Comité de Derechos Humanos

132º período de sesiones

28 de junio a 23 de julio de 2021

Examen de los informes presentados por los Estados partes en virtud del artículo 40 del Pacto

Respuestas de la Federación de Rusia a la listade cuestiones relativa a su octavo informe periódico *

[Fecha de recepción: 16 de diciembre de 2020]

Respuesta al párrafo 1 de la lista de cuestiones (CCPR/C/RUS/Q/8)

Información relativa a la aplicación de los dictámenes del Comité de Derechos Humanos

1.Todos los dictámenes del Comité de Derechos Humanos (en lo sucesivo, “el Comité”) constituyen el fundamento en el que se basa el examen de cualquier denuncia de violación de los derechos humanos garantizados en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (en lo sucesivo, “el Pacto”) y en la Constitución de la Federación de Rusia. Tras verificar las conclusiones formuladas por el Comité en sus dictámenes, y en caso de que se constate una violación de los derechos humanos garantizados en el Pacto y en la Constitución de la Federación de Rusia, las autoridades rusas ponen en marcha la revisión del caso correspondiente ante un tribunal.

2.Por ejemplo, el dictamen aprobado por el Comité el 31 de marzo de 2016 respecto de la comunicación núm. 2059/2011, presentada por Y. M., y el dictamen aprobado el 29 de marzo de 2017 respecto de la comunicación núm. 2496/2014, presentada por Igor Kostin, sirvieron de base para la revisión de los casos de ambos condenados.

3.A causa del largo período que transcurre entre la fecha de presentación de una comunicación por parte de la presunta víctima de una violación de los derechos reconocidos en el Pacto y la fecha de recepción del dictamen del Comité por la Federación de Rusia, a menudo no es posible adoptar medidas al respecto. En este sentido, y a fin de reaccionar en un plazo de tiempo razonable, Rusia adopta las medidas pertinentes en la fase de recepción de la comunicación por el Comité, entre las que se incluye el examen de las violaciones alegadas en la comunicación por parte de las fuerzas del orden encargadas del control y la supervisión del ámbito correspondiente. Tales medidas se adoptaron, por ejemplo, respecto de las comunicaciones presentadas por A. Burlaku (núm. 3247/2018) y A. Osenchugov (núm. 3688/2019), entre otras.

Información relativa a la compatibilidad de las enmiendas a la Constitución (artículos 79 y 125, párrafo 5 b)) con el Pacto

4.La Ley núm. 885214-7 por la que se modifica la Constitución de la Federación de Rusia para mejorar la regulación de determinadas cuestiones de organización de los poderes públicos prevé la introducción de una nueva disposición en el artículo 79 de la Constitución, según la cual las decisiones adoptadas por los organismos intergubernamentales en las que se haga una interpretación de las disposiciones de los tratados internacionales en que es parte la Federación de Rusia que sea contraria a su Constitución no son de obligado cumplimiento en Rusia. En el artículo 125 de la Constitución se han introducido las disposiciones necesarias para conferir al Tribunal Constitucional de la Federación de Rusia las atribuciones pertinentes a este respecto. Estas enmiendas constitucionales están en plena consonancia con las obligaciones internacionales que incumben a Rusia, incluidas las contraídas en virtud del Pacto.

5.La nueva redacción de los artículos 79 (cap. 3) y 125 (cap. 7) de la Constitución se desprende lógicamente del contenido de sus dos primeros capítulos, que versan sobre el orden constitucional y los derechos y libertades de la persona y del ciudadano. En particular, en el artículo 15, párrafo 4 (cap. 1), se establece que los principios y normas del derecho internacional universalmente reconocidos y los tratados internacionales firmados por Rusia constituyen una parte indisociable de su ordenamiento jurídico. Si un tratado internacional en que es parte Rusia contiene disposiciones distintas de las previstas por la legislación, se aplicarán las disposiciones que figuren en el tratado internacional. Según lo dispuesto en el artículo 17, párrafo 1, de la Constitución (cap. 2), en Rusia se reconocen y se garantizan los derechos y libertades de la persona y del ciudadano con arreglo a los principios y normas del derecho internacional universalmente reconocidos y de conformidad con la Constitución de la Federación de Rusia.

6.La nueva disposición introducida en el artículo 79 de la Constitución se deriva de los imperativos dictados por las disposiciones constitucionales anteriormente mencionadas, y constituye una salvaguardia adicional para la protección de los derechos constitucionales de los ciudadanos rusos en aquellos casos excepcionales en que la interpretación de los acuerdos internacionales que se hace en una decisión de un organismo internacional contraviene la Constitución de la Federación de Rusia. Esto quiere decir que no se podrán ejecutar en Rusia aquellas decisiones de organismos internacionales en las que se haga una interpretación de los tratados internacionales que sea contraria a la Constitución de la Federación de Rusia.

7.El Tribunal Constitucional de la Federación de Rusia ya había subrayado esta cuestión en reiteradas ocasiones, indicando que la adhesión de Rusia a un tratado internacional no implica una renuncia a su soberanía nacional, cuya expresión jurídica es la primacía de la Constitución de la Federación de Rusia.

8.El Estado puede estar en desacuerdo con la evolución de la jurisprudencia de dichos organismos y expresar su posición, entre otros medios a través de las decisiones dictadas por los más altos tribunales del país.

9.La importancia de este problema ha sido puesta de manifiesto en reiteradas ocasiones por los órganos de justicia constitucional de diversos Estados miembros del Consejo de Europa, entre ellos el Tribunal Constitucional Federal de Alemania en una serie de sentencias agrupadas bajo la denominación “Solange” (que comenzó con el fallo de 29 de mayo de 1974 respecto del asunto núm. 2 BvL 52/71 (BVerfGE 37, 271) [“Solange-I”]) en relación con el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, o el Tribunal Constitucional de Italia en relación con el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) (fallo de 19 de noviembre de 2012 respecto del asunto núm. 264/2012), los cuales concluyeron que se debía respetar la primacía de las disposiciones constitucionales que garantizasen el mayor grado de protección de los derechos y libertades de la persona y del ciudadano. Las normas aplicadas por ambos órganos se conocen como control ultra vires del Tribunal Constitucional Federal de Alemania y doctrina de los contralímites del Tribunal Constitucional de Italia. En el caso del Tribunal Constitucional italiano, la doctrina de los contralímites se ha aplicado no solo a sentencias del TEDH, sino también a fallos de la Corte Internacional de Justicia de las Naciones Unidas, como cuando el Estado se negó a ejecutar el fallo dictado en 2012 en el caso relativo a las inmunidades jurisdiccionales de los Estados (Alemania c. Italia). Un ejemplo aún más llamativo es el caso Hirst en el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, en relación con el cual los órganos del Consejo de Europa tuvieron que lidiar durante 13 años con problemas derivados de la ejecución de la sentencia correspondiente del TEDH. En ese caso, las autoridades británicas, remitiéndose a la doctrina constitucional de la soberanía parlamentaria, se negaron en rotundo a ejecutar la sentencia del TEDH, sin ofrecer ninguna solución aceptable para ambas partes.

10.Un reciente ejemplo ilustrativo de esta cuestión es el fallo núm. 2 BvR 859/15, de 5 de mayo de 2020, del Tribunal Constitucional Federal de Alemania, en el que se cuestionó la ejecutoriedad de una sentencia firme del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

11.El mecanismo jurídico incorporado directamente en la Constitución de la Federación de Rusia no tiene por objeto refrendar la negativa a ejecutar una decisión adoptada por un organismo intergubernamental, sino llegar a un acuerdo sobre la ejecución de tales decisiones por Rusia que, en la medida de lo posible, sea aceptable para ambas partes, sin dejar de garantizar la primacía jurídica de la Constitución de la Federación de Rusia. Un ejemplo ilustrativo de ello es la sentencia del TEDH en el conocido asunto Anchugov y Gladkov c. Rusia, cuya ejecución planteó diversos obstáculos constitucionales y legales para las autoridades competentes de la Federación de Rusia. En su sentencia núm. 19, de 19 de abril de 2016, el Tribunal Constitucional de la Federación de Rusia propuso una interpretación aceptable para el ordenamiento jurídico ruso de las obligaciones internacionales derivadas de la sentencia del TEDH, que el Comité de Ministros del Consejo de Europa aceptó en 2019 al considerar que la sentencia del TEDH podía ejecutarse de esa manera (resolución CM/ResDH(2019)240, de 25 de septiembre de 2019).

12.En el marco de sus respectivos planes de estudios superiores, los agentes del orden y los miembros de la judicatura reciben formación sobre los instrumentos internacionales fundamentales de derechos humanos.

13.A los agentes del orden y a los miembros de la judicatura se les imparte periódicamente formación continua, incluidos cursos organizados por el Instituto de Formación Europea del Instituto Estatal de Relaciones Internacionales de Moscú (MGIMO), adscrito al Ministerio de Relaciones Internacionales de Rusia, sobre el sistema europeo de protección de los derechos humanos, la labor del TEDH y la ejecución de sus sentencias y el respeto de las garantías constitucionales e internacionales de los derechos humanos en la legislación rusa y en la práctica policial, así como en el marco del programa de formación de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y las escuelas de verano organizadas anualmente por la Secretaría Permanente de la Asociación de Tribunales Constitucionales de Asia y otras instituciones equivalentes.

Respuesta al párrafo 2 de la lista de cuestiones

14.En la información relativa al párrafo 6 de las observaciones finales del Comité facilitada en el octavo informe periódico se señaló que la Federación de Rusia partía de la premisa de que lo que estaba teniendo lugar en Dombás era un conflicto armado no internacional, según la calificación atribuida por el Comité Internacional de la Cruz Roja.

15.Osetia del Sur es un Estado soberano e independiente que ejerce la totalidad de los poderes públicos y desempeña sus actividades de forma autónoma, entre otros ámbitos en el de la salvaguardia del respeto de los derechos humanos.

Respuesta al párrafo 3 de la lista de cuestiones

16.Desde 2015 hasta la fecha no se ha registrado ni se ha puesto en conocimiento de las autoridades ningún caso de secuestro extrajudicial, ejecución extrajudicial, torturas, malos tratos, reclusión secreta o actos de violencia contra mujeres o personas lesbianas, gais, bisexuales, transgénero e intersexuales (LGBTI) que se haya producido en la circunscripción federal del Cáucaso Septentrional.

17.En lo que respecta al secuestro y asesinato de Natalya Estemirova, prosigue la labor de busca y captura de Alkhazur Bashayev, miembro de un grupo armado ilegal contra el que se dictó un auto de procesamiento en febrero de 2010. La Organización Internacional de Policía Criminal-INTERPOL ha emitido un aviso internacional de detención y extradición contra él.

Respuesta al párrafo 4 de la lista de cuestiones

18.El 18 de marzo de 2019, el Tribunal Municipal de Shalí condenó a Oyub Titiev, un empleado del Memorial Human Rights Centre con sede en Grozny, a cuatro años de privación de libertad en una colonia residencial en régimen abierto en aplicación del artículo 228, párrafo 2, del Código Penal de la Federación de Rusia. La sentencia no fue recurrida y se hizo firme.

19.La culpabilidad del Sr. Titiev fue demostrada ante el Tribunal. La afirmación del condenado de que las drogas halladas en su posesión habían sido colocadas por los agentes de policía fue refutada de manera fundamentada en la sentencia. Además, como el tribunal indicó en la sentencia, no existía relación alguna entre la detención del Sr. Titiev y sus actividades profesionales.

