Introducción

El Estado Ecuatoriano tiene el agrado de presentar al Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer el sexto y séptimo informes periódicos consolidados, de conformidad con la Recomendación formulada en el párrafo 41 del documento (véase A/58/38, Part II, secc. B, párrs. 282 a 336) de 18 de julio de 2003, que contiene las Observaciones Finales, emitidas por el Comité al cuarto y quinto informes periódicos consolidados del Ecuador, presentados en su 29° período de sesiones. Las Observaciones del Comité fueron ampliamente difundidas por la Comisión de Coordinación Pública para los Derechos Humanos del Ministerio de Relaciones Exteriores, entre las instituciones del Estado y las organizaciones de la sociedad civil, a través de talleres de discusión y de la página web del Ministerio: w w w.mmrree.gov.ec/politicaexterior/politicamultilateral/ddhh.

Los informes han sido elaborados en cumplimiento del artículo 18 de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (conocida por sus siglas en inglés como CEDAW), suscrita por el Estado Ecuatoriano el 17 de julio de 1980 y ratificada el 19 de octubre de 1981 y en base a las Directrices del Comité para la elaboración de informes periódicos (HRI/GEN/2/Rev.1/Add.2). En su elaboración, por primera vez, se ha contado con el aporte de las organizaciones de mujeres del país, que forman parte del Grupo de Trabajo sobre Derechos de la Mujer, creado en el marco de la Comisión de Coordinación Pública para los Derechos Humanos, desde el año 2003. Los informes serán puestos a disposición del público en el sitio web señalado en el párrafo anterior.

En la primera parte de este documento se presenta información estadística sobre la situación de las mujeres en el país, con datos desagregados por sexo, edad y etnia, cubriendo así la recomendación del Comité, constante en los párrafos 36 y 37 de sus Observaciones Finales.

En la segunda parte se establecen las acciones que el Estado Ecuatoriano ha tomado para incorporar el enfoque de género en las políticas públicas en el período 1998-2006, particularmente las relacionadas con la gestión del Consejo Nacional de las Mujeres en tanto es, por mandato constitucional, la entidad rectora de las políticas de promoción y protección de los derechos humanos de las mujeres y la igualdad de género en el Ecuador. Se incluye también información sobre las medidas adoptadas por los diferentes ministerios e instituciones del sector público y, en menor grado, por las limitaciones de espacio y el carácter del reporte, información de otras organizaciones privadas que contribuyen al mejoramiento de las condiciones de vida de las mujeres.

En la parte final se señalan los principales retos pendientes que el Estado Ecuatoriano tiene en su conjunto para avanzar en el cumplimiento de los compromisos contenidos en la Convención.

La Dirección de Derechos Humanos y Asuntos Sociales del Ministerio de Relaciones Exteriores y el Consejo Nacional de las Mujeres coordinan desde el año 2003 el Grupo de Trabajo especializado en los temas de derechos humanos de las mujeres y género. El Grupo, creado en el marco de la Comisión de Coordinación Pública para los Derechos Humanos, mecanismo interministerial para el cumplimiento de las obligaciones de derechos humanos, promovido por la Cancillería ecuatoriana, está compuesto por representantes del Estado y de la sociedad civil y se ha encargado de levantar la información cuantitativa y cualitativa en sus respectivas instituciones y organizaciones, bajo la coordinación técnica del CONAMU, para elaborar los informes consolidados que se presentan al Comité. El Grupo de Trabajo tiene como propuesta continuar haciendo un seguimiento sostenido a todos los compromisos internacionales en materia de derechos humanos de las mujeres asumidos por el Estado Ecuatoriano.

Además de constituir una obligación del Ecuador frente al Comité y a las mujeres del país, el Estado espera que esta información sea de gran utilidad para las instituciones públicas, vinculadas a la formulación de políticas públicas, para las organizaciones no gubernamentales, las organizaciones de mujeres, las instituciones académicas, los gobiernos locales y las agencias de cooperación internacional.

Parte IInformación estadística

A.Panorama político y económico general

La República del Ecuador se define constitucionalmente como un Estado social de derecho, soberano, unitario, democrático, pluricultural y multiétnico. Tiene 12.156.608 habitantes de los cuales el 50,5% son mujeres (6.138.255), según el último Censo de Población de 2001. De ese porcentaje de población femenina, más de 3 millones viven en la región Costa y la región Insular, 2,5 millones en la Sierra y más de 250.000 en la Amazonía. El 61,1% de la población se concentra en el área urbana en donde el índice de feminidad asciende al 104,9%. En el grupo etario de 0 a 14 años el 49,3% son mujeres mientras que en el grupo de 65 años y más, el porcentaje de mujeres es del 52,2%.

Según proyecciones de población realizadas en octubre de 2003 por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, la población femenina en 2005 sería de 6.684.639 y la masculina de 6.723.631. La tasa de fecundidad promedio ha disminuido para ubicarse en un total de 3,4 en 2001, con 2,9 en lo urbano y 4,4 en lo rural. Tres de cada 10 ecuatorianos son jóvenes. Del total de población joven el grupo etario mayor se encuentra entre los 19 y 24 años con el 41,65%, siendo similar el porcentaje de población femenina y masculina.

Los grupos raciales mayoritarios son el mestizo e indígena, con porcentajes menores de blancos y afrodescendientes. Según datos del Censo de 2001 en el Ecuador existen 604.009 personas entre negros y mulatos, es decir el 5% de la población total. Las organizaciones afroecuatorianas estiman que esta población oscila entre 900.000 y 1.200.000 personas . La población indígena es de alrededor de 830.418 personas, de las cuales más del 50% son mujeres. Datos de la CEPAL nos indican que en la población indígena se registran 95,08 hombres por cada 100 mujeres, en tanto que en la población afroecuatoriana este índice es de 106,7 hombres por cada 100 mujeres.

Se tiene un total nacional de 21,3% de hogares con jefatura femenina, según datos de 2003. El 52% de las personas que hablan una lengua indígena o habitan en hogares donde se habla lenguas nativas tienen sus necesidades básicas insatisfechas.

Tal como lo establece la Constitución Política, el Gobierno del Ecuador es republicano, presidencial, electivo, representativo, alternativo, participativo y de administración descentralizada, a través de gobiernos locales provinciales y cantonales. Sin embargo, en estos últimos ocho años, dos presidentes no han podido terminar su mandato como consecuencia de levantamientos populares. Los mandatos presidenciales en ambos casos fueron asumidos por sus vicepresidentes. Se continúa el proceso para alcanzar la independencia de las funciones del Estado, en especial la despolitización de la Función Judicial, por lo cual, recientemente y de forma inédita, la ciudadanía hizo escrutinio público, con veeduría internacional y nacional, para la designación de los miembros de la Corte Suprema de Justicia que actualmente se encuentra en funciones.

Las crisis política y financiera de los años 1999 y 2000 afectaron profundamente el desarrollo económico y social del país. Los indicadores muestran que el índice de pobreza aumentó y las tasas de desempleo así como las tasas de migración a centros urbanos y al exterior (cerca de 700.000 personas en 2003) fueron elevadas. En el año 2000, luego de una de las más graves caídas de la actividad productiva y bancaria, el Gobierno reformó el sistema monetario adoptando el dólar americano como única moneda de uso oficial (cotización: 25.000 sucres/dólar). En el año 2001 el Ecuador mostró signos de estabilización en la actividad económica, como la tendencia a la baja del índice de desempleo, considerando que las remesas de los emigrantes ecuatorianos en ese año representaron 1.430 millones de dólares de los EE.UU., valor superior a la inversión extranjera directa recibida en el año anterior.

Durante el año 2002, el comportamiento de la economía nacional fue moderado en casi todos los sectores productivos, destacándose el crecimiento del sector de la construcción y las inversiones en el sector petrolero. A partir del año 2000, la inversión presupuestaria para el gasto social se duplicó de 690 millones a 1.500 millones en el año 2002 y a 2.500 millones en el año 2006, gracias a un acuerdo nacional entre el Gobierno y la sociedad civil, dirigido a la rendición de cuentas hacia la ciudadanía en la elaboración y aprobación del presupuesto del Estado, llamado Observatorio Fiscal.

A partir de 2003 los índices macroeconómicos son favorables pero la situación económica de la población se dificulta porque la inflación dolarizada significa incremento en el costo de vida. El déficit fiscal continúa siendo uno de los problemas estructurales. Tampoco se cubren los mínimos presupuestarios fijados por la Constitución para el sector de la educación y salud, debido a los compromisos de la deuda externa, pese al incremento de la inversión social por parte del Estado.

A nivel nacional, la pobreza, según el método del ingreso, ascendió del 56% en 1995 hasta alcanzar su valor más alto con el 69% en 2000. Posteriormente declina hasta estabilizarse en un 60% en 2003. Según estas fuentes el costo no revertido de la crisis sería de un 4% en términos de pobreza. La evolución de la indigencia es más pronunciada y su costo no revertido alcanza el 13%. En otras palabras los pobres más pobres agudizaron su situación sin posibilidades de revertirla.

Durante el período que se reporta al Comité (1998-2006), el Estado Ecuatoriano ha adoptado medidas orientadas al cumplimiento de sus compromisos para lograr la igualdad entre mujeres y hombres y eliminar la discriminación. Con este objetivo, se han invertido recursos económicos e institucionales, todavía insuficientes, para la corrección de las principales brechas de acceso de las mujeres, niñas y adolescentes a los derechos sociales básicos. Estas acciones se ajustan a las exigencias de la Declaración del Milenio, de la Plataforma de Acción de Beijing y de la Convención para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, recogidas en el Plan de Igualdad de Oportunidades de las Mujeres Ecuatorianas 2005-2009, que tiene el carácter de política nacional, de conformidad con el Decreto Ejecutivo 1207-A, promulgado el 9 de marzo de 2006.

B.La situación actual de las mujeres en cifras

Los datos que se presentan a continuación permitirán tener una aproximación de la realidad de las mujeres ecuatorianas en el contexto actual, así como las brechas económicas, educativas, sociales y de participación política que aún persisten en relación a los hombres.

Medios de producción

La autonomía económica de las mujeres depende en gran medida de su relación con los medios de producción y su nivel de pertenencia. La tierra en los sectores rurales constituye un capital social y cultural y permite la generación de ingresos y de alimentación y sustento para las familias. Sin embargo el 73% de los hombres y el 79% de las mujeres no tienen tierra propia.

La producción agropecuaria está en manos de personas con bajos niveles de instrucción, entre las mujeres el 30,8% no tiene ninguna instrucción formal y entre los hombres el 19,7%. Productoras con instrucción secundaria y superior suman apenas el 9,7% y en el caso de los productores 13,1%. Además de los bajos niveles de instrucción formal, los productores/as agropecuarios no tienen educación agropecuaria, esta condición atenta aún más contra la productividad de la tierra y el bienestar de los productores/as.

Las mujeres son propietarias o socias de pequeños negocios especialmente en el área de manufactura.

Si bien no se cuenta con toda la información sobre el número de mujeres empresarias y el tamaño de sus empresas, la información sobre el trabajo por cuenta propia y el de patrono o socio brindan algunas pistas. Así, como patrona o socia son el 3,4% de las mujeres y trabajan por cuenta propia el 32% de mujeres encuestadas.

El trabajo familiar no remunerado es del 17% a nivel nacional y representa el 60% frente a los hombres, del mismo modo el trabajo doméstico es del 94,9% en las mujeres, en relación a los hombres.

Acceso al crédito

El escaso acceso al crédito es una de las debilidades de la producción agropecuaria nacional. Según el III Censo Agropecuario Nacional, 2000, en el caso de las mujeres productoras, sólo el 4,6% de ellas han recibido crédito para la producción y en el caso de los hombres, sólo el 8%. Se puede observar un acceso discriminatorio para las mujeres, ellas son el 25% del total de productores pero sólo el 16% de las personas que acceden al crédito.

Pobreza

El promedio del ingreso económico de los hogares con jefatura femenina es significativamente menor al de los hombres. En el área urbana la diferencia es del 65% y en la rural 80%.

Si consideramos el sexo de la persona que percibe el mayor ingreso en el hogar (jefatura económica), los hogares pobres dirigidos por mujeres son el 32,5%. Entre los hogares no pobres también aumenta la participación de las mujeres jefas al 27%, debido al menor tamaño de los hogares sustentados por ellas y en los que el ingreso se dirige fundamentalmente al sustento del hogar.

Acceso a servicios básicos

Según datos del último Censo de Población (2001) el 66,6% de las viviendas en el sector urbano y el 16,4% en el sector rural tienen acceso a servicios de alcantarillado. El bienestar y la salud de los miembros del hogar dependen de las condiciones sanitarias de la vivienda y de su entorno. La eliminación sanitaria de desperdicios sólidos es fundamental para asegurar un ambiente saludable a la población. El 86,8% de las viviendas en el sector urbano cuenta con el servicio de recolección de basura y el 21,7% en el sector rural.

La eliminación de excretas en una manera higiénica es necesaria para asegurar un ambiente saludable. La disponibilidad de medios sanitarios para la eliminación de excrementos es un reflejo de la calidad de la vivienda. En los sectores urbanos el 95,3% y en los rurales el 61,1% cuentan con sistemas de recolección y evacuación de excrementos humanos y aguas servidas que son arrastrados por corrientes de agua.

El 64,5% de las viviendas en el sector urbano y el 19,5% en el sector rural, cuentan con agua entubada de red pública, lo cual no se refiere tampoco a que ésta sea tratada.

El Índice Multivariado de Infraestructura Básica, es una medida que capta de manera resumida las diversas dimensiones de la Infraestructura Básica. Según el Censo de 2001 en el Ecuador el índice es del 40%.

De acuerdo al Censo de 2001, el 1,6% de la población en los sectores urbanos y el 32,8% en los sectores rurales utiliza leña o carbón para cocinar. La disponibilidad de cuarto de cocina y el uso de combustibles seguros para cocinar son factores determinantes de la calidad de vida y bienestar de la población.

Derecho a la educación

En el Ecuador, la igualdad en la educación formal constituye uno de los principales logros para las mujeres. Si bien todavía existen diferencias entre mujeres y hombres, estas son poco significativas. Algunas disparidades importantes se vinculan con la deserción escolar y entre la población indígena y no indígena, población rural y urbana.

Según el Informe de cumplimiento de los objetivos del Milenio, la meta para la educación primaria ha sido cumplida al 2005, y existe una tendencia constante en esa dirección. Entre 1990 y 2004, asistían 98,3 niñas por cada 100 niños en educación primaria. En el nivel secundario para el año 1990 existía una situación mucho más favorable para las mujeres (106 niñas por cada 100 niños) mientras que en 2004 esta relación es uno a uno (100 niñas por cada 100 niños). Se observa una tendencia creciente en la educación superior. A pesar que existen más mujeres que hombres en niveles superiores de educación, subsisten restricciones en el acceso a empleos decentes, es decir, la educación no garantiza por sí sola mejores niveles de ingresos para las mujeres.

El nivel de acceso a la educación por lengua y etnia en la educación secundaria para 2003, es de por cada 100 hombres asisten 88 mujeres de habla nativa y de áreas rurales; relación similar se presenta en la educación superior (92 mujeres por cada 100 hombres).

Si bien el acceso a la educación es casi igualitario para niñas y niños en primaria, la tasa no permite observar el grado de permanencia de las niñas en el sistema educativo, variable esencial en la definición de políticas y programas de género. Sin embargo, los estudios longitudinales de pobreza demuestran claramente el vínculo existente entre la permanencia de las niñas en la escuela y el mejoramiento de la calidad de vida futura.

No existen diferencias substanciales entre niñas y niños en la deserción escolar. Sin embargo, es muy notorio las razones de la no matrícula de las niñas y adolescentes, así como la deserción asociadas a factores de discriminación de género, especialmente al ser obligadas a asumir el cuidado de hermanos(as) menores y personas mayores miembros de la familia (13% para las niñas y 0,8% para los niños), el embarazo adolescente (9%) o simplemente la prohibición de continuar en estudios superiores por carencia económica, 48% por falta de recursos económicos y 16% por trabajo, mientras que para los hombres significa el 47% y 29% respectivamente.

Por tanto, la preocupación esencial es garantizar no sólo la matrícula sino la permanencia de las niñas en la educación básica y media, así como garantizar su acceso a los niveles superiores formativos tanto técnicos, tecnológicos, universitarios y ocupacionales. Por otra parte, la permanencia de las niñas en la escuela está estrechamente ligada a respuestas institucionales favorables hacia el mejoramiento de la calidad de la educación y el desarrollo de ambientes educativos sin riesgos ni discriminación para las niñas y adolescentes.

En el Ecuador existe un 9,02% de analfabetismo puro que representa una población de 732.089 personas, de las cuales el 58% son mujeres (INEC 2001). Los datos demuestran un mayor nivel de analfabetismo entre la población femenina rural de habla nativa y entre mayores de 65 años.

Las tasas de alfabetización para mujeres y hombres en conjunto, en edades comprendidas entre 15 y 24 años, para 1990 era del 98,8%; en el año 2000 era del 100,1% y para 2004 del 100,4% a nivel nacional. Al desagregar este indicador por lengua, la tasa de alfabetización de las mujeres indígenas disminuye (89,3% en 2001).

A medida que avanza la edad, el analfabetismo de las mujeres aumenta especialmente en la población rural, en donde la tasa de analfabetismo de las mujeres mayores de 65 años es del 62%. Los datos muestran la necesidad de establecer políticas de acción positiva dirigidas a las mujeres rurales, especialmente de habla nativa.

Derecho a la saludDerechos sexuales y reproductivos

El embarazo en adolescentes es una de las problemáticas que afecta el ejercicio pleno de sus derechos. Para enfrentar el problema, se ha avanzado en la difusión de una mayor educación sexual, a nivel de todas las escuelas y colegios del país, particularmente, desde el año 2000, cuando se aprobó el Plan Nacional para la Educación Sexual y el Amor y el programa respectivo para su implementación, desde 2003, así como la nueva Ley Orgánica de la Salud, que incorpora la obligatoriedad de la educación en materia de salud sexual y reproductiva en todos los niveles, aspectos sobre los cuales se hablará más adelante.

Cabe también señalar que el embarazo en adolescentes es uno de los mayores riesgos de mortalidad para la madre y el niño o niña que está por nacer. Las madres adolescentes truncan sus oportunidades de vida, deben dedicarse a trabajar fuera del hogar de manera más temprana y suelen tener más hijos a lo largo de su vida. La sociedad no cuenta con mecanismos suficientes de apoyo psicológico para las parejas adolescentes, siendo la niña/adolescente quien debe asumir su maternidad y responsabilidadpor sí sola. Sin embargo, desde 2004, se ha impulsado el Proyecto Ecuador Adolescente para ayudar a los y las jóvenes adolescentes en esta problemática, del cual se hablará más adelante.

En 2003, las adolescentes entre 12 y 19 años constituyeron el 16% de las mujeres embarazadas del país (SIISE, 2003). Según datos de la Encuesta Demográfica y de Salud Materna e Infantil, ENDEMAIN 2004, la problemática del embarazo adolescente es mayor en las áreas rurales y sucede con más frecuenciaen las adolescentes de menor instrucción: 32,3% de las adolescentes sin ningún nivel de instrucción y un 16,7% con instrucción primaria incompleta ya eran madres.

En el año 1998, el Ministerio de Educación del país aplicó la primera encuesta de consumo de drogas y sexualidad en los establecimientos escolares. Según esta fuente, el 30% de los y las adolescentes entre los 12 y 17 años ha tenido relaciones sexuales. En el ámbito de la sexualidad, la sociedad debe “favorecer un mayor conocimiento y vínculo con el propio cuerpo, como elemento de autoestima y de sustento del autocuidado de la salud”; en otras palabras, propiciar la “adopción de conductas sexuales conscientes, placenteras, libres y responsables hacia uno mismo y los demás” (Cerutti: 1995), como lo dispone también la Constitución Política de la República.

Las adolescentes embarazadas entre 15 a 19 años de edad tienen un riesgo dos veces mayor de morir en el parto que las mujeres del grupo comprendido entre 20 y 29 años; en las menores de 15 años el riesgo se incrementa a cinco veces. Si bien el fenómeno del embarazo “adolescente” se presenta en todos los grupos étnicos, los datos del Censo de Población de 2001 sugieren que este fenómeno es más pronunciado en el caso de las mujeres afroecuatorianas, y en particular más acentuado en las áreas rurales.

De acuerdo a un estudio realizado en el Ecuador en las zonas rurales, en 1998 un 64% de las mujeres entre 15 y 49 años conocía métodos anticonceptivos, proporción que se elevaba al 88% en las zonas urbanas. En relación con su utilización, el 23,4% de las mujeres rurales los usaba mientras que en las zonas urbanas lo hacía el 35,6%.

Morbilidad y mortalidad femenina

Entre las principales causas de mortalidad de las mujeres, relacionadas con las áreas materna y gineco-obstétrica, se ubican, en primer lugar, las causas relativas a complicaciones del embarazo y del parto (15%), seguida de embarazos terminados en aborto (6,1%) y atención materna relacionada con el feto y la cavidad amniótica.

Al analizar las 10 causas de mortalidad en 2004, en los datos del Ministerio de Salud Pública, la primera causa de muerte de las mujeres y hombres son enfermedades del corazón que corresponden a enfermedades crónicas y degenerativas como problemas del corazón, neumonías, cerebrovasculares e hipertensivas. En el caso de las mujeres el porcentaje de enfermedades del corazón alcanza a un 8,6%, mientras que en los hombres es el 7,3%. En las mujeres la diabetes mellitus es la segunda causa de mortalidad (6,4%), enfermedades cerebrovasculares (6,0%), neumonía (5,9%), ciertas afecciones generadas en el período perinatal (3,4%).

En 2004, 23.500 mujeres murieron por cáncer cervical (1% de la población femenina) y 30.800 mujeres murieron por cáncer de mamas (1,8%). Según la Encuesta Demográfica y de Salud Materna e Infantil en el año 2004 solamente el 16,1% de mujeres entre 35 y 64 años se realizaron un examen para detección oportuna del cáncer cérvico uterino, patología que constituye una de las principales causas de muerte en el país.

VIH/SIDA

De acuerdo a datos del Ministerio de Salud Pública, en el país existen 1.108 personas infectadas con VIH/SIDA: 406 hombres y 221 mujeres son portadores de VIH, y 364 hombres y 117 mujeres tienen SIDA; se excluyen de estos datos 102 menores de 14 años infectados.

Para 2005, del total de casos de VIH/SIDA en el Ecuador, el 73,2% son de sexo masculino y el 26,8% corresponde al sexo femenino. Comparado con años anteriores, existe la tendencia de que cada vez más mujeres contraen el virus, la relación hombre mujer en el período de 1984-1999 fue de una mujer por cada 3,7 hombres, en el año 2005 esta relación varió a 1 por cada 2,14 hombres.

Derecho a una vida libre de violencia

El artículo 2 de la “Ley contra la Violencia a la Mujer y la Familia” considera “violencia intrafamiliar” a toda acción u omisión que consista en maltrato físico, psicológico o sexual, ejecutado por un miembro de la familia en contra de la mujer o demás integrantes del núcleo familiar. La inmensa mayoría (94%) de las víctimas son niñas y mujeres.

Según la Encuesta Demográfica y de Salud Materna e Infantil, de 7.217 mujeres encuestadas el 15,3% manifestó haber recibido violencia verbal o psicológica, el 10,3% violencia física, y el 3,8% alguna forma de violencia sexual.

La misma encuesta demuestra que el 7% de las mujeres entre 15 a 49 años de edad reportó que en el transcurso de su vida fue violada (con penetración); 4% mencionó alguna situación de abuso sexual (violación sin penetración).

Otros estudios especializados demuestran que 121 de cada 1.000 jóvenes (mujeres y hombres) han sufrido besos y caricias no deseadas; 32 de cada 1.000 jóvenes han sido violados y 27 de cada 1.000 han vivido experiencias de violencia sexual oral y genital (CEPAM Quito. 2003: 46).

Por otro lado, las denuncias de violencia de las Comisarías de la Dirección Nacional de Género, mantienen una constancia en el tiempo, se observa sin embargo un incremento de las denuncias de violencia psicológica, lo que demostraría que este tipo de violencia ahora se denuncia más, es decir existe una mayor conciencia sobre este problema.

