Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial

Observaciones finales sobre los informes periódicos 15.º y 16.º combinados de Colombia

Adición

Información recibida de Colombia sobre el seguimiento de las observaciones finales *

[Fecha de recepción: 15 de septiembre de 2016]

Presentación

1.Colombia es un país en progreso, que enfrenta grandes retos y dificultades pero que ha demostrado su compromiso por avanzar en la garantía y la vigencia de los DDHH de toda la población, sin diferencia alguna. Los esfuerzos que se realizan, deben ser vistos desde la perspectiva de una Nación que ha enfrentado un conflicto cerca de cinco décadas, con las complejidades que ello representa.

2.Para el Estado la garantía de los derechos de los grupos étnicos se ha convertido en un propósito común en el que confluye la acción de todas las instituciones, las cuales han venido trabajando de forma coordinada, articulando acciones e incorporando el enfoque diferencial y multidiverso en sus diversos programas.

3.Es por ello que se ha venido apuntando al fortalecimiento del andamiaje institucional consolidando los mecanismos de coordinación, aumentando el conocimiento técnico e investigativo, produciendo información y análisis de datos y desarrollando estrategias para garantizar que los presupuestos estatales sean adecuados a las necesidades de los grupos étnicos y estructurados con enfoque diferencial.

4.Durante los últimos años, Colombia ha experimentado un cambio normativo e institucional dirigido a garantizar la plena vigencia de los DDHH y reforzar la eficiencia y coherencia de la organización y funcionamiento del Estado. La reforma institucional y normativa puede entenderse en dos grandes bloques, dirigidos por una parte, a garantizar los DDHH de toda la población y por otra, a garantizar los derechos de las víctimas con el objeto de alcanzar la reparación integral y la reconciliación y de esta manera sentar las bases para avanzar hacia la terminación del conflicto armado.

5.El compromiso del Estado por cumplir con el más alto estándar de garantía en DDHH, se evidencia en los avances en su situación de DDHH. Aunque persisten retos y desafíos, la voluntad del Gobierno en superarlos resulta latente. Las recomendaciones del Comité contra la Discriminación Racial constituyen parte esencial de ese compromiso. Tan pronto se recibió el informe final del Comité en agosto de 2015, el Ministerio de Relaciones Exteriores divulgó y compartió a todas las instituciones del Estado competentes en la materia, para que se hicieran responsables de tomar las medidas necesarias e implementar acciones correspondientes a cumplir y mejorar los Derechos Humanos de las minorías étnicas.

6.A efectos de abordar de manera integral las recomendaciones contenidas en el párrafo 12,16, 30 y 36 del documento de Observaciones finales sobre los informes periódicos décimo quinto y décimo sexto combinados de Colombia, la información reportada corresponde al periodo 2015-2016 parcial, en la cual se presenta todo el plan de acción desencadenado al cumplimiento de las observaciones y en general de los Derechos Humanos a lo largo de todo el país.

Recomendación impacto del conflicto armado y negociaciones de paz – párrafo 12

7.Para Colombia los avances en las negociaciones de paz con las FARC representan uno de los pasos más importantes para mejorar la calidad de vida de todos los habitantes del país y garantizar el respeto por los Derechos Humanos. Encaminados en realizar políticas para el posconflicto que permitan mitigar las grandes huellas del conflicto armado, la institucionalidad se ha fortalecido para prevenir y evitar las violaciones de derechos humanos en el país, teniendo siempre presente el enfoque diferencial y así protegiendo a las poblaciones minoritarias y a las más vulnerables.

Informes de riesgo emitidos por el Sistema de Alertas Tempranas

8.El Ministerio del Interior en el último año, buscando comunicar y hacer exigibles los informes, realizó sesiones de evaluación, de seguimiento y de re evaluación de los informes de riesgo emitidos por el Sistema de Alertas Tempranas de la Defensoría del Pueblo.

9.Entre agosto de 2015 y abril de 2016, se realizaron en total 23 sesiones de evaluación para 49 municipios del país, 17 sesiones de seguimiento y 9 sesiones de re evaluación del terreno; en los departamentos Antioquia, Arauca, Bolívar, Casanare, Cauca, Córdoba, Cundinamarca, Chocó, Guaviare, Huila, Meta, Nariño, Norte de Santander, Putumayo, Quindío, Santander, Sucre, Valle del Cauca, Vaupés, Vichada y en la ciudad de Bogotá.

