispone que los asalariados de ambos sexos percibirán un sueldo y unas prestaciones iguales. Aun así, no se refleja, en ella, el principio de “igualdad de remuneración entre la mano de obra masculina y la mano de obra femenina por un trabajo de igual valor” consagrado en el Convenio Núm. 100 de la Organización Internacional del Trabajo, sobre Igualdad de Remuneración, pero sí que se lo refleja en el proyecto de reforma de dicha Ley.

46.En el proyecto de ley de reforma del Código Penal se dispone que el ejercicio de la fuerza contra una víctima, la amenaza del uso de la fuerza contra ella, el obligarla a aceptar unas cláusulas y condiciones que sean evidentemente perjudiciales, el monopolio del control sobre las personas aprovechándose de sus condiciones económicas, de salud, de su discapacidad o de otras condiciones de vida desfavorables y el obligar a las personas a desempeñar un trabajo sin remuneración llevarán aparejados una multa de 10.000 a 40.000 togrogs o una pena de dos a ocho años de prisión.

47.En la Ley de Ejecución de las Resoluciones Judiciales se prevé que, con arreglo al acuerdo de pagar igual remuneración a los reclusos por su trabajo, el empleador que ofrezca empleo a uno de ellos transferirá el pago correspondiente al centro de detención y el recluso tendrá derecho a gastar hasta un 10% de la paga mensual y a percibir el resto cuando recobre la libertad.

48.En la citada Ley se reglamenta la prestación de asistencia a los condenados para mejorar sus conocimientos jurídicos y sus aptitudes laborales, orientarlos profesionalmente, mejorar su instrucción, ofrecerles cursos de capacitación y organizar actos relacionados con las costumbres tradicionales y otros temas de conducta, y se dispone que en esas actividades participarán, además del personal penitenciario, otros interesados como instituciones religiosas, asociaciones benéficas, organizaciones de otra índole y ciudadanos. Por tanto, los centros de detención y las cárceles procuran prestar asistencia a los condenados para mejorar sus aptitudes laborales, su orientación profesional, su instrucción y sus conocimientos.

49.Por ejemplo, se han creado unos centros de capacitación laboral en los que se ofrecen cursos de formación profesional en artesanía, carpintería, pintura, escultura, costura y oficios varios, a fin de preparar a los reclusos para la vida social; las actividades de formación, rehabilitación y reforma, con las que se pretende evitar que los reclusos recaigan en su conducta anterior, las organizan conjuntamente una serie de educadores, asistentes sociales y psicólogos.

50.Además, en los establecimientos de detención de menores funcionan actualmente unos centros de capacitación, que imparten cursos de artesanía, elaboración de alfombras, carpintería y elaboración de productos de lana, y unas consultas de atención psicológica, que ayudan a los menores a modificar su conducta, adquirir los criterios psicológicos apropiados y prepararse para la vida social fuera de su establecimiento.

51.El Organismo de Ejecución de las Resoluciones Judiciales busca empleo a los reclusos, atendiendo a lo dispuesto en el artículo 120 de la Ley de Ejecución de las Resoluciones Judiciales, en el procedimiento sobre la definición de las normas laborales relativas a los reclusos y del procedimiento de determinación de su paga aprobado por el Jefe del Organismo el 6 de febrero de 2013, en la Orden aprobada núm. A/33 sobre directrices de contratación de reclusos por acuerdo y en el Acuerdo de contratación de reclusos por entidades y organizaciones. En 2015, había 3.298 reclusos empleados, cuya paga total ascendía a 719.557.400 togrogs.

Artículo 9 Derecho a la libertad y a la seguridad

52.La sección de delitos contra los derechos humanos y las libertades del artículo 13 del Código Penal se redactó de nuevo en la versión revisada de este, en los siguientes términos: “Quien obligue a otra persona a prostituirse o la someta a cualquier otra forma de explotación o abuso sexual, esclavitud o condiciones análogas, la induzca ilegalmente a realizar trabajos forzosos, use la fuerza contra esa persona para sacar provecho ilegal de sus órganos, amenace con usar la fuerza, robe, engañe y obre de mala fe, abuse de su poder o de la vulnerabilidad de la otra persona, pague o soborne a personas con autoridad para garantizase su sumisión, y transporte, aloje, traslade o reciba a otra persona con los fines que se han enumerado, incurrirá en una pena de entre dos y ocho años de prisión”.

53.En ese artículo se tipifican también los delitos de secuestro, toma de rehenes, reclusión ilegal y amenaza.

Artículo 10 Toda persona privada de libertad recibirá un trato humano y respetuoso con su dignidad de ser humano

54.En el artículo 69.1 del Código de Procedimiento Penal revisado, de 2002, de Mongolia se prevé que el período de detención de un sospechoso sea de un máximo de 14 días y el de un acusado, de un máximo de 2 meses, y que, en caso de delito grave o extremadamente grave y dependiendo de las complejidades del caso, si hubiera que prorrogar la detención, el tribunal podrá prorrogarla, pero el período total de averiguaciones y detención no superará los 24 meses. Cuando el delito que se impute sea el de atentado contra la vida de una figura política o social prominente, sabotaje, homicidio premeditado con agravante, tortura con agravante o genocidio, el tribunal podrá prorrogar el período de averiguaciones y detención un máximo de seis meses, según el artículo 69.3 de dicho código.

55.Además, cuando el delito que se haya cometido sea grave o extremadamente grave y el sospechoso se haya intentado fugar o haya indicios o pruebas suficientes como para sospechar que se haya cometido un delito de esas características y el sospechoso, acusado o enjuiciado pueda eludir el interrogatorio, las averiguaciones y el juicio o pueda obstaculizar el proceso de esclarecimiento de los hechos del delito, o cuando se den otras circunstancias especiales, se podrá detener y encarcelar a un menor. En caso de que se detenga y encarcele a un menor, se cursará la correspondiente notificación a los padres y a los demás representantes jurídicos y defensores de aquel, en un plazo de 12 horas. En el artículo 366, párrafo 3, del Código de Procedimiento Penal se dispone que el menor detenido o encarcelado sea separado o apartado de los adultos y de los condenados menores. El período normal de detención y averiguaciones respecto de un menor es de 1 mes y, con arreglo a lo previsto en dicho código, no debe superar los 18 meses.

56.Asimismo, a los menores y las mujeres se los aparta de los delincuentes extremadamente peligrosos, los reincidentes y los condenados; se aparta a los condenados de los sospechosos y los acusados; se recluye por separado a las personas que padecen sida, tuberculosis u otras enfermedades infecciosas, así como a los portadores de los correspondientes agentes transmisores; los sospechosos o acusados implicados en una misma causa son apartados de los demás sospechosos o acusados implicados en ella.

57.Teniendo en cuenta los antecedentes penales y la biografía del sospechoso o el acusado y dependiendo de las solicitudes del interrogador, el investigador y el fiscal, se podrá recluir a esa persona en una celda individual. En el caso de personas recluidas individualmente, estas tienen prohibido hablar con los reclusos de otras celdas, o comunicarse con ellos de la forma que sea; a las mujeres y los menores sospechosos se los encierra en dependencias de internamiento.

58.Las condiciones de reclusión de las mujeres y los menores se han mejorado en comparación con las de los demás reclusos; ahora se presta atención a su salud y se vigilan su dieta y su nutrición.

59.Según el artículo 32 de la Ley de Ejecución de las Resoluciones Judiciales, que versa sobre la ejecución de las órdenes de detención y reclusión de sospechosos y acusados, las mujeres y los menores deberán estar apartados de los varones adultos.

60.La Orden núm. A/209, de 24 de noviembre de 2014, dictada por el Ministro de Justicia y relativa al reglamento interno de los establecimientos penitenciarios, el procedimiento operativo normalizado de los alguaciles y el modelo básico de comunicación con los reclusos, así como otras normas jurídicas conexas, se acatan y aplican ordinariamente.

Artículo 11 Nadie será encarcelado por el solo hecho de no poder cumplir una obligación contractual

61.En el informe anterior se señaló que, en las leyes y los reglamentos de Mongolia, no había disposiciones que limitaran la libertad de las personas por el hecho de que estas no pudieran cumplir una obligación contractual. En presente informe se confirma que la situación es la misma hoy en día.

