Comité de Derechos Humanos

Quinto informe periódico que Georgia debía presentar en 2019 en virtud del artículo 40 del Pacto * **

[Fecha de recepción: 14 de febrero de 2020]

Introducción

1.El presente documento es el quinto informe periódico de Georgia sobre la aplicación del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (en adelante, el Pacto), elaborado en virtud del artículo 40 del Pacto.

2.Tiene por objeto proporcionar al Comité de Derechos Humanos (en adelante, el Comité) información sobre las medidas adoptadas por Georgia para hacer efectivos los derechos civiles y políticos enunciados en el Pacto. Abarca el período posterior a la presentación del cuarto informe periódico del país.

3.El informe se elaboró teniendo en cuenta las directrices para el documento específico relativo al Pacto que deben presentar los Estados partes de conformidad con el artículo 40 (CCPR/C/2009/1), así como las observaciones finales del Comité sobre el cuarto informe periódico de Georgia.

4.La primera parte contiene información sobre las cuestiones relacionadas con la aplicación de las observaciones finales del Comité. En la segunda parte se suministra información adicional sobre la efectividad de los derechos definidos en el Pacto. En el informe también se describe la grave situación de los derechos humanos en los territorios ocupados de Georgia.

5.Todos los ministerios competentes y los organismos pertinentes, así como las autoridades judiciales y legislativas, participaron en la preparación del informe. El proceso fue coordinado por el Ministerio de Relaciones Exteriores. En particular, intervinieron los siguientes organismos: la Secretaría de Derechos Humanos de la Administración del Gobierno; la Comisión Interinstitucional sobre la Igualdad de Género, la Violencia contra la Mujer y la Violencia Doméstica; el Ministerio de Justicia; el Ministerio del Interior; el Ministerio de Desplazados Internos de los Territorios Ocupados, Trabajo, Salud y Asuntos Sociales; el Ministerio de Relaciones Exteriores; el Ministerio de Educación, Ciencia, Cultura y Deportes; el Ministerio de Defensa; el Ministerio de Finanzas; la Oficina del Ministro de Estado de Georgia para la Reconciliación y la Igualdad Cívica; el Organismo Estatal de Asuntos Religiosos; la Comisión Electoral Central; la Oficina del Tribunal Supremo de Georgia; la Fiscalía General; la Oficina del Inspector del Estado; y el Parlamento.

6.El proyecto de informe se presentó a la Oficina del Defensor del Pueblo y a diversas organizaciones no gubernamentales (ONG) y organizaciones internacionales para que formularan observaciones y sugerencias. De acuerdo con la nueva normativa, el informe final se sometió a la revisión del Parlamento. Como resultado de ese proceso, se efectuaron las modificaciones y las adiciones pertinentes.

I.Respuesta a las recomendaciones finales del Comité

Recomendación 5Aplicación de los dictámenes del Comité

7.En 2016 se modificaron los Códigos Civil, Penal y de Procedimiento Administrativo para garantizar la aplicación efectiva de los dictámenes y las recomendaciones de los mecanismos de derechos humanos establecidos en virtud de los instrumentos de derechos humanos de las Naciones Unidas, a saber: el Comité de Derechos Humanos, el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, el Comité de los Derechos del Niño, el Comité contra la Tortura y el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial.

8.Cabe destacar que las nuevas normas relativas a las solicitudes de indemnización se aplican también a las personas que, antes de la aprobación de las modificaciones legislativas, eran consideradas elegibles para recibir la mencionada indemnización estatal por un órgano creado en virtud de un tratado.

9.Conviene señalar que, tomando como fundamento las modificaciones mencionadas, los solicitantes ya han acudido a los tribunales nacionales. En uno de estos casos, Ratiani c. Georgia, ya se ha ejecutado la decisión, mientras que se están llevando a cabo los procedimientos de ejecución en dos casos: X y Y c. Georgia (comunicación núm. 24/2009, dictamen del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer de 13 de julio de 2015) y J. Ch. y J. E. c. Georgia (comunicación núm. 573/2013, dictamen del Comité contra la Tortura de 12 de mayo de 2017), respecto de los cuales se están adoptando diversas medidas individuales y generales tendientes a su ejecución efectiva. En cada caso, los tribunales nacionales determinaron las compensaciones económicas por los daños morales o materiales sufridos por los demandantes.

Recomendación 6Legislación de lucha contra la discriminación

10.De conformidad con la Ley de Eliminación de Todas las Formas de Discriminación, aprobada el 2 de mayo de 2014, un órgano independiente, el Defensor del Pueblo de Georgia, supervisa y controla la eliminación de la discriminación y vela por la igualdad. A fin de cumplir eficazmente las nuevas tareas que le ha asignado la ley, la Defensoría del Pueblo ha creado una unidad estructural, el Departamento de Igualdad, que emplea a cinco funcionarios públicos de forma permanente y a un abogado en el marco del proyecto de ONU-Mujeres.

11.Para llevar efectivamente a la práctica los objetivos de la Defensoría del Pueblo, su presupuesto se ha incrementado en un 268 % desde 2014. El presupuesto aprobado ascendió a 2,38 millones de laris en 2014; a 4 millones en 2015; a 4,5 millones en 2016; a 4,8 millones en 2017; a 5,5 millones en 2018 y a 6,4 millones en 2019.

12.El Defensor del Pueblo recibe y examina las solicitudes y denuncias de las personas físicas o jurídicas que se consideran víctimas de discriminación. En caso de que existan pruebas suficientes de discriminación, podrá recomendar a la organización o a la persona física pertinente que restituya los derechos de la víctima. Aunque esas recomendaciones no son vinculantes, las relativas a casos de discriminación se pueden hacer cumplir a través de los tribunales. Si los organismos públicos no responden o no cumplen las recomendaciones mencionadas, el Defensor del Pueblo puede presentar una denuncia ante un tribunal y solicitar que se lleven a la práctica.

13.Cabe señalar que, el 2 de mayo de 2019, el Parlamento aprobó una importante modificación de la Ley Orgánica del Defensor del Pueblo de Georgia por la que se otorga a este funcionario la facultad de recurrir a un tribunal si una persona jurídica o cualquier otra entidad de derecho privado no responde a su recomendación o no la tiene en cuenta. En virtud de las modificaciones, también se autorizó al Defensor del Pueblo a solicitar a los tribunales que hagan cumplir las recomendaciones que formula a las personas jurídicas de derecho privado.

Recursos jurídicos

14.Los tribunales regionales (municipales) de Georgia examinan los casos de discriminación en el marco de procedimientos penales, civiles y administrativos. En el anexo se proporciona información sobre el número de casos examinados en el período comprendido entre 2016 y 2018 (véase el anexo 1).

Concienciación

15.Desde 2016, el Centro de Capacitación de la Justicia, que es una entidad jurídica de derecho público, organiza en todo el país, especialmente en ciudades y pueblos donde residen minorías étnicas, cursos orientados a suministrar información y concienciar, a diversos grupos de la sociedad, acerca de la legislación contra la discriminación.

16.Entre 2016 y 2018, el Centro llevó a cabo una campaña de concienciación en gran escala, que comprendió actividades de capacitación y conferencias públicas en diversas regiones de Georgia. Por otra parte, se publicaron folletos sobre el tema de la discriminación en los idiomas georgiano, osetio, abjasio, armenio, azerbaiyano y ruso. En el anexo 2 se proporciona información detallada a este respecto.

Recomendación 7Igualdad de género

a)Igualdad de género: estrategias y campañas de sensibilización

17.En junio de 2017, mediante un decreto del Gobierno, se creó la Comisión Interinstitucional sobre la Igualdad de Género, la Violencia contra la Mujer y la Violencia Doméstica, integrada por viceministros y copresidida por el Asesor del Primer Ministro sobre Derechos Humanos y Cuestiones de Igualdad de Género y por el Viceministro de Justicia.

18.Este mecanismo institucional desempeña la función de organismo coordinador definida por el Convenio de Estambul, facilita la ejecución efectiva de las tareas asignadas a los organismos estatales en el ámbito de la prevención y la eliminación de la violencia contra la mujer y coordina los organismos pertinentes. Tiene por objeto llevar a la práctica la política del Gobierno encaminada a erradicar los estereotipos y las actitudes existentes y a intensificar la labor de concienciación pública.

19.En abril de 2018, el Gobierno de Georgia aprobó el Plan de Acción Nacional para la Protección de los Derechos Humanos (2018-2020), que contiene un capítulo independiente titulado Igualdad de Género y Empoderamiento de la Mujer. Además, se han aprobado los siguientes documentos:

Plan de Acción Nacional para Combatir la Violencia contra la Mujer y la Violencia Doméstica y Medidas para la Protección de las Víctimas (Supervivientes) para el período de 2018 a 2020.

Plan de Acción Nacional para la Aplicación de las Resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas sobre la Mujer, la Paz y la Seguridad para el período de 2018 a 2020.

20.Conviene observar que la Comisión Interinstitucional, con el apoyo de ONU‑Mujeres, ha elaborado la Estrategia Nacional de Comunicación sobre la Violencia contra la Mujer y la Violencia Doméstica, y su Plan de Acción correspondientes a 2018‑2020. Estos documentos facilitan la labor coordinada y eficiente de los órganos responsables y la aplicación de la política estatal integrada de prevención de la violencia contra la mujer y la violencia doméstica.

21.Cabe poner de relieve que la planificación de la política estatal se basó en las principales conclusiones de los estudios pertinentes, así como en las recomendaciones del Defensor del Pueblo. Asimismo se tuvieron en cuenta los resultados de las consultas efectuadas a representantes del sector civil.

22.Las entidades estatales realizan frecuentemente reuniones informativas temáticas con la población, incluidas campañas de sensibilización de la sociedad sobre la violencia contra la mujer y la violencia doméstica. Como resultado de las medidas adoptadas, en los últimos años ha aumentado considerablemente el número de denuncias recibidas por las fuerzas del orden. La encuesta realizada conjuntamente en 2017 por ONU-Mujeres y la Oficina Nacional de Estadística de Georgia demuestra lo siguiente: en comparación con los resultados de una encuesta similar efectuada en 2009, los jóvenes tienen actitudes menos discriminatorias; disminuyó el número de mujeres que siguen conviviendo con sus maridos agresores; aumentó el grado de conocimiento de la sociedad sobre los servicios públicos, y se incrementó el número de denuncias policiales.

23.En 2014 se aprobó la Estrategia de Igualdad de Género y se crearon, en el seno del Ministerio de Defensa, el grupo de vigilancia de la igualdad de género y el instituto de asesoramiento en materia de género. La Resolución 1325 (2000) del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas sobre la mujer, la paz y la seguridad y sobre la igualdad entre los géneros se ha incorporado en todos los planes de estudio de la formación profesional de agentes y sargentos, así como en los programas de capacitación previa al despliegue de las operaciones de mantenimiento de la paz. Cabe destacar que el personal militar es objeto de evaluación y rehabilitación psicológicas con anterioridad y con posterioridad al despliegue.

24.Para obtener más información acerca de las actividades de sensibilización sobre la violencia doméstica y de las campañas de prevención de la violencia, véase la respuesta a la recomendación 9.

b)Aumento de la representación de la mujer en los puestos decisorios

25.Desde 2015 se han adoptado varias medidas para introducir cupos de género obligatorios en el Parlamento y en las listas de los partidos. Sin embargo, estas iniciativas no se han traducido en reformas legislativas. La última iniciativa, que data de junio de 2017 y fue encabezada por varios grupos defensores de los derechos de la mujer, tuvo por objeto introducir un cupo obligatorio del 50 % de mujeres en las listas de los partidos políticos para las elecciones parlamentarias y locales, y reunió las firmas de 37.000 ciudadanos. Sin embargo, un proyecto de ley sobre cupos obligatorios no obtuvo el número suficiente de partidarios en 2017.

c)Igualdad de remuneración

26.En virtud del Acuerdo de Asociación entre la Unión Europea y Georgia, el país se comprometió a aproximar gradualmente la legislación georgiana a la de la Unión Europea (UE) y ha puesto en marcha las gestiones pertinentes en este sentido.

d)Acoso sexual

27.El 19 de febrero de 2019 se modificó la Ley de Eliminación de Todas las Formas de Discriminación, que prohíbe la discriminación en Georgia por cualquier motivo. De acuerdo con las modificaciones, se añadió a la Ley la definición de acoso y, en particular, de acoso sexual que, en consecuencia, quedó tipificado como delito.

28.Además, el Consejo de Igualdad de Género del Parlamento ha impulsado modificaciones del Código de Trabajo encaminadas a combatir el problema del acoso sexual en las relaciones laborales. Aunque el Código reconocía el término “acoso” como uno de los elementos de la definición general de discriminación, no enunciaba ninguna definición de “acoso sexual”. El conjunto de modificaciones que entraron en vigor el 3 de mayo de 2019 contiene disposiciones sobre el acoso sexual en las relaciones laborales.

29.Ese mismo día se modificó el Código de Infracciones Administrativas para definir el acoso sexual como infracción de este tipo y determinar las sanciones administrativas correspondientes.

e)Lucha contra el matrimonio precoz

30.La legislación georgiana prohíbe el matrimonio precoz. De acuerdo con las modificaciones del Código Civil de 16 de diciembre de 2015, la edad mínima para contraer matrimonio es de 18 años sin excepción. La nueva reglamentación de los matrimonios está en vigor desde el 1 de enero de 2017.

31.El programa de educación cívica sufrió cambios considerables con ocasión de una revisión del plan de estudios nacional, como resultado de la cual se reforzó el componente de educación cívica. Ya se ha aprobado un plan de estudios de “ciudadanía” en el que se ha incorporado el tema del matrimonio precoz.

32.En 2015 y 2016, el Ministerio de Educación y Ciencia puso en marcha un subprograma de educación y participación de los padres, una de cuyas orientaciones estratégicas consistía en despertar, entre ellos, conciencia acerca de los riesgos de los matrimonios precoces. Se celebraron con regularidad reuniones informativas con los padres de los escolares en las regiones donde estos matrimonios eran particularmente frecuentes.

33.Por iniciativa de la Comisión Interinstitucional sobre la Igualdad de Género, la Violencia contra la Mujer y la Violencia Doméstica, y de la Oficina del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) en Georgia, desde hace tres años desarrolla actividades un grupo de trabajo especial sobre cuestiones vinculadas al matrimonio infantil o precoz, que tiene como misión planificar medidas estratégicas para la prevención y la eliminación de las prácticas nocivas del matrimonio infantil o precoz en el país y facilitar la actividad coordinada de los diversos interesados. El grupo está integrado por representantes de las entidades públicas pertinentes, miembros del grupo de género de las Naciones Unidas (organizaciones internacionales y donantes), representantes de la Defensoría del Pueblo y ONG que trabajan en el tema del matrimonio infantil o precoz.

34.A partir de las conclusiones de un estudio cualitativo sobre el matrimonio infantil o precoz, y de los resultados de entrevistas con los principales interesados, se elaboró una estrategia de comunicación orientada a las repercusiones del matrimonio infantil o precoz en el comportamiento (Comunicación para Impactar en Conductas), en cooperación con el UNPFA y el UNICEF.

f)Lucha contra los abortos selectivos en función del sexo

35.En la Orden núm. 01-74/n de 7 de octubre de 2014 del Ministro de Trabajo, Salud y Asuntos Sociales sobre la Aprobación de Normas relativas a la Interrupción Artificial del Embarazo se establecieron normas vinculadas a la consulta previa al aborto, a fin de suministrar a las pacientes información exhaustiva sobre las complicaciones que este puede traer aparejadas. La misma Orden contiene una disposición que prohíbe el aborto selectivo en función del sexo: “No se permitirá la interrupción artificial del embarazo con el fin de elegir el sexo de un futuro hijo, excepto cuando se deba evitar una enfermedad hereditaria grave relacionada con el sexo”.

36.En 2017 y 2018, con el fin de sensibilizar a la comunidad médica sobre la prevención de la selección de sexo, el Ministerio y el UNFPA prepararon y difundieron, en forma conjunta, un folleto y un manual de comunicación para el personal médico.

Recomendación 8Discriminación por motivos de orientación sexual e identidadde género

Lucha contra los delitos motivados por la discriminación o por el odio

37.En 2018 se presentaron al Parlamento modificaciones legislativas del Código Penal, en virtud de las cuales el motivo de género se convierte en circunstancia agravante de los delitos.

38.En enero de 2018, el Ministerio del Interior creó el Departamento de Protección de los Derechos Humanos, que tiene entre sus principales objetivos supervisar las investigaciones de los delitos de odio y la calidad de los procedimientos administrativos referentes a las infracciones administrativas. Como resultado de la supervisión realizada por el Departamento y de la labor conjunta de las subunidades estructurales del Ministerio del Interior, en 2018 aumentó la identificación de la discriminación como motivo de los delitos penales. La eficaz actividad del Departamento derivó en la ampliación de su mandato en  2019 y, actualmente, el Departamento de Protección de los Derechos Humanos y Vigilancia de la Calidad también supervisa la calidad de las investigaciones de los delitos contra la vida y la salud de las personas.

39.En 2017 se iniciaron procedimientos penales por delitos de odio contra 44 personas. En 2018, se enjuició a 151 personas por delitos de odio o delitos por motivos de discriminación; 12 de ellas fueron procesadas por discriminación en razón de la identidad de género y 15, por discriminación en razón de la orientación sexual (véase además el anexo 3).

40.Las estadísticas de 2018 demuestran que los investigadores han adquirido más conocimientos sobre los delitos de odio y que ha mejorado la técnica de identificación del motivo durante la investigación.

