INTRODUCCIÓN
1.A continuación se consigna el texto combinado de los informes periódicos 15º, 16º y 17º que presenta Nueva Zelandia al Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial. Se ha preparado en consonancia con las directrices generales del Comité que figuran en el capítulo IV del informe del Secretario General sobre la Compilación de directrices relativas a la forma y el contenido de los informes que deben presentar los Estados Partes en los tratados internacionales de derechos humanos (HRI/GEN/2/Rev.2). El informe comprende el período comprendido entre el 1º de enero de 2000 y el 22 de diciembre de 2005.
2.El informe abarca las principales medidas legislativas, judiciales, administrativas o de otra índole adoptadas en el período que se examina para hacer efectivas las disposiciones de la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial. El texto debe leerse conjuntamente con los informes presentados anteriormente por Nueva Zelandia en cumplimiento de la Convención, los informes periódicos tercero y cuarto presentados por Nueva Zelandia en cumplimiento del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (CCPR/C/64/Add.10 y CCPR/C/NZL/2001/4) y el segundo informe periódico presentado por Nueva Zelandia en el marco del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (E/1990/6/Add.33). En el presente informe se describe asimismo la evolución de la situación en Tokelau, a la que también se aplican las obligaciones aceptadas por Nueva Zelandia en virtud de la Convención.
3.En las observaciones finales del Comité (A/57/18, párrs. 412 a 434) sobre el documento combinado que comprendía los informes periódicos 12º, 13º y 14º de Nueva Zelandia (CERD/C/362/Add.10, denominado en adelante "último informe") se formularon ciertas sugerencias y recomendaciones. En el cuerpo del presente informe figuran las respuestas a ellas, que se resumen a continuación:
- Disparidades sociales y económicas existentes entre los maoríes y los pueblos de las islas del Pacífico y los no maoríes (párrafo 11 de las observaciones finales). Aunque el Comité tomó nota de los programas y proyectos iniciados por el Gobierno para responder a las necesidades concretas de los maoríes, los pueblos del Pacífico y otros grupos étnicos, seguían siendo motivo de preocupación las continuas dificultades a las que se enfrentaban los grupos antes mencionados en el disfrute de los derechos sociales y económicos. En el presente informe se destacan los esfuerzos del Gobierno por reducir estas disparidades. Véanse, entre otros, los párrafos 92 a 100 sobre el empleo, 139 a 149 sobre la salud, 102 a 121 sobre la educación, 201 a 207 sobre la vivienda, 150 a 172 sobre la justicia penal y 82 a 88 sobre los servicios sociales.
- Escasa representación de las mujeres maoríes en diversos sectores clave y especial vulnerabilidad de las mujeres maoríes a la violencia doméstica (párr. 12). En lo que se refiere a las iniciativas gubernamentales encaminadas a mejorar las perspectivas de las mujeres, incluidas las mujeres maoríes, se remite al Comité al sexto informe periódico de Nueva Zelandia sobre la aplicación de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (sin numerar). Durante el período que se examina mejoró la situación de las mujeres maoríes en cuanto al empleo y al nivel de ingresos (véanse los párrafos 75 y 76). Sin embargo, las mujeres maoríes siguen corriendo más riesgos de ser víctimas de la violencia doméstica que las neozelandesas de ascendencia europea o las mujeres oriundas del Pacífico. En el párrafo 78 se describen las iniciativas del Gobierno para hacer frente a esta situación.
- Representación desproporcionadamente alta de maoríes y miembros de las comunidades de las islas del Pacífico en las instituciones penitenciarias (párr. 13). Aunque toma nota de las medidas adoptadas por el Estado Parte para reducir la incidencia y las causas del delito en las comunidades maorí y del Pacífico, sigue preocupando al Comité la representación desproporcionadamente alta de maoríes y miembros de las comunidades oriundas del Pacífico en las instituciones penitenciarias. En los párrafos 153 a 172 se describen las actividades que sigue desarrollando el Gobierno para hacer frente a esta cuestión.
- Facilitación de la incoación de procesos penales contra los acusados de incitar al odio racial (párr. 14). El Comité toma nota de la aplicación de los artículos 131 y 134 de la Ley de derechos humanos, con arreglo a los cuales la incoación de procesos penales contra los acusados de incitar al odio racial debe contar con la anuencia del Fiscal General. Tras observar que la incoación de esos procesos era poco frecuente, el Comité invitó al Estado Parte a que estudiara posibles medios de facilitar la instrucción de procesos en lo penal contra las personas acusadas de incitar al odio racial. La respuesta de Nueva Zelandia a esta observación figura en los párrafos 185 y 186.
- Información más amplia sobre el cumplimiento del párrafo 15 del artículo 4 de la Convención (párr. 15). El Comité invitó al Gobierno a que proporcionara información más amplia sobre las medidas adoptadas para cumplir lo dispuesto en el artículo 4 de la Convención, en especial sobre la prohibición de las organizaciones racistas, así como sobre modalidades para resolver las reclamaciones por discriminación y sobre las soluciones judiciales que se ponían a disposición de las víctimas que presentaban reclamaciones fundamentadas. En los párrafos 179 a 187 y 224 a 229 se describe la estrategia del Gobierno a este respecto.
- Arresto de los solicitantes de asilo (párr. 16). El Comité observó con preocupación, inicialmente, que casi todos los solicitantes de asilo que se habían presentado en la frontera después de los acontecimientos del 11 de septiembre de 2001 habían sido detenidos. Para obtener información sobre la postura del Gobierno a este respecto se remite al Comité a los informes del Gobierno al Comité contra la Tortura (CAT/C/49/Add.3).
- El Gobierno de Nueva Zelandia parece interpretar que el alcance de las medidas especiales es más restringido de lo que se prevé en los artículos 1 y 2 de la Convención (párr. 17). En los párrafos 51 a 53 se exponen las bases de la interpretación de "acción afirmativa" y de "igualdad" por los tribunales.
- Información sobre el disfrute de los derechos mencionados en el artículo 5 de la Convención por las minorías étnicas distintas de los maoríes (párr. 18). En el informe figura información sobre el disfrute de los derechos mencionados en el artículo 5 de la Convención por la población oriunda del Pacífico y otros grupos étnicos (véanse los párrafos 89 a 91, 95 a 100, 113 a 121, 133 a 138, 144 a 149, 192, 196, 197 y 198, 204 y 205 y 212 a 214). La creación del Servicio de Asuntos Étnicos (véanse los párrafos 44 a 50) contribuirá a que se siga prestando atención a la situación de otros grupos étnicos de Nueva Zelandia.
- Inclusión de las obligaciones relacionadas con los derechos humanos en toda nueva disposición constitucional para Tokelau (párr. 19). En los párrafos 248 a 252 se exponen los avances de Tokelau hacia una mayor autonomía, incluida su intención de incorporar a la legislación su firme compromiso con los derechos humanos fundamentales.
- Declaración prevista en el artículo 14 (párr. 20). Se está preparando un análisis de la postura del Gobierno sobre esta cuestión.
- Aplicación de la Declaración y el Programa de Acción de Durban (párr. 21). El Comité recomendó que el Gobierno, al aplicar la Convención, tuviese en cuenta las partes pertinentes de la Declaración y el Programa de Acción de Durban y que en su informe incluyese información sobre los planes de acción u otras medidas que se adoptaran para aplicar la Declaración y el Programa de Acción de Durban a nivel nacional. En los párrafos 13 a 15 se resumen las iniciativas del Gobierno a este respecto.
I. CONSIDERACIONES GENERALES
4.Corresponde remitirse al documento de base sobre Nueva Zelandia. Desde noviembre de 1999 hasta julio de 2002 Nueva Zelandia fue gobernada por una coalición del Partido Laborista y el Partido de la Alianza. El Partido Laborista obtuvo un segundo mandato tras las elecciones generales de julio de 2002 y formó una coalición gubernamental con el Partido Progresista. Tras nuevas elecciones generales celebradas el 17 de septiembre de 2005, Nueva Zelandia pasó a ser gobernada por una coalición del Partido Laborista y del Partido Progresista, que concertaron acuerdos de apoyo y confianza con los movimientos New Zealand First (Nueva Zelandia Primero) y United Future (Futuro Unido).
II. INFORMACIÓN RELATIVA A LOS ARTÍCULOS 2 A 7 DE LA CONVENCIÓN
Política estatal y marco jurídico general
5.Durante todo el período que se examina, el Gobierno ha seguido trabajando para eliminar la discriminación basada en el color, la religión, la raza o el origen étnico o nacional. La legislación de Nueva Zelandia prohíbe expresamente la discriminación racial y el Gobierno sigue firmemente decidido a promover la concordia racial.
6.De conformidad con el párrafo 4 del artículo 1 de la Convención, los sucesivos gobiernos de Nueva Zelandia han sostenido con toda firmeza que debe haber igualdad de oportunidades sociales y económicas en el país. Sólo así podrá mantenerse una sociedad justa, libre de toda forma de discriminación racial y que reconozca la diversidad como valor. En el período que se examina, la política aplicada por todas las ramas del Gobierno para reducir las desigualdades, incluida ahora en el programa Oportunidades para todos los nuevos neozelandeses, ha servido de plataforma para llevar a cabo diversas iniciativas sociales y económicas a fin de reducir las desventajas y promover la igualdad de oportunidades en Nueva Zelandia. Aunque de ningún modo puede afirmarse que haya concluido la labor de reducción de las desigualdades, se han logrado avances que se recogen en el informe.
7.En 2004 y 2005 el Tratado de Waitangi y sus repercusiones en la situación de los maoríes en Nueva Zelandia fueron objeto de amplios debates públicos y políticos. Sigue habiendo una amplia gama de puntos de vista en los partidos políticos y la comunidad en general sobre el lugar que corresponde al Tratado en la Nueva Zelandia de hoy y sobre cómo debe hacerse presente en las leyes y en la política general. El Gobierno considera importante este debate y lo ha estado fomentando con programas informativos sobre el Tratado y la organización de debates y diálogos entre la población. La solución de las reclamaciones históricas de los maoríes goza de una aceptación relativamente amplia. En el presente informe se describen los avances logrados en este ámbito.
8.El período que se examina también se ha caracterizado por el crecimiento de otras comunidades de minorías étnicas en Nueva Zelandia y por sus efectos en la sociedad. Las corrientes migratorias han hecho que la población de origen asiático sea actualmente más numerosa que la de los pueblos oriundos del Pacífico. La creación del Servicio de Asuntos Étnicos ha servido para velar por que se tengan en cuenta los intereses de otros grupos étnicos de Nueva Zelandia. En el presente informe se describe la labor de este Servicio.
9.En el presente informe, al igual que en los últimos informes de Nueva Zelandia, se describe el contexto en que se abordan las cuestiones relativas a la eliminación, la prevención y la solución de todas las formas de discriminación racial. Entre otras cosas, se enumeran las iniciativas encaminadas a mejorar la situación social, económica y cultural de los maoríes, incluidas diversas novedades pertinentes relacionadas con el Tratado de Waitangi. Figuran en él, además, observaciones sobre la situación de los pueblos oriundos del Pacífico y de otros grupos étnicos de la sociedad neozelandesa. También se proporciona información cuantitativa para describir más a fondo los cambios producidos durante el período que se examina. Gran parte de esta información se basa en las estadísticas del censo de 2001, si bien, en todos los casos en que ha sido posible, se han utilizado estadísticas más recientes.
10.La Ley sobre la Carta de Derechos de Nueva Zelandia de 1990 y la Ley sobre derechos humanos de 1993 proporcionan el marco jurídico para eliminar la discriminación racial en Nueva Zelandia. En el presente informe se ofrece información sobre esas leyes en relación con el párrafo 1 del artículo 2 de la Convención. Las observaciones al respecto indican también que las leyes y las políticas se elaboran tratando de que estén en consonancia con las obligaciones que prescribe el disfrute de los derechos humanos, incluido el derecho a no ser discriminado.
Características étnicas de la población neozelandesa
11.En la sección sobre territorio y población del documento básico figura una descripción estadística y cuantitativa de la población neozelandesa. En resumen:
-Según los cálculos de población del 30 de junio de 2001, el 79,2% de los neozelandeses se identificaban como neozelandeses de ascendencia europea, el 15,1% como maoríes de Nueva Zelandia, el 7,0% como asiáticos, el 6,7% como poblaciones oriundas del Pacífico y el 0,7 como "otros";
-Se estima que para el año 2021:
El grupo asiático habrá aumentado y representará el 15% de la población (frente al 7% en 2001);
El grupo maorí habrá aumentado y representará el 17% de la población (frente al 15% en 2001);
El grupo de pueblos oriundos del Pacífico habrá aumentado y representará el 9% de la población (frente al 7% en 2001);
El grupo neozelandés de ascendencia europea habrá disminuido y representará el 70% de la población (frente al 79% en 2001).
12.En el documento básico figura también información pormenorizada sobre los diferentes perfiles por edad de las poblaciones étnicas de Nueva Zelandia. Es importante ser consciente de estas diferencias y, en especial, de la relativa juventud de las poblaciones maorí y oriundas del Pacífico. Estos distintos perfiles son un factor importante de las diferencias observadas en muchas estadísticas políticas y socioeconómicas recogidas en el informe.
La Declaración y el Programa de Acción de Durban
13.El Gobierno ha respaldado las resoluciones pertinentes de la Asamblea General y reconoce su obligación de llevar adelante las medidas previstas en la Declaración y el Programa de Acción de Durban. El programa comprende 219 recomendaciones diferentes y Nueva Zelandia cumple ya muchas de ellas, en su totalidad o en su mayor parte. La Comisión de Derechos Humanos ha analizado y dado prioridad a las recomendaciones que más importancia tienen para Nueva Zelandia, y determinado diez áreas de acción que se recogen en la lista siguiente:
1.Elaboración de un Plan de acción de derechos humanos de Nueva Zelandia, incluido un Plan de acción sobre relaciones raciales (párrs. 14 y 15 del presente informe);
2.Comprensión por la opinión pública del Tratado y de los derechos indígenas y humanos de los maoríes (párrs. 20, 27, 178 y 242);
3.Promoción de la diversidad cultural y de los derechos humanos de los migrantes y las minorías étnicas (párrs. 46 a 49 y 231 a 242);
4.Trato de los refugiados y los solicitantes de asilo (párr. 214);
5.Educación y formación en derechos humanos y lucha contra el racismo en establecimientos de enseñanza, organismos públicos, centros de trabajo y programas para el público en general (párrs. 47 a 49, 178 y 218);
6.Preparación de datos exhaustivos, baremos e indicadores de resultados, así como de un programa coordinado de investigación que brinden un marco permanente para evaluar el estado de las relaciones raciales en Nueva Zelandia (párrs. 215 a 220);
7.Igualdad en la educación, la salud, la vivienda, la justicia y el empleo (párrs. 101 a 121, 139 a 149, 202 a 207, 150 a 172 y 92 a 100);
8.Consulta efectiva con los maoríes, los pueblos oriundos del Pacífico y otros grupos étnicos, y participación de éstos en la adopción de decisiones (párrs. 72 y 189 a 196);
9.Representación equilibrada de los maoríes, los pueblos oriundos del Pacífico y otros grupos étnicos en los medios de comunicación y medidas eficaces para luchar contra la incitación al odio y los contenidos racistas en Internet (párrs. 175 a 178 y 243 a 247),
10.Promoción del Programa de Acción de Durban y participación en las iniciativas internacionales de apoyo a éste (párrs. 14 y 218).
Avances en el Plan de acción de derechos humanos de Nueva Zelandia
14.La Comisión de Derechos Humanos incluyó resultados y prioridades para las actividades relacionadas con cada una de las diez áreas antes mencionadas tanto en su Programa de acción sobre la diversidad en Nueva Zelandia como en el Plan de acción de derechos humanos de Nueva Zelandia, presentados al Gobierno el 31 de marzo de 2005 (en el párrafo 22 se proporcionan más detalles sobre el Plan de acción). Asimismo, en febrero de 2004, la Comisión, en calidad de entidad anfitriona, organizó la primera mesa redonda de Comisionados de Relaciones Raciales, en colaboración con la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos. El tema principal fue la aplicación del Programa de Acción de Durban.
Elementos del Plan de acción de derechos humanos de Nueva Zelandia relacionados con la Convención y la Declaración de Durban
15.Hay dos artículos del Plan de acción sobre derechos humanos de Nueva Zelandia que guardan especial relación con las actividades permanentes de aplicación de la Convención: el artículo 4, relativo a formas de lograr buenas relaciones raciales, y el artículo 7, relativo a maneras de elaborar un marco adecuado, y que abordan, entre otras cosas, el lugar que corresponde al Tratado de Waitangi. Sin embargo, los problemas relacionados con la disparidad racial también se tratan en otros artículos. Las cuestiones de relaciones entre las razas que se tratan en el Plan de acción de derechos humanos de Nueva Zelandia son: la desigualdad social y económica; los derechos de los pueblos indígenas; el idioma; el asentamiento de refugiados y de inmigrantes; y la diversidad cultural. Se proponen medidas para solucionar todas estas cuestiones, que también se abordan en otras partes del presente informe. La Comisión de Derechos Humanos también ha opinado que el Plan de acción de derechos humanos de Nueva Zelandia es el mejor medio para potenciar la aplicación por ese país de la Declaración y el Programa de Acción de Durban.
Proyecto de declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas
16.Nueva Zelandia respalda las negociaciones para alcanzar un consenso sobre el texto de una declaración sobre los derechos de los pueblos indígenas. La postura que Nueva Zelandia sostiene desde hace mucho tiempo es que el proyecto de declaración debe reunir ciertos requisitos fundamentales. Entre otras cosas, debe:
-Estar en consonancia con la legislación y las normas internacionales y neozelandesas;
-Proteger los derechos de todos los ciudadanos; y
-Salvaguardar la integridad territorial y la unidad política, así como la responsabilidad de los gobiernos elegidos democráticamente de gobernar para promover el bienestar de todos sus ciudadanos.
Artículo 2
A. Información sobre las medidas legislativas, judiciales, administrativas o de otra índole que sirvan para poner en práctica las disposiciones del párrafo 1 del artículo 2
17.Al elaborar propuestas normativas debe considerarse si están o no en consonancia con la Ley sobre derechos humanos de 1993 y la Ley sobre la Carta de Derechos de Nueva Zelandia de 1990. En todos los documentos normativos dirigidos al Consejo de Ministros o a un comité ministerial debe figurar un informe en que se indique si la propuesta contiene o no elementos contrarios a la Ley sobre derechos humanos o a la Carta de Derechos de Nueva Zelandia, un resumen de sus posibles consecuencias e indicaciones sobre cómo abordar y resolver las cuestiones de que se trate.
La Ley sobre derechos humanos de 1993
18.Las medidas de protección y las sanciones previstas en la Ley sobre derechos humanos, recogidas en el párrafo 12 del último informe, no han variado. Una de las novedades ocurridas durante el período que se examina ha sido la aprobación de la Ley de reforma de la Ley de derechos humanos, 2001, que entró en vigor el 1º de enero de 2002. La Ley de reforma tenía por objeto fomentar la protección de los derechos humanos en Nueva Zelandia y promover en mayor medida en el país una sólida cultura de derechos humanos. Otros efectos de la Ley de reforma fueron impulsar medidas obligatorias de parte del sector público, fusionar la Comisión de Derechos Humanos y la Oficina del Conciliador para las Relaciones Raciales en una sola organización: la nueva Comisión de Derechos Humanos. La función del Comisionado de Relaciones Raciales se describe en más detalle en los párrafos 215 a 220. En la Ley de reforma se prevé asimismo un procedimiento más rápido y ágil para resolver las denuncias de discriminación. Este sistema, financiado por el Estado, se aplica tanto a las actividades del sector público como del privado.
La Comisión de Derechos Humanos
19.La nueva Comisión de Derechos Humanos, creada de resultas de la Ley de reforma de la Ley de derechos humanos, cuenta con un Comisionado Principal de Derechos Humanos a jornada completa, un Comisionado de Relaciones Raciales, un Comisionado de Igualdad de Oportunidades y cinco Comisionados a jornada parcial. Los Comisionados actúan de forma colegiada llevando a cabo labores de dirección, promoción y educación en derechos humanos, y dirigiendo la labor de la Comisión en su conjunto.
20.Las principales funciones de la Comisión de Derechos Humanos son propugnar y promover el respeto de todos los derechos humanos en la sociedad neozelandesa, y fomentar el desarrollo y mantenimiento de relaciones armoniosas entre las personas y entre los distintos grupos de la sociedad. La Comisión también se encarga de promover la igualdad de oportunidades de empleo. Además, a la Comisión compete también la tarea de propiciar una mejor comprensión del componente de derechos humanos del Tratado de Waitangi y de su relación con las normas nacionales e internacionales de derechos humanos. La Comisión tiene asimismo la responsabilidad estatutaria de elaborar, en consulta con las partes interesadas, un plan de acción nacional de promoción y protección de los derechos humanos.
21.La Comisión de Derechos Humanos también es la principal entidad que se ocupa de las denuncias de discriminación. Dispone de servicios de resolución de controversias que abarcan la recopilación de información, el asesoramiento pericial y la mediación a fin de ayudar a las partes en controversia a alcanzar un acuerdo. Si la controversia no se resuelve, el demandante puede llevar su caso al Tribunal de Examen de los Derechos Humanos (antiguo Tribunal de Examen de Quejas) o solicitar que sea el Director de la Oficina de Litigios de Derechos Humanos quien presente la denuncia ante el Tribunal. La Comisión puede asimismo decidir, unilateralmente, elevar una denuncia al Tribunal o al Director de la Oficina de Litigios de Derechos Humanos.
El Plan de acción sobre derechos humanos de Nueva Zelandia preparado por la Comisión de Derechos Humanos
22.De resultas de la Conferencia Mundial de Derechos Humanos, celebrada en Viena en 1993, se encargó a la Comisión de Derechos Humanos que, en consulta con las partes interesadas, elaborase un plan nacional de acción para la promoción y la protección de los derechos humanos en Nueva Zelandia. La elaboración de este plan (denominado actualmente Plan de acción sobre derechos humanos de Nueva Zelandia) comenzó en diciembre de 2002. La Comisión llevó a cabo un amplio proceso de consultas e investigaciones para determinar la situación de los derechos humanos imperante en Nueva Zelandia y los ámbitos en que se podían introducir mejoras. El informe sobre el particular, en que se analiza de forma pormenorizada la situación de los derechos humanos, y que lleva por título Los derechos humanos en Nueva Zelandia hoy, se publicó el 31 de agosto de 2004. El Plan de acción, totalmente terminado, se publicó el 31 de marzo de 2005 (se incluye una copia como anexo 4). El Gobierno ha celebrado la contribución de la Comisión y seguirá examinando opciones para reaccionar al Plan de acción, entre ellas la preparación de un plan de acción gubernamental sobre derechos humanos.
La Ley de la Carta de Derechos de Nueva Zelandia de 1990
23.En la Ley de la Carta de Derechos de Nueva Zelandia de 1990 (Carta de Derechos) se dispone que, en todos los casos en que sea posible, toda ley nacional deberá interpretarse de forma coherente con los derechos y las libertades que ratifica la Carta, incluido el derecho a no ser discriminado, y que el Parlamento debe encargarse de modificar cualquier incoherencia en las leyes que se propongan. Los tribunales también han previsto una serie de soluciones jurídicas en relación con dicha Carta. En los informes periódicos tercero y cuarto de Nueva Zelandia sobre el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (CCPR/C/64/Add.10 y CCPR/C/NZL/2001/4) se describe en detalle el estado actual de la Carta de Derechos y se indica la jurisprudencia pertinente.
24.Como se indica en el párrafo 17 del último informe, hay dos artículos de la Carta de Derechos que guardan relación con los derechos previstos en la Convención. En virtud del artículo 19, toda persona tiene derecho a no ser objeto de discriminación, conforme a la definición de la Ley de derechos humanos de 1993. Ello incluye el derecho a no ser sometido a discriminación debido al color de la piel, la raza o la procedencia étnica o nacional, lo que abarca también la nacionalidad o ciudadanía. En ese artículo se estipula también que no se considerarán discriminatorias las medidas que se adopten para ayudar a las personas o grupos de personas desfavorecidas por la discriminación prohibida en virtud de la sección II de la Ley de derechos humanos de 1993. El artículo 20 protege el derecho de las minorías étnicas, religiosas o lingüísticas a disfrutar de la cultura, a profesar y practicar su religión y a hacer uso de la lengua de la minoría de que se trate.
Ley de relaciones laborales de 2000
25.La Ley de relaciones laborales de 2000 (la Ley) ha sustituido a la Ley de contratos laborales de 1991 a que hace referencia el párrafo 18 del último informe, y es la que rige actualmente las relaciones de trabajo. Al igual que la Ley de contratos laborales, La ley actual permite que se presente una reclamación personal contra el empleador o contra los compañeros de trabajo (en virtud del artículo 103) en caso de haberse sufrido discriminación en el trabajo debido al color de la piel, raza o procedencia étnica o nacional (art. 105). La definición de hostigamiento racial por parte del empleador (art. 109) se basa en el artículo 63 de la Ley sobre derechos humanos de 1993. Además, con arreglo a los artículos 117 y 118 de la Ley, los empleadores son responsables de los actos de hostigamiento racial de que sea objeto un trabajador por parte de otros trabajadores.
26.Un demandante puede optar por incoar un proceso por discriminación racial al amparo de la Ley de derechos humanos o de la Ley de relaciones laborales de 2000, pero no de ambas. Si se presenta una demanda, incluso por discriminación, al amparo de la Ley de relaciones laborales, deberá comprobarse que cumple los requisitos establecidos en la Ley Nº 2 de reforma de la Ley de relaciones laborales de 2004. A los fines de la comprobación, para determinar si un despido u otra medida tiene justificación, debe determinarse, de forma objetiva, si las acciones y el comportamiento del empleador corresponden con lo que habría hecho un empleador justo y razonable, fueran cuales fuesen las circunstancias, en el momento en que se produjo el despido o se adoptó la medida del caso. Si a la Dirección de Relaciones Laborales llega una reclamación personal por cuestiones de discriminación racial o de cualquier otro tipo, la Dirección puede ordenar el pago de una indemnización al trabajador o dictaminar que se adopten otras medidas para evitar futuros hostigamientos en el lugar de trabajo.
