Comité de Derechos Humanos

128º período de sesiones

2 a 27 de marzo de 2020

Tema 4 del programa

Examen de los informes presentados por los Estados partes en virtud del artículo 40 del Pacto

Respuestas de Dominica a la lista de cuestiones en ausencia de su informe inicial *

[Fecha de recepción: 10 de marzo de 2020]

Marco constitucional y jurídico de aplicación del Pacto(art. 2)

Respuesta al párrafo 1 de la lista de cuestiones(CCPR/C/DMA/Q/1/Add.1)

1.El artículo 117 de la Constitución del Commonwealth de Dominica declara que la Constitución es la ley suprema del país. Cualquier disposición de otra ley que sea incompatible con las disposiciones de la Constitución se considera nula.

2.Las disposiciones del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que protegen los derechos y libertades de las personas, se reflejan en la Constitución. En los textos legales y en la jurisprudencia de nuestros tribunales se recogen protecciones más concretas y detalladas de esos derechos y libertades.

3.Hasta la fecha, Dominica no se ha adherido a los dos Protocolos Facultativos del Pacto. Dominica no tiene inconveniente en adherirse al primer Protocolo Facultativo para permitir que el Comité de Derechos Humanos establecido en la Parte IV pueda recibir y considerar las comunicaciones de individuos que aleguen ser víctimas de violaciones de cualquiera de los derechos enunciados en el Pacto. Se llevarán a cabo gestiones con este fin.

4.Sin embargo, el Segundo Protocolo Facultativo requerirá un proceso más amplio que incluya la consulta y la participación del público. Durante muchos años la pena de muerte ha estado sujeta a una moratoria de facto. En virtud de la decisión adoptada en 2003, por el que era entonces nuestro tribunal de última instancia, el Consejo Privado, se suspendieron las ejecuciones. En 2018, Dominica apoyó una resolución de las Naciones Unidas en la que se pedía una moratoria del uso de la pena de muerte. Toda decisión será determinada por el pueblo de Dominica.

5.La Constitución impone limitaciones a los derechos humanos fundamentales de una forma razonable en una sociedad democrática. Estos límites se basan en la protección de: i) la defensa, la seguridad pública, el orden público, la moral o la salud públicas; y ii) los derechos o libertades de terceros. Estos límites son compatibles con el Pacto.

Respuesta al párrafo 2

6.Desde la independencia, el Gobierno del Commonwhealth de Dominica ha creado instituciones y promulgado leyes para la administración de justicia en el marco de su labor por proteger los derechos y libertades de sus ciudadanos. Nuestro sistema judicial, a pesar de sus dificultades debido a las limitaciones de recursos, es accesible a todos.

7.El puesto de Comisionado Parlamentario no se ha cubierto. Sin embargo, algunas de sus funciones han sido asumidas por otras instituciones y oficinas. Se han establecido mecanismos de reclamación y de solución de controversias para los empleados de los sectores público y privado; a la Comisión de Cuentas Públicas del Parlamento le corresponde la importante función de garantizar que los recursos del Estado se gasten y contabilicen correctamente; y la Comisión de Integridad del Funcionario Público combate la corrupción en la vida pública.

8.En 2003, el gobierno promulgó la Ley de Integridad del Funcionario Público. Desde entonces, se estableció una Comisión de Integridad del Funcionario Público, que está en pleno funcionamiento, con el fin de establecer la honradez, la integridad y la responsabilidad en la vida pública. La Comisión es totalmente independiente y ha realizado algunas investigaciones sobre casos de personas en la vida pública.

9.Al comienzo del nuevo mandato de esta administración, en diciembre de 2019, se creó un nuevo ministerio encargado de la gobernanza, el empoderamiento de los ciudadanos y la justicia social. Este nuevo departamento del Gobierno tiene la misión de poner en marcha un mecanismo de reclamaciones para atender las preocupaciones de los ciudadanos. También se encargará de fomentar una mayor participación ciudadana en la gobernanza y aplicará programas y adoptará políticas para el servicio público con miras a empoderar a los ciudadanos.

10.Estas iniciativas complementarán las actividades del Gobierno encaminadas a mejorar el proceso de presentación de informes en el marco del examen periódico universal (EPU) y del Pacto. Además, ya se ha tomado la decisión de crear un mecanismo nacional para la aplicación, la presentación de informes y el seguimiento que incluya a representantes de los departamentos del gobierno, el sector privado y otros actores no estatales. Esto contribuirá al establecimiento de una institución nacional de derechos humanos conforme con los principios relativos al estatuto de las instituciones nacionales de promoción y protección de los derechos humanos (Principios de París).

Estado de emergencia, medidas contra el terrorismo yvigilancia (arts. 2, 4, 7, 9, 14 y 17)

Respuesta al párrafo 3

Estado de emergencia

11.El artículo 14 de la Constitución del Commonwhealth de Dominica prevé la derogación de los artículos 3 y 13 durante un período de emergencia pública o estado de emergencia. Estas restricciones, relativas al derecho a la libertad personal y la protección contra la discriminación, se han redactado cuidadosamente para ser interpretadas de forma estricta a fin de asegurar que no se impongan limitaciones indebidas o innecesarias a estos derechos y libertades de las personas más allá de lo que es razonable en una sociedad democrática.

12.Solo se declara el estado de emergencia cuando existen razones contundentes e imperiosas para restringir la circulación y los derechos de las personas con objeto de proteger la seguridad pública y por razones de seguridad nacional. Un período de emergencia pública solo puede entrar en vigor si: i) “Dominica está en guerra con un país extranjero, ii) el Presidente proclama la existencia de una situación de emergencia pública, o iii) hay una resolución vigente de la Asamblea, aprobada al menos por dos tercios de todos sus miembros, que declare que las instituciones democráticas de Dominica están amenazadas por la subversión.”

13.En caso de que el Presidente declare el estado de emergencia, debe estar convencido de que: “a) se ha producido una emergencia pública debido a la inminencia de un estado de guerra entre Dominica y un Estado extranjero o debido a un terremoto, huracán, inundación, incendio, brote de una enfermedad infecciosa u otra catástrofe similar o no a las anteriores; o b) una persona ha actuado o existe la amenaza inmediata de que lo haga de tal manera y en tal medida que puede poner en peligro la seguridad pública o privar a la comunidad, o a parte apreciable de ella, de suministros o servicios esenciales para la vida”.

14.A menos que sea revocada, la declaración permanece en vigor durante 21 días o durante el período, no superior a 6 meses, que la Cámara determine por resolución con el apoyo de la mayoría de los miembros de la Asamblea (artículo 17, párrafo 2, de la Constitución).

15.La Ley de Facultades Excepcionales, capítulo 15:02, y la Ley de Facultades Excepcionales (Casos de Desastre), capítulo 15:03, de las Leyes Revisadas del Commonwhealth de Dominica, de 1990, dan más detalles sobre el establecimiento y la aplicación de esas facultades.

