Comité de Derechos Humanos

Informe sobre el seguimiento de las observaciones finales del Comité de Derechos Humanos *

Adición

Evaluación de la información relativa al seguimiento de las observaciones finales sobre Jamaica

Observaciones finales (118º período de sesiones) .	CCPR/C/JAM/CO/4, 1 de noviembre de 2016
P árrafos objeto de seguimiento :	26, 32 y 44
Respuesta relativa al seguimiento :	CCPR/C/JAM/CO/4/Add.1, 19 de julio de 2018
Información de organizaciones no gubernamentales :	JamaicansforJustice, con el apoyo del Centro CCPR, marzo de 2019
Evaluación del Comité:	Se necesita más información sobre los párrafos 26[C], 32[B][C] y 44[B]

Párrafo 26: Interrupción voluntaria del embarazo

El Estado parte debe, con carácter prioritario, modificar su legislación sobre el aborto a fin de ayudar a las mujeres a hacer frente a los embarazos no deseados y no tener que recurrir a abortos ilegales que podrían poner en peligro su vida. También debe adoptar medidas para proteger a las mujeres de los peligros para la salud que suponen los abortos en condiciones de riesgo mejorando el seguimiento y la recopilación de datos sobre el acceso de las mujeres a la atención de la salud y permitiendo el acceso a la información y los servicios de salud sexual y reproductiva a todas las mujeres, incluidas las niñas menores de 16 años.

Resumen de la respuesta del Estado parte

El Centro de Recursos para Adolescentes de la Fundación del Centro para la Mujer de Jamaica, un organismo gubernamental, presta servicios relacionados con la salud sexual y reproductiva. El Centro ofrece servicios confidenciales, por ejemplo, asesoramiento individual y en grupo sobre métodos anticonceptivos, detección de infecciones de transmisión sexual y VIH y derivación de pacientes, servicios de salud mental para la detección y el tratamiento de la depresión posparto, asesoramiento a las víctimas de la violencia de género y acceso a especialistas en ginecología y matronas.

El Gobierno está recabando fondos para financiar iniciativas dirigidas a salvaguardar los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y las niñas, con el apoyo del Fondo de Población de las Naciones Unidas. La ejecución del Proyecto de Empoderamiento de la Mujer se diseñó para mejorar los conocimientos y la concienciación sobre los métodos anticonceptivos, la prevención del VIH, las normas de género, el estigma y la discriminación. Se han beneficiado de este programa unas 208 mujeres y niñas de edades comprendidas entre los 15 y los 24 años. Se ha mantenido el programa “Hold on Hold off” para seguir reforzando la autoconciencia y la toma de decisiones informadas sobre la salud sexual y reproductiva.

También se ha mantenido el programa sobre salud y vida familiar en el plan de estudios escolares. El programa incluye un módulo sobre sexualidad y salud sexual, en el que se informa a los alumnos sobre los anticonceptivos, la abstinencia y el embarazo en la adolescencia. La Junta Nacional de Planificación de la Familia y la Fundación Jamaica organizaron talleres de sensibilización sobre cuestiones de salud sexual y reproductiva.

Información de organizaciones no gubernamentales

Jamaicans for justice

Desde 2018, el Gobierno ha emprendido iniciativas para despenalizar el aborto y ofrecer a las mujeres métodos seguros y asequibles para interrumpir el embarazo. Sin embargo, estos esfuerzos no han sido suficientes. Las altas tasas de mortalidad y morbilidad materna, la ausencia de leyes que despenalicen el aborto, la falta de servicios y el limitado acceso a la información persisten y tienen importantes repercusiones en la salud sexual y reproductiva de las mujeres.

Es fundamental que el Estado parte tome medidas con carácter urgente para proteger la salud y el bienestar de las mujeres y las niñas. También es esencial que el Estado parte lleve a cabo un examen exhaustivo de los roles de género y realice campañas de concienciación sobre la violencia de género, lo que incluye la violencia sexual y la violencia de pareja, y sobre sus efectos en la salud sexual y reproductiva de las mujeres.

