Siglas

ADTL	Asociación de Personas con Discapacidad
CAVR	Comissão de Acolhimento, Verdade e Reconciliação (Comisión para la Acogida, la Verdad y la Reconciliación)
DGE	Dirección General de Estadística
EDS	Encuesta Demográfica y de Salud
EFTP	Enseñanza y formación técnica y profesional
EIA	Evaluaciones del impacto ambiental
EMP	Planes de gestión ambiental
FMIS	Servicio de Información de Gestión Financiera
GFP	Gestión de las finanzas públicas
GRB	Presupuestación con perspectiva de género
INAP	Instituto Nacional de Administração Pública (Instituto Nacional de Administración Pública)
INS	Instituto Nacional de Saúde (Instituto Nacional de Salud)
JSMP	Programa de Supervisión del Sistema Judicial
LFS	Encuesta de población activa
MEJD	Ministério da Educação, Juventude e Desporto (Ministerio de Educación, Juventud y Deporte) / (ex-MoE - Ministerio de Educación)
MSSI	Ministério da Solidariedade Social e Inclusão (Ministerio de Solidaridad Social e Inclusión)
OIM	Organización Internacional para las Migraciones
OIT	Organización Internacional del Trabajo
OMS	Organización Mundial de la Salud
ONG	Organización no gubernamental
ONU-Mujeres	Entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de las Mujeres
OSC	Organización de la sociedad civil
PDHJ	Provedoria dos Direitos Humanos e Justiça (Defensor de los Derechos Humanos y la Justicia)
PNSD	Programa Nacional para el Desarrollo de las Aldeas
PNTL	Polícia Nacional de Timor-Leste (Policía Nacional de Timor-Leste)
PNUD	Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
POE	Procedimientos operativos estándar
PTDP	Programa de trabajo decente del país
SECOMS	Secretária de Estado para a Comunicação Social (Secretaría de Estado para la Comunicación Social)
SEII	Secretária de Estado para a Igualdade e Inclusão (Secretaría de Estado para la Igualdad y la Inclusión)
SEPFOPE	Secretária de Estado da Formação Profissional e Emprego (Secretaría de Estado de Formación Profesional y Empleo)
STAE	Secretaria Técnica de Administração Eleitoral (Secretaría Técnica de Administración Electoral)
TBM	Tasa bruta de matriculación
TGF	Tasa global de fecundidad
TNM	Tasa neta de matriculación
UNFPA	Fondo de Población de las Naciones Unidas
UNICEF	Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia
WASH	Agua, Saneamiento e Higiene para Todos

Introducción

Este informe, que es el cuarto informe periódico relativo a la aplicación de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer que se presenta al Comité para que lo examine, fue aprobado oficialmente por el Consejo de Ministros el 20 de noviembre de 2019.

Las observaciones finales de 2015 se tradujeron al terum, se señalaron a la atención de los ministerios competentes y se dieron a conocer al público en general por medio de un diálogo retransmitido por televisión.

El informe fue elaborado por la oficina de la Secretaría de Estado para la Igualdad y la Inclusión (SEII), para lo cual contó con la estrecha colaboración de todos los ministerios competentes y las instituciones nacionales pertinentes (16instituciones). La institución nacional de derechos humanos (la Provedoria dos Direitos Humanos e Justiça o PDHJ) y las organizaciones de la sociedad civil (OSC) también contribuyeron a la elaboración del informe durante el taller consultivo nacional celebrado en octubre de 2019.

El proceso de actualización del documento básico común no había concluido cuando se elaboró el presente informe, por lo que toda la información necesaria y pertinente se ha incluido directamente en este documento.

Artículo 1: Definición de discriminación y marco legislativo

En lugar de aprobar una ley integral sobre la igualdad de género, el Gobierno incorpora de manera sistemática artículos concretos sobre la discriminación y la igualdad en leyes fundamentales como la Ley contra la Trata de Personas de 2017 (Ley núm. 3/2017, art. 3), la Ley de Creación del Régimen Contributivo de la Seguridad Social de 2016 (Ley núm. 12/2016, arts. 6 y 7) o la Ley por la que se establece el Régimen Especial para Determinar la Titularidad de los Bienes Inmuebles de 2017 (la “Ley de Tierras”, Ley núm. 13/2017, art.4).

Además de promulgar los proyectos de ley sobre la trata y la tenencia de tierras, en 2017 se aprobó la Ley de Expropiación (Ley núm. 8/2017), que prevé el establecimiento del fondo financiero inmobiliario (art. 66), . En lo que respecta al Registro Civil, ya se ha redactado el proyecto de Código correspondiente y se está sometiendo a nuevos análisis y consultas antes de presentarlo al Parlamento, .

Durante el período que abarca el informe, se pusieron en marcha varias iniciativas para aprobar una ley oficial que regule las relaciones entre los sistemas de justicia consuetudinario y formal. El Ministerio de la Reforma Legislativa y Asuntos Parlamentarios está llevando a cabo estudios y consultas públicas sobre cómo facilitar la interacción entre estos sistemas con miras a redactar una Ley de Justicia Tradicional.

Consciente de lo importantes que son los mecanismos de solución de controversias por vías alternativas para asegurar el acceso a la justicia, en particular de las mujeres, el Ministerio de Justicia ha redactado un proyecto de ley relativo a los procesos judiciales informales (la “ley de mediación”) que servirá de marco para las prácticas de solución de controversias por vías alternativas. El proyecto de ley está listo para someterlo a consulta pública. Con el fin de asegurar la integración de los derechos de las mujeres en dicho proyecto, se organizó un seminario específico sobre la solución de controversias por vías alternativas con perspectiva de género.

Artículo 2: Medidas de política

Acceso a la justicia

El sistema de tribunales móviles sigue siendo el canal principal para facilitar el acceso a la justicia formal en las comunidades rurales mediante la celebración de audiencias en 9 municipios donde todavía no se han establecido tribunales fijos. El programa también contribuye a introducir o mejorar los conocimientos jurídicos en las comunidades apartadas, también entre las mujeres, y facilita la administración de justicia formal en estas zonas.

El número de causas tramitadas por los tribunales móviles fue creciendo año tras año entre 2015 y 2017 (alrededor de un 10 %) y ha superado las 700 causas desde 2018, lo cual representa el 17 % de todas las causas penales examinadas en primera instancia. De las causas penales procesadas entre 2016 y 2018, el promedio de casos de violencia de género osciló entre el 46 % y el 61 %, lo que pone de manifiesto cuán útil es el programa para las mujeres víctimas de la violencia que viven en zonas rurales. En general, las mujeres representan alrededor del 33 % de los beneficiarios de casos resueltos (de un total de aproximadamente 3.000 litigantes beneficiarios).

Procedimientos para que las mujeres presenten denuncias

La red de remisión a proveedores de servicios, creada en el marco del primer Plan Nacional de Acción contra la Violencia de Género, se ocupa normalmente de facilitar la presentación de denuncias de violencia contra las mujeres. La red orienta y ayuda a las víctimas con el proceso de denuncia a la policía nacional (PNTL) (por lo general ante la Unidad de Personas Vulnerables), la investigación y los procedimientos judiciales. Las denuncias en el ámbito laboral o educativo suelen ser atendidas por la Inspección General de Trabajo, adscrita a la Secretaría de Estado de Formación Profesional y Empleo (SEPFOPE), y por la Inspección General de Educación, que depende del Ministerio de Educación, Juventud y Deporte (MEJD). Tanto la una como la otra son responsables de remitir a los tribunales aquellos casos que no se puedan solucionar recurriendo a la mediación.

A partir de 2018, se ha prestado una atención especial a la mejora del mecanismo para denunciar el acoso sexual cometido por funcionarios aprovechando tecnologías innovadoras, como el “ChatBot Rosa” diseñado específicamente para ello.

Además del sistema de justicia formal, los miembros de la comunidad suelen utilizar otras dos vías para resolver los conflictos. Se trata de procesos para solucionar por vías alternativas controversias de índole consuetudinaria (o Lisan/ Adat) y no consuetudinaria (con la mediación de las instituciones gubernamentales y la sociedad civil). El sistema jurídico formal reconoce la validez de ambos procesos, que gozan de legitimidad a ojos de los miembros de la comunidad. A pesar de que son hombres quienes suelen facilitar estos procesos, aunque no siempre, las mujeres siguen dependiendo en gran medida de dichos procesos. Se espera que la futura Ley de Justicia Tradicional y la ley relativa a los procesos de justicia informal mejoren la conexión entre los diferentes sistemas y la prestación de servicios de solución de controversias por vías alternativas.

Asistencia jurídica

La Oficina del Defensor Público es responsable de brindar la asistencia jurídica pública (Decreto-ley núm. 10/2017), además “de facilitar asistencia judicial y extrajudicial exhaustiva y gratuita a los ciudadanos que lo necesitan debido a su situación económica o social” (art. 1.1), tanto en procesos civiles como penales.

En la actualidad, hay 30 defensores de oficio contratados a tiempo completo (de los cuales 5 son mujeres) y otros 5 en prácticas que trabajan en los 4 distritos judiciales. Desde 2016 hasta octubre de 2019, la sección civil de la Oficina del Defensor Público brindó asistencia a mujeres en 46 casos, todos ellos de divorcio. En ese mismo período, la sección penal ayudó a mujeres en 2.796 casos, todos ellos de violencia contra la mujer, .

El programa de clínicas de acceso a la justicia, diseñado para responder al limitado acceso al sistema de justicia formal, especialmente en el caso de las poblaciones rurales, y aplicado como proyecto piloto en 2 distritos judiciales (Suai y Baucau) desde 2016, ofrece servicios gratuitos de información y consulta jurídica (Decreto-ley núm. 10/2017, art. 22). El programa forma parte de la “división extrajudicial” de la Oficina del Defensor Público, junto con las divisiones civil y penal ya existentes.

Transcurrido un año desde su puesta en marcha, las dos clínicas de acceso a la justicia registraron 127 casos (92 controversias sobre tierras, 30 causas civiles de otro tipo y 5 causas penales) que beneficiaron a 251 miembros de la comunidad (de los cuales el 20 % eran mujeres, lo que posiblemente sea fruto del reducido número de propietarias de tierras). En el mismo período, las clínicas también facilitaron directamente 108 casos de mediación, de los cuales se resolvieron 28 a favor de 56miembros de la comunidad (32 % mujeres).

En el marco del Plan de Acción Nacional contra la Violencia de Género y la red de remisión, las OSC también están prestando una ayuda importante y asistencia jurídica gratuita a las mujeres víctimas de la violencia de género, .

Recursos humanos y capacitación de los agentes del sistema de justicia

La Ley núm. 1/2017 establece un régimen transitorio para contratar a los magistrados y defensores de oficio no timorenses que se incorporarán principalmente al Centro de Formación Jurídica y Judicial para abordar el problema de la cualificación del personal del sistema judicial y así mitigar los efectos que tuvieron las resoluciones núm. 29/2014 y 32/2014, relativas al despido de jueces internacionales en 2014.

El Ministerio de Justicia firmó en 2016 un nuevo protocolo de cooperación con el Gobierno de Portugal para renovar la asistencia al sector de la justicia, gracias a lo cual el Centro de Formación Jurídica y Judicial pudo reabrir sus puertas. Cuando se redactó este documento, impartían clases en el Centro 6 formadores y mentores internacionales (el 50 % mujeres). Además, según los nuevos estatutos del Centro de Formación Jurídica y Judicial, la contratación de formadores internacionales es claramente un mecanismo transitorio para capacitar al personal local y mejorar la sostenibilidad del sistema de justicia.

En la actualidad, el número de magistrados asciende a 35 (de los cuales un 40 % son mujeres), el de auditores del Tribunal de Cuentas asciende a 30 (27 % mujeres) y el de funcionarios de justicia/secretarios judiciales asciende a 86 (27 % mujeres). Se espera que estas cifras aumenten cuando los 13 nuevos alumnos del sexto curso del Centro de Formación Jurídica y Judicial se gradúen en diciembre de 2019. Además, ha aumentado a 132 el número de letrados que ejerce la abogacía por cuenta propia.

ONU-Mujeres organizó e impartió en octubre de 2015 un curso específico sobre género para jueces. El Mecanismo de las Mujeres asumió esta función en 2017 de cara al sexto curso, e impartió ese año un curso de 4 días como parte de los cursos complementarios dirigidos a 35 abogados particulares (20 % mujeres).

Desde 2015 se aprecia un aumento de las referencias directas a la Convención hechas por los jueces en los casos de violencia de género y sexual. Por su parte, el Programa de Supervisión del Sistema Judicial observó que los comentarios o decisiones discriminatorias contra las mujeres han ido disminuyendo desde 2016, y los esfuerzos de los tribunales por procesar los casos de violencia de género pendientes de años anteriores y garantizar que los nuevos casos se tramiten de manera oportuna han tenido una buena acogida.

Concienciar a las mujeres sobre sus derechos y mejorar sus nociones de derecho

Además de divulgar información jurídica de la clínica de acceso a la justicia, el Gobierno y las instituciones estatales, como la PDHJ, llevan a cabo campañas para inculcar nociones de derecho en las comunidades sobre diversos temas. La campaña de 16 días de activismo contra la violencia de género, que se celebra todos los años, también contribuye a crear conciencia sobre el problema de la violencia de género.