20.El 22 de mayo de 2020, el departamento del Comité de Instrucción de la Federación de Rusia en la república de Chechenia inició una investigación penal sobre el uso de la violencia contra Elena Milashina, periodista del periódico Novaya Gazeta, y la abogada Marina Dubrovina en virtud del artículo 116 del Código Penal. En el marco de dicha investigación no se ha establecido que se cometiera algún delito contra estas personas en relación con el ejercicio de sus actividades profesionales. Actualmente se están tomando medidas para identificar a las personas implicadas y la investigación sigue su curso. Su progreso y sus resultados están siendo supervisados por la fiscalía de la república de Chechenia.

21.En agosto de 2018, el departamento del Comité de Instrucción de la Federación de Rusia en la república de Chechenia incoó un proceso penal en aplicación del artículo 317 del Código Penal en relación con la entrada por la fuerza y armados con cuchillos de los Sres. Akhtayev y Musayev en las dependencias de la Dirección General de Policía del distrito de Shalí en ese mismo mes y año, a raíz de lo cual unos agentes de policía los mataron de forma legítima. Dicho proceso penal se dio por terminado el 20 de junio de 2019 en razón de la muerte de los sospechosos.

Respuesta al párrafo 5 de la lista de cuestiones

22.Con el fin de combatir el racismo, la xenofobia y la elaboración de perfiles raciales, en Rusia se han tipificado como delitos los actos encaminados a incitar al odio o la hostilidad, así como a menoscabar la dignidad de la persona o un grupo de personas por motivos de sexo, raza, etnia, idioma, origen, actitud hacia la religión, así como por la pertenencia a un grupo social determinado, cometidos públicamente o a través de los medios de comunicación o las redes informáticas y de telecomunicaciones, incluida Internet (artículo 282 del Código Penal).

23.A fin de mitigar el carácter represivo de la legislación penal, en 2018 se modificó el artículo 282 del Código Penal para no incoar por defecto un proceso penal contra una persona que cometa por primera vez determinados delitos que no supongan una amenaza grave para los fundamentos del orden constitucional o la seguridad del Estado.

24.El Ministerio del Interior lleva a cabo una labor constante de vigilancia de las relaciones interétnicas y confesionales, entre otros entornos en Internet.

Respuesta al párrafo 6 de la lista de cuestiones

25.La legislación rusa en vigor en los ámbitos del trabajo y el empleo, la sanidad y la vivienda no permite que se discrimine a nadie, entre otras cosas por motivos de orientación sexual e identidad de género.

26.El derecho de familia ruso se basa en la necesidad de fortalecer la familia, la construcción de relaciones familiares basadas en sentimientos de amor y respeto mutuos, la asistencia mutua y la responsabilidad hacia la familia y todos sus miembros, la inadmisibilidad de la injerencia arbitraria en los asuntos familiares, la garantía de que los miembros de la familia ejerzan sin trabas sus derechos y la posibilidad de reclamar protección judicial de estos derechos.

27.De acuerdo con el artículo 5 de la Ley Federal núm. 436 de Protección del Niño contra la Información Perjudicial para su Salud y Desarrollo, de 29 de diciembre de 2010, se prohíbe difundir entre los niños información que, entre otras cosas, niegue los valores familiares o promueva las relaciones sexuales no tradicionales.

28.De conformidad con lo dispuesto en el artículo 14 de la Ley Federal núm. 124 de Garantías Fundamentales de los Derechos del Niño en la Federación de Rusia, de 24 de julio de 1998, los órganos de los poderes del Estado deben tomar medidas para proteger a los niños de la información y las actividades de promoción y propaganda que resulten perjudiciales para su salud y su desarrollo moral y espiritual. Dicha información incluye aquella que promueve las relaciones sexuales no tradicionales.

29.La disposición legal que prohíbe la promoción de la homosexualidad entre los menores de edad entendida como una actividad dirigida a la difusión deliberada e incontrolada de información que pueda perjudicar la salud o el desarrollo moral y espiritual de los niños tiene por objeto garantizar la seguridad intelectual, moral y mental de la infancia con arreglo a los objetivos de la política estatal en interés de los niños. Estas medidas están en consonancia con el artículo 10, párrafo 2, del Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, de 4 de noviembre de 1950.

30.La disposición de la Constitución de la Federación de Rusia relativa a la definición del matrimonio como la unión de un hombre y una mujer no puede considerarse discriminatoria ni inconstitucional, puesto que simplemente tiene por objeto reflejar unas normas sociales arraigadas cuyo propósito inherente es la preservación y el desarrollo de la raza humana.

31.El endurecimiento de la responsabilidad penal por delitos motivados por el odio o la hostilidad hacia un grupo social determinado viene dictado por la necesidad de garantizar la igualdad de derechos de los ciudadanos, consagrada en el artículo 19 de la Constitución de la Federación de Rusia.

32.La legislación penal vigente contiene una serie de disposiciones destinadas a proteger a las personas de actos delictivos motivados por su pertenencia a un determinado grupo social, y en ellas se han endurecido las sanciones contempladas por la comisión de actos ilícitos por motivos de odio u hostilidad de carácter político, ideológico, racial, étnico o religioso, o bien por odio u hostilidad hacia un grupo social determinado.

33.De una interpretación literal del tenor de la calificación de los delitos se desprende que los legisladores asocian que un determinado acto presenta un mayor grado de peligro para la sociedad cuando la motivación de la persona culpable se basa en el odio o la hostilidad hacia un grupo social, independientemente de sus características específicas. Cabe mencionar que, a los efectos de la aplicación de la legislación penal, debe entenderse por grupo social un conjunto de personas vinculadas por determinados motivos (étnicos, religiosos, profesionales, patrimoniales, culturales, etc.).

34.Ese planteamiento se refleja también en la práctica de las fuerzas del orden. Al evaluar la legalidad del enjuiciamiento penal de una persona en un caso de vandalismo, el Tribunal Supremo de la Federación de Rusia señaló que, en lo que respecta al artículo 213, párrafo 1 b), del Código Penal, el sujeto pasivo de ese acto delictivo era cualquier grupo social entendido como una comunidad de personas vinculadas por un sistema de relaciones reguladas por instituciones formales o informales. Las personas LGBTI no son una excepción en este sentido. Las agresiones perpetradas contra miembros de dicho colectivo por su pertenencia a este se consideran un delito motivado por el odio o la hostilidad hacia un grupo social determinado.

Respuesta al párrafo 7 de la lista de cuestiones

35.En 2014, la Duma Estatal de la Federación de Rusia elaboró un proyecto de ley federal de prevención de la violencia doméstica. Este documento fue remitido como iniciativa de ley al Gobierno de la Federación.

36.En julio de 2019, siguiendo las instrucciones de Valentina Matviyenko, Presidenta del Consejo de la Federación de la Asamblea Federal, se estableció un grupo de trabajo interinstitucional para reformar la legislación y la aplicación de la ley en el ámbito de la prevención de la violencia doméstica. El proyecto de ley está siendo modificado teniendo en cuenta las sugerencias y comentarios recibidos.

37.El proyecto de ley incluye diversas medidas preventivas de carácter individual, como las órdenes de alejamiento, la educación jurídica y la difusión de información jurídica, las entrevistas preventivas, el registro con fines preventivos, los controles preventivos, la asistencia para promover la adaptación social de las víctimas de violencia doméstica, la rehabilitación social de las víctimas de violencia doméstica y programas psicológicos especializados.

38.Las modificaciones que se introdujeron en 2016 en el artículo 116 del Código Penal contenían una nota aclaratoria sobre el maltrato físico a personas allegadas (cónyuges, padres, hijos, padres adoptivos, hijos adoptados, hermanos, abuelos y nietos), tutores, curadores, personas unidas por lazos de afinidad con el maltratador y personas que mantienen un hogar común con él. Esta nota planteó una serie de problemas para las personas encargadas de aplicar la ley. Surgió la pregunta de por qué no se había reconocido como personas allegadas a otros parientes (tíos, sobrinos y primos), madrastras, padrastros e hijastros. También se cuestionó el término “personas que mantienen un hogar común”, que no se emplea en la legislación rusa en vigor. A raíz de las modificaciones legislativas introducidas en 2016 se podía dar el caso de que se impusiera a alguien una condena mayor por infligir malos tratos físicos a un miembro de la familia (pena máxima de hasta dos años de privación de libertad) que por causar lesiones leves a una persona allegada (artículo 115 del Código Penal; pena máxima: cuatro meses de arresto). Es decir, un delito más grave cometido contra una persona allegada conllevaría una sanción penal considerablemente menos severa.

39.En vista de que esta situación menoscababa los principios de igualdad, equidad y proporcionalidad de las sanciones penales, el 7 de febrero de 2017 se aprobó la Ley Federal núm. 8 por la que se modifica el artículo 116 del Código Penal de la Federación de Rusia, en virtud de la cual el maltrato físico intrafamiliar se integró en la categoría de infracciones administrativas sancionables en aplicación del artículo 6.11 del Código de Infracciones Administrativas de la Federación de Rusia.

40.La reincidencia en la comisión de la infracción de maltrato físico contemplada en el artículo 6.11 del Código de Infracciones Administrativas da lugar a la responsabilidad penal descrita en el artículo 116.1 del Código Penal.

41.En la actualidad, los casos de maltrato sancionables por la vía penal se clasifican como delitos semipúblicos y, por ende, son examinados en primera instancia por jueces de paz y no pueden ser sobreseídos por conciliación entre la víctima y el acusado.

42.De conformidad con lo dispuesto en la Ley Federal núm. 442 de Fundamentos de los Servicios Sociales para los Ciudadanos en la Federación de Rusia, de 28 de diciembre de 2013, en casos de conflicto intrafamiliar o violencia doméstica, los ciudadanos adquieren la condición de persona necesitada de servicios sociales y tienen derecho a beneficiarse de tales servicios.

43.Las organizaciones de asistencia social de las entidades constitutivas de la Federación de Rusia y las organizaciones sin ánimo de lucro se encargan de prestar servicios sociales a las víctimas de violencia doméstica. Dado que, por lo general, la asistencia se presta sobre todo a mujeres y niños, las entidades constitutivas de la Federación de Rusia disponen de centros y dependencias de crisis para mujeres y niños víctimas de la violencia doméstica. En esos centros de crisis, los servicios sociales pueden prestarse en régimen residencial.

44.Según datos estadísticos recabados a través del formulario 1-SD, en 2019 había en Rusia 2.768 organizaciones de asistencia social para familias y niños, las cuales disponían de 1.338 dependencias de régimen residencial con un total de 47.504 plazas y 764 dependencias de atención diurna con un total de 19.692 plazas. De ellas, 2.315 eran organizaciones estatales, 437 eran municipales y 16 tenían otro régimen de propiedad.

45.Desde cualquier entidad constitutiva de la Federación de Rusia se puede llamar al teléfono de asistencia para la infancia marcando el número 8-800-2000-122. Este servicio puede ser utilizado no solo por los niños y adolescentes, sino también por sus padres y otros ciudadanos que requieran atención psicológica urgente u otro tipo de asistencia cualificada. En 28 entidades constitutivas de la Federación de Rusia, los centros de crisis y los centros de acogida para mujeres con problemas psicológicos y sociales extremos han habilitado líneas telefónicas de ayuda y de atención al público regionales que prestan atención psicológica a esta categoría de ciudadanos.

46.La lucha contra la violencia doméstica contra las mujeres y los niños es un ámbito de atención prioritaria para la Defensora de los Derechos Humanos. Con el fin de prevenir la precariedad social de las mujeres y la violencia contra ellas, en 2019 se puso en marcha un programa de colaboración entre Rusia y el Consejo de Europa en materia de protección de los derechos de las mujeres, con la participación de la Defensora de los Derechos Humanos, y en enero de 2019 se inauguró oficialmente el proyecto titulado “Colaboración para la ejecución de la Estrategia Nacional en Favor de la Mujer (2017-2022)”.

Respuesta al párrafo 8 de la lista de cuestiones

47.El mecanismo de respuesta penal frente a los delitos sexuales (artículos 131 a 135 del Código Penal) está en plena consonancia con las normas internacionales.