Evaluación del Comité

[C]: El Comité acoge con beneplácito la información proporcionada por el Estado parte sobre las medidas adoptadas para facilitar a todas las mujeres, incluidas las menores de 16 años, acceso a información y servicios en materia de salud sexual y reproductiva. Pide que se aclare si las medidas descritas se adoptaron antes o después de la publicación de sus observaciones finales. También solicita información adicional sobre la incidencia concreta de estos programas, y la disponibilidad general de los servicios en todo el Estado parte durante el período que abarca el informe.

El Comité lamenta la falta de información sobre las iniciativas legislativas y las medidas adoptadas por el Estado parte para despenalizar la interrupción voluntaria del embarazo, también en los casos de embarazos resultantes de violaciones, incesto y malformaciones congénitas, y reitera su recomendación a este respecto. Solicita información precisa sobre toda enmienda prevista en su legislación sobre el aborto.

El Comité lamenta también que no se haya proporcionado información relativa al seguimiento y la recopilación de datos sobre el acceso de las mujeres a la atención de la salud. Reitera su recomendación a este respecto y solicita información sobre toda medida que se haya adoptado para mejorar el seguimiento y los datos, así como toda estadística disponible sobre el acceso de las mujeres y las niñas a la atención de la salud.

Párrafo 32: Prohibición de la tortura y los tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, y derecho a la vida

El Estado parte debe acelerar sus esfuerzos para reducir el hacinamiento en los lugares de detención, entre otros métodos, recurriendo a opciones distintas de la privación de libertad, y mejorar las condiciones de detención, en particular, en lo que respecta a las condiciones sanitarias y el acceso a la atención médica, de conformidad con el artículo 10 del Pacto y las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos (Reglas Nelson Mandela) (resolución 70/175 de la Asamblea General, anexo). El Estado parte debe aprobar leyes que regulen la detención preventiva y establecer un sistema que separe a los acusados de los condenados.

Resumen de la respuesta del Estado parte

El Departamento de Servicios Penitenciarios está tomando medidas para reducir el hacinamiento en los centros penitenciarios para adultos de Tower Street y St. Catherine. En 2018 se construyó un nuevo bloque en el centro penitenciario para adultos de Tamarind Farm, que tiene capacidad para albergar a 304 reclusos. Esto ha reducido la población carcelaria de los centros de Tower Street y St. Catherine.

La Policía de Jamaica ha puesto en marcha estrategias para reducir el hacinamiento en los calabozos de tres de los principales centros de detención policial. Se ha iniciado un proceso de normalización de los centros de detención, se ha prestado asistencia a las familias de los reclusos en libertad bajo fianza en el marco del programa de familiares, y se están adoptando medidas para garantizar el cumplimiento de las normas internacionales en materia de población y seguridad.

La Policía de Jamaica imparte formación a los agentes del orden sobre los procedimientos de detención y reclusión. Se ha formado a los funcionarios en técnicas menos letales y procedimientos judiciales. Entre febrero de 2016 y septiembre de 2017, recibieron dicha formación aproximadamente 1.149 nuevos agentes y 514 agentes en activo.

Los reclusos y los niños internados en los centros gestionados por el Departamento de Servicios Penitenciarios tienen acceso a los servicios médicos, psiquiátricos y psicológicos internos, excepto en el caso de una institución en que los servicios psiquiátricos se prestan en un hospital público. Se están haciendo esfuerzos para aumentar el número de profesionales sanitarios, lo que incluye personal de enfermería, farmacia, psicología y psiquiatría.

Información de organizaciones no gubernamentales

Jamaicans for justice

El estado físico de los centros de detención policial y las prisiones y el trato dado a los reclusos son muy preocupantes. La proclamación del estado de emergencia como medida de lucha contra la delincuencia ha dado lugar a un trato inhumano de los ciudadanos privados de libertad.

No existe un marco legal claro que regule el tratamiento de las personas en prisión preventiva. La falta de espacio y de instalaciones básicas, así como las medidas sanitarias y los brotes de enfermedades durante la reclusión, vulneran los derechos de las personas privadas de libertad.

Evaluación del Comité

[B]: El Comité acoge con beneplácito de la información proporcionada por el Estado parte sobre los esfuerzos desplegados para reducir el hacinamiento en las prisiones incrementando la capacidad mediante el establecimiento del centro penitenciario para adultos de Tamarind Farm. Toma nota de las estrategias aplicadas para reducir el hacinamiento en los centros de detención policial, por ejemplo ofreciendo asistencia para acceder a una fianza en el marco del programa de familiares.

