Introducción
Túnez se adhirió a la Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer el 24 de julio de 1980 y la ratificó mediante su Ley núm. 68 (1985) el 12 de julio de 1985. Posteriormente también ratificó el protocolo facultativo mediante la Ley núm. 35, de 9 de junio de 2008.
En el Decreto núm. 103, de 24 de octubre de 2011, se aprobó retirar la declaración y las reservas del Gobierno de Túnez, y en la Orden núm. 4260 (2011), de 28 de noviembre de 2011, se ratificó esa decisión.
Este séptimo informe de Túnez se presenta de conformidad con los procedimientos simplificados, el artículo 18 de la Convención y el párrafo 70 de las observaciones finales que el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer formuló tras examinar, en sus sesiones 949ª y 950ª (noviembre de 2010), los informes periódicos quinto y sexto combinados de Túnez (CEDAW/C/TUN/QPR/7).
Este informe se presenta tras un período decisivo en la historia de Túnez. La revolución que se produjo entre diciembre de 2010 y enero de 2011 dio lugar a profundas transformaciones que condujeron a un cambio de sistema político y, posteriormente, a importantes cambios en diversos planos.
El presente informe recoge los avances en la aplicación de los artículos de la Convención y las novedades más importantes en materia legislativa, reglamentaria, judicial, administrativa, institucional y práctica en general. Se basa en las recomendaciones y observaciones del Comité y tiene en cuenta los anteriores informes periódicos del país y el documento básico común (HRI/CORE/TUN/2016).
La elaboración del informe corrió a cargo de la Comisión Nacional de Coordinación, Elaboración y Presentación de Comunicaciones e Informes de Seguimiento sobre Recomendaciones relativas a los Derechos Humanos, que aplicó un método participativo y el proceso y la metodología a los que se ha mantenido fiel desde su creación.
Proceso y metodología de redacción
La Comisión Nacional aplicó su método participativo de elaboración de informes nacionales y organizó, en colaboración con la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Túnez y la Entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de las Mujeres (ONU-Mujeres), y con la participación de organizaciones de la sociedad civil, entidades constitucionales y nacionales y organismos públicos, actividades como las que se indican a continuación, que dieron lugar a varias recomendaciones (véase el anexo I).
•Consultas electrónicas mediante el envío de una lista de preguntas a 35 asociaciones de derechos de la mujer;
•Una consulta regional, celebrada el 26 de junio de 2020 en la ciudad de Tabarka (provincia de Yenduba) a la que asistieron 75 personas, entre ellas representantes de más de 12 organizaciones de la sociedad civil de las provincias de Beja, El Kef y Siliana;
•Una consulta nacional en Túnez el 10 de julio de 2020 a la que asistieron 82 personas, entre ellas representantes de 26 asociaciones.
Además, el 11 de junio de 2020 se impartió un taller de capacitación sobre la Convención dirigido a los miembros de la Comisión Nacional.
La Comisión Nacional considera que el presente informe permite retomar una interacción constructiva con el Comité, sobre todo teniendo en cuenta que desde el informe anterior y las correspondientes observaciones y recomendaciones del Comité han transcurrido más de diez años.
I.Aspectos generales
A.Datos generales sobre la situación de las mujeres
Según datos del Censo de Vivienda y Población de 2014 y varios organismos de estadística, las mujeres representan el 50,2 % de la población total. Se estima que la media de edad es de 32,4 años en las mujeres y 31,7 en los hombres.
El promedio de nacidos vivos de mujeres menores de 20 años aumentó de 0,02 en 2004 a 0,07 en 2014, a pesar de que en el mismo período la tasa media de natalidad general se redujo de 1,51 a 1,33.
Solo el 14,5 % de los hogares estaban encabezados por mujeres. El 49 % de esas cabezas de familia tenían más de 60 años y el 24,6 % de ellas vivían solas.
En el año escolar 2019-2020, estaban escolarizados el 99,6 % de las niñas y el 99,5 % de los niños de seis años. En el grupo de 6 a 11 años, niños y niñas registraron la misma tasa de matriculación: 99,1 %.
La matriculación de adolescentes de 12 a 18 años fue del 87,5 % entre las muchachas y del 76,7 % entre los muchachos.
Durante el curso 2018-2019, en las universidades públicas se matricularon 154.109 alumnas y 79.583 alumnos, y en las privadas, 14.987 alumnas y 18.475 alumnos.
El porcentaje de obtención de títulos superiores era mayor entre las mujeres que entre los hombres. Las mujeres obtuvieron 34.671 de los 50.307 títulos superiores expedidos por centros públicos de enseñanza durante el año escolar 2017-2018. De los 7.741 graduados ese año en instituciones privadas, 3.663 eran mujeres.
El número de hombres con títulos de formación profesional era 1,5 veces superior al de mujeres.
La tasa de desempleo de las mujeres sigue siendo inferior a la de los hombres (26,6 % y 68 % respectivamente en 2019). Sin embargo, el desempleo de las mujeres ha llegado al 25 %, cuando en el segundo trimestre de 2020 era del 15,2 %. Además, el 44,3 % de las empleadas tienen un alto nivel de estudios.
La distribución geográfica sigue impidiendo que ambos sexos tengan las mismas condiciones de acceso a los servicios de atención sanitaria, ya que el 42 % de las mujeres y el 72 % de los hombres viven a menos de 2 km del hospital, dispensario o centro de salud más cercano.
En cuanto a las condiciones de vida, no hay brechas significativas en lo que toca a la vivienda. Hombres y mujeres tienen el mismo acceso a las instalaciones básicas, en particular a las redes de suministro de agua y alcantarillado.
Por lo que respecta a la política y la participación en las decisiones, el 36,5 % de las mujeres trabajan en el sector público y ocupan en el 32 % de los casos puestos de subcategoría A-1 (2016), pero solo el 5,9 % de cargos como los de secretario general de ministerio, director general o similares. Tras las últimas elecciones legislativas, las mujeres ocupan el 24,4 % de los escaños de la Asamblea de Representantes del Pueblo.
En este informe se recogen diversas estadísticas sobre la situación de las mujeres en diferentes ámbitos.
B.El sistema estadístico
Túnez está desarrollando su sistema estadístico con arreglo a las normas nacionales e internacionales, incluidas las de la Convención, que son importantes para medir el grado de integración de la perspectiva de género en las políticas y programas dirigidos a empoderar a las mujeres y conseguir la igualdad de género.
El Instituto Nacional de Estadística realiza periódicamente encuestas sobre hogares y censos de población para obtener datos desglosados por edad y sexo. También lleva estadísticas sobre discapacidad desglosadas por regiones.
Con el apoyo de ONU-Mujeres, el Instituto realizó un estudio sobre las brechas de género a partir de los datos del Censo de Población y Vivienda de 2014 y elaboró el primer informe nacional sobre estadísticas de género de 2015, que se está actualizando.
En aplicación de su acuerdo con el Ministerio de Asuntos de la Mujer (el programa de igualdad financiado por la Unión Europea), el Instituto está trabajando en la creación de una página de estadísticas de género en su sitio web.
Muchos órganos gubernamentales, como los ministerios de Asuntos de la Mujer, Justicia, Interior, Educación, Enseñanza Superior, Salud y Asuntos Sociales, elaboran estadísticas y recogen datos desglosados por sexo. La labor estadística de esos organismos se enmarca en las siguientes disposiciones:
•La Ley Orgánica núm. 15 (2019), que obliga a elaborar los presupuestos del Estado y las entidades públicas utilizando metas e indicadores que promuevan la igualdad en general y la igualdad de oportunidades para hombres y mujeres en particular y la no discriminación entre grupos sociales.
•El Código de Administración Local, que obliga a las autoridades locales a proponer a las autoridades centrales programas de lucha contra la pobreza y atención a los necesitados basados en los datos estadísticos disponibles.
El Ministerio de Asuntos de la Mujer también se vale de la Estrategia Nacional de Institucionalización de la Perspectiva de Género (2016-2020) para elaborar políticas públicas y planes de desarrollo con perspectiva de género que se fundamenten en los datos estadísticos y las actividades de seguimiento y evaluación correspondientes.
El Observatorio de la Igualdad de Oportunidades, Centro de Investigación, Documentación e Información sobre la Mujer (CREDIF), que está adscrito al Ministerio de Asuntos de la Mujer, realiza un seguimiento de las cuestiones relativas a la mujer mediante la recopilación de datos estadísticos e indicadores desglosados por sexo en cinco ámbitos fundamentales: población, educación y formación, empleo, salud y vida pública y política.
El Observatorio consolida y analiza los datos desde una perspectiva de género y los pone a disposición pública en publicaciones y estudios especiales sobre aspectos cualitativos que no pueden observarse con indicadores cuantitativos.
El Observatorio ha ampliado recientemente su labor al incorporar planteamientos cualitativos, métodos modernos de observación, la elaboración de indicadores específicos y el seguimiento de distintas categorías de mujeres en los planos regional y local.
El Observatorio dispone de bases de datos como las siguientes:
•La base de datos Bchira Ben Mrad, que recoge datos estadísticos relativos a los cinco ámbitos antes señalados.
•Una base de datos cualitativos sobre las asociaciones que trabajan por la igualdad de oportunidades en Túnez basados en un estudio sobre el terreno del panorama asociativo posterior a 2011.
•La base de datos “¿Quién es ella?” (Túnez), creada en 2013 con el apoyo del Centro Danés de Información sobre Género, Igualdad y Diversidad, que recoge datos sobre las competencias de las mujeres en diversos ámbitos y apoya la participación y asociación de las mujeres en diversos foros.
Aunque se han logrado importantes mejoras de calidad y suministro en los datos desglosados de diversos ámbitos, sigue habiendo deficiencias. Los organismos competentes están tratando de subsanarlas con el establecimiento de un sistema general unificado, el fortalecimiento de la coordinación entre distintas entidades centrales y locales, y una dotación adecuada de recursos humanos y financieros y de formación.
II.Marco constitucional y legislativo
A.Capacitación y formación
Más allá de lo señalado en el documento básico común (HRI/CORE/TUN/2016), en los programas de diversos ciclos de enseñanza y formación se ha incorporado material sobre derechos humanos, conforme a lo dispuesto en el artículo 39 de la Constitución.
El Ministerio de Justicia, con la colaboración de varias organizaciones internacionales, ha elaborado programas y organizado actividades de capacitación sobre los instrumentos internacionales de derechos humanos. El Instituto Superior de la Magistratura lleva desde 1992 impartiendo formación sobre derechos humanos a estudiantes de la rama judicial y a jueces y fiscales que desean complementar sus conocimientos. La Escuela Nacional de Prisiones y Centros de Rehabilitación también capacita a oficiales y trabajadores de prisiones e instituciones penitenciarias sobre cuestiones y mecanismos de derechos humanos.
El Ministerio de Defensa Nacional ha creado un programa para la enseñanza del derecho internacional humanitario y de los derechos humanos en todos los ciclos de formación de las academias y escuelas militares a fin de dar a conocer los principios universales de los derechos humanos y la importancia de respetar los tratados internacionales en las operaciones militares sobre el terreno. Los altos mandos militares y civiles del Instituto Nacional de Defensa realizan cursos de capacitación que comprenden materiales de derechos humanos.
Por su parte, el Ministerio del Interior ha integrado los derechos humanos en los programas de distintos ciclos de formación y ha reeditado una guía con los diversos instrumentos internacionales y leyes nacionales pertinentes que ha distribuido a todos los agentes de las fuerzas del orden.
El Ministerio también ha estrechado la colaboración con las organizaciones especializadas de las Naciones Unidas a partir de 2011 para elaborar materiales de capacitación y organizar cursos sobre derechos humanos, lo que incluye instrumentos como la Convención, con los que reforzar las capacidades de los profesionales.
Las instituciones de enseñanza superior, sobre todo las especializadas en derecho, han introducido en sus programas módulos sobre derechos humanos e instrumentos internacionales. Se ha creado una maestría de investigación en derecho internacional humanitario y derechos humanos, otra sobre mecanismos africanos de derechos humanos y una maestría técnica en derechos humanos.
El Ministerio de Asuntos de la Mujer ha organizado cursos de capacitación para mejorar el conocimiento de la Convención y fomentar su aplicación entre los miembros de la Asamblea Nacional Constituyente y el personal de ministerios, organismos públicos y organizaciones de la sociedad civil.
El Ministerio también ha capacitado a más de 150 personas, entre ellas miembros de la Red de Pares por la Igualdad de Género y la Erradicación de la Violencia contra la Mujer y activistas de la sociedad civil. Se han impartido más de 10 cursos sobre la perspectiva de género a los que asistieron más de 190 personas de ambos sexos.
También se organizaron varias actividades para promover la retirada de las reservas a la Convención. Las campañas, iniciativas y actividades realizadas por activistas de la sociedad civil y agrupaciones políticas culminaron con la retirada de las reservas en 2011.
El CREDIF, que promueve el desarrollo de las capacidades directivas de las mujeres, ha intensificado desde 2011 sus actividades de capacitación y concienciación para dar a conocer la Convención a diferentes públicos. En 2013, organizó un simposio internacional sobre la Convención en el que países como Dinamarca, Marruecos y Sudáfrica pudieron intercambiar experiencias.
Varios grupos de defensa de los derechos de las mujeres han organizado programas de divulgación e interpretación de la Convención y de concienciación sobre la necesidad de ponerla en práctica, así como actividades de formación y creación de capacidades.
B.Marco legislativo
Además de los instrumentos mencionados en el documento básico común, Túnez ha ratificado:
•El Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a un procedimiento de comunicaciones.
•El Protocolo de la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos relativo a los Derechos de la Mujer en África y la declaración de julio de 2018 sobre el artículo 34 (6) del Protocolo a la Corte Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos, en el que se reconoce la competencia de dicha Corte para recibir denuncias de particulares y organizaciones no gubernamentales.
•El Convenio del Consejo de Europa para la Protección de los Niños contra la Explotación y el Abuso Sexual.
El Consejo de Europa también aceptó la solicitud de adhesión de Túnez a su Convenio sobre Prevención y Lucha contra la Violencia contra las Mujeres y la Violencia Doméstica. Túnez está ultimando los procedimientos de ratificación.
Túnez ha promulgado varias leyes orgánicas relacionadas con los derechos de las mujeres:
•La Ley Orgánica núm. 61 (2016) de prevención y lucha contra la trata de personas.
•La Ley Orgánica núm. 7 (2017), por la que se modifica la Ley de Elecciones y Referendos.
•La Ley Orgánica núm. 58 (2017) de eliminación de la violencia contra las mujeres.
•La Ley Orgánica núm. 29 (2018), relativa al Código de Administración Local.
•La Ley Orgánica núm. 47 (2018), relativa a las disposiciones aplicables a todos los órganos constitucionales independientes.
•La Ley Orgánica núm. 50 (2018) de eliminación de todas las formas de discriminación racial.
•La Ley Orgánica núm. 51 (2018), relativa a la Comisión de Derechos Humanos.
•La Ley Orgánica núm. 15 (2019) de presupuesto.
•La Ley Orgánica núm. 60 (2019), relativa a la Comisión de Desarrollo Sostenible y los Derechos de las Generaciones Futuras.
•La Ley núm. 51 (2019) de creación de una categoría de transporte para trabajadoras agrícolas.
•La Ley núm. 30 (2020) de economía social y solidaria.
Se han establecido varias medidas de carácter normativo, como el Decreto Gubernamental por el que se crea el Consejo de Pares para la Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres y el Decreto Gubernamental por el que se crea el Observatorio Nacional para Combatir la Violencia contra las Mujeres. Actualmente se está trabajando en el Decreto Gubernamental por el que se establecerá la Comisión Nacional de Lucha contra la Discriminación Racial. Además, en el Ministerio del Interior se ha creado la Dirección General de Derechos Humanos, que escucha las preocupaciones de los ciudadanos, ofrece orientación y atiende peticiones y quejas en ese ámbito.
La Comisión Nacional de Armonización de las Leyes de Derechos Humanos con la Constitución y los Instrumentos Internacionales Ratificados se creó con el propósito de ajustar la legislación a normas internacionales como la Convención y de promover las relaciones con los órganos constitucionales y la sociedad civil. Se encarga de revisar las leyes vigentes para ajustarlas a la Constitución y a las normas internacionales.
También se han creado varios comités ministeriales para revisar y modificar las leyes discriminatorias. Además, la ley de creación de la Comisión de Derechos Humanos permite presentar propuestas para armonizar la legislación con las normas internacionales.
Algunas de las recomendaciones sobre los derechos de las mujeres que formuló el Ministerio de Asuntos de la Mujer a raíz del examen del ordenamiento jurídico que llevó a cabo en 2012 se recogieron en la Ley núm. 46 (2015), que reconoce a ambos progenitores el derecho a obtener documentos de viaje para sus hijos menores y a autorizarlos a viajar. Las demás se remitieron a la Comisión Nacional para que las examinara.
Respecto de las recomendaciones que la Comisión de Igualdad y Libertades de la Persona formuló en su informe de agosto de 2018, en particular las relacionadas con cuestiones de discriminación, en la reunión que celebró el 23 de noviembre de 2018, el Consejo de Ministros aprobó un proyecto de ley orgánica de igualdad entre hombres y mujeres en materia de sucesiones. Ya ha sido remitido a la Asamblea de Representantes del Pueblo para que lo examine.
C.Definición de Discriminación
La Constitución de enero de 2014 consagra el principio de igualdad y no discriminación entre los sexos. En su preámbulo se establece que el Estado garantizará la igualdad en derechos y deberes de todos los ciudadanos y ciudadanas y el trato equitativo entre las regiones. En su articulado se dispone que los ciudadanos de ambos sexos tienen los mismos derechos y deberes y son iguales ante la ley, sin discriminación (artículo 21); que el Estado velará por que las mujeres estén representadas en los órganos electivos (artículo 34); y que todo ciudadano tiene derecho a unas condiciones dignas de trabajo y a una remuneración justa y que el Estado adoptará las medidas necesarias para hacer efectivo ese derecho siguiendo criterios de competencia y equidad (artículo 40).
También dispone que el Estado tiene la obligación de proteger, defender y reforzar los derechos de las mujeres. Deberá garantizar asimismo la igualdad de oportunidades de hombres y mujeres en la asunción de las distintas responsabilidades en todos los ámbitos y procurará alcanzar la paridad de género en los órganos electivos (artículo 46). Ofrecerá todo tipo de protección a todos los niños, sin discriminación y en función de su interés superior (artículo 47). Protegerá a las personas con discapacidad de cualquier discriminación (artículo 48). Garantizará a todos un juicio justo en un plazo razonable y la igualdad de trato de las partes ante la justicia. Se garantiza el derecho a actuar en justicia y el derecho de defensa. La ley facilitará el acceso a la justicia y la provisión de asistencia letrada a quienes no puedan sufragarla (artículo 108).