Artículo 12 Libertad de circulación y libertad de residencia legales dentro del territorio del Estado y derecho a regresar a este

62.Uno de los objetivos principales de la cooperación en el sector jurídico de Mongolia es garantizar y proteger los derechos y los intereses legítimos de los ciudadanos mongoles y de los ciudadanos extranjeros legales. Con la intensificación de la política exterior en el decenio de 1960, Mongolia empezó a firmar notas y documentos de asistencia jurídica recíproca con otros países y a proteger los derechos y los intereses de sus ciudadanos y de los ciudadanos extranjeros. En total, se han firmado 26 acuerdos con 19 países sobre asistencia jurídica recíproca en asuntos civiles y penales, extradición de delincuentes y traslado de condenados.

63.En la Constitución de Mongolia se prohíbe privar a alguien de la nacionalidad adquirida por nacimiento y exiliar y extraditar a ciudadanos mongoles a otro país, y en el artículo 15 del Código Penal se dispone lo siguiente: 1) los ciudadanos de Mongolia no serán extraditados a un Estado extranjero para que sean enjuiciados en causas penales o hagan frente a responsabilidades penales; y 2) los nacionales extranjeros y los apátridas que hayan cometido delitos fuera del territorio de Mongolia pero se hallen en dicho territorio podrán ser extraditados a un Estado extranjero para hacer frente a responsabilidades penales o cumplir condena, según se disponga en el acuerdo internacional pertinente en el que Mongolia sea parte.

64.El 25 de noviembre de 2015, la cifra de ciudadanos mongoles que viajaron al extranjero fue de 1.810.083. Asimismo, 442.017 ciudadanos extranjeros entraron en Mongolia.

Artículo 13 Expulsión de un ciudadanos extranjero

65.La Ley de la Condición Jurídica de los Ciudadanos Extranjeros se aprobó el 8 de julio de 2010 y se reformó el 26 de diciembre de 2013. Con arreglo a esa reforma, el Organismo de Inmigración de Ciudadanos Extranjeros se transformó en el Departamento General de Ciudadanía y Migración de Mongolia, que empezó a funcionar con plenos poderes y atribuciones más amplias a partir del 1 de abril de 2014, según lo dispuesto en la Ley de Fronteras.

66.Según el artículo 37 de la Ley de la Condición Jurídica de los Ciudadanos Extranjeros, cuando no haya fundamentos para presentar cargos penales contra un ciudadano extranjero, este será deportado en los siguientes casos:

Cuando haya entrado en el país sin un pasaporte válido o con documentación falsa;

Cuando no haya salido del país una vez haya expirado su permiso de residencia;

Cuando haya infringido dos o más veces el proceso de obtención de visado y de registro y se hayan presentado cargos contra él con arreglo a la ley;

Cuando haya realizado alguna de las actividades ilegales previstas en el artículo 13 de la citada Ley, relativo a la fiscalización de estupefacientes y sustancias psicoactivas;

Cuando el sistema de salud le haya diagnosticado un trastorno psicológico (esta disposición se enmendó por ley el 13 de diciembre de 2012);

Cuando haya usado documentación falsa para obtener el visado o el permiso de residencia, o haya modificado o falsificado el visado o el permiso de residencia;

Cuando haya ejercido un empleo sin permiso de las autoridades competentes o emprendido actividades distintas de las declaradas al entrar en el país;

Cuando, según lo dispuesto en el artículo 35.1 de la citada Ley, no haya querido salir voluntariamente de Mongolia;

Cuando la policía haya presentado una denuncia justificada contra el ciudadano extranjero por haber alterado el orden público en dos o más ocasiones y se le haya impuesto la correspondiente sanción administrativa;

Cuando las autoridades competentes consideren que la persona puede organizar actividades que atenten contra la seguridad nacional de Mongolia;

Cuando el ciudadano extranjero condenado por un tribunal haya cumplido la condena, haya sido puesto en libertad o haya de ser trasladado, en virtud de un acuerdo internacional, al país correspondiente; o

Cuando se trate de un visitante que haya permanecido en el país más de lo permitido por su visado para una estancia breve.

67.El Jefe del Departamento General de Ciudadanía y Migración de Mongolia emitirá una decisión sobre la deportación del ciudadano extranjero teniendo en cuenta la conclusión del inspector público encargado de vigilar a los ciudadanos extranjeros.

68.El Departamento General de Ciudadanía y Migración deberá tomar una fotografía y las huellas digitales del ciudadano extranjero que haya de ser deportado y cargarlas en la base de datos correspondiente. La decisión relativa a la deportación la ejecutará dicho departamento, con la colaboración de las Fuerzas de Defensa de Fronteras y el Cuerpo de Policía.

69.El Departamento General de Ciudadanía y Migración deberá registrar el pasaporte y el resto de la documentación del ciudadano extranjero que haya de ser deportado y notificarle el plazo durante el cual tendrá prohibido volver a entrar en el país. Los gastos de deportación desde Mongolia los sufragará la parte que haya incurrido en incumplimiento o la parte que haya instado el procedimiento y, en caso de insolvencia, los sufragará el propio departamento.

70.La deportación de un ciudadano extranjero de Mongolia no guarda relación con la extradición de un condenado. El ciudadano extranjero deportado será trasladado al país correspondiente.

71.Cuando resulte imposible deportar directamente al ciudadano extranjero, se lo podrá deportar a su anterior país de residencia, al país de nacimiento, al último país en que haya residido antes de entrar en Mongolia o al país que le haya expedido el visado.

72.En el artículo 46 de la Ley de Interrogatorios Penales se reglamenta el traslado de un ciudadano extranjero o de un apátrida que haya cometido un delito en el territorio del país extranjero o haya sido condenado en este, y en el artículo 47 se reglamenta el traslado de la persona al país correspondiente cuando los tribunales de Mongolia lo hayan condenado a una pena de prisión y se dispone que esas cuestiones se resolverán con arreglo a los contratos y los acuerdos internacionales pertinentes.

73.En esos dos mismos artículos de la Ley de Interrogatorios Penales se enuncian las razones por las cuales se rechazará o declinará trasladar a una persona, pero no se menciona expresamente “la amenaza de sufrir tortura”, que es una razón justificada; asimismo, en los acuerdos, los contratos y las negociaciones en los que Mongolia es parte se enuncian esas razones.

74.En el artículo sobre la asistencia jurídica recíproca se trata la cuestión de la protección jurídica, que admite ciertas excepciones. Según el artículo 24 de la Convención de Procedimiento Civil de La Haya, de 1954, los países cooperantes tendrán derecho a intercambiar libremente los datos de sus ciudadanos. Los países contratantes, con arreglo al principio de la distribución equitativa entre los regímenes nacionales, deberían intercambiar datos en igualdad de condiciones.

El 25 de noviembre de 2015, residían en Mongolia un total de 27.814 ciudadanos extranjeros procedentes de 121 países, 1.574 inmigrantes de edad legal y 354 menores. Y residían en el país 36 apátridas, de los cuales 18 eran inmigrantes y 1, menor de edad.

Artículo 14 Derecho de las personas a la igualdad ante los tribunales

75.La colección de Leyes del Poder Judicial entró en vigor el 15 de abril de 2013.

Transición de una sola ley del poder judicial a una colección de leyes que lo reglamentan

76.En la Constitución de Mongolia el poder del Estado se divide entre las ramas legislativa, ejecutiva y judicial, división que constituye la base jurídica de la independencia del poder judicial. A fin de aplicar ese principio, 20 años después de que se hubo aprobado la Ley del Poder Judicial, en 1993, entró en vigor la colección de Leyes del Poder Judicial, el 15 de abril de 2013. La importancia que tienen las cinco leyes que componen la colección radica en que reglamentan todos los asuntos que atañen al sistema judicial. Después de que se hubo aprobado la colección, se aprobó, el 19 de junio de 2015, la Ley revisada de Constitución del Poder Judicial, que entró en vigor el 1 de julio de ese mismo año.

77.La separación de los tribunales y la administración judicial garantiza que aquellos sean inmunes a la influencia de otras autoridades e independientes en sus actividades. Por primera vez, el Consejo General del Poder Judicial, nombrado con arreglo a la Ley de la Administración Judicial, que se atiene a los principios constitucionales, ha podido ejercer sus poderes plenamente, dado que se han creado las condiciones oportunas. El poder judicial se ha convertido en una rama independiente del Gobierno. A fin de garantizar el contrapeso entre poderes y mantener el equilibrio del sistema judicial, este se ha dividido en órganos principales, especializados y de otra índole, y se ha reglamentado, por ley, el funcionamiento del Consejo General del Poder Judicial, a fin de garantizar la independencia de los tribunales y la inmunidad de los jueces. Gracias a la aprobación de la citada Ley, el Consejo General y los órganos judiciales de todos los niveles se pueden concentrar en defender los derechos y los intereses legítimos de los jueces y realizar todas sus actividades administrativas de manera independiente. Los jueces intervienen solamente en los procedimientos judiciales, lo que les permite ser independientes e inmunes a la influencia de otras autoridades.

