62° período de sesiones
26 de octubre a 20 de noviembre de 2015
Tema 4 del programa provisional*
Examen de los informes presentados por los Estados partes en virtud del artículo 18 de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer
Nota : El presente documento se distribuye únicamente en español, francés e inglés.
* CEDAW/C/62/1 .
** El presente documento se publica sin revisión editorial.
Lista de cuestiones y preguntas relativa a los informes periódicos octavo y noveno combinados de Portugal
Adición
Respuestas del Portugal **
[Fecha de recepción: 23 de junio de 2015]
1.Sírvanse proporcionar información sobre las consecuencias que tiene la crisis financiera en las medidas para combatir la pobreza y mejorar la condición de la mujer e indiquen las medidas concretas adoptadas para corregir o mitigar dichas consecuencias en las mujeres.
La crisis financiera y el Programa de Ajuste Económico para Portugal (EFAP) causaron una gran repercusión en la vida de los habitantes de Portugal. A lo largo de este período, el Gobierno mantuvo el firme compromiso de cumplir sus obligaciones en materia de derechos humanos y reducir al mínimo las consecuencias de la crisis, especialmente en las personas más vulnerables.
Portugal ha podido mantener una amplia gama de prestaciones sociales que, en la mayoría de los casos, son acumulativas para las familias más vulnerables. Entre estas prestaciones se incluyen el cuidado de los niños, la atención prenatal, la renta de inserción social y las becas escolares. También se conceden prestaciones específicas para las personas con discapacidad. Asimismo, el Gobierno siguió destinando financiación a una red de servicios sociales cada vez mayor. La contribución financiera a los acuerdos de cooperación aumentó un 2,3% durante el período de 2013 a 2014.
A fin de mitigar los efectos sociales de la crisis, en octubre de 2011 se puso en marcha un programa de cuatro años de duración denominado Programa de Emergencia Social (PES) al que se asignaron 630 millones de euros. Este programa beneficia a alrededor de 3 millones de personas y pretende combatir la exclusión social de las familias portuguesas que se enfrentan al desempleo, la inseguridad en el empleo, el endeudamiento excesivo y disfunciones sociales y familiares. La intervención y participación efectivas de una red nacional de solidaridad (autoridades centrales y locales y organizaciones de la sociedad civil) han resultado fundamentales para aplicar el PES.
Entre las medidas adoptadas para corregir o mitigar los efectos de la crisis financiera figuran:
•un aumento del 10% en las prestaciones por desempleo para las parejas en las que ambos cónyuges se encuentran desempleados y tienen hijos a su cargo;
•la creación de programas de formación profesional y formación en prácticas;
•el establecimiento de una red de comedores sociales;
•la organización de un mercado de alquiler de viviendas dirigido a las familias que tienen dificultades para pagar los créditos hipotecarios;
•la creación de 13.000 nuevas plazas en guarderías para niños menores de 3 años;
•la introducción de una línea de crédito especial para ayudar a las instituciones sociales a aumentar el número de plazas disponibles en guarderías e instalaciones residenciales;
•la aplicación de las iniciativas “Estímulo 2012” y “Estímulo 2013”, que aumentaron el apoyo financiero (60% del salario mensual) para contratar a mujeres poco cualificadas y trabajadores del sexo menos representado en los sectores de actividad caracterizados por estereotipos de género. Esta medida también ofrece un régimen más favorable a la contratación de personas desempleadas que son cabeza de familia monoparental. Igualmente se aprobaron medidas similares para afrontar los problemas de desempleo estacional en el Algarve.
Las mujeres, como grupo vulnerable, se beneficiaron de todas las medidas mencionadas. Por ejemplo, en 2008 el 62% de los beneficiarios de la renta de inserción social eran mujeres y, para 2012, esta cifra ascendía al 70%.
En el Anexo 1 (Tasa de Pobreza 2011-2014) se muestra que, a pesar de que la tasa de pobreza entre las mujeres (20%) aumentó en un 1,3% en 2013, las transferencias sociales contribuyeron a reducir esta tasa en un 29,3%.
2.El informe y sus anexos contienen un número limitado de datos desglosados por sexo relativos a la situación de la mujer en los ámbitos y situaciones que abarca la Convención. Sírvanse presentar datos desglosados por sexo respecto de todos los ámbitos contemplados en la Convención, incluida la situación de las mujeres en las Azores y Madeira, e indiquen si el Estado parte tiene previsto desarrollar un sistema específico para reunir y analizar dichos datos.
El Instituto Nacional de Estadística (INE) recopila datos sobre la situación de la mujer en los ámbitos y situaciones a los que se refiere la Convención.
Anexo 2: El Gobierno Regional de las Azores aprobó el segundo Plan Regional para Prevenir y Combatir la Violencia Doméstica y de Género (2014-2018). Según este plan, se está elaborando un nuevo sistema para la reunión de datos que permitirá que se sistematice y analice mejor la información, incluidos los datos desglosados por sexo.
3.Sírvanse indicar qué medidas se han adoptado para garantizar la institucionalización de asesores en materia de igualdad en todos los municipios (párr. 26). Sírvanse indicar si las Azores y Madeira han adoptado o tienen previsto adoptar una estrategia de incorporación de la perspectiva de género. Indiquen si el Estado parte ha introducido a todos los niveles (nacional, regional y local) mecanismos efectivos de vigilancia y rendición de cuentas para ejecutar la estrategia de incorporación de la perspectiva de género y si en ella ha incorporado sanciones en caso de incumplimiento. Sírvanse proporcionar información sobre la organización y los recursos humanos, técnicos y financieros del mecanismo para la mujer en las Azores y Madeira.
Es obligatorio adoptar Planes Municipales de Igualdad (Ley núm. 75/2013) y resulta de máxima prioridad el nombramiento de asesores municipales para cuestiones relativas a la igualdad de género.
El quinto Plan Nacional para la Igualdad (PNI) promueve el nombramiento de asesores locales en materia de igualdad.
En marzo de 2015, de un total de 308 municipios, había 72 planes municipales para la igualdad y 138 asesores en cuestiones de igualdad (7 de ellos en las Azores).
En 2014 el Gobierno Regional aprobó el tercer Plan Regional para la Igualdad de Género y la Ciudadanía de Madeira.
Hasta la fecha, las Azores no han aprobado ningún plan regional para la igualdad de género.
No obstante, esta región autónoma, en concreto la Dirección Regional de la Seguridad Social (DRSS), dispone de un nivel considerable de recursos humanos, técnicos y financieros destinados a la igualdad de género.
En cuanto a recursos humanos, la División de Promoción Social e Igualdad de Oportunidades de la DRSS cuenta con una plantilla permanente de 13 personas. Además, se firmaron 44 protocolos sobre la igualdad de oportunidades con instituciones de solidaridad privadas, asociaciones y organizaciones no gubernamentales (ONG). La Dirección Regional dispone de un presupuesto de 800.000 euros para promover la igualdad de oportunidades en 2015, de los cuales 270.550 euros se destinan a combatir y prevenir la violencia doméstica y la discriminación.
En los Planes de Acción para la Igualdad se prevén mecanismos efectivos de vigilancia y rendición de cuentas para llevar a cabo la incorporación de la perspectiva de género. La Comisión de Ciudadanía e Igualdad de Género (CIG) se encarga de coordinar y supervisar la ejecución del PNI. Este órgano prepara un plan de trabajo anual, en estrecha colaboración con todos los interesados pertinentes y supervisa su aplicación. Asimismo, se elabora un informe anual sobre el nivel de ejecución de las medidas para marzo del año siguiente.
También se realiza un informe sobre la ejecución de los distintos planes con el que se informa a los miembros responsables del Gobierno sobre la situación actual.