En el artículo 3 de la Ley Orgánica núm. 58 (2017) de eliminación de la violencia contra las mujeres, que desarrolla, en particular, el artículo 46 de la Constitución, la discriminación contra las mujeres se define expresamente como toda distinción, exclusión o restricción que tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos humanos y las libertades de las mujeres y la igualdad plena y efectiva de estas en las esferas civil, política, económica, social y cultural, con independencia del color, la raza, la religión, las creencias, la edad, la nacionalidad, la condición económica, social o cultural, el estado civil, el estado de salud, el idioma o la discapacidad.
A esa definición inspirada en el texto de la Convención se añadió que no se considerarían discriminatorias las medidas y acciones afirmativas encaminadas a acelerar la igualdad de género.
En la ley no solo se define la discriminación, sino que también se tipifica como delito; en el artículo 21 se dispone que los actos deliberados de discriminación que se ajusten a la definición establecida en la propia ley se castigarán con penas de un mes a dos años de prisión y multas de 1.000 a 5.000 dinares tunecinos si a raíz de ellos:
•Se impide o dificulta que la víctima ejerza sus derechos u obtenga una prestación o servicio;
•Se impide que la víctima prosiga sus actividades habituales;
•Se deniega empleo, se despide o se sanciona a la víctima.
Cuando se estaba redactando la Constitución, en enero de 2014, la Asamblea Constituyente adoptó la definición de discriminación contra la mujer que figuraba en un documento presentado durante los debates con activistas en el que se propugnaba el reconocimiento de los derechos de la mujer en la Constitución.
En ese contexto, hay varias disposiciones legislativas que se refieren al principio de igualdad y no discriminación. El Código del Trabajo (artículo 5 bis) dispone que no cabe hacer distinción alguna entre hombres y mujeres al aplicar sus disposiciones o los reglamentos que las desarrollan. El artículo 11 de la Ley núm. 112 (1983), relativa al estatuto general de los funcionarios del Estado, las autoridades locales y las instituciones administrativas públicas, establece que en su aplicación no se hará ninguna distinción entre los sexos, a excepción de las disposiciones especiales que pudieren adoptarse por necesidades asociadas a la naturaleza de las funciones.
También se ha eliminado la discriminación entre progenitores en lo que respecta a la transmisión de la nacionalidad a los hijos. Las madres tunecinas ya pueden transmitir su nacionalidad a sus hijos en igualdad de condiciones con los padres, conforme a la Ley núm. 55 (2010) por la que se modifican varias disposiciones del Código de la Nacionalidad.
La Ley núm. 46 (2015) concede a ambos progenitores el derecho a obtener y acreditar documentos de viaje para los hijos menores de edad, un derecho que antes estaba reservado exclusivamente al padre.
El Código de Administración Local, mencionado anteriormente, prevé la igualdad de género y de oportunidades, particularmente en sus artículos 40, 106, 210 y 308.
En la Ley Orgánica núm. 50 (2018) de eliminación de todas las formas de discriminación racial, la discriminación racial se define como toda distinción, exclusión, restricción o preferencia basada en la raza, el color, la ascendencia, el origen nacional o étnico u otras formas de discriminación racial contempladas en los tratados internacionales ratificados que alteren, obstaculicen o impidan el disfrute o el ejercicio de los derechos y las libertades en igualdad de condiciones o que impongan o entrañen deberes o cargas adicionales. Los actos que entrañen distinción, exclusión, restricción o preferencia entre tunecinos y extranjeros no serán constitutivos de discriminación racial siempre que no estén dirigidos a una nacionalidad específica y se ajusten a las obligaciones internacionales de la República de Túnez.
En el artículo 18, párrafo 4, de la Ley Orgánica núm. 15 (2019), relativa a los presupuestos, se dispone que estos deben elaborarse en función de objetivos e indicadores que promuevan la igualdad general y la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres y la no discriminación entre grupos sociales.
En cuanto a los reglamentos de aplicación, la Orden núm. 4030 (2014), por la que se ratifica el Código de Conducta y Ética de los Funcionarios Públicos, establece que los funcionarios públicos deberán respetar los derechos e intereses de los usuarios de instalaciones públicas y tratarlos por igual, sin discriminación por motivos de raza, sexo, nacionalidad, religión, creencias, opiniones políticas, procedencia regional, patrimonio, situación profesional o cualquier otra forma de discriminación.
Algunos organismos oficiales también están trabajando para garantizar a las mujeres con necesidades especiales un trato que se adapte a sus situaciones específicas y tenga en cuenta el principio de no discriminación.
III.Acceso a la justicia
A.Hacer que las mujeres conozcan sus derechos
Además de lo expuesto en los párrafos 77 a 84 del documento básico común, el Ministerio de Asuntos de la Mujer ha elaborado un programa con el que pretende dar a conocer sus derechos a mujeres de diversos grupos y lleva desde 2011 trabajando, en colaboración con la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, en un programa de fomento de la cultura ciudadana entre las mujeres del medio rural.
Los programas de trabajo de los centros de orientación y asesoramiento familiar, los centros para mujeres víctimas de violencia y los centros de asesoramiento y orientación también han incorporado servicios de asesoramiento jurídico en cooperación con organizaciones competentes.
En el marco del programa de igualdad, que gestiona en colaboración con la Unión Europea y ONU-Mujeres, el Ministerio ha elaborado una guía jurídica para mujeres víctimas de violencia y ha organizado varios cursos de capacitación sobre la guía para responsables regionales de asuntos de la mujer, entre otros agentes, a fin de ayudarles a realizar actividades de divulgación entre mujeres, especialmente en las zonas rurales.
También ha elaborado una guía complementaria sobre la Ley Orgánica núm. 58 (2017) para explicar sus disposiciones y conseguir que se aplique de manera uniforme. Se han impartido cursos de capacitación sobre su contenido para lograr una aplicación adecuada.
El Ministerio ha facilitado ejemplares de esa ley en braille a mujeres con deficiencias visuales para que puedan leerla y valerse de ella cuando lo necesiten.
En el artículo 5 de la Ley Orgánica núm. 58 (2017) también se consagra la obligación de ofrecer orientación jurídica a las víctimas de violencia y, en el artículo 13 se otorga a las víctimas de violencia el derecho a recibir orientación jurídica sobre las disposiciones de acción en justicia y los servicios disponibles.
Todos los juzgados de primera instancia disponen de una oficina de asesoramiento jurídico, que es clave para hacer efectivo este derecho. Los asesores jurídicos (que son ayudantes del fiscal), atienden cada día en horario laboral a las mujeres víctimas de violencia, a las que escuchan y orientan hacia los distintos recursos jurídicos y judiciales a los que pueden recurrir para proteger sus derechos, preservar sus intereses y perseguir a sus agresores.
Asimismo, en la fiscalía militar se ha designado a un agente encargado de ofrecer orientación jurídica a los militares en general y, en particular, a las mujeres militares y a las militares que han sido víctimas de violencia.
La Defensoría Administrativa no se ocupa de los casos, pero brinda orientación, especialmente a las mujeres, sobre el modo de defender sus derechos y sobre los servicios de asistencia letrada. La Defensoría Administrativa no interviene en los procesos judiciales, pero puede brindar asesoramiento y orientación pertinentes a las mujeres que recurren a ella.
La Defensoría Administrativa puede ocuparse directamente de asuntos de carácter no judicial y ponerse en contacto con las partes interesadas para pedir aclaraciones y formular recomendaciones.
En 2019, la Defensoría Administrativa atendió 198 casos, la mayoría de los cuales provenían de zonas urbanas y solo el 4,9 % de zonas rurales. Las mujeres del medio rural no podían recurrir a estos servicios por estar lejos de la oficina principal y de las cuatro oficinas regionales.
B.Acceso a la justicia
El Ministerio de Justicia aprobó la Estrategia de Reforma Judicial (2012-2016) con el fin de reforzar la independencia del poder judicial y defender los derechos de los litigantes mediante una reforma legislativa e institucional.
También elaboró el Plan de Acción para la Reforma del Sistema Judicial y Penitenciario (2015-2019), que tenía dos grandes ejes: por una parte, la calidad de la justicia y los derechos de los litigantes, por otra, el acceso a la justicia.
Para hacer valer el derecho a acceder a la justicia y los derechos de los litigantes, Túnez ha aprobado varias disposiciones jurídicas desde 2002. La Ley núm. 52 (2002) de asistencia judicial prevé que los litigantes que no puedan sufragar las costas puedan solicitar asistencia judicial en procedimientos civiles o penales, ya sean demandantes o demandados.
La Ley núm. 3 (2011) de asistencia judicial para la jurisdicción administrativa se promulgó para atender el sistema de justicia administrativa.
Para afrontar las particularidades de los delitos de violencia de género y los elevados gastos judiciales a que dan lugar, la Ley Orgánica núm. 58 permite a las mujeres víctimas de violencia obtener la asistencia judicial necesaria.
En el plano institucional, el Ministerio de Justicia ha mejorado la infraestructura de los tribunales para reforzar el derecho a la doble instancia y facilitar el acceso de los litigantes a la justicia. Desde 2011, ha ampliado el sistema judicial creando cinco nuevos tribunales de apelación para afrontar el aumento de la actividad en los tribunales existentes y reducir la distancia entre los tribunales y los centros de población.
En vista de las amplias medidas de confinamiento adoptadas durante la pandemia de enfermedad por coronavirus (COVID-19), el Estado también ha tratado de facilitar el acceso a la justicia, sobre todo de las mujeres, mediante una serie de disposiciones legislativas que garantizan los derechos de las personas ante el poder judicial:
•Decreto núm. 8 (2020) de suspensión de procedimientos y plazos;
•Decreto núm. 12 (2020), que complementa el Código Procesal Penal y autoriza a los tribunales a celebrar audiencias y dictar sentencias mediante una conexión audiovisual segura entre la sala de audiencias y un espacio penitenciario habilitado para tal fin siempre que el Ministerio Público lo estime oportuno y previo consentimiento del acusado.
Asimismo, el Ministerio de Asuntos de la Mujer, en coordinación con el Ministerio de Justicia, adoptó medidas extraordinarias durante el confinamiento para combatir la violencia contra las mujeres, que se había multiplicado por nueve respecto del mismo período del año anterior. Los jueces de familia siguieron examinando las solicitudes de protección de forma inmediata, sin aplazamientos ni demoras. También siguieron dictándose órdenes de protección de mujeres víctimas, pese a la suspensión de las actividades no urgentes en todos los juzgados. La Fiscalía también sigue trabajando para que los casos de violencia conyugal sean atendidos con la debida prioridad.
IV.Mecanismos nacionales para el adelanto de la mujer
La creación del Consejo de Pares para la Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres en virtud del Decreto Gubernamental núm. 626 (2016) es un importante avance institucional que ha contribuido a la aplicación del programa de desarrollo para 2016-2020 y a avanzar en la consecución del Objetivo de Desarrollo Sostenible 5 y en particular de su meta 1.
En el artículo 4 de dicho decreto se establece que el Consejo de Pares estará presidido por el Jefe de Gobierno o, en su caso, por una persona delegada por el Ministro de Asuntos de la Mujer. Ello hace que las decisiones se tomen al más alto nivel gubernamental y sean respetadas por todos los miembros del Consejo. El Jefe de Gobierno también puede presentar iniciativas legislativas al Parlamento, de conformidad con el artículo 62 de la Constitución, o emitir decretos reglamentarios en su calidad de jefe del ejecutivo. Tiene autoridad reglamentaria general en virtud del artículo 94 de la Constitución y, en su calidad de Primer Ministro, también está facultado para enviar circulares con instrucciones a los departamentos de los distintos ministerios y organismos que supervisa.
El Consejo de Pares tiene entre sus miembros permanentes a representantes de los ministerios, la Presidencia de la República, la Asamblea de Representantes del Pueblo y la sociedad civil, una composición con la que se pretende adoptar una perspectiva de género global.
El Consejo de Pares está intentando incorporar un enfoque de género en las labores de planificación, evaluación y presupuestación a fin de eliminar todas las formas de discriminación por razón de género y lograr la igualdad en derechos y responsabilidades de hombres y mujeres. Sus tareas se detallan en el artículo 2 del Decreto Gubernamental por el que se creó.
Aunque en el artículo 1 del decreto de creación se califica de consejo consultivo, al examinar sus funciones queda claro que este Consejo de Pares emite informes que influyen en la política del Gobierno, en particular y necesariamente en la aprobación del plan sectorial anual y en el seguimiento de su programa de integración de la perspectiva de género en el Consejo de Ministros.
El Consejo de Pares también desempeña un papel importante en el seguimiento de los problemas de integración de la perspectiva de género, por lo que puede tratar de resolverlos presentando propuestas de procedimientos administrativos y reformas legislativas y reglamentarias. El objetivo de esta función es desarrollar unas políticas gubernamentales armoniosas y eficaces que culminen en iniciativas legislativas, decretos reglamentarios o incluso circulares dirigidas a los organismos públicos.
El Consejo de Pares desempeña también una importante función consultiva que le permite acceder a las instancias legislativas o reglamentarias e influir en las normas y mecanismos que regulan los derechos de las mujeres en las esferas pública y privada. Esa función hace que pueda ser consultado sobre cualquier nueva ley que se someta a votación.
Aunque este órgano tiene las atribuciones propias de un consejo, las competencias básicas de sus miembros están vinculadas a los departamentos a los que pertenecen.
Dada la importancia de este órgano, el Ministerio de Asuntos de la Mujer está revisando el Decreto Gubernamental núm. 626 a tenor de las recomendaciones que el propio Consejo de Pares presenta en su informe anual a fin de consolidar su institucionalidad y las atribuciones de sus puntos focales.
Estrategias nacionales de igualdad y lucha contra la discriminación
El Plan Nacional de Inclusión e Institucionalización de la Perspectiva de Género es la base de esas estrategias.
El Consejo de Pares aprobó en junio de 2018 dicho Plan Nacional, que contribuye a la consecución del Objetivo de Desarrollo Sostenible 5. Sirve para orientar las políticas del Gobierno estableciendo prioridades en el empeño de eliminar las brechas de género y fomentar la igualdad de género y la igualdad de oportunidades en todos los ámbitos.
Para aplicar correctamente el plan, se han definido parámetros e indicadores con los que evaluar y medir los avances. A continuación se indican los principales ejes de acción:
•Crear un sistema de rendición de cuentas para eliminar todas las formas de discriminación y violencia contra la mujer en la ley y en la práctica;
•Aumentar la representación y la participación de las mujeres en los órganos y consejos electivos nacionales, regionales y locales y en los centros de decisión;
•Promover políticas de empoderamiento económico y financiero de las mujeres y el derecho a un trabajo decente y a una remuneración justa;
•Promover políticas públicas, planes de desarrollo y presupuestos con perspectiva de género;
•Elaborar un plan nacional de comunicación sobre la incorporación de la perspectiva de género.
El Ministerio de Asuntos de la Mujer se encarga de elaborar y ejecutar el Plan Nacional en cooperación y coordinación con todos los organismos competentes que elaboran planes sectoriales anuales para su ejecución.
Para examinar más de cerca y mejorar la aplicación de la perspectiva de género, a principios de 2019 se priorizó la aplicación de esta perspectiva en la programación de las actividades del plan anual de capacitación de los ministerios, conforme a las instrucciones de la Circular núm. 27 de la Oficina del Primer Ministro, de fecha 1 de octubre de 2018, que prescribe la incorporación de la perspectiva de género en el Ministerio de Asuntos de la Mujer.
El Ministerio ha organizado varios talleres y diálogos para miembros del Consejo de Pares, personal de su secretaría permanente y funcionarios de otros ministerios que se ocupan de cuestiones relativas a la mujer y de elaborar y ejecutar presupuestos.
A este respecto, el Ministerio ha propuesto varias medidas:
•Crear un premio a la mejor iniciativa de promoción de la igualdad de género y la igualdad de oportunidades, de conformidad con el Decreto Gubernamental núm. 611 (2018), de 26 de julio de 2018;
•Instaurar la paridad en consejos y comités de diversa índole, especialmente los que se ocupan de los ascensos, las asignaciones y las cuestiones disciplinarias, de conformidad con el Decreto Gubernamental núm. 314 (2020), en el que se establecen los principios de selección, evaluación del desempeño y destitución de directores que representan a agentes públicos y directores independientes, que prescribe (artículo 1, párrafo 2) la consideración del equilibrio de género y una representación de uno u otro sexo no inferior al 40 %;
•Asignar un espacio para los hijos de empleadas y empleados del Ministerio, especialmente durante las vacaciones;
•Proponer un aumento de la prestación por hijo a cargo que, desde la independencia del país, estaba asociada al nivel de vida actual;
•Hacer que se cumplan las disposiciones de la circular sobre la designación de altos cargos y crear un mecanismo de control y seguimiento de las infracciones;
•Lograr la paridad entre los representantes regionales del Ministerio.
Estrategia Nacional para el Empoderamiento Económico y Social de las Mujeres y las Niñas de Zonas Rurales (2017-2020)
Esta estrategia y su plan de acción se articulan en torno a cinco grandes ejes de intervención:
•Empoderamiento económico: potenciar el empleo de las mujeres de zonas rurales mejorando el acceso a la formación profesional y diversificando sus competencias; velar por que tengan acceso a los recursos y los medios de producción; facilitar el paso del sector informal a la economía formal; fomentar la iniciativa económica y una cultura económica social y solidaria; y asegurar el acceso a los mercados;
•Empoderamiento social: luchar contra el abandono de las aulas y los retrocesos en el proceso de alfabetización; ofrecer condiciones de trabajo dignas; y mejorar la accesibilidad y la calidad de los servicios sanitarios;
•Participación en la vida pública y la gobernanza local: difundir una cultura de ciudadanía y preparar a las mujeres y a las niñas para que participen en la vida pública y los asuntos locales;
•Velar por la calidad de vida en las zonas rurales dotándolas de instalaciones e infraestructuras, ofreciendo actividades culturales y recreativas accesibles.
•Reunión de datos desglosados por sexo y zona geográfica y confección de estadísticas que sirvan para concebir y evaluar los planes de desarrollo.
Para aplicar la Estrategia y su plan de acción se han desarrollado varios proyectos, como el proyecto nacional integrado de lucha contra el abandono de las aulas, especialmente entre las niñas del medio rural, y varios proyectos dirigidos a las mujeres que trabajan en la agricultura, las industrias tradicionales o la transformación de productos agrícolas. Estos proyectos permiten a las mujeres salir del aislamiento rural y participar en programas integrales de desarrollo. En los párrafos 344 a 351 se ofrece información adicional sobre este tema.
Plan de Acción Nacional para aplicar la resolución 1325 (2000) del Consejo de Seguridad, relativa a las mujeres y la paz y la seguridad, y sus programas sectoriales
El Plan fue aprobado en junio de 2018 por el Consejo de Ministros y se puso en marcha en julio del mismo año. Se elaboró gracias a la colaboración de varios organismos gubernamentales y la sociedad civil con el apoyo de Finlandia, ONU‑Mujeres y el Centro de Capacitación e Investigaciones sobre la Mujer Árabe.