78.Con miras a que el proceso de aplicación de la Ley de Procedimiento Judicial sea transparente, abierto y accesible al público, se ha creado un sitio web (www.shuukh.mn, shuukh.app) en el que figuran todos los fallos, las decisiones y las resoluciones judiciales, salvo los relativos a asuntos que afecten a la intimidad de las personas y al secreto de Estado. En la actualidad, su base de datos digital contiene 180.868 decisiones relativas a 133.349 causas.

79.Se han instalado equipos de grabación de audio y vídeo y de almacenamiento de esas grabaciones en un total de 105 salas de tribunales, lo que permite que las partes interesadas presencien las sesiones de los tribunales, que las víctimas copien las grabaciones, que la policía y el ministerio público las usen como material pedagógico, que los tribunales de apelación las copien, que las comisiones de ética de los tribunales copien las grabaciones de la vista judicial que les interesen u otras grabaciones.

80.Asimismo, se han instalado equipos de grabación de vídeo en todos los tribunales locales, lo que permite al Consejo General del Poder Judicial realizar, en línea, todo tipo de cursos de formación, seminarios, reuniones y debates. Además, ello permite que los tribunales se conecten entre sí para intercambiar información y datos y que los demandantes, los representantes autorizados y los peritos participen a distancia en las sesiones de los tribunales. En 2015, se utilizó ese sistema en un total de 127 ocasiones. Se utilizó, por ejemplo, en 26 ocasiones en las vistas de los tribunales locales de Ulanbaatar, en 78 ocasiones en las vistas de los tribunales locales de otras zonas y en 23 ocasiones en cursos de formación y seminarios organizados por el Consejo General.

81.Algunos tribunales se han especializado por completo para resolver los litigios de los ciudadanos que requieren tribunales y jueces especiales. En la Ley del Poder Judicial, que forma parte de la colección de Leyes del Poder Judicial, de 2013, se dispuso que los tribunales de la capital y algunos tribunales locales de primera instancia y de apelación pasaran a ser tribunales independientes especializados, de manera exclusiva, en asuntos penales o civiles, y a nivel nacional han sido 75, en total, los tribunales que han empezado a funcionar de manera especializada. Sin embargo, según la Ley revisada del Poder Judicial, de 2015, todos los tribunales de primera instancia, salvo seis tribunales locales que conocen de asuntos que afectan a más de un soum, pasaron a ser tribunales exclusivamente competentes en asuntos civiles o penales, y a nivel nacional han sido 99 tribunales, en total, los que han empezado a funcionar según este régimen; gracias a ello los ciudadanos tienen todas las oportunidades de ser escuchados por tribunales y jueces especializados.

Independencia del poder judicial, porcentaje que le corresponde en los presupuestos del Estado, remuneración de los jueces, garantías presupuestarias y otras garantías

82.Dentro de la reforma del poder judicial destinada a aplicar el precepto constitucional de que el Estado garantice los recursos económicos necesarios para la actividad de dicho poder, el Gobierno ha prestado atención especial a la colección de Leyes del Poder Judicial.

83.A ese respecto se han adoptado las siguientes disposiciones legales: queda terminantemente prohibido recortar el presupuesto operativo del poder judicial con respecto al del año anterior; el Consejo General del Poder Judicial elaborará los presupuestos del poder judicial, que comprenderán el presupuesto operativo y el presupuesto de inversiones de todos los tribunales, y lo elevará directamente al Gran Jural del Estado; queda prohibido aprobar todo acto administrativo o promulgar toda norma jurídica que atente contra el principio de la independencia de los tribunales o menoscabe las condiciones de independencia e inmunidad de los jueces, por ejemplo las garantías legales, económicas y sociales de que gozan; los seguros de vida y de salud de los jueces se sufragarán con cargo a los presupuestos del Estado; la cuantía de la remuneración de los jueces habrá de ser suficiente como para asegurarles la independencia económica. Todas esas disposiciones legales garantizan la inmunidad económica al poder judicial, tanto en su administración como en su actividad.

84.El total de los presupuestos del poder judicial de 2015 fue de 58.800 millones de togrogs, suma 2,8 veces superior a la del presupuesto de 2012, que fue de 20.900 millones de togrogs, y representa actualmente el 0,75% del total de los presupuestos del Estado, porcentaje 2,26 veces superior al de 2012, que fue del 0,33%. El incremento de los presupuestos del poder judicial a partir de 2013 ha permitido llevar a buen término la reforma de las instalaciones judiciales, mejorar el equipamiento, renovar el mobiliario, otorgar seguros de vida y de salud a los jueces, lograr que los jueces sean transparentes y estén abiertos a los ciudadanos, aumentar el número de jueces y subirles el sueldo.

85.El presupuesto de inversiones no se aprobó en los tribunales de todos los niveles en 2014 y 2015, lo que dio lugar a una situación en la que los jueces y los funcionarios administrativos, cuyo número había aumentado a partir de 2013, no cupieran en las instalaciones existentes, por lo que actualmente se alojan en instalaciones alquiladas a países extranjeros o en edificios antiguos que estaban en desuso y que, según los inspectores públicos, deberían cerrarse. Por tanto, en el futuro próximo habrá que aplicar las disposiciones según las cuales las instalaciones judiciales se utilizarán exclusivamente para celebrar juicios, el poder judicial tendrá sus propios locales, se proporcionará a los tribunales, de manera urgente, unos locales normalmente acondicionados que garanticen su independencia, se mejorarán las garantías económicas de que gozan los jueces y se perfeccionará la normativa correspondiente.

Independencia económica: el sueldo y otras prestaciones, el parte de injerencias y otras normas

86.Con objeto de ofrecer garantías sociales y económicas a los jueces y funcionarios judiciales se ha aprobado el Programa de Protección Social de Jueces y Funcionarios Judiciales y se hallan en curso los preparativos para aplicarlo durante el período comprendido entre 2014 y 2020. En el artículo 23.1 de la Ley de la Condición Jurídica de los Jueces se dispone que la cuantía del sueldo correspondiente al cargo de juez haya de ser suficiente y garantizar que dicho cargo se ejerza de manera independiente.

87.El citado artículo se ha aplicado y, en virtud de la Resolución núm. 45, de 2013, del Consejo General del Poder Judicial, se fijó la escala de sueldos de los jueces en los presupuestos aprobados, con lo que se les garantizó la independencia económica.

88.La cuantía de la remuneración de los jueces en el ámbito de los presupuestos aprobados se ha fijado por ley, lo que ha constituido la medida más importante, desde que se empezó a aplicar la colección de Leyes del Poder Judicial, para garantizar los intereses de los jueces y, por ende, los derechos humanos, la libertad y la justicia.

89.Para impedir que alguien se injiriera en la labor de los jueces se ha introducido el parte de injerencias. La garantía principal de la independencia y la inmunidad de los jueces es su facultad de dictar decisiones autónomas e imparciales en las causas y los litigios de los que conocen, sin sufrir influencia alguna y ciñéndose exclusivamente a la ley. Cuando en cualquier causa o litigio alguien intente influir en el juez o el tribunal o de injerirse en su labor, el juez rellenará el parte de injerencias, que es un instrumento de protección de su inmunidad previsto en la Ley de la Condición Jurídica de los Jueces.

90.El Consejo General del Poder Judicial ha recibido, en total, 12 partes de injerencias de los jueces, con arreglo a lo previsto en el artículo 22.4 de la Ley de la Condición Jurídica de los Jueces. El Consejo General aprobó el procedimiento de resolución de partes de injerencias el 8 de mayo de 2015 y, desde esa fecha, ha recibido tres partes, que se remitieron a los órganos de investigación.

91.Dentro del proceso de aplicación de las disposiciones de protección social y económica de los jueces previstas en la Ley de la Condición Jurídica de los Jueces, se firmó un contrato de seguros con la sociedad de responsabilidad limitada Bodi Daatgal, para asegurar la vida y la salud de todos los jueces de los tribunales de primera instancia y de apelación, con lo cual se crearon las condiciones para prevenir riesgos.

