65º período de sesiones

24 de octubre a 18 de noviembre de 2016

Tema 4 del programa provisional

Examen de los informes presentados por los Estados partes en virtud del artículo 18 de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer

Lista de cuestiones y preguntas relativa a los informes periódicos quinto y sexto combinados de Estonia

Adición

Respuestas de Estonia*

Nota : El presente documento se distribuye únicamente en español, francés e inglés .

* El presente documento se publica sin revisión editorial .

[Fecha de recepción: 18 de julio de 2016]

Acceso a la justicia y mecanismos jurídicos de denuncia

Pregunta 1

Según la información que consta en la base de datos de decisiones de los tribunales, puede decirse que, durante el período comprendido entre 2006 y 2016, no se ha hecho referencia a la Convención en tales decisiones.

En 2013, el número total de denuncias, memorandos y solicitudes de explicación recibidos por la Comisionada de Igualdad entre los Géneros e Igualdad de Trato ascendió a 116; de tales documentos, 61 guardaban relación con la igualdad de género. De los 116 contactos establecidos, 44 se refirieron al ámbito laboral. La Comisionada determinó que se había producido discriminación en 15 casos. En 2014, el número total de denuncias, memorandos y solicitudes de explicación fue de 192; entre tales documentos, 90 guardaban relación con la igualdad de género. De los 192 contactos establecidos, 114 se refirieron al ámbito laboral. La Comisionada determinó que se había producido discriminación en 39 casos. En 2015, el número total de denuncias, memorandos y solicitudes de explicación ascendió a 209; de tales documentos, 70 tenían que ver con la igualdad de género. De los 209 contactos establecidos, 98 se refirieron al ámbito laboral. Aún no se dispone de datos sobre el número de casos en los que la Comisionada determinó que se había producido discriminación. Por otro lado, la Comisionada no recaba información estadística sobre la distribución de las denuncias por regiones.

El número de casos planteados ante el Canciller de Justicia en materia de igualdad de trato y discriminación se ha mantenido relativamente estable en el transcurso de los años. Solo algunos de ellos se refieren a la igualdad de género. En 2013, se contactó con el Canciller de Justicia en 39 ocasiones para cuestiones relativas a la igualdad en general y a la igualdad de trato. La mayoría de los casos se relacionaban con el derecho fundamental a la igualdad en general. Cinco de los procesos abiertos tenían que ver con la diferencia de trato motivada por una característica discriminatoria concreta. El Canciller de Justicia formuló una recomendación para cumplir con la legalidad y las buenas prácticas administrativas en dos casos y presentó una propuesta para eliminar la infracción en otro. Veinte de los procesos guardaban relación con la conformidad de un acto jurídico con la Constitución. En 2014, se contactó con el Canciller de Justicia en 51 ocasiones para cuestiones relativas a la igualdad en general y a la igualdad de trato. De tales casos, 34 estaban relacionados con el derecho fundamental a la igualdad en general y 17 se referían a cuestiones de discriminación. El Canciller de Justicia formuló una recomendación para cumplir con la legalidad y las buenas prácticas administrativas en un caso. Veintiocho de los procesos guardaban relación con la conformidad de un acto jurídico con la Constitución. Otros 3 se referían a la conformidad de los actos legislativos con el principio de igualdad de género; de ellos, 2 se centraban en los derechos y las obligaciones de los hombres. No se detectó ninguna violación de las disposiciones de la Constitución. En 2015, se contactó con el Canciller de Justicia en 51 ocasiones para cuestiones relativas a la igualdad en general y la igualdad de trato. De tales casos, 30 estaban relacionados con el derecho fundamental a la igualdad en general y 21 se referían a cuestiones de discriminación. El Canciller de Justicia formuló una recomendación para cumplir con la legalidad y las buenas prácticas administrativas en un caso. Veinticuatro de los procesos guardaban relación con la conformidad de un acto jurídico con la Constitución. Uno de los casos se refería a las normas de un gobierno local que únicamente otorgaban a la madre el derecho a recibir la prestación por nacimiento. El Canciller de Justicia no inició ningún proceso, ya que no habría sido efectivo para proteger los derechos del solicitante habida cuenta de la fecha prevista de nacimiento del niño. Se explicaron al solicitante las vías de recurso disponibles. Otra denuncia se refería al sueldo de un funcionario de prisiones. El Canciller de Justicia no detectó al respecto ninguna diferencia de trato por razón de género. Durante el período sobre el que se informa, entre 2013 y 2015, no se llevó a cabo ningún proceso de conciliación. Dado el carácter voluntario del proceso, el motivo suele ser en gran medida la reticencia del demandado a participar en este.

El número de litigios laborales gestionados por los Comités para la Resolución de Litigios Laborales ascendió a 17 en 2013, 28 en 2014 y 25 en 2015. Si bien en 2013 las denuncias se presentaron únicamente en las 2 regiones de mayor tamaño, la distribución regional abarcó 5 regiones en 2014 y 8 en 2015. El número de denuncias relacionadas con la desigualdad de trato de un empleado por razón de sexo, por pasar a tener un hijo a cargo o por la crianza de niños pequeños se situó en 6, 10 y 12, respectivamente. En 2013, se retiraron dos solicitudes y se detectó discriminación en tres casos. En uno de ellos, se decretó el pago de una indemnización de 1.000 euros de conformidad con lo dispuesto en la Ley sobre la Igualdad de Género. En 2014, se retiraron tres solicitudes y se detectó discriminación en cuatro casos. El importe de las indemnizaciones establecidas osciló entre 900 y 2.100 euros. En 2015, se determinó la existencia de discriminación en siete casos, con indemnizaciones cuyo importe se situó entre 100 y 3.000 euros.

Pregunta 2

Las medidas adoptadas en el marco de dos programas de igualdad de género del Fondo Social Europeo (FSE) (párr. 177 del informe presentado al Comité) incluyeron, entre otras actividades, dos campañas mediáticas de sensibilización sobre los estereotipos de género, la elaboración y difusión de material informativo acerca de la Ley sobre la Igualdad de Género para el público en general y a nivel profesional y la impartición de cursos de formación a abogados, jueces y miembros de los Comités para la Resolución de Litigios Laborales sobre la aplicación de dicha Ley. Se realizaron especiales esfuerzos por llegar a la minoría de habla rusa, mediante la traducción a este idioma del material informativo y de la campaña dirigido al público en general.

Además, la Comisionada de Igualdad entre los Géneros e Igualdad de Trato proporcionó capacitación a abogados, miembros de los Comités para la Resolución de Litigios Laborales e inspectores de trabajo en relación con la aplicación de la Ley sobre la Igualdad de Género, tanto en el marco del Programa de Subvenciones de Noruega (párr. 178 del informe presentado al Comité) como dentro de la ejecución general de las tareas de esta institución. En el contexto del Programa de Subvenciones de Noruega, la Oficina de la Comisionada organizó también una jornada de asesoramiento anual en 15 centros de condado de Estonia. En la mayoría de los casos, también se celebró un acto de información pública durante esa misma jornada con el fin de concienciar a la población sobre la no discriminación.

Los profesionales jurídicos no reciben ninguna formación periódica específica sobre cuestiones de igualdad de género. Por otro lado, tampoco se ha realizado ninguna evaluación específica de la repercusión de los cursos de capacitación.

La Junta de la Policía y la Guardia de Fronteras y el centro de acogida para solicitantes de asilo tienen la obligación de presentar y explicar a los solicitantes de asilo sus derechos y deberes en el momento de su llegada.

Los refugiados, incluidas las mujeres refugiadas, tienen la obligación de finalizar satisfactoriamente un programa de integración que abarca los temas de los derechos humanos y los papeles asignados al género.

Pregunta 3

Recursos de la Comisionada de Igualdad entre los Géneros e Igualdad de Trato

En el período comprendido entre 2012 y 2014, se financió el trabajo de 2,25 empleados de la Oficina de la Comisionada con cargo al presupuesto del Estado. A partir de 2015, se asignaron recursos adicionales con cargo al presupuesto estatal a fin de que la Comisionada iniciara los preparativos para el desempeño de la labor del mecanismo independiente de vigilancia de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Esto permitió también la creación de un puesto nuevo. Se contrató personal adicional (hasta cinco personas) para respaldar la ejecución del Programa de Subvenciones de Noruega 2009-2014 durante el período 2013-2016 (primer año), financiándose dichos puestos con cargo al presupuesto de este proyecto. Desde 2015, se han venido asignando recursos adicionales a la Comisionada para prestar apoyo en materia de no discriminación e incorporación de la perspectiva de género en la utilización de los Fondos Estructurales de la Unión Europea. Esto permitió la contratación de dos personas más.

El importe de los recursos financieros proporcionados a la Comisionada con cargo al presupuesto del Estado fue el siguiente: 62.351 euros en 2013, 75.691 euros en 2014, 162.525 euros en 2015 y 160.825 euros en 2016.

Competencias del Canciller de Justicia y de la Comisionada de Igualdad entre los Géneros e Igualdad de Trato

El riesgo de la posible superposición de competencias entre la Comisionada y el Canciller de Justicia se mitiga gracias a la cooperación de ambas instituciones. No se ha considerado necesario adoptar ninguna otra medida específica.

Establecimiento de una institución nacional de derechos humanos con carácter independiente

Las autoridades de Estonia están estudiando permanentemente la posibilidad de crear una institución nacional para la protección de los derechos humanos (INDH). En vista de las competencias actuales de las instituciones y considerando, entre otras cosas, el tamaño de la administración nacional, Estonia no ha tomado, por el momento, la decisión de establecer nuevas instituciones encargadas de las cuestiones de derechos humanos. El Canciller de Justicia, institución independiente que aúna las funciones de órgano general de peticiones y de guardián de la constitucionalidad, vigila y garantiza la aplicación de las normas internacionales de derechos humanos en Estonia de la mejor manera posible. Dicha institución abarca la mayoría de las funciones de la INDH de conformidad con los Principios de París.

