Comité de Derechos Humanos
134 º período de sesiones
28 de febrero a 25 de marzo de 2022
Examen de los informes presentados por los Estados partes en virtud del artículo 40 del Pacto
Respuestas de Macao (China) a la lista de cuestiones relativa a su segundo informe periódico *
[Fecha de recepción: 26 de marzo de 2021]
Lista de cuestiones relativa al segundo informe periódico de la Región Administrativa Especial de Macao de la República Popular China sobre la aplicación del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (CCPR/C/CHN-MAC/Q/2)
Respuesta de la Región Administrativa Especial de Macao
Párrafo 1 de la lista de cuestiones
1.El Gobierno de la Región Administrativa Especial de Macao de la República Popular China (en adelante “la RAE de Macao”) sigue organizando programas de formación en derechos humanos destinados a los funcionarios públicos, los magistrados y los profesionales del derecho, sobre temas como la protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales, la lucha contra la trata de personas y los delitos contra la libertad sexual y la autodeterminación sexual, la protección de los grupos desfavorecidos, la prohibición de la tortura, etc.
2.Según información proporcionada por la Oficina de la Presidencia del Tribunal Superior de Apelación, en el período comprendido entre 2011 y el 30 de junio de 2020 las disposiciones del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (en adelante, “el Pacto”) fueron invocadas en 5 sentencias dictadas por el Tribunal Superior de Apelación y 27 sentencias dictadas por el Tribunal de Segunda Instancia.
3.En lo que respecta a la declaración y la reserva formuladas en relación con los artículos 12, párrafo 4, 13 y 25 b), del Pacto, cabe reiterar lo mencionado en el párrafo 1 del informe sobre el seguimiento de las observaciones finales (CCPR/C/CHN-MAC/CO/1/Add.1), a saber, que la declaración de cuatro puntos en relación con la aplicación continua del Pacto en la RAE de Macao, formulada por el Gobierno Central de la República Popular China de conformidad con las disposiciones pertinentes de la Ley Fundamental de la Región Administrativa Especial de Macao de la República Popular China, (en adelante “la Ley Fundamental”) y el estatuto jurídico y la situación concreta de la RAE de Macao, se ajusta a las disposiciones pertinentes de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, de 1969, que prevén la formulación de reservas a las disposiciones de un tratado.
Párrafo 2 de la lista de cuestiones
4.De conformidad con el artículo 143 de la Ley Fundamental, la facultad de interpretación de la Ley Fundamental corresponde al Comité Permanente del Congreso Nacional del Pueblo. El Comité Permanente del Congreso Nacional del Pueblo autoriza a los tribunales de la RAE de Macao a que, al sustanciar las causas, hagan su propia interpretación de las disposiciones de la Ley Fundamental cuyo ámbito de aplicación se inscriba dentro de los límites de la autonomía de la RAE de Macao. Los tribunales de la RAE de Macao también pueden interpretar otras disposiciones de la Ley Fundamental en el marco de actuaciones judiciales.
5.El Comité Permanente del Congreso Nacional del Pueblo ejerció una sola vez la facultad de interpretación que le confiere el artículo 143 de la Ley Fundamental: el 31 de diciembre de 2011, en relación con el artículo 7 del Anexo I y el artículo 3 del Anexo II de la Ley Fundamental, a saber, las disposiciones relativas al método de selección del Jefe del Ejecutivo y el método de formación de la Asamblea Legislativa. Desde el examen del anterior informe presentado al Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, el Comité Permanente del Congreso Nacional del Pueblo no ha emitido ninguna nueva interpretación en virtud del artículo 143 de la Ley Fundamental.
6.En cuanto a la preocupación expresada por el Comité de Derechos Humanos, cabe destacar que las interpretaciones de las disposiciones de la Ley Fundamental relativas al método de selección del Jefe del Ejecutivo y al método de formación de la Asamblea Legislativa por el Comité Permanente del Congreso Nacional del Pueblo se referían a la mejora gradual del sistema electoral de la RAE de Macao de conformidad con la Ley Fundamental y la promoción del desarrollo del sistema político democrático de manera ordenada. Dichas interpretaciones no guardaban relación con las obligaciones derivadas de los artículos 2 y 14 del Pacto.
7.De conformidad con el artículo 83 de la Ley Fundamental, los tribunales de la RAE de Macao ejercen el poder judicial de forma independiente. No están subordinados sino a la ley y no pueden ser objeto de injerencia alguna. Cabe reiterar que el ejercicio de la facultad de interpretación de la Ley Fundamental por el Comité Permanente del Congreso Nacional del Pueblo no debilita ni socava el Estado de Derecho ni la independencia judicial de la RAE de Macao. Los tribunales de la RAE de Macao no han tramitado ninguna causa en que las interpretaciones del Comité Permanente del Congreso Nacional del Pueblo no hayan estado en conformidad con el Pacto.
Párrafo 3 de la lista de cuestiones
8.La RAE de Macao cuenta con diferentes instituciones y mecanismos que cumplen las funciones fundamentales de una institución de derechos humanos conforme a los Principios de París, por ejemplo la Oficina para la Protección de los Datos Personales y la Comisión de Control Disciplinario de las Fuerzas y Servicios de Seguridad, y diferentes comisiones o comités integrados por representantes de dependencias gubernamentales y organizaciones no gubernamentales, como la Comisión para los Refugiados, el Comité de Seguimiento de la implantación de Medidas Disuasorias contra la Trata de Personas, el Comité de Asuntos de las Personas de Edad, la Comisión de Asuntos de Rehabilitación y la Comisión para los Asuntos de la Mujer y el Niño, que asisten y supervisan al Gobierno en su labor de protección de los derechos humanos.
9.Además, como se menciona en los párrafos 49 a 54 del segundo informe periódico, la Comisión de Lucha contra la Corrupción ejerce, además de las propias, las funciones del defensor del pueblo y desempeña un papel esencial, promoviendo y protegiendo los derechos y las libertades, salvaguardando los intereses de las personas y velando por que el ejercicio de los poderes públicos se ajuste a los criterios de justicia, legalidad y eficacia. Se proporcionan recursos financieros y humanos suficientes al Jefe de la Comisión, para garantizar que pueda ejercer sus funciones de defensor del pueblo de forma independiente y autónoma (artículo 59 de la Ley Fundamental y artículo 37 de la Ley núm. 10/2000, sobre el Marco Jurídico de la Comisión de Lucha contra la Corrupción de la RAE de Macao, modificada por la Ley núm. 4/2012). La Comisión puede iniciar investigaciones de oficio, analizar quejas y formular recomendaciones destinadas a las dependencias gubernamentales.
Párrafo 4 de la lista de cuestiones
10.Como se indica en los párrafos 22 a 28 del segundo informe periódico, el ordenamiento jurídico de la RAE de Macao garantiza la igualdad ante la ley de todas las personas que se encuentren en la RAE de Macao o estén sujetas a su jurisdicción, independientemente de su nacionalidad, ascendencia, raza, sexo, idioma, religión, convicciones políticas o ideológicas, nivel de educación, situación económica o condición social (artículos 25 y 43 de la Ley Fundamental).