16.En los últimos veinte años, se ha recurrido a las facultades excepcionales en unas 20 ocasiones, en particular inmediatamente después de una gran tormenta o huracán que habían tenido graves repercusiones en el país, al cortar el suministro de agua y electricidad y hacer intransitables las carreteras públicas.

Lucha contra el terrorismo

17.Hasta ahora, la única disposición legislativa que se ha aprobado para luchar contra el terrorismo es la Ley de Represión de la Financiación del Terrorismo, núm. 3 de 2003. Las disposiciones de la Ley son compatibles con las garantías que ofrece nuestra Constitución. Estas protecciones están de conformidad con los derechos garantizados en el Pacto. Por lo tanto, las garantías previstas en los artículos 7, 9 y 14 también están previstas en la Constitución y no se ven afectadas por la Ley.

Vigilancia electrónica

18.Actualmente no existen leyes que regulen el uso de sistemas de vigilancia electrónica por la policía y los organismos de seguridad. En consecuencia, la vigilancia electrónica no es utilizada como instrumento por las fuerzas del orden. Sin embargo, el derecho a la privacidad está protegido por la Constitución del Commonwhealth de Dominica. Por lo tanto, todo marco jurídico que regule la utilización de la vigilancia electrónica tendrá en cuenta la legislación vigente y deberá establecer disposiciones para la protección del derecho a la privacidad.

No discriminación (arts. 2, 3, 14, 20, 23, 26 y 27)

Respuesta al párrafo 4

Leyes que prohíben la discriminación

19.La Constitución del Commonwhealth de Dominica garantiza los derechos y libertades fundamentales a todas las personas en el país, independientemente de su raza, lugar de origen, opiniones políticas, color, credo o sexo. No hay ninguna ley que amplíe la lista de categorías de personas ni existen motivos de discriminación más allá de lo dispuesto en la Constitución.

Medidas para combatir y prevenir los actos de discriminación contralas personas en situación de vulnerabilidad

VIH/sida

20.El Gobierno ha adoptado medidas para combatir y prevenir los actos de discriminación contra las personas en todas las situaciones de vulnerabilidad. La Unidad Nacional de Prevención del VIH/Sida, del Ministerio de Salud y Servicios Sociales, se instituyó en 2003 y ha venido ejecutando diversos programas y actividades destinados incrementar la sensibilidad, la atención, la comprensión, el respeto y la tolerancia hacia las personas afectadas por el VIH/sida.

21.Se ofrece asesoramiento, medicación y otros tratamientos a todas las personas que viven con el VIH/sida, con independencia de su orientación sexual. La eliminación total del estigma asociado a la enfermedad plantea un desafío, pero prosiguen los esfuerzos por educar al público, y la población muestra cada vez más sensibilidad y aceptación gracias a las campañas, las caminatas, los programas de sensibilización mediática incluidos los debates televisados, el reparto de folletos y panfletos en escuelas, los lugares de trabajo, etc.

22.La Unidad sigue ofreciendo análisis gratuitos en el marco de la campaña nacional “Conoce tu Situación”, mediante la cual se anima a las personas a que se hagan un análisis para saber si tienen esa enfermedad. La última edición de esa campaña se celebró a finales de 2018. Se organizan y celebran actos nacionales para conmemorar los días internacionales declarados por la Organización Mundial de la Salud y otros organismos de las Naciones Unidas.

Personas de edad y personas con discapacidad

23.El Gobierno se preocupa mucho por atender las necesidades de las personas de edad, las personas con discapacidad y otros grupos de personas vulnerables. Uno de los programas que se ocupan de esas necesidades, el programa “Yes We Care” (Sí, nos importan), sigue prestando ayuda y ofreciendo atención gratuita a domicilio a las personas de edad. Además, se concede mensualmente un estipendio de 300 dólares del Caribe Oriental a las personas que estén en edad de jubilación, es decir, que tengan 65 años o más, pero que no cumplan los demás requisitos para percibir prestaciones del actual régimen de la seguridad social.

24.Las personas con discapacidad y otros grupos de personas vulnerables (los desempleados, las personas de condición socioeconómica baja) también se benefician de ese programa cuando se estima que cumplen los requisitos. En diciembre de 2018, el Gobierno concedió, a título excepcional, una gratificación de 500 dólares del Caribe Oriental a las personas de esa categoría. También entrega una bombona de gas para cocinar todos los meses a las personas de edad necesitadas de más de 70 años. Además, se ha establecido un programa especial para los centenarios (más de 100). Reciben 500 dólares mensuales, y cada mes electricidad y gas para cocinar gratuitos.

25.A lo largo de los años, el Gobierno ha colaborado estrechamente con la Asociación de Personas con Discapacidad de Dominica a fin de garantizar la protección de sus derechos y la adopción de disposiciones para prestarles asistencia colectiva e individual. En 2012, el Gobierno se adhirió a la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. La Convención se está utilizando como marco para las intervenciones destinadas a garantizar la protección de los derechos de las personas con discapacidad. Las disposiciones de la Convención se están aplicando con los recursos del Estado.

26.Sin embargo, el Gobierno presta apoyo a instituciones privadas que atienden específicamente a niños con discapacidad. El Alpha Centre y la escuela para personas con necesidades especiales Isulukati, en el territorio Kalinago, atienden a niños con problemas mentales, de moderados a graves, mientras que el Achivement Learning Centre atiende a niños con diversos tipos de necesidades especiales.

27.Se ha establecido una oficina para coordinar la labor de la educación especial, que comprende la evaluación psicológica, académica y conductual de los niños, así como el apoyo a la ejecución de programas de intervención para atender a sus necesidades. Los niños con discapacidad también llevan a cabo actividades deportivas y participaban regularmente en los Juegos Olímpicos Especiales. Obtuvieron muy buenos resultados este año: recibieron tres medallas de oro, tres de plata y cinco cintas por cuarto y quinto puesto. Desde 2019 existe una nueva cartera ministerial para los dominiqueses con discapacidad.

Respuesta al párrafo 5

Ley de Delitos Sexuales

28.Las disposiciones de la Ley de Delitos Sexuales de 1998, que tipifican como delito las conductas homosexuales consentidas, no se han utilizado para detener, acusar o condenar a ninguna persona. Además, durante los últimos cinco años, no se han denunciado a la policía casos de violencia o amenazas de muerte contra personas lesbianas, gais, bisexuales, transgénero e intersexuales (LGBTI).

29.Tampoco se niega el acceso a la atención de la salud a las personas LGBTI. Nadie está obligado a indicar su condición ni es preguntado al respecto, tampoco se niega a nadie el tratamiento por razón de su orientación sexual, ni siquiera a las personas a las que el Gobierno proporciona tratamiento gratuito para el VIH y el sida. La Unidad Nacional de Prevención del VIH y el Sida, del Ministerio de Salud, sigue facilitando información destinada a la educación del público para luchar contra la estigmatización.