Mecanismo nacional e incorporación de la perspectiva de género

Pregunta 4

Grupo de Trabajo para la Incorporación de la Perspectiva de Género

Los cursos de formación sobre incorporación de la perspectiva de género impartidos periódicamente a los miembros del Grupo de Trabajo para la Incorporación de la Perspectiva de Género han permitido mejorar dicha incorporación en algunas esferas de políticas. Para seguir apoyando esta labor, el Ministerio de Asuntos Sociales organizó, durante el cuarto trimestre de 2015 y en el marco del programa del FSE, diversos cursos de formación práctica y adaptada a las necesidades sobre incorporación de la perspectiva de género, destinados a los encargados de la formulación de políticas de seis ministerios.

Consejo de Igualdad de Género

En 2014, el Consejo de Igualdad de Género encargó un análisis exhaustivo de la aplicación de la Ley sobre la Igualdad de Género. La primera parte del estudio, centrada en la sensibilización y las prácticas de los empleadores, se llevó a cabo en 2015 y proporcionó información sobre algunas deficiencias de la reglamentación, de su aplicación por parte de los empleadores y de la sensibilización de estos. Los investigadores también propusieron indicadores para realizar un seguimiento de la aplicación de la Ley sobre la Igualdad de Género en el futuro.

El Consejo también ha comunicado al Gobierno la necesidad de elaborar una estrategia y un plan de acción específicos sobre igualdad de género. Además, tras las elecciones parlamentarias nacionales celebradas durante el segundo trimestre de 2015, el Consejo envió a todas las partes representadas en el nuevo Parlamento una serie de recomendaciones formuladas al Gobierno para promover la igualdad de género en el período 2015-2018. En las recomendaciones se dio prioridad a cinco objetivos: 1) disminuir los efectos negativos de los estereotipos de género en la vida cotidiana y en las decisiones de las mujeres y los hombres, así como en el desarrollo de la economía y la sociedad;2) apoyar la independencia económica de mujeres y hombres en condiciones de igualdad;3) aumentar el equilibrio de género en todos los niveles de gestión y adopción de decisiones;4) aumentar la calidad de vida tanto de las mujeres como de los hombres; y 5) respaldar la ejecución sistemática y eficaz de la labor de incorporación de la perspectiva de género. En 2016, el Consejo formuló también sus observaciones al proyecto del Plan de Desarrollo del Bienestar 2016-2023, que incluye las prioridades de la política de igualdad de género del Gobierno y refleja asimismo propuestas anteriores del Consejo.

Presupuestación con perspectiva de género y proyectos de incorporación de la perspectiva de género

En 2006 y 2007, la Comisionada de Igualdad entre los Géneros e Igualdad de Trato participó en el proyecto de la Unión Europea (UE) titulado “Igualdad para el desarrollo local: incorporación de cuestiones de género en las municipalidades”, en cuyo marco se proporcionó capacitación a funcionarios gubernamentales locales, se celebró una mesa redonda para el público en general y se redactó y tradujo al estonio un manual para la incorporación de la perspectiva de género destinado a los gobiernos locales.

Entre 2010 y 2012, se llevó a cabo otro proyecto financiado por la UE y titulado “Incorporación de la perspectiva de género en el presupuesto del Estado”, en colaboración con el Ministerio de Asuntos Sociales y la Comisionada. Este proyecto demostró que los principales obstáculos para la incorporación de la perspectiva de género son la falta de estadísticas desglosadas por sexo, la falta de concienciación sobre la igualdad de género, la falta de información acerca de la desigualdad de género en las distintas esferas de gobierno y la falta de objetivos concretos en materia de igualdad de género en diversos ámbitos de actividad. Al mismo tiempo, el proyecto ayudó a aumentar la conciencia, la voluntad y las competencias del personal a nivel ministerial en lo relativo a las estrategias de incorporación de la perspectiva de género y a la elaboración de presupuestos con perspectiva de género. Además, se elaboró un manual sobre presupuestación con perspectiva de género.

La labor llevada a cabo por las ONG entre 2008 y 2010 respaldó la incorporación de la perspectiva de género, en particular, concienciando sobre presupuestación con perspectiva de género a nivel local mediante la generación de debates, la organización de cursos de capacitación y talleres y la traducción y publicación de material informativo en el ámbito europeo.

Hasta la fecha, estas actividades realizadas tanto por las autoridades nacionales como por las ONG han tenido una repercusión limitada debido a su duración y al hecho de que se basan en proyectos concretos, si bien han sentado una base para futuras actividades.

En el marco del Programa de Subvenciones de Noruega, la Oficina de la Comisionada llevó a cabo una serie de actividades en apoyo de la aplicación de la incorporación de la perspectiva de género, entre ellas, la organización de un seminario sobre la mejora de la adopción de decisiones políticas mediante la evaluación de las consecuencias en función del género y la elaboración de un manual en línea sobre incorporación de la perspectiva de género destinado a los encargados de la formulación de políticas a nivel estatal y local. Además, se publicaron varios documentos de análisis orientados a poner de relieve diversas cuestiones de género en esferas de políticas concretas. Desde el cuarto trimestre de 2013 hasta el segundo trimestre de 2016, se publicó regularmente un boletín informativo electrónico sobre las últimas novedades en materia de igualdad de género e incorporación de la perspectiva de género.

Con el fin de proporcionar apoyo adicional a los encargados de la formulación y la ejecución de políticas para la incorporación de la perspectiva de género y para respetar el principio de la igualdad de trato en la utilización de los Fondos Estructurales y de Inversión de la UE, en abril de 2015 se creó un centro de competencia en la Oficina de la Comisionada.

Medidas especiales de carácter temporal

Pregunta 5

Hasta la fecha, el Estado no ha adoptado medidas especiales de carácter temporal. Tampoco se han realizado actividades de sensibilización específicas centradas en dicho tipo de medidas. En las respuestas a las preguntas de la lista de cuestiones relacionadas con este ámbito, se facilita información sobre actividades de sensibilización más generales, dirigidas por ejemplo a los funcionarios, los empleadores y el público en general.

Estereotipos

Pregunta 6

Encuestas sobre el seguimiento de la igualdad entre los géneros

Los resultados de las encuestas sobre el seguimiento de la igualdad entre los géneros indican principalmente a los encargados de la formulación de políticas los ámbitos en los que existe una expectativa y un apoyo por parte de la opinión pública con respecto a la adopción de medidas más firmes en materia de política, así como los ámbitos y los grupos para los que todavía existe una necesidad de sensibilización, etc.

Por ejemplo, los resultados de tales encuestas en 2009 y 2013 indican que, en general, las mujeres siguen asumiendo en mayor medida todas las responsabilidades relacionadas con la familia y el cuidado de los hijos. Asimismo, más del 60% de las personas encuestadas considera que la vida familiar y los hijos limitan las oportunidades de carrera de las mujeres (resultado que se desprende tanto de la encuesta de 2009 como de la de 2013). Los encuestados también opinan que los padres tienen menos oportunidades de disfrutar de una licencia parental, ya que los empleadores creen que el cuidado de la familia es fundamentalmente una responsabilidad de las mujeres. La situación ha mejorado ligeramente con el paso de los años. En 2009, el 40% de los encuestados estimaba que los hombres tenían dificultades en su lugar de trabajo a la hora de solicitar una licencia para el cuidado de los hijos antes de que el hijo cumpliera tres años. En 2013, esta cifra se había reducido al 34%.

La necesidad de respaldar un cambio importante en el reparto de las responsabilidades en materia de cuidados entre mujeres y hombres y las alternativas para lograrlo se hallan recogidas en un Libro Verde sobre las prestaciones familiares, los servicios y la licencia parental. La respuesta a la pregunta 16 de la lista de cuestiones ofrece información más detallada sobre este tema. Además, el plan de acción contemplado en el Plan de Desarrollo del Bienestar 2016-2023 incluye propuestas de medidas para sensibilizar a la población sobre la necesidad y los efectos positivos de repartir la carga de los cuidados y el trabajo doméstico no remunerado de forma más equitativa entre mujeres y hombres.

Los resultados de las encuestas sobre el seguimiento de la igualdad entre los géneros también reflejan que la opinión pública considera que las niñas y los niños deberían poder elegir las materias escolares en función de sus intereses. Si bien esta postura ha ido perdiendo fuerza, aún sigue siendo predominante (un 70% en 2009 y un 62% en 2013). Al mismo tiempo, más de la mitad de los encuestados creía que, por ejemplo, en las clases de educación física o manualidades, el contenido debía impartirse de manera diferente a los niños y a las niñas. Esta opinión se ha reforzado ligeramente en comparación con los datos de 2009 (un 54% en 2009 y un 59% en 2013). Muchos de los encuestados piensan que, al educar a los niños, es importante enseñarles a utilizar la tecnología, a conducir, a adquirir espíritu empresarial y a tener éxito. En cuanto a la educación de las niñas, opinan que es importante enseñarles a comunicarse y a expresarse, a cuidar de su apariencia y a limpiar el hogar, así como inculcarles normas de comportamiento y etiqueta y conocimientos culinarios. Se considera importante enseñar a gestionar el dinero en ambos casos. Las encuestas de 2009 y 2013 reflejan estas actitudes de manera similar.

Los resultados de las encuestas sobre el seguimiento de la igualdad entre los géneros muestran la persistencia clara de una necesidad de abordar los estereotipos de género en la sociedad. Se considera que una de las medidas más eficientes y sostenibles para lograrlo es la integración de la igualdad de género en los planes de estudios escolares de todos los niveles. La respuesta a la pregunta 7 de la lista de cuestiones ofrece información adicional sobre las medidas al respecto.

Ley de Publicidad

La supervisión estatal del cumplimiento de los requisitos establecidos en la Ley de Publicidad es responsabilidad de la Junta de Protección del Consumidor. Además, el gobierno del municipio rural o de la localidad se encarga de la supervisión estatal dentro de su territorio administrativo con respecto a la publicidad al aire libre. En caso de violación de la Ley, el órgano de supervisión estatal puede dictar un precepto ordenando su cumplimiento. El incumplimiento de los requisitos establecidos por dicha Ley puede sancionarse con una multa. Además, en caso de incumplirse alguno de los preceptos dictados por el órgano de supervisión estatal, puede imponerse el pago de una sanción adicional.