El Tratado de Waitangi
27.El Tratado de Waitangi sigue siendo el documento básico utilizado en las relaciones, en permanente evolución, entre los maoríes y la Corona. Algunos de los cambios más significativos ocurridos desde el último informe son los siguientes:
-En 2001 el Te Puni Kōkiri (Ministerio de Desarrollo Maorí) publicó He Tirohanga ō Kawa ki te Tiriti o Waitangi: a guide to the principles of the Treaty of Waitangi as expressed by the Courts and the Waitangi Tribunal (He Tirohanga ō Kawa ki te Tiriti o Waitangi: guía sobre los principios del Tratado de Waitangi estipulados por los tribunales y el Tribunal de Waitangi). La guía es un instrumento importante para el sector público a los fines de aplicar los principios del Tratado en la elaboración de políticas y en las relaciones operacionales con los maoríes.
-En el presupuesto de 2003, el Gobierno informó de su intención de lograr que el público conociera el Tratado de Waitangi y destinó 6,47 millones de dólares neozelandeses, para un período de tres años, a la elaboración de un programa informativo sobre el Tratado de Waitangi, que sería administrado por una dependencia especial de la Comisión de Servicios del Estado. El objetivo del programa ha sido mejorar el conocimiento del Tratado de Waitangi por el público mediante una mayor coordinación de las iniciativas informativas ya existentes y la organización y elaboración de nuevas iniciativas y materiales. La Dependencia de Información sobre el Tratado de Waitangi ha contratado a una amplia gama de historiadores muy reputados, especializados en el Tratado, para que elaboren información para el programa, con el objeto concreto de producir material fidedigno e imparcial. En ese material se reconoce que las reseñas históricas son cuestionables y que no hay una única interpretación correcta.
-El 15 de noviembre de 2004 el Consejo de Ministros acordó ampliar el Programa informativo al encomendar a la Dependencia de Información sobre el Tratado de Waitangi la tarea de fomentar debates en las comunidades sobre el lugar que ocupaba el Tratado en la Nueva Zelandia actual. Una serie de debates de este tipo se llevará a cabo entre diciembre de 2005 y junio de 2006. La Comisión de Derechos Humanos también ha participado en la organización de simposios y ha auspiciado talleres de diálogo en las comunidades (en los que, hasta la fecha, han participado más de 15.000 personas) acerca del papel de los derechos humanos y el Tratado en Nueva Zelandia.
-En algunas leyes recientes figuran referencias al Tratado que, tras ser referencias generales, han pasado a constituir formulaciones explícitas de la responsabilidad del Gobierno central o las autoridades locales de prever consultas con los maoríes y la participación de éstos en la toma de decisiones sobre actividades concretas. Dos ejemplos significativos de este planteamiento son la nueva Ley neozelandesa de salud pública y discapacidad de 2000 (véanse los párrafos 79 y 132) y la Ley de administración local de 2002 (véanse los párrafos 194 a 197).
28.El Tratado de Waitangi fue objeto de numerosos debates públicos y políticos en 2004 y 2005. Sigue existiendo una amplia gama de opiniones en todos los partidos políticos y en la comunidad en general acerca del lugar del Tratado en Nueva Zelandia. El impulso y la evolución constantes de la labor del Tribunal de Waitangi son importantes, pues éste constituye una vía primordial para resolver las reclamaciones por injusticias cometidas en el pasado contra la tangata whenua (población autóctona).
Reclamaciones históricas dimanantes del Tratado
29.El Gobierno ha seguido avanzando hacia la resolución de las reclamaciones históricas y ha fijado un calendario en el que se prevé que el proceso finalizará a más tardar en 2020. La Corona se encarga de solucionar las reclamaciones históricas dimanantes del Tratado en virtud de unas directrices concretas en que se prevé lo siguiente:
-La solución de reclamaciones dimanantes del Tratado no deberá originar injusticias futuras, ni para los grupos de demandantes ni para terceros;
-La Corona tiene el deber de proceder atendiendo a los más altos intereses de todos los neozelandeses;
-Todas las soluciones deberán ser duraderas, justas y viables, así como eliminar todo sentido de agravio;
-La Corona deberá tratar de forma justa y equitativa a todos los grupos de demandantes; y
-En las soluciones deberán tenerse en cuenta las limitaciones fiscales y económicas y la capacidad de la Corona de proporcionar reparación.
30.En la resolución de las reclamaciones históricas dimanantes del Tratado, la Corona considera que, fundamentalmente, las reparaciones deberán guardar relación con la naturaleza y magnitud de las transgresiones. La Corona trata también de lograr un equilibrio que permita llegar a soluciones justas, equitativas y prácticas que abarquen toda una gama de reparaciones, de modo de no sólo proporcionar reparaciones comerciales y financieras, sino, además, atender a los elementos culturales de las reclamaciones. Las reparaciones reflejan forzosamente la realidad económica y social de hoy en día. Los minerales nacionalizados no pueden ser utilizados para resolver las reclamaciones dimanantes del Tratado, puesto que la transferencia de los derechos sobre dichos recursos entrañaría riesgos considerables tanto para la Corona como para el grupo de demandantes.
31.Por lo general, la resolución de las reclamaciones consiste en una reseña histórica convenida, una disculpa de la Corona, instrumentos legislativos en que se reconozcan los intereses especiales del grupo de demandantes respecto de determinados lugares y bienes, y una reparación económica que puede consistir en dinero o en algunas propiedades sobrantes de la Corona. El objetivo de la reparación económica es restablecer una base económica que permita el desarrollo futuro. Su concesión reconoce también que cuando las reclamaciones por pérdidas de tierras o recursos están fundamentadas, por lo general las transgresiones cometidas por la Corona habrían frenado el desarrollo potencial del grupo demandante de que se trata.
32.Cada negociación y resolución refleja los intereses y las circunstancias específicas de cada grupo demandante. El Gobierno debe estar seguro de que la comunidad demandante apoya la resolución de las reclamaciones a que se ha llegado. Posteriormente, la resolución objeto de consenso entra en vigor cuando el Parlamento promulga un instrumento legislativo por el cual se ratifica la resolución.
33.Para avanzar en la resolución de las reclamaciones, se han aumentado los recursos proporcionados a la Oficina de Resolución de Reclamaciones dimanantes del Tratado para que ayude a los grupos de demandantes en sus negociaciones directas con la Corona. En consecuencia, hay más grupos que nunca que participan en rondas de negociación o de prenegociación con la Corona. Al 31 de diciembre de 2005, la Corona había llegado a acuerdos con 20 grupos de demandantes, con reparaciones económicas por valor de 707 millones de dólares neozelandeses (véase el anexo 5). La Corona ha alcanzado acuerdos con grupos de demandantes establecidos en zonas que constituyen la mitad del territorio de Nueva Zelandia. Además, las resoluciones alcanzadas hasta la fecha atañen a más de la mitad de las tribus que padecieron raupatu (confiscación), considerada la transgresión más grave del Tratado. También se ha avanzado considerablemente en las negociaciones con los demandantes. Hasta el 31 de diciembre de 2005, cuatro grupos de demandantes habían llegado a acuerdos en principio con la Corona (véase el anexo 5). La Corona participa actualmente en rondas de negociación o de prenegociación con otros 21 grupos de demandantes.
34.En noviembre de 2002 la Corona publicó la segunda edición de la guía de 1999 para las reclamaciones dimanantes del Tratado de Waitangi y las negociaciones directas con la Corona, titulada Healing the Past, Building a Future (Superar el pasado, construir el futuro) (véase la sección de referencias). El propósito de la publicación era proporcionar a los grupos demandantes una guía práctica para la negociación directa y la resolución de reivindicaciones históricas en el marco del Tratado de Waitangi. Hay acuerdo general en que la solución final de todas las reclamaciones históricas significativas beneficiará a los maoríes, a la Corona y a la comunidad en general. Varían las opiniones sobre qué constituiría un calendario razonable. El Gobierno ha manifestado su intención de fijar como plazo el último día de 2008 para presentar reclamaciones históricas, con miras a resolverlas antes de 2020. Esta propuesta parece ser un marco temporal justo y realista que reconoce que hace falta tiempo para que se lleven adelante negociaciones auténticas y ambas partes respeten las garantías legales correspondientes.
El Tribunal de Waitangi
35.El Tribunal de Waitangi es una comisión permanente de investigación encargada de elaborar recomendaciones sobre reclamaciones presentadas por los maoríes respecto de acciones u omisiones de la Corona que incumplen las promesas formuladas en el Tratado de Waitangi. Las recomendaciones del Tribunal no son vinculantes para la Corona.
36.Durante el período que se examina el Tribunal ha seguido desempeñando un papel decisivo en la resolución de las reclamaciones dimanantes del Tratado. Hasta la fecha, la mayor parte de los grupos maoríes han solicitado que el Tribunal examine sus reclamaciones antes de llegar a una resolución con la Corona. En 2000 el Tribunal, a fin de integrar mejor sus investigaciones en el proceso de resolución de reclamaciones, introdujo modificaciones en sus procedimientos. A la vez que continuó agrupando las reclamaciones de los grupos por distrito, para así llevar a cabo investigaciones y audiencias conjuntas, el Tribunal introdujo innovaciones a fin de esclarecer la representación de las tribus, centrarse en las cuestiones en litigio y lograr que las vistas y la elaboración de informes exigieran menos tiempo. El nuevo método se probó por primera vez en la investigación de Tūranga (Gisborne) y posteriormente se ha utilizado con éxito en otros distritos, reduciendo a la mitad el promedio de tiempo que tardaba el Tribunal en realizar una investigación. En 2003, en respuesta a los deseos de la Corona y de las tribus maoríes de los distritos centrales de la Isla Norte, el Tribunal elaboró una versión del nuevo método consistente en módulos, a fin de ayudar a amplios grupos de demandantes que se preparaban para sostener negociaciones que desembocaran en resoluciones a breve plazo y que apuntaban a investigaciones menos minuciosas. El proceso de módulos de investigación ha proporcionado los medios para investigar y celebrar vistas a escala regional sobre las reclamaciones de mayor envergadura de las tribus.
37.Aunque la mayor parte de la labor del Tribunal se centra en investigar reclamaciones históricas correspondientes a distritos extensos, muchos de sus informes se refieren a asuntos más concretos o más actuales que exigen vistas urgentes. Entre ellos figuran reclamaciones relativas a recursos (como el petróleo o la acuicultura), al proceso de resolución de reclamaciones (por lo general mandatos tribales) y a políticas concretas de la Corona (como la política sobre la anteplaya). El Tribunal organizó un foro público para la consideración de las reclamaciones maoríes sobre estos asuntos urgentes y preparó un dictamen consultivo destinado a la Corona y a los demandantes para ayudarles a resolver las cuestiones en litigio. Entre 2000 y 2005 el Tribunal publicó 6 informes sobre distritos y 17 informes sobre cuestiones o reclamaciones concretas (véase el anexo 5, en que figura una lista de los informes).
38.La Corona no siempre se ha atenido a los informes del Tribunal de Waitangi sobre cuestiones contemporáneas, es decir, las surgidas después de septiembre de 1992. Las conclusiones contemporáneas difieren en parte de las evaluaciones de las reclamaciones históricas, porque a menudo se refieren a decisiones gubernamentales en materia de política en que el propio Gobierno ha evaluado la relación entre el Tratado de Waitangi y las políticas de que se trata.
Te Puni Kōkiri (Ministerio de Desarrollo Maorí)
39.Te Puni Kōkiri es la principal entidad de asesoramiento en las relaciones entre el Gobierno y los maoríes. Para lograr su objetivo estratégico, que es lograr que los maoríes tengan éxito sin dejar de ser maoríes, presta orientación y apoyo al Gobierno, le brinda asesoramiento de alta calidad en materia de normas, lleva adelante una supervisión eficaz, y establece y mantiene relaciones estrechas con las partes interesadas. Te Puni Kōkiri reconoce la importancia de que los maoríes, como personas, miembros de organizaciones y grupos logren un nivel de éxito sostenible. Te Puni Kōkiri está elaborando una iniciativa sobre el potencial maorí basada en los siguientes principios:
1.El potencial maorí. Encontrar oportunidades para que los maoríes modifiquen su situación, mejoren sus opciones de vida y alcancen una vida mejor. Este principio reconoce que los maoríes son un pueblo multidimensional y con aspiraciones, respaldado por una cultura y un sistema de valores propios.
2.Una cultura propia. Respetar a los maoríes en su calidad de primeros pobladores de Aotearoa (Nueva Zelandia) y reconocer y valorar el capital cultural que los maoríes aportan a sus comunidades. Este principio abarca el papel de los maoríes y de su cultura autóctona en la sociedad en general.
3.La capacidad de los maoríes. Desarrollar la capacidad del pueblo maorí, ampliar su percepción de la gama de opciones disponibles e incrementar su capacidad de actuar. Este principio refleja la necesidad de que los maoríes se consideren agentes catalizadores capaces de propiciar cambios.
El Tribunal de la Tierra Maorí
40.Como se indica en el último informe, el Tribunal de la Tierra Maorí es una de las instituciones jurídicas más antiguas e importantes de Nueva Zelandia. El Tribunal y su administración mantienen una estrecha relación con los maoríes, particularmente en lo que se refiere a las cuestiones de tierras. En virtud de la Ley de la anteplaya y los fondos marinos de Nueva Zelandia de 2004, el Tribunal de la Tierra Maorí puede conocer de solicitudes de órdenes de reconocimiento de derechos consuetudinarios que reflejen el uso o usos consuetudinarios concretos de una zona dada (en el párrafo 64 figura más información sobre el tema). Por lo demás, el papel y las funciones del Tribunal de la Tierra Maorí, descritos en los párrafos 37 a 39 del último informe, no han variado durante el período que se examina.
Ministerio de Asuntos de las Islas del Pacífico
41.El Ministerio de Asuntos de las Islas del Pacífico tiene por función fomentar el desarrollo de los pueblos oriundos del Pacífico en Nueva Zelandia para que participen plenamente en la vida civil, política, social, económica y cultural de Nueva Zelandia y contribuyan a ella. A estos efectos, el Ministerio debe actuar de una forma que reconozca y refleje los valores y las aspiraciones culturales de los pueblos oriundos del Pacífico.
42. En los últimos años ha aumentado considerablemente la función del Ministerio en la orientación de las iniciativas oficiales que repercuten en los pueblos oriundos del Pacífico. Por ejemplo, el Ministerio ha asumido nuevas y mayores responsabilidades para velar por que los organismos se dediquen activamente a reducir las desigualdades que afectan a los pueblos oriundos del Pacífico. También ha colaborado y participado cada vez más en la aplicación y la coordinación, por parte de los organismos de supervisión, de los programas gubernamentales destinados a dichos pueblos. El creciente liderazgo estratégico del Ministerio en todos los sectores gubernamentales ha tenido otras repercusiones positivas para los pueblos oriundos del Pacífico. Por lo general, los organismos están dispuestos a acudir al Ministerio en busca de asesoramiento en materia de políticas, supervisión y comunicaciones, aún en las primeras etapas de la elaboración de normas e iniciativas que hayan de afectar a dichos pueblos. Por ende, los programas y servicios se ajustan y responden mejor a las necesidades de las poblaciones oriundas del Pacífico.
43. Uno de los temas en que se ha centrado el Ministerio de Asuntos de las Islas del Pacífico en el período que abarca el informe ha sido la elaboración de un Programa de prosperidad para el Pacífico. El Programa pretende lograr que los pueblos oriundos del Pacífico presten mayor atención a su capacidad de valerse de sus propios medios y a la prosperidad económica que a la desigualdad social. El Programa comenzó con la publicación de una serie de informes sobre el nivel económico de los pueblos oriundos del Pacífico en Nueva Zelandia y sobre el costo de oportunidad que tenía para Nueva Zelandia que esos pueblos siguieran sin alcanzar su pleno potencial. La segunda etapa del Programa consistió en la celebración, en noviembre de 2005, de la Conferencia sobre la prosperidad de las poblaciones oriundas del Pacífico. A raíz de la conferencia, el Ministerio, en colaboración con otros organismos, está elaborando un plan estratégico de acción económica como posible marco para lograr la prosperidad de esas poblaciones. Se espera que el plan de acción brinde oportunidades de colaboración con el sector privado.
Servicio de Asuntos Étnicos
44. En mayo de 2001 comenzó a funcionar el Servicio de Asuntos Étnicos como dependencia del Departamento de Asuntos Internos. El Servicio se ocuparía de la labor que en materia de asuntos étnicos llevaba antes a cabo el Grupo de Políticas sobre la Constitución, el patrimonio, los asuntos étnicos y la identidad, mencionada en los párrafos 44 a 46 del último informe. Te Puni Kōkiri y el Ministerio de Asuntos de las Islas del Pacífico suelen prestar asesoramiento sobre cuestiones relacionadas con los maoríes y con los pueblos del Pacífico, respectivamente.
45. El Servicio se creó para prestar a poyo a la primera cartera ministerial de Asuntos Étnicos de Nueva Zelandia. Su responsabilidad es asesorar e informar sobre las cuestiones que afectan a las de origen étnico distinto del de la mayoría de neozelandeses.
46. El Servicio se ocupa de todas las minorías étnicas, incluidos los inmigrantes, los refugiados y los descendientes de personas pertenecientes a minorías étnicas que, si bien han nacido en Nueva Zelandia, se identifican con su herencia étnica. Cuenta con asesores sobre cuestiones étnicas en Auckland, Wellington y Christchurch, lugares donde es mayor la diversidad étnica. Estos asesores actúan como vínculo entre la comunidad y los asesores sobre políticas. El Servicio ha creado redes de minorías étnicas, incluida una red de mujeres de esos grupos, que se encargan de reunir opiniones sobre los intereses y las cuestiones que afectan a las minorías del caso, y ha creado una página de Internet y un boletín en los que difunde asuntos de interés para las minorías étnicas. Entre 2002 y 2004 el Servicio organizó también nueve foros de debate en distintas partes del país para que las comunidades de minorías étnicas y de refugiados pudieran reunirse con el Ministro de Asuntos Étnicos e informarle directamente de los problemas con que se enfrentaban. También se invitó a los foros a representantes de organismos oficiales para que respondieran preguntas sobre políticas y servicios.
47. El Servicio colabora asimismo con otros organismos oficiales, tanto centrales como locales, para ayudarles a elaborar políticas y servicios que respondan a las necesidades de las minorías étnicas. Su labor se centra en servicios e iniciativas de elaboración de políticas de distintos sectores del Gobierno y que llegan a todos los organismos. Un ejemplo de su labor es Ethnic Perspectives in Policy: Government's policy framework for the ethnic sector (Perspectivas étnicas en materia de política: marco normativo gubernamental para el ámbito étnico). Su objetivo es aumentar la concienciación del sector oficial respecto de las cuestiones de las minorías étnicas de manera que los servicios y las políticas respondan mejor a las necesidades de éstas.
48. Compete también al Servicio lograr una mayor sensibilización y una mejor comprensión de las minorías étnicas, entender por qué llegan a Nueva Zelandia los inmigrantes y los refugiados, y conocer su historia, su cultura y sus contribuciones. Varias publicaciones recientes del Servicio, como el folleto Portraits: Youth booklet (Retratos: los jóvenes) y el póster Strength in Diversity ( La diversidad hace la fuerza ) han recibido una amplia y favorable acogida. Esta recepción tan positiva confirma la necesidad de que el Servicio aumente su labor de educación del público.
49. El Servicio proyecta una amplia gama de actividades que aumentarán la visibilidad de las minorías étnicas y facilitarían su asentamiento. Uno de los objetivos principales será mejorar la capacidad de comunicación intercultural en el sector público fomentando las competencias interculturales (además de las competencias biculturales). Se trata de un ámbito con una demanda y unas expectativas cada vez mayores, pues los organismos están intentando mejorar los servicios que proporcionan a todos los neozelandeses.
50. El Servicio también ha creado "Language Line", un servicio de interpretación telefónica iniciado en abril de 2003 con el objeto de que las personas que no dominan o no hablan el inglés, tengan un mejor acceso a los servicios del Gobierno . Hasta diciembre de 2005, "Language Line" había atendido satisfactoriamente a más de 45.000 llamadas.
B. Información sobre las medidas especiales y concretas tomadas en las esferas social, económica, cultural y en otras esferas para asegurar el adecuado desenvolvimiento y protección de ciertos grupos raciales o de personas pertenecientes a estos grupos, con el fin de garantizarles, en condiciones de igualdad, el pleno disfrute de los derechos humanos y de las libertades fundamentales, de conformidad con el párrafo 2 del artículo 2 de la Convención
Medidas especiales y concretas para el adecuado desenvolvimiento y protección de ciertos grupos
51. En el párrafo 17 de las observaciones finales del Comité sobre el último informe de Nueva Zelandia se planteaba la cuestión de la interpretación por parte de Nueva Zelandia de las "medidas especiales". Los programas de acción afirmativa o "medidas especiales" están amparados por el artículo 73 de la Ley de derechos humanos de 1993 y por el párrafo 2 del artículo 19 de la Ley sobre la Carta de Derechos de Nueva Zelandia de 1990.
52. Los criterios contemplados en el artículo 73 de la Ley de derechos humanos y en el párrafo 2 del artículo 19 de la Ley sobre la Carta de Derechos acusan pequeñas diferencias de redacción. En líneas generales, el criterio del artículo 73 de la Ley de derechos humanos es garantizar que las medidas para lograr la igualdad no infrinjan dicha Ley. Hace referencia a "ayudar o mejorar la situación de las personas contra las que es ilegal ejercer discriminación". El criterio del párrafo 2 del artículo 19 de la Ley sobre la Carta de Derechos es más restringido, puesto que la persona a quien va destinada la "medida adoptada de buena fe" a que se refiere el párrafo 2, tiene que haber sido también víctima de la discriminación considerada ilegal en el párrafo 1 del artículo 19 de la misma ley. Los tribunales nunca se han pronunciado sobre si es pertinente o no utilizar palabras distintas y puede que la distinción sea más teórica que práctica .
53. A pesar de la incertidumbre existente en cuanto a la importancia de la diferencia entre uno y otro criterio, los tribunales de Nueva Zelandia han indicado claramente que no todas las distinciones entre personas y grupos de personas son discriminatorias a los efectos de la Ley sobre la Carta de Derechos . Además del párrafo 2 del artículo 19, en el artículo 5 de la Ley sobre la Carta de Derechos se reconoce que se pueden imponer límites razonables a los derechos, pero debe "poder demostrarse que dichas limitaciones están justificadas en una sociedad libre y democrática". Las limitaciones pueden estar justificadas si contribuyen a lograr un objetivo significativo e importante y constituyen un medio racional y ponderado de alcanzarlo. Lo que es más significativo es que la norma reconoce que el Gobierno debe poder distinguir entre los grupos de la comunidad, en bien de una buena gobernanza y tener en cuenta las diversas diferencias inevitables que existen entre distintos pueblos y grupos .
Revisión de las políticas y programas especiales
54. La existencia de medidas especiales para impulsar el desarrollo y la protección de determinados grupos raciales fue objeto de muchos debates en 2004. El Gobierno considera fundamental que los programas especiales sean aplicados con rigor, a fin de garantizar su credibilidad y su aceptación por el público. En mayo de 2004 se creó la Unidad de Revisión Ministerial, dependiente del Ministerio de Coordinación de Relaciones Raciales y responsable de planificar, supervisar y coordinar la revisión de las políticas y programas especiales de la administración pública . La revisión tenía por objeto proporcionar información sobre cada política o programa para determinar si existía alguna necesidad clara y evidente que el programa debía satisfacer, si esa necesidad seguía siendo importante; y si el origen étnico podía o no indicar que esa necesidad se daba en una persona o en grupos de personas concretos. La revisión también abarcaba la lógica seguida en la intervención (es decir, encontrar teorías o pruebas fidedignas) para dilucidar si la determinación del origen étnico contribuía a satisfacer la necesidad en cuestión.
55. Al valorar la información obtenida en las revisiones, la Unidad de Revisión Ministerial consideró que procedía a centrarse en el origen étnico cuando:
- Se determinaba claramente una necesidad y a las personas a quienes afectaba;
- El origen étnico ayudaba a identificar a las personas necesitadas mejor que cualquier otra información disponible;
- Las personas necesitadas no se veían privadas de servicios por motivo de su origen étnico;
- Adaptar la ejecución de un programa para que respondiese a las necesidades de grupos concretos probablemente ayudara a llegar a los necesitados o a aumentar la eficacia del programa; y
- La eficacia de un programa estuviera claramente demostrada.
Si no se daban una o más de estas condiciones, se recomendaban cambios de política o se recababa información adicional. Los resultados de todas estas revisiones están disponibles en el sito web de la Comisión de Servicios Estatales ( www.ssc.govt.nz ). También puede encontrarse información sobre las revisiones en Tūi-tūi-tuituiā: Race Relations in 2005 . La Unidad de Revisión Ministerial finalizó su labor y fue suprimida el 31 de junio de 2005.
Desarrollo maorí
56. La resolución de las reclamaciones formuladas en virtud de la Ley del Tratado de Waitangi de 1975 siguió considerándose un medio para apoyar el desarrollo maorí. Durante el período que se examina se lograron avances en la asignación a los maoríes de recursos pesqueros y de piscicultura. Los maoríes siguen teniendo un gran interés en los recursos de tierras y bosques.
Recursos pesqueros maoríes
57. En los párrafos 55 a 62 del último informen se describían las medidas adoptadas respecto de los recursos pesqueros maoríes tras la resolución general, en 1992, de las reivindicaciones pesqueras maoríes contra la Corona.