11.Los derechos a la igualdad y a la no discriminación están plenamente consagrados en los distintos niveles normativos del ordenamiento jurídico de la RAE de Macao a través de diferentes leyes, con arreglo al doble principio de que todos son iguales ante la ley y de que todos pueden alcanzar la igualdad a través de la ley. Este doble principio constituye una orientación estructural en los planos legislativo, administrativo y judicial para prohibir la discriminación subjetiva ilícita, al tiempo que exige un tratamiento diferenciado de las distintas situaciones relativas al reconocimiento y el disfrute de los derechos fundamentales, siempre que ello se justifique y mida objetivamente.
12.Aunque la RAE de Macao no cuenta con una ley específica de lucha contra la discriminación, el sistema jurídico de lucha contra la discriminación conformado por una serie de leyes, entre ellas la Ley Fundamental, abarca diversas esferas como las relaciones laborales, la educación, el bienestar social, los recursos judiciales, la igualdad racial y la libertad de creencias religiosas, todo lo cual constituye una base jurídica suficiente para una lucha integral contra la discriminación.
Párrafo 5 de la lista de cuestiones
13.El reconocimiento jurídico de las personas transgénero engloba cuestiones como los valores sociales, las disposiciones de derecho civil, el matrimonio y las relaciones familiares. Habida cuenta de ello, el Gobierno de la RAE de Macao formó en 2017 un grupo de trabajo sobre el reconocimiento de la identidad de género, integrado por representantes de la Secretaría de Administración y Justicia, la Oficina de Asuntos Jurídicos, la Oficina del Registro Civil, el Servicio de Identificación y la Oficina de Salud, que se encargará de realizar estudios sobre el reconocimiento de la identidad de género en los sistemas jurídicos de los países y las regiones vecinas. El Gobierno de la RAE de Macao seguirá avanzando en los trabajos sobre la cuestión, partiendo de la premisa de que toda decisión supone una labor de coordinación en todo el sistema jurídico de la RAE de Macao y la búsqueda de un consenso social.
14.La Ley núm. 2/2016, sobre la prevención y la lucha contra la violencia doméstica, establece el marco jurídico para la intervención de las entidades públicas en situaciones de violencia doméstica, tipifica el delito de violencia doméstica, establece el respectivo régimen de sanciones y prevé medidas de protección y asistencia a las víctimas. A los efectos de esta Ley, se considera violencia doméstica todo maltrato físico, mental o sexual en el marco de una relación familiar o similar. Por relación familiar o similar se entienden únicamente las que se dan entre las personas mencionadas en el artículo 4, párrafo 2, de la Ley, que no incluye a los convivientes del mismo sexo. En la actualidad, no está previsto ampliar el ámbito de aplicación de la Ley núm. 2/2016 a los convivientes del mismo sexo, debido principalmente a la falta de consenso en la sociedad sobre el reconocimiento del matrimonio homosexual y a la incompatibilidad con el actual sistema jurídico de la RAE de Macao.
15.Ahora bien, cabe destacar que las víctimas de violencia entre convivientes del mismo sexo pueden iniciar actuaciones penales y civiles contra los autores, de conformidad con lo previsto en la ley, por ejemplo el artículo 137 (delitos contra la integridad física) y el artículo 138 (delitos graves contra la integridad física) del Código Penal de la RAE de Macao (en adelante “Código Penal”). Además, según cuál sea la situación, en el curso del proceso penal, el juez también puede ordenar la adopción de medidas coercitivas inmediatas contra el autor para proteger a la víctima de acuerdo con las disposiciones pertinentes del Código de Procedimiento Penal de la RAE de Macao (en adelante “Código de Procedimiento Penal”). Asimismo, las víctimas pueden interponer una demanda civil contra el autor o iniciar una acción civil complementaria al procedimiento penal contra el autor. La Oficina de Bienestar Social y las instituciones de servicios sociales también prestan una asistencia apropiada a las víctimas de violencia entre convivientes del mismo sexo.
Párrafo 6 de la lista de cuestiones
16.En lo que respecta al delito de violencia doméstica tipificado en la Ley núm. 2/2016, es especialmente necesario determinar si los actos de violencia de que se trate se cometen de forma continuada. Cuando investiga casos de presunto maltrato entre miembros de una misma familia, la policía clasifica y tramita estos asuntos como “delitos de violencia doméstica”, “delitos contra la integridad física”, “amenazas” o “injuria”, según las circunstancias concretas. Los actos graves, como el homicidio, las lesiones graves o las lesiones agravadas, que se castigan con penas más severas que el delito de violencia doméstica, tienen la consideración de delitos graves, de conformidad con el artículo 21 de la Ley núm. 2/2016.
17.Como se indica en los párrafos 280 a 289 del segundo informe periódico, el Cuerpo de Policía de Seguridad Pública, la Policía Judicial y la Oficina de Bienestar Social siguen colaborando estrechamente para reforzar la aplicación de la Ley núm. 2/2016, formulando las directrices de trabajo pertinentes y organizando seminarios y cursos de formación para hacer frente a la violencia doméstica, a fin de mejorar la capacidad de aplicación de la ley, y siguen realizando campañas de información pública en la materia. Al mismo tiempo, la Oficina de Bienestar Social u otras entidades públicas prestan un apoyo adecuado a las víctimas de violencia doméstica o de situaciones de peligro relacionadas con ella, proporcionándoles alojamiento temporal, ayuda económica, asistencia jurídica, atención médica y asesoramiento.
18.Por cuanto respecta al acoso sexual, antes de la entrada en vigor de la Ley núm. 8/2017, el derecho penal de la RAE de Macao no contemplaba específicamente el delito de acoso sexual, pero se imponían penas de acuerdo con las disposiciones correspondientes del Código Penal, según las circunstancias del caso. Por ejemplo, el acoso sexual verbal podía castigarse como delito de injuria (delito privado), tipificado en el artículo 175, con una pena de hasta 3 meses de prisión o una multa de hasta 120 días. Para reforzar la lucha contra el acoso sexual, mediante la Ley núm. 8/2017 se modificó el Código Penal, para introducir el delito de acoso sexual (artículo 164-A), convirtiéndolo en un delito semipúblico que se castiga con un máximo de 1 año de prisión o una multa de hasta 120 días.
19.De acuerdo con la información proporcionada por la Oficina de la Presidencia del Tribunal Superior de Apelación, desde la entrada en vigor de la Ley núm. 8/2017 hasta el 30 de junio de 2020, el tribunal resolvió un total de 41 asuntos de acoso sexual (relativos a 49 delitos de acoso sexual); dictó 33 sentencias condenatorias (una de ellas por el delito de coerción sexual) y 2 sentencias absolutorias, y en 14 de los asuntos se retiraron los cargos. Entre los 41 asuntos antes mencionados figuraban 5 casos de acoso sexual en el trabajo, relativos a 6 delitos de acoso sexual; en 5 de los asuntos se dictaron sentencias condenatorias y en 1 de ellos se retiraron los cargos.