Respuestas a los párrafos 6, 7 y 8

Equidad de género y prevención de la violencia contra las mujeres

30.El Gobierno de Dominica, por conducto de la Oficina de Asuntos de Género, ha reconocido la importancia de intensificar los esfuerzos para luchar contra la violencia de género, la violencia doméstica y la discriminación por motivos de género, al tiempo que promueve los derechos humanos y protege la integridad de la población del país. Las siguientes iniciativas que se exponen a continuación han permitido avanzar en la protección y promoción de la igualdad y la equidad de género, además de los derechos humanos.

31.En 2015, la Dirección de Asuntos de Género, en colaboración con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y la Comisión Interamericana, participó en un viaje de estudios conjunto relativo a los derechos humanos en el Caribe sobre la cuestión de la violencia contra la mujer, sus causas y consecuencias. Actores estatales y no estatales participaron en consultas en las que se examinaron las respuestas de los Estados sobre la violencia contra las mujeres y los niños en Dominica, y se determinaron estrategias para profundizar en la respuesta normativa a esta cuestión de derechos humanos.

32.En fecha más reciente, en abril de 2019, ONU-Mujeres y la Oficina del Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos impartieron capacitación a funcionarios gubernamentales esenciales con el propósito de fortalecer la capacidad técnica de los asociados del Gobierno para la presentación de informes en virtud de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, y de asegurar que los principales interesados comprendieran los progresos realizados en relación con igualdad de género a nivel nacional y regional.

33.Mediante un proyecto de movilización social, la Oficina de Asuntos de Género, en colaboración con ONU-Mujeres, puso en marcha la campaña “Alto a la violencia” contra la violencia de género. La campaña fomentó la participación del público dominiqués en algunas actividades encaminadas a aumentar la sensibilización pública sobre la violencia de género y los derechos humanos, cuestionó los estereotipos en torno al género y la violencia de género, y aumentó al mismo tiempo el apoyo a las víctimas de ese tipo de violencia. La campaña se llevó a cabo durante un período de tres años (2015-2018).

34.Como continuación de las iniciativas encaminadas a lograr la igualdad y la equidad de género, la Oficina de Asuntos de Género ha impartido cursos de capacitación sobre sensibilización respecto de las cuestiones de género y la incorporación de una perspectiva de género, destinados a funcionarios del sector público, actores no estatales, escuelas, mujeres, hombres, jóvenes y comunidades. La sensibilización pública continúa a través de programas de radio y de las redes sociales.

35.El Gobierno de Dominica sigue empoderando a la mujer mediante el establecimiento de un fondo rotatorio de préstamo orientado específicamente a la mujer. Se ha ampliado la dotación de personal de la Oficina de Asuntos de Género para atender la mayor demanda de servicios necesarios para garantizar la igualdad y la equidad de género. La Oficina y varios departamentos de otros ministerios y divisiones de Dominica se ocupan actualmente de proyectos y programas que abordan cuestiones relacionadas con el género y la mujer.

36.El Gobierno de Dominica sigue fortaleciendo la protección y promoción de los derechos humanos mediante sus instituciones, legislación y políticas públicas. Desde la independencia de Dominica en 1978, se han aprobado varios textos legislativos para eliminar la discriminación directa e indirecta por razón de sexo, promover la acción positiva en favor de la mujer y fomentar la igualdad y la equidad entre mujeres y hombres. Entre ellos cabe citar, en fecha más reciente, las modificaciones introducidas en la Ley de Delitos Sexuales de 2016 que, entre otras cosas, ahora tipifica como delito la violación conyugal; establece penas más severas para los autores de actos de violencia sexual y confiere base legislativa a la obligación de denunciar casos de presuntos abusos de menores.

37.Las mujeres de Dominica consiguieron el derecho a votar y a participar en las elecciones en 1924. Desde entonces, las mujeres han desempeñado funciones en el Parlamento como miembros electos y designados, tanto en las bancadas del gobierno como en las de la oposición. Dame Mary Eugenia Charles fue la primera mujer que ocupó el cargo de Primera Ministra en la región del Caribe y lo desempeñó durante tres mandatos consecutivos, 15 años en total. Para las elecciones de 2019, el Partido Laborista de Dominica, en ejercicio, presentó a 8 mujeres y el Partido Unido de los Trabajadores, que estaba en la oposición parlamentaria, presentó a 5. Un número sin precedentes de 13 mujeres que representan el 45 % de los candidatos. El actual Parlamento está compuesto por 11 mujeres y 20 hombres; un 36 % de mujeres.

Respuesta a los párrafos 9 y 10

38.La interrupción del embarazo sigue siendo ilegal en Dominica. No se mantiene una vigilancia estricta de las interrupciones clandestinas del embarazo, por lo que no podemos informar sobre el número de interrupciones que puedan haberse realizado.

39.El Gobierno presta apoyo a las mujeres embarazadas mediante el acceso a la atención médica gratuita en toda la isla a través del sistema de atención primaria de la salud que está bien establecido. También se han puesto en marcha, como redes de seguridad, programas de vivienda y asistencia financiera, así como otros programas de apoyo público, cuando ha surgido la necesidad. El Departamento de Bienestar Social desempeña asimismo un papel muy importante para asegurar el apoyo después del parto, incluido el asesoramiento sobre la adopción y el acogimiento familiar.

40.Actualmente no se está debatiendo la posibilidad de eliminar la prohibición de los abortos. Toda decisión será impulsada por los deseos del pueblo.

41.La tasa de mortalidad de niños menores de 1 año de Dominica en 2018 es de 33 por cada 1.000 nacidos vivos. La tasa de mortalidad materna es nula. El sistema de atención primaria de la salud, que cuenta con centros de salud en el conjunto del país, ofrece acceso gratuito para todos a los servicios sanitarios. Estos servicios incluyen la salud sexual y reproductiva.

42.En 2003 el Ministerio de Educación adoptó una política para permitir que las niñas asistieran a la escuela secundaria mientras estaban embarazadas. El acuerdo se ha formulado de tal forma que las niñas embarazadas pueden continuar su educación después de dar a luz.

43.Además, se han adoptado disposiciones especiales en la institución de enseñanza postsecundaria gratuita financiada por el Gobierno, Dominica State College (DSC), a fin de ofrecer oportunidades a los jóvenes, incluidas las niñas, para que continúen su educación de nivel secundario como requisito previo de la inscripción en los programas Associates Degree del DSC.

44.El Ministerio de Educación también ofrece apoyo para sufragar los gastos de matrícula en las instituciones de enseñanza privada y subsidios para el transporte de los jóvenes, incluidas las niñas que desean continuar sus estudios secundarios. El Programa de Educación de Adultos sigue ofreciendo a los adultos, y a las mujeres en particular, la oportunidad de completar los cursos del Caribbean Examinations Council (CXC) fuera de la enseñanza tradicional en el aula.