41.El Ministerio ha intensificado la cooperación con el Consejo de Europa para mejorar las estadísticas de los delitos motivados por la discriminación. Como resultado, en 2017 y 2018 los actos con ocasión del Día Internacional contra la Homofobia y la Transfobia (17  de mayo) se llevaron a cabo en un ambiente pacífico. Quienes cometieron delitos durante estos actos fueron detenidos de inmediato y tuvieron que responder ante las autoridades.

42.Actualmente, el Gobierno está trabajando en la elaboración del capítulo sobre la igualdad para incluirlo en el nuevo Plan de Acción de Derechos Humanos para 2020.

Mejora de la cualificación y la formación

43.Se presta considerable atención a las medidas encaminadas a concienciar al personal de los organismos encargados del orden público. En 2018 se formularon directrices sobre la investigación de delitos por motivos de discriminación, a fin de ayudar a las subunidades pertinentes a detectarlos e investigarlos debidamente. Se preparó un manual para los investigadores que contiene instrucciones sobre la forma de entrevistar e interrogar a posibles víctimas, delincuentes y testigos de delitos de odio. En consonancia con ello, se ha iniciado el proceso de especialización de investigadores en esta esfera. En 2018 se tradujo el manual del Consejo de Europa sobre la aplicación de medidas policiales para prevenir los delitos de odio contra las personas lesbianas, gais, bisexuales y transgénero (LGBT).

44.En 2018 unos 50 investigadores recibieron formación especializada durante un curso de tres días sobre delitos por motivos de discriminación. Un módulo especial independiente titulado Prevención de la Discriminación e Igualdad de Género se integró en un curso especial de formación profesional para inspectores de distrito. Asimismo, se incorporó un módulo denominado Discriminación e Igualdad de Género en el programa educativo del curso especial de formación complementaria para el ascenso profesional de los empleados del Departamento de Policía de Patrullaje del Ministerio del Interior.

45.La Academia del Ministerio del Interior imparte un módulo sobre discriminación en todos los cursos básicos y de readiestramiento, que incluye legislación internacional y georgiana de lucha contra la discriminación. Más de 6.500 policías cursaron el módulo durante el período comprendido entre julio de 2014 y diciembre de 2018.

46.En 2018 la Academia del Ministerio del Interior mejoró su programa añadiendo un nuevo módulo sobre grupos vulnerables encaminado a informar a los oficiales de policía acerca de los diferentes grupos, incluidas las minorías sexuales. El módulo está integrado en un programa de capacitación para agentes de policía de la comunidad y contiene diversos temas, como los principales conceptos relacionados con la identidad de género y la orientación sexual, la discriminación y los estereotipos y las formas de combatirlos, y las estrategias de comunicación no discriminatorias. En 2018, 66 policías cursaron el módulo sobre grupos vulnerables.

47.En 2018 la fiscalía realizó actividades de especialización de los fiscales. Algunos de ellos asistieron a cursos intensivos de readiestramiento y trabajarán en delitos de odio. La especialización continuará en 2019 y abarcará todas las unidades territoriales de la fiscalía.

48.En 2016, con el apoyo del Consejo de Europa, se elaboró una recomendación para los fiscales relativa a la aplicación del artículo 531 del Código Penal como circunstancia agravante de la responsabilidad penal, lo que ayudó a identificar y probar delitos de odio.

49.En 2017, a fin de aplicar eficazmente la recomendación para los fiscales sobre los delitos motivados por el odio, se preparó un cuestionario especial que contenía instrucciones sobre las formas de entrevistar e interrogar a posibles víctimas, acusados y testigos de delitos de odio. Los empleados de la fiscalía se familiarizaron con el cuestionario, lo que permitió mejorar la calidad y la eficacia de las medidas adoptadas para identificar los motivos de odio en los casos penales (véanse en el anexo 3 las estadísticas sobre las investigaciones y los enjuiciamientos por delitos de odio).

50.Además, en cooperación con el Consejo de Europa, la fiscalía impartió, a través de la plataforma HELP, el primer curso en línea sobre la prohibición de la discriminación, que tuvo una duración de tres meses y en el que participaron satisfactoriamente 20 fiscales.

51.En el período de 2015 a 2018 se llevaron a cabo 57 actividades educativas sobre la lucha contra todas las formas de discriminación y sobre la investigación eficaz de los delitos de odio; 1.101 empleados de la fiscalía complementaron su capacitación.

Recomendación 9Violencia doméstica y castigo corporal infligido a niños

Campañas de sensibilización

52.Combatir la violencia contra la mujer y la violencia doméstica sigue teniendo un alto grado de prioridad para el Gobierno de Georgia, como queda demostrado por las diversas reformas sistemáticas y legislativas implementadas en los últimos años.

53.La Comisión Interinstitucional sobre la Igualdad de Género, la Violencia contra la Mujer y la Violencia Doméstica, con el apoyo de ONU-Mujeres y la Unión Europea, ha formulado y adoptado la Estrategia Nacional de Comunicación sobre la Violencia contra la Mujer y la Violencia Doméstica, y su Plan de Acción. A fin de aplicar eficazmente el Plan de Acción, con el respaldo de ONU-Mujeres se creó un Grupo de Trabajo Permanente sobre Comunicación en el seno de la Comisión Interinstitucional.

54.Como resultado de la eficaz labor de este Grupo, se planificó y se ejecutó, durante el período comprendido entre el 25 de noviembre y el 16 de diciembre de 2018, una campaña oficial común de 16 días de duración contra la violencia de género, cuyo principal mensaje fue “Combatir la violencia contra la mujer y la violencia doméstica sigue siendo una prioridad para el gobierno de Georgia”. Con el apoyo de ONU-Mujeres y la Unión Europea se realizaron más de 50 eventos oficiales en el marco de la campaña, en la que tomaron parte más de 50 municipios. La campaña incluyó, entre otras, actividades informativas y educativas, así como acontecimientos deportivos, eventos de difusión de conocimientos y espectáculos callejeros.

55.El sitio web del Ministerio del Interior da a conocer los mecanismos legales disponibles contra la violencia doméstica. También contiene información sobre la línea de emergencia 112 del Ministerio y la línea telefónica 116-006 de asesoramiento para las víctimas de la violencia doméstica y los ciudadanos en general.

56.Entre las campañas de sensibilización lanzadas por el Estado, cabe destacar aquella cuyo lema fue “¡Actúa!”, que el Ministerio de Justicia realizó de febrero a noviembre de 2017 y que tuvo como principal objetivo proporcionar información a la población y alentarla a participar en la lucha contra la violencia. Como parte de la campaña, se creó un sitio web [http://imoqmede.ge/] para facilitar la participación de la población en la campaña contra la violencia y permitir que las víctimas o los testigos de hechos violentos informaran sobre el problema, en forma de cartas anónimas al Ministerio de Justicia. En el marco de la campaña social, se organizaron actividades de capacitación gratuitas que abarcaron 78 grupos y un total de 886 participantes. El Ministerio del Interior puso en marcha el proyecto denominado Apoyo al Ministerio del Interior en la Lucha contra la Violencia Doméstica y la campaña social cuyo lema fue “Poder para confiar”. Junto con otros acontecimientos importantes previstos en el proyecto, se organizaron reuniones periódicas con representantes de diversas entidades públicas y gobiernos autónomos locales de las distintas regiones para mejorar la coordinación. A fin de concienciar y de prevenir la violencia contra la mujer y la violencia doméstica, la fiscalía llevó a cabo diversas actividades en el marco de sus proyectos titulados Consejo Local y fiscalías en todas las regiones de Georgia en 2016 y 2017. El Fondo Estatal de Protección y Asistencia de las Víctimas (oficialmente reconocidas) de la Trata (entidad jurídica de derecho público) llevó a cabo la campaña “Abre los ojos”, con el propósito de informar a la población sobre una línea telefónica nacional de consulta contra la violencia (116-066). En el marco del proyecto se creó un sitio web [www.sheachere.ge]. Usando la cámara web y la tecnología de identificación basada en el movimiento ocular, el sitio detiene o continúa la escena que representa la violencia doméstica.

57.Paralelamente a la educación formal, se organizan con regularidad competencias temáticas para sensibilizar a los alumnos de las escuelas sobre todos los tipos de violencia, incluidas la violencia de género y la violencia contra las mujeres y los niños.

58.La fiscalía sigue aplicando estrictamente la política penal contra las personas acusadas de actos de violencia doméstica. Al mejorar la calidad de la supervisión por parte de los fiscales, aumentó considerablemente el número de solicitudes de víctimas de la violencia doméstica, lo que ha dado lugar a un mayor número de enjuiciamientos penales. En 2014 se incoaron acciones penales contra 550 personas; en 2015 este número se elevó a 1.066; en 2016, a 1.356; en 2017, a 1.986 y en 2018, a 3.955.

59.En cuanto a las estadísticas generales sobre la identificación de la discriminación por motivos de género como móvil del delito, se iniciaron procesos penales por esta razón contra 3 personas en 2016; contra 25 en 2017 y contra 111 en 2018.

Aplicación efectiva de la legislación y protección de las víctimas

60.El 5 de abril de 2017, Georgia ratificó el Convenio del Consejo de Europa sobre Prevención y Lucha contra la Violencia contra las Mujeres y la Violencia Doméstica (Convenio de Estambul), que entró en vigor el 1 de septiembre de 2017.

61.Para armonizar la legislación nacional con el Convenio de Estambul, se introdujeron importantes cambios en unas 30 leyes en sendas etapas de 2014 y 2017, con la participación del Ministerio de Justicia; estas enmiendas entraron en vigor el 14 de noviembre de 2014 y el 1 de julio de 2017, respectivamente.

62.Se modificó la Ley de Eliminación de la Violencia Doméstica y de Protección y Apoyo a las Víctimas, y se amplió el alcance de la reglamentación de la Ley para incluir los actos de violencia contra la mujer cometidos fuera de la familia.

63.En virtud de la nueva normativa, las órdenes de alejamiento y de protección pueden aplicarse en cualquier caso de violencia contra la mujer y ya no es necesario que una orden de alejamiento emitida por la policía sea presentada ante un tribunal para que entre en vigor.

64.Se añadieron al Código Penal nuevos delitos, como la mutilación genital femenina, el hostigamiento criminal y la esterilización forzada.

65.El 22 de junio de 2018 entraron en vigor nuevos cambios legislativos en virtud de los cuales, como pena adicional según el Código Penal, se restringieron derechos relacionados con las armas. Es importante destacar que, tras esas modificaciones, al aplicar esta restricción como pena adicional, no necesariamente el arma en cuestión tiene que haber sido utilizada en un delito ni estar destinada a cometerlo. Además, cuando se inicia y se lleva a cabo una investigación por violencia doméstica y de delitos en el seno de la familia, es obligatorio que un agente de policía emita una orden de alejamiento e indique en ella la restricción del uso de armas.

66.El Ministerio de Defensa ha venido integrando las cuestiones vinculadas a la violencia doméstica en los programas de asistencia psicológica para el personal militar. Tras capacitar al respecto a los psicólogos del Ministerio, los temas de violencia doméstica se integraron en los programas de asistencia psicológica para los militares de las misiones de mantenimiento de la paz, tanto antes del despliegue como después del regreso de las misiones.

67.El 20 de septiembre de 2019, el Parlamento aprobó una modificación de la Ley sobre la Violencia contra la Mujer y la Eliminación de la Violencia Doméstica, y la Protección y el Apoyo a las Víctimas, en la que se consolidan las garantías de protección de las víctimas y se crean mecanismos eficaces de vigilancia para la aplicación efectiva de las órdenes de protección y de alejamiento. La modificación tuvo la finalidad de mejorar la legislación en la esfera pertinente y definir las medidas adecuadas de responsabilidad en los casos de violencia contra la mujer y violencia doméstica.

Respuesta a los actos de violencia

68.La violencia contra la mujer y la violencia doméstica figuran entre las prioridades del Ministerio del Interior, que responde de inmediato a cada hecho de violencia, controla estrictamente la calidad de las acciones, toma medidas para mejorar la cualificación de sus empleados mediante actividades de capacitación, coopera con otras entidades y aplica enérgicas medidas de prevención.

69.El Ministerio del Interior ha dispuesto el funcionamiento de la línea telefónica 112 en toda Georgia durante las 24 horas. Cuando se denuncia un acto de violencia, el equipo que corresponda acude al lugar del incidente. Al comprobar que se ha producido un hecho de violencia, el agente policial tiene la facultad discrecional de emitir, si es necesario, una orden de alejamiento para proteger la seguridad de la víctima y evitar que ese hecho se repita. Conforme a la enmienda legislativa de 2017, una orden de alejamiento es válida tras su emisión sin necesidad de obtener la aprobación de un tribunal.

70.Una orden de alejamiento implica la restricción de determinados derechos de un delincuente. El incumplimiento de las disposiciones enunciadas en la orden es punible según lo dispuesto en el artículo 3811 del Código Penal. Cuando se detectan indicios de delito en el lugar del incidente, paralelamente a la emisión de la orden de alejamiento se inicia una investigación con arreglo al artículo 1261 o a los demás artículos relacionados con la violencia doméstica.

71.En virtud de la Orden núm. 726 de 20 de septiembre de 2014 del Ministro del Interior, se creó, dentro del Ministerio del Interior, la Comisión de Prevención y Respuesta Eficaz a la Violencia Doméstica, con el cometido de estudiar si la respuesta policial ante los hechos de violencia en el hogar era adecuada e investigar los actos de violencia cometidos contra mujeres por miembros de su familia.

72.En enero de 2018, como ya se mencionó, en el Ministerio del Interior se estableció el Departamento de Protección de los Derechos Humanos para investigar los hechos de violencia doméstica y de violencia contra la mujer, los delitos por motivos de discriminación e intolerancia, la trata de personas y los delitos cometidos contra menores y por ellos, así como para supervisar la calidad de los procedimientos administrativos aplicables a las infracciones administrativas. Con la creación de este Departamento, se suprimió la Comisión mencionada.

73.En marzo de 2018, el Ministerio del Interior, con el apoyo de ONU-Mujeres, elaboró un instrumento de evaluación del riesgo de violencia contra la mujer y de violencia doméstica, así como un mecanismo de supervisión de las órdenes de alejamiento.

74.Este instrumento de evaluación facilita la prevención temprana de la violencia y la determinación del peligro de que los hechos de violencia se repitan. Consiste en un cuestionario especial integrado en el texto de una orden de alejamiento, que es necesario rellenar en el momento de responder a un incidente. A las respuestas del cuestionario se les otorgan puntuaciones, cuya suma permite identificar los tres niveles de riesgo que puede presentar un delincuente: alto, medio y bajo. De conformidad con el nivel de riesgo establecido mediante el cuestionario, se vigila el cumplimiento de las disposiciones de la orden de alejamiento emitida. La vigilancia implica la comunicación telefónica con la víctima y el delincuente, así como visitas al domicilio con una frecuencia acorde con los riesgos.

75.La evaluación de riesgos y la supervisión del cumplimiento de las órdenes de alejamiento fueron aprobadas por el Decreto del Ministro que entró en vigor el 1 de septiembre de 2018. El incumplimiento de las disposiciones del Decreto Ministerial conlleva sanciones disciplinarias. Con la cooperación de la Academia del Ministerio del Interior se organizó un curso de aprendizaje a distancia sobre la aplicación del citado instrumento, del que participaron 20.000 agentes de policía.

76.Paralelamente a la introducción del instrumento de evaluación de riesgos, se está trabajando en la creación de un sistema de vigilancia electrónica de los delincuentes. El control del desplazamiento de los delincuentes mediante la vigilancia electrónica (brazalete) contribuirá significativamente a la protección de la vida y la salud de las víctimas y a la supervisión del cumplimiento de las órdenes de alejamiento.

Servicios para las víctimas de la violencia contra la mujer y la violencia doméstica

77.El Fondo Estatal de Protección y Asistencia de las Víctimas (oficialmente reconocidas) de la Trata (entidad jurídica de derecho público) (en adelante, el Fondo Estatal) ofrece diversos servicios a las víctimas, las víctimas reconocidas oficialmente y las presuntas, de la violencia contra la mujer y la violencia doméstica.

78.En el período de 2014 a 2019 se amplió la zona geográfica con acceso a los servicios estatales para las víctimas de la violencia, y en la actualidad funcionan cinco albergues y cinco centros de crisis dependientes del Fondo Estatal:

La Institución de Tiflis de Servicios para Víctimas de la Trata y la Violencia Doméstica (albergue), inaugurada en 2010.

La Institución de Batumi de Servicios para Víctimas de la Trata y la Violencia Doméstica (albergue) (si es necesario, presta servicios a las víctimas de la violencia contra la mujer o la violencia doméstica, las personas afectadas por la violencia y las víctimas oficialmente reconocidas, así como a los familiares que ellas tienen a cargo), inaugurada en 2006.

La Institución de Gori de Servicios para Víctimas de Violencia (albergue y centro de crisis); el albergue se abrió en 2010 y el centro de crisis, en enero de 2018.

La Institución de Kutaisi de Servicios para Víctimas de Violencia (albergue y centro de crisis); el albergue se abrió en 2014 y el centro de crisis, en 2017.

La Institución de Sighnaghi de Servicios para Víctimas de Violencia (albergue), inaugurado en 2016.

El Centro de Crisis de Tiflis de Servicios para Víctimas de Violencia, inaugurado en septiembre de 2016.

El Centro de Crisis de Ozurgeti de Servicios para Víctimas de Violencia, abierto en diciembre de 2018.

El Centro de Crisis de Marneuli de Servicios para Víctimas de Violencia, abierto en febrero de 2019.

79.Dentro de los albergues o los centros de crisis, el Fondo Estatal presta los siguientes servicios a las víctimas, víctimas reconocidas oficialmente o presuntas, de la violencia contra la mujer y la violencia doméstica (así como a los familiares que ellas tienen a cargo):

Asistencia y rehabilitación psicológica y social.