92.Asimismo y a fin de prevenir que se atentara contra los derechos y los intereses de los jueces reconocidos en los párrafos 6 y 7 del artículo 24 de la Ley de la Condición Jurídica de los Jueces, se elevaron al poder legislativo una serie de enmiendas para suprimir las incompatibilidades entre disposiciones legislativas y mejorar la coherencia de estas, enmiendas que se habrían de incorporar en la Ley de Pensiones y Prestaciones Pagaderas con cargo al Fondo del Seguro Social.

Creación de un clima pacífico, alivio de la carga de los tribunales y asistencia para resolver los litigios eficazmente

93.La aplicación de la Ley de Mediación y Conciliación, que entró en vigor el 4 de febrero de 2014 forma parte de la aplicación de la colección de Leyes del Poder Judicial, y el Consejo de Mediación y el Consejo General del Poder Judicial, junto con el Organismo Japonés de Cooperación Internacional, han preparado a un total de 677 mediadores impartiendo 20 cursos; todos los mediadores asistieron a repetidos cursos. Asimismo, las citadas entidades organizaron conjuntamente la supervisión de las actividades de mediación en 12 aimag s y la labor de promoción de la Ley de Mediación y Conciliación y enviaron a 66 personas al Japón en tres ocasiones para que se formaran en mediación.

94.En el informe anual de 2014 sobre la mediación en los tribunales se muestra que, de las 6.427 demandas y denuncias recibidas, 5.122 se remitieron a los servicios de mediación, y que de esos 5.122 casos, 2.847 se resolvieron satisfactoriamente mediante esos servicios.

95.En el informe del primer semestre de 2015 se indica que se recibieron 7.511 demandas y se resolvieron 5.748, y que en 3.842 de estas últimas, es decir, en el 66,8% de los casos, se logró la conciliación.

96.En el informe del primer semestre de 2015 sobre las actividades de mediación de los tribunales de Mongolia se comprobó que, en comparación con el mismo período del año anterior, habían aumentado 3,2 veces las solicitudes de mediación, 3,5 veces los casos resueltos y 2,1 veces las causas civiles remitidas a los servicios de mediación por los tribunales.

97.El incremento anual constante de los casos de mediación en los tribunales civiles es prueba de que las condiciones y los procedimientos de mediación funcionan bien y, además, la mediación alivia, en cierta medida, la pesada carga de trabajo que soportan los tribunales y los jueces.

98.Con objeto de disponer de un número suficiente de jueces, se contrataron 100 nuevos, para lo cual se mejoró el procedimiento de selección implantando nuevos métodos que promovían una sana competencia entre los jueces.

99.En el marco de reformas judiciales de Mongolia, se perfeccionó el procedimiento de selección de los jueces. A fin de que el poder judicial fuera transparente, imparcial, abierto e independiente de las influencias externas, así como de ahorrar gastos y tiempo de selección, se implantó el sistema de selección de jueces. Su implantación se sufragó conjuntamente con fondos del Consejo General del Poder Judicial y del proyecto de fomento del buen gobierno y la transparencia de la Asia Foundation, proyecto financiado por la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional. El procedimiento de selección en línea permitió evaluar imparcialmente a los aspirantes sin influencias externas y ahorrar personal, tiempo y gastos, con lo cual resultó ser un procedimiento innovador y de aplicación general. La implantación del nuevo régimen jurídico, que entrañaba la del procedimiento de selección de jueces, el procedimiento operativo de la Comisión de Tribunales Especializados, el procedimiento operativo de la Comisión de Valoración Judicial y el procedimiento contra los intereses de esta comisión, creó las condiciones y el clima jurídicos necesarios para que hubiera una comisión de valoración judicial independiente y se seleccionara imparcialmente a jueces y aspirantes aplicando métodos e instrumentos acordes con los usos internacionales. Por ejemplo, los jueces incluyeron la evaluación de la conducta de los aspirantes en el método de selección. En el artículo 4.1.5 de la Ley de la Condición Jurídica de los Jueces se dispone que el juez tendrá presente la ética profesional, apreciará la justicia, respetará los derechos humanos, será inmune a la influencia ajena y deberá ser capaz de tomar decisiones independientes. En los apartados 2 y 3 del párrafo 1 del artículo 3 del Procedimiento de Selección de Jueces figuran, como indicadores para elegir a los aspirantes, “la ética profesional” y “la conducta del juez”.

100.El Procedimiento de Selección comprende la evaluación aleatoria de la ética profesional de los aspirantes al cargo de juez por parte de personas capacitadas para ello. Este es el nuevo método para examinar la ética y la conducta de los aspirantes a jueces, en el que se tiene en cuenta el historial de estos.

101.A raíz de las reformas jurídicas ya expuestas, 100 nuevos jueces entraron en el “aparato” judicial, cuya plantilla recibió una inyección de energía. Con ello se renovó el 13% de la plantilla total de jueces de Mongolia. Cabe señalar que el 52,3% de los nuevos jueces eran juristas con una larga experiencia como abogados defensores o asesores jurídicos. Además, 25 de ellos, es decir, un 39,7%, tenían títulos de máster, lo que constituía un indicio de la mejora del nivel educativo de los jueces. La renovación de la plantilla judicial promovida por las citadas reformas jurídicas ha hecho que el promedio de edad de los jueces de los tribunales de primera instancia y de apelación se sitúe en 43,4 años. La preferencia, en los nuevos nombramientos, por jueces jóvenes recién incorporados a la zona del tribunal y con una educación y unos conocimientos superiores, antes que por jueces maduros que ya hayan trabajado en la zona durante largo tiempo y se dejen influir por las amistades personales, ayudará a que la opinión pública deje de sospechar que los jueces se dejan influenciar por sus amistades.

102.Se ha elaborado y aplicado un programa de formación judicial para perfeccionar el sistema judicial, mejorar la política de formación vigente y trazar nuevas estrategias. Para asegurar el éxito del programa se impartió formación a maestros e instructores y se elaboraron unos temarios específicos, con cuya elaboración se empezó a modificar el contenido de los temarios antiguos para adaptarlos a los principios de las reformas jurídicas y los usos internacionales.

Protección del Tajar: imposición del orden en los tribunales, protección de las víctimas y los testigos y garantía de su comparecencia ante los tribunales

103.Como complemento del Procedimiento de seguridad de tribunales y jueces, implantado en virtud de la Orden núm. A/96, el Ministro de Justicia, conjuntamente con el Jefe del Consejo General del Poder Judicial, aprobó la Orden núm. 90 en 2014 y decretó que se aplicaran los artículos 6.1.1, 6.1.3, 6.1.4 y 6.1.6 de la Ley de la Oficina General del Tajar de Mongolia en el primer semestre de 2015, con objeto de ofrecer protección a los tribunales y los jueces a nivel nacional; de las 43 instalaciones judiciales que hay, 42 tienen guardianes con protección blindada que trabajan 24 las horas del día, por turnos de 8 horas.

104.Durante el período de funcionamiento de los tribunales se celebraron, en total, las vistas de 6.947 causas penales, 16.787 causas civiles, 3.076 causas administrativas; se celebraron, en total, 27.453 vistas, 68 de ellas en línea. De esas 27.453 vistas, en 14.737 casos los tribunales dictaron órdenes para garantizar que las vistas se celebraran en condiciones normales, y se inspeccionaron 191.447 documentos de identidad y de otra índole de los ciudadanos antes de que estos comparecieran en las vistas.

105.Durante la celebración de las vistas, hubo que velar por la seguridad de un total de 91.572 participantes; hubo 1.219 casos de excarcelación bajo caución, de adopción de medidas preventivas y de inmovilización de los acusados en el estrado del tribunal, 812 casos de adopción de medidas de detención preventiva, 1.466 casos de encarcelamiento de los acusados, 1.816 casos en que se les impusieron penas de otra índole y 406 casos de absolución.

106.Atendiendo a las leyes y los procedimientos aplicables en los centros de detención temporal, se garantizaron los derechos y los intereses de los acusados organizando reuniones con 706 abogados defensores y 1.681 interesados.

107.En 29 ocasiones hubo que reforzar, con efectivos adicionales, la seguridad en el recinto de los tribunales y otros lugares, en juicios con numerosos participantes.