Recursos asignados para mejorar el acceso a la justicia formal

En 2015, un aumento de la dotación presupuestaria para el sistema de justicia (21 %) permitió mejorar el material y las infraestructuras de los tribunales de distrito, incluida la habilitación de una sala específica en el distrito de Oecusse para que las víctimas puedan hablar en privado con sus abogados y permanecer separadas del acusado. Entre las mejoras materiales destaca la compra de más vehículos para que los tribunales móviles puedan desempeñar sus funciones.

Aunque en 2016-2019 se destinaron considerables recursos financieros a los tribunales de distrito para seguir garantizando el acceso al sistema de justicia formal en las zonas rurales, la infraestructura no mejoró de manera significativa durante este período.

Artículo 3: Medidas para el desarrollo y la promoción de las mujeres

Recursos del Mecanismo Nacional de las Mujeres

Para obtener información detallada sobre los recursos del Mecanismo Nacional de las Mujeres en el período 2015-2018, se puede consultar el informe de seguimiento que presentó el Estado parte en 2018.

Entre 2015 y 2017 se hizo un esfuerzo por reforzar la capacidad técnica de los grupos de trabajo de género (GWG) para aplicar mejor los principios de integración de la perspectiva de género, especialmente a la hora de elaborar los presupuestos y los planes de acción anuales, sobre todo mediante la organización de cursos a los que asistieron 369 funcionarios (el 60 % mujeres).

En colaboración con el Instituto Nacional de Administración Pública (INAP), la SEII está diseñando un curso de formación general sobre género para difundir los principios de género a nivel gubernamental. Ya se ha elaborado un manual y se espera que las actividades de capacitación comiencen en 2020.

Mecanismo de seguimiento de los planes estratégicos sobre los derechos de la mujer y la igualdad de género

Se ha avanzado en el seguimiento de los fondos públicos destinados a la igualdad de género. Un logro importante en este sentido fue la aprobación del Decreto-ley núm. 22/2015, por el que se creó la Unidad de Planificación, Seguimiento y Evaluación adscrita a la Oficina del Primer Ministro. Esta Unidad es el mecanismo responsable de vigilar la aplicación y la inversión del Gobierno a través de la base de datos Dalan Ba Futuru (“Camino al futuro”). En el marco de la reforma de la gestión de las finanzas públicas (GFP), la definición de un procedimiento para elaborar los presupuestos por programas ayuda a mejorar el sistema de presupuestación con perspectiva de género (GRB), que se puso en marcha en 2007.

El Sistema de Información Financiera y Administrativa del Gobierno (FMIS) incluye ahora un marcador de género que permite dar seguimiento a los fondos invertidos para promover la igualdad de género. Aunque el mecanismo todavía se encuentra en fase de diseño, la Unidad de Planificación, Seguimiento y Evaluación y la SEII ya han empezado a analizar los informes trimestrales que los ministerios competentes presentan al Parlamento. Según el informe del primer trimestre de 2019, el 16 % del presupuesto ejecutado por el Gobierno contribuyó directamente a la igualdad de género.

En coordinación con la Unidad de Planificación, Seguimiento y Evaluación y el Departamento de Asuntos Exteriores y Comercio de Australia, la SEII también estudia los planes de acción anuales de los municipios y la mayoría de las instituciones gubernamentales, empleando cuando corresponde indicadores desglosados por sexo. Se analizaron los planes para 2020 de 67 instituciones gubernamentales, además de todos los elaborados por los municipios.

Por otro lado, la SEII participa como observadora en el comité encargado de revisar el presupuesto, asegurándose de que todos los ministerios y organismos destinen suficientes recursos a la igualdad de género en sus solicitudes presupuestarias generales. Se dedica especial atención a la planificación, presupuestación y aplicación de las tres principales políticas de género a nivel nacional.

Recopilar datos desglosados por género para valorar la repercusión de la presupuestación con perspectiva de género y los programas para las mujeres

Con ayuda de sus asociados internacionales, la Dirección General de Estadística (DGE) ha facilitado más datos desglosados por sexo en todas sus publicaciones, y se han publicado análisis específicos de género para la mayoría de los censos y encuestas realizados recientemente por la DGE.

Desde el punto de vista administrativo, la nota de política sobre la presupuestación con perspectiva de género (GRB) de 2017, elaborada con ayuda internacional a fin de orientar la incorporación de la perspectiva de género en la reforma de la gestión de las finanzas públicas, prevé la creación de un sistema sólido para que los ministerios competentes recopilen estadísticas y datos de género y lograr así que las medidas del Gobierno obtengan mejores resultados. Se espera que el desarrollo del FMIS del Estado y la base de datos Dalan ba Futuru faciliten este proceso, pues obligarán a las instituciones públicas a rendir cuentas del cumplimiento de sus compromisos en sus respectivos ámbitos.

Artículo 4: Medidas especiales de carácter temporal para acelerar la igualdad

(No se ha producido ninguna novedad significativa durante el período en cuestión).

Artículo 5: Funciones y estereotipos de cada sexo

Según los datos del censo de 2015, el porcentaje de mujeres de entre 20 y 24 años que estaban casadas o vivían en pareja antes de cumplir los 18 rondaba el 7 % y había notables variaciones de un municipio a otro. Por otro lado, la Encuesta Demográfica y de Salud (EDS) de 2016 reveló que el 35 % de las mujeres de entre 20 y 49 años se había casado durante la adolescencia, frente al 9 % de los hombres. En cuanto a la poligamia, la EDS de 2016 reveló que el 4 % de las mujeres afirmaba que su marido o pareja tenía otras esposas y el 1 % de los hombres declaró tener varias esposas (un incremento respecto del porcentaje registrado en la EDS de 2009/2010).

Iniciativas relacionadas con los matrimonios forzados y precoces y la poligamia

A petición del Grupo de Mujeres Parlamentarias de Timor-Leste tras la Conferencia Nacional sobre Derechos Sexuales y Reproductivos de 2016, el Gobierno, el UNFPA y Plan International llevaron a cabo un estudio en 2017 para determinar las causas fundamentales de los embarazos en la adolescencia y los matrimonios precoces en el país. El estudio concluyó que los matrimonios precoces solían ser la causa de los embarazos en la adolescencia. No obstante, también destacó que el matrimonio precoz no era una norma social positiva y que ese problema se podría solucionar con educación sexual y un mejor acceso de los jóvenes a la planificación familiar, .

En cuanto a la cuestión de la poligamia, se han puesto en marcha iniciativas legales como la inscripción en el Registro civil de todos los matrimonios en las diversas formas previstas en el proyecto de Código de Registro Civil, con lo que se pretende garantizar la celebración de matrimonios con arreglo a la legislación nacional.

Programas de sensibilización sobre estereotipos discriminatorios y prácticas nocivas

La sensibilización se lleva a cabo mediante programas de educación para padres a nivel comunitario como parte de las políticas relativas a la familia del Ministerio de Solidaridad Social e Inclusión (MSSI). En el marco de estos programas, ejecutados en 2 municipios, se organizan sesiones en las comunidades para fomentar la armonía en el seno familiar y cuestionar los valores patriarcales tradicionales, haciendo especial hincapié en el importante papel de los padres y en la participación equitativa de los hombres en el cuidado y la crianza de sus hijos.

Los programas que llevan a cabo las ONG para transformar las normas sociales en el marco del Plan de Acción Nacional contra la Violencia de Género también contribuyen a reducir los estereotipos discriminatorios. El programa Nabilan que dirige The Asia Foundation ha sido especialmente activo en este ámbito, empleando una metodología de prevención basada en la comunidad (SASA!) que anima a los integrantes de la comunidad a pensar en las ventajas que reporta el equilibrio de poder en las relaciones entre mujeres y hombres.

Se pusieron en marcha varias iniciativas dirigidas a los medios de comunicación, como la elaboración de un código de conducta para periodistas que tiene en cuenta los principios de igualdad de género, la emisión de programas de televisión y radio, y el uso de los medios sociales para aumentar la difusión.

Violencia contra las mujeres

Las conclusiones de la EDS de 2016 sobre la violencia conyugal en los 12 meses anteriores a la encuesta relevan una tendencia al alza de este tipo de violencia respecto de la EDS de 2009/2010 (del 31 % en 2009/10 al 33 % en 2016). Se observa una tendencia parecida en la violencia sexual conyugal (del 2 % en 2009/10 al 5 % en 2016). Las conclusiones del estudio de referencia del programa Nabilan de 2015 (centrado exclusivamente en la violencia contra la mujer y realizado en todos los municipios) parecen corroborar la tasa de violencia física conyugal (aunque su resultado del 36 % es ligeramente superior), mientras que las cifras de violencia sexual conyugal son notablemente superiores (del 31 %).

La tendencia a buscar ayuda decayó entre 2009/10 y 2016, ya que cerca del 24 % de las mujeres víctimas de la violencia buscaban ayuda en 2009/10 frente al 20 % en 2016. El estudio del programa Nabilan de 2015 revela que el 34 % de las mujeres había compartido con alguien su experiencia de violencia de pareja, sobre todo con familiares. Menos del 25 % de estas mujeres habían informado de los hechos a personas en puestos de autoridad.

El dato positivo es que, según las conclusiones de la Encuesta Demográfica y de Salud de 2016, las agresiones físicas a las esposas gozan de una aceptación cada vez menor tanto entre hombres como entre mujeres (del 86 % en 2009/10 al 74 % en 2016 entre las mujeres y del 80,7 % en 2009/10 al 51,6 % en 2016 entre los hombres). Sin embargo, el estudio del programa Nabilan de 2015 muestra una tasa de aceptación más elevada (del 80 % para las mujeres y de entre el 70% y el 79% para los hombres).

Plan de Acción Nacional contra la Violencia de Género (2017-2021)

El Mecanismo de las Mujeres procedió a examinar el Plan de Acción Nacional contra la Violencia de Género llevando a cabo un amplio proceso de consultas entre abril y julio de 2016. El nuevo plan fue aprobado oficialmente en febrero de 2017.

La SEII supervisa el proceso de seguimiento y rinde cuentas al Parlamento. Aunque todavía está en fase de desarrollo, se ha adoptado recientemente una herramienta consistente en una matriz de control con la que se pretende animar a los ministerios competentes a que informen sobre los resultados de sus actividades en el marco del Plan de Acción Nacional contra la Violencia de Género. La SEII presentará su primer informe de resultados en 2020. Según el proyecto de informe de seguimiento de 2018, ese año se destinaron cerca de 350.000 dólares para ejecutar el plan (lo que representa apenas el 17 % del cálculo provisional de los costos de 2018),.

Sensibilización

La estrategia de sensibilización forma parte del pilar I (“Prevención de la violencia de género”) y abarca diversos tipos de formación y sesiones de sensibilización comunitaria dirigidas a los agentes de seguridad y justicia, las escuelas, los líderes comunitarios y los integrantes de la comunidad en general. En el marco de este pilar, el Ministerio de Educación empezó a examinar los planes de estudio y distribuir el material escolar correspondiente.

En 2015-2016, el Mecanismo de las Mujeres organizó 19 sesiones en 7municipios como parte de la campaña de difusión de la Ley contra la Violencia Doméstica. En 2016, los ministerios competentes ejecutaron alrededor de 231.000,00 dólares de los Estados Unidos en el marco de este pilar, lo que representa el 11 % del gasto general en políticas. En el marco del nuevo Plan de Acción Nacional contra la Violencia de Género, el Gobierno y las OSC asociadas llevaron a cabo más actividades, de las que se beneficiaron en 2018 cerca de 8.000 personas (un 55 % mujeres), especialmente en los ministerios competentes y las escuelas.

Diligencia debida del Estado en la prevención y el enjuiciamiento de todos los delitos contra las mujeres

El Gobierno se ha comprometido a abordar la cuestión de la violencia de género utilizando el Plan de Acción Nacional contra la Violencia de Género como estrategia central. Su pilar de prevención tiene por objeto cumplir la obligación de prevención que incumbe al Estado y el pilar III, relativo al acceso a la justicia para las víctimas/supervivientes de la violencia de género, ofrece una estrategia general y actividades detalladas para mejorar la investigación, el enjuiciamiento penal y la indemnización a las víctimas.

En cuanto a la investigación, la Comandancia General de la Policía Nacional (PNTL) publicó en mayo de 2017 unos procedimientos operativos estándar (POE) que incorporan la perspectiva de género y destacan su papel para prevenir y combatir la violencia de género. Gracias al grupo de trabajo creado en 2015 para promover la igualdad de género en la PNTL, se elaboró la estrategia de género de la Policía Nacional de 2018-2022 para prestar servicios con perspectiva de género que respondan a las necesidades de las víctimas de violencia de género.

Entre 2016 y 2018 se impartieron cursos a la PNTL (especialmente a la Unidad de Personas Vulnerables y a la Policía Comunitaria) sobre las necesidades de las víctimas, la notificación de incidentes y la coordinación a la hora de remitir los casos, ya sea por parte de la SEII, los asociados internacionales o la sociedad civil.