4.Sírvanse indicar si el Estado parte planea reunir de forma sistemática datos relativos a casos en que se haya invocado la Convención en los tribunales nacionales con el fin de supervisar mejor la aplicación efectiva de la Convención.
En la actualidad no está previsto reunir estos datos.
4.1.Sírvanse facilitar información sobre el mandato de la Comisión Nacional para los Derechos Humanos de Portugal.
La Comisión Nacional para los Derechos Humanos (CNDH) de Portugal se encarga de la coordinación intergubernamental con el fin de promover un enfoque integrado de las políticas de derechos humanos. Su objetivo es definir la posición de Portugal en los foros internacionales y dar cumplimiento a sus obligaciones en virtud de las convenciones internacionales de derechos humanos. Dado el amplio alcance de los instrumentos internacionales sobre derechos humanos en los que Portugal es parte, la CNDH coordina todas las actuaciones gubernamentales sobre derechos humanos. La CNDH no es la Institución Nacional de Derechos Humanos de Portugal.
La Comisión está presidida por el Ministerio de Relaciones Exteriores, en concreto por el Secretario de Estado para Asuntos Europeos. El Departamento Multilateral del Ministerio de Relaciones Exteriores, respaldado por la Oficina de Documentación y Derecho Comparado de la Oficina del Fiscal General, es la Secretaría Ejecutiva de la CNDH.
En la composición de la CNDH figuran representantes de todos los Ministerios y las entidades públicas pertinentes. Asimismo, el Ombudsman de Portugal, que representa la Institución Nacional de Derechos Humanos con arreglo a los Principios de París de las Naciones Unidas, tiene una invitación permanente para asistir a todas las reuniones de la CNDH y para participar en la labor de la Comisión.
La CNDH se reúne al menos tres veces al año en sesiones plenarias y, siempre que sea necesario, a nivel de los grupos de trabajo. La Comisión también se reúne de forma periódica con representantes de la sociedad civil, como mínimo una vez al año en sesiones plenarias y, siempre que sea necesario, a nivel de los grupos de trabajo. En la novena Reunión Plenaria con la Sociedad Civil (febrero de 2013) se abordaron los problemas relativos a la igualdad de género. Antes de darlos por concluidos, todos los informes nacionales dirigidos a los órganos de las Naciones Unidas creados en virtud de tratados se debaten con representantes civiles.
En la actualidad, la CNDH se está encargando de formular indicadores nacionales de derechos humanos como recomendó la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Los indicadores nacionales sobre violencia contra la mujer se finalizaron en julio de 2013 y ahora la CNDH está elaborando indicadores sobre la no discriminación y la igualdad.
Anexo 3: Indicadores nacionales sobre la violencia contra la mujer.
4.2.Presenten datos sobre los casos de presunta discriminación contra la mujer por razón de sexo que se hayan denunciado ante la Comisión Nacional para los Derechos Humanos o el Ombudsman.
El mandato de la Comisión para los Derechos Humanos de Portugal no abarca la resolución de casos concretos de discriminación contra la mujer. Cuando se presentan casos concretos ante la CNDH, se recomienda a los interesados que dirijan sus denuncias al Ombudsman, la Institución Nacional de Derechos Humanos de Portugal que posee la acreditación de categoría A conforme a los Principios de París.
Debido a su mandato específico en los planos constitucional y jurídico, la mayoría de los casos relativos a la discriminación contra la mujer que se denuncian ante el Ombudsman de Portugal se refieren a situaciones del sector estatal.
Entre 2008 y 2012, la mayor parte de los casos de presunta discriminación contra la mujer se referían a la patria potestad (p. ej., el derecho a trabajar menos horas durante la lactancia materna, el derecho a la reducción de la jornada de trabajo o el derecho a tomar licencia por enfermedad de los hijos).
Durante este período, se identificaron 24 casos de discriminación por motivo de género, 16 de ellos relativos al derecho a la reducción de la jornada de trabajo. En las Azores se denunciaron otros dos casos de discriminación por motivo de género en relación con la patria potestad.
Según la información facilitada por los Ombudsman, en algunos casos las entidades responsables de prácticas discriminatorias solían incumplir las decisiones del Ombudsman y recurrían a interpretaciones parciales del marco jurídico en cuestión. En los casos en que las entidades responsables de prácticas discriminatorias rechazaban la decisión del Ombudsman, se las remitía a la Autoridad para las Condiciones de Trabajo.
A fin de combatir la discriminación contra la mujer, el Ombudsman de Portugal ha colaborado estrechamente con diversas entidades estatales y ONG.
4.3.[...] indiquen si los tribunales, la Comisión Nacional para los Derechos Humanos y el Ombudsman se encargan de los casos de discriminación múltiple o interseccional y cómo lo hacen.
Anexo 4: Acusados y condenas en procesos penales (en la etapa del enjuiciamiento) que acabaron en tribunales de primera instancia por el delito de discriminación racial o religiosa entre 2008 y 2013.
5.Sírvanse indicar si la Convención, su Protocolo Facultativo y las recomendaciones generales se están integrando en los programas de desarrollo de la capacidad destinados a jueces, fiscales, abogados, la policía y otros funcionarios encargados de hacer cumplir la ley.
Las cuestiones de igualdad de género constituyen un componente clave en los programas de desarrollo de la capacidad dirigidos a todos los profesionales jurídicos. Con respecto a los jueces y fiscales, el Centro de Estudios Judiciales incorpora estas cuestiones en la enseñanza de los derechos humanos en los planes de estudios generales, especialmente en los cursos sobre derecho penal y de familia.
En la Policía de Investigación Criminal, las cuestiones de igualdad de género se abordan considerando la relación entre los agentes de policía y las víctimas, los agentes de policía y los testigos, así como entre los distintos miembros del cuerpo de policía (cuando hay un alto número de mujeres agentes de policía). También se imparte capacitación específica sobre la forma de atender a las víctimas de delitos sexuales. Estas cuestiones se abordan en la formación inicial y permanente de agentes de policía en la asignatura de Ética, Derechos Humanos y Conducta Profesional.
Igualmente, estos temas se incluyen en los programas de capacitación de los alguaciles.
Por otra parte, el Colegio de Abogados imparte un curso de capacitación conexa titulado “Violencia: identificar, prevenir e intervenir”.
6.En el informe se menciona la resolución núm. 19/2012, cuyo objetivo es aumentar la representación de la mujer en puestos ejecutivos en las empresas de propiedad del Estado (párr. 29). Sírvanse detallar el contenido y la aplicación de esta resolución. Sírvanse indicar también los resultados logrados gracias a las medidas especiales de carácter temporal que se han puesto en marcha hasta la fecha y si el Estado parte tiene previsto adoptar nuevas medidas especiales de carácter temporal para acelerar la materialización práctica de la igualdad de facto entre mujeres y hombres. El informe no dice nada sobre las medidas especiales de carácter temporal ejecutadas en las Azores y Madeira. Indiquen los obstáculos que existen para la adopción y aplicación de dichas medidas.
De conformidad con la resolución núm. 19/2012, el Gobierno evalúa cada año el porcentaje de mujeres que ocupan puestos ejecutivos en las empresas estatales y privadas.
Según el informe de 2014 el porcentaje de mujeres es el siguiente:
a) empresas estatales
•Junta Directiva: 23,1% (en 2013, 21,8%)
•Presidentas: 9,4%
•Órganos de supervisión: 29,6% (24,7% como presidentas)
b) empresas privadas que cotizan en bolsa:
•Junta Directiva: 9,7% (en 2013, 7,9%)
•Presidentas: 4,5% (en 2013, 0%)
•Órganos de supervisión: 7,6% (2,5% como presidentas)
Además, se han adoptado nuevas medidas especiales de carácter temporal para potenciar la igualdad de facto de la mujer:
•La resolución núm. 13/2013 del Consejo de Ministros, de 8 de marzo de 2013, cuyo objetivo es garantizar y promover la igualdad entre mujeres y hombres en el mercado de trabajo mediante la eliminación de la desigualdad salarial por razón de género; la conciliación de la vida laboral, personal y familiar; la promoción de la responsabilidad social empresarial; y la eliminación de la segregación del mercado de trabajo.