Mujer y conflictos armados

Si bien el Ecuador no tiene conflictos armados de manera directa, el Plan Colombia implementado por el vecino país ha desencadenado el incremento de la violencia en la frontera. Así en los últimos años existe un creciente desplazamiento de colombianos/as hacia el Ecuador, pero también de ecuatorianos/as que se han visto obligados a dejar su hábitat cercano a la frontera con ese país.

Al respecto, la organización no gubernamental Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento de Colombia señala que desde el año 2000, 49.545 refugiados han traspasado las fronteras de Venezuela y Ecuador. De acuerdo a la Cancillería ecuatoriana, sólo en el año 2003 el Ecuador recibió 11.345 solicitudes de refugio de las que fueron aceptadas el 50%.

La agudización del conflicto colombiano, en el contexto de aplicación del Plan Colombia y la Iniciativa Regional Andina, y, la sistemática violación de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario son las causas principales que han incrementado la salida de colombianos/as en busca de refugio principalmente a Ecuador y en menor grado a Panamá y Venezuela. Las mujeres salen de sus comunidades en búsqueda de refugio “principalmente porque han sido víctimas de persecución, ellas mismas o sus parejas o familiares, temen que sus hijos/as sean reclutadas forzosamente, han sufrido la muerte de familiares cercanos en razón de la violencia o han sido afectadas por las fumigaciones de cultivos de uso ilícito”.

Según cifras de un estudio llevado a cabo en 2004 por UNIFEM-RA, la región denominada “frontera norte” (Carchi, Esmeraldas, Imbabura y Sucumbíos), ha recibido entre 2000 y 2003 más de 21.000 solicitudes de asilo de población colombiana desplazada (ACNUR, 2003). La región de frontera norte se caracteriza por altos índices de pobreza, desempleo, falta de infraestructura básica y contaminación ambiental, lo que configura un escenario poco favorable para la formulación y ejecución de políticas que garanticen el ejercicio pleno de los derechos de la población desplazada.

“De acuerdo con el Ministerio de Relaciones Exteriores del Ecuador, el número de personas de nacionalidad colombiana que ha solicitado refugio, entre 2000 y agosto de 2004, es de 27.495, observándose una clara tendencia ascendente, pues sólo entre 2003 y agosto de 2004 se ha presentado el 60% del total de solicitudes (Camacho, 2004).

Los principales problemas que se identifican desde una perspectiva de género están relacionados con los siguientes aspectos:

–Falta de documentación y explotación laboral (horarios excesivos, bajos salarios, negación de pago, exclusión de beneficios y de la seguridad social, acoso y chantaje sexual a través de amenazas de deportación; riesgo de detenciones, maltratos, incautación de mercaderías, malas condiciones de seguridad y salud en el trabajo como exposición a químicos en florícolas)

–Tipos de ocupación y sobrecarga de trabajo basada en sistemas de subordinación de género

–Discriminación y estigmatización

–Violencia de género

Derecho al trabajoEmpleo y salarios

La situación de discriminación determina la incidencia de la vulnerabilidad social de las mujeres, ya que factores como el acceso y permanencia en el sistema educativo, y también las oportunidades de acceso al mercado laboral, y su vinculación a actividades no económicas, determinan en parte las remuneraciones de las mujeres. Según la encuesta del empleo urbano de Quito realizada por el Instituto de Investigaciones Económicas de la Pontificia Universidad Católica y el Banco Central, el subempleo y el desempleo afecta principalmente a las mujeres. De acuerdo a los últimos datos de la serie enero 2003, el subempleo femenino era del 50% frente al 25% para los hombres, mientras que el desempleo abierto para las mujeres era del 11% y para los hombres del 6,5%. El grupo más afectado son mujeres jóvenes: la tasa de desempleo de mujeres entre 15 y 29 años es del 19% y la de los hombres jóvenes es del 11,3%.

Según esta misma fuente, los salarios de las mujeres son en promedio 22% inferiores a los de los hombres y en ello intervienen aspectos relativos a la escolaridad, experiencia, dedicación y un segundo elemento el de la discriminación de género, la cual es del 12% de los salarios medios masculinos. La discriminación y la subordinación se expresan en trabajos mal remunerados, con tendencia a la precarización, baja calificación, sin seguridad social.

Según la misma fuente, las mujeres en un 37% se dedican a actividades económicas en el sector informal, mientras que los hombres en un 33%. A la agricultura en cambio se dedica el 35% de la mano de obra masculina y el 25% de la femenina; las actividades de servicio doméstico, constituye el 95% del total de la mano de obra dedicada a esta actividad.

El incremento de la participación de las mujeres en el mercado informal y su inestabilidad en el contexto de la crisis, determinó el deterioro de la calidad de los trabajos por ellas emprendidos, así como el incremento de su participación en economías no monetarias, en definitiva la crisis del Ecuador de las últimas décadas, incrementó estas tendencias, ampliándose las brechas de género y colocándolas en situación de desventaja económica, pero también de desventaja frente al acceso y diversificación de oportunidades.

El ingreso promedio evidencia discriminación en el ingreso por el trabajo, a nivel de área urbana el ingreso promedio de las mujeres constituye el 67% del de los hombres y en el área rural el 47%.

A nivel nacional, el promedio del ingreso de los hogares con jefatura femenina es más bajo que el de los hombres, por cada 100 dólares que gana un hombre las mujeres reciben 70; la desigualdad en el área urbana es más profunda (64,6%).

A nivel de obreros/as, la tasa es desfavorable en el ingreso para las mujeres en la manufactura, pero equilibrada en el comercio interno. Implica que las fábricas emplean mujeres en trabajos de menor remuneración o simplemente las discriminan. En la minería como un caso muy especial la inequidad es desfavorable para los hombres, las mujeres ganan un 56% más, esto se debe a que la información en esta rama de actividad revela que la mano de obra femenina en un 91% está en la actividad petrolera; en cambio, los hombres obreros más del 50% están en minas y canteras, es decir, en trabajos de baja remuneración, actividad en la que casi no participan las mujeres.

Por sectores del mercado laboral, en el sector moderno (formal) si bien existe diferencia ésta no es tanta como en el de las actividades agrícolas, la mano de la mujer en el campo es fuertemente subvalorada en las actividades agrícolas. Asombrosamente, en el servicio doméstico, también existe mayor promedio de ingresos para los hombres.

Despido por razones de género

El Departamento de Inspección del Ministerio de Trabajo y Empleo, en el período de enero a mayo de 2006 recibió un total de 2.023 denuncias por despido hacia mujeres.

Por despido intempestivo se receptaron 1.830 denuncias, de las cuales no se especifican las circunstancias en las que se produjo el despido ni qué las motivó. Se presentaron 81 denuncias de despido por terminación por causales, ya sea por visto bueno o por desahucio, lo que significa que los empleadores no han cumplido con las obligaciones patronales.

Por maternidad se recibieron un total de 40 denuncias. Los patrones al enterarse que sus trabajadoras se encuentran en gestación, las despiden bajo cualquier argumento, o las someten a trabajos que ponen en peligro su embarazo, como levantar grandes pesos o realizar trabajos de limpieza que exigen mucho esfuerzo, incluso el maltrato psicológico. Si la trabajadora continúa trabajando a pesar de estas circunstancias, los empleadores proceden a despedirlas argumentando que no tienen un trabajo específico para las mujeres embarazadas.

De igual manera se recibieron 7 denuncias por lactancia. Las mujeres al reintegrarse a su puesto de trabajo luego de terminar las 12 semanas de permiso de maternidad, se encontraron con que el puesto de trabajo fue ocupado por la persona que la reemplazó o simplemente la empresa contrató definitivamente a alguien más.

Por acoso se presentaron 65 denuncias. Existe una denuncia en la que la víctima argumenta el acoso sexual como la causa de su despido. De acuerdo al Departamento de Inspección del Ministerio de Trabajo, se considera que en vista de que en la Fiscalía existe la Unidad de Delitos Sexuales en la que se reciben denuncias de acoso, el número de denuncias presentadas por esta causa en el Ministerio de Trabajo es bajo. Para determinar el acoso se ha tomado en cuenta el hostigamiento o maltrato físico o psicológico del que hayan sido victimas las trabajadoras.

Servicios de cuidado diario en lugares de trabajo

El indicador es positivo en cuanto a los recursos disponibles para que las madres de niños/as que requieren cuidado permanente puedan participar en actividades fuera del hogar. Las guarderías y demás formas institucionales de cuidado constituyen un importante recurso social para la atención a los niños/as que no asisten a la escuela y que de otra manera pueden permanecer solos o al cuidado de miembros jóvenes del hogar.

Se trata, además, de instituciones con un papel sanitario y educativo. Estos centros pueden asegurar la alimentación y seguridad de los niños/as, contribuir al control del crecimiento y desarrollo del niño/a así como su esquema de vacunación y proveer estímulos para el desarrollo psicomotriz y preparación para la lecto-escritura.

Migraciones laborales

En el país no se cuenta con estadísticas sistematizadas y continuas sobre la incidencia de la emigración de las/os ecuatorianas y ecuatorianos, lo cual no permite visualizar de manera integral las condiciones en las que se encuentran los migrantes en los países de destino. El INEC cuenta con información de migración internacional cuyo objetivo es el de cuantificar y caracterizar los movimientos de entradas y salidas de ecuatorianos y extranjeros. En el censo de 2001 se introdujo un grupo de preguntas para poder obtener información de los últimos cinco años (desde 1996) sobre emigrantes al exterior.

Según los datos del Censo, del total de la población que ha emigrado entre los años 1996 y 2000, el 53% son hombres y el 47% mujeres; al analizar por grandes grupos de edad se observa que cerca del 91% de las mujeres que han migrado tienen entre 15 y 64 años, cifra similar a la de los hombres (92%). Se observa además que entre la población de 65 años y más, las mujeres son las que más salen al exterior (57%).

En cuanto a las razones de migración de las mujeres, el 37% señalan que es por trabajo, 34% residencia, 17% turismo y el resto por otras razones. El país al que más han emigrado en los últimos cinco años es España (51%), en segundo lugar Estados Unidos (21%), en tercer lugar Italia (13%) y en menor porcentaje a otros países.

Al analizar la información sobre la salida de las y los ecuatorianas/os entre 2001 y 2003, según los resultados de Migración Internacional, las tendencias son similares a las que muestra el censo, a excepción de los motivos de migración: en 2001 el 96% de las mujeres indican que han salido por turismo, en 2002 el 80% y en 2003 el 64% de ellas. La segunda opción que señalan es por motivos de trabajo, cifra que va en aumento, desde el 4% en 2001, 19% en 2002 y 35% en 2003.

En cuanto al grupo de ocupación que registran las ecuatorianas al salir del país, el 49% de las mujeres que salieron del país en 2001 son profesionales, científicas e intelectuales, el 19% son estudiantes y el 17% se dedican a los quehaceres domésticos; en 2002, el 56% eran profesionales, científicas e intelectuales, el 18% estudiantes y el 13% se dedican a los quehaceres del hogar. Para 2003 las cifras cambiaron: 50%, 21% y 14% respectivamente. Esto quiere decir que la población femenina económicamente activa y calificada es la que estaría saliendo del país a buscar trabajo o mejores fuentes de trabajo.

Participación política de la mujer

La participación política de mujeres y hombres adquiere características diferentes debido a su socialización, a estereotipos culturales, a culturas organizativas y a normas y procedimientos. La participación política fortalece a las mujeres como grupo social en la medida que les permite organizarse, articular sus demandas, expresar sus opiniones y afianzar sus derechos.

Las reformas a las leyes impulsadas por una serie de factores, entre los cuales el movimiento de mujeres fue el más importante, primero en la Ley de Amparo Laboral (1997) y luego en la Ley de Participación Política (2000), mediante cuotas para la participación de las mujeres en las candidaturas de elección popular, han constituido acciones estratégicas para promover la participación política de las mujeres. Según la Ley, las mujeres deben ser colocadas en las listas en forma alternativa y secuencial con los hombres. Para 2000 el porcentaje de mujeres elegidas llegó al 25%, teniendo un incremento de cerca de 20 puntos porcentuales con respecto de las elecciones de 1996. Estos resultados son sin duda alguna efecto de estas medidas de acción positiva y del trabajo realizado por las organizaciones para fortalecer los liderazgos políticos de las mujeres.

Tal como lo recoge la Fundación Equidad y Desarrollo, organización especializada en participación política de las mujeres, el número de candidatos varones a la Prefectura fue de 118, frente a 12 mujeres que terciaron por las 22 vacantes. La elección de 4 mujeres prefectas de entre 12 mujeres candidatas, equivale a un 33,33% de éxito; sin embargo, si hacemos el análisis desde otro punto de vista se presentaron un 9% de mujeres como candidatas frente a un 21% de varones y para los resultados, las mujeres alcanzaron el 18,18% de presencia en las Prefecturas, mientras los varones el 81,82%. Las primeras duplicaron su porcentaje de participación comparado entre el porcentaje de candidatas y el porcentaje de electas, mientras los segundos bajaron de un 94% existente en candidaturas de varones a un 81,82% de realmente electos. Esto demuestra que las mujeres candidatas a Prefectas han sido favorecidas por el electorado.

Como candidatas a alcaldesas municipales se presentaron 137 mujeres equivalente al 10,66% del total de candidaturas. Tras las elecciones alcanzaron los cabildos municipales 13 mujeres (5,94% del total). En este caso las mujeres electas bajaron su participación en comparación con las candidatas, pero subieron su presencia en relación al proceso electoral anterior. En 2002 alcanzaron 6 espacios, equivalentes al 2,74%, y para 2004 se ha duplicado este porcentaje.

El porcentaje de mujeres electas en calidad de Consejeras Provinciales es considerable, 31,87%. Cifra menor al porcentaje de mujeres que participaron como candidatas, pero superior al número de mujeres consejeras electas en procesos electorales anteriores.

El 31,01% de mujeres electas como concejales municipales también es histórico, superando la cifra alcanzada en procesos electorales anteriores. Al tratarse de elecciones pluripersonales, el análisis sobre el descenso de mujeres electas frente al de mujeres candidatas, es igual al realizado en las consejerías.

Para el cierre de este informe se conoció que en las elecciones realizadas en octubre de 2006 resultaron electas 25 mujeres diputadas para el período legislativo 2007-2011.

En cuanto a las candidaturas presidenciales, es importante señalar que uno de los 13 binomios presentados tenía una candidata presidencial que quedó en quinto lugar con un porcentaje muy bajo de votos. El escaso apoyo por parte del electorado a esta candidatura no se debió a que la candidata presidencial era mujer, más bien respondía al rechazo generalizado de la población a la forma tradicional de hacer política del partido que la apoyaba, que ha sido más bien excluyente, patriarcal y elitista.

Mujeres en la toma de decisiones

En los años recientes, la representación femenina en Ministerios del Estado ha sido escasa si se compara con otros países como Colombia y Chile. En 1998 las mujeres ocuparon el 20%, en 1999 el 26,7% y en 2002 el 14%, en 2003 el 26% y en julio de 2004 apenas se alcanzó al 13%. Sin embargo, para el año 2007, se contará con el 45% de representación femenina, con la designación de 8 Ministras de Estado.

A noviembre de 2006, 2 de 15 ministerios están ocupados por mujeres, estos son los de Turismo y de Ambiente. En este mismo período presidencial las carteras de Economía y Finanzas y de Educación han estado dirigidas por mujeres; en el primer caso por un período de cinco meses y en el segundo por ocho meses. Para el año 2007, el Presidente electo ha designado 8 mujeres Ministras, de las 18 Carteras de Estado.

Actualmente, la Fiscal General de la Nación es una mujer; en el período anterior también estuvo una mujer en ese cargo. En las Cortes Superiores, Tribunales Distritales, Tribunales Penales y Juzgados (civiles, niñez, inquilinato, penales, trabajo y tránsito) tampoco se cumple el porcentaje mínimo de presencia de mujeres. La mayor proporción de juezas mujeres se da en los Juzgados de inquilinato con un 56%. También es importante el número de mujeres defensoras públicas en el país.

En el caso de las Comisarías e Intendencias Nacionales todas están ocupadas por hombres, mientras que las Comisarías de la Mujer y la Familia por mujeres a excepción de una que funciona en la capital.

Parte IIAplicación de la Convención sobre la eliminación detodas las formas de discriminación contra la mujer

Artículo dosMedidas para erradicar la discriminación

Artículo tresGarantía del ejercicio de los derechos humanos

Marco jurídico favorable a los derechos humanos de las mujeres

La Constitución Política del Ecuador vigente desde 1998, establece como finalidad del Estado asegurar la vigencia de los derechos humanos (art. 3 num. 2), reconoce la igualdad entre mujeres y hombres y establece garantías en la protección y en el ejercicio de sus derechos humanos, prohibiendo la discriminación contra las mujeres sin ninguna distinción (art. 23 num. 3), garantiza la igualdad de oportunidades en el acceso a recursos productivos y en la vida conyugal (art. 34), los derechos laborales y reproductivos de la mujer (art. 36), la formulación y ejecución de políticas de igualdad de género (artículos 41 y 254), promoción de la igualdad de género en la educación (art. 67), promoción de la participación igualitaria en procesos de elección popular y participación política (art. 102).

Desde el año 1996 la Constitución Política incorpora al sistema de justicia constitucional, como garantía de derechos de las personas, la acción de amparo constitucional, la misma que se activa ante los jueces constitucionales en primera instancia y ante el Tribunal Constitucional en última instancia y a través de la cual se ha protegido determinados derechos de las mujeres que han sido vulnerados. De igual manera, la Carta Política prevé como instrumento de control constitucional la acción de inconstitucionalidad, la misma que corresponde conocer al Tribunal, organismo que ha protegido derechos como los de igualdad y no discriminación y de la participación política.

La definición “discriminación contra la mujer”, prevista en la Convención, está incorporada al sistema jurídico ecuatoriano por norma constitucional (art. 163), al haberse ratificado dicho instrumento; sucede igual con todos los convenios internacionales de los cuales el Ecuador es signatario. La Convención ha sido invocada en litigios nacionales, sobre todo en los casos de violencia intrafamiliar y en el ejercicio de derechos sexuales y reproductivos, sin embargo no se cuenta con un registro estadístico sobre este particular.

Si bien no existe de manera explícita ley alguna que impida a las mujeres el ejercicio de sus derechos, ciertas prácticas jurídicas y sociales sí discriminan a las mujeres, tanto en la esfera pública como privada, pues tienen como efecto un tratamiento diferenciado a favor de los hombres en desventaja de las mujeres.

El país cuenta con importantes leyes orientadas a lograr la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres y promover los derechos humanos de las mujeres. Entre las principales leyes tenemos las siguientes: Ley contra la Violencia a la Mujer y la Familia, Ley de Elecciones, Ley para la Sexualidad y el Amor, Ley de Maternidad Gratuita, Ley de Amparo Laboral y el Código de la Niñez y Adolescencia. En algunos casos se ha planteado que estas leyes se ejecuten mediante programas a nivel nacional para asegurar a las mujeres el ejercicio pleno de sus derechos. La evaluación de este proceso demuestra que además de ser necesarios mayores recursos económicos, se requiere el desarrollo y aplicación de mecanismos de exigibilidad efectivos que en gran medida dependen de un real acceso a la justicia.

En respuesta a las observaciones contenidas en los párrafos 8 y 9 de las Observaciones Finales del Comité a los anteriores Informes del Estado Parte, relativa a la derogación de disposiciones discriminatorias que aún existen en materia penal, civil y de familia, en los Informes Cuarto y Quinto, se indicó que “el 18 de agosto de 1989 (Ley 043) se aprobaron 81 reformas al Código Civil que hacen referencia a la capacidad jurídica de la mujer dentro del matrimonio, de la administración de la sociedad conyugal, de la paternidad responsable, de la ayuda mutua de los cónyuges, de las capitulaciones matrimoniales, de las obligaciones y derechos de los cónyuges, de la patria potestad y de la terminación del matrimonio”, con lo que quedó superado todo tipo de discriminación en materia civil y de familia.

En materia penal se han dado los mayores avances en los últimos años. Acogiendo las Observaciones Finales del Comité, contenidas en los párrafos 9, 18 y 19, en 2005 se aprobaron varias reformas al Código Penal (Registro Oficial No. 45, de 23 de junio de 2005). Con esta Ley se incorpora al Código Penal nuevas conductas delictivas lesivas a los derechos humanos de niños, niñas, adolescentes y mujeres. Así, se penaliza la trata de personas, la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes, la pornografía infantil, el turismo sexual y se endurecieron las penas para el delito de violación. Se incorporaron agravantes específicos a los delitos sexuales como la familiaridad o parentesco, el contagio de enfermedades y otras circunstancias que afectan a las víctimas de violencia sexual. Incluso se determinó que quien hiere o mata para defenderse de violencia sexual no se lo sanciona.

En lo relativo a los requisitos para configurar el delito de estupro, se eliminó el elemento subjetivo de que la víctima sea “mujer honesta ”. Se sustituyó el artículo que excusaba al “cónyuge que mata, hiere o golpea al otro o al correo, en el instante de sorprenderlos en flagrante adulterio o cuando una mujer comete los mismos actos de defensa de su pudor, gravemente amenazado”, con el actual artículo 22 que señala que no se comete infracción cuando una persona mata o causa lesiones a otra en el momento de ser víctima de un delito de abuso sexual o violación. La reforma agregó a las circunstancias agravantes de una infracción, numeradas en el artículo 30, el numeral 6 que establece que se ejecuta la infracción por motivos de discriminación, referente al lugar de nacimiento, edad, sexo, etnia, color, origen social, idioma, religión, filiación política, posición económica, orientación sexual, estado de salud, discapacidad o diferencia de cualquier otra índole.

Las mencionadas reformas penales restringieron sólo a 2 de 12 de las circunstancias atenuantes en delitos de trata de personas y delitos sexuales (artículo innumerado después del 29) y desarrollaron 12 circunstancias agravantes en la misma clase de delitos (artículo innumerado después del 30), además de modificar la redacción del artículo 31, para determinar con mayor énfasis que será una agravante de toda infracción el hecho de ser la víctima cónyuge, conviviente, pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad, o ser ascendiente o descendiente del ofensor.

Las reformas al Código Penal de 2005 también tipificaron los delitos relativos a la trata de personas para explotación sexual (artículos innumerados después del 190), en los que se endurecen las penas cuando el infractor se aproveche de la vulnerabilidad de la víctima o ésta se encuentre incapacitada para resistir la agresión. Se desarrolló y mejoró la tipología penal del acoso sexual (art. 511 y siguientes) y se tipificó la pornografía infantil, en base a la cual ya se han procesado algunos casos.

En lo que respecta a los párrafos 30 y 31 de las Observaciones Finales del Comité, para garantizar iguales oportunidades de trabajo, en septiembre de 2005, el Ministerio de Trabajo expidió el Acuerdo Ministerial 261, prohibiendo la discriminación por género en la contratación pública y privada, fijándose una multa en caso de incumplimiento, según lo establece el Código de Trabajo.

El Ministerio de Trabajo, con apoyo de la Organización Internacional del Trabajo, ha elaborado una propuesta de Nuevo Código de Trabajo, en la que se incluyen artículos que hacen referencia a la incorporación del acoso sexual en el ámbito laboral. Se cambia la denominación de “servicio doméstico” por “trabajo doméstico”, se reducen las horas de trabajo y se establecen obligatoriamente todos los beneficios de ley. Se excluyen avisos de trabajo sexistas o excluyentes, de conformidad al Acuerdo Ministerial 261 de septiembre de 2005. El principio constitucional de no discriminación se incluye también en la propuesta. En cuanto a la igualdad salarial, se incorporan disposiciones orientadas a disminuir la brecha salarial entre hombres y mujeres.

En lo que se refiere a la aplicabilidad del nuevo Código de Trabajo en el tema del acoso sexual, se observa que de enero a mayo de 2005 sólo existe un caso denunciado por acoso sexual en las Inspectorías de Trabajo de Quito. Esto se debe a que la figura del acoso sexual se denuncia como delito penal en las Fiscalías. Sin embargo, como ya se dijo en el párrafo anterior, la figura del acoso sexual también consta en el Nuevo Código de Trabajo, con lo cual las mujeres podrán acercarse a las Inspectorías del Trabajo a nivel nacional a denunciar si han sido acosadas sexualmente en su lugar de trabajo.

La Comisión de la Mujer, el Niño, la Juventud y la Familia del Congreso Nacional, a partir de 2000, desarrolló un sistema de fiscalización del ejercicio de derechos, que entre otros aciertos, logró incidir en varias entidades públicas que limitaban el acceso al trabajo a las mujeres, basadas en criterios discriminatorios, como el caso de la Comisión de Tránsito del Guayas.