Si bien, según los datos de la Unidad de Personas Vulnerables, las denuncias por violencia sexual durante el período que abarca el informe aumentaron de manera ininterrumpida, la tendencia de las denuncias por violencia doméstica es menos evidente, aunque parecen haber aumentado de 2017 a 2018 y los datos intermedios registrados en 2019 podrían apuntar en la misma dirección, . Esto podría significar que existe una mayor conciencia de que la violencia doméstica es inaceptable, lo que explicaría la menor tasa de aceptación de las agresiones físicas a las esposas documentada en la EDS de 2016.

En cuanto al enjuiciamiento de los delitos, se observó un incremento significativo de las causas penales tramitadas por la Fiscalía General entre 2013 y 2016 y una reducción de los casos pendientes en un 27 %, pese a haber aumentado los nuevos casos registrados. Esto obedece, entre otras cosas, a los criterios adoptados para evaluar el desempeño individual y a la contratación de personal nuevo. Dado que los casos de violencia de género representan un porcentaje considerable de las causas penales, , estas mejoras generales confirman que los compromisos asumidos por el Estado han servido para facilitar el acceso a la justicia, incluso entre las mujeres víctimas de la violencia. Sin embargo, el acceso formal a la justicia para las mujeres víctimas de la violencia doméstica sigue planteando dificultades, sobre todo en las zonas rurales.

Aunque los casos de violencia se suelen castigar con penas de prisión de ejecución condicional y multas, desde 2015 se ha observado un aumento de las órdenes adicionales impuestas, como las relativas a las normas de conducta o al pago de indemnizaciones por la vía civil, medidas que antes de esta fecha eran casi inexistentes. Hasta ahora, las condiciones impuestas consisten principalmente en que el autor se persone cada cierto tiempo ante el tribunal, y de esa manera no se sienta completamente libre.

La concesión de indemnizaciones por la vía civil en los casos de violencia doméstica sigue siendo excepcional, a pesar de que se conceden en un número limitado de casos por delitos graves contra la integridad física.

La violencia sexual en el ámbito familiar

Aunque no existe ninguna disposición específicamente referida a la violación conyugal o el incesto, el parentesco (incluidas las uniones de hecho) constituye un factor agravante en los casos de agresión sexual (art. 173 y 182 del Código Penal) y conlleva mayores penas, tanto mínimas como máximas.

Pese a esas disposiciones, la tasa de denuncias por violencia sexual sigue siendo baja y en la práctica los casos de enjuiciamiento por violaciones cometidas en el seno del matrimonio son extremadamente raros, lo que se debe principalmente a que las víctimas no denuncian a sus agresores.

No obstante, se han observado avances en el enjuiciamiento y la condena de los casos de incesto presentados ante los tribunales, que han procurado tramitar las causas que llevaban mucho tiempo pendientes y enjuiciar las causas nuevas sin demora.

Ley de protección de testigos

Aunque ciertas mejoras de las infraestructuras contribuyeron a la aplicación de la Ley de protección de testigos de 2009, su aplicación general sigue siendo limitada debido a la escasez de recursos humanos y financieros. El Ministerio de Justicia tiene previsto realizar consultas sobre esta cuestión.

Atención a las víctimas de la violencia

En 2016, el 86 % del presupuesto ejecutado del Plan de Acción Nacional contra la Violencia de Género se destinó al pilar de protección (el pilar de “prestación de servicios” en el nuevo Plan de Acción Nacional).

El programa de ayuda del Ministerio de Solidaridad Social e Inclusión para las víctimas de la violencia de género, que se concede por decisión de los tribunales, ofrece prestaciones económicas y facilita el acceso de las víctimas a los servicios de apoyo a través de la red de remisión. Sin embargo, el programa tiene un alcance limitado (en 2018 prestó asistencia a 150 víctimas).

En la actualidad, gracias a la colaboración del Gobierno y las OSC, se han habilitado “salas seguras” en los centros de salud de 4 municipios para alojar de manera temporal (1 o 2 noches) a víctimas y supervivientes. Durante 2018, entre 600 y 750 víctimas recibieron y utilizaron los servicios de salas seguras de la organización PRADET (Psychosocial Recovery and Development in East Timor).

Además, gracias a la colaboración entre el Gobierno y las OSC, entre 2014 y 2018 se crearon también 6 refugios nuevos (Uma Mahon) y un centro de transición, con lo que el número de refugios disponibles aumentó a 13 en todo el país. En esas instalaciones se ofrece alojamiento durante períodos más largos de tiempo, así como asistencia integrada a las víctimas para facilitar su reintegración en la comunidad.

La recién creada aplicación móvil “Hamahon”, que cuenta con el apoyo de varios asociados para el desarrollo, facilita información sobre los servicios disponibles para las víctimas de la violencia de género y ayuda a mejorar los servicios a las víctimas que presta la red de remisión.

Sistema de recopilación de datos

Aunque estudios como la encuesta demográfica y de salud o el estudio de referencia del programa Nabilan han contribuido a aumentar la cantidad de datos que se recopilan sobre la violencia de género, todavía no se ha creado ningún sistema de datos administrativos centralizado para la violencia de género. La SEII comenzó a trabajar en este tema en 2019 con el programa de Gobernanza para el Desarrollo y recibirá formación de expertos en estadísticas sociales procedentes de la Oficina de Estadística de Australia.

La violencia contra las mujeres en situaciones de conflicto y su acceso a la justicia

La justicia para las víctimas de la violencia sexual cometida durante la ocupación indonesia en 1999

Dado que la mayoría de los responsables de la violencia sexual se encuentran fuera de la jurisdicción timorense, durante el período que abarca el informe no se procesó a ningún perpetrador. No obstante, en colaboración con la sociedad civil, el Gobierno ha procurado responder a las aspiraciones de justicia social y reconocimiento de la Asociación Nacional de Víctimas.

Aplicación de las recomendaciones de la Comisión para la Acogida, la Verdad y la Reconciliación y la Comisión de la Verdad y la Amistad

El Centro Nacional Chega! se estableció formalmente en 2016 mediante el Decreto-ley núm. 48/2016 y se inauguró en 2017. Se trata de un organismo autónomo creado para facilitar la aplicación de las recomendaciones de la Comisión para la Acogida, la Verdad y la Reconciliación y de la Comisión de la Verdad y la Amistad para Indonesia-Timor-Leste, además de asesorar al Gobierno y estar facultado para aplicar directamente las recomendaciones relacionadas con “La memoria y el aprendizaje” y “La rehabilitación y la recuperación” (art. 6.c y 6.d).

Se considera que las personas que han sobrevivido a la violencia sexual son “los supervivientes más vulnerables a las violaciones de los derechos humanos” (art. 6.a), por lo que se les debe dar prioridad, tal como recomienda la Comisión para la Acogida, la Verdad y la Reconciliación.

En sus etapas iniciales, el Centro Nacional Chega! incidió de manera especial en “La memoria y el aprendizaje”, empezando por señalar el informe Chega! a la atención de los principales ministros del Gobierno. En cuanto a “La rehabilitación y la recuperación”, algunas iniciativas fundamentales llevadas a cabo por el Centro Nacional Chega! desde 2018 en colaboración con la sociedad civil son: 1) la creación del Grupo de Trabajo del Fondo Fiduciario de Solidaridad; 2) la creación del Grupo de Trabajo Psicosocial; 3) la participación en el Grupo de Trabajo sobre Niños Robados, que ayudó a localizar a cerca de 150 niños desaparecidos y los reunió con sus familias; 4) la formalización de la alianza con la Asociación Nacional de Víctimas en marzo de 2019, que permite, entre otras cosas, seguir inscribiendo a las víctimas y crear una base de datos que se espera esté lista a finales de 2019.

El Gobierno brinda apoyo financiero a las mujeres víctimas de la violencia durante el conflicto, principalmente con los fondos de las OSC que trabajan con supervivientes y víctimas del conflicto, como ACbit y Fokupers. Estas organizaciones sirven de enlace entre las víctimas y los servicios sociales y sanitarios o las animan a participar en actividades centradas en los medios de subsistencia y el reconocimiento de las víctimas y supervivientes. Sin embargo, ninguna institución central supervisa la asistencia a las víctimas del pasado conflicto.

En colaboración con el Gobierno, el Centro Nacional Chega! trabaja actualmente en el diseño de dos proyectos centrados en las mujeres víctimas de la violencia sexual durante el conflicto: 1) un marco de cooperación con el Ministerio de Justicia que facilite el registro civil y la expedición de partidas de nacimiento a los hijos de las mujeres víctimas de la violencia sexual durante el conflicto; y 2) un plan de salud para que las víctimas puedan acceder a los servicios sanitarios internacionales, siguiendo el modelo del plan disponible para los veteranos, diseñado junto con el Ministerio de Salud.

Artículo 6: Trata y explotación

Marco jurídico y normativo

La Ley núm. 3/2017 para prevenir y combatir la trata de personas se aprobó en enero de 2017 a iniciativa del Grupo de Trabajo Interinstitucional de Lucha contra la Trata creado en 2016. Con el apoyo de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), ya se ha elaborado un proyecto de plan de acción nacional revisado sobre la trata de personas. Sin embargo, dado que todavía no se ha creado formalmente la Comisión Nacional de Lucha contra la Trata de Personas prevista en la nueva ley, el nuevo Plan de Acción Nacional sigue sin aprobarse por el momento.

En 2018, en coordinación con los administradores de distrito y con ayuda de la OIM, el Ministerio de Justicia emprendió la campaña para difundir la nueva ley en los municipios. Los talleres ofrecen una introducción a las cuestiones relacionadas con la trata de personas, especialmente la identificación y protección de las víctimas, a las organizaciones no gubernamentales, las autoridades locales, la policía, y otros interesados.

Investigación y recopilación de datos sobre la trata y la prostitución

La OIM llevó a cabo una campaña de concienciación y formación sobre la recopilación de datos y el seguimiento de la trata de personas para los agentes encargados de hacer cumplir la ley y otros interesados pertinentes. Además, está previsto crear un subgrupo de trabajo responsable de recopilar datos y vinculado a otro que se encargará del seguimiento y la evaluación en el marco del Grupo de Trabajo sobre Trata.

En 2019 se publicó un estudio sobre la migración que tiene en cuenta todas las tendencias de la movilidad a fin de diseñar estrategias de gestión migratoria y fortalecer la capacidad del Gobierno para responder a diversos problemas en este ámbito, como la trata de personas. Sin embargo, no se ha hecho todavía un estudio a fondo de la prevalencia de la trata y la explotación de la prostitución.

Investigación, enjuiciamiento y condena de los autores de la explotación sexual de mujeres y niñas

Se han tramitado más casos de trata de personas que en el período que abarcaba el informe anterior. Aunque se confirmaron 9 casos de trata de personas con fines sexuales en 2017, en ese mismo año se registraron 267 casos sin confirmar. En 2018 se notificaron 64 nuevos casos confirmados de trata de personas. En 2017/2018 se procesaron 3 casos, pero ninguno de ellos resultó en una condena. Durante todo el período que abarca el informe, solo un proceso judicial se saldó con una condena por tentativa de trata en marzo de 2016.

Identificación, remisión y asistencia para las víctimas

Por lo general, son los funcionarios sobre el terreno del Ministerio de Solidaridad Social e Inclusión quienes se encargan de identificar a las víctimas en el marco de su mecanismo de “asistencia a las personas vulnerables” y en colaboración con la policía. La cooperación entre el personal sobre el terreno del Ministerio de Solidaridad Social e Inclusión, la policía y las ONG ha mejorado gracias a la red de remisión, a pesar de que siguen escaseando los conocimientos especializados en este ámbito.

En 2018, se identificó a 115 víctimas de la trata sexual que fueron puestas en contacto con la OIM y los 3 refugios gestionados por ONG para recibir asistencia. Como la mayoría de las partes interesadas reconocen que la identificación de las víctimas sigue planteando dificultades, el Grupo de Trabajo se esfuerza en armonizar los procedimientos adoptando un POE para identificar a las víctimas.

Sensibilización y formación de los agentes encargados de hacer cumplir la ley y los profesionales del derecho sobre la trata de personas

La OIM organizó en 2018 el primer foro nacional de participación comunitaria sobre la trata de personas. También se organizaron otras sesiones dirigidas a los agentes encargados de hacer cumplir la ley y otros interesados pertinentes en varios distritos, a las que habían asistido unas 660 personas para finales de 2018.

En el marco de los dos programas principales (el de lucha contra la trata de la OIM y la iniciativa MIEUX), se organizaron cursos específicamente dirigidos a la policía y los servicios de inmigración. En 2018, la OIM impartió capacitación a 169 miembros de la fuerza fronteriza y otros funcionarios que trabajan la frontera. En 2018 también se elaboraron diversos materiales de formación en el marco de la iniciativa MIEUX. Todas estas iniciativas abordan la identificación y remisión de las víctimas, además del apoyo psicosocial.