48.El Convenio del Consejo de Europa para la Protección de los Niños contra la Explotación y el Abuso Sexual (Convenio de Lanzarote), ratificado por Rusia en 2013, impone a los Estados miembros del Consejo de Europa la obligación de tipificar como delito las proposiciones a niños con fines sexuales, incluido el hecho de que, mediante las tecnologías de la información y la comunicación, se proponga un encuentro a un niño con el propósito de cometer contra él un delito sexual sin violencia, cuando a dicha proposición le hayan seguido actos materiales conducentes a dicho encuentro. En la legislación penal rusa en vigor no están expresamente tipificadas como delito las proposiciones a niños con fines sexuales, pero tales acciones pueden calificarse de preparación para la comisión de un delito sexual, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 30, párrafo 1, del Código Penal.

49.El Convenio de Lanzarote y otros instrumentos jurídicos internacionales establecen circunstancias agravantes en la determinación de las penas relativas a las agresiones sexuales, a saber: que el delito haya lesionado gravemente la salud física o mental de la víctima, que el delito se haya cometido contra una víctima especialmente vulnerable, que el delito haya sido cometido por un miembro de la familia, una persona que conviva con el niño o una persona que haya abusado de su autoridad, que el delito se haya cometido en el marco de una organización delictiva o que el autor haya sido condenado anteriormente por delitos de la misma naturaleza.

50.Casi todas estas circunstancias ya están recogidas en la legislación rusa y, o bien figuran en el artículo 63 del Código Penal como circunstancias agravantes de carácter general, o bien están incluidas como circunstancias agravantes particulares de los delitos sexuales (por ejemplo, en los artículos 131, párrafo 2 a); 132, párrafo 3 b); y 135, párrafo 5, del Código Penal; entre otros).

51.El Código Penal ruso incluye una serie de disposiciones destinadas a prevenir la mutilación genital femenina y los denominados “asesinatos por honor”, a saber: los artículos 105 (asesinato), 111 (lesiones graves), 112 (lesiones intencionales de gravedad media) y 117 (tortura).

Respuesta al párrafo 9 de la lista de cuestiones

52.Con el fin de garantizar una organización clara y la seguridad de los juicios de causas relacionadas con los delitos de terrorismo, el sistema de justicia militar ha creado cuatro tribunales de competencia exclusiva (el Tribunal Militar núm. 1 de la Circunscripción Oriental, el Tribunal Militar núm. 2 de la Circunscripción Occidental, el Tribunal Militar de la Circunscripción Central y el Tribunal Militar de la Circunscripción Meridional), que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 31, párrafo 61, del Código de Procedimiento Penal, además de las causas que son competencia de los tribunales militares de las circunscripciones, pueden examinar, en primera instancia y sin excepción, todas las causas relacionadas con delitos de terrorismo que se cometan en el territorio de la Federación de Rusia, cuya lista completa figura en el artículo 31, párrafo 61, del Código de Procedimiento Penal, así como otros delitos en el marco de los cuales también se lleven a cabo actividades terroristas y los delitos en que concurra la circunstancia agravante prevista en el artículo 63, párrafo 1 r), del Código Penal (“que el delito se cometa con el fin de hacer apología del terrorismo o para justificarlo o apoyarlo”). El hecho de que el acusado esté o no prestando el servicio militar es irrelevante, y ese tipo de causas no pueden ser trasladadas a otros tribunales distintos de los que ejercen la competencia exclusiva. Los casos penales de competencia exclusiva son examinados por una sala de tres magistrados del tribunal militar de la circunscripción correspondiente (artículo 30, párrafo 2, apartado 3, del Código de Procedimiento Penal).

53.En lo que respecta al proceso penal contra los miembros de las organizaciones radicales Set (“Red”) y Hizb ut-Tahrir al-Islami, así como contra la periodista Svetlana Prokopyeva, nos gustaría señalar que las alegaciones sobre el uso de la violencia y otros métodos ilegales de investigación contra los acusados fueron examinadas y desestimadas en la sentencia. Asimismo, el tribunal no se basó en las declaraciones hechas por los acusados durante la instrucción preparatoria para determinar su culpabilidad.

54.De conformidad con lo dispuesto en la legislación rusa se determinó que las actividades de la célula del Partido de la Liberación Islámica (o Hizb ut-Tahrir al-Islami) eran de carácter terrorista.

55.El 6 de julio de 2020, el Tribunal Militar núm. 2 de la Circunscripción Occidental condenó a la periodista Svetlana Prokopyeva, en aplicación del artículo 205.2, párrafo 2, del Código Penal, al pago de una multa de 500.000 rublos por defensa y apología públicas del terrorismo a través de los medios de comunicación o las redes informáticas y de telecomunicaciones, incluida Internet. La sentencia fue recurrida por la defensa y aún no se ha hecho firme.

56.En vista de lo anterior, no hay motivo para creer que las personas anteriormente mencionadas fueron perseguidas arbitrariamente por las autoridades nacionales en cuanto que opositores políticos o por criticar al Gobierno.

Respuesta al párrafo 10 de la lista de cuestiones

57.El aumento del número de denuncias de tortura en 2018 y en 2019 posiblemente se explique por los importantes juicios celebrados en relación con los casos de malos tratos que se habían difundido en los medios de comunicación durante esos años, que hicieron que tanto los condenados como los representantes de la comunidad de derechos humanos prestaran más atención a este problema.

58.A raíz de las investigaciones realizadas por la fiscalía y el Servicio Penitenciario Federal, entre otras cosas a petición de la Defensora de los Derechos Humanos, en la mayoría de los casos no se confirmó la veracidad de las alegaciones de los denunciantes.

59.Los procesados suelen presentar denuncias por malos tratos como una herramienta de defensa procesal en los procedimientos penales y, la mayoría de las veces, estas constituyen un intento por parte de los acusados de retractarse de confesiones hechas con anterioridad invocando el carácter supuestamente ilícito de su obtención. En su mayoría, el contenido de dichas denuncias hace referencia al uso de métodos de presión física y moral por parte de los agentes contra los sospechosos y acusados con el fin de extraerles una confesión. También es verdad que estas denuncias se presentan mucho después de que se produzcan los presuntos hechos, lo que dificulta la verificación de las alegaciones del denunciante.

60.En la mayoría de los casos, durante la verificación de estas denuncias, la legalidad de la confesión es confirmada por los elementos del sumario, incluido el testimonio de los abogados presentes durante las actuaciones procesales y los testigos, así como por la grabación en vídeo realizada durante los interrogatorios y otras actuaciones procesales.

61.Con el fin de aumentar la eficacia de las medidas destinadas a prevenir la tortura y los malos tratos, se ha elaborado un proyecto de ley federal por el que se modifican el artículo 83 del Código de Administración Penal y el artículo 34 de la Ley Federal de Prisión Preventiva de Imputados y Procesados en el que se establece el uso obligatorio de grabadoras de vídeo portátiles u otros dispositivos audiovisuales de grabación por parte del personal del sistema penitenciario.

62.De conformidad con la Ley Federal núm. 494, de 27 de diciembre de 2019, por la que se modifican algunos instrumentos legislativos de la Federación de Rusia, que entró en vigor el 1 de enero de 2020, los presos preventivos y condenados tienen derecho a una compensación monetaria cuando hayan sido objeto de una violación de las condiciones de reclusión establecidas en la legislación rusa y en los tratados internacionales en que es parte Rusia.

63.En relación con la aprobación de esta ley, el TEDH declaró inadmisibles y eliminó de la lista de casos pendientes de examen unas 2.000 demandas rusas por ese tipo de violaciones, e invitó a sus autores a agotar el nuevo recurso jurídico nacional.

64.En relación con los casos constatados en 2018 y 2019 de incumplimiento de los fundamentos y el procedimiento establecidos por la ley para el uso de la fuerza física y medios especiales contra los presos preventivos y condenados en las instituciones del Servicio Penitenciario Federal de la provincia de Yaroslavl, los órganos de investigación incoaron 30 procesos penales.

65.En todos ellos se dictaron sentencias condenatorias. Cinco personas fueron condenadas a una pena privativa de la libertad, cuya ejecución se dejó en suspenso en el caso de cuatro de ellas. A todas ellas se les impuso una sanción adicional en forma de privación del derecho a ocupar cargos en las fuerzas del orden o relacionados con el desempeño de las funciones de un representante de la autoridad o de competencias de carácter institucional y administrativo.

Respuesta al párrafo 11 de la lista de cuestiones

66.El Ministerio del Interior ha elaborado, de conformidad con el Plan Maestro de Política Migratoria Estatal de la Federación de Rusia (2019-2025), aprobado por el Decreto Presidencial núm. 622 de 31 de octubre de 2018, un proyecto de ley federal de otorgamiento de asilo en el territorio de la Federación de Rusia, cuyo objetivo consiste en mejorar el sistema de concesión de asilo para velar por el cumplimiento de las obligaciones internacionales que incumben a Rusia en relación con los solicitantes de asilo y los refugiados. A la hora de preparar el proyecto de ley se tuvieron en cuenta las disposiciones de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados, de 28 de julio de 1951, y del Protocolo sobre el Estatuto de los Refugiados, de 31 de enero de 1967, así como las enseñanzas extraídas por toda una serie de países extranjeros con una dilatada experiencia en la aplicación de la Convención.

67.En cuanto a la supuesta entrega extrajudicial de Fakhraddin Abbasov a la República de Azerbaiyán, quisiéramos señalar que los actos cometidos por el Sr. Abbasov a los que se hacía referencia en la solicitud de extradición presentada por la República de Azerbaiyán no están tipificados como delito en la legislación rusa. Por lo tanto, el 27 de febrero de 2019 la Fiscalía General de la Federación de Rusia rechazó la solicitud presentada por la Fiscalía General de Azerbaiyán.

68.Por decisión de fecha 17 de junio de 2011 de la oficina del Servicio Federal de Migraciones en la provincia de Moscú, el Sr. Abbasov recibió asilo temporal en el territorio de la Federación de Rusia de conformidad con lo dispuesto en el artículo 12, párrafo 2, apartado 2, de la Ley Federal núm. 4528-1 de Refugiados, de 19 de febrero de 1993. El asilo temporal del Sr. Abbasov en territorio ruso fue prorrogado en reiteradas ocasiones, la última de ellas hasta el 17 de junio de 2014.

69.El 26 de febrero de 2014, el Sr. Abbasov adquirió el derecho a la residencia permanente en la Federación de Rusia con un permiso de residencia para extranjeros válido hasta el 26 de febrero de 2019.

70.El 12 de octubre de 2018, la Dirección General del Ministerio del Interior de Rusia en la provincia de Moscú se negó a examinar en cuanto al fondo la solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado presentada por el Sr. Abbasov en razón de su derecho a la residencia permanente en territorio ruso. Por ese mismo motivo, el 23 de noviembre de 2018 se le denegó el asilo temporal en Rusia al Sr. Abbasov, según lo previsto en el artículo 5, párrafo 1, apartado 10, de la Ley Federal núm. 4528-1, de 19 de marzo de 1993.

Respuesta al párrafo 12 de la lista de cuestiones

71.Según lo dispuesto en la Ley núm. 3132-I del Estatuto de los Jueces en la Federación de Rusia, de 26 de junio de 1992, toda injerencia en la labor de un juez relacionada con la administración de justicia es punible por ley. No está permitido entablar ningún tipo de comunicación extraprocesal con un juez en relación con un caso que esté siendo examinado por él, ni con el presidente de un tribunal o su adjunto, el presidente de una sala judicial o el magistrado presidente en relación con casos pendientes ante el tribunal correspondiente (en adelante, el “juez competente”).