Campañas de sensibilización y medios de comunicación

En 2010, el Ministerio de Asuntos Sociales llevó a cabo una campaña mediática en el marco del programa del FSE. Su objetivo era reducir los estereotipos de género, en particular las actitudes estereotipadas hacia hombres y mujeres en el mercado de trabajo. Entre los grupos destinatarios de la campaña se encontraban alumnos que poco después tendrían que adoptar decisiones sobre sus futuras carreras, aunque también solicitantes de empleo que posiblemente tendrían que modificar las suyas. El mensaje de la campaña pretendía alentar a la población a observar y pensar al margen de los estereotipos de género y a tener una mentalidad abierta acerca de sus propias oportunidades. Los modelos de conducta extraídos de la vida real que se utilizaron en la campaña eran personas de distintos sexos, orígenes étnicos y edades pertenecientes a diversos ámbitos de trabajo. La campaña se llevó a cabo tanto en estonio como en ruso.

La realización de la campaña mediática de 2013 corrió a cargo del Ministerio de Asuntos Sociales en el marco del siguiente programa del FSE; su objetivo también se centró en hacer frente a los estereotipos de género y demostrar sus consecuencias negativas en las elecciones de empleo y carrera. Las principales actividades de la campaña fueron la organización de jornadas de orientación profesional para niños y niñas, la grabación de un conjunto de siete vídeos de gran difusión y la puesta en marcha de varias iniciativas de promoción. Los vídeos abordan la desigualdad salarial por razón de género, los estereotipos de género, la segregación, el equilibrio entre el trabajo y la vida personal, etc., y han seguido utilizándose después de la campaña. Debido a los comentarios positivos recibidos de los participantes, en el cuarto trimestre de 2015 se repitieron las jornadas de orientación profesional (para más información, véase la respuesta a la pregunta 14 de la lista de cuestiones).

A fin de fomentar el respeto de los principios de la igualdad de género en los medios de comunicación, el plan de acción incluido en el Plan de Desarrollo del Bienestar 2016-2023 contempla la elaboración en 2019 de recomendaciones en este ámbito, en colaboración con los órganos de autorregulación de los medios de comunicación.

Pregunta 7

Las últimas modificaciones introducidas en los planes nacionales de estudios de los centros de enseñanza básica y enseñanza secundaria superior han mejorado, entre otras cosas, la promoción de la igualdad de género en estos niveles escolares, por ejemplo, en lo relativo a la matriculación en asignaturas de ciencias sociales, a la planificación de la carrera, a la tecnología y a la artesanía.

El plan de estudios integra la igualdad de género y los derechos humanos como competencias básicas. Además, se ha proporcionado a los docentes una serie de descripciones del proceso de aprendizaje donde se incluye una explicación más detallada de cómo integrar la igualdad de género en sus asignaturas. En 2016, se revisarán y complementarán estas descripciones.

Según una normativa del Ministro de Educación e Investigación, la bibliografía de estudio debe basarse en los valores básicos establecidos en el plan de estudios nacional, debiendo tener en cuenta al mismo tiempo el principio del multiculturalismo y evitar estereotipos que inciten prejuicios por razón de género, nacionalidad, religión, cultura o raza.

Además, en el proceso de elaboración de la nueva Ley de Educación han participado diversos expertos en igualdad de género para asegurar que se tengan en cuenta los diferentes aspectos relacionados con el género en el ámbito educativo.

Asimismo, se financiaron dos proyectos de mayor envergadura a través de una convocatoria abierta del programa de igualdad de género de las Subvenciones de Noruega 2009-2014, proyectos que se ejecutaron en 2014 y 2015. Por otro lado, se organizó la Mesa Redonda de Asociaciones de Mujeres Estonias, cuyo objetivo era promover la igualdad de género mediante la integración de la perspectiva de género en la formación y la capacitación de los docentes, así como a través de la concienciación de los formadores de docentes y profesores en funciones sobre las cuestiones de género y de la elaboración de un sistema integral de apoyo para lograr este objetivo. El proyecto del Centro de Estudios sobre Políticas Praxis pretendía promover la igualdad de género en Estonia mediante su incorporación en la enseñanza superior. El principal resultado de este proyecto fue un programa de estudio sobre igualdad de género que se integrará en los programas de ciencias sociales y formación de docentes. A través de este programa, se financiaron también varios proyectos de menor envergadura orientados a la promoción de la igualdad de género en el ámbito educativo.

Violencia contra la mujer

Pregunta 8

Legislación

El Gobierno ha enviado al Parlamento un proyecto de ley por el que se modifica la Ley de Apoyo a las Víctimas. A través de esta enmienda, se incluye por primera vez en un instrumento jurídico una descripción de las actividades ejecutadas por los centros de acogida para mujeres en calidad de servicios, con lo que se aumenta la sostenibilidad y la seguridad de la financiación destinada a las organizaciones que presten tales servicios en el futuro.

En el marco de los preparativos para la ratificación del Convenio del Consejo de Europa sobre Prevención y Lucha contra la Violencia contra la Mujer y la Violencia Doméstica (prevista en 2017), el Ministerio de Justicia ha elaborado una serie de enmiendas al Código Penal para tipificar como delito el acoso criminal, los matrimonios forzados y la mutilación genital femenina. Asimismo, se prevé que las enmiendas tipifiquen como delito la contratación de servicios sexuales de víctimas de la trata de personas y regulen el uso de prendas que oculten el rostro.

Enjuiciamiento de oficio

Según la Junta de la Policía y la Guardia de Fronteras, ha aumentado el número de denuncias de casos de violencia. En 2014, se presentó una media de 32 denuncias por día, cifra que ascendió a 35 en 2015. Durante el período vacacional, se presentaron entre 45 y 50 denuncias diarias.

De conformidad con el Código de Procedimiento Penal, los órganos de investigación y las fiscalías están obligados a emprender un proceso penal si se detectan hechos que hagan referencia a un delito de esta índole, a menos que se den las circunstancias concretas contempladas en dicho Código.

Datos

El número de casos registrados de violencia doméstica ha ido en aumento. En 2012, se registraron 2.231 casos; en 2013, 2.752; en 2014, 2.721; y en 2015, 2.997. En 2015, la violencia doméstica representó aproximadamente el 10% de los delitos registrados y el 38% de los delitos violentos. En ese mismo año, el 85% de los casos de violencia doméstica abarcaron actos de maltrato físico, el 10% de los casos, amenazas, y el 2%, delitos contra la libre determinación sexual. En 2 de cada 3 casos, el autor de los actos de violencia fue una expareja o una pareja actual de la víctima. En el 82% de los casos de violencia doméstica, las mujeres son las víctimas, mientras que en un 11% aparecen como autoras de tales delitos.

A día de hoy, no es posible facilitar datos actualizados sobre los enjuiciamientos, las condenas ni las penas impuestas a los autores, así como tampoco sobre la compensación ofrecida a las víctimas. Sin embargo, la información disponible indica que en muchos casos de violencia doméstica se puso fin a los procesos penales por medio de la conciliación. En 2015, un total de 934 casos se cerró por esta vía (cifra que, en 2012, se situaba en 747). El 84% de estos casos estaba relacionado con actos de maltrato físico, la mayoría de los cuales constituían delitos de violencia doméstica. No es muy habitual que se imponga una pena de prisión efectiva, sino que suele recurrirse a la condena condicional. Al mismo tiempo, las enmiendas del Código Penal que entraron en vigor en 2015 contemplan un aumento de la gravedad de las sanciones impuestas por maltrato físico en caso de que este acto se cometa en el marco de una relación personal íntima o de una relación de subordinación. Mientras que habitualmente se condena a los autores de este tipo de actos al pago de una multa o a penas de hasta 1 año de prisión, en este tipo de supuestos es posible imponer penas de prisión de hasta 5 años.

Pregunta 9

Servicios de apoyo e investigación

En la respuesta a la pregunta 8 de la lista de cuestiones se describen los cambios que se prevé introducir en la Ley de Apoyo a las Víctimas. En la actualidad, existen 16 centros de acogida en Estonia que prestan servicios sociales accesibles y gratuitos, entre otros, servicios jurídicos y psicológicos especializados para víctimas de la violencia contra la mujer.

En 2015, se crearon también servicios para las víctimas de la violencia sexual. Existe un proyecto en curso ejecutado por la Asociación Estonia para la Salud Sexual y destinado a establecer contactos y preparar a los hospitales para prestar apoyo especializado a las víctimas de violaciones.

Se han llevado a cabo diferentes estudios en el marco de los proyectos del Programa de Subvenciones de Noruega (párr. 84 del informe presentado al Comité). La institución de investigación Estonian Institute for Open Society realizó un análisis del costo de la violencia por razón de género que, en un futuro, puede utilizarse como base para tomar decisiones en materia de políticas más sostenibles desde el punto de vista económico. Además, una encuesta realizada por la Unión de Centros de Acogida para Mujeres de Estonia sobre el contenido de los servicios indicó la existencia de un alto grado de satisfacción con la disponibilidad y la calidad de los servicios prestados en todo el país. Asimismo, se realizaron una encuesta y un estudio para aumentar los conocimientos y la disponibilidad de datos sobre la naturaleza y el alcance de la violencia sexual en Estonia.

Convenio del Consejo de Europa sobre Prevención y Lucha contra la Violencia contra las Mujeres y la Violencia Doméstica

Se espera que Estonia esté preparada para ratificar el Convenio del Consejo de Europa sobre Prevención y Lucha contra la Violencia contra las Mujeres y la Violencia Doméstica en 2017, una vez aprobadas las enmiendas al Código Penal a las que se hace referencia en la respuesta a la pregunta 8 de la lista de cuestiones.

Planificación estratégica

El Plan de Desarrollo para la Reducción de la Violencia 2010-2014 contemplaba una serie de órganos responsables, actividades concretas y recursos financieros para el desempeño de las labores de prevención, apoyo a las víctimas y lucha contra los delitos. A fin de abordar mejor los desafíos que supone la reducción de la violencia, se creó una red especial de funcionarios públicos y ONG para cada esfera del Plan. Esta red sigue activa en la actualidad, permitiendo el mantenimiento de un firme compromiso y el desarrollo de una labor sostenible de lucha contra la violencia. Se han impartido seminarios comunes de capacitación sobre violencia doméstica para personal policial, fiscales y jueces especializados en el tema que han reforzado la cooperación. La formación de jueces y fiscales contribuirá a aumentar la eficacia de la gestión de los casos de violencia doméstica. Entre 2010 y 2012, se llevaron a cabo también cursos de formación sobre empoderamiento para niñas con edades de 14 a 17 años.