Párrafo 7 de la lista de cuestiones
20.La Ley Fundamental establece los principios relativos a la asistencia jurídica en materia penal entre la RAE de Macao y otras jurisdicciones de China. Para mejorar el sistema jurídico, el Gobierno de la RAE de Macao redactó en 2016 el proyecto de ley sobre la asistencia jurídica interregional en materia penal y lo sometió a la consideración de la Asamblea Legislativa. Sin embargo, en junio de 2016, el Gobierno de la RAE de Macao retiró el citado proyecto de ley, principalmente porque consideraba que los sistemas jurídicos de las distintas jurisdicciones eran muy diferentes y el proyecto de ley debía encontrar un equilibrio entre la plena consideración de esas diferencias y el mantenimiento de la integridad de su propio sistema jurídico; por lo tanto, era necesario realizar un estudio más a fondo. Sobre la base de los estudios complementarios que se lleven a cabo sobre el proyecto de ley, será necesario realizar también nuevas consultas entre la RAE de Macao y China continental sobre el acuerdo para la entrega de delincuentes fugitivos.
21.De hecho, el Tribunal Superior de Apelación dictó dos sentencias (causas núm. 12/2007 y núm. 3/2008), en las que determinó que, aún en el caso de una notificación roja emitida por la Organización Internacional de Policía Criminal (INTERPOL), en ausencia de leyes y reglamentos específicos aplicables, ninguna autoridad pública, incluidas la Fiscalía y la Policía Judicial, podía trasladar a personas buscadas por INTERPOL a China continental, cuando esta era la parte requirente. Según la información facilitada por la Fiscalía, desde la sentencia del Tribunal Superior de Apelación en el asunto núm. 3/2008, la RAE de Macao no ha entregado a ningún delincuente fugitivo a la China continental.
Párrafo 8 de la lista de cuestiones
22.En cuanto a la supervisión de los lugares de reclusión y privación de libertad, y los correspondientes mecanismos de tramitación de denuncias, además de lo indicado en los párrafos 115, 121 y 123 a 126 del segundo informe periódico, en 2019 el Gobierno de la RAE de Macao mejoró el funcionamiento de la Comisión de Control Disciplinario de las Fuerzas y Servicios de Seguridad, aumentando de 7 a 11 el número de sus funcionarios y haciendo que dependiera directamente del Jefe del Ejecutivo, en lugar del Secretario de Seguridad; así pues, se ha convertido en un órgano externo e independiente que supervisa las actividades de las fuerzas y servicios de seguridad. Al mismo tiempo, se ha ampliado el ámbito de competencia de la Comisión. Está facultada para supervisar los lugares de reclusión y de privación de libertad, realizar investigaciones sumarias dentro del ámbito permitido por la ley, tomar declaraciones a los denunciantes durante las investigaciones y solicitar información o explicaciones a los servicios de seguridad para determinar si ha habido algún incumplimiento o ilegalidad. La Comisión puede formular directamente recomendaciones dirigidas al Secretario de Seguridad (párrs. 2, 3 4) y 5 de la Orden del Jefe del Ejecutivo núm. 160/2019).
23.Como se menciona en el párrafo 178 del segundo informe periódico, el Decreto-ley núm. 31/99/M, relativo a la política en materia de salud mental, sigue rigiendo el internamiento obligatorio de las personas con enfermedades mentales graves. No obstante, cuando la situación de una persona con una enfermedad mental grave permite que se sustituya el internamiento por consultas o tratamiento obligatorios, cuando se extinguen los motivos que justificaban la hospitalización de la persona o cuando hay motivos razonables para poner fin a su internamiento, el hospital o tribunal competente ha de anular la orden de hospitalización obligatoria de esa persona. Además, las personas afectadas también tienen derecho a recibir apoyo en el ejercicio de sus derechos de oposición y reclamación. También se pueden recurrir las decisiones de hospitalización obligatoria o las decisiones de mantenimiento de esa medida (arts. 4, párr. 1 m); 10, párr. 1 d); y 15 a 17).
24.Macao es una ciudad turística internacional, que en los últimos años ha recibido a unos 3 millones de turistas anuales, según el Anuario Estadístico de la Oficina de Estadísticas y Censos. Además, en Macao hay decenas de miles de trabajadores de nacionalidad extranjera. Según la información facilitada por la Oficina del Secretario de Seguridad, la proporción de presos extranjeros que cumplen condena en la prisión de Coloane de Macao ha descendido gradualmente, pasando del 17 % en 2011 al 11 % en 2020.
25.Para reducir el riesgo de contagio de la enfermedad por coronavirus (COVID-19) en el entorno carcelario, la prisión de Coloane ha formulado las correspondientes directrices internas y ha adoptado una serie de medidas, como el refuerzo del saneamiento ambiental en la prisión, la concienciación del personal y los reclusos acerca de la prevención de la pandemia y la higiene, la aplicación de pruebas de detección de la enfermedad a los nuevos reclusos y la obligación para los visitantes de observar las medidas personales de prevención. Además, la prisión de Coloane mantiene un estrecho contacto con los servicios sanitarios para notificar los casos sospechosos de acuerdo con los mecanismos establecidos y enviar muestras para su examen. Hasta el momento, no se ha registrado ningún caso de COVID-19 en la prisión de Coloane. Por cuanto respecta a otros lugares de reclusión, la policía, de acuerdo con las directrices de prevención de pandemias de los servicios sanitarios, realiza pruebas de ácido nucleico a todos los detenidos, les toma la temperatura corporal, les exige que lleven mascarilla y la sustituyan periódicamente, aplica un régimen de aislamiento y desinfecta las celdas periódicamente.
Párrafo 9 de la lista de cuestiones
26.El Gobierno de la RAE de Macao adopta una serie de medidas de asistencia en favor de quienes solicitan el reconocimiento de la condición de refugiado y sus familiares, de conformidad con Ley núm. 1/2004, que establece el Marco Jurídico relativo al Reconocimiento y la Pérdida de la Condición de Refugiado (véanse los párrafos 192 y 194 del segundo informe periódico). Las dos solicitudes pendientes que se mencionan en el párrafo 193 del segundo informe periódico siguen en la etapa de aprobación y los solicitantes tienen que presentarse periódicamente ante el Cuerpo de Policía de Seguridad Pública. Durante este período, la Oficina de Bienestar Social ha prestado servicios de apoyo humanitario a los dos solicitantes y sus familiares, por ejemplo organizando su alojamiento y dándoles asistencia económica (cuya cuantía se determina con arreglo a la Orden del Jefe del Ejecutivo núm. 211/2019, en función del número de miembros de cada familia; en la actualidad, es de 4.350 patacas mensuales para una familia de una sola persona). La Oficina de Bienestar Social examinará la situación de las personas interesadas e informará regularmente a la Comisión para los Refugiados.
Párrafo 10 de la lista de cuestiones
27.De conformidad con el artículo 2, párrafo 3, y el artículo 20 de la Ley núm. 21/2009, relativa al Empleo de Trabajadores No Residentes, los trabajadores no residentes gozarán del mismo trato que los trabajadores residentes en cuanto a derechos, obligaciones y condiciones de trabajo, y las relaciones laborales que se establezcan con los trabajadores no residentes se regirán subsidiariamente por la legislación en la materia, a saber, la Ley núm. 7/2008, de Relaciones Laborales, especialmente en lo que se refiere a los derechos, las obligaciones y las garantías previstas en la Ley. En otras palabras, los trabajadores no residentes gozan de los mismos derechos laborales que los trabajadores residentes, incluidos los derechos a vacaciones anuales, remuneración y licencia de maternidad. Además, los trabajadores no residentes también tienen derecho al alojamiento y al transporte desde y hacia su lugar de residencia habitual al término de su contrato. Los empleadores que infrinjan las leyes que protegen a los trabajadores no residentes pueden ser objeto de una sanción o una multa, según las circunstancias (arts. 32 y 33 de la Ley núm. 21/2009 y arts. 85 y 88 de la Ley núm. 7/2008).