Tiene por objeto empoderar a las mujeres y a las niñas, potenciar su participación en la construcción de una paz y una estabilidad duraderas, contribuir a eliminar todas las formas de discriminación por razón de género y proteger a la sociedad contra las amenazas que plantean los conflictos, el extremismo y el terrorismo.
Se centra en los aspectos siguientes:
•Proteger a las mujeres y las niñas de todas las formas de violencia antes, durante y después de conflictos, crisis y desastres naturales, y de amenazas terroristas;
•Velar por que las mujeres y las niñas estén protegidas de todas las formas de violencia y discriminación de género en situaciones de conflicto y terrorismo; garantizar su seguridad y su salud física, psicológica y mental; y facilitar su acceso a la justicia y el ejercicio efectivo de los derechos humanos;
•Fomentar la participación de las mujeres y las niñas en la vida política y la esfera pública y la toma de decisiones para que contribuyan a mantener la paz, resolver los conflictos y luchar contra el terrorismo;
•Hacer que las mujeres y las niñas contribuyan de manera efectiva a las labores de socorro, consolidación y mantenimiento de la paz y reconstrucción fomentando su colaboración activa en la consolidación de la paz, la sostenibilidad, la reconstrucción y la lucha contra el terrorismo;
•Actividades de concienciación, promoción e información vinculadas a la aplicación del Plan.
Los planes sectoriales se elaboraron en comités en los que participaron 168 personas, entre ellas 23 representantes de la sociedad civil y 125 funcionarios de organismos ministeriales y miembros de organizaciones independientes. Ya se están ejecutando pese a la escasez de recursos presupuestarios.
En julio de 2020, cuando se trabajaba en el proceso de definición de nuevas orientaciones sobre el Plan, que está a punto de concluir, el Ministerio de Asuntos de la Mujer organizó un taller para examinar la marcha de la aplicación, evaluar los avances logrados y hacer propuestas concretas para las etapas siguientes.
Estrategia Nacional para Combatir la Violencia contra las Mujeres y las Niñas de Todas las Edades
Esta estrategia, que se aprobó en 2008 y se retomó en 2012, tiene cuatro grandes ejes:
•La vigilancia, el control y la evaluación del fenómeno de la violencia contra las mujeres;
•La prestación de diversos servicios adecuados a las víctimas;
•El cambio de comportamientos con medidas de movilización social y concienciación colectiva dirigidas a eliminar la violencia contra las mujeres;
•La obtención de apoyos para conseguir que se revise y refuerce la legislación a fin de prevenir y penalizar la violencia contra las mujeres.
La Estrategia contribuyó a que se redactara la Ley Orgánica 58 y a que se establecieran varios centros de asesoramiento y refugios para mujeres víctimas de violencia. En 2020:
•Se firmó con Tunisian Association for Management and Social Stability un acuerdo marco de apoyo al teléfono de asistencia 1899, que sirve para comunicarse con las mujeres víctimas de violencia y brindarles asesoramiento (enero de 2020);
•En febrero de 2020 se firmaron acuerdos de colaboración con cuatro asociaciones activas en este ámbito para hacer que el teléfono de asistencia estuviera en servicio las 24 horas y los 7 días (Association des Femmes Tunisiennes pour la Recherche sur le Développement, Tunisian Association for Management and Social Stability, Association Developpement Gafsa Sud y Association pour le Développement Durable et la Coopération Internationale).
Tras la promulgación de la Ley Orgánica núm. 58 (2017), en la estrategia se introdujeron actualizaciones con el propósito de fomentar la participación de funcionarios de organismos públicos y miembros de organizaciones de la sociedad civil.
La versión actualizada final se someterá a la aprobación del Consejo de Ministros.
El programa tunecino de igualdad de género (Igualdad)
En 2015, el Ministerio de Asuntos de la Mujer y la Unión Europea concertaron un acuerdo de asociación para aplicar el programa Igualdad, que tiene por objeto reducir la desigualdad de género en los planos nacional, regional y local.
El plan de ejecución de este programa se centraba en los siguientes aspectos:
•Reforzar la capacidad del Ministerio de Asuntos de la Mujer y sus asociados en materia de igualdad de género;
•Aumentar la participación de las mujeres en la vida política y la esfera pública;
•Ayudar a reducir la discriminación y la violencia por razón de género.
Raida, programa de emprendimiento para mujeres
Este programa se inscribe en la política estatal de invertir en todas las provincias, aumentar el número de mujeres que participan en la actividad económica y conseguir que las mujeres pasen del sector informal a la actividad económica formal. Se está ejecutando en colaboración con el Banco Tunecino de Solidaridad.
Sus principales objetivos son los siguientes:
•Reducir la tasa de desempleo, sobre todo entre mujeres con estudios superiores, así como la pobreza y las disparidades regionales;
•Promover la participación económica de las mujeres;
•Cubrir necesidades básicas para que las mujeres puedan llevar una vida digna;
•Mejorar los indicadores de desarrollo relacionados con la pobreza y la marginación en las regiones, reducir el desempleo y promover la estabilidad social.
Para que el programa Raida resultara eficaz y obtuviera buenos resultados, se creó una línea de financiación para mujeres que, con una inversión total de unos 17 millones de dinares tunecinos, ha permitido desarrollar unos 2.300 proyectos.
Además, con motivo del Día Internacional de la Mujer se han anunciado varias medidas de apoyo a las mujeres del medio rural:
•Un aumento de la dotación del programa de emprendimiento para mujeres, que pasa en 2020 de 3 a 10 millones de dinares tunecinos;
•Quintuplicación de la tasa de préstamos destinados a proyectos agrícolas de mujeres, que pasa del 6 % al 30 %;
•Asignación a las regiones del interior del 70 % de la dotación económica del programa de emprendimiento para mujeres como medida de discriminación positiva;
•Coordinación con el Banco Tunecino de Solidaridad para dar prioridad a las nuevas incorporaciones a las organizaciones profesionales en las asociaciones y cooperativas de desarrollo agrícola de forma que puedan beneficiarse del programa;
•Organización de una feria nacional cada año para mostrar productos elaborados por mujeres del medio rural, en colaboración con el Ministerio de Asuntos de la Mujer, el Ministerio de Agricultura y el Banco Tunecino de Solidaridad.
Planificación y presupuestación con perspectiva de género
El artículo 18 de la Ley núm. 15 (2019), relativa a la Ley Orgánica del Presupuesto, dispone que el responsable del programa articulará el presupuesto en torno a objetivos e indicadores que garanticen la igualdad y la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres y, en general, entre todos los grupos sociales sin discriminación, y que servirán para su posterior evaluación.
Este criterio también se recoge en el artículo 156 del Código de Administración Local, que establece que las administraciones locales deberán asignar los fondos de sus presupuestos anuales en función de las tareas y los programas con los que vayan a ejecutarse los planes de desarrollo. Partiendo de datos estadísticos, tomarán en consideración los gastos obligatorios y la necesidad de justicia social e igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres.
En consecuencia, el Ministerio de Finanzas envió en 2019 a los ministerios un memorando sobre un proyecto de presupuestación con perspectiva de género.
A continuación se indican las principales etapas del desarrollo de ese sistema presupuestario:
•Idear y proponer una estrategia de trabajo para desarrollar un sistema de presupuestación con perspectiva de género sobre la misma base que la presupuestación por objetivos;
•Empezar a experimentar concretamente el sistema en varios ministerios;
•Elaborar una guía de referencia sobre la presupuestación con perspectiva de género a partir de los resultados del proyecto piloto;
•Señalar aspectos metodológicos del sistema de gestión presupuestaria en función de objetivos que se irán revisando para incorporar progresivamente conceptos de género;
•Concebir y poner en marcha un programa de divulgación sobre el proyecto de presupuestación con perspectiva de género.
V.Institución nacional de derechos humanos
La Ley Orgánica núm. 51 (2018), relativa a la Comisión de Derechos Humanos, se aprobó tras realizar consultas nacionales y regionales con diversas partes interesadas. La Ley confiere a la Comisión un mandato y unas competencias amplias, principalmente para que vele por el respeto, la protección y la promoción de los derechos humanos. La Comisión también debe encargarse de vigilar todas las violaciones de los derechos humanos, de realizar las investigaciones necesarias y de iniciar acciones judiciales para remediarlas. Se prohíbe toda interferencia de las partes interesadas en el trabajo de la Comisión.
Para que puedan ser elegidos por la Asamblea de Representantes del Pueblo, los miembros de la Comisión deben ser personas independientes y estar en condiciones de ejercer esa función a tiempo completo. Gozarán de inmunidad en el ejercicio de sus funciones de acuerdo con la Constitución y las leyes. Serán nombrados mediante un mecanismo especial de contratación. La Comisión gozará de independencia administrativa y financiera conforme a las disposiciones del artículo 4 de la Ley núm. 74 (2018). Dispondrá de un presupuesto independiente, que estructurará y someterá posteriormente al examen de la Asamblea de Representantes del Pueblo, y lo utilizará con autonomía y sin control previo.
La Comisión está actualmente en proceso de creación. Una vez que se haya constituido y que el Parlamento haya elegido a sus miembros, se recomendará solicitar la acreditación de la Alianza Global de las Instituciones Nacionales de Derechos Humanos.
VI.Medidas especiales de carácter temporal
La Constitución de enero de 2014 consagró el principio de paridad, al disponer en su artículo 21 que el Estado garantizará que hombres y mujeres tengan las mismas posibilidades de asumir cualquier responsabilidad en cualquier ámbito y trabajará por la paridad de género en los órganos electivos.
El Decreto núm. 35 (2011), relativo a la elección de los miembros de la Asamblea Nacional Constituyente, instaura la paridad en las listas de candidatos mediante la alternancia de candidatos y candidatas en ellas, lo que ha contribuido a aumentar el número de mujeres en la Asamblea. Con todo, en las elecciones, las mujeres solo consiguieron 65 de los 217 escaños, es decir, el 29,95 %.
La Ley Orgánica núm. 16 (2014), de elecciones y referendos, fija el principio de paridad vertical en las elecciones legislativas, que en 2014 contribuyó a que las mujeres obtuvieran el 32 % de los escaños en la Asamblea de Representantes del Pueblo, aunque esa cifra se redujo a menos del 30 % en las elecciones de 2019.
El principio de paridad horizontal y vertical, que se aplica en las elecciones locales en cumplimiento de la Ley Orgánica núm. 7 (2017), hizo que la representación de las mujeres en los consistorios alcanzara el 47,05 % tras las elecciones municipales de 2019 y que ahora el 19,5 % de los alcaldes sean mujeres.
De conformidad con los principios de igualdad de oportunidades entre los sexos y de igualdad de representación de las mujeres en los órganos electivos, la Ley Orgánica núm. 34 (2016), relativa al Consejo Superior de la Magistratura, instauró una norma positiva de igualdad de género. En su artículo 26, párrafo 2, se establece que será nula toda papeleta que no respete, en los límites del número preciso de puestos asignados a cada categoría y grado, el principio de paridad en el número de candidatos que el votante seleccione para cada categoría, exceptuando los casos en que el número de candidatos de uno u otro sexo sea insuficiente. Esta medida ha contribuido a que la representación de las mujeres en el Consejo haya aumentado hasta casi la mitad.
VII.Estereotipos
El Estado tunecino ha llevado a cabo desde 2002 varias reformas educativas que han modificado los planes de estudio y las herramientas pedagógicas al integrar en ellos los principios de igualdad de género y derechos humanos y al introducir en las asignaturas de formación cívica módulos sobre los derechos de la mujer y las reformas que el país ha aplicado en ese ámbito. También se han incorporado materiales sobre los derechos humanos y las libertades públicas en los programas de todas las instituciones de enseñanza superior a fin de concienciar sobre los principios de igualdad de género e igualdad de oportunidades.
El sector de los medios de comunicación ha experimentado importantes cambios desde 2011, entre los que destacan la disolución del Ministerio de Comunicación, la reestructuración de muchos medios y la creación de medios privados. Además, se ha creado la Alta Autoridad Independiente de Comunicación Audiovisual. Para conseguir un panorama audiovisual equilibrado, el reglamento de concesión de licencias de creación o explotación de emisoras privadas y públicas de radio o televisión obliga a todos los adjudicatarios a cumplir unas normas básicas, como proteger los derechos de las mujeres y acabar con los estereotipos sobre las mujeres en los medios de comunicación.
En el artículo 11, párrafo 2, de la Ley Orgánica núm. 58, relativa a la eliminación de la violencia contra la mujer, se prohíbe difundir o emitir por cualquier medio estereotipos o escenas, declaraciones o actos que denigren a la mujer o que enaltezcan la violencia de que es objeto o minimicen su gravedad.
En el marco de su colaboración con organizaciones de la sociedad civil, el Ministerio de Asuntos de la Mujer puso en marcha en 2014, junto con el Arab Institute for Human Rights, una campaña de concienciación sobre las capacidades de las mujeres en todos los ámbitos, bajo el lema “Mujeres tunecinas, aptitud nacional”. La campaña también pretende combatir las imágenes irrespetuosas y estereotipadas de las mujeres e incitar a los votantes de ambos sexos a que apoyen a candidatas que defiendan los principios de igualdad, libertad y derechos humanos.
Han aumentado los programas de colaboración con entidades de la sociedad civil y organizaciones internacionales y regionales para promover e inculcar una cultura de respeto a los derechos de la mujer. Se dirigen a un amplio público de niños, jóvenes, hombres y también mujeres de zonas urbanas y rurales.
El Ministerio de Asuntos de la Mujer ha intensificado sus actividades de concienciación sobre el tema mediante anuncios en varias cadenas públicas y privadas nacionales.
El CREDIF ha creado un mecanismo de observación sobre la manera en que los medios de comunicación tratan los temas relacionados con las mujeres que le ha permitido realizar un estudio sobre el tratamiento de este fenómeno en la prensa y otro sobre el tratamiento de la participación política de las mujeres en los medios de comunicación en 2019. Esos estudios han dado lugar a cursos de capacitación para periodistas en los que la entidad ha presentado sus conclusiones y ha instado a tratar esos temas con objetividad y sin caer en estereotipos. El CREDIF ha celebrado varios cursos desde que se estableció el mecanismo y prevé ofrecer otros sobre diversos temas.
El CREDIF también lleva a cabo campañas de concienciación basadas en sus investigaciones sobre la violencia de género en línea, como la que realizó recientemente en Facebook contra el acoso a las mujeres bajo el lema “Esta es mi cara”, que incidía en que las mujeres no tienen por qué someterse a una imagen impuesta por la sociedad. Con los resultados de los estudios que se elaboren gracias al mecanismo de vigilancia se pondrán en marcha otras campañas.
Pese a esas iniciativas, los derechos de la mujer y la participación de las mujeres en la cosa pública han sido cuestiones desatendidas en los medios de comunicación. La visibilidad de las mujeres es decepcionante tanto en las tertulias televisivas o radiofónicas como en el periodismo de investigación, lo que hace pensar que los profesionales de los medios no manejan bien la perspectiva de género y, cuando afecta a las mujeres, tampoco el principio de igualdad de oportunidades. Sí, las mujeres están más presentes en los medios, pero no por ello llegan a los puestos de decisión.
La escasa presencia de las mujeres en los puestos de mando de partidos y sindicatos es una muestra de que, sean cuales sean los temas tratados, en los medios de comunicación la palabra es monopolio del hombre.
VIII.Violencia de género contra la mujer
A.Estadísticas y medidas excepcionales
En el Anexo II se recogen las estadísticas del Ministerio del Interior sobre los casos de violencia desde 2010 y desde la aprobación de la Ley núm. 58 (2017). En el Anexo III se presenta el número de casos registrados y juzgados de delitos violentos durante el año judicial 2018/19.
Los actos de violencia contra la mujer señalados durante el período de confinamiento asociado a la pandemia COVID-19 aumentaron con respecto al mismo período de 2019, ya que entre el 23 de marzo y el 30 de junio de 2020, en el teléfono de asistencia 1899 se recibieron 3.085 llamadas por actos de ese tipo. Los actos referidos en esas llamadas entrañaron violencia verbal en el 90 % de los casos, violencia psicológica en el 84 %, violencia física en el 76 %, violencia económica en el 37 % y violencia sexual en el 17 %, mientras que en el 22 % de las llamadas se denunciaron actos de violencia contra niños.
A raíz de ello, el Ministerio de Asuntos de la Mujer tomó medidas excepcionales para atender a las mujeres víctimas de violencia y amplió el horario del teléfono de asistencia 1899 para que funcionara las 24 horas y los 7 días.
También capacitó a 18 mujeres para que pudieran asesorar a las mujeres víctimas de violencia, para lo que organizó 12 clases de formación en grupo y 18 sesiones individuales a distancia sobre técnicas de ayuda telefónica.
Se ha puesto en marcha una plataforma interactiva en línea, “Estamos contigo, no estás sola”, que ofrece a los niños y a las familias servicios de asistencia psicológica, asesoramiento y orientación a través del teléfono gratuito de asistencia 1809, que funciona todos los días de las 8 a las 24.
El Ministerio reservó un espacio diario en la radio nacional en el que sus psicólogos ofrecían consejos sobre cómo actuar con los familiares durante el período de confinamiento.
Para garantizar la continuidad de los servicios de atención a las mujeres víctimas de violencia, el Ministerio de Asuntos de la Mujer, con el apoyo del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) y en colaboración con entidades de la sociedad civil, habilitó un refugio en el que estas mujeres y sus hijos pueden albergarse durante el período de cuarentena obligatorio de 14 días antes de ingresar en centros de acogida especializados.
A principios de 2016 se estableció en el Hospital Charles Nicolle la primera unidad médica forense de atención a mujeres y niños víctimas de agresiones sexuales que ya hubieran dado lugar al inicio de acciones judiciales. La unidad ofrece servicios inmediatos de atención médica, psicológica y social y aporta a la justicia pruebas para el procesamiento de los agresores.
En 2017, la unidad atendió a más de 800 víctimas de violación. En el 65 % de los casos se trataba de menores de 18 años, de los que el 80 % eran niñas.
B.Prohibición de la violación conyugal
La expresión “violación conyugal” no figura en la Ley de eliminación de la violencia contra las mujeres, pero encaja en sus disposiciones. En el artículo 2 se establece que la Ley abarca todas las formas de discriminación de género y violencia contra la mujer, con independencia de quién inflija los actos en cuestión [maridos, padres, hijos, etc.] y del entorno en que se produzcan [la familia, el lugar de trabajo, la calle, etc.].
El artículo 3 de la ley también define la violencia sexual como cualquier acto o expresión que sirva para someter a una mujer a los deseos sexuales del agresor o de un tercero mediante la coacción, el engaño, la presión o cualquier otro medio de debilitar o doblegar la voluntad de la víctima, sin importar la relación que esta tenga con el agresor.