72.Por comunicación extrajudicial con el juez competente se entiende toda comunicación escrita u oral recibida de un órgano estatal, un órgano de la administración autónoma local u otro organismo, organización, funcionario o ciudadano que no participen en el juicio, así como toda comunicación presentada por los participantes en el juicio por una vía que no esté contemplada en el derecho procesal.

73.La información sobre las comunicaciones extraprocesales que reciba el juez debe ponerse en conocimiento de los participantes en el juicio mediante su publicación en el sitio web oficial del tribunal.

74.En lo que respecta a la cuestión de las facultades de los presidentes de los tribunales a raíz de las modificaciones introducidas en la Ley del Estatuto de los Jueces y la Ley Federal de los Órganos de la Judicatura de la Federación de Rusia, que entró en vigor el 1 de septiembre de 2019 mediante la Ley Federal núm. 243, 29 de julio de 2018, quisiéramos señalar que, en virtud de la nueva ley, los procedimientos disciplinarios solamente pueden incoarse a petición de un ciudadano, una organización, un funcionario o el Consejo de la Judicatura de la Federación de Rusia.

75.La comisión de selección de magistrados lleva a cabo un examen independiente de las denuncias que se presentan contra un juez, sin remitirlas al presidente del tribunal correspondiente. Esto ha reforzado el papel del poder judicial a la hora de exigir responsabilidades a los jueces.

76.Los presidentes de los tribunales gestionan la labor del tribunal que presiden, incluido el examen de las denuncias sobre la labor de tribunales y magistrados inferiores, a raíz de lo cual pueden remitir los elementos de la investigación al Consejo de la Judicatura o a la comisión de selección de magistrados para que los examinen. Si bien es verdad que los presidentes de los tribunales tienen derecho a opinar que los elementos recopilados apuntan a que la actuación de un determinado juez presenta indicios de conducta indebida, dicha opinión no es vinculante para los órganos del poder judicial, que adoptan una decisión de forma independiente y autónoma.

77.Según lo dispuesto en la Ley del Estatuto de los Jueces, los magistrados deben abstenerse, tanto en el ejercicio de sus funciones como en su vida extraprofesional, de toda acción que pueda menoscabar la autoridad de la judicatura o la dignidad de un juez o suscitar dudas sobre su objetividad, equidad e imparcialidad.

78.En 2020, el Tribunal Supremo de la Federación de Rusia preparó un estudio con miras a la ejecución del Plan Nacional de Lucha contra la Corrupción (2018-2020), aprobado por el Decreto Presidencial núm. 378, de 29 de junio de 2018, para mejorar el procedimiento de prevención y resolución de los conflictos de intereses a los que pueden enfrentar los jueces en el ejercicio de sus funciones, por ejemplo cuando conocen de casos en los que intervienen ciudadanos y entidades jurídicas con los que el juez, sus parientes cercanos o algún miembro de su familia política están vinculados por obligaciones financieras o de otro tipo.

Respuesta al párrafo 13 de la lista de cuestiones

79.Según lo dispuesto en la Ley Federal núm. 103 de Prisión Preventiva de Imputados y Procesados, de 15 de julio de 1995, las reuniones entre los imputados o procesados y sus defensores no están sujetas a ningún tipo de restricción en cuanto a su número o duración, excepto en los casos previstos en el Código de Procedimiento Penal.

80.Las reuniones se celebran respetando los requisitos sanitarios y epidemiológicos para la prevención de la propagación de la enfermedad por coronavirus (COVID-19), establecidos en las Resoluciones del Médico Jefe del Servicio Penitenciario Federal núm. 345, de 27 de abril de 2020, y núm. 649, de 23 de mayo de 2020.

81.Con el fin de prevenir la propagación de la COVID-19 entre los imputados, procesados y condenados y el personal de las instituciones penitenciarias, la Resolución del Médico Jefe del Servicio Penitenciario Federal, de 16 de marzo de 2020, por la que se introducen nuevas medidas sanitarias y epidemiológicas destinadas a prevenir la introducción y propagación de la COVID-19 dispone que se deben restringir hasta nuevo aviso las visitas a las instituciones penitenciarias por parte de los representantes de las autoridades ejecutivas federales, las comisiones de vigilancia pública, los abogados y otras personas.

Respuesta al párrafo 14 de la lista de cuestiones

82.A continuación figuran datos estadísticos sobre el número de personas que han sido condenadas en aplicación del artículo 148 del Código Penal desde su modificación en 2013: 0 en 2013, 1 en 2014, 2 en 2015, 5 en 2016, 5 en 2017, 2 en 2018 y 2 en 2019. De ellas, 9 fueron condenadas a trabajo obligatorio y 5, al pago de una multa.

83.El 21 de septiembre de 2015, K. y Sh. profanaron un objeto religioso venerado por los creyentes —una cruz ortodoxa como símbolo de la fe— tras compincharse para fabricar un monigote humano y colgarlo en una cruz ortodoxa consagrada situada al aire libre cerca de una autopista, es decir, en un lugar público. Las acciones cometidas por K. y Sh., en un lugar público, constituyeron una clara falta de respeto hacia la sociedad y ofendieron los sentimientos religiosos de los creyentes (sentencia del juez de paz del distrito judicial núm. 10 de Vyatskopolyanski, provincia de Kírov, de 31 de mayo de 2016).

84.В. se registró en la red social VKontakte y publicó en su página fotografías de una cruz de ocho puntas (ortodoxa) con inscripciones obscenas, una fotografía con una composición escultórica que representaba la escena de la crucifixión de Jesucristo (en el centro se podía observar un crucifijo, una cruz con Jesucristo clavado en ella; sobre el crucifijo estaba sentado un hombre que sonreía y daba muestras de satisfacción y alegría, con el pulgar hacia arriba; y en la imagen había una inscripción obscena) y una entrada con una fotografía de la cruz de cuatro puntas invertida y el siguiente texto: “Aquellos que han aceptado a Dios están firmemente convencidos de su propia inutilidad e impotencia y han convencido a los demás de ello” (sentencia del juez de paz del distrito judicial núm. 2 de Ioshkar-Olá, república de Mari-El, de 16 de agosto de 2016).

85.Las acciones de Z., que, encontrándose en estado de embriaguez en las instalaciones de una organización religiosa local —la congregación ortodoxa de la Catedral de los Santos de Kémerovo (patriarcado de Moscú)—, es decir, en un lugar designado específicamente para la celebración de cultos y otros ritos y ceremonias religiosas, con el objetivo de ofender los sentimientos religiosos de los creyentes ortodoxos y feligreses de la mencionada congregación A., B. y V., pronunció públicamente improperios y palabras obscenas contra Jesucristo y contra un icono con la imagen de este último, ofendiendo así los sentimientos religiosos de los citados ciudadanos, fueron consideradas constitutivas del delito tipificado en el artículo 148, párrafo 2, del Código Penal (sentencia del juez de paz del distrito judicial núm. 6 del Distrito Judicial Central de la ciudad de Kémerovo de 23 de noviembre de 2015).

86.El análisis de las características del elemento subjetivo del delito contemplado en el artículo 148, párrafo 1, del Código Penal de la Federación de Rusia revela que la principal característica que se toma en consideración en ese delito es la intención de ofender los sentimientos de los creyentes. Para que una acción pueda considerarse constitutiva de un delito de esa índole, no basta con que mancille el honor y la dignidad de una persona, sino que debe ofender concretamente los sentimientos religiosos de una persona que se considere seguidora de una determinada religión. Se considera sentimiento religioso la actitud reverente de una persona hacia lo que, de acuerdo con su fe, es sagrado para ella, como sus creencias religiosas, los dogmas religiosos, los santos y sus obras, así como las imágenes y textos sagrados y demás objetos de uso religioso y lugares de veneración religiosa o peregrinación.

87.El artículo 3541 del Código Penal tipifica como delitos la negación de los hechos establecidos en la sentencia dictada por el Tribunal Militar Internacional para el enjuiciamiento y castigo de los principales criminales de guerra de los países europeos del Eje, la apología de los crímenes señalados en dicha sentencia y la difusión a sabiendas de información falsa sobre las actividades de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS) durante la Segunda Guerra Mundial, siempre que estas acciones se cometan públicamente; así como la difusión de información sobre las jornadas de conmemoración de la gloria militar y las fechas reseñables en Rusia relacionadas con la defensa de la patria que constituya una clara falta de respeto hacia la sociedad, y la profanación de símbolos erigidos en honor a la gloria militar de Rusia, siempre que estas acciones se cometan públicamente. El artículo 3541 del Código Penal se ha aplicado muy pocas veces.

88.Por ejemplo, en 2016 el Tribunal del Territorio de Perm condenó a L., en aplicación del artículo 3541, párrafo 1, del Código Penal, al pago de una multa de 200.000 rublos.

89.En las sentencias del Tribunal del Territorio de Stávropol de 21 de noviembre de 2016, del Tribunal Supremo de la República de Crimea de 2 de agosto de 2017 y del Tribunal Supremo de la República de Buryatia de 27 de diciembre de 2016, P., M. y O. fueron declarados culpables en aplicación del artículo 3541 del Código Penal.

90.A continuación figuran datos estadísticos sobre el número de personas que han sido condenadas en aplicación de los artículos 1281 (difamación) y 2981 (difamación de un juez, un miembro de un jurado, un fiscal, un instructor o un funcionario de los órganos encargados de la ejecución de sentencias y demás resoluciones judiciales de la Federación de Rusia) desde su incorporación en 2012 al Código Penal: 5 y 0 en 2012, 107 y 2 en 2013, 138 y 2 en 2014, 94 y 4 en 2015, 141 y 2 en 2016, 95 y 6 en 2017, 35 y 3 en 2018 y 83 y 9 en 2019, respectivamente. Las condenas impuestas en aplicación del artículo 1281 del Código Penal fueron multas (en 537 casos) y trabajo obligatorio (en 167 casos); y en aplicación del artículo 2981, multas (en 14 casos) y trabajo obligatorio (en 10 casos).

91.A continuación figuran datos estadísticos sobre el número de personas que han sido condenadas en aplicación del artículo 275 del Código Penal (alta traición) desde su modificación en 2012: 6 en 2012, 4 en 2013, 15 en 2014, 6 en 2015, 14 en 2016, 4 en 2017, 4 en 2018 y 8 en 2019. Todas ellas fueron condenadas a penas privativas de la libertad.

92.El ejercicio por parte de los ciudadanos de sus derechos y libertades constitucionales (incluidas la libertad de pensamiento y de expresión, la libertad de expresión artística y el derecho a tener determinadas creencias, difundirlas y actuar con arreglo a ellas) no debe vulnerar los derechos y libertades de los demás. Si dicha vulneración (independientemente de si afecta a una persona concreta o al orden público en general) representa un peligro para la sociedad y reviste carácter ilegal, se puede incoar un proceso contencioso-administrativo o penal contra su autor con el objetivo de proteger el interés público.

93.Por lo tanto, las prohibiciones anteriormente mencionadas que figuran en la legislación penal son compatibles con la Constitución de la Federación de Rusia y las normas del derecho internacional, ya que se han establecido mediante leyes federales y se han aprobado para garantizar el respeto de los derechos y la reputación de los demás y para proteger la seguridad nacional y el orden y la moral públicos.

Respuesta al párrafo 15 de la lista de cuestiones

94.De conformidad con las modificaciones introducidas en la Ley Federal de Información, Tecnologías de la Información y Protección de la Información por la Ley Federal núm. 30 de 18 de marzo de 2019, la Fiscalía General está facultada para solicitar al Servicio Federal de Vigilancia de las Comunicaciones, las Tecnologías de la Información y los Medios de Comunicación la adopción de medidas para restringir el acceso a los recursos de información en los que se difunde contenido del tipo a que se hace referencia en la lista de cuestiones.