10.Con el objeto de prevenir violaciones a los derechos humanos e infracciones al DIH de la población civil, para todos los casos, evaluación, seguimiento y re evaluación, el Ministro del Interior ha emitido recomendaciones a las autoridades territoriales y entidades del nivel nacional en los siguientes ejes temáticos: Medidas de seguridad y protección, atención a población víctima y vulnerable, prevención del reclutamiento y utilización de niños, niñas y adolescentes, atención a la población con enfoque diferencial, fortalecimiento del aparato judicial, contribución a la superación de necesidades básicas insatisfechas y asuntos de minería y medio ambiente.

Implementación efectiva de la Ley 1719 de 2014

11.En razón de la expedición de la ley 1719 de 2014, la Dirección Nacional de Seccionales y Seguridad Ciudadana de la Fiscalía General de la Nación ha implementado planes, directrices y estrategias metodológicas, en procura a la eficiencia y eficacia de las investigaciones y al cumplimiento de las obligaciones diferenciales que impone la ley. Se diseñaron 4 estrategias:

•Divulgación, socialización, y seguimiento de la ley: Cada fiscal seccional del país asumió la divulgación y socialización de la norma, así como el seguimiento e implementación de la ley. En consecuencia se realizaron talleres, jornadas de socialización dirigidas a fiscales, servidores y policía judicial.

•Estrategia de formación: Se realizaron talleres de formación para servidores y funcionarios de las Direcciones Seccionales y de Seguridad Ciudadana, en Técnicas de Investigación Judicial con perspectiva diferencial, para la violencia sexual en el marco del conflicto armado interno.

•Investigación con metodología diferencial: Se dispuso que la jefatura de cada dirección seccional llevará un registro del número de investigaciones que ingresen por violencia o agresión sexual, de las medidas de atención, protección y restablecimiento de derechos adoptados en favor de las víctimas. En atención a la norma, actualmente se inician de manera inmediata, oficiosamente y como acto urgente, las investigaciones que involucren este tipo de violencia, sin perjuicio del tiempo de ocurrencia o el escenario de perpetración.

•Consolidación de equipos especializados de apoyo y asistencia técnica en casos de violencia sexual fuera y dentro del conflicto armado: se conformaron Comisiones de Expertos en las 35 Direcciones Seccionales de Fiscalías del país, quienes son los encargados de realizar los comités técnicos jurídicos de seguimiento a casos. Las comisiones están conformadas por Directores, Subdirectores de Fiscalías y Policía Judicial, sicólogos, el fiscal del caso, Policía Judicial y un fiscal experto en derechos humanos, género y enfoque diferencial, con experiencia en la persecución de crímenes sexuales. Este servidor es quien acompaña estratégicamente las investigaciones, para generar espacios de trabajo articulado con las regiones. De los resultados recibidos se tiene la revisión de 101 casos de violencia sexual en el conflicto armado. Debido a las complejas dinámicas de perpetración de estos crímenes en el marco del conflicto armado, requiriendo la necesidad de investigar la particularidad en cada caso, se necesitó desarrollar estrategias que impliquen el uso de herramientas de investigación contextual.

12.A partir de los análisis realizados por la Dirección Nacional de Análisis y Contexto, Dirección Seccionales y de seguridad Ciudadana y subdirección Nacional de Políticas Públicas, se diseñó la Estrategia de Priorización para la Investigación de la violencia sexual en el marco del conflicto armado. Esto impacta de manera diferenciada a las mujeres, debido a que:

•Permite iniciar investigaciones criminales sin noticia criminal existente, permitiendo avanzar en las investigaciones y conformar grupos de trabajo para fortalecer la incidencia regional de la Fiscalía General de la Nación en la investigación y judicialización de la violencia sexual ocurrida en el conflicto armado.

•Permite avanzar en las investigaciones con noticia criminal, para que se haga traslado a la Dirección Nacional de Fiscalías Especializadas en Justicia Transicional y se evalúe una posible variación de asignación de las investigaciones.