La violación está clasificada como violencia sexual, por lo que la violación conyugal se considera delito y quien incurra en él puede ser castigado, sobre todo porque el nuevo artículo 227 del Código Penal no excluye el castigo del marido por delitos tipificados.
C.Aplicación de la Ley Orgánica de eliminación de la violencia contra las mujeres
Conforme al artículo 46 de la Constitución, las normas internacionales pertinentes y la meta 2 del Objetivo de Desarrollo Sostenible 5, Túnez aprobó la Ley Orgánica núm. 58 (2017) de eliminación de la violencia contra las mujeres. Entró en vigor el 15 de febrero de 2018, se basa en un enfoque integral con cuatro pilares (la prevención, la protección, la disuasión y la intervención) y no hace distinciones entre tipos de agresor o entornos de agresión (ámbitos privados, como el familiar, o ámbitos públicos).
Para aplicarla se han adoptado las siguientes medidas:
•Prevención: se han adoptado las siguientes medidas de prevención y protección contra la violencia:
▪Organización de campañas de concienciación mediante cuñas radiofónicas y anuncios en televisión y redes sociales para transformar las representaciones sociales de las mujeres y las imágenes estereotipadas y denigratorias de que son objeto.
El CREDIF ha emprendido las siguientes actuaciones:
•Apoyar, en colaboración con el Ministerio de Transporte, campañas de concienciación sobre la violencia contra las mujeres en los medios de transporte y desarrollar las versiones 1 y 2 de la campaña “Los acosadores no viajan con nosotras”;
•Realizar diversas actividades educativas y de sensibilización en los planos local y regional en el marco de la campaña 16 Días de Activismo contra la Violencia de Género, que tiene carácter anual;
•Ofrecer cursos de capacitación sobre las disposiciones de la Ley Orgánica a diversos funcionarios del Ministerio y asociados nacionales y regionales, y especialmente a los equipos de seguridad que se ocupan de los casos de violencia contra la mujer.
Centrarse en la formación es de suma importancia. El Ministerio del Interior, en colaboración con organizaciones internacionales (la Fundación Friedrich Ebert y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF)), ha reforzado las capacidades de los jefes de equipo que participan en la investigación de delitos violentos contra mujeres, niños y trabajadoras mediante cursos en los que se enseña cómo apoyar a las víctimas y talleres sobre mecanismos de aplicación de la Ley de eliminación de la violencia contra las mujeres, técnicas de asesoramiento a las víctimas y medidas conjuntas de apoyo y protección para mujeres y niños víctimas de violencia. Más de 5.000 auxiliares y funcionarios han asistido a esos cursos y talleres.
El Ministerio del Interior también ha introducido algunas de estas cuestiones en la capacitación básica del personal y los pasantes. En el marco del programa de formación continua, el personal a tiempo completo recibió material de formación sobre la violencia contra las mujeres y los niños.
En el Ministerio de Justicia, el tema de la violencia contra la mujer se ha integrado en los cursos de formación continua dirigidos a jueces con menos de seis años de experiencia. El Instituto Superior de la Magistratura, en colaboración con la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito y la Organización Internacional de Derecho para el Desarrollo, ha impartido varios cursos de formación especializada de alcance nacional y regional.
Además, en colaboración con la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y la Organización Internacional de Derecho para el Desarrollo, el Ministerio ha redactado un manual de formación judicial y ha impartido tres cursos de formación de instructores a 15 jueces. A finales de 2020, también se redactó un manual de instructores para que los jueces formen a otros jueces en las regiones.
Además, el Ministerio de Asuntos Sociales impartió cursos de capacitación a 27 funcionarios regionales. En cooperación con ONU-Mujeres, se organizó un programa de formación para 80 trabajadores sociales y 60 especialistas en bienestar social.
La Oficina Nacional de Familia y Población, adscrita al Ministerio de Salud, está llevando a cabo un programa quinquenal de formación para profesionales de la salud sobre la manera de detectar y evaluar todas las formas de violencia contra la mujer y sobre las medidas de control, tratamiento y seguimiento.
La Oficina también elaboró un módulo de formación introductoria para el personal médico y un curso de formación de instructores. Posteriormente, se celebraron talleres en 23 provincias a los que asistieron 540 miembros del personal médico y paramédico, psicólogos, médicos de urgencias, personal de medicina forense, recepcionistas, técnicos y personal administrativo.
La Oficina también organizó cuatro cursos de formación de instructores sobre violencia conyugal en los que participaron 23 personas entre funcionarios públicos y miembros de la sociedad civil.
También se creó un consultorio jurídico en la Facultad de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales de Túnez que ofreció a los estudiantes formación integrada para reforzar sus competencias y su capacidad de actuar en situaciones concretas de violencia de género.
Además del estudio sobre indicadores de violencia presentado en 2010 por la Oficina Nacional de Familia y Población y el estudio sobre la violencia de género en la esfera pública que el CREDIF publicó en 2015, se realizaron un estudio para evaluar los servicios de defensa de las mujeres víctimas de violencia en Túnez (2017) y un estudio psicosocial sobre las representaciones sociales de la violencia contra las mujeres entre hombres jóvenes y mayores (2018).
El CREDIF ha puesto en marcha un plan nacional inclusivo para elaborar indicadores estadísticos sobre la violencia contra las mujeres. En 2019 se habían elaborado unos 38 indicadores, que actualmente utilizan por sectores varios ministerios de primer nivel (Justicia, Interior, Salud, Asuntos Sociales y Asuntos de la Mujer).
Protección: para que las víctimas puedan ejercer sus derechos de iure y de facto y acogerse a procedimientos administrativos, de seguridad y judiciales, se han tomado las siguientes medidas:
•Creación del teléfono de asistencia 1899 a fin de facilitar la denuncia de casos de violencia. Desde el inicio de la pandemia de COVID-19, la línea de ayuda ha estado en funcionamiento las 24 horas y los 7 días;
•Creación del teléfono de asistencia 1809 para ofrecer atención psicológica y asistencia a niños y mujeres víctimas;
•La adopción de varias decisiones y medidas de protección, aunque la actividad ha disminuido durante el período de confinamiento asociado a la COVID-19;
•La adopción de decisiones sobre servicios de asistencia jurídica que ayuden a las mujeres a hacer valer sus derechos y a acceder más fácilmente a la justicia.
Cabe recordar que el artículo 13 de la Ley Orgánica núm. 58 (2017) establece que las mujeres víctimas de violencia y los niños que viven con ellas tienen, entre otros, el derecho a recibir información y asesoramiento especializado sobre las disposiciones que rigen los procedimientos judiciales, los servicios disponibles y el derecho a obtener asistencia letrada. El artículo 39 de dicha ley dispone que quienes se encarguen de proteger a las mujeres víctimas de violencia deben informar a la demandante de todos sus derechos legales y en particular de los que esa ley les reconoce.
Servicios e instituciones: procedimientos, servicios e instituciones utilizados para proteger a las mujeres víctimas de violencia. A este respecto, se han adoptado las medidas siguientes:
•La designación de fiscales para casos de violencia de género en todos los tribunales de primera instancia;
•La creación de 128 equipos para tratar los casos de violencia en cada región de seguridad y de la Guardia Nacional. Las mujeres representan el 12,5 % de los jefes de equipo y el 40 % de los equipos están compuestos por mujeres agentes de seguridad;
•La aplicación de procedimientos penales especiales previstos en la ley, en particular la celebración de audiencias privadas para la comparecencia de niños, aunque es de señalar que en este ámbito faltan recursos financieros, técnicos y humanos (es decir, especialistas). Se está trabajando con el UNICEF para elaborar una guía práctica de apoyo a los niños víctimas de violencia;
•La emisión del Decreto núm. 126, de 25 de febrero de 2020, relativo a la creación del observatorio nacional de lucha contra la violencia hacia las mujeres y a su estructura administrativa y financiera.
•El desarrollo de mecanismos multisectoriales para proteger a las mujeres víctimas de violencia mediante:
▪La aprobación, en diciembre de 2016, por los ministerios de primer nivel, a saber, Justicia, Interior, Salud, Asuntos Sociales y Asuntos de la Mujer, de medidas sectoriales para proteger a las mujeres víctimas de violencia;
▪La firma, en enero de 2018, de un acuerdo conjunto entre los ministerios de primer nivel para organizar y coordinar las intervenciones de los trabajadores de esos sectores;
▪Elaboración de manuales sectoriales de trabajo para los ministerios de alto nivel sobre la protección transectorial de las mujeres víctimas de violencia;
▪El establecimiento de un órgano central y de sendos órganos locales de coordinación en las 24 provincias, integrados por representantes de los organismos públicos competentes y de asociaciones especializadas en combatir la violencia contra las mujeres.
El Ministerio de Asuntos de la Mujer también ha elaborado un mapa nacional de los servicios para mujeres víctimas de violencia y mujeres en situación de vulnerabilidad que prestan organismos públicos y organizaciones de la sociedad civil en diversas regiones de la República. Se trata de una herramienta de acción, información y coordinación que permite la derivación de usuarias entre diversos prestatarios y facilita el acceso de las mujeres a los servicios. Funciona mediante un sitio web creado específicamente para ello (www.sosfemmesviolences.tn).
El Ministerio ha incrementado la colaboración financiera y técnica con las entidades en cuestión, así como el apoyo que les presta, con la creación de centros de acogida o refugio para mujeres víctimas de violencia. El primer centro modelo lo gestiona Association des Femmes Tunisiennes pour la Recherche sur le Développement. Se ha ayudado a seis asociaciones regionales a crear centros de acogida para víctimas de violencia en varias provincias (Ariana, Kairuán, Sfax, Gafsa y Medenine y Yenduba), cuatro de ellos en el marco del programa Igualdad. También se brindó apoyo técnico mediante las actividades de capacitación pertinentes.
El Ministerio está trabajando con un método participativo en un proyecto de decreto gubernamental relativo a las mujeres y los niños víctimas de violencia y en un proyecto de resolución para aprobar las normas correspondientes.
El Ministerio publicó el primer informe anual sobre la aplicación de la Ley Orgánica núm. 58 (2017), en el que se presenta una serie completa de datos a ese respecto.
Prohibición de imponer castigos corporales a las niñas: La Ley núm. 40, de 26 de julio de 2010, por la que se modifican las disposiciones del artículo 319 del Código Penal, prohíbe imponer castigos corporales a niñas y niños al eliminar la referencia a que los castigos a niños no son punibles cuando quien los impone tiene autoridad sobre ellos. Así pues, el uso de la violencia como medio de disciplina por parte de figuras de autoridad como los progenitores y los educadores ya no tiene amparo legal.
El Delegado para la Protección de la Infancia es, desde 1995, la institución encargada de intervenir de forma preventiva en los casos en que se vean amenazadas la salud o la seguridad física o mental de un niño y se haya recibido la denuncia cualquier ciudadano, empleado (incluidos los que están sujetos al secreto profesional) o trabajador de un organismo público o privado. Según el Código de Protección de la Infancia, debe darse parte al delegado para la protección de la infancia de todo caso de maltrato habitual o explotación sexual de niños de ambos sexos. Incumplir el deber de informar en tales casos tiene reproche penal.
Los niños víctimas de violencia pueden informar al respecto a estos delegados en todas las provincias, personalmente o por correo postal o electrónico, sin necesidad de revelar su identidad. Las dependencias encargadas de investigar delitos violentos contra mujeres y niños también pueden recibir denuncias y remitirlas a las autoridades judiciales competentes. Los jueces de familia pueden atender directamente denuncias de niños, ciudadanos o instituciones del Estado sobre cualquier situación en la que un niño o una mujer hayan sido objeto de violencia.
Además del teléfono de asistencia al que se ha hecho referencia anteriormente, el Ministerio de Asuntos de la Mujer, en coordinación con otros ministerios que tratan temas de infancia, ha publicado manuales sobre normas para profesionales de la salud, la educación y los asuntos sociales, en los que se les recuerda que están obligados a utilizar el mecanismo de denuncia cuando haya niños en situación de grave amenaza, según lo dispuesto en el artículo 20 del Código de Protección de la Infancia, y sobre todo en casos de maltrato habitual.
D.Aplicación de la Estrategia Nacional para Combatir la Violencia contra las Mujeres de Todas las Edades (véanse los párrafos 104 a 106 del presente informe)
IX.Violencia de género contra las mujeres en situaciones de conflicto y consolidación de la paz
Durante el régimen anterior y el primer año de la revolución se registraron los siguientes datos estadísticos:
•En 2010 se produjeron 21.984 casos de violencia, física y sexual, contra la mujer (el 35,53 % del total de casos registrados) y 4.158 casos de violencia contra la infancia (el 6,72 % del total);
•En 2011 se produjeron 15.342 casos de violencia, física y sexual, contra la mujer (el 21,19 % del total de casos registrados) y 2.639 casos de violencia contra la infancia (el 3,64 % del total).
A.Incorporación de la perspectiva de género en el proceso de justicia transicional
La Ley Orgánica núm. 53 (2013) regula los diversos ámbitos de la justicia transicional (el esclarecimiento de la verdad, la preservación de la memoria, la rendición de cuentas, la reparación, la rehabilitación y la reforma institucional) y establece la Comisión de la Verdad y la Dignidad para que el proceso se aplique de manera eficaz.
La Comisión de la Verdad y la Dignidad realizó diversas actividades en cumplimiento de su mandato y presentó su informe final el 31 de diciembre de 2018, conforme a los requisitos de la ley antes señalada, que abarca tres presidencias. El informe se publicó en el Boletín Oficial en julio de 2020, en cumplimiento de los compromisos asumidos ante el Comité de Derechos Humanos durante el debate relativo al último informe periódico de Túnez, de marzo de 2020.
El Comité de la Mujer se creó en aplicación del reglamento de la Comisión de la Verdad y la Dignidad con el fin de cumplir el compromiso de la Comisión de incorporar la perspectiva de género en la aplicación de la Ley de Justicia Transicional. Se coordina con los comités y órganos de la Comisión para garantizar que las cuestiones relativas a la mujer se tomen en consideración al abordar violaciones de sus derechos y al concebir programas de reparación e indemnización. En su resolución núm. 8 (2016), de 27 de mayo de 2016, la junta directiva de la Comisión aprobó el manual de procedimiento del Comité de la Mujer.
El Comité de la Mujer se encarga principalmente de proponer mecanismos para atender, ayudar y proteger en condiciones adecuadas a las mujeres víctimas que desean denunciar infracciones de forma anónima. Se coordina con organismos que investigan violaciones de derechos de las mujeres y con oficinas regionales y diversos comités en aspectos concretos del tratamiento de esas denunciantes.
En el marco del exhaustivo informe final sobre la labor de la Comisión de la Verdad y la Dignidad, se ha publicado un volumen dedicado a las violaciones de los derechos de la mujer.
B.Salas de justicia de transición
Conforme a lo dispuesto en el artículo 7 de la Ley de Justicia Transicional, la rendición de cuentas es competencia de las comisiones y autoridades judiciales y administrativas. Se han creado trece salas especializadas en justicia transicional, en Túnez, Sfax, Gafsa, Gabes, Susa, El Kef, Bizerta, Kasserine, Sidi Bouzid, Medenine, Monastir, Nabeul y Kairuán, y se les ha asignado el conocimiento de 25 causas por graves violaciones de los derechos humanos, como asesinatos, torturas y desapariciones forzadas, todavía pendientes o en etapas preliminares.
Las salas especializadas trabajan para esclarecer la verdad, hacer que los culpables respondan por sus actos y ofrecer una reparación justa a las víctimas de ambos sexos mediante la aplicación de la Ley de Justicia Transicional, que no hace distingos de género respecto de los procedimientos y las cuantías de las indemnizaciones. También aplican el Código de Procedimiento Penal y otras leyes que regulan la concesión de indemnizaciones sin tener en cuenta el sexo de las víctimas. Las indemnizaciones se calculan exclusivamente en función de la magnitud y la naturaleza de los daños.
X.Trata y explotación de la prostitución
Avances en la aplicación de la Ley Orgánica núm. 61 (2016)
La Ley Orgánica núm. 61 (2016) estableció la creación de la Autoridad Nacional de Lucha contra la Trata de Personas, que está adscrita al Ministerio de Justicia. Se puso en funcionamiento una vez que el Decreto Gubernamental núm. 219 (2017) estableció los procedimientos de designación de la presidencia y los miembros, que proceden de entidades gubernamentales y no gubernamentales. Los miembros son nombrados por un período no renovable de cinco años.
En enero de 2018 se dotó a la Autoridad de locales y en el Decreto Gubernamental núm. 653 (2019) se fijaron su organización y métodos de trabajo.
Conforme a lo dispuesto en el artículo 46 de la ley antes mencionada, la Autoridad, con la asistencia técnica de la UNODC, elaboró la Estrategia Nacional de Lucha contra la Trata de Personas para el período 2018-2023 valiéndose de un enfoque participativo.
Además, la Autoridad elaboró un plan de acción para aplicar los principales aspectos de la Estrategia entre 2017 y 2019, que establecen un marco coherente con las metas 2 y 4 del Objetivo de Desarrollo Sostenible 16 y la meta 2 del Objetivo de Desarrollo Sostenible 5.
La Estrategia tiene por objeto definir un planteamiento global de lucha contra la trata, sobre todo en lo que se refiere a las medidas de protección y asistencia a las víctimas. Además, en ella se propugna la creación de una base de datos sobre trata de personas para facilitar las actividades de la Autoridad.
A continuación se exponen los cuatro grandes ejes de la Estrategia:
•La prevención, que requiere la conceptualización de los mecanismos necesarios para cumplir los objetivos de la Estrategia, en particular formulando políticas generales de prevención de la trata de personas que permitan aplicar eficazmente las disposiciones legales, armonizar las leyes, evaluar la realidad de la trata y afrontar sus causas fundamentales, así como concienciar a la sociedad sobre el peligro que plantea este fenómeno con medidas preventivas. Otros aspectos de este componente son fomentar la investigación y los estudios y potenciar la capacitación y el desarrollo de capacidades.
•La protección, que se centra en los métodos de detección de las víctimas mediante la publicación de directrices pertinentes y el establecimiento de mecanismos de denuncia social, sanitaria y jurídica;
•La represión del delito de trata, que se centra en disuadir eficazmente de su comisión fortaleciendo los organismos policiales especializados y protegiendo los derechos de las víctimas y los testigos durante los procedimientos judiciales;
•Unas relaciones de asociación y cooperación en los planos nacional e internacional centradas en reforzar la colaboración entre agentes gubernamentales y no gubernamentales, promover la cooperación bilateral, regional e internacional y establecer mecanismos de evaluación periódica y seguimiento.