95.Una de las salvaguardias de los derechos de los propietarios de sitios web es el procedimiento previsto en la legislación para desbloquear un sitio web o restablecer el acceso a un recurso de información una vez que se haya retirado el contenido cuya difusión esté prohibida.

96.Los cambios en la legislación tienen por objeto suprimir todo aquel contenido que constituya una clara falta de respeto hacia la autoridad, pero no las críticas constructivas. Las nuevas disposiciones se aplican por igual a todos los ciudadanos, incluidos los funcionarios.

97.La Ley Federal núm. 425, de 2 de diciembre de 2019, por la que se modifica el artículo 4 de la Ley de Protección de los Derechos de los Consumidores (en vigor desde el 1 de enero de 2021) establece la obligación de preinstalar una aplicación informática rusa en productos técnicamente complejos pertenecientes a determinadas categorías. Esta Ley no obliga a los fabricantes de dispositivos a sustituir sus aplicaciones por software ruso, sino simplemente a preinstalar aplicaciones informáticas de fabricación rusa.

98.La obligación de preinstalar unos programas informáticos incluidos en una lista elaborada específicamente a tal efecto en determinados tipos de productos técnicamente complejos antes de venderlos tiene por objeto garantizar la protección de los derechos de los consumidores rusos. Los usuarios rusos de servicios de Internet y comunicaciones pueden utilizar los equipos adquiridos sin necesidad de instalar aplicaciones móviles u otros programas informáticos adicionales.

99.Tal y como han sido concebidos por los desarrolladores, los programas preinstalados no forman parte del software principal y, si lo desean, los usuarios pueden desactivarlos o eliminarlos.

Respuesta al párrafo 17 de la lista de cuestiones

100.En Rusia, las relaciones entre las personas que desempeñan actividades científicas y/o científico-técnicas, las autoridades públicas y los consumidores de bienes, obras y servicios científicos y/o científico-técnicos, incluida la prestación de apoyo estatal para labores de innovación, están reguladas por la Ley Federal núm. 127 de Ciencia y Política Científico-Técnica Estatal, de 23 de agosto de 1996, y las leyes y demás instrumentos jurídicos y normativos aprobados de conformidad con ella, así como por otras leyes e instrumentos jurídicos y normativos de la Federación de Rusia.

101.De acuerdo con la Ley núm. 127, los órganos de los poderes del Estado tienen, entre otras cosas, la obligación de garantizar a las personas que desempeñan actividades científicas y/o científico-técnicas la libertad de creación, otorgándoles el derecho a elegir sus propios objetivos y métodos en la investigación científica y el desarrollo experimental; reconocer el derecho a asumir riesgos razonables en las actividades científicas y/o científico-técnicas; y garantizar la libertad de acceso a la información científica y científico-técnica, salvo en los casos previstos por la legislación rusa en materia de secretos de Estado, oficiales o comerciales.

102.La gestión de las actividades científicas y/o científico-técnicas se basa en una combinación de los principios de regulación estatal y autogestión. Los órganos de los poderes del Estado y de las entidades constitutivas de la Federación y las academias estatales de ciencias determinan, en el marco de sus competencias, los objetivos prioritarios pertinentes que se han de perseguir en el desarrollo de la ciencia, las tecnologías y la ingeniería y velan por el establecimiento de un sistema de instituciones científicas, la coordinación interprofesional de la actividad científica y/o científico-técnica, el desarrollo y la implementación de programas y proyectos científicos y científico-técnicos, el desarrollo de formas de integración de la ciencia y la manufactura y la aplicación práctica de los logros alcanzados en la esfera de la ciencia y la ingeniería.

103.La gestión de las actividades científicas y/o científico-técnicas debe ceñirse a unos límites que no vulneren la libertad de creación científica. Los órganos de los poderes del Estado y de las entidades constitutivas de la Federación aprueban los estatutos de las instituciones científicas estatales federales y de las instituciones científicas estatales de las entidades constitutivas de Rusia, respectivamente; llevan un control sobre el uso efectivo y la integridad de los bienes materiales proporcionados a las instituciones científicas estatales; y desempeñan otras funciones en el marco de sus competencias (artículo 7 de la Ley núm. 127).

104.No se dispone de información sobre ningún caso en que se haya ejercido presión o se hayan tomado represalias contra académicos.

Respuesta al párrafo 18 de la lista de cuestiones

105.Por el Decreto Presidencial núm. 344 de 29 de mayo de 2020 se aprobó la Estrategia de Lucha contra el Extremismo en la Federación de Rusia para 2025 con el fin de garantizar la aplicación de la política estatal de lucha contra el extremismo en la Federación de Rusia y concretar las disposiciones de la Ley Federal núm. 114 de Lucha contra las Actividades Extremistas, de 25 de julio de 2002.

106.Con el fin de evitar las interpretaciones arbitrarias de la estrategia, en ella se especifican determinados términos, como el concepto de actividad extremista o extremismo, y se definen los objetivos de la política estatal en la esfera de la lucha contra el extremismo, entre los que figura la reforma de la legislación rusa y la aplicación de la ley en el ámbito de la lucha contra el extremismo.

107.El 20 de abril de 2017, el Tribunal Supremo de la Federación de Rusia ordenó la disolución de la organización religiosa Centro Administrativo de los Testigos de Jehová de Rusia y de las organizaciones religiosas locales que la conforman. Uno de los motivos por los que se ordenó la disolución de esta organización y se decretó que tenía carácter extremista fue el hecho de que un tribunal había constatado que dicha organización había importado y distribuido literatura religiosa en Rusia, parte de la cual (un centenar de materiales) fue posteriormente declarada extremista por los tribunales rusos e incluida en la Lista Federal de Materiales Extremistas.

108.La reacción ante las actividades de estas organizaciones religiosas se debió a las consecuencias que dichas actividades tenían sobre los derechos de terceros, incluidos menores de edad.

109.La adopción de estas medidas estuvo motivada principalmente por los llamamientos de particulares y familiares de ciudadanos que eran miembros de organizaciones religiosas locales de los testigos de Jehová.

110.La objetividad de la calificación jurídica reflejada en las demandas administrativas ha quedado demostrada por los datos sobre las actividades de las organizaciones religiosas locales de los Testigos de Jehová recopilados durante un período de más de diez años. En la información recibida se hacía referencia no solo a la difusión de ideas extremistas, sino también a la denegación de asistencia médica (transfusiones de sangre), la participación de menores de edad en el estilo de vida de los adeptos, la no realización de las tareas domésticas, donaciones periódicas, etc.

111.Además de denuncias sobre la disolución de matrimonios y otras formas de ruptura o agravamiento de las relaciones familiares, los ciudadanos solicitaron de forma proactiva que se adoptaran medidas para responder al comportamiento de los seguidores de este movimiento religioso, que mostraban una falta de respeto por los derechos e intereses de los demás.

112.En 2015, el departamento de Stary Oskol del Servicio Federal de Seguridad de la Federación de Rusia en la provincia de Bélgorod recibió una denuncia colectiva de los residentes de la aldea de Fedoseyevka (110 personas) en la que se exigía que se les protegiera de la propaganda intrusiva de los representantes de una organización religiosa local cuyos adeptos se personaban con frecuencia en domicilios particulares imponiendo su fe, distribuyendo literatura religiosa —incluso dejándola en los buzones— expresando opiniones negativas sobre las decisiones gubernamentales e insistiendo en que se aceptara la confesión de los testigos de Jehová como única creencia verdadera.

Respuesta al párrafo 19 de la lista de cuestiones

113.Según lo dispuesto en el artículo 21 del Pacto, el ejercicio del derecho de reunión pacífica solo podrá estar sujeto a las restricciones previstas por la ley que sean necesarias en una sociedad democrática, en interés de la seguridad nacional, de la seguridad pública o del orden público, o para proteger la salud o la moral públicas o los derechos y libertades de los demás.

114.A este respecto, en la legislación rusa no solo se establecen derechos para los organizadores y participantes de actos públicos, sino que también se les imponen ciertos deberes.

115.La Ley Federal núm. 54 de Asambleas, Mítines, Manifestaciones, Marchas y Piquetes, de 19 de junio de 2004, establece un procedimiento para la notificación de actos públicos que permite a las autoridades adoptar medidas razonables y necesarias para hacer efectivo el derecho constitucional de los ciudadanos a celebrar un acto público en condiciones que garanticen el respeto de la seguridad nacional, la seguridad pública, el orden público y la salud y la moral públicas, así como la protección de los derechos y libertades de los demás.

116.De lo contrario, las autoridades públicas, al carecer de información fiable sobre el acto público previsto, su naturaleza y su magnitud, se verían de facto en la imposibilidad de cumplir su obligación, prevista en el artículo 2 de la Constitución de la Federación de Rusia, de respetar y proteger los derechos y las libertades de la persona y del ciudadano y de adoptar las medidas necesarias, incluidas medidas de carácter preventivo y organizativo, para garantizar la seguridad tanto de los participantes de dicho acto público como de las demás personas.

117.Los actos de protesta no autorizados que se organizaron y celebraron los días 27 de julio de 2019 y 3 de agosto de 2019 en Moscú y el 27 de marzo de 2019 en Magás en contravención del orden establecido adquirieron tintes violentos cuando los participantes opusieron resistencia a los agentes de la ley mediante el uso de medios improvisados (trozos de muebles, restos de material de construcción, etc.) como armas contra ellos y les infligieron lesiones de diversa gravedad.

118.En lo que respecta al endurecimiento de las sanciones por participar en protestas y la imposición de “cuantiosas multas financieras”, quisiéramos señalar que de los datos estadísticos no se pueden deducir los importes exactos de las multas administrativas impuestas. En 2019, 10 personas, entre ellas 7 funcionarios y 3 particulares, fueron enjuiciadas por infringir la legislación en materia de asambleas, mítines, manifestaciones, marchas y piquetes (artículo 5.38 del Código de Infracciones Administrativas). El valor total de las multas impuestas en las sentencias firmes ascendió a 240.000 rublos, esto es, una media de 24.000 rublos por cada persona culpable.

119.Una tendencia similar se observó en 2018, cuando 15 personas (8 funcionarios y 7 particulares) fueron enjuiciadas en aplicación del artículo 5.38 del Código de Infracciones Administrativas, y se les impusieron multas por un valor total de 285.000 rublos, esto es, 19.000 rublos de media.

120.En 2017, un total de siete personas fueron objeto de sanciones administrativas en aplicación del artículo 5.38 del Código de Infracciones Administrativas. Se les impusieron multas administrativas por valor de 42.000 rublos, por lo que la multa media fue de 6.000 rublos.

Respuesta al párrafo 20 de la lista de cuestiones

121.Las actividades de las organizaciones sin fines de lucro que ejercen funciones de agentes extranjeros están reguladas por la Ley Federal núm. 7 de Organizaciones Sin Fines de Lucro, de 12 de enero de 1996, que define la organización sin fines de lucro que ejerce funciones de agente extranjero como una organización rusa sin fines de lucro que recibe fondos u otros bienes de donantes extranjeros y participa en actividades políticas que se llevan a cabo en el territorio ruso, entre otras cosas en interés de donantes extranjeros (en lo sucesivo, “agente extranjero”).

122.Toda organización sin fines de lucro que decida desempeñar sus actividades como agente extranjero después de haberse inscrito en el registro estatal está obligada a presentar al Ministerio de Justicia de Rusia, antes del inicio de dichas actividades, una solicitud para su inclusión en el registro de organizaciones sin fines de lucro que ejercen funciones de agentes extranjeros (en lo sucesivo, “el registro”). El procedimiento de inclusión de un agente extranjero en el registro no conlleva legalmente la obligación de disolver la organización sin fines de lucro.