Cambio climático (arts. 6, 17 y 25)

Respuesta al párrafo 11

45.La reciente devastación causada en Dominica por la tormenta tropical Erica en 2015 y el huracán María en 2017, han creado una mayor conciencia sobre las repercusiones del cambio climático. Debido a las enseñanzas extraídas de los efectos de esos desastres naturales se han redoblado los esfuerzos para reforzar la preparación y la gestión en casos de desastre. Esto incluye la protección de los hogares y la infraestructura pública, así como la protección de las personas más vulnerables.

46.Desde el huracán María, el Gobierno ha construido refugios contra huracanes en algunas comunidades donde hay importantes centros de población, centros de salud inteligentes, escuelas inteligentes, dotados de energía solar fotovoltaica con sistemas de almacenamiento y reserva de agua.

47.Todas estas iniciativas se inscriben en el marco del proyecto más amplio de convertir a Dominica en el primer país del mundo resiliente al cambio climático. Este proceso contribuirá a integrar la resiliencia en todos los aspectos de la vida del conjunto de la población del Commonwhealth de Dominica.

Derecho a la vida (arts. 6 y 7)

Respuesta al párrafo 12

48.En los últimos dos años, el Gobierno del Commonwealth de Dominica ha hecho algunos avances importantes en el examen de su posición sobre el Segundo Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

49.En 2018, Dominica votó a favor de una moratoria de la pena de muerte en la Asamblea General de las Naciones Unidas. Además, en su Discurso de Independencia, de 3 de noviembre de 2018, el Primer Ministro hizo la siguiente declaración:

“Al cumplir 40 años también debemos mantener algunas conversaciones con madurez como nación. Una de ellas sobre la pena de muerte. ¿Sigue siendo un elemento disuasorio? ¿Es inhumana? ¿Qué objetivos logra? ¿Es conveniente? ¿Hay otra opción que sea mejor? Se trata de una cuestión que debemos afrontar, lo antes posible y hemos de adoptar una posición. Durante los próximos meses, su gobierno recabará las opiniones de diversos grupos bien informados en el ámbito internacional y se las transmitirá. De este modo podremos llegara a una posición sólida y fundamentada, basada en la razón y en los hechos, más que en la emoción.”

50.El Gobierno está dispuesto a recibir asistencia para facilitar un diálogo nacional sobre esta cuestión.

Respuesta al párrafo 13

51.Los eventos de febrero de 2017 comenzaron con una reunión política del partido de la oposición representado en el Parlamento. La autorización fue concedida en virtud de la Ley de Orden Público, capítulo 15:01. La reunión acabó con una alteración del orden público después de que concluyera oficialmente la reunión y los esfuerzos de la policía por dispersar a la multitud se vieran frustrados por parlamentarios y partidarios de la oposición. Esto dio lugar a incendios en la ciudad, actos de vandalismo y saqueo de comercios y disparos a la policía.

52.Quisiéramos dejar constancia de que la policía ejerció una tremenda moderación tras ser acosada por una turba furiosa con botellas, piedras y cócteles molotov que causaron lesiones a los agentes y daños a los bienes públicos. La reacción de la policía fue muy comedida dadas las circunstancias. Las acciones de la policía se ajustaron a los Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego por los Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley. Incluso después de recibir disparos, no hubo ningún informe de que la policía le disparara a nadie.

53.El artículo 2, párrafo 2, de la Constitución es similar a las disposiciones que figuran en las leyes de los Estados miembros. Las leyes que estipulan “la defensa propia sin limitaciones” son bien conocidas en los Estados Unidos. El reconocimiento del uso de la fuerza en defensa propia es una cuestión que deben determinar los tribunales.

Trabajo forzoso y trata de personas (arts. 6, 7, 8 y 24)

Respuesta al párrafo 14

54.Dominica ha promulgado legislación para prevenir, combatir y castigar la trata de personas. En la Ley de Inmigración y Pasaportes se tipifican el delito de trata de personas y delitos conexos. En la Ley de Prevención y Control de la Delincuencia Organizada Transnacional de 2013 se tipifica una serie de delitos relacionados con la trata de personas y cuestiones conexas, entre ellas el trabajo forzoso.

55.En esa Ley se tipifican además los delitos relacionados con el tráfico de migrantes. Las penas aplicables son sustanciales y reflejan la seriedad con que deben tratarse esos delitos. Los delitos relacionados con la trata de personas también pueden dar lugar a la extradición a los efectos de la Ley de Extradición.

56.Los siguientes proyectos de ley se han presentado al Consejo de Ministros de Dominica para su examen y aprobación, a saber:

El proyecto de ley sobre la condición del niño

El proyecto de ley de la infancia (cuidados y adopción)

El proyecto de ley de justicia juvenil

El proyecto de ley del tribunal de familia

El proyecto de ley de manutención del niño

57.Se esperaba que los proyectos de ley fueran aprobados y remitidos al Parlamento en el transcurso de 2019. Las disposiciones no solo ofrecerán protección a los niños y a sus familias, sino que también brindarán a las familias la oportunidad de solicitar una reparación cuando sea necesario ante los tribunales y además en los sistemas establecidos, en particular en los organismos de atención a la infancia y relacionados con la familia.

58.Se está debatiendo la reestructuración de la División de Bienestar Social, el principal organismo de protección de la infancia. También sigue su curso el examen de la aplicación de un plan de acción nacional sobre los abusos sexuales contra niños, antes de que los encargados de la formulación de políticas puedan presentarlo para su aprobación.

59.Este programa legislativo también dará lugar a la derogación del artículo 35, párrafo 2, de la Ley de Servicio Nacional de 1977.

Libertad y seguridad de la persona (art. 9)

Respuesta al párrafo 15

60.El artículo 23, párrafo 4, de la Constitución establece lo siguiente:

“Toda persona que sea detenida o recluida: a) a efectos de hacerla comparecer ante un tribunal con el fin de ejecutar la orden judicial; o b) cuando existan sospechas razonables de que ha cometido o está a punto de cometer un delito penal con arreglo a la legislación de Dominica, y que no sea puesta en libertad, deberá ser llevada sin demora indebida ante un tribunal, en cualquier caso en un plazo máximo de 72 horas después de dicha detención o reclusión.”

61.Los tribunales han dictaminado sistemáticamente que el derecho a la protección de la ley incluye el derecho a acceder a un abogado mientras está privado de libertad.

62.El Gobierno sigue esforzándose por mejorar el sistema judicial. A lo largo de los años, a pesar de las dificultades fiscales agravadas por el paso de los grandes huracanes, se siguieron haciendo inversiones para reducir las demoras en los juicios y separar a las personas en prisión preventiva de las que habían sido condenadas. También se están utilizando medidas sustitutivas no privativas de la libertad en lugar de la prisión preventiva. En la actualidad, el 46 % del total de la población carcelaria corresponde a personas que están en prisión preventiva. La duración de la prisión preventiva varía. Puede abarcar desde unas pocas semanas hasta cuatro años. Se están adoptando medidas para reducir drásticamente ese período.