Artículo 7: Participación de las mujeres en la política y la toma de decisiones

Promoción de la representación de las mujeres en la vida política a nivel nacional

Gracias al sistema de cuotas para las elecciones parlamentarias establecido en 2011, en 2018 resultaron elegidas 25 mujeres (38 %), con lo que se superó el 35 % de mujeres en el Parlamento por tercera legislatura consecutiva.

En 2014, se formuló el marco estratégico del Gobierno sobre la participación de las mujeres en la vida política gracias a la ayuda internacional y la colaboración entre las instituciones gubernamentales, el Parlamento Nacional, los partidos políticos y la sociedad civil. En este marco, y en colaboración con OSC locales e internacionales, se organizaron congresos de mujeres en todos los distritos. Aparte de concienciar a las mujeres sobre la política y la educación cívica, uno de los principales objetivos del programa es identificar a posibles candidatas para las elecciones locales o nacionales.

Otras actividades y campañas mediáticas realizadas a nivel nacional en este marco de colaboración también contribuyeron a aumentar la representación de las mujeres en la política y la educación cívica mediante programas de televisión y debates sobre los derechos de las mujeres y la igualdad de género.

La participación de las mujeres en cargos ejecutivos (Ministerios/Secretarías de Estado) sigue siendo limitada y se mantuvo entre el 16 % y el 21 % en los últimos 3 Gobiernos durante el período del informe.

Promoción de la representación política de las mujeres, capacitación y mentoría a nivel local

Los enormes esfuerzos realizados a nivel local también mejoraron la representación de las mujeres en la gobernanza local. Gracias a la campaña “100% Hau Pronto”, una innovadora alianza entre el Gobierno y las ONG que cuenta con apoyo internacional, se revisó la Ley de suco (distritos) y el proceso empleado para elegir a los jefes de distritos y aldeas (suco y aldeia). En virtud de la nueva ley, los consejos de los distritos deben contar con una delegada y una representante de la juventud, y las mujeres han de participar obligatoriamente en las elecciones a la jefatura de aldeia (Ley núm. 9/2016, arts. 65.2 y 65.3).

Con objeto de aumentar el número de candidatas a las elecciones locales de 2016, la campaña siguió animando y preparando a las mujeres para ejercer el liderazgo con independencia del partido político al que estuvieran afiliadas. Se seleccionó a 300 mujeres en puestos de liderazgo para inculcarles esta visión,. Gracias a ello, el número de candidatas se multiplicó por 20 (de 42 en 2009 a 319 en 2016) y el número de mujeres elegidas como jefas de suco pasó de 11 en 2009 a 21 en 2016 (del 2,5 % al 5 %).

En cuanto a la administración local, no hay ninguna mujer que ocupe el cargo de administradora, a pesar de la alentadora tasa del 24 % de mujeres que desempeñan la función de administradoras adjuntas a nivel municipal (en 2 de 12 municipios).

Desafíos pendientes

Los obstáculos más habituales para la participación de las mujeres en la vida política mencionados durante los congresos de mujeres fueron: 1) la falta de ayuda, movilización y motivación de las familias y comunidades para que las mujeres asuman puestos de liderazgo a nivel local, incluso entre las propias mujeres; 2) el sistema patriarcal que todavía predomina en las comunidades; 3) la escasa conciencia que se tiene en las comunidades del potencial de las mujeres como líderes naturales; 4) la falta de interés de las mujeres en presentarse como candidatas, pues todavía carecen de la confianza en sí mismas para ejercer el liderazgo y afrontar las responsabilidades que este entraña.

Las mujeres y la paz y la seguridad

Elaboración y aprobación del plan

El Plan de Acción Nacional relativo a la Resolución 1325 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas se aprobó oficialmente en 2016, una muestra del compromiso del Gobierno de cumplir todas y cada una de las resoluciones que hacen referencia a las mujeres y la paz y la seguridad. El plan se divide en cuatro pilares (participación, prevención, protección y consolidación de la paz) y cuenta con la participación de 12 instituciones gubernamentales.

El plan se elaboró a partir de las experiencias de las mujeres y los hombres timorenses, aprendiendo de sus vivencias durante y después de la guerra, y recordando que las mujeres siguen luchando por conseguir justicia y gozar de igualdad de derechos. Como documento de política, facilita la aplicación de las principales recomendaciones de la Comisión para la Acogida, la Verdad y la Reconciliación.

Estructura de aplicación

Como principal responsable de coordinar la aplicación, el Ministerio del Interior reforzó la estructura ejecutiva, integrada por un comité directivo, cuatro grupos de trabajo (uno por cada pilar), el grupo de seguimiento y evaluación y una secretaría. Además, se ha designado a 27 puntos focales (17 mujeres y 10 hombres) de las 12 instituciones gubernamentales y las 10 OSC responsables de la ejecución, los cuales elaboraron conjuntamente una matriz para determinar los costos y las prioridades para 2018-2020.

Presupuestación y seguimiento del plan

Después de realizar una inversión considerable durante el primer año de aplicación, la dotación presupuestaria se redujo en 2017/2018. Las recientes mejoras introducidas en el sistema de GRB, como un enfoque específico en el Plan de Acción Nacional relativo a la Resolución 1325, se han traducido en un aumento del 56 % de la asignación (estimada en 391.311 dólares de los Estados Unidos para 2019 frente a 221.342 dólares en 2018).

Después de dos años de ejecución, se han llevado a cabo 14 de las 47 actividades previstas en los cuatro pilares del Plan de Acción Nacional relativo a la Resolución 1325 (el 33 %) y 8 actividades siguen en curso para alcanzar los resultados previstos para 2020. Se está avanzando para lograr al menos la mitad de los resultados del plan en 2020.

Ejecución del plan

Los ministerios competentes y las organizaciones de la sociedad civil llevaron a cabo actividades de sensibilización dirigidas a los líderes comunitarios y otros interesados pertinentes, en el transcurso de las cuales se abordaron cuestiones como la violencia de género y la prevención de conflictos en las comunidades, el liderazgo transformador de las mujeres o el reconocimiento del papel de las mujeres durante el conflicto.

El Ministerio de Interior revisó su procedimiento para prevenir y resolver conflictos con miras a aumentar la participación de mujeres y grupos vulnerables. Se introdujeron cambios en la misión, la visión, los principios y los objetivos de la estrategia quinquenal para ajustarlos a las metas del Plan de Acción Nacional relativo a la Resolución 1325 y los ODS. También se diseñaron herramientas y material de capacitación con perspectiva de género y se adaptaron con el apoyo técnico y financiero de ONU-Mujeres. De los 34 mediadores que estaban en activo en 2017, 10 eran mujeres (cifra que debía elevarse a 18 de 39 en 2019).

La asistencia social que prestan el Ministerio de Solidaridad Social e Inclusión y las OSC a las víctimas de conflictos pasados, la creación del Centro Nacional Chega! o la inclusión de las mujeres en los diálogos comunitarios para la paz organizados por el Ministerio contribuyen a la consecución del objetivo de consolidar la paz previsto en el Plan de Acción Nacional.

Las Falintil-Fuerzas Armadas de Defensa de Timor-Leste (F-FDTL) nombraron en 2016 a un punto focal de género que empezó a impartir cursos sobre cuestiones relacionadas con las mujeres y la paz y la seguridad en el centro de capacitación en mantenimiento de la paz creado en 2017.

Por último, la estrategia de género que la Policía Nacional de Timor-Leste diseñó y puso en marcha para 2018-2022 cumple varios objetivos del Plan de Acción Nacional, como puede apreciarse en las actividades de capacitación desarrolladas para prestar servicios en función de las necesidades concretas que tienen hombres y mujeres en materia de seguridad, o en la introducción de un cuota de mujeres del 15 % en las campañas de reclutamiento de la Policía con miras a mejorar la participación. No obstante, el porcentaje de mujeres en la PNTL ya alcanzó el 15 % en 2018, lo que supone una disminución desde 2001 (18 %).

Artículo 8: Participación a nivel internacional

(No se ha producido ninguna novedad significativa durante el período en cuestión).

Artículo 9: Nacionalidad

(No se ha producido ninguna novedad significativa durante el período en cuestión).

Artículo 10: Igualdad en el acceso a la educación

La educación para todos es una prioridad clave del Gobierno y está incluida en el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional de 2011-2030.

Tendencias en el acceso a la educación

En 2015, el 26 % de la población de 6 años o más no había asistido nunca a la escuela, siendo la proporción mayor entre las mujeres (29,4 %) que entre los hombres (22,7 %). Sin embargo, el índice de escolarización por grupos de edad apunta a una mejora significativa del acceso a la educación en los últimos tiempos. En comparación con años anteriores, en 2015 hubo un mayor número de jóvenes escolarizados durante más tiempo, y el 56 % de los jóvenes con edades comprendidas entre los 15 y 24 años estaban escolarizados. Según los datos administrativos disponibles, la matriculación de niños y niñas aumentó sistemáticamente en la enseñanza primaria, donde la tasa neta de matriculación (TNM) ha alcanzado el 86,1 % (tasa bruta de matriculación, TBM: 101,7 %) frente al 72 % registrado en 2015. En la enseñanza secundaria general, los alumnos matriculados pasaron de 45.500 (el 51,8 % niñas) en 2015 a 49.582 en 2017 (el 54 % niñas), situándose la TNM en el 28,8 % (TBM: 57,5 %). Este mismo fenómeno se ha producido, más rápido si cabe, en la enseñanza secundaria profesional: de 6.022 alumnos matriculados en 2015 (el 41,2 % mujeres) a 12.351 (el 40,6 % mujeres) en 2017, con una TNM del 7,4 % (TBM: 14,3 %).

Además, la brecha de género en la educación se ha reducido, mejorando o superando la paridad de género en la enseñanza en casi todas las regiones del país. Según los datos administrativos disponibles, el porcentaje de niñas y niños alcanzó el 96,1 % en la enseñanza primaria, el 117 % en la secundaria (lo que implica que hay más niñas escolarizadas a la edad correcta que niños) y el 68,5 % en la formación profesional secundaria. Según el censo de 2015, el índice de paridad de género era de 1 en la enseñanza primaria y de 1,21 y 1,20 en la educación presecundaria y secundaria, respectivamente. La diferencia se puede atribuir a la mayor tasa de repetidores entre los niños varones (en 2016, el 5 % repitió el sexto curso frente al 3 % de las niñas).

Iniciativas para retener a las niñas en la escuela

El Ministerio de Educación adoptó en 2017 una política nacional para la educación inclusiva por medio de la resolución núm. 18/2017 del Gobierno, que hace hincapié en cuestiones específicamente relacionadas con el género. Algunos de sus principales objetivos son mejorar las tasas de matriculación a todos los niveles educativos, reducir el número de repetidores y la tasa de abandono escolar, reforzar los programas de aprendizaje informal y crear un entorno saludable en el que sea posible proteger los derechos de la infancia.

Con esta política se espera dedicar especial atención a la capacitación de los docentes para que puedan detectar a los alumnos que corren el riesgo de suspender o abandonar sus estudios y promover la colaboración entre escuelas y progenitores y escuelas y comunidades por medio de los consejos de padres y madres que ya existen en todos los centros escolares del país. Además, con ayuda de UNICEF, el Ministerio de Solidaridad Social e Inclusión organizó actividades de sensibilización para los progenitores, incluidas sesiones comunitarias, programas de radio y producciones teatrales locales con miras a reforzar los mensajes de parentalidad positiva, especialmente en los municipios apartados de Viqueque y Ermera, en las que participaron más de 25.000 padres y cuidadores entre 2017 y 2018.

La política también pretende promover la importancia de la educación de las niñas y la sensibilización de las comunidades al respecto, así como reforzar la socialización orientada a la igualdad de género desde edades temprana. Con ayuda de UNICEF, el Ministerio de Educación, Juventud y Deporte ha puesto en marcha varias iniciativas para diseñar sesiones de aprendizaje dirigidas por la comunidad en centros preescolares comunitarios para llegar a los niños que viven en comunidades apartadas y aisladas, además de aumentar el acceso a la educación y concienciar a los progenitores sobre la importancia de estudiar. En 2015, el índice de paridad de género en este nivel de educación era muy favorable a las niñas (1,70).

El Ministerio de Educación, Juventud y Deporte analizó las aulas existentes en cada escuela, análisis que constituye la base de una estrategia de agua, saneamiento e higiene para todos (WASH) (2020-2025). La estrategia define una serie de normas mínimas y prevé instalaciones sanitarias separadas y adecuadas para las niñas. Según los cálculos del Ministerio de Educación, Juventud y Deporte, será preciso construir en total 9.000 aseos nuevos y rehabilitar 2.700.

En general, se observaron avances significativos. En 2016 el 70 % de las escuelas públicas contaba con una fuente de agua mejorada, mientras que en 2019 el porcentaje había aumentado al 78 % de las 1.426 escuelas existentes, con lo que se aseguraba el acceso a una fuente de agua mejorada para el 90 % de los alumnos de la enseñanza pública. También se estrechó la cooperación entre las escuelas y las comunidades mediante la creación de equipos escolares de agua y saneamiento (BESI) integrados por docentes, padres y alumnos para supervisar y reparar los daños de poca importancia.

