Comité de Derechos Humanos
Examen de los informes presentados por los Estados partes en virtud del artículo 40del Pacto
Informes iniciales de los Estados partes previstos para noviembre de 1997
Sierra Leona *
[24 de julio de 2012]
Índice
Párrafos Página
I.Introducción1–203
II.Aplicación de los artículos 1 a 26 del Pacto21–1306
III.Conclusión13122
Anexos23
Informe inicial de Sierra Leona presentado de conformidad con el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos
I.Introducción
1.El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos es uno de los instrumentos más ampliamente aceptados, que enuncia las normas internacionales en materia de derechos humanos y abarca una amplia variedad de derechos insertos en el tejido social.
2.El Pacto se divide en disposiciones sustantivas (relativas al espíritu y la letra del tratado) y disposiciones administrativas que establecen las directrices para la aplicación y el cumplimiento del mismo. Hay 27 artículos sustantivos que tratan, entre otras cosas, del derecho a la vida (art. 6), la prohibición de la tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes (art. 7), el derecho a un juicio equitativo (art. 14) y la libertad de palabra (art. 19). Todos estos derechos enunciados en el Pacto se derivan de lo dispuesto en el párrafo 1 del artículo 2, que proclama el disfrute de los mencionados derechos sin ninguna clase de discriminación por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de otro tipo, origen nacional o social, propiedad, nacimiento u otra condición.
3.El artículo 2, párrafo 2, impone al Estado la obligación de tomar las medidas necesarias para aplicar las disposiciones del tratado, mientras que el artículo 40 obliga a los Estados a presentar un documento sobre la marcha de la aplicación y la observancia de las disposiciones del Pacto.
4.Por consiguiente, las obligaciones generales del Estado son las siguientes:
a)Las previstas en el artículo 2, según el cual los Estados partes se comprometen a respetar y a garantizar los derechos civiles y políticos enumerados en el Pacto;
b)Garantizar que toda persona comprendida en su jurisdicción goce de protección sustantiva y de procedimiento;
c)Con arreglo a lo dispuesto en el artículo 2, párrafo 3, garantizar la existencia de recursos efectivos para las violaciones de los derechos reconocidos en el Pacto.
5.Este tratado, como cualquier otro, es un contrato entre Estados y su ejecución adecuada depende del consentimiento (las más de las veces indicado con la ratificación) de los signatarios. En Sierra Leona, la ratificación de los tratados internacionales está prevista en el artículo 40 de la Constitución (1991), que prescribe su promulgación por el Parlamento.
6.Sierra Leona presentó un instrumento de ratificación del Pacto, pero el Parlamento todavía no ha tomado las medidas necesarias para promulgar la correspondiente ley o aprobar una resolución. No obstante, las disposiciones del Pacto siguen teniendo fuerza de ley en el país.
7.En vista de lo dicho, Sierra Leona no ha presentado un informe, inicial o de cualquier otro tipo, al Consejo de Derechos Humanos. No obstante, recientemente se creó una oficina de coordinación encargada de la preparación de informes, entre ellos el aquí presentado.
Breve historia de Sierra Leona
8.Sierra Leona, que fue colonia y protectorado de la Corona Británica, alcanzó la independencia el 27 de abril de 1961 bajo la égida del Partido Popular de Sierra Leona (SLPP).
9.En marzo de 1967 se declaró una crisis constitucional en Sierra Leona, que entonces era una monarquía constitucional democrática, causada por los resultados de las elecciones. En consecuencia se produjo una serie de golpes y contragolpes de estado hasta marzo de 1968, cuando el país recuperó el régimen civil bajo la dirección del Congreso del Pueblo (APC). El 19 de abril de 1971 Sierra Leona aprobó una Constitución republicana, que fue seguida por una Constitución de partido único en 1978 y por una Constitución multipartidista, que se promulgó en 1991.
10.En este último año estalló un conflicto civil, con ataques iniciales del Frente Unido Revolucionario (RUF) al mando del cabo Foday Sankoh. El Presidente Joseph Saidu Momoh fue derrocado el 29 de abril de 1992 por suboficiales del ejército que constituyeron el llamado "Consejo de Gobierno Provisional Nacional" (NPRC). El NPRC gobernó Sierra Leona hasta abril de 1996, cuando se celebraron elecciones presidenciales y parlamentarias a las que pudieron presentarse múltiples partidos. El SLPP, dirigido por Ahmed Tejan Kabbah, ganó las elecciones a la presidencia.
11.En mayo de 1997 el Consejo Revolucionario de las Fuerzas Armadas (AFRC), al mando del Teniente Coronel Johnny Paul Koroma, derribó el recién elegido Gobierno del SLPP. Se afirma que Koroma invitó al RUF a la capital, Freetown, para formar parte de su Gobierno. El Gobierno legítimo se exilió a Conakry, en Guinea. La coalición AFRC-RUF permaneció en el poder diez meses, hasta que fue depuesta por fuerzas del Grupo de Verificación de la Comunidad Económica de Estados del África Occidental (ECOMOG), bajo mando nigeriano. En marzo de 1998 se restableció el Gobierno legítimo. El 6 de enero de 1999 las fuerzas armadas combinadas del AFRC y el RUF entraron de nuevo en Freetown tratando de expulsar al Gobierno del poder, con los consiguientes disturbios y conflictos civiles. Las fuerzas combinadas pillaron y destruyeron gran parte de la zona oriental de Freetown, retirándose después de tres semanas. El acuerdo de paz negociado por la CEDEAO en Lomé en 1999 devolvió a Sierra Leona una paz incierta.
12.La guerra se terminó oficialmente en 2002. Este mismo año el Gobierno, en cumplimiento de un acuerdo con las Naciones Unidas, creó un tribunal especial encargado de "enjuiciar a las personas que asumen la mayor responsabilidad por las graves violaciones del derecho humanitario internacional y por los crímenes cometidos a tenor de las leyes de Sierra Leona". Hasta ahora se ha inculpado a 13 personas, 9 de las cuales fueron juzgadas. El Tribunal Especial sigue en funciones y se prevé que sea disuelto en 2013.
13.En mayo de 2002 se celebraron pacíficamente las elecciones a la Presidencia y al Parlamento. El Presidente Kabbah ganó las elecciones con el 70% de los votos y el SLPP obtuvo una amplia mayoría en el Parlamento. Las siguientes elecciones presidenciales se celebraron en mayo de 2007. El Presidente Ernst Bai Koroma ganó la Presidencia en la segunda vuelta de las elecciones con un 54,6% de los votos, y el APC obtuvo una amplia mayoría en el Parlamento, con 59 escaños.
14.La guerra civil, los disturbios sociales y la inestabilidad gubernamental alteraron la vida social y económica del país. Más de 20.000 personas resultaron muertas y unos 2 millones fueron desplazadas; además, más de medio millón de personas se refugiaron en países vecinos. En consecuencia, los efectos combinados de la pobreza y la devastadora guerra civil entorpecieron las actividades del Gobierno y debilitaron su capacidad de cumplir sus obligaciones de presentación de informes internacionales a los órganos encargados del seguimiento de los tratados.
Geografía
15.Sierra Leona es un pequeño país ribereño situado en la costa occidental de África, con una superficie de 71.620 km2. Limita al norte y al nordeste con la República de Guinea, al oeste con el océano Atlántico y al este con la República de Liberia. Sierra Leona, Guinea, Liberia y, más recientemente Côte d'Ivoire han constituido la Unión del Río Mano.
16.El clima tropical da sustento a una densa selva pluvial en las provincias del sur y el este del país. En Sierra Leona hay dos estaciones: la estación seca de noviembre a abril y la estación húmeda (de las lluvias) de mayo a octubre. Durante el período de Harmattan (de diciembre a febrero) soplan vientos muy secos del Sáhara.
17.El país está dividido en cuatro departamentos administrativos que constituyen las provincias del sur, el este y el norte del país, y la zona occidental. Hay 12 distritos y 149 comunidades tribales. Estas últimas comunidades están gobernadas por dirigentes tradicionales llamados grandes jefes y subjefes. La división del país en unidades administrativas tiene por objeto mejorar el control y la gobernanza. Existen también órganos de gobierno local en el distrito y consejos municipales que complementan los esfuerzos del Gobierno central para proporcionar servicios básicos a las localidades.
Población
18.Según el Banco Mundial, en 2008 Sierra Leona contaba aproximadamente con 5.560.000 habitantes. La tasa de crecimiento anual es del 2,3%. En 2007, el 42% de la población vivía en las ciudades y el 58% en las zonas rurales. La tasa media anual de crecimiento de la población urbana entre 1990 y 2007 fue del 4,4%.