La Estrategia de Prevención de la Violencia 2015-2020 está orientada a reducir el número de casos de violencia relacionada con la infancia, violencia doméstica, violencia por razón de género y trata de personas. Todos los ministerios competentes y diversas ONG participan en la aplicación de dicha Estrategia, que incluye actividades de prevención general (principalmente de sensibilización), de prevención específica para grupos de riesgo y de afrontamiento de las consecuencias de la violencia. Las actividades de prevención abarcan la realización de campañas informativas contra la violencia sexual y la trata de personas, la organización de conferencias para alumnos de enseñanza secundaria y formación profesional sobre la violencia y la trata de personas, etc. La Estrategia también contempla la prestación de servicios a las víctimas de la violencia por razón de género, la violencia sexual y la trata de personas, incluida la prostitución.

Prevención, sensibilización y capacitación

El Programa de Subvenciones de Noruega relativo a la violencia doméstica y por razón de género (párr. 84 del informe presentado al Comité) se centró en la realización de actividades de sensibilización pública, en la mejora de la calidad y la disponibilidad de los servicios y en la realización de estudios y encuestas que sirvieran de base para la adopción de decisiones y la ejecución de actividades en el futuro.

Además de las diversas campañas de sensibilización organizadas por los proyectos ejecutados en el marco del Programa de Subvenciones de Noruega, en 2014 y 2015, se llevó a cabo el proyecto “Bringing up a violence free generation” (“Educar a una generación libre de violencia”), financiado por el programa Progress de la UE y ejecutado conjuntamente por el Ministerio de Justicia, el Ministerio de Asuntos Sociales, el Ministerio del Interior, la Junta de la Policía y la Guardia de Fronteras, la Fundación de la Mesa Redonda de Asociaciones de Mujeres Estonias y la Asociación de Centros Juveniles Abiertos de Estonia. Entre las actividades realizadas, cabe destacar una campaña de sensibilización orientada a los jóvenes y titulada “Open your eyes” (“Abre los ojos”), así como diversos cursos de formación de formadores y cursos de empoderamiento específicamente destinados a niños y niñas. Un componente bastante innovador del proyecto fue la cooperación con el mayor acontecimiento anual de danza, el festival “The School Dance”, que ofreció una buena oportunidad de entrar en contacto con los jóvenes de toda Estonia para hablar sobre los papeles asignados al género y la violencia por razón de género.

Desde 2013, se está ejecutando un proyecto de capacitación en materia de establecimiento de contactos para mejorar la cooperación entre las diferentes instituciones que se ocupan de las víctimas. Sus destinatarios son los miembros de la red de cooperación, incluidos los trabajadores de apoyo a las víctimas, los trabajadores de los centros de acogida para mujeres, los agentes de policía, los fiscales, los jueces, los trabajadores sociales, los trabajadores de protección infantil, los profesionales médicos, los profesionales que se ocupan de los autores de delitos, etc., y su objetivo es aumentar la eficiencia de la resolución de los casos de violencia dentro del sistema jurídico y la accesibilidad y la calidad de la ayuda ofrecida a las víctimas en todos los condados de Estonia. Se han organizado 25 cursos de formación, en los que han participado aproximadamente 1.100 personas de diferentes instituciones.

En Estonia, se han llevado a cabo numerosos cursos de capacitación adicionales para agentes de policía relacionados con los derechos y las necesidades de las víctimas (por ejemplo, sobre cómo ayudar a las víctimas de delitos sexuales y comunicarse con ellas). También existe una formación específica para agentes de policía sobre cómo interrogar a los niños e interactuar con ellos. Dicha formación consta de 15 jornadas lectivas e incluye vídeos de capacitación sobre el uso de técnicas de interrogatorio adaptadas a los niños. La organización de los cursos corre a cargo del Centro de Desarrollo y Capacitación de la Función Pública.

Además, Estonia tiene previsto impartir una formación sensibilizadora integral que incluirá capacitación práctica en aptitudes de comunicación eficaz con las víctimas en general y con diferentes grupos de víctimas y que estará dirigida a la policía, los fiscales, los jueces y los trabajadores de apoyo a las víctimas.

Trata y explotación sexual

Pregunta 10

Planificación estratégica

La finalidad del Plan de Desarrollo para la Reducción de la Violencia 2010-2014 era reducir y prevenir la violencia en sus diversas formas, incluida la trata de personas. Se realizaron evaluaciones anuales a fin de obtener una sinopsis de la ejecución de las actividades contempladas en el Plan de Desarrollo. Para ello, cada ministerio competente (a saber: el Ministerio de Educación e Investigación, el Ministerio del Interior, el Ministerio de Asuntos Sociales y el Ministerio de Relaciones Exteriores) elaboró un resumen anual sobre la aplicación de las medidas y la ejecución de las actividades en su zona de responsabilidad y lo presentó al Ministerio de Justicia, encargado de la ejecución del Plan.

El Plan de Desarrollo tuvo varios resultados positivos. En la estrategia anterior, no se había prestado especial atención a la trata con fines de explotación laboral. En esta ocasión, el análisis de los casos de trabajo forzoso y la identificación de las víctimas de esta práctica se realizaron en cooperación con la Universidad de Tartu, el Instituto Europeo de Prevención del Delito y Lucha contra la Delincuencia (HEUNI) y la Universidad de Varsovia y, a raíz de dicha labor, se facilitó información principalmente a los especialistas y las autoridades competentes. Además, desde 2009, se han venido financiando servicios de apoyo a las víctimas con cargo al presupuesto estatal; asimismo, el Plan de Desarrollo permitió un aumento de la participación del Estado en la financiación tanto de los servicios como de las actividades de prevención. Dicho Plan definió con más claridad el papel de las diferentes autoridades y conllevó también una mejora del intercambio de datos a nivel interno y transfronterizo. En su contexto, se incrementó la atención prestada a la capacitación de los especialistas pertinentes, por ejemplo, los agentes de policía, los guardias de fronteras, los trabajadores sociales y los funcionarios de protección infantil, con el fin de dispensar un trato lo más profesional posible a las víctimas y a los casos.

Datos

No se dispone de datos exactos sobre el número de víctimas de la trata de personas registrado hasta el segundo trimestre de 2012, debido a la carencia de una legislación específica contra este delito. En 2012, se modificó el Código Penal para tipificar la trata de personas como delito específico (véanse los párrs. 96 y 97 del informe presentado al Comité). Antes de esta modificación, se recurría a otras disposiciones conexas para el enjuiciamiento de los delitos de trata, como las relativas a la esclavitud, el fomento de la prostitución, etc. Dicha reglamentación no permitía tener debidamente en cuenta diversas cuestiones relacionadas con la trata de personas, como la captación, el transporte y la explotación de las víctimas.

Entre 2009 y 2012, las víctimas se identificaban de manera oficiosa a través de las ONG que les prestaban servicios (párr. 94 del informe presentado al Comité). A partir del segundo semestre de 2013, la Dirección de la Seguridad Social asumió la responsabilidad de la organización de los servicios. Las víctimas reciben ayuda una vez identificadas oficialmente por la Junta de la Policía y la Guardia de Fronteras. En 2014, se prestaron servicios a 2 víctimas (1 niña víctima de explotación sexual y 1 hombre víctima de explotación laboral). En 2015, se identificaron 13 víctimas más (9 mujeres y 4 hombres, 3 casos de trata con fines de explotación laboral y 10 casos de explotación sexual; 11 de los casos se referían a menores).

En el cuadro 1 del anexo se refleja el número de delitos registrados de trata de personas, el número de personas contra las que se ha iniciado un proceso de enjuiciamiento y el número de personas condenadas entre 2009 y 2015.

Las penas impuestas a las personas condenadas por delitos de trata oscilan entre la suspensión de la condena en régimen de libertad condicional de 3 a 5 años y la imposición de penas de prisión efectiva de 1 a 10 años.

Programas de apoyo

En cuanto a la asistencia a las víctimas, hasta 2013, los servicios se prestaban con arreglo a la identificación realizada por los proveedores de servicios. Se facilitaba vivienda segura, apoyo social, orientación psicológica y asesoramiento jurídico. Desde 2013, la Dirección de la Seguridad Social se encarga de organizar los servicios, si bien la prestación de estos sigue dependiendo de ONG con gran experiencia en materia de apoyo a las víctimas. Además de los servicios mencionados anteriormente, existen servicios de comedores, asistencia material necesaria, traducción e interpretación. Los servicios se prestan hasta que desaparece la necesidad de recibirlos.

Desde 2009, existen directrices sobre la identificación de las víctimas y el apoyo facilitado a estas (párr. 110 del informe presentado al Comité). Estas se hallan a disposición de todos los funcionarios y proveedores de servicios, incluidos los jueces, los fiscales, los funcionarios consulares, etc. El Ministerio de Asuntos Sociales organizó también diversas actividades de capacitación en la utilización de las directrices y se encarga de revisar el documento periódicamente para mantenerlo actualizado. Por lo tanto, se están llevando a cabo esfuerzos para que, en todos los procesos, exista un entendimiento común del problema de la trata de personas entre los especialistas que se ocupan de estos casos, inclusive con respecto a la identificación de las víctimas, la necesidad y las posibilidades de derivar casos para recibir asistencia profesional y las características del procedimiento aplicado.

Solicitudes de asilo

Según la Ley de Extranjería, la Fiscalía o la autoridad investigadora está obligada a informar a la víctima de la trata sobre las posibilidades y los requisitos de solicitud de protección internacional. La persona solicitante de asilo tiene derecho a permanecer en el territorio de Estonia hasta que el tribunal administrativo competente tome una decisión definitiva de denegación de la solicitud o de revocación de la protección internacional.