•La resolución núm. 18/2014 del Consejo de Ministros, de 5 de marzo de 2014, por la que se adoptan diversas medidas para promover la igualdad salarial entre hombres y mujeres:
i)La obligación de las empresas estatales de producir, cada tres años, un informe sobre la diferencia entre los salarios de hombres y mujeres y tomar medidas concretas para garantizar que no se produzca ninguna discriminación;
ii)La distribución de un instrumento electrónico que permite que las empresas evalúen la desigualdad salarial por razón de género e identifiquen situaciones concretas de diferencias salariales entre hombres y mujeres;
iii)Un debate entre distintas partes interesadas (empleadores, trabajadores, etc.) sobre la desigualdad salarial;
iv)El establecimiento de la igualdad salarial como criterio en la evaluación de solicitudes de los Fondos Estructurales europeos.
•La Ley núm. 67/2013, de 28 de agosto, que dispone que la persona elegida para ocupar el cargo de Presidente de la Junta Directiva debe ser de sexo distinto al del anterior Presidente y que en la Junta Directiva debe existir una representación mínima del 33% de cada sexo.
•El Decreto-ley núm. 133/2013, de 3 de octubre, que establece los principios y normas aplicables a las empresas del sector público y determina la presencia plural de hombres y mujeres en la composición de los órganos de administración y supervisión de las empresas públicas, así como la promoción de la igualdad y la no discriminación, en el marco de su responsabilidad social.
•La Ley núm. 46/2014, de 28 de julio, por la que se modificó el sistema general de las instituciones de crédito y las empresas financieras y se estableció que las políticas internas para la selección y evaluación de los órganos de administración y supervisión deben tener en cuenta la representación de hombres y mujeres, a saber, que estas empresas deberían incorporar una política que permita incrementar el número de personas del sexo que no esté suficientemente representado.
•El Decreto-ley núm. 159/2014, de 27 de octubre, que dispone las normas generales para la aplicación de programas operacionales y programas de desarrollo rural financiados mediante los Fondos Estructurales europeos e inversiones para el período de 2014 a 2020. Estipula que, durante la selección de candidaturas, la mayor representación de mujeres en los órganos de administración y gestión y la mayor igualdad salarial entre hombres y mujeres son factores que determinan el desempate entre las entidades candidatas.
•La Ordenanza núm. 84/2015, de 20 de marzo, por la que se concede ayuda financiera para contratar a personas del sexo que no esté suficientemente representado en una profesión determinada.
7.El informe hace referencia al segundo Programa de Acción Nacional para la Eliminación de la Mutilación Genital Femenina, que abarcaba el período 2011-2013 (párrs. 46 a 52). Sírvanse proporcionar información sobre las consecuencias del programa, así como datos relativos a la prevalencia de la mutilación genital femenina en el Estado parte y a la aplicación del artículo 144 del Código Penal, en el que dicha práctica se tipifica como delito.
Según un informe de evaluación externo, el segundo Programa de Acción Nacional para la Eliminación de la Mutilación Genital Femenina 2011-2013 tuvo un porcentaje global de resultados positivos del 91%.
Los profesionales de la salud son agentes indispensables para lograr la erradicación de la mutilación genital femenina. El Ministro de Salud emitió una directiva con procedimientos para el Servicio Nacional de Salud en lo referente a la mutilación genital femenina. El personal sanitario que trabaja en zonas donde existe mayor riesgo de que se produzcan casos de mutilación genital femenina asistió a estudios de posgrado sobre este tema. Además, estos profesionales de la salud se convirtieron en coordinadores en sus centros de salud y hospitales, así como en el área local, y participaron en actividades de sensibilización promovidas por ONG y asociaciones de inmigrantes.
El Ministerio de Salud y la Comisión Nacional de Protección de los Niños y Jóvenes en Situación de Riesgo instauraron un protocolo con el fin de identificar y supervisar los casos de mutilación genital femenina. Las fuerzas de seguridad también se encargan de identificar a niñas y mujeres sometidas a la mutilación genital femenina o en situación de riesgo. El Ministerio del Interior publicó una guía de procedimientos para el personal de la Policía Criminal.
En abril de 2015 se finalizó un estudio sobre la prevalencia de la mutilación genital femenina pero, hasta la fecha, no ha sido publicado.
El delito de la mutilación genital femenina se incluye en el delito penal grave contra la integridad física, tipificado y castigado con arreglo al artículo 144 del Código Penal de Portugal. Por lo tanto, los datos recogidos se refieren a las violaciones en virtud del artículo 144 en general y, por el momento, no es posible ofrecer datos específicos sobre la prevalencia del delito de mutilación genital femenina.
Se están preparando las disposiciones necesarias para que el delito de mutilación genital femenina figure de forma autónoma en el Código Penal de Portugal. De esta forma, se establecerán las penas para todos los tipos de mutilación definidos por la Organización Mundial de la Salud. En febrero de 2014, se presentaron al Parlamento de Portugal tres propuestas para modificar el Código Penal con el fin de penalizar de forma independiente la mutilación genital femenina. También se ha propuesto que la sanción máxima aplicable a los autores de este delito se incremente de 10 a 12 años de prisión.
7.1.Sírvanse indicar si el Estado parte ha evaluado los resultados de las medidas existentes para combatir los estereotipos en los medios de difusión con el fin de determinar las deficiencias y mejorar las medidas en consecuencia.
Hacer frente a la fijación de estereotipos en los medios de comunicación sigue siendo una prioridad fundamental.
Pese a que se han organizado distintas iniciativas de capacitación con este fin, la evaluación de los efectos de estas medidas ha demostrado que es necesario crear un mecanismo de supervisión. El quinto PNI prevé la creación de mecanismos permanentes para regular los contenidos periodísticos y publicitarios y reconocer los mensajes sexistas y que transmiten estereotipos de género. La Entidad Reguladora para la Comunicación Social (ERC), que regula y supervisa la labor de todas las entidades dedicadas a actividades mediáticas, elaborará informes bienales al respecto.
7.2.Indiquen también por favor si el Estado parte tiene previsto adoptar una estrategia amplia para luchar contra los estereotipos y promover la proyección de una imagen positiva de las mujeres, incluidos los grupos desfavorecidos de mujeres, tales como las mujeres de edad, las mujeres con discapacidad y las mujeres pertenecientes a minorías étnicas y religiosas, incluidas las mujeres romaníes y las mujeres afrodescendientes.
Actualmente no está previsto adoptar ninguna estrategia general para combatir la fijación de estereotipos contra la mujer.
No obstante, el quinto PNI, la Estrategia Portuguesa para la Inclusión de las Comunidades Romaníes (2013-2020) y otros instrumentos nacionales incluyen diversas medidas orientadas a promover una imagen positiva de la mujer.
7.3.Sírvanse facilitar información sobre las medidas adoptadas para que las cuestiones de género y los cursos de sensibilización se conviertan en un componente integral, sustantivo y obligatorio de la formación de docentes a todos los niveles.
Las cuestiones de género están integradas en la formación inicial del personal docente.
En cuanto a los docentes ya en activo, el Ministerio de Educación y Ciencia y la CIG han organizado actividades de capacitación sobre la igualdad de género, la lucha contra los estereotipos, la sensibilización e la integración de la dimensión de género en la educación sexual que se imparte en las escuelas.