123.El Tribunal Constitucional de la Federación de Rusia, en su sentencia núm. 10 de 8 de abril de 2014, señaló que, según su tenor y su finalidad dentro de la normativa legal en vigor, las disposiciones del artículo 32, párrafo 7, segunda parte, de la Ley núm. 7, y del artículo 29, sexta parte, de la Ley Federal núm. 82 de Asociaciones Civiles, de 19 de mayo de 1995, no prohíben que las organizaciones sin fines de lucro, incluidas las asociaciones civiles, reciban fondos u otros bienes de donantes extranjeros, no obstaculizan su participación en las actividades políticas que se llevan a cabo en el territorio ruso, no implican una injerencia del Estado en las actividades de las organizaciones sin fines de lucro ni un control sobre la idoneidad de dichas actividades ni privan a tales organizaciones ni a ninguna de las personas que participan en sus actividades del derecho a la protección judicial cuando las autoridades gubernamentales toman decisiones sobre sus actividades de conformidad con la ley.

124.La obligación de presentar una solicitud de inclusión en el registro correspondiente antes de que una organización sin fines de lucro que ejerza funciones de agente extranjero comience sus actividades políticas tiene por objeto velar por una mayor transparencia de las actividades de dicha organización. En sí misma, esa obligación no vulnera los derechos de las organizaciones sin fines de lucro.

125.La organización civil interregional Memorial Human Rights Centre, la organización civil internacional Memorial International Historical, Educational, Charitable and Human Rights Society y la organización sin fines de lucro Fundación de Lucha contra la Corrupción están incluidas en el registro.

126.Una organización sin fines de lucro puede ser retirada del registro, por los motivos establecidos en la Ley núm. 7, por decisión del Ministerio de Justicia de Rusia, la cual debe ser adoptada en un plazo máximo de tres meses a partir de la fecha de presentación de la correspondiente solicitud por la organización sin fines de lucro.

127.El Ministerio de Justicia ruso está examinando la solicitud presentada por la Fundación de Lucha contra la Corrupción para que sea retirada del registro.

128.La legislación rusa no tiene por objeto lograr la disolución de estas organizaciones ni imponer obstáculos para la realización de sus actividades, sino únicamente obligar a dichas organizaciones sin fines de lucro a cumplir estrictamente la ley, lo cual exige la transparencia de sus actividades y la adquisición de la condición de agente extranjero mediante su inclusión en el registro correspondiente.

129.Una organización no gubernamental (ONG) extranjera o internacional puede ser declarada indeseable en el territorio ruso de conformidad con el artículo 3.1, párrafo 1, de la Ley Federal núm. 272 de imposición de medidas contra personas implicadas en violaciones de los derechos humanos y las libertades fundamentales y de los derechos y libertades de los ciudadanos de la Federación de Rusia, de 28 de diciembre de 2012, si sus actividades representan una amenaza para los fundamentos del orden constitucional de la Federación de Rusia, la capacidad de defensa del país o la seguridad del Estado, lo cual incluye el hecho de favorecer u obstaculizar la nominación de candidatos, la presentación de las listas de candidatos, la elección de candidatos registrados, la promoción de una iniciativa para un referéndum y su celebración y la consecución de un determinado resultado en las elecciones y referendos, incluida la participación por otros medios en campañas electorales y campañas de referendos, exceptuando la participación de observadores extranjeros o internacionales en dichas campañas.

130.Toda ONG extranjera o internacional que sea declarada indeseable en el territorio ruso (en lo sucesivo, “organización indeseable”) será incluida en la lista correspondiente (en adelante, “la lista”), que se publicará en el sitio web oficial del Ministerio de Justicia de Rusia y en el periódico nacional Rossíiskaya Gazeta (artículo 3.1, párrafo 4, de la Ley núm. 272).

131.Con arreglo a la información recibida por la Fiscalía General de la Federación de Rusia, se han incluido en la lista las siguientes organizaciones extranjeras: Člověk v tísni, o.p.s (“People In Need”) (República Checa), Open Russia Civic Movement, Open Russia (Reino Unido) y OR (Otkrytaya Rossia) (Reino Unido) (que el 8 de noviembre de 2017 pasó a denominarse HUMAN RIGHTS PROJECT MANAGEMENT).

132.La realización de actividades en el territorio ruso por parte de una organización indeseable y su participación en ellas están tipificadas en el artículo 284.1 del Código Penal y en el artículo 20.33 del Código de Infracciones Administrativas.

133.A raíz de las actividades de inspección llevadas a cabo por la Fiscalía General de la Federación de Rusia a fecha de 16 de septiembre de 2020, se decidió reconocer como indeseables las actividades de 29 ONG extranjeras e internacionales, que fueron incluidas en la lista.

Respuesta al párrafo 21 de la lista de cuestiones

134.La Comisión Electoral Central de la Federación de Rusia y las comisiones electorales subordinadas a ella han creado todas las condiciones necesarias para el libre ejercicio de los derechos de sufragio activo y pasivo por parte de los ciudadanos rusos.

135.El 20 de marzo de 2018, en una reunión con la Comisión Electoral Central, un grupo de observadores internacionales acreditados de Francia, Bélgica, Serbia, Italia y los Países Bajos indicaron que la campaña electoral rusa se había desarrollado correctamente y elogiaron la transparencia del procedimiento de votación.

136.Varios representantes del mecanismo nacional de vigilancia pública valoraron positivamente la organización de la campaña presidencial en la Federación de Rusia.

137.La asociación de organizaciones sin fines de lucro para la protección de los derechos electorales Citizens’ Watch señaló que, pese a todas las deficiencias y problemas identificados, la campaña presidencial de 2018 podía considerarse legítima y transparente.

138.Las denuncias de que las elecciones presidenciales de 2018 en la Federación de Rusia se celebraron en un clima de excesivo control, caracterizado por una presión constante sobre las personas que expresaban opiniones críticas, y de que las restricciones impuestas a las libertades fundamentales relacionadas con la inscripción de candidatos conllevaron una disminución de las oportunidades para ejercer una actividad política y una ausencia de competencia real constituyen únicamente referencias a informes de fuentes no identificadas.

139.En vísperas de la campaña de las elecciones presidenciales de 2018 se modificó la legislación para permitir el envío de observadores no solo por parte de los candidatos, sino también por parte de las cámaras sociales, integradas por numerosos representantes de diversas organizaciones civiles. En las elecciones presidenciales de 2018 se permitió el envío de observadores a los colegios electorales por cientos de apoderados de los candidatos sin previo aviso a las comisiones.

140.Como consecuencia de ello, 356.000 observadores, incluidos más de 157.000 de las cámaras sociales, más de 105.000 miembros de comisiones sin derecho a voto y casi 15.000 representantes de medios de comunicación acreditados, estuvieron presentes en los colegios electorales durante las elecciones presidenciales celebradas en 2018 en la Federación de Rusia.

141.Entre el personal que llevó a cabo dicha labor había 1.513 observadores extranjeros e internacionales procedentes de 115 países en representación de diversas organizaciones internacionales, entre ellas la Oficina de Instituciones Democráticas y Derechos Humanos de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE), la Asamblea Parlamentaria de la OSCE, el Comité Ejecutivo y la Asamblea Interparlamentaria de la Comunidad de Estados Independientes (CEI), la Organización de Cooperación de Shanghái, la Asamblea Parlamentaria de la Unión entre Belarús y Rusia, la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva y la Asamblea Parlamentaria de la Cooperación Económica del Mar Negro (PABSEC).

142.La información relativa a la continua presión sobre las voces críticas es falsa. Muchos candidatos a la Presidencia de la Federación de Rusia (Pavel Grudinin, Vladimir Zhirinovsky, Ksenia Sobchak y otros) hicieron en reiteradas ocasiones declaraciones críticas, incluso con respecto al Presidente en ejercicio de la Federación de Rusia, y no se ejerció ningún tipo de presión sobre ellos por sus declaraciones.

143.En lo que respecta a la afirmación de que Alexéi Navalny no pudo inscribir su candidatura debido a una condena penal previa que parecía estar basada en motivos políticos, nos gustaría señalar lo siguiente: Alexéi Navalny fue condenado el 31 de diciembre de 2014 por el Tribunal del Distrito de Zamoskvoreche, de la ciudad de Moscú, por fraude y blanqueo de dinero. Asimismo, el 8 de febrero de 2017 fue condenado por el Tribunal del Distrito de Lenin, de la ciudad de Kírov, por malversación de bienes de una empresa estatal unitaria. Los cargos que se le imputan no están relacionados con sus convicciones políticas ni con su participación en actividades políticas.

144.Las denuncias de que el proceso penal contra él había sido incoado por las autoridades estatales para obstruir sus actividades políticas fueron desestimadas por el TEDH en sus sentencias de 23 de febrero de 2016 y 17 de octubre de 2017.

145.En la lista de cuestiones se alude a Alexéi Navalny como uno de los candidatos más importantes de la oposición. Esta afirmación no es correcta, ya que se inscribieron ocho candidatos a las elecciones presidenciales en la Federación de Rusia. En este sentido, resulta inapropiado calificar a los candidatos de la oposición de más o menos importantes, así como afirmar que no hubo una verdadera competencia en las elecciones presidenciales celebradas en 2018 en la Federación de Rusia.

146.El principal motivo por el que se deniega la inscripción de un candidato que se presenta a las elecciones en nombre de un determinado partido político de la oposición es el incumplimiento por parte de dicho candidato del procedimiento y las condiciones para la presentación de candidaturas establecido en la legislación electoral.

Respuesta al párrafo 22 de la lista de cuestiones

147.Los órganos de investigación del Comité de Instrucción en la república de Crimea no han recibido ninguna denuncia de persecución, intimidación o detención ilegal de defensores de los derechos humanos, periodistas o blogueros en el territorio de la república, ni han investigado ninguna causa penal en ese sentido.

148.La Dirección General de Investigación del Comité de Instrucción de la Federación de Rusia en la república de Crimea y la ciudad de Sebastopol tiene pendientes cuatro causas penales relacionadas con la desaparición de varios de los ciudadanos mencionados en la lista de cuestiones del Comité.

149.Las autoridades policiales de la república de Crimea no han recibido ninguna denuncia relacionada con la desaparición de Vasyl Chernysh, ni con la pérdida de contacto entre él y sus familiares.

150.Por iniciativa de la fiscalía, el órgano de instrucción del Ministerio del Interior en la república de Crimea llevó a cabo indagaciones en torno a la publicación relativa a la desaparición en Crimea del nacional ucraniano y “activista local del movimiento AutoMaidan” Vasyl Chernysh, a raíz de las cuales no se obtuvieron datos objetivos que confirmaran la presencia y desaparición de dicha persona en el territorio de Crimea.

151.Las circunstancias que rodearon la desaparición en diferentes momentos de Arlen Terekhov, Ruslan Ganiyev, Islyam Dzhepparov, Dzhevdet Islyamov, Seyran Zinedinov y Ervin Ibragimov fueron esclarecidas por los órganos de investigación de la Dirección General de Investigación del Comité de Instrucción de la Federación de Rusia en la república de Crimea y la ciudad de Sebastopol en el marco de diversas causas penales incoadas en aplicación de los artículos 105 (asesinato) y 126 (secuestro) del Código Penal. Dado que durante las investigaciones no se identificó a ningún sospechoso y se concluyeron todas las diligencias de investigación que podían realizarse en ausencia de un sospechoso, entre 2017 y 2019 se interrumpió la instrucción preparatoria en esos casos con arreglo a lo dispuesto en el artículo 208, párrafo 1, apartado 1, del Código de Procedimiento Penal. La legalidad de las decisiones procesales ha sido comprobada por la fiscalía de la república de Crimea y no se ha encontrado ningún motivo para su revocación. La labor de busca y captura continúa en el marco de las operaciones de investigación de actos delictivos.