Nacionales de terceros países

A los nacionales de terceros países víctimas de la trata también se les informa sobre la posibilidad de obtener el permiso de residencia y se les concede un plazo para reflexionar sobre su situación. Durante el período de reflexión, no está permitido aplicar decisiones de deportación a las víctimas de la trata, y estas últimas tienen derecho a acceder a los servicios descritos anteriormente en pie de igualdad (vivienda segura, apoyo social, orientación psicológica y asesoramiento jurídico, asistencia médica, etc.).

Pregunta 11

No existen estudios recientes sobre la prevalencia de la prostitución. Con el paso de los años, las estimaciones sobre el número de mujeres que ejercen la prostitución realizadas por diferentes fuentes, como los agentes de policía que se ocupan de los casos de proxenetismo, las ONG encargadas de prestar servicios y los investigadores, sugieren cifras que oscilan entre 600 y 3.000 mujeres (este último dato corresponde a 2006). El Atoll Centre de la ONG Eluliin, la única organización centrada en el apoyo a personas que ejercen la prostitución, presta servicios a entre 250 y 300 personas cada año, la mayoría de ellas mujeres.

La prostitución se considera principalmente una forma de violencia contra la mujer, y la mediación en el ejercicio de la prostitución, un delito relacionado con la trata de personas. Las estrategias de prevención y apoyo a las víctimas se basan en los principios que se señalan a continuación. Todos los servicios son gratuitos y anónimos. Las mujeres son tratadas con dignidad y respeto, y los especialistas que trabajan con ellas son psicólogos y trabajadores sociales que disponen de una formación adecuada. Los centros de apoyo están ubicados en la capital de Estonia y en las regiones meridional y noroccidental, por lo que existen tres puntos de prestación de servicios. Se prestan servicios de apoyo social, asesoramiento jurídico y orientación psicológica, así como servicios de salud y reconocimiento médico.

En 2015, dio comienzo un nuevo proyecto conjunto de la ONG Eluliin y el Fondo del Seguro de Desempleo de Estonia orientado a ayudar a las mujeres que hayan abandonado la prostitución a incorporarse al mercado de trabajo. El Fondo ofrece a las mujeres capacitación laboral y los correspondientes servicios adicionales de apoyo; al mismo tiempo, dichas mujeres reciben ayuda de esta ONG especializada.

Los estudios realizados por el Instituto de Desarrollo de la Salud (organización estatal dependiente del Ministerio de Asuntos Sociales) muestran que las mujeres que se dedican a la prostitución están bien informadas sobre cuestiones de salud.

A través del Programa de Subvenciones de Noruega, se financiaron también diversas actividades para prevenir la trata de personas y apoyar a sus víctimas (párr. 111 del informe presentado al Comité). Durante el período de ejecución del Programa, se crearon servicios para las mujeres víctimas de la trata y las mujeres dedicadas a la prostitución, se investigó sobre las necesidades de las víctimas de la trata y la explotación sexual y se impartió formación a fiscales y otras partes interesadas pertinentes. Además, el Programa permitió una estrecha cooperación con especialistas noruegos, ya que diversas ONG de Estonia realizaron visitas de estudio a Noruega y varios expertos de este país se desplazaron a Estonia para formar a fiscales, especialistas en apoyo a las víctimas y funcionarios de los diferentes ministerios competentes.

Por otro lado, se ha presentado un nuevo proyecto de enmienda a la ley por la que se tipifica como delito la contratación de servicios sexuales de víctimas de la trata, medida con la que se aborda parcialmente la disuasión de la demanda masculina de servicios de prostitución. Asimismo, está previsto modificar el Código Penal en 2016.

Participación en la vida política y pública

Pregunta 12

Datos

En 2015, había 2.643 funcionarios públicos que ocupaban cargos de adopción de decisiones en los organismos administrativos gubernamentales a nivel estatal y local. De ellos, 1.275 (un 48,2%) eran mujeres.

En mayo de 2016, había 213 municipios (30 ciudades y 183 municipios rurales). De los alcaldes de estos municipios, 177 eran hombres (un 83%) y 35, mujeres (un 17%). Uno de los alcaldes de los municipios rurales no se había nombrado en el momento de recopilar los datos. Entre los presidentes de los consejos municipales hay 177 hombres (un 83%) y 36 mujeres (un 17%).

Según los resultados de las elecciones a los consejos gubernamentales locales de 2013 y de las elecciones posteriores a una fusión de gobiernos locales realizada en 2014, los consejos municipales contaban con un total de 2.935 miembros, de los cuales 908 eran mujeres (un 31%) y 2.029, hombres (un 69%).

De los 99 diplomáticos de carrera existentes, 45 son mujeres (un 45,5%). En los cuadros 2 y 3 del anexo se refleja la representación de las mujeres en puestos diplomáticos durante el período 2012-2015.

Por último, existen 251 jueces y altos funcionarios públicos en los tribunales, de los cuales 159 (un 63,3%) son mujeres.

Medidas

A fin de generar un debate sobre las oportunidades de la mujer en la política de alto nivel, la Comisionada de Igualdad entre los Géneros e Igualdad de Trato publicó un análisis sobre la posición de las mujeres en las listas electorales antes de las elecciones parlamentarias celebradas en el segundo trimestre de 2015. Asimismo, se realizó un nuevo análisis en función de los resultados de las elecciones.

En el marco del subobjetivo de igualdad de género contemplado en el Plan de Desarrollo del Bienestar 2016-2023 y en su plan de acción, una de las esferas de atención prioritaria es la participación equilibrada de mujeres y hombres en todos los niveles del proceso de adopción de decisiones en materia de política. Se utilizará un indicador del ámbito denominado “poder” contemplado en el Índice de igualdad de género del Instituto Europeo de la Igualdad de Género para medir los avances logrados en esta esfera. Según lo previsto en el plan de acción, en los próximos años, se aplicarán medidas de sensibilización para concienciar a los empresarios sobre la necesidad y las posibilidades de aumentar el equilibrio entre los géneros en los puestos de gestión de las organizaciones. Además, está previsto llevar a cabo actividades de sensibilización para potenciar el uso de un método de cremallera en la elaboración de las listas electorales.

Mujeres en las instituciones que participan en el examen de la constitucionalidad y la legalidad

El número de juezas en el Tribunal Supremo ha aumentado de 2 a 5 (de un total de 19 magistrados). También puede observarse un cambio positivo en los puestos de dirección de las instituciones que participan en el examen de la constitucionalidad y la legalidad. En 2014, el Gobierno nombró a una mujer Fiscal General y, en 2015, el Parlamento nombró a una mujer para ocupar el puesto de Canciller de Justicia. Los cargos de Auditor General, Presidente del Tribunal Supremo, Secretario de Estado, Director de la Cancillería del Estado, etc. están ocupados por hombres. No se contemplan medidas específicas para aumentar el equilibrio de género en los puestos directivos de estas instituciones.

Pregunta 13

La ejecución del Plan de Acción 2010-2014 para la aplicación de la resolución 1325 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (en adelante, el Plan de Acción Nacional) puede considerarse satisfactoria. Estonia se ha pronunciado activamente en la escena internacional sobre cuestiones relacionadas con dicha resolución y ha llevado a cabo actividades de concienciación al respecto a nivel nacional. Durante los últimos cinco años, ha existido una estrecha cooperación en el plano internacional entre los distintos organismos administrativos y la sociedad civil, con resultados positivos.

A través de las organizaciones internacionales, Estonia ha introducido su labor relacionada con la resolución 1325 del Consejo de Seguridad en los países asociados dentro de la cooperación en materia de desarrollo y ayuda humanitaria. Siempre que ha sido posible, se ha hecho hincapié en la importancia de tener en cuenta el género a la hora de conceder asistencia humanitaria, y casi el 95% de los subsidios otorgados se destinaron a contribuir a la mejora de la situación de mujeres y niños.

Estonia ha facilitado apoyo financiero a diversas organizaciones internacionales cuya actividad se centra principalmente en los objetivos de la resolución 1325 del Consejo de Seguridad, a saber: el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, el Fondo de Población de las Naciones Unidas, ONU-Mujeres, la Iniciativa de las Naciones Unidas para la Educación de las Niñas y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia.

Uno de los logros de la ejecución del Plan de Acción Nacional en el país fue el hecho de que, en 2013, se ofreciera a las mujeres la posibilidad de realizar el servicio militar en pie de igualdad con los hombres. La uniformidad del servicio militar garantiza un mismo nivel de partida a todos los miembros de las fuerzas de defensa, la igualdad de oportunidades para demostrar sus puntos fuertes y capacidades y la posibilidad de avanzar posteriormente en la carrera militar.

Las ONG participantes en la ejecución del Plan de Acción Nacional desempeñaron un papel importante en la concienciación y en la inclusión de las mujeres mediante la organización activa de cursos de formación, mesas redondas y otras actividades. Según la evaluación efectuada por la Asociación del Tratado del Atlántico de Estonia, el Plan de Acción Nacional ha aumentado la conciencia sobre la situación de la mujer durante los conflictos, así como sobre diversas esferas de la política de defensa. En comparación con el período anterior a la ejecución del Plan de Acción Nacional, el número de actividades y proyectos relacionados con este tema se ha incrementado considerablemente.

Al mismo tiempo, la ejecución del Plan de Acción Nacional confirmó que los objetivos de la resolución 1325 no podían lograrse a corto plazo. Por ello, Estonia aprobó su segundo Plan de Acción Nacional para el período 2015-2019.

El informe final sobre la ejecución del Plan de Acción 2010-2014 para la aplicación de la resolución 1325 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas se puede consultar en el siguiente enlace: http://www.vm.ee/en/gender-perspective-conflict-situations-un-security-council-resolution-1325.

Empleo

Pregunta 14

Segregación horizontal y vertical del mercado de trabajo basada en el género

Las dos campañas de sensibilización a las que se hace referencia en el párrafo 183 del informe presentado al Comité se han descrito de manera algo más detallada en la respuesta a la pregunta 6 de la lista de cuestiones.

Cabe señalar además que, en el marco del programa del FSE, se organizó en el cuarto trimestre de 2015 la segunda edición de las jornadas de orientación profesional para niños y niñas en una serie determinada de escuelas de formación profesional, universidades y lugares de trabajo, lo que permitió a los alumnos de enseñanza secundaria recibir información de primera mano sobre profesiones que, en virtud de los estereotipos vigentes, se consideraban más adecuadas para personas del sexo opuesto. En las actividades participaron un total de 193 alumnos de entre 15 y 19 años, de los cuales el 45% eran niños y el 55%, niñas.