58. En el párrafo 59 del último informe se mencionaba que Te Ohu Kai Moana (Comisión de Pesca del Tratado de Waitangi), junto con las iwi (tribus tradicionales), tenían que elaborar un nuevo proyecto de Ley sobre pesca maorí para decidir cómo distribuir entre los maoríes los recursos pesqueros a los que se refería la resolución. La Comisión llevó a cabo amplias consultas con las iwi sobre el modelo de distribución correspondiente. Desde 1993 hasta 1999 las consultas se centraron en la asignación de los bienes anteriores a la resolución (transferidos a la Comisión antes de 1992). A partir de 2000 las consultas se centraron en todas las asignaciones previstas en la resolución. Hubo dos rondas de consultas en todo el país, cada una de ellas con más de 20 hui (reuniones). Entre las propuestas de la segunda ronda, " Ahu Whakamua" , figuró un proyecto de ley en que se establecían los instrumentos legislativos de la propuesta. Los comentarios recibidos demostraron que más del 90% de las iwi respaldaban la propuesta. La Comisión presentó posteriormente su propuesta, "He hawai Amokura" , al Ministro de Pesca para su aprobación. El Ministro aprobó y aceptó las propuestas de la Comisión, con algunos ajustes convenidos de menor importancia, y en 2003 el Gobierno presentó un proyecto de ley al pleno del Parlamento. Tras ser tramitado en el Comité Especial, el proyecto se promulgó como ley en septiembre de 2004 con el título de Ley de recursos pesqueros maoríes de 2004.
59. En el último informe se señalaba que, mientras Te Ohu Kai Moana elaboraba un modelo convenido de asignación de recursos, muchas de las propuestas habían sido impugnadas ante los tribunales. Uno de los problemas era a quién se le asignarían recursos. En Te Waka Hi Ika o Te Arawa c. la Comisión de Pesca del Tratado de Waitangi [2002] 2 NZLR 17, el Consejo Privado sostuvo que las obligaciones fiduciarias impuestas por las condiciones de la resolución exigían que los bienes a los que se refería la resolución fuesen asignados a las iwi en beneficio de todos los maoríes. Una causa posterior impugnó la decisión del Ministro de aprobar las propuestas de la Comisión, pero la decisión fue aplazada hasta que el Comité Especial finalizase su examen. La decisión confirmó la aprobación general y, en los casos en que se recomendaban cambios mínimos, se indicó que las modificaciones que había introducido el Comité Especial resolvían los problemas del caso.
60. En la nueva Ley de recursos pesqueros maoríes se establece un marco oficial para administrar y distribuir los bienes en beneficio de todos los maoríes y se prevé la gestión central de cualesquiera bienes restantes. En la Ley se prevé también la creación de la Sociedad de administración fiduciaria Te Ohu Kai Moana (antes Comisión de Pesca del Tratado de Waitangi) como organización encargada, en virtud de la Ley, de administrar, asignar y transferir los bienes a los que se hacía referencia en la resolución a las iwi beneficiarias, cada una de las cuales recibiría su parte tras cumplir ciertos requisitos previstos en la legislación. En la Ley se establece que la Sociedad de administración fiduciaria Te Ohu Kai Moana ayude hasta octubre de 2009 a las organizaciones iwi a reunir dichos requisitos. Las acciones en empresas pesqueras deberán seguir en manos de una empresa central, Aotearoa Fisheries Limited. Los beneficios de la empresa deberán repartirse de la siguiente forma: un 80% para las organizaciones iwi beneficiarias, en proporción a su población, y un 20% para la Sociedad de administración fiduciaria Te Ohu Kai Moana con objeto de financiar la labor que realiza en nombre de las iwi .
61. El Gobierno sigue tomando las medidas que exige la recolección tradicional de alimentos por los maoríes (mencionada en los párrafos 63 a 66 del último informe). Después del último informe, el Ministerio de Pesca ha aplicado dos nuevas medidas en relación con las pesquerías tradicionales:
- El nombramiento de Pou Hononga , directores de relaciones con los maoríes, para mejorar la relación de la Corona con los maoríes en lo referente a la regulación de las pesquerías tradicionales; y
- La creación de un equipo de servicios de divulgación para ayudar a cada hapū (subtribu) e iwi a contribuir y participar en el proceso de gestión de las pesquerías dirigido por el Gobierno.
Ley de resolución de las reclamaciones maoríes sobre piscicultura comercial de 2004
62. La Ley de resolución de las reclamaciones maoríes sobre piscicultura comercial de 2004 (la Ley) entró en vigor el 1º de enero de 2005. La Ley tiene por objeto resolver las reclamaciones maoríes sobre piscicultura comercial desde el 21 de septiembre de 1992 en adelante y prever la asignación y la gestión de los recursos de piscicultura a los que se refiere la resolución. La Ley permite que el sector dedicado al cultivo de especies marinas siga llevando adelante sus actividades sin riesgo de litigios relacionados con reivindicaciones actuales al amparo del Tratado, y garantiza el acceso de las iwi a las zonas marinas costeras para desarrollar sus actividades de cultivo de especies marinas.
63. En la resolución se prevén dos series de obligaciones. La ley:
- Obliga a la Corona a conceder al Fondo fiduciario de conciliación sobre piscicultura comercial maorí el equivalente al 20% del espacio actual de la zona marina costera para piscicultura, con efecto a partir del 21 de septiembre de 1992; y
- Prevé que el 20% de todos los nuevos espacios para piscicultura que se acoten en la zona marina costera se transferirán a las iwi por conducto del Fondo fiduciario de conciliación sobre piscicultura comercial maorí.
Las reclamaciones sobre espacios para piscicultura asignados antes del 21 de septiembre de 1992 se están tramitando en el marco del proceso de reclamaciones históricas dimanantes del Tratado. Los maoríes también podrán presentar reclamaciones sobre derechos de uso consuetudinario a cultivar especies marinas, para fines no comerciales, en virtud de la Ley de la preplaya y los fondos marinos de 2004 (véase el párrafo 64).
Ley de la preplaya y los fondos marinos de 2004
64. En el 66º período de sesiones del Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial, celebrado en febrero de 2005, el Gobierno presentó una comunicación al Comité con arreglo al procedimiento de alerta temprana y urgencia, en relación con la promulgación de la Ley de la preplaya y los fondos marinos. El Comité pidió a Nueva Zelandia que en sus informes periódicos 15º, 16º y 17º facilitara información actualizada sobre la aplicación de dicha Ley. Después del 66º período de sesiones del Comité, se han producido los siguientes cambios:
Antecedentes
1. Conforme a lo indicado por el Gobierno en el documento que presentó al Comité en febrero de 2005 (párrs. 36 a 47.4), la Ley de la preplaya y los fondos marinos creó un tribunal y otros procedimientos para reconocer y abordar las reclamaciones de los maoríes relativas a intereses consuetudinarios en la preplaya y los fondos marinos:
a) Los grupos interesados pueden acudir al Tribunal Superior para que dictamine si habrían tenido derechos territoriales consuetudinarios, si no se hubieran confiado a la Corona determinadas zonas de preplaya y fondos marinos públicos. Si el Tribunal dictamina que habría habido derechos territoriales consuetudinarios, el grupo del caso puede optar por entablar negociaciones directas con la Corona para obtener una reparación adecuada o para que se cree una reserva de preplayas y fondos marinos. Los grupos también pueden optar por entablar negociaciones directas con la Corona y acordar una reparación, acuerdo que luego se presentaría al Tribunal Superior para su confirmación.
b) El Tribunal de la Tierra Maorí, tribunal especializado que se ocupa también de las reclamaciones relacionadas con las tierras de propiedad colectiva, puede conocer de solicitudes de órdenes sobre derechos consuetudinarios que reflejen el uso o usos consuetudinarios concretos de una zona dada. Cuando el Tribunal dicta una orden de derechos consuetudinarios, la orden constituye el reconocimiento judicial del derecho del grupo solicitante a observar ese uso concreto, incluso con fines comerciales, con sujeción al grado, la magnitud y la frecuencia especificados en la orden.
2. Estos procedimientos han proporcionado el principal medio con el que el Gobierno colabora en la actualidad con los maoríes en lo relativo a la Ley de la preplaya y los fondos marinos. Tras tomar nota de la preferencia del Comité por una aplicación "flexible de la ley y que amplié el alcance de las reparaciones a disposición de los maoríes" (párrafo 8 de su decisión), el Gobierno observó que algunos demandantes habían optado por entablar negociaciones con la Corona acerca de las zonas sobre las que podrían haber reclamado derechos territoriales consuetudinarios (habían preferido negociar en lugar de acudir directamente al Tribunal Superior). Algunos demandantes también han comenzado a hacer uso del procedimiento previsto por el Tribunal de la Tierra Maorí y han solicitado órdenes de reconocimiento de derechos consuetudinarios. El Gobierno está participando activamente en la tramitación de esas solicitudes.
Nuevos solicitantes de órdenes de reconocimiento de derechos consuetudinarios
3. Seis grupos han acudido al Tribunal de la Tierra Maorí para solicitar órdenes de reconocimiento de derechos consuetudinarios. Hasta la fecha, dos de las solicitudes han alcanzado la etapa de notificación pública. Son:
a) La iwi Whakatōhea, en la costa oriental de la Isla Norte; y
b) La whānau Makati, en la costa sur de Otago, en la Isla Sur.
El Gobierno ha presentado notificaciones de su intención de comparecer ante el Tribunal en relación con ambas solicitudes. El Gobierno también ha solicitado a los demandantes información adicional sobre la naturaleza específica de los derechos consuetudinarios que se reclaman. Cuando se finalizaba el presente informe, los demandantes celebraban su primera consulta con el Tribunal para debatir cuestiones de procedimiento.
Avances en las negociaciones sobre derechos territoriales consuetudinarios
4. Las negociaciones entre la Corona y los representantes de Te Rūnanga o Ngāti Porou (en nombre de la hapū de Ngāti Porou ) y Te Rūnanga o Te Whānau (en nombre de la hapū de Te Whānau-a-Apanui ) se están desarrollando según lo previsto.
5. El Gobierno es consciente de que, si no fuera por la ley, para determinar si habría habido derechos territoriales consuetudinarios, se necesitaría una cantidad considerable de pruebas. Tanto la Rūnanga (con recursos proporcionados por la Corona) como el Gobierno han desplegado grandes esfuerzos para recabar pruebas relacionadas con las reclamaciones.
6. A finales de septiembre de 2005, las partes en las negociaciones firmaron declaraciones de posición y de intención en que se indicaba hasta dónde habían llegado las negociaciones hasta ese momento, los asuntos que exigían nuevas negociaciones y las bases convenidas para las negociaciones futuras.
7. En las declaraciones se explicaba también que se habían iniciado conversaciones sobre las reparaciones y se reconocía que seguía habiendo asuntos que exigían más deliberaciones y resoluciones por parte de la Corona y las dos Rūnanga . Todas las partes siguen firmemente comprometidas a negociar estas cuestiones de buena fe.
8. Las declaraciones han ayudado a Te Rūnanga o Ngāti Porou y a Te Rūnanga o Te Whānau a informar a sus miembros de los avances logrados hasta la fecha. A Te Rūnanga o Ngāti Porou las declaraciones le han brindado la oportunidad de reconfirmar su mandato de seguir facilitando el proceso de negociación con las hapū pertinentes.
9. El Gobierno también ha entablado negociaciones con el Fondo Fiduciario Ngāti Porou ki Hauraki (en nombre de Ngāti Porou ki Hauraki ). En diciembre de 2005, el Gobierno firmó un acuerdo de negociación con miembros del Fondo Fiduciario Ngāti Poru ki Hauraki . Siguen reuniéndose pruebas en relación con la solicitud. El Gobierno ha aportado recursos para ayudar al grupo a que confirme su mandato de iniciar negociaciones sobre zonas de preplaya y fondos marinos y para ayudarle a reunir pruebas. El Gobierno es consciente de la necesidad de examinar cuidadosamente las mejores pruebas disponibles y de estudiar todo posible solapamiento o existencia de intereses comunes con otros grupos relacionados con la reclamación. En el acuerdo de negociación se prevén mecanismos para examinar estas cuestiones como parte del proceso general de negociación.
Seguimiento continuo de la legislación
10. Tanto las peticiones al Tribunal de la Tierra Maorí como las actuales negociaciones para que se reconozcan antiguos derechos territoriales consuetudinarios se encuentran en una etapa inicial. El Gobierno sigue de cerca la evolución de estos casos, así como la experiencia y las lecciones que se pueden extraer a medida que los primeros grupos van participando en los actos procesales en virtud de la Ley de la preplaya y los fondos marinos. El Gobierno está, asimismo, proporcionando ayuda financiera y recursos a los grupos que están negociando y participa activamente en las actuaciones judiciales relacionadas con la Ley. El Gobierno seguirá evaluando los efectos de la legislación a medida que vayan avanzando las negociaciones y las demandas judiciales.
11. Para los grupos que pueden demostrar derechos consuetudinarios de common law , en la Ley de la preplaya y los fondos marinos se establece un procedimiento reglamentario para solicitar el reconocimiento de dichos derechos por conducto de los tribunales. Sin duda, otros grupos que cumplen los requisitos exigidos pero que aún no se han puesto en contacto con la Corona acerca de posibles derechos territoriales consuetudinarios, y que tampoco han presentado solicitudes al Tribunal de la Tierra Maorí sobre órdenes de reconocimiento de derechos consuetudinarios, también seguirán de cerca la marcha de estos casos para decidir así la estrategia que les conviene aplicar con arreglo a la legislación vigente.
12. Si bien entre muchos neozelandeses han persistido los debates sobre cuestiones relacionadas con la preplaya y los fondos marinos, no ha habido indicios de una "escalada del odio o la violencia racial" del tipo a que se refiere el Comité en su procedimiento de alerta temprana y de urgencia.
Intercambio de información y diálogo
13. A fin de respaldar los procedimientos previstos por la Ley de la preplaya y los fondos marinos, actualmente en el Tribunal Superior y en el Tribunal de la Tierra Maorí se dispone de folletos informativos en que se esbozan el contenido general de la legislación y el proceso que corresponde seguir en materia de solicitudes y vistas.
14. El Ministerio de Justicia, que administra la Ley de la preplaya y los fondos marinos, ha hecho presentaciones informativas sobre la legislación en diversas organizaciones, entre ellas las oficinas regionales y los consejos locales Te Puni Kōkiri , a fin de contribuir a que perfeccionen su propia colaboración con los maoríes.
La Ley Te Ture Whenua Maori (Ley sobre las tierras maoríes) de 1993
65. La Ley Te Ture Whenua Maori (Ley sobre las tierras maoríes) de 1993 se basa en el Tratado de Waitangi y reconoce que la tierra maorí es taonga tuku iho (patrimonio) de especial significado para el pueblo maorí. Los principios de la Ley y el papel del Tribunal de la Tierra Maorí en defensa de dichos principios se describieron en los párrafos 67 y 68 del último informe de Nueva Zelandia y no han variado. Como se indicó en el último informe, el Tribunal de la Tierra Maorí consideraba que la conservación de la tierra maorí era el principio general de dicha ley. Este planteamiento hizo que surgieran tensiones cuando se impidió que algunos propietarios explotaran sus tierras por el riesgo de que éstas se perdiesen. Como se señala en el párrafo 69 del último informe, se llevó a cabo una revisión para lograr que la Ley fuera más útil y eficaz, en particular que facilitara conservar, ocupar, aprovechar y explotar las tierras maoríes. Resultado de todo ello fue la Ley de reforma de la Ley Te Ture Whenua Maori (Ley sobre las tierras maoríes) de 2002, que entró en vigor el 1º de julio de 2002.
66. En la Ley de reforma figuraban, entre otras cosas, disposiciones por las que se eliminaban determinados obstáculos que se oponían al desarrollo maorí y se simplificaban los procesos sobre el uso de la tierra maorí. Las nuevas estipulaciones incluidas en la Ley de reforma también otorgaban al Tribunal de la Tierra Maorí atribuciones más efectivas para proporcionar a los propietarios un nivel razonable de acceso a las tierras maoríes rodeadas de otras propiedades sobre las cuales no tenían derecho de acceso. Muchos miles de hectáreas de tierra maorí se encuentran en esta categoría. También se han actualizado diversas disposiciones destinadas a facilitar la ocupación de tierra de propiedad múltiple por los propietarios. Entre otras disposiciones, figuran los requisitos que deben reunir los jueces del Tribunal de la Tierra Maorí en cuanto a su experiencia y su conocimiento de la lengua y la cultura maoríes y del Tratado de Waitangi.
Las tierras maoríes reservadas
67. En mayo de 2002 el Gobierno llegó a un acuerdo con los dueños de las tierras maoríes reservadas para solucionar la pérdida de rentas que dichos propietarios habían sufrido en el pasado. El acuerdo se negoció entre la Corona y la Organización de autoridades maoríes, en cumplimiento de una resolución unánime adoptada por el Parlamento durante la tramitación de la Ley de reforma de la Ley de tierras maoríes reservadas de 1997. En esa resolución, se instaba al Gobierno a que abordara el problema de la pérdida de renta sufrida por los propietarios de las tierras maoríes reservadas. La suma convenida en la resolución fue de 47,5 millones de dólares neozelandeses.
Actividad comercial maorí en el ámbito de la tierra y la silvicultura
68. Los maoríes tienen intereses específicos en el sector agroindustrial y en la silvicultura que se derivan de su estrecha relación con la tierra, la devolución de bienes, en particular tierras, a los maoríes gracias a la resolución de las reclamaciones dimanantes del Tratado de Waitangi, y del amplio historial de concentraciones parcelarias de maoríes en grandes explotaciones. Los organismos gubernamentales, incluidos el Ministerio de Agricultura y Silvicultura y Te Puni Kōkiri , han estado tratando de impulsar la explotación de las tierras por los maoríes y distribuido a los propietarios y fideicomisarios de tierras maoríes folletos informativos para ayudarles a tomar decisiones sobre cómo explotar sus tierras.
69. Por lo que respecta a la silvicultura, en el período que se examina aumentó en un 16% la superficie de tierras de cultivo silvícola comercial, gracias al proyecto forestal de la costa oriental (véase el párrafo 72 del último informe), y se ha progresado en la devolución a los arrendadores maoríes de los derechos de arriendo de la Corona que ésta tenía en tierras maoríes plantadas con bosques comerciales.
La Ley sobre la gestión de los recursos de 1991
70. La Ley sobre la gestión de los recursos de 1991 es el principal instrumento jurídico que regula la gestión del medioambiente en Nueva Zelandia. Si bien en ella no se prevén obligaciones ni expectativas en función de la raza, se tienen en cuenta cuestiones relacionadas con las costumbres, la cultura y la tradición autóctonas. En virtud de esta ley, en toda decisión sobre la gestión sostenible de los recursos naturales y físicos deben tenerse en cuenta los principios del Tratado de Waitangi.
71. En 2004, entre otros cambios introducidos en la Ley sobre la gestión de los recursos en virtud de la Ley de reforma de esa ley (preplaya y fondos marinos) de 2004, se dispuso que "la protección de las actividades consuetudinarias reconocidas" se considerase de importancia nacional. En las órdenes de reconocimiento de derechos consuetudinarios se reconoce el derecho permanente a llevar a cabo actividades u observar prácticas o usos consuetudinarios en zonas concretas de la preplaya y los fondos marinos públicos. Tiene que tratarse de actividades o usos físicos relacionados con un recurso natural o físico determinado. Los derechos consuetudinarios no exigen una previa adjudicación de los recursos; a este respecto, se ha puesto en marcha un proceso para gestionar los efectos correspondientes.
72. En la Ley de reforma de la Ley de la gestión de recursos (2005) se explican más claramente los requisitos que deben cumplirse en las consultas con los maoríes durante los procesos de adjudicación de los recursos y planificación de la gestión de las autoridades locales. Los cambios introducidos mediante la Ley de reforma también exigen que las autoridades locales lleven archivos sobre las autoridades iwi a las que hay que consultar y en qué circunstancias.
La mujer
73. El Gobierno reconoce que las mujeres de Nueva Zelandia no constituyen un grupo homogéneo: sus experiencias, valores, existencia, necesidades y prioridades son distintas. Tienen diversos vínculos y relaciones con los hombres, los niños, otras mujeres, las familias, la whānau (familia) y las comunidades. Las políticas para reducir las diferencias y mejorar las perspectivas de todas las mujeres sólo surtirán efecto cuando reflejen estas diferencias y se adapten a ellas. Nueva Zelandia está ahora dedicada preferentemente a aumentar la igualdad de diferentes grupos de mujeres y en resolver problemas más difíciles, como el de la violencia doméstica. Muchas de estas cuestiones no sólo exigirán la intervención del Gobierno, sino además cambios culturales y de actitud a largo plazo.
74. Para obtener información detallada sobre la situación de la mujer en Nueva Zelandia, incluida información sobre la situación relativa a las mujeres de diferentes grupos étnicos y socioeconómicos, se remite al Comité a los informes periódicos quinto y sexto de Nueva Zelandia sobre la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW/C/NZL/5 y sin numerar). En el sexto informe periódico de Nueva Zelandia también se describen diversas políticas e iniciativas destinadas a mejorar las perspectivas de la mujer. En todos los casos posibles, los datos recogidos en el sexto informe periódico de Nueva Zelandia se han desglosado por género y origen étnico. Convendría que el Comité se remitiera, en particular, a los comentarios de Nueva Zelandia sobre los artículos 10 (educación), 11 (empleo) y 16 (matrimonio y vida familiar).
75.Algunas puntualizaciones de interés en lo que respecta al empleo, desempleo y salario medio por hora de las mujeres:
-Actualmente hay más mujeres maoríes de los pueblos oriundos de las islas del Pacífico y de otros grupos étnicos que tienen empleo remunerado. En 2005, la tasa de participación de las mujeres maoríes era del 57,3% en comparación con un 54,8% en 2001. En 2005, la tasa de participación de las mujeres del Pacífico era del 54,1% en comparación con un 52,5% en 2001. En 2005, la tasa de participación de las mujeres de otros grupos étnicos era del 51,0%, en comparación con un 47,9% en 2001. Cabe comparar estas cifras con las tasas de participación de 2005 de un 62,1% de las neozelandesas de origen europeo, un 74,4% de los hombres maoríes, un 70,5% de los hombres de los pueblos oriundos del Pacífico y un 65,4% de los hombres de otros grupos étnicos.
-Actualmente hay menos desempleo entre las mujeres maoríes de las poblaciones oriundas del Pacífico y otros grupos étnicos. En 2005, la tasa de desempleo de las mujeres maoríes era del 10,2% en comparación con un 13,1% en 2001. En 2005, la tasa de desempleo de las mujeres de los pueblos oriundos del Pacífico era del 7,4%, frente a un 9,4% en 2001. En 2005, la tasa de desempleo de las mujeres de otros grupos étnicos era del 7,4%, en comparación con un 8,5% en 2001. Esta cifra debe cotejarse con tasas de un 2,9% correspondiente a las neozelandesas de origen europeo, de un 7,2% correspondiente a los hombres maoríes, de un 6,8% correspondiente a los hombres de los pueblos oriundos del Pacífico y de un 6,2% correspondiente a los hombres de otros grupos étnicos.
-Los ingresos medios por hora de las mujeres maoríes de las poblaciones oriundas de las islas del Pacífico y de otros grupos étnicos han aumentado, de 2001 a 2005, en un 16,9, un 14,2 y un 7,7%, respectivamente. Cabe comparar estas cifras con el aumento, observado en el mismo período, de un 10,9% en el caso de las neozelandesas de origen europeo. Estas últimas siguen ganando salarios medios más altos, a saber, 15,50 dólares neozelandeses por hora, en comparación con los 13,68 dólares neozelandeses por hora que reciben las mujeres maoríes, los 12,60 dólares neozelandeses que ganan las mujeres de los pueblos oriundos del Pacífico y los 14,00 dólares neozelandeses que reciben las mujeres de otros grupos étnicos.
76.En el sexto informe periódico presentado por Nueva Zelandia en virtud de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer se informa detalladamente de las medidas adoptadas para impulsar la participación de la mujer en empleos de calidad.
Violencia en la familia
77.Las investigaciones de la violencia en el hogar han puesto de manifiesto que:
-La proporción de mujeres maoríes víctimas de malos tratos o amenazadas con la violencia por su pareja en algún momento de su vida adulta es notablemente más alta (49%) que la de las mujeres neozelandesas de origen europeo (24%) y las mujeres de las poblaciones oriundas del Pacífico (23%); y
-Entre el 45 y el 50% de las mujeres maltratadas que recurren a los servicios de refugios de mujeres son maoríes. Las situaciones de riesgo para las mujeres también pueden afecta a sus hijos.
78.En el sexto informe periódico presentado por Nueva Zelandia en virtud de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer se informa detalladamente de las medidas adoptadas para hacer frente a la violencia en el hogar. Las intervenciones mencionadas en ese informe son:
-El proyecto Mauriora, cuyo objeto es incrementar la capacidad de los profesionales maoríes para intervenir teniendo en cuenta las normas culturales imperantes;
-El dispositivo Family Violence Funding Circuit Breaker (Financiación de actividades contra la violencia en el hogar), iniciativa de colaboración en la financiación para facilitar la acción de los proveedores de servicios comunitarios;
-El programa de intervención sobre la violencia en el hogar, cuyo objeto es mejorar la respuesta del servicio Trabajo e Ingresos a las necesidades de los clientes víctimas de violencia en el hogar (Trabajo e Ingresos es un servicio del Ministerio de Desarrollo Social que presta ayuda a los solicitantes de empleo y brinda prestaciones de mantenimiento de ingresos sufragadas por el Gobierno); y
-Equipos de seguridad para la familia, es decir, sistemas y estructuras oficiales que apoyan actividades interinstitucionales efectivas de cooperación, comunicación y colaboración en la esfera de la familia; estos equipos intervienen, por medio de servicios o apoyo, en las familias donde se producen actos de violencia y desarrollan y promueven prácticas óptimas para trabajar con las familias víctimas de ese tipo de violencia.