La Autoridad ha creado un comité con representantes de los distintos organismos competentes para armonizar las diversas disposiciones jurídicas relacionadas con la explotación de niños, que concurre en aproximadamente el 75 % de los casos de trata. En el marco jurídico vigente hay penas diferentes y conceptos que se contradicen y solapan, lo que hace difícil intervenir para ofrecer protección y apoyo o para establecer una definición jurídica del delito.
La Autoridad también está trabajando en la formulación de disposiciones normativas, como un proyecto de decreto gubernamental para fijar las condiciones y modalidades de prestación de asistencia gratuita a las víctimas. También ha participado en la modificación del Decreto Gubernamental núm. 1061, de 26 de septiembre de 2017, relativo a las tasas consulares aplicables a los extranjeros cuyo permiso de residencia en territorio tunecino haya expirado.
En cuanto a las actividades de concienciación, la Autoridad participó el 30 de julio de 2019 en la Campaña Corazón Azul contra la Trata de Personas y organizó un simposio internacional, que tuvo lugar del 26 al 28 de julio de 2020, para promover dicha campaña a nivel regional y nacional. Además, suscribió dos acuerdos de información para sensibilizar sobre la trata de personas.
La Autoridad consolidó sus alianzas con varias organizaciones internacionales, como la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y la UNODC, y con organizaciones regionales como el Consejo de Europa. Se celebraron acuerdos de cooperación con organizaciones de la sociedad civil, como Terre d’Asile Tunisie, Association des Jeunes Avocats, American Judges Association, Abogados sin Fronteras, el Colegio Nacional de Abogados, Institut Tunisien pour la Réhabilitation des Survivants de la Torture (NEBRAS) y Association Amal pour la Famille et l’Enfant.
En cuanto a la creación de capacidades, la Autoridad ha organizado varias actividades de capacitación para jueces, estudiantes de profesiones judiciales en prácticas, miembros de las fuerzas de seguridad interior, funcionarios de los ministerios de Asuntos Sociales, Asuntos de la Mujer, Asuntos Religiosos y Salud, y profesores universitarios.
Más de 200 miembros de la judicatura participaron en los programas de capacitación. Se impartieron cursos sobre tratados internacionales y su aplicación y cursos especializados sobre normas internacionales de lucha contra el contrabando y la trata de personas para jueces en ejercicio. A esos cursos asistieron todos los estudiantes de profesiones judiciales en prácticas de 2015 a 2018, así como 125 fiscales y jueces de instrucción y 28 jueces que orientan a sus colegas en la lucha contra la trata de personas. También se organizaron varias sesiones para jueces de familia y fiscales de todos los tribunales de primera instancia que atienden casos de violencia contra la mujer.
Cuatro jueces militares asistieron en Ankara a un curso de capacitación sobre la trata de personas organizado por el Centro de Capacitación de la Asociación para la Paz a fin de mejorar su capacidad de afrontar eficazmente el problema y de familiarizarse con los principales mecanismos y medidas de lucha en este ámbito.
Unos 25 agentes de la policía judicial de las fuerzas de seguridad interior asistieron a cuatro cursos de capacitación sobre la trata de personas, y se seleccionaron ocho instructores nacionales. Además, 104 personas participaron en cuatro cursos regionales organizados por la Autoridad.
Varios trabajadores de centros de asistencia social asistieron a talleres y cursos de capacitación sobre métodos de reconocimiento de víctimas y se escogió a 26 de ellos para que sirvieran de puntos de contacto. Además, 25 oficiales de protección infantil recibieron formación en el marco de un programa de formación de instructores y 41 oficiales regionales participaron en varios cursos de capacitación.
En 2018, la Autoridad organizó en colaboración con la OIM 29 actividades de capacitación en las que participaron más de 2.000 personas.
La Autoridad realiza las siguientes tareas para proteger a las víctimas de la trata:
•Proporciona asistencia médica para la recuperación física y psicológica de las víctimas;
•Orienta a las víctimas sobre los procedimientos judiciales y administrativos que deben seguir para obtener indemnizaciones;
•Ayuda a las víctimas a reunir la documentación necesaria para obtener asistencia jurídica;
•Recibe notificaciones sobre casos de trata de personas y las remite a las autoridades judiciales competentes;
•Publica orientaciones sobre la manera de reconocer a las víctimas y prestarles asistencia;
•Colabora con diversas autoridades públicas competentes para proteger a las víctimas, los testigos y los denunciantes, y ayudar a las víctimas;
•En coordinación con organizaciones no gubernamentales, se informa con las autoridades públicas del curso de los casos de las víctimas, a las que ayuda, cuando procede, a superar las trabas que puedan plantearse;
•Brinda a las víctimas servicios de asistencia social para facilitar su reinserción social y les ofrece refugio.
Mecanismo nacional de derivación y orientación de víctimas de la trata de personas
Para mejorar la localización y el procesamiento de los traficantes y ofrecer protección y asistencia a las víctimas, la Autoridad Nacional de Lucha contra la Trata de Personas, en colaboración con el Consejo de Europa y en asociación con los sectores público y privado, la sociedad civil y la comunidad internacional, ha establecido un mecanismo nacional de reconocimiento, derivación y orientación que permite saber quiénes son las víctimas de trata, orientarlas a los servicios adecuados y brindarles apoyo y protección.
Cuando se concibió el mecanismo se definieron las funciones de las distintas entidades gubernamentales y no gubernamentales a fin de establecer un marco general y una base para el tratamiento de las víctimas y a fin de aplicar un enfoque participativo desde el momento en que se conoce la comisión de un delito hasta el momento en que la víctima se reintegra en la sociedad o regresa voluntariamente a su país para evitar que vuelva a ser objeto de trata. Se proporciona a las víctimas toda la asistencia y protección que requiera su situación con arreglo a las normas internacionales y nacionales pertinentes. Se ha elaborado una serie de herramientas para facilitar la coordinación entre asociados y hacer respetar los derechos de las víctimas.
Antes de dar el visto bueno, la Autoridad puso a prueba el mecanismo para comprobar que fuera eficaz y práctico. Para ello, en 2020 se organizaron tres talleres regionales para varias provincias en los que se experimentó su funcionamiento.
Hasta que se apruebe el mecanismo, los organismos competentes deben seguir prestando apoyo a las víctimas, en coordinación con los distintos agentes.
Por lo que respecta a la recopilación de datos, la Autoridad, con el apoyo de la OIM, está elaborando un informe anual sobre las víctimas de trata a las que se ha prestado apoyo. La Autoridad asistió a 742 víctimas en 2017, a 780 en 2018 y a 723 en 2019 (véase el anexo IV).
La Autoridad está desarrollando actualmente un sistema de información que le permitirá digitalizar el proceso de prestación de apoyo y recopilar datos estadísticos sobre los casos remitidos.
En cuanto a la modificación o derogación del artículo 231 del Código Penal, relativo a la penalización de la prostitución, el Ministerio de Justicia está haciendo una revisión exhaustiva del Código Penal y el Código de Procedimiento Penal para garantizar que se ajusten a las disposiciones de la Constitución y a las normas internacionales.
XI.Participación en la vida política y la esfera pública
A.Participación de las mujeres en la vida pública y la toma de decisiones
Aunque las listas electorales de las elecciones legislativas de 2011 tenían el mismo número de hombres y mujeres, la representación femenina en el Parlamento siguió sin cumplir las expectativas. Las mujeres ocupaban el 25 % de los escaños de la Asamblea Nacional Constituyente al inicio de la legislatura en enero de 2012 y llegaron al 30,59 % en junio de 2014. En las elecciones de octubre de 2014, las mujeres obtuvieron el 35,94 % de los escaños de la Asamblea de Representantes del Pueblo.
En la legislatura 2019-2024, las mujeres se quedaron con 54 de 163 escaños, lo que supone una disminución del 24,88 %.
Desde septiembre de 2020, las mujeres ocupan casi el 28 % de los cargos del actual Gobierno tunecino, a saber, siete ministras y 29 secretarias de Estado. En el Gobierno anterior (de febrero a septiembre de 2020), el Ministerio de Justicia, que es uno de los ministerios fundamentales, tuvo al frente a una jueza, siendo la primera vez en la historia del país que una mujer ocupaba ese cargo.
En las elecciones municipales salieron elegidas 3.385 mujeres, que ocuparon aproximadamente el 47,05 % de las concejalías del país. También fueron elegidas 573 mujeres cabeza de lista, el 29,55 % del total.
Las mujeres están poco representadas a nivel regional; solo una de las 24 provincias del país está gobernada por una mujer.
Las mujeres ocupan el 37 % de los puestos de la administración pública, cifra que aumenta un 46 % si también se cuentan las profesionales en ejercicio en los ministerios de Interior y Defensa.
Las mujeres constituyen el 35,8 % del personal cualificado de la administración pública y ocupan cargos en los siguientes porcentajes:
•El 25 % de las direcciones generales;
•El 30,1 % de las direcciones;
•El 33,8 % de las subdirecciones;
•El 40,2 % de las jefaturas de servicio.
La proporción de mujeres en la judicatura, que ha aumentado sustancialmente y a ritmo constante, ha pasado del 32,4 % en 2010 al 43,12 % en 2018. Entre 1986 y 2018 cada vez más mujeres ingresaron en la carrera judicial, pasando del 32 % al 68,5 % durante ese período. En 2020, más del 70 % de las incorporaciones fueron de mujeres. En la actualidad, los tribunales ordinarios tienen un 55 % de juezas en primera instancia, un 23 % en segunda instancia y un 22 % en instancias superiores.
Con todo, sigue habiendo pocas juezas en puestos de decisión y ninguna en los siete cargos más altos de la magistratura tunecina.
De 2010 a 2016, el número de juezas pasó de 39 a 61 en los tribunales administrativos y de 30 a 79 en los tribunales de cuentas (es decir, del 30 % al 45,14 % del total).
Los consejos judiciales pasaron de tener cinco magistradas, incluidas las cuatro de la Comisión Judicial Temporal, a 19, entre ellas las diez del Consejo Judicial Supremo, lo que equivale a un aumento del 10,5 al 42,2 %.
En 2018, las mujeres ocupaban el 33,33 % de los puestos del Departamento de Justicia Militar, frente al 13,36 % en 2011. Entre el 2 de septiembre de 2016 y el 30 de junio de 2019, las mujeres ocuparon cargos directivos esenciales del Departamento, como los de Fiscal del Tribunal Militar de Apelación y Fiscal General para la Jurisdicción Militar.
En las filas del ejército nacional había un 5,58 % de mujeres en 2018 y un 5,74 % en 2019.
En los servicios diplomáticos hay 66 mujeres en misiones en el extranjero y 131 ocupando cargos como los siguientes:
•4 ministras plenipotenciarias eméritas
•24 ministras plenipotenciarias, 12 de ellas destinadas en el extranjero
•40 consejeras de asuntos exteriores
•53 secretarias de asuntos exteriores (20 en el extranjero y 33 en la administración central)
Además, hay siete mujeres embajadoras, cinco cónsules y cinco representantes en organismos internacionales.
B.Marco jurídico para la igualdad de género
Desde las elecciones a la Asamblea Nacional Constituyente, las listas electorales se han organizado atendiendo a los principios de paridad y sucesión alterna de candidatos y candidatas. Ambos principios se incorporaron en la ley electoral al aprobarse la Constitución de 27 de enero de 2014. El principio de paridad vertical solo se utilizó al elaborar las listas de las elecciones legislativas. Cuando se debatió la ley electoral, no se abordó la petición de instaurar la paridad obligatoria en los primeros puestos de las listas electorales (paridad horizontal). Sin embargo, con la aprobación de la Ley Electoral en 2017, el legislador introdujo ambos principios, la paridad horizontal y la paridad vertical, en las elecciones municipales y regionales.
En la Ley Orgánica núm. 29 (2018), relativa al Código de Administración Local, hay varias disposiciones en materia de paridad (artículo 44) y de igualdad entre mujeres y hombres e igualdad de oportunidades (artículo 106). El marco jurídico establecido por dicha ley está en consonancia con la meta 5 del Objetivo de Desarrollo Sostenible 5, relativa a que las mujeres participen en pie de igualdad en la vida pública y la toma de decisiones.
Atendiendo a esas disposiciones, la Comisión Electoral Independiente rechazó todas las listas de candidatos a las elecciones legislativas o municipales que no respetaran los principios de paridad y alternancia entre hombres y mujeres.
Muchas de las demandas examinadas por los tribunales en relación con las elecciones legislativas de 2019 giraban en torno a una de las condiciones que debían cumplir las listas electorales. La condición de paridad vertical no planteó grandes problemas en esas últimas elecciones, al contrario de lo que ocurrió en las legislativas de 2014 y en las municipales de 2018, en las que el incumplimiento de tal requisito fue una de las razones más importantes de rechazo e impugnación de candidaturas en los tribunales. La paridad vertical se sumó al requisito de paridad horizontal en la Ley Electoral, que establece que las candidaturas a las asambleas municipales y regionales también deben cumplir el principio de paridad entre mujeres y hombres en los primeros puestos de las listas de los partidos y coaliciones que se presenten en más de una circunscripción electoral. Las listas de partidos y coaliciones que no cumplan con esa norma son inadmisibles, salvo que se regularicen en el plazo previsto por la ley.
En definitiva, al no aplicarse el principio de paridad horizontal pocas fueron las mujeres que encabezaron listas electorales (véase el anexo V).
C.Medidas adoptadas para aumentar la participación de las mujeres en la vida pública y política
Uno de los aspectos prioritarios de la Estrategia Nacional de Institucionalización de la Perspectiva de Género es promover la participación de las mujeres en la vida política y en la gestión de los asuntos públicos (párrafos 91 a 96). Por su parte, el plan de acción nacional para aplicar la resolución 1315 (2000) del Consejo de Seguridad, relativa a las mujeres y la paz y la seguridad, tiene una sección dedicada a la inclusión de las mujeres en la vida política, la gestión de los asuntos públicos y la adopción de decisiones como medio de mantener la paz, resolver los conflictos y combatir el terrorismo.
Además, en su Circular núm. 31 (2018), el Primer Ministro dispuso que el principio de paridad debía aplicarse a los nombramientos y a los altos cargos. Para afianzar en mayor medida dicho principio, en otra circular de 2019, el Primer Ministro estableció la obligación de presentar sendos candidatos de ambos sexos para cada cargo en el Gobierno, la función pública y las instancias de decisión.
Con la adopción de la Ley Orgánica núm. 58 (2017) de eliminación de la violencia contra las mujeres, Túnez se convirtió en el primer país árabe y africano en reconocer y tipificar como delito la violencia política contra las mujeres. Esta ley tunecina va pues más allá de los instrumentos internacionales pertinentes, que obligan a los Estados a consagrar la igualdad en la esfera política. Los agentes de la sociedad civil que se ocupan de estos temas están trabajando y recabando apoyos para lograr que los instrumentos internacionales pertinentes tengan en cuenta la cuestión de la violencia, particularmente en la esfera política, y que se establezca en el plano internacional un marco jurídico conceptual que facilite la promulgación de leyes comparables en este ámbito.
Sobre la base de ese marco, se ha elaborado una serie de indicadores científicos a partir de varios estudios sobre el tema, como el realizado por la Oficina del Primer Ministro en colaboración con ONU-Mujeres sobre las mujeres en puestos de decisión del sector público y varios estudios del CREDIF, los más recientes de los cuales son:
•Un mecanismo de observación y seguimiento del número de mujeres en puestos directivos de la función pública tunecina;
•El Comité Nacional de Fomento de la Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres en las Administraciones Locales.
Para las elecciones de 2014, los ministerios de Asuntos de la Mujer, Asuntos Sociales e Interior y la Comisión Electoral Independiente se asociaron para poner en marcha un programa destinado a ayudar a las mujeres de las zonas rurales a obtener tarjetas nacionales de identidad.
La Comisión Electoral Independiente elaboró boletines de concienciación dirigidos ante todo a las mujeres, aunque también a otros grupos como los jóvenes, los ancianos y las personas con discapacidad. En 2014, el 50,5 % de las nuevas inscripciones en el censo electoral correspondieron a mujeres inscritas voluntariamente, con lo que el número de electoras ascendió a 2.446.393, es decir, el 46,10 % del total de electores censados.
Para las elecciones de 2019 se trabajó en la inscripción de personas de grupos específicos, como las mujeres del medio rural. Gracias a ello se consiguió un equilibrio casi perfecto entre electoras (49 %) y electores inscritos. Esas labores se coordinaron con organizaciones de la sociedad civil.
En el Manual de Normas y Procedimientos de las Campañas Electorales se trata la cuestión de la violencia de género, que es una de las irregularidades que los observadores de las campañas deben vigilar en virtud de la Ley núm. 58 (2017). A este respecto, se elaboró un documento de orientación para observadores electorales en el que se aclara el concepto de violencia de género.
Por lo que respecta al fortalecimiento de las capacidades de las candidatas de grupos desfavorecidos, el CREDIF organizó a principios de marzo de 2020, en colaboración con el Foro de Federaciones (Canadá), un taller regional de capacitación para 21 mujeres activas en la vida pública y política de Jordania, Marruecos y Túnez. El objetivo del taller, cuyo tema era “Liderazgo transformador para el cambio”, era mostrar a las participantes cómo acceder a puestos de decisión en los partidos y marcar su presencia en los círculos políticos.
En 2019, el CREDIF, en colaboración con el Foro de Federaciones, organizó una actividad denominada “Academia Política” en torno al tema “Mujeres líderes para una gobernanza integrada”, que tenía por objetivo incrementar el número de mujeres en las estructuras centrales de los partidos y los foros regionales y apoyar la creación de mecanismos para fortalecer las alianzas políticas de mujeres. Otro objetivo era poner en marcha una estrategia común para formar grupos de promoción e impulsar un cambio real. En el marco de este evento se celebraron siete talleres de capacitación. Se trabajará para organizar una segunda edición de la Academia Política.
El CREDIF organiza periódicamente seminarios y sesiones de reflexión colectiva dirigidos a distintos grupos de mujeres y a mujeres representantes de asociaciones y partidos políticos con el fin de brindar apoyo a las participantes respecto de asuntos locales y acompañar a candidatas a elecciones municipales. El CREDIF está actualizando y ampliando su base de datos “¿Quién es ella?” con la incorporación de información sobre mujeres cualificadas que ocupan puestos de responsabilidad administrativa, además de datos sobre expertas y académicas, que estará a disposición de responsables de la toma de decisiones, organizaciones nacionales e internacionales y medios de comunicación.
La Red Árabe para la Participación de las Mujeres en Procesos Electorales se puso en marcha en octubre de 2019 y Túnez fue elegido para presidir su comité directivo. Se trata de una organización regional que elabora programas para promover la participación de las mujeres en las elecciones y la actividad política. En el marco de su estrategia trienal, actualmente en elaboración, la Red se encargará de:
•Organizar un programa de capacitación para el liderazgo de las mujeres en los procesos electorales y la actividad política;
•Desarrollar una campaña informativa sobre la Red, sus objetivos y su estrategia;
•Elaborar documentos y programas para combatir la violencia política contra las mujeres;
•Observar desde una perspectiva de género y con arreglo a los principios internacionales los procesos electorales para cerciorarse de que sean inclusivos, que abarquen a todos los grupos y que sirvan de pilar de la democracia, el traspaso pacífico del poder y la estabilidad.