Cuadro 1
Datos de la población
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2005 |
2007 |
2008 |
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Total de la población (millones de personas) |
5,11 |
5,42 |
5,56 |
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Crecimiento de la población (porcentaje anual) |
3,6 |
2,8 |
2,5 |
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Superficie (miles de kilómetros cuadrados ) |
71,7 |
71,7 |
71,7 |
Fuente: Banco Mundial: Base de datos de indicadores del desarrollo mundial.
Cuadro 2
Estructura de edad
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Grupo de edad |
Porcentaje |
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Personas menores de 15 años |
34,7 |
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Personas de 15 a 59 años |
59,3 |
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Personas de 60 años o más |
6 ,0 |
Fuente: Banco Mundial: Base de datos de indicadores del desarrollo mundial, abril de 2009 .
19.La población indígena está compuesta de 18 grupos étnicos: los temne representan el 30%; los mende, otro 30%; los krio, cerca del 1%, y el resto se reparte en otros 15 grupos tribales: kono, limba, susu, mandingo, fullah, kuranko, yalunka, kissi, galinas, kru, sherbro, vai, loko, gola, bullum y krim. Además, existen considerables minorías libanesas e indias, así como pequeños grupos de origen europeo y pakistaní.
Lengua y religión
20.El idioma oficial de Sierra Leona es el inglés, pero el krio está muy extendido en el país. El 60% de la población es musulmana y el 30% cristiana, mientras que el 10% restante profesa religiones africanas tradicionales. La tolerancia religiosa es quizás el mayor bien social del país, ya que musulmanes y cristianos conviven en paz y los matrimonios mixtos son frecuentes. La Constitución ampara la libertad religiosa.
II.Aplicación de los artículos 1 a 26 del Pacto
Artículo 1
21.El Pacto tiene por objeto proclamar el derecho inalienable de todas las personas a establecer libremente su condición política y a proveer a su desarrollo económico, social y cultural.
22.La Constitución de Sierra Leona (Ley Nº 6 de 1991) ampara en el capítulo II (Principios fundamentales de la política del Estado) y en el capítulo III (Declaración de derechos y garantías fundamentales) todos los derechos consagrados en la Declaración Universal de Derechos Humanos, la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, entre otros. Esto incluye, evidentemente, el reconocimiento del derecho a la autodeterminación.
23.Sin perjuicio de lo que establece la Constitución, aunque estos derechos no pueden invocarse ante los tribunales, se han constituido diversas instituciones para promoverlos y protegerlos, como prevé la Constitución o de resultas de una medida o una ley del Parlamento. Una institución que se ha creado a instigación de la opinión pública, expresada en forma de recomendaciones de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación, es la Comisión Electoral Nacional, con arreglo a las disposiciones constitucionales; las instituciones que tienen su origen en una medida o una ley del Parlamento son la Comisión de Inscripción de Partidos Políticos y la Comisión de la Administración Pública. Se está revisando la Ley de la Comisión de Inscripción de Partidos Políticos para dotar de mayor eficacia al órgano en el ejercicio de sus atribuciones.
24.En su artículo 1, párrafo 2, el Pacto afirma un aspecto particular del contenido económico del derecho a la autodeterminación; este párrafo obliga al Estado, en cumplimiento de sus obligaciones, a declarar los factores o dificultades que impiden disponer libremente de sus riquezas y recursos naturales, contrariamente a lo dispuesto en el Pacto.
25.El artículo 6 de la Constitución de Sierra Leona plasma con gran acierto la intención del párrafo 2, y con la aplicación de la Ley Nº 12 de minas y minerales de 2009, que se aparta del principio general de explotación y se adentra en el ámbito de la libre disposición que afecta al ejercicio de otros derechos, ya sean derechos fundamentales o derechos nuevos o emergentes, supone otro paso adelante. También se ha promulgado la Ley de minerales nacionales de 2011, que persigue una mejor gestión de los recursos minerales del país. Estas nuevas leyes, respaldadas por el sistema de catastro establecido con el apoyo del PNUD, han aportado fiabilidad al proceso de concesión de licencias y a las licencias propiamente dichas. La política del Gobierno de Sierra Leona en relación con el sector consiste en garantizar que la población se beneficie en el mayor grado posible del patrimonio mineral y facilitar el desarrollo económico y social.
26.Un aspecto fundamental de la estabilidad y pertinencia gubernamentales es la mejor gobernanza de los recursos naturales y el medio ambiente. El Gobierno tiene conciencia de los efectos de la explotación y la gestión insostenibles de los recursos naturales del país. Los objetivos son:
Fortalecer las instituciones nacionales de gestión ambiental;
Garantizar los mecanismos integrados de gestión ambiental;
Incorporar una perspectiva ambiental y de gestión de desastres;
Fortalecer el marco de evaluación del impacto ambiental;
Fortalecer el cumplimiento y la aplicación de las normas ambientales.
27.El Organismo de Protección Ambiental de Sierra Leona se encarga de los problemas ambientales. El Gobierno está en vías de armonizar la Ley de recursos naturales y gestión ambiental. Se han establecido mecanismos que garantizan que todos los proyectos de desarrollo tengan un componente ambiental.
Artículo 2
28.El Pacto suele dejar al Estado parte la decisión en cuanto al método de aplicación, dentro del marco fijado en el artículo.
29.La Ley Nº 6 de 1991, que es la Constitución de Sierra Leona, fue promulgada con la voluntad de garantizar el respeto de todas las personas en su ámbito de aplicación. El artículo 15 proclama los derechos y libertades fundamentales que se recogen en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos sin discriminación o distinción alguna por motivos de raza, tribu, lugar de origen, opiniones políticas, color, creencias o sexo, siempre que respeten los derechos y libertades de los demás y el interés público.
30.Sin perjuicio de la protección conferida por la Constitución, mediante la Ley Nº 9 de 2004 se creó la Comisión de Derechos Humanos de Sierra Leona con el mandato de promocionar y proteger los derechos humanos, investigar las violaciones de estos y procurar que se repare cualquier violación. Se trata de una institución reconocida, como demuestra la acreditación de categoría A que le otorgó el Comité Internacional de Coordinación por su labor ejemplar en este campo.
Artículo 3
31.Este artículo recalca la necesidad de proteger a las mujeres en la sociedad a fin de que puedan gozar de los derechos civiles y políticos en igualdad de condiciones con los hombres.
32.En el artículo 15 de la Constitución, se protegen los derechos humanos fundamentales con independencia del sexo; sin embargo, este principio no se aplica a toda la Constitución, como por ejemplo en el caso del artículo 27 4) d). Se han promulgado leyes para remediar esta flagrante discriminación de la mujer, en particular las llamadas tres leyes de género:
Ley de registro de los matrimonios y los divorcios consuetudinarios de 2007;
Ley de restitución de bienes inmuebles de 2007;
Ley de la violencia doméstica de 2007.
33.Asimismo, el Gabinete ha aprobado el proyecto de ley de delitos sexuales, que se remitirá al Parlamento lo antes posible, mientras que el proyecto de ley de causas matrimoniales sigue pendiente de aprobación por el Gabinete. Estas leyes y proyectos de ley se han promulgado o redactado en parte para incorporar al derecho interno la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, tal y como exige el artículo 40 de la Constitución de Sierra Leona de 1991.
34.Existen otras políticas destinadas a promover el empoderamiento de la mujer. Se ha elaborado el Plan nacional estratégico de género, que fue presentado por el Presidente de Sierra Leona el 3 de junio de 2010. El Plan se está revisando para reforzar sus disposiciones y facilitar su aplicación. El documento tiene seis esferas prioritarias, a saber: el fortalecimiento de la capacidad, la gestión y supervisión; la participación de la mujer en la gobernanza; los derechos sexuales y reproductivos; el empoderamiento de la mujer; la investigación, la documentación y la tecnología de la información y de las comunicaciones; y la elaboración de presupuestos con una perspectiva de género y rendición de cuentas.
35.El 8 de junio de 2010, el Presidente presentó el Plan Nacional de Acción relativo a las resoluciones del Consejo de Seguridad 1325 (2000) y 1820 (2008), que tiene cinco pilares, a saber: la participación, la prevención, la protección, el enjuiciamiento y la coordinación.
36.Se ha preparado un proyecto de ley de igualdad de género, que, entre otras cosas, prevé la creación de una Comisión de Género y se remitirá al Parlamento como proposición de ley de iniciativa parlamentaria. Anteriormente, en 2000 el Ministerio había elaborado y presentado la Política nacional para la incorporación de una perspectiva de género y la Política nacional para el adelanto de la mujer.