63.El artículo 49, párrafo 1, de la Ley de Infracciones Menores figura en la lista de anacronismos del ordenamiento jurídico de Dominica que se abordará en la próxima revisión legislativa, pues el Gobierno trata de mejorar sus sistemas legal y judicial en aras de una sociedad más justa. El artículo 49, párrafo 1, no se ha utilizado para encarcelar a nadie. Si fuera así, el número de vagabundos, especialmente en la ciudad de Roseau, se habría reducido de forma radical.

Trato dispensado a las personas privadas de libertad(arts. 7, 10 y 24)

Respuesta al párrafo 16

64.La Prisión Estatal de Dominica, la única prisión de la isla carece de capacidad. Sin embargo, actualmente hay muchas personas en prisión preventiva, lo que genera una demanda respecto del espacio disponible, que está separado y es independiente del correspondiente a las personas declaradas culpables. El Gobierno tiene el propósito de ampliar las instalaciones, pero se ve limitado por las inversiones necesarias para que el país vuelva a las condiciones anteriores al huracán María en lo que respecta a escuelas, hospitales, centros de salud y otras infraestructuras públicas a las que ha tenido que asignar los fondos disponibles de forma prioritaria.

65.La ley prevé el establecimiento de un comité de jueces inspectores que puede recibir denuncias de los reclusos.

Derechos de los refugiados y solicitantes de asilo

Respuesta al párrafo 17

66.Dominica apoya las iniciativas internacionales para regular la protección de los refugiados y los solicitantes de asilo. A lo largo de los años, el Gobierno ha concedido la residencia permanente y la ciudadanía principalmente a los nacionales de Haití que han cumplido los requisitos necesarios tras haber buscado empleo en Dominica, en especial como trabajadores agrícolas.

67.El Programa de Ciudadanía por Inversión del Commonwealth de Dominica acepta solicitudes de personas apátridas que cumplan los estrictos requisitos de verificación de antecedentes y otros requisitos de diligencia debida que prevé el Programa.

Derecho a un juicio imparcial, independencia del poderjudicial y justicia juvenil (arts. 2, 7, 9, 10, 14 y 24)

Respuesta al párrafo 18

68.El Gobierno no paga directamente a los jueces. Los gobiernos miembros que están bajo la jurisdicción del Tribunal Supremo del Caribe Oriental contribuyen al presupuesto del Tribunal. Su nombramiento, la seguridad en el cargo, la suspensión, la destitución y el ascenso son competencia de un órgano independiente, la Comisión de Servicios Judiciales y Legales. Las pensiones de los jueces se rigen por la Ley del Tribunal Supremo del Caribe Oriental (Cuantía de la Pensión de los Jueces), capítulo 4:03. Esto ofrece protección a los jueces para garantizar su independencia e imparcialidad.

69.Si bien es cierto que durante muchos años las principales preocupaciones del Tribunal de Magistrados habían sido la falta de espacio, las causas no resueltas y la escasa dotación de magistrados, estos motivos de preocupación fueron ampliamente abordados antes del huracán María.

70.En 2014, por ejemplo, el Tribunal de Magistrados se dotó de un nuevo edificio, que le permitió disponer de una nueva sala de audiencias y de nuevas oficinas para el personal. En 2016, se aumentó de seis a ocho el equipo de magistrados y se cubrieron todos los puestos. Estas iniciativas contribuyeron a reducir sustancialmente el número de causas no resueltas.

71.En octubre de 2017, el huracán María causó daños importantes en todas las instalaciones de los tribunales. En noviembre de 2017 el Tribunal de Magistrados de Roseau reanudó sus actividades, principalmente en relación con asuntos penales. El Tribunal de Menores y los asuntos civiles, familiares y de otro tipo se activaron en marzo de 2018. Todavía están en curso las obras de rehabilitación de las salas de audiencias y se espera que para finales de año todos los tribunales estén funcionando normalmente.

72.El Tribunal Superior de Justicia también sufrió importantes daños y perdió expedientes, lo que afectó a su capacidad para reanudar las audiencias. Los miembros del personal resultaron afectados desfavorablemente ya que algunos de sus hogares sufrieron daños. Los hogares de los jueces también sufrieron daños y ellos tuvieron que ser evacuados de Dominica hasta que se pudieran hacer los arreglos necesarios para su regreso.

73.Antes del huracán María, salvo unos pocos juicios penales por delitos graves que estaban pendientes y aquellos para los que se estaban mecanografiando las declaraciones, la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo estaba en gran medida al día en cuanto a juicios penales. El Tribunal Penal pudo reanudar sus actividades en enero de 2019.

74.En cuanto a la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo, en los últimos tiempos, debido al aumento de las causas de derecho público que se están presentando, así como al aumento de los litigios civiles, esa Sala del Tribunal tenía que hacer frente a una enorme carga de trabajo. Esto se ha visto agravado por los retrasos ocasionados por el huracán, y la incorporación de un segundo juez al Tribunal Civil ayudaría a tramitar los casos no resueltos.

75.Entre las medidas adoptadas para fortalecer la capacidad del sistema judicial figuran, las siguientes:

1.Dominica cuenta ahora con un equipo completo de magistrados titulares y dos magistrados auxiliares que contribuyen a solucionar el problema del atraso en la tramitación de las causas en los tribunales;

2.Se ha recomendado la incorporación de un tercer juez para Dominica;

3.Se están acondicionando nuevas instalaciones para los tribunales y se contará con un tribunal adicional; el Presidente del Tribunal Supremo ha establecido además un comité para examinar los diseños para las salas de los tribunales Ya se han seleccionado los terrenos;

4.Se ha mejorado la tecnología para incluir un portal electrónico;

5.También estamos considerando la posibilidad de establecer tribunales especializados —de familia— lo que podría facilitar la racionalización.

76.Se ha establecido un centro de asistencia letrada. Como parte del servicio que se ofrece, es posible contratar tanto a abogados del Estado como a abogados de ejercicio privado. En los últimos tiempos se han impuesto pocas limitaciones a las acusaciones por las que los demandados pueden recibir esa asistencia.

Respuesta al párrafo 19

77.El capítulo 3 de la Ley del Niño y del Adolescente, capítulo 37:50 dispone:

“Se presumirá de forma concluyente que ningún niño menor de 12 años puede ser culpable de ningún delito.”

78.El artículo 3 de la Ley de Delitos contra la Persona, en virtud del cual los jueces pueden condenar a los niños a penas de prisión “a discreción del Estado”, sin límite de tiempo, en lugar de a la pena de muerte, ha sido anulado por los tribunales como inconstitucional y ya no se utiliza.

79.Desde hace ya casi dos décadas, el Gobierno del Commonwealth de Dominica ha contado con un Tribunal de Menores, presidido por magistrados que tienen en cuenta las necesidades de los niños. Los agentes de libertad vigilada presentan al magistrado en ejercicio un informe de investigación social en nombre de cada menor infractor (primerizo o reincidente). Este informe ayuda a mitigar la sentencia dictada contra estos menores, pues la mayoría de las veces el Honorable Tribunal admite la recomendación formulada en tales informes.