•Se conforma una instancia articuladora en materia de investigación y judicialización de casos de violencia sexual que revise los casos archivados que puedan ser reabiertos y haga seguimiento a las actividades de priorización aprobadas por el Comité Nacional de Priorización de la Entidad.

Prevención del reclutamiento de niños y niñas indígenas y afrocolombianos en el marco del conflicto armado y medidas para la desmovilización y re integración

13.Por medio de la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos, desde la Comisión Intersectorial para la prevención del reclutamiento, la utilización y la violencia sexual de niños, niñas y adolescentes por grupos organizados al margen de la ley y grupos delictivos organizados (Decreto 0552 de 2012), algunas de las acciones que se han adelantado con enfoque diferencial desde la Política Pública de Prevención de Reclutamiento(CONPES 3673 de 2010) está la selección prioritaria de territorios y de trazado de rutas para prevención, donde se encuentran en riesgo comunidades indígenas y afrocolombianas. Se destaca la integración de todos los programas presidenciales para las comunidades afrocolombianas e indígenas de acuerdo al decreto 0552 de 2012, actualmente en reforma.

14.Entre las acciones directas con comunidades étnicas en prevención de reclutamiento hubo actividades y proyectos en 11 departamentos, en un total de 31 municipios, y se hizo un trabajo especial para la comunidad indígena Nasa del Resguardo Las Mercedes y Barbacoas en el Departamento de Tolima y la participación en la Asamblea en el Resguardo Barronegro de la Comunidad UWA en el Departamento de Casanare. En detalle, fueron desarrolladas así:

Departamento	Municipios
Meta	Puerto Rico, Uribe, Vistahermosa, Mapiripán
Caquetá	San Vicente del Caguán
Boyacá	Cubará
Guaviare	San José del Guaviare, Calamar, El retorno, Miraflores
Guajira	Riohacha, Dibulla, Maicao
Chocó	Quibdó, Itsmina, Medio Atrato, Tadó, Alto Baudo
Valle del Cauca	Cali, Tuluá, Jamundí, Buenaventura, Trujillo, Palmira, Florida
Cauca	Bordo Patía, Santander de Quilichao
Vichada	Cumaribo, Puerto Carreño

15.Es importante resaltar el diseño de estrategias de prevención, en las que se destacan la Escuela Indígena Intercultural de Jóvenes y Adultos en el Cauca, el programa Generaciones Étnicas con Bienestar del Instituto Colombiano del Bienestar Familiar, la Estrategia de Prevención, Detección y Atención Integral a las comunidades indígenas y el proyecto Etnoeducación del Ministerio de Educación.

16.El 9 de junio de 2015 con la suscripción de la Ley 1753 que implementa el Plan Nacional de Desarrollo “Todos por un nuevo país”, en el art. 123 se da el mandato a la Consejería Presidencial para los DDHH - área de prevención de reclutamiento para que realice todas las acciones con perspectiva y enfoque étnico. De acuerdo a este mandato, la Consejería Presidencial para los DDHH está ejecutando las siguientes acciones:

•Trazado de rutas con perspectiva étnica.

•La ejecución del Plan Integral para la recepción de niños y niñas que sean desvinculados del grupo armado FARC, teniendo en cuenta la perspectiva diferencial para menos de 18 años que pertenezcan a comunidades étnicas.

•Construcción de una nueva política pública en la que se trabaje con comunidades étnicas y se dé participación a niños y niñas pertenecientes a las mismas.

Participación de los miembros de pueblos indígenas y afrocolombianos en las negociaciones de paz

17.El Gobierno de Colombia le ha dado especial importancia a la participación amplia y pluralista de la sociedad en las negociaciones de paz por medio de propuestas que enriquecieran la discusión en la Mesa de los 6 puntos de la Agenda de negociaciones con las FARC en la Habana. En la mesa de negociaciones se contó con la participación de un grupo de víctimas del conflicto armado para que pudieran exponer sus puntos de vista sobre la terminación de la confrontación armada. Con la ayuda del PNUD, la Universidad Nacional de Colombia y la Conferencia Episcopal se realizó una escogencia de las víctimas que viajaron a la Habana, bajo los criterios de equilibrio y pluralismo. Los representantes de las víctimas estuvieron conformados por representantes de las negritudes y de los afrodescendientes, indígenas, mujeres, comunidad LGTBI, empresarios, sindicalistas, militares, policías y campesinos.