37.De acuerdo con su obligación para con el órgano de tratado, en mayo de 2007 el Ministerio de Bienestar Social y Asuntos de la Mujer y la Infancia presentó al Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer sus informes periódicos inicial, segundo, tercero, cuarto y quinto combinados. Recientemente, el Ministerio ha redactado el sexto informe periódico que se presentará oficialmente a las Naciones Unidas cuando se haya obtenido la correspondiente validación.
Artículo 4
38.El Pacto ofrece a los Estados partes el derecho a adoptar medidas que suspendan sus disposiciones y las obligaciones contraídas en virtud del mismo, siempre que se respeten en todo momento las condiciones fijadas.
39.En su artículo 29, la Constitución expone con claridad cómo se debe proceder en situaciones excepcionales. Esta disposición se ajusta a las normas internacionales y garantiza que la suspensión de los derechos fundamentales no sea arbitraria.
40.Sin embargo, a pesar de esta disposición y de la protección que prevé la Constitución, en el pasado se han cometido flagrantes violaciones durante los períodos de situación excepcional. Se han conculcado derechos humanos básicos en ejecuciones extrajudiciales (durante los regímenes del Consejo Nacional Provisional de Gobierno y del Consejo Revolucionario de las Fuerzas Armadas) y desapariciones forzadas y, entre otros abusos, se ha mostrado un total desprecio por la libre disposición de los recursos naturales, tal y como prescribe el Pacto. Debe tenerse presente que tanto el Consejo Nacional Provisional de Gobierno como el Consejo Revolucionario de las Fuerzas Armadas fueron regímenes militares ilegales, que suspendieron la Constitución en cuanto se hicieron con el poder. En este sentido, los autores de tan flagrantes violaciones ignoraron en su gran mayoría las disposiciones del artículo 29.
41.En los últimos veinte años se han declarado situaciones excepcionales en varias ocasiones. El contenido de la declaración no siempre se ha ajustado a lo dispuesto en el Pacto o en la Constitución o, cuando lo ha hecho, solo era una formalidad sin que en realidad se respetaran las obligaciones que voluntariamente se habían contraído.
42.Para subsanar estos incumplimientos, la Comisión de Derechos Humanos es la institución fundamental encargada de la protección de los derechos humanos en todo momento y de supervisar el cumplimiento de las obligaciones contraídas por el Gobierno en virtud de los tratados de derechos humanos y las relaciones internacionales en lo tocante a los derechos humanos. Esta Comisión tiene competencia para controlar y velar por que se respeten las disposiciones pertinentes en todo momento.
Artículo 5
43.El Pacto reconoce el carácter absoluto del texto en su naturaleza y alcance.
44.La propia Constitución prohíbe los comportamientos arbitrarios que den lugar a una violación de los derechos protegidos por la misma, o se consideren como tal. Por este motivo, los derechos amparados por la Constitución, especialmente los que se pueden invocar ante los tribunales, no están sujetos a restricciones sino a un deber correlativo.
Artículo 6
45.El Pacto garantiza que no se pueda derogar este derecho, que se considera el derecho supremo protegido incluso en situaciones excepcionales.
46.En su artículo 16, la Constitución establece que este derecho es inherente y solo puede denegarse en ejecución de una sentencia judicial; esta disposición proclama el derecho inherente a la vida de toda persona y la protección que la ley le confiere. Ha sido calificado de derecho último, que no admite derogación alguna y que debe interpretarse en un sentido amplio. Por ello se requiere que las partes adopten medidas positivas para reducir la mortalidad infantil y aumentar la esperanza de vida, y se prohíbe a las fuerzas de seguridad privar a alguien de la vida arbitrariamente.
47.Sierra Leona es una nación que ha padecido golpes de estado y guerras civiles; en estas ocasiones se ha declarado el estado de excepción, y los responsables de estas situaciones han violado a menudo los derechos fundamentales de las personas, especialmente el derecho a la vida.
48.Consciente de que el derecho a la vida es un derecho inherente de la persona y solo se puede denegar en las circunstancias previstas por la Constitución, desde 2008 rige en el país una moratoria de la ejecución de todas las penas de muerte.
49.En un intento de poner fin a la impunidad, el Gobierno de Sierra Leona, junto con las Naciones Unidas,creó un tribunal híbrido,elTribunal Especial para Sierra Leona,para juzgar loscrímenesmásimportantesconarregloalderecho penal internacional y al derecho nacional y procesar a los principales responsables de la cadena de mando durante la guerra civil.
50.Durante los 11 años de guerra civil, tanto las fuerzas de seguridad como las facciones beligerantes mostraron un desprecio total por la vida y la dignidad de las personas, con la consiguiente mortandad de miles de civiles. Esta situación se ha descrito como un fracaso del Estado en evitar las muertes arbitrarias, puesto que el derecho a la vida no debe concebirse exclusivamente en el sentido más estricto. El incumplimiento del deber de proteger el derecho a la vida se ha manifestado en la desaparición de personas durante ese período e incluso en tiempos de paz; aunque la policía tiene registrados algunos casos de personas desaparecidas, considera que todos estos casos son graves, puesto que con frecuencia conllevan la pérdida de vidas que la policía está obligada a prevenir.
51.Con ánimo de aumentar la esperanza de vida, en 2010 el Gobierno de Sierra Leona implantó una política de atención médica gratuita para las mujeres gestantes, las madres lactantes y los niños menores de cinco años. Para respaldar esta política, se aumentaron los salarios de los profesionales de la salud en general, se suministraron medicamentos gratuitamente y se expandió considerablemente la red de centros médicos.
52.Si bien rige una moratoria de la pena de muerte, con arreglo a las recomendaciones del EPU el Gobierno se ha comprometido a abolir esta pena ratificando el Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y convocando posteriormente un referendo con este fin. También se está modificando el Reglamento de la jurisdicción militar para que los acusados puedan recurrir las sentencias.
Artículo 7
53.El objetivo de este artículo del Pacto es proteger la dignidad y la integridad mental y física de las personas. Este artículo no es derogable ni siquiera en situaciones excepcionales.
54.El artículo 20 de la Constitución reconoce este derecho sin posibilidad de derogación, aunque no se define el acto de tortura en sí mismo. La definición solo se puede deducir de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes. La legislación penal no tipifica la tortura como delito.
55.En el derecho nacional, a menudo se confunde la tortura con los delitos de agresión, lesiones y lesiones corporales graves.
56.Ha habido intentos de reeducar a las personas que, de acuerdo con la definición recogida en la Convención, pueden cometer actos de tortura; ejemplos de ello son los talleres, seminarios y conferencias que organizan el Gobierno y sectores de la sociedad civil y organizaciones no gubernamentales (ONG). Esto no es suficiente, dada la excitación que ha suscitado la aplicación de la Convención para garantizar la prevención de la tortura.
57.Durante la guerra, la tortura y los tratos inhumanos y degradantes fueron generalizados y sistemáticos. Sin embargo, se están adoptando medidas para remediar esos casos y evitar que vuelvan a producirse. Una de esas medidas es la creación del Tribunal Especial para Sierra Leona, que tiene competencia para juzgar a los mayores responsables de los crímenes cometidos durante el conflicto, incluida la tortura. Hasta la fecha, todas las personas juzgadas por este Tribunal, como Charles Taylor, han sido condenadas. Todos los condenados, salvo Taylor, que fue Presidente de Liberia, ya están cumpliendo penas de prisión; la sentencia del Sr. Taylor acaba de pronunciarse.
58.En este momento no hay ninguna denuncia oficial de tortura. En cambio, sí hay casos de tratos inhumanos y degradantes. Según diversos informes de la Oficina Integrada de las Naciones Unidas para la Consolidación de la Paz en Sierra Leona (UNIOSIL), la Comisión de Derechos Humanos y Prison Watch, los reclusos de instituciones mentales y penales viven en condiciones duras e inhumanas. Se siguen infligiendo castigos corporales en instituciones educativas y centros penitenciarios para sancionar faltas cometidas en la prisión contra el Reglamento de prisiones y la Ordenanza de 1960 y 1961.