108.En el marco del programa de protección de víctimas y testigos, la Oficina General del Tajar recibió un total de 36 solicitudes, de las cuales 22 procedían de ciudadanos y 2 de abogados defensores, otras 2 eran órdenes judiciales, 3 eran peticiones de protección de víctimas presentadas por las dependencias judiciales, 4 eran peticiones de protección de víctimas presentadas por la policía, 1 era una petición de protección de testigos presentada por el Departamento de Policía de la aimag de Tuv y 2 eran solicitudes presentadas por organizaciones no gubernamentales (ONG). A raíz de esas solicitudes, se brindó protección a un total de 38 ciudadanos, a saber, 1 juez, 13 víctimas, 5 testigos y 19 ciudadanos vinculados a la víctima. El tipo de protección brindada fue de advertencia previa a 11 personas, de protección personal a 3, de mudanza temporal de 2 a un lugar seguro y de provisión de equipamiento y tecnología a 1 persona.

109.En lo que respecta al traslado de los sospechosos y los condenados con escolta armada, se trasladó, en total, a 4.120 hombres, 204 mujeres, 48 menores y 15 personas discapacitadas. De todas esas personas, 1.882 fueron escoltadas del centro de detención al tribunal; 3.091, del tribunal al centro de detención, y 289, del centro de detención a las cárceles locales de régimen ordinario, asimismo, 55 personas fueron detenidas y trasladadas a un centro de detención; 199, trasladadas a la unidad de tránsito; 9, al Centro Nacional de Salud Psicológica, y 12, a la cárcel de mujeres.

110.Se recibieron 567 órdenes judiciales para que se trasladara al tribunal, por la fuerza, a testigos, víctimas, sospechosos y otros participantes, se ejecutaron 1.093 traslados y se entregaron al tribunal 18 acusados, 504 partes responsables, 6 víctimas, 1 demandante, 4 peritos y 18 testigos.

111.Se dictaron 2.869 decisiones de localización de demandados en causas civiles y se averiguaron la dirección y el paradero de 1.320 demandados; en la actualidad se investiga a 1.516 demandados.

112.Asimismo, dos condenados se escaparon del tribunal y cuatro, de la vigilancia del ministerio público, pero fueron capturados y entregados a la justicia.

113.En 2007, se evaluó la confianza que tenía la opinión pública en el sistema judicial y se comprobó que el porcentaje de personas que no confiaban en el sistema era del 77%; en la actualidad, el 81% de los ciudadanos que han tratado con los tribunales y el 60% de los que no han tratado con ellos han declarado que confían en el sistema. Una vez que se hubo aprobado el programa de reforma del poder judicial, ni el proceso de reforma judicial ni el proceso de implantación de la autoridad judicial se interrumpieron lo más mínimo, y el único indicador que permite medir los resultados de ambos procesos es la confianza pública en el funcionamiento del sistema judicial.

114.Antes de las reformas judiciales, el Open Society Forum organizó, en 2008, la evaluación independiente del catedrático estadounidense Brunet Walter, cuyos resultados arrojaron un 23% de confianza pública, y la encuesta que realizó el centro de investigaciones “Sant Maral” en 2010 arrojó unas cifras más bajas aún, de un 15%.

115.La encuesta de opinión pública se llevó a cabo para determinar cómo había variado el grado de confianza que tenían los ciudadanos y la sociedad en el sistema judicial, dado que las intensas reformas jurídicas y la colección de Leyes del Poder Judicial llevaban ya en vigor un año y medio.

116.La encuesta sobre la confianza pública en el sistema judicial abarcaba a las personas en edad laboral de la población pertenecientes a 21 aimags y 9 soums. Se realizó según el método de selección aleatoria, los encargados de tomar decisiones organizaron las entrevistas que habrían de hacer los especialistas y, en total, participaron 3.290 ciudadanos, incluidos funcionarios judiciales, de los cuales 2.522 no habían tratado con los tribunales y 645 sí habían tratado con ellos. Los resultados de la encuesta mostraron que, del total de los participantes, tanto los que habían tratado con los tribunales como los que no, el 60,6% declararon que su confianza en el sistema judicial había aumentado. Ese porcentaje llegó hasta el 81,4% en el caso de los ciudadanos que habían tratado con los tribunales y considerado que su tribunal había sido justo. Sin embargo, el porcentaje de encuestados que no habían tratado con los tribunales y no confiaban en la justicia de estos fue del 39,8%, porcentaje muy superior al de quienes sí que habían tratado con los tribunales, y el 21,5% de los encuestados contestaron que no sabían.

Apoyo a las reformas judiciales por parte de los participantes en la encuesta

	Apoyo a las reformas judiciales
Apoyan	No apoyan	No saben	Total
Funcionarios judiciales	93,8	6,2	0,0	100,0
Ciudadanos que han tratado con los tribunales	61,5	10,6	27,9	100,0
Ciudadanos que no han tratado con los tribunales	46,1	8,1	45,8	100,0
Total	67,1	8,3	24,6	100,0

117.Entre las numerosas medidas tomadas en el marco de las reformas, las más apreciadas por los encuestados fueron la apertura y la transparencia del procedimiento judicial. Ello mejoró la confianza pública en los tribunales y constituyó un paso importante para aumentar el apoyo social a las reformas judiciales y un indicador importante de dicho apoyo.

Artículo 15 Nadie será condenado por actos u omisiones que, en el momento de haberse cometido, no fueran delictivos

118.En el artículo 11 del nuevo Código Penal de 2002, que versa sobre las actividades socialmente peligrosas, se dispone que para determinar si un acto o una omisión constituirá delito, o no, y si la parte acusada será legalmente responsable, o no, se tomará en consideración la legislación penal que estuviera en vigor en la fecha de comisión del acto o la omisión, y no se tomará, como fecha del delito, la fecha en que se hubiera descubierto este, sino la fecha en que se hubiera cometido efectivamente; y en el artículo 12 del mismo Código se dispone que, cuando se despenalice un acto o una omisión, o se mitigue la pena correspondiente, dicha medida se aplicará retroactivamente a los acusados, los demandados o quienes hayan cumplido su pena sin que el fallo condenatorio haya sido anulado; los tribunales reducirán la pena de los condenados cuando esta sea superior a la máxima prevista en una nueva ley y, asimismo, reducirán la pena de los condenados cuando esta sea superior a la mínima en caso de que en una nueva ley se fije una pena mínima inferior.

119.En el caso de las disposiciones relativas a los 51 delitos de omisión previstos en el Código Penal de 1987, se ha aprobado el siguiente procedimiento de aplicación:

Las personas condenadas antes del 1 de septiembre de 2002 por delitos despenalizados en virtud del nuevo Código quedarán exentas de cumplir el resto de la condena y libres de cargos;

No se registrarán, investigarán ni enjuiciaran los casos de delitos despenalizados en virtud del nuevo Código;

Cuando las penas que se hayan impuesto a personas condenadas antes del 1 de septiembre de 2002 sean superiores a las previstas como penas máxima o mínima en las disposiciones del nuevo Código, se reducirán esas penas por resolución judicial, con arreglo a este Código, y

Se anulará la condena de las personas que hayan quedado exentas de cumplir su pena en virtud de lo dispuesto en el artículo 1 del nuevo Código, es decir, las que la hayan cumplido por haberse despenalizado el delito correspondiente en el nuevo Código y las que hayan sido excarceladas antes de cumplir toda la pena, y se organizarán los trámites de dicha anulación.

Artículo 16 Derecho de la persona a que se reconozca su personalidad jurídica en todas partes

120.En el artículo 14 de la Constitución se dispone que todas las personas tendrán personalidad jurídica. Todos quienes residan legalmente en el territorio de Mongolia tendrán derecho a la personalidad jurídica, e incumbe al Estado reglamentar ese derecho y protegerlo. En esa disposición se reconoce el derecho legítimo que tiene la persona desde su nacimiento y, en algunos casos, desde su concepción.

121.En el informe anterior se expone detalladamente cómo se garantiza ese derecho en el Código Civil.

122.Cuando se evaluó la ejecución del Programa de Reformas Jurídicas del Estado aprobado por el Parlamento, se comprobó que el principio constitucional del reconocimiento de la personalidad jurídica de todas las personas sí que se aplicaba, en cierta medida, en el ámbito jurídico, judicial y policial.