Organización y recepción de servicio médico.

Asistencia jurídica (incluida la representación legal en un tribunal y en los organismos de orden público).

Servicios de interpretación, de ser necesarios.

Promoción de la reintegración en la familia y la sociedad, y otros servicios.

Alojamiento diario en el albergue (solo para las víctimas o las víctimas oficialmente reconocidas y sus familiares a cargo), que incluye alimentación, higiene y otros elementos esenciales.

Alojamiento diario en el centro de crisis (para las víctimas presuntas y sus familiares a cargo), que incluye alimentación, higiene y otros elementos esenciales.

Indemnización por un monto de 1.000 (mil) laris (solo para las víctimas o las víctimas oficialmente reconocidas de la trata).

Estadísticas sobre la utilización de albergues

Años	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Beneficiarios	114	188	260	307	412	411

Estadísticas sobre la utilización de centros de crisis

Años	2016	2017	2018	2019
Beneficiarios	33	167	318	242

80.Desde 2017, en los albergues y los centros de crisis también se prestan servicios a las víctimas de la violencia contra la mujer.

81.En 2016 y 2017 el sistema de línea telefónica de consulta (116 006) para la protección contra la violencia se mejoró técnicamente y se diversificaron sus funciones. Por otra parte, desde febrero de 2017, además de atender cuestiones relativas a la violencia familiar, recibe consultas sobre la violencia contra la mujer, la trata y la violencia sexual y, a partir del 1 de marzo, las consultas se pueden realizar no solo en georgiano sino también en otros siete idiomas (inglés, ruso, turco, azerbaiyano, armenio, árabe y persa).

Capacitación para los agentes del orden, el personal médico y los trabajadoressociales

82.La Academia del Ministerio del Interior imparte educación profesional especializada y reciclaje a los oficiales de patrulla y los inspectores de distrito, para quienes en 2015 también se elaboró y se puso en marcha un módulo de capacitación independiente sobre cuestiones vinculadas a la igualdad de género.

83.Después de la creación del instituto para oficiales de policía de la comunidad en 2018, los módulos mencionados se incluyeron en sus programas educativos básicos. Abarcan los siguientes temas: prohibición de la discriminación, respuesta ante la discriminación y su prevención, formas de discriminación, discriminación directa e indirecta, legislación de lucha contra la discriminación, conceptos básicos de género e igualdad de género en Georgia. Más de 6.500 policías cursaron un módulo especial sobre discriminación entre julio de 2014 y diciembre de 2018, y más de 1.000 asistieron al módulo sobre igualdad de género.

84.El módulo sobre violencia doméstica forma parte de todos los programas básicos de la Academia y comprende temas como la violencia doméstica y la violencia contra la mujer, la violencia doméstica contra los niños, las repercusiones de la violencia doméstica en los niños, la legislación georgiana sobre la violencia doméstica y la violencia contra la mujer, la detección de indicios de violencia doméstica y los mecanismos de derivación para niños. Más de 1.800 policías siguieron un módulo especial sobre violencia doméstica (que abarca también la violencia contra los niños) entre julio de 2014 y diciembre de 2018.

85.Conforme al decreto pertinente del Fiscal General, desde el 1 de mayo de 2018 únicamente los fiscales e investigadores especializados de la fiscalía que han recibido un curso de capacitación especial en materia de delitos cometidos en el ámbito doméstico trabajan en este tipo de casos. En la actualidad, 125 fiscales e investigadores están especializados en este campo.

86.En 2017 los fiscales recibieron capacitación intensiva a fin de mejorar su competencia para abordar casos de delitos en la esfera doméstica. En total, se organizaron seis actividades de formación orientadas a combatir la violencia doméstica y la violencia contra la mujer, y se impartió capacitación a 83 funcionarios y empleados de la fiscalía.

87.En 2018 se realizaron tres cursos especiales para capacitar a fiscales e investigadores en la lucha contra la violencia doméstica y la violencia contra la mujer. En 2016 y 2017, en el marco del proyecto regional del Consejo de Europa, se preparó un manual sobre los derechos de la mujer y su acceso a los mecanismos jurídicos, con la participación de los representantes de la fiscalía, que sirvió de base para el programa de capacitación de los fiscales.

88.En 2018, en cooperación con el Consejo de Europa, se impartieron dos cursos de educación sobre la lucha contra la violencia doméstica y la violencia contra la mujer, a los que asistieron representantes de la fiscalía y del Ministerio del Interior, entre ellos 32 fiscales y 10 investigadores.

89.En 2019, con la cooperación activa del Servicio Penitenciario Especial del Ministerio de Justicia y el Centro de Capacitación de la Justicia (entidad jurídica de derecho público), se elaboró el módulo especial titulado Curso de Orientación para Oficiales de Escolta. El curso versa sobre las leyes pertinentes, el desarrollo de aptitudes, la gestión del estrés, la comunicación eficaz y el trabajo en equipo, temas de violencia entre reclusos y la gestión de crisis, entre otros temas. En 2019 se capacitó a 128 oficiales recién reclutados.

90.En 2016, el Fondo Estatal puso en marcha el proyecto denominado Respuesta del Sistema de Salud a la Violencia Doméstica y de Género, financiado por el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA). A fin de que los trabajadores médicos puedan detectar y manejar eficazmente los casos de violencia, se revisó y se ultimó un módulo de capacitación, que está basado en un módulo sobre el fortalecimiento del sistema de salud para responder a la violencia doméstica y la violencia contra la mujer, elaborado conjuntamente por la oficina regional del UNFPA y la organización austríaca Mujeres contra la Violencia en Europa.

91.Además, se elaboraron procedimientos operativos estándar sobre la identificación de la violencia física, psicológica y sexual, los principios de tratamiento de los supervivientes y las cuestiones relacionadas con la derivación de pacientes, dirigidos a los trabajadores médicos de primera y segunda línea.

92.En 2018, a petición del Fondo Estatal y con el apoyo de ONU-Mujeres, la Asociación de Trabajadores Sociales de Georgia redactó un manual de trabajo social, que contiene los principios rectores de la prestación de servicios a los menores y a las personas con discapacidad.

93.En 2017, a fin de seguir mejorando un componente de rehabilitación psicosocial, con el apoyo de ONU-Mujeres y teniendo en cuenta la experiencia internacional, se preparó un manual sobre rehabilitación psicológica para los psicólogos de los centros de crisis y los albergues, orientado a normalizar los servicios psicológicos en estos últimos. En 2018, en los mencionados manuales de trabajo psicológico y social se integraron cuestiones especiales relativas a la labor con niños y personas con discapacidad. Por iniciativa del Fondo Estatal, la Asociación de Trabajadores Sociales organizó un curso de capacitación de varias etapas para los trabajadores sociales de este Fondo, con el fin de seguir mejorando sus aptitudes. Además, en 2017 el Fondo Estatal elaboró un concepto de empoderamiento económico de las víctimas que constituye un importante documento orientativo para la planificación y la ejecución de medidas concretas de empoderamiento económico de los beneficiarios.

94.Los días 28 y 29 de noviembre de 2015, el UNFPA organizó un curso de capacitación para trabajadores sanitarios y médicos sobre la identificación de la violencia física, psicológica y sexual contra la mujer, los principios de atención y las cuestiones referentes a la derivación.

95.En 2016, sobre la base de un documento donde se definen las funciones de los trabajadores sociales y un plan de estudios especial (elaborado como parte del proyecto de la USAID para la reducción de la violencia doméstica en Georgia), 247 trabajadores sociales del Organismo de Servicios Sociales (entidad jurídica de derecho público) recibieron instrucción en cuestiones relacionadas con la violencia en el hogar. Además, 272 trabajadores sociales asistieron a sesiones sobre la asistencia social a niños sin hogar y, en 2017 y 2018, 250 recibieron nueva formación.

96.Entre 2016 y 2018, tomando como base un módulo de capacitación preparado mediante el proyecto del Fondo Estatal titulado Respuesta del Sistema Sanitario ante la Violencia Doméstica y de Género, se organizó un curso para especialistas del sistema de salud destinado a capacitar sobre la identificación de la violencia física, psicológica y sexual contra la mujer, los principios de atención y las cuestiones referentes a la derivación. En total, se instruyó a unos 300 especialistas del sistema sanitario. En 2017 y 2018, 340 especialistas en atención de la salud se capacitaron en el marco del proyecto de la USAID para la reducción de la violencia doméstica en Georgia.

97.Además, el Fondo organiza regularmente cursos de formación. Véase la información sobre las campañas de capacitación y sensibilización en el anexo 4.

Castigo corporal infligido a niños

98.Con el fin de proteger a los niños contra toda forma de violencia, mediante su Decreto núm. 437 de 12 de septiembre de 2016, el Gobierno aprobó un procedimiento de derivación para la protección de los niños.

99.Con esta medida se incrementó el número de organismos participantes en los procedimientos, entre los que se cuentan los municipios. Tal aumento contribuirá a la protección de los niños contra todas las formas de violencia, incluidos los castigos corporales, ya que permitirá establecer un sistema coordinado y eficaz.

100.Según los procedimientos de derivación mencionados, el acto dirigido al castigo corporal de un niño que le provoque sufrimiento o dolor físico constituye una forma de violencia física.

101.El 20 de septiembre de 2019, el Parlamento aprobó el Código de los Derechos del Niño, elaborado con el firme apoyo del UNICEF y la participación del sector civil. El Código reconoce todos los derechos consagrados en la Convención sobre los Derechos del Niño y crea el sistema estatal de protección y apoyo a la infancia, lo cual indica el compromiso del Estado de desarrollar y ofrecer a los niños programas públicos de educación, salud y atención social. El Estado también está obligado a crear un sistema de justicia adaptado a los niños, lo que significa que todas las cuestiones relacionadas con ellos se deben resolver mediante un enfoque multidisciplinario que tenga en cuenta el interés superior del niño. El artículo 25 del Código prohíbe el castigo corporal de los niños.

102.Por otra parte, la Ley de Educación General establece que la violencia contra un alumno o cualquier otra persona en la escuela es inadmisible. Al descubrir hechos o presuntos hechos de violencia contra un niño en alguna institución de enseñanza general, un oficial de recursos debe realizar la identificación inicial de la víctima de violencia o presunta violencia y, tras la identificación, debe derivar al estudiante al Organismo de Servicios Sociales o a los organismos encargados del orden público. En Georgia hay ocho centros de servicios psicológicos, que prestan gratuitamente servicios psicosociales a los estudiantes, sus padres, los docentes y los empleados de la administración escolar, y ofrecen una línea de atención telefónica las 24 horas del día. Los centros capacitan regularmente a los oficiales de recursos, el personal administrativo y los profesores de las instituciones de enseñanza general en el marco de diversos programas.

Recomendación 10Responsabilidad por las violaciones de los derechos humanos cometidas en el pasado

Investigación efectiva, independiente e imparcial del conflicto armado internacional de 2008 por la Corte Penal Internacional (CPI)

103.El 27 de enero de 2016, una Sala de Cuestiones Preliminares de la Corte Penal Internacional atendió la petición, presentada por su fiscal el 13 de octubre de 2015, de que se autorizara a abrir una investigación de crímenes de competencia de la Corte, a saber, los crímenes de guerra y los crímenes de lesa humanidad presuntamente cometidos en la región de Tsjinvali/Osetia del Sur (Georgia) y sus alrededores entre el 1 de julio y el 10 de octubre de 2008.

104.Georgia, en virtud del principio de complementariedad, coopera estrechamente con la CPI para asegurar la eficacia de la investigación. A fin de mejorar el marco de cooperación jurídica internacional, Georgia concertó con la CPI los acuerdos internacionales pertinentes.

105.Como parte de la investigación en curso, el Ministerio de Justicia efectuó los procedimientos nacionales pertinentes para cumplir las solicitudes presentadas por la CPI. La parte georgiana organiza regularmente reuniones con los representantes de la CPI para tratar asuntos de cooperación importantes. Además, el Ministerio de Justicia participa activamente en las reuniones con representantes de las ONG internacionales y locales interesadas en la investigación.

106.Con el propósito de difundir la investigación, en mayo de 2017 el Ministerio de Justicia inició una campaña informativa para el público en general. Entre los destinatarios de la campaña figuraban las personas afectadas por el conflicto de 2008 y otros interesados.

107.Asimismo, a fin de satisfacer los intereses de las víctimas, el Gobierno transfirió 10.000 euros al Fondo Fiduciario establecido en virtud del Estatuto de la Corte Penal Internacional. Por otra parte, el Viceministro de Justicia fue elegido miembro de la Dirección del Fondo Fiduciario como parte del cupo asignado a los Estados de Europa oriental.

Tribunal Europeo de Derechos Humanos y demandas entre Estados

108.Actualmente, en el contexto del conflicto de agosto de 2008 y de la continua ocupación de sus territorios, Georgia ha interpuesto dos demandas al Tribunal Europeo de Derechos Humanos contra la Federación de Rusia. En la causa Georgia c. Rusia (II), Georgia alega que Rusia ha incurrido en una práctica administrativa que permitió, a las fuerzas armadas rusas y las fuerzas separatistas bajo su control, llevar a cabo ataques indiscriminados y desproporcionados contra la población pacífica y sus bienes en los territorios de Abjasia (Georgia) y la región de Tsjinvali/Osetia del Sur (Georgia). El Tribunal Europeo decidirá sobre la causa en un futuro próximo.

109.El 21 de agosto de 2018, el Ministerio de Justicia presentó una nueva demanda ante el Tribunal Europeo contra la Federación de Rusia, Georgia c. Rusia (IV). El caso se refiere a la práctica administrativa de Rusia de acosar, arrestar, detener, agredir y asesinar a ciudadanos georgianos que viven en los territorios ocupados por Rusia y a lo largo de la línea de ocupación, práctica que se intensificó especialmente después de la guerra de 2008 y alcanzó un punto crítico cuando Archil Tatunashvili fue torturado y asesinado en febrero de 2018.

110.En conclusión, puede decirse que, mediante la estrecha cooperación con la CPI y las demandas interpuestas ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, Georgia se propone garantizar, con la participación de los mecanismos internacionales, la investigación efectiva, independiente e imparcial de los presuntos delitos y violaciones de los derechos humanos cometidos durante el conflicto armado de 2008, en particular para asegurar el enjuiciamiento de los responsables y la provisión de recursos efectivos, incluida la reparación a las víctimas.

Recomendaciones 11 y 12Mecanismo de investigación independiente

111.El 10 de mayo de 2019 comenzó a funcionar un organismo estatal independiente, la Oficina del Inspector del Estado, como sucesor legal del Inspector de Protección de Datos Personales. Según la ley, es un órgano de investigación institucionalmente independiente encargado de realizar investigaciones independientes y efectivas de determinadas categorías de delitos cometidos por agentes del orden y funcionarios públicos. Los delitos que le compete investigar incluyen, entre otros, los que implican tortura, tratos inhumanos o degradantes, y abuso de poder o de facultades oficiales, si se cometen mediante violencia o violación de la dignidad de la persona.

112.El Inspector del Estado también tiene competencia para investigar los delitos cometidos por representantes de los órganos de orden público, funcionarios públicos u otras personas que ocupen un cargo equivalente, si el delito ha causado la muerte de una persona y, en el momento de su comisión, esa persona se encontraba físicamente en un centro de detención preventiva, una cárcel o cualquier otro lugar que le hubiera prohibido abandonar, en contra de su voluntad, un representante de un órgano de orden público, un funcionario público u otra persona que ocupe un cargo equivalente, o esa persona estaba, de otro modo, bajo el control efectivo del Estado. El Inspector del Estado comenzó a ejercer su competencia en materia de investigación el 1 de noviembre de 2019.

113.Teniendo en cuenta la importancia del Inspector del Estado, la ley crea fuertes garantías para proteger su independencia. En particular, este funcionario realiza su trabajo de forma independiente y no está subordinado a ningún funcionario ni órgano estatal. Está prohibido y castigado por ley influir en los miembros de la Oficina del Inspector del Estado e interferir en sus actividades.

114.En 2017, la División de Protección de los Derechos Humanos de la Fiscalía General elaboró una recomendación para los fiscales sobre la calificación de los casos de malos tratos cometidos por un funcionario o una persona que ocupe un cargo equivalente. En 2015, la Fiscalía General estableció una nueva unidad especializada, el Departamento de Investigación de los Delitos cometidos durante las Actuaciones Judiciales. (La información estadística sobre las investigaciones de casos penales realizadas por el Departamento figura en el anexo 5).

115.Según los datos correspondientes al período de 2013 a 2016, se incoaron procesos penales contra 127 personas por denuncias de malos tratos cometidos por personal penitenciario y miembros de las fuerzas del orden.

116.En cuanto a los años 2017 y 2018, las estadísticas son las siguientes: como resultado de investigaciones efectivas, en 2017 se enjuició a 17 personas por denuncias de malos tratos. De ellas, 3 eran agentes de policía (1 fue acusado de un delito previsto en el artículo 333 y 2 fueron acusados con arreglo al artículo 1443) y 14 pertenecían al personal penitenciario (2 empleados del departamento penitenciario fueron acusados en virtud de los artículos 1441 y 1443, 10 miembros del personal penitenciario fueron acusados conforme al artículo 1443 y 2, de conformidad con el artículo 333).

117.En 2018 se procesó a 15 personas: 12 agentes de policía, por el delito tipificado en el artículo 333 del Código Penal, y 3 miembros del personal penitenciario, por el delito tipificado en el artículo 1443.

Recomendación 13Duración de la detención administrativa

118.El 18 de agosto de 2014 se introdujeron modificaciones en el Código de Infracciones Administrativas, en virtud de las cuales se redujo de 90 a 15 días el plazo máximo de detención administrativa y se mejoraron las salvaguardias procesales.