152.En relación con estas causas penales, la fiscalía de la república de Crimea no recibió ninguna solicitud de consulta de los autos por parte de las víctimas o sus representantes ni ninguna denuncia de las partes interesadas por denegación de acceso a la información relacionada con la investigación de dichas causas.

153.El artículo 2801 del Código Penal (Llamamiento público a la acción para vulnerar la integridad territorial de la Federación de Rusia) fue introducido por la Ley Federal núm. 433 de 28 de diciembre de 2013.

154.El Tribunal Constitucional de la Federación de Rusia, en su sentencia núm. 25 de 26 de octubre de 2017, observó que, si bien el Pacto consagra el derecho de toda persona a la libertad de expresión, incluida la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección, en él se parte también del principio de que el ejercicio de ese derecho entraña deberes y responsabilidades especiales, y puede estar sujeto por ley a ciertas restricciones para asegurar el respeto a los derechos o a la reputación de los demás y la protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral públicas.

Respuesta al párrafo 23 de la lista de cuestiones

155.En el territorio de la república de Crimea, las organizaciones religiosas deben desempeñar sus actividades de conformidad con los requisitos de la Ley Federal núm. 7 de Organizaciones Sin Fines de Lucro, de 12 de enero de 1996, y la Ley Federal núm. 125 de Libertad de Conciencia y Organizaciones Religiosas, de 26 de septiembre de 1997.

156.A fecha de 1 de octubre de 2020 había 794 organizaciones religiosas registradas en la república de Crimea (763 en 2018 y 786 en 2019) de más de 20 credos diferentes, incluidas 242 organizaciones religiosas locales musulmanas y 4 organizaciones religiosas locales adheridas a la doctrina de la Iglesia católica bizantina griega.

157.En los primeros nueve meses de 2020, la Dirección del Ministerio de Justicia de Rusia en la república de Crimea accedió a registrar diez nuevas organizaciones religiosas (33 en 2018 y 29 en 2019).

158.El número de organizaciones religiosas en esa entidad constitutiva de la Federación aumenta cada año, lo que pone de manifiesto que los ciudadanos están ejerciendo su derecho constitucional a la libertad de conciencia, la libertad de culto y el derecho de asociación.

159.Según la Dirección del Ministerio de Justicia de Rusia en la república de Crimea, en el territorio de la república están registradas cuatro iglesias católicas bizantinas griegas y más de 100 comunidades musulmanas, incluida la organización religiosa musulmana centralizada denominada Dirección Espiritual de los Musulmanes de la República de Crimea y la Ciudad de Sebastopol.

160.Debido al incumplimiento de los requisitos impuestos en la Ley de la República de Crimea núm. 38 de las Peculiaridades de la Regulación de las Cuestiones relacionadas con la Propiedad y la Tierra en la República de Crimea, de 31 de julio de 2014, el Tribunal de Arbitraje de la República de Crimea, en su decisión de 28 de junio de 2019, respaldó las reclamaciones presentadas por el Ministerio de la Propiedad y la Tierra de la República de Crimea en relación con la obligación de la diócesis de Crimea de la Iglesia ortodoxa ucraniana del patriarcado de Kiev de devolver al Ministerio parte del edificio no residencial sito en el número 17 de la calle Sebastopol, en la ciudad de Simferópol, en el que tenía su sede. Dicha decisión judicial se ejecutó mediante un desalojo forzoso.

161.La asociación civil Mejlis del Pueblo Tártaro de Crimea, que llevaba a cabo actividades extremistas, fue disuelta por el tribunal el 26 de abril de 2016 a petición del fiscal de la república de Crimea. El Tribunal Supremo de la Federación de Rusia, en su sentencia de 29 de septiembre de 2016, confirmó dicha decisión.

162.Mustafa Dzhemilev, a quien se alude en la lista de cuestiones, se dio a la fuga para eludir la acción de los órganos de instrucción preliminar, y está siendo procesado en aplicación de los artículos 322, párrafo 3, 224 y 222, párrafo 1, del Código Penal por cruzar ilegalmente la frontera estatal rusa el 3 de mayo de 2014 y almacenar municiones (cartuchos para armas rayadas) y armas de fuego sin la debida diligencia, creando así las condiciones para que otra persona (su hijo, Khaiser Dzhemilev) las pudiera utilizar, a raíz de lo cual Fevzi Edemov perdió la vida.

163.Desde junio de 2020 esa causa penal está siendo examinada en ausencia del acusado por el Tribunal Municipal de Armyansk, de la república de Crimea, de acuerdo con el procedimiento establecido en el artículo 247, párrafo 5, del Código de Procedimiento Penal de la Federación de Rusia, y la defensa corre de cuenta del abogado Nikolay Polozov.

164.Refat Chubarov, que se dio a la fuga para eludir la acción de los órganos de instrucción preliminar, está siendo procesado en aplicación de los artículos 212, párrafo 1, 280.1, párrafo 2, y 280, párrafo 1, del Código Penal por organizar unos disturbios en las inmediaciones de la sede del Consejo Supremo de la República de Crimea el 26 de febrero de 2014, en el marco de los cuales varios ciudadanos sufrieron lesiones corporales de diversa gravedad y dos resultaron muertos.

165.Desde mayo de 2020 esa causa penal está siendo examinada en ausencia del acusado por el Tribunal Supremo de la República de Crimea, de acuerdo con el procedimiento establecido en el artículo 247, párrafo 5, del Código de Procedimiento Penal de la Federación de Rusia, y la defensa corre de cuenta del abogado Aleksandr Osokin.

166.Contra los Sres. Dzhemilev y Chubarov se ha decretado prisión preventiva como medida cautelar por un período de dos meses a partir del momento en que sean extraditados al territorio de la Federación de Rusia o detenidos en él.

167.Por la sentencia del Tribunal Municipal de Yalta de 3 de marzo de 2020, en la que se tuvo en cuenta la sentencia dictada por el Tribunal Supremo de la República de Crimea el 25 de junio de 2020 respecto de un recurso de apelación, Yunus Masharipov, que había sido acusado de tráfico ilícito de sustancias y artefactos explosivos, fue eximido de responsabilidad penal por la comisión de un acto tipificado como delito en el artículo 222.1, párrafo 1, del Código Penal, y se le impuso una medida de tratamiento médico obligatorio consistente en el internamiento obligatorio en un centro médico en el que se proporciona atención psiquiátrica en régimen hospitalario de tipo especializado con supervisión intensiva.

168.En la instancia de apelación también se desestimó la causa penal incoada en relación con la fabricación de artefactos explosivos por parte del Sr. Masharipov en aplicación del artículo 223.1, párrafo 1, del Código Penal, y se reconoció su derecho a la rehabilitación. Estas decisiones fueron recurridas por las partes ante el Cuarto Tribunal Ordinario de Casación.

169.Por sentencia firme de 5 de marzo de 2020, el Tribunal del Distrito de Dzhankoy, en la república de Crimea, condenó a Serhiy Filatov en aplicación del artículo 282.2, párrafo 1, del Código Penal; y en su sentencia de 16 de septiembre de 2020, el Tribunal Militar de la Circunscripción Meridional declaró a Server Mustafayev culpable de los delitos tipificados en los artículos 205.5, párrafo 1, 30, párrafo 1, y 278 del Código Penal, sentencia que ha sido recurrida por la defensa.

170.En la república de Crimea se han tomado las medidas necesarias para garantizar el acceso a la educación en ucraniano y en tártaro de Crimea.

171.De acuerdo con los artículos 10 y 19 de la Constitución de la república de Crimea, los idiomas oficiales de la república de Crimea son el ruso, el ucraniano y el tártaro de Crimea. Todos los ciudadanos tienen derecho a utilizar su lengua materna y a elegir libremente el idioma de comunicación, de educación, de crianza y de creación artística.

172.De acuerdo con la Ley de la República de Crimea de Educación en la República de Crimea, de 6 de julio de 2015, en los centros educativos estatales y municipales la labor educativa se lleva a cabo en el idioma oficial de la Federación de Rusia. No obstante, los nacionales rusos que residen en el territorio de la república tienen derecho a recibir educación en su lengua materna, incluidos el ruso, el ucraniano y el tártaro de Crimea, así como el derecho a estudiar su lengua materna en la medida de las posibilidades que ofrece el sistema educativo, según el procedimiento establecido en la legislación en materia de educación.

173.Para hacer efectivos esos derechos se establece el número necesario de centros educativos, clases y grupos y se crean las condiciones necesarias para su funcionamiento, con arreglo a las solicitudes formuladas por los padres o representantes legales de los niños durante el proceso de admisión en el centro educativo. En lo que respecta al estudio de la lengua materna, su voluntariedad no implica que el alumnado pueda negarse a ello, sino que existe la posibilidad de elegir entre el ruso, el tártaro de Crimea, el ucraniano u otro idioma de los pueblos de Rusia que residen en la república.

174.El Programa Estatal para el Desarrollo de la Educación en la República de Crimea, aprobado por Resolución del Consejo de Ministros de la República de Crimea el 16 de mayo de 2016 (en su versión modificada el 21 de enero de 2020), prevé diversas medidas para preservar y desarrollar el idioma oficial de Rusia, los idiomas oficiales de la república de Crimea y otras lenguas de los pueblos de Rusia, incluida una partida de gastos para la adquisición de obras literarias en ucraniano y en tártaro de Crimea para los estudiantes.

175.De acuerdo con las normas educativas estatales a nivel federal para la enseñanza primaria, básica y secundaria generales, la asignatura Lengua Materna y Literatura en Lengua Materna es obligatoria.

176.Actualmente hay 544 centros de enseñanza general en la república de Crimea, en los que están matriculados 213.600 niños. De ellos, 207.200 alumnos reciben educación en ruso (el 96,9 %); 6.400, en tártaro de Crimea (el 3 %); y 206, en ucraniano (el 0,1 %). No consta que se hayan cerrado escuelas o se haya provocado artificialmente una escasez de profesores en la república de Crimea.

Respuesta al párrafo 24 de la lista de cuestiones

177.Los derechos de los pueblos indígenas minoritarios están garantizados en el artículo 69 de la Constitución de la Federación de Rusia de conformidad con los principios y normas del derecho internacional universalmente reconocidos y los tratados internacionales en que es parte Rusia.

178.A raíz de la aprobación de la Ley de Enmienda de la Constitución de la Federación de Rusia núm. 1, de 14 de marzo de 2020, por la que se mejora la regulación de determinadas cuestiones relacionadas con la organización y el funcionamiento de las autoridades públicas, a dicho artículo se le añadió una segunda parte, en la que se establece que el Estado debe proteger la identidad cultural de todos los pueblos y comunidades étnicas de Rusia y velar por la preservación de la diversidad etnocultural y lingüística.

179.La protección del hábitat original y del estilo de vida tradicional de los pueblos indígenas minoritarios es competencia tanto de la Federación de Rusia como de sus entidades constitutivas (artículo 72, párrafo 1 m), de la Constitución de la Federación de Rusia).

180.La Ley Federal núm. 82 de Garantías de los Derechos de los Pueblos Indígenas Minoritarios de la Federación de Rusia, de 30 de abril de 1999, es el principal instrumento legislativo en el que se establecen los fundamentos jurídicos para garantizar el desarrollo socioeconómico y cultural idiosincrásico de los pueblos indígenas minoritarios de la Federación de Rusia y proteger su hábitat original y su estilo de vida tradicional, sus actividades económicas y sus oficios tradicionales.

181.La Ley Federal núm. 11, de 6 de febrero de 2020, introdujo un sistema de registro de las personas pertenecientes a pueblos minoritarios. Esa novedad se hará efectiva el 7 de febrero de 2022.