18.De igual manera en Junio del presente año se contó con la participación de seis organizaciones representantes de los indígenas del país, en donde se trabajó para garantizar el enfoque étnico y territorial en la implementación de los acuerdos de paz, último punto de la agenda pactada cuando se iniciaron los diálogos. Las organizaciones participantes fueron La Organización Nacional Indígena de Colombia (Onic), la Confederación Indígena Tayrona (CIT), la Organización de Pueblos Indígenas de la Amazonia Colombiana (Opiac), la Organización Zonal Indígena del Putumayo (Ozip), el Cabildo Mayor Indígena de la Zona del Bajo Atrato (Camizba) y las Autoridades Tradicionales Indígenas Gobierno Mayor.

19.Estos diálogos con las minorías étnicas buscan que desde el punto de víctimas del acuerdo de paz, se generen herramientas efectivas de consulta para que las decisiones adoptadas o por adoptar tengan en cuenta sus respectivas jurisdicciones y normas.

20.Por su parte, el reciente Acuerdo Final presta especial atención a los derechos fundamentales de las mujeres y de los de los grupos sociales vulnerables como son los pueblos indígenas y las comunidades afrodescendientes. Los puntos referidos a la promoción de cultura política, los planes de justicia transicional y de atención a las víctimas, los mecanismos de concertación y diálogo nacional, y el fortalecimiento a las regiones rurales, entre otros, están planteados desde un enfoque de diversidad étnica, cultural y diferencial, que permite la atención a estas poblaciones con especial relevancia.

21.Dentro de los mayores aportes están los puntos relativos a la trasformación estructural del campo y el enfoque territorial, donde el objetivo final es la erradicación de la pobreza y la satisfacción plena de las necesidades de las poblaciones vulnerables, entre ellas las afrodescendientes y los indígenas. Esto implica entender la diferencia de acuerdo a las condiciones de cada territorio.

22.También se encuentra el desarrollo de proyectos de economía campesina y familiar, que contemplan la protección de formas propias de producción de las comunidades indígenas, negras, afrodescendientes, raizales y palenqueras, mediante el acceso integral a la tierra y a bienes y servicios productivos sociales. Estos tienen énfasis en los espacios interétnicos e interculturales para que avancen efectivamente hacia el desarrollo y la convivencia armónica.

Recursos a la Fiscalía General de la Nación para el efectivo desempeño de sus funciones

23.En la Fiscalía General de la Nación se está llevando a cabo la ejecución del presupuesto asignado para la ampliación y modernización del personal, cuyo monto se estima llegue a los 1`087.200 millones de pesos, de los que 390mil millones de pesos corresponden para ejecución en el año 2016. El objetivo final es ampliar, modernizar y mejorar el personal, de tal forma que el desempeño de las funciones sea cada vez mejor.

Recomendación pueblos indígenas en vía de extinción o aislamiento o contacto inicial – párrafo 16

24.El Estado colombiano reconoce la situación de vulnerabilidad en la que se encuentran varios pueblos indígenas en el país, y se encuentra haciendo grandes esfuerzos para lograr su protección y garantizar sus derechos. Es todo un proceso llevar a cabo los compromisos adquiridos, y es una lucha que se ha asumido y que día a día demuestra progresos. El Ministerio del Interior ha establecido diferentes mecanismos para atender de manera prioritaria las necesidades de estos pueblos. Estos son:

Población Hitnú

25.Desde agosto de 2015 se han realizado diferentes actividades, eventos y visitas con la comunidad, con el objetivo de adquirir compromisos y líneas de acción para diagnosticar problemáticas y vulneraciones de los derechos de esta población, además de un programa de protección de flora y fauna que está en desarrollo. Se han hecho encuentros con el objetivo de restituir la autoridad natural y cultural de pueblo hitnú y se estableció el protocolo para la apertura de sesiones de las autoridades tradicionales del pueblo.