119.El 17 de marzo de 2016, mediante el Decreto del Gobierno núm. 124 por el que se aprueba el Reglamento Disciplinario para los Miembros del Servicio Militar del Ministerio de Defensa de Georgia, se suprimió la detención administrativa como sanción disciplinaria.

Recomendación 14Juicio con jurado

120.En 2017 entraron en vigor nuevos cambios en el Código de Procedimiento Penal, por medio de los cuales se modificaron los procedimientos de selección de jurados para permitir ultimarla en el plazo previsto; se redefinió la incompatibilidad de las obligaciones de los jurados con otras actividades; se introdujeron nuevas salvaguardias para asegurar la imparcialidad y la seguridad de los jurados; y se modificaron las normas de recusación y de votación de los jurados, con miras a erradicar la práctica de abusar de las recusaciones infundadas y a organizar mejor el proceso. Además, se instituyeron tribunales con jurado en los tribunales municipales de Tiflis, Kutaisi, Batumi y Rustavi y en los tribunales de distrito de Zugdidi, Telavi y Gori.

Recomendación 15Política en materia de estupefacientes

Política de tolerancia cero con las sustancias estupefacientes

121.El Consejo de Coordinación Interinstitucional de Lucha contra los Estupefacientes, que coordina la formulación de políticas relacionadas con los estupefacientes en Georgia desde 2011, es un mecanismo institucional eficaz y coordinado que se ocupa de seguir mejorando la política existente en materia de drogas.

122.Cabe señalar que, el 4 de diciembre de 2013, este Consejo elaboró y aprobó la Estrategia del Estado para Combatir el Uso Indebido de Drogas. La Estrategia y sus respectivos Planes de Acción para 2013-2015, 2016-2018 y 2019-2020 se basan en cuatro pilares: 1) prevención, 2) tratamiento y rehabilitación, 3) reducción del daño y 4) lucha contra los delitos relacionados con las drogas.

123.Desde 2014 se han tomado medidas importantes para implantar una política sobre drogas más liberal y basada en los derechos humanos:

En 2014 se aprobó la Ley de Nuevas Sustancias Psicoactivas, que constituye un mecanismo eficaz para prevenir la difusión de estas sustancias en el país.

Según las modificaciones del Código Penal aprobadas en 2015, se distingue entre la responsabilidad penal por la compra, el almacenamiento y actividades similares relacionadas con los estupefacientes, por un lado, y por la venta de drogas, por el otro.

El personal de las ambulancias ya no está obligado a denunciar los casos de sobredosis de drogas a las fuerzas del orden, obligación que tenía el efecto de disuadir de llamar a una ambulancia en esos casos.

En julio de 2017, el Consejo de Coordinación aprobó un conjunto de proyectos de enmienda legislativa encaminados a liberalizar la política en materia de drogas estableciendo una responsabilidad jurídica menos estricta en relación con las drogas relativamente blandas, como el cannabis y la marihuana cruda (desecada).

En 2017 el Consejo de Coordinación elaboró el proyecto de ley destinado a revisar las cantidades de estupefacientes cuya tenencia es legal.

El 30 de noviembre de 2018, el Parlamento aprobó un conjunto de modificaciones legislativas sobre el consumo de marihuana mediante las cuales se aplicó una sentencia del Tribunal Constitucional y se estableció un equilibrio justo y razonable entre la libertad personal y la necesidad pública de seguridad, teniendo en cuenta los riesgos que plantea el cannabis (o marihuana). El conjunto de modificaciones preveía la prohibición del consumo de marihuana en espacios públicos, en instituciones públicas, en presencia de menores y en el interior o a 150 m de instituciones para menores, así como al desempeñar tareas militares y dentro de unidades militares. Además, en caso de reincidencia en el consumo de marihuana en presencia de un menor o en el ejercicio de funciones oficiales, se facultó a los jueces a limitar los derechos civiles del reincidente, entre ellos el derecho a desempeñar actividades pedagógicas, conducir un vehículo, portar armas o trabajar para una organización estatal. Conducir un vehículo bajo la influencia de las drogas ha dejado de acarrear sanciones administrativas y ha pasado a ser un acto punible en virtud de la legislación penal.

124.Además, últimamente los tribunales han mejorado la calidad de la fundamentación de las sentencias en los casos de delitos vinculados a las drogas. Según el estudio de las sentencias llevado a cabo por el Tribunal Supremo, los tribunales han estado evaluando la credibilidad de las pruebas de los agentes de policía junto con otras pruebas disponibles en el caso y han estado basando sus sentencias en la combinación de pruebas que permitan confirmar o rechazar los cargos.

Servicios de atención de la salud para pacientes drogadictos

125.Desde 2008 el Gobierno financia los siguientes servicios de atención de salud para pacientes drogadictos:

Desintoxicación en régimen de internamiento y rehabilitación primaria para pacientes que sufren trastornos mentales y de comportamiento causados por opioides, estimulantes y otras sustancias psicoactivas.

Rehabilitación psicosocial.

Terapia de sustitución.

Servicios de internamiento para pacientes que sufren trastornos mentales y de comportamiento como resultado del abuso del alcohol.

126.Uno de los elementos del Programa Estatal de Atención de la Salud consiste en la prevención de la adicción a las sustancias y la adicción a los juegos de azar, que comprende una serie de actividades:

Elaboración de una estrategia y un plan de acción para concienciar sobre la adicción a las sustancias, en estrecha colaboración con las organizaciones y las partes interesadas pertinentes que se ocupan de las cuestiones relativas a la adicción a las sustancias.

Realización de un estudio cualitativo en pequeña escala de la población destinataria y formulación de una estrategia de comunicación y un plan de acción destinados a prevenir la adicción al juego.

Organización de una campaña educativa a través de los medios de comunicación social, incluidos materiales multimedia.

Información, a través de los medios de comunicación, acerca de la nocividad del consumo de drogas y la adicción al juego.

Intervención en “charlas útiles” y otras actividades educativas, con la participación de organizaciones comunitarias y no gubernamentales.

Preparación y emisión de videos en canales de televisión o por medio de las redes sociales.

Preparación, impresión y difusión de material informativo (volantes, folletos, notas informativas y breves carteles de orientación sobre la legislación aplicable).

Capacitación de docentes, en escuelas piloto, en cuestiones relativas a la adicción a las sustancias, incluida la forma de comunicarse con los alumnos adictos.

Organización de una sesión de capacitación o un taller para los representantes de los medios de comunicación.

Recomendación 16Justicia juvenil

127.El 12 de junio de 2015, el Parlamento aprobó el Código de Justicia Juvenil, que tiene como piezas fundamentales, entre otras, las ideas de que todas las decisiones sobre los menores deben basarse, ante todo, en su interés superior y en un enfoque individual; de que deben preferirse medidas alternativas a la prisión como sanción penal; de que los derechos de los menores requieren protección especial en el curso de los procedimientos judiciales, y de que se les deben proporcionar mejores condiciones de detención. Teniendo en cuenta su particular condición física y mental, el Código establece un enfoque especial de los menores en todas las cuestiones que les conciernen.

128.El Código se aplica siempre que en un procedimiento judicial intervenga un menor en conflicto con la ley, un testigo menor de edad o una víctima menor de edad. El Código se aplica también a las personas en conflicto con la ley que tienen entre 18 y 21 años de edad encuadradas en los casos descritos en el artículo 15, párrafo 1 (cuando esa persona esté acusada de cometer un delito penal) y en los artículos 38 a 48 (disposiciones sobre derivación).

129.Desde la aprobación del Código de Justicia Juvenil, la frecuencia de la utilización del encarcelamiento como tipo principal de pena para los menores ha disminuido drásticamente.

Acceso de los menores condenados o procesados a la educación; rehabilitación y resocialización

130.Los presos menores de edad alojados en la institución de rehabilitación se benefician de programas de rehabilitación psicosocial, como EQUIP (dirigido a lograr que los menores condenados comprendan el delito) y Reingreso (preparación para la puesta en libertad), que ayuda a los reclusos a desarrollar las aptitudes que necesitarán para reintegrarse en la sociedad. Los sistemas penitenciarios, de libertad a prueba y de prevención del delito deben participar en la ejecución de los programas de gestión de la transición.

131.A todos los presos menores de edad se les proporcionan una evaluación individual de riesgos y necesidades, planes individuales y programas apropiados de rehabilitación y apoyo para ayudarlos a superar sus factores criminógenos individuales y a cambiar de manera positiva a fin de que cumplan su condena y se reintegren satisfactoriamente.

132.En cuatro instituciones penitenciarias se ofrece acceso a la educación a los menores encarcelados o procesados, quienes pueden rendir, en cada una de ellas, exámenes externos para obtener un diploma y exámenes nacionales unificados. Los menores condenados tienen acceso a la formación profesional. Este proceso en la institución de rehabilitación está a cargo de las escuelas estatales de estudios superiores.

133.En 2017, 94 menores procesados o condenados participaron en el programa de educación general de las instituciones penitenciarias. De ellos, 7 rindieron exámenes de reconocimiento de estudios anteriores y 4, exámenes externos para obtener un diploma, mientras que 2 tomaron parte en el examen nacional. Un joven continuó sus estudios universitarios en la institución penitenciaria.

134.Desde el 1 de enero de 2018, los reclusos de la institución de rehabilitación de menores están autorizados a cursar estudios de grado (primer nivel de la enseñanza universitaria).

Recomendación 17Desplazados internos

135.El Gobierno de Georgia se ha comprometido a proteger los derechos de los desplazados internos durante todo el período en que se hallen en esa situación, así como a promover su integración y encontrar soluciones de largo plazo para atender sus necesidades y problemas. Se ha progresado significativamente en todas estas direcciones.

136.Desde julio de 2014, la Estrategia del Estado sobre los Desplazados Internos y el Plan de Acción para su aplicación han sido actualizados varias veces por los decretos pertinentes del Gobierno que prevén, para los desplazados, nuevos programas mediante los cuales se les ofrece alojamiento a largo plazo. En el marco de los programas, se proporcionó alojamiento a largo plazo a 9.973 familias desplazadas internamente. Además, otras 15.608 familias obtuvieron el registro del título de propiedad de los lugares de residencia de los que solían ser legítimos propietarios. El asentamiento de las familias se llevó a cabo teniendo debidamente en cuenta sus propias elecciones, dentro de las unidades administrativas en las que residían y a las que ya estaban acostumbradas.

137.En 2015, el Gobierno puso en marcha un programa para dar alojamiento transitorio a familias desplazadas internamente. El programa, del que se beneficiaron unos 4.500 grupos familiares, preveía la distribución de asistencia monetaria a las familias para ayudarlas a alquilar espacios habitacionales.

138.También se han tomado medidas importantes para renovar y adaptar las antiguas zonas de asentamiento compacto de los desplazados internos. Como resultado de los programas ejecutados conjuntamente por las autoridades centrales y locales, se han rehabilitado, de diferentes maneras, más de 600 de esas zonas.

139.A finales de 2014, el Gobierno redobló sus esfuerzos para proporcionar a las familias desplazadas internamente medios de subsistencia e ingresos sostenibles. A tal fin, en 2014 se estableció un organismo para proveer de medios de vida a los desplazados internos, actualmente denominado Organismo de Suministro de Medios de Vida (entidad jurídica de derecho público). El Organismo tiene como objetivo principal mejorar las condiciones socioeconómicas de los desplazados y facilitar su integración. Una de sus prioridades consiste en apoyar iniciativas que contribuyan a generar o mejorar las fuentes de ingresos en los nuevos asentamientos.

140.Estos programas contemplan la posibilidad de conceder subvenciones a los desplazados internos para ayudarlos a generar nuevas fuentes de ingresos o a mejorar las existentes. Además de las subvenciones, se presta gran atención a la capacitación, el mejoramiento de las competencias y la educación apropiada de los desplazados.

141.Desde 2014, el Organismo, de forma independiente y junto con sus asociados, ha otorgado financiamiento a unas 2.000 familias de desplazados internos.

Recomendación 18Minorías religiosas

142.En la respuesta a la recomendación núm. 8 del Comité se proporciona información detallada sobre la lucha contra la discriminación y los delitos motivados por el odio.

143.Además, cabe mencionar que la División de Protección de los Derechos Humanos de la Fiscalía General elaboró una recomendación encaminada a facilitar una supervisión eficaz de la fiscalía en casos de delitos motivados por la intolerancia religiosa. La recomendación abarca la interpretación de los artículos del Código Penal relacionados con la intolerancia religiosa, los casos de daño a los establecimientos religiosos, la calificación jurídica de la agresión verbal y otros asuntos urgentes. En el período comprendido entre  2013 y 2018, se procesó a 38 personas por delitos cometidos en razón de la intolerancia religiosa.

Restitución

144.Aunque Georgia no tiene la obligación de restituir los bienes confiscados por la Unión Soviética, dado que el Estado independiente de Georgia no es sucesor legal de la Unión Soviética, el Estado ha entregado a las asociaciones religiosas los 20 edificios de culto que pasaron a ser propiedad efectiva del Estado después de que el país recuperara su independencia. Dentro del Organismo Estatal de Asuntos Religiosos se creó la Comisión de Examen de las Necesidades Financieras y Patrimoniales de las Asociaciones Religiosas, por decisión de la cual, desde 2014, la comunidad musulmana recibió 212 mezquitas en todo el país; la comunidad judía, 20 sinagogas; la Iglesia Evangélica Protestante, 2 edificios, y la Iglesia Evangélica Luterana, la Comunidad Yezidi Georgiana y otras organizaciones religiosas de Georgia recibieron los lugares de culto que les habían sido confiscados en la época soviética.

145.El proceso de devolución de los lugares de culto por parte del Estado a sus propietarios continúa. Además de lo anterior, en 2015 el Gobierno compró dos edificios de cuatro pisos en Batumi por un valor total de 5 millones de laris para entregarlos a la entidad jurídica de derecho público denominada Dirección de Todos los Musulmanes de Georgia: un edificio para la residencia del muftí y el otro para una escuela religiosa (madrasa).

Recomendación 19Derechos de las minorías

146.Garantizar la igualdad y la integración cívicas, y apoyar la diversidad cultural se cuentan entre los objetivos prioritarios del Gobierno de Georgia.

147.Son instrumentos fundamentales de la política al respecto la Estrategia Estatal de Igualdad e Integración Cívicas y el correspondiente Plan de Acción 2015-2020. En la Estrategia se proyectan la participación equitativa y plena de las minorías étnicas en todas las esferas de la vida pública; la mejora del acceso a la educación de calidad y del conocimiento del idioma del Estado; el otorgamiento de la igualdad de condiciones y oportunidades socioeconómicas; la protección de la cultura y la identidad de las minorías, y el fortalecimiento de un ambiente de tolerancia.

148.Las minorías étnicas están representadas tanto en el Parlamento como en las autoridades locales de los municipios donde se encuentra su asentamiento compacto.

149.Estos representantes gozan de igualdad de derechos para participar en procesos políticos como las elecciones. La Comisión Electoral Central prepara y entrega toda la información necesaria a los representantes de las minorías étnicas en sus idiomas nativos (véase además, más adelante, la respuesta al artículo 25, párrafos 326 y 327).

150.Las minorías étnicas tienen acceso a los programas de televisión y radio. A través de los canales de televisión regionales se retransmite diariamente en directo el programa de noticias en versión georgiana de la Radiotelevisión Pública de Georgia, con traducción simultánea en los idiomas armenio y azerbaiyano. También funciona el portal web en siete idiomas (georgiano, abjasio, osetio, armenio, azerbaiyano, inglés y ruso) (www.1tv.ge) lanzado bajo los auspicios de la Radiotelevisión Pública.

151.El Gobierno presta apoyo al periódico semanal armenio Vrastan y al periódico semanal azerbaiyano Gurjistán.

152.Los representantes de las minorías étnicas tienen acceso a todos los niveles de educación, incluso en sus idiomas nativos. Al comienzo del año académico 2018-2019, funcionaban 291 escuelas públicas no georgianas (208 totalmente no georgianas y 83 de sectores mixtos). Con el fin de ayudar a los representantes de las minorías étnicas a seguir estudios superiores, se ha implantado el programa educativo preparatorio en idioma georgiano, que les permite matricularse en una institución de enseñanza superior rindiendo el examen de conocimientos generales en los idiomas abjasio, osetio, azerbaiyano o armenio. En 2014 se inscribieron 673 estudiantes; en 2015, 741; en 2016, 960; en 2017, 1.047; en 2018, 1.231, y en 2019, 1.335.

153.El Estado promueve la protección de los derechos de los grupos étnicos minoritarios, tanto grandes como pequeños. Desde 2016, los idiomas de las minorías étnicas poco numerosas se enseñan en las escuelas públicas previa solicitud.

154.Con el propósito de promover el acceso de los representantes de las minorías étnicas a la administración pública, desde 2017 existe un programa especial de pasantías para los beneficiarios del programa educativo “1+4”, que contribuye a la participación de los jóvenes, así como a la integración cívica en general. Para 2018, 142 jóvenes estudiantes habían realizado pasantías en diversos organismos estatales.

155.La falta de conocimiento del idioma del Estado entre los representantes de las minorías étnicas sigue planteando dificultades. El Estado viene ejecutando programas y proyectos concebidos para mejorar el conocimiento del georgiano de diversos grupos de población.

156.Durante 2018, en diez centros regionales de capacitación de la Escuela de Administración Pública Zurab Zhvania se puso en práctica el Programa Estatal de Aprendizaje de Idiomas, del que participaron 3.407 personas. Desde 2014 a 2018, 12.547 personas se capacitaron dentro del mismo programa.