D.Protección de los defensores de los derechos humanos
Los artículos 35, 36 y 37 de la Constitución consagran la libertad de reunión y manifestación pacíficas, el derecho de sindicación, el derecho de huelga y el derecho a formar partidos, sindicatos y asociaciones. La aprobación del Decreto núm. 88 (2011) relativo a la regulación de las asociaciones ha tenido importantes repercusiones en la posibilidad de crear libremente asociaciones, ya que elimina el régimen de licencias y lo sustituye por un sistema de permisos. Cualquier regulación posterior de las asociaciones se hace por vía judicial. Este cambio ha acarreado un aumento sustancial del número de asociaciones.
El artículo 6 de dicho decreto prohíbe a las autoridades públicas entorpecer o perturbar de manera directa o indirecta las actividades de las asociaciones. El artículo 7 dispone que el Estado adoptará todas las medidas necesarias para garantizar a todas las personas la protección de las autoridades competentes contra todo acto de violencia, amenaza, represalia, discriminación lesiva de iure o de facto, presión o cualquier otro acto represivo por ejercer legítimamente los derechos mencionados en el decreto en cuestión.
No obstante, la legislación de Túnez no dispone de un marco integral de protección de los defensores de los derechos humanos, y las infracciones de este tipo se tratan con arreglo a la legislación general (el Código Penal o leyes específicas). Esta situación ha llevado a algunas organizaciones de la sociedad civil a iniciar la elaboración de un proyecto de ley de protección de los defensores de los derechos humanos.
E.Aplicación del Plan de Acción Nacional sobre las mujeres y la paz y la seguridad
Más allá de la información facilitada en los párrafos 99 a 103 del presente informe, cabe señalar que el CREDIF realizó el primer estudio sobre el marco institucional de aplicación de la resolución 1325 (2000) del Consejo de Seguridad, en el que se basó el Ministerio de Asuntos de la Mujer para elaborar el plan de acción nacional correspondiente.
En 2018, el CREDIF llevó a cabo el primer examen científico de evaluación cualitativa de la seguridad de las mujeres en cuatro zonas piloto a fin de medir la sensación de seguridad de las mujeres en los espacios públicos y localizar los espacios inseguros. Asimismo, en 2019 concluyó un proyecto de investigación sobre la prevención del extremismo violento en varias provincias del país que tenía por objeto analizar la manera en que las mujeres y los jóvenes de ambos sexos contribuían a prevenir ese fenómeno a fin de realizar actividades que reforzaran sus capacidades y proteger a la población del extremismo violento con medidas de divulgación y concienciación.
Después de que se aprobara el Plan de Acción Nacional, 13 organismos públicos y 22 organizaciones de la sociedad civil lo concretaron en varios planes sectoriales, al que posteriormente se añadiría un plan operativo general que serviría de marco para la ejecución de todos los planes sectoriales hasta finales de 2020. En octubre de 2019 se organizó un simposio internacional con el fin de recabar apoyos para poner en práctica y financiar el plan operativo.
Se han ultimado los planes sectoriales de los siguientes ministerios: Asuntos de la Mujer; Defensa; Interior; Relaciones Exteriores; Salud; Asuntos Religiosos; Juventud y Deporte; Transportes; Cultura; Desarrollo, Inversión y Cooperación Internacional; Agricultura, Recursos Hídricos y Pesca; y Asuntos Sociales.
Los interesados se encargaron de las siguientes tareas:
•Definir criterios de referencia para la selección de asociados en la programación del plan operativo;
•Afinar los métodos de elaboración de planes sectoriales y establecer un programa y un calendario de trabajo para la segunda parte del proceso;
•Incorporar al proceso a otros ministerios (Transportes, Cultura, Agricultura, Juventud y Deporte e Industria);
•Organizar talleres de elaboración de planes sectoriales;
•Organizar reuniones de apoyo técnico a los asociados y sesiones de trabajo por sectores;
•Organizar talleres con asociaciones y organizaciones de la sociedad civil sobre modalidades de cooperación para aplicar los planes sectoriales.
A continuación se presentan los resultados que se espera obtener con el plan:
•Crear una base de datos actualizados común a todos los organismos públicos;
•Promulgar leyes y adoptar medidas que promuevan el principio de paridad en todos los órganos electivos y en los organismos y cargos independientes de ámbito nacional y local, y velar por que las leyes y los reglamentos se ajusten a la Constitución y las normas internacionales;
•Adoptar medidas adecuadas y establecer mecanismos nacionales para proteger a las mujeres y las niñas del extremismo violento y el terrorismo;
•Reforzar las capacidades de los organismos de seguridad para que puedan actuar contra las violaciones de los derechos de las mujeres y las niñas;
•Aumentar la proporción de mujeres en puestos de decisión y altos cargos civiles, judiciales y militares;
•Incrementar los programas y las medidas que promuevan el empleo de las mujeres y las jóvenes.
El principal componente del plan sectorial del Ministerio de Asuntos de la Mujer es el proyecto Hayat para las regiones, que ofrece un método participativo e integrado general de creación de proyectos económicos a las mujeres de regiones amenazadas por el terrorismo y el extremismo violento, que tienen una alta densidad de población y sufren de pobreza y marginación, a fin de valorizar los productos fabricados en esas regiones. Para cumplir ese objetivo se aplican principios de solidaridad económica social en un marco organizado y estructurado y se alienta a la población a permanecer en las zonas que habitan con un nivel de vida digno. Se dota a las regiones de equipamientos e infraestructuras necesarios, como escuelas, guarderías, centros infantiles y juveniles, espacios de ocio, centros de salud y oficinas de correos, así como redes de alumbrado, alcantarillado y saneamiento, carreteras y medios de transporte, para que puedan atraer inversores.
XII.Nacionalidad
Las leyes tunecinas que regulan la nacionalidad han evolucionado considerablemente en las sucesivas revisiones a que fue sometido el Código de la Nacionalidad para armonizarlo con la Constitución y eliminar requisitos discriminatorios, y sobre todo con la importante reforma que introdujo la Ley núm. 55 (2010). A este respecto, el Ministerio de Asuntos de la Mujer ha presentado un proyecto de ley para que las tunecinas casadas con extranjeros puedan transmitir su nacionalidad a los hijos que tengan fuera del país.
Con ese proyecto de ley se pretende adaptar la legislación nacional a las disposiciones de los instrumentos internacionales ratificados por Túnez, de los que el más importante es la Convención sobre la Nacionalidad de la Mujer Casada, ratificada mediante la Ley núm. 41 (1967), de 21 de noviembre de 1967.
Para evidenciar la importancia de esta propuesta de reforma, en el anexo VI se exponen las distintas modificaciones del Código de la Nacionalidad de Túnez, lo que permite detectar deficiencias y señalar los cambios que se introducirán si se aprueba la enmienda.
El hecho de que las mujeres casadas con extranjeros no puedan transmitir la nacionalidad tunecina a los hijos que tengan fuera del país es una de las principales razones por las que se considera discriminatoria la ley de nacionalidad tunecina. El Comité, en sus observaciones finales sobre los informes periódicos quinto y sexto de Túnez, recomendó al país la promulgación de una ley que consagrara la igualdad entre mujeres y hombres en cuanto a la capacidad de transmitir la nacionalidad a los hijos sin discriminación, conforme al artículo 9 de la Convención.
A este respecto, el principio de no discriminación quedó consagrado en las modificaciones introducidas en el Código de la Nacionalidad por la Ley núm. 55 (2010), concretamente en sus artículos 6 y 12. Sin embargo, esa modificación no fue suficiente, ya que en la práctica no tuvo los efectos deseados.
En consecuencia, el Ministerio de Asuntos de la Mujer decidió presentar un proyecto de ley de reforma de la Ley núm. 55 (2010).
Cabe señalar que, a falta de una redacción clara, la judicatura tunecina ha hecho una interpretación no discriminatoria de esas disposiciones que respeta el principio de igualdad. A título de ejemplo, el Tribunal de Primera Instancia de Túnez, en su sentencia núm. 7482, de 2 de abril de 2018, afirmó claramente que el legislador había decidido que, como se indicaba en el nuevo artículo 6 del Código de la Nacionalidad, los hijos de mujeres tunecinas adquirirían la nacionalidad de sus madres sin importar el lugar en el que nacieran, lo que pone de relieve la voluntad constante de eliminar la discriminación entre hombres y mujeres. En el nuevo artículo 6 del Código de la Nacionalidad, el legislador reconoce el derecho de los hijos de padre y madre tunecinos a la nacionalidad tunecina, hayan nacido en el país o en el extranjero. Esa decisión, que derogó el antiguo artículo 6 sustituyéndolo por uno nuevo, establece que la filiación de la persona que solicita la nacionalidad tunecina, y no su lugar de nacimiento, es el principal fundamento del derecho de las mujeres tunecinas a transmitir su nacionalidad a sus hijos, independientemente de su lugar de nacimiento.
Educación
Los datos disponibles ponen de manifiesto que la proporción de niñas matriculadas en los centros educativos va en aumento constante. Como se señala en el párr. 13, en los centros de enseñanza primaria y secundaria hay más matrículas de niñas que de niños (véase el anexo VII). Las tasas de deserción y fracaso escolar y de finalización de estudios dan cuenta de la excelencia educativa de las niñas.
La etapa preescolar incrementa notablemente las posibilidades de éxito escolar, ya que mejora el desempeño académico y la integración social y educativa del alumnado. Por ello, se ha trabajado para extender ampliamente la oferta de programas de preescolar, especialmente en las zonas rurales y los barrios densamente poblados. Durante el año escolar 2019/20 se matricularon en la etapa preescolar 59.544 niños, entre ellos 29.356 (49,3 %) niñas (véase el anexo VIII).
Por lo que respecta a la educación primaria, aproximadamente 1.171.569 estudiantes se matricularon en escuelas públicas en el curso escolar 2019/20, niñas en el 48 % de los casos (véase el anexo IX).
En el curso 2018/19, la tasa de finalización de estudios primarios de las niñas superó en un 4,7 % a la de los niños. En el anexo X se detallan las tasas de finalización de estudios y de deserción y fracaso escolar.
La enseñanza secundaria consta de dos ciclos, un primer ciclo que complementa la enseñanza primaria y un segundo ciclo al que pueden acceder quienes cumplan los requisitos establecidos en el artículo 25 de la ley marco pertinente.
En el curso 2019/20 se matricularon en ambos ciclos 926.832 personas y el número de matrículas de las muchachas fue un 9,6 % superior al de los varones.
En el marco del plan nacional de integración escolar y educativa de los niños con discapacidad que está en aplicación desde 2003, se ha puesto en marcha un programa para integrar a estos niños en centros educativos y fomentar así la igualdad de género y la igualdad de oportunidades.
Gracias a esa labor se ha incrementado el número de hombres y mujeres matriculados en los programas de la enseñanza ordinaria, se han creado estructuras de formación, se han establecido y equipado escuelas integradas y se han instaurado servicios de orientación y asistencia pedagógicas.
Se han abierto estructuras de preparación para niños con discapacidad y se ha elaborado una estrategia nacional de comunicación e información para fomentar la integración escolar.
Según los datos estadísticos correspondientes al curso escolar 2019/20, el número de alumnos con discapacidad (o necesidades especiales) había alcanzado la cifra de 6.113, de los cuales 2.205 eran mujeres (anexo XI).
El Relator Especial de las Naciones Unidas sobre el derecho a la educación en ejercicio en 2012, que visitó Túnez aquel año, y la actual Relatora, que volvió a hacerlo en 2019, formularon una serie de recomendaciones que se hicieron llegar a las partes interesadas para que se guiaran por ellas cuando elaboraran planes de promoción de la igualdad de oportunidades entre los sexos.
Por lo que se refiere a la formación profesional, se han tomado numerosas medidas para mejorar la enseñanza técnica y las capacidades y cualificaciones de los estudiantes. Los centros de capacitación técnica se convirtieron en centros de formación profesional en el curso 2000/01, y en 2007/08 se abrieron escuelas politécnicas.
Esos centros ofrecen a alumnos de ambos sexos formación técnica y práctica para el desempeño de los principales oficios de la industria, la construcción y los servicios; los estudiantes también reciben instrucción en lengua, ciencias y estudios sociales. Hay tres modalidades básicas de formación: las clases en aulas, los programas de formación en alternancia y la formación en el empleo.
Por lo que respecta a la enseñanza superior, en el artículo 6 de la ley que la regula (Ley núm. 19 (2008), de 25 de febrero de 2008) se establece que quienes tengan el título de bachillerato o hayan convalidado un título extranjero equivalente pueden solicitar el acceso a los estudios superiores, que se concederá sobre la base de los méritos y sin discriminación.
Ello ha dado lugar a que una proporción importante de las matrículas en instituciones públicas de enseñanza superior sean de mujeres. En el curso 2018/19, el 66 % de los matriculados y el 69 % de los egresados con títulos superiores de universidades públicas eran mujeres.
La tasa de analfabetismo es del 25,7 % entre las mujeres y del 12,9 % entre los hombres, y aumenta en las zonas rurales: 41,8 % entre las mujeres y 23,2 % entre los hombres.
Se han adoptado diversas medidas de lucha contra el analfabetismo y de educación de adultos. El Programa Nacional de Educación de Adultos lleva desde 2000 ofreciendo educación a personas que, por circunstancias, no pudieron cursar estudios, tuvieron que dejarlos prematuramente o experimentaron retrocesos en el proceso de alfabetización. Los participantes reciben una educación cultural completa mediante cursos de comunicación sobre temas como la familia, la crianza, la salud, la ciudadanía, el diálogo y el medio ambiente.
El Departamento de Alfabetización y Educación de Adultos tiene en cuenta las circunstancias sociales de los educandos y ofrece incentivos, como ayudas económicas y en especie, a las personas indigentes o necesitadas. El Departamento también se ocupa de la situación de las mujeres y ayuda a potenciar su contribución a la familia y la sociedad mediante actividades de concienciación sobre los derechos de la mujer. También ofrece a los jóvenes la posibilidad de adquirir competencias básicas y, cuando procede, les proporciona medios para emprender actividades generadoras de ingresos.
En el anexo XII se presentan datos estadísticos sobre los resultados del Centro Nacional de Educación de Adultos en el curso 2019/20, desglosados por provincia, grupo de edad y sexo.
El Programa de Desarrollo Social de la Mujer, que el Ministerio de Asuntos de la Mujer emprendió en 2016 y es parte de la estrategia de erradicación del analfabetismo que se aplicará hasta 2030, se puso en marcha en el distrito de Ala de la provincia de Kairuán y luego se extendió a las demás provincias priorizando las zonas con altas tasas de analfabetismo.
El objetivo de dicho programa es erradicar progresivamente el analfabetismo y los retrocesos en el proceso de alfabetización y conseguir que sus beneficiarias mejoren sus capacidades y conocimientos, superen la marginación, la pobreza y el desempleo, vivan una vida digna y participen en la cosa pública.
Empleo
El derecho al trabajo está consagrado en el artículo 40 de la Constitución, que establece que todos los ciudadanos, hombres y mujeres, tienen derecho a trabajar, y que el Estado adoptará las medidas necesarias para hacer efectivo ese derecho conforme a criterios de competencia y equidad. La Constitución también establece que todo ciudadano tiene derecho a trabajar en condiciones dignas y con un salario justo.
Así pues, se han tomado medidas para mejorar la participación de las mujeres en el mercado laboral. El Ministerio de Formación Profesional y Empleo ha puesto en marcha varios programas relacionados con el empleo, las iniciativas del sector privado y la formación profesional.
En los últimos años, aproximadamente el 70 % de los beneficiarios de los diversos programas de búsqueda activa de empleo financiados con recursos del Fondo Nacional de Empleo han sido mujeres. Esos programas ofrecen formación complementaria para favorecer la contratación de personas desempleadas y lograr que las instituciones del sector privado contribuyan a esa labor ofreciendo pasantías y formación en el empleo.
En el marco del plan de revisión y reforma de los programas y mecanismos de empleo y de la aplicación de una estrategia sectorial de empleo, se ha puesto en marcha un programa de mejora de la empleabilidad. Tiene por objeto ofrecer a demandantes de empleo de ambos sexos una formación adaptada a las necesidades concretas del mercado laboral. Además, se ha puesto en marcha un programa de subsidios al empleo para empresas de alto valor añadido a fin de incentivar la contratación de titulados superiores a tiempo completo.
Túnez ha seguido fomentando la igualdad de oportunidades en el empleo y luchando contra toda forma de discriminación con medidas como concertar entrevistas con todos los candidatos y adoptar criterios de competencia.
En cuanto a la igualdad salarial, además de las disposiciones pertinentes de la Constitución y de las leyes en vigor, Túnez ha ratificado todos los convenios internacionales en este ámbito, incluido el Convenio núm. 100 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) relativo a la igualdad de remuneración entre la mano de obra masculina y la mano de obra femenina por un trabajo de igual valor.
El principio de no discriminación, que entraña la igualdad de remuneración de hombres y mujeres por un trabajo de igual valor, está consagrado en la legislación nacional. En el artículo 6 de la Ley Orgánica núm. 58 (2017) de eliminación de la violencia contra las mujeres se dispone que el Estado deberá adoptar las medidas necesarias para reprimir cualquier práctica discriminatoria contra las mujeres, especialmente en materia de remuneración.
En sus visitas a empresas privadas, los inspectores de trabajo comprueban el escalafón de cada puesto y comparan los salarios y las primas que se abonan a mujeres y hombres que desempeñan la misma función, teniendo en cuenta la antigüedad, para cerciorarse de que no hay discriminación. Cuando constatan que se ha infringido el Código del Trabajo, hacen informes y los presentan a los tribunales competentes. Además, es delito no pagar a un empleado, sea hombre o mujer, el salario legalmente estipulado.
En el estatuto general de los funcionarios del Estado, las administraciones locales y demás entidades de la función pública se consagra la igualdad salarial entre hombres y mujeres. En el artículo 13 del estatuto se reconoce el derecho de los empleados a recibir remuneración por el trabajo realizado y diversas prestaciones que no están sujetas a ninguna variación por razón de sexo.
En cuanto al delito de acoso sexual en el lugar de trabajo, el artículo 226 ter (nuevo) del Código Penal prevé una pena de prisión de dos años y una multa de 5.000 dinares para quien cometiere actos de ese tipo.
Se considera acoso sexual todo acto, gesto o expresión hostil con intencionalidad sexual que atente contra la dignidad o el pudor de una persona y que tenga por objeto someterla a los deseos sexuales del agresor o un tercero o presionarla para debilitar su capacidad de resistencia.