A través de las Comisiones de la Mujer, el Niño, la Juventud y la Familia, de lo Social y Laboral y de Salud, del Congreso Nacional, se han presentado proyectos de Ley y/o reformas legales al Código de Salud, Código Penal y de Trabajo, así como a la Ley de Maternidad Gratuita y Atención a la Infancia, a favor de los derechos de las mujeres. Estas iniciativas contaron con el apoyo de los movimientos de mujeres y del Consejo Nacional de las Mujeres, a continuación un listado de los proyectos de ley presentados:

–Proyecto de Ley Reformatoria a la Ley de Elecciones;

–Proyectos de Ley Reformatoria al Código del Trabajo (medidas para regular, vigilar, controlar y sancionar los abusos de empleadores contra niños, niñas y adolescentes trabajadores;

–Proyecto de Ley Reformatoria a la Ley de Partidos Políticos para participación política de la mujer;

–Proyecto de Ley Reformatoria a la Ley de Servicio Civil y Carrera Administrativa;

–Proyecto de Ley Reformatoria a la Ley Orgánica del Consejo Nacional de la Judicatura;

–Proyecto de Ley Reformatoria al Código de la Salud;

–Proyecto de Ley de Protección, Control y Superación de las Personas que Ejercen Actividades Sexuales Remuneradas;

–Proyecto de Ley reformatoria al Código Penal;

–Proyecto de Ley de Salud Sexual y Reproductiva;

–Proyecto de Ley Reformatoria a la Ley de Seguridad Social, para incorporar el amparo del trabajo doméstico no remunerado dentro del Seguro General obligatorio, bajo el esquema de afiliación voluntaria;

–Proyecto del Código de Niñez y Adolescencia;

–Proyecto de Reforma a la Ley de Educación para la Sexualidad y el Amor;

–Proyecto del Código de Familia;

–Proyecto de Ley Reformatoria a la Ley sobre Discapacidades;

–Proyecto de Ley Reformatoria a la Ley de Maternidad Gratuita;

–Proyecto de Ley de Recuperación de Niños de la Calle; y,

–Proyecto de Ley de Protección para niños y niñas, adolescentes indigentes.

De estos proyectos, fueron aprobados y promulgados hasta el momento, la Ley Reformatoria a la Ley de Elecciones (Suplemento Registro Oficial No. 20: 18, febrero 2000), el Código de la Niñez y Adolescencia (Registro Oficial No. 737: 3, enero 2003), la Ley Reformatoria al Código Penal (Registro Oficial No. 45: 23, junio 2005), la Ley Reformatoria al Código de Trabajo (Registro Oficial No. 198: 30 enero 2006) para inserción laboral de las personas con discapacidad y la Ley Orgánica de Salud (Suplemento Registro Oficial No. 423, de 22 de diciembre de 2006).

El mecanismo nacional de género

El Consejo Nacional de las Mujeres se creó mediante Decreto Ejecutivo No. 764 en octubre de 1997, como organismo rector para la formulación y promoción de Políticas Públicas con Enfoque de Género, con personería jurídica, patrimonio y régimen administrativo y financiero propio, que funciona adscrito a la Presidencia de la República.

El modelo de funcionamiento del Consejo establece la conformación de un Directorio en el que participan representantes del Estado y de las organizaciones nacionales de mujeres, constituyendo un modelo de corresponsabilidad Estado-Sociedad Civil en la definición de los lineamientos generales de las políticas para la igualdad de género y promoción de los derechos de las mujeres ecuatorianas.

El Directorio está integrado por una delegada del Presidente de la República, quien lo preside, un/a delegado/a de la Secretaría General de la Administración Pública, un/a delegado/a de la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, un/a delegado/a de la Secretaría Técnica del Frente Social. Por parte de la sociedad civil integran el Directorio tres representantes de las organizaciones nacionales de mujeres designadas en foro propio. Actualmente se encuentran en funciones una representante del Foro Nacional Permanente de la Mujer Ecuatoriana, una representante de la Confederación de Mujeres por el Cambio y una representante de la Coordinadora Política de Mujeres. Ninguna de las integrantes que provienen de la sociedad civil representa ni al movimiento de mujeres indígenas ni al movimiento de mujeres afrodescendientes.

A fin de atender la inquietud del Comité, constante en el párrafo 11 de sus Observaciones Finales, el CONAMU, en el proceso participativo de formulación de la Ley de Igualdad para las Mujeres, que comenzó a inicios de 2006, colocó como uno de los principales temas de discusión, la incorporación de las mujeres indígenas y afrodescendientes del país al Directorio del Consejo. La discusión puso en evidencia la necesidad de que las organizaciones nacionales de mujeres deben estar legalizadas o registradas en el CONAMU como organizaciones con representación nacional. La organización de mujeres indígenas, Consejo Nacional de Mujeres Indígenas del Ecuador cuenta con los requisitos legales, pero no ha solicitado expresamente formar parte del Directorio. Las líderes del movimiento de mujeres negras están legalizando a todas las organizaciones para incorporarse al Directorio en un futuro próximo. El CONAMU está colaborando con la Coordinadora Nacional de Mujeres Negras del Ecuador, a través de asesorías legales, con tal propósito.

La Directora Ejecutiva del Consejo es designada a partir de un proceso de selección técnica que se realiza en el seno de su Directorio y que guarda total independencia de los procesos de elección popular de los gobiernos de turno, con el propósito de garantizar la misión institucional de formular y ejecutar políticas públicas. En el año 2003, la institución sufrió una crisis interna que impidió contar con una Directora Titular por un largo período. Sin embargo, las organizaciones de mujeres que hacen parte del Directorio, con el apoyo de los demás miembros, atendiendo la recomendación del Comité, constante en los párrafos 10 y 11 de sus Observaciones Finales, tomaron las medidas del caso para elegir a la nueva Directora. Se presentaron las hojas de vida de tres mujeres profesionales de reconocida trayectoria en el movimiento de mujeres, resultando electa aquella que contó con las más altas calificaciones. La Directora Ejecutiva actual permanecerá en sus funciones hasta septiembre de 2007.

En atención también a los párrafos 10 y 11 de las Observaciones Finales del Comité, en lo relativo al mandato del Consejo, tendiente a garantizar la aplicación de las leyes, planes y programas orientados a la igualdad de género, el papel de la Presidenta o Presidente del Directorio del CONAMU es fundamental para el posicionamiento de la institución en los más altos niveles de toma de decisiones, constituyéndose en un puente entre el Presidente de la República y la entidad. De igual manera, las/os representantes de las instituciones del Estado constituyen un canal idóneo para la inserción del enfoque de género en la planificación nacional, así como en las macropolíticas económicas y sociales, debido a que forma parte del Directorio la Secretaría Técnica del Frente Social, vinculada con todos los Ministerios competentes en esta importante área. El equipo técnico del Consejo está integrado por 42 funcionarias de nivel técnico profesional con nombramiento y 5 consultoras especializadas.

El perfil institucional del mecanismo nacional de género se ha fortalecido en los tres últimos años de manera importante. El Consejo se ha posicionado como órgano rector de políticas públicas de género al más alto nivel del Estado. Con ello se supera la preocupación del Comité, constante en los párrafos 8 y 9 de sus Observaciones Finales, relacionada con “la falta de una política integral de institucionalización del enfoque de género como un eje principal dentro las prioridades estratégicas del Estado”, que ya existía, aunque no fortalecida, desde la creación del Consejo en 1997.

El CONAMU ha realizado esfuerzos en la construcción de alianzas institucionales con los Consejos de Derechos similares en su naturaleza, especialmente con el Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia, el Consejo de Desarrollo de las Nacionalidades y Pueblos del Ecuador, el Consejo Nacional de Discapacidades, el Consejo Nacional de Salud, la Asociación de Municipalidades del Ecuador y la Secretaría Técnica del Frente Social, entidades con las cuales se ha iniciado un proceso de coordinación, orientado a garantizar la inclusión de las políticas específicas en la Agenda Social, así como en los procesos de descentralización y autonomías.

El Consejo ha apoyado la creación de mecanismos institucionales y legales para la igualdad de oportunidades en 19 municipios y 5 gobiernos provinciales así como en los diferentes ministerios. En ese proceso, las alianzas con la cooperación internacional son piezas fundamentales, a fin de garantizar el mandato de la transversalidad de género en los proyectos de desarrollo y los recursos necesarios para tal fin.

El tema de la transparencia ha sido un principio fundamental en la gestión del Consejo. Por ello, ha realizado importantes esfuerzos técnicos y humanos, y ha invertido recursos financieros para la creación, en el mes de abril de 2006, del portal institucional www.conamu.gov.ec, de acuerdo a lo que exige la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Las mujeres organizadas y no organizadas, organizaciones de la sociedad civil, organismos internacionales e instituciones públicas, pueden tener acceso a toda la información institucional, que incluye los avances y limitaciones de la gestión, el presupuesto, el Plan de Igualdad de Oportunidades, los principales programas y proyectos que de éste se derivan, las leyes y reglamentos internos.

Otras instituciones que contribuyen a la igualdad de género en el país

El papel del Consejo de las Mujeres se complementa de manera efectiva con el funcionamiento de otras instituciones que trabajan en género. En el nivel sectorial se refuerza su acción con la creación y puesta en marcha de los mecanismos de género o de la mujer en los diferentes ministerios y entidades públicas.

A nivel territorial, los gobiernos locales también cuentan con comisiones de la mujer o de género, institucionalizadas en su mayoría en las direcciones de planificación o de desarrollo. Actualmente 18 gobiernos municipales y 5 gobiernos provinciales cuentan con mecanismos de género.

A finales de la década de los 90 se creó la Defensoría del Pueblo que en un inicio tenía una Defensoría Adjunta de la Mujer, en el marco de la cual se desarrollaron mecanismos de exigibilidad de derechos frente a actos de discriminación, exclusión o sexismo en contra de las mujeres por parte de los organismos públicos. Posteriormente, la Defensoría Adjunta de la Mujer fue reclasificada y actualmente se denomina Dirección Nacional de Defensa de los Derechos de la Mujer, Niñez y la Adolescencia con atribuciones un tanto limitadas, según la actual Ley Orgánica de la Defensoría.

La Dirección de la Mujer de la Defensoría del Pueblo tiene el objetivo de exigir los derechos humanos para mujeres, niños, niñas y adolescentes, de manera ágil y eficiente, de promover la cooperación interinstitucional y de difundir en la ciudadanía la vigencia de los derechos humanos.

La Dirección conoce y tramita quejas y pedidos de estos grupos vulnerables y pone sus informes a consideración de los Defensores Adjunto Primero y/o Segundo para su resolución. Esta entidad especializada participa conjuntamente con instituciones estatales y de la sociedad civil, afines en la construcción de procesos y políticas de niñez, adolescencia y de género, interviene en la vigilancia de procesos en la Función Judicial, los Juzgados de la Niñez y las instituciones públicas y privadas. También ofrece mediación en los conflictos y asesoramiento a la ciudadanía.

El área de apoyo técnico realiza un trabajo social y psicológico. Entre otras actividades hace visitas domiciliarias y elabora informes sociales, interviene en familias en crisis, disfuncionales y patológicas, realiza tareas terapéuticas orientadas a conllevar una vida de respeto a la dignidad humana sin violencia y confirma si la víctima se encuentra segura dentro de su ambiente familiar. Esta dependencia también atiende a la víctima en estado de crisis y ofrece psicoterapia individual y grupal para reforzar la autoestima a las mujeres víctimas de violencia, elabora la ficha personal con el caso denunciado y hace evaluaciones psicológicas solicitadas por la fiscalía.

Con estas acciones, se cubren ciertas preocupaciones del Comité sobre los programas de protección de víctimas de violencia contra la mujer, constantes en el párrafo 23 de sus Observaciones Finales.

En el plano legislativo, desde 1998 se crea la Comisión Especializada Permanente de la Mujer, el Niño y la Familia, que tiene como misión legislar y fiscalizar en beneficio de los derechos de las mujeres, la niñez, la juventud y la familia en general. Tal como se menciona en párrafos anteriores, dicha Comisión ha impulsado importantes proyectos de ley a favor de las mujeres.

A nivel del Ejecutivo, desde el año 2000, la Dirección Nacional de Género del Ministerio de Gobierno se encarga de coordinar el trabajo de las 32 Comisarías de la Mujer y la Familia, implementadas a nivel de todas las provincias del país, según el mandato de la Ley contra la Violencia a la Mujer y la Familia, como instancia coordinadora de todas las acciones relacionadas con las administraciones de justicia en casos de violencia intrafamiliar. Su objetivo general es promover y facilitar la ejecución de políticas, estrategias y mecanismos que tienden a generar igualdad de género y a disminuir la violencia intrafamiliar.

La Oficina de Defensa de los Derechos de la Mujeres de la Policía Nacional se encarga de dar cumplimiento a los mandatos de la Ley contra la Violencia, en el ámbito policial.

También a nivel del Ejecutivo, el Ministerio de Trabajo cuenta desde el año 2004 con una Unidad para la Equidad de Género y Jóvenes, que fiscaliza el cumplimiento de las normas laborales a favor de grupos vulnerables.

Debido a que la investigación y enjuiciamiento de los delitos sexuales requiere de personal técnico, el Ministerio Público se ha preocupado de crear unidades especializadas en violencia intrafamiliar y delitos sexuales en los tres Distritos más grandes del País: Guayas-Galápagos, Pichincha y Manabí.

Plan de Igualdad de Oportunidades PIO 2005-2009

En marzo de 2006 culminó el proceso de formulación del Plan de Igualdad de Oportunidades 2005-2009, cubriendo las preocupaciones del Comité, constantes en los párrafos 12 y 13 de sus Observaciones Finales. Su elaboración significó un esfuerzo de consulta, participación y elaboración metodológica en el que trabajaron centenares de mujeres diversas: indígenas, afroecuatorianas, campesinas, jóvenes, lesbianas, mujeres de organizaciones nacionales y regionales, trabajadoras sexuales, líderes sociales y políticas, autoridades locales y el equipo del Consejo Nacional de las Mujeres. El PIO constituye, por lo tanto, materia de exigibilidad en cada una de las instancias e instituciones encargadas del diseño, formulación y ejecución de las políticas públicas del Estado Ecuatoriano y el principal instrumento técnico-político para el Consejo Nacional de las Mujeres.

El PIO 2005-2009 está estructurado bajo cuatro ejes de derechos que sistematizan las agendas de las mujeres diversas y el enfoque de derechos que rige el Plan:

–Promoción y protección de la participación social y política, el ejercicio de la ciudadanía de las mujeres y la gobernabilidad democrática;

–Promoción y protección del derecho a una vida libre de violencia, a la paz, a la salud, a los derechos sexuales y reproductivos y al acceso a la justicia;

–Promoción y protección de los derechos culturales, interculturales, a la educación, calidad de vida y autonomía;

–Promoción y protección de los derechos económicos, ambientales, trabajo y acceso a recursos financieros y no financieros.

La importancia del Plan de Igualdad de Oportunidades radica en que permite tomar decisiones políticas al más alto nivel del Estado para movilizar los recursos humanos, económicos y técnicos necesarios a favor de la igualdad de las mujeres, niñas y jóvenes ecuatorianas de las diversas etnias y grupos sociales; por otra parte, es un pacto de igualdad del país, en el que se compromete la voluntad de la sociedad civil y del Estado para la disminución significativa en el mediano plazo y la erradicación en el largo plazo de las brechas de desigualdad que afectan la vida de las niñas, jóvenes y mujeres.

La Secretaría Técnica del Frente Social y el Consejo están haciendo de manera conjunta importantes esfuerzos para incorporar en la planificación operativa de las diferentes instituciones del sector público, el Plan de Igualdad de Oportunidades, realizando un seguimiento al gasto social desde la perspectiva de género.

El pasado mes de marzo de 2006 el Presidente de la República suscribió el Decreto Ejecutivo No. 1207-A, mediante el cual se declara el Plan de Igualdad de Oportunidades como política de Estado.

Presupuestos para la acción en género

En relación con los recursos financieros, el CONAMU alcanzó en el período 2003-2004 su objetivo de incrementar el presupuesto institucional para el año 2005, dentro del Presupuesto General del Estado, con un presupuesto fiscal de 1.700.000 dólares, de los cuales 750.000 dólares correspondían a inversión para la construcción de políticas públicas de género, alcanzando 97% de ejecución del presupuesto total.

Sin embargo, y pese a los evidentes logros en materia de rectoría de políticas públicas desarrollados en tan corto tiempo y la capacidad de inversión demostrada por el mecanismo nacional de género, el presupuesto asignado al CONAMU para el año 2006 fue reducido en un 70%, con un monto total de 200.000 dólares, lo que limitó la gestión institucional a favor de los derechos de las mujeres. Similar situación se ha dado en otras instituciones del Estado, debido a la marcada tendencia de recorte presupuestario del sector social, que fue resultado de las políticas del Ministerio de Economía, asumidas a inicios del año y a una falta de comprensión sobre la necesidad de invertir en políticas sociales.

Esta decisión presupuestaria no ha disminuido el compromiso del CONAMU y de algunas instituciones del sector público, por lo que se aspira un incremento del Presupuesto para el año 2007.

Con el objetivo de crear las condiciones para la formulación de políticas sociales y económicas para la acción en género, en octubre de 2005 el CONAMU suscribió un convenio con el Ministerio de Economía y Finanzas, la Secretaría de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo y UNIFEM para la inclusión del enfoque de género en la política fiscal. Este instrumento de política fiscal permite materializar el mandato constitucional de la transversalidad de género en el Presupuesto General del Estado, en los sistemas de inversión pública y de crédito público, incluida la cooperación no reembolsable manejada por la Subsecretaría de Crédito Público.

En el marco del Convenio, se desarrolla el proyecto denominado “Presupuestos Sensibles al Género”, que se convierte en una herramienta clave para posicionar el enfoque de género en las entidades rectoras de la política económica del país y, con ello, la reorientación de recursos para los compromisos y objetivos de igualdad de género, incluidos en el Plan de Igualdad de Oportunidades a los que el Gobierno ha declarado como política de Estado.

El proyecto fue planteado para cuatro años, comprendidos entre 2005 y 2008 y contempla cuatro componentes principales: a) sensibilización y generación de compromisos con entidades rectoras, sociedad civil, cooperación internacional y academia; b) creación y puesta en marcha de un sistema de planificación y presupuestación que considere instrumentos y criterios de género; c) acompañamiento a dos ministerios sectoriales como pilotaje presupuestario; y, d) fortalecimiento de capacidades y generación de insumos técnicos necesarios para la implementación de un sistema de planificación y presupuestación con enfoque de género.

Hasta septiembre de 2006 se establecieron importantes alianzas con el gobierno central y organizaciones de la sociedad civil para el desarrollo de acciones en torno a los Presupuestos Sensibles al Género. Igualmente se lograron incluir indicadores de género en la metodología de calificación de proyectos para financiamiento y en las directrices del Presupuesto General del Estado, para la asignación de recursos de inversión pública. Se elaboraron investigaciones acerca del tema y una guía para la elaboración de presupuestos públicos con enfoque de género. Todas estas actividades están acompañadas de diferentes procesos de capacitación organizados por el CONAMU, UNIFEM y la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, dirigidos a funcionarios públicos y académicos.

Proyecto de Ley para la Igualdad de Oportunidades

Como ya se dijo con anterioridad, el Plan de Igualdad de Oportunidades 2005-2009, que integra los enfoques de derechos y de diversidad étnica-cultural, así como las agendas locales de las mujeres y la oferta del Estado en materia de políticas públicas para la igualdad de género, es el principal instrumento técnico-político que orienta la acción del Estado Ecuatoriano en su conjunto.

Sin embargo, es importante fortalecer al conjunto de entidades que conforman la institucionalidad de género en el país, así como a todos los instrumentos técnico-políticos existentes (Pacto de Igualdad y PIO), mediante la formulación de un marco legal que ampare la existencia de estos mecanismos de promoción y protección de los derechos de las mujeres y les provea de condiciones administrativas, económicas, jurídicas y políticas sólidas para su funcionamiento y sostenibilidad.

En cumplimiento de la Recomendación del Comité, el Estado Ecuatoriano, a través del CONAMU, está impulsando desde noviembre de 2005 un proceso de elaboración participativa de la Ley para la Igualdad de Oportunidades y la Igualdad de Género. Este proceso se inició con una amplia participación de las mujeres organizadas así como de autoridades locales. El proceso de formulación y validación de la ley posibilitará la discusión sobre la representación de la diversidad, particularmente étnica de las mujeres indígenas y afroecuatorianas en el seno del Directorio del CONAMU, conforme lo sugirió también el Comité, en el párrafo 11 de sus Observaciones Finales.

El Proyecto de Ley tiene, entre otros, el objetivo de garantizar una asignación importante de recursos para la acción en género. Si bien se hacen ya importantes esfuerzos para incorporar el enfoque de género en la política fiscal, existe un alto grado de dependencia de la voluntad política de las autoridades de turno por lo que se debe garantizar mediante una ley apropiada, la sostenibilidad de las políticas de género.

Inserción del enfoque de género en políticas nacionales del sector social

El CONAMU y la Secretaría Técnica del Frente Social suscribieron en mayo de 2006 un convenio marco de cooperación con el objetivo de insertar el enfoque de género y la protección integral de los derechos de las mujeres en las políticas nacionales del sector social. Las dos instituciones trabajan en una propuesta de Plan Operativo Anual, orientado a fortalecer el Consejo Ampliado del Frente Social para la adopción y aplicación del Plan de Igualdad de Oportunidades 2005-2009 como Política de Estado, la sensibilización y capacitación sobre el enfoque de género a los actores involucrados en la construcción, implementación y evaluación de políticas sociales, la incorporación de género en los procesos de seguimiento de la planificación, programación y presupuestación del sector social que realiza la Secretaría y el desarrollo de mecanismos de generación de conocimiento e información estratégica, a fin de detectar las desigualdades de género en todos los ámbitos de la sociedad y avanzar hacia el cumplimiento integral de los derechos de las mujeres.

Información estadística y estratégica

La recopilación de información estadística desagregada por sexo y la elaboración de indicadores cuantitativos y cualitativos que den cuenta de las brechas de género y posibiliten el análisis y la evaluación de las políticas económicas y sociales, desde un enfoque de género, ha sido otro de los esfuerzos importantes realizados por el Estado Parte y que cubre, como ya se dijo antes, la preocupación del Comité, constante en los párrafos 36 y 37 de sus Observaciones Finales.

El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos ha asumido en forma decidida la producción y análisis de información estratégica para la identificación de la desigualdad de género.

De igual manera, la Secretaría Técnica del Frente Social, a través de la Unidad de Información y Análisis, ha hecho importantes esfuerzos por mantener y alimentar el Sistema Integrado de Indicadores Sociales del Ecuador, en el cual se han desarrollado varios sistemas asociados, entre los que se destacan SIMUJERES y SINIÑEZ. SIMUJERES ha facilitado la identificación de áreas críticas para focalizar políticas relacionadas con la situación de las mujeres y las desigualdades de género, pues es una herramienta que visualiza a las mujeres como sujetos de la acción colectiva y permite analizar causas y efectos de las desigualdades en tres áreas temáticas: espacio privado, público y bienestar-igualdad social.

Como fruto de la alianza estratégica entre el INEC y el CONAMU, se publicó en 2005 el libro “Mujeres y Hombres del Ecuador en Cifras II”. Esta publicación contiene toda la información estadística que se posee sobre la situación de los hombres y las mujeres en el Ecuador e incluye indicadores cantonales, lo que permite establecer prioridades poblacionales y territoriales. La restricción es que está basado en el censo de 2001.

En diciembre de 2005 se llevó a cabo la primera Encuesta de Uso del Tiempo en el Ecuador en las provincias de Esmeraldas, Chimborazo y Pichincha. Esta encuesta se hizo como un módulo de la Encuesta de Empleo, Subempleo y Desempleo, con el objetivo de contar con información sobre la forma diferenciada en que mujeres y hombres ocupan el tiempo y las actividades que realizan en los ámbitos productivo y social y visualizar así el aporte de las mujeres a la economía.

Mecanismos institucionales y jurídicos para la erradicación, prevención y sanción de la violencia de género

Desde 1995, año en se que aprobó la Ley contra la Violencia a la Mujer y la Familia (Ley 103) se han dado importantes avances en el país, en la institucionalización de políticas públicas de prevención, erradicación y sanción de la violencia intrafamiliar y de género.