157.Esta Escuela ofrece cursos de formación profesional, tanto cortos como largos, para funcionarios públicos de minorías étnicas. En el período de 2015 a 2018, 688 funcionarios recibieron capacitación.

158.En 2016 y 2017, 1.070 docentes locales asistieron al curso de idioma georgiano. Doscientos setenta y cuatro estudiantes de georgiano que alcanzaron el nivel de competencia lingüística A2 participaron en cursos de capacitación para el desarrollo profesional.

159.A fin de ofrecer igualdad de oportunidades a todos los docentes de Georgia, el Centro Nacional de Desarrollo Profesional Docente (entidad jurídica de derecho público) está implementando el programa titulado Desarrollo Profesional de los Profesores de Idiomas Distintos del Georgiano (anteriormente denominado Idioma Georgiano para un Futuro de Éxito), destinado a mejorar la enseñanza del idioma del Estado y, de este modo, mejorar la integración de las minorías. En 2018 y 2019, 121 docentes consultores diplomados y 165 docentes auxiliares graduados del curso de Georgiano como Segundo Idioma fueron asignados a unas 190 escuelas no georgianas de las regiones de Samtskhe‑Javakheti, Kvemo Kartli y Kakheti.

160.El Centro Nacional de Desarrollo Profesional Docente ha sido el ejecutor del programa de MCA-Georgia titulado Formación de Educadores para la Excelencia, que prevé la capacitación de los docentes de las asignaturas de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas (CTIM), los directores de escuela y los facilitadores en idiomas minoritarios como el armenio, el azerbaiyano y el ruso. Todos los materiales didácticos producidos en el marco del proyecto se tradujeron a los idiomas minoritarios. Más de 200 directores de escuela, 138 facilitadores y 2.000 docentes de CTIM participan en los cursos de capacitación impartidos en idiomas minoritarios.

161.En las regiones de asentamiento compacto de minorías étnicas se realizaron campañas de información y sensibilización en gran escala. Se organizaron más de 300 reuniones en cuyo transcurso se suministró información sobre programas y servicios socioeconómicos estatales, derechos humanos y no discriminación, derechos de las minorías étnicas, derechos de la mujer e integración europea y euroatlántica de Georgia. Los representantes de las minorías étnicas recibieron información en sus idiomas nativos.

162.Asistencia social. Todos los residentes en Georgia son iguales, y todos gozan por igual de los derechos sociales garantizados por la legislación.

163.En cuanto a los programas destinados específicamente a facilitar la integración socioeconómica de las minorías étnicas, el Estado está llevando adelante una serie de iniciativas que forman parte del Programa de Rehabilitación Social y Atención Infantil.

164.Un subprograma titulado Dar Alojamiento a los Niños sin Hogar tiene por objeto la rehabilitación psicosocial y la integración de estos niños, incluidos los que viven y trabajan en la calle. Por su intermedio están funcionando 6 albergues y 6 guarderías en Tiflis, Rustavi y Kutaisi. Cuatro grupos móviles están trabajando con los niños sin hogar (3 en Tiflis y 1 en Kutaisi). En este momento, hay 3 empleados de origen romaní que prestan servicios del subprograma.

165.En el marco del subprograma, se atendió a 214 beneficiarios en 2016 (de esta cifra, 94 pertenecen a minorías étnicas, entre ellos 16 romaníes). Dos beneficiarios fueron asignados a hogares de guarda, 14 niños fueron devueltos a sus familias biológicas, 6 jóvenes fueron alojados en un pequeño hogar de tipo familiar, 21 beneficiarios que lo necesitaban fueron incluidos en programas de educación informal (matriculados en la escuela), 12 familias fueron incluidas en el subprograma de asistencia de emergencia para familias con niños en crisis y 21 niños recibieron la documentación adecuada.

166.En 2017 se beneficiaron de los servicios 270 menores, cifra que comprende a 112  menores procedentes de minorías étnicas, 27 de los cuales eran romaníes. Seis beneficiarios fueron colocados en hogares de guarda, 14 niños fueron devueltos a sus familias biológicas, 6 beneficiarios fueron admitidos en pequeños hogares de tipo familiar y otros 6 beneficiarios se matricularon en escuelas para recibir educación formal. Como parte de las actividades del grupo de trabajo sobre necesidades educativas, el Ministerio de Educación y Ciencia prestó servicios de educación especial a todos los beneficiarios del subprograma de Niños sin Hogar que los necesitaran; en particular, se asignaron maestros especiales a los centros de Tiflis, Kutaisi y Rustavi, en los que los maestros trabajaron para mejorar las aptitudes funcionales, académicas y cognitivas de los beneficiarios. Participaron en el programa 101 niños en total. El Ministerio de Educación y Ciencia prestó, a 165  beneficiarios del subprograma Niños sin Hogar, servicios educativos especiales destinados a mejorar sus aptitudes funcionales, académicas y cognitivas. De los beneficiarios, 21 niños estaban matriculados en escuelas públicas en el período que abarca el informe. Ocho menores recibieron capacitación y se inscribieron en instituciones de enseñanza profesional. Por iniciativa del Grupo de Trabajo sobre Documentos, se modificó la Ley de Procedimiento para Registrar Ciudadanos de Georgia y Extranjeros Residentes en Georgia y para Expedir Tarjetas de Identidad (Residencia) y Pasaportes de Ciudadanos de Georgia. Las modificaciones permitieron asignar un número de identificación temporal a los niños sin hogar que carecían de documentos de identidad. Además, sobre la base de las modificaciones, se prepararon documentos personales para 11 niños (se les fijaron números de identificación temporales). Se emitieron distintos documentos para 20 niños.

167.En 2018, se prestaron servicios a 188 niños, entre ellos 82 pertenecientes a minorías étnicas, 19 de los cuales eran romaníes. Un beneficiario fue colocado en un hogar de guarda, 1 menor fue admitido en un pequeño hogar de tipo familiar, 1 beneficiario se matriculó en la escuela y 1 niño recibió la documentación adecuada.

Niños sin hogar y procedimientos de derivación

168.Georgia presta especial atención a la protección de los niños que viven o trabajan en la calle y que son particularmente vulnerables a la violencia y la trata. Con el fin de hacer efectivos los derechos de los niños sin hogar e incluirlos en diversos programas estatales de carácter social, educativo, sanitario y de otra índole, el Consejo Interinstitucional de Lucha contra la Trata de Personas elaboró proyectos de modificación de diez leyes, en los que se introdujo la definición legal de “niño sin hogar”.

169.La definición legislativa de esta expresión permitió a las autoridades del Estado regular los documentos para esos niños, lo que, a su vez, garantizará el acceso de los niños a diversos servicios ofrecidos por el Estado, como los programas de atención sanitaria, educación y protección social.

170.Con miras a regular los documentos de los niños sin hogar, se ha autorizado al Organismo de Servicios Sociales (entidad jurídica de derecho público) a solicitar al Organismo de Desarrollo de Servicios Públicos (entidad jurídica de derecho público) que les expida documentos gratuitamente. Antes de eso, solo los padres y los cuidadores tenían derecho a presentar esas solicitudes, pero la práctica demuestra que algunos padres no cumplían debidamente sus obligaciones, ya que dejaban a sus hijos sin documentos de identificación y, por consiguiente, fuera del alcance de los programas estatales.

171.Los cambios mencionados en la legislación también reforzaron los mecanismos de protección de los menores contra todas las formas de violencia. Ampliaron el papel de los trabajadores sociales, funcionarios con los conocimientos y la experiencia adecuados, puesto que los autorizaron a tomar la decisión, en casos urgentes, de separar inmediatamente a una víctima infantil de su abusador. El incumplimiento de la decisión de un trabajador social de separar a un niño del autor del delito conlleva responsabilidad administrativa o incluso penal, si ya se hubiera impuesto a una persona una sanción administrativa por el mismo delito. El 22 de junio de 2016 el Parlamento aprobó los cambios citados, que entraron en vigor el 10 de agosto de 2016.

172.Por otra parte, a fin de aumentar la eficacia del sistema, la lista de organismos e instituciones estatales que intervienen en el sistema de derivación de niños se ha ampliado para incluir a los municipios, el Ministerio del Interior, las instituciones pertinentes del Ministerio de Educación, Ciencia, Cultura y Deportes y el Ministerio de Justicia, así como las entidades de derecho público subordinadas a esos ministerios, la fiscalía, el Centro de Prevención del Delito (entidad jurídica de derecho público), los jardines de infancia, el Organismo de Oficiales de Recursos (entidad jurídica de derecho público), las instituciones educativas y extracurriculares de arte y deporte, las instituciones especializadas y los albergues para niños, los prestadores de servicios de salud (incluidos los médicos de las aldeas) y los órganos rectores de los municipios (órganos rectores de distrito del municipio de Tiflis) o sus entidades no comerciales autorizadas.

173.Se ha introducido la responsabilidad administrativa de las organizaciones o sus representantes autorizados incluidos en los procedimientos de derivación de niños por no denunciar información sobre maltrato infantil a los órganos estatales competentes.

174.Para garantizar el funcionamiento eficaz del sistema de derivación, se ha decidido crear una base de datos unificada de los niños víctimas de la violencia, cuya administración técnica estará a cargo del Ministerio del Interior.

175.En el período de 2015 a 2018, el Ministerio de Justicia concedió subvenciones por valor de 89.000 laris a ONG para actividades de prevención de la trata y protección de los niños sin hogar.

Recomendación 20Difusión de las observaciones finales

176.El Ministerio de Relaciones Exteriores dio amplia difusión a las observaciones finales del Comité (CCPR/C/GEO/CO/4) una vez aprobadas, con miras a facilitar su aplicación. El documento se distribuyó a todas las autoridades competentes del poder ejecutivo, así como al poder judicial y al Parlamento. También se remitió a las autoridades locales. Además, las recomendaciones de los mecanismos de derechos humanos de las Naciones Unidas quedan recogidas en los planes de acción nacionales sobre derechos humanos.

II.Información sobre la aplicación de las disposicionesdel Pacto

Artículo 1

177.De acuerdo con su Constitución, Georgia es un Estado independiente, unificado e indivisible, como se confirmó mediante el referendo celebrado el 31 de marzo de 1991 en todo el territorio del país, incluidas la República Socialista Soviética Autónoma de Abjasia y la antigua Región Autónoma de Osetia del Sur, y mediante el Acta de Restauración de la Independencia del Estado de Georgia, de 9 de abril de 1991.

178.Además, según la Constitución, la autoridad del Estado dimana del pueblo y este la ejerce a través del referendo, otras formas de democracia directa y sus representantes.

179.La Constitución establece que los ciudadanos de Georgia regularán los asuntos de importancia local por medio del autogobierno local con arreglo a la legislación del país. La separación de los poderes de la autoridad estatal y de las unidades autónomas se basa en el principio de subsidiariedad.

Artículo 2

180.En los últimos años se han adoptado importantes medidas, tanto a nivel político como institucional, para coordinar las acciones del Estado encaminadas a dar efectividad a los derechos humanos.

181.El 30 de abril de 2014, el Parlamento aprobó la Estrategia Nacional de Protección de los Derechos Humanos para el período 2014-2020, que determina las principales orientaciones normativas del Estado georgiano en esta materia. Una característica importante de la Estrategia es su enfoque basado en los derechos humanos, que sustenta la aplicación, la supervisión y la evaluación de todos los programas y las políticas del Estado. Entre las prioridades señaladas en el documento figuran la eliminación de la discriminación y la protección de las minorías.

182.Con miras a aplicar la Estrategia Nacional, el Gobierno aprobó varios planes de acción pertinentes. En particular, en 2014 se aprobó el Plan de Acción del Gobierno para la Protección de los Derechos Humanos en Georgia para 2014-2015. En 2016, el Gobierno aprobó un nuevo Plan de Acción para el período 2016-2017, y, en 2018, el correspondiente a 2018-2020.

183.A fin de coordinar y supervisar la aplicación del Plan de Acción se creó un Consejo Interinstitucional que está dirigido por el Primer Ministro y cuenta con la participación de todos los ministros y el Defensor del Pueblo. ONG e internacionales gozan del derecho de voto en el Consejo.

Situación de los derechos humanos en los territorios ocupados

184.Un decenio después de la clara agresión militar en gran escala sufrida por Georgia en agosto de 2008, Abjasia y las regiones de Tsjinvali de Georgia siguen bajo la ocupación ilegal de Rusia, en flagrante violación de los principios y las normas fundamentales del derecho internacional consagrados en la Carta de las Naciones Unidas y el Acuerdo de Alto el Fuego de 12 de agosto de 2008 en el que medió la Unión Europea. Por esta razón, el Gobierno de Georgia está incapacitado para ejercer la jurisdicción de hecho en los territorios ocupados. En consecuencia, la Federación de Rusia, como país que ejerce el control efectivo en los territorios ocupados, es la única responsable de todas las violaciones de los derechos humanos cometidas en ellos.

185.La situación de los derechos humanos en los territorios ocupados se deteriora día a día. La privación ilegal del derecho a la vida es particularmente preocupante. Son ejemplos notorios los asesinatos de David Basharuli en 2014, Giga Otkozoria en 2016 y Archil Tatunashvili en 2018. Cabe destacar que los representantes de los regímenes de ocupación participaron directamente en todas esas muertes. En 2019, Irakli Kvaratskhelia, ciudadano de Georgia, murió mientras se encontraba detenido arbitrariamente en una base militar rusa situada ilegalmente en la región de Abjasia. Hasta ahora, los autores permanecen impunes.

186.Los georgianos que residen en las regiones de Abjasia y Tsjinvali son constantemente discriminados por su pertenencia étnica, situación que podría alimentar allí otra oleada de depuración étnica. Desde 2016, los representantes del régimen de ocupación de Sojumi presionan a los georgianos que residen en el distrito de Gali para que se inscriban como extranjeros en su lugar de origen. Aunque los residentes georgianos se registren como extranjeros, sus derechos al trabajo y a la propiedad se verán restringidos. Para obtener los llamados permisos de residencia locales también se debe superar una serie de obstáculos.

187.Además, las personas de origen georgiano se ven obligadas a cambiar sus apellidos y su identidad por otros abjasios para obtener los denominados pasaportes abjasios ilegales. Los supuestos documentos (“pasaportes” y “tarjetas de identidad”) son nulos y sin valor en virtud del derecho internacional, pero carecer de esos “documentos” perjudica seriamente la situación humanitaria y de derechos humanos de esa población.

188.Los regímenes de ocupación comenzaron a imponer restricciones a la enseñanza del georgiano en las escuelas de la región de Abjasia en los años noventa. Prohibieron el georgiano como idioma de instrucción en las escuelas georgianas situadas en Ochamchire, Tkvarcheli y la llamada zona superior de Gali. En 2015, también se lo prohibió en las 11 escuelas georgianas que quedaban en la denominada zona baja de Gali. En 2017 se empezaron a imponer las mismas restricciones en la región de Tsjinvali. Por el momento, el georgiano se enseña únicamente como idioma extranjero y se le asignan apenas 1 o 2 horas por semana. En los años escolares de 2015 a 2018, más de 4.000 alumnos de ambos territorios ocupados se vieron privados de la posibilidad de recibir educación en su idioma nativo.

189.En los territorios ocupados, los derechos de propiedad se violan desde hace años. Cientos de viviendas pertenecientes a georgianos fueron destruidas o vendidas ilegalmente en el transcurso y después de la guerra de 2008. En abril de 2019, el régimen de ocupación de Sojumi inició un “proyecto de ley” que impide incluso a los familiares de quienes lucharon contra la “independencia de Abjasia” en 1992 y 1993 recibir en herencia títulos de propiedad.

190.La libertad de circulación sigue siendo uno de los principales problemas en los territorios ocupados. Las fuerzas de ocupación rusas la están entorpeciendo maliciosamente como herramienta para obstaculizar los contactos entre las sociedades divididas. Los regímenes de ocupación de Sojumi y Tsjinvali tratan de restringir la libre circulación de la población imponiendo diversas restricciones artificiales, como el cierre de los denominados puntos de cruce (en 2016 y 2017, el régimen de ocupación de Sojumi cerró 4 de los 6 “puntos de cruce”; además, utilizando diversos pretextos falsos, en ocasiones clausura temporalmente también los “puntos de cruce” existentes), las detenciones y los secuestros ilegales, y la instalación de diferentes barreras artificiales a lo largo de la línea de ocupación. Estas actividades ilegales perjudican a la población local. Más de 800 familias han sufrido por ello, ya que los residentes se han visto privados de la posibilidad de visitar a sus familias y de acceder a las propiedades que les pertenecen, sus tierras agrícolas, los lugares de culto y los cementerios. Tampoco tienen acceso a los servicios de salud.

191.Entre 2014 y 2018, el Gobierno georgiano registró unas 1.700 detenciones ilegales en las aldeas próximas a la línea de ocupación. A cambio de su liberación, los detenidos se ven obligados a pagar “multas”. En ocasiones permanecen en “custodia” durante varios meses o, incluso, años. También han sido frecuentes los arrestos o las detenciones de mujeres, niños, ancianos y miembros del clero.

192.Todavía se impide a cientos de miles de desplazados internos que regresen a sus hogares de manera segura y digna.

193.La grave situación de los derechos humanos en los territorios ocupados es especialmente alarmante en vista de que no se permite ingresar en ellos a las organizaciones internacionales de derechos humanos. La Misión de Observación de la Unión Europea (EUMM) sigue sin tener acceso a las regiones de Abjasia y Tsjinvali, pese a que su mandato abarca todo el territorio de Georgia.

El Gobierno de Georgia está aplicando una política de solución pacífica de conflictos

194.El Gobierno de Georgia sigue decidido a aplicar una política de solución pacífica de conflictos que se base en las tareas de desocupación de los territorios georgianos por parte de Rusia, por un lado, y en la reconciliación y la colaboración de las comunidades divididas por las líneas de ocupación, por el otro.