8.Sírvanse proporcionar datos sobre la prevalencia de todas las formas de violencia contra la mujer en el Estado parte, incluidas las Azores y Madeira. Sírvanse facilitar información y datos sobre la prevalencia y las tendencias de las distintas formas de violencia contra la mujer, incluida la violencia doméstica, junto con información detallada recabada desde el examen del informe anterior sobre el número de casos denunciados, enjuiciamientos, condenas y penas impuestas y la relación existente entre las víctimas y los autores.
Anexo 5: Prevalencia y tendencias de las distintas formas de violencia contra la mujer.
8.1.Sírvanse indicar si Madeira ha desarrollado un plan de acción para combatir la violencia contra la mujer.
En 2014 se elaboró el segundo Plan Regional de Madeira contra la Violencia Doméstica (2015-2018). Por ahora, todavía está a la espera de recibir la aprobación gubernamental, pero el Gobierno Regional recientemente elegido tiene intención de aprobar el Plan en 2015.
9.Informen sobre el uso eficaz de las órdenes de protección, órdenes de alejamiento y desalojos, que proporcionan a la policía los instrumentos necesarios para prevenir la violencia doméstica y luchar contra ella.
Anexo 6
9.1.Sírvanse indicar si el Estado parte dispone de suficientes centros de acogida seguros para víctimas de violencia doméstica financiados por el Estado, también accesibles para las mujeres con discapacidad.
Portugal dispone de una red pública de 37 centros de acogida para las mujeres víctimas de violencia doméstica y sus hijos menores de edad, con un total de 639 plazas.
Los centros de acogida se financian exclusivamente mediante fondos públicos y están gestionados por una organización no gubernamental.
También se dispone de 130 plazas de emergencia para víctimas de violencia doméstica (en 2013 había 111).
Con respecto a la cobertura nacional, de un total de 18 distritos, 13 disponen de plazas de emergencia para víctimas de violencia doméstica. Durante 2014 esta red para casos de emergencia acogió a 941 personas (521 mujeres y 420 niños).
9.2.Sírvanse proporcionar la definición jurídica de acoso sexual.
En el sistema jurídico portugués, el delito de acoso sexual es una forma de coerción sexual, que está tipificado y penalizado por el artículo 163, párrafo 2, del Código Penal de Portugal y se incluye en la categoría de delitos contra la libertad sexual.
Artículo 163 - Coerción sexual:
1 – Quien, mediante la violencia, la amenaza grave o después de haber provocado que, con tales fines, otra persona quede inconsciente o incapaz de resistirse, obligue a dicha persona a someterse a un acto sexual relevante o a practicarlo, consigo o con otros, será castigado con una pena de prisión de entre uno y ocho años.
2 – Quien, sirviéndose de otros medios no contemplados en el párrafo anterior y abusando de la autoridad resultante de una relación familiar, de tutela o curatela o de dependencia jerárquica, económica o laboral, o aprovechándose del temor que causa, obligue a otra persona a someterse a un acto sexual relevante o a practicarlo, consigo o con otros, será castigado con una pena de prisión de hasta dos años.
El artículo 29 del Código del Trabajo portugués también define el acoso sexual como toda conducta no deseada de carácter sexual (ya sea verbal, no verbal o física), con el propósito o el efecto de avergonzar a la persona, perjudicar su dignidad o crear un ambiente intimidante, hostil u ofensivo.
La violación de esa norma constituye un delito grave y otorga al trabajador o solicitante de empleo el derecho a recibir una indemnización por daños materiales e inmateriales (artículo 28 del Código del Trabajo).
10.Sírvanse facilitar información sobre el número de denuncias recibidas en relación con la trata de mujeres y la explotación de la prostitución y sobre las investigaciones, enjuiciamientos, condenas y penas impuestas a los autores de esos delitos.
Anexo 7: Información sobre el número de denuncias recibidas concernientes a la trata de mujeres y la explotación de la prostitución.
10.1.Proporcionen datos sobre la prevalencia de la trata en las Azores y Madeira e indiquen las medidas adoptadas para hacer frente a ese problema.
El Observatorio de la Trata de Seres Humanos (OTSH) no registró ningún caso en las Azores y Madeira entre 2012 y 2014.
El único suceso notificado en Madeira tuvo lugar en 2008, cuando cuatro mujeres fueron víctimas de trata con fines de explotación laboral.
10.2.Sírvanse indicar si el Estado parte ha creado un mecanismo para vigilar y evaluar la eficacia del segundo Plan Nacional de Lucha Contra la Trata de Personas.
El segundo Plan de Acción Nacional finalizó en diciembre de 2013 y se sometió a una evaluación externa independiente, cuyas recomendaciones se tuvieron en consideración cuando al preparar el tercer Plan de Acción Nacional.
Cada año, se elaboraron informes periódicos para evaluar la aplicación del Plan de Acción.
Todas estas medidas también se prevén en el tercer Plan (2014-2017).
La CIG prepara todos los años un informe provisional sobre el grado de ejecución de las medidas que incluye una evaluación del plan de trabajo anual. La CIG informa al miembro del Gobierno encargado de la supervisión hasta el 15 de marzo cada año. Asimismo, tiene previsto presentar un informe final sobre la ejecución del tercer Plan Nacional de Lucha Contra la Trata de Personas.
Además de los informes de supervisión y de evaluación provisionales, el tercer Plan Nacional se someterá a una evaluación independiente al final de su mandato.
10.3.Sírvanse facilitar información sobre la labor prevista para seguir mejorando las iniciativas encaminadas a prevenir y combatir la trata de mujeres y la explotación de la prostitución, incluso aumentando el número de inspectores y abordando las causas de la trata de personas.
Desde noviembre de 2014 Portugal dispone de un sistema nacional de remisión actualizado.
Se elaboró documentación sobre la identificación y detección de las víctimas de trata que fue distribuida entre todas las partes interesadas pertinentes, en concreto, las “Directrices para la identificación de primer nivel de víctimas de trata”. También se crearon y distribuyeron diversas publicaciones con información práctica para identificar a las víctimas de mendicidad forzada, actividades ilícitas, explotación laboral y explotación sexual.
Pueden consultarse en:
http://www.cig.gov.pt/2015/01/novas-publicacoes-cig-sobre-trafico-de-seres-humanos/
Se crearon y distribuyeron entre todas las fuerzas del orden unas tarjetas con información útil para la identificación de víctimas (Flagging Card).
La Red de Apoyo y Protección para Víctimas de Trata también desempeña un papel importante a la hora de prevenir y combatir la trata de mujeres y niñas. La Red está integrada por organizaciones gubernamentales y no gubernamentales que trabajan en Portugal, tanto directa como indirectamente, contra la trata de personas. Esta entidad garantiza que se realicen mejores labores de intervención, apoyo y coordinación y que exista una mejor fuente de información para las investigaciones de delitos.
Actualmente a nivel regional existen cuatro equipos multidisciplinarios especializados en la lucha contra la trata de personas. Estos equipos trabajan en estrecha colaboración y cooperación con estructuras nacionales e internacionales. Su importancia reside en que contribuyen a garantizar movilidad y proximidad territoriales y asistencia técnica para reconocer o identificar a posibles víctimas y brindan apoyo a la integración o el retorno asistido de las víctimas. A fin de facilitar la comunicación y la formación de alianzas para combatir la trata de personas, se reforzaron las redes de asistencia a las víctimas a escala regional. Estas redes incluyen organizaciones gubernamentales y no gubernamentales.
En 2013 el Servicio de Extranjeros y Fronteras (SEF) creó una unidad especializada en la lucha contra la trata de personas en la Dirección Central de Investigaciones.
En 2015, la Dirección Central de Investigaciones ha participado en el Proyecto LUMINA, cuyo objetivo es potenciar la capacidad del SEF para identificar a las víctimas y utilizar con más eficacia los actuales mecanismos de remisión.