En marzo de 2000, en el marco del proceso de reestructuración del Ministerio de Gobierno y Policía, se creó la Dirección Nacional de Comisarías de la Mujer y la Familia. En agosto de 2002 se transforma en la Dirección Nacional de Género, mediante Acuerdo Ministerial.

La Dirección formula políticas, en coordinación con el CONAMU, tendientes a lograr la disminución de la violencia intrafamiliar en el país y la igualdad de género en las unidades centrales y adscritas al Ministerio de Gobierno. Es decir, es responsable de coordinar la labor y realizar el control de las Comisarías de la Mujer y la Familia y dependencias que tengan que ver con esta competencia: Intendencias, Subintendencias, Comisarías de Policía y Tenencias Políticas, en los lugares donde no funcionan las Comisarías.

La primera Comisaría de la Mujer se creó en 1994, actualmente existen en el Ecuador 32 Comisarías de la Mujer y la Familia. La demanda para crear nuevas comisarías en otras ciudades del país es muy grande, principalmente en cantones de población significativa como es el caso de Guayaquil (puerto principal del país) o como el caso de Sucumbíos, provincia de la frontera norte en la que la violencia se ha agudizado en los últimos años, por ser zona petrolera y por su cercanía con Colombia, en donde los desplazamientos de la población de los conflictos armados son parte de la cotidianidad de sus habitantes.

Una de las estrategias para la lucha contra la violencia de género en el país es generar alianzas que permitan desde lo local articular los servicios de atención a víctimas de violencia y en el ámbito nacional incidir en las políticas públicas, reforzando así los servicios de las Comisarías de la Mujer. Para ello se han creado la “Mesa de Incidencia Política para la Prevención y Erradicación de la Violencia Sexual” y “la Mesa Nacional Técnica para la Prevención y Erradicación de la Violencia Sexual”.

El propósito de la Mesa de Incidencia Política es posicionar políticamente la problemática de la violencia en los diferentes espacios de decisión pública, para contar con presupuestos suficientes y oportunos, generar nueva legislación o reformas que protejan y promuevan los derechos de las mujeres, particularmente el derecho a una vida libre de violencia.

La Mesa política está conformada por instituciones públicas como: CONAMU, la Oficina de la Mujer de la Policía Nacional, la Dirección de la Mujer de la Defensoría del Pueblo, la Fiscalía y la Dirección de Género del Ministerio de Gobierno. También participan ONG especializadas en violencia, tales como el Centro Ecuatoriano de Promoción y Acción a favor de la Mujer y agencias de cooperación internacional como Fondo de Desarrollo de las Naciones Unidas para la Mujer, Fondo de Población de las Naciones Unidas y Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia.

La Mesa técnica constituye un importante espacio de debate y de formulación de propuestas especializadas para la construcción de políticas públicas para la prevención y erradicación de la violencia. En el marco de esta mesa se ha planteado la necesidad de formular, a mediano plazo, un Plan Nacional de Erradicación de la Violencia de Género.

Como ya se dijo con anterioridad, la reforma al Código Penal de junio de 2005 incorporó nuevos delitos como explotación sexual, pornografía infantil, tráfico y trata de personas. Sin embargo, todavía estamos en deuda con las mujeres ecuatorianas en materia penal: la violencia contra las mujeres es considerada todavía como contravención y no como delito.

A fin de atender la preocupación del Comité, expresada en los párrafos 22 y 23 de sus Observaciones Finales, y como una estrategia para la correcta aplicación de la Ley contra la Violencia a la Mujer y la Familia, se ha puesto énfasis en la elaboración de normativa que apoye la aplicación efectiva de la Ley 103. En este contexto, se expidió el Reglamento de la Ley sobre Violencia Contra la Mujer y la Familia, así como un Manual de Aplicación para los administradores de justicia.

El Reglamento a la Ley fue trabajado por diversas instituciones relacionadas con el tema, como son: la Comisión de la Mujer y la Familia del Congreso Nacional, el Ministerio Público, la Defensoría del Pueblo, la Dirección Nacional de Género del Ministerio de Gobierno, las Comisarías de la Mujer y la Familia, la Oficina de Defensa de los Derechos de la Mujer de la Policía Nacional, así como también varias ONG y contrapartes de las Comisarías.

El proceso de elaboración del Reglamento tuvo gran importancia, pues fue incorporando la experiencia surgida de la aplicación de la Ley en las propias Comisarías. El Reglamento General a la Ley contra la Violencia a la Mujer y la Familia fue expedido el 18 de agosto de 2004 y publicado en el Registro Oficial No. 411 del 1º de Septiembre del mismo año.

De igual manera, se aprobó el Manual de Procedimientos para la aplicación de la Ley y su Reglamento General, mediante Acuerdo Ministerial No. 298 del Ministerio de Gobierno y Policía del año 2005. El Manual fue elaborado participativamente con la Dirección Nacional de Género del Ministerio y varias organizaciones de la sociedad civil.

El Manual ha sido difundido ampliamente por medio de la DINAGE y el CONAMU. Paralelamente se están haciendo cursos de capacitación a Jueces, Juezas y Comisarias de la Mujer y la Familia, que tienen competencia para conocer los casos de violencia física, psicológica o sexual y a agentes de la Policía Nacional.

En el año 2002, el Ministerio Público aprobó los Protocolos Médico Legales para la aplicación de peritajes en casos de violencia física y sexual. En 2003, se creó en el Ministerio Público el Comité de Género, como parte del proceso de institucionalización del enfoque de género en la aplicación de la justicia en el país. En 2006 se conformó la Red Nacional de Mujeres Fiscales.

Erradicación de los Delitos Sexuales en el Ámbito Educativo

Desde finales de 2005 y en el primer semestre de 2006, se llevó a cabo un proceso intenso de capacitación, dirigido a funcionarios/as de las Direcciones Provinciales del Ministerio de Educación sobre el Acuerdo Ministerial 3393, que prevé un conjunto de mecanismos para la Erradicación del Delito Sexual en el Ámbito Educativo.

El Estado ha hecho importantes esfuerzos para la formulación participativa del Plan Nacional de Prevención y Erradicación del Delito Sexual en el Ámbito Educativo, política que convoca al Ministerio de Educación como actor central, así como al Consejo Nacional de la Niñez y de la Adolescencia, al Ministerio de Salud, a la Comisión de la Mujer, el Niño y la Familia del Congreso Nacional, al Instituto Nacional del Niño y la Familia, al Ministerio Público, a la Policía Especializada de Niñez y Adolescencia, al Foro de la Niñez y a la Unión Nacional de Educadores, para implementar los programas y proyectos necesarios para la erradicación de los delitos sexuales.

Combate a la trata y a la explotación sexual de mujeres y niñas

En el año 2004 se creó, mediante Decreto Presidencial, una Comisión para la elaboración del “Plan Nacional para combatir el plagio de personas, el tráfico ilegal de migrantes, la explotación sexual y laboral y otros modos de explotación y prostitución de mujeres, niños, niñas y adolescentes, la pornografía infantil y la corrupción de menores”.

En abril de 2006 se concretó la elaboración de dicho Plan, cuyo objetivo es promover acciones integrales y coordinadas entre las diferentes instituciones del Estado, de la sociedad civil y organismos internacionales, tendientes a reconocer la existencia y consecuencias de los delitos de explotación sexual comercial infantil, prostitución forzada de mujeres, plagio, tráfico y trata de personas; construir y poner en marcha sistemas especializados para combatir dichos males e implementar el marco jurídico internacional en la normativa nacional, de manera que las mujeres, niñas, niños y adolescentes víctimas, o en riesgo de serlo, gocen de garantías para la atención, protección y restitución de sus derechos.

Actualmente, la Comisión está diseñando los mecanismos adecuados de implementación del Plan. Ello implica aprobar un nuevo Decreto Ejecutivo mediante el cual se formaliza la creación de la Comisión Interinstitucional y de la Secretaría Técnica, definiendo los roles de cada una de las instituciones que hacen parte de estas instancias y que ya han venido funcionado desde 2004.

De igual manera, las instituciones que conforman la Comisión Interinstitucional tienen el compromiso de ubicar en sus respectivos Planes Operativos Anuales las actividades previstas en el Plan Nacional, con el objeto de que el Ministerio de Economía y Finanzas realice las asignaciones de recursos en función de este programa prioritario, a fin de garantizar su plena aplicación en 2007.

Protección de Víctimas de Violencia Sexual

El pasado mes de abril de 2006 se creó formalmente el Programa de Protección de Víctimas de Violencia Sexual en el Fondo Promujeres, que permitirá financiar diversos programas y proyectos como la construcción de casas refugio, investigaciones, campañas de sensibilización y educación, proyectos de nueva legislación y reforma, programas de protección de víctimas y testigos. En mayo del mismo año se realizó el lanzamiento de la Campaña de Recaudación de Fondos Creciendo Libres de Violencia de Género.

Erradicación de la violencia a nivel local

La erradicación de la violencia de género ha sido una de las principales actividades de los gobiernos locales. Se han fortalecido redes interinstitucionales de protección a víctimas de violencia sexual y se han formulado planes cantonales para la erradicación de la explotación sexual en Lago Agrio y Manta.

En el marco del Plan Cantonal de Erradicación de la Violencia en Guayaquil, con el apoyo técnico de la ONG Centro para la Protección de la Mujer, se levantó la Ruta de Denuncia de niños, niñas y adolescentes víctimas de violencia sexual y se sistematizó casos paradigmáticos así como las experiencias de redes de atención.

El Municipio de Quito lleva adelante una exitosa experiencia de atención en violencia desde 2000, que nació en la Asamblea Cantonal de Mujeres con un plan operativo que hace parte del Plan de Desarrollo Quito Siglo XXI. Posteriormente se emitió la Ordenanza Municipal 042, que reconoce la violencia como un problema social y de salud pública y que fue la base para crear las unidades de prevención de la violencia intrafamiliar en cada una de las ocho administraciones zonales del Municipio de Quito. Estas unidades se agrupan en la Unidad de Atención y Prevención de la Violencia de Género y Maltrato Infantil de la Dirección de Seguridad Ciudadana. Al estar integrada la Unidad a la Dirección de Seguridad Ciudadana, se asegura la sostenibilidad económica de los servicios, ya que la ciudadanía al pagar una tasa por seguridad al Municipio está posibilitando financiar servicios que son gratuitos.

Para complementar el sistema de atención de la violencia y evitar la revictimización de las mujeres en el proceso de denuncia, se crearon los Centros de Equidad y Justicia, en los cuales se brindan servicios por varias instituciones vinculadas a esta problemática: Fiscalía, Policía Judicial, Comisaría de la Mujer, Oficina de los Derechos de la Mujer de la Policía Nacional y la Dirección Nacional de Policía Especializada en la Niñez. En los Centros se brindan servicios de mediación de conflictos (no para casos de violencia de género y abuso sexual) y otras áreas, con un equipo técnico de profesionales en varias ramas. La Asociación de Mujeres de los Municipios del Ecuador está haciendo importantes esfuerzos para que otros municipios conozcan la experiencia y puedan replicarla.

Información sobre violencia de género

Es importante informar que el Estado Ecuatoriano ha invertido importantes esfuerzos y recursos en la sistematización y difusión de información estadística sobre la problemática de la violencia de género.

A solicitud del CONAMU, el Centro de Estudios de Población y Desarrollo Social incluyó en la quinta encuesta demográfica y de salud materna e infantil, ENDEMAIN de 2004, un módulo sobre violencia contra la mujer en el que se recogieron las experiencias y recomendaciones de ONG especializadas.

El CEPAR, en alianza con UNFPA, UNIFEM y el CONAMU, realizó en mayo de 2006 el lanzamiento de la publicación “Violencia contra la Mujer” que recoge los resultados del módulo de violencia de la encuesta ENDEMAIN 2004 y adicionalmente sistematiza el marco legal de protección de los derechos de las mujeres.

En el marco de esta cooperación se llevaron a cabo talleres de difusión de los resultados de la encuesta en las tres ciudades más grandes del país: Quito, Guayaquil y Cuenca.

En la ciudad de Quito el Observatorio de Seguridad Ciudadana del Municipio recoge información sobre violencia intrafamiliar y de género. A partir de la constatación de las deficiencias en la producción de información sobre violencia, se diseñaron estrategias de acción a nivel local como el mejoramiento de los mecanismos de denuncia y de medidas orientadas a proteger a las víctimas y la inclusión de esta problemática en la agenda pública de seguridad ciudadana.

Artículo cuatroMedidas especiales temporales

Como se dijo con anterioridad, el Plan de Igualdad de Oportunidades es la política oficial para acelerar la igualdad de facto de las mujeres. Su implementación es la principal medida para lograrla al menos en sus ejes prioritarios.

Para garantizar la participación femenina en elecciones públicas y como una medida de acción afirmativa se aprobó la Ley de Amparo Laboral (1996) y posteriormente la Ley de Cuotas (2000). Esta última introdujo reformas a la Ley de Elecciones, estableciendo la obligatoriedad de incluir porcentajes mínimos de mujeres en listas pluripersonales en forma alternada y secuencial, como mecanismo para mejorar la participación de las mujeres. La reforma establece un mínimo de un 20% de mujeres en la administración de justicia y en listas de candidaturas para elecciones populares.

A partir de las elecciones de 2000 se debió aplicar esta reforma con una fórmula de cuotas que incorpora la participación progresiva y alternada del 5% de mujeres en cada proceso electoral hasta llegar a la paridad. Hubo incumplimiento de esta Ley en las elecciones de 2002, porque el Tribunal Supremo Electoral expidió un Reglamento cuyo artículo 40 era interpretativo de la reforma y aplicaba la legislación anterior. Las organizaciones de mujeres plantearon un juicio político al Presidente del TSE sin resultado favorable, pero la demanda de inconstitucionalidad sí fue acogida por el Tribunal Constitucional.

En las elecciones d2004, el Tribunal Electoral emite una nueva disposición contraria a la aplicación de la alternabilidad y secuencia prevista en la Ley de Cuotas. Pese a ello, en la práctica se incrementó el número de candidaturas femeninas y por tanto su elección. Sin embargo, no hubo por parte del organismo electoral ninguna amonestación a los partidos y movimientos políticos que incumplieron con la Ley. Los resultados sobre la aplicación de la Ley de Cuotas en el último proceso electoral (octubre 2006) constan en el presente informe, en el marco del Artículo 7 de la Convención.

Como se señala anteriormente, la Ley de Amparo Laboral también prevé la participación de al menos un 20% de mujeres en la Administración de Justicia. Estos mínimos aún no se cumplen en todas las judicaturas.

Si bien los organismos internacionales han calificado como exitoso y transparente el reciente proceso de selección de los magistrados de la nueva Corte Suprema de Justicia, se han encontrado dificultades para cumplir con ciertas acciones afirmativas a favor de las mujeres. Así, pese a que el Comité de Calificación de los candidatos se pronunció a favor de la aplicación de una acción afirmativa, apenas dos magistradas entre 31 fueron electas. También hubo dificultades en ese sentido en las posteriores conformaciones del Tribunal Constitucional y del Consejo Nacional de la Judicatura.

Artículo cincoModificación de los roles y estereotipos sexuales

Con el fin de cubrir las preocupaciones del Comité, constantes en los párrafos 32 y 33 de sus Observaciones Finales, a continuación se destacan programas impulsados por el Estado para eliminar los estereotipos de género.

Formación en género para comunicadores/as

Los medios de comunicación ocupan un papel fundamental en la formación de los patrones socioculturales. Con el propósito de promover cambios en los imaginarios colectivos sobre la mujer, la violencia y la discriminación, el Estado, a través del CONAMU, inició un proceso de incidencia en los medios de comunicación con la realización de un taller sobre género para comunicadores sociales de Quito y Guayaquil.

En dicho evento se impartieron conocimientos sobre comunicación no sexista, con el propósito de que los medios identifiquen la discriminación contra las mujeres y se haga un manejo más responsable, con una visión de derechos de la información que se publica sobre la mujer. Esta experiencia se replicará durante 2007 con periodistas de otras ciudades del país, con la perspectiva de formar una red de comunicadores sensibles al género.

También se formó una red de productores/as radiales en el ámbito local (provincias de El Oro, Chimborazo y Sucumbíos) para el control ciudadano de los mensajes publicitarios sexistas y se firmó un convenio con el Centro Ecuatoriano de Promoción y Acción a favor de la Mujer de Guayaquil para la generación de opinión pública en torno a la problemática de la violencia sexual.

En este ámbito otras organizaciones de la sociedad civil como CEPLAES y CECIM (Comité Ecuatoriano de la Comisión Interamericana de Mujeres) en Quito y Fundación GAMMA (Grupo de Apoyo a las Mujeres del Azuay) en Cuenca han tenido interesantes experiencias.

Vigilancia ciudadana a los medios de comunicación

En cuanto a la vigilancia de los medios de comunicación como instrumentos que reproducen los estereotipos y los patrones discriminatorios, existe una experiencia exitosa a nivel local. El 23 de junio del año 2004 se constituyó el Observatorio Ciudadano de la Comunicación por iniciativa del primer Plan de Igualdad de Oportunidades de la ciudad de Cuenca.

El PIO Cuenca fue elaborado de manera participativa entre la Municipalidad de Cuenca y la ciudadanía bajo el liderazgo y trabajo del movimiento de mujeres. En este marco nace el Observatorio, como una de las estrategias adoptadas para construir igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, igualdad que redunda no sólo en el ejercicio de los derechos de las mujeres sino en el desarrollo del Cantón Cuenca.

El Observatorio está coordinado por el equipo técnico de la organización de mujeres GAMMA (Grupo de Apoyo al Movimiento de Mujeres del Azuay) de Cuenca y concebido como un foro ciudadano en el que todas y todos los ciudadanos participan para exigir y promover la producción de mensajes mediáticos que aporten en el desarrollo de una sociedad equitativa y solidaria, con el objetivo de incidir en las políticas de estos medios, mediante la generación de espacios de participación, movilización y presión ciudadanas, con el propósito de exigir productos comunicacionales de calidad y constructivos.

El espacio del Observatorio nació para contrarrestar el poder que han adquirido los medios en la era de la globalización, mediante la denuncia de los contenidos que violan los derechos humanos, la convivencia democrática y la igualdad.

El Observatorio es un espacio que recibe denuncias de mensajes que reproducen y refuerzan las desigualdades de género. La ciudadanía puede comunicarse con cualquiera de los Centros de Enlace del Observatorio para exponer su punto de vista. En estos Centros se receptan las denuncias sobre aquellos mensajes que se consideren sexistas y/o agresivos, así como el reconocimiento ciudadano hacia los mensajes que aportan en la construcción de la igualdad social y de género.

Para alcanzar los objetivos de la propuesta, el Observatorio cada año reconoce y sanciona públicamente a los mensajes mediáticos (en este caso publicitarios), tomando en cuenta el aporte o las limitaciones para la construcción de una sociedad con igualdad de género.

Otra experiencia local importante es la que lleva a cabo un grupo de organizaciones de mujeres del sur del país que organizan desde 1994 el concurso Mujer, Imagen y Testimonios. El concurso fue nacional hasta 1999 y a partir del año 2000 se ha convertido en un evento regional con la participación de escritores, escritoras y fotógrafos de los países andinos (Perú, Bolivia, Colombia y Ecuador).

Difusión de los derechos de las mujeres

Por medio del Centro de Donaciones y del Centro de Documentación e Información del Consejo Nacional de las Mujeres se distribuyen materiales sobre los derechos de las mujeres para la información, difusión y promoción al público en general, que incluye escuelas, colegios, universidades, organizaciones no gubernamentales y medios de comunicación.

En el año 2006 se reprodujeron 10.000 paquetes de convenios internacionales y regionales de derechos de las mujeres, tales como la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, el Protocolo Facultativo de la Convención, la Declaración y Programa de Acción de Viena y la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, Convención Belém do Pará.

Se difunden también de manera gratuita la Ley contra la Violencia a la Mujer y la Familia, Ley 103, el Manual de Procedimientos para la aplicación de la Ley contra la Violencia a la Mujer y la Familia y su Reglamento General, folletos sobre mujeres ecuatorianas y derechos constitucionales, trípticos sobre el Consejo y sus servicios (asesoría legal, Centro de Donaciones, Biblioteca de consulta) y, en general, material institucional.

Artículo SeisErradicación de la explotación sexual y la prostitución

Como se dijo en la información relacionada con el artículo 2 de la Convención, en junio de 2005 se aprobaron las reformas al Código Penal que incorporaron los delitos de explotación sexual contra menores de edad, pornografía infantil, trata de personas, tráfico de migrantes y tráfico de órganos, entre otros.

En el mes de agosto de 2006 se aprobó por unanimidad en el Congreso Nacional la Ley Interpretativa a dichas reformas, mediante la cual se aclara que el atentado contra el pudor no ha sido derogado ni despenalizado con las reformas que se hicieron al Código Penal en junio de 2005.

La aprobación de esta Ley permite que los jueces y fiscales actúen apegados a derecho y sancionen a personas que cometen delitos sexuales contra las niñas, niños y adolescentes.

La Ley Interpretativa establece que “los elementos constitutivos de las conductas que estuvieron tipificadas hasta el 22 de junio de 2005 en los artículos 505, 506 y 507 del Código Penal, que sancionaban los actos ejecutados en contra de la integridad sexual de las personas menores de edad, pero sin acceso carnal, consideradas como atentado al pudor, no han sido eliminadas y están subsumidas en el artículo que se interpreta, desde que éste se encuentra en vigencia”.

Adicionalmente, se determina que las palabras “someta” y “obligarla”, que contiene este artículo, se entenderán como actos momentáneos o permanentes para doblegar la voluntad de la víctima y/o como la realización de acciones con las que se pretende conseguir o se consiga, mediante violencia física, amenazas o cualquier forma de inducción, dirigida a que una persona menor de 18 años de edad o discapacitada, acepte, obedezca o realice los actos de naturaleza sexual, sin que exista acceso carnal, sea en el propio cuerpo de la víctima, en el cuerpo de un tercero o en el cuerpo del sujeto activo.

Las personas que sometan a un menor de 18 años de edad o con discapacidad, a realizar actos de naturaleza sexual, sin que exista acceso carnal, serán castigados con reclusión mayor ordinaria, de cuatro a ocho años, sanción que fue endurecida desde junio de 2005 para proteger a las víctimas.

Explotación sexual y pornografía de mujeres, niños, niñas y adolescentes

En los últimos dos años en el Ecuador se ha registrado un alto número de casos de pornografía infantil, sobre todo por medio del Internet.

El caso del Colegio Máster de Quito es uno de los más graves que salió a la luz pública. En febrero 2006 se realizaron detenciones después de que dos colaboradores del colegio grabaron a alumnas entre 12 y 19 años. La Agente Fiscal de la Unidad de Delitos Sexuales y el Comité de Vigilancia Nacional están a cargo del caso.

El Comité de Vigilancia Nacional en coordinación con el Consejo Cantonal de la Niñez y la Junta de Protección de Derechos de Pichincha iniciaron los procesos de capacitación, investigación y seguimiento en el caso del Colegio Máster. Se realizaron también actividades de apoyo para cambiar a las víctimas a otros colegios y el cambio de casa de las familias. Dentro del Programa de Víctimas y Testigos de la Fiscalía General igualmente se iniciaron actividades de protección y apoyo integral a las víctimas del abuso sexual de este caso. El Programa Nacional de Educación de la Sexualidad y el Amor del Ministerio de Educación por su parte está realizando capacitaciones en el Colegio Máster a los alumnos y alumnas, las autoridades, padres, madres y profesores.

El Ministerio de Educación, conjuntamente con el CONAMU y el Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia, impulsan el establecimiento del Comité de Vigilancia en algunos cantones, como parte de un proyecto piloto (Cotacachi, Cuenca y Manta), con el objeto de implementar, en el mediano plazo, el sistema integral de vigilancia y tratamiento de los delitos sexuales en el ámbito de la educación en todos los cantones del país y aplicar las disposiciones del Plan de Igualdad de Oportunidades de 2005-2009, dirigidas a vigilar el cumplimiento de los derechos de los niños, niñas y adolescentes.