182.Para que los pueblos indígenas minoritarios del Norte, Siberia y el Extremo Oriente de la Federación de Rusia puedan hacer uso de sus recursos naturales y preservar su estilo de vida tradicional se han creado una serie de zonas protegidas —los denominados “territorios de explotación tradicional de los recursos naturales”—, cuyo estatuto jurídico, incluidas las cuestiones relacionadas con el aprovechamiento de los recursos naturales, está regulado por la Ley Federal núm. 49 de Territorios de Explotación Tradicional de los Recursos Naturales por los Pueblos Indígenas Minoritarios del Norte, Siberia y el Extremo Oriente de la Federación de Rusia, de 7 de mayo de 2001.

183.Habida cuenta de la ubicación geográfica de los lugares de residencia habitual de los pueblos indígenas minoritarios del Norte y el Extremo Oriente, es importante señalar que, en 2020, al artículo 11 de la Ley Federal núm. 174, de Evaluación del Impacto Ambiental, de 23 de noviembre de 1995, se le añadió el párrafo 7.9, en el que se establece que la documentación de los proyectos de urbanización, construcción y reconstrucción que se quieran ejecutar en la zona ártica de Rusia debe ser objeto de una evaluación del impacto ambiental llevada a cabo a nivel federal.

184.Esto ha permitido consagrar en la legislación unas salvaguardias adicionales para el cumplimiento de los requisitos legales en materia de medio ambiente en el marco de la realización de actividades industriales con un potencial impacto negativo sobre el aire, el suelo, las fuentes de agua potable y otros sitios naturales, así como los lugares sagrados y los lugares de enterramiento.

185.En el artículo 13, párrafo 2, de la Ley Federal núm. 7 de Protección del Medio Ambiente, de 10 de enero de 2002, se establece que, cuando se vayan a llevar a cabo obras o actividades económicas o de otro tipo que puedan dañar el medio ambiente, la decisión sobre si se autoriza su ejecución se adoptará teniendo en cuenta la opinión de la población o los resultados de un referéndum. Esta disposición puede aplicarse plenamente a los pueblos indígenas minoritarios del Norte, Siberia y el Extremo Oriente.

186.En la legislación federal se desarrollan esas disposiciones legales, estableciendo así otros derechos de los pueblos indígenas minoritarios, como, por ejemplo, el derecho previsto en la Ley Federal núm. 52 de la Protección y Explotación de la Fauna, de 24 de abril de 1995, a utilizar métodos tradicionales de caza de la fauna silvestre y sus productos (art. 48) y a la explotación con carácter prioritario de la fauna silvestre en los territorios tradicionales de asentamiento situados en lugares tradicionales de residencia y actividad económica de los pueblos indígenas minoritarios (art. 49); el derecho a la pesca en el marco de su estilo de vida tradicional y sus actividades económicas tradicionales (artículo 25 de la Ley Federal núm. 166 de Pesca y Conservación de los Recursos Biológicos Acuáticos, de 20 de diciembre de 2004); y el derecho a la caza en el marco de su estilo de vida tradicional y sus actividades económicas tradicionales (artículo 19 de la Ley Federal núm. 209, de 24 de julio de 2009, relativa a la caza y a la conservación de los recursos conexos y por la que se modifican algunos instrumentos legislativos de la Federación de Rusia).

187.Las entidades constitutivas de la Federación de Rusia en cuyo territorio viven representantes de pueblos indígenas minoritarios regulan las cuestiones relacionadas con la conservación de los lugares sagrados, por ejemplo mediante la Ley núm. 92 de Janty-Mansi (Yugrá) de los Santuarios de los Pueblos Indígenas Minoritarios de la Región Autónoma de Janty-Mansi (Yugrá), de 8 de noviembre de 2005.

188.Las cuestiones relacionadas con el aprovechamiento tradicional de los recursos naturales se regulan a nivel regional. Muestra de ello es la resolución núm. 41 del Gobierno de la Provincia de Tyumén, de 24 de febrero de 2009, por la que se aprueba el régimen de explotación de las masas de agua en los lugares tradicionales de residencia y actividad económica de los pueblos indígenas minoritarios del Norte en el territorio de la provincia de Tyumén con el fin de proteger el hábitat original y el estilo de vida tradicional de esos pueblos.

189.En la provincia de Kémerovo residen miembros de los pueblos indígenas shor y teleut. Los shorses viven, entre otros lugares, en la aldea de Kazas, en el área metropolitana de Myskí.

190.En la aldea de Kazas se llevan a cabo actividades de extracción de carbón. Una de las condiciones para la concesión a la sociedad gestora Yuzhnaya de la licencia de explotación del subsuelo fue el reasentamiento de los residentes de 28 hogares de la aldea de Kazas. A tal efecto, el 10 de agosto de 2012 la administración del área metropolitana de Myskí y la sociedad gestora Yuzhnaya firmaron un acuerdo de cooperación social y económica en el que se definía el modo de proceder para el reasentamiento de los residentes de dicha aldea. En una asamblea de vecinos de la aldea celebrada el 15 de diciembre de 2012 se decidió que se reasentaría a todas las personas que lo deseasen.

191.Entre 2013 y 2015 se firmaron 38 contratos de compraventa de viviendas, parcelas y locales no residenciales. Según el informe de la sociedad gestora Yuzhnaya, la empresa celebró contratos de compraventa de viviendas y parcelas con los residentes de la aldea de Kazas y acuerdos para la demolición de casas y el pago de indemnizaciones por un importe de más de 82 millones de rublos. Los ciudadanos con propiedades en el territorio de la aldea, los miembros de su familia y sus parientes cercanos pueden acceder al territorio explotado por la empresa y atravesarlo libremente.

192.La organización civil interregional Centro de Ayuda a los Pueblos Indígenas Minoritarios del Norte fue disuelta por decisión del Tribunal Municipal de Moscú de 6 de septiembre de 2019, adoptada a raíz de la demanda administrativa presentada por la Dirección General del Ministerio de Justicia de Rusia en la ciudad de Moscú. La disolución de esta organización civil interregional se debió a la constatación de graves y reiteradas violaciones de la legislación rusa en sus actividades.

Respuesta al párrafo 25 de la lista de cuestiones

193.Las medidas para hacer frente a la COVID-19 se adoptaron teniendo en mente el objetivo de lograr un equilibrio justo entre la posibilidad de ejercer los derechos relacionados con el ámbito sanitario y la imposición de medidas restrictivas de carácter temporal.

194.En razón de la amenaza de propagación de la COVID-19 se impuso un confinamiento en las entidades constitutivas de la Federación de Rusia con arreglo a la Ley Federal núm. 68 de Protección de la Población y los Territorios en Situaciones de Emergencia de Carácter Natural o Provocadas por el Hombre, de 21 de diciembre de 1994. Las competencias de las autoridades ejecutivas de las entidades constitutivas de la Federación de Rusia para restringir la circulación de las personas e imponer otras medidas en situaciones que representen una amenaza para la salud pública se derivan del artículo 4.1, párrafo 10, de la Ley Federal núm. 68 (Medidas Adicionales de Protección de la Población), así como del artículo 6 de la Ley Federal núm. 52 de Protección Sanitaria y Epidemiológica de la Población, de 30 de marzo de 1999.

195.El confinamiento se impuso en las 85 entidades constitutivas de la Federación de Rusia, y en 44 de ellas se reconoció como circunstancia de fuerza mayor. El método reglamentario elegido fue una medida de carácter obligatorio y adecuada ante las amenazas que habían surgido.

196.La difusión de información falsa durante la pandemia de enfermedad por coronavirus puede tener graves consecuencias sociales y económicas. Esta desinformación se propaga de manera casi instantánea, provoca el pánico, desorienta a los ciudadanos, ocasiona daños psicológicos directos y obstaculiza la aplicación de las medidas adoptadas para evitar que la situación empeore. A menudo, las personas que siembran el pánico ofrecen remedios que pueden causar un daño considerable a la salud.

197.El problema de la desinformación está presente en todo el mundo. La Organización Mundial de la Salud ha acuñado el término “infodemia”.

198.A este respecto, Rusia ha introducido sanciones administrativas y penales por difundir información falsa sobre la enfermedad por coronavirus. En la legislación rusa este tipo de acciones están calificadas como un abuso de la libertad de prensa.

199.Para prevenir la aparición y la propagación de una nueva ola de la COVID-19 entre las personas recluidas en instituciones penitenciarias y el personal de las instituciones y los órganos del sistema penitenciario, se han adoptado una serie de medidas organizativas, sanitarias y antiepidémicas de carácter preventivo.

200.El Servicio Penitenciario Federal promulgó la Orden núm. 196 de Medidas Urgentes para Prevenir la Propagación del Coronavirus (COVID-19), de 19 de marzo de 2020, estableció una sede operativa y aprobó y empezó a ejecutar un plan de medidas urgentes para prevenir la propagación del coronavirus.

201.El 7 de abril de 2020, el Servicio Penitenciario Federal aprobó un plan integral de medidas prácticas organizativas, sanitarias y epidémicas y de tratamiento y diagnóstico ante la amenaza de la aparición y propagación de una nueva ola de la COVID-19 en las instituciones y los órganos penitenciarios. El plan incluye amplias medidas preventivas y de tratamiento en función del nivel de riesgo epidémico.

202.Con el fin de responder rápidamente a la cambiante situación epidémica en las dependencias médicas del Servicio Penitenciario Federal, se creó una reserva operacional de personal médico, incluidos anestesistas, intensivistas, generalistas, especialistas en enfermedades infecciosas y personal auxiliar.

203.Para ofrecer un tratamiento controlado a los pacientes con COVID-19, las dependencias médicas del sistema penitenciario recibieron de forma oportuna los medicamentos pertinentes con arreglo a las recomendaciones metodológicas temporales para la prevención, el diagnóstico y el tratamiento de la COVID-19, aprobadas por el Ministerio de Salud.

204.En la Constitución de la Federación de Rusia se establece el derecho de todas las personas a la inviolabilidad de la vida privada y de los secretos personales y familiares. También se prohíbe la recopilación, el almacenamiento, el uso y la difusión de información sobre la vida privada de una persona sin su consentimiento.

205.Desarrollando esa disposición de la Constitución, la Ley Federal núm. 152 de Datos Personales, de 27 de julio de 2006, define el concepto de “confidencialidad de los datos personales”, a saber: la obligación de los operadores o cualquier otra persona o entidad que tenga acceso a los datos personales de un individuo de evitar su difusión sin el consentimiento de dicho individuo o en ausencia de otros motivos legales para ello.

206.El control del acceso a atención médica para los pacientes con enfermedades crónicas, incluidas las enfermedades cardiovasculares y los distintos tipos de cáncer, y el suministro de los medicamentos y dispositivos médicos necesarios a los pacientes y a las dependencias médicas se llevan a cabo de acuerdo con la Instrucción Presidencial núm. 790 de 9 de mayo de 2020 (párr. 6).

207.Se están llevando a cabo controles para evitar la interrupción del tratamiento antirretroviral de los pacientes infectados por el VIH que, durante la pandemia, se encuentren fuera de la región en la que tienen su domicilio habitual.

208.Debido a la situación epidémica actual, se ha reducido el número de consultas en régimen ambulatorio para los pacientes infectados por el VIH, pero ha aumentado el número de consultas virtuales para estos ciudadanos.

209.Se ha hospitalizado a pacientes para prestarles atención médica especializada no urgente únicamente en aquellos casos en que se disponía de un volante emitido por el médico de cabecera del centro médico que le corresponde al paciente, por la autoridad ejecutiva de la entidad constitutiva de la Federación de Rusia competente en el ámbito sanitario o por una autoridad ejecutiva federal.

210.A raíz de la aprobación de la Disposición núm. 1470 del Gobierno de la Federación de Rusia, de 3 de junio de 2020, se inició la reanudación gradual de las actividades normales en los centros médicos.