28. Por cuanto respecta a la protección salarial, la Ley núm. 5/2020 sobre el Salario Mínimo de los Trabajadores, entrada en vigor el 1 de noviembre de 2020, se aplicará a los trabajadores residentes y a los no residentes (a excepción de los trabajadores domésticos y los titulares de Tarjeta de Registro de la Evaluación de la Discapacidad). En su artículo 4, párrafo 1, la Ley establece diferentes métodos de cálculo del salario mínimo (fijado en 6.656 patacas mensuales y 1.536 patacas semanales) para proteger los derechos de los trabajadores. En lo que respecta a los salarios de los trabajadores domésticos no residentes, la Dirección de Asuntos Laborales ajusta oportunamente sus indicadores de referencia al aprobar las solicitudes de los trabajadores no residentes para garantizar el nivel de su remuneración.
29.En cuanto a las comisiones de las agencias de empleo, el artículo 16 del Decreto-ley núm. 32/94/M relativo al Régimen de Concesión de Licencias a las Agencias de Empleo prohíbe que estas cobren honorarios a los trabajadores no residentes o reciban pagos a cuenta de su salario. El incumplimiento de esta norma se castiga con multas que van de 10.000 a 30.000 patacas por cada trabajador afectado por la infracción (art. 22, párr. 1 c)).
30.Cabe mencionar que el Decreto-ley núm. 32/94/M será sustituido el 15 de marzo de 2021 por la Ley núm. 16/2020 relativa a las Actividades de las Agencias de Empleo. La Ley núm. 16/2020 establece requisitos más rigurosos para la emisión y renovación de las licencias de las agencias de empleo, introduce un sistema de orientación laboral y mejora el sistema de honorarios y multas. Por ejemplo, en lo que respecta a los servicios de pago, para garantizar el funcionamiento continuo de las agencias de empleo y tener en cuenta la capacidad de pago de los trabajadores (incluidos los trabajadores no residentes), el artículo 28 de la Ley establece que las agencias de empleo pueden cobrar a los trabajadores honorarios no superiores al 50 % del salario por el primer mes, 60 días después de la firma de un contrato de trabajo, y prohíbe expresamente que las agencias de empleo cobren honorarios cuando los permisos de estancia de los trabajadores no residentes hayan vencido y sus empleadores actuales soliciten su renovación. Además, el artículo 27, párrafo 3, de la Ley prevé que las agencias de empleo establezcan un cuadro de honorarios, lo envíen a la Dirección de Asuntos Laborales y lo coloquen en un lugar visible cerca de la entrada de sus locales. De conformidad con el artículo 29 de la Ley, en caso de rescisión unilateral del contrato de trabajo por parte del empleador durante el período de prueba, las agencias de empleo deberán devolver a los trabajadores al menos el 50 % de los honorarios. Las sanciones correspondientes se aumentarán en consecuencia. Si las agencias de empleo infringen las normas antes mencionadas, se les impondrá una multa de 20.000 a 50.000 patacas por cada trabajador afectado por la infracción (art. 43, párr. 2).
31.Para reforzar la aplicación de la ley, la Dirección de Asuntos Laborales realiza frecuentes inspecciones y controles en las agencias de empleo, en particular antes de expedir y renovar las licencias. De vez en cuando, se realizan inspecciones aleatorias para conocer la situación empresarial de las agencias de empleo. La Dirección de Asuntos Laborales también ha llevado a cabo una labor de promoción “puerta a puerta”, explicando a las agencias de empleo las disposiciones legales pertinentes que deben cumplir, de modo que puedan operar de conformidad con la ley, con el fin de proteger los derechos e intereses de los usuarios de sus servicios. Por otra parte, la Dirección de Asuntos Laborales también colabora con diversas organizaciones y grupos para realizar talleres en los que se abordan temas como el buen funcionamiento de las agencias de empleo y los asuntos que deben tener en cuenta los usuarios de sus servicios.
Párrafo 11 de la lista de cuestiones
32.La Ley núm. 6/2008, relativa a la Lucha contra la Trata de Personas, establece un marco jurídico, institucional y asistencia completo e integrado destinado a prevenir y combatir la trata de personas y dar apoyo a las víctimas. El Gobierno de la RAE de Macao viene promoviendo la difusión pública de mensajes de prevención de ese delito desde que la Ley entró en vigor en 2008. Además, la policía, que lleva 12 años haciendo cumplir la Ley, intercepta activamente la trata de personas y las actividades ilegales conexas desde su origen, llevando a cabo redadas y operaciones selectivas en establecimientos como saunas, salas de masajes, clubes nocturnos y pensiones ilegales, realizando un control más estricto en los puestos fronterizos y sometiendo a los visitantes o trabajadores no residentes recién llegados a controles aleatorios o encuestas mediante cuestionarios. La aplicación de estas medidas es la principal explicación de la bajísima incidencia de la trata de personas registrada en la RAE de Macao en los últimos años.
33.En lo que respecta a la asistencia a las víctimas de la trata de personas, la Oficina de Bienestar Social les proporciona una ayuda económica en función de las circunstancias de cada caso (que incluye gastos de manutención, gastos del transporte de regreso, tasas de certificación, etc.), servicios de tratamiento de toxicomanías, alojamiento, derivación médica, interpretación y asesoramiento jurídico. Si las víctimas son menores de edad, se les proporcionarán servicios de atención personalizada, que incluyen asesoramiento personal y programas de educación y esparcimiento. Además, las víctimas cuya vida corre peligro tienen derecho a recibir protección física (protección policial).
34.En cooperación con la Oficina de la Organización Internacional para las Migraciones en Hong Kong, la Oficina de Bienestar Social presta servicios de evaluación de riesgos y servicios de escolta para ayudar a las víctimas a regresar a sus lugares de origen. Desde 2011 se escoltó a dos víctimas menores de edad a sus lugares de origen (una en 2017 y otra en 2018). Cabe mencionar que si las víctimas temen sufrir represalias o tener dificultades al regresar a sus lugares de origen, también pueden solicitar al Jefe del Ejecutivo un permiso de residencia, en virtud de la Ley núm. 4/2003 sobre los Principios Generales del Sistema de Entrada, Estancia y Autorización de Residencia (art. 9, párr. 2, apdo.6).
35.En cuanto a la cooperación bilateral, como se menciona en el segundo informe periódico, en 2010 el Gobierno de la Región Administrativa Especial de Macao de la República Popular China y el Gobierno de Mongolia firmaron un acuerdo de cooperación para combatir la trata de personas, que prevé una serie de medidas de protección y asistencia (artículos 13 a 19). Para más detalles, véase https://bo.io.gov.mo/bo/ii/2010/50/ aviso28_cn.asp#cht. Además, en 2018, la Oficina del Secretario de Seguridad propuso al Ministerio de la Seguridad Pública de China ayudar a las víctimas de la trata de personas procedentes de China continental a regresar a sus lugares de origen, estableciendo así un mecanismo de cooperación regular. Las dos partes han intercambiado el proyecto de texto del acuerdo.