Población Wayúu

26.Durante este periodo se han suscrito convenios con asociaciones indígenas como la SUMUYWAJAT, para llevar a cabo sesiones de diagnóstico de afectación de comunidades wayúu, para elaborar líneas de acción a 110 comunidades resguardadas y 129 más del municipio de Maicao, priorizando las ubicadas en la frontera con Venezuela.

27.En municipios del departamento de la Guajira, como Manaure y Uribia, se adelantan pre consultas con las autoridades wayúu y la socialización del auto 004 de 2009, invitando a la participación de las autoridades tradicionales wayúu como delegados a la mesa de diálogo y que hagan la elección de sus representantes para avanzar con el diseño e implementación del plan de salvaguarda en estos sectores.

Población Awá

28.En agosto de 2015, se avanzó en el seguimiento conjunto con las autoridades Awá y las entidades concernidas, del Plan Provisional Urgente de Reacción y Contingencia (Auto 174/11). De igual forma, se inició la concertación del componente de derechos territoriales del plan de salvaguarda étnica Awá y en el mes de octubre de 2015, como parte del componente de derechos, se concertó el Plan de Manejo ambiental y Cultural del pueblo Awá, en cabeza del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, con las autoridades indígenas Awá de Nariño y Putumayo y con el acompañamiento del Ministerio del Interior, a través de la Dirección de Asuntos Indígenas, Rom y Minorías.

29.En el 2016, se avanza en la definición y elaboración concertada de los marcos lógicos para la segunda fase del componente de gobernabilidad del plan de salvaguarda étnica Awá y se ha proyectado concertadamente cronograma de sesiones, en el marco de la Mesa de Concertación para el pueblo Awá (Decreto 1137/10), con el objeto que a finales de 2016 se haya definido la ruta de concertación para la implementación de todos los componentes de derecho, formulados en el plan de salvaguarda étnica Awá.

Población Nükak-makú

30.Con la colaboración de la Agencia de Cooperación Alemana y la Universidad Externado de Colombia se inició un trabajo que busca fortalecer organizativamente a los pueblos indígenas Nükak y Jiw, con el objetivo de asistir a las instituciones locales y a la sociedad mestiza para un manejo adecuado de los conflictos interétnicos e interculturales.

31.De acuerdo a los lineamientos y misionalidad de la Dirección de Asuntos Indígenas, ROM y Minorías, y en el marco de los planes de Salvaguarda Étnica del Ministerio del Interior se proponen acciones encaminadas al cumplimiento del Auto 004 de la Corte Constitucional, tales como la formulación de los documentos diagnósticos aún no formulados, la implementación del fortalecimiento organizativo de los pueblos indígenas y tiene programado el fortalecimiento de los espacios de diálogo y concertación interinstitucionales, en pro de la protección de los derechos fundamentales de los pueblos indígenas Awá, Nukak, Wayúu y Hitnu.

Recomendación población afrocolombiana en buenaventura – párrafo 30

32.El Estado Colombiano ha tratado como asunto de gran importancia la situación de vulnerabilidad de la población afrocolombiana en Buenaventura, teniendo en cuenta que pasó por situaciones de violencia muy agudos que han sido manejados a través de políticas de fortalecimiento institucional y de edificar herramientas suficientes para reducir los índices de violencia. Aunque la situación ha presentado una mejora sustantiva, se persiste en restablecer el orden y la paz en Buenaventura.

Protección a la vida e integridad de los habitantes de Buenaventura

33.En materia de investigación penal, la Fiscalía General de la Nación ejecuta la Acción Estratégica de Priorización para el Municipio de Buenaventura, que está diseñada desde 2013, para asumir con impacto diferenciado en las comunidades afrodescendientes las situaciones de violaciones graves a los Derechos Humanos que afronta la población asentada en Buenaventura. Este mecanismo tiene 3 componentes:

•Fortalecimiento institucional: para fortalecer la presencia de la Fiscalía en la región

•Creación de dos subdirecciones seccionales para Buenaventura, una subdirección seccional de policía judicial y una subdirección seccional de atención a víctimas y usuarios.