Artículo 17 Intimidad y domicilio o residencia de los ciudadanos

123.En el capítulo del Código Penal revisado relativo al allanamiento de morada se dispone que la pena por atentar contra la libertad y la intimidad de una persona irrumpiendo en su domicilio sin permiso será una pena de uno a tres meses de cárcel. Cuando una autoridad infrinja las justificaciones y los procedimientos legales e irrumpa en un domicilio, lo registre y practique incautaciones ilegales, se le impondrá una multa de entre 4.670 y 20.000 togrogs o una pena de uno a cinco años de prisión. Se entenderán por domicilio o residencia los diversos lugares en que una persona viva de manera permanente o temporal, como un piso, una casa, una yurta, una cabaña, un hotel, una casa de vacaciones, un centro turístico, una casa de campo o una tienda de campaña.

124.En el Código Penal se tipifican como delito el registro, la incautación y el embargo ilegales, y se dispone que quien tome fotografías o realice grabaciones de audio o de vídeo o grabaciones de vídeo-audio en un domicilio o en el exterior de este sin permiso de los residentes incurrirá en una multa de entre 100 y 1.330 togrogs, en una pena de arresto domiciliario de uno a tres meses o en una pena de uno a tres meses de cárcel.

125.El concepto de la intimidad personal ha quedado más claro en el Código Penal revisado que en el antiguo, gracias a que en él se ha dispuesto que, cuando se obtenga información personal protegida que no se deba divulgar en público sin permiso de la persona o de las entidades autorizadas y se divulgue dicha información, el responsable incurrirá en una multa de entre 400 y 4.670 togrogs, en una pena de arresto domiciliario de un mes a un año o en una pena de un mes a un año de cárcel.

Artículo 18 Derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión

126.En el artículo 9.3 de la Constitución se dispone que la relación entre el Estado y las instituciones religiosas se reglamentará por ley.

127.En la Ley de Relaciones entre el Estado y las Instituciones Religiosas se reglamentan esas relaciones y se garantiza el derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión reconocido en la Constitución.

128.A principios de junio de 2008, había 416 organizaciones religiosas registradas en Mongolia y, en diciembre de 2015, había 692.

129.En la Constitución y en la Ley de Relaciones entre el Estado y las Instituciones Religiosas se reconoce a los ciudadanos de Mongolia, los extranjeros y los apátridas el derecho a profesar libremente una religión o unas convicciones, y no se les imponen restricciones para fundar monasterios, templos o instituciones religiosas.

130.Según el Código Penal revisado, la obstrucción del ejercicio de la libertad religiosa, la imposición, por la fuerza, de la renuncia a la religión, la amenaza de infligir perjuicios sustanciales a los intereses jurídicos de las instituciones religiosas y la obstrucción de las actividades y los rituales de las instituciones religiosas llevarán aparejadas una multa de entre 100 y 2.340 togrogs, una pena de arresto domiciliario de dos a seis meses o una pena de dos a seis meses de cárcel.

131.La sustitución del servicio militar por servicios civiles alternativos se reglamenta en la Ley de Obligaciones Militares de los Civiles y de la Condición Jurídica de los Oficiales del Ejército. En el artículo 12.5 de dicha Ley se dispone que los ciudadanos mongoles de edades comprendidas entre los 18 y los 25 años a quienes corresponda un rango militar de segundo nivel tendrán derecho a sustituir el servicio militar por las razones religiosas, morales o de otra índole previstas en dicha Ley. Quienes deseen sustituirlo podrán prestar servicio en organizaciones de respuesta de emergencia, en unidades y oficinas encargadas de operaciones de rescate, en las fuerzas auxiliares del servicio de fronteras y en organizaciones humanitarias. El período de servicio será de 24 meses. El Gobierno se reservará el derecho a prorrogarlo por un máximo de otros tres meses, cuando deba tomar medidas para mitigar desastres o garantizar la seguridad de las fronteras.

132.En la citada Ley se prevé que el Gobierno de Mongolia determine la cifra máxima de ciudadanos que tengan derecho a prestar un servicio civil en lugar del servicio militar, y dicha determinación se reglamenta actualmente en virtud de la Resolución Gubernamental núm. 49, de 2008.

Artículo 19 Libertad de opinión y de expresión

133.En el artículo 16.16 de la Constitución se dispone que los ciudadanos mongoles tendrán libertad de opinión y de expresión.

134.En 1998 se aprobó la Ley de Libertad de los Medios de Difusión; en su artículo 1 se enuncian las libertades constitucionales de expresión y de prensa, en su artículo 2 se prohíbe aprobar toda norma jurídica que limite la libertad de los medios de difusión y la de sus instrumentos, en su artículo 3.1 se dispone que el Estado no controlará ni censurará el contenido que divulguen los medios de difusión públicos y en su artículo 4 se prohíbe a las instituciones del Estado tener medios de difusión a su disposición.

135.A raíz de la aplicación de la citada Ley, todos los medios de difusión que tenían a su disposición las administraciones central y locales del Estado se disolvieron o privatizaron y finalmente, en 2005, se aprobó la Ley de Emisoras de Radio y Televisión Públicas, en virtud de la cual esas emisoras quedaron fuera de la jurisdicción del Estado y adquirieron condición de medios de servicio público.

136.No obstante, la libertad de expresión está limitada por ley, a fin de proteger los intereses de la seguridad del Estado, el orden público, la salud, la moral, el derecho de otras personas y su reputación, y cuando alguien, en el ejercicio de la libertad de expresión, atente contra el derecho de otra persona, vierta acusaciones erróneas contra ella, la humille o difunda información falsa sobre ella será objeto de actuaciones legales e incurrirá en las responsabilidades previstas por ley.

137.Por otra parte, el Gobierno de Mongolia ha incorporado en sus programas algunos objetivos para mejorar la reglamentación jurídica de la actividad de los medios de difusión y se ocupa de que se apliquen esos programas. Por ejemplo, para garantizar que se aplique el artículo 16 de la Constitución, en el que se enuncia el derecho a buscar y obtener información, el Gobierno elabora un proyecto de ley de libertad de los medios de difusión, en el que se reglamentan, por un lado, la provisión de información, siempre que esta no atente contra el secreto de Estado y la intimidad de las personas, y, por otro lado, el derecho de los periodistas a proteger y ocultar su fuente de información, lo que les ofrece más oportunidades de obtener información.

Artículo 20 Prohibición de toda propaganda de guerra y toda promoción de la discriminación racial

138.En el artículo 10.1 de la Constitución se dispone que Mongolia se adherirá a las normas y los principios universalmente reconocidos del derecho internacional y desarrollará una política exterior pacífica.

139.El Parlamento de Mongolia, en virtud de la Resolución núm. 56, de 30 de junio de 1994, aprobó la Directriz de política exterior, en la que se disponía que Mongolia mantendría la paz y adoptaría una política de relaciones amistosas con todos los países y no ingresaría en ninguna alianza militar ni adquiriría compromisos militares.

140.En el Código Penal revisado se dispone que los actos organizados para destruir la unidad nacional en los que se exhorte a las personas a mostrar hostilidad contra otras por razón de su etnia, lengua, raza, color, religión o ideología, se promueva el separatismo, se organicen actividades discriminatorias, se acose a otras personas o se cometan abusos contra ellas, se limiten derechos o se instituyan preferencias llevarán aparejados una multa de entre 24.000 y 60.000 togrogs o una pena de 5 a 12 años de prisión.

141.En la Constitución de Mongolia se prohíbe discriminar a las personas por razón de su nacionalidad, lengua, raza, color, edad, sexo, condición social, riqueza, ocupación, posición, religión, convicciones políticas o educación y se reconocen los derechos de las minorías nacionales que tienen costumbres y lenguas distintas a estudiar y comunicarse en su lengua materna y a organizar actos culturales, artísticos y científicos en dicha lengua, lo que es importante para garantizar la unidad de las naciones que residen en el país.

Artículo 21 Derecho de reunión pacífica

142.Según la Constitución, los ciudadanos de Mongolia tienen el derecho de reunión pacífica. El procedimiento de celebración de reuniones se aprobó y reglamentó por ley en 1994. Esa ley, que se trató con detalle en el cuarto informe ya presentado, tiene por objeto garantizar la libertad constitucional de reunión pacífica de que gozan los ciudadanos, fijar el procedimiento de celebración de reuniones y garantizar el orden público y la seguridad de los ciudadanos durante su celebración.

143.La libertad de expresión de los ciudadanos guarda relación estrecha con su derecho de reunión pacífica, de modo que esa libertad y ese derecho no se pueden ejercer por separado.