El Plan de Desarrollo del Bienestar 2016-2023 y su plan de acción también contemplan actividades centradas en la cuestión de la segregación. Para hacer frente a la segregación horizontal, se han previsto medidas destinadas, por ejemplo, a concienciar a los alumnos sobre las consecuencias de las elecciones de carrera acordes con los estereotipos para la sociedad y sus miembros, así como sobre las posibilidades de elegir una carrera no acorde con tales estereotipos. Asimismo, se contemplan medidas para concienciar y aumentar la capacidad de los orientadores profesionales al respecto. También está previsto adoptar medidas específicas (de sensibilización) para aumentar el equilibrio de género entre el personal docente y los empresarios, así como en el sector de la tecnología de la información y las comunicaciones (TIC). En la respuesta a la pregunta 12 de la lista de cuestiones se facilitan algunos ejemplos de las medidas contempladas para reducir la segregación vertical.

Las mujeres entre el personal académico

El cuadro 4 del anexo refleja los datos más recientes sobre el porcentaje existente de mujeres entre el personal docente. Por otro lado, entre los investigadores e ingenieros pertenecientes también al cuerpo de personal académico, las mujeres representaban, en 2014, el 44% y los hombres, el 56%, porcentaje similar al registrado en el período 2010-2013.

La estrategia de investigación, desarrollo e innovación de Estonia para el período 2014-2020, bautizada como “Una Estonia basada en los conocimientos”, hace hincapié en la igualdad de oportunidades y en el equilibrio de género en el ámbito de la investigación. Dicha estrategia incluye cuatro medidas, una de las cuales (la relativa a garantizar el alto nivel y la diversidad de la labor investigadora) aborda también la igualdad de género, velando por que se garantice la igualdad de oportunidades, incluido el equilibrio de género, a la hora de cubrir vacantes, asignar subvenciones y constituir órganos decisorios.

Es importante señalar que las instituciones de investigación y desarrollo gozan de un alto grado de autonomía, especialmente en lo relativo a la política de personal, inclusive en materia de contratación o determinación de las condiciones de trabajo. Varias universidades de Estonia han participado en los proyectos destinados a apoyar y aumentar el equilibrio de género o la incorporación de la perspectiva de género a nivel institucional (por ejemplo, en materia de compatibilidad de las carreras de ambos cónyuges de la pareja o de contratación con una perspectiva de género). El Acuerdo sobre Buenas Prácticas en materia de Calidad de las Universidades de Estonia, impulsado por la Conferencia de Rectores, en la que están representadas todas las universidades del país, especifica las funciones y tareas que deben asumir las instituciones de enseñanza superior que son parte en él. El apartado 10 del Acuerdo se refiere a la aplicación de la Carta Europea del Investigador y del Código de Conducta para la Contratación de Investigadores, que contempla los principios de la igualdad de género.

Recopilación de datos sobre la desigualdad salarial por razón de género

Según la Oficina de Estadística de Estonia, la brecha media entre los géneros se redujo ligeramente en el período 2011-2014, del 24,4% al 23,4% (véase el gráfico 1 que figura en el anexo). Según el Ministerio de Finanzas, la desigualdad salarial por razón de género en la administración pública era del 9,2% en 2015.

En 2013, la Oficina de Estadística puso en marcha un proyecto destinado a aumentar la disponibilidad de datos estadísticos sobre dicha desigualdad. En el transcurso del mismo, se elaboró un repertorio de las fuentes de datos existentes (encuestas, registros) con el fin de localizar las mejores fuentes de datos para realizar un seguimiento de la desigualdad salarial por razón de género. Uno de los objetivos principales logrados por el proyecto fue la creación de una base de datos combinada que no solo contiene datos sobre salarios, sino también otras variables importantes necesarias para efectuar un análisis complejo de este tipo de desigualdad. A su vez, estas variables ayudan a comprender la esencia de este fenómeno y ofrecen una explicación de sus causas. Como parte del proyecto, se elaboraron publicaciones en las que se analizaban las fuentes de datos sobre la desigualdad salarial por razón de género y la dinámica de la brecha, además de aportar una sinopsis de la metodología de creación de la base de datos y de su contenido (variables contextuales de la diferencia). La Oficina de Estadística de Estonia también ha diseñado una estrategia para la elaboración de estadísticas sobre desigualdad salarial por razón de género durante el período 2016-2023 y seguirá avanzando hacia la utilización de diversos registros con este fin. Una posible alternativa para el futuro es la publicación de estadísticas sobre la desigualdad salarial por razón de género basadas en registros exhaustivos que aporten los resultados más precisos. Si bien los registros actuales carecen de suficientes variables contextuales, se están diseñando nuevos registros que en el futuro podrían permitir la publicación de estadísticas sobre dicha desigualdad que abarquen diversas variables de este tipo.

Pregunta 15

Aunque los correspondientes datos de Eurostat también reflejan una ligera disminución de la desigualdad salarial por razón de género (del 30% en 2012 al 28,8% en 2014), la amplia gama de causas subyacentes a tal desigualdad, entre ellas, las pautas sociales, no permite esperar una rápida mejora de la situación. Las actividades previstas en el Plan de Acción para Reducir la Desigualdad Salarial por Razón de Género y ejecutadas en el marco de los programas del FSE y del Programa de Subvenciones de Noruega se describen en otras de las respuestas a la lista de cuestiones. Entre ellas, se incluyen las siguientes: actividades centradas en la segregación y orientadas a respaldar la integración de temas relacionados con la igualdad de género en los planes de estudios escolares y universitarios; campañas de sensibilización sobre los estereotipos de género y sus efectos negativos, sobre las causas de la desigualdad salarial por razón de género y sobre los derechos y las obligaciones dimanantes de la Ley sobre la Igualdad de Género; iniciativas de apoyo a la labor de recopilación de datos sobre dicha desigualdad realizada por la Oficina de Estadística de Estonia y al desempeño de las tareas de la Comisionada de Igualdad entre los Géneros e Igualdad de Trato, etc.

El plan de acción para la ejecución del nuevo Plan de Desarrollo del Bienestar 2016-2023 contempla una lista de medidas que se prevé adoptar para reducir la desigualdad salarial por razón de género. Estas medidas abarcan la elaboración de una propuesta de reglamento que contemple la realización de auditorías de igualdad salarial dentro de las organizaciones y otras iniciativas en apoyo de esta actividad, la elaboración de un análisis sobre la diferencia salarial por razón de género en las organizaciones de servicios públicos que sirva de base para la formulación de recomendaciones orientadas a la adopción de nuevas medidas, la preparación de propuestas para aumentar la transparencia de la información salarial de las organizaciones, etc. Asimismo, se redactarán directrices para la difusión de conocimientos técnicos en materia de evaluación y análisis comparativo de puestos. El plan de acción también prevé la continuación de las actividades de sensibilización dirigidas a la sociedad en general. Se ruega consultar asimismo la información facilitada en la respuesta a la pregunta 16 de la lista de cuestiones.

Por último, cabe señalar que no se han contemplado medidas para abordar específicamente el problema de la diferencia salarial por razón de género entre mujeres y hombres poseedores de títulos de doctorado.

Pregunta 16

Seguimiento de la aplicación de la legislación

La regulación del derecho a la igualdad de remuneración entre mujeres y hombres por el mismo trabajo y por un trabajo de igual valor está incluida en la Ley sobre la Igualdad de Género, no en la Ley de Contratos de Empleo. No se han previsto sanciones específicas para los empleadores que incumplan esta normativa pero, en caso de que se produzca una vulneración de los derechos de una persona debido a una discriminación, dicha persona podrá exigir a quien haya violado sus derechos que ponga fin a la actividad causante del perjuicio y que se le indemnice por los daños en virtud del procedimiento contemplado por la ley. La víctima puede exigir que, además, se le abone una cantidad razonable de dinero como indemnización por los daños no patrimoniales originados por tal vulneración de derechos.

A fin de seguir impulsando la reducción de la desigualdad salarial por razón de género, se está elaborando una enmienda a la Ley sobre la Igualdad de Género orientada a otorgar a la Inspección de Trabajo el derecho a ejercer la supervisión estatal del cumplimiento del requisito de igualdad de remuneración entre mujeres y hombres por el mismo trabajo y por un trabajo de igual valor. También se elaborarán las directrices pertinentes y se organizarán cursos de formación.

Los datos sobre la labor de la Comisionada de Igualdad entre los Géneros e Igualdad de Trato y de los Comités para la Resolución de Litigios Laborales se indican en la respuesta a la pregunta 1 de la lista de cuestiones. No es posible facilitar datos exhaustivos sobre las causas judiciales.

Equilibrio entre el trabajo y la vida personal

A partir de enero de 2013, quedó restablecida la remuneración sobre la base del salario medio del padre para las licencias de paternidad de 10 días que pueden disfrutarse durante los dos meses previos a la fecha prevista de nacimiento del hijo y los dos meses posteriores a dicho nacimiento. El objetivo de esta medida es fomentar un ejercicio más activo de la paternidad. También sirve de complemento a la licencia general para el cuidado de los hijos, a la que pueden optar ambos progenitores. En el gráfico 2 que figura en el anexo, se incluyen datos estadísticos sobre la licencia de paternidad.

No existen datos oficiales sobre el uso de la licencia para el cuidado de los hijos por parte de mujeres y hombres, pero es posible obtener cifras aproximadas al analizar las estadísticas relativas a los beneficiarios de la prestación parental (véase la descripción del sistema incluida en el párr. 206 del informe presentado al Comité). El porcentaje de hombres entre los beneficiarios de la prestación parental sigue siendo inferior al 10% (un 9% en 2014) (véase el gráfico 3 del anexo).

Según la Oficina de Estadística de Estonia, el número de hombres que trabajan a tiempo parcial en su empleo principal aumentó de 1.500 en 2006 a 4.000 en 2015. De acuerdo con los datos de la encuesta sobre el seguimiento de la igualdad entre los géneros de 2013, el 38% de los encuestados cree que, en su lugar de trabajo, los padres con hijos pequeños tienen dificultades para trabajar a tiempo parcial, y el 29% considera que, en su lugar de trabajo, los hombres tienen dificultades para quedarse en casa cuando sus hijos están enfermos.