No obstante, el Comité reitera su recomendación, especialmente a la luz de los informes que indican que la promulgación del estado de emergencia en 2020 afectó a las condiciones de detención. Solicita información adicional sobre: a) el número de beneficiarios del programa de familiares; b) la capacidad global de los centros penitenciarios y la población penitenciaria durante el período que abarca el informe, incluido el período del estado de emergencia declarado en 2020; y c) cualquier otra medida adoptada para ampliar el uso de opciones distintas de la privación de libertad, de conformidad con el Pacto y otras normas internacionales pertinentes, como las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas sobre las Medidas No Privativas de la Libertad (Reglas de Tokio).

El Comité toma nota del proceso en curso para ajustar los centros de detención a la normativa internacional, de la formación impartida a los agentes del orden y de los esfuerzos desplegados para ampliar los servicios de atención médica, psiquiátrica y psicológica de los reclusos en las propias instituciones. Solicita información sobre la incidencia concreta de estos programas y todo dato disponible sobre el porcentaje de los reclusos que pueden acceder a estos servicios.

[C]: El Comité lamenta la falta de información sobre las medidas adoptadas para mejorar las condiciones sanitarias. Reitera su recomendación y solicita información sobre las medidas pertinentes que se hayan adoptado durante el período que abarca el informe.

El Comité también lamenta que el Estado parte no haya facilitado información sobre los esfuerzos realizados para aprobar legislación que regule la prisión preventiva y para establecer un sistema que permita separar a los reclusos acusados de los condenados. El Comité reitera su recomendación y solicita datos sobre el número de personas en prisión preventiva que permanecen recluidas junto con presos convictos.

Párrafo 44: Derechos del niño

El Estado parte debe modificar la ley con prontitud a fin de eliminar la posibilidad de que se encarcele a niños porque son “incontrolables” por sus padres y para colmar las lagunas existentes en la prestación de servicios a los niños en conflicto con la ley; la coordinación y la supervisión del sector de protección de la infancia; el apoyo a las familias; y la rehabilitación de los niños que han experimentado situaciones de explotación, abusos y otros traumas. El Estado parte debe detener a los niños tan solo en última instancia y durante el período más breve posible previsto por la ley; seguir creando celdas adecuadas para niños; y ofrecer otras opciones distintas de la detención, de acuerdo con lo dispuesto en el Pacto. Asimismo, debe seguir proporcionando a los niños en conflicto con la ley otros medios de apoyo, incluidos servicios psicológicos y de rehabilitación, y programas para la solución de conflictos.

Resumen de la respuesta del Estado parte

Una comisión mixta especial del Parlamento reanudó la revisión de la Ley de Cuidado y Protección del Niño, y ha propuesto enmiendas en materia de protección de la infancia. Se espera que la Ley revisada elimine la posibilidad de encarcelar a los niños con problemas de conducta, incremente el apoyo a las familias con niños que son víctimas de explotación, abusos y traumas, y garantice el período más breve posible de reclusión de niños en las comisarías.

El encarcelamiento de niños por comportamientos incontrolables se utiliza únicamente como medida de último recurso en los casos de comportamientos antisociales, violentos o predelictivos. A fines de septiembre de 2017, había cuatro niños recluidos por comportamiento incontrolable.

En el marco del programa “New Path” han entrado en funcionamiento dos centros de menores, a saber, el centro correccional y de reclusión preventiva de menores de South Camp y el centro correccional de menores de Metcalfe, y se han ampliado los centros de menores de Rio Cobre y Hill Top. Se ha mejorado el acceso a servicios de reinserción de calidad, con formación técnica, actividades de preparación para el empleo, iniciativas empresariales y de microempresa, prácticas y actividades de inserción laboral y apoyo psicosocial a disposición de los jóvenes infractores.

El programa de empoderamiento y reinserción de jóvenes “We Transform” se puso en marcha en 2017 y tiene por objeto transformar la vida de los jóvenes internados en los cuatro centros de reclusión preventiva de menores arriba mencionados, mediante programas de formación práctica y desarrollo de la personalidad.