59.Para corregir la situación actual y garantizar la protección de las personas frente a toda forma de tortura y de tratos inhumanos y degradantes, se han diseñado procedimientos y se han creado instituciones que tramitan las denuncias y llevan a cabo la correspondiente investigación. Se espera que los órganos disciplinarios de las instituciones a las que pertenecen los posibles autores, como la Comisión de Servicios Jurídicos y Judiciales, el Consejo de Policía y otras estructuras disciplinarias internas de las instituciones, puedan ofrecer una vía de reparación. El Consejo de Policía ha aprobado recientemente la constitución de un Consejo Independiente de Quejas contra la Policía, órgano independiente que podrá examinar las denuncias específicas y obligatorias contra sus miembros y hará que aumente la confianza en el cuerpo de policía. La justicia prevé indemnizaciones para las víctimas, pero se conceden pocas y las que se conceden son de cuantía insuficiente. Se están organizando programas de reforma integral de los sectores de la justicia y la seguridad, respaldados por varios asociados para el desarrollo y por el propio Gobierno. En la actualidad, no se registran casos de experimentos científicos o médicos con seres humanos.
Artículo 8
60.El Pacto trata de combatir toda forma renovada de esclavitud y prohíbe especialmente cualquier forma de servidumbre a la que pueda ser sometida una persona en la sociedad moderna. Se consideran situaciones tales como la prostitución, el narcotráfico y algunas formas de abuso psiquiátrico en las que se obliga a una persona a depender de otra con consecuencias nefastas.
61.En su artículo 19.1, la Constitución garantiza la protección frente a la esclavitud y el trabajo forzoso. En lo esencial, se explica lo que no comprende el concepto de trabajo forzoso y se procura proteger la integridad de la persona en el trabajo. En su condición de miembro de la Organización Internacional del Trabajo, Sierra Leona ha ratificado algunos de sus convenios que fijan las normas mínimas del entorno y la ética del trabajo.
62.Todas las personas son libres e iguales ante la ley. La Ley Nº 7 de 2005 contra la trata de personas tipifica como delito la trata de personas con independencia del consentimiento de la víctima. La doctrina del volenti non fit injuria no funciona como consentimiento y, por ende, no puede alegarse como defensa.
63.La Ley Nº 7 de los derechos del niño, de 2007, va más allá al enumerar las condiciones, los criterios y las normas que permiten el trabajo infantil con arreglo al Convenio sobre la prohibición de las peores formas de trabajo infantil, 1999 (Nº 182) de la OIT y la Convención sobre los Derechos del Niño.
64.Existe un Tribunal Industrial, órgano jurisdiccional, al que puede dirigirse cualquier trabajador para presentar una denuncia contra su empleador; además, en virtud del artículo 146 de la Constitución de Sierra Leona, el Parlamento tenía el mandato de establecer la Oficina del Ombudsman, al que dio cumplimiento mediante la Ley Nº 2 de 1997. Dicha Oficina se constituyó como órgano de investigación independiente con el fin de examinar todo acto administrativo de una autoridad competente contra el que presente denuncia una persona que alegue haber sufrido una injusticia de resultas de la mala administración de departamentos u órganos ministeriales.
Artículo 9
65.El Pacto ofrece protección frente a toda privación de libertad, ya sea en causas penales o en los demás casos, como los problemas mentales, el vagabundeo, la toxicomanía, los fines educativos, la inmigración, etc.
66.En su artículo 17, la Constitución garantiza el derecho a la libertad. El texto prevé que este derecho solo se podrá restringir en determinados casos, como cuando el Tribunal Superior dicta un auto o una sentencia que debe ejecutarse, para hacer que una persona comparezca ante el tribunal, para educar a una persona menor de 21 años, o a raíz de la incapacidad de una persona para responder a una acusación.
67.Se producen casos de detención arbitraria, especialmente en intervenciones de la policía por delitos muy leves. La legislación nacional prevé indemnizaciones en tales casos, pero se conceden pocas y las que se conceden son de escasa cuantía.
68.Resulta difícil informar de la privación de libertad porque rara vez se registran casos de privación arbitraria. Ha habido varios casos de personas recluidas contrariamente a lo dispuesto en el artículo 18; sin embargo, una investigación llegó a la conclusión de que en muchas ocasiones concurrían factores atenuantes y no se trataba de violaciones deliberadas. El principal factor es la lentitud del sistema judicial. Muchas veces estos casos lamentablemente no se registran.
69.La policía tiene la obligación de registrar todos los casos, y ha afirmado que sería posible evitar el hacinamiento en sus calabozos si se documentasen todos los casos para su correspondiente examen.
Artículo 10
70.El Pacto reconoce a los penados el derecho a ser tratados humanamente. Existen normas aplicables para el tratamiento adecuado de los penados; se debe seguir el protocolo administrativo nacional con las normas mínimas para proteger este derecho.
71.En su artículo 15, la Constitución reconoce a las personas, en su ámbito de aplicación, las libertades fundamentales y los derechos humanos básicos como el derecho a la vida, la protección frente a la esclavitud y el trabajo forzoso (incluso a petición suya, el preso puede invocar el artículo 19 2) b)) y la protección frente a la privación de bienes. Los presos pueden ampararse en la ley (especialmente en lo que se refiere al derecho a un juicio imparcial, a la ley ex post facto y al principio de cosa juzgada), gozan de libertad de conciencia y de expresión, están protegidos contra la discriminación y tienen derecho a la misma protección que los demás en virtud del artículo 28, excepto si sus derechos contradicen las disposiciones que regulan las situaciones excepcionales.
72.El preso también goza de la protección reconocida por las Reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos.
73.Una persona acusada puede invocar los artículos 17 y 23 de la Constitución para proteger sus derechos. La Ley de procedimiento penal de 1965 detalla el protocolo de detención, que sigue lo dispuesto en la Constitución; sin embargo, no da ninguna indicación sobre la validez de la detención cuando no se respeta el protocolo ni las Reglas. Los profesionales del derecho siempre han usado la jurisprudencia del sistema de common law para defender su caso en supuestos de violación.
Artículo 11
74.El Pacto prevé que la privación de libertad puede ser el resultado de las obligaciones contractuales o de la responsabilidad civil.
75.En su artículo 17, la Constituciónenumera los casos en que una persona puedeserprivada de libertad, y prevé una indemnización en el supuesto de detención o reclusión ilegales.
Artículo 12
Aplicación
76.El Pacto reconoce el derecho a circular libremente, en especial en un mismo territorio, que no podrá ser objeto de restricciones salvo cuando estén previstas en la ley y sean necesarias para la seguridad nacional, el orden público, la salud pública o los derechos y libertades de terceros.
77.En su artículo 18, la Constitución prohíbe privar del derecho a la libertad de circulación, salvo cuando se restrinja este derecho de conformidad con la ley. Entre las circunstancias en que se puede privar a una persona de la libertad de circulación en Sierra Leona figuran las restricciones que sean razonablemente necesarias para la defensa, la salud, la seguridad y la moralidad públicas o la conservación de recursos naturales como los recursos minerales, marinos, forestales y de otra índole del país. Este derecho también puede limitarse para imponer o restringir la circulación o la residencia en Sierra Leona de toda persona que no posea la nacionalidad del país, o por cualquier otra razón justificada.
78.A fin de garantizar este derecho con arreglo a la ley, el documento nacional de identidad está a disposición de todos los ciudadanos de Sierra Leona que lo soliciten; además el Departamento de Inmigración concede permisos de residencia a los no ciudadanos con los que pueden circular y escoger su residencia libremente. También se expiden pasaportes nacionales, que ahora son pasaportes de la CEDEAO, a todos los ciudadanos de Sierra Leona que los soliciten. El Departamento de Inmigración expide todos los documentos de viaje después de unos controles exhaustivos para verificar que los solicitantes cumplen los requisitos para obtener un pasaporte del país o un documento de viaje. Una vez expedido el pasaporte, solo se puede retirar en determinadas circunstancias como son la restricción del derecho a circular de una persona que comparece ante un tribunal por un delito penal, o los casos en que una persona pierde la ciudadanía, por ejemplo cuando se revoca la ciudadanía de una persona naturalizada con arreglo a la ley.
79.Asimismo, la Constitución protege a los ciudadanos frente a la expulsión de su lugar de origen. En consecuencia, cuando se prohíbe a alguien entrar o residir en un lugar del que es oriundo, la Constitución dispone en su artículo 18 4) que dicha persona podrá pedir que el caso sea examinado por un tribunal imparcial e independiente que resolverá al respecto. Durante el período en que en Sierra Leona hubo un régimen de partido único, se produjeron muchos casos de expulsión. En la actualidad, no hay casos de expulsión del país. Esta práctica solo se registra en las provincias en las que a veces se expulsa a personas de las zonas consagradas de las sociedades secretas, pero se dan muy pocos casos, y no son conformes con la ley del país.