144.Por consiguiente y teniendo en cuenta la transformación que ha habido en las relaciones sociales, el Gobierno modificó los reglamentos en los que se autorizaba la celebración de reuniones en las calles y las plazas y, a fin de instaurar un procedimiento de registro, elaboró un proyecto de ley de revisión y reforma del procedimiento de celebración de reuniones, que elevó al Parlamento, el cual lo aprobó el 17 de noviembre de 2005.

Artículo 22Libertad de asociación

145.En Mongolia, la representación de la sociedad civil la ejercen las ONG, que se constituyen y funcionan con arreglo a la Ley de Organizaciones No Gubernamentales, aprobada en 1997. En virtud de la libertad de asociación, esas organizaciones se constituyen para prestar servicio a sus afiliados y a la sociedad, se inscriben en los órganos de registro del Estado y están exentas de pagar impuestos, ya que se consideran entidades sin ánimo de lucro. En Mongolia hay actualmente 20.862 ONG que desarrollan actividades diversas.

146.La Ley revisada de Partidos Políticos se aprobó en 2005 y en ella se definen los principios y los procedimientos de constitución de los partidos políticos, inscripción de estos, cese de sus actividades y disolución.

147.En la Ley de Partidos Políticos y de conformidad con la Constitución, se dispone que los partidos se constituyen de manera voluntaria, a partir de la promoción de intereses sociales o ideas individuales, a fin de desarrollar actividades políticas, y son asociaciones de ciudadanos mongoles. Según se dispone en el artículo 7.1.6 de la Ley de Registro de las Personas Jurídicas, todo partido político se registrará en el Tribunal Supremo, por tanto, este Tribunal inscribe a los partidos y les expide el certificado correspondiente. En la actualidad hay 24 partidos políticos registrados que ejercen sus derechos.

Artículo 23 Protección de la familia por parte del Estado

148.En el artículo 16.11 de la Constitución se dispone que el matrimonio se basará en la igualdad y el consentimiento mutuo de los cónyuges, y que el Estado protegerá los intereses de la familia, la maternidad y el niño. Este precepto se ha incorporado en la Ley de Familia y otras normas jurídicas y se aplica como corresponde.

149.La policía ha estudiado la posibilidad de crear una unidad de lucha contra la violencia doméstica y, atendiendo a la resolución correspondiente del Jefe del Departamento General de Policía, ha creado una nueva división de prevención de la violencia doméstica y los delitos contra los niños, que tiene una plantilla de 32 puestos y ya está en funcionamiento.

150.Por otra parte, se disolvió el Centro de Protección de los Niños y de Determinación de su Residencia, que dependía del Departamento de Policía de la Capital, y se ha creado el Albergue de Protección Temporal, que ha heredado las funciones del antiguo centro y se encarga de proteger a los ciudadanos que son víctimas de la violencia doméstica desde el 28 de febrero de 2014.

151.El Albergue de Protección Temporal presta servicios telefónicos de información y de atención durante las 24 horas del día, en los números 70122602, 93022570, 94301666, 89535007 y 96549395, y ha recibido llamadas de 107 ciudadanos; acoge a ciudadanos que han sido víctimas de la violencia doméstica y les brinda protección, y unos psicólogos y asistentes sociales profesionales les prestan asesoramiento y los demás servicios que necesiten.

152.En abril de 2015, en el tiempo transcurrido desde que se lo creó, el Albergue de Protección Temporal había prestado servicios a 287 familias y a un total de 456 personas, a saber, 2 hombres adultos, 144 mujeres, 188 niños y 122 niñas.

153.Además, a fin de brindar protección a las víctimas de violencia doméstica se está estudiando cómo crear albergues de protección temporal en las zonas locales.

154.Desde 2013 funcionan en las aimags y la capital los centros de asistencia jurídica a los ciudadanos, que prestan servicios de consultoría jurídica, de información, de defensa letrada a víctimas de violencia doméstica; su labor la organiza la policía, en colaboración con órganos públicos y administrativos locales. Además, los departamentos y las divisiones de la policía local, en colaboración con la organización internacional World Vision Mongolia y la empresa Mobicom Corporation, atienden un servicio telefónico de ayuda a los niños para prevenir la violencia doméstica y los delitos contra ellos y prestan servicios de consultoría jurídica desde 2012.

155.A fin de mejorar la normativa de protección de las víctimas de violencia doméstica, el Presidente de Mongolia emprendió la revisión de la Ley de Lucha contra la Violencia Doméstica y la elevó al Parlamento para que la aprobara.

156.Por otra parte, en la Ley revisada de la Policía se reglamentan detalladamente las normas y los procedimientos que se habrán de aplicar en casos de violencia doméstica.

157.El procedimiento revisado de lucha contra la violencia doméstica de la policía ha entrado en vigor y tiene por objeto garantizar la aplicación de la Ley de Lucha contra la Violencia Doméstica, ayudar a la policía a prevenir, neutralizar y descubrir casos de violencia doméstica y a ofrecer protección temporal a las víctimas de esa violencia.

Artículo 24 Protección social estatal de los derechos de los niños

158.El documento de política sobre el reforzamiento de la protección de los niños (2010‑2015), que tenía por objeto elaborar un sistema para prevenir el abandono de los niños, los abusos contra ellos y la explotación del trabajo infantil, y proteger a esa parte de la población, fue presentado por el Primer Ministro de Mongolia en el Consejo Nacional de la Infancia y aprobado en 2010; su aplicación se halla en curso y, para garantizarla, el Gobierno viene asignando anualmente un promedio de entre 400 y 500 millones de togrogs desde 2012.

159.Se han aprobado y aplicado el Plan Nacional de Erradicación de las Peores Formas de Trabajo Infantil, de 2011, y el Programa de Desarrollo Infantil “Paso a paso”, de 2013. Hay, en total, 428 leyes en vigor, de las cuales unas 60, y con ellas unas 350 disposiciones, guardan relación con los niños o sus derechos. A fin de mejorar la legislación nacional sobre los niños conformándola a las ideas y los principios de la Convención sobre los Derechos del Niño, se elaboraron unos proyectos de ley de derechos del niño y de protección de este, que se hallan actualmente en vías de aprobación. En el proyecto de reforma de la Ley del Trabajo se ha incorporado una disposición en la que se prohíbe el trabajo de los menores de 15 años y en el proyecto de reforma de la Ley de Familia se enuncia la normativa de adopción de niños, que se atiene a los tratados y los acuerdos internacionales pertinentes.

160.Mongolia prepara los procedimientos de presentación de informes para ratificar el Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño. En 2012, la Comisión Nacional de Derechos Humanos aprobó una resolución sobre la recepción de denuncias y solicitudes en relación con menores, su asignación al órgano competente y su resolución. Del total de denuncias y solicitudes relacionadas con los derechos de los menores que ha recibido, tanto de menores como de adultos, la Comisión, se resolvieron 6 en 2010, 10 en 2011, 10 en 2012 y 12 en 2013.

161.Se cometen abusos contra niños y se les infligen castigos corporales de forma oculta; en estos casos, el servicio telefónico de ayuda a los niños ofrece un sistema común para denunciar esas actividades, dejar constancia de ellas y brindar protección. Se trata de un servicio al que se puede acceder llamando al número 108, funciona las 24 horas del día, es gratuito y registra pormenorizadamente las denuncias de los ciudadanos y las organizaciones defensoras de los derechos de los niños y evalúa los riesgos de cada caso. A finales de 2013, el servicio telefónico había recibido un total de 42.946 llamadas específicas y prestado los servicios correspondientes. Este servicio forma parte del proyecto de implantación de un sistema de prestación de servicios que atiendan personalmente cada caso, en cumplimiento de las recomendaciones del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia. El proyecto recibe ayuda financiera de Mobicom Corporation y de World Vision Mongolia desde el 1 de junio de 2014, y esa ayuda se mantendrá por un período de tres años.

162.A raíz de la promulgación, en 2012, de la Norma núm. MNS6264:2011, relativa a los requisitos de seguridad de la vestimenta de los jinetes menores de edad, resultó obligatorio, en las competiciones hípicas de ámbito nacional, que los niños vistieran de determinada manera, con lo cual ha mejorado la protección de los derechos de los jinetes menores de edad, si bien sigue habiendo muchas inquietudes al respecto.