A fin de cubrir las inquietudes del Comité, constantes en los párrafos 16 y 17 de sus Observaciones Finales, es importante mencionar la cooperación del Estado con el UNICEF para la ejecución de un proyecto en frontera norte que busca paliar los efectos del desplazamiento provocado por el conflicto armado en Colombia, principalmente relacionados con la explotación sexual que viven mujeres, niñas y niños en las provincias de esa zona del país. Para ello se firmó un convenio entre el CONAMU y el UNICEF a través del cual se desarrollan acciones estratégicas que se enmarcan en el “Plan Nacional para combatir el Plagio de Personas, Tráfico Ilegal de Migrantes, Explotación Sexual, Laboral y otros modos de explotación y prostitución de mujeres, niños, niñas, y adolescentes, pornografía infantil y corrupción de menores”.

La cooperación se inició en el año 2005 y de acuerdo al Plan Operativo se coordinan actividades para difundir información a la sociedad civil y medios de comunicación, para contribuir a un cambio de los patrones socioculturales que perennizan la explotación sexual; se realizan también investigaciones y procesos sostenibles de educación ciudadana, generados en conjunto con los gobiernos locales y otros actores clave. Igualmente se fortalecerán los gobiernos locales y redes sociales mediante la capacitación sobre atención integral y restitución y ejercicio de derechos y la reintegración social de niños, niñas y adolescentes, víctimas de explotación sexual.

Las mencionadas actividades se realizan en los cantones de Eloy Alfaro y San Lorenzo de la provincia fronteriza de Esmeraldas y en el cantón de Lago Agrio en la provincia fronteriza de Sucumbíos.

Es igualmente importante mencionar que en el año 2005 se logró reformar la Ley de Maternidad Gratuita y Atención a la Infancia en su artículo 1, para eliminar la palabra “Ecuatoriana” y lograr así la inclusión de las mujeres migrantes, refugiadas y desplazadas en la aplicación de la mencionada ley, con lo que se garantiza el acceso a servicios de atención de la salud sexual y reproductiva durante toda su vida.

Artículo sieteParticipación política de las mujeres

Con el fin de cubrir las inquietudes del Comité, constantes en los párrafos 34 y 35 de sus Observaciones Finales, el Estado informa que la participación política de las mujeres en el Ecuador cuenta con un importante instrumento legal desde 2000. En ese año se aprobó la Ley de Cuotas, norma de acción positiva para garantizar el acceso de las mujeres al ámbito político.

El art. 58 de la Ley de Cuotas establece de forma expresa que “las listas de candidaturas para elecciones pluripersonales deberán presentarse con al menos el 30% de mujeres entre las principales y el 30% entre las suplentes; en forma alternada y secuencial, porcentaje que se incrementará en cada proceso electoral general, en un 5% adicional hasta llegar a la igualdad en la representación”.

La Constitución señala en su artículo 102 que “el Estado promoverá y garantizará la participación igualitaria de mujeres y hombres como candidatos en los procesos de elección popular, en las instancias de dirección y decisión en el ámbito público, en la administración de justicia, en los organismos de control y en los partidos políticos”. Sin embargo, aún las mujeres no alcanzan los niveles de participación deseados.

El Tribunal Supremo Electoral ha emitido instructivos, reglamentos y disposiciones que, en opinión de las organizaciones de mujeres, violentan los principios de igualdad, expresamente contemplados en la Constitución y leyes secundarias.

En el actual proceso electoral (2006) las organizaciones de mujeres y otras ONG, vinculadas al tema de la participación política de ciudadanos y ciudadanas, han hecho una intensa labor insistiendo en la correcta observancia del derecho de las mujeres a ser elegidas a través del cumplimiento de la cuota electoral mínima de mujeres en las listas pluripersonales de forma alternada y secuencial con los varones.

Sin embargo, el Tribunal Supremo Electoral resolvió el pasado 5 de julio de 2006 dejar en libertad a los partidos y movimientos políticos para establecer la alternabilidad y secuencia entre hombres y mujeres, en la conformación de las listas pluripersonales, contrariando la Ley Orgánica de Elecciones.

Frente a ello, el CONAMU, con el apoyo de las organizaciones de mujeres, interpuso el 12 de julio del presente año, un pedido de rectificación al Tribunal y planteó una propuesta de Reglamento General a la Ley de Elecciones, en la que se establece que para cumplir con la alternatividad y secuencia, las listas pluripersonales deben conformarse con la ubicación intercalada de un hombre y una mujer, o viceversa, desde el encabezamiento de la lista, hasta el cumplimiento de la cuota.

Por su parte, la organización no gubernamental Participación Ciudadana, solicitó al Tribunal la rectificación inmediata de la resolución y una reglamentación adecuada. Hicieron lo mismo otras organizaciones, entre ellas la Asamblea de Mujeres de Quito, el Foro de la Mujer y otras organizaciones. Asimismo, el movimiento político Red Ética y Democracia impugnó la decisión del organismo electoral.

Tras el pedido de las organizaciones de mujeres, el Tribunal Constitucional ordenó el 9 de agosto al Tribunal Supremo Electoral acatar la resolución del pleno, emitida el 22 de noviembre de 2002, en la que se ordena cumplir estrictamente la Ley de Cuotas, y le dio un plazo de 72 horas para su acatamiento.

Una vez que concluyó la inscripción de las candidaturas, las organizaciones de mujeres solicitaron al Tribunal Electoral de Pichincha las listas de los candidatos y candidatas a todas las dignidades de la provincia para revisar el cumplimiento de la alternabilidad y secuencia. Se constató que la norma no fue respetada. Este proceso se dio en diferentes provincias del país. Sin embargo, se constató también que hubo una mayor cantidad de candidaturas femeninas en varias listas que en anteriores procesos y que lograron el apoyo popular en las últimas elecciones.

Las mujeres en la Corte Suprema

La restitución de la paz social y la confianza de los(as) ciudadanos(as) en la institucionalidad pública tuvo su más importante reto en la designación de la Corte Suprema de Justicia. Siendo ésta la máxima instancia de la administración de justicia del país y en el entendido de que existen las garantías constitucionales y legales para la representación de las mujeres en su seno, el CONAMU junto con diversas organizaciones de mujeres establecieron una estrategia para posicionar y hacer efectivos los derechos de representación mediante acciones afirmativas.

Las estrategias fueron concebidas para afrontar la discriminación implícita en un sistema donde la “meritocracia” explícita del concurso de merecimientos de la Comisión de Calificación, profundizaba las brechas de discriminación de las mujeres y, por tanto, su exclusión de la Corte.

Gracias a la tenacidad de las organizaciones de mujeres y del apoyo del CONAMU, se logró que se acepte reglamentar la aplicación de una cuota del 20% de mujeres en la conformación de la Corte Suprema de Justicia. Sin embargo, el ex Presidente de la Comisión de Calificación, con el apoyo de los integrantes varones, contrariando los acuerdos y sus propias resoluciones, resolvieron volver al esquema inicial de la selección por mejores puntuaciones, de manera que sólo dos mujeres fueron nombradas magistradas.

La Asamblea de Mujeres de Quito, el Foro de Mujeres por la Seguridad Jurídica de Guayaquil, la Asociación de Mujeres Juezas del Ecuador, la Asociación de Mujeres Abogadas del Ecuador, la Coordinadora Política de Mujeres, el Foro Nacional Permanente de la Mujer Ecuatoriana, el CECIM, entre otras organizaciones, con el apoyo técnico-político de la Fundación Equidad y Desarrollo y del CONAMU, como mecanismo nacional de género, sostuvieron este proceso.

El apoyo decidido de los observadores internacionales de la Organización de Estados Americanos, de las Naciones Unidas y de la Comunidad Andina fue sustancial al momento de incidir para lograr un cambio en la visión de la Comisión de Calificación de la Corte Suprema de Justicia, haciendo énfasis en los derechos de las mujeres constitucionalmente protegidos y en la aplicación de las Convenciones y Tratados Internacionales.

Sin duda alguna este hecho servirá como precedente para la aplicación de acciones afirmativas y cuota mínima en los procesos de selección y designación del Consejo de la Judicatura, Tribunal Constitucional, vacantes de Cortes Superiores y Juzgados. Sin embargo, esto depende de que el sistema de justicia en su conjunto logre total independencia de los partidos políticos, respetando principios de transparencia, imparcialidad e igualdad.

Otros espacios de decisión

La participación de las mujeres en los organismos de dirección política y económica se ha ido consolidando. La Comisión Cívica de Control de la Corrupción, creada en 1998, por ley, está integrada por una mujer representante de organizaciones de mujeres del país. Por su parte el Servicio de Rentas Internas, ha tenido por varios años como titular a una mujer. De igual forma, la Agencia de Garantía de Depósitos, entidad creada para desarrollar el proceso de saneamiento bancario, ha estado dirigida en más de una ocasión por mujeres. La Fiscalía General de la Nación también ha estado dirigida en los últimos años por mujeres, de manera consecutiva.

En las tres ramas de las Fuerzas Armadas así como en la Policía Nacional se puede constatar una incorporación progresiva de mujeres en diferentes niveles, sin embargo todavía no están ubicadas en cargos de alto rango. Así, en las Fuerzas Armadas se tiene la siguiente distribución femenina: en la Fuerza Terrestre, trabajan 56 oficiales mujeres, en los rangos de Capitán, Teniente y Subteniente; en la Fuerza Naval, trabajan 79 mujeres, de las cuales 50 son oficiales y 29 de tropa y, en la Fuerza Aérea, 30 oficiales mujeres. En la Policía Nacional se cuenta con el trabajo de 2.115 mujeres, de las cuales, 225 son oficiales y 1.890 personal de tropa.

En el Ejecutivo, durante el período que se reporta, se han designado varias mujeres Ministras de Estado, en los consecutivos gobiernos. Para el Gobierno que iniciará funciones en el año 2007, de las 18 Carteras de Estado, se han nombrado ocho Ministras en diferentes ramas, incluidas la de Defensa Nacional y de Relaciones Exteriores.

Sin embargo, aún falta el acceso a mujeres en la dirección de otros organismos de control como el Tribunal Constitucional, la Procuraduría General y la Contraloría General del Estado, instituciones cuyos miembros son electos por el Congreso Nacional.

Las agendas de las mujeres diversas

El posicionamiento y fortalecimiento de los derechos humanos de las mujeres en el Ecuador requiere de la construcción de propuestas claras frente a los temas de mayor preocupación del país y de discusión y consenso de sus propias prioridades como movimiento.

Esto ha significado para el Estado, a través del CONAMU, invertir todos los recursos financieros y técnicos necesarios para apoyar a las diferentes organizaciones de mujeres a construir sus agendas políticas. Las agendas han sido formuladas en procesos participativos y responden a demandas territoriales (nivel nacional, regional y local) y por la especificidad del grupo al que pertenecen (mujeres indígenas, afro descendientes, jóvenes, migrantes, lesbianas, trabajadoras sexuales).

En agosto pasado se elaboró la Agenda de las Mujeres Diversas del Ecuador en un evento en el que participaron alrededor de 100 mujeres líderes, representantes de organizaciones de todo el país. La Agenda propone 12 prioridades que se plantean alrededor de los cuatro subsistemas de derechos que componen el Plan de Igualdad de Oportunidades 2005-2009. Este proceso contó con el apoyo de Instituto Latinoamericano de Investigaciones Sociales.

La Agenda ha sido asumida por las organizaciones de mujeres a nivel nacional y local y constituirá una propuesta de mediano plazo que permitirá al movimiento de mujeres vigilar la incorporación de sus prioridades en la agenda pública y política, una vez que las nuevas autoridades asuman sus funciones en el año 2007.

Artículo ochoRepresentación de las mujeres a nivel internacional

El Ecuador garantiza a las mujeres iguales oportunidades para representar al gobierno a nivel internacional, así como para ocupar cargos en organismos internacionales. Conforme a la Ley Orgánica del Servicio Exterior no existe discriminación en el ingreso a la carrera diplomática, ni en el ejercicio de las funciones en el Ministerio de Relaciones Exteriores.

A través de la Academia Diplomática, se realiza cada dos años un concurso abierto y público para el ingreso al Servicio. Los tres últimos concursos se los ha realizado en diferentes ciudades y regiones del país: Quito, Guayaquil, Cuenca, Manta, Loja y en la Región Oriental. Desde el año 1998, el ingreso al Servicio ha tenido una progresiva igualdad entre hombres y mujeres. Así, en el año 1998, ingresaron 6 mujeres y 5 hombres. En el año 2000, ingresaron 5 mujeres y 7 hombres. En el año 2002, 8 mujeres y 8 hombres. En el año 2004, ingresaron 17 mujeres y 21 hombres. En el año 2006, ingresaron 16 mujeres y 20 hombres.

Con las reformas a la Ley, aprobadas por el Congreso Nacional el 12 de julio de 2006, se derogaron ciertas normas discriminatorias y se introdujeron cambios sustantivos. Por ejemplo, se derogó la norma mediante la cual se requería que el cónyuge que haya contraído matrimonio con un diplomático de carrera, deba adoptar la nacionalidad del otro cónyuge. También se introdujo la posibilidad de que dos funcionarios de carrera al contraer matrimonio, puedan seguir trabajando y cuando sea trasladado al exterior uno de ellos, el otro mantendrá su partida presupuestaria y se le concederá licencia sin sueldo para acompañar al cónyuge trasladado. Esta norma se aplica tanto para el personal diplomático como para el auxiliar.

La reforma a la Ley, también incluyó que cada nuevo gobierno puede nombrar hasta un 20% de cuota política en cargos diplomáticos, lo que significa que esta cuota podría completarse con mujeres profesionales de muy alto nivel aunque no sean funcionarias de carrera. De hecho, bajo estas circunstancias, han sido designadas dos mujeres Ministras de Relaciones Exteriores, en el año 2003, la Doctora Nina Pacari y en el año 2007 la Doctora María Fernanda Espinosa, así como Jefes de Misión, Cónsules, Subsecretarias Regionales y Directoras de unidades administrativas.

Persisten dificultades para que las mujeres puedan conjugar su vida profesional diplomática con la familiar. Pese a ello, desde la creación de la Academia en 1987 y entre ese año y el año 2006 (casi 20 años) apenas cuatro mujeres se han retirado del Servicio por razones personales o familiares y la mayoría, en cambio, han sido promovidas a rangos superiores en términos de igualdad y se encuentran cumpliendo funciones en el país o en el exterior.

Entre 1998 y el año 2006, se han designado 5 mujeres Embajadoras frente a 55 hombres. Dos de ellas fueron Subsecretarias y 3 Embajadoras en el exterior. Según estadísticas del Servicio, 15 mujeres son Ministros, es decir ostentan la segunda categoría, frente a 39 hombres. La mayoría de ellas son Encargadas de Negocios, Cónsules y Directoras de unidades administrativas. 16 mujeres son Consejeros, frente a 27 hombres. 12 mujeres son Primer Secretarios, frente a 17 hombres. 15 mujeres son Segundos Secretarios frente a 18 hombres. 21 mujeres son Tercer Secretarios, frente a 18 hombres.

Las estadísticas antes citadas muestran que desde hace 10 años, el nivel de permanencia de las mujeres en el Servicio Exterior Ecuatoriano se ha incrementado notablemente y que en las últimas promociones se logra casi una igualdad frente a los varones, particularmente en los rangos inferiores e intermedios. No sucede lo mismo con los rangos superiores, debido a que pocas mujeres se entusiasmaban a entrar al Servicio, hace más de 20 años, particularmente antes de la creación de la Academia Diplomática y ello queda demostrado con la alta disparidad que hay en la categoría de Embajador y, en menor grado, en la de Ministro.

Hay que tomar en cuenta también que la anterior Ley establecía una edad específica de jubilación para cada categoría, que contrariaba la Constitución y las leyes de Carrera Civil. Estas normas, al aplicarse antes de la reforma, motivaron que algunas mujeres y hombres se jubilaran en edades inferiores a los 65 años. Con la reforma, se aspira que la jubilación ocurra luego de los 65 años para ambos sexos y para todas las categorías y que un mayor número de mujeres ascienda al rango de Embajadora o Ministro.

Una mayor cantidad de mujeres ecuatorianas ha representado al país en foros y conferencias internacionales, integrando las delegaciones ecuatorianas a tales actividades, en representación de las instituciones del Estado o de organizaciones no gubernamentales. De igual manera, en los últimos años se ha incrementado la designación de mujeres para posiciones ante organismos internacionales, como es el caso de Yolanda Kakabatze en temas de medio ambiente, de Rosalía Arteaga en el caso de organismos subregionales, Nina Pacari, miembro del Foro Permanente de Naciones Unidas sobre Asuntos Indígenas, Juana Sotomayor en la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y de Sara Oviedo para presidir el Instituto Interamericano del Niño, en su último período de sesiones.

Artículo nueveNacionalidad

La Constitución consagra la igualdad de mujeres y hombres para adquirir, mantener o renunciar a la nacionalidad, señala que la ciudadanía no se pierde por el matrimonio o su disolución y que quienes adquieran la ciudadanía ecuatoriana, pueden mantener la ciudadanía o nacionalidad de origen, si esa es su voluntad y existe el tratado binacional correspondiente que lo permite (Art. 9 y 10). Estos principios legales se confirman en el Código Civil y en la Ley de Naturalización, con disposiciones que otorgan igualdad de derechos a ambos cónyuges para mantener y cambiar su nacionalidad, definir su domicilio y residencia.

En materia migratoria, cabe reportar que los hijos e hijas menores de edad ecuatorianos, requieren autorización de ambos padres para salir del país, aún en el caso en que viajen con uno de ellos. De haber común acuerdo entre los padres, la autorización de salida, que tiene vigencia limitada y aplicabilidad específica, se otorga ante un notario público, lo cual luego es registrado por las autoridades de migración. En caso de ausencia del consentimiento de uno de los padres, sólo un Juez de Niñez puede conceder la autorización. Estas disposiciones legales garantizan al padre y a la madre, en igualdad de condiciones, poder autorizar la salida internacional de los niños, niñas y adolescentes.

Artículo diezDerecho a la educación

La Constitución consagra que la educación es un derecho para las personas y para el Estado un deber que representa área prioritaria de la inversión pública, por lo que para la educación y erradicación del analfabetismo en el presupuesto general no se asignará menos del 30% de los ingresos corrientes. Señala también que se garantiza el sistema de educación intercultural bilingüe (Art. 66 y siguientes). A pesar de estas disposiciones constitucionales, el Estado ha tenido dificultades para asignar el monto presupuestario mínimo.

Alfabetización

Con el fin de atender las recomendaciones del Comité, constantes en los párrafos 26 y 27 de sus Observaciones Finales, en materia del derecho a la educación, el Estado apoya activamente la estrategia de alfabetización de mujeres, particularmente de zonas indígenas y rurales, del Ministerio de Educación y Cultura y de los gobiernos locales. Para ello, el CONAMU concertó alianzas estratégicas con los gobiernos locales de Cotacachi y el Distrito Municipal de Quito y otros gobiernos provinciales para la implementación del programa de alfabetización y post-alfabetización de las mujeres “Yo sí puedo”, el mismo que actualmente cubre 68 cantones de 18 provincias, en los cuales se han alfabetizado 31.528 personas, de las cuales 21.249 son mujeres, siendo las mayores beneficiarias del programa.

Los programas “Yo sí puedo” cuentan con el apoyo técnico puntual de capacitadores cubanos. En el marco de este programa, se ha logrado alfabetizar a más de 680 mujeres en el 2005, en la provincia de Imbabura, cantón Cotacachi, contribuyendo así a convertir a Cotacachi en “Territorio libre de Analfabetismo 2005”. En el proceso de post-alfabetización en el año 2006 participan actualmente 580 mujeres. En las zonas urbano-marginales del cantón Quito han participado 380 mujeres en el proceso de alfabetización.

Igualmente el CONAMU está coordinando acciones con la Dirección Nacional de Educación Popular Permanente del MEC para la construcción y articulación de la política nacional de alfabetización de mujeres.

Mecanismos de género en el Ministerio de Educación

Se ha impulsado la creación de la Red Proequidad dentro del Ministerio de Educación y Cultura, que agrupa a las direcciones técnicas de esa cartera. Se incorpora género como eje transversal en el currículo docente, en los textos escolares, en los modelos de capacitación de los Institutos Pedagógicos Superiores, en la prevención y sanción del acoso sexual en el sistema educativo, además de incrementar el número de establecimientos fiscales y municipales que aplican la educación mixta, es decir el acceso de hombres y mujeres al mismo centro educativo.

El Programa de Igualdad de Género en la Escuela es prioritario para las políticas nacionales de educación. Se desarrolló en el 2005 el primer taller de formulación del Plan de Incidencia de Género, en conjunto con la Subsecretaria del Litoral, la Subsecretaria del Austro y la Subsecretaria de la Amazonía. Se firmó en el 2005 un Acuerdo de Cooperación que busca insertar la formulación de Plan de Incidencia de Género en las políticas educativas de esas regiones, particularmente en las Direcciones Provinciales de Guayas, Los Ríos, El Oro, Manabí, Galápagos y Bolívar.

Capacitación docente con enfoque de género

En relación a las inquietudes del Comité, constantes en los párrafos 28 y 29 de sus Observaciones Finales, a nivel nacional, el Estado apoya activamente la estrategia de incidencia de género en la formación docente del Ministerio de Educación y Cultura, por medio del programa “Hacía la igualdad de género en la educación”.

Para ello, en diciembre de 2005 se firmó un convenio de cinco años de duración con la Subsecretaría de Educación del Ministerio. Se incluyeron los temas de género en la educación, sobre todo derechos y violencia, a fin de que sean incorporados en los cursos de ascenso de categoría de docentes. El programa también contempla la revisión de los textos educativos con un enfoque de género, con el objeto de eliminar elementos sexistas y estereotipos que perpetúan la discriminación contra las mujeres.

A partir de enero de 2006, a través de las Subsecretarías Regionales del Litoral (5 provincias), del Austro (5 provincias) y de la Amazonía (5 Provincias), la Dirección Nacional de Mejoramiento Profesional del Ministerio de Educación y Cultura, inició la formación de educadores de las tres Subsecretarías Regionales en el uso del citado programa. Hasta la actualidad se han realizado actividades regionales y capacitado a 60 técnicos de la DINAMEP para la aplicación del proyecto a nivel provincial y nacional.

Formación ocupacional y superior con enfoque de género

En la estructura de la participación por sexo en la educación superior, se evidencia todavía las tendencias que responden a patrones de género: las mujeres se ubican en áreas sociales y los hombres en áreas tecnológicas. En salud y educación hay una presencia mayoritaria de mujeres. Es una tarea pendiente delinear una estrategia de incidencia en el currículo de la educación universitaria con el objetivo de que los y las profesionales formados en estos espacios tengan una visión amplia sobre la problemática de género en el país y de las distintas realidades que afectan a hombres y mujeres.

El CONAMU conjuntamente con la Secretaría Ecuatoriana de Capacitación Profesional, el Ministerio de Trabajo y Empleo y el Fondo de Población de las Naciones Unidas elaboraron en el 2006 un Plan de Trabajo para la inserción del enfoque de género en el programa curricular del SECAP.

En el marco de este plan de trabajo se capacitaron grupos de instructores y técnicos del SECAP y autoridades del Ministerio de Trabajo en el uso de un paquete educativo de 40 horas en los temas de género, derechos de las mujeres, violencia y educación. A partir de marzo de 2007 este módulo se aplicará en los 22 centros provinciales de la SECAP.

Es importante también mencionar que se han llevado adelante varias iniciativas de formación superior en género y políticas públicas dirigidas a mujeres y hombres profesionales en diferentes áreas, principalmente funcionarios/as públicos.

La Universidad Central del Ecuador, universidad estatal, ha sido pionera en el desarrollo de programas de formación superior en género en el país. Cuenta desde 1995 con el Programa Universitario de Estudios de Género, diseñado en el marco del Proyecto de Educación Alternativa con Visión de Género. Se realizan trabajos académicos de capacitación, investigación e incorporación de género en el currículo universitario; y como un eje fundamental, la promoción de la participación de las mujeres universitarias en todos los espacios del quehacer académico y político de la institución. Uno de los principales resultados del proceso fue la participación de las coordinadoras del Programa en la Red de Programas y Estudios de la Mujer y Género de América Latina y el Caribe.

Se ha realizado un trabajo importante de inserción de género en el currículo de varias facultades, por ejemplo en Ciencias Médicas, en la carrera de Enfermería y Obstetricia; en Ciencias Psicológicas existe una cátedra de género; igual sucede en Comunicación Social y Sociología. En Filosofía se aprobó la inserción de género en las 10carreras que la conforman. Actualmente se encuentra en ejecución el Programa de Cuarto Nivel con el desarrollo de la segunda promoción de la Maestría de Educación Superior y Género.