Párrafo 12 de la lista de cuestiones
36.Como se menciona en los párrafos 212 a 213 del segundo informe periódico, para reducir la acumulación de causas judiciales atrasadas, además del aumento del número de jueces (46 jueces en la actualidad) y el establecimiento de un procedimiento abreviado, los tribunales también han aprobado una serie de directrices internas. Asimismo, con la aprobación de la Ley núm. 4/2019, por la que se modificó la Ley núm. 9/1999, relativa a la estructura orgánica del Poder Judicial, la RAE de Macao revisó el sistema que permite que los jueces acumulen funciones, introdujo un sistema de comisión de servicio y ajustó los umbrales monetarios para interponer recursos de apelación. También se revisaron los artículos 371 y 549, párrafos 1 y 2, del Código de Procedimiento Civil de Macao para una tramitación más eficaz de los juicios (arts. 14; 14-A; 14-B; 14-C; 18, párrs. 1 y 2; 66, párr. 2, de la Ley núm. 9/1999 en su versión modificada, y cuadros 1, 2 y 5 de su anexo).
37.Según la información proporcionada por la Oficina de la Presidencia del Tribunal Superior de Apelación, el número de causas pendientes en los tres niveles de tribunales ha seguido disminuyendo en los últimos años, pasando de 14.641 en 2017 a 11.548 en 2020 (a 30 de junio) (76 ante el Tribunal Superior de Apelación, 489 ante el Tribunal de Segunda Instancia y 10.983 ante el Tribunal de Primera Instancia). Con respecto a la duración de los juicios, cabe señalar que la RAE de Macao modificó el Código de Procedimiento Penal en 2013, introduciendo nuevas disposiciones en relación con el conocimiento de los recursos interpuestos ante los tribunales superiores, acortando así la duración de los juicios y simplificando los procedimientos correspondientes. En junio de 2020 el tiempo medio de tramitación de una causa ante el Tribunal Superior de Apelación era de 120 días y de 185 días ante el Tribunal de Segunda Instancia. El número medio de días previsto para un juicio en el Tribunal de Primera Instancia variaba en función del tipo de asunto de que se tratara. La media general era de unos 108 días.
38.La ley garantiza el derecho de toda persona que acuda a las autoridades judiciales a utilizar cualquiera de las lenguas oficiales en los procedimientos orales o escritos. La ley prevé que, de ser necesario, se presten servicios de traducción o interpretación a las personas que los necesiten, sin costo para ellas (arts. 8 y 9 del Decreto-ley núm. 101/99/M, por el que se aprueba el Estatuto de las Lenguas Oficiales, art. 89, párr. 2, del Código de Procedimiento Civil, art. 82, párr. 2, del Código de Procedimiento Penal). De 2017 a junio de 2020, se prestaron 1.106 servicios de traducción, por un importe de 1.149.403 patacas.
39.Además, en lo que respecta a las sentencias dictadas, en la actualidad, los tribunales de todos los niveles hacen todo lo posible para que todas las sentencias y resoluciones se dicten en el idioma de las partes, sin que ello afecte al funcionamiento de los tribunales y a la calidad de las sentencias, y sin retrasar la tramitación de las causas.
40.Desde la entrada en vigor de la Ley núm. 13/2012 sobre el Sistema General de Asistencia Jurídica, en abril de 2013, la Comisión de Asistencia Jurídica revisa los procedimientos de solicitud de asistencia jurídica y realiza un seguimiento de la aprobación oportuna de las solicitudes. Además, cada año presenta un informe general sobre su labor al Jefe del Ejecutivo, para consolidar la experiencia adquirida en la práctica y seguir optimizando el sistema de asistencia jurídica. Por ejemplo, en 2017 se estableció un servicio que permite que los solicitantes hagan una consulta en línea para informarse de la situación de su solicitud (véase www.caj.gov.mo para más detalles).
Párrafo 13 de la lista de cuestiones
41.El recién añadido artículo 19-A de la Ley núm. 4/2019 se refiere a los delitos tipificados en la Ley núm. 2/2009, o Ley de Seguridad Nacional, que tienen que ver con asuntos delicados como la independencia, la unidad, la integridad y la seguridad interna y externa del Estado. Las actuaciones relacionadas con esos delitos deben estar a cargo de jueces que reúnan requisitos específicos, es decir jueces titulares de un mandato permanente y sean ciudadanos chinos. Es necesario aclarar que para garantizar la independencia del poder judicial y respetar el principio del juez natural, el Consejo de la Judicatura nombra a los jueces con antelación, de acuerdo con los criterios antes mencionados, por un período de dos años, pero no se ocupa de asignar determinada causa a tal o cual juez. La asignación de las causas judiciales se sigue realizando en forma aleatoria; por consiguiente, no se puede decir que la preselección de los jueces equivalga a la creación de un tribunal especial para determinado tipo de delitos.
Párrafo 14 de la lista de cuestiones
42.La Oficina para la Protección de los Datos Personales sigue reforzando las intervenciones previas al tratamiento de datos personales por parte de diversos organismos, mediante el examen de los planes y proyectos de trabajo que impliquen el tratamiento de datos personales y la emisión de dictámenes, aplicando así la Ley núm. 8/2005, relativa a la Protección de los Datos Personales.
43.En cuanto a las escuchas telefónicas, solo se realizan, previa aprobación judicial, en el caso de delitos específicos indicados por la ley y solo cuando hay motivos para considerar que la intervención de una línea telefónica es esencial para establecer la verdad de los hechos o recolectar pruebas. Durante el período de intervención telefónica, los organismos policiales han de dejar constancia escrita de la información obtenida a través de las escuchas para que el fiscal y el juez conozcan su contenido; el juez ha de ordenar además que se destruya la información irrelevante o inútil (arts. 172 y 173 del Código de Procedimiento Penal). Por otra parte, en virtud del artículo 3 de la Ley núm. 16/92/M, los operadores de telecomunicaciones tienen la obligación de garantizar el secreto de las comunicaciones y la protección de la intimidad. Los operadores de telecomunicaciones solo ayudarán a la policía a interceptar las comunicaciones después de haber recibido la correspondiente orden judicial. Los profesionales de las telecomunicaciones tienen la obligación de denunciar los actos ilícitos de interceptación de comunicaciones de los que lleguen a tener conocimiento (art. 336 del Código Penal y art. 225 del Código de Procedimiento Penal).
44.Es importante subrayar que está prohibido utilizar las pruebas obtenidas mediante escuchas telefónicas, salvo en los casos previstos por la ley (art. 113, párr. 3, del Código de Procedimiento Penal). Quien incumpla lo anterior puede incurrir en responsabilidad penal (art. 191 del Código Penal) y se expone a medidas disciplinarias y demandas de indemnización por la vía civil.
45.Según el artículo 56 de la Ley núm. 9/1999, en su versión modificada, y el artículo 42 del Código de Procedimiento Penal, la Fiscalía dirige las investigaciones penales y está facultada para supervisar las investigaciones policiales, lo cual incluye la verificación de la conformidad de la interceptación de las comunicaciones con la ley.