80.Sierra Leona concede asilo político a los extranjeros que cumplan las condiciones exigidas.
Artículo 14
81.El Pacto ofrece recursos jurídicos que desempeñan una función fundamental en la defensa de los derechos humanos, como la serie de derechos relativos a la administración imparcial de justicia, tanto en casos penales como civiles, que constituyen las garantías mínimas de que disponen las partes en todas las instancias judiciales.
82.Las disposiciones del artículo 14 del Pacto quedan reflejadas en el artículo 23 1) 2) y 3) de la Constitución de Sierra Leona, que enuncia el derecho a un juicio justo que deberá ser público y celebrarse en un plazo razonable en un tribunal independiente e imparcial establecido por la ley. Las normas aplicables para dar cumplimiento a este derecho en los procesos penales están recogidas en la Ley de procedimiento penal de 1965, que establece la jerarquía y jurisdicción de los tribunales y la manera en que deben desarrollarse la instrucción del caso y el juicio. El Reglamento del Tribunal Superior sirve de guía para los procedimientos civiles, y se reconoce la posibilidad de notificación, comparecencia y defensa; en todo caso, el Reglamento establece normas justas, independientes e imparciales para las causas civiles.
83.El artículo 23 4) de la Constitución refleja fielmente lo dispuesto en el artículo 14 2) del Pacto. La Ley es firme a este respecto y hace recaer la carga de la prueba en la acusación, ya que es justo que quien afirma un hecho deba probarlo. No obstante, la carga de la prueba puede invertirse; pese a ello, la práctica del derecho penal en Sierra Leona se ajusta a lo dispuesto en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
84.Asimismo, el artículo 23 5) de la Constitución da estricto cumplimiento a las disposiciones del artículo 14 3) del Pacto. Las garantías consagradas en este artículo constitucional ofrecen igual protección que el Pacto, siendo nulos todos los actos legislativos que pudieran vulnerarlas.
85.La disposición del artículo 14 4) del Pacto, relativo a la justicia de menores, se recoge en la Ley de niños y jóvenes de 1945 (cap. 44), que regula el trato que debe darse a los menores en conflicto con la ley. La Ley de niños y jóvenes se aplica a toda persona menor de 17 años de edad; las personas que han cumplido 17 años se consideran adultas a los efectos de la legislación penal. Las personas con edades inferiores a los 16 años se agrupan en dos categorías: los "niños" y los "jóvenes"; se considera "niño" a toda persona menor de 14 años y "joven" a toda persona que tenga más de 14 años y menos de 17. Aunque en Sierra Leona sigue existiendo la pena capital, el Código de Procedimiento Penal prohíbe, en su artículo 216, la imposición de la pena de muerte a personas que fueran menores de 18 años cuando cometieron el delito. Esta disposición está en consonancia con la Convención sobre los Derechos del Niño. Sin embargo, en dicho artículo del Código de Procedimiento Penal no se prohíbe la imposición de la cadena perpetua a un menor, mientras que la Convención sí lo hace. En cambio, el artículo 216 especifica que el menor delincuente debe ser confinado en un lugar que decida el presidente del tribunal y por un período determinado, hasta que se cumpla su reforma y readaptación. Es sumamente improbable que la reclusión tenga una duración equivalente a la de cadena perpetua.
86.Sierra Leona fijó la edad de responsabilidad penal en diez años porque se pensaba que un niño de esa edad era capaz de discernir la verdad de la mentira. Si bien la Convención sobre los Derechos del Niño dispone que solo el Estado debe establecer "una edad mínima antes de la cual se presumirá que los niños no tienen capacidad para infringir las leyes penales", en sus observaciones finales sobre el informe inicial de Sierra Leona el Comité de los Derechos del Niño expresó su preocupación por la temprana edad en que se había fijado la responsabilidad penal. El Comité recomendó a Sierra Leona que examinara la legislación pertinente y elevara la edad mínima de responsabilidad penal. La delegación de Sierra Leona se mostró de acuerdo en que la edad de responsabilidad penal era demasiado baja y dijo que se tendría en cuenta ese aspecto cuando se elaborara la futura legislación.
87.El funcionamiento y la composición del tribunal de menores se rige por la Ley de niños y jóvenes (cap. 44, secc. II, art. 3, 1)). El tribunal está presidido por un magistrado y dos jueces de paz, que prestan asistencia al magistrado en la toma de decisiones. Los jueces de paz no son jueces de carrera ni pertenecen al estamento judicial; son personas designadas por el presidente del tribunal previa recomendación del Fiscal General, que deben tener alguna experiencia en psicología infantil o sociología. Por ejemplo, en el momento en que se redactó el presente informe uno de los jueces de paz del tribunal de menores era un ex Ministro de Bienestar Social. Conforme a la Ley de niños y jóvenes (cap. 44), el tribunal de menores debe sesionar en una sala o edificio distintos del lugar en que se celebran los juicios ordinarios. Los juicios de menores deben celebrarse a puerta cerrada (art. 3, 1)), para preservar la intimidad del menor (art. 3, 5)). Sin embargo, se permite la asistencia de periodistas, aunque estos no están autorizados a publicar información que permita identificar al menor (art. 3, 5)).
88.La Constitución dispone el establecimiento de los tribunales, que son órganos independientes e imparciales a los que se encomienda la responsabilidad de administrar justicia. Además, la Constitución reconoce la existencia de otros tribunales establecidos por la ley, tales como los tribunales locales y el tribunal militar. Con ello se da a los particulares la oportunidad de que sus casos sean vistos por tribunales independientes e imparciales. Un importante problema al que se enfrenta Sierra Leona a ese respecto es el de la proliferación de "tribunales" presididos por los grandes jefes y otros jefes. Estos jefes tribales dictaminan sobre cuestiones que no pertenecen a su jurisdicción y, al hacerlo, no siempre tienen en cuenta las normas de derechos humanos. También se ha acusado a los presidentes de los tribunales locales de dictar sentencias injustas. La Ley de tribunales locales de 2011 aborda algunos de los problemas planteados anteriormente con respecto al funcionamiento de esos tribunales; mientras tanto, se están acometiendo reformas en consulta con los grandes jefes y otros dirigentes tradicionales, en relación con la función de mediación y los procesos de resolución de conflictos.
89.Cuando una persona no está de acuerdo con la sentencia dictada por un tribunal, puede ejercer su derecho a recurrir el fallo ante un tribunal de nivel inmediatamente superior. La Constitución establece una jerarquía de los tribunales y prevé el derecho a que los recursos contra las sentencias de un tribunal sean examinados por una instancia superior. En Sierra Leona siempre ha existido un sistema de apelación con el cual las personas que no están conformes con las sentencias dictadas por los tribunales locales pueden interponer un recurso ante el sistema ordinario de justicia, hasta llegar al Tribunal Supremo. Cuando se apruebe la Ley de tribunales locales de 2011 que, entre otras cosas, dispone la incorporación de los tribunales locales al poder judicial, el proceso de apelación será más fácil y aún más accesible.
90.En virtud de lo dispuesto en la Constitución, los jueces no pueden ser destituidos si no es por motivo de incompetencia o de falta grave. Por lo tanto, los jueces disfrutan de estabilidad en el cargo. Con objeto de garantizar la independencia del poder judicial, varios asociados para el desarrollo, como el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), el Fondo de las Naciones Unidas para la Consolidación de la Paz y el Programa de Desarrollo del Sector Judicial (JSDP) han apoyado la introducción de reformas en la judicatura, en particular la revisión de los salarios de magistrados y jueces, y han prestado apoyo logístico (vehículos, computadoras, etc.). Se formuló al Gobierno de Sierra Leona una propuesta destinada a mejorar las condiciones de jueces y magistrados, que fue aprobada y entró en vigor para los jueces a fines de 2011. Aunque las remuneraciones han aumentado, la judicatura sigue sin disponer de un número de profesionales suficiente y, además, la práctica privada continúa siendo mucho más atractiva para los abogados. Así pues, para evitar retrasos en la administración de la justicia son menester más jueces y magistrados, máxime teniendo en cuenta el número de casos que se acumulan en los tribunales.