Personas con discapacidad
79.Las personas con discapacidad maoríes y de los pueblos oriundos del Pacífico sufren la desventaja adicional de la disparidad, en particular en los ámbitos de la salud, el trabajo remunerado y el nivel económico. Los nuevos migrantes también tienen dificultades para acceder a los servicios de apoyo a los discapacitados a causa de obstáculos de infraestructura y de comunicación, si bien el Language Line (servicio de interpretación telefónica) sin duda mejorará esta situación (véase el párrafo 50). Para responder a la situación de las personas con discapacidad, en 2000 el Gobierno creó el puesto de Ministro de Asuntos de Discapacidad que, en el marco de la Ley de salud pública y discapacidad de 2000, tiene como función elaborar una estrategia para hacer frente a la discapacidad y presentar informes anuales sobre los progresos realizados en su aplicación. La Estrategia neozelandesa para hacer frente a la discapacidad fue puesta en marcha en 2001, además, el 1º de julio de 2002 se creó la Oficina de Asuntos de Discapacidad. En 2001 se realizaron encuestas sobre discapacidad, con posterioridad al censo, para obtener información sobre la situación de las personas con discapacidad que vivían en Nueva Zelandia. En 2004 se publicó un análisis descriptivo de los resultados de estos estudios: Living with Disability in New Zealand (La vida de la persona discapacitada en Nueva Zelandia).
80.En la Estrategia neozelandesa para hacer frente a la discapacidad se establecen objetivos específicos, incluido el derecho de los pueblos maorí y de las poblaciones oriundas del Pacífico a participar en las actividades de sus comunidades y a tener acceso a los servicios para las personas con discapacidad. En la Estrategia se reconoce el Tratado de Waitangi y la necesidad de consultar a los maoríes para elaborar y aplicar estrategias relacionadas con la discapacidad. Los organismos oficiales deben aplicar la Estrategia neozelandesa para hacer frente a la discapacidad e informar todos los años sobre los progresos realizados a la Oficina de Asuntos de Discapacidad. En el informe de 2004 sobre la marcha de los trabajos se informó de los avances obtenidos en la aplicación de la Estrategia. Por ejemplo, Te Puni Kōkiri vela por que las necesidades de los maoríes con discapacidad se tengan en cuenta en la elaboración de las políticas del Gobierno. El Ministerio de Asuntos de las Islas del Pacífico colabora con los organismos oficiales en la aplicación y vigilancia del fomento de la capacidad de las poblaciones oriundas del Pacífico.
Ley sobre los niños, los adolescentes y sus familiares de 1989
81.En la Ley sobre los niños, los adolescentes y sus familiares, de 1989, se prevé la prestación de servicios adecuados, desde el punto de vista cultural, a los niños, los adolescentes y sus familiares. En la ley se dispone, por ejemplo, que, con arreglo a los principios de atención y protección del artículo 13, las medidas que se adopten sean adecuadas, desde el punto de vista de la cultura, en todos los casos en que sea posible. El tema central de la ley es atender y proteger a los niños en el seno de la familia y de los grupos familiares, incluidos los grupos propios de determinadas culturas (por ejemplo, whānau, hapū e iwi).
Servicios sociales
82.Desde 2001, el Ministerio de Desarrollo Social ha venido preparando una reforma de la asistencia social denominada proyecto Future Directions (Orientación futura). Aunque el proyecto es aplicable a todos los neozelandeses, si se tiene en cuenta que entre los beneficiarios de prestaciones en edad laboral la proporción de maoríes y personas oriundas de las islas del Pacífico es superior a la media, y que esos grupos tienen ingresos anuales medios inferiores a los de otros neozelandeses, el proyecto Future Directions, relativo a la reforma de la asistencia social y a iniciativas que propugnan el empleo sostenible, sin duda repercutirá considerablemente en esas comunidades.
83.La primera etapa de Future Directions consiste en la aplicación de un conjunto de medidas denominado Trabajar para las familias, que se empezó a aplicar en octubre de 2004. Uno de los objetivos del programa es velar por que todas las familias tengan suficientes ingresos para criar a sus hijos y disfrutar de un nivel de vida digno. El programa ya ha comenzado a tener efectos importantes entre los maoríes. A fines de febrero de 2006, el 28,8% de los beneficiarios de la ayuda para la infancia y el 27,6% de los beneficiarios del suplemento de alojamiento eran de etnia maorí. Por el momento se desconocen los efectos en los maoríes del componente de asistencia a la familia del programa.
84.La segunda etapa de Future Directions, anunciada en febrero de 2005, supone la creación de un sistema único de prestaciones y la mejora de los servicios de empleo para sustituir la amplia gama actual de prestaciones, reglamentos y derechos. Se espera que esta modificación reduzca el tiempo que se pierde en labores de administración, lo que permitirá concentrarse en lograr que los afectados se liberen de su situación de dependencia y se sumen a la población activa. El Gobierno ha convenido, en principio, en aplicar el nuevo modelo de servicios a partir de 2006 y el sistema único de prestaciones a partir de 2007‑2008.
85.Además de la reforma del sistema de asistencia social, el Ministerio de Desarrollo Social también persigue el objetivo del empleo sostenible prestando ayuda para acceder a empleos, y conservarlos, con perspectivas duraderas. Las iniciativas consisten en: prestar asistencia, en función de las necesidades, a los grupos de clientes desfavorecidos, en particular a los maoríes, las poblaciones oriundas del Pacífico, los refugiados e inmigrantes y los desempleados de larga data para que consigan empleo; e iniciativas regionales para mejorar las competencias individuales, lograr concordancia entre los clientes y los empleos y satisfacer las necesidades de los empleadores locales.
Oportunidades para todos los neozelandeses
86.Desde 1999 se ha venido haciendo hincapié en el tema de la responsabilidad social. Con esta frase, el Gobierno quiere decir que la promoción del bienestar social, medido por diversos indicadores, es tan importante como una prudente gestión financiera. El Social Report (Informe social) se publica anualmente desde 2002 y el correspondiente a 2005 se puede consultar en el sitio web: www.socialreport.msd.govt.nz. En el informe se observan las tendencias en una serie de indicadores de diez ámbitos, entre ellos los de la salud, el trabajo remunerado, la identidad cultural y la capacidad de interrelación social. En la medida de lo posible, los datos se han desglosado por origen o grupo étnico.
87.En 2004 se preparó la publicación Oportunidades para todos los neozelandeses, que constituía la respuesta del Gobierno al Informe social de 2004. Se trata de una declaración resumida en la que el Gobierno expone su visión de Nueva Zelandia y de su población, así como diversas estrategias para mejorar los logros sociales, todo ello animado de una firme voluntad de justicia social. Cabe destacar, en lo que respecta a los maoríes, la siguiente declaración de la página 15:
Los niveles desproporcionados de desempleo, mala salud, bajo rendimiento escolar y viviendas deficientes de los maoríes no pueden menos de causar preocupación a cualquier gobierno. Nunca se podrá mejorar la vida de todos los neozelandeses mientras las poblaciones indígenas de Nueva Zelandia queden rezagadas en calidad de comunidades marginadas, siempre en peores condiciones que los demás.
También los maoríes aspiran a los logros importantes que todo el mundo valora, como la buena salud y un alto nivel de vida. Otro logro sería poder vivir como maoríes. Más allá de las necesidades materiales, los maoríes necesitan su cultura para sobrevivir y desarrollarse. La cultura y la lengua maoríes no tienen otra patria que Nueva Zelandia. Si la cultura maorí muere en este país, habrá muerto en todas partes. Esto es lo que significa que los maoríes sean tangata whenua. Y es por estas razones que el Gobierno formula políticas y programas que puedan satisfacer explícitamente las necesidades de los maoríes, pobladores autóctonos de Nueva Zelandia.
En Oportunidades para todos los neozelandeses figura también información sobre programas y políticas para los pueblos oriundos de las islas del Pacífico y otros grupos étnicos.
Reducción de las desigualdades
88.La reducción de las desigualdades, que ha pasado a incluirse en el ámbito de Oportunidades para todos los neozelandeses, es una política aplicada en todos los niveles del Gobierno que abarca iniciativas tanto sociales como económicas. Tiene por fin reducir las desventajas y promover la igualdad de oportunidades. En toda la administración pública, reducir las desigualdades significa aspirar, más que nada, a lograr los siguientes resultados:
-Una mejor salud y menos desigualdades en la esfera de la salud;
-Acción positiva de los padres en la crianza de los hijos y una menor incidencia de los malos tratos y el abandono;
-Altos niveles de participación en la enseñanza y mejores resultados escolares;
-Una mayor participación en el mercado laboral, un mayor acceso a las oportunidades de empleo sostenible y menores índices de desempleo;
-Un nivel general de vida más elevado y menos pobreza en la comunidad;
-Vivienda asequible de un nivel digno;
-Reducción de la victimización y la violencia delictivas;
-Valoración de las identidades culturales y étnicas; y
-Aumento del capital social y disminución del aislamiento social.
La labor necesaria para alcanzar estos resultados se analiza, si procede, en las secciones que tratan específicamente de la salud, el empleo, etc.
Empleo
89.El crecimiento económico ha seguido creando empleos, dando lugar a una escasez de mano de obra y personal especializado, como lo demuestra el hecho de que, en el trimestre terminado en diciembre de 2005, el desempleo se redujera al 3,6% de la fuerza de trabajo. En la Encuesta por hogares sobre la mano de obra se demostró que la tasa de desempleo había seguido disminuyendo en todos los grupos étnicos en el año terminado en diciembre de 2005:
-El empleo de los maoríes aumentó en un 3,5% desde el año anterior y su tasa de desempleo se redujo del 8,9% en el año terminado en diciembre de 2004 al 8,6% en el año terminado en diciembre de 2005.
-Aunque el empleo de los pueblos oriundos de las islas del Pacífico disminuyó en un 1,3%, su tasa de desempleo bajó del 7,4% en el año que terminó en diciembre de 2004 al 6,2% en el año terminado en diciembre de 2005.
-Estas tasas deben compararse con las tasas de desempleo del 10 al 13% de los maoríes y los pueblos oriundos del Pacífico en un contexto en que la tasa de desempleo general era de aproximadamente el 6%, según la Encuesta por hogares sobre la mano de obra hecha en 2001. En 1999, las tasas de desempleo de los maoríes y los pueblos del Pacífico eran todavía más elevadas: del 14 al 18%.
-En otros grupos étnicos (excluidos los maoríes, los pueblos oriundos del Pacífico y los neozelandeses de origen europeo), el empleo experimentó un aumento significativo el año pasado, pues llegó al 18,9%. La tasa de desempleo de esos grupos había disminuido del 6,6 al 6,4% al 31 diciembre de 2005.
90.El aumento de los índices de empleo de los maoríes aventajó al de los neozelandeses de origen europeo en los seis años transcurridos hasta diciembre de 2005, lo que indicó un crecimiento más rápido de la población maorí en edad laboral y una cantidad desproporcionada de maoríes desempleados a fines del decenio de 1990. Además, la distribución del empleo de los maoríes cambió en el último ciclo económico; actualmente es mayor la proporción de mano de obra maorí en puestos que exigen altas cualificaciones. Aunque la transición para dejar atrás los puestos que no exigen mayor cualificación sigue siendo relativamente lenta, la mano de obra maorí es actualmente menos vulnerable a los impactos económicos negativos.
91.El aumento del empleo en el caso de los pueblos oriundos de las islas del Pacífico y otros grupos étnicos ha seguido tendencias análogas a la de los maoríes (es decir, un incremento más acusado debido a tasas más altas de crecimiento y desempleo de la población en edad laboral). La principal diferencia estriba en que en los seis últimos años la distribución del empleo se ha reorientado un tanto, pasando de los puestos que exigen pocas cualificaciones a los que requieren cualificaciones medianas, y no a los puestos que exigen mayores y muy altas cualificaciones, como ocurrió con los maoríes y los neozelandeses de origen europeo durante este período.
Iniciativas para mejorar las oportunidades de empleo
92.A mediados de julio de 2004, el Departamento de Trabajo editó una publicación titulada People Power (El poder de los ciudadanos) a la que se puede acceder en la Web. Parte de esta obra está dedicada a alentar a los empleadores a que valoren positivamente la posibilidad de recurrir a una mano de obra de origen étnico variado.
93.Las vinculaciones culturales también son importantes para lograr mejores resultados en el mercado de trabajo. En los años venideros será cada vez mayor la proporción maorí de la mano de obra de Nueva Zelandia. En 2021 será maorí 1 de cada 5 trabajadores de 15 a 39 años de edad. Los maoríes, además, desempeñan un papel cada vez más importante en la comunidad empresarial de Nueva Zelandia.
94.Hui Taumata es una iniciativa de los maoríes para llevar a un nuevo nivel sus logros sociales, económicos y culturales. La cumbre de desarrollo económico que se celebró en marzo de 2005 se basó en un programa de investigación y debates de un año de duración entre los maoríes, la comunidad empresarial general, el Gobierno, los sindicatos y otros grupos comunitarios. Se ha establecido un grupo de trabajo para que oriente los trabajos hacia los objetivos convenidos en la cumbre.
95.Como parte de la Estrategia de asentamiento en Nueva Zelandia (véanse los párrafos 211 a 213), se sigue procurando facilitar el acceso al empleo de los nuevos inmigrantes y refugiados, haciendo particular hincapié en ayudar a los que se enfrentan a obstáculos que obedecen a su origen étnico o lugar de origen. Se prestará asistencia mediante el suministro de información y orientación profesional.
96.La Estrategia de fomento de la mano de obra de la población oriunda del Pacífico fue elaborada como una respuesta coordinada del Gobierno a la necesidad de mejorar la participación en el mercado laboral y la capacidad de la mano de obra de las poblaciones del Pacífico residentes en Nueva Zelandia. La Estrategia se centra especialmente en la cooperación entre los sectores económicos y la comunidad.
Empleo del sector estatal
97.En el sector estatal se han adoptado medidas para fomentar el empleo de una amplia gama de personas. Con arreglo a la Ley del sector estatal de 1988 y la Ley de las entidades de la Corona de 2004, en los departamentos de la administración pública y en las entidades de la Corona rigen los mismos requisitos de igualdad de oportunidades en el empleo (no hay requisitos legislativos a este respecto a los que deban ajustarse los empleadores del sector privado). Cada departamento de la administración pública y cada entidad de la Corona tiene la obligación de:
-Aplicar una política de personal acorde con el principio de ser un buen empleador (incluido un programa de igualdad de oportunidades de empleo);
-Poner esa política, incluido el programa de igualdad de oportunidades de empleo, en conocimiento de sus empleados; y
-Velar por el cumplimiento de esa política, incluido el programa de igualdad de oportunidades de empleo, y notificar, en su informe anual, sobre el grado de cumplimiento alcanzado.
En la legislación, un programa de igualdad de oportunidades de empleo se define como un programa que tiene por fin identificar y eliminar todos los aspectos de las políticas, procedimientos y demás obstáculos institucionales que perpetúen, o tiendan a causar o perpetuar la desigualdad en el empleo de ciertas personas o grupos de personas (véanse el artículo 58 de la Ley del sector estatal y el artículo 118 de la Ley de entidades de la Corona). Los departamentos de la administración pública y las entidades de la Corona deben prever también en sus políticas de personal la obligación de reconocer los fines, las aspiraciones y los requisitos de empleo, así como las diferencias culturales, de los grupos étnicos y minoritarios.
98.La Comisión de Servicios del Estado ha publicado varios documentos para impulsar el fomento y la supervisión de la igualdad de oportunidades de empleo, en particular los informes anuales sobre los avances de la igualdad de oportunidades de empleo en la administración pública. Los últimos informes se han centrado en los avances de los distintos grupos étnicos. Todos estos informes se pueden consultar en el sitio web de la Comisión de Servicios del Estado (www.ssc.govt.org).
99.Además, la función del Comisionado para la igualdad de oportunidades de empleo de la Comisión de Derechos Humanos consiste en orientar a los departamentos y entidades de la Corona para que velen por que en el sector estatal impere una práctica positiva y sistemática de igualdad de oportunidades de empleo.
100.La Oficina de Asuntos Étnicos también se ocupa de apoyar la diversidad étnica en el sector estatal. Organiza actividades de formación y prepara recursos para potenciar los conocimientos transculturales e interculturales del público y para que éste aprecie mejor la forma en que las diferencias afectan al sector estatal, así como el valor de la diversidad. También ha producido un CD‑Rom: "Culture - Peeling back the layers" (Las muchas capas de la cultura), destinado al sector público, para estimular la toma de conciencia de la diversidad étnica en el lugar de trabajo y fomentar la competencia intercultural.
Educación
Enseñanza para la población maorí
101.En los cinco últimos años, el Gobierno ha seguido tratando de eliminar las diferencias de participación y rendimiento educativo de los maoríes en el sistema de enseñanza, desde la enseñanza preescolar hasta la educación terciaria. Esta labor se ha mantenido y acrecentado mediante:
-La organización y aplicación de una serie de cambios en el sistema de enseñanza;
-La colaboración con las organizaciones maoríes, incluidas las iwi y las whānau, para promover las ventajas de la educación para los maoríes; y
-La determinación de formas de mejorar la experiencias educativa de los alumnos maoríes.
Todo lo anterior forma parte de la Maori Education Strategy (Estrategia de enseñanza para los maoríes) del Gobierno.
Cambios en el sistema de enseñanza
102.El programa del Gobierno para introducir cambios en el sistema empezó con modificaciones de las Directrices nacionales de administración. Actualmente, las escuelas deben centrarse expresamente en el avance y el rendimiento escolar de todos los estudiantes, en particular planificando y presentando informes sobre el rendimiento de los estudiantes maoríes. El Gobierno también se ha dedicado a los sectores preescolar, escolar y terciario y ha publicado tres documentos estratégicos de alto nivel que habrán de influir en la orientación futura de la enseñanza: el Ngā Huarahi Arataki, plan estratégico de enseñanza preescolar, de diez años de duración, la Estrategia de escolaridad y la Estrategia de educación terciaria para 2002‑2007. Estas estrategias constituyen programas para:
-Impulsar la participación de las iwi y los maoríes en la prestación de servicios de calidad que respondan a sus aspiraciones, tanto respecto de sus tamariki (hijos) específicamente como, en un sentido más general, del desarrollo maorí.
-Aumentar la participación y el rendimiento de los maoríes en todos estos sectores, y
-Propugnar la disponibilidad de educación maorí kaupapa (modalidades de enseñanza financiadas por el Estado en que la lengua maorí es el medio primordial de instrucción).
103.Además de estas amplias estrategias sectoriales, el Gobierno ha reforzado y ampliado su labor en determinados ámbitos que son la base de la instrucción de los maoríes, en particular, actividades de evaluación de la alfabetización y del aprendizaje de la aritmética elemental, y el estímulo del uso de la tecnología de la información y las comunicaciones.
Cooperación con las organizaciones y las iwi y whānau maoríes
104.El Gobierno ha apoyado iniciativas específicas de las whānau, hapū e iwi para mejorar los resultados de la educación maorí, en particular cooperando con las iwi para influir y llevar a cabo cambios en la educación, especialmente en los servicios escolares y preescolares de sus zonas, y prestándoles apoyo.
105.Los Ministros de Educación también han colaborado con el jefe supremo de la tribu Ngati Tūwharetoa quien, desde 2001, ha venido auspiciando, como anfitrión una serie de conferencias en torno a determinados temas de alcance nacional y regional, con la participación de una amplia gama de representantes maoríes, en particular sobre formas de mejorar los resultados de la educación de esa población.
106.Whakaaro Mātauranga es un programa destinado a aumentar la demanda maorí de educación de calidad. En el programa confluyen dos corrientes: una campaña de información denominada Te Mana ki te taumata – get there with learning (La educación como camino), que dirige mensajes positivos sobre la educación a las comunidades maoríes; y el nombramiento de Pouwhakataki, que colaboran con los establecimientos de enseñanza y las whānau, hapū e iwi para promover mensajes educativos positivos en apoyo de la participación y el buen rendimiento de los maoríes.
Mejora de la experiencia educativa de los alumnos maoríes
107.La interacción entre el maestro y el alumno es fundamental para mejorar el rendimiento y la participación de los maoríes en las escuelas. Por desgracia, en general el sistema escolar no ha dado muy buenos resultados en lo que se refiere a los alumnos maoríes. Se ha elaborado un programa de trabajo que tiene por fin:
-Elevar las expectativas del personal docente en cuanto a los alumnos maoríes;
-Apoyar y desarrollar las competencias de los maestros para trabajar con los alumnos maoríes; y
-Aumentar la cantidad de maestros maoríes de calidad.
108.Las whānau de los alumnos también influyen en el rendimiento escolar. No obstante, lo más probable es que las whānau maoríes se sientan distanciadas del sistema escolar de la población general y poco dispuestas a acudir a la escuela y hablar con los maestros, en parte por su propia experiencia negativa en el ámbito de la educación. Para el Gobierno es fundamental que las whānau y los padres maoríes participen en el quehacer escolar para respaldar la enseñanza que reciben los niños.
109.El Gobierno ha seguido apoyando la enseñanza de la lengua maorí y la exigencia de que se imparta una educación que abarque el idioma, la filosofía y la cultura maoríes. En los cinco últimos años no ha variado mayormente el número de alumnos que asisten a los kōhanga reo (centros para niños en edad preescolar y sus familias en que los estudios del programa se imparte en idioma maorí), kura kaupapa māori y wharekura (escuelas públicas primarias y secundarias en que el maorí es el principal idioma de instrucción). Ha aumentado espectacularmente la tasa de participación de los estudiantes maoríes en las instituciones terciarias, como las w ā nanga, basadas en kaupapa māori.
110.La creación de una infraestructura de alta calidad en apoyo de la enseñanza kaupapa m āori es una prioridad cada vez más urgente. Se siguen haciendo importantes inversiones en los sectores preescolar y escolar para ofrecer una enseñanza y recursos didácticos de calidad, así como material e instrumentos de evaluación en lengua maorí en apoyo del programa de estudios.
Resultados obtenidos hasta la fecha
111.En los últimos años, de resultas de la estrategia del Gobierno se han producido algunos cambios de orientación en la participación y el rendimiento escolares de los alumnos maoríes, en particular:
-Un aumento de la participación maorí en la enseñanza preescolar. En 2005, 10.208 niños maoríes accedieron a k ō hanga reo, 11.924 a servicios de educación y cuidados, y 7.933 a guarderías. Estas cifras deben compararse con las de 2001, en que 9.743 niños maoríes accedieron a k ō hanga reo, 9.523 a servicios de educación y cuidados y 7.335 a guarderías.
-Un incremento del número de alumnos maoríes que obtienen diplomas de fin de estudios y pasan a instituciones de educación terciaria. Aunque los estudiantes maoríes siguen siendo el contingente más importante de los alumnos que abandonan la escuela con un nivel bajo de estudios o sin diploma oficial, este grupo, como proporción, disminuyó en un 24,3% entre 1993 y 2004. Esta disminución debe compararse con la disminución de un 12,1% observada entre los neozelandeses de origen europeo en el mismo período.
-Mayor participación de alumnos maoríes en la educación terciaria. El acceso de los maoríes a la educación terciaria es mucho mayor que la de los no maoríes. En 2005, casi una cuarta parte (un 23%) de los maoríes mayores de 15 años accedió a la educación terciaria, con una tasa superior en un 77% a la de los no maoríes. La diferencia se debe fundamentalmente a un aumento del 174% de la matriculación de maoríes en la educación terciaria desde 1998, en comparación con sólo un 61% de aumento en el caso de los no maoríes.
112.No obstante, sigue habiendo tendencias inquietantes a las que es preciso hacer frente, en particular en cuanto a tasas superiores a la media de inasistencia a clases, ausentismo escolar y abandono temprano de la escuela, muchas veces sin diploma. Sin embargo, en general, los avances alcanzados hasta la fecha indican que son alcanzables las metas de mejorar el rendimiento, aumentar la participación y eliminar las diferencias que sufren los maoríes.
Educación de la población oriunda de las islas del Pacífico
113.Las comunidades de las islas del Pacífico tienen una importante presencia en Nueva Zelandia, en particular en la región de Auckland. En el Pasifika Education Plan (Plan de educación para los pueblos oriundos del Pacífico), de 2001, se establecen los objetivos del Gobierno para la educación de esos grupos. El Plan tiene por objeto, en particular, aumentar la participación en la enseñanza preescolar de calidad; en el nivel secundario, mejorar los conocimientos básicos de lectura, escritura y aritmética, reducir las situaciones de riesgo y aumentar el número de estudiantes que terminan el nivel secundario superior con un diploma; y, en el nivel terciario, aumentar la participación y la retención de alumnos y fomentar el interés en acceder a niveles superiores de estudio.
114.En los informes sobre la aplicación del Pasifika Education Plan se da cuenta de algunos resultados satisfactorios. Ha habido un considerable aumento de las tasas de participación en la educación preescolar. En 2003, el 83% de los niños de 4 años de los pueblos oriundos del Pacífico accedió a los servicios de enseñanza preescolar, en comparación con un 79% en 2002 y un 76% en 2001. En los niveles primario y secundario, el rendimiento medio de los estudiantes de los pueblos oriundos del Pacífico sigue siendo significativamente inferior al de otros estudiantes. No obstante, en estos niveles hay una tendencia a mejorar el rendimiento. Los resultados de los exámenes para obtener el Certificado Nacional de Estudios (principal diploma nacional a que postulan los estudiantes de enseñanza secundaria de Nueva Zelandia) indican que en 2003 el 34% de los estudiantes de los pueblos oriundos del Pacífico del grado 11 obtuvieron diplomas, un 4% más que en 2002. Los estudiantes de este grupo también están demostrando mayor interés en la enseñanza de tercer nivel. En 2003, 25.402 alumnos, o sea, el 15% de la población del Pacífico, mayores de 15 años, se matricularon oficialmente en instituciones terciarias como estudiantes oriundos del país, porcentaje levemente superior al 13% registrado en el total de estudiantes de esa categoría.