10.4.Indiquen las medidas tomadas y previstas para crear más centros de acogida para las mujeres víctimas de trata en todo el país y garantizar que todas las víctimas de trata tengan acceso a servicios apropiados, así como para proporcionar recursos adecuados a dichos servicios.
Durante el primer trimestre de 2014, Portugal estableció un nuevo centro de protección para las mujeres víctimas de trata.
Las víctimas de trata tienen acceso a servicios apropiados que incluyen tratamiento médico oportuno y urgente; apoyo psicológico; servicios de protección, traducción e interpretación; y asistencia jurídica.
Se presta ayuda a las mujeres víctimas de trata, independientemente de su nacionalidad, edad, religión, origen étnico, orientación sexual, discapacidad, estado civil, orientación política o aspectos socioeconómicos. Esta ayuda también se extiende a los hijos menores de edad de las víctimas.
Un folleto dirigido a las víctimas de trata donde se explican sus derechos, en particular con respecto a las indemnizaciones, está disponible en portugués, inglés, rumano, ruso y francés. Otro folleto referente a los derechos de las víctimas conforme a la legislación sobre inmigración está disponible en inglés y francés y en la actualidad se está traduciendo al mandarín, al español y al ruso.
11.Sírvanse asimismo indicar si el Estado parte ha aprobado o tiene previsto aprobar medidas jurídicas o de otro tipo encaminadas a desalentar la demanda de prostitución.
En vista de las recientes reformas del Código Penal portugués, no se prevén más cambios ahora mismo.
12.El Comité señala la existencia de la Ley de Paridad núm. 3/2006, de 21 de agosto de 2006, que establece que las listas de candidatos para el Parlamento, el Parlamento Europeo y las autoridades locales deberán garantizar una representación mínima del 33% de personas de cada sexo. Sírvanse proporcionar información sobre la labor realizada, también en las Azores y Madeira, para aumentar aún más la participación de las mujeres en estos órganos y en otros ámbitos de la vida política y pública, en concreto mediante la aprobación de medidas especiales de carácter temporal encaminadas a acelerar la consecución de una igualdad sustantiva entre mujeres y hombres. Sírvanse facilitar datos sobre la representación de las mujeres en todos los ámbitos de la vida política y pública, además de en el sector privado y en empresas públicas, en particular en puestos de adopción de decisiones.
En 2014, el 30,4% de los diputados del Parlamento Nacional y el 14% de los miembros del Gobierno eran mujeres. En las elecciones municipales de 2013, las mujeres representaban el 7,5% de los alcaldes elegidos (“Presidentes da Câmara”) (23 de un total de 308). En las elecciones de 2014 para el Parlamento Europeo, las mujeres representaban el 38% de los parlamentarios elegidos (8 de un total de 21).
El porcentaje de mujeres en otras esferas de la vida pública en 2014 era el siguiente:
•Tribunal Constitucional: 38,4%;
•Consejo de Estado: 10,5%;
•Corte Suprema de Justicia: 11,8%;
•Consejo Superior del Ministerio Público Fiscal: 36,8%;
•Consejo Económico y Social: 18,8%;
•Consejo Nacional de Educación: 25%;
•Consejo Nacional de Ética para las Ciencias de la Vida: 30%;
•Consejo Nacional del Deporte (2015): 30%.
Además, el Fiscal General de Portugal es una mujer.
Para conocer los datos sobre la representación de la mujer en el sector privado y las empresas públicas, en particular en puestos de adopción de decisiones, véase la respuesta a la pregunta 6.
13.El informe menciona el menor número de mujeres en especialidades en las que tradicionalmente prevalecen los hombres (anexo 11), pero no hace referencia a la situación en las Azores y Madeira. Sírvanse proporcionar información sobre las opciones profesionales y académicas de las mujeres y los hombres en todos los niveles educativos pertinentes en las Azores y Madeira y sírvanse indicar si el Estado parte prevé la adopción de medidas concretas dirigidas a aumentar la matriculación de mujeres en los ámbitos de estudio en los que tradicionalmente predominan los hombres.
En la educación superior, la matriculación de mujeres sigue siendo baja en los campos de estudio en los que tradicionalmente predominan los hombres, como son la ingeniería, las industrias manufactureras y la construcción.
Se ha intentado aumentar los índices de participación femenina en los siguientes campos de estudio: Ciencias, Matemáticas, Informática, Agricultura, Ingeniería, Industrias Manufactureras y Construcción.
Anexo 1
Anexo 8: Datos sobre las opciones profesionales y académicas de las mujeres y los hombres en todos los niveles educativos pertinentes en las Azores y Madeira.
13.1.Indiquen asimismo las medidas adoptadas y previstas para eliminar el analfabetismo de las mujeres, en particular en las zonas rurales y entre la comunidad romaní.
Portugal se ha comprometido a garantizar el derecho de todas las personas a la educación. Con el fin de eliminar el analfabetismo, en 2010 se puso en marcha un Programa de Conocimientos Básicos dirigido a los adultos (mayores de 18 años) poco cualificados. El objetivo de este programa es proporcionar a los adultos (mayores de 18 años) poco cualificados, incluidas las mujeres de zonas rurales y las mujeres romaníes, los instrumentos necesarios que les permitan mejorar sus aptitudes.
En el sistema educativo portugués no hay aulas escolares separadas por motivos de origen, raza, etnia o cultura. Lograr la igualdad de acceso a la educación, al tiempo que se respetan los valores y las tradiciones de todos, incluidas las personas romaníes, es el objetivo principal.
La Estrategia Nacional para la Integración de las Comunidades Romaníes (2013-2020) prevé las siguientes medidas en el ámbito de la educación, que son de especial importancia para mejorar la situación de las mujeres romaníes:
i)comprender mejor la situación de los estudiantes y los contratados en prácticas de etnia romaní;
ii)asegurar el acceso a la enseñanza preescolar;
iii)elevar los niveles educativos y velar por que todos los niños romaníes finalicen la educación obligatoria;
iv)promover la educación permanente en las escuelas de enseñanza secundaria y fomentar la enseñanza superior;
v)prevenir la deserción escolar temprana;
vi)garantizar el acceso al aprendizaje permanente;
vii)promover la formación de docentes acerca de la cultura romaní y la diversidad contratando a formadores de las comunidades romaníes;
viii)combatir el analfabetismo.
Se creó un proyecto especial llamado “Buenas Calificaciones Escolares” para concienciar respecto a la importancia de la escuela como institución fundamental para el desarrollo social y personal de los niños romaníes y sus progenitores.
El programa “Opciones”, creado por el Alto Comisionado para las Migraciones, promueve la integración social de los niños y los jóvenes (de entre 6 y 30 años) procedentes de contextos socioeconómicos vulnerables, en particular los descendientes de inmigrantes y minorías étnicas. En este programa, los proyectos locales tienen por finalidad atender las necesidades específicas de las personas a las que va dirigido y hacen especial hincapié en el apoyo escolar para favorecer el éxito académico. El programa pretende combatir el abandono escolar prematuro promoviendo la educación extraescolar, la formación profesional, la participación comunitaria, la inclusión digital y el empoderamiento. Actualmente se está desarrollando la sexta generación (2016-2018).
14.Sírvanse proporcionar información sobre nuevas medidas que se tenga previsto adoptar para acabar con la segregación ocupacional horizontal y vertical, aumentar la participación de las mujeres en los órganos de gestión de las empresas privadas, reducir y superar la desigualdad salarial entre mujeres y hombres, garantizar la igualdad de remuneración por un trabajo de igual valor y fomentar la distribución equitativa de las obligaciones familiares entre las mujeres y los hombres. Sírvanse indicar las medidas adoptadas para asegurar la aplicación efectiva de las disposiciones jurídicas destinadas a acabar con la discriminación contra la mujer en el lugar de trabajo, en especial la discriminación contra las mujeres con hijos pequeños y las mujeres embarazadas que tienen contratos de plazo fijo en el sector privado.