Respuesta al párrafo 20

80.Si bien la Ley de Educación de 1997 todavía prevé el castigo corporal, este solo debe usarse como último recurso. En los últimos diez años, el Ministerio de Educación y de Desarrollo de los Recursos Humanos, a través de la iniciativa Escuela Eficaz/Escuela Amiga de la Infancia, se ha esforzado por ofrecer enfoques alternativos a la disciplina, en particular fomentando prácticas de comportamiento positivo en todo el sistema escolar. Se trata de una iniciativa encaminada a la reducción de la necesidad del castigo corporal y finalmente a su eliminación.

81.Aunque existe una ley que permite condenar a los niños a cadena perpetua, al encarcelamiento “a discreción del Estado” o a sufrir un castigo corporal, no se ha impuesto ninguna sentencia de este tipo a niños en los últimos veinte años. El Gobierno sigue teniendo la firme determinación de actualizar su legislación relativa a los niños para reflejar las realidades actuales.

82.Reconocemos que hay diversas leyes arcaicas que se remontan a la época colonial. Debido a la escasez de recursos resulta difícil abordarlas todas de manera oportuna. A ese respecto, sería útil contar con los servicios de uno o varios redactores durante un período determinado, a los que podría asignarse la tarea de examinar la legislación y formular propuestas de modificación.

Libertad de expresión, de reunión y de asociación(arts. 2, 19, 21 y 22)

Respuesta al párrafo 21

83.El artículo 10 de la Constitución protege el derecho de todas las personas en Dominica a disfrutar de su libertad de expresión y opinión sin injerencias. El artículo 10 también protege el derecho de la persona a comunicar ideas e información sin injerencias. Se imponen límites a esos derechos con el fin de proteger la reputación, los derechos y las libertades de terceros. Nuestros tribunales protegen estos derechos y al mismo tiempo permiten que otros disfruten de su derecho a no ser difamados o a que no se destruya su reputación.

84.La actividad de los medios de comunicación libres es una realidad en Dominica. Existen diversos medios de comunicación impresos y electrónicos a los que se permite publicar libremente ideas, opiniones y comentarios. La concesión de licencias a estos medios de comunicación está prevista por ley. El Gobierno no ha tratado de interferir en el proceso de concesión de licencias aun cuando los propietarios y patrocinadores han sido declarados culpables de difamación. Nunca se ha privado a un medio de comunicación ni a un profesional del sector de su derecho a publicar ni se ha tomado medida alguna para impedir la publicación.

Respuesta al párrafo 22

85.El derecho a la libertad de expresión conlleva ciertas responsabilidades, entre ellas la de no difamar a terceros. El Primer Ministro y los miembros del Gobierno tienen derecho, como cualquier otro ciudadano, a tomar medidas para proteger su reputación. En una sociedad democrática, los periodistas no están autorizados a difamar a miembros del Gobierno ni al público.

86.Las demandas por difamación contra periodistas están sujetas al mismo rigor que las presentadas contra cualquier ciudadano. Sin embargo, en el tratamiento de los juicios por difamación en los que intervienen personajes públicos se tiene en cuenta el derecho del público a estar informado. Algunos periodistas de Dominica han sido declarados culpables de difamar a personas que ocupan cargos en el Gobierno y en la oposición, así como al público en general.

87.Nuestros tribunales son lo suficientemente experimentados e independientes como para no abordar los juicios como escudos o armas de los personajes públicos o los funcionarios gubernamentales contra los medios de comunicación. Las decisiones judiciales reflejan esa postura. En la actualidad, hay periódicos, emisoras de radio y publicaciones en línea que son propiedad de miembros y partidarios de la oposición y están gestionados por ellos. Siguen realizando sus actividades sin ser molestados.

88.El artículo 11 de la Constitución del Commonwealth de Dominica garantiza la libertad de reunión y asociación a todas las personas en el país. El alcance de esa protección está limitado por restricciones que son razonablemente justificables en una sociedad democrática: en interés de la defensa, la seguridad pública, el orden público, la moral o la salud públicas; con el fin de proteger los derechos y libertades de terceros, o las que se imponen a los funcionarios públicos que son razonablemente necesarias para el correcto desempeño de sus funciones.

89.La Ley de Orden Público, capítulo 15:01, de las Leyes Revisadas de Dominica, de 1990, establece el marco jurídico para regular la libertad de reunión. La Ley es conforme a las disposiciones de la Constitución. Estas disposiciones se ajustan al artículo 21 del Pacto. Tanto las disposiciones de la Ley como la actuación de los funcionarios públicos están sujetas a la supervisión de nuestros tribunales.

90.No había habido acoso político del Gobierno contra los partidos de la oposición. Ni la oposición ni el Gobierno gozan de inmunidad respecto de los procesos legales. Si violan la ley se inicia un proceso para hacerla cumplir. Los acontecimientos del 7 de febrero de 2017 comenzaron con una reunión política de la oposición y terminaron con una alteración del orden público después de que concluyera oficialmente la reunión y los esfuerzos de la policía por dispersar a la multitud se vieran frustrados por parlamentarios y partidarios de la oposición. Esto dio lugar a incendios en la ciudad, actos de vandalismo y saqueo de comercios y disparos a la policía.

91.El Gobierno, en el marco del Sistema Regional de Gestión de Investigaciones, solicitó la asistencia del Organismo de Ejecución de Medidas de Seguridad y contra la Delincuencia de la Comunidad del Caribe (CARICOM) en la ejecución de las investigaciones sobre ese incidente. Se determinó que se habían reunido pruebas suficientes para presentar cargos contra determinados parlamentarios y partidarios de la oposición por incitar a la alteración del orden público y a la obstrucción deliberada de la actuación de la policía en el ejercicio de sus funciones. Se siguieron las debidas garantías procesales y las personas privadas de libertad tuvieron acceso a un asesor jurídico. Se presentaron las acusaciones y fueron liberados. Las causas están pendientes ante el tribunal de primera instancia y han quedado en suspenso hasta que el Tribunal Superior tome una decisión sobre una causa conexa. No es correcto decir que todas las acusaciones han sido desestimadas.

92.Además, uno de los parlamentarios de la oposición que fue acusado ahora se ha desvinculado del partido de la oposición en interés del desarrollo nacional y de la asistencia a la reconstrucción del país después del desastre. Entonces se le cursó una invitación y ya se ha incorporado al Gobierno como Ministro. Las acusaciones contra él no se han retirado.

Informen también sobre los marcos jurídicos que regulan elderecho a fundar sindicatos y a afiliarse a ellos, e indiquenlas categorías de trabajadores de los servicios esenciales alos que podría impedirse que se declarasen en huelga

93.El derecho a la libertad de pensamiento y religión está protegido por el artículo 11 de la Constitución. Ese derecho está limitado por disposiciones que son razonablemente justificables en una sociedad democrática: i) en interés de la defensa, la seguridad pública, el orden público, la moral o la salud públicas; ii) con el fin de proteger los derechos y libertades de terceros, o iii) que impongan restricciones a los funcionarios públicos que sean razonablemente necesarias para el correcto desempeño de sus funciones.