195.Con el apoyo y la cooperación de la comunidad internacional, el Gobierno aprovecha todos los mecanismos diplomáticos y jurídicos disponibles para proteger los derechos de las personas en los territorios ocupados. Las autoridades georgianas están haciendo todo lo posible por utilizar eficazmente los debates internacionales de Ginebra y los Mecanismos de Prevención de Incidentes y Respuesta (MPIR) que funcionan en ese formato. Cabe señalar también que el Gobierno acude a todos los foros posibles para plantear sus preocupaciones sobre las violaciones de los derechos humanos en los territorios ocupados.

196.Para prevenir las violaciones flagrantes de los derechos humanos que se producen en esos territorios, en junio de 2018 el Gobierno aprobó una lista de personas acusadas y condenadas por asesinato, secuestro, tortura y trato inhumano, lesiones graves a los ciudadanos de Georgia y ocultamiento de esos delitos en los territorios ocupados: la Lista Otkhozoria-Tatunashvili. Georgia está colaborando con las organizaciones internacionales y sus países asociados para imponer medidas restrictivas a quienes figuran en la Lista.

197.Una iniciativa de paz titulada Un Paso hacia un Futuro Mejor, puesta en marcha por el Gobierno en abril de 2018, muestra los esfuerzos del Gobierno en pos de la reconciliación y el fomento de la confianza entre las sociedades divididas. Tiene por objeto promover los contactos interpersonales y el comercio a través de la línea de ocupación, así como compartir todos los beneficios con los ciudadanos que residen en las regiones de Abjasia y Tsjinvali.

Artículo 3

198.Véanse las respuestas a los párrafos 7 y 9 de las observaciones finales del Comité.

Artículo 6

199.La Constitución garantiza el derecho a la vida y prohíbe la pena de muerte. Georgia ha ratificado el Segundo Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, destinado a abolir la pena de muerte, así como el Convenio Europeo de Derechos Humanos y sus Protocolos núm. 6 y núm. 13 sobre la prohibición de la pena de muerte.

Artículo 7

200.El Consejo de Coordinación Interinstitucional contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, presidido por el Ministro de Justicia, es un órgano central de formulación de políticas. Desde la fecha de su creación ha elaborado, en cooperación con otros organismos públicos, el sector no gubernamental y organizaciones internacionales, planes de acción para los años 2008-2009, 2011-2013, 2015-2016, 2017‑2018 y 2019-2020.

201.Se suministra más información en las respuestas a los párrafos 11 y 12 de las recomendaciones y también en relación con el artículo 10.

Artículo 8

Prohibición de la esclavitud

202.La política estatal de Georgia dirigida a combatir la trata se basa en los cuatro pilares de prevención, protección, enjuiciamiento y colaboración.

203.Desde 2006 funciona el Consejo Interinstitucional de Coordinación de la Lucha contra la Trata de Personas, presidido por el Ministro de Justicia, que tiene como propósito aplicar de manera coherente y coordinada la política del Estado en materia de lucha contra la trata y ha elaborado planes de acción nacionales en esta esfera correspondientes a los años 2007-2008, 2009-2010, 2011-2012, 2013-2014, 2015-2016, 2017-2018 y 2019-2020.

204.Como resultado de las actividades coordinadas y bien estructuradas mencionadas anteriormente, en el informe de 2016 sobre la trata de personas elaborado por el Departamento de Estado de los Estados Unidos Georgia estuvo clasificada, junto con los países de la Unión Europea, entre los países del nivel 1 y mantuvo la misma posición en 2017, 2018 y 2019.

205.Según los mismos informes publicados en 2018 y 2019, Georgia fue el único país de los Estados de la Asociación Oriental que obtuvo la puntuación más alta en la lista de clasificación. Además, se destacaron por primera vez los esfuerzos realizados por el Gobierno de Georgia para hacer frente al problema de los niños sin hogar. Nuestro país fue citado como modelo de mejores prácticas.

206.Según el Índice Mundial de Esclavitud de 2018, como resultado de las eficaces medidas aplicadas por el Gobierno para combatir la trata y las formas contemporáneas de esclavitud, Georgia ascendió en la clasificación general hasta el 15º lugar entre 167 países (en 2016 ocupaba el 16º lugar de la lista) y, de este modo, se situó en el primer lugar a nivel regional. Según el informe especial de 2019 de la Fundación Walk Free titulado Medición, Acción, Libertad, el Gobierno de Georgia se ubicó entre los que han adoptado las medidas más eficaces para poner fin a la trata de personas. Más precisamente, Georgia ocupa el 18º puesto entre 183 países. La Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE) consideró que el mecanismo nacional de derivación de Georgia para la lucha contra la trata constituía un modelo ejemplar y decidió incluirlo en su Manual sobre Mecanismos Nacionales de Derivación de 2004.

Enmiendas legislativas

207.Las modificaciones introducidas en el Código Penal en mayo de 2014 y agosto de 2015 proporcionaron una definición más clara de la explotación, ayudaron a sensibilizar al público sobre el derecho de las víctimas de la trata a utilizar los servicios especialmente diseñados para ellas y dieron más seguridad a las víctimas para que testificaran.

208.El Consejo Interinstitucional de Coordinación de la Lucha contra la Trata de Personas elaboró enmiendas legislativas destinadas a prevenir la facilitación de la prostitución y a proteger a los menores para evitar que se involucren en la prostitución. En virtud de las modificaciones, se tipificó como delito penal la persuasión de una persona para que se dedique a la prostitución o a otra actividad no violenta destinada a facilitar la participación de las personas en la prostitución (negocio de proxenetismo). Las modificaciones entraron en vigor el 12 de junio de 2018.

Cambios institucionales

209.Con el fin de detectar activamente la trata de personas y castigar a los responsables, desde 2013 el Ministerio del Interior cuenta con cuatro grupos especiales. Desde el 27 de febrero de 2014 funciona en Achara un equipo de tareas integrado por investigadores y fiscales capacitados y dotados de habilidades y conocimientos especiales para ocuparse de los casos de trata. Este equipo está encargado de inspeccionar, por propia iniciativa, los lugares de alto riesgo de trata en toda Georgia (como bares, clubes y saunas) a fin de revelar posibles casos. En el curso de sus actividades de inspección, las fuerzas del orden actúan de conformidad con las directrices y los procedimientos operativos estándar pertinentes.

210.El Departamento de Inspección Laboral, dependiente del Ministerio de Desplazados Internos de los Territorios Ocupados, Trabajo, Salud y Asuntos Sociales de Georgia, creado en 2015, desempeña una función primordial en la detección de casos de explotación laboral y trabajo forzoso. En virtud del Decreto del Gobierno núm. 112 de 2016, el Departamento se encarga de la supervisión estatal para prevenir el trabajo forzoso y la explotación laboral, y actuar frente a ellos. Inspeccionó 99 empresas en 2016, 113 en 2017 y 154 en 2018.

211.Se presta especial atención a la protección de las víctimas y las víctimas oficialmente reconocidas de la trata. Una persona que tenga la condición de víctima o de víctima oficialmente reconocida tiene derecho a diversos servicios ofrecidos por el Estado, como la asistencia psicológica y médica, la asistencia jurídica, una indemnización monetaria por valor de 1.000 laris, albergues en Tiflis y Batumi, y ayuda para la reintegración social. Los centros de crisis también están a disposición de las posibles víctimas de la trata (aquellas a las que aún no se les ha reconocido legalmente la condición de tales).

212.En lo que respecta a la prevención de la trata, en 2014 el Consejo de Lucha contra la Trata de Personas elaboró una estrategia de información uniforme, sobre cuya base cada organismo lleva a cabo actividades de sensibilización (reuniones informativas con diversos grupos de destinatarios, simulaciones anuales de juicios en tribunales protagonizadas por estudiantes, conferencias, intercambios de opiniones, y elaboración y difusión de folletos informativos). Las cuestiones relativas a la trata también se han incluido en los planes de estudio de las escuelas y las universidades.

Datos estadísticos sobre la trata

	2014	2015	2016	2017	2018	2019 (al 31 de marzo)
Investigaciones	13	18	20	21	21	7
Enjuiciamientos	5	5	1	4	7	-
Sentencias	4	3	2	1	6	1

	2014	2015	2016	2017	2018	2019 (al 31 de marzo)
M.	H.	M.	H.	M.	H.	M.	H.	M.	H.	M.	H.
Víctimas	1	4	3	5	1	-	4	-	2	-	-	-
Víctimas reconocidas oficialmente	7	-	8	-	2	-	8	-	6	-	-	-

M.: mujeres. H.: hombres.

Artículo 9

Duración de la prisión provisional y derechos de los detenidos

213.De conformidad con la legislación interna, el plazo máximo de detención en virtud del derecho penal es de 72 horas, dentro del cual, a más tardar 48 horas después de su arresto, la persona debe comparecer ante un tribunal.

214.La detención administrativa de un infractor administrativo no debe exceder de 12 horas y, cuando se produzca fuera del horario laborable, puede hacerse efectiva en un centro de detención temporal en régimen de aislamiento hasta que una autoridad competente examine el caso. En este caso, el período total de detención no debe superar las 72 horas. Los extranjeros detenidos en espera de expulsión pueden permanecer en detención hasta 48 horas, plazo dentro del cual deben ser llevados ante un tribunal para su internamiento en el Centro de Alojamiento Transitorio del Departamento de Migración del Ministerio del Interior.

215.Cabe señalar que, según el informe de 2019 publicado por el Comité Europeo para la Prevención de la Tortura tras su visita a Georgia, no se observaron violaciones del mencionado plazo máximo de 72 horas en detención policial ni tampoco se registraron casos de personas que hubieran estado detenidas durante más de 12 horas en comisarías o que hubieran pasado la noche en una comisaría. En el informe también se menciona que los detenidos no denunciaron uso de la fuerza o malos tratos por parte de los agentes del orden o el personal de los lugares de detención.

216.Se informa a las personas detenidas de los motivos de la detención, y el representante de la autoridad que la efectuó notifica a sus familiares al respecto. Los mismos funcionarios se encargan de informar a un abogado si el detenido lo solicita.

217.Las personas detenidas en los Centros de Detención Temporal en Aislamiento reciben servicios médicos adecuados durante 24 horas. Los detenidos tienen derecho a solicitar un examen médico en cualquier momento y a ponerse en contacto y reunirse con su abogado sin ninguna limitación.

218.Un empleado autorizado de esos Centros registrará la información sobre las personas alojadas o por ser alojadas en ellos en la base de datos electrónica unificada de los Centros.

Artículo 10

219.Con el fin de prevenir la tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes, el Ministro de Asuntos Penitenciarios dictó la Orden núm. 55 de 25 de junio de 2015 por la que se establece una Dependencia de Supervisión del Sistema en el seno de la Inspección General del Ministerio. La Dependencia se encarga de la vigilancia sistémica dentro del Ministerio, así como del análisis de los problemas y las deficiencias detectados y de la presentación, al Ministro, de las recomendaciones dirigidas a subsanarlos.

220.El 23 de diciembre de 2016 se introdujeron cambios en la Orden núm. 55 del Ministro de Asuntos Penitenciarios y se creó, dentro de la Inspección General, una nueva dependencia responsable del control de la calidad de los servicios de atención sanitaria prestados en las instituciones penitenciarias.

221.Además de reforzar el control interno, en el plano externo se ampliaron las facultades del Defensor del Pueblo. En particular, se autorizó al Grupo Especial de Prevención, dependiente de la Defensoría del Pueblo, a tomar fotografías dentro de las cárceles.

Normas sobre el trato dispensado a los reclusos

222.Con miras a evitar el hacinamiento en las cárceles, el Ministro de Asuntos Penitenciarios dictó la Orden núm. 106 de 27 de agosto de 2015 para determinar el número máximo de procesados y de condenados en las instituciones penitenciarias. Esta Orden es plenamente compatible tanto con la legislación georgiana como con las normas internacionales.

223.En las instituciones penitenciarias se establecen normas de nutrición e higiene para los reclusos procesados y los condenados. El régimen de alimentación en las cárceles varía según las estaciones del año. Los presos procesados y los condenados tienen garantizado el derecho a presentar denuncias sobre cuestiones regidas por el Código de Prisiones.

224.Como resultado de los cambios estructurales del Gobierno efectuados en 2018, los sistemas penitenciario y de libertad a prueba quedaron bajo la tutela del Ministerio de Justicia. Desde la fusión, el Ministerio puso en marcha importantes reformas. El 22 de febrero de 2019, el Ministro de Justicia emitió la Orden núm. 385 por la que se aprobó la Estrategia de Desarrollo de los Sistemas Penitenciarios y de Prevención del Delito y el correspondiente Plan de Acción para 2019-2020. En la Estrategia se presta considerable atención al aumento de la infraestructura penitenciaria (incluida la construcción de cárceles de tamaño reducido), la protección equitativa de los derechos de los presos procesados, los condenados y el personal penitenciario, el mejoramiento de los programas de rehabilitación y resocialización, y el fortalecimiento del modelo europeo de gestión penitenciaria. Se está trabajando para determinar regímenes penitenciarios separados para los reclusos acusados y los condenados, y para alojarlos en instituciones separadas. Este trabajo en curso tendrá como corolario un plan de separación.

Rehabilitación y resocialización de los reclusos procesados y los condenados

225.El papel de los trabajadores sociales y los psicólogos dentro del sistema penitenciario se ha intensificado. Se ha creado un Departamento de Resocialización y Rehabilitación de Convictos que supervisa a los trabajadores sociales y psicólogos empleados en los establecimientos penitenciarios. Los primeros están especializados y se dividen en dos categorías: los gestores de casos son trabajadores sociales profesionales que se encargan de la evaluación de los riesgos y las necesidades de los convictos, y de la implementación y la provisión de las intervenciones y los servicios pertinentes, mientras que los administradores de casos tienen a su cargo la asistencia técnica y la coordinación en los casos de bajo riesgo. El Instrumento de Evaluación de Riesgos y Necesidades se ha revisado, y se está trabajando para mejorar los programas de rehabilitación. Se han elaborado instrumentos de detección de daños graves y violencia sexual. Para garantizar una gestión intersectorial adecuada, los representantes de las autoridades penitenciarias, de libertad a prueba y de prevención del delito están preparando conjuntamente esas herramientas de trabajo.

226.El mejoramiento de las oportunidades de empleo, la formación profesional, la educación general y las actividades de esparcimiento de los convictos, así como la creación de los sistemas de apoyo y la infraestructura necesarios para esos fines constituyen un aspecto importante de la resocialización y la rehabilitación. Ya se ha iniciado la labor encaminada a crear el Centro de Educación y Capacitación de Convictos. Al mismo tiempo, se están analizando las posibilidades de establecer una zona empresarial en asociación con los empleadores.

Atención sanitaria en las cárceles

227.El mejoramiento de los servicios de salud en las cárceles persigue, entre otros, los siguientes objetivos estratégicos:

Continuar mejorando los servicios de atención sanitaria que se prestan a los procesados y los condenados en las instituciones penitenciarias uniformando su calidad con la de los servicios que se ofrecen fuera de estos establecimientos.

Identificar a los consumidores de estupefacientes y alcohol, y aplicar medidas de reducción del consumo mediante servicios médicos y de rehabilitación.

Proporcionar servicios psiquiátricos en los sistemas penitenciario y de libertad a prueba, y garantizar su buena calidad.

228.Se está trabajando en la elaboración de un programa piloto sobre gestión de crisis en las penitenciarías y una estrategia de salud mental.

Libertad condicional

229.Los cambios introducidos en el Código de Prisiones el 1 de junio de 2017 mejoraron aún más el mecanismo de denuncias para impugnar las decisiones relativas a la libertad condicional. Más específicamente, los tribunales están ahora facultados para declarar inválida la decisión de un consejo local y ordenar al consejo que tome una nueva decisión acorde con las instrucciones del tribunal.

230.En 2017 se introdujeron una serie de modificaciones para mejorar el mecanismo de denuncias:

Los tribunales están facultados para oír y decidir sobre la liberación anticipada de los presos condenados a cadena perpetua y sobre la sustitución del resto de la condena por una pena más leve.

En noviembre de 2018 se estableció un grupo de trabajo para estudiar la posibilidad de seguir mejorando el mecanismo de liberación anticipada en vigor y formular una recomendación apropiada al respecto.

El arresto domiciliario como nuevo tipo de sanción se introdujo en el Código Penal el 1 de enero de 2018.

Desde 2015, los menores recluidos y las mujeres condenadas se evalúan en función de los riesgos y las necesidades de sus respectivos entornos familiares y sociales, sobre la base de un formulario y unas normas predeterminados (Instrumento de Evaluación de Riesgos y Necesidades).

Desde el 1 de diciembre de 2017, se evalúa a los reclusos varones adultos en función de los riesgos y las necesidades de sus respectivos entornos familiares y sociales, como parte de su preparación para la puesta en libertad (hasta esta fecha, tal evaluación se realizaba únicamente en las cárceles núm. 5 y núm. 11).

Centros de detención temporal en aislamiento

231.Desde julio de 2014 se han renovado casi todos los centros existentes. En 2018 se inició en Tiflis la construcción de un nuevo establecimiento para los presos por delitos administrativos.

232.En 2018 se abrieron nuevas unidades de atención de salud en 8 centros de todo el país (funcionan unidades de este tipo en 15 establecimientos en total). En 2019 otros 8 centros más estarán equipados con unidades médicas propias. El establecimiento de detención construido recientemente en Rustavi, que se ajusta a las normas modernas, cuenta con una unidad de atención sanitaria y un área para los menores, áreas que se establecerán en otras ciudades a partir de 2019. En 2018 se creó un equipo multidisciplinario en el centro de detención temporal en aislamiento de Tiflis, que incluye un psicólogo, un terapeuta, un narcólogo y, de ser necesario, un psiquiatra. Las personas alojadas en estos centros tienen acceso a los servicios de un psicólogo.