La ley prevé penas agravadas cuando, entre otras circunstancias, el acosador tiene autoridad sobre la víctima o abusa de su posición, o cuando la comisión del delito se ve facilitada por la vulnerabilidad manifiesta de la víctima o por el conocimiento que el acosador tiene de ella.
No se dispone de datos precisos sobre el empleo de las mujeres en la economía informal. No obstante, habida cuenta del crecimiento y las consecuencias de la economía paralela, las partes interesadas acordaron incluir un punto específico en la sección sobre políticas de empleo y formación profesional del contrato social en el que se pide que los trabajadores pasen gradualmente del sector informal al formal y se hace hincapié en la necesidad de articular la formación profesional con tal propósito.
En el marco de un programa integrado elaborado a tal efecto, los inspectores realizan campañas de concienciación dirigidas a los trabajadores y personas de ambos sexos que ejercen oficios y profesiones en la economía no estructurada para ayudarles a dar el paso a la economía formal animándolas a afiliarse a algún régimen de seguridad social. La reforma del sistema de protección social, que responde a un planteamiento general de justicia social y mayor cobertura de seguridad social, permitirá que todos los ciudadanos, incluidos los que trabajan en el sector informal, reciban la cobertura sanitaria y social adecuada.
Por lo que toca a la protección de las trabajadoras domésticas, el Ministerio de Asuntos de la Mujer promueve el empoderamiento económico de las mujeres de grupos vulnerables, en particular las que se vieron afectadas por las medidas de confinamiento y no pudieron continuar con su trabajo normal. Con ese fin estableció un servicio de financiación que ofrece a las trabajadoras domésticas préstamos de 1.000 dinares sin intereses, con un período de gracia de dos meses y un plazo de reembolso de 24 meses.
El Ministerio está impulsando leyes que protejan a los trabajadores domésticos y, con el apoyo de la OIT, ha iniciado el correspondiente proceso de consulta multilateral. En junio de 2020 se celebró un taller sobre la revisión del marco jurídico aplicable a los trabajadores domésticos y la promoción de la adhesión de Túnez al Convenio núm. 189 de la OIT sobre el Trabajo Decente para las Trabajadoras y los Trabajadores Domésticos. Se ha constituido un comité de expertos para evaluar el marco actual y hacer propuestas a fin de desarrollarlo con arreglo a las normas internacionales. El Ministerio apoya la adhesión de Túnez al convenio de la OIT antes señalado.
El Ministerio está concibiendo una base de datos sobre el trabajo doméstico en Túnez para llevar un registro de todos los trabajadores domésticos y sus empleadores y lograr que esta profesión sea más visible y esté mejor estructurada.
En cuanto a la lucha contra el trabajo de las niñas, el legislador tunecino ha aprobado sanciones para quienes infrinjan las disposiciones jurídicas y reglamentarias sobre trabajo infantil. El Código del Trabajo prevé que los inspectores de trabajo tengan importantes prerrogativas para facilitar su labor, como el derecho a entrar, sin previo aviso y en todo momento, en cualquier entidad sujeta a la inspección del trabajo y a consultar todos los archivos, registros y documentos que deban mantenerse o conservarse en virtud de la legislación laboral a fin de comprobar que cumplen las disposiciones jurídicas, reglamentarias y contractuales pertinentes. Cuando los inspectores topan con alguna dificultad u obstáculo para el desempeño de sus funciones, por ejemplo si se les deniega la entrada a algún establecimiento, el Código del Trabajo prevé que, en su calidad de funcionarios judiciales, puedan recurrir a la policía para que los ayude cumplir con su deber. Los agentes de policía y la Guardia Nacional también están autorizados a investigar infracciones del Código del Trabajo, como las relativas al trabajo infantil, y a emitir informes al respecto.
A este respecto, cabe señalar que el artículo 20 de la Ley Orgánica núm. 58 (2017) de eliminación de la violencia contra las mujeres, establece que toda persona que emplee voluntariamente, de manera directa o indirecta, a un niño en trabajos domésticos, será castigada con una pena de prisión de 3 a 6 meses y con una multa de 2.000 a 5.000 dinares. Se impondrán las mismas penas a quien actúe como agente en el empleo de un niño en trabajos domésticos. Las penas se duplican en caso de reincidencia y también se castigan las tentativas de cometer actos de este tipo.
En aplicación del Plan Nacional de Lucha contra el Trabajo Infantil, en 2018 se elaboró un informe sobre las medidas de fomento de la cooperación entre diversos agentes en el marco del proyecto PROTECT.
Para ello, en septiembre de 2019 se organizaron dos talleres de capacitación en las provincias de Sfax y Yenduba para el personal del Ministerio de Asuntos Sociales, el Ministerio de Asuntos de la Mujer, la Familia, la Infancia y la Tercera Edad y representantes de la Unión General Tunecina del Trabajo y la Unión Tunecina de la Industria, el Comercio y la Artesanía. En ambos talleres se trató de las medidas para acabar con las peores formas de trabajo infantil, de los medios para mejorar las cualificaciones y competencias de los participantes, de las funciones y responsabilidades primordiales de cada parte y de la intensificación de las campañas de concienciación sobre la lucha contra el trabajo infantil.
Se ha elaborado una guía sobre las leyes que abordan el trabajo infantil cuyos principales temas son la promoción de la investigación sobre este fenómeno, el despliegue de los mecanismos de prevención y protección necesarios para combatirlo y la creación de un marco integrado y participativo para los distintos agentes que se ocupan de la cuestión. La guía se dirige principalmente a los puntos focales de las instituciones competentes.
En la edición de 2018 de su informe anual sobre el tema, el Departamento de Trabajo de los Estados Unidos de América señala que Túnez ha avanzado considerablemente en su empeño por eliminar las peores formas de trabajo infantil.
Desde que ingresó en la OIT en 1956, Túnez se ha adherido a 65 convenios y convenciones internacionales en materia de trabajo (véase el anexo XIII).
En 2019, el país ratificó el Convenio sobre la Inspección del Trabajo (Agricultura), 1969 (núm. 129), culminando así la ratificación de los cuatro convenios internacionales de gobernanza del trabajo. También ha ratificado el Convenio sobre el Marco Promocional para la Seguridad y Salud en el Trabajo, 2006 (núm. 187), a fin de mejorar en mayor medida las condiciones de trabajo.
En consulta con los agentes sociales, las autoridades están realizando los estudios necesarios para ratificar varios acuerdos internacionales sobre salud y seguridad en el trabajo y otros ámbitos.
En cuanto a la prestación de servicios sociales a las trabajadoras y a la redistribución de las funciones en el seno de la familia, cabe señalar que esa redistribución requiere un cambio en los comportamientos sociales que reducen a las mujeres a su función reproductiva y hacen que estas tengan que asumir la responsabilidad de la crianza al no haber medidas que les permitan conciliar las exigencias de la vida familiar con las de la actividad profesional. Se está trabajando en algunas medidas útiles a este respecto, como los clubes infantiles y de desarrollo social y educativo. Hay pocos centros de atención para niños menores de tres años y grandes disparidades en su distribución geográfica.
El Ministerio de Asuntos de la Mujer ha elaborado un proyecto de ley para regular la concesión de licencias parentales a trabajadores de los sectores público y privado. Los interesados están haciendo un seguimiento del proceso.
En virtud de la Ley núm. 58 (2006), las madres pueden trabajar a media jornada cobrando dos tercios del salario si tienen algún hijo menor de 16 años en la fecha en que soliciten acogerse a este régimen o pidan una renovación (el requisito de edad no se aplica a los hijos con discapacidad). Esta modalidad de trabajo puede renovarse dos veces a lo largo de la carrera profesional, independientemente del número de hijos.
La madre que se acoge a este régimen conserva todos sus derechos en materia de antigüedad, ascenso y prestaciones sociales, y tiene derecho a las mismas vacaciones que los empleados a tiempo completo.
Dicha ley ofrece una posibilidad de conciliar la vida profesional con la familiar, pero está dirigida a las mujeres, no a los hombres, por lo que ha generado problemas de promoción profesional en algunos casos. Para aplicarla a otros sectores, habrá que elaborar un estudio actualizado sobre sus efectos en la conciliación de la vida familiar y los derechos laborales de las mujeres.
Salud
A fin de lograr la igualdad de acceso a una atención sanitaria de calidad para todos, el Ministerio de Salud ha aprobado un plan de reforma destinado a ofrecer servicios preventivos y terapéuticos y una cobertura sanitaria universal de calidad a todos los ciudadanos, incluidas las mujeres de las zonas más desfavorecidas.
A tal fin, se han redistribuido las inversiones en el sector de la salud pública aplicando un principio de discriminación positiva favorable a las provincias más necesitadas, que recibieron más del 70 % de las inversiones en infraestructuras para facilitar el acceso de todos, incluidas las mujeres, a los servicios sanitarios esenciales en las tres divisiones del sistema sanitario en el oeste y el sur del país. Así, el presupuesto dedicado a la atención sanitaria ascendió a casi 3.392,4 millones de dinares en 2020, aproximadamente el 5,4 % del presupuesto del Estado, un aumento de unos 525,6 millones de dinares (el 18,3 %) respecto de los 2.486,866 millones de dinares consignados en la Ley de Finanzas de 2019.
El Ministerio de Salud ha creado y equipado varios centros de atención primaria en las zonas rurales para acercar los servicios sanitarios a la población rural. También ha abierto centros de atención intermedia o primaria de nivel IV, según la región, para ofrecer unos servicios de atención sanitaria de buena calidad más cerca de las mujeres rurales.
Para hacer efectivo el derecho de todas las personas a disponer de una amplia gama de servicios de salud sexual y reproductiva de calidad, el Ministerio de Sanidad ha adoptado las siguientes medidas:
•Reforzar la capacidad de los médicos y el personal paramédico de prestar servicios de control del embarazo;
•Ofrecer servicios preventivos de salud sexual y reproductiva a proximidad de estudiantes jóvenes mediante la puesta en marcha de una unidad de salud reproductiva y la implantación de servicios de información y orientación sobre salud reproductiva y preparación para la vida familiar en residencias universitarias y algunos centros de enseñanza secundaria;
•Capacitar a profesionales sanitarios para que apliquen el espíritu de la ley, respetando las decisiones de las mujeres, los adolescentes y los más vulnerables, y garantizando la confidencialidad de los servicios.
La adopción de un planteamiento de equidad e igualdad de oportunidades entre los diferentes grupos sociales se plasma en la dirección estratégica del programa de atención primaria de salud, cuyo presupuesto ascendió a unos 430 millones de dinares en 2020. Uno de los componentes más importantes de ese programa es la prestación de servicios básicos a la población del interior del país, en particular servicios de salud maternoinfantil.
Una de las medidas de fortalecimiento de los programas específicamente destinados a las mujeres ha sido asignar al plan quinquenal de aplicación de la política de prevención sanitaria (2016-2020) unos 300 millones de dinares para reforzar la estrategia nacional de salud maternoinfantil. Además, se han adoptado planes de acción regionales para las provincias que todavía están por debajo de la media nacional.
La salud de las madres y los recién nacidos es uno de los Objetivos de Desarrollo Sostenible dedicados a esos grupos de población. Fiel a sus convicciones y a su voluntad de cumplir los pactos internacionales, Túnez ha situado entre sus prioridades el objetivo de mejorar la salud maternoinfantil con su programa nacional de reducción de la mortalidad y las enfermedades maternoinfantiles. En el marco de ese programa:
•Las autoridades han respaldado la política de salud reproductiva para conseguir un crecimiento demográfico equilibrado que se ajuste al plan nacional de política demográfica para el futuro;
•Se ha conseguido mejorar los indicadores de salud de la madre y el recién nacido prestando apoyo al programa perinatal, intensificando las labores de detección y control de los embarazos de alto riesgo y realizando en todo el país, y especialmente en las zonas prioritarias, actividades de concienciación y educación sobre seguridad materna;
•Prestar buenos servicios de control del embarazo y el puerperio. Este control entraña algo más que concienciar y educar a las madres para que su salud vuelva a la normalidad e instarlas a mantener la lactancia materna.
Los resultados finales de las encuestas nacionales de indicadores múltiples por conglomerados de 2018 muestran que el 84,1 % de las tunecinas de entre 15 y 49 años tuvieron cuatro citas con algún profesional médico o paramédico durante la última etapa del embarazo. El 88,5 % de ellas vivía en zonas urbanas y el 76,6 % en zonas rurales. Los datos también muestran que el 26,4 % de las mujeres fueron examinadas por un profesional médico o paramédico en la semana siguiente al parto y que el 58,6 % no fueron examinadas en absoluto. La tasa de examen de los recién nacidos fue del 96,1 % el día del nacimiento. En cambio, solo el 34,7 % fueron examinados durante la semana posterior al nacimiento y el 40,6 % no fueron examinados en absoluto.
Como ya se ha indicado, la cobertura sanitaria, incluidos los servicios de salud materna y neonatal, ha aumentado significativamente. Así y todo, la mortalidad materna ascendió a 44,8 casos por 100.000 nacimientos en 2019.
Se registraron unas tasas nacionales de mortalidad por cada 1.000 nacidos vivos de 9 recién nacidos, 14 niños de hasta un año y 17,6 niños de hasta cinco años.
Se ha actualizado la estrategia nacional de salud materna y neonatal para 2020-2024, que se aplicará en un período de cinco años y tendrá un coste aproximado de 32 millones de dinares. Su objetivo es reducir la morbilidad y la mortalidad maternoinfantil atendiendo algunos problemas y demandas que se plantean en este ámbito al sistema sanitario y también poner a disposición de las madres y los niños de todos los grupos y regiones, de forma equitativa, unos servicios de atención sanitaria de alta calidad.
La estrategia tiene cinco ejes: facilitar un acceso continuo a los servicios de salud a todos los grupos en todas las regiones, mejorar la calidad de los servicios, mejorar la gobernanza, mejorar el uso de los recursos y mejorar la rendición de cuentas. Asimismo, la estrategia se concibió para fomentar la participación de las comunidades y la sociedad civil con el fin de promover la salud materna y neonatal y reforzar los sistemas de seguimiento y evaluación.
En cuanto a la adopción de una política nacional de salud con perspectiva de género, a pesar de los resultados obtenidos y los logros alcanzados en los decenios previos a la puesta en marcha del Programa Nacional de Salud Reproductiva y Planificación Familiar, quedan muchos problemas por delante, sobre todo en lo que se refiere, por un lado, a la capacidad de respuesta y de prestación de servicios de salud reproductiva a todos los ciudadanos sin distinción y, por otro, a la capacidad de contener determinadas problemáticas sociales, como los matrimonios tardíos, el alto porcentaje de personas solteras y las conductas de riesgo entre los jóvenes, como las relaciones sexuales sin protección, el tabaquismo y las adicciones.
Las estadísticas regionales de los últimos años apuntan a un descenso generalizado en el uso de los servicios sanitarios de educación y salud reproductiva. Son varias las razones que explican ese descenso, como la falta de recursos humanos, en particular de personal médico y paramédico, en la mayoría de las regiones, la obsolescencia de las infraestructuras de los centros de salud reproductiva y la necesidad de repararlas y mantenerlas y de crear nuevos centros para satisfacer la demanda, y una flota de transporte limitada.
En el marco del programa de atención sanitaria, se sigue trabajando para superar esos problemas y reformar el sistema de atención sanitaria teniendo en cuenta la disparidad de los indicadores de salud entre mujeres y hombres y entre los distintos grupos sociales, que se refleja en los objetivos e indicadores de medición del desempeño.
En su empeño por lograr la igualdad entre mujeres y hombres, las autoridades llevarán a cabo campañas de concienciación para reducir los índices de tabaquismo entre las mujeres y atraerlas a las consultas de abandono del tabaco. Las campañas se adaptarán a las necesidades y exigencias de este colectivo.
Durante el período 2012-2017, la Unión Europea financió un proyecto para reducir las desigualdades sociales y promover la prestación de servicios de atención primaria e intermedia en las regiones desfavorecidas. Para evaluarlo se aplicó una perspectiva de género a fin de obtener datos que pudieran utilizarse como referencia para examinar la desigualdad o la discriminación entre los sexos. Los resultados de esa evaluación mostraron que no había discriminación ni desigualdad entre hombres y mujeres en el acceso a los servicios sanitarios.
En cuanto a la salud de las mujeres durante la pandemia de COVID-19, se adoptaron medidas extraordinarias para proteger a los grupos vulnerables que se consideran más expuestos a la infección o a los daños resultantes. A este respecto, en el Decreto Gubernamental núm. 208 (2020), de 2 de mayo de 2020, se establecieron medidas selectivas que permitieron el confinamiento total de determinados grupos: las mujeres embarazadas, las madres con hijos menores de 15 años, las personas con discapacidad y las personas con las enfermedades crónicas señaladas en dicho decreto.
Aunque se cerraron algunos centros médicos y sanitarios, el Ministerio de Salud adoptó varias medidas para que los enfermos pudieran obtener la atención sanitaria que necesitaran, a saber:
•Se determinó cuáles eran los grupos más afectados por la COVID-19 a fin de protegerlos y atender sus necesidades sanitarias específicas, con lo que se redujo el número de casos críticos y fallecimientos;
•Se hizo un esfuerzo excepcional para conseguir que en ningún momento faltaran medicamentos, especialmente los utilizados para el tratamiento de enfermedades crónicas, ni equipos de protección personal o suministros sanitarios, y para garantizar la seguridad de las personas vulnerables evitando que se desplazaran para recibir tratamiento;
•Se procuró que las personas con enfermedades crónicas y las que recibían tratamiento hospitalario tuvieran acceso prioritario a los centros médicos debido a las perturbaciones de los servicios en los hospitales y los transportes;
•Se trabajó para lograr una prestación ininterrumpida de servicios sanitarios vitales o urgentes, como los servicios de vacunación, los servicios sanitarios dirigidos a madres y embarazadas, los servicios de salud reproductiva, los servicios sanitarios para grupos vulnerables como los niños, las mujeres y los ancianos, los centros de nutrición y los servicios de urgencias dentales.
En marzo de 2019, unos 15 recién nacidos murieron en el Hospital Universitario de Túnez y, en julio de 2019, otros seis murieron en un hospital de Nabeul. Además del procesamiento judicial de varios funcionarios, el Ministerio ha tomado varias medidas para evitar que estos incidentes se repitan.
A corto plazo, se adoptaron las siguientes medidas:
•Aumentar las plantillas de los equipos médicos, paramédicos y farmacéuticos y designar al personal específicamente encargado de preparar las soluciones intravenosas y a los técnicos y farmacéuticos encargados de supervisar las unidades.
•Renovar las instalaciones donde se preparan las soluciones (con un coste de 80.000 dinares) y garantizar que la oficina competente se ocupe de las actividades de capacitación;
•Renovar el servicio de neonatología;
•Asignar fondos para adquirir equipos y suministros médicos (se estima que se necesitarán 350.000 dinares para equipar las unidades del departamento de medicina infantil y la sala de esterilización) y 10 incubadoras para bebés, y reforzar la capacidad de la institución con nueve incubadoras y un ventilador adicionales.