91.El Tribunal Militar se ocupa de los casos de conducta indebida de miembros de las Fuerzas Armadas de la República de Sierra Leona (RSLAF). Este Tribunal se rige por sus propias normas y procedimientos. En el pasado, nunca prosperaron los recursos de apelación ante tribunales militares y todas las decisiones de estos tribunales eran sentencias firmes. Esta situación dio lugar a errores judiciales y a la ejecución de numerosos miembros de las Fuerzas Armadas. En 1998 se celebró un juicio ante un tribunal militar que concluyó con la condena a muerte y la ejecución de 24 miembros de las Fuerzas Armadas acusados de traición. El juicio y las posteriores ejecuciones fueron objeto de duras críticas, tanto en Sierra Leona como a nivel internacional, por el hecho de que los militares acusados no tuvieron la oportunidad de recurrir la decisión del tribunal militar y, por lo tanto, hubo una denegación de justicia. A raíz de este hecho se consideró necesario proceder a la revisión y reforma de las normas y los procedimientos del Tribunal Militar. Hoy en día Sierra Leona puede decir con orgullo que ha solucionado este problema, ya que actualmente las decisiones de los tribunales militares pueden ser recurridas.
92.Existen garantías procesales, establecidas por escrito, en relación con las cuestiones que se ventilan en los tribunales de primera instancia, los tribunales superiores, el Tribunal de Apelación, el Tribunal Supremo y el Tribunal Militar. Los tribunales locales tienen procedimientos propios, acordes con las costumbres y tradiciones locales. Si bien todas estas garantías procesales existen, lo cierto es que no siempre se respetan estrictamente en la práctica. Así por ejemplo, frecuentemente se producen aplazamientos de las vistas, con los consiguientes efectos negativos para la administración de justicia.
93.Además de disponer el establecimiento de tribunales para garantizar el derecho de todas las personas a ser escuchadas, la Constitución prevé el derecho a recibir asistencia letrada. En Freetown se ejecutó un Proyecto Piloto de Asistencia Jurídica (PNLA) en el marco del Programa de Desarrollo del Sector Judicial (JSDP), con el apoyo del Departamento de Desarrollo Internacional (DFID). Una de las realizaciones principales de dicho Proyecto, que concluyó en mayo de 2012, fue la promulgación de la Ley de asistencia jurídica de 2012. Además, durante los dos años y medio en que estuvo vigente se resolvieron alrededor de 5.000 causas. Asimismo, hay algunas organizaciones que prestan servicios de asistencia letrada y otros servicios jurídicos, como Legal Assistance through Women Yearning for Equality, Rights and Social Justice (LAWYERS), Timap for Justice y Open Society Justice Initiative. Estas organizaciones también proporcionan servicios jurídicos en las provincias, aunque sus esfuerzos no son suficientes para atender a las necesidades del gran número de ciudadanos empobrecidos que pueden requerir estos servicios. No obstante, en virtud de la Ley de asistencia jurídica de 2012, en cada comunidad tribal debe haber un representante que preste servicios de asistencia parajurídicos.
Artículo 15
Aplicación
94.En virtud del artículo 15, el Pacto trata de proteger el efecto retroactivo de la Ley penal.
95.El artículo 23 7) de la Constitución de Sierra Leona protege a las personas contra las leyes retroactivas. Se trata de una cuestión muy discutible, como pone de manifiesto un caso de tráfico de estupefacientes que se produjo en 2008 y que fue impugnado por los abogados defensores. Estos adujeron que el delito que se imputaba no era un acto delictivo cuando ocurrieron los hechos. Sin embargo, habida cuenta de que Sierra Leona es miembro de la comunidad internacional y es parte en la Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas de 1988, no podía alegarse de manera concluyente que las leyes promulgadas tenían realmente un carácter retroactivo, ya que la ratificación del instrumento se había realizado con anterioridad a la promulgación de estas.
Artículo17
96.La protección que ofrece el Pacto tiene su plasmación efectiva en el artículo 22 de la Constitución de Sierra Leona. El artículo 22 se complementa con el artículo 25, que no solo ratifica esa protección sino que además dispone que esta solo podrá derogarse con el consentimiento del interesado o con arreglo a lo dispuesto en el artículo 25 2).
Artículo18
97.El artículo 24 de la Constitución proclama la libertad de conciencia y el libre ejercicio de la religión, salvo que tal ejercicio vaya en detrimento de la seguridad pública, la moral, el orden público o la salud pública o para proteger una religión de la intervención no solicitada de miembros de cualquier otra religión.
98.Sierra Leona es uno de los pocos países que goza de tolerancia religiosa y estabilidad. Es un Estado laico, aunque en el país se practican varias religiones, entre ellas el cristianismo, el islam y la religión tradicional africana. Se observan todas las festividades religiosas cristianas y musulmanas.
99.Todas las religiones pueden tener lugares de culto. Antes de oficiar ceremonias, los lugares de culto, que pueden ser iglesias, mezquitas o templos, deben estar inscritos en el registro del Ministerio de Bienestar Social. Hasta la fecha, ningún grupo religioso ha sido eliminado del registro.
100.Aunque Sierra Leona se caracteriza por la tolerancia religiosa, recientemente se han producido graves enfrentamientos entre cristianos y musulmanes en algunas partes del país. Estos enfrentamientos tuvieron lugar en el pueblo de Mambolo, en la zona septentrional del país, y en la ciudad de Calaba, en la región occidental. Sin embargo, la situación se resolvió rápidamente gracias a la intervención de funcionarios públicos y miembros del Consejo Interreligioso, que está integrado por representantes de todas las religiones reconocidas y practicadas en Sierra Leona y entre cuyas funciones se encuentra la de velar por la tolerancia religiosa en el país.
Artículo 19
101.La Constitución establece la libertad de asociación en su artículo 25, y en general el Gobierno respeta el ejercicio de ese derecho. El disfrute de los derechos consagrados en el artículo 19 del Pacto se asienta fundamentalmente en el consentimiento y el respeto de la responsabilidad que entraña su ejercicio.
102.El Gobierno de Sierra Leona ha aprobado la creación de la Comisión de Medios de Comunicación Independientes, mediante la promulgación de una ley en el Parlamento para garantizar la objetividad y la protección de los medios de comunicación en las tareas informativas.
103.El Gobierno ha creado el primer servicio público independiente de radiodifusión de África, con el apoyo de las Naciones Unidas, mediante la promulgación de la Ley del Ente de Radiodifusión de Sierra Leona, de 2009 (Ley Nº 1 de 2010). Asimismo, se ha presentado al Parlamento un proyecto de ley sobre libertad de información, que se espera sea aprobado antes de que acabe la actual legislatura.
Artículo 21
104.El derecho de reunión pacífica está garantizado por el artículo 26 de la Constitución de Sierra Leona, que dispone que este derecho puede restringirse cuando sea razonablemente necesario en interés de la seguridad y el orden públicos, la moral y el mantenimiento de los suministros y los servicios esenciales para la vida de la comunidad, o para proteger los derechos y libertades de otras personas.
105.La Ley de orden público de 1965 prevé limitaciones del derecho de reunión en algunos casos, de conformidad con las cláusulas restrictivas previstas en la Constitución.
106.Los ciudadanos de Sierra Leona gozan del derecho a la libertad de reunión, incluida la formación de partidos políticos y la celebración de reuniones. Este derecho se restableció en virtud de la Ley de registro de partidos políticos. Los partidos políticos, como todas las demás organizaciones y asociaciones, necesitan un permiso para celebrar reuniones públicas. La celebración de dichas reuniones solo puede limitarse en interés de la seguridad pública, y es la policía quien puede dar las órdenes oportunas con esta finalidad. Para celebrar manifestaciones o procesiones en Sierra Leona es preciso pedir permiso a la policía, que es la autoridad encargada de otorgar el permiso, impartir instrucciones y brindar protección.
107.Recientemente se produjo una violenta manifestación en el distrito de Tonkolili, protagonizada por las comunidades indígenas de la zona que no estaban de acuerdo con las condiciones en que operaba la empresa minera African Minerals. Se están investigando los hechos.
Artículo 22
108.El principal texto legislativo que garantiza el derecho a la libertad de asociación es el artículo 26 1) de la Constitución. Este derecho incluye el derecho a reunirse libremente y a asociarse con otras personas, así como a pertenecer a partidos políticos, sindicatos o asociaciones económicas, sociales o profesionales, nacionales o internacionales, para la protección de los intereses propios. Además de las posibles limitaciones de ese derecho en interés de la seguridad nacional, la salud y la moral públicas, la Constitución establece que cuando una ley contiene disposiciones que restringen el establecimiento de partidos políticos, o regulan la organización, el registro y las actividades de los partidos políticos así como la actuación de sus miembros, dichas disposiciones no se considerarán incompatibles con el artículo 26.