Violencia física

El Ministerio de Educación, la Comisión de los Derechos de la Infancia y UNICEF encargaron un estudio exhaustivo sobre la violencia contra los niños en los centros educativos y en conexión con estos, estudio que se llevó a cabo en 2015 en colaboración con organizaciones internacionales y nacionales de la sociedad civil. Según las conclusiones del estudio, la violencia física perpetrada por los profesores es una práctica que goza de aceptación general, principalmente cuando se utiliza como castigo. El 71 % de los niños declararon haber sufrido violencia física en los últimos 12 meses a manos de un profesor de su escuela. Aparte de la edad, los casos de violencia física también se vincularon al género (el 75 % para los niños y el 67 % para las niñas). Asimismo, el estudio reveló que, en general, se prefería resolver la situación recurriendo a la mediación y otras medidas reparadoras.

Tras la aprobación de las directrices sobre la metodología técnica de enseñanza y aprendizaje en 2015, que prohíben a los profesores utilizar la violencia, el Ministerio de Educación, Juventud y Deporte reiteró en la política de educación inclusiva su compromiso con las medidas no violentas para controlar el comportamiento de los alumnos. En 2017 se adoptó un reglamento disciplinario (Decreto gubernamental núm. 29/2017), seguido de un conjunto de normas interpretativas para la determinación de las faltas [...] y su gravedad (Orden ministerial núm. 4/2018, Ministerio de Educación), como herramienta práctica para aplicar debidamente el procedimiento disciplinario. La Inspección General del Ministerio de Educación, Juventud y Deporte realizó una campaña de difusión basada en esta nueva normativa.

Se han llevado a cabo varias iniciativas en materia de transporte seguro, la mayoría en zonas urbanas, si bien no son exclusivas del sector educativo. En Dili se llevó a cabo una primera campaña para combatir la violencia contra las mujeres en los medios de transporte y espacios públicos en el marco de la campaña de 16 días de activismo para poner fin a la violencia contra la mujer de 2016. Más recientemente, se puso en marcha la campaña de “Ciudades seguras” contra el acoso sexual, dirigida por ONU-Mujeres, en los dos principales núcleos urbanos del país (Dili y Baucau).

Violencia y acoso sexual en las escuelas (política, casos denunciados y sanciones)

El número de incidentes de violencia sexual en entornos académicos fue reducido (el 9,7 % de niñas y el 7 % de niños) frente a otros tipos de violencia. Los comentarios y tocamientos sexuales por parte de profesores y el acoso sexual por otros niños fueron las formas más habituales de violencia sexual documentadas en las escuelas. Ocho niñas (y ningún niño) declararon haber sido violadas en la escuela (1 %). Otro 3 % dijo además saber de algún caso en el que un profesor había ofrecido favores o dinero a un alumno a cambio de sexo.

Aunque existe la posibilidad de que la violencia sexual no quede reflejada fehacientemente en la encuesta debido al estigma y la normalización del acoso sexual a las niñas, las denuncias formales son casi inexistentes,. Cuando se denuncia la violencia sexual, se suele optar por las soluciones informales o “reparadoras” en lugar de recurrir a la justicia penal,.

El nuevo reglamento disciplinario autoriza el proceso de conciliación como medida auxiliar del procedimiento disciplinario para restablecer la paz teniendo en cuenta el interés superior del alumno (art. 50). Sin embargo, también aclara que el procedimiento de conciliación no es óbice para adoptar medidas disciplinarias y se puede llevar a cabo de forma simultánea (art. 51).

Proceso disciplinario y datos de la Inspección General de Educación

Según el nuevo reglamento disciplinario, los responsables de los centros escolares deben remitir cualquier caso de violencia que se denuncie a la Inspección General del municipio correspondiente. A continuación, el caso se suele remitir a la Comisión de Administración Pública para que esta determine la falta cometida y su gravedad, además de la posible sanción administrativa. En caso de tratarse de una falta leve, se suele optar por el traslado. Cuando la falta es grave, el caso se remite a la policía.

En el momento de redactar este informe, la Inspección General había tramitado 33 expedientes en 2018 y 5 en 2019. En 2018, 8 casos estaban relacionados con agresiones físicas y 7 de ellos fueron resueltos por la Inspección y 1 se remitió a la policía. Solo 1 caso de violencia sexual fue tramitado por la Inspección en 2018 y remitido a la Comisión de Administración Pública. En 2019, la Inspección tramitó 5 expedientes (3 casos de violencia física y 2 de violencia sexual).

Política de reincorporación

La política de educación inclusiva de 2017 incide en el derecho de las niñas embarazadas a seguir cursando sus estudios, [...] y así acabar con el estereotipo existente. La política pretende concienciar a las madres adolescentes y a la comunidad escolar sobre la importancia de terminar los estudios y afianzar los programas educativos sobre salud reproductiva, así como formular una normativa jurídica específica y un plan de acción sobre la reincorporación de las niñas embarazadas y las madres jóvenes a la educación formal.

Aunque todavía no se haya adoptado ninguna política oficial específicamente relacionada con la reincorporación, el Ministerio de Educación, Juventud y Deporte, tras consultar con la SEII, aprobó una medida temporal por medio de una circular oficial para garantizar que las alumnas puedan regresar a clase después de dar a luz. Gracias a ello, el Ministerio facilitó en 2019 la reincorporación a clase de 6 jóvenes madres. Se prevén sanciones disciplinarias contra los profesores o directores de escuela que denieguen a las madres jóvenes su derecho a reincorporarse al sistema educativo. En coordinación con la SEII, las OSC y la Iglesia, el Ministerio de Educación, Juventud y Deporte está llevando a cabo nuevas consultas para definir la política oficial.

Por otro lado, ya se han creado centros comunitarios de aprendizaje en 9 municipios para ayudar a las personas que han abandonado la escuela a retomar sus estudios y conseguir el título equivalente de educación básica. Con el tiempo, estos centros ofrecerán también la titulación equivalente a la enseñanza secundaria.

Programas de salud y derechos sexuales y reproductivos en la enseñanza

El nuevo plan de estudios que se está elaborando para la enseñanza presecundaria y secundaria pretende integrar la educación sobre la salud y los derechos sexuales y reproductivos (el módulo “Aprender sobre mí mismo”). Esta medida se ha puesto en práctica en 10 escuelas de 7 municipios. Con ayuda del UNFPA, el Ministerio de Educación, Juventud y Deporte también ha impartido cursos de formación para formadores y profesionales de la enseñanza.

Asimismo, con la ayuda del UNFPA, se pretende llegar a los jóvenes que no van a la escuela mediante la elaboración de un manual sobre relaciones saludables que se utilizará en los centros juveniles para transmitir conocimientos sobre salud sexual y reproductiva.

Sin embargo, el alcance de esas iniciativas es limitado. A pesar de que el entorno jurídico y político es ampliamente favorable a la educación sobre la salud reproductiva, los tabúes culturales y la escasa preparación de los profesores en la materia dificultan su aplicación y los docentes no siempre abordan el tema.

Analfabetismo

El 64,4 % de la población adulta (15 años de edad o más) sabe leer y escribir (el 68,7 % en el caso de los hombres y el 60,2 % en el de las mujeres). La diferencia entre hombres y mujeres jóvenes (84,7 % y 84,1 %, respectivamente) es menor y las tasas más elevadas de alfabetización entre los adultos apuntan a una mejora en el acceso a la educación básica. Sin embargo, la alfabetización en las zonas rurales sigue siendo mucho más baja y la brecha de género es más amplia (58,8 % de los hombres y 48,8 % de las mujeres) que en las zonas urbanas (89,7 % de los hombres y 85,8 % de las mujeres).

Según el nuevo plan de estudios, la lengua de instrucción en la educación básica temprana es el terum (medida que contribuyó a mejorar los programas de alfabetización) y se prevé introducir de manera bien planificada la alfabetización en portugués. No obstante, el proyecto piloto de educación multilingüe basada en la lengua materna (2012-2015) ha demostrado que el rendimiento académico de los niños mejora cuando reciben educación básica temprana en la lengua más hablada a nivel local.

Un nuevo programa nacional de equivalencia para la educación básica (Decreto-ley núm. 30/2016) aborda los programas de alfabetización para niños no escolarizados y de educación continua. Se elaboró un plan de estudios y se diseñaron los materiales didácticos correspondientes, que se difundieron en los 9 centros de aprendizaje comunitarios ya existentes, además de capacitar a los docentes para enseñar a estudiantes adultos. Se ofrecen métodos de instrucción flexibles a los estudiantes para que jóvenes y adultos puedan seguir aprendiendo mientras atienden a su trabajo, la familia u otras responsabilidades. Se impartió capacitación a 110 profesores de programas de equivalencia, en los que hasta enero de 2017 habían participado 1.670 alumnos (el 55 % mujeres), procedentes en su mayoría de zonas rurales, quienes adquirieron conocimientos lingüísticos esenciales (en terum y portugués).

Artículo 11: Empleo

Tendencias relacionadas con el empleo

La tendencia observada en las encuestas de población activa de 2010, 2013 y 2016 revela un aumento de la población en edad de trabajar, que pasó de 627.000 personas en 2010 a 696.200 en 2013 y 724.500 en 2016 (lo que representa cerca del 60 % de la población). Esas cifras indican que la participación en la fuerza de trabajo aumentó del 30,6 % en 2013 al 46,9 % en 2016, apreciándose una reducción significativa de la brecha de género (del 21,3 % de mujeres y el 39,7 % de hombres en 2013 al 40,6 % de mujeres y el 53 % de hombres en 2016). Entre la población en edad de trabajar, el porcentaje de personas que se dedica a la producción de alimentos para subsistir ha disminuido de forma considerable (del 23,5 % de mujeres y el 27,8 % de hombres en 2013 al 11,9 % de mujeres y el 18,2 % de hombres en 2016). No obstante, para quienes integran la fuerza de trabajo, la tendencia al empleo vulnerable ha aumentado del 54,5 % en 2013 al 58,0 % en 2016, siendo la tasa notablemente más alta para las mujeres (73,6 % en 2016) que para los hombres (47,2 %).

Entre 2010 y 2013, se observó un aumento del empleo asalariado seguro respecto del empleo total (del 30 % al 41 %), aunque ese aumento fue más rápido entre los hombres que entre las mujeres,. Además de las escasas oportunidades de empleo formal en general, dos factores importantes contribuyen a limitar la participación de las mujeres en la fuerza de trabajo: los roles de género y las obligaciones familiares, así como el nivel de estudios.

En 2016, el 1,6 % de las mujeres ocupaban cargos directivos (2.000 mujeres) frente al 3,4 % de los hombres (6.100 hombres). El porcentaje de mujeres que ocupaban cargos de ese nivel se mantuvo constante entre 2013 y 2016 (cerca del 30 % en todos las categorías ocupacionales).

Ratificación de los convenios de la OIT

Después aprobar la Constitución de la OIT en mayo de 2015, el Parlamento ratificó el 5 de agosto de ese año los Convenios 111 y 100, por medio de las resoluciones núm. 11/2015 y 12/2015, y remitió los instrumentos de ratificación al Director General de la OIT el 10 de mayo de 2016.

Programas relacionados con el acceso de las mujeres al empleo

Las dos políticas de empleo más importantes del período que abarca el informe tienen en cuenta las cuestiones de género. El Programa de Trabajo Decente del País (PTDP) 2016-2020 pretende mejorar el acceso a los servicios y a oportunidades de empleo en el sector privado, mientras que la Estrategia Nacional de Empleo 2017-2030 tiene por objeto “aumentar la reducida participación en la fuerza de trabajo actual [...], en particular de las mujeres”.

En el marco del PTDP, la Secretaría de Estado para la Formación Profesional y el Empleo (SEPFOPE) está en vías de crear centros de orientación profesional y empleo en todos los municipios de modo que, como mínimo, el 30 % de las orientadoras hayan recibido la capacitación necesaria para 2020.

Hay varias iniciativas en marcha para aprovechar el potencial local mediante programas de transferencia en efectivo y formación empresarial implementados directamente por el Gobierno (MTCI/SEII) o con la ayuda de la sociedad civil cuyo objetivo es promover actividades empresariales que beneficien a los grupos de mujeres,. Los programas de inversión intensiva en empleo dirigidos especialmente a la población rural, como los programas “Road 4 Development” y “ERA Agro-Forestal”, permitieron conquistar importantes logros en materia de desarrollo rural e inclusión de la mujer. En 2018, el 30 % de las jornadas de trabajo generadas se reservaron a mujeres y cerca del 50 % de las empresas contratistas que recibieron capacitación y contratos de licitación eran propiedad de mujeres.

Las estrategias para el desarrollo del sector privado y la inclusión financiera también tienen en cuenta los principios de género y el empleo de las mujeres. En el marco de la Estrategia Nacional de Inclusión Financiera, el Sistema de Garantía de Crédito para Pequeñas y Medianas Empresas creado por el Banco Central de Timor-Leste tiene por objeto fomentar las pequeñas y medianas empresas e impulsar el emprendimiento entre jóvenes y mujeres (Decreto-ley núm. 23/2017, art. 11.f).