De igual manera, la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales ofrece formación en género y políticas públicas. Se destacan el Diplomado de Género y Políticas dirigido a técnicos y autoridades del Ministerio de Salud y a profesionales de la salud en general.

La Universidad Politécnica Salesiana de Quito, la Universidad Casa Grande de Guayaquil y la Universidad de Cuenca han sido aliadas estratégicas en la promoción e implementación de estudios superiores en género y políticas públicas, respondiendo así a una estrategia de profesionalización y especialización del sector público, lo que contribuye a la instalación de capacidades en las instituciones del gobierno central y los gobiernos locales.

Artículo onceDerecho a la salud

La Constitución obliga al Estado a garantizar la igualdad de oportunidades para que las mujeres se incorporen al trabajo remunerado, y tengan idéntica remuneración por trabajo de igual valor. La Constitución también reconoce al trabajo doméstico como labor productiva.

El Ecuador ha suscrito tratados internacionales adoptados en el marco de la Organización Internacional del Trabajo sobre derechos laborales y seguridad social obligatoria, como el caso del Convenio 103, sobre la protección a la maternidad. Sin embargo no se ha ratificado aún el Convenio 183 relativo al permiso de maternidad, permiso en caso de enfermedad o complicaciones derivadas del embarazo, los beneficios, el empleo y la no discriminación a la mujer embarazada, entre otros aspectos importantes, que actualizó el Convenio 103.

El Código de Trabajo establece indemnizaciones para mujeres embarazadas que fueran despedidas por su condición así como una licencia por maternidad por dos semanas anteriores y 10 posteriores al parto.

Políticas laborales con enfoque de género

En el proceso de transversalización del enfoque de género en las políticas laborales, el Ministerio de Trabajo y Empleo y el CONAMU suscribieron en julio de 2005 un Convenio de Cooperación cuyo principal objetivo es la incorporación del enfoque de género en el Plan Operativo del Ministerio, principalmente en el Plan Inmediato de Empleo, Diálogo Social Tripartito, Capacitación Laboral y Apoyo a Microempresas.

En el marco de esta cooperación se logró crear la Unidad para la Equidad de Género y Jóvenes en el Ministerio, a fin de cumplir el mandato constitucional expresado en varios artículos, entre ellos el artículo 23, que se refiere a la erradicación de la discriminación e igualdad de oportunidades, acatando los compromisos internacionales de derechos de las mujeres.

La misión de la Unidad es “crear y consolidar mecanismos para que las políticas laborales, tanto de capacitación como de inserción laboral, con énfasis en la igualdad de género, sean realmente institucionalizadas dentro del Ministerio de Trabajo y Empleo y, consecuentemente, implementadas en instituciones públicas y privadas del país”.

En el marco de la cooperación entre el Ministerio y el CONAMU, se brinda asistencia técnica mediante una consultoría especializada para incorporar el enfoque de género y la promoción y protección de los derechos humanos de las mujeres en el proceso de reformas al Código de Trabajo. Se busca identificar en el actual Código los aspectos sensibles que generan discriminación contra las mujeres, aquellas condiciones que pueden favorecer la explotación laboral de niñas y adolescentes y, por lo tanto, las respuestas normativas que deberían ser incorporadas para garantizar la igualdad de género en el ámbito laboral, a fin de cubrir la Recomendación formulada por el Comité, en el párrafo 31 de sus Observaciones Finales.

Para asegurar el ejercicio del permiso de maternidad y lactancia en madres trabajadoras y la erradicación del acoso en ambientes laborales, el Ministerio de Trabajo realiza regularmente visitas a empresas. Las denuncias receptadas en la Inspección Laboral del Ministerio de Trabajo ascienden a más de 1.000, entre el 2005 y el 2006, por incumplimiento de derechos laborales a mujeres trabajadoras embarazadas o que se ven obligadas a presentar pruebas negativas de embarazo. En el proceso de denuncias, se procura llegar a arreglos extrajudiciales.

En cuanto a los mecanismos de denuncia de violación a los derechos laborales de las mujeres, el Ministerio de Trabajo ha hecho importantes esfuerzos. Las mujeres pueden acercarse a la Inspectoría del Trabajo de su lugar de residencia y denunciar el hecho; el Inspector tiene la obligación de apoyarla en la presentación de su demanda pues existen formatos ya elaborados y los trámites son gratuitos. El Ministerio propone que la primera vía de solución sea la conciliación con el empleador pero, de no ser posible, el Inspector resolverá el caso buscando la solución más favorable a la trabajadora.

282.Otro importante avance logrado en materia laboral, es la adopción del Acuerdo Ministerial 261, de septiembre de 2005 del Ministerio de Trabajo y Empleo, que establece la prohibición de que en los artículos clasificados que aparecen en la prensa, se discrimine por razones de edad, sexo, origen étnico-racial, discapacidad u otros motivos, en la contratación de personal tanto en el sector público como privado.

Valoración del trabajo doméstico de las mujeres.

283.Un hito importante en la institucionalización del enfoque de género en las políticas laborales, es el desarrollo de la primera Encuesta del Uso del Tiempo en el Ecuador. La valoración del trabajo doméstico no remunerado no ha sido suficientemente investigada, pese a las iniciativas de programas y proyectos estatales, orientados a favorecer el acceso de las mujeres al mercado de trabajo en condiciones de igualdad y en un contexto de responsabilidades familiares compartidas. Para llevar a cabo esta importante Encuesta se suscribió un convenio de cooperación interinstitucional entre diferentes actores.

284.La Encuesta del Uso del Tiempo tiene como objetivo evidenciar la contribución social y económica del trabajo doméstico productivo, para orientar la formulación de políticas con un enfoque de derechos humanos. Se trata de una fuente de información que da cuenta de las situaciones de desigualdad, contribuye al conocimiento de las condiciones de vida, las actividades y los comportamientos que desarrollan las personas y su distribución del tiempo y visualiza la dinámica social y la articulación entre la esfera productiva y familiar.

285.La Encuesta se levantó como un módulo de la Encuesta de Empleo, Desempleo y Subempleo que periódicamente levanta el INEC. La Encuesta comprendió tres áreas de estudio: la población rural de la provincia de Chimborazo, la población afro descendiente de la provincia de Esmeraldas y la población urbana de la ciudad de Quito. El criterio de selección se basó en la necesidad de obtener indicadores que reflejaran las diferencias étnicas.

286.Actualmente está en proceso de publicación un documento sobre los principales hallazgos del uso diferenciado del tiempo por parte de las mujeres y los hombres y el tiempo que dedican al trabajo doméstico y extra-doméstico.

287.Esta primera experiencia constituye un insumo básico para la aplicación de una encuesta a nivel nacional, con representatividad urbana y rural, que la realizaría el INEC en el año 2007.

Observatorio Laboral con Enfoque de Género.

288.El Ministerio de Trabajo y Empleo ha propuesto crear e institucionalizar un Observatorio Laboral para la producción de insumos técnicos e información estadística necesaria, para el diseño de políticas públicas de empleo con enfoque de género y territorial, la modernización del servicio público de empleo y el análisis del mercado de trabajo . En el último trimestre de 2006, se contrató un equipo de expertos consultores en las distintas ramas específicas, tales como: capacitación laboral, migraciones laborales, seguridad social y al coordinador del área de empleo, quienes se encargarán de diseñar las bases sobre las cuales se implementará el Observatorio a partir de 2007.

289.El Observatorio y el Sistema de Estadísticas Laborales permitirán contar con información integrada y actualizada sobre el nivel y composición del empleo, sobre el mercado de trabajo, la capacitación laboral, la seguridad social, las migraciones laborales y la información de las Inspectorías de Trabajo del Ministerio, desde un enfoque de género y de derechos humanos y de manera desagregada.

290.Se busca dar seguimiento y monitorear los indicadores de coyuntura del mercado laboral, y contribuir a evaluar el impacto de las políticas y programas orientados a promover el empleo y a mejorar las condiciones de acceso y contratación de los trabajadores/as para formular ajustes y nuevas propuestas. Ello se efectuará a través de los servicios que ofrecen las oficinas regionales del Ministerio (27 Inspectorías de Trabajo) en las distintas provincias.

291.También se dará seguimiento al marco jurídico de las relaciones laborales a fin de evaluar su eficacia e impacto. Todos estos insumos contribuirán al diseño, implementación y monitoreo de las políticas laborales, así como a la evaluación de su impacto social.

Migración, refugio y derechos de las mujeres.

292.El Ecuador es uno de los pocos países que ostenta la doble calidad de emisor y receptor de migrantes, situación a la cual se suma la acogida a los desplazados de otras naciones —fenómeno diferente pero complementario a la migración- que lo ha convertido en el primer país de refugio en América Latina. Esta realidad ha demandado la definición de nuevas políticas e ingentes esfuerzos económicos para su ejecución que, sin la cooperación de la comunidad internacional -que aún es insuficiente- no podría llevarlas a cabo.

293.El Estado ha emprendido acciones concertadas con países amigos, organismos internacionales, sociedad civil y sector público, tales como programas de retorno voluntario con la cooperación de la Organización Internacional de las Migraciones, OIM y la suscripción de acuerdos como el de Regulación y Ordenamiento de Flujos Migratorios con España, experiencia piloto bilateral, que garantiza la contratación laboral segura en igualdad de condiciones entre sus respectivos nacionales, sin intervención de terceros y con observancia de la normativa socio-laboral.

294.En lo interno, el Estado se encuentra ejecutando varios mecanismos: el Plan Nacional de Ecuatorianos en el Exterior que establece las bases para el tratamiento de la problemática migratoria en forma integral; el Plan Nacional de Acción para combatir el plagio de personas, tráfico ilegal de migrantes, explotación sexual y laboral y otros modos de explotación y prostitución de mujeres, niños y adolescentes, aprobado el 30 de agosto de 2006, ya mencionado con anterioridad y el Plan Operativo sobre los Derechos Humanos de los Migrantes de 2003, que plantea soluciones contra el racismo, la xenofobia y otra prácticas contrarias al derecho internacional.

295.A fin de atender las inquietudes del Comité, constantes en los párrafos 16 y 17 de sus Observaciones Finales, en septiembre de 2005 se constituyó la Mesa de Migraciones Laborales, con la participación de instituciones gubernamentales y no gubernamentales, presidida actualmente por el Ministerio de Trabajo. Uno de los principales resultados fue la elaboración de una propuesta de Decreto Ejecutivo para la creación del Consejo Nacional de Migraciones Laborales.

296.La Mesa de Migraciones estableció y planificó para el año 2006 el eje de trabajo de Mujeres Migrantes y el fortalecimiento del tema de género y migración laboral. En septiembre de 2006, el Ministerio de Trabajo, CONAMU y FLACSO-Ecuador realizaron el Taller “Mujeres Migrantes y Políticas Públicas”, con el objeto de obtener insumos para la definición de políticas de protección para las mujeres migrantes y sus familias en materia legal, social, cultural y económica y reunir a los actores institucionales y sociales vinculados a la temática para establecer consensos y alianzas. En el marco de esta actividad, se presentó el estudio “Migración, Género y Empleo en el Ecuador”, y se elaboró participativamente una primera propuesta de Políticas Públicas de Migración Laboral con enfoque de género.

297.El Estado igualmente apoya las actividades de la Comisión Técnica Jurídica, creada para elaborar la propuesta de “Ley de protección integral a los migrantes ecuatorianos y sus familias” y conformada por la Comisión Jesuita de Migraciones, la Secretaría Jurídica Permanente del Plan Migraciones, Comunicación y Desarrollo Ecuador – España, la Casa Metropolitana del Migrante y el CONAMU.

298.Como parte del proceso de elaboración de la Ley, la Comisión realizó una consulta a familias de migrantes en el Ecuador y en países extranjeros, incorporando en la metodología las diferencias entre mujeres y hombres e indicadores de género. A partir de estos resultados se elaborará el proyecto de ley.

299.Por otra parte, el CONAMU conjuntamente con el Servicio Jesuita a Migrantes-SJRM y otros representantes de organizaciones de la sociedad civil, como delegados de la Mesa de Migraciones Laborales, entregaron una propuesta al Ministerio de Relaciones Exteriores del Ecuador para que sea tomada en cuenta en el Diálogo de Alto Nivel de Naciones Unidas “Migración y Desarrollo”, realizado en septiembre de 2006, durante el desarrollo de la Asamblea General de las Naciones Unidas. La propuesta, que fue transmitida en el seno del Diálogo, pedía a los Estados respuestas coherentes y satisfactorias en los ámbitos de los derechos de los migrantes, el aporte migratorio para el desarrollo de los países pobres, así como garantías para humanizar las migraciones. La propuesta también instaba a que el ACNUR fortalezca la protección, la integración y la asistencia a quienes por motivos de violencia, incluyendo la violencia de género, se ven obligados a desplazarse al interior de sus países o hacia otros países.

300.La Delegación ecuatoriana, durante el Diálogo, fue enfático en señalar que “la responsabilidad compartida entre países de origen y de destino, no debe soslayar el papel de los países de tránsito, también para fortalecer la lucha contra el tráfico ilegal y la trata de personas, que moviliza recursos que superan a los del narcotráfico y para enfrentar la corrupción que la promueve y los efectos perversos del coyoterismo y cuyas víctimas más vulnerables son las mujeres y los niños”.

301.Con apoyo de la Organización Internacional del Trabajo se han realizado dos importantes estudios: uno sobre “Informalidad y el trabajo doméstico”, el cual brinda insumos para iniciar un proceso de construcción de propuestas junto con la Asociación de Empleadas Domésticas en el país y el segundo, “Migración, género y empleo en el Ecuador”, que da orientaciones y propuestas a ser discutidas en el marco de la Mesa de Migraciones Laborales del Ministerio de Trabajo.

302.En el marco de las celebraciones del Día Internacional de la Mujer, el 8 de marzo de 2006, el Ministerio de Trabajo y Empleo, conjuntamente con UNIFEM y la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos INREDH, presentaron el “Manual de la Mujer en Situación de Refugio y el Derecho al Trabajo”; el cual fue la culminación de un proyecto en el que se dictaron talleres a autoridades que están en contacto con refugiados y a mujeres en situación de refugio y refugiadas en Quito, Lago Agrio e Ibarra.

303.El Ministerio de Trabajo y Empleo y el Ministerio de Relaciones Exteriores, mediante las Subsecretarías de Guayaquil y Cuenca, inauguraron las Unidades Técnicas para la Selección de Trabajadores Migrantes en Cuenca y Guayaquil, con el propósito de mejorar el nivel de protección de los trabajadores migrantes ecuatorianos en España y crear un espacio de encuentro entre los empresarios españoles y los trabajadores ecuatorianos, en coordinación con organizaciones vinculadas a la promoción de los derechos de los migrantes. Esta acción aportará a la protección de los derechos de las mujeres migrantes, quienes se encuentren en mayores condiciones de vulnerabilidad.

Igualdad salarial y valoración del trabajo de las mujeres.

304.Con el propósito de erradicar la discriminación en los sistemas de remuneración y condiciones de empleo de las mujeres, la Secretaría Nacional de Remuneraciones del Estado, el CONAMU, la Federación Sindical Mundial Internacional de Servicios Públicos y el Instituto Latinoamericano de Investigaciones Sociales, suscribieron un convenio de cooperación interinstitucional el 8 de septiembre de 2006, cuyo objetivo es “Contribuir a garantizar la aplicación de los principios de igualdad entre hombres y mujeres en los procesos de modernización institucional y revaloración del trabajo en las instituciones públicas en el Ecuador”.

305.Mediante este proyecto se pretende generar una propuesta para incorporar el enfoque de género en el Sistema Integrado de Administración de Recursos Humanos, así como en la propia gestión de la Secretaría de Remuneraciones y en todas las instituciones del sector público.

Trabajo infantil

306.El Código de la Niñez y la Adolescencia, expedido en enero de 2003, establece el derecho de niños, niñas y adolescentes a la protección contra la explotación laboral y económica y cualquier forma de esclavitud, servidumbre, trabajo forzoso o nocivo para la salud y el desarrollo integral, que impida el ejercicio pleno de sus derechos (art.81). Desde esta perspectiva, se fija en 15 años la edad mínima para todo tipo de trabajo, incluido el servicio doméstico, exceptuando los trabajos formativos realizados como prácticas culturales.

307.A fin de atender la preocupación del Comité, constante en los párrafos 30 y 31 de sus Observaciones Finales y en concordancia con el Código de la Niñez y la Adolescencia, el 2 de febrero de 2006, el Congreso Nacional aprobó la Ley Reformatoria al Código de Trabajo, que prohíbe expresamente el trabajo de niños, niñas y adolescentes menores de quince años y sanciona severamente a las empresas que violen la norma. (art. 134, reformado). También prohíbe que los adolescentes que hayan cumplido quince años dejen de concurrir a recibir su instrucción básica por el trabajo (art. 135 reformado). La Ley Reformatoria introduce un máximo de seis horas diarias o treinta semanales para el trabajo de adolescentes que hayan cumplido los quince años (art. 136 reformado). El Ministerio de Trabajo tiene la obligación de llevar un registro de los adolescentes que trabajan a nivel cantonal y remitir esta información a los Concejos Cantonales de la Niñez y Adolescencia (art. 147 reformado).

308.La Ley Reformatoria prohíbe todas las formas de esclavitud o prácticas análogas, trabajos peligrosos, nocivos e insalubres para menores de dieciocho años, venta y tráfico de niños, trabajo forzoso, reclutamiento u oferta de niños para la prostitución y la pornografía y la utilización de niños para la producción o tráfico de estupefacientes (art. 138 reformado). La Ley Reformatoria también concede al adolescente que ha cumplido quince años todas las facultades legales, como la facultad para suscribir contratos, sin autorización de representante, para recibir directamente su remuneración y para hacer reclamos administrativos o judiciales, cuando se violen sus derechos laborales (artículos 35 y 616 reformados).

309.Según datos de la Encuesta de Empleo y Desempleo Urbano y Rural de 2001, 789.070 niños y niñas menores de 18 años trabajan; de los cuales 298.421 son niñas, quienes en un 93% realizan trabajo doméstico. El Ministerio de Trabajo, en coordinación con el Instituto Nacional del Niño y la Familia y la Dirección Nacional de la Policía Especializada en Niñez ejecutan programas de monitoreo del trabajo infantil y campañas de sensibilización.

310.De acuerdo a la información entregada por la Unidad para la Erradicación del Trabajo Infantil del Ministerio de Trabajo, no se han realizado estudios especializados sobre trabajo doméstico infantil y otras formas de servidumbre, ni tampoco se cuenta con estadísticas desagregadas por sexo. Sin embargo, el Ministerio ha invertido importantes esfuerzos en la promoción de la “Campaña para la Erradicación del Trabajo infantil” en el marco del Plan de Erradicación del Trabajo Infantil. Una de las acciones de esta campaña fue la creación de 35 nuevas Inspectorías de Trabajo Infantil, en todas las provincias del país.

311.Como parte de los esfuerzos que se realizan a nivel interinstitucional para erradicar el trabajo infantil, el Ministerio firmó convenios con el Instituto Nacional del Niño y la Familia, INNFA y el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, INEC, con el objeto de realizar un censo que permitirá determinar los avances del Ecuador entre los años 2001 y 2006, con respecto a esta problemática.

Difusión de los derechos laborales de las mujeres.

312.Con el fin de promover y difundir los derechos laborales de la mujer, el Día Internacional de la Mujer, se presentó de manera virtual el “Vademécum de Legislación Laboral con Perspectiva de Género”, que compila la legislación nacional e internacional sobre derechos laborales de la mujer, conjuntamente con los procedimientos domésticos y universales a los que se puede acceder en caso de vulneración de derechos en esta materia específica. La versión impresa y digital del libro fue presentada oficialmente el día 24 de noviembre de 2006 en la “Campaña 16 Días de Activismo Contra la Violencia Hacia las Mujeres” organizado por UNIFEM.

Artículo doceEmpleo

313.La Constitución dispone que el financiamiento de las entidades públicas del sistema de salud provenga suficiente y oportunamente del Presupuesto General del Estado y que no habrá reducciones presupuestarias. Sin embargo, aún es insuficiente el presupuesto asignado para el funcionamiento de los servicios de salud; en los últimos tres años se ha ubicado en un promedio del seis por ciento.

Ley de Maternidad Gratuita y Atención a la Infancia

314.La Ley de Maternidad Gratuita y Atención a la Infancia -LMGYAI, reformada en el 2005 y codificada en el 2006, es una medida especial que pretende contribuir a la disminución de la barrera económica de acceso a la atención médica de mujeres, niñas y niños menores de 5 años.

315.Para la administración de los fondos previstos por la Ley, las últimas reformas, publicadas en el R.O. 136 de 31 de octubre de 2005, crearon la Unidad Ejecutora de Maternidad Gratuita y Atención a la Infancia, entidad adscrita al Ministerio de Salud Pública, con autonomía administrativa y financiera para su gestión.

316.Con ello se logra dotar a los hospitales del Ministerio de Salud Pública de medicamentos, insumos, materiales, reactivos de laboratorio, sangre, hemoderivados y sucedáneos de la leche, para prestaciones de salud gratuita a mujeres, tanto en etapa materna como en programas de salud sexual y reproductiva, y a los niños y niñas menores de 5 años. Las usuarias no deben cubrir ningún costo de atención. Para ello, se transfiere fondos a 210 unidades ejecutoras (Áreas de Salud y Hospitales) del Ministerio y a 50 Comités de Gestión de los Fondos Solidarios Locales de Salud, instancias locales encargadas de la administración del fondo a nivel cantonal, que están presididas por sus alcaldes.

317.Con las reformas, la ley obliga a los centros de salud y hospitales a brindar 55 prestaciones relacionadas con salud sexual y reproductiva, que incluyen la atención del embarazo, parto, posparto, planificación familiar, detección de cáncer de útero y de mama, detección de VIH-SIDA en mujeres, atención de víctimas de violencia intrafamiliar, atención de emergencias obstétricas, tratamiento de enfermedades de transmisión sexual y los tratamientos de las patologías más comunes de la infancia, incluidas las que necesitan hospitalización. Durante el año 2005, 2’733.608 personas se beneficiaron de la Ley, de las cuales 1’281.177 fueron mujeres y 1’452.431 niñas y niños menores de 5 años.

318.El Fondo Solidario de Salud financia a nivel nacional la atención gratuita y transfiere fondos a 210 unidades ejecutoras del Ministerio y a 50 Comités de Gestión de los Fondos Solidarios Locales de Salud, creados a nivel cantonal.

Comités de Usuarias de la Ley de Maternidad Gratuita.

319.Para la correcta aplicación de la Ley se han conformado Comités de Usuarias a nivel cantonal. Este mecanismo de participación ciudadana ha logrado el reconocimiento y legitimación por parte del Estado y la sociedad civil, como espacios de vigilancia y contraloría social, inclusive de las transferencias y uso de recursos. Hasta la presente fecha, se han registrado 73 Comités en todo el país a nivel cantonal (a excepción de las provincias de Galápagos y Sucumbíos); a nivel de parroquias, se estima que existen cerca de 400 comités creados.

320.Desde finales de agosto de 2006, se está llevando a cabo un proceso de construcción de la agenda específica de prioridades de los Comités de Usuarias del país, con el objeto de fortalecer su rol como mecanismos de vigilancia y exigibilidad de derechos, a través de una Red Nacional de Comités de Usuarias de la Ley.

321.Se han capacitado 15.000 mujeres en género y derechos y en el manejo de la Ley. Se ha elaborado y validado la Guía para conformación de Comités de Usuarias y se avanza en el desarrollo de un registro electrónico de los Comités, que permita comunicaciones ágiles y en la publicación del documento sobre la Ruta de Denuncia para exigir derechos.

Política Nacional de Salud Sexual y Reproductiva.

322.Con el fin de cubrir la preocupación del Comité, constante en los párrafos 24 y 25 de sus Observaciones Finales, relativas a la difusión y fortalecimiento de los programas de atención a la salud, incluyendo la sexual y reproductiva, a más de las ya citadas en la Ley de Maternidad Gratuita, el Estado ha tomado acciones con ese propósito. Desde el año 2002, el país dispone de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Salud, cuya unidad coordinadora es el Consejo Nacional de Salud, encargado de articular las políticas, planes y programas sectoriales con el fin de dar cumplimiento al enunciado en la Constitución Política del Estado.