•Adición de la Planta de personal de fiscales, asistentes e investigadores, para fortalecer las acciones de investigación y acusación en este Distrito. Actualmente hay 24 fiscales, 24 asistentes y 26 investigadores; 32 funcionarios más que antes.

•Priorización de casos: Se ha dispuesto abordar con prioridad y en contexto todas las investigaciones que se adelanten por las graves vulneraciones a los derechos humanos acaecidas en Buenaventura:

•Se creó el Grupo de Tareas Especiales para abordar de manera especial la situación de hallazgos de partes de restos humanos sin identificación.

•Se dispuso la actuación efectiva en este municipio de los fiscales especializados, policías judiciales especializada y CTI para dirigir una acción efectiva contra la criminalidad en Buenaventura.

34.Como resultado de estos ejes de acción, la criminalidad se ha disminuido respecto del año 2012 en un 48%, reportando, entre otros, la reducción de casos de homicidio, solo 1 víctima por desmembramiento, 35 capturas por este tipo de delitos, y 7 sentencias condenatorias.

35.La estrategia de impacto a la criminalidad en Buenaventura incluye adicionalmente:

•Apoyo y asesoría técnico científica a las investigaciones a través del grupo especial de expertos de primer nivel, adscritos al CTI.

•Construcción del contexto de la situación de violaciones a los derechos humanos en Buenaventura, para fortalecer la investigación penal para impactar con contundencia los fenómenos criminales. Esta acción es liderada por la Dirección Nacional de Seccionales y Seguridad Ciudadana, Dirección Seccional del Valle del Cauca. A la fecha se cuenta con tres diagnósticos de las situaciones de desaparición forzada, desplazamiento forzado y homicidios en la modalidad de desmembramiento.

•Fortalecimiento de la iniciación como acto urgente: reacción inmediata, implementación de mecanismo de búsqueda urgente, en la Unidad de Reacción Inmediata de la Fiscalía.

•Acción Especial de Capacitación a los y las servidoras de la Fiscalía.

•Estrategia especial para darle prioridad a la protección de testigos que colaboren de manera eficaz en las actuaciones.

Derecho a la consulta previa

36.Por medio del Ministerio del Interior se está dando aplicación a la Directiva Presidencial 10 del 07 de Noviembre de 2013 como una guía para el desarrollo efectivo de dicho espacio de participación, unificando procedimientos y estableciendo con precisión los pasos, resultados y evidencias a desarrollar en cada una de las etapas de la misma. Esta directiva permite la implementación adecuada de los procedimientos acordes al Convenio 169/89 de la OIT y a los pronunciamientos de las Altas Cortes colombianas, para lograr la mayor eficiencia administrativa en los procesos de consulta previa, y así garantizar la aplicación de este derecho, bajo los principios de eficacia, economía y celeridad administrativa.

37.En cuanto a las acciones realizadas en Buenaventura con relación a la Recomendación, el Ministerio del Interior viene garantizando el derecho, tramitando las consultas previas de 8 Proyectos, en jurisdicción del Distrito de Buenaventura.

38.Está en el marco de acción de la Dirección de Consulta previa del Ministerio del Interior coordinar e iniciar de manera oportuna los procesos de Consulta Previa de Proyectos, Obras o actividades que así lo requieran, previa solicitud de inicio del proceso Consultivo por parte del ejecutor. Está siendo prioritario el fortalecimiento de las comunidades afrodescendientes de Buenaventura, debido al enfoque diferencial del derecho a la consulta previa. Se han realizado capacitaciones, asesorías y asistencias técnicas para asegurar la mejora continua en la garantía de este derecho para las minorías étnicas.

Mesas de diálogo

39.Durante el año 2015 hasta la fecha, no ha realizado ni activado en Buenaventura Mesas de Diálogo entre representantes gubernamentales, el sector privado y miembros de las Comunidades Afrocolombianas afectadas, principalmente porque los temas que se abordan están relacionados con derechos étnicos de esta población en lo referente a consulta previa y protección de los derechos.