46.En lo que respecta a la formulación de un marco jurídico para la interceptación y la protección de las comunicaciones, el Gobierno de la RAE de Macao inició una consulta pública en 2018. Actualmente se está perfeccionando el contenido del proyecto de ley sobre la base de los resultados de la consulta pública y de conformidad con las leyes de la RAE de Macao (incluidos los convenios aplicables a la RAE de Macao).
47.Respecto del sistema “Sky Eye” y la tecnología de reconocimiento facial, cabe indicar que la policía los utiliza para prestar apoyo a la investigación de casos penales. En el marco de las investigaciones, se ha probado la función de reconocimiento facial. La aplicación a título de prueba de la tecnología de reconocimiento facial se introdujo únicamente para sustituir la revisión manual de los vídeos de “Sky Eye”. La tecnología de reconocimiento facial no tiene nada que ver con “Sky Eye” y no es un componente del sistema “Sky Eye”.
48.Cabe señalar que, para garantizar una protección adecuada de la vida privada, cuando instalen sistemas de videovigilancia, las autoridades de seguridad deben obtener un dictamen vinculante de la Oficina para la Protección de los Datos Personales y la autorización del Jefe del Ejecutivo.
49.En la Ley núm. 2/2012, sobre el Régimen Jurídico de la Videovigilancia en Espacios Públicos, se especifican los fines de la videovigilancia, entre ellos la protección de edificios públicos e instalaciones de interés público, la protección de edificios catalogados como patrimonio histórico o cultural, la protección de la seguridad de las personas y los bienes, públicos o privados, y la prevención de delitos en lugares donde exista un riesgo considerable de que se produzcan. La recolección y el procesamiento de los datos reunidos mediante tecnologías de videovigilancia deben obedecer a los fines antes mencionados y las autoridades de seguridad deben eliminar de ellos los registros y los datos personales que resulten excesivos o no sean necesarios para los fines establecidos en la Ley. El personal que realice actividades de videovigilancia tiene la obligación de guardar el secreto profesional, incluso después del cese de sus funciones. De no ser así pueden ser objeto de acciones penales y disciplinarias (arts. 5, 6 y 23).
50.Además, de conformidad con el artículo 7 de la Ley núm. 2/2012, está prohibido: instalar sistemas de vigilancia en determinados lugares, como las zonas destinadas a proteger la intimidad o los sitios religiosos; realizar grabaciones de audio, excepto cuando la ley lo permita; realizar grabaciones de vídeo y audio que puedan vulnerar la intimidad de las personas; y realizar grabaciones de vídeo y audio en el interior de residencias o edificios residenciales. Las imágenes o sonidos de los tipos antes mencionados que hubieran sido capturados accidentalmente deben ser destruidos de inmediato.
Párrafo 15 de la lista de cuestiones
51.Con arreglo al artículo 175 del Código Penal, la pena máxima por el delito de injuria es de 3 meses de prisión o una multa de hasta 120 días. Si la persona agraviada es funcionario público en ejercicio de sus funciones o ha sido agraviada en razón de las funciones que desempeña, se considera que el delito es de injuria agravada y las penas antes mencionadas se incrementan en la mitad (art. 178). Además, el artículo 9 de la Ley núm. 1/2019, por la que se modifica la Ley núm. 5/1999, relativa al uso y la protección de la bandera, el emblema y el himno nacionales, prevé el delito de ultraje a los símbolos y representaciones nacionales. Quienes profanen intencionadamente los símbolos y representaciones nacionales mediante palabras, gestos, difusión de documentos escritos u otros medios de comunicación con el público, quemando, mutilando, pintarrajeando, profanando o pisoteando la bandera o el emblema nacionales, o quienes alteren la letra o la música del himno nacional y lo interpreten de forma distorsionada o despectiva, serán castigados con penas de prisión de hasta 3 años o con una multa de hasta 360 días. La RAE de Macao no tiene intención de eliminar las disposiciones en que se tipifican estos delitos.
52.El Marco Jurídico de la Protección Civil pasó a denominarse Ley de Protección Civil (Ley núm. 11/2020), la cual entró en vigor el 15 de septiembre de 2020. En su artículo 26 se tipifica el delito contra la seguridad, el orden y la paz públicos en incidentes públicos repentinos. La definición de este delito fue objeto de un amplio debate durante las deliberaciones de la Asamblea Legislativa. Tras las revisiones y ajustes pertinentes, se llegó finalmente a un consenso. De hecho, durante una catástrofe, las informaciones o rumores falsos pueden tener consecuencias graves e imprevisibles. Para evitar que se interrumpan las operaciones de rescate y se provoque temor y alarma en la sociedad, se llegó a un consenso general sobre la necesidad de formular una legislación que impida la difusión de información o rumores falsos en caso de desastre.
53.Cabe señalar que el delito antes mencionado tiene únicamente por objeto castigar a quienes, mientras se mantenga el estado de emergencia inmediata o emergencia mayor, produzcan y difundan, con la intención de alarmar o atemorizar a la ciudadanía, información falsa sobre el tenor de las situaciones de emergencia pública y las respectivas operaciones de respuesta; o a quienes difundan información, a sabiendas de que es falsa y puede suscitar alarma y temor en la ciudadanía.
Párrafo 16 de la lista de cuestiones
54.De conformidad con el artículo 17, párrafo 1, apartado 4), de la Ley núm. 9/2002, o Ley Marco sobre Seguridad Interna, la policía puede denegar la entrada en la RAE de Macao a no residentes o expulsar a toda persona que sea considerada inadmisible en la RAE de Macao o constituya una amenaza para la estabilidad de la seguridad interna o sea sospechosa de estar vinculada con la delincuencia transnacional, incluido el terrorismo. Esas disposiciones se aplican a todos los no residentes y no únicamente a las personas que ejercen determinadas profesiones.
Párrafo 17 de la lista de cuestiones
55.Como se indica en los párrafos 233 a 235 del segundo informe periódico, la libertad de expresión, que abarca la libertad de prensa, de publicación, el derecho a formar y mantener una opinión y el derecho de acceso a la información sin discriminación, está expresamente amparada en la Ley Fundamental y la legislación ordinaria (artículos 27 y 37 de la Ley Fundamental).
56. La Ley núm. 7/90/M, o Ley de Prensa, garantiza la independencia de los periodistas y la confidencialidad de sus fuentes (arts. 6, párrs. 1 y 2; y 7). Nadie puede confiscar publicaciones legítimas, ni obstaculizar su composición, impresión, distribución y libre circulación (artículo 8). El secreto profesional sólo puede ser levantado en virtud de una orden judicial cuando ello pueda revelar hechos penalmente relevantes y que impliquen a la delincuencia organizada o a asociaciones delictivas (art. 6, párr. 3). La Ley núm. 8/89/M establece el marco jurídico de las transmisiones por radio y televisión. Su artículo 47 prevé la libertad de información y fija las modalidades de programación. Las leyes antes mencionadas proporcionan suficiente protección legal para la libre expresión de opiniones por parte de los medios de comunicación, la sociedad civil y los grupos políticos.