94.El derecho a fundar sindicatos y a afiliarse a ellos y el procedimiento establecido para las huelgas de trabajadores se rigen por: i) la Ley de la Función Pública, capítulo 23:01, ii) la Ley de Policía, capítulo 14:01, iii) la Ley de Relaciones Laborales, capítulo 89:01, y iv) Ley de Sindicatos, capítulo 89:03.

95.La Ley de Relaciones Laborales, capítulo 89:01, considera las categorías de trabajadores del sector industrial como “servicios esenciales”. Los trabajadores de los servicios esenciales, al igual que los demás, están autorizados a hacer huelga siempre que sigan los procedimientos establecidos en la Ley.

Participación en los asuntos públicos y corrupción(arts. 2 y 25)

Respuesta al párrafo 23

Ley de Integridad del Funcionario Público

96.En 2003 el Gobierno aprobó la Ley de Integridad del Funcionario Público. Desde entonces, se ha creado una Comisión de Integridad del Funcionario Público, que está en pleno funcionamiento, con el fin de establecer la honradez, la integridad y la responsabilidad en la vida pública. La Comisión es totalmente independiente y ha realizado algunas investigaciones sobre casos de personas en la vida pública. Toda persona que desempeñe funciones en la vida pública, a los efectos de la Ley, debe presentar anualmente a la Comisión una declaración sobre sus asuntos financieros.

Programa de Ciudadanía por Inversión

97.Las acusaciones de corrupción formuladas contra ciudadanos debido al Programa de Ciudadanía por Inversión son infundadas y falsas. Este programa de Dominica es sólido y cuenta con controles para asegurar su integridad. Antes de que un solicitante pueda recibir la aprobación para la ciudadanía, empresas del Canadá, el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte y los Estados Unidos de América ejercen la diligencia debida respecto del solicitante. Estas empresas son las mismas que utilizan los Gobiernos de todo el mundo. Además, todas las solicitudes pasan por un control final de nuestros Servicios de Seguridad Regional.

98.La aprobación de cada ciudadano se publica en el Boletín y es objeto de amplia difusión. Todos los fondos recibidos del programa se entregan a la tesorería de Dominica y a través de cuentas de garantía bloqueada se destinan a proyectos de inversión. Todos los fondos están sujetos a la inspección del Director de Auditoría. Todas las cuentas son examinadas por la Comisión de Cuentas Públicas del Parlamento encabezada por el Líder de la Oposición. Hasta la fecha, ni el Líder de la Oposición ni ningún otro miembro del Comisión de Cuentas Públicas han pedido a los funcionarios públicos competentes que rindan cuentas.

99.El Gobierno ha firmado una declaración internacional y hemisférica para fomentar el acceso a la información pública y su publicación. Prosiguen las iniciativas para promulgar legislación que prevea el acceso a la información y su publicación.

Reforma electoral

100.El Commonwealth de Dominica ha empleado esencialmente el mismo sistema para la celebración de elecciones desde que alcanzó la independencia en 1978. A lo largo de los años, estas elecciones se han considerado en general libres y equitativas. Se han introducido mejoras en el sistema electoral recomendadas por la propia oficina electoral y por los observadores electorales. Los observadores electorales de la Organización de los Estados Americanos (OEA), la Secretaría del Commonwealth y la Secretaría de la Comunidad del Caribe (CARICOM) declararon que los resultados de las elecciones generales más recientes “reflejaban la voluntad del pueblo”. Los representantes del Departamento de Asuntos Políticos de las Naciones Unidas también estuvieron presentes antes, durante y después de las elecciones.

101.Desde 2011 el Gobierno ha estado adoptando medidas para mejorar el proceso electoral mediante: i) la introducción de tarjetas de identificación de los votantes, ii) el examen de la lista de electores; y iii) la reinscripción de los votantes.

102.El artículo 7 de la Ley de Inscripción de Electores de Dominica establece el derecho a permanecer inscrito. Dispone lo siguiente:

“Una persona inscrita en virtud de la presente Parte permanecerá inscrita a menos que y hasta que su nombre sea suprimido del registro porque:

a)Ha fallecido;

b)Se ha admitido una objeción a su inscripción;

c)Ha estado ausente de Dominica durante un período de más de cinco años; o

d)Ha quedado inhabilitado para inscribirse como elector en virtud de esta Ley o de cualquier otra ley escrita que imponga un impedimento para inscribirse como elector.”

103.Dominica, al igual que muchos otros países, registra una alta tasa de migración. Las personas se desplazan con mayor libertad y frecuencia y, aunque muchos dominiqueses residen y trabajan en otros países, regresan a sus hogares con regularidad. Por lo tanto, permanecen inscritos en el registro a menos que se tomen medidas para eliminarlos si dejan de ser aptos debido a una ausencia continua de más de cinco años.

104.En 2011, el Gobierno informó a Su Excelencia el Presidente, con una solicitud de remisión a la Comisión Electoral, su decisión de introducir un documento nacional de identidad que incluyera todos los datos que se requieren en una tarjeta de identificación de votantes. En junio de 2011, la Comisión dio su aprobación y propuso el modelo utilizado en Santa Lucía. También se determinó que si las tarjetas iban a utilizarse para votar, debían ser emitidas por la Comisión.

105.En julio de 2013, Su Excelencia el Presidente solicitó financiación para la emisión de la tarjeta. El Gobierno respondió de forma positiva en agosto de 2013. En diciembre de 2015, los proyectos de modificación de las leyes requeridos con objeto de introducir las tarjetas de identificación de los votantes se presentaron a la Comisión Electoral para su examen y la presentación de observaciones. La Comisión contó con la asistencia de un experto del Commonwealth en esta actividad.

106.En septiembre de 2016 se presentaron al Gobierno las reacciones y recomendaciones de la Comisión Electoral sobre los proyectos de modificación. En febrero de 2017, a petición de la Comisión Electoral, el Gobierno aprobó más de 2 millones de dólares (2.043.108,80 dólares) para la adquisición del sistema de gestión de tarjetas de identidad. En mayo de 2017, el Gobierno autorizó una nueva cantidad de 91.402,08 dólares para los ajustes de personal de la Oficina Electoral y 3.995.789,49 dólares para sufragar el proceso de confirmación y comprar equipo adicional.

107.En mayo de 2017, el Gobierno presentó en el Parlamento los proyectos de ley por los que se introducían las modificaciones. Los proyectos de ley establecían, entre otras cosas, que:

1.Será obligatorio utilizar las tarjetas de identidad para votar;

2.Se llevará a cabo un proceso de confirmación con respecto a los electores incluidos en la lista de votantes;

3.Se dará una solución a las circunstancias singulares de las personas desplazadas de su comunidad como resultado de la tormenta tropical Erika;

4.Se prevé la codificación de la ley sobre sobornos y compra indirecta de votos tal como fue interpretada por los tribunales.