Recomendación derecho al agua potable – párrafo 36

Acceso al agua al pueblo wayúu

40.Desde mediados del 2015, el Gobierno está liderando el Plan Alianza por el Agua y la Vida en La Guajira, una estrategia que, de la mano de autoridades locales, organismos internacionales y el sector privado, busca desarrollar soluciones de agua, salud y nutrición en la zona rural norte de ese departamento. La alianza contempla acciones de corto, mediano y largo plazo con el fin de atender la emergencia y contribuir con la erradicación de sus causas, que son múltiples, que requiere un trabajo articulado entre los agentes del Gobierno Nacional, los gobiernos departamentales y locales, las autoridades tradicionales y la comunidad en general.

41.Para este año la Presidencia de la República dispuso la elaboración de un documento CONPES para La Guajira, con el que se buscará profundizar y ampliar las acciones de la Alianza por el Agua y la Vida. También se realizan visitas sectoriales con el fin de verificar el trabajo que más de 10 entidades han venido haciendo en la zona. Funcionarios de nueve entidades del Gobierno han viajado a los territorios donde habitan las comunidades Wayúu de la Alta Guajira, en los municipios de Uribia, Manaure, Maicao y Rioacha. Con estas visitas se busca establecer un diálogo directo con las autoridades tradicionales en lo que concierne a las medidas de corto, mediano y largo plazo en materia de suministro de agua potable, accesos a servicios de salud y nutrición para los niños, niñas y adolescentes de este grupo étnico, con un enfoque diferencial.

42.Adicionalmente se convocaron a las autoridades tradicionales de más de 500 comunidades indígenas de la región, que junto con el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Territorial, el Ministerio de Salud y Protección Social, el Ministerio de Relaciones Exteriores, el Ministerio de Vivienda, Ciudad y territorio; el Ministerio de Educación Nacional, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, la Unidad de Planeación Minero-Energética, el Ministerio del interior y Presidencia consolidaron una mesa de trabajo.

43.De lo acordado en estas mesas de trabajo está:

•La asignación de delegados de las autoridades tradicionales para que hagan acompañamiento y seguimiento a la distribución de agua de las comunidades más alejadas.

•Definir el reparto de Ayuda Humanitaria de Emergencia a todas las comunidades que no la hayan recibido, de acuerdo con el censo de las autoridades tradicionales.

•La definición de oferta de pozos, tanques, molinos, proyectos productivos y soluciones integrales con la ayuda de la comunidad.

•Que los ministerios encargados se comprometan a revisar el funcionamiento de plantas, molinos y calidad del agua en puntos determinados y concertados con la comunidad.

•El Gobierno habilitó una línea para reportar los casos de niños, niñas y adolescentes que requieran atención urgente en materia de salud. La comunidad confirmó su disposición para reportar los casos, a partir de lo cual la Secretaría de Salud y la EPS ubicarán a las personas afectadas, las valorarán y definirán su tratamiento.

44.Como parte de la acción humanitaria que se realiza para contener la emergencia por falta de agua en la región, en lo que lleva el año 2016 se han entregado 423.578.447 litros de agua. Actualmente hay 116 carros tanques operando y se han dispuesto y entregado 507 tanques de almacenamiento de agua. En el mismo sentido hay 222 proyectos de soluciones de agua entre arreglo de pozos, desalinizadores y arreglo de jagüeyes, que benefician a más de 33 mil personas. También han sido entregadas 259.036 ayudas humanitarias, entre kits de aseo, alimento, frazadas y hamacas.

45.Como un elemento de medidas de emprendimiento en la región que atiendan estas necesidades, se encuentran en marcha 70 proyectos productivos con solución de agua y energía solar y 45 más en construcción.

46.En el municipio de Manaure el Plan Fronteras para la Prosperidad de la Cancillería, Unicef y Oxfam hicieron entrega de tanques de almacenamiento de 500 litros y filtros cerámicos a 308 familias, beneficiando así a más de 2.000 indígenas de la comunidad Wayúu. Esta actividad hace parte del proyecto que busca rehabilitar varios puntos de abastecimiento de agua, para reducir los altos índices de morbilidad y mortalidad de la población vulnerable que está expuesta a los efectos de la sequía provocada por el fenómeno del niño, y que actualmente no cuentan con el servicio de agua.