109.Para ser reconocidas oficialmente, las organizaciones y asociaciones que tengan un carácter no gubernamental deberán registrarse en el Ministerio de Hacienda y Desarrollo Económico; todas las demás organizaciones y asociaciones se registrarán en el Ministerio de Bienestar Social y Asuntos de la Mujer y la Infancia. Según cual sea la naturaleza de la labor que realice la organización, también podrá ser necesaria su inscripción en el ministerio correspondiente; por ejemplo, una organización educativa tendría que inscribirse también en el registro del Ministerio de Educación. El procedimiento de registro es imparcial y está abierto a todos, siempre y cuando la actividad de la organización u asociación no sea contraria a la ley. La Comisión de Medios de Comunicación Independientes regula la creación y el registro de medios de comunicación. En el caso de los partidos políticos, el registro debe hacerse ante la Comisión de Inscripción de Partidos Políticos (PPRC), de conformidad con lo dispuesto en la sección III de la Ley de registro de partidos políticos de 2002.
110.Aunque se reconoce la libertad de asociación, en ciertos casos existen limitaciones y, por tanto, las autoridades públicas imponen determinadas medidas de control de las actividades de las asociaciones en aras de la seguridad y la moral de la población en general. Por ejemplo, el Ministerio de Bienestar Social no permite el registro de asociaciones u organizaciones sectarias. La policía ha aplicado medidas restrictivas para regular reuniones, acciones de gracias, mítines, etc. con el fin de evitar desórdenes y preservar la seguridad y la paz públicas.
111.La Ley Nº 3 de 2003 de registro de partidos políticos regula el establecimiento, el procedimiento de registro y las actividades de los partidos políticos, de conformidad con los artículos 33 y 34 de la Constitución.
112.Además, la Constitución ampara el derecho a pertenecer a partidos políticos. Antes de promulgarse la Ley Nº 6 de 1991, Sierra Leona era un Estado con un régimen de partido único. Con este sistema de gobierno existía un único partido, el Congreso de Todo el Pueblo (APC). En 1991, la promulgación de la Constitución dio paso a la instauración de la democracia. Se propuso entonces la celebración de elecciones multipartidistas, que no llegaron a realizarse como consecuencia del golpe militar protagonizado por el Consejo Nacional Provisional de Gobierno (NPRC). En 1996, durante el período de preparación de las elecciones multipartidistas, se constituyó un total de 23 partidos políticos. Las elecciones fueron desbaratadas por un golpe militar. En 1996 se celebraron elecciones multipartidistas y se restableció la democracia. Actualmente, hay en Sierra Leona 26 partidos políticos. Los principales son: el Partido Popular de Sierra Leona (SLPP), el Congreso de Todo el Pueblo (APC), el Movimiento de los Pueblos por el Cambio Democrático (PMDC) y la Alianza Democrática Nacional (NDA). No se proscribe a ningún partido político, salvo que no se ajuste a lo dispuesto en la Ley de registro de partidos políticos. La Comisión de Inscripción de Partidos Políticos se encarga de supervisar las actividades de los partidos políticos; además, la Oficina del Presidente realiza un control estatal de esas mismas actividades y existen un código de conducta (2003) relativo al funcionamiento de los partidos políticos y leyes electorales promulgadas en 2002. El hecho de que la Comisión de Inscripción de Partidos Políticos no tuviera un verdadero poder dio pie a que se revisara la Ley de inscripción de partidos políticos de 2003 con objeto de hacer de la Comisión un instrumento más robusto; la enmienda de la Ley ha sido presentada al Consejo de Ministros y se espera que se remita al Parlamento lo antes posible.
113.Durante los diez años de guerra civil de Sierra Leona surgieron varias organizaciones de derechos humanos, la mayoría de ellas de carácter no gubernamental. La Asociación de Organizaciones No Gubernamentales (SLANGO) regula las actividades de las ONG. Por su parte, en 1994 el Gobierno creó la Comisión Nacional para la Democracia y los Derechos Humanos (NCDHR), que sensibilizó a los ciudadanos sobre el proceso de democratización y consideró diversas cuestiones de derechos humanos.
114.En el Acuerdo de Paz de Lomé, firmado en 1991 entre el Gobierno de Sierra Leona y el Frente Revolucionario Unido (FRU), se proponía la formación de una Comisión de Derechos Humanos. Esta propuesta se reiteró en las recomendaciones de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación. Actualmente, en Sierra Leona hay una Comisión de Derechos Humanos, establecida en virtud de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos de 2004. Además, en 2009 el Ministerio de Relaciones Exteriores firmó un memorando de entendimiento con la Oficina Integrada de las Naciones Unidas para la Consolidación de la Paz en Sierra Leona (UNIPSIL), con objeto de establecer una Secretaría de Derechos Humanos encargada de supervisar el cumplimiento de todas las obligaciones jurídicas y de otro tipo relacionadas con los derechos humanos, contraídas por Sierra Leona a nivel internacional o regional.
115.También está reconocido el derecho de las personas a fundar sindicatos para defender sus derechos e intereses. En Sierra Leona hay sindicatos combativos que protegen el bienestar de los trabajadores, entre ellos el Sindicato de Maestros, el de Mineros y el de Conductores. Todos los sindicatos están afiliados al Congreso de los Trabajadores de Sierra Leona.
116.Existen leyes que amparan el derecho a crear sindicatos y regulan la formación de estos, como la Ley de sindicatos de 1962, la Ley de reglamentación de sueldos y relaciones laborales de 1991 y la Ley de conflictos laborales de 1964. Los sindicatos tienen un número relativamente importante de afiliados y su estructura organizativa está integrada por un presidente, un consejo ejecutivo y los miembros de base.
117.Se ha establecido un Tribunal Laboral para garantizar el libre ejercicio de los derechos sindicales y aplicar las leyes relativas a los sindicatos. Asimismo, Sierra Leona, en su calidad de miembro de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), ha adoptado medidas concretas para proteger los derechos sindicales y la existencia de los sindicatos.
Artículo 23
118.En su artículo 13 h) la Constitución de Sierra Leona reconoce la existencia de la familia. Además, el artículo 8 3) f) dispone la protección, el cuidado y el bienestar de las personas de edad, los jóvenes y las personas con discapacidad, así como la protección contra la discriminación en materia de empleo por razón de sexo.
119.La Ley de los derechos del niño, de 2007, prevé la protección de la familia en su conjunto y del niño en particular. La Ley de niños y jóvenes garantiza la seguridad de los niños y los jóvenes contra delitos tales como la violación, los atentados contra el pudor y el trabajo forzoso.
120.Se ha puesto en marcha un Plan Estratégico Nacional de Protección de la Maternidad que prevé la protección de la salud de las mujeres gestantes y de los niños menores de 5 años. El Programa de Servicios Médicos Gratuitos también está centrado en la protección de la maternidad. Las mujeres no pueden ser objeto de discriminación por razón de maternidad. La Ley del matrimonio y el divorcio consuetudinarios, de 2007, protege a las parejas en esta situación jurídica de los matrimonios forzados con arreglo a las costumbres y las prácticas tradicionales. En general, sea cual sea la ley que se aplique al contrato de matrimonio (Ley de matrimonio cristiano, derecho musulmán o derecho civil), los contrayentes han de ser adultos, es decir, mayores de 18 años.
121.Por otro lado, Sierra Leona ha adoptado una serie de medidas para proteger a la mujer en distintos ámbitos, como el disfrute de vacaciones pagadas o de permisos con prestaciones de seguridad social y las garantías contra el despido por razón de maternidad —con independencia del estado civil— durante un plazo razonable antes y después del parto. Se ha presentado un proyecto de ley de causas matrimoniales en el que se contemplan medidas de protección de la mujer contra todas las formas de discriminación. Asimismo, existe una política de igualdad de género y acción afirmativa que protege y promueve los derechos de la mujer. Numerosos grupos de mujeres de Sierra Leona participaron en la formulación de una estrategia sobre el VIH y han impulsado la campaña en favor de la introducción de una cuota del 30% de mujeres en puestos de responsabilidad, de conformidad con las recomendaciones de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación. Además, actualmente se está revisando la Ley sobre el VIH/SIDA con objeto de proteger, en particular, a las mujeres infectadas por el virus contra todas las formas de discriminación.
122.No obstante, a pesar de los enormes avances logrados, incluidas la firma y la ratificación de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, las disposiciones de la Convención no se han incorporado plenamente al ordenamiento jurídico nacional y, por consiguiente, algunas disposiciones fundamentales que protegen a las mujeres todavía no se aplican en Sierra Leona.