115.Al igual que en el caso de la educación de los maoríes, también se tiene en alta estima el papel de la comunidad en la participación y el apoyo a la educación de los pueblos oriundos del Pacífico. El Ministerio de Educación ha procurado fortalecer los vínculos con las familias y las comunidades del Pacífico, así como en mantener mejor informadas a las comunidades de las actividades del Gobierno en el ámbito de la enseñanza para esos grupos. Para alcanzar este objetivo se ha recurrido a variados medios, entre ellos reuniones frente a frente mediante el fono (reunión/hui), la distribución de boletines como Talanoa Ako – Pacific Education Talk (Charlas sobre la educación de los pueblos del Pacífico) y la utilización de Internet y de programas de radio.
Enseñanza del inglés
116.Los alumnos que provienen de comunidades cuyo idioma materno no es el inglés constituyen un grupo importante que corre el riesgo de no beneficiarse de las oportunidades educativas a su disposición. En 2004 había 82.000 estudiantes de esas comunidades, procedentes de más de 150 países. Formaban parte de ese grupo 16.000 estudiantes internacionales que pagaban matrícula y casi 26.000 estudiantes que recibían financiación del programa para hablantes de idiomas distintos del inglés.
117.Los 26.000 estudiantes que aprenden el inglés como segundo idioma son, primordialmente, refugiados e inmigrantes cuya principal necesidad es recibir instrucción básica en inglés hablado y escrito. El Ministerio de Educación, para atender a las necesidades de instrucción en inglés de estos estudiantes, sigue proporcionando a las escuelas que se ocupan de ellos fondos complementarios de una cuantía superior a la habitual por estudiante. Además, en 2004, el Gobierno prolongó de tres a cinco años el período de ayuda financiera para la mayoría de esos estudiantes y aumentó la cuantía de la ayuda por estudiante, especialmente en el nivel de enseñanza secundaria.
118.Otras iniciativas que tienen por fin ayudar a estos estudiantes son la contratación de diez coordinadores de la educación de refugiados e inmigrantes que trabajan directamente con las escuelas, los padres y los estudiantes para promover en la escuela el sentido de empresa común y el bienestar de los estudiantes refugiados e inmigrantes y de sus familias. En varios estudios de investigación se ha confirmado la relación positiva existente entre una participación satisfactoria de las familias, por una parte, y el rendimiento de los estudiantes, por la otra.
119.En mayo de 2003 se comenzó a aplicar la estrategia dirigida a los adultos hablantes de idiomas distintos del inglés para responder a las necesidades específicas de aprender inglés de ese grupo. Los principios de la estrategia son: la organización y la enseñanza del inglés para hablantes adultos de otras lenguas se centran en el alumno y se basan en estructuras de colaboración con las comunidades de inmigrantes y refugiados; la enseñanza del inglés a adultos debe ajustarse a los procesos de asentamiento de los inmigrantes y de reasentamiento de los refugiados y formar parte integrante de tales procesos; en la enseñanza del inglés a adultos se deben tomar en consideración y valorar las culturas de todos los alumnos, y apoyar y abrir cauces para que éstos continúen estudiando u obtener un empleo; este tipo de enseñanza es de alta calidad, de fácil acceso, asequible, y fomenta la participación y el rendimiento.
120.Entre los objetivos de la estrategia se cuentan los siguientes: en 2006 todos los refugiados adultos que necesiten aprender el inglés no deberán esperar más de seis meses para acceder al programa; las comunidades de los pueblos oriundos del Pacífico y otras comunidades étnicas participarán en procesos para lograr que se atienda a las necesidades de los alumnos de sus grupos; y en 2012 se habrá reducido a la mitad el número de habitantes que no tenga conocimientos del inglés (unas 50.000 personas).
121.Desde que empezó a aplicarse la estrategia, gracias a nuevas fuentes de financiación, en particular becas de estudio para grupos específicos, han aumentado las oportunidades para que los pueblos oriundos del Pacífico y la población inmigrante y refugiada se beneficien de toda una gama de programas, que comprenden la alfabetización de las familias, y programas bilingües y académicos en las comunidades. A partir de 2006, con el fin de propiciar la enseñanza de alta calidad, se ofrecerán becas de estudio a instructores bilingües para que obtengan diplomas que les permitan enseñar el inglés como segundo idioma.
Idiomas
122.Los idiomas oficiales de Nueva Zelandia son el inglés y el maorí. La población de Nueva Zelandia es muy variada, por lo que en el país se hablan también muchos otros idiomas.
123.En los párrafos anteriores sobre la educación se observa lo que se está haciendo para ayudar a los no hablantes de inglés en las escuelas y, si se trata de adultos, en las comunidades. Como se señala en el párrafo 50, la Oficina de Asuntos Étnicos ha creado un servicio de interpretación telefónica (Language Line) para ayudar a los que no hablan inglés a beneficiarse de los servicios del Estado.
124.Una de las cuestiones que se planteó en 2004 en la consulta sobre el Plan de acción sobre los derechos humanos de Nueva Zelandia fue la necesidad de formular una política nacional de idiomas para resolver una amplia gama de cuestiones relativas a ese tema. Se ha procurado avanzar en el análisis de las cuestiones lingüísticas; a este respecto, la Comisión de Derechos Humanos estableció una red de estudios de política lingüística. La red examina cuestiones tales como la discriminación por motivos de idioma, el acceso a los servicios de interpretación y el lugar del idioma maorí, de los idiomas de los pueblos oriundos del Pacífico y de los idiomas de otros grupos étnicos. La Comisión también está procurando promover una nueva Semana de los idiomas de los pueblos oriundos del Pacífico, parecida a la Semana del idioma maorí, que ya existe.
125.El idioma maorí sigue ocupando un lugar especial en Nueva Zelandia. Como se mencionó en el párrafo 100 del último informe, el maorí es idioma oficial de Nueva Zelandia desde 1987; se ha tratado de alentar un mayor uso del idioma en el país, primordialmente por conducto de la Estrategia nacional sobre el idioma maorí, promulgada inicialmente en 1999. En 2003 fue revisada y actualizada, para lo cual se utilizó como base un amplio programa de investigación. De esa forma se dio forma a una visión del futuro del idioma maorí basada en amplias consultas celebradas con los maoríes y otros neozelandeses en 2002 y 2003:
En 2028 hablará maorí la mayor parte de los maoríes. En particular, el maorí será de uso común en las whānau, los hogares y las comunidades maoríes. Todos los neozelandeses valorarán el uso del idioma maorí en la sociedad neozelandesa.
126.Entre otros nuevos elementos de la estrategia se cuentan: la labor permanente del Ministerio de Educación para elaborar un marco educativo bilingüe a fin de coordinar las inversiones en la enseñanza en maorí; la asignación de más fondos a un programa ya en curso de información sobre el idioma maorí; la asignación de nuevos fondos para modernizar las estaciones de radio maoríes; y el establecimiento del Servicio Maorí de Televisión (véase el párrafo 245).
127.El Gobierno también ha observado la necesidad de prestar apoyo a los idiomas de los pueblos oriundos del Pacífico. Según el censo de 2001, la proporción de personas oriundas del Pacífico que hablaban su primera lengua era el 62% de los samoanos, el 54% de los oriundos de Tonga, el 26% de los oriundos de Niue y Fiji, y el 17% de las personas oriundas de las Islas Cook. Al Gobierno le cabe un papel importante en la conservación de los idiomas maoríes de Niue, Tokelau y las Islas Cook, en particular porque la mayoría de las personas oriundas de las Islas Cook, Niue y Tokelau viven en Nueva Zelandia.
128.El Ministerio de Educación ha publicado directrices para los planes de estudio de idiomas de los centros preescolares y las escuelas en lo que se refiere al maorí de los samoanos y las personas oriundas de las Islas Cook, y está elaborando otras para las personas oriundas de Tonga, Niue y Tokelau. Cada plan de estudios tiene el apoyo de asociaciones comunitarias de cooperación que contribuyen a elaborar planes de enseñanza y material didáctico contextualizados y a aumentar la competencia del personal docente. En el proyecto de reformulación del plan de estudios de Nueva Zelandia, los idiomas de las islas del Pacífico ocupan una posición equivalente a la de las principales lenguas internacionales, como el francés, el japonés, el español y el chino, como idiomas optativos para las escuelas y sus estudiantes.
129.En 2005, el Ministerio de Asuntos de los Pueblos del Pacífico puso en marcha el Proyecto "Mind your language" (Cuida tu idioma) a fin de que el número de personas oriundas del Pacífico capaces de mantener conversaciones cotidianas en su lengua materna alcanzara un nivel decisivo. Como parte del proyecto, el Ministerio, junto con Niu Development Inc., un servicio especializado de Niue, llevó adelante un programa experimental en Auckland para crear recursos lingüísticos para la comunidad de personas oriundas de Niue. Una vez que termine el programa experimental, se prevé que se preparará material análogo para el idioma maorí de las Islas Cook y de Tokelau.
Salud
130.Los objetivos primordiales del sector de la salud y la discapacidad son elevar el nivel de salud de todos los neozelandeses, es decir, aumentar no sólo la duración de la vida, sino también la duración de una vida sin dolor ni discapacidad, así como reducir las desigualdades existentes en la esfera de la salud. Al igual que en otros ámbitos de los servicios sociales del Estado, una preocupación básica ha sido seguir protegiendo a los grupos más vulnerables.
131.En el último informe de Nueva Zelandia se exponían los cambios fundamentales en el sector de la salud y la discapacidad. En el período que se examina se han producido nuevos cambios. La separación entre el adquirente de atención sanitaria y el proveedor de servicios de salud ha sido sustituida por un nuevo sistema de 21 juntas sanitarias de distrito que han pasado a ser responsables de la planificación, la financiación y la prestación de servicios de salud y de apoyo a la población que atienden. Las juntas directivas de las juntas sanitarias se componen de siete miembros elegidos localmente y de cuatro miembros nombrados por el Ministro de Salud para lograr una combinación adecuada de competencias y representación. Como mínimo, dos miembros de cada junta deben ser maoríes. En agosto de 2005, las juntas directivas estaban integradas, en un 74,3%, por neozelandeses de origen europeo, en un 23,4%, por maoríes, en un 2,8%, por personas oriundas de las islas del Pacífico, y en un 7,9%, por personas de otros grupos étnicos.
132.Las juntas sanitarias de distrito se rigen por la Ley de salud pública y discapacidad de 2000 (la ley). Los objetivos de la ley son: mejorar, fomentar y proteger la salud; promover la integración, participación e independencia de los discapacitados (véase más información en los párrafos 79 y 80); ofrecer la mejor atención y el mejor apoyo posibles; reducir las disparidades en materia de salud que sufren los maoríes y otros grupos de la población; y ofrecer una voz a las comunidades en cuestiones de salud personal y pública y de apoyo a la discapacidad. La ley reconoce los principios del Tratado de Waitangi y en ella se establecen los mecanismos necesarios para que los maoríes puedan contribuir al proceso de adopción de decisiones sobre la prestación de servicios de salud y para los discapacitados y a la prestación de esos servicios en sus comunidades. La ley dispone también que las juntas de salud de los distritos reduzcan, con miras a eliminarlas, las disparidades en materia de salud existentes entre los distintos grupos de población, en particular las que sufren los maoríes, los pueblos oriundos del Pacífico y los grupos de las categorías socioeconómicas más bajas.
Situación sanitaria de los maoríes y los pueblos del Pacífico
133.Aunque sigue mejorando la situación sanitaria de los maoríes, aún es poco satisfactoria en comparación con el resto de la población. La esperanza de vida al nacer para el conjunto de la población en los años 2000-2002 era de 76,3 años para los varones y de 81,1 años para las mujeres. Aunque la distancia que separa la esperanza de vida de los maoríes de los no maoríes se ha venido acortando (tras algunos años en que aumentó), la esperanza de vida de los maoríes sigue estando unos ocho años a la zaga de los demás grupos (69,0 años para los hombres y 73,2 años para las mujeres). La esperanza de vida es levemente más alta para los pueblos del Pacífico (71,5 años para los hombres y 76,7 años para las mujeres), pero inferior al promedio del total de la población. Los principales problemas de salud que afectan a las poblaciones maorí y del Pacífico son: el cáncer; la diabetes y las patologías cardiovasculares; la baja tasa de vacunación; unas tasas comparativamente altas de hospitalización evitable y una alta incidencia de tabaquismo y obesidad.
134.La tasa de mortalidad infantil de Nueva Zelandia ha disminuido notablemente en los últimos 50 años, de 22,8 muertes por cada 1.000 nacidos vivos en 1961 a 5,6 en 2004. Los maoríes siguen teniendo la tasa más elevada de mortalidad infantil de toda la población, aunque esa diferencia es cada vez menor. En 1996, la tasa de mortalidad infantil de los maoríes era de 11,5 muertes por cada 1.000 nacidos vivos, en comparación con un 7,1 en el total de la población. En 2004, la tasa de mortalidad infantil se había reducido a 7,2 entre los maoríes y a 5,6 en el conjunto de la población. La tasa de mortalidad infantil de las poblaciones oriundas de las islas del Pacífico es superior a la del total de la población. En el período 1997-2001, los pueblos del Pacífico tenían una tasa de mortalidad infantil de 7,1 por cada 1.000 nacidos vivos, en comparación con 5,1 por cada 1.000 nacidos vivos en el total de la población.
135.El síndrome de muerte infantil súbita sigue siendo una de las principales causas de mortalidad infantil y un problema especial para los maoríes. En 2001, la tasa de muerte infantil súbita de los maoríes fue más de seis veces mayor que la de la población oriunda de las islas del Pacífico y cinco veces mayor que la de otros grupos étnicos. Las causas del aumento del riesgo de muerte infantil súbita en la población maorí se explica, en cierta medida, porque en ésta es mayor la incidencia de los factores de riesgo. Éstos, a su vez, obedecen en gran medida a patrones sociales como, entre otros, una mayor incidencia de condiciones de vida deficientes, tasas más altas de casos de camas compartidas (compartir cama es un factor de riesgo cuando se suma al tabaquismo) y tasas de tabaquismo más elevadas durante el embarazo y después del parto. La reducción de las tasas del síndrome de muerte infantil súbita sigue siendo una prioridad del Gobierno.
Problemas de salud de los demás grupos étnicos
136.Los inmigrantes que se establecen en Nueva Zelandia como residentes permanentes, las personas con permiso de trabajo que les permiten una estancia de dos años o más, los refugiados y los solicitantes de asilo tienen derecho a recibir servicios de salud y servicios para discapacitados, financiados por el erario público, en las mismas condiciones que los residentes.
137.Los problemas sanitarios más frecuentes en los refugiados que llegan al país son las enfermedades transmisibles, como la tuberculosis, la hepatitis B y las infecciones de transmisión sexual. No obstante, además de las experiencias anteriores a la migración, como la tortura, la pérdida de seres queridos y el sufrimiento, las dificultades de asentamiento y la aculturación también pueden contribuir a la depresión y a los trastornos del estrés postraumático. Los servicios de salud mental también están a disposición de la mayoría de los refugiados y se procura mejorar su atención de salud primaria, incluso por conducto de los servicios de salud mental. La mayoría de los refugiados, sin embargo, siempre que sea posible, quedan inscritos en un servicio de atención primaria de salud especializado en la atención de refugiados. El Gobierno ha reconocido las grandes necesidades de servicios de salud de esta población y ha incrementado la financiación de los centros de atención primaria de salud correspondientes.
138.La población asiática de Nueva Zelandia registra actualmente una incidencia menor de la mayoría de las enfermedades crónicas (aparte de la diabetes) que sufre la población de otros orígenes étnicos; al mismo tiempo, probablemente tiene menos acceso a los servicios de salud.
Iniciativas para mejorar la salud de los maoríes, los pueblos oriundos del Pacífico y otros grupos étnicos
Iniciativas sanitarias para los maoríes
139.Después del último informe ha habido varios intentos de mejorar la situación sanitaria de los maoríes, por ejemplo mediante servicios más adecuados de salud y para discapacitados. Estas actividades se han dirigido a los proveedores de servicios de salud a la población en general y a los maoríes ya que, como se indicó en el último informe, la mayoría de ellos tiene acceso a los servicios de salud generales.
140.En la Estrategia de Salud de Nueva Zelandia (2000), cuya aplicación está estipulada en la Ley de salud pública y discapacidad de 2000, se articula el programa actual de las medidas del Gobierno en materia de salud. Los principios que guían la estrategia son:
-Reconocimiento de la relación especial entre los maoríes y la Corona en virtud del Tratado de Waitangi;
-Buena salud y bienestar para todos los neozelandeses en toda su vida;
-Mejoramiento de la salud de las personas que actualmente están en situación desventajosa;
-Promoción de la cooperación en el campo de la salud y prevención de enfermedades y lesiones en todos los sectores;
-Acceso oportuno y equitativo de todos los neozelandeses a una amplia gama de servicios de salud y para discapacitados, independientemente de su capacidad de pagarlos;
-Alcanzar un sistema de gran eficacia que inspire confianza a la población;
-Participación activa de los consumidores y las comunidades en todos los niveles.
141.En la He Korowai Oranga (2002), estrategia de salud dirigida especialmente a los maoríes, se fomenta aún más esta relación especial entre los maoríes y la Corona, en tanto que en la publicación Reducing Inequalities in Health (2002) (Reducción de las desigualdades en el ámbito de la salud) se establecen el marco y los principios aplicables a nivel nacional, regional y local para reducir las desigualdades en este campo.
142.En He Korowai Oranga se perfila un plan de diez años para mejorar la salud de los maoríes y se imparte orientación estratégica sobre formas de lograr mejoras de salud para los maoríes y resolver las desigualdades existentes en ese ámbito. El objetivo general de He Korowai Oranga es whānau ora: prestar apoyo a las familias maoríes para lograr las mejores condiciones posibles de salud y bienestar. En He Korowai Oranga se considera que tanto los maoríes como el Gobierno aspiran a mejorar la situación de los maoríes en el ámbito de la salud, por lo que ambos sectores desempeñarán un papel decisivo en el logro de los resultados buscados para las whānau. Con este fin, He Korowai Oranga ofrece una orientación a ambas partes sobre cómo pueden colaborar para alcanzar la meta de whānau ora. También proporciona al sector público un marco para que cumpla su función de brindar apoyo a los servicios de salud de la whānau, por ejemplo, mediante políticas que promuevan activamente el bienestar, una educación de alta calidad, oportunidades de empleo, viviendas adecuadas, condiciones laborales seguras, mejora de los ingresos y patrimonios de las whānau, y supresión de los obstáculos que el sistema opone a estos objetivos.
143.Whakatātaka: En el Plan de acción de salud de los maoríes para 2002-2005, iniciado en noviembre de 2002, se describe en líneas generales la forma en que el Gobierno aplicará He Korowai Oranga. En el Whakatātaka seindica que la responsabilidad de mejorar los servicios de salud y de atención de las discapacidades de los maoríes incumbe a todo el sector sanitario y de la discapacidad, con una activa participación de los maoríes en ambos sectores. En el Whakatātaka se prevé lograr el cambio a nivel de sistemas en las juntas de salud de los distritos, es decir, conseguir que todas las actividades de las juntas estén dirigidas a aumentar el nivel de salud de los maoríes (en lugar de centrar la acción en programas e iniciativas particulares). Se procura aprovechar los puntos fuertes y las posibilidades de las wh ā nau y las comunidades maoríes. También se establece una clara vinculación con otras estrategias y planes sanitarios y vela por la compatibilidad con el objetivo común de wh ā nau ora. Muchos de los objetivos del Whakatātaka se han incorporado en los programas de trabajo del Ministerio de Salud y en los planes anuales y estratégicos de las juntas de salud de los distritos.
Iniciativas sanitarias en beneficio de la población oriunda de las islas del Pacífico
144.La población de Nueva Zelandia oriunda del Pacífico, en rápido aumento, también se ve enfrentada a singulares problemas de salud. Con el fin de resolver estos problemas, en febrero de 2002 se inició un Pacific Health and Disability Action Plan (Plan de acción de atención de la salud y las discapacidades para la población oriunda del Pacífico). Las comunidades oriundas del Pacífico participaron en este Plan, cuyas seis prioridades son:
-La salud de los niños y los jóvenes de la población oriunda del Pacífico;
-Formas de vida saludables y bienestar de la población oriunda del Pacífico;
-Servicios de atención primaria de salud y de prevención para la población oriunda del Pacífico;
-Formación de proveedores de atención de la salud y de personal sanitario, oriundos del Pacífico;
-Participación de los discapacitados de la población oriunda del Pacífico; e
-Información e investigación sobre la salud y los discapacitados de la población oriunda del Pacífico.
En 2006 terminará el examen crítico de las actividades previstas en el Plan.
145.El Ministerio de Salud se centró primero en los proveedores de servicios sanitarios y en el personal sanitario oriundo del Pacífico. Se estableció el Pacific Provider Development Fund (Fondo de desarrollo de proveedores de servicios de salud oriundos del Pacífico) para mejorar el acceso de la población oriunda del Pacífico a los servicios sanitarios y reducir de ese modo las desigualdades en materia de salud mediante:
-La prestación de apoyo a la formación de personal sanitario calificado oriundo del Pacífico suministrando ayuda para crear competencias en el campo de la salud y obtener nuevos conocimientos y experiencia;
-Una ampliación constante de la gama y la calidad de los servicios que prestan por los proveedores de asistencia sanitaria oriundos del Pacífico para que la población de ese grupo tenga más opciones de servicios; y
-El auspicio de la elaboración de modelos plausibles de atención de la salud para las poblaciones oriundas del Pacífico que puedan aplicar tanto los proveedores de servicios de salud generales como los que atienden a la población oriunda del Pacífico. De esta forma se aumentará la competencia del personal sanitario y los profesionales de la salud para interactuar eficazmente con la población oriunda del Pacífico.
146.Entre otras iniciativas en favor del perfeccionamiento de los proveedores y el personal de salud se cuenta el Pacific Health and Disability Workforce Development Plan (Plan de formación de personal de salud y de atención de las discapacidades en la población oriunda del Pacífico), con arreglo al cual el Ministerio de Salud ha celebrado un acuerdo de tres años con el Consejo de Investigaciones Sanitarias para llevar adelante un programa de investigación sobre cuestiones de salud cuyo objeto es formar proveedores y personal de servicio de salud. El Ministerio de Salud también ha seguido proporcionando ayuda financiera y de orientación hasta a 30 estudiantes oriundos del Pacífico que cursan profesiones de la salud, o relacionadas con ésta, mediante los premios Pacific Health Workforce (Personal sanitario oriundo del Pacífico).
Iniciativas en beneficio de los grupos de bajos ingresos
147.Se ha avanzado también en un programa de trabajo cuyo objeto es mejorar la situación sanitaria de los grupos de bajos ingresos, entre ellos una cantidad desproporcionada de maoríes y de personas oriundas de las islas del Pacífico. En junio de 2001 se terminó el proyecto de un marco sobre la cuestión, titulado Reducing inequalities in Health: an Overview (Reducción de las desigualdades en el ámbito de la salud: panorama general); la versión final, junto con un conjunto de medidas, fue dada a conocer a fines de ese año. Su objetivo es reducir las desigualdades en materia de salud de los maoríes, la población oriunda del Pacífico y los grupos de bajos ingresos recurriendo a la colaboración intersectorial para obtener mejores resultados en el área de la salud. En este ámbito los proyectos comprenden un programa intensivo de visitas domiciliarias para determinar los grupos a los que se atenderá y establecer acuerdos de colaboración en que se combinen los conocimientos técnicos de la administración, tanto a nivel central como local, las iwi y los proveedores locales de servicios de salud así como para movilizar a las comunidades y aumentar el acceso a la atención primaria.
Iniciativas en beneficio de otros grupos étnicos
148.A fines de 2001, tras las consultas celebradas en todo el país con el personal de salud y grupos de refugiados, se publicó un manual para profesionales de la salud titulado Refugee Health Care (Servicios de salud para los refugiados). Las consultas pusieron de manifiesto la necesidad de recursos para ayudar al personal de salud a ofrecer servicios seguros, accesibles y apropiados desde el punto de vista de la cultura a los refugiados y los solicitantes de asilo. En el manual figura información y se brinda asesoramiento sobre cuestiones de salud mental y física frecuentes entre los refugiados, así como sobre los organismos de salud a los que se puede recurrir en caso de necesidades especiales, de remisión de pacientes y de necesidad de apoyo. Los servicios de interpretación especializados en el ámbito de la salud son cada vez de más fácil acceso, sobre todo en los hospitales de la región de Auckland.
149.Además, tras la elaboración de Ethnic Perspectives in Policy (Perspectivas étnicas en la elaboración de políticas) por la Oficina de Asuntos Étnicos, publicación que posteriormente recibió el apoyo del Gabinete, el Ministerio de Salud está preparando un marco de medidas étnicas y de conciencia de las cuestiones de salud. El marco permitirá que el Ministerio oriente la formulación de los requisitos generales de políticas, financiación, servicios y personal en este campo, así como la supervisión y la evaluación de las iniciativas en beneficio de los grupos étnicos (que en este contexto se definen como los que no son maoríes, oriundos del Pacífico, ni neozelandeses de origen europeo) en el sector sanitario de Nueva Zelandia. El Ministerio de Salud también está dando forma a un procedimiento que exigirá que las juntas de salud de los distritos incluyan a la población étnica en sus actividades obligatorias de planificación y rendición de cuentas en pos del objetivo de eliminar las desigualdades.
Sistema de justicia penal
Tribunales
150.Como se señaló en el último informe, en Nueva Zelandia, en virtud del apartado g) del artículo 24 de la Ley de la Carta de Derechos de Nueva Zelandia de 1990, toda persona acusada de un delito tiene derecho a interpretación a su idioma si la necesita.En la práctica, esto comprende la utilización de los idiomas indígenas y la presentación y archivo de los documentos en maorí. Este derecho también se reconoce en la Ley del idioma maorí de 1987.