323.La Ley Orgánica del Sistema Nacional de Salud, el Código de Salud, el Código de la Niñez y la Adolescencia, la Ley contra la Violencia a la Mujer y a la Familia, la Ley sobre Educación Sexual y el Amor, Ley del VIH/SIDA, Ley de Derechos y Amparo al Paciente y la reciente aprobada Ley Orgánica de Salud, contemplan disposiciones específicas sobre los derechos sexuales y reproductivos y que fueron el marco normativo para el desarrollo del Plan Nacional de Salud y Derechos Sexuales y Reproductivos.

324.En 1998 se promulgaron las Normas y Procedimientos para la Atención de la Salud Reproductiva, mediante Acuerdo Ministerial 00987 de noviembre 1998. En abril de 2005 se aprobaron las Políticas de Salud y Derechos Sexuales y Reproductivos, mediante el Decreto Ejecutivo No. 2717, que fueron consensuadas a través de talleres nacionales y regionales, que culminaron con el II Congreso por la Salud y la Vida, realizado en el mes de septiembre de 2005 en la ciudad de Guayaquil. Esta Política es parte de la Agenda elaborada y aprobada en dicho Congreso.

325.Durante el 2005 se elaboró conjuntamente con el Ministerio de Salud Pública y otros actores claves del ámbito de la salud, el Plan Nacional de Salud y Derechos Sexuales y Reproductivos cuyo objetivo es “Garantizar la aplicación de la Política Nacional definida en este plan, como componente de los derechos humanos y de la salud integral, que permita el desarrollo pleno de los hombres y mujeres del Ecuador y el mejoramiento de su calidad de vida, incluyendo la capacidad de disfrutar una vida sexual satisfactoria y la libertad para decidir procrear o no, cuándo y con qué frecuencia”.

326.Adicionalmente el CONAMU está difundiendo en radios nacionales cuñas sobre los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, que incluye la prevención del VIH-Sida. Asimismo, se han promovido encuentros con reconocidos especialistas científicos en el tema y el Consejo Nacional de Salud, el Pleno del Tribunal Constitucional, la Federación Ecuatoriana de Sociedades de Ginecología y Obstetricia, organizaciones de mujeres, entre otras.

Reformas al Código de Salud

El Código de la Salud vigente fue aprobado en febrero de 1971. Contiene disposiciones que velan por la salud individual y colectiva a partir de acciones de promoción y protección de la salud, atenciones de prevención y recuperación, incorpora jurisdicción, competencias, procedimientos y sanciones. Es una ley para proteger la salud de la población, regulando las acciones de todos los actores involucrados y estableciendo los mecanismos de vigilancia y control.

El Código promulgado hace 35 años debía ser actualizado con las normas de la Constitución vigente, en un marco compatible con los actuales enfoques de salud pública, de género, generacional, intercultural y con los avances en derechos humanos, dentro de éstos los derechos colectivos y los derechos sexuales y reproductivos; y en el marco de la bioética, la bioseguridad y la biotecnología, especialmente. Fue necesario ampliar la concepción de salud, fortaleciendo su promoción y prevención y la capacidad de anticipación y el análisis de riesgo en sus acciones.

Con estos antecedentes la Comisión Especializada Permanente de Salud, Medio Ambiente y Protección Ecológica del Congreso Nacional, desde febrero de 2003 trabajó en un proyecto de ley de reforma al Código de Salud, conjuntamente con el Ministerio de Salud Pública, para lo cual contó con la asistencia técnica de la Organización Panamericana de la Salud. Dicho Proyecto fue promulgado como Ley 67, Ley Orgánica de Salud, en el Suplemento del Registro Oficial No. 423, de 22 de diciembre de 2006.

La Ley Orgánica define claramente a la salud como un derecho humano fundamental, por lo tanto determina la responsabilidad del Estado en su promoción y protección, considera los problemas de salud asociados a la realidad social, cultural, étnica, generacional y de género, económica y ambiental actual. Incluye un capítulo dedicado a salud sexual y salud reproductiva que garantiza, entre otras cosas, el derecho de mujeres y hombres para decidir si desean o no tener hijos/as y cuándo tenerlos, garantiza el acceso a métodos anticonceptivos, obliga a la implementación de acciones de prevención y atención en salud sexual y reproductiva para toda la población, con énfasis en los y las adolescentes. También establece la formulación de políticas y programas educativos para la promoción de la salud sexual y reproductiva, la prevención de embarazos en adolescentes, VIH-SIDA y otras infecciones de transmisión sexual, el fomento de la paternidad y maternidad responsables y la erradicación de la explotación sexual.

A criterio del Consejo Nacional de las Mujeres y del movimiento de organizaciones femeninas, en el proceso de aprobación de la Ley Orgánica “surgieron con fuerza corrientes y grupos conservadores tanto a lo interno del Congreso Nacional, como a lo externo, para reformar de manera sustancial los artículos relacionados con salud sexual y salud reproductiva. Como resultado de la influencia de estos grupos en contra de la Ley, el 24 de noviembre de 2006 el Presidente de la República vetó parcialmente la Ley Orgánica de Salud”. Con respecto al veto presidencial, un importante número de organizaciones de mujeres, de derechos humanos y ONG’s especializadas, así como el CONAMU se han pronunciado en contra. El CONAMU considera inconstitucional el veto, en lo que a derechos sexuales y reproductivos se refiere, y se ha pronunciado públicamente en ese sentido, porque considera que “se niega a la mujer violada las medidas de prevención (anticoncepción de emergencia) para evitar un embarazo, lo cual atenta contra los derechos humanos de las víctimas de violencia sexual, dejando sin cumplimiento lo establecido por la CEDAW y de manera especial las Recomendaciones generales sobre salud sexual y reproductiva y violencia”.

El veto presidencial incorporó la “facultad de interrumpir un embarazo única y exclusivamente en los casos previstos en el artículo 447 del Código Penal”, y no en todos los casos de violación, a fin de resguardar el principio constitucional del derecho a la vida desde la concepción, pero mantuvo la obligación de “atender a mujeres con aborto en curso o inevitables, debidamente diagnosticados por el personal responsable de la atención” (artículo 30).

Por otro lado, otros grupos de organizaciones de la sociedad civil y movimientos a favor de la vida han respaldado el veto presidencial, a fin de impedir la legalización del aborto en otros casos que no sean los señalados por el Código Penal. Ello evidencia la gran controversia sobre el tema en el país.

Prevención del embarazo adolescente.

Con el fin de atender las preocupaciones del Comité, constantes en los párrafos 24 y 25 de sus Observaciones Finales, el Estado ha fortalecido los programas dirigidos a la difusión de la educación sexual y reproductiva, a fin de prevenir los embarazos adolescentes.

Ley para la Sexualidad y el Amor.

Con el objeto de impulsar la educación en los temas de derechos sexuales y derechos reproductivos en el Ecuador se expidió en 1998 la Ley para la Sexualidad y el Amor. Para la implementación efectiva de esta ley desde el 2000 se han aprobado importantes acuerdos y decretos.

Mediante Acuerdo Ministerial No. 910 de 28 de mayo de 2000, se aprueba y dispone la ejecución del Plan Nacional de Educación de la Sexualidad y el Amor – PLANESA, en todos los niveles educativos, organizaciones gubernamentales y no gubernamentales y medios de comunicación. Para la aplicación del Plan se creó el Programa Nacional de Educación de la Sexualidad y el Amor – PRONESA mediante Acuerdo Ministerial No. 3152, de fecha 16 de diciembre de 2003. En el marco de este proceso, se adoptó mediante Acuerdo Ministerial 3393 el Reglamento Especial de Procedimientos y Mecanismos para el Conocimiento y Tratamiento de los Delitos Sexuales en el Sistema Educativo.

En el marco del PRONESA se conformó el Comité de Apoyo Interinstitucional (CAI). En junio de 2006, el Comité suscribió un Memorando de Entendimiento por 5 años para el desarrollo y la institucionalización de la Educación de la Sexualidad y Erradicación de los Delitos Sexuales en el ámbito Educativo. Esta política fue aprobada con el Acuerdo Ministerial 403 que formula el Plan Nacional de Erradicación de los Delitos Sexuales en el Ámbito Educativo. El plan incluye políticas para la prevención, restitución de derechos de víctimas, investigaciones y sanciones de los casos de delitos sexuales así como prevención del VIH/SIDA. En el 2007 se iniciará la implementación del mencionado plan desde el Ministerio de Educación y el Comité de Apoyo Interinstitucional. Como ya se dijo, la nueva Ley Orgánica de Salud, incluye un capítulo de los Derechos Sexuales y Reproductivos y la disposición obligatoria de la educación sexual desde una visión de género y derechos humanos de las mujeres, tal como lo establece el Acuerdo Ministerial 403.

Igualmente el CONAMU, como miembro del Consejo Rector Nacional de la Educación de la Sexualidad, apoyó el proceso participativo de formulación de la nueva propuesta de la Ley de Educación de la Sexualidad, en el marco de los Derechos Humanos de las Mujeres, la Igualdad de Género y los Derechos Sexuales y Reproductivos. La Ley fue aprobada en primer debate. En el marco del PRONESA, el Ministerio de Educación está planificando la capacitación masiva de maestros y maestras para aplicar la educación de la sexualidad, con énfasis en prevención del VIH SIDA. Con estas medidas, se cubre la inquietud del Comité, constante en los párrafos 24 y 25 de sus Observaciones Finales, respecto a la implementación del Plan Nacional para la Educación Sexual y el Amor.

Proyecto Ecuador Adolescente.

En relación con los derechos sexuales y reproductivos de los y las jóvenes, el CONAMU apoya desde el año 2004 el Proyecto Ecuador Adolescente, conjuntamente con el Instituto Nacional del Niño y la Familia y con asistencia técnica y financiera de la Cooperación Técnica Belga. El programa se lleva adelante en 12 ciudades del país, con el objeto de difundir y promover los derechos sexuales y reproductivos de adolescentes y jóvenes, desde una perspectiva de género y de manera responsable, para prevenir de esa manera los embarazos y abortos en la adolescencia. En el 2006, se han creado y fortalecido redes locales Estado-sociedad civil, en las que los/las jóvenes son los principales actores. La estrategia está basada en la coordinación interinstitucional entre los diferentes actores: Consejo Nacional de la Niñez y la Adolescencia, INNFA y los sectores de educación y salud.

Uno de los principales logros alcanzados en el marco de este proyecto se refiere al fortalecimiento de la actoría social juvenil y la construcción de agendas juveniles a nivel de las 12 ciudades del proyecto, en el marco de las cuales se han impulsado campañas comunicacionales de difusión de los derechos sexuales y reproductivos, priorizando la erradicación de la violencia sexual. Este proyecto permite incidir en los servicios de salud y educación y en la formulación de políticas locales de adolescencia y juventud desde un enfoque de género.

Además, el CONAMU estableció una importante alianza con el Centro Latinoamericano Salud y Mujer, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Educación y el Consejo Nacional de la Niñez y la Adolescencia para iniciar acciones orientadas a difundir información para la prevención del embarazo en adolescentes. Una de las acciones concertadas es la celebración conjunta del Día para la prevención del embarazo en adolescentes, que tuvo lugar el pasado 26 de septiembre de 2006. Se ha realizado en este marco un proceso de capacitación dirigida a diferentes colegios de la ciudad de Quito. La capacitación se basa en una metodología de comunicación no convencional, que utiliza el arte como herramienta para informar sobre estos temas, para posteriormente abrir un foro-debate con los alumnos y alumnas.

Acceso a métodos de anticoncepción de emergencia.

El reconocimiento y respeto a los derechos humanos de las mujeres en el Ecuador ha tenido en los últimos años grandes avances, especialmente con la promulgación de la Constitución de 1998 como se menciona anteriormente. Sin embargo, según el CONAMU “en materia de derechos sexuales y derechos reproductivos todavía es largo el camino por andar.” A continuación se citan los criterios de ese organismo, sobre este tema.

“Una regresión en este campo ha sido el hecho de que en el 2004, un grupo de abogados presentara, por sus propios derechos, una acción de amparo constitucional contra el MSP y el Instituto Izquieta Pérez, oponiéndose al registro sanitario de la denominada “píldora del día después” otorgado por este Instituto, considerada por los accionantes como abortiva y no como anticonceptiva. El amparo constitucional fue aceptado por el Juez Tercero de lo Civil del Guayas, mediante resolución que fue apelada por los demandados y aceptada por el juez a quo para que suba a conocimiento y resolución del Tribunal Constitucional.”

“La Tercera Sala del Tribunal Constitucional conoció en mayo de 2006 el amparo constitucional, sin embargo la decisión fue suspender la inscripción del medicamento y certificado de registro sanitario del producto denominado POSTINOR-2. La mencionada resolución contraría el mandato constitucional de protección de los derechos humanos de las mujeres, contenida en los artículos 23 numeral 2, 20, 25; el artículo 39 en los que se garantiza los derechos a una vida libre de violencia, a la calidad de vida (hacer uso de los adelantos científicos y tecnológicos), el derecho a tomar decisiones libres sobre su sexualidad y el derecho a elegir cuántos hijos procrear, educar y mantener. La resolución del TC en el año 2006 que concedió un amparo solicitado por un grupo de abogados que se oponía a la concesión del registro sanitario de la denominada “píldora del día después”, determinando la suspensión de inscripción del mencionado producto, ocasionó reacciones contradictorias en la opinión pública, en especial en diversas organizaciones de mujeres.”

“El CONAMU al igual que la mayoría de organizaciones de mujeres del país considera que la resolución es inconstitucional ya que estaría ignorando las conclusiones científicas de la Organización Mundial de la Salud en las que se demuestra que las píldoras anticonceptivas de emergencia no son abortivas.”

El Estado está consciente del debate que persiste en el país sobre el acceso a ciertos anticonceptivos de emergencia. Sin embargo, existen otros métodos de anticoncepción aprobados y ampliamente utilizados, inclusive para la anticoncepción de emergencia, como es el caso de la píldora Glanique. Las mujeres ecuatorianas también tienen acceso libremente a otros medicamentos y métodos de anticoncepción. Por ello, para el Estado, es prioritario reforzar los procesos educativos que difundan dichos métodos y permitan el ejercicio de la sexualidad de manera libre, voluntaria y responsable, como lo establece la Constitución de la República. Un primer paso hacia esa meta es la ejecución del Plan Nacional y del Programa Nacional para la Educación de la Sexualidad y el Amor, vigentes desde el año 2000 y 2003, respectivamente, como ya se dijo con anterioridad.

VIH/SIDA y mujeres.

El Ministerio de Salud Pública, a través del Programa Nacional del SIDA, implementa una campaña de Prevención de la Transmisión Vertical del VIH, en la que se ofrecen pruebas gratuitas de VIH a embarazadas, las cuales son financiadas con fondos de la Unidad de la Ley de Maternidad Gratuita y Atención a la Infancia. Además, con este mismo fondo, se desarrolla un Programa Piloto en maternidades de Guayaquil para brindar leche materna, de forma gratuita, a recién nacidos(as) hasta los 6 meses de edad, hijos(as) de madres portadoras del virus.

En el año 2006, el CONAMU incluyó este tema en su agenda e inició un proceso de concienciación sobre la problemática en mujeres, jóvenes y adolescentes viviendo con VIH/SIDA principalmente, mediante alternativas culturales como caravanas artísticas que tratan el tema en obras de teatro. Con el objetivo de contar con insumos suficientes para el tratamiento de esta problemática, se realizará un estudio sobre género y VIH/SIDA que permitirá conocer la realidad específica en nuestro país.

Por su parte, el Ministerio de Trabajo y Empleo del Ecuador, ha tomado medidas para frenar la discriminación contra personas con VIH/SIDA. Mediante Acuerdo Ministerial No. 00398, expedido el 13 de julio de 2006, se prohíbe a las empresas públicas y privadas y a toda institución estatal a realizar de manera obligatoria la prueba de VIH, para conseguir un puesto de trabajo o continuar en él, así como el despido intempestivo a una persona por esta causa. Este Acuerdo promueve la prevención, información y educación que se debe impartir en los lugares de trabajo y la promoción de la prueba de VIH de manera voluntaria y con consentimiento informado.

Al interior del Ministerio de Trabajo también se hacen esfuerzos por capacitar al personal en el tratamiento de la problemática de VIH/Sida. En el 2006 se realizó un proceso de sensibilización dentro del Ministerio en el que se capacitaron 120 funcionarios(as), de los cuales 99 se realizaron la prueba gratuita y confidencial en el lapso de una semana.

Otro instrumento jurídico importante, en el campo de las políticas públicas y VIH-SIDA, es el Proyecto de Reformas a la Ley de Prevención y Asistencia Integral del VIH-SIDA. El Proyecto se elaboró en un taller nacional con el objeto de que la Comisión de Salud del Congreso Nacional lo presente para debate, a fin de actualizar la actual Ley que tiene muchos vacíos, sin presupuesto claramente definido y que da un enfoque meramente epidemiológico al VIH-SIDA.

El Proyecto de reformas a la Ley toma en cuenta un enfoque de derechos humanos, es decir, va más allá del ámbito de la salud propiamente dicho. En relación con el enfoque de género, la propuesta prevé un acceso preferente y gratuito a los servicios de atención en VIH/SIDA a mujeres embarazadas y establece que se conformará un Consejo Nacional de VIH/SIDA, adscrito a la Presidencia de la República, que estaría integrado por varias instituciones del Estado, entre ellas el Consejo Nacional de las Mujeres.

En el marco del Plan Nacional de Educación de la Sexualidad del Ministerio de Educación y Cultura, mencionado con anterioridad, se hacen importantes esfuerzos para implementar el nuevo concepto de educación de la sexualidad, incluyendo el tema de VIH-SIDA en las instituciones educativas.

En el marco del “Plan Nacional de Salud y derechos sexuales y reproductivos 2006-2008”, que se citó anteriormente, se incluyen objetivos específicos sobre atención en VIH/SIDA: a) Prevenir los embarazos tempranos y las infecciones de transmisión sexual, VIH-SIDA; y b) Garantizar la atención de los / as adolescentes con VIH-SIDA.

Artículo treceBeneficios sociales y económicosAcceso a servicios básicos

En el marco del Programa de Modernización del Sistema Nacional de Registro Civil e Identificación, que lleva adelante el Consejo Nacional de Modernización y la Dirección Nacional de Registro Civil, en abril de 2006, se suscribió un convenio de cooperación entre el CONAMU, Consejo Nacional de la Niñez y de la Adolescencia, el Instituto Nacional de la Niñez y la Familia, la Dirección Nacional de Educación Intercultural Bilingüe, el Consejo de Desarrollo de las Nacionalidades y Pueblos del Ecuador, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, para poner en marcha el Plan Nacional de Cedulación, Registro e Inscripciones tardías gratuitas, denominado Juntos por el derecho a la identidad.

El primer componente tiene como objetivo la universalización del acceso a la identidad y la garantía de este derecho fundamental para todos los ecuatorianos y las ecuatorianas de todas las edades. Para ello se realizaron brigadas móviles de registro y cedulación en zonas del Ecuador en las que la población no ha tenido acceso a estos servicios.

A través de las brigadas móviles, se aspira atender a más de 1 millón 500 mil ecuatorianos y ecuatorianas que no están registrados y que, al no tener documento de identidad, no pueden acceder a los servicios básicos como salud, educación, entre otros. De esta cifra, alrededor de 600 mil son niños y niñas.

Este plan de cedulación arrancó con un proyecto piloto en 8 cantones, entre los más pobres del país, en los que se lleva adelante un proyecto piloto de titularización de tierras conjuntamente con el Proyecto PRAT y el Ministerio de Ambiente, a fin de que las mujeres puedan acceder a los recursos de la producción.

Políticas de protección social.

En relación con las inquietudes del Comité, constantes en los párrafos 14 y 15 de sus Observaciones Finales, cabe indicar que entre los Programas dirigidos a la población que vive en la pobreza y extrema pobreza, el Programa del Bono de Desarrollo Humano constituye el de mayor cobertura e inversión social, que incluye a las mujeres indígenas y rurales. El programa cubre a más de dos millones de hogares ecuatorianos e implica una transferencia condicionada a proteger el capital humano a través de la salud y la educación. Las mujeres son las principales partícipes de esta política, ya que son quienes reciben la transferencia para dirigirla al bienestar de sus hijos e hijas.

A fin de evaluar los alcances del Programa, el CONAMU, con apoyo de la CEPAL, realizó en el 2003 un estudio de género sobre el Bono de Desarrollo Humano. Los hallazgos de dicho estudio permitieron elaborar una propuesta para la ejecución de un Pilotaje de Redes de Servicio para Mujeres beneficiarias del Bono de Desarrollo Humano en seis cantones del país. El objetivo de dicho pilotaje es “Cualificar la política de Protección Social y de combate a la pobreza del país, desde la perspectiva de los derechos de las mujeres y el acceso a los servicios sociales básicos, a través de la implementación de una estrategia de mejoramiento y aprovechamiento de las potencialidades del Programa del Bono de Desarrollo Humano”.

En el 2005 se suscribieron convenios territoriales con los Gobiernos Locales de Riobamba y Portoviejo para el pilotaje. Se busca, en consenso con el Programa de Protección Social que maneja el Bono, ejecutar el pilotaje de redes de servicios en otros cantones del país.

Recursos económicos para las mujeres.

Frente a la situación de pobreza de las mujeres ecuatorianas, el Estado desarrolló una propuesta de canalización de recursos económicos desde una perspectiva de género. Esta propuesta se concretó con la creación de un Fideicomiso denominado PROMUJERES en el 2003, administrado por la Corporación Financiera Nacional.

El Fondo PROMUJERES arrancó sus operaciones en noviembre de 2005, a través del Programa Reembolsable de Microfinanzas, con seis operadoras comprometidas con los derechos económicos de las mujeres de más escasos recursos. Las políticas e instrumentos diseñados para el funcionamiento del Fondo, permiten que éste sea un mecanismo generador del acceso a los recursos de las mujeres en situación de pobreza extrema, de la construcción de su autonomía y de la mejora de su calidad de vida.

Se establecieron alianzas con organizaciones de mujeres y con operadoras que comparten la filosofía del Fondo, para la colocación de recursos y el seguimiento a la estrategia. Se promueve la asociación, la cooperación y la organización de las mujeres.

Durante el 2006, calificaron para participar en el Fondo alrededor de 80 operadoras, entre las cuales se encuentran instituciones financieras, cooperativas de ahorro y crédito y organizaciones no gubernamentales especializadas en microfinanzas, las cuales han expresado su deseo de participar del Fideicomiso, canalizando los recursos del patrimonio autónomo a mujeres beneficiarias a nivel nacional.

El número directo de beneficiarias de los créditos a otorgarse en esta fase será de 850 mujeres. El Fideicomiso ha despertado el interés de otras entidades que han expresado su deseo por incorporarse en calidad de constituyentes adherentes.

Tal es el caso del Consejo Nacional de Desarrollo de las Nacionalidades y Pueblos del Ecuador que, en el marco del Fondo de Desarrollo de los Pueblos Indígenas, ha establecido el Programa Reembolsable “Llankari Warmi”, cuyo objetivo será financiar actividades económicas productivas de mujeres indígenas, a través de la entrega de microcréditos, para fortalecer las Cajas de Ahorro y Bancos Comunales.

El Fondo Promujeres tiene también un Programa No Reembolsable denominado “Igualdad de Género”, cuyo objeto es apoyar, mediante un fondo público y competitivo, las iniciativas que surjan desde la sociedad civil organizada para fortalecer la ejecución de los componentes incorporados en el Plan de Igualdad de Oportunidades.

Mujeres con discapacidades

En el Ecuador, según la Encuesta de Hogares del INEC para el 2004, en la cual se incluyó un importante componente de discapacidades, el 12,14% del total de la población tiene algún tipo de discapacidad, es decir 1.608.334 personas, de las cuales 829.739 son mujeres. En la población con discapacidades de 41 años y más, el 54% son mujeres y el 46 % son hombres.

El Consejo Nacional de Discapacidades ha incorporado el tema de las mujeres con discapacidad en su planificación dentro del Plan Operativo 2007. En los últimos tres años, el Consejo ha financiado proyectos de capacitación y desarrollo organizacional de mujeres con discapacidad física en una primera etapa, con la perspectiva específica de género, a fin de fomentar la toma de conciencia sobre la realidad que viven las mujeres con discapacidades y el fortalecimiento de su liderazgo, a fin de luchar contra esa doble discriminación.