IADE amplió en 2016 sus programas de emprendimiento y formación con 1.111 aprendices (45 % mujeres) en empresas de todo tipo. Además, el porcentaje de mujeres matriculadas en la enseñanza y formación técnica y profesional en ocupaciones no tradicionales (como la construcción o la compraventa de automóviles) ha ido creciendo lentamente (21 % en 2014, 29 % en 2015), mientras que la proporción de mujeres que asisten a cursos de hostelería y administración es, por lo general, más elevada. En términos generales, durante el período 2014-2018, el porcentaje de mujeres que participaban en programas de enseñanza y formación técnica y profesional alcanzó el 57 % en todos los sectores de formación profesional.

Según los datos de la SEPFOPE para el período 2014-2018, el 39 % de las mujeres habían conseguido empleo al finalizar un programa de capacitación. No obstante, el porcentaje global de inserción laboral de los aprendices durante ese período fue reducido (cerca del 13 %), especialmente debido a las escasas oportunidades de conseguir un trabajo formal, sobre todo en las zonas rurales.

Cobertura de seguridad social y protección de la maternidad

El primer régimen de seguridad social de carácter general y contributivo para la población en edad de trabajar se aprobó oficialmente en 2016 (Ley núm. 12/2016) y comenzó a funcionar en agosto de 2017. Es obligatorio para todos los trabajadores del sector privado formal y del sector público, y contiene disposiciones relativas a la vejez, la invalidez (Decreto-ley núm. 17/2017), la maternidad, la paternidad (Decreto‑ley núm. 18/2017) y la muerte (Decreto-ley núm. 19/2017).

En el momento de redactar este informe, 72.789 trabajadores ya estaban inscritos y cubiertos en 2019, lo que representa alrededor del 20 % de la población activa. Un 66 % de los trabajadores inscritos proceden del sector público, un 33 % del sector privado y el 0,5 % son trabajadores por cuenta propia. Las mujeres representan el 32 % de todos los trabajadores inscritos. Hasta octubre de 2019 se habían abonado prestaciones por paternidad a 1.147 beneficiarios en total (un 74 % por maternidad y el 26 % por paternidad) y se habían pagado pensiones de supérstite a 708 beneficiarios (87,5 % hombres y 12,5 % mujeres).

Dado que un porcentaje considerable de las mujeres que participan en la fuerza de trabajo tienen un empleo vulnerable y no han suscrito ningún contrato de trabajo formal, es poco probable que puedan acceder a este régimen, lo que supone una clara limitación.

La elaboración de un proyecto de ley sobre los trabajadores domésticos por parte de la SEPFOPE en colaboración con las organizaciones de mujeres y los sindicatos o los programas de empleo público rural representan un avance para que estas categorías concretas de trabajadores vulnerables, en las que se inserta un importante número de mujeres, puedan acceder a contratos de trabajo formales.

Supervisión de las condiciones de trabajo de las mujeres

La Inspección General de Trabajo es responsable de supervisar las condiciones laborales de los trabajadores realizando visitas de inspección. En 2016-2019 se visitaron 5.725 empresas que empleaban en total a 74.726 trabajadores (cerca del 22 % mujeres), .

Denuncias laborales tramitadas por la Inspección General de Trabajo

Tras una activa campaña de difusión de la ley en 2012-2015 a raíz de la aprobación del Código de Trabajo, las iniciativas tuvieron continuidad en 2016-2019 (llegando a más de 1.500 participantes, de los cuales cerca del 40 % eran mujeres).

Entre 2016 y octubre de 2019, la Inspección General de Trabajo recibió 427 denuncias correspondientes a 721 casos tramitados que exigieron una intervención directa en forma de visitas de inspección (137 denuncias, o el 32 %, fueron presentadas por mujeres). La mayoría de los casos estaban relacionados con el contrato de trabajo, el salario mínimo y las horas extraordinarias, y se resolvieron directamente mediante la intervención de los inspectores. Un reducido porcentaje de casos (el 9 % en 2012-2017) se remitió a la dirección de relaciones laborales para utilizar los servicios de mediación y conciliación, y en unos pocos casos el trabajador retiró la denuncia después de llegar a un acuerdo con el empleador.

En cuanto a las medidas correctivas y las sanciones, la Inspección General de Trabajo puede elegir entre 3 opciones. Si lo considera necesario, puede notificar a la empresa antes de realizar una visita (Termus Notifikasaun). En caso de corroborarse la irregularidad observada por la Inspección General de Trabajo, se puede enviar un aviso a la empresa para que resuelva el problema (Auto Adverténsia). Por último, cuando se detectan problemas importantes, la inspección multa a la empresa (Auto Notísia). Las multas impuestas a las empresas han ido aumentando de forma considerable cada año del período en cuestión, .

Brecha salarial de género

Según la Mini Encuesta de Población Activa de 2016, el salario medio mensual de los hombres era de 235,9 dólares de los Estados Unidos y el de las mujeres de 184,0 dólares. Por lo tanto, la brecha salarial de género era del 22 %.

Algunas de las posibles causas de esa brecha eran la sobrerrepresentación de las mujeres en industrias y ocupaciones que solían estar peor remuneradas, como la hostelería y la administración, y la elevada tasa de mujeres que trabajaban a tiempo parcial (el 29 % de las mujeres empleadas frente al 13 % de los hombres en 2013).

Artículo 12: Acceso a la salud

Aborto

En el período sobre el que se informa no se ha revisado el marco jurídico relativo al aborto.

Tendencias de los indicadores de salud sexual y reproductiva

En el período en cuestión se han hecho avances significativos en materia de salud sexual y reproductiva, sobre todo en la reducción de las tasas de mortalidad materna y de niños menores de 1 año. En el tiempo transcurrido entre las Encuestas Demográficas y de Salud (EDS) de 2010 y 2016, la razón de mortalidad materna se redujo de 557 a 195 por cada 100.000 nacidos vivos; la tasa de mortalidad relacionada con el embarazo, de 557 a 218 por cada 100.000 nacidos vivos; la tasa de mortalidad de menores de 1 año, de 45 a 30 por cada 1.000 nacimientos; y la tasa de mortalidad de menores de 5 años, de 64 a 41 por cada 1.000 nacimientos.

Además, el 49 % de los partos tuvieron lugar en centros de salud (más del doble que en 2009-2010), la proporción de partos atendidos por personal de salud cualificado aumentó del 30 % al 57 %, y la tasa de mujeres que acudieron a al menos cuatro visitas de atención prenatal aumentó del 55 % al 77 %.

Es importante señalar que la tendencia observada en los censos de 2010 y 2015 es sistemáticamente superior a los datos de las EDS de 2009-2010 y 2016. Sin embargo, tanto en las EDS como en los censos se observa una clara tendencia decreciente en las tasas de mortalidad materna y de mortalidad en la niñez.

Acceso a la atención sanitaria básica

En 2017, la infraestructura sanitaria incluía 6 hospitales, 71 centros de salud, 43 clínicas de maternidad, 318 puestos sanitarios y 469 servicios integrados de salud comunitaria, lo que representa un aumento del 66 % en comparación con 2010. No obstante, el 46 % y el 44,4 % de las mujeres, respectivamente, siguen señalando que la “distancia al centro de salud” y “el hecho de tener que utilizar transporte” dificultan de manera significativa el acceso a la atención sanitaria (el 58 % y el 56 % en el caso de las mujeres que viven en zonas rurales).

En 2017 el país contaba con 2.007 proveedores de atención sanitaria,, aproximadamente un 15 % más que en 2010. Esta mejora fue posible gracias al apoyo del Gobierno de Cuba y a la creación de una Facultad de Enfermería y Obstetricia en la Universidad Nacional de Timor-Leste. En la actualidad hay 0,63 médicos por cada 1.000 habitantes, con lo que se superan los requisitos mínimos de la OMS, y la proporción de trabajadores sanitarios que no son médicos es de 1,12 por cada 1.000 habitantes, cifra que sigue por debajo de los estándares mínimos (con grandes variaciones entre municipios).

Diversos factores relacionados con el género también exacerban la desigualdad en el acceso a la atención sanitaria. Por ejemplo, una de las barreras que suelen mencionar las mujeres es la imposibilidad de obtener permiso de su pareja para acudir a consulta. También se observan variaciones en función del nivel educativo de las mujeres o de su grupo socioeconómico,.

El Programa Nacional de Salud de la Familia, que el Ministerio de Salud aplica desde julio de 2015 con el respaldo de los asociados para el desarrollo, tiene por objeto proporcionar a los hogares un paquete de servicios integrales de atención primaria de la salud que comprende visitas a domicilio, consultas clínicas, tratamiento y remisión de pacientes por profesionales de la salud. En mayo de 2017, los equipos médicos habían visitado el 94 % de los hogares y registrado los datos del 84 % de la población a nivel individual.

Servicios de salud sexual y reproductiva

A pesar de que la atención sanitaria básica ha mejorado, sigue habiendo dificultades para prestar servicios adecuados de salud reproductiva, materna, neonatal e infantil. Aunque en 2015 ya había varios centros de atención obstétrica y neonatal integral de emergencia que cumplían las normas de las Naciones Unidas, siete municipios carecían de centros de este tipo, y al menos un tercio de todos los centros de salud comunitarios se encontraban a más de dos horas de distancia de un centro de atención obstétrica y neonatal de emergencia. En términos generales, había 3,4centros de atención obstétrica y neonatal de emergencia y 2,6 centros funcionales de atención obstétrica y neonatal integral de emergencia por cada 500.000 habitantes. El número de centros básicos de atención obstétrica y neonatal de emergencia aumentó de 2 en 2015 a 11 en 2019.

En 2016 se actualizaron las normas y los planes de tratamiento para la atención durante el parto y el período inmediatamente posterior, que se difundieron mediante cursos de formación de formadores dirigidos generalmente al personal de los centros de salud comunitarios. Desde 2018 se impartieron cinco módulos de formación para 50 parteras y 10 médicos. También se contribuyó a reforzar la capacidad de las instituciones de capacitación mediante el nombramiento de un coordinador de formación sobre atención obstétrica y neonatal de emergencia de dedicación exclusiva, así como de coordinadores de capacitación entre el personal del Instituto Nacional de Salud. Se aumentó la capacidad del centro de formación clínica (Hospital Nacional Guido Valadares) para mejorar la atención obstétrica y neonatal de emergencia especializada, incluida la atención de las complicaciones, lo que hizo posible reducir al mínimo las remisiones a los hospitales.

Por otro lado, tras los alentadores resultados obtenidos en 2013 con la experiencia piloto en un municipio, se amplió la cobertura del proyecto Liga Inan a todos los municipios con el apoyo financiero del Gobierno de Australia. Este innovador programa facilita la comunicación por teléfono móvil entre las embarazadas y los proveedores de servicios sanitarios, con lo que aumenta el acceso a los servicios de salud sexual y reproductiva y a la atención médica de emergencia y mejora los servicios de sensibilización y asesoramiento, en particular en las zonas rurales y remotas. En este momento hay 16.452 mujeres inscritas; desde 2013, 53.112 mujeres han disfrutado de este servicio. En julio de 2016, la tasa de partos y atención posparto en los centros de salud de las mujeres inscritas en el programa había aumentado de forma significativa,.

Examen de las muertes maternas

El Ministerio de Salud adoptó en 2014 una hoja de ruta para el desarrollo y la implementación de un sistema de vigilancia y respuesta para hacer frente a las muertes maternas. En 2015, se estableció el proceso de examen de las muertes maternas en todos los hospitales y en 2017 se amplió a otras instalaciones. En 2016 se incorporó a los procedimientos operativos estándar la presentación de informes sobre la autopsia verbal, por ejemplo, en el caso de muertes durante el parto e inmediatamente después de este. Se impartió capacitación al personal sanitario de los seis hospitales sobre el nuevo sistema de vigilancia y respuesta para hacer frente a las muertes maternas, así como al personal de atención de salud a nivel comunitario, las autoridades locales, los líderes comunitarios y las ONG sobre el nuevo procedimiento operativo estándar.

Planificación familiar y fecundidad

A pesar de que entre 2010 y 2016 aumentó el uso de métodos anticonceptivos modernos entre las mujeres casadas (del 21 % al 24 %), con tasas comparables entre las zonas rurales y urbanas (25 % frente a 23 %, respectivamente), la planificación familiar todavía no es una práctica común, y la tendencia es moderada.

Entre las mujeres casadas, las necesidades insatisfechas de anticonceptivos disminuyeron del 32 % en 2009-2010 al 25 % en 2016, mientras que las necesidades atendidas aumentaron ligeramente, del 22 % al 26 %. No obstante, la demanda total de planificación familiar entre las mujeres casadas sigue siendo relativamente baja y experimentó una leve disminución, del 54 % en 2009-2010 al 51 % en 2016 (por tanto, el 49 % de las mujeres casadas consideraba que no necesitaba la planificación familiar).