151.Los tribunales también deben tomar en consideración las distintas culturas y tradiciones de los grupos étnicos que recurren al sistema. En 2002, el Ministerio de Justicia publicó un informe sobre la aplicación del artículo 16 de la Ley de justicia penal de 1985. A la fecha del informe, en el artículo 16 se disponía que los delincuentes podían pedir al tribunal que convocase a una persona para que hablara sobre su origen étnico o cultural, la forma en que esos antecedentes podían guardar relación con la comisión del delito y los efectos positivos que esos orígenes podían tener para que el inculpado no reincidiera. En el informe se llegaba a la conclusión de que el artículo 16 se subutilizaba, ya que sólo el 14% de los encuestados consideraba que se recurría a él en todos los casos posibles. Ello se debía, según explicaron, al desconocimiento general de la disposición y a la resistencia que oponían algunos sectores dentro del sistema. En el informe se hacían varias recomendaciones que se recogen en el artículo 27 de la Ley de imposición de penas, de 2002. En dicho artículo se dispone que un tribunal debe escuchar los alegatos sobre:
-Los antecedentes personales, de familia, de wh ā nau, de la comunidad y de la cultura del acusado y la relación que tienen con el delito;
-Todos los procedimientos disponibles para resolver las cuestiones relacionadas con el delito;
-La forma en que el apoyo de la familia, wh ā nau o comunidad podría evitar nuevos delitos; y
-La relación entre una eventual condena y los antecedentes del acusado o el apoyo de la familia, wh ā nau o comunidad.
El tribunal debe escuchar a la persona que comparezca a instancias del acusado, salvo que considere que por algún motivo especial ello es innecesario o inadecuado. Si el tribunal se niega a escuchar a la persona, debe exponer sus motivos.
152.Merecen atención dos ámbitos de posible discriminación de grupos étnicos en Nueva Zelandia. La selección de los jurados es imparcial. No obstante, a causa de los orígenes étnicos o nacionales de los jurados potenciales, muchos no tienen el "buen conocimiento" del inglés que especifica la citación judicial de los jurados. También parece que hay menos probabilidades de que los maoríes sean convocados como jurados cuando viven en las zonas rurales. En el informe de la Comisión General de Codificación, Juries in Criminal Trials (Los jurados de los juicios penales) se recomendaba aumentar la superficie de los distritos de selección de jurados de un radio de 30 a 45 km, a fin, entre otras cosas, de mejorar la representación de los maoríes (sobre la base del número de maoríes que viven en zonas rurales). Esta recomendación se incluye en el proyecto de ley de procedimiento penal, de 2004, actualmente en estudio en el Parlamento. El buen conocimiento del inglés es un factor supeditado por los criterios de inmigración, pues se exige que la mayoría de los inmigrantes tengan determinado nivel de conocimientos de inglés, en vista de la importancia de lograr una rápida integración en la comunidad, y por el factor tiempo, ya que los inmigrantes hablan el idioma cada vez con más soltura. Los inmigrantes no pueden actuar como jurados mientras no sean residentes permanentes.
Prevención del delito, programas para reclusos y el problema de la reincidencia
Prevención del delito
153.La Unidad de Prevención del Delito del Ministerio de Justicia es el principal órgano que asesora al Gobierno en las estrategias de prevención del delito. Promueve iniciativas eficaces de reducción del delito y apoya las alianzas de cooperación del Gobierno con las comunidades para reducir la delincuencia.
154.Son pocos los programas de prevención de los delitos financiados por la Unidad de Prevención del Delito que se basen específicamente en la raza. La Unidad financia los servicios para los clientes que provienen de grupos de alto riesgo de localidades con fuertes índices de delincuencia; por consiguiente, la financiación se otorga sobre una base de necesidad. En algunos programas, esta orientación ha dado como resultado un alto nivel de respuesta de los maoríes y las poblaciones oriundas del Pacífico. Por ejemplo, la Unidad financia, en todo el país, 28 programas para jóvenes en situación de riesgo y para jóvenes de las comunidades. Se estima que el 70% de los jóvenes que acceden a estos programas son maoríes o pertenecen a las poblaciones oriundas del Pacífico.
155.La Unidad interactúa con los maoríes en varios niveles y con diferentes fines. La característica específica de las relaciones de la Unidad con los maoríes es la participación de éstos como colaboradores en la prevención y reducción de la delincuencia. Por ejemplo, hay relaciones de colaboración con cuatro iwi en la elaboración de planes de prevención de la delincuencia para iwi; se financia a una iwi y a un proveedor de servicios maorí para la aplicación de programas judiciales de rehabilitación; se asignan fondos a una iwi para que lleve adelante un programa de autoprotección del vecindario; y se financian los servicios de varios especialistas maoríes encargados de programas dirigidos a jóvenes en situación de riesgo y a jóvenes de la comunidad.
156.La Unidad también participa en la elaboración de estrategias de prevención de la delincuencia en la población oriunda del Pacífico de Auckland, Wellington y Christchurch. Ello entraña analizar las características de la delincuencia y la victimización, hacer una nómina de los proveedores de servicios con que cuenta la población en general y la oriunda del Pacífico, celebrar consultas con la comunidad, analizar los desequilibrios y preparar una descripción general de las estrategias, los planes y las iniciativas no gubernamentales de prevención de la delincuencia, de los organismos y las autoridades locales. Esta labor dará lugar a la elaboración de planes de acción de prevención del delito en los tres centros principales de población oriunda del Pacífico.
Respuesta a la delincuencia entre los maoríes
157.Los maoríes siguen estando excesivamente representados en las tasas de delincuencia del sistema de justicia penal. Los maoríes constituyen alrededor del 14% de la población de Nueva Zelandia, pero ascienden a aproximadamente la mitad de la población carcelaria, y a poco menos de la mitad de los que cumplen condenas vinculadas a disposiciones con la comunidad. La elaboración y la aplicación de iniciativas destinadas a reducir efectivamente la reincidencia de los maoríes siguen siendo un imperativo para el sector judicial, en particular para el Ministerio de Justicia y la Administración Penitenciaria.
158.Entre los motivos de la representación excesiva de maoríes entre los delincuentes se cuenta la relativa juventud de la población maorí. En 2000, el promedio de edad de los maoríes era de 22,1 años, en comparación con un promedio de 36,1 años para los no maoríes. En la actualidad no hay pruebas de que el origen étnico influya en las tasas de delincuencia de los maoríes. No obstante, éstos están particularmente expuestos a los factores de riesgo relacionados con el comportamiento antisocial y delictivo, entre ellos los siguientes:
-Nexos sociales limitados;
-Problemas familiares;
-Bajo rendimiento escolar;
-Mala gestión de los asuntos personales;
-Bajos ingresos y pocas competencias;
-Actitudes antisociales;
-Toxicomanía y alcoholismo; y
-Vida en barrios pobres, desorganizados, en condiciones de hacinamiento y con altas tasas de delincuencia.
159.La Administración Penitenciaria ha iniciado un proyecto para reexaminar la labor ya hecha sobre las causas de la representación desproporcionada de los maoríes en el sistema de justicia penal y determinar los principales problemas y las posibles lagunas de conocimiento. Se pretende que este trabajo ponga de manifiesto los ámbitos en que se necesita una labor normativa adicional y sirva de posible guía para una respuesta futura mejor adaptada a los maoríes.
160.La Administración Penitenciaria colabora estrechamente con las comunidades maoríes y otros organismos. Se ha constituido el Grupo Consultivo Maorí del Ejecutivo Superior, que comprende seis miembros externos, para que ofrezca asesoramiento directo al Ejecutivo Superior y le transmita la información obtenida sobre las cuestiones estratégicas, normativas y operativas que afectan a las comunidades maoríes.
161.Se considera fundamental proteger y salvaguardar la cultura maorí en los nuevos establecimientos penitenciarios que se construyen en Nueva Zelandia. Con este fin, la colaboración entre la Administración Penitenciaria y los maoríes se ha centrado en el fomento de la relación con grupos de kaitiaki (custodios), ya que los hapū/iwi son los custodios maoríes reconocidos de los recursos nacionales de la región o zona geográfica en que han de situarse las nuevas cárceles. En la filosofía de gestión de los nuevos establecimientos han influido considerablemente los respectivos grupos de kaitiaki, en especial en cuanto a la idea que tiene cada uno de la recuperación de la buena salud y el bienestar en sus comunidades. En el caso del Establecimiento Penitenciario de la Región del Norte, terminado recientemente, los kaitiaki han desempeñado un importante papel en todos los aspectos de la preparación, el diseño y la construcción del proyecto. Participaron también en el proceso de contratación del personal y actualmente participan en la administración del establecimiento.
162.La Administración Penitenciaria cuenta actualmente con unidades maoríes en cinco cárceles. El fin de las unidades es intervenir en la rehabilitación para reducir el riesgo de reincidencia de los maoríes. Funcionan como entornos terapéuticos en los que el personal y los reclusos colaboran para promover el aprendizaje de principios culturales y la aplicación de éstos a las ideas, las creencias y las acciones. Los participantes procuran influirse mutuamente a fin de llegar a vivir en la comunidad de forma responsable y con conciencia cívica.
163.La Evaluación Cultural Maorí Especializada es un instrumento de evaluación que ofrece información cultural detallada sobre los delincuentes maoríes, tanto en la cárcel como en la comunidad. Se persigue obtener información sobre aspectos del bienestar de la población maorí reduzcan las posibilidades de reincidencia del delincuente e impulsen a éste a abordar su reincidencia desde el punto de vista de la cultura.
164.El Plan de participación de la wh ā nau tiene por objeto ofrecer servicios más eficaces a los delincuentes maoríes, en relación con las penas que se cumplen en prisión y con arreglo a planes de la comunidad, de manera que la wh ā nau del recluso lo apoye, le ayude y logre interesarlo en actividades positivas. Para apoyar el Plan se suministrará información sobre los servicios, los recursos y el apoyo a disposición de la wh ā nau y los delincuentes, por una parte, y lograr que las wh ā nau influyan más en el sistema penitenciario participando en las primeras etapas del tratamiento del delincuente.
165.La Administración Carcelaria también utiliza la Maori Culture Related Needs Assessment (Evaluación de las necesidades vinculadas a la cultura maorí), que hace evaluaciones detalladas de las necesidades para determinar si la identidad cultural de un delincuente que se dice maorí y reconoce su ascendencia maorí puede o no ser negativa o estar en peligro. De ser así, se puede ayudar al delincuente a que se motive para hacer frente a su conducta delictiva adquiriendo conciencia de la situación y modificando sus actitudes y creencias, así como dando forma a una identidad cultural positiva.
166.El mismo proyecto de evaluación fue objeto de una reciente denuncia ante el Tribunal de Waitangi en que se afirmaba que hacía que los delincuentes maoríes quedaran en desventaja respecto del tipo y duración de las penas impuestas. El objeto concreto de la reclamación fue que la evaluación era desfavorable a los delincuentes maoríes porque: consideraba que algunos aspectos positivos de la cultura y la familia maoríes eran causa de delitos o circunstancias agravantes para la imposición de penas; no reconocía que los criterios culturales utilizados eran aplicables también a otras culturas y grupos étnicos de Nueva Zelandia; y sus resultados influían en los procesos de imposición, administración y fin de las penas. El Tribunal, al fallar en favor de la Administración Penitenciaria, consideró que no había suficientes pruebas que demostraran que el programa, que era llevado adelante por la Administración, perjudicase o hubiese perjudicado a los delincuentes maoríes. En el informe se afirmaba que la Administración había actuado de buena fe al procurar reducir la reincidencia de los maoríes al elaborar ese instrumento de evaluación.
Respuesta a la delincuencia entre personas oriundas del Pacífico
167.La población oriunda del Pacífico también está representada desmedidamente entre los delincuentes. Constituye aproximadamente el 7% de la población de Nueva Zelandia, pero alrededor del 10% de la población carcelaria y de los que cumplen penas que dependen de la comunidad. Si bien los delincuentes de este grupo tienen una tasa de reincidencia relativa baja, en promedio cometen delitos más graves y más violentos que los de otros orígenes étnicos.
168.El Saili matagi violence prevention programme (programa experimental de prevención de la violencia) empezó a aplicarse en la cárcel de Auckland en 2003. En él se incorporan principios occidentales de medidas aplicadas a los delincuentes y valores culturales, creencias y conceptos de las islas del Pacífico. El programa tiene un contenido destinado a la población oriunda del Pacífico y utiliza la terapia conductista cognitiva, como todos los programas de tratamiento de la delincuencia que aplica la Administración Penitenciaria. Aunque está dirigido a los hombres que cumplen penas de prisión por delitos violentos, continúa aplicándose una vez que recuperan la libertad, cuando la reinserción del delincuente en la comunidad recibe apoyo y orientación de los encargados de atender a la población oriunda del Pacífico.
169.La Administración Penitenciaria ha constituido el Grupo Consultivo de la Población Oriunda del Pacífico del Ejecutivo Superior, que ofrece al Ejecutivo Superior asesoramiento directo y le transmite la información obtenida sobre las cuestiones estratégicas, normativas y operativas que afectan a las comunidades oriundas del Pacífico. Proporciona asesoramiento al Grupo un Comité de Enlace Penitenciario Regional con las Poblaciones Oriundas del Pacífico, integrado por representantes de esa comunidad. Entre las cuestiones que examina el Comité figuran los proyectos y la construcción de nuevas cárceles y los procesos de consulta con las comunidades oriundas del Pacífico.
Otros grupos étnicos
170.La población de origen asiático representa aproximadamente el 2% de la población carcelaria y el 1% de los que cumplen penas en la comunidad. Los demás grupos étnicos constituyen apenas el 1% de ambos grupos. Las personas que no hablan inglés disponen de servicios de traducción y, con arreglo a la nueva Ley penitenciaria de 2004, los alcaides deben velar por que a cada recluso que sea ciudadano de otro país se le notifique por escrito que el alcaide del caso debe informar al representante consular del encarcelamiento del recluso, si éste lo desea. Toda correspondencia dirigida por un recluso a un representante consular debe remitirse a éste sin demora.
Justicia de menores
171.Sigue siendo una prioridad para el Gobierno reducir la delincuencia juvenil y la cantidad desproporcionada de jóvenes maoríes en el sistema de justicia de menores. En 2002, el Gobierno comenzó a aplicar la Youth Offending Strategy (Estrategia para hacer frente a la delincuencia juvenil), que comprende varias propuestas para mejorar los servicios a los rangatahi (adolescentes, jóvenes) maoríes y las wh ā nau. Por ejemplo, la estrategia recomienda:
-Que se aumente el personal de la policía auxiliar juvenil maorí (por conducto del Plan nacional de acción policial para los jóvenes, 2005-2006);
-Que se establezcan programas organizados y ejecutados por maoríes para los jóvenes en situación de riesgo (actualmente esos programas se financian por conducto del Departamento de Servicios para la Infancia, los Jóvenes y la Familia); y
-Que en los programas para los delincuentes juveniles culpables de delitos graves se incorporen tikanga māori (protocolos maoríes) (persiguen el mismo objetivo del Programa de especialistas en conservación y del programa experimental Te Hurihanga).
En el Plan nacional de acción policial para los jóvenes también se reconoce la necesidad de fomentar relaciones más positivas con los jóvenes maoríes.
172.El Gobierno está formulando una respuesta integral para hacer frente a los factores sociales básicos que se dejan sentir en las pandillas de jóvenes y en la delincuencia juvenil en Counties Manukau, de Auckland. Ello obedece a que se ha informado de un aumento de la delincuencia juvenil y, en particular, de los delitos violentos. En lo que respecta a la población, Counties Manukau es una de las regiones de más rápido crecimiento de Nueva Zelandia. Tiene la proporción más elevada de jóvenes, es una de las regiones con mayor diversidad étnica (165 grupos étnicos, incluida una gran proporción de maoríes y población oriunda del Pacífico), comprende familias de inmigrantes de segunda y tercera generación y en ella hay una fuerte concentración de familias de bajos ingresos. En la labor pertinente participarán el Gobierno central, las autoridades locales y miembros de las comunidades y se intentará mejorar el nivel de los logros de la juventud de Counties Manukau. Los ámbitos que se han de abarcar son:
-La marginación económica;
-Desequilibrios extremos en la relación vida-trabajo de los padres, que dificultan la presencia activa de éstos en la vida de los hijos;
-Las dificultades de los padres para controlar la conducta de los hijos;
-La desarticulación de las estructuras comunitarias de los inmigrantes por las que se brindaba apoyo a los padres; y
-El hastío que se da en algunos jóvenes.
Artículo 3
Información sobre las medidas legislativas, judiciales, administrativas o de otra índole que sirvan para poner en práctica las disposiciones del artículo 3 de la Convención, especialmente en lo que respecta a la condena de la segregación racial y del apartheid y para cumplir el compromiso de prevenir, prohibir y eliminar en los territorios bajo la jurisdicción del Estado que presente el informe todas las prácticas de esta naturaleza
173.El Gobierno se opone firmemente a la segregación racial y el apartheid. En la Ley de derechos humanos de 1993 (la ley) se prohíben las prácticas o políticas de este tipo en Nueva Zelandia. En la parte IA de la ley se hace recaer en el Gobierno, los organismos del Estado y toda persona que cumpla una función pública la responsabilidad de la discriminación ilícita definida en la ley.Las políticas o prácticas de segregación racial y apartheid quedan comprendidas en la categoría de discriminación ilícita.
Artículo 4
A. Información sobre las medidas legislativas, judiciales, administrativas o de otra índole que sirvan para poner en práctica las disposiciones del artículo 4 de la convención, y en especial las medidas encaminadas a cumplir el compromiso de tomar medidas inmediatas y positivas destinadas a eliminar toda incitación a la discriminación racial o actos de tal discriminación
1. Medidas adoptadas para declarar como acto punible, conforme a la ley, toda difusión de ideas basadas en la superioridad o en el odio racial, toda incitación a la discriminación racial, así como todo acto de violencia o toda incitación a cometer tales actos contra cualquier raza o grupo de personas de otro color u origen étnico, y toda asistencia a las actividades racistas, incluida su financiación
174.Siguen vigentes las observaciones hechas en el último informe de Nueva Zelandia sobre los mecanismos legislativos existentes para erradicar toda incitación al racismo o a actos de racismo. Después de la redacción del último informe no se han introducido modificaciones al respecto en la Ley de derechos humanos de 1993.
175.Como en el período que abarcó el informe anterior, un número considerable de denuncias en virtud del artículo 61 de la Ley de derechos humanos de 1993 guardó relación con los medios de comunicación, precisamente poco menos de la mitad de las denuncias recibidas entre el 1º de enero de 2002 y el 30 de junio de 2005. Aunque la Comisión de Derechos Humanos recibe una cantidad importante de denuncias al amparo del artículo 61, en su mayoría no llegan a convertirse en denuncias oficiales. La Comisión ha ofrecido su mediación y adoptado medidas en varios de estos casos. Sus decisiones se han basado en que el nivel de tolerancia que se prevé en el artículo 61 es alto, en particular si se tienen en cuenta los efectos de la disposición sobre la libertad de expresión consignada en la Ley de la Carta de Derechos de Nueva Zelandia de 1990 en relación con los términos utilizados. No basta con que un comentario sobre razas sea ofensivo en sí mismo; el comentario debe ser, además, una causa probable de hostilidad o desprecio hacia un grupo u origen étnicos. Se considera improbable que la mayor parte de las observaciones objeto de denuncias puedan crear problemas étnicos de importancia.
176.Si bien en Nueva Zelandia no se han tipificado como delito específico las expresiones de odio, en el artículo 131 de la Ley de derechos humanos de 1993 se establece la existencia del delito de incitación a la discordia racial.
1)Se considerará que ha cometido un delito y es pasible de ser condenado sumariamente a una pena de cárcel por un máximo de 3 meses o una multa de no más de 7.000 dólares neozelandeses, toda persona que, con intención de incitar a la hostilidad o la mala voluntad respecto de un grupo de personas de Nueva Zelandia sobre la base del color, la raza o el origen étnico o nacional de ese grupo, o de expresar desprecio o ridiculizar a ese grupo,
a)Publique o distribuya material escrito de carácter amenazador, insultante, o injurioso, o transmita por radio o televisión palabras amenazadoras, insultantes, o injuriosas; o
b)Utilice un espacio público (conforme a la definición del artículo 2 1) de la Ley de delitos sumarios de 1981), o pronuncie, de modo que puedan oírla otras personas, en un lugar público, o en una reunión a la que esté invitado o a la que tenga acceso el público, palabras amenazadoras, insultantes o injuriosas, si se trata de palabras o asuntos que puedan incitar a la hostilidad o a mala voluntad para con un grupo de personas de Nueva Zelandia sobre la base del color, la raza o el origen étnico o nacional de ese grupo, o expresar desprecio o ridiculizar a ese grupo.
No obstante, es más probable que la policía persiga los delitos de este tipo en virtud de la Ley penal de 1961 o la Ley de delitos sumarios de 1981.
177.Además, el hecho de que una persona haya sido víctima de un delito por pertenecer a un grupo determinado se puede considerar u agravante al emitir sentencia, en función de la Ley de condenas de 2002. En el apartado h) del párrafo 1 del artículo 9 de la ley, que entró en vigencia el 30 de junio de 2002, se establece que si un delincuente comete un delito motivado parcial o totalmente por su hostilidad hacia un grupo de personas con una característica común imperecedera, como la raza, el color o la nacionalidad, entre otras, los tribunales deben considerar este hecho como factor agravante al emitir sentencia. El origen de la hostilidad tiene que ser esa característica común y el agresor tiene que haber creído que la víctima tenía tal característica. La Ley de condenas codifica muchos de los principios que los tribunales ya aplicaban en la práctica, entre los que se incluyen los motivos raciales. En los párrafos 224 a 229 se describen formas de indemnizar a la víctima. Desde que entró en vigor la Ley de condenas ha habido pocos casos en los que haya procedido recurrir al apartado h) del párrafo 1 del artículo 9.
178.Después del último informe de Nueva Zelandia, se ha informado de un pequeño número de incidentes de hostigamiento y maltrato de algunos grupos étnicos. Según los periódicos, en 2005 hubo una cantidad bastante mayor que la normal de enjuiciamientos por delitos raciales. En la mayoría de los casos el hostigamiento o maltrato fue de poca monta, y rara vez hubo lesiones. Los incidentes no parecen haber sido parte de una pauta sistemática de ese tipo de hechos. Los miembros de la comunidad han tomado medidas para contrarrestarlos y promover la armonía entre las razas en Nueva Zelandia. Varios organismos públicos también han adoptado medidas para promover la armonía interracial, como se indica a continuación:
-En la Ley de derechos humanos (enmendada en 2001) se dispone que la Comisión de Derechos Humanos estimule el establecimiento y conservación de relaciones armoniosas entre las personas y entre los diversos grupos de la sociedad neozelandesa. La Comisión también tiene la función de promover, por medio de la investigación, la enseñanza y el debate, un análisis más profundo de los aspectos de derechos humanos del Tratado de Waitangi y la manera en la que éstos se vinculan con el derecho interno e internacional sobre derechos humanos. Con este objeto, la Comisión ha obtenido recursos y organizado foros públicos a fin de que el público sea más consciente de los aspectos de derechos humanos del Tratado (véase también el párrafo 27).
-La policía de Nueva Zelandia ha empezado a aplicar una estrategia destinada a mejorar las relaciones con las comunidades étnicas, a aumentar su contratación de miembros de las comunidades étnicas, a adiestrar a la policía y a orientar la labor policial hacia la prevención del delito de incitación a la discordia racial y de otros delitos relacionados con las relaciones interraciales. En la estrategia se plantea la necesidad de reconocer y adquirir conciencia de la persecución por motivos raciales y de mejorar el conocimiento y las competencias de la policía para desalentar la violencia generada por el racismo, la discriminación racial y la intolerancia que ésta genera.
-La Comisión de administración del Gobierno, que es una comisión parlamentaria, se encuentra investigando el "lenguaje de incitación al odio" con el fin de determinar si en la actualidad la Ley de derechos humanos ofrece protección adecuada a este respecto y si el alcance de la ley se debería extender a las áreas de la intolerancia religiosa y la homofobia. Sin embargo, en su acuerdo de apoyo y confianza con United Future (véase el párrafo 4), el Gobierno aceptó no apoyar iniciativa legislativa alguna que pusiera límites a la libertad de expresión por conducto de las denominadas "leyes sobre el lenguaje de incitación al odio". En consecuencia, no se espera reacción legislativa en esta materia durante la legislatura en curso.
2. Medidas adoptadas para declarar ilegales y prohibir las organizaciones, así como las actividades organizadas de propaganda y toda otra actividad de esa naturaleza, que promueven la discriminación racial e incitan a ella, y para reconocer que la participación en tales organizaciones o en tales actividades constituye un delito penado por la ley
179.Siguen teniendo vigencia las observaciones realizadas en los últimos informes de Nueva Zelandia con respecto a la proscripción de las organizaciones racistas (véanse también los párrafos 183 y 184).
3. Medidas adoptadas para no permitir que las autoridades ni las instituciones públicas locales o nacionales promuevan la discriminación racial o inciten a ella
180.La Ley de reforma de la Ley de derechos humanos de 2001 derogó el artículo 151 de la Ley de derechos humanos, que trata de la inmunidad del Gobierno con respecto a determinadas leyes y normas y de una la exención temporal de la tipificación de nuevas formas de discriminación. La Ley de reforma también derogó la exención relacionada con la inmigración, a pesar de que en la Ley de inmigración de 1987 se había agregado una cláusula por la que se otorgaba una exención de procedimiento única. La exención significa que no se puede recurrir al procedimiento de denuncias financiadas con fondos públicos en las demandas en que se denuncien discriminación al amparo de la Ley de inmigración, las normas reglamentarias correspondientes y cualquier norma que adquiera validez en virtud de esta ley. A la Comisión de Derechos Humanos le está prohibido, además, presentar o apoyar la presentación por terceros de demandas en que se invoque la Ley de inmigración, las normas reglamentarias o las normas generales antes mencionadas.