Artículo 24
123.En 2007, Sierra Leona incorporó la Convención sobre los Derechos del Niño a su legislación mediante la promulgación de la Ley Nº 7 de los derechos del niño. Esta Ley, que consagra la protección del niño prevista en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención sobre los Derechos del Niño, ha servido para consolidar los derechos de los niños e impulsar la observancia de textos legislativos cuya aplicación era poco rigurosa en algunos aspectos, como la Ley de niños y jóvenes (cap. 44).
Artículo 25
124.El capítulo IV de la Constitución reconoce el principio de la representación popular. En él se regulan cuestiones tales como la inscripción de electores, la constitución de una comisión electoral y una comisión de inscripción de partidos políticos, el sufragio secreto, la celebración de refer e ndum, los distritos electorales y las elecciones. Todo ello se ha respetado mientras ha habido democracia.
125.El artículo 23 de la Constitución garantiza la igualdad ante la ley y la igual protección de la ley. Esto significa que toda persona acusada de un delito será juzgada por un tribunal imparcial y competente y podrá defenderse a sí misma o ser asistida por un abogado de su elección. Además, la persona acusada tendrá facilidades para interrogar a los testigos citados en su nombre a declarar ante el tribunal competente, se le permitirá recurrir a los servicios de un intérprete si no comprende el idioma del tribunal y se le dará tiempo suficiente y los medios adecuados para preparar su defensa. Asimismo, se le reconocerá el derecho a la presunción de inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad.
126.Otras leyes que complementan las disposiciones de la Constitución respecto de la igualdad ante la ley y la igual protección de la ley son las llamadas "leyes de género" (Ley de restitución de bienes inmuebles, Ley del matrimonio y el divorcio consuetudinarios y Ley de prevención de la violencia doméstica, entre otras), la Ley de jefaturas tribales, de 2009, y la Ley de personas con discapacidad.
127.Aunque, en teoría, la Constitución brinda garantías para el ejercicio del derecho a la igual protección de la ley, en la práctica no siempre se respetan esas garantías. No es que los legisladores hayan errado en el término. Lo que ocurre es que las costumbres y las tradiciones tienden a desvirtuar esa garantía constitucional al abrir resquicios para la discriminación y la protección desigual de la ley, en particular contra las mujeres.
128.Por ejemplo, en la práctica un gran número de casos sensibles en entornos tradicionales se ventilan en el Poro Bush. El Poro es una sociedad secreta de hombres y no tienen acceso a ella ni las mujeres ni los hombres que no sean miembros. Así pues, los casos se examinan sin que los interesados estén presentes y, las más de las veces, se fallan en su contra.
129.La Ley de transmisión del patrimonio, promulgada en 2007, contiene disposiciones discriminatorias contra los hijos ilegítimos. El artículo 2 de la Ley define "hijo" (legítimo) como el nacido de un hombre difunto y su esposa legítima o como el nacido fuera del matrimonio mientras el fallecido estaba casado, habiendo sido reconocido por ambos, el fallecido y su cónyuge, o como el nacido de un hombre difunto que era soltero, habiendo sido reconocido por este. Sin embargo, un hijo nacido en el seno del matrimonio de un hombre que ha fallecido cuando estaba casado, pero que no ha sido reconocido por el fallecido ni su esposa como hijo de aquel, es considerado ilegítimo y no puede reclamar su condición de hijo en virtud de dicha Ley. Además, como cuestión de práctica consuetudinaria los hijos ilegítimos no tienen derecho a participar en elecciones a jefes tribales. En virtud del artículo 8 a) de la Ley de jefaturas tribales, una persona solo puede optar al título de jefe tribal si ha nacido dentro del matrimonio de una persona con derecho al título o, cuando la tradición así lo determine, tenga linaje directo por vía materna o paterna con un candidato legítimo.
130.Un aspecto que suscita preocupación es que, aunque la Constitución de Sierra Leona establece el acceso a testigos, no prevé en cambio medidas de protección de esos testigos. Esto vulnera el derecho de las personas a la igual protección de la ley.
III.Conclusión
131.En la labor de investigación y consulta para la preparación de este informe se consiguieron varios éxitos, pero también hubo dificultades y limitaciones. El informe refleja fielmente las estructuras de aplicación del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Debe reconocerse en particular la importancia de la Constitución de Sierra Leona, que ha brindado protección a los derechos enunciados en el Pacto. Como Estado parte en el Pacto, Sierra Leona se compromete a cumplir todas las obligaciones contraídas en virtud de este, en el momento en que lo solicite el Comité.
Anexos
I.Convenios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) ratificados por Sierra Leona
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Convenio |
Ratificación |
Situación |
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C5 Convenio sobre la edad mínima (industria), 191915 de junio de 1961 denunciado el 10 de junio de 2011 |
15 de junio de 1961 |
Denunciado el 10 de junio de 2011 |
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C7 Convenio sobre la edad mínima (trabajo marítimo), 1920 |
15 de junio de 1961 |
Denunciado el 10 de junio de 2011 |
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C8 Convenio sobre las indemnizaciones de desempleo (naufragio), 1920 |
15 de junio de 1961 |
Ratificado |
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C15 Convenio sobre la edad mínima (pañoleros y fogoneros), 1921 |
13 de junio de 1961 |
Denunciado el 10 de junio de 2011 |
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C16 Convenio sobre el examen médico de los menores (trabajo marítimo), 1921 |
13 de junio de 1961 |
Ratificado |
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C17 Convenio sobre la indemnización por accidentes del trabajo, 1925 |
13 de junio de 1961 |
Ratificado |
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C19 Convenio sobre la igualdad de trato (accidentes del trabajo), 1925 |
13 de junio de 1961 |
Ratificado |
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C22 Convenio sobre el contrato de enrolamiento de la gente de mar, 1926 |
15 de junio de 1961 |
Ratificado |
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C29 Convenio sobre el trabajo forzoso, 1930 |
13 de junio de 1961 |
Ratificado |
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C32 Convenio sobre la protección de los cargadores de muelle contra los accidentes (revisado), 1932 |
15 de junio de 1961 |
Ratificado |
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C50 Convenio sobre el reclutamiento de trabajadores indígenas, 1936 |
13 de junio de 1961 |
Ratificado |
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C58 Convenio (revisado) sobre la edad mínima (trabajo marítimo), 1936 |
13 de junio de 1961 |
Denunciado el 10 de junio de 2011 |
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C65 Convenio sobre las sanciones penales (trabajadores indígenas), 1939 |
13 de junio de 1961 |
Ratificado |
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C81 Convenio sobre la inspección del trabajo, 1947 |
13 de junio de 1961 |
Ratificado |
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C86 Convenio sobre los contratos de trabajo (trabajadores indígenas), 1947 |
13 de junio de 1961 |
Ratificado |
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C87 Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948 |
15 de junio de 1961 |
Ratificado |
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C88 Convenio sobre el servicio del empleo, 1948 |
15 de junio de 1961 |
Ratificado |
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C94 Convenio sobre las cláusulas de trabajo (contratos celebrados por las autoridades públicas), 1949 |
15 de junio de 1961 |
Ratificado |
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C95 Convenio sobre la protección del salario, 1949 |
15 de junio de 1961 |
Ratificado |
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C98 Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva, 1949 |
13 de junio de 1961 |
Ratificado |
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C99 Convenio sobre los métodos para la fijación de salarios mínimos (agricultura), 1951 |
13 de junio de 1961 |
Ratificado |
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C100 Convenio sobre igualdad de remuneración, 1951 |
15 de noviembre de 1968 |
Ratificado |
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C101 Convenio sobre las vacaciones pagadas (agricultura), 1952 |
15 de junio de 1961 |
Ratificado |
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C105 Convenio sobre la abolición del trabajo forzoso, 1957 |
13 de junio de 1961 |
Ratificado |
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C111 Convenio sobre la discriminación (empleo y ocupación), 1958 |
14 de octubre de 1966 |
Ratificado |
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C119 Convenio sobre la protección de la maquinaria, 1963 |
21 de abril de 1964 |
Ratificado |
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C125 Convenio sobre los certificados de competencia de pescadores, 1966 |
6 de noviembre de 1967 |
Ratificado |
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C126 Convenio sobre el alojamiento de la tripulación (pescadores), 1966 |
6 de noviembre de 1967 |
Ratificado |
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C138 Convenio sobre la edad mínima, 1973 |
10 de junio de 2011 |
Ratificado |
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C144 Convenio sobre la consulta tripartita (normas internacionales del trabajo), 1976 |
21 de enero de 1985 |
Ratificado |
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C182 Convenio sobre las peores formas de trabajo infantil, 1999 |
10 de junio de 2011 |
Ratificado |