Mediante las resoluciones núm. 13/2013, de 8 de marzo, y núm. 18/2014, de 7 de marzo, aprobadas por el Consejo de Ministros, se adoptó un conjunto de medias con la intención de garantizar y promover la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres en el mercado laboral.
De conformidad con la resolución núm. 13/2013 del Consejo de Ministros, se publicó un “Informe sobre la desigualdad salarial por razón de género en función del tipo de actividad” para el año 2011.
Con arreglo a esta resolución, también se publicó una “Guía informativa sobre la igualdad de género y la no discriminación en el marco de los instrumentos de convenio colectivo de trabajo”.
Durante 2013 y 2014, la Comisión para la Igualdad en el Trabajo y el Empleo (CITE) creó un instrumento para evaluar la desigualdad salarial por razón de género en las empresas y concienciar a los directivos y los encargados de la formulación de políticas respecto a la necesidad de eliminar dicha desigualdad en Portugal.
Se crearon dos instrumentos en línea destinados al análisis de la desigualdad salarial por razón de género en las empresas y se puede acceder a ellos desde el sitio web de la CITE: la encuesta de autoevaluación sobre la igualdad salarial entre hombres y mujeres en las empresas; y la calculadora de desigualdad salarial por razón de género.
http://calculadora.cite.pt/index.php/welcome/home
La CITE ha puesto en marcha varias campañas orientadas a concienciar a la población sobre la persistencia de la desigualdad salarial por razón de género:
•Para celebrar el Día Europeo de la Igualdad Salarial y el Día Nacional de la Igualdad Salarial (28 de febrero y 6 de marzo, respectivamente), en 2013 y 2014 la CITE diseñó y presentó las Campañas sobre la Persistencia de la Desigualdad Salarial entre Hombres y Mujeres;
•En octubre de 2013, para sensibilizar a la población sobre la importancia del equilibrio entre el trabajo y la vida personal y la distribución equitativa de las obligaciones familiares entre las mujeres y los hombres, la CITE diseñó y presentó la Campaña Tiempo para Tener Tiempo.
La CITE también preparó una serie de proyectos, entre ellos:
•El proyecto IGEN - Foro de Empresas para la Igualdad de Género - Nuestro Compromiso, cuyo objetivo principal es supervisar y difundir los progresos que realizan en cuanto a igualdad de género las empresas privadas que participan en el proyecto. En 2014 se publicó el primer informe anual;
•En octubre de 2014 se inició una encuesta nacional sobre cómo emplean su tiempo los hombres y las mujeres. La finalidad de la encuesta era reunir información actualizada sobre el uso del tiempo de las mujeres y los hombres en Portugal, en particular en relación con el trabajo remunerado y no remunerado (quehaceres domésticos, etc.). Con este proyecto se pretendía concienciar acerca de la necesidad de que exista una distribución equilibrada del trabajo doméstico no remunerado entre las mujeres y los hombres.
Más recientemente, mediante la resolución núm. 11-A/2015 del Consejo de Ministros, de 6 de marzo, se pidió al Secretario de Estado de Asuntos Parlamentarios e Igualdad, el Secretario de Estado del Tesoro, el Secretario de Estado del Desarrollo Regional, el Secretario de Estado Adjunto de Economía y el Secretario de Estado de Empleo que llegaran a un acuerdo con las empresas que cotizan en bolsa para que estas se comprometan a promover una mayor representación de la mujer en las Juntas Directivas. El objetivo es alcanzar el 30% del sexo con menor representación para finales de 2018.
15.El informe menciona 2.092 casos de interrupción voluntaria de embarazos de adolescentes y 3.301 nacimientos de madres adolescentes en 2012 (párrs. 108 y 109). Sírvanse facilitar datos actualizados sobre la tasa de embarazos no deseados y de abortos. Proporcionen información sobre los obstáculos a los que pueden enfrentarse las mujeres a la hora de acceder al aborto, tales como la falta de conocimiento de la legislación relativa a la interrupción voluntaria del embarazo o el hecho de que el personal sanitario puede decidir no realizar una interrupción del embarazo por motivos de conciencia. Sírvanse indicar si las mujeres que abortan tras diez semanas de gestación son sometidas a sanciones penales.
Según el artículo 142, párrafo 1, inciso e), del Código Penal portugués, el aborto realizado por un médico o bajo su supervisión, en un establecimiento sanitario oficial o reconocido oficialmente y con el consentimiento de la mujer embarazada, no es punible si se lleva a cabo durante las primeras diez semanas de embarazo. Sin embargo, las mujeres que abortan después de diez semanas de embarazo pueden ser objeto de sanciones penales, conforme al artículo 140, párrafo 3, del mismo documento.
No hay ningún obstáculo relacionado con el acceso a la interrupción del embarazo porque para estos casos se presta asistencia en todo el país mediante el Servicio Nacional de Salud, sin límite alguno en cuanto al número de interrupciones practicadas por cada mujer, su edad o su nacionalidad. Este servicio también está exento de tasas para los usuarios y es gratuito dentro del Sistema Nacional de Salud.
La legislación garantiza el derecho a la objeción de conciencia de los médicos y demás personal sanitario en relación con los actos médicos que conlleva la interrupción voluntaria del embarazo. La dependencia sanitaria debe remitir a la mujer a otra institución dentro de los plazos legales.
En cuanto a la sensibilización pública, en las instituciones de salud se puede obtener información sobre la interrupción del embarazo. Mediante la educación sexual que se imparte en las escuelas también se ofrece información sobre este tema.
Anexo 9
16.El informe indica que la educación sexual es obligatoria en todas las escuelas desde 2009 (párr. 105). Sírvanse especificar si se han evaluado las consecuencias de la educación sexual y proporcionen datos sobre: a) la disponibilidad y la accesibilidad de una educación integral y adaptada a la edad en materia de salud y derechos sexuales y reproductivos; b) la tasa de uso de anticonceptivos; y c) la prevalencia del aborto, también en las Azores y Madeira.
Con relación a la educación sexual, la Orden Ministerial núm. 196-A/2010 estipula los programas y asignaturas sobre salud y derechos sexuales y reproductivos que se imparten desde la enseñanza preescolar a la secundaria.
Los docentes reciben capacitación sobre educación sexual y las escuelas cooperan con los servicios de salud locales, donde los alumnos pueden pedir asesoramiento sobre planificación familiar y los anticonceptivos son gratuitos.
Una evaluación exhaustiva de los efectos de la educación sexual (“Informe sobre la evaluación de los efectos de la Ley núm. 60/2009, de 6 de agosto, regulada por la Orden Ministerial núm. 196-A/2010, de 9 de abril”, publicado en diciembre de 2013, con el fin de evaluar la introducción de la educación sexual en las escuelas), concluyó que: el 83,2% de las escuelas aplicó programas de educación sexual sin dificultades; el 59,8% de las escuelas consideraba que la Oficina de Apoyo a los Estudiantes sobre educación sexual era muy importante; el 62,8% de los docentes había desarrollado sus conocimientos sobre educación sexual; el 56,8% de los directores de las escuelas consideraba que la repercusión de la educación sexual en la política de salud era positiva.
Anexo 9
17.Sírvanse indicar el plazo para la ejecución efectiva e integral de la Ley de Asilo (Ley núm. 26/2014, de 5 de mayo de 2014) que exige la pronta identificación de las mujeres solicitantes de asilo con necesidades específicas y su acceso a las garantías procesales y condiciones de acogida especiales que corresponda. Indiquen las medidas adoptadas para poner en marcha un sistema nacional de identificación y protección coherente para las mujeres víctimas de trata que soliciten asilo y garantizar su acceso al procedimiento de asilo. Sírvanse indicar las medidas adoptadas y previstas para poner fin a la detención de mujeres y niñas solicitantes de asilo que tienen necesidades específicas.