181.La única exención que subsiste en el artículo 153 corresponde a las medidas del Gobierno en las que se distingue entre los ciudadanos neozelandeses y otras personas, o entre ciudadanos del Commonwealth y extranjeros. La exención permite que se hagan solamente distinciones entre estos grupos, sin permitir la discriminación.
182.A pesar de que en la Ley de inmigración de 1987 se prevé una exención parcial de los controles por incumplimiento de los derechos humanos, las normas legislativas y las prácticas relacionadas con la inmigración siguen estando vinculadas a los estándares de no discriminación establecidos en la Ley de la carta de derechos de Nueva Zelandia de 1990. Esto significa que se debe velar por que las normas y las propuestas legislativas se ajusten al derecho de las personas a no ser discriminadas, reconociendo en el artículo 19 de la mencionada Ley de la carta de derechos en relación con la cual, además, se ha formulado toda una serie de medidas paliativas, entre ellas la responsabilidad por daños y perjuicios (con respecto a conductas o a normas discriminatorias) y las declaraciones de falta de congruencia de la legislación.
B. Información sobre las medidas pertinentes adoptadas para poner en práctica las Recomendaciones generales Nos. I del 24 de febrero de 1972, VII de 1985 y XV de 1993, en las cuales el Comité recomendaba que los Estados Partes en cuyas legislaciones hubiera omisiones en relación con las normas del artículo 4 estudiaran, por medio de los procedimientos legislativos imperantes en los respectivos países, la cuestión de incorporar a su legislación normas acordes con los requisitos de los incisos a) y b) del artículo 4 de la Convención
183.De acuerdo con lo indicado en el último informe, los artículos 61 y 63 de la Ley de derechos humanos de 1993, que tratan de la discordia y el hostigamiento raciales, contienen prohibiciones que se aplican a "toda persona". La interpretación legislativa (basada en la Ley de interpretación de las leyes de 1924 y en la Ley de interpretación de 1999, que la sustituyó), es que la palabra "persona" se refiere tanto a grupos y organizaciones como a individuos. La Ley de derechos humanos no prohíbe el establecimiento de organizaciones como tales. Sin embargo, en virtud de los artículos 61 y 63, es ilícito que cualquier organización publique material que pueda incitar a la hostilidad hacia cualquier grupo de personas o al desprecio de ese grupo por motivos de color, raza u origen nacional o étnico.
184.Además, cualquier persona u organización puede ser acusada, en virtud del artículo 131 de la ley (véase el párrafo 176), del delito de incitar a la discordia racial. El artículo 131 de la Ley de derechos humanos corresponde al artículo 25 de la Ley sobre relaciones interraciales de 1971, que la precedió. Cuando se estaba examinando la Ley de 1971, se consideró que su artículo 25 satisfacía debidamente las obligaciones enunciadas en el inciso b) del artículo 4 de la Convención.
185.El requisito de obtener consentimiento del Fiscal General del Estado para entablar demandas que invoquen el artículo 131 de la Ley de derechos humanos de 1993 tiene por objeto velar por que la ley se aplique debidamente. El requisito de que el Fiscal General evalúe las propuestas de demanda, en consonancia con otros principios relacionados con los derechos humanos, garantiza que:
1)Las personas no se expongan excesivamente a las onerosas consecuencias de juicios penales abusivos y no sustanciados; y
2)Se logre el debido equilibrio entre el derecho a la libertad de expresión que tienen las personas y la prevención de la instigación al odio racial.
Existen disposiciones similares en otras áreas del derecho (en relación con los crímenes de guerra, por ejemplo).
186.El requisito de que el Fiscal General deba autorizar a las demandas que invoquen el artículo 131 de la Ley de derechos humanos de 1993 no se ha establecido con la intención de crear una barrera contra los procedimientos penales; tampoco hay pruebas de ello. Desde 1994 sólo se han presentado nueve solicitudes de demanda al amparo del artículo 131 (o, con anterioridad, del artículo 26 de la Ley de relaciones interraciales de 1971). Los procedimientos vigentes funcionan bien y el Fiscal General ha podido revisar las solicitudes dentro de lapsos razonables. En el caso de una solicitud, el Fiscal General otorgó el consentimiento para incoar la acción al amparo del artículo 131, pero en el caso de las restantes, las demandas habrían sido improcedentes en función de los principios esbozados más arriba.
C. Información presentada de conformidad con la decisión 3 (VII), adoptada por el Comité el 4 de mayo de 1973
187.El artículo 131 de la Ley de derechos humanos de 1993 (véanse los párrafos 176, 183 y 184) tipifica un delito específico, penado con reclusión, para dar cumplimiento a las disposiciones de los incisos a) y b) del artículo 4.
Artículo 5
Información sobre las medidas legislativas, judiciales, administrativas y de otra índole que sirvan para poner en práctica las disposiciones del artículo 5 de la Convención; en particular, las medidas adoptadas para prohibir la discriminación racial en todas sus formas y para garantizar el derecho de toda persona a la igualdad ante la ley, sin distinción de raza, color u origen nacional o étnico, particularmente en el disfrute de los derechos que se enumeran en los incisos a) a f) del artículo 5 de la Convención
188.En lo tocante a la información sobre las medidas legislativas, judiciales, administrativas y de otra índole adoptadas en Nueva Zelandia, cabe citar los informes periódicos primero y tercero de Nueva Zelandia y las partes pertinentes del presente informe que se refieren a los artículos 2 y 4. El Comité también puede consultar los informes presentados por Nueva Zelandia como Estado Parte en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. En la Ley de derechos humanos de 1993 se preservan plenamente las disposiciones de la Ley de relaciones interraciales de 1971 y de la Ley sobre la Comisión de Derechos Humanos de 1977 que guardan relación con las disposiciones del artículo 5.
Derechos políticos
Gobierno nacional
189.La Ley electoral de 1993, por la que implantó el sistema de representación proporcional mixta (explicado en el párrafo 150 del informe anterior), sigue otorgando a la población maorí una representación por separado. Los maoríes siguen teniendo la opción de inscribirse en el padrón maorí o en el padrón general, sea en el primer empadronamiento (a los 18 años) o en cada período de opción para los maoríes, cada cinco años, a continuación de los censos nacionales. Todos los votantes maoríes tienen que optar por el padrón donde desean figurar. El sistema de representación proporcional mixta no establece una cantidad fija de escaños para los maoríes; ésta se determina al final del período de opción mediante una fórmula basada en la proporción de los maoríes que opta por figurar en cada padrón.
190.En la opción maorí más reciente, en 2001, la cantidad de maoríes en el padrón maorí fue suficiente para aumentar de 6 a 7 la cantidad de escaños maoríes en el Parlamento. En este momento, el 55% de los votantes maoríes están en el padrón maorí, lo que representa el porcentaje más elevado desde que empezó a aplicarse el sistema de los períodos de opción. El próximo período será en 2006.
191.Los maoríes también pueden ser elegidos parlamentarios a partir de listas generales. Después de la elección general de 2002, hubo 19 parlamentarios que declararon ser de ascendencia maorí y 21 después de la elección de 2005. Además, en la elección de 2002 se eligieron 3 parlamentarios de la población oriunda del Pacífico y 2 de Asia, cifras que se repitieron en 2005. Entre los partidos políticos inscritos en la Comisión Electoral para las elecciones generales, siempre hay algunos que representan específicamente a los maoríes, a las poblaciones oriundas del Pacífico y a otros grupos étnicos. El Partido Maorí, que se formó en 2004, obtuvo cuatro escaños reservados a los maoríes en 2005, con lo cual ingresaron en el Parlamento tres nuevos miembros maoríes.
192.En 2002, la proporción de votantes en Nueva Zelandia fue del 72,5% de la población en edad de votar (estimación), lo que contrasta con la media del 71% calculada por la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos respecto del período 1997‑2002. El porcentaje de votantes fue de 76,5% en 2005. El porcentaje de votantes en función de la cantidad de empadronados fue de 76,9% en 2002 y de 80,9% en 2005. Las encuestas electorales indican que los no votantes suelen pertenecer al grupo maorí o al grupo de oriundos del Pacífico. La Comisión electoral está tratando de aumentar la participación de los maoríes y de la población oriunda del Pacífico mediante proyectos de educación e investigación.
Autoridades locales
Ley de elecciones locales de 2001
193.Esta ley permite la constitución de zonas electorales maoríes en distintas ciudades y distritos y de distritos electorales maoríes en las regiones. Al igual que lo que sucede con los escaños parlamentarios maoríes, estas zonas y distritos electorales maoríes constituyen áreas en las que solamente el padrón maorí vota para elegir representantes. Las zonas y distritos electorales maoríes se superponen a los generales, que también abarcan una ciudad, distrito o región completa. En los lugares en que existen dichas zonas o distritos, los votantes tienen la misma cantidad de votos que cualquier otra persona.
Ley de administración local de 2002
194.En la Ley de administración local de 2002 se establece que todos los consejos deben:
-Crear y mantener oportunidades para que los ciudadanos maoríes participen en los procesos de adopción de decisiones;
-Velar por que funcionen los procesos de consulta con los maoríes y considerar formas de fomentar la capacidad de los maoríes para participar en los procesos de adopción de decisiones; y
-Proporcionar a los maoríes la información correspondiente.
195.Cuando un consejo deba tomar decisiones importantes en las que estén en juego tierras o aguas, los consejeros deben tener en cuenta la relación especial existente entre la cultura y las tradiciones maoríes y las tierras, aguas, sitios y wāhi tapu (lugares sagrados) ancestrales, la flora y fauna que tanto valoran y demás taonga. Esta disposición es análoga a las que deben observar los consejos cuando toman decisiones vinculadas a la Ley de gestión de recursos de 1991.
196.La Ley de administración local de 2002 también establece que los consejos, al tomar decisiones, deben tener en cuenta la opinión y las preferencias de todas las personas que puedan resultar afectadas por el asunto en cuestión o cuyos intereses estén en juego. En la ley se estipulan principios en el sentido de que todo consejo, al hacer consultas, debe:
-Dar a las personas cuyos intereses estén en juego en una cuestión determinada un acceso razonable a la información pertinente y disponer que ésta se presente de una manera y en un formato adecuados a las preferencias y necesidades de tales personas; y
-Estimular a las personas cuyos intereses estén en juego en un asunto determinado a que presenten sus opiniones al consejo.
197.La Ley de administración local de 2002 establece que los consejos también son responsables del desarrollo y mantenimiento de relaciones interraciales positivas en las distintas comunidades respectivas. Los consejos tienen que preparar planes comunitarios a largo plazo sobre cuestiones relacionadas con el bienestar económico, social, cultural y ambiental de la comunidad de que se trate. En los planes deben reflejarse las consultas con la comunidad; en muchos de ellos se destaca la importancia de establecer comunidades participativas y de diversidad étnica. Muchos consejos también han participado intensamente en actividades de fomento del desarrollo comunitario, el asentamiento de migrantes y la realización de eventos culturales que han contribuido a celebrar la diversidad étnica y a generar relaciones armoniosas.
Derechos civiles
Empleo
198.En los párrafos 92 a 100 se detallan las medidas tomadas por el Gobierno para lograr que los maoríes, los pueblos del Pacífico y otros grupos étnicostengan acceso a oportunidades de empleo. A este respecto, todos los residentes de Nueva Zelandia disfrutan de la totalidad de los derechos establecidos el artículo 5 de la Convención. Los derechos de empleo (como los derechos de firmar convenios escritos, de disponer de procedimiento de reclamación y de no ser discriminados ni hostigados) están protegidos por la Ley de relaciones laborales de 2000 y la Ley de derechos humanos de 1993, que abarca a toda la población de Nueva Zelandia.
199.Si una persona se enfrenta con una situación de discriminación racial en el empleo, puede presentar una denuncia de discriminación racial invocando la Ley de derechos humanos o la Ley de relaciones laborales, pero no ambas a la vez. Desde 1999 hasta el 30 de junio de 2005 ha habido 12 casos de demandas personales por discriminación racial u hostigamiento en que se ha invocado la Ley de relaciones laborales de 2000. De las 304 demandas por discriminación racial recibidas por la Comisión de Derechos Humanos en 2004, 64 (alrededor del 16%) correspondieron a situaciones de empleo o de selección para obtener empleo. Las demás fueron reclamaciones por hostigamiento racial. Algunas de las demandas tuvieron relevancia suficiente para que los afectados fueran a la huelga y, en dos de los casos, renunciaran. En 2005, la Comisión recibió 597 denuncias de discriminación racial, de las cuales 142 siguieron el trámite de los servicios de resolución de controversias de la Comisión. Aproximadamente el 20% de estas 142 denuncias (29 denuncias) correspondieron a cuestiones de empleo.
200.A pesar de que las investigaciones y las pruebas indican que los nuevos inmigrantes y los refugiados tienen dificultades para conseguir empleo, esa situación no se refleja en las reclamaciones. Esta aparente anomalía puede deberse a que el período de estudio de las reclamaciones coincidió con un período en el que el índice de desempleo era relativamente bajo, que era posible recurrir a otros mecanismos de reclamación y que, al menos entre los refugiados, no se conocían los mecanismos de reclamación, había barreras idiomáticas o se creía que la presentación de una reclamación podía afectar a las condiciones de su residencia o a la posibilidad de traer al país a otros familiares.
Vivienda
201.El derecho a una vivienda adecuada sigue siendo una expectativa fundamental de la sociedad de Nueva Zelandia. El Gobierno tiene dos modalidades para ayudar a los que necesitan una vivienda:
-El suplemento de vivienda, que ofrece asistencia financiera para ayudar a las personas de bajos ingresos a solventar los gastos de vivienda, independientemente de la situación de esas personas (es decir, tanto los arrendatarios y pensionistas como los propietarios pueden recibir esta ayuda);
-Un sistema de ajustes de alquileres según los ingresos para los arrendatarios de viviendas de propiedad pública.
También ha venido aumentando, aunque siempre en pequeña escala, la ayuda del Gobierno a las personas que aspiran a la casa propia. La adopción de un sistema de seguros de hipoteca tiene por finalidad aumentar la cantidad de propietarios entre los neozelandeses de ingresos medios. También ha aumentado la atención que se presta a las necesidades de vivienda de los refugiados y los nuevos inmigrantes.
Vivienda para los maoríes
Cuadro 1
Comparación de índices de ayuda de alquiler y vivienda entre arrendatarios maoríes y neozelandeses de origen europeo
(En porcentaje)
|
Población |
Propietarios |
Arrendatarios |
Beneficiarios del sistema de ajustes de alquiler de viviendas de propiedad pública |
Beneficiarios del suplemento de vivienda |
|
|
Maoríes |
15 * |
47 |
53 |
30 ** |
28 |
|
Neozelandeses de origen europeo |
80 * |
73 |
27 |
33 ** |
46 |
* Hay personas que se consideran parte de más de un grupo étnico (el 8% de la población neozelandesa se consideraba en esta categoría en 2001).
** Se considera la filiación étnica del arrendatario original.
202.Hay una serie de factores que afectan negativamente a las posibilidades de los maoríes de acceder a una vivienda y de seguir ocupando viviendas dignas. Entre ellos, se cuentan el nivel de ingreso, el desempleo, familias más numerosas de lo habitual y la juventud relativa de la población maorí. A ello se debe que el porcentaje de propietarios sea mucho más bajo entre los maoríes que entre la población en general (véase el cuadro 1 supra) y que el porcentaje de arrendatarios entre los maoríes sea proporcionalmente mucho mayor.
203.La mayor parte de la ayuda para vivienda destinada a los maoríes se canaliza por los sistemas de suplemento de vivienda (66.000 maoríes de un total de 236.000 beneficiarios) y de alquiler de viviendas de propiedad pública (18.820 arrendatarios de un total de 63.132 maoríes). Entre un pequeño número de programas de ayuda destinados a las áreas en que los maoríes encuentran dificultades figuran:
-Un programa de préstamos a personas de bajos ingresos de las zonas rurales, iniciado en 1995, que ofrece préstamos a bajo interés a familias de las zonas rurales de la isla Norte;
-El Programa de vivienda rural, iniciado en 2001, que ofrece ayuda a las familias que ocupan viviendas precarias en las zonas rurales de la isla Norte.
Viviendas para las poblaciones oriundas del Pacífico
Cuadro 2
Comparación de índices de ayuda de alquiler y vivienda entre arrendatarios oriundos del Pacífico y los neozelandeses de origen europeo
(En porcentaje)
|
Población |
Propietarios |
Arrendatarios |
Beneficiarios del sistema de ajustes de alquiler de viviendas de propiedad pública |
Beneficiarios del suplemento de vivienda |
|
|
Poblaciones oriundas del Pacífico |
7 * |
38 |
62 |
24 ** |
6 |
|
Neozelandeses de origen europeo |
80 * |
73 |
27 |
33 ** |
46 |
* Hay personas que se consideran parte de más de un grupo étnico (el 8% de la población neozelandesa se consideraba en esta categoría en 2001).
** Se considera la filiación étnica del arrendatario original.
204.Las poblaciones oriundas del Pacífico tienen posibilidades limitadas de acceder a las viviendas y de seguir ocupando viviendas dignas (véase el cuadro 2 supra) por razones similares a las expuestas en relación con los maoríes.
205.Uno de los problemas habitacionales de las poblaciones oriundas del Pacífico es el hacinamiento y sus consecuencias sanitarias. El Programa viviendas y salud es una iniciativa conjunta de la Corporación de la Vivienda de Nueva Zelandia y varias juntas sanitarias de distrito, que está dirigida a las localidades con grandes necesidades sanitarias y con una gran concentración de propiedades de la Corporación de la Vivienda. Tiene la finalidad de ayudar a las familias con altos índices de ingreso en los hospitales debido a enfermedades infecciosas prevenibles ofreciendo, por ejemplo, viviendas con más dormitorios a los núcleos familiares más numerosos. Desde su puesta en marcha, en 2001, el Programa viviendas y salud ha prestado ayuda a 2.800 familias.
Acceso a viviendas alquiladas
206.En la Ley de alquileres de 1986 se declara ilegal toda discriminación en materia de contratos de alquiler que contravenga la Ley de derechos humanos de 1993. El artículo 53 de la Ley de derechos humanos establece la ilegalidad de ciertos actos relacionados con la disponibilidad de tierra, vivienda y otro tipo de habitación si tales actos son ocasionados por cualquiera de los motivos de discriminación prohibidos en el artículo 21 de la ley. Las reclamaciones por discriminación se pueden presentar al Tribunal de alquileres invocando ya sea la Ley de alquileres o la Ley de derechos humanos, en primera instancia por conducto de la Comisión de Derechos Humanos. En el período que se examina, el Tribunal de alquileres ha recibido 26 denuncias de discriminación y otras 82 en que la discriminación se ha mencionado junto a otros cargos. En esas cifras no se distingue entre la discriminación racial y otros tipos de discriminación.
207.Actualmente la Ley de alquileres está en estudio con el fin de resolver cualquier problema de discriminación que pueda observarse en ella. Se está dando difusión por escrito, en inglés y en una cantidad cada vez mayor de lenguas minoritarias, a los derechos y las obligaciones de los arrendatarios y de los propietarios a fin de que todos los propietarios tienen conocimiento de la necesidad de evitar la discriminación y que los arrendatarios adquieran conciencia de que tienen derecho a la igualdad de trato.
I nmigración
208.En el Programa de inmigración de Nueva Zelandia se prevén en la actualidad tres grupos de inmigrantes: trabajadores cualificados y comerciantes (60% del programa), inmigrantes patrocinados por una familia (30%) e inmigrantes internacionales e inmigrantes que aducen situaciones humanitarias (10%). En el anexo 7 figura información detallada sobre estos grupos.
209.En general, sigue siendo muy variada la gama de países de origen de los inmigrantes que llegan a Nueva Zelandia. En el ejercicio económico 2004-2005, el país de origen con la mayor cantidad de aceptaciones de solicitudes de residencia en el grupo de trabajadores cualificados y comerciantes fue el Reino Unido, seguido por la República de Sudáfrica, la República Popular China y la República de la India (en ese orden). En el mismo ejercicio, los países de origen que obtuvieron la mayor cantidad de aceptaciones de solicitudes de residencia en el grupo de inmigrantes patrocinados por familias fueron el Reino Unido, la República Popular China, la República de la India y la República de las Islas Fiji. En el grupo de inmigrantes internacionales o que aducían situaciones humanitarias, la mayoría de las aprobaciones se tramitaron en virtud de la categoría de acceso de poblaciones del Pacífico y del cupo samoano, lo cual refleja la relación especial que existe entre Nueva Zelandia y diversos países del Pacífico. Los afganos constituyeron el grupo más numeroso de refugiados (ingresan en Nueva Zelandia con arreglo al cupo para refugiados), seguidos por los somalíes.
210.Es probable que haya más cambios en las políticas de inmigración de Nueva Zelandia. En mayo de 2005, el Ministro de Inmigración anunció que se iba a reconsiderar la Ley de inmigración de 1987 en virtud de los cambios significativos que se habían producido en las necesidades de Nueva Zelandia y en el ambiente internacional desde 1987. Esta reconsideración sigue en proceso de examen.
Normas de asentamiento para los inmigrantes
211.Las normas de asentamiento para los inmigrantes y refugiados tienen por objeto lograr que los inmigrantes y refugiados se adapten adecuadamente a la vida en Nueva Zelandia en el lapso más breve posible, de manera que lleguen a participar plenamente en la vida económica, social y cultural de Nueva Zelandia. La Estrategia de asentamiento en Nueva Zelandia, comenzada a aplicar en diciembre de 2004, ofrece un marco para establecer todas las normas y servicios necesarios para el asentamiento de los inmigrantes. Se basa en un esquema que abarca la administración pública en su totalidad y tiene por fin lograr resultados convenidos en lo referente al asentamiento de los inmigrantes, los refugiados y sus familias, con arreglo a los seis objetivos siguientes:
i)Obtención de empleos acordes a su preparación;
ii)Obtención de acceso a la información que corresponda y de servicios que respondan adecuadamente a sus necesidades;
iii)Aprendizaje y uso corriente del inglés en entornos neozelandeses u obtención de ayuda específica para aprender el idioma;
iv)Adquisición de capacidad para establecer redes sociales de apoyo e identidades comunitarias perdurables;
v)Adquisición de confianza para manifestar la identidad étnica sin temor, y para ser aceptados en la comunidad en general e incorporarse a ella; y
vi)Participación en las actividades cívicas, comunitarias y sociales.
212.La estrategia se materializa en una amplia gama de iniciativas desarrolladas en todas las áreas de la administración pública y estimula la vinculación entre las autoridades locales y el gobierno nacional, las organizaciones comunitarias, el comercio, la industria y las comunidades locales a fin de ofrecer oportunidades y apoyo a los inmigrantes y refugiados.
213.La Oficina de Asentamiento de Inmigrantes, constituida recientemente y dependiente del Ministerio de Trabajo, ha comenzado a poner en práctica la Iniciativa neozelandesa de apoyo al asentamiento de inmigrantes, que mejorará las posibilidades de acceso de los inmigrantes a los servicios de información y de orientación, y alentará la planificación conjunta del asentamiento de los inmigrantes entre los servicios pertinentes del ámbito local. El Departamento de Trabajo y la Oficina de Estadística de Nueva Zelandia han puesto en marcha un trabajo de investigación cuantitativa a largo plazo denominado "Encuesta longitudinal sobre la inmigración: Nueva Zelandia". La encuesta ofrecerá datos fidedignos sobre las primeras experiencias de asentamiento de los inmigrantes en Nueva Zelandia y sobre los resultados de las políticas de inmigración. La información se usará para mejorar los procesos de selección de inmigrantes y las normas de asentamiento para éstos, contribuirá a la evaluación de los efectos de la inmigración en la sociedad y la economía neozelandesas.
Refugiados
214.La información sobre refugiados y solicitudes de concesión de la condición de refugiado, incluida la actitud de Nueva Zelandia ante los solicitantes de asilo que se presentaron después del 11 de septiembre de 2001, se consignó en el tercer informe periódico que Nueva Zelandia presentó al Comité contra la Tortura (CAT/C/49/Add.3).
Artículo 6
A. Información sobre las medidas legislativas, judiciales, administrativas y de otra índole que sirvan para poner en práctica las disposiciones del artículo 6 de la Convención y, en especial, las medidas adoptadas para asegurar a todas las personas que se encuentren bajo la jurisdicción del Estado que presenta el informe que gozarán de protección y recursos efectivos ante los tribunales nacionales competentes y otras instituciones del Estado contra todo acto de discriminación racial que viole sus derechos humanos y libertades fundamentales en contravención de lo que establece la Convención
215.De acuerdo con lo especificado en el párrafo 18, la Ley de reforma de la Ley de derechos humanos de 2001 fusionó la Comisión de Derechos Humanos y la Oficina del Conciliador para las Relaciones Raciales en un solo organismo (la Comisión de Derechos Humanos). La misión principal de la nueva Comisión es concentrarse en las relaciones interraciales. Actualmente la Comisión tiene un Comisionado de Relaciones Raciales de tiempo completo que ofrece orientación en este campo.
216.Como parte del proceso de fusión, se constituyó un equipo de relaciones étnicas e interraciales para que prestara asistencia al Comisionado de Relaciones Raciales. El equipo, que tiene integrantes en Auckland, Wellington y Christchurch, ofrece educación e información sobre relaciones étnicas e interraciales y realiza análisis legales y normativos para las presentaciones que se hacen llegar al Gobierno y otros organismos.
217.Se ha hecho referencia anteriormente al papel de la Comisión con relación al aspecto conexo de los derechos humanos, en particular con las relaciones interraciales, del Tratado de Waitangi. El Comisionado de Relaciones Raciales tiene la responsabilidad específica de dirigir los debates de la Comisión sobre las relaciones interraciales y de prestar asesoramiento y orientación en las cuestiones de relacionados con las relaciones interraciales.