El Consejo creó la Red de Defensa de Derechos de las Personas con Discapacidad, conformada por todos los comisionados provinciales de la Defensoría del Pueblo, por los consultorios jurídicos gratuitos de las Facultades de Derecho de las Universidades del país y por algunos Colegios de Abogados.

Además, elaboró el Proyecto de reformas a la Ley sobre Discapacidades, que ya está vigente, en el que se establecen sanciones por incumplimiento de la Ley, pudiendo multarse a los infractores desde 250 hasta 5.000 dólares.

De igual manera, la Ley Reformatoria al Código de Trabajo, expedida en enero de 2006, incorpora la obligatoriedad de contratar personas con discapacidades en las empresas públicas o privadas con un mínimo de 25 empleados. La contratación será del 1% en el primer año hasta llegar en el quinto año al 4% del total de los trabajadores, observándose los principios de igualdad de género. El Ministerio de Trabajo realizará inspecciones de trabajo permanentes a las empresas y sancionará al empleador que incumpla la Ley.

Artículo catorceMujeres rurales

Con el fin de atender las preocupaciones del Comité, constantes en los párrafos 14 y 15 de sus Observaciones Finales, el Estado ha emprendido acciones importantes para lograr la disminución de la pobreza de la mujer rural, indígena y afroecuatoriana.

Crédito para mujeres campesinas

Con la meta de mejorar la calidad de vida de las comunidades campesinas, a través de la organización de las mujeres y crear el hábito del ahorro y crédito, que contribuya a hacer sostenibles a sus familias y comunidades, el Proyecto de Desarrollo de los Pueblos Indígenas y Negros del Ecuador trabajó en inversiones rurales privadas con el proyecto: “Programa de Cajas Solidarias”, con 626 cajas solidarias a nivel nacional, conformadas por 15.158 mujeres de 27 nacionalidades y pueblos indígenas y afro ecuatorianas.

Durante la gestión de las cajas solidarias, las integrantes fueron capaces de ser auto gestoras y administrar los recursos del grupo organizado de sus propias economías familiares, lo cual produjo un gran avance, tanto en el aspecto familiar, comunal y social, creando en las mujeres el espíritu microempresarial e impulsando el desarrollo de entidades financieras comunitarias que sirvan a sus comunidades a largo plazo. Así, del 100% de estas cajas solidarias, un 10% se incorporaron al Sistema Financiero Nacional, regulado por la Superintendencia de Cooperativas y un 15% se encuentran en proceso de ingreso.

De igual forma, se han creado microempresas tales como: tiendas comunales, panaderías, centros artesanales, criaderos de especies menores y otras actividades que han ido surgiendo como producto de este tipo de organización. Se logró involucrar la participación de la mujer indígena y afro ecuatoriana en la toma de decisiones a nivel de sus comunidades y organizaciones, transformándose en sujetas activas y no pasivas en sus comunidades. Se ha logrado promover la formación de nuevas cajas solidarias en las zonas rurales que no disponen de servicios financieros, que han fortalecido las diversas actividades productivas de las familias campesinas y rurales. Los grupos de mujeres que manejan las cajas solidarias tienen la capacidad del manejo financiero y gestión administrativa.

Mujeres indígenas y salud

En materia de salud se han dado algunos pasos importantes. Uno de estos avances es la consolidación de los Comités de Usuarias de la Ley de Maternidad Gratuita y Atención a la Infancia, en zonas con alta población rural y particularmente indígena.

También se han hecho esfuerzos por incorporar dentro de las prestaciones de la Ley el parto vertical, recuperando así las prácticas ancestrales indígenas. Esta propuesta todavía está en discusión y necesita recursos.

Acceso de mujeres indígenas a la educación

En el área rural, de cada 100 hombres que asisten a establecimientos de educación secundaria, 88 son mujeres. En las zonas rurales hay un alto porcentaje de escuelas unidocentes, con infraestructura y equipamiento poco adecuado.

El Programa de Educación Bilingüe del Ministerio de Educación, cuyo objetivo es erradicar el analfabetismo y detener la deserción escolar, está dirigido particularmente a mujeres rurales e indígenas. Según cifras de la Dirección Nacional de Educación Intercultural Bilingüe, en el programa de Alfabetización hay 56.110 alumnas mujeres.

Artículos quince y dieciséisIgualdad ante la ley, en el matrimonio y derecho de familia

La Constitución vigente, consagra el principio de igualdad ante la ley para mujeres y hombres. Progresivamente han fortalecido este principio muchas normas secundarias del sistema legal ecuatoriano. Actualmente la mujer tiene plena capacidad jurídica y libertad en la administración de sus bienes propios, libertad de contratación, libertad de trabajo, comercio e industria. Las mujeres pueden representar civilmente a otras personas naturales o jurídicas y ejercer libremente sus profesiones. Por lo tanto, la igualdad de jure está garantizada en el sistema jurídico ecuatoriano.

En la medida que el acceso a la justicia es limitado para las personas de escasos recursos, en particular en casos civiles, especialmente los vinculados a asuntos de familia, se ha calificado como prioritario el Programa Nacional de Acceso a la Justicia de las Mujeres Diversas. En este sentido, el CONAMU está haciendo negociaciones con las instituciones responsables de la reforma del sector justicia que se llevará a cabo en el marco del Proyecto PROJUSTICIA II del Banco Mundial.

La Constitución Política del Ecuador reconoce que la familia se constituye por vínculos jurídicos o de hecho y se basa en la igualdad de derechos y oportunidades de sus integrantes. Este principio también se aplica para el matrimonio y las uniones de hecho. El texto constitucional añade que el Estado promoverá la corresponsabilidad paterna y materna y establece el apoyo del Estado a las mujeres jefas de hogar.

Desde las reformas del Código Civil de 1989, la legislación dejó sentado el principio de igualdad, aunque se mantienen presunciones a favor del marido en la administración conyugal, si al contraer matrimonio los cónyuges no manifiestan de manera expresa lo contrario. De hecho, al celebrar matrimonios civiles las autoridades asumen que es el hombre quien administra la sociedad conyugal, si no se expresa lo contrario.

En los temas de familia, se prepararon mediante procesos de participación ciudadana los proyectos de Código de la Niñez y Adolescencia y Código de la Familia, armonizados entre sí, para evitar potenciales conflictos de aplicación. Ambos textos significaban un avance de legislación, acorde con la realidad social. En mayo de 2002, se conoció en primer debate el proyecto de Código de Familia, pero luego se suspendió su trámite. En abril de 2003, se promulgó el nuevo Código de la Niñez y la Adolescencia, que ha permitido mejorar los principios de administración de justicia de manera especializada en los casos que le compete.

La edad mínima para casarse es de 18 años, sin embargo, con autorización del padre y la madre o del juez competente un adolescente puede hacerlo antes.

El artículo 23 de la Constitución permite a las personas acceder a métodos de planificación familiar, lo cual eliminó formalmente el requisito de la autorización del esposo, norma que está acorde con la legislación civil vigente.

Otros temas de especial preocupaciónPoblación de frontera

La Subsecretaría de Soberanía Nacional y Desarrollo Fronterizo del Ministerio de Relaciones Exteriores fue creada en mayo de 2004, con el objeto de atender cuestiones relacionadas con la defensa de la soberanía y la integridad territorial, la ejecución de políticas y acciones relacionadas con el fortalecimiento de las fronteras vivas, el mejoramiento de la vida de las poblaciones de las zonas fronterizas y amazónicas, la integración física del país con Sudamérica y el desarrollo sostenible de la Amazonía.

En el marco de la integración y en cumplimiento de la Declaración Presidencial de 20 de junio de 1989 se creó la Comisión de Vecindad e Integración Ecuatoriana-Colombiana, que fue reestructurada en noviembre de 2002.

La Comisión de Vecindad es un mecanismo bilateral de carácter político y representativo, encargado de promover la integración, la cooperación y el desarrollo binacional, con énfasis en la Zona de Integración Fronteriza. El tema de género no se integra como eje transversal; sin embargo, la Cancillería ha invitado al CONAMU a participar en algunos espacios para la formulación de propuestas de cooperación.

El CONAMU, en coordinación con la Comisión de Vecindad y el Ministerio de Relaciones Exteriores, ha iniciado contactos en el mes de septiembre de 2006 con la Consejería de la Mujer de Colombia, para ejecutar el “Proyecto de Cooperación Técnica Ecuador-Colombia en el ámbito de las políticas de protección especial dirigidas a mujeres en situación de riesgo: mujeres, niñas, niños y adolescentes desplazadas/os y refugiadas/os”.

El objetivo del proyecto es incorporar el enfoque de género en las políticas, programas y proyectos orientados a la promoción y protección de los grupos de desplazados y refugiados de la zona fronteriza y garantizar el ejercicio pleno de los derechos de las mujeres, niñas y adolescentes ecuatorianas y colombianas afectadas por el conflicto armado en Colombia.

Mediante Decreto Ejecutivo de agosto de 2000, se creó la Unidad de Desarrollo Norte, para atender prioritariamente el desarrollo económico y social en la frontera norte en las provincias de Esmeraldas, Carchi, Imbabura, Sucumbíos, Orellana y Napo.

La actividad de UDENOR se halla en el marco del desarrollo alternativo, preventivo, integral y sostenible en la región de la frontera norte, que comprende los componentes de apoyo a la infraestructura social, infraestructura productiva, desarrollo productivo, conservación del medio ambiente, desarrollo económico y gestión local.

Con estas importantes acciones, el Estado aspira cubrir las preocupaciones del Comité, constantes en los párrafos 16 y 17 de sus Observaciones Finales.

Ambiente y género

El Estado, a través del CONAMU, inició un importante proceso de institucionalización del enfoque de género en las políticas ambientales. A partir de una investigación que permite visualizar la igualdad de género y los derechos de las mujeres en las políticas ambientales, el CONAMU está trabajando en la difusión de la situación de las mujeres en los ecosistemas.

En el marco de la línea de trabajo “Mujer y ambiente”, el CONAMU realiza acciones frente a los problemas ambientales, capacitando a las mujeres frente a los efectos ambientales directos e indirectos, fortaleciendo su participación en acciones de prevención y remediación ambientales. Así, se ha incorporado a las mujeres rurales en la relación género-ambiente, enfatizando que las personas son parte de los ecosistemas, asegurando la igualdad de género en la aplicación del Convenio de Diversidad Biológica del cual el Ecuador es signatario.

A nivel del país, se definen lineamientos para incorporar criterios de género en la gestión ambiental, desde la oficina del PNUD-Ecuador, del Fondo para el Medio Ambiente, y a través de donaciones nacionales, otorgadas a las ONG ambientalistas y organizaciones comunitarias. En el marco de estas iniciativas se desarrolla el enfoque de género, con un énfasis particular en promover la participación activa de las mujeres en el aprovechamiento de los recursos de los ecosistemas, en la toma de decisiones sobre el manejo sostenible y como adjudicataria de los beneficios ambientales.

En los últimos años se está ampliando una conciencia ambiental ciudadana, en particular en las zonas de explotación petrolera (nororiente) y se han creado organizaciones que luchan por la suspensión de la explotación no sustentable de este recurso no renovable, en las que las mujeres con cargos políticos importantes lideran estos procesos. Existe un grupo de mujeres biólogas y ambientalistas que promueven en las localidades la participación activa de la gente en contra de esta explotación.

A nivel local, existen organizaciones de mujeres campesinas, indígenas, mestizas, afro descendientes y montubias que viven de la extracción sostenible y transformación de productos de los ecosistemas en diferentes partes del país. Algunos gobiernos locales, que cuentan con unidades ambientales, apoyan a las mujeres como actoras importantes en la conservación de la biodiversidad local.

Parte III

Retos pendientes

La mujer y la economía

Si bien el Estado ha consolidado alianzas con el Frente Social, todavía es un reto la articulación efectiva de la política económica y la política social desde una perspectiva de derechos, que fortalezca un modelo de desarrollo basado en la justicia social y en principios de igualdad y diversidad sociocultural.

Es fundamental continuar invirtiendo recursos humanos y financieros para incidir en los procesos de planificación de las políticas públicas y particularmente del Presupuesto General del Estado, con el objeto de orientar la inversión pública en base de las necesidades específicas de los grupos menos favorecidos, entre ellos las mujeres.

De manera específica, es necesario lograr un incremento de la asignación presupuestaria para el funcionamiento del Fondo Promujeres, como estrategia efectiva de canalización de recursos financieros para incentivar las iniciativas económicas de las mujeres de escasos recursos y contribuir en el largo plazo a la superación de la pobreza.

Ello implica fortalecer el sistema de indicadores sociales del país, incorporando nuevos indicadores que permitan visualizar la feminización de la pobreza en el país y sobre la base de dicha información tomar medidas para mejorar las condiciones de vida de las mujeres ecuatorianas y sus familias.

Sin duda alguna es necesario promover procesos de reforma legal a cuerpos normativos importantes tales como la Ley de Comercio, las leyes relacionadas con el funcionamiento del Sistema Bancario en su conjunto, la Ley de Desarrollo Agrario y la Tenencia de Tierras en el Ecuador.

Es fundamental también contar con información cuantitativa y cualitativa sobre la situación de las mujeres en el campo, con el objeto de incorporar el enfoque de género en las Políticas Agropecuarias del Ecuador 2006-2016 e incluir a las organizaciones de mujeres productoras en las diferentes etapas de implementación de las políticas.

Con relación al tema de medio ambiente y género, es prioritario desarrollar investigaciones que permitan disponer de información y conocimientos sobre el acceso, uso y control de los recursos naturales, desde una perspectiva de género.

Uno de los temas que continúa pendiente en la agenda de género es lograr la cuantificación del aporte de las mujeres a la economía nacional. Para ello, la aplicación de la Encuesta Nacional del Uso del Tiempo a nivel nacional constituye una prioridad en la inversión que el Estado debe realizar.

Educación y capacitación

En el ámbito de la educación, uno de los principales retos a superar se refiere a incrementar el tiraje de textos escolares de calidad y a bajo costo, con contenidos que promueven la igualdad y los derechos de niños, niñas y adolescentes y el desarrollo de sus capacidades.

El Consejo Nacional de las Mujeres y el Consejo Nacional de la Niñez y la Adolescencia deben definir mecanismos institucionales adecuados de articulación, orientados a fortalecer el sistema descentralizado de protección integral de los derechos de la niñez (particularmente las Juntas de Protección de Derechos de la Niñez), para vigilar los principios de no discriminación en la educación, especialmente en los casos de expulsión o rechazo por embarazo y en los casos de violencia sexual.

Es interesante fortalecer las nuevas alternativas de educación que incorporen las diversas expresiones del arte, visualizando el aporte de las mujeres. Igualmente la articulación del deporte y actividades alternativas con los programas como el de Educación sobre la Sexualidad.

En las iniciativas educativas que se gestan en el país es impostergable incorporar efectivamente el enfoque de interculturalidad en todos los niveles.

También hay que promover el acceso de las mujeres a la educación superior, mediante el establecimiento de un Fondo de Becas que priorice el acceso de las jefas de hogar a los diferentes programas de estudios.

La mujer y la salud

Es fundamental promover la incorporación del enfoque de interculturalidad en los servicios de salud, particularmente las prácticas ancestrales beneficiosas, como el parto vertical en el paquete de prestaciones de la Ley de Maternidad Gratuita y Atención a la Infancia, así como desarrollar programas para la recuperación de los conocimientos tradicionales en el cuidado de la salud, tomando en cuenta de manera particular la valoración de las parteras y su inclusión en los servicios de salud.

Es todavía un tema pendiente fortalecer el papel de los gobiernos locales en la provisión de los servicios de salud, a través de acuerdos nacionales, desde una perspectiva de género y de derechos humanos.

Es fundamental consolidar los avances en materia de derechos sexuales y reproductivos, fortaleciendo los programas y proyectos para garantizar el acceso a métodos de anticoncepción con responsabilidad y respeto pleno de los derechos.

Violencia familiar

Una de las prioridades en materia de justicia es lograr la implementación del modelo de gestión de los juzgados de familia y contravenciones de violencia dentro de la Función Judicial.

Se evidencia la necesidad de invertir recursos en la formulación participativa de un Plan Nacional de Prevención, Erradicación y Sanción de la Violencia de Género que permita realizar programas y proyectos desde lo local, para atender y proteger a las víctimas de violencia, restituir sus derechos e implementar mecanismos de sanción a los agresores.

En el marco del citado Plan, se deberá asegurar la asignación de recursos suficientes y oportunos en el Presupuesto General del Estado, para la implementación de políticas, programas y proyectos de prevención, erradicación y sanción de la violencia de género, fortalecimiento de las casas de refugio existentes y creación de nuevas, así como servicios legales y sicológicos, entre otros.

En cuanto a la asignación de recursos, constituye un compromiso ineludible la consecución de fondos para la implementación del Plan Nacional de Combate de la Trata y el Tráfico y la Explotación Sexual. Al respecto, el proyecto Política Fiscal con Enfoque de Género es una estrategia clave para sensibilizar a las autoridades del Ministerio de Economía y Finanzas sobre la necesidad de invertir recursos en el diseño y ejecución de políticas públicas, orientadas a prevenir y sancionar la explotación sexual de niñas, niños, adolescentes y mujeres.

Continúa siendo un reto pendiente, lograr la tipificación de la violencia contra las mujeres como delito dentro del Código Penal. Para ello, el Estado realizará todos los esfuerzos necesarios para que en el nuevo período legislativo se apruebe dicha reforma.

La delicada situación que se vive en las provincias de la frontera norte, como producto del conflicto armado colombiano, hace evidente la necesidad de fortalecer los programas de protección de los derechos de las mujeres, niñas y adolescentes ecuatorianas y colombianas desplazadas y/o refugiadas, mencionados en el presente informe.

La mujer en el ejercicio del poder

En cuanto a la participación política de las mujeres, es necesario que el Estado Ecuatoriano asuma la formación de liderazgos políticos de mujeres. Si bien la participación de las mujeres en los procesos electorales así como en las diferentes instancias de toma de decisiones es cada vez mayor, es fundamental invertir recursos en la capacitación y formación política desde una perspectiva de género y de derechos humanos.

El fortalecimiento de los liderazgos políticos de las mujeres en el Ecuador es sin duda un paso fundamental para lograr la gobernabilidad democrática y constituye un aporte sustancial en la construcción de una democracia igualitaria e inclusiva.

Mecanismos institucionales y jurídicos de género

Con respecto al fortalecimiento de la institucionalidad pública de género, es prioritario promover un debate amplio con las organizaciones de mujeres diversas del país, previo a la presentación del proyecto de Ley para la Igualdad de Oportunidades y de Género en el Congreso Nacional. La discusión y aprobación de esta Ley es urgente y de vital importancia para la formulación de políticas públicas de género en el país.

También es de suma importancia hacer las gestiones políticas necesarias para recuperar el status de la anterior Defensoría Adjunta de la Mujer de la Defensoría del Pueblo, para fortalecer su papel en la exigibilidad de los derechos humanos de las mujeres.

Difusión de los derechos humanos de las mujeres

Es importante que el conjunto de las instituciones públicas inviertan recursos para incrementar la difusión de la Convención y particularmente su Protocolo Facultativo, como instrumento de exigibilidad de los derechos de las mujeres. Un paso importante ha sido, como ya se mencionó antes, la labor de la Comisión de Coordinación Pública para los Derechos Humanos del Ministerio de Relaciones Exteriores y el CONAMU que difunden ampliamente estos instrumentos y las Observaciones del Comité a los Informes del Estado, los Informes propiamente dichos y otros mecanismos de género, a través de publicaciones escritas y del Internet.

De igual manera es necesario que los programas de difusión masiva de los derechos de las mujeres se hagan también en lenguas de otras nacionalidades y pueblos del Ecuador.

Ambiente y género

Por una parte, es fundamental promover investigaciones especializadas que den cuentan de la problemática que enfrentan las mujeres urbanas y rurales, afectadas por la contaminación ambiental, particularmente la degradación de la tierra, el incremento de los conocimientos sobre los Contaminantes Orgánicos Persistentes e integrar la interculturalidad como un elemento dinamizador en el dominio de las mujeres sobre el manejo de los recursos naturales.

Otro aspecto clave en materia de ambiente es el tema de salud ocupacional y ambiental: enfermeras expuestas a radiaciones, trabajadoras de las flores, camaroneras, entre otras ocupaciones de alto riesgo para la vida de las mujeres trabajadoras.

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Siglas utilizadas

ACNUR	Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados
AME	Asociación de Municipalidades del Ecuador
AMJUPRE	Asociación de Mujeres de Juntas Parroquiales del Ecuador
BCE	Banco Central del Ecuador
BID	Banco Interamericano de Desarrollo
CEPAM	Centro Ecuatoriano para la Promoción y Acción de la Mujer
CEPAR	Centro de Estudios de Población y Desarrollo Social
CEOSL	Confederación Ecuatoriana de Organizaciones Sindicales Libres
CIM	Comisión Interamericana de Mujeres
CODAE	Consejo de Desarrollo de los Pueblos Afroecuatorianos
CODENPE	Consejo de Desarrollo de las Nacionalidades y Pueblos del Ecuador
CONADE	Consejo Nacional de Desarrollo
CONADIS	Consejo Nacional de Discapacidades
CONALMA	Consejo Nacional para el Apoyo de la Lactancia Materna
CONAM	Consejo Nacional de Modernización
CONAMU	Consejo Nacional de las Mujeres
CONASIDA	Consejo Nacional del Sida
CPE	Constitución Política del Ecuador
CPME	Coordinadora Política de Mujeres del Ecuador
CTE	Confederación de Trabajadores del Ecuador
DFC	Desarrollo Forestal Campesino
DINAMU	Dirección Nacional de la Mujer
DINAPEN	Dirección Nacional de Policía Especializada para niños, niñas y adolescentes
DNI	Defensa de los Niños Internacional
ECV	Encuesta de Condiciones de Vida
ENDEMAIN	Encuesta Demografía y de Salud Materna e Infantil
FAO	Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación
FEDAEPS	Federación Ecuatoriana de Apoyo para la Salud
FLACSO	Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales
FODECO	Fondo de Desarrollo Comunitario
GAMMA	Grupo de Apoyo al Movimiento de Mujeres del Azuay
IESS	Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social
IICA	Instituto de Interamericano de Cooperación para la Agricultura
ILDIS	Instituto Latinoamericano de Ciencias Sociales
IIE	Instituto de Investigaciones Económicas
INEC	Instituto Nacional de Estadísticas y Censos
INNFA	Instituto Nacional del Niño y la Familia
IPEDS	Institutos Pedagógicos Superiores
ISSFA	Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas
ISSPOL	Instituto de Seguridad Social de la Policía
MAG	Ministerio de Agricultura y Ganadería
MBS	Ministerio de Bienestar Social
MEC	Ministerio de Educación y Cultura
MEF	Ministerio de Economía y Finanzas
MMRREE	Ministerio de Relaciones Exteriores
MODERSA	Modernización de los Servicios de Salud
MOMEP	Misión de Observadores Militares Ecuador Perú
MTE	Ministerio de Trabajo y Empleo
MSP	Ministerio de Salud Pública
ODMU	Oficina de Defensa de Derechos de la Mujer
OIT	Organización Internacional del Trabajo
ONG	Organización No Gubernamental
ORI	Operación Rescate Infantil
PAFE	Plan de Acción Forestal
PDHS	Programa de Desarrollo Humano Sustentable
PEA	Población Económicamente Activa
PIB	Producto Interno Bruto
PIO	Plan de Igualdad de Oportunidades
POA	Plan Operativo Anual
PROCALMUC	Programa de Alfabetización para el Mejoramiento de Calidad de Vida de las Mujeres Campesinas
PROLOCAL	Programa de Desarrollo Local Sostenible
PRONADER	Programa Nacional de Desarrollo Rural
PUCE	Pontificia Universidad Católica del Ecuador
SENRES	Secretaría Nacional de Remuneraciones del Sector Público
SIISE	Sistema Integrado de Indicadores Sociales del Ecuador
SIMUJERES	Sistema Integrado de Mujeres
SINEC	Sistema Nacional de Educación y Cultura
SININEZ	Sistema Integrado de Niñez
SIPI	Sistema de Información para la Infancia
SOLCA	Sociedad de Lucha contra el Cáncer
STFS	Secretaria Técnica del Frente Social
TC	Tribunal Constitucional
TSE	Tribunal Supremo Electoral
UNFPA	Fondo de Población de las Naciones Unidas
UNICEF	Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia
UNIFEM	Fondo de las Naciones Unidas para la Mujer