La Ley de Asilo, aprobada en 2008, establece las condiciones y procedimientos para el otorgamiento de asilo o protección subsidiaria y el estatuto de asilo, refugiado y protección subsidiaria a quienes lo soliciten.
No se detiene a los solicitantes de asilo, sino que, cuando estos presentan sus solicitudes de asilo en la frontera, deben permanecer en los Centros de Instalación situados en las zonas internacionales de los aeropuertos. En estos casos se sigue un procedimiento específico para los menores, las personas de edad avanzada, las mujeres embarazadas, los enfermos o las personas que se encuentran en otras situaciones de especial vulnerabilidad. Se les permite acceder al territorio nacional inmediatamente después de solicitar asilo y permanecen en centros especializados y son atendidos por asistentes sociales. En el caso de los menores no acompañados, se contacta de inmediato con los tribunales de menores a fin de nombrar a un representante legal.
Hasta que cumplen 18 años, los menores no acompañados permanecen al cuidado del Conselho Português para os Refugiados. A partir de esa edad, asume la responsabilidad la Seguridad Social.
Todas las solicitudes de asilo se comunican al Conselho Português para os Refugiados, una ONG que actúa en nombre de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR).
La Ley de Asilo se modificó en 2014 a fin de incorporar tres directivas de la Unión Europea. Con estas enmiendas se pretende reforzar las garantías ofrecidas a las personas en busca de asilo, sobre todo a los menores no acompañados, además de consolidar la función del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados o la ONG que actúa en su nombre.
La ley enmendada también garantiza la traducción gratuita de documentos para los solicitantes de asilo sin ingresos suficientes y el derecho a realizar declaraciones en la lengua materna de los solicitantes de asilo, en unas condiciones que aseguren la debida confidencialidad.
La Ley de Asilo prevé la posibilidad de otorgar la condición de residente por razones humanitarias durante un período de hasta tres años.
La nueva Ley de Asilo considera solicitantes con necesidades específicas a los menores, los menores no acompañados, las mujeres embarazadas, las familias monoparentales con menores, las personas con discapacidad, las personas con trastornos mentales y las personas que han sido objeto de tortura, violación u otras formas graves de trato psicológico, físico o sexual, como por ejemplo las víctimas de violencia doméstica y las víctimas de la mutilación genital femenina.
Portugal dispone de dos centros de acogida para personas en busca de asilo, dirigidos por el Conselho Português para os Refugiados, que representa al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados en Portugal:
•El Centro de Acogida de Refugiados, inaugurado en 2006, para atender a los solicitantes de asilo, los refugiados y los refugiados reasentados durante sus primeros meses en Portugal. Además de proporcionarles alojamiento, comida y asistencia, el Centro adopta un enfoque singular de la integración de los refugiados, ya que promueve su integración en las comunidades locales, en particular mediante la organización de actividades conjuntas;
•El Centro de Acogida para Niños Refugiados, inaugurado en 2012, que atiende a los menores no acompañados que solicitan asilo en Portugal y les proporciona alojamiento, comida, asistencia y actividades de integración apropiadas. El Centro está dirigido por un equipo especializado de profesionales.
El Centro de Acogida de Refugiados gestionado por la ONG Conselho Português para os Refugiados puede dar cabida a 60 personas.
El Centro de Acogida para Niños Refugiados puede alojar a 17 niños.
A fin de evitar la ocupación excesiva de los Centros de Acogida de Refugiados gestionados por la ONG Conselho Português para os Refugiados, en 2013 el Servicio de Inmigración y Fronteras recurrió a otras soluciones de alojamiento, como la estancia en hoteles y el alquiler de habitaciones en viviendas de particulares.
Además, los solicitantes de asilo también pueden alojarse en locales gestionados por el Instituto de Seguridad Social.
De acuerdo con la Ley Nacional de Asilo, los solicitantes de asilo o los beneficiarios de protección subsidiaria tienen acceso al Servicio Nacional de Salud.
Todos los ciudadanos portugueses, los inmigrantes, los solicitantes de asilo y los beneficiarios de protección subsidiaria pagan una pequeña tasa para poder beneficiarse del Servicio Nacional de Salud. Pero los niños menores de 12 años, las mujeres embarazadas, las personas con discapacidad del 60% o más y las personas en situación de dificultades económicas demostradas, así como los familiares a cargo en el hogar, están exentos del pago de esta tasa.
18. El informe indica que estaba previsto que el estudio para reunir información sobre las comunidades romaníes se completara en diciembre de 2014 (párr. 130). Sírvanse facilitar información sobre el resultado de este estudio, en concreto en lo que respecta a las mujeres romaníes.
El estudio se concluyó a finales de 2014, fue publicado el 20 de enero de 2015 y solo está disponible en portugués:
http://www.acidi.gov.pt/_cfn/54be867b629d5/live/Estudo+Nacional+sobre+as+Comunidades+Ciganas
Entre las principales conclusiones del estudio, conviene destacar las siguientes:
•en todos los niveles escolares, las niñas/mujeres romaníes poseen un nivel educativo inferior al de los niños/hombres;
•en cuanto al empleo, entre las personas romaníes que están desempleadas o que nunca han trabajado es mayor el número de mujeres que de hombres.
Los resultados del estudio constituyen un instrumento clave para adaptar o adoptar nuevas medidas dirigidas a la comunidad romaní, en particular a las mujeres y las niñas.
Este año, a fin de formarse una idea de conjunto más exacta de las comunidades romaníes, se llevarán a cabo actividades de seguimiento de este estudio, que irán dirigidas a los municipios que no enviaron suficiente información para el primer estudio.
18.1.Sírvanse indicar las medidas adoptadas para aumentar el acceso de las mujeres romaníes a los servicios de salud, incluida la salud sexual y reproductiva, que abarca las mamografías y la prueba de Papanicolaou (párr. 135), y el acceso a la educación, que incluye hacer frente a la elevada tasa de deserción escolar de las niñas romaníes.
El Servicio Nacional de Salud es un sistema universal, es decir, se concede acceso a este Servicio a todos los residentes, incluidos los migrantes ilegales, los ciudadanos de la Unión Europea y los ciudadanos de fuera de la Unión Europea. Por lo tanto, las mujeres romaníes tienen pleno acceso al Servicio Nacional de Salud.
El sistema educativo portugués es inclusivo. El acceso de todos los estudiantes (inmigrantes, estudiantes romaníes, incluidas las niñas romaníes) a la educación se basa en un conjunto de políticas educativas cuyo propósito es integrarlos en la comunidad escolar y favorecer su éxito educativo. Las escuelas promueven una integración efectiva de estos estudiantes en la comunidad escolar, a través de medidas de bienvenida, tutorías e iniciativas de sensibilización para las distintas culturas presentes en el aula.
La Estrategia Nacional para la Integración de las Comunidades Romaníes (2013-2020) prevé diversas medidas en el ámbito de la educación que responden a las necesidades de las mujeres romaníes.
Véase la respuesta a la pregunta 13.1.
18.2.Indiquen las medidas adoptadas para que todos los matrimonios de mujeres romaníes y los nacimientos de niñas romaníes se registren de forma oficial.
En el sistema jurídico portugués, es obligatorio registrar los matrimonios civiles y católicos conforme al derecho civil (artículos 167 y 180 del Código del Registro Civil de Portugal). Por otra parte, también deben registrarse los nacimientos que se produzcan en Portugal, en un plazo de 20 días a partir del nacimiento, en una Oficina del Registro Civil (artículo 96 del Código del Registro Civil de Portugal).