Párrafo 17 a) de la lista de cuestiones
57.En 2014, la organización Open Macau Society presentó dos notificaciones por escrito a la Oficina de Asuntos Municipales (anteriormente Instituto de Asuntos Cívicos y Municipales), manifestando su intención de celebrar una asamblea relacionada con un referéndum civil, de conformidad con la Ley núm. 2/93/M, relativa al Derecho de Reunión y Manifestación, modificada por las leyes núms. 16/2008 y 11/2018. El antiguo Instituto de Asuntos Cívicos y Municipales denegó las dos solicitudes. La organización Open Macau Society presentó un recurso ante el Tribunal Superior de Apelación en relación con los dos casos. En el primer caso el Tribunal Superior de Apelación desestimó el recurso mediante sentencia núm. 95/2014; en el segundo caso, el Tribunal Superior de Apelación examinó el asunto y dictó la sentencia núm. 100/2014, en la que declaró que el referéndum civil no era un derecho personal y que la asamblea restringiría el ejercicio de los derechos del resto de la población puesto que se celebraría en el espacio público. Habida cuenta del principio de legitimidad, las autoridades no podían autorizar que se realizara un referéndum civil sin fundamento legal alguno que restringiera el ejercicio de los derechos de los demás residentes. Por consiguiente, se confirmó que la decisión del antiguo Instituto de Asuntos Cívicos y Municipales de no autorizar las asambleas con motivo del referéndum civil no era contraria a la ley.
Párrafo 17 b) de la lista de cuestiones
58.El Gobierno de la RAE de Macao respeta la autonomía de que gozan las instituciones de enseñanza superior en materia de administración, finanzas y asuntos académicos. El despido de los dos profesores formaba parte del funcionamiento interno de las instituciones en cuestión, que pueden adoptar libremente la decisión de contratar y renovar al personal docente, de acuerdo con sus circunstancias. De conformidad con la ley, el Gobierno de la RAE de Macao no interfiere en su autonomía académica ni en su funcionamiento administrativo.
Párrafo 17 c) de la lista de cuestiones
59.En cuanto a la decisión de la policía de prohibir una manifestación contra el abuso de poder por la policía y la brutalidad policial, que se había notificado con antelación en 2019, la policía consideró que el propósito de la manifestación era claramente ilegal y podía constituir un abuso de los derechos de reunión y manifestación. Así pues, la policía decidió prohibir la manifestación, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 2 y 6 de la Ley núm. 2/93/M, en su versión modificada. La decisión fue recurrida ante el Tribunal Superior de Apelación, que finalmente dictaminó que el recurso carecía de fundamento. Por cuanto respecta al “muro de Lennon” erigido en el lago Nam Van, la policía había intervenido porque el acto infringía el Reglamento Administrativo núm. 28/2004, relativo al espacio público, que dispone que no se puede colocar material promocional en lugares públicos sin autorización.
Párrafo 17 d) de la lista de cuestiones
60.Las leyes núms. 7/90/M y 8/89/M disponen que los medios de comunicación, incluida la prensa y los medios electrónicos, gozan del derecho a difundir información y acceder a ella. En consecuencia, la Oficina de Comunicación del Gobierno creó la plataforma web GovInfo Hub para medios de comunicación como los periódicos, las emisoras de radio y los canales de televisión en chino, portugués o inglés, así como para los corresponsales en la RAE de Macao. Ahora bien, dado que ninguna ley define la condición jurídica de los medios que solo publican en línea, actualmente la Oficina de Comunicación del Gobierno no acepta las solicitudes de acceso a GovInfo Hub de esos medios.
Párrafo 18 de la lista de cuestiones
61.La Ley núm. 2/93/M, en su versión modificada, no prevé una definición legal de la expresión “con fines contrarios a la ley” y el Cuerpo de Policía de Seguridad Pública tampoco tiene directrices internas al respecto. Cabe subrayar que, en interés del público, es necesario que la policía adopte medidas para garantizar que las reuniones y manifestaciones se lleven a cabo de forma legal y ordenada, de modo que no tengan graves repercusiones en el orden público y la seguridad pública.
62.La Ley núm. 11/2018 modificó la Ley núm. 2/93/M. Las modificaciones consistieron principalmente en transferir competencias de la Oficina de Asuntos Municipales al Cuerpo de Policía de Seguridad Pública y no implicaron ninguna modificación del artículo 5 relativo a los procedimientos de notificación de reuniones y manifestaciones. Antes de conceder a los organizadores de eventos la autorización de utilizar el espacio público, la Oficina de Asuntos Municipales debe cumplir los criterios generales y los criterios relativos a sus funciones y además tener debidamente en cuenta los imperativos derivados de la gestión de la pandemia de COVID-19.
Párrafo 19 de la lista de cuestiones
63.Para cada notificación de una reunión o manifestación, la policía analizará la situación específica, caso por caso, de conformidad con la Ley núm. 2/93/M en su forma modificada, antes de adoptar una decisión. Debido a la COVID-19, la organización de reuniones o manifestaciones puede suponer un grave peligro para la salud y la seguridad públicas y disminuir la eficacia de las medidas de prevención de la pandemia, por lo que debe examinarse seriamente y decidirse teniendo en cuenta el interés público. En cuanto a las restricciones impuestas por la RAE de Macao a las reuniones y manifestaciones en respuesta a la COVID-19, cabe explicar que la RAE de Macao nunca ha declarado el estado de emergencia y, por lo tanto, las disposiciones del artículo 4 del Pacto no se aplican. Además, las restricciones se ajustan a las razones de protección de la salud pública enunciadas en el artículo 21 del Pacto.
64.A fin de gestionar la aplicación de medidas de prevención de la pandemia, entre enero y junio de 2020, el Cuerpo de Policía de Seguridad Pública denegó la autorización a cinco manifestaciones relacionadas con cuestiones religiosas, políticas y de protección ambiental.
Párrafo 20 de la lista de cuestiones
65.Como se indica en el artículo 21 del Pacto, la libertad de reunión puede restringirse en forma apropiada por razones específicas. Los artículos 298 a 300 del Código Penal se refieren todos a la protección de la seguridad nacional, la seguridad pública y el orden público; por consiguiente, se ajustan a lo dispuesto en el artículo 21 del Pacto. El Ministerio Público de la RAE de Macao aplica el principio del enjuiciamiento obligatorio, por lo que la decisión de perseguir esos delitos no está sujeta a la discreción del fiscal. La policía y la fiscalía tienen obligación de iniciar acciones judiciales por esos delitos, con arreglo a procedimientos legales.
66.De acuerdo con la información proporcionada por la Oficina del Secretario de Seguridad, de agosto de 2016 a junio de 2020, hubo 12 casos relacionados con los artículos 311 (Resistencia y coacción) y 312 (Desobediencia) del Código Penal, y un total de 30 personas fueron detenidas.
67.Las imágenes grabadas por la policía durante una marcha deben reunir los requisitos establecidos en la Ley núm. 8/2005. El procesamiento de los vídeos correspondientes solo puede hacerse con el fin de prevenir peligros específicos o la comisión de delitos. El incumplimiento de lo anterior constituye una infracción administrativa que puede ser sancionada con una multa de 8.000 a 80.000 patacas (art. 8).