La EDS de 2016 sobre las necesidades y la demanda de planificación familiar de las mujeres aporta datos sobre todas las mujeres, incluidas las mujeres solteras sexualmente activas. Si se considera a todas las mujeres, la demanda total de planificación familiar desciende al 32 % (cifra que incluye a aproximadamente un 16 % de mujeres cuyas necesidades se han satisfecho y a alrededor de un 16 % de mujeres cuyas necesidades no se han atendido). Si solo se considera a las mujeres solteras sexualmente activas, la demanda total se eleva al 81 %, de las cuales más del 90 % tienen necesidades sin atender,.

En cuanto a la fecundidad, pese a que esta se redujo de un promedio de 5,7 hijos en 2009-2010 a 4,2 hijos en 2016, la tasa global de fecundidad sigue siendo una de las más altas de la región.

Mientras que las barreras físicas para acceder a los medicamentos y a los anticonceptivos siguen siendo importantes, sobre todo en las zonas remotas, otras barreras como las restricciones culturales limitan el acceso a los métodos modernos de planificación familiar. Se suministran anticonceptivos de forma gratuita en los centros de salud públicos, pero estos servicios se reservan en su mayor parte a las mujeres que ya tienen hijos. Las personas sin hijos o solteras pueden verse privadas de acceso a los servicios de planificación familiar por consideraciones morales y religiosas.

Embarazos de menores

En 2016, 7 % de las adolescentes de entre 15 y 19 años habían comenzado a procrear, 5 % habían dado a luz y 2 % estaban embarazadas de su primer hijo (el 1 % de las adolescentes habían tenido relaciones sexuales antes de los 15 años). El 9,3 % de las mujeres de 20 a 49 años habían dado a luz antes de cumplir 18 años,. Los resultados del estudio sobre el embarazo en la adolescencia indican que las jóvenes tienen poca capacidad de decisión a la hora de mantener relaciones sexuales. La tasa relativamente alta de embarazos en la adolescencia y cuestiones como la mortalidad materna por abortos en condiciones de riesgo, el abandono de bebés o el infanticidio tienden a confirmar estas conclusiones.

Dado que los conocimientos sobre salud reproductiva son particularmente escasos entre las mujeres,, se espera que los programas de educación sobre esta cuestión y en materia de derechos contribuyan a reducir la incidencia de tales problemas. Sin embargo, el carácter delicado de esta cuestión sigue representando un obstáculo para ejecutar los programas,.

Malnutrición

La prevalencia del retraso del crecimiento disminuyó del 58 % al 46 % entre 2010 y 2016. También se redujo la prevalencia de niños con peso insuficiente, del 45 % al 40 %. Sin embargo, la prevalencia de niños subalimentados aumentó del 19 % al 24 %. La prevalencia del retraso del crecimiento, la subalimentación y el peso insuficiente es ligeramente menor en las niñas (43 %, 22 % y 38 %, respectivamente) que en los niños (48 %, 26 % y 43 %). Las tasas son en general más altas en las zonas rurales.

La Estrategia Nacional de Nutrición para 2014-2019, elaborada y dirigida por el Ministerio de Salud, se centra en las mujeres embarazadas y los niños menores de 2 años con el propósito de reducir la carga de la malnutrición. En ella se incluye un plan operacional con costos detallados que posibilita el seguimiento del gasto en nutrición por sectores.

El proyecto piloto Hamutuk de impacto colectivo en el ámbito de la nutrición (2015-2019) está contribuyendo a mejorar la situación nutricional mediante la coordinación de más de 20 instituciones gubernamentales y ONG de múltiples sectores con vistas a reducir la prevalencia del retraso del crecimiento en los niños menores de 2 años. En el marco de este programa, se reconocen actividades destacadas de grupos de mujeres para promover y mejorar la nutrición en sus comunidades.

El Ministerio de Educación, Juventud y Deporte y el Ministerio de Agricultura y Pesca tienen previsto reformar de forma profunda las escuelas secundarias agropecuarias y elaborar un plan de estudios en el que se tenga en cuenta la nutrición. El objetivo es capacitar a la juventud de las zonas rurales y animar a las mujeres a dedicarse a la cría de ganado menor para el autoconsumo y la generación de ingresos, con el fin de impulsar el consumo de fuentes de alimentación animal.

Se crearon grupos de apoyo a las madres en colaboración con el Ministerio de Salud, la Unión Europea y el UNICEF. Su propósito es empoderar a las madres y a las familias, ayudándolas a fomentar prácticas domésticas fundamentales centradas en la nutrición con vistas a mejorar la salud maternoinfantil. Esos grupos promueven el importante papel que desempeñan las mujeres en sus comunidades y animan a los hombres a participar para mejorar la salud de madres e hijos.

Artículo 13: Derechos económicos y sociales

Esfuerzos en pos de un sistema de seguridad social universal

El Régimen General de la Seguridad Social, adoptado en 2016, sustituye al régimen transitorio y complementa los 25 programas de protección social transitorios y no contributivos que ya existían. Se trata del primer régimen social con el que se procura dar cobertura a todos los trabajadores y sus familias. En él se prevén prestaciones generosas en comparación con las normas internacionales,. Sin embargo, se ofrece cobertura principalmente a quienes tienen un empleo formal (grupo en el que las mujeres son minoría).

Las personas con discapacidad, incluidas las mujeres, tienen derecho al subsidio de apoyo a personas de edad e inválidas, que se creó en 2008 y es en este momento el programa de protección social más completo, el cual proporciona una prestación en efectivo de 30 dólares al mes. Mientras que el 93 % de las personas de 60 años o más se beneficiaban de este plan en 2017 (54 % mujeres y 46 % hombres), solo alrededor de un 20 % de las personas con discapacidad se benefician de él (48 % mujeres y 52 % hombres), por desconocimiento y problemas operacionales.

En 2016 se creó el Instituto Nacional de Seguridad Social para centralizar la aplicación de todos los regímenes de seguridad social. Además, el Ministerio de Solidaridad Social e Inclusión inició un amplio diálogo participativo entre 2016 y 2018 con vistas a elaborar la primera Estrategia Nacional de Protección Social (2019-2030). Dado que la mayoría de los programas de protección social se habían concebido de forma aislada, sin una visión estratégica amplia, con esta estrategia se procuró un sistema de protección social más eficiente e integrado. En la estrategia, que se aprobó oficialmente en noviembre de 2018, se establecen los objetivos y las medidas relacionados con la protección social. En este marco, se firmó con el Gobierno de Portugal un programa de cooperación bilateral entre 2019 y 2022 que contempla la creación de un Fondo de Reserva de la Seguridad Social para garantizar la sostenibilidad del sistema.

Programa Bolsa da Mãe

En 2015, alrededor del 16 % de los hogares (unos 32.000) estaban encabezados por mujeres; la tasa se había mantenido bastante estable desde el censo de 2010. Para dar cobertura a esta población vulnerable se amplió el programa Bolsa da Mãe, tanto en el número de beneficiarios como en el monto de las prestaciones, de modo que la inversión aumentó de forma significativa. Se pasó de una cobertura de 15.000 hogares en 2011 (con un presupuesto total de 2,5 millones de dólares) a 61.705 hogares (el 29 % del total) en 2017, y se ofrecieron prestaciones a más de 183.000 niños (el 32 % del total), con un presupuesto cercano a los 9 millones de dólares. Las prestaciones alcanzan los 5 dólares al mes por niño, hasta un máximo de tres niños por hogar.

Se ha observado una importante reducción de la pobreza en los hogares encabezados por una mujer, que se ha producido a un ritmo más rápido que en los hogares encabezados por un hombre,. Sin embargo, el nivel relativamente bajo de las prestaciones del programa Bolsa da Mãe puede limitar su impacto en la reducción de la pobreza en los hogares más pobres.

Estrategia para el empoderamiento económico y la inclusión financiera de las mujeres

La colaboración en el seno del Gobierno en favor del empoderamiento económico de las mujeres se ha reforzado en la nueva fase de la Declaración de Maubisse sobre las Mujeres Rurales (2018-2023), que obliga al Gobierno a mejorar la vida de las mujeres rurales a través de varias medidas como el acceso al crédito o la formación.

En este marco, en 2019, el Presidente anunció que se destinarían 1,5 millones de dólares al nuevo programa de transferencias en efectivo rotatorias, con el que se ayudará a grupos de mujeres rurales a poner en marcha pequeñas empresas. El programa proporciona 10.000 dólares a 11 o 12 grupos de mujeres por municipio, que reciben formación en desarrollo empresarial para crear negocios sostenibles.

Aunque la Declaración de Maubisse todavía no incluye indicadores, el sistema de presupuestación con perspectiva de género coordinado por la UPMA exige que los ministerios competentes supervisen las actividades que se lleven a cabo en el marco de la Declaración e informen sobre ellas. Sin embargo, todavía hace falta una mayor socialización para alentar al Gobierno a invertir en esta iniciativa.

En vista de la importancia de la inclusión financiera para el empoderamiento económico, el Banco Central de Timor-Leste elaboró y aprobó la Estrategia Nacional de Inclusión Financiera 2017-2022. En ella se concede una gran importancia al acceso de las mujeres a servicios financieros asequibles de calidad, promoviendo e incluyendo planes de acción centrados en las mujeres,.

Inclusión financiera de las mujeres

En 2018 el 65 % de la población adulta tenía cierto acceso a algún servicio financiero (principalmente a instituciones bancarias y otras entidades de depósito), con variaciones entre municipios, pero en los datos de los clientes del sector financiero desglosados por género se observa que los clientes de las entidades de depósito son en su mayoría mujeres (88 % de los clientes), mientras que en los clientes de otros proveedores de servicios financieros hay un mayor equilibrio entre mujeres y hombres (53 % de los clientes en el caso de los bancos y 49 % en el de las cooperativas de crédito son mujeres).

Mujeres con discapacidad

Marco jurídico y normativo

Tras aprobar la política nacional en 2012 y un plan de acción nacional conexo para 2014-2018 sobre los derechos de las personas con discapacidad, el cual abarca diez sectores, el Ministerio de Solidaridad Social e Inclusión (MSSI) está ahora llevando a cabo el proceso de consulta para desarrollar la segunda fase del plan de acción nacional (2020-2024).

El MSSI está colaborando con la Asociación de Personas con Discapacidad (ADTL) en la elaboración de una ley específica y la creación de un Consejo Nacional de la Discapacidad de cara a la aplicación y el seguimiento del plan de acción nacional. Además de los marcos jurídico e institucional, el Ministerio también está trabajando para que se ratifique la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Sin embargo, hasta la fecha el Consejo de Ministros no ha podido examinar esta petición.

Campañas de concienciación y programas de creación de capacidad

El Día Internacional de las Personas con Discapacidad se celebra anualmente en todos los municipios para aumentar la conciencia y visibilidad de las personas con discapacidad entre el público en general. El MSSI también celebra cada año un amplio seminario nacional sobre cuestiones de discapacidad que contribuye a sensibilizar a quienes formulan políticas.

A nivel comunitario, el Centro Nacional de Rehabilitación lleva a cabo actividades periódicas de sensibilización a través de su programa SRIKAR, . La sociedad civil, con el respaldo del MSSI y del programa Partnership for Human Development, se muestra asimismo muy activa en esta cuestión.

El Centro Nacional de Rehabilitación también aumenta de forma continua la capacidad de su personal, en particular en la esfera de la atención médica para la rehabilitación. La organización RHTO llevó a cabo un análisis de las necesidades de formación que dio lugar a programas de creación de capacidad para el personal de las organizaciones de personas con discapacidad. Por último, gracias a la colaboración entre el Programa Nacional para el Desarrollo de las Aldeas (PNDS) y la RHTO, se impartió formación sobre inclusión de la discapacidad a los facilitadores del PNDS con el fin de mejorar el desarrollo inclusivo de la discapacidad en las zonas rurales.

Acceso de las mujeres y las niñas con discapacidad a una educación inclusiva

Solo el 33 % de las jóvenes con discapacidad de entre 5 y 24 años están escolarizadas y el 55 % no han asistido nunca a la escuela (las tasas entre los hombres jóvenes son similares). Entre quienes asistieron a la escuela, las tasas de abandono escolar son también mucho más altas entre los niños con discapacidad. En consecuencia, solo el 15,3 % de las personas con discapacidad están alfabetizadas y hay disparidades significativas entre los géneros (el 10,5 % de las mujeres y el 20,5 % de los hombres).

En respuesta a esta situación, en la Política de Educación Inclusiva de 2017 y la Política Nacional de Juventud de 2016 se considera a los jóvenes con discapacidad un grupo prioritario del apoyo educativo.

En el marco del programa de Partnership for Human Development se impartió formación de orientación y mentoría a las principales partes interesadas en la educación con el fin de mejorar los enfoques pedagógicos para las personas con discapacidad. Se formó a 87 proveedores de servicios educativos (un 30 % mujeres). En junio de 2017 se habían llevado a cabo actividades de mentoría y creación de capacidad sobre métodos de aprendizaje que tienen en cuenta la discapacidad para dirigentes escolares, personal docente y mentores de 228 escuelas, lo que podría repercutir en 15.000 estudiantes.

Por último, el Centro Comunitario de Aprendizaje de Dili ofrece educación adaptada al alumnado con deficiencias visuales y auditivas.