108.Antes de que los proyectos de ley pudieran ser debatidos por el Parlamento, la oposición y sus partidarios protestaron fuera del edificio, interrumpieron las deliberaciones y la reunión del Parlamento tuvo que ser aplazada. La queja que se expresó entonces se refería a las disposiciones de los proyectos de ley relativos al soborno y a la compra indirecta de votos.

109.Esas disposiciones fueron finalmente eliminadas de los proyectos de ley que se volvieron a presentar al Parlamento. Debían someterse al Parlamento el 17 de septiembre de 2018. El 10 de septiembre de 2018, el Gobierno organizó una consulta para examinar y discutir los proyectos de ley. Estaba abierta a todas las personas y a todos los diputados y se invitó específicamente a una amplia gama de participantes de la sociedad civil. Este evento fue transmitido en directo. Al final, el Fiscal General invitó a que se formularan observaciones y recomendaciones sobre los proyectos de ley. Estos proyectos de ley se publicaron en el sitio web del Gobierno. Sin embargo, no se recibieron observaciones sustantivas. Una persona solicitó al tribunal una orden para que los proyectos de ley no fueran examinados por el Parlamento y para que se declarara que sus disposiciones eran inconstitucionales.

110.Cabe señalar que el 7 de septiembre de 2017, la Comisión Electoral emitió un comunicado de prensa que decía: “A la Comisión Electoral le complace que las modificaciones propuestas redunden en beneficio del proceso democrático de Dominica e insta a todas las partes interesadas a que presten un apoyo efectivo para su rápida aprobación y aplicación”.

111.El Gobierno ha aportado todos los fondos solicitados por la Comisión Electoral para poner en marcha un sistema de tarjetas de identificación y un proceso de confirmación destinado a racionalizar la lista de votantes. El proceso está actualmente estancado.

112.De conformidad con el compromiso asumido por el Primer Ministro con la población de Dominica, de que esta cuestión sea examinada y se formulen recomendaciones para la aplicación de la reforma, se ha contratado a un tercero neutral de alta reputación, Sir Dennis Byron, ex Presidente de la Corte de Justicia del Caribe.

113.Se encomendará a Sir Byron el mandato de examinar la legislación vigente y los informes, incluida la adición de la Experta del Commonwealth Pauline Welsh. También prestará asesoramiento sobre los cambios que será necesario introducir en relación con el uso de las tarjetas de identidad para votar y sobre si la ley debe prever también otros métodos de identificación además de las tarjetas de identidad, para respetar el derecho constitucional de voto.

114.En el examen se procederá a valorar y proponer el mejor proceso para actualizar el censo electoral que no resulte en menoscabo del derecho de voto ni en la denegación del derecho de voto a electores legítimos y cualificados.

115.El proceso incluirá consultas y audiencias públicas con todos los interesados, sobre la base de las comunicaciones y recomendaciones presentadas por los interesados durante el proceso anterior.

Comisión de Circunscripciones Electorales

116.En el artículo 56 de la Constitución se establece la Comisión de Delimitación de Circunscripciones. La Comisión está formada por cinco miembros: dos nombrados por el consejo del Primer Ministro, dos por el Líder de la Oposición, y el Presidente de la Asamblea. Desde que la administración del Partido Unido de los Trabajadores intentó manipular la delimitación de las circunscripciones en 1995, no se ha registrado ningún cambio en su número o tamaño. Dos tentativas de control de la constitucional concluyeron con recomendaciones para reducir el número de circunscripciones electorales. Las recomendaciones siguen siendo objeto de un examen activo.

Derechos de los pueblos indígenas (arts. 2, 25 y 27)

Respuesta al párrafo 24

117.El Commonwealth de Dominica ha ratificado el Convenio sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes y se está esforzando para garantizar su plena aplicación.

118.En 2000 el Gobierno creó un Ministerio de Asuntos de los Caribes como un departamento gubernamental plenamente operativo, encabezado por el miembro del Parlamento para los pueblos indígenas encargado del bienestar y el desarrollo de la Reserva Caribe.

119.En 2015, tras celebrar amplias consultas con el pueblo caribe, se aprobó una propuesta del entonces denominado pueblo indígena caribe de Dominica para cambiar el nombre de las tierras indígenas de Reserva Caribe a Territorio Kalinago y el del pueblo de caribe a kalinago.

120.Hoy en día, los kalinago tienen mayores oportunidades de educación y una mejor forma de vida y están totalmente integrados en la sociedad dominicana. El Gobierno sigue prestando asistencia a los estudiantes hasta el nivel terciario. Después de 20 años de acción afirmativa en favor del pueblo kalinago, decenas de kalinago se han graduado en universidades y colegios de todo el mundo. Muchos de ellos ocupan ahora puestos de responsabilidad en el país.

121.El Gobierno, por conducto de sus asociados en la asistencia para el desarrollo, como la República Popular China, la República Bolivariana de Venezuela y la República de Corea, ha concluido con éxito varios proyectos de construcción de viviendas en todas las aldeas del Territorio Kalinago.

122.Después del paso del huracán María en 2017, se emprendió un nuevo proyecto de construcción de viviendas que ayudó a cubrir las necesidades de las personas que se habían quedado sin hogar. Se concedieron varias subvenciones a los residentes para ayudarlos a sufragar los gastos relacionados con la rehabilitación de sus hogares y el PNUD también concedió subvenciones a las familias que tenían hijos pequeños.

123.El Gobierno, por conducto del Consejo Kalinago, sigue ofreciendo ayudas a los productores del sector artesanal, una las cuales es una subvención que concedió, a título excepcional, después del paso del huracán María. El sector artesanal es una opción sostenible que ofrece unas ganancias muy necesarias a quienes trabajan en él como profesionales a jornada completa. Los agricultores, sobre todo los productores de mandioca, reciben subvenciones para facilitar el cultivo de este vegetal.

124.Se construyó el Kalinago Barana Aute, una reproducción de una aldea kalinago, para dar a conocer mejor la cultura y el patrimonio kalinago a los habitantes de Dominica y a los visitantes. El Barana Aute cuenta con una plantilla de personal completa que supervisa su funcionamiento diario. Sigue aportando un dinero muy necesario, cuyos efectos beneficiosos repercuten en varios sectores, por ejemplo, la cestería, el entretenimiento y la alimentación.

125.Cabe señalar que se ha puesto en marcha el Fondo para la Pequeña Empresa, en el marco del Ministerio de Asuntos de los Kalinago, con la finalidad general de mejorar las condiciones socioeconómicas de la población. Ahora, los posibles beneficiarios que tengan planes empresariales viables pueden obtener, por medio de este Fondo, la financiación que tanto necesitan y que no les proporcionan las instituciones financieras.

126.En todos los casos, el Gobierno celebró consultas con el Consejo Kalinago y recibió autorización antes de llevar a cabo proyectos de infraestructura. En la mayoría de los casos, los programas se ejecutaron en colaboración con el Consejo.