233.Durante el período de 2014 a 2016, el personal de los centros recibió formación sobre la prohibición de la tortura y los tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. Además, entre 2016 y 2018 todos los empleados de los centros asistieron, en la Academia del Ministerio del Interior, a un curso especial de capacitación que ofrece un examen detallado de las cuestiones relacionadas con los malos tratos. Cabe señalar que, en varias etapas durante 2015 a 2018, se organizaron cursos de capacitación para el personal de salud de los centros sobre la documentación de lesiones, con arreglo a las normas del Protocolo de Estambul.

Atención de la salud mental

234.Mejorar los servicios de salud mental es una de las prioridades del desarrollo del sistema de salud. Desde 1995 funciona el Programa Estatal de Salud Mental, en cuyo marco el Gobierno suministra el 100 % de la financiación de los siguientes servicios:

Servicios ambulatorios en la comunidad.

Rehabilitación psicosocial.

Servicios de salud mental para niños (los pacientes menores de 18 años que muestran cambios en las condiciones mentales y el comportamiento, deterioro del funcionamiento social y fallas de adaptación se examinan y diagnostican en hospitales de día).

Servicio de intervención en casos de crisis mental para adultos (16 a 65 años).

Servicio de grupos móviles de la comunidad.

Servicios de hospitalización (casos agudos y servicios de hospitalización a largo plazo).

Servicios de hospitalización psiquiátrica para niños con trastornos mentales.

Albergues para personas con discapacidad que padecen perturbaciones mentales.

235.Además, con la asistencia técnica del Consejo de Europa, se está trabajando en la elaboración de mecanismos internos de inspección y vigilancia de los pabellones de psiquiatría. En junio y julio de 2018, la Organización Mundial de la Salud realizó un estudio de instituciones mentales de 25 países, entre ellos Georgia, utilizando el Instrumento de Calidad y Derechos de la OMS. El estudio tuvo por objeto evaluar el nivel de protección de los derechos humanos en los hospitales psiquiátricos. El cuestionario de ese Instrumento se utilizará como base para preparar el documento mencionado sobre los mecanismos internos. En 2018, cinco funcionarios del Ministerio fueron instruidos en el uso del cuestionario.

Artículo 11

236.El catálogo de delitos penales incluido en el Código Penal es exhaustivo y el hecho de no poder cumplir una obligación contractual no está tipificado en él como delito. La información que figura en los párrafos 215 y 216 del tercer informe periódico (CCPR/C/GEO/3) es válida a este respecto.

Artículo 12

237.El artículo 14 de la Constitución establece que toda persona que se encuentre legalmente en el territorio de Georgia tendrá derecho, en todo el territorio del país, a circular libremente, elegir su residencia y salir de Georgia. En el mismo artículo se enuncia que los derechos solo pueden restringirse de conformidad con la ley, en aras de la seguridad del Estado o la seguridad pública, la protección de la salud o la administración de la justicia, cuando sea necesario para mantener una sociedad democrática. Los ciudadanos de Georgia son libres de entrar en el país.

238.Sin embargo, hay serias dificultades en lo que respecta a la libertad de circulación, debido a la ocupación rusa de Abjasia y de las regiones de Tsjinvali en Georgia. Como ya se ha mencionado, la libertad de circulación sigue siendo uno de los mayores problemas en los territorios ocupados. Los regímenes de ocupación de Sojumi y Tsjinvali tratan de restringirla mediante la imposición de diversas barreras artificiales y por medio de detenciones y secuestros ilegales (la información a este respecto se proporciona en la respuesta al artículo 2, párrafos 190 a 192).

Artículo 13

Regulación legal de la entrada y la estancia de extranjeros; principio de no devolución

239.De conformidad con el artículo 59, párrafo 2, de la Ley sobre la Condición Jurídica de los Extranjeros y los Apátridas, los extranjeros no serán trasladados a un país en el que sean perseguidos por sus opiniones políticas o por actividades no consideradas delictivas en la legislación de Georgia; donde sean perseguidos por proteger la paz y los derechos humanos, o por participar en actividades sociales, políticas, científicas y creativas progresistas; o donde su vida o su salud se vean amenazadas.

240.Conforme a lo dispuesto en el artículo 60 de esa misma Ley, al extranjero que no pueda ser expulsado de Georgia se le expedirá un permiso de estancia temporal por un período de un año (documento de identidad temporal), que se renueva anualmente. Transcurridos cinco años, el extranjero podrá solicitar a la autoridad competente que le expida un permiso de residencia especial.

241.El artículo 33 de la Convención de Ginebra de 1951 sobre el Estatuto de los Refugiados y el artículo 8 de la Ley sobre la Condición Jurídica de los Extranjeros y los Apátridas protegen a los solicitantes de asilo y a las personas que gozan de protección internacional contra la expulsión obligatoria.

242.Las obligaciones derivadas del principio de no devolución se aplican a los solicitantes de asilo que son objeto de procedimientos de extradición o expulsión. De acuerdo con el artículo 56 a) de la Ley de Protección Internacional de Georgia, un solicitante de asilo tiene derecho a no ser extraditado o expulsado de Georgia hasta que se adopte una decisión definitiva respecto del otorgamiento de protección internacional.

243.La decisión de expulsar a un extranjero de Georgia puede apelarse con arreglo a las normas establecidas por la ley, y el recurso da lugar a la suspensión de la ejecución de esa decisión.

244.La Ley de Protección Internacional permite a los solicitantes de asilo pedir servicios de interpretación gratuitos durante los procedimientos de asilo y asistencia jurídica gratuita durante los procedimientos judiciales relacionados con la concesión de protección internacional.

245.Conforme a lo dispuesto en el artículo 23, párrafo 1, de esa Ley, los extranjeros o los apátridas tienen derecho a solicitar protección internacional en la frontera del Estado en el momento de entrar en el país, así como durante su estancia en el territorio de Georgia.

246.La falta de documentos de viaje u otros documentos de identificación, así como la utilización de un documento de viaje, un documento de identificación u otro documento oficial falsos, no impedirán que un extranjero o un apátrida ingrese en Georgia si solicita protección internacional.

247.Los solicitantes de asilo y los extranjeros que se encuentren ilegalmente en el país son detenidos e ingresados, a la espera de su expulsión, en el Centro de Alojamiento Transitorio, dependencia subordinada al Ministerio del Interior. El Centro funciona desde 2014 y cumple con todas las normas internacionales en materia de protección de los derechos humanos.

Artículo 14

248.Con la participación del Ministerio de Justicia, desde 2012 se han llevado a cabo importantes reformas destinadas a reforzar la independencia del poder judicial y aumentar la confianza de la población en el sistema de justicia.

249.La reforma del poder judicial se llevó a cabo en varias etapas. Durante la llamada primera ola de la reforma, que comenzó en 2012, la atención se centró en la despolitización y el fortalecimiento de la independencia del Consejo Superior de Justicia. También se aumentó la transparencia de los procedimientos judiciales. En la segunda ola de la reforma, iniciada en 2013, entró en vigor el principio de nombramiento vitalicio del juez constitucional y, al mismo tiempo, se determinó el nombramiento de los jueces por un plazo definido para la primera etapa.

250.La tercera ola de la reforma se centró en mejorar la calidad de la justicia mediante la introducción de una definición legislativa (que no existía hasta entonces) de los criterios de selección de los candidatos judiciales. La integridad y la competencia se fijaron como los dos criterios jurídicos aplicables para seleccionar a los jueces. Además, todos los candidatos judiciales serían nombrados por concurso.

251.Se introdujo el principio de asignación automática de casos. Las actividades del Consejo Superior de Justicia y de la Escuela Superior de Justicia ganaron transparencia. Tanto el Consejo como la Escuela están ahora legalmente obligados a publicar sus agendas y decisiones en sus páginas web. En 2018, el Ministerio de Justicia redactó un conjunto de proyectos de modificación de la ley de mediación que tiene por finalidad institucionalizar los servicios de mediación anejos a los tribunales y privados.

252.El 18 de septiembre de 2019 se aprobó la Ley de Mediación, que mejorará el acceso a la justicia y garantizará una solución rápida, eficaz y económica de las controversias. Además, el Gobierno de Georgia también trajo a la región al actor más autorizado: la Corte Internacional de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional (CCI), para firmar un memorando, en diciembre de 2018, donde se sentaron las bases de una sólida cooperación. Por otra parte, en agosto de 2019 Georgia se convirtió en uno de los primeros países en suscribir la Convención de Singapur, que se convertirá en un importante instrumento jurídico y contribuirá al orden basado en normas multilaterales. Además de ser un instrumento para facilitar la aplicación de los acuerdos de transacción internacionales resultantes de la mediación, la Convención de Singapur tiene la intención más profunda de proporcionar una base normativa para respaldar el surgimiento de la mediación en el principal ámbito de la solución de controversias internacionales junto con el arbitraje.

Artículo 15

253.El artículo 31 de la Constitución dispone que nadie será responsable por una acción que no hubiera constituido un delito en el momento de cometerse. La ley que no mitigue ni abrogue la responsabilidad carecerá de efecto retroactivo.

Artículo 16

254.Véase el segundo informe periódico (CCPR/C/GEO/2000/2), párrafos 394 a 397.

Artículo 17

Protección de la vida privada y los datos personales

255.En virtud de las modificaciones de la Ley de Protección de Datos Personales, el 31 de marzo de 2015 se asignó al Inspector de Protección de Datos Personales la facultad de supervisar la legalidad de las actividades de investigación encubierta. Como resultado de los cambios jurídicos efectuados en marzo de 2017, el Inspector ha sido autorizado a poner fin a las escuchas telefónicas encubiertas y la grabación de conversaciones telefónicas si la Oficina del Inspector no hubiera recibido de antemano una orden judicial o una resolución de la fiscalía, en formato electrónico o impreso, o si los datos indicados en las órdenes o resoluciones electrónicas e impresas no coincidieran, contuvieran inexactitudes o fueran imprecisos. Este mecanismo de cancelación se ha utilizado 130 veces desde la fecha en que entró en vigor.

256.De conformidad con la Ley de Protección de Datos Personales, un ciudadano puede presentar una petición en la Oficina del Inspector, que puede inspeccionar una organización basándose en una petición o un informe, o actuando de oficio. Entre 2015 y 2018, el número de peticiones presentadas por los ciudadanos se triplicó. También aumentó el número de inspecciones realizadas por el Inspector. A continuación se presentan estadísticas para fines de comparación: en 2015 se llevaron a cabo 54 inspecciones, mientras que en 2018 se realizaron 148, que abarcaron un total de 115 organizaciones estatales y 355 entidades privadas.

257.Cuando el Inspector detecta una infracción, impone una multa y formula una advertencia al infractor, con arreglo al derecho administrativo. A las organizaciones que hubieran incumplido la legislación pertinente se les impartirán también recomendaciones e instrucciones obligatorias sobre el modo de eliminar los problemas existentes y evitar que se vuelvan a producir en el futuro. Desde que el Inspector entró en funciones, el número de infracciones detectadas ha ido en aumento, con la única excepción del año 2018. Por ejemplo, en 2015 se detectaron 65 infracciones; en 2016, 221; en 2017, 274 y en 2018, 266.

258.A raíz de la ampliación de las competencias del Inspector y del aumento del número de denuncias que le fueron presentadas, se incrementaron el personal y el presupuesto anual de la Oficina del Inspector. Mientras que en 2017 el presupuesto ascendía a 2.000.000 de laris y el número de empleados a 43, en 2018 se asignaron 2.800.000 laris al Inspector, que contaba con 53 empleados. Estas cifras aumentaron significativamente en 2019, con 87 funcionarios empleados y un presupuesto de 4.400.000 laris. El presupuesto del Servicio para 2020 prácticamente se duplicó y se sitúa en los 8.000.000 de laris.

259.Desde el 10 de mayo de 2019, el Servicio del Inspector del Estado reemplazó al Inspector de Protección de Datos Personales. La supervisión de la legalidad del tratamiento de los datos personales sigue siendo una de las principales tareas de la nueva Oficina. El Inspector informa al Parlamento y al público a través de informes anuales de actividades.

Normas relacionadas con las tecnologías de vigilancia

260.Con arreglo a lo dispuesto en los artículos 157 y 1571 del Código Penal, es delito adquirir, almacenar, utilizar y difundir ilegalmente información sobre la vida privada y datos personales, así como adquirir, almacenar, utilizar, difundir o dar a conocer cualquier otra información privada secreta.

261.La grabación en video o audio o la fotografía encubiertas constituyen medidas de investigación secreta con arreglo al Código de Procedimiento Penal que pueden realizarse por orden judicial o, en casos urgentes, por decisión fundamentada (resolución) de un fiscal. Las investigaciones secretas se llevan a cabo debido a una necesidad pública urgente y son necesarias en una sociedad democrática para alcanzar objetivos legítimos de seguridad del Estado o para garantizar la seguridad pública, para prevenir desórdenes o delitos, en aras del bienestar económico de un país o para proteger los derechos y las libertades de cualquier otra persona. Siempre que se efectúe una operación de este tipo, se informará al respecto al Inspector de Protección de Datos Personales (desde el 10 de junio de 2019, el Servicio del Inspector del Estado).

Derechos de los reclusos condenados y en prisión preventiva

262.El Código de Prisiones prevé una variedad de formas de visita para que las reclusas puedan mantener la relación con sus familias:

Una visita corta dura de una a dos horas. A las presas se les permite tener tres visitas cortas por mes. Como forma de incentivo, se les puede conceder el derecho a una visita adicional al mes.

Una visita familiar dura hasta tres horas. Las reclusas tienen derecho a una visita familiar al mes. Se les puede conceder una visita familiar adicional por mes como forma de incentivo.

Una visita por video no debe exceder los 15 minutos. Está permitido organizar una visita por video con una reclusa en un período de 10 días corridos. Como incentivo, se puede conceder una visita adicional en un mes.

Una visita prolongada no dura más de 23 horas. Las reclusas tienen derecho a tres visitas de este tipo al año. Como incentivo, se pueden autorizar otras dos. Además, una reclusa puede solicitar al director de la prisión, quien, a su vez, puede recomendar al Director del Departamento Penitenciario, que prolongue esa visita hasta las 47 horas una vez al año.

Una madre puede pedir al director de la prisión que permita a su hijo menor de 3  años vivir con ella en una institución especial para mujeres, y la autoridad encargada de la protección de los niños puede formular una recomendación al respecto. Una reclusa cuyo hijo haya abandonado la institución al cumplir los 3 años de edad puede, si así lo decide el Director del Departamento Penitenciario y a fin de mantener las relaciones con el niño, salir de la institución los días festivos y de descanso previstos por la legislación georgiana durante un año después de que el niño haya dejado el establecimiento. Este derecho es otra posibilidad que tienen las reclusas para mantener sus relaciones familiares.

Las mujeres en prisión preventiva tienen derecho a recibir hasta 4 visitas cortas por mes, derecho que solo puede verse limitado por decisión (resolución) de un investigador o un fiscal.

263.El Código de Prisiones y la Orden Ministerial del Ministro de Asuntos Penitenciarios núm. 157 de 2 de noviembre de 2015 sobre la Aplicación del Derecho de los Reclusos Procesados y Condenados a Reunirse con su Abogado o Defensor garantizan el disfrute irrestricto del derecho de los acusados y los condenados a reunirse con su abogado o defensor sin limitación ni interferencia de ninguna naturaleza.

264.En 2014 se introdujeron modificaciones en las leyes que rigen el funcionamiento de los centros de detención. Como resultado, las personas detenidas en virtud de una norma administrativa pueden hacer más llamadas telefónicas y recibir más visitas de sus familiares. Hasta la fecha, las personas que han estado en detención administrativa por más de seis días tienen derecho a dos visitas y dos llamadas telefónicas.

Artículo 18

265.Véanse las respuestas al párrafo 18 de las observaciones finales del Comité.

Artículo 19

266.La Constitución protege la libertad de pensamiento y de expresión. Establece que nadie será perseguido por sus pensamientos ni por expresarlos. Toda persona tiene derecho a recibir y difundir información libremente (artículo 17).

267.El Gobierno garantiza la libertad y el pluralismo de los medios de comunicación. La política de medios de radiodifusión de Georgia está considerada una de las más liberales de toda Europa.

268.Según el Índice mundial de la libertad de prensa 2019, Georgia ocupa el puesto 60 entre los países del mundo en lo que respecta a la libertad de expresión, lo que supone una importante mejora desde 2012, cuando se clasificó en el puesto 104.

269.Conforme a la ley aplicable, cualquier persona física o jurídica puede iniciar actividades de radiodifusión en tan solo diez días. Para ello, ya no es necesario obtener una licencia, sino que basta con seguir un sencillo proceso de autorización. El procedimiento simplificado y la política liberal han dado lugar a un aumento significativo del número de emisoras y a un entorno de medios de comunicación con mucha más diversidad.

270.A modo de comparación, si antes de 2012 había 4 emisoras nacionales (incluida la emisora pública), actualmente hay 19 emisoras nacionales abiertas que transmiten en directo. Hoy en día funcionan 98 emisoras, mientras que el total de emisoras, incluidas las de televisión regionales y por cable, llegaba apenas a 54 antes de 2012.

271.En 2015, Georgia pasó por completo de la transmisión televisiva analógica a la digital abierta. Hasta la fecha, hay tres plataformas de multiplex digital en todo el país y una plataforma de multiplex para el centro de televisión y radio de la emisora pública. Tiflis cuenta con una plataforma de multiplex para la ciudad. Además, se hallan en funcionamiento 25 plataformas en las regiones, incluidas las regiones de minorías étnicas y religiosas.