Acceso de las mujeres con discapacidad a la salud

El Centro Nacional de Rehabilitación, establecido en Dili, es el mayor proveedor de servicios dedicado a las personas con discapacidad. Su programa de divulgación SRIKAR está desempeñando una importante labor de registro de las personas con discapacidad en las zonas rurales. En 2017 se había remitido al Centro al 30 % de las personas con discapacidad registradas teniendo en cuenta sus necesidades. El programa también brinda asistencia a través de la provisión de sillas de ruedas (117 beneficiarios, de los cuales el 43 % son mujeres), prótesis ortopédicas (168 beneficiarios, el 30 % mujeres) y otros artículos. En 2017 se elaboró un registro de los servicios y los medios para la remisión de las personas con discapacidad disponibles en todos los municipios.

En la evaluación de los proyectos de infraestructura del PNDS, en particular los proyectos de carreteras y puentes, se hizo patente una mejora en el acceso a los servicios sanitarios para el 41 % de las personas con discapacidad beneficiarias entrevistadas. Además, en los proyectos relacionados con el suministro de agua también se observaron resultados alentadores en cuanto a la mejora de la salud de las personas con discapacidad,. No obstante, en términos generales, las personas con discapacidad siguen encontrando dificultades para acceder a la mayoría de las infraestructuras y el transporte, sobre todo en las zonas rurales.

Medidas para hacer frente a la violencia contra las mujeres con discapacidad

No se dispone de datos específicos sobre la violencia contra las mujeres con discapacidad. Sin embargo, en el nuevo plan de acción nacional contra la violencia de género (2017-2021) se reconoce la vulnerabilidad de las mujeres con discapacidad ante la violencia. Aunque la capacidad para satisfacer sus necesidades específicas es limitada, hace poco se incluyó el Centro Nacional de Rehabilitación en la red de remisión de casos de violencia de género a fin de mejorar la atención de las mujeres con discapacidad que son víctimas de la violencia.

El programa del proyecto conjunto Empower for Change de las Naciones Unidas para el período 2018-2020 se concibió para ayudar al Gobierno y a instituciones nacionales clave, como el Centro Nacional de Rehabilitación o el sistema judicial, las OSC y las organizaciones de personas con discapacidad, a reducir las actitudes nocivas que perpetúan la tolerancia de la discriminación contra las personas con discapacidad, especialmente las mujeres y las niñas, y fortalecer las capacidad de los proveedores de servicios. En este marco, dos organizaciones de personas con discapacidad están elaborando una guía práctica sobre la violencia de género contra las personas con discapacidad, con el apoyo de un comité técnico del que forman parte representantes del Gobierno, miembros de la red de remisión de casos de violencia de género y organizaciones de personas con discapacidad.

Pese a que se han tomado medidas positivas en el plano normativo, su aplicación efectiva sigue resultando complicada debido a las importantes barreras para las personas con discapacidad, en particular para las mujeres, y a la falta de financiación y conocimiento de las cuestiones relacionadas con la discapacidad que limitan el alcance de los servicios de apoyo, sobre todo en las zonas rurales. Por ello, la participación de las personas con discapacidad en todos los ámbitos de la vida sigue siendo muy limitada.

Artículo 14: Mujeres rurales

El proceso de registro nacional oficial no se había completado en el momento de redactar este informe, por lo que todavía no se dispone de datos precisos sobre el acceso de las mujeres a la propiedad de la tierra. No obstante, las estimaciones suelen indicar que, a título individual, los hombres poseen más tierras que las mujeres.

La Ley de Tierras, aprobada recientemente, garantiza el derecho de propiedad de la tierra en condiciones de igualdad a hombres y mujeres y prohíbe toda forma de discriminación en su propiedad, acceso, gestión, administración, disfrute, transferencia o enajenación (Ley núm. 13/2017, art. 4). Sin embargo, aún son frecuentes las disparidades de género en el acceso a la tierra, que reflejan las normas y prácticas socioculturales.

Aprobación de las leyes sobre la tierra e igualdad formal en el acceso a la tierra entre mujeres y hombres

En 2017 se aprobaron el Régimen Especial para la Definición de la Titularidad de los Bienes Inmuebles (Ley de Tierras y Propiedad, Ley núm. 13/2017) y la Ley de Expropiación por Utilidad Pública (Ley de Expropiación, Ley núm. 8/2017). El Fondo Financiero Inmobiliario se ha incorporado en la Ley de Expropiación (art. 66), y se prevé un decreto ley que lo regule.

En la Ley de Tierras también se prevé la protección de los grupos vulnerables (art. 5). Se ha procurado armonizar estas leyes con las normas internacionales de derechos humanos; de hecho, en ambas se hace alusión directa a la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer.

Aunque en la Ley de Tierras se fomenta la declaración de copropiedad de las parejas (art. 32.7), las mujeres se enfrentan a diversas barreras en el proceso de registro, entre otras cosas por su nivel de alfabetización (por lo general inferior al de los hombres) y por la falta de información sobre el proceso, lo que pone en peligro sus derechos formales a la propiedad de la tierra. El problema se agrava en el caso de las mujeres vulnerables, como las madres jóvenes, especialmente las que han sido abandonadas o han dejado a su pareja, y las viudas de edad.

Marco jurídico sobre desalojos e indemnizaciones

Además de promover los principios de legalidad, justicia, igualdad, proporcionalidad, imparcialidad y buena fe en el procedimiento de expropiación (art. 8), la Ley de Expropiación también establece que en todo procedimiento de este tipo deben considerarse las necesidades especiales de los grupos vulnerables; por ejemplo, han de adoptarse medidas razonables para que se informe y consulte a esos grupos y se los haga partícipes a fin de promover el derecho a la igualdad y la no discriminación (art. 10).

La Ley exige que el nivel de vida de las partes afectadas por la expropiación sea al menos igual al que tenían antes (art. 8.4), y la expropiación debe ceñirse al principio de indemnización justa de los gastos financieros resultantes de la expropiación, así como al principio de compensación por otros valores sin naturaleza patrimonial (art. 57). Se da prioridad a la compensación mediante la entrega de otros bienes inmuebles (o la reasignación de tierras) para evitar la pérdida de medios de vida.

Por último, se ofrece a los particulares la posibilidad de recurrir al arbitraje (art. 43) cuando haya desacuerdo sobre la cuantía de la indemnización, y de recurrir directamente a los tribunales cuando consideren que no existe motivo de utilidad pública (arts. 54 y 55).

Consulta e indemnización de las comunidades locales y rurales y protección de sus intereses

El Decreto Ley 5/2011 reconoce que existe una relación específica entre el medio ambiente y el pueblo timorense y exige que todos los proyectos de infraestructura cuenten con una evaluación del impacto ambiental y un plan de gestión ambiental. Estas iniciativas deben tener en cuenta y atender los efectos sociales y económicos para las comunidades afectadas mediante un proceso de consulta.

En el caso del proyecto Tasi Mane, en 2012 se llevaron a cabo EIA y se elaboraron planes de gestión ambiental para lo que se celebraron consultas con el objetivo principal de informar a la comunidad sobre el proyecto. En estrecha coordinación con la Dirección Nacional de Tierras y Propiedades y Servicios Catastrales, se realizó una amplia labor de registro y aprobación de títulos de propiedad. Las comunidades pudieron elegir entre dos opciones de compensación económica, además del reasentamiento. A 31 de diciembre de 2018, ya se habían compensado 342 hectáreas de terreno de las 1.113 necesarias para construir la base de abastecimiento del proyecto en Suai. También se planificaron programas de capacitación y desarrollo de aptitudes dirigidos a las comunidades locales con el fin de maximizar la participación de la mano de obra local.

Sin embargo, hasta la fecha no se ha elaborado ningún estudio específico sobre los incentivos o el impacto socioeconómico del proyecto en general ni sobre el proceso de indemnización a las mujeres. Por lo tanto, no está claro si el proceso de consulta a la comunidad ha beneficiado a las mujeres rurales.

Acceso de las mujeres rurales a oportunidades, servicios básicos e infraestructuras

En el plano político, el Gobierno asumió en la Declaración de Maubisse de 2015 un importante compromiso en favor de las mujeres rurales. La Declaración fue aprobada por el anterior Primer Ministro y nueve instituciones del Estado, que acordaron tomar medidas para mejorar la vida de las mujeres rurales. Comprende un conjunto de medidas para orientar la acción del Gobierno a fin de garantizar que se respeten los principios de inclusión, tolerancia e igualdad de género y reforzar la capacidad y el poder socioeconómico de las mujeres rurales y las personas con discapacidad en las zonas rurales.

El compromiso se renovó en octubre de 2018 por un plazo de 5 años (2018‑2023) y lo asumen ahora 16 instituciones, entre ellas el Banco Nacional de Comercio de Timor-Leste. Asimismo, se reforzó el proceso de seguimiento al incluirlo en el mecanismo de presupuestación con perspectiva de género.

A nivel operacional, el PNDS está contribuyendo a facilitar el acceso de las mujeres a servicios, infraestructuras y oportunidades. Con el proceso del PNDS se busca implicar a toda la comunidad en la planificación, la toma de decisiones, la ejecución, el funcionamiento y el mantenimiento de las infraestructuras locales. Una de las prioridades del proyecto es construir las infraestructuras que necesita la comunidad en su conjunto (incluidas las mujeres, las personas de edad y las personas con discapacidad). En 2018, las mujeres representaban el 40 % de los participantes en los procesos de socialización del PNDS; hasta el 45,5 % de los equipos de gestión comunitaria que seleccionan los proyectos prioritarios; el 33,5 % del personal del PNDS a nivel subnacional, después de recibir formación; y el 29 % de la mano de obra en los proyectos de construcción.

En materia de infraestructura, el 26 % de los proyectos que se construyeron en 2018 en el marco del PNDS respondían a prioridades de las mujeres, y se calcula que estas representan el 52 % de los beneficiarios de los 1.369 proyectos de infraestructuras construidos, que favorecen a más de 220.000 hogares. Los proyectos están relacionados con servicios básicos de varios sectores: agua y saneamiento; carreteras, puentes y control de inundaciones; educación, cultura y deporte; salud; y agricultura y seguridad alimentaria.

Artículo 15: Igualdad ante la ley

(No se han producido novedades significativas en el período en cuestión).

Artículo 16: Matrimonio y familia

Registro civil y registro del matrimonio en sus diversas formas

En el contexto del proceso de reforma legislativa, se consideró prioritario reformar el registro civil y el marco jurídico general sobre el matrimonio y el derecho de familia.

En este marco, se está debatiendo si conviene incorporar las normas de matrimonio y familia a una ley independiente para mejorar el conocimiento del derecho y su aplicación y promover la monogamia, normas consensuadas, la igualdad y los derechos y deberes que establece la ley.

En lo que respecta al registro civil del matrimonio concretamente, el proyecto de Código del Registro Civil establece que las delegaciones locales de la Dirección Nacional del Registro Civil y Notaría son responsables de transcribir o inscribir en el registro civil los matrimonios católicos y tradicionales (art. 12.3.d.) a fin de crear las condiciones necesarias para que el matrimonio pueda celebrarse de conformidad con el derecho civil. Aunque el proyecto de Código del Registro Civil aún no se ha aprobado debido al prolongado proceso de consultas y análisis, el proyecto final ya está listo para ser presentado ante el Consejo de Ministros.

Edad mínima para contraer matrimonio

Se está debatiendo la posible modificación del Código Civil para aumentar la edad mínima para contraer matrimonio.

Divorcio

El sistema de divorcio no se ha modificado en el período en cuestión. Sin embargo, además del sistema de divorcio contencioso, que implica una violación culposa de las obligaciones conyugales, el Código Civil da prioridad al divorcio por consentimiento mutuo, sistema que no se basa en la culpa (art. 1652).

Período internupcial

No se tramitó ninguna modificación relacionada con el artículo 1494 del Código Civil, relativo al período internupcial durante el cual un hombre o una mujer no pueden contraer matrimonio de nuevo. Por tanto, el período internupcial sigue siendo de 180 días para los hombres y de 300 días para las mujeres, salvo que la mujer pueda aportar una declaración judicial de que no está embarazada.

Legislación relacionada con las uniones de hecho

Por el momento no se ha reconocido legalmente la unión de hecho.

Sistema jurídico para la administración práctica de la tierra

De conformidad con el proceso de registro nacional y las disposiciones de la Ley de Tierras (art. 32.7), se alienta a las parejas casadas a obtener un título conjunto de propiedad, para lo cual deben presentar una declaración y tomarse una fotografía juntos en sus parcelas.

En el proceso de declaración de titularidad, serán válidos a efectos de dicha declaración los acuerdos resultantes de negociación o mediación en que las partes hayan acordado la transmisión definitiva de los derechos de propiedad sobre los bienes inmuebles (art. 32.5).

En caso de que quede alguna disputa pendiente, la Ley de Tierras (art. 39.2) indica que se resolverá por decisión administrativa de la Comisión de Tierras e Inmuebles, que empezará a funcionar en 2020. El Decreto Ley por el que se crea la Comisión establece que en los procesos de arbitraje debe velarse por que no se vulneren los derechos de las mujeres.