El Libro Verde sobre las prestaciones familiares, los servicios y la licencia parental, examinado en 2015 por el anterior Gobierno, aborda la necesidad de respaldar un cambio importante en el reparto de las responsabilidades en materia de cuidados entre mujeres y hombres y las alternativas para lograrlo. Las recomendaciones sobre políticas de este documento propusieron ampliar las opciones planteadas a los padres con respecto a la duración y la remuneración de la licencia parental, de modo que se fomentase una reincorporación flexible al puesto de trabajo. En otra recomendación, se sugirió la introducción del principio de extinción del derecho en caso de no utilización dentro del régimen de licencia parental, para lo cual se asignaría parte de la licencia exclusivamente a la madre y parte exclusivamente al padre. Se prevé que el Gobierno actual reciba en 2016 un análisis más detallado y propuestas de política basadas en el Libro Verde.

En 2015, Estonia experimentó un déficit de 2.300 plazas en las guarderías. Gracias a la cofinanciación del FSE, el Ministerio de Asuntos Sociales está apoyando la creación de 1.200 plazas de guardería (principalmente para la prestación de servicios). En 2015, se asignaron fondos a 23 gobiernos locales para crear más de 600 nuevas plazas de guardería. La próxima convocatoria de licitación se celebrará en 2017; en ella se prestará más atención a los mecanismos flexibles para el cuidado de los hijos como, por ejemplo, la prestación de servicios de este tipo por parte del empleador, fuera del horario de trabajo habitual, etc. Además, el Ministerio de Finanzas, con la cofinanciación del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), está respaldando la creación de hasta 2.300 plazas de guardería en las principales ciudades y en sus alrededores (a raíz de la construcción de nuevas infraestructuras y la ampliación de las ya existentes). Es muy probable que la aplicación de esas medidas satisfaga la necesidad de plazas de guardería y garantice la disponibilidad de este tipo de servicios a nivel local.

Nacionalidad

Pregunta 17

Según la Junta de la Policía y la Guardia Fronteriza, a fecha de 1 de enero de 2016 había 84.663 personas con ciudadanía indeterminada (cifra que ascendía a 103.586 en 2011). El cuadro 5 del anexo contiene información más detallada sobre el número de personas que se hallaban en dicha situación en los años 2011 y 2016.

En el informe presentado al Comité, se indican las medidas jurídicas adoptadas más recientemente en este ámbito. Estonia está decidida a alentar a las personas de ciudadanía indeterminada a solicitar el reconocimiento de la ciudadanía lo más rápidamente posible. Sin embargo, en la actualidad no existe ninguna iniciativa política orientada a conceder la ciudadanía automáticamente a los hijos con edades entre 15 y 18 años con ciudadanía indeterminada, ni a los hijos nacidos de padres que posean una nacionalidad de otro Estado.

Salud

Pregunta 18

Acceso a la asistencia sanitaria y cobertura de esta

A principios de 2016, el 96,5% de las mujeres y el 91,3% de los hombres dentro del total de la población estaban cubiertos por el seguro médico obligatorio. Estonia se ha propuesto ampliar gradualmente la cobertura de los servicios a los grupos no asegurados hasta alcanzar la cobertura universal. Entre 2012 y 2014, se garantizó la cobertura a algunos grupos que anteriormente carecían de ella, entre ellos, los siguientes: 1) los artistas y profesionales de la creación, a través de las asociaciones de tales profesionales;2) las personas que recibían algún tipo de remuneración u honorarios por sus servicios mediante varios contratos o contratos de duración breve, en virtud de la Ley de Obligación y mediante un resumen de su declaración del impuesto social;3) el cónyuge participante en las actividades de un trabajador por cuenta propia.

No obstante, las personas no aseguradas tienen derecho a servicios de ambulancia en caso de emergencia, así como a atención primaria y atención hospitalaria urgentes, servicios que se financian con cargo al presupuesto del Estado. La mayoría de los municipios también cubren los servicios de atención primaria y especializada prestados a sus ciudadanos no asegurados. Además, todos los servicios de reducción de daños y riesgos (por ejemplo, los tratamientos del virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) y la tuberculosis, así como los servicios de orientación sexual para jóvenes y de diagnóstico de enfermedades de transmisión sexual hasta los 25 años inclusive) son gratuitos para toda la población y se financian con cargo al presupuesto del Estado.

En la planificación de la atención especializada de los pacientes hospitalizados en la red de hospitales de Estonia se ha aplicado el principio de acceso geográfico basado en la denominada “hora de oro”, es decir, en la ubicación de los centros hospitalarios a una distancia máxima de 70 kilómetros en coche desde cualquier zona poblada del país. Según la Oficina de Estadística de Estonia, el 99% de la población cuenta con acceso geográfico a los hospitales de los condados y a los hospitales de nivel II-III dentro de un tiempo máximo de desplazamiento de 60 minutos. En el caso de la atención primaria, la distancia máxima contemplada en el Plan de Desarrollo de la Atención Primaria 2009-2015 es de 30 km, y el análisis de la Oficina de Estadística indica que, en 2014, la mayoría de la población disponía de acceso geográfico a centros de atención primaria dentro de un tiempo máximo de desplazamiento de 15 minutos (en coche).

Acceso a la asistencia sanitaria: tiempos de espera

Según los resultados de la encuesta de satisfacción de los pacientes (2015), el acceso a los servicios de medicina general o enfermería se ha mantenido estable en los últimos años. El 29% de los pacientes consiguió concertar una cita con los profesionales de tales servicios para el mismo día en que la había solicitado; asimismo, un 43% obtuvo una cita para una fecha posterior situada en un intervalo de 2 a 4 días hábiles a partir de la fecha de solicitud, mientras que en el caso de un 17% de los pacientes, dicho intervalo de espera fue de 4 o 5 días hábiles. Esto significa que el 89% de los pacientes tuvo acceso a servicios de medicina general o enfermería en un plazo máximo de 4 o 5 días hábiles. En 2015, el 25% de los pacientes obtuvo una cita con los profesionales de atención especializada para una fecha situada en un intervalo máximo de una semana a partir de la fecha de solicitud. En el caso del 52% de los pacientes, el intervalo máximo de espera fue de un mes. Por último, el 43% de los pacientes tuvo que esperar más de un mes. Cabe señalar que no se han producido cambios importantes desde 2009.

Reformas para garantizar un acceso oportuno

Se ha diseñado un proyecto para la creación de una red de centros de atención primaria de la salud que cuenten con equipos de especialistas multidisciplinares en todos ellos. Sus principales objetivos son tanto reforzar la atención primaria como aumentar la eficacia de su función de “control de acceso a los servicios” y reducir la demanda de atención especial y hospitalaria. El proyecto está financiado por el FEDER y comenzará a finales de 2016.

Otra medida para reducir el tiempo de espera es asignar más responsabilidades al personal de enfermería de familia, que ya tiene potestad para examinar de manera independiente a pacientes graves y crónicos y para recetar algunos medicamentos (recetas recurrentes). Al aumentar las responsabilidades asignadas al personal de enfermería de familia y a otros especialistas de los equipos de atención primaria, los médicos de cabecera dispondrían de más tiempo y se mantendría un acceso adecuado a una amplia gama de servicios de atención primaria.

La reorganización del sector hospitalario y el establecimiento de redes entre los grandes centros de competencia y los pequeños hospitales de condado contribuyen a garantizar la atención especializada ambulatoria necesaria y la atención diurna en las zonas rurales.

Soluciones electrónicas que contribuyen a mejorar el acceso a los servicios de salud

En 2013, se incluyeron entre los servicios del Fondo del Seguro Médico de Estonia soluciones innovadoras como la consulta y las visitas electrónicas. Las consultas electrónicas tienen lugar principalmente entre un médico de cabecera y un especialista. Estos servicios se financian como visitas ordinarias y permiten evitar visitas innecesarias al especialista. La gama de especialidades y proveedores de atención sanitaria incluidos en el nuevo sistema se está ampliando progresivamente.

Además, se está poniendo en marcha un sistema central de registro electrónico para todos los hospitales del sector público, que empezará a funcionar a más tardar en 2017. Este sistema ofrece a los pacientes la posibilidad de comparar los tiempos de espera de diferentes proveedores. El sistema de registro digital permitirá al paciente consultar en el portal todos los horarios de atención y listas de espera del médico y registrarse para concertar una visita si posee un volante de derivación digital.

Por otro lado, existe un Registro Sanitario Electrónico de ámbito nacional que permite a los médicos acceder al historial del paciente mediante un único archivo electrónico. Los pacientes pueden también consultar su historial y el de sus hijos a través del Portal del Paciente, que les permite ver sus recetas y visitas, así como comprobar qué médicos tienen acceso a su expediente e incluso recibir asesoramiento sanitario general.

La introducción de la receta digital permite que los médicos, en caso de enfermedades crónicas o similares, expidan nuevas recetas (reposición de existencias) durante el tiempo necesario sin que los pacientes tengan que acudir a una cita. La receta se envía directamente al sistema nacional de recetas electrónicas, tras lo cual el paciente puede recoger los medicamentos en cualquier farmacia. Este procedimiento ahorra tiempo a los pacientes y deja más tiempo a los médicos para el tratamiento de los pacientes urgentes.

En 2015, el Gobierno aprobó el Plan Estratégico de Cibersalud de Estonia hasta 2020. Esta estrategia se centra en la creación de servicios orientados a prevenir y resolver los problemas de salud de la población. También aborda cuestiones de calidad e infraestructura en relación con los datos sanitarios, los servicios electrónicos personalizados y la atención médica personal, los servicios de integración y gestión integral de los casos, el seguimiento y el análisis de la eficacia de los servicios de salud y la creación de servicios a distancia.