Desde que se creó en 2007 el proyecto “Nacer Ciudadano”, es posible registrar sin costo alguno a todos los recién nacidos en el hospital o maternidad, inmediatamente después de su nacimiento. Así pues, ahora se registra e identifica a todos los niños nacidos en Portugal mediante un número de identificación civil, que les permite beneficiarse de los servicios sociales. Con estas medidas también se fomenta la integración de las personas que pertenecen a minorías étnicas.
18.3.Sírvanse proporcionar asimismo información sobre las medidas tomadas para eliminar la discriminación contra las mujeres romaníes en lo que respecta a su derecho al empleo, a la vivienda, a tener acceso al agua y el saneamiento, a tener acceso a servicios públicos y sociales y a participar en la vida pública.
Las comunidades romaníes de Portugal se benefician, sin discriminación, de todas las medidas que están a disposición de la población general, entre ellas las de protección social (p. ej., la renta de inserción social, los programas de vivienda y el acceso al Servicio Nacional de Salud). Además, existen medidas y políticas específicas orientadas a promover la realización de los derechos al empleo, la vivienda y la salud de las personas romaníes, que benefician, en su mayoría, a las mujeres.
El empleo es una esfera prioritaria de la Estrategia Nacional para la Integración de las Comunidades Romaníes (2013-2020). Las medidas previstas tienen los siguientes objetivos:
•afianzar la integración de las personas romaníes en el mercado laboral mediante actividades de sensibilización; el diálogo con asociaciones empresariales, ONG, asociaciones romaníes y mediadores romaníes; y la desmitificación de la imagen negativa de las comunidades romaníes;
•capacitar a los principales miembros del personal para que conozcan las características específicas de las comunidades romaníes;
•promover la creación de empleo por cuenta propia;
•ofrecer formación profesional;
•constituir asociaciones locales para el empleo y la formación profesional;
•revitalizar las actividades tradicionales de las comunidades romaníes para potenciar su integración socioprofesional.
La Estrategia Nacional para la Integración de las Comunidades Romaníes consta de cuatro esferas prioritarias en relación con las condiciones de vivienda de las comunidades romaníes:
•mejorar el conocimiento de la situación de las comunidades romaníes en materia de vivienda y realizar como mínimo un estudio al respecto;
•promover la inclusión de las comunidades romaníes como beneficiarias de las políticas de vivienda;
•desarrollar soluciones de vivienda y habilitar espacios para realojar a las comunidades romaníes;
•promover el acceso al mercado de alquiler o a la propiedad privada.
La estrategia mencionada contempla las siguientes prioridades con respecto al derecho a la salud:
•Realizar actividades sobre la educación sanitaria y los servicios de salud disponibles, como, por ejemplo, instar a las comunidades romaníes a que utilicen las unidades sanitarias móviles y se registren en los centros de salud locales;
•Centrarse especialmente en medidas de prevención, tales como celebrar sesiones anuales de concienciación sobre la maternidad precoz, la salud de los niños y los hábitos alimentarios saludables;
•Sensibilizar a los profesionales sanitarios sobre la diversidad cultural;
•Reforzar las relaciones entre los servicios de salud y las comunidades romaníes.
La versión inglesa de la Estrategia Nacional para la Integración de las Comunidades Romaníes (2013-2020) puede consultarse en:
http://www.acidi.gov.pt/_cfn/532c521f57fd6/live/Estrat%C3%A9gia+Nacional+para+a+Integra%C3%A7%C3%A3o+das+Comunidades+Ciganas+-+Ingl%C3%AAs
19.Faciliten información actualizada sobre el acceso de las mujeres de edad, las mujeres migrantes, las mujeres pertenecientes a grupos minoritarios y las mujeres con discapacidad a todos los derechos consagrados en la Convención y sobre la existencia de programas encaminados a acabar con la discriminación contra ellas.
Portugal cuenta con una gran variedad de planes de acción nacionales que incluyen una perspectiva de género y abarcan los derechos contemplados en la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer. Estos planes prestan ayuda a las mujeres de edad, las mujeres migrantes, las mujeres pertenecientes a grupos minoritarios y las mujeres con discapacidad.
Ahora se está preparando una nueva Estrategia Nacional para la Discapacidad (ENDEF) que, al igual que la anterior (2011-2013), incluirá medidas encaminadas a combatir la discriminación contra las mujeres con discapacidad.
Con miras a favorecer a las mujeres que pertenecen a grupos minoritarios, en 2009 el Alto Comisionado para las Migraciones (ACM), anterior Alto Comisionado para la Inmigración y el Diálogo Intercultural (ACIDI), creó un proyecto experimental para promover el espíritu empresarial entre los inmigrantes. Este proyecto ofrece formación sobre la creación de empresas y facilita apoyo financiero. A finales de 2014, se habían beneficiado de este proyecto 1.509 participantes (922 mujeres y 587 hombres) y se crearon 101 empresas, 60 de ellas dirigidas por mujeres.
Anexo 10: Datos relativos al Proyecto de Promoción del Emprendimiento Inmigrante.
En marzo de 2015, el Gobierno aprobó el Plan Estratégico para las Migraciones. En este Plan se incluyó una dimensión de género, como ponen de manifiesto las siguientes medidas:
•Promover la participación de las mujeres inmigrantes en las asociaciones de migrantes;
•Concienciar sobre la igualdad de género y la no discriminación, en particular en el ámbito de la crianza de los hijos, la igualdad salarial, la conciliación de la vida laboral con la familiar, y el acoso moral y sexual.
El quinto PNI prevé una serie de medidas dirigidas a grupos específicos de mujeres:
•Crear iniciativas que prevengan la discriminación contra las mujeres con discapacidad;
•Aplicar programas de sensibilización y capacitación para los profesionales que atienden a poblaciones vulnerables;
•Promover la alfabetización de las mujeres romaníes y las mujeres migrantes;
•Fomentar el acceso de las mujeres de edad a la información y el conocimiento y mejorar su nivel educativo y la alfabetización entre las personas de edad;
•Capacitar a las fuerzas de seguridad y los servicios sociales en asuntos relativos al género y el envejecimiento. En 2014, se realizaron un total de cinco actividades de capacitación sobre el tema “Género y envejecimiento”;
•Impulsar las asociaciones de mujeres y el emprendimiento de las mujeres agricultoras.
Anexo 11: Alfabetización de las mujeres romaníes y migrantes.
Anexo 12: Acceso de las mujeres de edad a la información y el conocimiento.
19.1.Informen, en concreto, sobre las tendencias relativas a la violencia sexual contra las mujeres con discapacidad, y proporcionen datos actualizados sobre las medidas previstas para hacer frente a la feminización de la pobreza, incluida la mayor tasa de mujeres que viven en la pobreza entre las mujeres de edad y los hogares encabezados por mujeres.
Véase la respuesta a la pregunta 1.
19.2.Sírvanse también facilitar datos actualizados sobre la impartición de cursos de capacitación formal en materia de agricultura a mujeres agricultoras.
El 8,9% de los hombres agricultores y el 8,0% de las mujeres agricultoras poseen un mínimo de 9 años de educación académica. El 88% de los hombres agricultores y el 91% de las mujeres agricultoras han cursado formación profesional.
Anexo 13: Disponibilidad de educación/capacitación académica en agricultura para mujeres agricultoras.
20.Sírvanse indicar si el Estado parte ha llevado a cabo o prevé llevar a cabo un análisis de las consecuencias en función del género que tiene la crisis económica y financiera en las pensiones alimenticias para niños y excónyuges o exparejas, así como en la solidaridad familiar, en particular en lo que respecta a la utilización de las pensiones por vejez para apoyar a las generaciones jóvenes. Si se ha realizado dicho análisis, indiquen los resultados disponibles.
Véase la respuesta a la pregunta 1.