218.Una de las actividades principales del Comisionado de Relaciones Raciales es la de impartir educación, por lo que desarrolla un programa de disertaciones en actos, congresos y reuniones. De acuerdo con lo expuesto en el párrafo 14, en febrero de 2004, la Comisión, conjuntamente con la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, organizó en Auckland la primera mesa redonda internacional sobre relaciones interraciales.
219.La tramitación de las denuncias y las investigaciones sigue siendo uno de los aspectos más importantes de la labor de la Comisión. Ello permite que las personas y los grupos cuenten con una vía de recurso legal en casos de discriminación por motivos de color, raza u origen étnico o nacional. Las denuncias también constituyen un barómetro de los asuntos de discriminación racial que preocupan a los neozelandeses.
220.Los servicios de resolución de controversias que se reseñan en el párrafo 21 reemplazaron al sistema anterior de conciliación y determinación de reclamaciones de discriminación, hostigamiento racial y discordia racial. Las reclamaciones recibidas por el Conciliador de Relaciones Raciales y la Comisión de Derechos Humanos desde 1999 se enumeran en el anexo 6. La información sobre la labor y las actividades específicas del Comisionado de Relaciones Raciales se puede consultar en el sitio web de la Comisión de Derechos Humanos (http://www.hrc.co.nz) y en los informes de la Comisión titulados Race Relations in 2004 (Relaciones interraciales en 2004) (véase el anexo 2) y Race Relations in 2005 (Relaciones interraciales en 2005) (véase el anexo 3).
B. Información sobre las medidas adoptadas para lograr que toda persona tenga el derecho a pedir a tales tribunales la satisfacción o reparación justa y adecuada por todo daño de que pudiera haber sido víctima como consecuencia de tal discriminación
221.El artículo 6 de la Ley de derechos humanos de 1993 (enmendada en 2001) modificó la manera en que la Comisión incoaba procedimientos al amparo de la Ley de sentencias declarativas de 1908. En el artículo se eliminaron las referencias al Comisionado de Actuaciones y se reemplazaron por otras referidas al Director de Actuaciones en materia de Derechos Humanos; se establece, además, que las obligaciones de la Comisión corresponden a lo dispuesto en el apartado a) del párrafo 2) del artículo 5.
222.También se debe tener en cuenta que la caducidad del artículo 151 y la puesta en vigencia de la Sección IA han extendido la disponibilidad del proceso público de resolución de reclamaciones a las demandas presentadas contra el Gobierno. De igual manera, el Tribunal de Examen de Denuncias en materia de Derechos Humanos (ex Tribunal de Examen de Quejas) dispone de diversas opciones para expedirse con respecto a las denuncias comprobadas contra el Gobierno hechas al amparo de la sección IA.
C. Información sobre la práctica y las decisiones de los tribunales y otros órganos judiciales y administrativos en los casos de discriminación racial de acuerdo con la definición de ésta que figura en el artículo 1 de la Convención
223.La información relacionada con la práctica y las decisiones del Conciliador y del Comisionado de Relaciones Raciales se encuentra en los informes del organismo. Los informes de los ejercicios cerrados desde el 30 de junio de 2000 hasta el período 2004-2005 figuran en el anexo 1.
D. Información sobre la R ecomendación general Nº XXVI relativa al artículo 6 de la Convención (2000)
224.En Nueva Zelandia, la disposición de que se fije una indemnización económica por los daños sufridos por la víctima de un delito no se limita a los casos de discriminación racial sino que es aplicable a todas las sentencias. De acuerdo a lo expuesto en el párrafo 177, el apartado h) del párrafo 1 del artículo 9 de la Ley de condenas de 2002 establece que, al dictar sentencia o tomar otra disposición respecto de un delito, el tribunal debe considerar si el delito ha estado motivado parcial o totalmente por la hostilidad hacia un grupo de personas con una característica común imperecedera, como pueden ser, entre otras, la raza, el color o la nacionalidad. El apartado h) del párrafo 1 del artículo 9 constituye fundamentalmente una codificación de principios que ya aparecen en la jurisprudencia, que ha sostenido que si un delito ha sido motivado por la hostilidad hacia un grupo determinado esta circunstancia debe considerarse un agravante al dictarse la sentencia.
225.La pena de fijar una indemnización económica ha formado parte de la práctica del sistema de justicia penal de Nueva Zelandia desde 1985. La legislación vigente sobre penas, regida por la Ley de condenas de 2002, hace hincapié en la indemnización de la víctima por el agresor. El tribunal fija una indemnización económica si el agresor, al realizar la acción causante de la condena, ha hecho que la víctima sufra:
a)Pérdida o daños de sus bienes; o
b)Daño emocional; o
c)Pérdidas o daños como consecuencia de cualquier daño físico o psicológico o de cualquier pérdida o daño de sus bienes.
226.No puede concederse una indemnización económica por daños físicos en la medida en que la víctima vaya a ser indemnizada por la Empresa de seguros de indemnización y rehabilitación por accidentes, que funciona sin que se adjudiquen culpas y ofrece cobertura por daños personales a todo quien habite territorio neozelandés: ciudadanos, residentes e inmigrantes temporales.
227.Si el tribunal está habilitado para imponer penas de indemnización económica, debe dictarlas, a menos que tenga la seguridad de que la pena resultaría excesivamente gravosa para el condenado o las personas a su cargo, o de que haya otras circunstancias por las que la pena sea inapropiada. Si el tribunal no dicta una pena de indemnización económica cuando la ley le permite hacerlo, debe fundamentar su decisión.
228.También existe la posibilidad de que el agresor y la víctima opten por participar en una audiencia de justicia restitutoria, foro relativamente informal en el que ambas partes pueden exponer los hechos y sopesar una posible solución, por ejemplo, una disculpa con o sin indemnización económica. Al dictar sentencia contra el agresor, el tribunal tiene que tener en cuenta lo decidido en el proceso de justicia restitutoria.
229.También es posible que el agresor se ofrezca espontáneamente a enmendar su falta, sea económicamente, sea ofreciendo una disculpa, realizando un trabajo, prestando un servicio o por cualquier otro medio, lo cual también es tenido en cuenta por el tribunal al dictar sentencia.
Artículo 7
Información sobre las medidas legislativas, judiciales, administrativas y de otra índole que sirven para poner en práctica las disposiciones del artículo 7 de la Convención, la Recomendación general Nº V de 13 de abril de 1977 y la decisión 2 (XXV) de 17 de marzo de 1982, en virtud de la cual el Comité aprobó las directrices adicionales para la aplicación del artículo 7
A. Educación y enseñanza
230.La información sobre los programas de educación para los maoríes, las poblaciones oriundas de las islas del Pacífico y los miembros de otras minorías étnicas aparece en el presente informe en relación con el apartado b) del artículo 2. Con respecto a la educación sobre los derechos humanos, de acuerdo con lo establecido en los artículos 2, 4 y 6, una de las funciones de la Comisión de Derechos Humanos y del Comisionado de Relaciones Raciales es educar a la comunidad en lo concerniente a los derechos humanos.
B. Cultura
231.Para obtener más información pertinente a esta sección, se remite al Comité a las respuestas consignadas en el presente informe en relación con los apartados a) y b) del artículo 2, que tratan de las funciones de los organismos oficiales, como el Te Puni Kōkiri y las instituciones comunitarias, en cuanto a la conservación y el fomento de toda la gama de culturas y tradiciones de Nueva Zelandia y a los alicientes a la aceptación mutua. Las autoridades locales también cumplen una función en el fomento y mantenimiento de relaciones interraciales positivas en las comunidades locales, mediante, entre otras cosas, el apoyo a las manifestaciones culturales (véase el párrafo 197). A continuación se describen las actividades de diversos organismos e instituciones que tienen el mandato específico de promover y proteger el patrimonio y la diversidad culturales de Nueva Zelandia.
232.Los Archivos de Nueva Zelandia son el custodio oficial de los documentos patrimoniales del Gobierno de Nueva Zelandia. Entre sus posesiones se encuentran las versiones originales del Tratado de Waitangi y los archivos del Gobierno, además de registros, mapas, pinturas y fotografías. Las funciones principales de los Archivos son garantizar que las actividades gubernamentales queden documentadas y que los registros de valor perdurable se custodien permanentemente, así como posibilitar el acceso a tales registros. El material depositado en los Archivos de Nueva Zelandia es testimonio de las actividades gubernamentales a través del tiempo y, en consecuencia, un importante instrumento de rendición de cuentas. Además, proporciona al público elementos para comprender la historia y documentar las relaciones entre los maoríes y la Corona. Los Archivos se usan con frecuencia para investigar las reclamaciones que invocan el Tratado de Waitangi y para confeccionar los whakapapa (árboles genealógicos).
233.La Biblioteca Nacional de Nueva Zelandia se distingue de las demás bibliotecas nacionales porque depende del Gobierno central y está regulada por la Ley de la Biblioteca Nacional de Nueva Zelandia (Te Puna Mātauranga o Aotearoa) de 2003. La Biblioteca Nacional tiene por objeto enriquecer la vida cultural y económica de Nueva Zelandia y los intercambios con otros países mediante la recopilación, preservación y protección de documentos, especialmente de los relacionados con Nueva Zelandia y las islas del Pacífico, y ofrecer la posibilidad de que esos documentos estén al alcance de todos los habitantes de Nueva Zelandia. Los maoríes, por el hecho de ser tangata whenua, guardan una relación especial con buena parte de los elementos al cuidado de la Biblioteca Nacional y, en particular, con los de la Colección Alexander Turnbull. La Biblioteca ha reafirmado su compromiso de seguir dando preeminencia a las colecciones maoríes en el mundo y ha habilitado una oficina de servicios a los maoríes que fomenta las relaciones con las iwi y los grupos maoríes. La Ley de la Biblioteca Nacional establece que la Biblioteca debe responder a los intereses culturales de los maoríes.
234.La Biblioteca Nacional organiza frecuentes talleres, exposiciones y actividades para que la población conozca la diversidad del patrimonio cultural de Nueva Zelandia por distintas vías, entre las que figuran la literatura, las representaciones teatrales y los trabajos conjuntos con otras instituciones culturales. La Biblioteca logró gran éxito con dos exposiciones sobre la historia de las comunidades china y de Tonga en Nueva Zelandia y las contribuciones de esos grupos al desarrollo económico, cultural y social del país. La Biblioteca Nacional también se interesa vivamente en que se supere la brecha entre los que tienen acceso a la tecnología digital y los que no lo tienen, por lo que ha instado enérgicamente a la población indígena a participar de lleno de la Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información para interiorizarse de las innovaciones de la tecnología de la información y las comunicaciones.
235.El Ministerio de Cultura y Patrimonio proporciona asesoramiento sobre política cultural, en particular respecto de los derechos sobre los bienes culturales y su protección. Entre sus principales actividades en el período que se examina han figurado prestar asesoramiento y realizar programas relacionados con los derechos sobre el patrimonio cultural y la protección del patrimonio cultural tangible e intangible, en particular, el patrimonio maorí. El Ministerio de Cultura y Patrimonio también asigna fondos a distintos organismos y programas culturales, como "Creative New Zealand" (Consejo de las Artes de Nueva Zelandia), Te Papa Tongarewa, NiuFM, "Television New Zealand" (Televisión de Nueva Zelandia), "New Zealand On Air" (Nueva Zelandia en el aire), la Fundación de Lugares Históricos y Te Matatini (Sociedad de Artes Escénicas Tradicionales Maoríes Aotearoa).
236.La Fundación de Lugares Históricos de Nueva Zelandia está encargada de establecer y llevar un registro del patrimonio histórico y cultural de Nueva Zelandia, incluidos zonas y lugares históricos y wāhi tapu. Según la Ley de lugares históricos de 1993, cualquier persona puede dirigirse al Consejo del Patrimonio Maorí, dependiente de la Fundación de Lugares Históricos, para solicitar que se asiente cualquier wāhi tapu o área de wāhi tapu en dicho registro. Además, el Consejo del Patrimonio Maorí ofrece asesoramiento y ayuda a la Junta Directiva de la Fundación respecto de cuestiones relacionadas con el patrimonio maorí y, en especial, vela por que, al ejercer su autoridad y cumplir sus funciones de proteger las wāhi tapu, las áreas de wāhi tapu y los lugares y zonas históricas de interés para los maoríes, satisfaga debidamente las necesidades culturales de los grupos maoríes, además de establecer y reflejar una perspectiva bicultural. Las leyes también protegen los sitios arqueológicos al declarar ilegales las acciones de todo aquel que destruya, dañe o modifique parcial o totalmente un sitio arqueológico sin previa autorización de la Fundación.
237.El Museo de Nueva Zelandia Te Papa Tongarewa sigue siendo una institución bicultural prominente que cuenta con un Kaihautū (jefe maorí) encargado de orientar las cuestiones normativas biculturales en del Museo. Esta perspectiva se fortalece con la organización frecuente de exposiciones en las que participan las iwi y con el hecho de que la marae (casa de reunión) esté ubicada en el centro del Te Papa. En 2003, el Gobierno aprobó y asignó fondos para llevar adelante una política de repatriación de los kōiwi tāngata (restos ancestrales de los maoríes) y designó al Te Papa entidad oficial de la Corona encargada de repatriar los kōiwi que se encontraran en instituciones extranjeras. En las instituciones y las colecciones de museos del extranjero, los kōiwi se presentan, por lo general, como artefactos de valor cultural, pero para los maoríes tienen una gran importancia espiritual, por lo que aspiran a que dichos restos sean repatriados a Nueva Zelandia.
238.El organismo Creative New Zealand (Consejo de las Artes de Nueva Zelandia), tiene dos juntas de distribución de fondos: la Junta para las Artes (de la cual depende el Comité para las Artes de las Islas del Pacífico) y la Te Waka Toi (Junta Maorí para las Artes). Una de las tareas importantes del Creative New Zealand ha sido la introducción de la marca Toi Iho (producto maorí), que es una forma de certificar los derechos de propiedad intelectual y la autenticidad cultural de las obras de arte maoríes.
239.La organización Toi Māori Aotearoa (Arte maorí de Nueva Zelandia) es financiada por Creative New Zealand y se encarga de fomentar las artes maoríes. En 2005, Toi Māori propició una importante gira de la exposición Toi Māori: The Eternal Thread (Arte maorí: la trama imperecedera) por América del Norte.
240.La Sociedad Te Matatini (conocida anteriormente como Comisión Organizadora del Festival Polinesio, y, desde 1998, como Sociedad de Artes Escénicas Tradicionales Maoríes Aotearoa), inició sus actividades en 1972 y es financiada por el Ministerio de Cultura y Patrimonio. Su principal objetivo es el de lograr un progreso sostenido de las artes escénicas maoríes apoyando las competiciones nacionales kapa haka (artes escénicas maoríes) y el desarrollo regional de las 14 rohe (áreas tribales) que constituyen la Sociedad, y participando en festivales, actuaciones, exposiciones, wānanga, seminarios, talleres, clases magistrales y artes escénicas maoríes en las escuelas, así como haciéndose presente en el Festival de las Artes del Pacífico Sur y en otros festivales y acontecimientos internacionales.
241.La música popular también representa un ámbito de logros importantes en la cultura maorí y de las islas del Pacífico, pues hay varios artistas maoríes y de la población oriunda de las islas del Pacífico que han ganado prestigio internacional en el período que se examina. El Gobierno brinda apoyo al desarrollo de la música popular como manifestación cultural (véanse también los párrafos 244 y 246).
Fomento de la tolerancia y la armonía interracial
242.El Gobierno ha llevado a cabo una serie de actividades para fomentar la tolerancia y la comprensión entre los diferentes grupos raciales, étnicos y religiosos, por ejemplo:
Día de las Relaciones Interraciales. A partir de 2002, la Comisión de Derechos Humanos ha venido promoviendo la celebración del Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial con el nombre de Día de las Relaciones Interraciales. Para ello se elige un tema y se preparan carteles y el material educativo correspondientes. La participación de la comunidad en esta celebración es cada vez mayor y comprende principalmente a las escuelas, las autoridades locales, los medios de comunicación, el sector de las artes y los distintos grupos étnicos.
Decenio Internacional de las Poblaciones Indígenas del Mundo. El Te Puni Kōkiri (Ministerio de Desarrollo Maorí) fue el principal responsable de poner en marcha el plan de acción nacional de Nueva Zelandia para el primer Decenio. Las actividades de Nueva Zelandia en la primera mitad de ese Decenio estuvieron orientadas hacia la He Taonga Te Reo Māori (La lengua maorí es un tesoro), mientras que la segunda mitad estuvo dedicada a los He Taonga Tuku Iho no Ngā Tipuna (Los tesoros legados por los antepasados). Se financiaron varios congresos importantes, publicaciones, intercambios entre grupos indígenas, así como grabaciones y material lingüístico a fin de realzar los objetivos del primer Decenio y sensibilizar a la comunidad a ese respecto.
Programa de Información sobre el Tratado de Waitangi. En mayo de 2003 el gabinete convino en poner en marcha un Programa de Información sobre el Tratado de Waitangi y le asignó 6,47 millones de dólares neozelandeses para el período comprendido entre junio de 2003 y junio de 2006. El objetivo de este programa es el de aumentar el conocimiento del público sobre el Tratado de Waitangi coordinando los recursos existentes y agregando ideas y recursos nuevos, por ejemplo, material impreso (tanto material didáctico como folletos y volantes) y recursos electrónicos. Con ello se persigue aumentar el alcance, la distribución, la facilidad de acceso y el suministro de información fáctica sobre el Tratado. El párrafo 27 del presente se refiere a la labor de las dependencias de información sobre el Tratado de Waitangi para propiciar debates, dentro de la comunidad, sobre el lugar del Tratado en la Nueva Zelandia contemporánea.
Fondo para la Celebración del Día de Waitangi. Este Fondo permite financiar actividades en conmemoración de la firma del Tratado de Waitangi en 1840 y promover el desarrollo de una conciencia nacional y de pertenencia a las comunidades. Se aprueba la financiación de las actividades que alientan la participación de una mayor gama de comunidades, en especial, de autoridades locales o comunitarias en acción conjunta con las tangata whenua en la celebración del Día de Waitangi. Entre las actividades de este tipo se pueden mencionar los días de la comunidad en Lower Hutt y Manukau City, en los cuales las tangata whenua organizan coloquios sobre el Tratado y talleres de expresión artística.
Programa de acción sobre la diversidad de Nueva Zelandia. La Comisión de Derechos Humanos cumplió una función central en la puesta en marcha del programa de acción sobre la diversidad de Nueva Zelandia, establecido en agosto de 2004 de resultas de un foro sobre el elemento de diversidad del país que tuvo lugar en el Parlamento. El foro se había reunido tras la profanación de dos cementerios judíos y un ataque contra un grupo de jóvenes refugiados somalíes en Wellington. El programa consiste en diez etapas destinadas a fortalecer la diversidad cultural y funciona conforme a un principio de participación. Las organizaciones participantes, entre las que se cuentan el gobierno nacional, las autoridades locales, las universidades, las empresas y las organizaciones religiosas, proponen una o más actividades que puedan contribuir al logro de los diez objetivos.
Fundación del impuesto de capitación. En 2002 el Primer Ministro presentó una disculpa formal a la comunidad china de Nueva Zelandia y sus descendientes por habérseles obligado a pagar un impuesto per cápita en función de lo dispuesto por la Ley de inmigrantes chinos de 1881 (el impuesto se abolió en 1944). Después de la disculpa se celebraron consultas entre el Gobierno y los representantes de las familias de los primeros inmigrantes chinos. Fruto de estas conversaciones fue la creación de un fondo comunitario con un capital inicial de 5 millones de dólares neozelandeses, administrado por el Gobierno y destinado a financiar proyectos que fomentaran la comprensión de la historia de los chinos en Nueva Zelandia y sensibilizaran a la población respecto de la diversidad étnica.
C. Información
243.Se reconoce que es fundamental que los ciudadanos tengan acceso a los medios de comunicación en sus propios idiomas. New Zealand On Air (Comisión de Radio y Televisión), en virtud de la Ley de radio y televisión de 1989, sigue encargada de velar por que se disponga de una amplia gama de emisiones que respondan a los intereses, en particular, de las minorías étnicas y religiosas de la comunidad. Con este fin, New Zealand On Air financia 11 emisoras de radio en todo el territorio neozelandés que prestan servicios a las regiones con más de 50.000 habitantes. Estas emisoras ofrecen a los grupos étnicos y comunitarios la oportunidad de recibir con regularidad emisiones en sus propios idiomas y con un contenido que responda a sus intereses. La emisora de Auckland, por ejemplo, emite programas en alrededor de 50 idiomas, lo cual refleja la diversidad étnica de esa comunidad.
244.En 2002 inició sus emisiones Niu FM, una red nacional de radiodifusión para la población oriunda de las islas del Pacífico financiada por el Gobierno y que ofrece programación en las lenguas del Pacífico a las comunidades que viven en territorio neozelandés. La red se creó para cumplir el objetivo del Gobierno de desarrollar la capacidad de las comunidades oriundas del Pacífico. Hay dos emisoras de radio de esas comunidades, ubicadas en Auckland y Wellington, respectivamente, que también reciben ayuda oficial. Además, existe un fondo de financiación abierto a los solicitantes de mayor mérito para que las comunidades puedan producir programas de radio dirigidos, en cada caso, a la comunidad correspondiente, preparados por sus integrantes y orientados hacia temas comunitarios, utilizando emisoras comerciales o bien las redes de iwi o Access Radio. New Zealand On Air también financia diversos programas de televisión y series de especial interés para las minorías étnicas. También fomenta la producción de música de éxito comercial por músicos y productores musicales de diversos grupos étnicos.
Radiodifusión maorí
245.El Organismo de Radiodifusión Maorí, Te Māngai Pāho, financia servicios de radiodifusión que promueven la lengua y la cultura maoríes. Entre ellos se cuenta una red de 21 emisoras de radio de iwi y servicios radiales de noticias en Te Reo Māori (idioma maorí). El Servicio Maorí de Televisión, también financiado por conducto de Te Māngai Pāho, inició sus emisiones a toda Nueva Zelandia en marzo de 2004. Su funcionamiento es regido por la Ley del servicio maorí de televisión de 2003, en la que se especifican las modalidades de gestión del Servicio, incluida la designación de cuatro de los siete directores por un colegio electoral maorí, y el uso del idioma maorí en la programación. Además, hay otras emisoras públicas de televisión, como "Televisión New Zealand", en cuyos estatutos se dispone que deben cumplir con la obligación de apoyar la lengua y la cultura maoríes en su programación, y que tienen acceso a fondos cuyo objeto es lograr que la programación maorí se atenga a esas disposiciones.
246.New Zealand On Air, al igual que Te Māngai Pāho, apoya las emisiones maoríes financiando la programación general maorí en la televisión y los programas de lengua y cultura maoríes de Radio Nacional. New Zealand On Air también vela por que las obras de los cantantes y músicos maoríes se difundan por radio y televisión y ha establecido normas para promover la grabación de canciones comercialmente viables en Te Reo Māori.
247.En los párrafos 137 y 138 del último informe de Nueva Zelandia se detalla la legislación aplicable a la difusión, por los medios de información, de noticias sobre relaciones interraciales (véanse también los párrafos 174 a 178).
Tokelau
248.Conviene mencionar los informes anteriores de Nueva Zelandia sobre la situación con respecto a Tokelau. Se ofrecen datos adicionales en el informe al Parlamento del Administrador de Tokelau y en los documentos de trabajo que publica todos los años el Comité Especial de Descolonización de las Naciones Unidas.
249.Los 1.600 habitantes de Tokelau viven en aldeas situadas en tres atolones muy distantes entre sí. En cada atolón/aldea se procura atender personalmente a los miembros de la comunidad con arreglo a procedimientos comunitarios. Debido a la homogeneidad de su población y al carácter incluyente de la sociedad de Tokelau, ni hay discriminación racial ni ésta constituye una preocupación cotidiana.
250.En virtud de un programa de devolución constitucional elaborado en las conversaciones con los dirigentes de Tokelau celebradas en 1992, Tokelau, con el apoyo de Nueva Zelandia, ha creado instituciones y estructuras de autogobierno que permitan que su población decida de manera fundamentada su futura condición política por conducto de un acto de libre determinación. Como primer paso, la parte de la administración pública que se ocupa de los intereses de Tokelau en su conjunto fue devuelta a Tokelau en 1994. En 2003, las atribuciones del Administrador se traspasaron oficialmente a los tres consejos de aldea y al Fono General. Desde 2003 se está trabajando en Tokelau y en Nueva Zelandia en un proyecto de constitución para Tokelau y en un proyecto de tratado de libre asociación con Nueva Zelandia. La Constitución y el proyecto de tratado constituyeron la base de un acto de libre determinación celebrado bajo la supervisión de las Naciones Unidas en febrero de 2006. En esa ocasión, por un margen muy estrecho, no se alcanzó la mayoría requerida de dos tercios. Se prevé que dentro de uno o dos años se llevará a cabo un nuevo referéndum.
251.Como parte de la preparación de la Constitución, Tokelau ha estado estudiando formas de expresar su adhesión a los derechos humanos fundamentales. Desde el siglo pasado, los habitantes de Tokelau han sido conscientes de que estas ideas son parte importante del cristianismo, pero las conocen mucho menos a fondo en el contexto del derecho y del gobierno. A medida que se vayan estableciendo mejor las estructuras y el personal de la administración pública, el Gobierno de Tokelau estará en condiciones de considerar las medidas que podría adoptar a la luz de las obligaciones que aceptó en su nombre Nueva Zelandia en virtud de la Convención. En el proyecto de constitución ya figura el compromiso de Tokelau con la Declaración Universal de Derechos Humanos.
252.Tokelau puede contar con el interés y el apoyo permanentes del Gobierno de Nueva Zelandia para establecer el sistema de autogobierno, y para ayudar a Tokelau en su proceso de desarrollo como país.
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