163.El Gobierno aprobó, en 2011, el Plan Nacional de Erradicación de las Peores Formas de Trabajo Infantil (2012-2016), que se había elaborado con la ayuda de la Organización Internacional del Trabajo. El Plan se ciñe a los principios de los tratados internacionales que ha ratificado y en los que se reglamenta el trabajo infantil y tiene por objeto incrementar la capacidad de los órganos competentes que velan por el cumplimiento de la ley y mejorar el acceso a los servicios sanitarios, educativos y sociales por parte de los niños que desempeñan las peores formas de trabajo infantil y los niños trabajadores en general. En 2013, había 93.968 menores que desempeñaban algún tipo de trabajo y, de ellos, 10.398 desempeñaban un trabajo duro.

164.Se ha aumentado el número de inspectores de trabajo especializados para mejorar la vigilancia de las condiciones del trabajo infantil y, en 2009, se ordenó que se elaborara una metodología de inspección de ámbito nacional. Aplicando esa metodología, los inspectores públicos de trabajo inspeccionaron, en 2012, diversos órganos y entidades y descubrieron que había 1.012 niños que realizaban algún tipo de trabajo, y se tomaron las medidas previstas por ley.

165.Los niños trabajadores cuentan con pocos servicios sociales expresamente destinados a ellos. En 2010, un centro de una ONG empezó a prestar servicios de día a niños trabajadores, pero debido a sus limitaciones presupuestarias y a la escasa financiación que recibe solo puede atender a unos pocos niños.

166.En 2013 y 2014 y dentro del Programa Nacional de Capacitación Laboral de la Oficina Central de Servicios de Empleo, se impartieron cursos de formación profesional a un total de 81 jóvenes de edades comprendidas entre los 16 y los 18 años. Además, entre 2012 y 2013, el Organismo de Desarrollo de la Familia y el Niño impartió cursos de socialización a 180 niños de 5 a 17 años de edad que realizaban trabajos de voluntariado.

Artículo 25 Derecho a participar en la dirección de los asuntos públicos

167.Hay 11 mujeres entre los 76 miembros del Parlamento. Se ha formado una Coalición de Parlamentarias, que sigue en activo.

168.Los partidos políticos están tomando medidas para que en sus estatutos se prevea una representación de entre el 20% y el 40% de mujeres en puestos administrativos y decisorios. Por ejemplo, en la Comisión Consultiva Nacional del Partido Democrático, que consta de 154 miembros, se asignarán 51 puestos a las mujeres y está previsto que el 20% de los miembros del Consejo Rector del Partido Popular de Mongolia sean mujeres y que lo sean también el 50% de los miembros de la Junta del Partido Verde-Voluntad Civil.

169.Mediante la aplicación del artículo 10 de la Ley de Promoción de la Igualdad de Género, relativo a las cuotas, se garantiza la igualdad de derechos de ambos sexos en los ámbitos decisorios de las administraciones y entes públicos centrales y locales.

170.El Parlamento ha empezado a trabajar en la reforma de la Ley de Partidos Políticos, a fin de garantizar que estos se financien de manera transparente, y en el proyecto de ley electoral, a fin de vigilar la financiación de las campañas electorales y reglamentar la actividad de los medios de difusión y de lograr que se incorpore a mujeres como candidatas en las listas electorales otorgándoles preferencia en ellas.

171.En el artículo 10 de la Ley de Promoción de la Igualdad de Género se prevé que haya una representación de mujeres de entre un 15% y un 40% en las administraciones central y locales.

Artículo 26 Prohibición de la discriminación

172.Todas las personas que residan legalmente en Mongolia serán iguales ante la ley y los tribunales, conforme a lo previsto en el artículo 14.1 de la Constitución, y los derechos y los deberes de los ciudadanos extranjeros que se hallen en territorio mongol se definen en la Ley de la Condición Jurídica de los Ciudadanos Extranjeros y en los acuerdos firmados con el país del ciudadano de que se trate. Según lo previsto en los acuerdos internacionales, esos derechos y deberes se negociarán en condiciones de igualdad con el país correspondiente.

173.Hay casos en que se limitan los derechos de los ciudadanos extranjeros y los apátridas. Por ejemplo, según lo dispuesto en el artículo 10 de la Ley de la Condición Jurídica de los Ciudadanos Extranjeros, estos tienen prohibido realizar las siguientes actividades en el territorio de Mongolia: participar en los asuntos del Estado directamente o por medio de una organización que los represente, ser elegidos o elegir a alguien para un cargo en un órgano público, participar en elecciones públicas, trabajar como funcionarios, constituir organizaciones políticas, ser miembros de organizaciones políticas o participar, de la forma que sea, en actividades políticas, trabajar en instalaciones legalmente calificadas como de importancia vital para el Estado sin permiso del Gobierno.

174.Se han elaborado y se aplican las siguientes normas sobre ambiente de trabajo, bienes y propiedades, equipamiento del personal de seguridad del Organismo de Ejecución de las Resoluciones Judiciales, indicadores técnicos y de seguridad, requisitos generales para que los funcionarios de prisiones, en el ejercicio diario de sus labores, velen por que los condenados estén aislados del público, prevención y represión de posibles actos delictivos y atentados, y normas de comunicación entre detenidos o reclusos, por una parte, y guardianes, por otra:

Norma operativa de reclusión y funcionarios de prisiones (CS 11-0233:2013).

Norma sobre las condiciones, el ambiente, el equipo y los materiales de trabajo de los agentes de seguridad y los funcionarios del Organismo de Ejecución de las Resoluciones Judiciales (CS 11-0234:2013).

Normas penitenciarias de reclusión y aplicación de la ley dirigidas a garantizar los derechos de los reclusos (CS 11-0238:2013). El proyecto de normas se remitió a órganos como la Fiscalía General, la Comisión Nacional de Derechos Humanos y Amnistía Internacional y se tuvieron en cuenta sus recomendaciones y observaciones.

Norma operativa del centro sanitario principal del Organismo de Ejecución de las Resoluciones Judiciales (CS 11-0235:2013).

Norma operativa de las enfermerías de los establecimientos penitenciarios (CS 11-0237:2013).

Norma operativa sobre las instalaciones de los hospitales especializados en el tratamiento de la tuberculosis (CS 11-0236:2013).

Norma operativa sobre las instalaciones de salud de los centros de detención (CS 11‑0234:2013).

Norma sobre las consultas de atención psicológica de los centros penitenciarios y del Organismo de Ejecución de las Resoluciones Judiciales, que se ha aprobado y remitido a los centros de detención y los establecimientos penitenciarios

Mejora de las condiciones de trabajo

175.El centro de detención que tiene el Organismo de Ejecución de las Resoluciones Judiciales en el soum de Jarjorin, perteneciente a la aimag de Ovorjangai, se ha trasladado a la zona núm. 423.

176.Se ha construido un centro de detención del Organismo de Ejecución de las Resoluciones Judiciales en la aimag de Bulgan, con 16 celdas que pueden acoger a 50 reclusos, gracias a la aportación de 272 millones de togrogs que hizo el propio organismo. También se ha construido otro centro de detención para 250 reclusos en la aimag de Orjón, que ya está en funcionamiento.

177.El 3 de octubre de 2014, empezaron las obras de construcción de unos centros de detención en las aimags de Dornod, Uvs y Dundgobi, que se han completado en un 40% o 45%.

Artículo 27 Derechos de las minorías

178.En el artículo 14.2 de la Constitución de Mongolia se dispone que nadie será discriminado por razón de su etnia, lengua, raza, edad, sexo, extracción o condición social, bienes, ocupación o cargo, religión, opiniones o educación. La prohibición de la discriminación en Mongolia se expresa mediante la fórmula “toda persona tiene personalidad jurídica”. Esos preceptos constitucionales se han incorporado en las principales leyes que regulan las relaciones sociales.

179.Por lo que respecta a los derechos educativos, en el artículo 16.7 de la Constitución se dispone que, el Estado ofrecerá una enseñanza general básica de manera gratuita, y que los ciudadanos podrán abrir y gestionar escuelas privadas, siempre que estas cumplan los requisitos del Estado, y ello sin perjuicio del derecho que tiene la población perteneciente a las minorías nacionales de estudiar y comunicarse en su lengua autóctona y de organizar actos culturales, artísticos y científicos en dicha lengua.

180.En 2015, no se han registrado, en Mongolia, casos de genocidio o apartheid ni actos de discriminación por razón del color de la piel o la nacionalidad.