Se espera que la fusión del Organismo de Desarrollo Infantil y la Oficina del Registro Infantil subsane las lagunas en la comunicación interinstitucional y mejore la eficacia en la tramitación de los informes y la investigación de los casos de maltrato infantil.

El Estado parte también está tratando de racionalizar los servicios en el sector de protección de la infancia a través del Sistema de Gestión de Casos de Niños. Este sistema mejora la eficiencia, la rendición de cuentas y el mantenimiento de registros, ya que permite a los funcionarios de protección de la infancia registrar los casos de los niños inscritos en el sistema de protección de la infancia y hacer el seguimiento correspondiente.

Se están realizando esfuerzos para mejorar la interacción de la Policía de Jamaica con los niños, incluidos los privados de libertad, de acuerdo con la Política y los Procedimientos de Interacción con los Niños. Los niños al cuidado del Departamento de Servicios Penitenciarios siguen permaneciendo en instalaciones separadas, excepto en el caso del centro correccional y de reclusión preventiva de menores de South Camp, que alberga tanto a los niños internados de forma preventiva como a los niños en conflicto con la ley que han sido condenados.

Información de organizaciones no gubernamentales

Jamaicans for justice

En el Estado parte existe la posibilidad de encarcelar a un niño por escapar al control de sus padres, y esta opción se sigue utilizando. Las reformas emprendidas no han sido suficientes, y existe el temor de que durante el estado de emergencia se hayan agravado los riesgos que corren los niños recluidos en situaciones inhumanas, algo que podría repercutir negativamente en su salud mental.

Las opiniones favorables al uso de condenas penales para los niños con problemas de comportamiento no han cambiado, a pesar de que existen otras formas de abordar estos problemas. Se han recibido informes de que las familias no tienen acceso a información sobre la situación de sus hijos recluidos y/o no han podido visitarlos.

Evaluación del Comité

[B]: El Comité acoge con satisfacción la revisión de la Ley de Cuidado y Protección del Niño y la probable propuesta de enmiendas para eliminar la posibilidad de encarcelar a los niños con problemas de comportamiento, incrementar el apoyo a las familias con niños que son víctimas de explotación, abusos y traumas y garantizar el período más breve posible de reclusión de niños en las comisarías. Sin embargo, observa con preocupación que esta legislación aún no se haya aplicado, y solicita información adicional sobre el estado de las enmiendas y el plazo previsto para su promulgación en forma de ley.

El Comité toma nota de la información proporcionada por el Estado parte sobre los esfuerzos desplegados para mejorar el sistema de reclusión de niños, incluido el acceso a servicios de apoyo de calidad para los niños en conflicto con la ley. Solicita información adicional sobre la disponibilidad de estos programas y su incidencia concreta. El Comité observa con preocupación la falta de información sobre la elaboración de programas de resolución de conflictos, y solicita información sobre toda medida pertinente adoptada durante el período que abarca el informe.

El Comité también toma nota de la información sobre las medidas dirigidas a garantizar la coordinación y la supervisión del sector de la protección de la infancia, incluida la fusión de instituciones en el Organismo de Protección de la Infancia y Servicios Familiares, el desarrollo del Sistema de Gestión de Casos de Niños y los esfuerzos por mejorar la interacción de la policía con los niños de acuerdo con la Política y los Procedimientos de Interacción con los Niños. El Comité solicita información adicional sobre el plazo previsto para la plena aplicación de estas reformas y su incidencia concreta en la tramitación de los casos de protección de la infancia que entrañan explotación, abusos y trauma.

El Comité solicita información sobre toda medida pertinente que se haya adoptado para desarrollar posibles alternativas a la reclusión de niños en conflicto con la ley.

Medida recomendada: Envío de una carta al Estado parte para informarlo de la suspensión del procedimiento de seguimiento. La información solicitada debe incluirse en el próximo informe periódico del Estado parte.

Fecha de presentación del próximo informe periódico: 2024 (el examen del país se realizará en 2025, con arreglo al ciclo de examen previsible. Véase www.ohchr.org/EN/HRBodies/CCPR/Pages/PredictableReviewCycle.aspx).