Párrafo 21 de la lista de cuestiones
68.El artículo 27 de la Ley Fundamental garantiza el derecho y la libertad de asociación, reunión, marcha y manifestación, y el derecho y la libertad de constituir sindicatos y afiliarse a ellos, y hacer huelga. La Ley núm. 4/98/M, del Marco de Políticas de Empleo y Derechos de los Trabajadores dispone que los trabajadores tienen derecho a afiliarse a asociaciones que representen sus intereses. El artículo 6 de la Ley núm. 7/2008 dispone expresamente que ningún trabajador o candidato al empleo puede ser perjudicado, privado de cualquier derecho o ser eximido de cualquier obligación debido a su pertenecía a una asociación.
69. Aunque la RAE de Macao no tiene una ley específica que regule a los sindicatos, los derechos e intereses de los trabajadores están plenamente protegidos por una serie de leyes: el Decreto-ley núm. 52/95/M, sobre la Igualdad de Oportunidades y de Trato en el Empleo para los Trabajadores de Ambos Sexos, el Decreto-ley núm. 33/99/M, sobre el Régimen de Prevención de la Discapacidad y la Rehabilitación y la Integración Social de las Personas con Discapacidad, la Ley núm. 7/2008, la Ley núm. 5/2020 y el Código de Procedimiento Laboral.
70.Por cuanto respecta a la formulación de una ley sindical, el Gobierno de la RAE de Macao sigue recabando opiniones a ese respecto en todos los sectores de la sociedad y ha realizado un estudio comparativo de los sistemas vigentes en las regiones vecinas. En 2017, el Gobierno de la RAE de Macao encomendó a un organismo independiente la realización de un estudio preliminar sobre su legislación. En el estudio, que concluyó en 2019, se formularon recomendaciones al Gobierno de la RAE de Macao en el sentido de que mejorara las políticas y regímenes actuales en materia laboral, de conformidad con la Ley Fundamental y los convenios internacionales, y de forma gradual y ordenada, en respuesta a los cambios habidos en el entorno socioeconómico de la RAE de Macao. El Gobierno de la RAE de Macao se basará en lo recomendado en el estudio para promover la labor legislativa sobre la ley sindical.
Párrafo 22 de la lista de cuestiones
71.En cuanto a la introducción del sufragio universal e igual en las elecciones a Jefe del Ejecutivo y a la Asamblea Legislativa, como es de conocimiento del Comité, el Gobierno Central de la República Popular China formuló una reserva con respecto a la aplicación del artículo 25 b) del Pacto a la RAE de Macao. La reserva corresponde a la situación concreta de la RAE de Macao. El sistema político actual de la RAE de Macao tiene su continuidad histórica y goza del reconocimiento general de la sociedad. Las últimas novedades relativas a la selección del Jefe del Ejecutivo y la elección de la Asamblea Legislativa se describen en los párrafos 41 a 46 del Documento Básico sobre la RAE de Macao.
72.El artículo 95 de la Ley Fundamental permite el establecimiento en la RAE de Macao de organizaciones municipales sin poder político, encargadas por el Gobierno de prestar servicios en ámbitos como la cultura, el ocio y la salubridad pública, esferas en las que asesoran al Gobierno. Para ello, se creó la Oficina de Asuntos Municipales mediante la Ley núm. 9/2018. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley, la Oficina de Asuntos Municipales está formada por el Comité de Administración para los Asuntos Municipales y el Comité Consultivo sobre Asuntos Municipales, cuyos integrantes son designados por el Jefe del Ejecutivo de entre personas cualificadas que tengan el entusiasmo y la experiencia necesarios para servir a la ciudadanía y tengan determinadas aptitudes profesionales. Esta es también una manifestación importante de que la Oficina de Asuntos Municipales es una entidad creada por el Gobierno, por lo que debe rendir cuentas al Gobierno y aceptar su supervisión. No es conveniente que sus miembros sean elegidos.
73.De conformidad con el artículo 6 de la Ley núm. 3/2001, o Ley Electoral de la Asamblea Legislativa, modificada por las leyes núms. 11/2008, 12/2012 y 9/2016, además del Jefe del Ejecutivo, los titulares de los cargos gubernamentales principales, los magistrados judiciales en ejercicio, los ministros de cualquier religión o culto y quienes no tengan capacidad electoral activa en virtud del artículo 4 de la Ley, tampoco son elegibles las siguientes personas:
1)Los miembros del parlamento o asamblea legislativa de un Estado extranjero, de cualquier nivel, especialmente federal, nacional, regional o municipal;
2)Los miembros del gobierno o funcionarios de la administración pública de un Estado extranjero, de cualquier nivel, especialmente federal, nacional, regional o municipal;
3)Las personas que se nieguen a declarar que defienden la Ley Fundamental y son leales a la RAE de Macao o aquellas de las que se haya establecido que no defienden la Ley Fundamental y no son leales a la RAE de Macao;
4)La persona que haya sido miembro de la Asamblea Legislativa y haya renunciado a su cargo con arreglo a lo dispuesto en el artículo 18 de la Ley núm. 3/2000, relativa a la Legislatura y el Estatuto de los Miembros de la Asamblea Legislativa, modificada por las leyes núms. 13/2008 y 12/2009, pero solo en la elección complementaria para cubrir el escaño de un diputado elegido durante la misma legislatura y dentro de los 180 días siguientes a la fecha en que se hizo efectiva su renuncia.
74.El artículo 47-B de la Ley núm. 3/2001, en su versión modificada, establece que se puede recurrir la decisión de inhabilitar a un candidato a la Asamblea Legislativa ante el Tribunal Superior de Apelación.
75.Por cuanto respecta a la suspensión del cargo de Sou Ka Hou, miembro de la Asamblea Legislativa, de conformidad con el artículo 27 de la Ley núm. 3/2000, en su forma enmendada, si se inician actuaciones penales en la RAE de Macao contra un miembro de la Asamblea Legislativa, el juez de la causa ha de comunicárselo a la Asamblea Legislativa, que decidirá si conviene o no suspender del cargo a la persona. Durante una sesión plenaria celebrada el 4 de diciembre de 2017, la Asamblea Legislativa de la RAE de Macao aprobó la resolución núm. 21/2017 por la que se suspendía a Sou Ka Hou de su cargo debido al proceso penal iniciado contra él.
76.El 29 de mayo de 2018, el Tribunal Judicial de la RAE de Macao dictó la sentencia núm. CR4-17-0194-PCS en la que declaró a Sou Ka Hou culpable de reunión y manifestación ilícitas y le impuso una multa de 120 días. Cabe señalar que en la sentencia se mencionaba el derecho de reunión pacífica, tal como se enuncia en el artículo 21 del Pacto, pero, al mismo tiempo, se hacía hincapié en que “el ejercicio del derecho de reunión y manifestación debe enmarcarse en la legalidad” y que “si bien los residentes de Macao gozan del derecho de crítica, las marchas y las manifestaciones que infrinjan la ley no están permitidas”. El artículo 19 de la Ley núm. 3/2000, en su versión modificada, establece que un diputado pierde su escaño si ha cometido un delito y ha sido condenado a una pena de prisión de más de 30 días. El 3 de julio de 2018, la Asamblea Legislativa fue notificada de la sentencia definitiva dictada por el tribunal y So Ka Hou reanudó sus funciones de diputado ese mismo día.