Artículo 20

272.La discriminación racial está tipificada como delito penal según lo dispuesto en el artículo 1421 del Código Penal. Su prohibición comprende las acciones dirigidas a generar animosidad o controversia en razón del origen étnico o racial.

273.Exhortar al cambio forzoso del orden constitucional de Georgia o al derrocamiento del Gobierno es un delito en virtud del artículo 317. Además, la incitación pública al terrorismo (artículo 3301) y la exhortación a planificar, preparar, iniciar o ejecutar un acto de agresión (artículo 405) constituyen delitos.

274.En 2015 se introdujo en el Código Penal una nueva disposición que tipifica como delito el llamamiento público a una acción violenta. La disposición reza, específicamente: “A fin de provocar una controversia entre grupos de personas en razón de la pertenencia racial, religiosa, nacional, comarcal, étnica, social, política, lingüística o de otra índole, incitar públicamente a una acción violenta, por medios de expresión oral, escrita o de otro tipo, si esa incitación crea una amenaza manifiesta, directa y sustancial de que se ejecute una acción violenta”.

275.La Constitución prohíbe tanto crear un partido político que propague la guerra o la violencia, o que alimente la animosidad motivada por el origen nacional, étnico, comarcal, religioso o social, como tomar parte en sus actividades (artículo 23, párrafo 3).

276.Cuando se organice o se realice un acto público o una manifestación, está prohibido hacer llamamientos que propaguen la guerra o la violencia, o que alimenten la animosidad motivada por el origen nacional, étnico, comarcal, religioso o social, si crean una amenaza patente, directa y sustancial de que se lleve a cabo cualquiera de las acciones previstas en este párrafo.

Artículo 21

277.La Constitución garantiza la libertad de reunión y de manifestación. Toda persona, excepto quienes estén alistados en las fuerzas de defensa o en los órganos responsables de la seguridad del Estado y la seguridad de la población, tendrá derecho a reunirse públicamente y sin armas, sin permiso previo. La ley puede prescribir el deber de notificar previamente a las autoridades en caso de que la reunión se celebre en la vía pública. Las autoridades solo podrán poner fin a una reunión si esta pasara a ser ilegal (artículo 21).

278.La Ley de Reuniones y Manifestaciones regula el ejercicio de los derechos constitucionales a reunirse públicamente y sin armas, tanto dentro de locales como al aire libre, sin permiso previo.

Artículo 22

279.La Constitución garantiza la libertad de asociación. Las personas son libres de fundar sindicatos y afiliarse a ellos. El derecho de huelga está reconocido por la Constitución (artículo 26). Las normas que rigen la creación y los derechos de los sindicatos, así como las garantías para su funcionamiento, están reguladas por la Ley de Sindicatos, que se transformó en ley orgánica en 2018.

280.El Organismo Nacional de Registro Público inscribe a las personas jurídicas sin fines de lucro, incluidos los sindicatos, las organizaciones de derechos humanos y otras entidades no comerciales, en el registro de personas jurídicas comerciales y no comerciales (sin fines de lucro), conforme a lo dispuesto en el Código Civil, la Ley de Empresarios, la Ley de Registro Público y otras leyes conexas. Los ciudadanos de Georgia tienen derecho a fundar un partido político y a participar en él, conforme lo dispone la Ley Orgánica de Asociaciones Políticas de Ciudadanos, que regula la fundación y la inscripción de partidos políticos.

281.Existe un procedimiento simplificado de inscripción de personas jurídicas, diligencia que solo lleva un día. La decisión del Organismo de inscribir una entidad y el documento posterior (certificado) del registro se verifican en forma electrónica y pueden descargarse del sitio web sin necesidad de acudir al Organismo personalmente.

282.Hay 25.416 entidades no comerciales y 24.534 entidades comerciales inscritas en el registro de personas jurídicas comerciales y no comerciales (sin fines de lucro). El registro de asociaciones políticas (partidos políticos) cuenta con 231 inscritos.

Artículo 23

283.La Constitución establece que el matrimonio es voluntario y que los cónyuges gozan de igualdad de derechos (artículo 30).

284.Únicamente las personas de 18 años o más pueden contraer matrimonio. La ley prohíbe el matrimonio precoz. Para más información, véase la respuesta a la recomendación 7, párrafos 30 a 34.

285.De acuerdo con la Constitución, el Estado se ocupa de prestar atención de salud y protección social a la población, de garantizar subsidios de subsistencia y una vivienda digna, y de velar por el bienestar de las familias. También ayuda a los ciudadanos a conseguir empleo. Las condiciones en función de las cuales se otorgan subsidios de subsistencia están determinadas por la ley (artículo 5).

286.A fin de erradicar las formas extremas de la pobreza y reducir los riesgos sociales en el país, se ha puesto en marcha el Programa de Asistencia Social dirigido a la reducción y la prevención de la pobreza, que abarca a todos los ciudadanos de Georgia, incluidas las minorías nacionales. Los principios de equidad e imparcialidad constituyen la piedra angular del proceso de solución de los problemas vinculados al otorgamiento de garantías de protección social a la población.

287.Cabe señalar que las personas físicas que se benefician del programa de asistencia social específica del Estado son las más necesitadas, circunstancia que se determina mediante un sistema de evaluación administrado por el Estado. En particular, las familias inscritas en la base de datos unificada de familias sin protección social pueden ser incluidas en el Programa.

288.Desde 2015 se utiliza la Metodología de Evaluación Socioeconómica de las Familias, aprobada por el Decreto del Gobierno núm. 758 de 31 de diciembre de 2014. Según la Metodología, una familia tiene derecho a recibir un subsidio de subsistencia si carece de ingresos o de una propiedad que genere renta. A este fin se tienen en cuenta las necesidades de cada familia y las condiciones especiales de sus miembros (por ejemplo, personas con discapacidad, personas que sufren enfermedades crónicas, menores o jubilados). Los subsidios se pagan según un sistema de clasificación: cuanto más alta sea la puntuación de una familia, mayor será el importe de la prestación a la que tiene derecho. Además, se han introducido prestaciones por hijos a cargo. La cobertura de los niños y las familias con hijos ha aumentado. Desde 2019, las familias inscritas en la base de datos unificada que tengan puntuación igual o superior a 100.000 e hijos menores de 16 años gozan del derecho a un pago por hijo más elevado: 50 laris en lugar de 10.

Artículo 24

Inscripción de los nacimientos

289.La Ley de Estado Civil dispone la inscripción obligatoria del nacimiento del hijo de un ciudadano georgiano, de un apátrida con este estatuto en Georgia nacido en el extranjero y de un niño nacido en Georgia, incluida la inscripción del nacimiento de los extranjeros que permanecen en Georgia ilegalmente. Los nacimientos se registran sin discriminación alguna por motivos de sexo, raza, color, idioma, religión, opiniones políticas o de otra índole, origen nacional o social, pertenencia a una minoría nacional o situación económica, o por cualquier otra razón.

290.Es importante mencionar la modificación de la Ley de Estado Civil y las Normas de Inscripción del Estado Civil aprobadas por el Decreto del Ministro de Justicia núm. 18 de 31 de enero de 2012. A los efectos de registrar los nacimientos y las defunciones en el territorio de Georgia, en virtud de la modificación se permite utilizar, en las actuaciones ante las autoridades georgianas, documentos expedidos por organismos (funcionarios) ilegales de los territorios ocupados de Georgia. La enmienda también permite utilizar los documentos de matrimonio o de divorcio expedidos por los organismos ilegales de los territorios ocupados para determinar los datos de los progenitores en los procedimientos ante las autoridades georgianas encaminados a comprobar hechos de importancia jurídica en relación con el nacimiento de una persona.

291.Además de inscribir los nacimientos y emitir los documentos pertinentes, previa solicitud de una autoridad encargada de la protección de los niños, las oficinas del Organismo de Desarrollo de los Servicios Públicos expedirán gratuitamente documentos de identificación a los menores víctimas de la violencia. Asimismo, a las personas sin protección social (cuya puntuación es inferior a 70.001) se les entregan gratuitamente documentos de identificación personal. Además, como ya se ha mencionado, los niños sin hogar también pueden obtener sus documentos de identidad de forma gratuita.

292.El Organismo de Desarrollo de los Servicios Públicos ha elaborado el concepto de Centros Comunitarios, a través de los cuales los residentes pueden hacer uso de más de 200 servicios ofrecidos por diversas organizaciones públicas y privadas en sus pueblos de origen. La inscripción de los nacimientos es solo un ejemplo de los servicios disponibles en los Centros. Los Centros Comunitarios de las zonas rurales han mejorado considerablemente el registro de la población de Georgia y la expedición de diversos documentos, como los certificados de nacimiento.

293.En diciembre de 2019, había 74 centros comunitarios en funcionamiento en todo el país, incluidas las regiones con minorías nacionales y étnicas.

294.Durante 2016 y 2017, el Ministerio de Justicia siguió registrando a pobladores romaníes. Se efectuaron los procedimientos apropiados para resolver cuestiones relacionadas con la inscripción de nacimientos, la ciudadanía y la expedición de documentos de identificación personal. Entre 2014 y 2019, 19 personas de origen romaní regularizaron su condición jurídica. Los romaníes disponen de asesoramiento jurídico gratuito.

Aplicación de medidas especiales para proteger a los niños privados del entornofamiliar

295.De conformidad con el Código Civil, se puede imponer a los padres la limitación, suspensión o privación de la patria potestad si incumplen sus obligaciones o las cumplen de manera inadecuada. En Georgia, este proceso está a cargo de trabajadores sociales que preparan informes de evaluación en los que se basan los tribunales. Constituyen una excepción las situaciones en que la patria potestad se considera suspendida sin que medie decisión judicial (y el niño queda a cargo de cuidadores las 24 horas del día). En este último caso, se separa al niño de sus padres y la autoridad encargada de su cuidado decide colocarlo en alguna modalidad alternativa de cuidado, basándose en el principio del interés superior del niño. Si se da al niño el estatus de niño en adopción, se seleccionará una familia para la adopción definitiva.

296.Existen las siguientes formas de cuidado alternativo: el acogimiento por familiares, el acogimiento familiar ordinario y la colocación en hogares de guarda, sean de emergencia, sustitutivos o especializados.

297.Si no se encuentran parientes dispuestos a acogerlo en su hogar, el niño puede ser colocado en un hogar de guarda ordinario. Los niños con necesidades especiales pueden ser alojados en hogares especializados. En situaciones urgentes, un niño puede ser colocado en un hogar de guarda de emergencia.

298.Una opción es colocar a un niño que necesita atención en un pequeño hogar de tipo familiar. Estos hogares están a disposición de los niños en general, los niños con discapacidad y los niños con problemas de salud y limitaciones graves.

299.Se han establecido albergues para madres e hijos con el propósito de prevenir el abandono de los recién nacidos.

300.Para los niños sin hogar (que viven y trabajan en la calle), hay grupos móviles especiales, cada uno de los cuales está integrado por un psicólogo, un trabajador social de alto nivel, un educador de pares y un conductor. También hay centros de día y albergues abiertos durante las 24 horas.

301.El 22 de marzo de 2016 se modificó la Ley sobre la Salida y la Entrada a Georgia de Ciudadanos Georgianos y la Condición Jurídica de los Extranjeros y los Apátridas, con el objeto de defender el interés superior de los niños nacidos como resultado de una inseminación in vitro (gestación subrogada), prohibir su traslado desde Georgia en contravención de la legislación georgiana y protegerlos contra diversas acciones ilegales, como la trata.

302.Según las modificaciones mencionadas, los niños nacidos como resultado de una inseminación in vitro (gestación subrogada) pueden ser llevados al extranjero únicamente si ambos progenitores figuran en la partida de nacimiento del Organismo de Desarrollo de los Servicios Públicos del Ministerio de Justicia.

303.Con arreglo a las nuevas normas, si durante el procedimiento de control de pasaportes se descubre que, según la base de datos del Organismo, un niño que sale por primera vez de Georgia ha nacido como resultado de una inseminación in vitro (gestación subrogada) y en su partida de nacimiento no constan los nombres de ambos progenitores o el Organismo no ha registrado su nacimiento, el funcionario competente del Ministerio del Interior tomará la decisión de no permitir que el niño abandone el país (cruce la frontera estatal). Las modificaciones entraron en vigor el 11 de abril de 2016.

Artículo 25

304.El apoyo a un entorno electoral inclusivo se estableció como prioridad de la Administración Electoral de Georgia en sus Planes Estratégicos (2015-2019) y de Acción.

305.En la Comisión Electoral Central funcionan grupos de trabajo permanentes sobre las personas con discapacidad y las minorías étnicas, así como un Consejo de Igualdad de Género.

Apoyo al derecho de voto de las personas con discapacidad

306.A fin de informar a los votantes con discapacidad, durante el período que se examina todos los anuncios televisivos transmitidos por distintas emisoras estuvieron interpretados en lengua de señas. Desde 2016 se emiten anuncios especiales en video sobre servicios accesibles para personas con discapacidad, las noticias de los telediarios se acompañan de interpretación en lengua de señas y la página web oficial de la Comisión Electoral Central (www.cesko.ge) es accesible para personas ciegas o con deficiencias visuales. Durante el período electoral, los votantes sordos o con deficiencias de audición pudieron recibir información sobre los comicios a través de un servicio de video llamadas en lengua de señas ofrecido por operadores de la Comisión.

307.Desde 2014, en todas las emisoras los anuncios políticos y preelectorales sobre temas vinculados a las elecciones se interpretan en lengua de señas.

308.Durante el período de 2014 a 2018, se financiaron 25 proyectos de subvención, por un presupuesto que ascendió a 1.000.000 de laris, presentados por ONG locales con el propósito de instruir y de apoyar la participación de las personas con discapacidad en el proceso electoral.

309.Desde 2016, los beneficiarios de la ayuda tienen derecho a participar en elecciones, referendos y plebiscitos, a menos que estén internados en determinados establecimientos hospitalarios.

310.Durante el período de elecciones, todos los miembros de la comisión electoral de cada circunscripción recibieron capacitación intensiva sobre la forma adecuada de comunicación con las personas con discapacidad y el cumplimiento de las normas de comportamiento al interactuar con ellas. Los entrenamientos se llevaron a cabo a través de instrucciones especiales y de un video corto.

311.Se ofrecen los siguientes servicios para la participación independiente de las personas con discapacidad en las elecciones: en todos los recintos electorales, guía de votación táctil para los votantes ciegos, lupas de lectura para los votantes con problemas de visión y carteles sobre los procedimientos de la jornada electoral para personas sordas o con deficiencia auditiva, así como para los beneficiarios de apoyo; en los locales de votación adaptados, cabina de votación especial para usuarios de sillas de ruedas (464 cabinas de votación en 2014, 1.115 en 2015, 1.156 en 2017 y 1.268 en 2018).

312.La Comisión Electoral Central ha definido los procedimientos especiales de votación para las personas con determinados tipos de discapacidad física (sin extremidades superiores), así como los procedimientos para inscribirse o darse de baja como candidato al Parlamento, a miembro del Sakrebulo (Consejo Municipal) y a alcalde.

313.Desde 2014 hasta 2018, la Administración Electoral empleó en diversos puestos a 46 personas con discapacidad.

Apoyo al derecho de voto de las minorías étnicas

314.Para informar a los votantes de las regiones densamente pobladas por minorías étnicas, durante el período que se examina la Comisión Electoral Central se encargó de traducir al armenio y al azerbaiyano, y de distribuir, material relacionado con las elecciones, folletos informativos, anuncios en video y anuncios sobre los servicios ofrecidos. La Administración Electoral se ocupa de la accesibilidad del sistema unificado de búsqueda de las listas de votantes (voters.cec.gov.ge), brinda la oportunidad de recibir información sobre las elecciones a través de los operadores del centro de atención telefónica de la Comisión que hablan idiomas de minorías étnicas (armenio y azerbaiyano) y dispone la traducción de diversos materiales electorales para los miembros de las comisiones electorales de las circunscripciones que hablan armenio o azerbaiyano. Además, ha instrumentado varios programas y campañas de índole educativa e informativa.

315.Durante el período de 2014 a 2018, se financiaron 49 proyectos de subvención, por un presupuesto superior a 1.000.000 de laris, presentados por ONG locales con el propósito de instruir y de apoyar la participación de las minorías étnica en el proceso electoral.

Apoyo a la igualdad de género

316.La Administración Electoral ha aprobado el Documento de Política sobre la Igualdad de Género, destinado a fomentar la capacidad institucional de la Comisión promoviendo la igualdad entre los géneros en los procesos electorales. Desde 2014, la información relacionada con las elecciones se procesa con una perspectiva de género, y se producen datos desglosados por género de los votantes, los candidatos propuestos, los candidatos electos, las partes interesadas en el proceso electoral y los miembros de las comisiones.

317.Para respaldar la participación de los géneros en los procesos electorales, durante el período de 2014 a 2018 se financiaron 28 proyectos de subvención presentados por ONG locales, con un presupuesto superior a 1.000.000 de laris.

318.Durante el período 2015-2018 se incorporó un módulo de capacitación sobre igualdad entre los géneros, junto con otros temas importantes, en los programas educativos implementados por la Administración Electoral.

319.En 2016 y 2017 la Administración Electoral organizó cursos de capacitación sobre cuestiones electorales para las posibles candidatas.

Artículo 26

320.Véanse las respuestas relacionadas con los párrafos 6 a 9 de las observaciones finales del Comité.

Artículo 27

321.Véanse las respuestas relacionadas con el párrafo 19 de las observaciones finales del Comité.