VIH/SIDA

El acceso a los servicios de asistencia sanitaria está regulado por una normativa ministerial en la que se establecen los requisitos de accesibilidad y el correspondiente tiempo máximo de espera. Las decisiones sobre los objetivos relativos al tiempo de espera en el caso de la atención especializada ambulatoria, la atención diurna y la atención hospitalaria se delegan en la Junta de Supervisión del Fondo del Seguro Médico de Estonia y se someten a un examen periódico. El tiempo máximo de espera para recibir atención especializada (salvo en casos urgentes) es de seis semanas para la atención especializada ambulatoria y ocho meses para la atención hospitalaria y la cirugía ambulatoria. Los últimos datos disponibles a fecha de 1 de abril de 2016 señalan que, en el 69% de los casos, el tiempo de espera para acudir a una cita con médicos especializados en enfermedades infecciosas era inferior al límite máximo permitido de seis semanas.

El tratamiento antirretroviral y los demás servicios relacionados con el VIH/SIDA son gratuitos para todas aquellas personas que los necesiten. En Estonia hay seis centros que ofrecen tratamiento antirretroviral, además de las cárceles. Todas las mujeres embarazadas tienen garantizado el acceso a este tipo de terapia a fin de prevenir la transmisión maternoinfantil del virus. En 2015, 464 pacientes, entre ellos, 181 mujeres, comenzaron a recibir tratamiento antirretroviral.

Todas las personas seropositivas y sus allegados reciben orientación por parte del Estado. También en 2015, 417 personas recibieron asesoramiento, la mitad de las cuales padecía asimismo problemas de adicción. Lamentablemente, no se dispone de datos desglosados por sexo.

Salud reproductiva y paternidad responsable en los planes de estudios escolares

Ambos planes de estudios nacionales (los de enseñanza básica y enseñanza secundaria superior) contemplan abordar el tema de la salud y la seguridad como contenido transversal. Los contenidos transversales sirven para integrar competencias generales y específicas de una determinada esfera, así como temas y ámbitos de estudio, y se tienen en cuenta en el diseño del entorno escolar. Tales contenidos abarcan numerosos temas y constituyen prioridades para la sociedad, además de permitir formarse una idea del desarrollo de la sociedad en su conjunto, consolidando la capacidad del estudiante para aplicar sus conocimientos en distintas situaciones.

El plan de estudios de enseñanza básica incluye la asignatura de Estudios Humanos, que aborda la sexualidad y la reproducción, así como las cuestiones de las enfermedades de transmisión sexual, los principios de la conducta sexual segura, la responsabilidad en las relaciones sexuales, los derechos humanos relacionados con la sexualidad, etc. La asignatura de Estudios sobre la Familia, que forma parte de la enseñanza secundaria superior, se centra en los temas de la familia, su creación, la crianza de los hijos, etc.

Grupos desfavorecidos de mujeres

Pregunta 19

Situación de los grupos desfavorecidos

En el contexto del proyecto de desarrollo del Programa de Subvenciones de Noruega, la Comisionada de Igualdad entre los Géneros e Igualdad de Trato encargó la elaboración de un marco de medición de la igualdad. Este se compone de una lista de indicadores relativos a diferentes ámbitos de la vida (por ejemplo, educación, trabajo, salud, etc.). Se analizan datos y se extraen conclusiones para distintos grupos, como mujeres, hombres, personas de diferentes grupos de edad, personas con discapacidad, minorías sexuales, personas nativas de habla rusa y otras minorías étnicas. Según los resultados del primer análisis de los indicadores utilizados en el marco de medición de la igualdad, la desigualdad de género se manifiesta fundamentalmente en los ámbitos de la carrera profesional, la percepción de seguridad, la educación, la salud y la política. Los principales problemas de las minorías étnicas están relacionados con la salud, la carrera profesional y el nivel de vida. La desigualdad por razón de edad se manifiesta sobre todo en ámbitos relacionados con la vida, el trabajo y el nivel de vida, aunque también en la esfera de la representación política. Muchos de los problemas de las personas con discapacidad se derivan del acceso a la educación y se traducen posteriormente en desigualdad laboral, de ingresos y del nivel de vida. Los principales problemas de las personas lesbianas, gais, bisexuales y transgénero tienen su origen en los prejuicios y las actitudes negativas que dan lugar a actos de acoso y exclusión en el lugar de trabajo y en el sistema educativo, así como a problemas relacionados con la seguridad (al convertirse en víctimas de la violencia). Para más información, puede consultarse la sinopsis analítica del marco publicada por la Oficina de la Comisionada en el siguiente enlace: http://www.vordoigusvolinik.ee/wp-content/uploads/2016/03/mudel_final.pdf (las páginas 158 a 160 contienen un resumen en ruso y las páginas 161 y 162, un resumen en inglés).

Solicitantes de asilo y violencia por razón de género

Todos los solicitantes de asilo tienen derecho y acceso a alojamiento gratuito. El número de mujeres solteras que solicitan asilo en Estonia es muy reducido, lo que permite a las autoridades prestar servicios y ofrecer asistencia de manera personalizada. En caso necesario, existe la posibilidad de proporcionar alojamiento fuera del centro de acogida para solicitantes de asilo. Asimismo, en los centros de alojamiento, las mujeres solteras están separadas de los hombres solteros. Además, todos los solicitantes de asilo tienen acceso gratuito a servicios médicos, incluida atención psiquiátrica. Los medicamentos recetados por un médico también son gratuitos para los solicitantes de asilo. Por otro lado, cada solicitante de asilo tiene que efectuar una entrevista con el trabajador social del centro de alojamiento en el momento de su llegada. Esta entrevista sirve asimismo para identificar a las mujeres solicitantes de asilo que hayan sufrido violencia sexual y por razón de género. Durante su estancia en el centro de alojamiento, estas tienen acceso diario a los servicios de un trabajador social y, en caso necesario, también a los de un psicólogo.

Matrimonio y relaciones familiares

Pregunta 20

Edad mínima legal para contraer matrimonio

Según lo dispuesto en la Ley de Derecho de Familia de Estonia, un tribunal puede ampliar la capacidad jurídica activa de una persona que haya cumplido al menos 15 años con el fin de realizar los actos necesarios para la celebración del matrimonio y ejercer los derechos y cumplir las obligaciones que se deriven de esa unión.

Debido a las críticas que había recibido Estonia por parte de los órganos internacionales de vigilancia, el poder legislativo del país estudió, en 2013, la posibilidad de aumentar el límite de edad a los 18 años en todos los supuestos, pero la iniciativa recibió una respuesta negativa de los grupos de presión. Se señaló que, ante todo, debían tenerse en cuenta los intereses de la menor y de su hijo, así como el derecho de este a nacer en una familia con dos padres casados. Por consiguiente, se decidió que no se suprimiría esta restricción excepcional por el momento.

Teniendo en cuenta los comentarios recibidos y el hecho de que esa ampliación de la capacidad jurídica activa únicamente se concede en casos excepcionales en que el tribunal ha llevado a cabo una evaluación exhaustiva de la menor y su situación, además de tomar en consideración la opinión de los padres de esta y los funcionarios competentes del gobierno local, no creemos que la normativa actual suponga un problema desde el punto de vista jurídico o social. El tribunal únicamente amplía la capacidad jurídica activa de la menor para contraer matrimonio en los casos en que sea necesario, en función de los intereses de esta y siempre que su grado de madurez lo permita. Los datos estadísticos corroboran también este extremo: tanto en 2013 como en 2014, solo se celebraron cinco matrimonios al año en los que uno o ambos cónyuges eran menores de 18 años.

Ley de Convivencia

En 2014, el Parlamento aprobó la Ley de Parejas Registradas, que entró en vigor el 1 de enero de 2016. En ella se contempla la posibilidad de registrar una unión entre dos personas físicas si al menos una de ellas tiene residencia en Estonia. Dado que la Ley no hace referencia al sexo de los miembros de la pareja, también brinda la posibilidad de registrar uniones entre personas del mismo sexo. El contrato de unión debe estar validado ante notario. Los detalles del contrato de la pareja registrada se incluirán en el Registro de Población y en el Registro de Relaciones Patrimoniales. De conformidad con lo dispuesto en la Ley de Parejas Registradas, las partes que hayan firmado un contrato de pareja registrada, los denominados “compañeros registrados”, deben apoyarse y mantenerse mutuamente. Ambos tienen los mismos derechos y deberes con respecto al otro, deben organizar su convivencia teniendo en cuenta el bienestar mutuo y aceptan las responsabilidades hacia el otro relativas a dicha convivencia.

La figura de las parejas registradas se diseñó como institución casi idéntica al matrimonio, puesto que adjudica a sus miembros exactamente los mismos derechos y las mismas obligaciones que este conlleva. Sin embargo, debido a que la propia Ley no contempla el reglamento de aplicación necesario y a que todavía no se ha aprobado legislación adicional en este sentido, dicha Ley aún no ha adquirido efectividad plena. Si bien es posible obtener la validación del contrato ante notario, no se pueden incorporar los detalles del acuerdo en los registros necesarios (es decir, no se crea seguridad jurídica) y no se ofrecen a los miembros de la pareja registrada las garantías jurídicas que supuestamente otorga esta institución (por tanto, no tiene efecto alguno en materia de relaciones patrimoniales, herencia, etc.). A día de hoy, se ha presentado ante el Parlamento el proyecto de ley dotado del reglamento de aplicación necesario y se ha aprobado en primera lectura.

En cuanto a las uniones de hecho, el legislador no ha considerado necesario establecer ciertas normas. Todas las personas son libres de gestionar sus relaciones, lo que supone aplicar la regulación general del ordenamiento jurídico de inspiración romanista, salvo en el caso de las relaciones entre padres e hijos, que se rigen por la Ley de Derecho de Familia de Estonia, según la cual ambos progenitores tienen los mismos derechos y las mismas obligaciones.

Centros de detención de inmigrantes

La Ley de Obligación de Salida y Prohibición de Entrada establece que los miembros de una misma familia deberán estar alojados juntos en el centro de detención. Se han modificado las normas internas del centro de detención para permitir las visitas mutuas entre mujeres y hombres dentro de él.

Protocolo Facultativo y enmienda del artículo 20, párrafo 1

Pregunta 21

La ratificación del Protocolo Facultativo de la Convención y la aceptación de la enmienda del artículo 20, párrafo 1, de esta relativo al tiempo asignado a las reuniones del Comité se encuentran todavía en fase de planificación.