Además de esas medidas, se establecerán existencias permanentes de suministros y consumibles ligeros de un solo uso, para garantizar la seguridad de los lactantes y de las bolsas de soluciones intravenosas, y se pondrá en marcha un sistema de control y análisis de laboratorio de las bolsas intravenosas antes de su uso, con un coste anual estimado de 300.000 dinares.
A medio plazo, se adoptaron las siguientes medidas:
•Elaborar planes para establecer unidades centrales de preparación de soluciones intravenosas en el norte y el centro del país, realizar estudios de emplazamiento de modelos de ingeniería y asignar fondos a tal efecto;
•Crear un comité técnico nacional encargado de supervisar la creación y el equipamiento de las unidades de preparación de soluciones intravenosas.
Por lo que respecta a los embarazos y abortos en la infancia y la adolescencia, la Oficina Nacional de Familia y Población, en colaboración con el UNFPA, realizó un estudio sobre los comportamientos relacionados con la fecundidad y el acceso a los servicios de salud sexual y reproductiva y planificación familiar. El estudio se divide en dos partes y en la primera de ellas se evalúan los servicios de salud sexual y reproductiva y planificación familiar en varios centros de salud.
La primera fase de trabajo, es decir, el documento conceptual y la definición de los métodos de trabajo y los instrumentos de investigación, ya ha concluido. El trabajo de campo se realizará en el segundo semestre de 2020. La segunda parte del estudio, que se realizará en 2020, será una encuesta nacional sobre los comportamientos relacionados con la fecundidad.
La Oficina Nacional prestó 468.588 servicios de salud reproductiva en 2019, frente a los 461.667 de 2018, lo que supone un aumento del 1,5 %.
Unas 159.754 mujeres recibieron servicios de detección precoz del cáncer de mama en 2019, frente a 148.898 en 2018, lo que supone un aumento del 7,3 %. Se realizaron mamografías a un total de 7.074 mujeres en las que se detectaron 251 casos de cáncer en todo el país.
Los servicios de cribado del cáncer de cuello uterino disminuyeron un 13,1 % (22.376 citologías cervicales en 2019). Se realizaron un total de 110 colposcopias, que permitieron la detección precoz de 223 casos de cáncer.
Aunque el artículo 214 del Código Penal prohíbe en principio el aborto y cualquier acto que lo facilite, se establece la posibilidad excepcional de abortar durante los tres primeros meses de embarazo y, pasado ese plazo, cuando la salud o el estado psicológico de la madre puedan verse comprometidos por la continuación del embarazo o cuando se considere que el nonato podría padecer una enfermedad o discapacidad grave.
Para promover la salud sexual y reproductiva, especialmente entre los adolescentes y demás jóvenes, la Oficina Nacional de Familia y Población ha reforzado la prestación de servicios en esa esfera con miras a prevenir las relaciones sexuales sin protección y los abortos repetidos. Asimismo, la Oficina ha facilitado el acceso a los servicios de salud a fin de garantizar el derecho de todas las personas a los servicios de salud sexual y reproductiva; la Oficina presta más de 60.000 servicios en ese ámbito cada año.
Las mujeres de las zonas rurales también se han beneficiado de la mejora de los servicios de atención sanitaria, que se ha logrado sobre todo haciendo que dichos servicios sean más accesibles gracias a la ampliación de la red de centros de atención primaria. Los centros de salud reproductiva y planificación familiar prestan servicios a las mujeres rurales de forma gratuita y sin discriminación entre regiones.
Para hacer frente a los problemas que afrontan algunas mujeres casadas y solteras del medio rural que no pueden acceder al aborto, el Ministerio de Salud ha elaborado un plan de acción con el que promover los servicios de planificación familiar y salud reproductiva y tratar los diversos riesgos y obstáculos, autoimpuestos y externos, que pueden socavar el derecho de las mujeres rurales a recibir ese tipo de servicios. En 36 centros repartidos por todo el país se ofrecen gratuitamente anticonceptivos y servicios educativos y médicos, y hay 32 equipos y dos dispensarios móviles que también prestan servicios de esa clase, en particular a las mujeres de zonas aisladas.
El número total de abortos aumentó un 229 % en 2019 (164.414 en 2019, frente a 13.351 en 2018).
En 2019 se practicaron unos 718 abortos quirúrgicos, frente a los 1.176 realizados en 2018, lo que supone una disminución del 38,9 %. El número de abortos farmacológicos fue de 15.696 en 2019, frente a los 12.175 de 2018, lo que supone un aumento del 28,9 %.
Empoderamiento económico de las mujeres
Acceso de las mujeres a los servicios bancarios: sigue habiendo diferencias de género en lo que respecta a la propiedad y el acceso a la financiación, a pesar de los altos niveles de educación y cualificación de las mujeres, sobre todo las jóvenes, y a pesar de que estas sufragan una parte importante de los gastos familiares imprescindibles. Las mujeres siguen teniendo muy pocas propiedades, en particular tierras, bienes inmuebles, herencias u otros recursos y no tienen acceso a los servicios financieros y bancarios tradicionales en igualdad de condiciones con los hombres.
Determinadas poblaciones de mujeres, sobre todo en las zonas rurales, se quedan por tanto al margen de las redes de financiación porque no disponen de las garantías necesarias para la obtención de préstamos. Por ello, las mujeres y otros grupos de bajos ingresos han recurrido a mecanismos de microfinanciación o microcrédito, que no exigen bienes inmuebles como garantía.
El Estado ha implantado varios mecanismos para fomentar los microcréditos, como el Banco Tunecino de Solidaridad: más de la tercera parte de las empresas a las que este banco aporta financiación están dirigidas por mujeres. También ha puesto en marcha medidas para animar a otras instituciones a conceder préstamos y ha elaborado una estrategia que desde 2012 aprovecha una nueva ley sobre microfinanciación. Estas medidas se incorporan a las políticas y programas de lucha contra la pobreza, especialmente en las zonas rurales y en el marco de programas nacionales y sectoriales, como las estrategias de desarrollo económico y social 2012-2016 y 2016-2020; los proyectos de desarrollo integrado; y los programas de asesoramiento personalizado para mujeres del medio rural.
Medidas adoptadas para promover el empoderamiento económico de las mujeres: se han concebido numerosas medidas para reforzar los programas de capacitación y apoyo antes y después de la creación de una empresa. También se ha prestado apoyo a mecanismos de financiación para la creación de microempresas y pequeñas y medianas empresas tras el establecimiento del Banco Tunecino de Solidaridad y el Banco de Financiación de la Pequeña y Mediana Empresa.
Para facilitar la creación de pequeñas empresas, el Ministerio de Formación Profesional y Empleo está fomentando la constitución de entidades sociales y solidarias que respalden iniciativas colectivas de jóvenes empresarios, en particular de titulados superiores y titulados de la formación profesional.
Pese a todos los esfuerzos, sigue habiendo relativamente pocas mujeres empresarias y autónomas. Para resolver el problema, en 2012 se elaboró un programa de acción que tiene por objeto poner coto a la feminización de la pobreza y reforzar la capacidad de las mujeres rurales mejorando sus competencias técnicas en el ámbito de la creación y explotación de pequeñas empresas agrícolas, fomentando el autoempleo e integrando a las mujeres en la economía en función de las especificidades regionales.
Por su parte, el Ministerio de Asuntos de la Mujer ha puesto en marcha el programa de apoyo económico para mujeres cabeza de familia mediante la financiación de pequeñas empresas, que permite a las beneficiarias llevar una vida digna y ser autónomas desde el punto de vista económico, y promueve su colaboración activa en el desarrollo local y nacional. Se definieron zonas de intervención en las 14 provincias prioritarias (El Kef, Zaghouan, Kairuán, Kasserine, Medenine, Gafsa, Tozeur, Tataouine, Kebili, Sidi Bouzid, Siliana, Yenduba, Beja y Manouba) y más de 20 mujeres de cada provincia se acogieron al programa.
En 2014, el Ministerio suscribió un acuerdo de colaboración con el Ministerio de Formación Profesional y Empleo para fomentar el empleo, apoyar la integración económica y potenciar la contribución al desarrollo de las mujeres, y para reforzar las capacidades de los demandantes de empleo, y especialmente de desempleados con títulos superiores, dotándoles de las herramientas necesarias para invertir en la infancia y la tercera edad.
En cooperación con el Banco Tunecino de Solidaridad, el Ministerio de Asuntos de la Mujer también está trabajando en la aplicación del programa Raida de emprendimiento para mujeres, que se enmarca en el empeño nacional por reducir las tasas de desempleo, especialmente entre tituladas superiores, centrándose en aquellas que desean crear pequeñas y medianas empresas.
Este programa se ocupa principalmente de aportar apoyo, asesoramiento y capacitación a mujeres emprendedoras para las tareas de preparación y estudio de la empresa, de crear líneas de crédito mediante préstamos en condiciones favorables para financiar microempresas y pequeñas y medianas empresas y, ya en la etapa final, de actividades de seguimiento y apoyo a las emprendedoras hasta que sus empresas sean estables.
En la actualidad, gracias al programa Raida se financian unas 2.300 empresas, con una inversión total que en 2018 ascendía a 17 millones de dinares tunecinos.
Entre las provincias, Tatouine, con 188 empresas, se sitúa en cabeza, en segundo lugar Kebili, con 183, en tercer lugar Yenduba, con 177, y en cuarto lugar Tozeur, con 152. Esta iniciativa se ajusta a lo dispuesto en el artículo 12 de la Constitución, que establece que el Estado procurará lograr la justicia social, el desarrollo sostenible y el equilibrio entre las regiones basándose en indicadores de desarrollo y en el principio de discriminación positiva.
Para ampliar la cobertura geográfica de los servicios de atención a la primera infancia, sobre todo en las regiones del interior, el Ministerio de Asuntos de la Mujer aportó financiación a 217 entidades a través del programa Raida: 193 jardines de infancia, 18 guarderías y 6 instituciones recreativas y culturales para niños.
Por su parte, el Ministerio de Formación Profesional y Empleo se ocupó de:
•Desarrollar un plan nacional de acción claro para fomentar el autoempleo y el emprendimiento de las mujeres;
•Fomentar la creación de nuevos tipos de empresas basadas en la economía social cooperativa asociando diversas habilidades y competencias femeninas en sectores empresariales prometedores relacionados con características específicas de las regiones;
•Fomentar la inversión en sectores manufactureros tecnológicamente avanzados y en tecnologías punteras que permitan transformar materias agrícolas y otros recursos primarios producidos en las regiones del norte, el centro y el suroeste del país;
•Aumentar la inversión en infraestructuras y equipamientos para animar a las jóvenes empresarias a ser autosuficientes, ya sea en pequeñas empresas individuales o colectivas;
•Ofrecer incentivos específicos para creadoras de pequeñas y medianas empresas;
•Diversificar los negocios tradicionales y las actividades artesanales de las mujeres.
En el marco de un programa gubernamental integrado denominado “Túnez Emergente” y con el propósito de promover la innovación tecnológica, se promulgó la Ley núm. 20 (2018), de 17 de abril de 2018, relativa a las empresas emergentes. Tiene por objeto estimular la creación y el desarrollo de nuevas empresas a través de la innovación, las tecnologías modernas y la obtención de un alto valor añadido y una gran competitividad en los planos nacional e internacional.
La Ley ofrece ventajas y prestaciones concretas a emprendedores y emprendedoras, especialmente si son jóvenes, y los apoya ofreciéndoles las soluciones logísticas y financieras necesarias para crear y desarrollar empresas.
En vista de los efectos de la pandemia de COVID-19 en las actividades económicas de las mujeres, el Ministerio de Asuntos de la Mujer, en colaboración con el Banco Tunecino de Solidaridad, ha trabajado para ofrecer a las emprendedoras créditos con los que financiar sin intereses sus empresas. Se concedieron 70 créditos iniciales por valor de 350.000 dinares tunecinos en diversas provincias para ayudar a las empresarias y a las instituciones infantiles afectadas por la pandemia de COVID-19 a sufragar gastos de funcionamiento y mantenimiento. El plazo de reembolso es de 24meses y comprende un período de gracia de seis meses.
Empoderamiento económico y social de las mujeres de zonas rurales
Partiendo de varios estudios sobre las condiciones de las mujeres y las niñas de zonas rurales, entre los que destacan un estudio exhaustivo sobre el terreno de las condiciones de las mujeres rurales y su acceso a los servicios públicos, y otro sobre el trabajo y el acceso a la protección social de las mujeres rurales, el Ministerio de Asuntos de la Mujer elaboró en 2017 la Estrategia y Plan de Acción Nacional para el Empoderamiento Económico y Social de las Mujeres y las Niñas de Zonas Rurales (2017-2020), que se articula en torno a los cinco ejes señalados en el párrafo 97 del presente informe.
Dos consejos reducidos de ministros convocados al efecto (el 8 de marzo de 2017 y el 11 de agosto de 2017) aprobaron dicha Estrategia y Plan de Acción Nacional. Además, se creó un comité directivo para supervisar la ejecución, la coordinación entre las partes pertinentes, la creación de comités regionales de seguimiento y la asignación de fondos anuales de aplicación.
En julio de 2018, el Ministerio de Asuntos de la Mujer firmó con la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo un protocolo de cooperación para apoyar la aplicación de la Estrategia Nacional y preparar programas de aplicación regional en las zonas de intervención (Yenduba, Mahdía y Sfax).
Cobertura de seguridad social: en aplicación del plan de acción y de las recomendaciones ministeriales relativas a la cobertura de seguridad social de las trabajadoras rurales mediante la armonización de la legislación vigente; habida cuenta de la naturaleza y las características específicas de su trabajo, especialmente en el sector agrícola; y con el fin de establecer un régimen específico de seguridad social para las trabajadoras rurales, en octubre de 2018 los ministerios de Asuntos de la Mujer, Familia, Infancia y Tercera Edad, Asuntos Sociales y Agricultura firmaron un acuerdo marco por el que se establecieron, en el marco del sistema “Ahmini”, mecanismos específicos de cobertura social para las mujeres rurales que trabajan en el sector agrícola. En el anexo XIV se señalan los decretos y decisiones adoptados a tal efecto.
Más allá de lo expuesto en los párrafos 97 y 98 del presente informe respecto de la Estrategia Nacional para el Empoderamiento Económico y Social de las Mujeres y las Niñas de Zonas Rurales, el Ministerio de Asuntos de la Mujer ha elaborado un proyecto de valorización y fabricación de productos agrícolas y de creación de pequeñas empresas agrícolas para fomentar el autoempleo y la capacitación de las mujeres y para prestarles apoyo ayudándolas a obtener financiación y medios de producción. En las provincias de Gabes, Kasserine, Medenine, Gafsa, Kairuán, Zaghouan, Sidi Bouzid y Siliana hay mujeres que han aprovechado los cursos de capacitación.
Tras el Séptimo Plan de Túnez (1986-1992), el Ministerio de Agricultura ha dado especial prioridad a la promoción de las mujeres rurales, que contribuyen al desarrollo del sector agrícola como productoras, agricultoras de subsistencia o trabajadoras agrícolas, mediante proyectos de desarrollo integrado que incorporan un componente específico de promoción de las mujeres rurales y el desarrollo colectivo. La proporción de créditos asignados a ese componente alcanza el 5 % del total en algunos proyectos.
El Comité de Desarrollo Rural, Género y Mujer se creó en el marco del Plan de Desarrollo 2016-2020 y se encarga de formular programas para seguir promoviendo el empoderamiento económico y social de las mujeres. En el Ministerio también se ha creado la Oficina de Apoyo a la Mujer Rural, que ha sido dotada de importantes competencias.
Por lo que atañe al desarrollo rural, el género y las trabajadoras agrícolas, el periodo de aplicación del plan (2016-2020) ha estado marcado por la adopción de varias medidas, entre las que destacan la financiación, a partir del presupuesto de 2017, del proyecto de empoderamiento económico y promoción de la mujer en las zonas rurales y la publicación de la Circular núm. 266 (2016) del Ministro de Agricultura sobre la asignación de espacios en todas las regiones para exponer y vender productos de mujeres del medio rural. Además, el Ministerio de Asuntos de la Mujer firmó un acuerdo marco con el Ministerio de Agricultura para fomentar la cooperación en la lucha contra el desempleo y el fomento del autoempleo de las mujeres en las zonas rurales. Como se muestra en el anexo XV, se han puesto en marcha varios proyectos para empoderar económicamente a las mujeres y las familias rurales.
Grupos de mujeres desfavorecidas
El CREDIF concede importancia al estudio de la situación de las mujeres con necesidades especiales y de las mujeres marginadas social y económicamente. En marzo de 2020 se presentaron los resultados finales de un estudio sobre los medios de vida, las trayectorias y el posicionamiento social de los trabajadores del servicio doméstico y el Ministerio de Asuntos de la Mujer aceptó las recomendaciones formuladas en ese estudio sobre la elaboración de un marco legislativo para la regulación profesional del trabajo doméstico.
También ha finalizado un estudio sobre la violencia contra las adolescentes, actualmente en prensa. El CREDIF también va a terminar sendos estudios sobre las mujeres migrantes y sobre las clases vulnerables de mujeres y los medios de integración.
Lucha contra la deserción escolar de las niñas del medio rural: en 2015, el Ministerio de Asuntos de la Mujer puso en marcha un proyecto integrado de lucha contra la deserción escolar, especialmente entre las niñas del medio rural, en colaboración con varios ministerios (Educación, Transporte, Interior y Cultura) y la asociación Almadanya. Se trata de un elemento fundamental de la Estrategia y Plan de Acción Nacional para el Empoderamiento Económico y Social de las Mujeres y las Niñas Rurales. A este respecto, se han adoptado las siguientes medidas:
•Habilitar en los centros educativos espacios polivalentes donde los estudiantes pueden quedarse entre clase y clase (hasta 2019, en las provincias de Kairuán, Yenduba, Bizerta, Sidi Bouzid, Siliana, Zaghouan, Kasserine y El Kef, que tenían una media de cinco centros educativos y altas tasas de deserción escolar);
•Empoderar económicamente a las madres de alumnos en riesgo de deserción escolar en 15 provincias del interior mediante microempresas y el desarrollo de aproximadamente 160 proyectos generadores de ingresos (a finales de 2019);
•Asignar fondos en varias provincias para el transporte escolar en el medio rural, en colaboración con la asociación Almadanya, y fomentar la cooperación entre empresas de transporte, lo que permitió reducir las tarifas de transporte de los estudiantes. A raíz de ello, los estudiantes que utilizan el transporte rural pasaron de 416 durante el curso 2015/16 a 8.134 durante el curso 2017/18;
•Almadanya lleva desde marzo de 2011 trabajando para ayudar a los estudiantes de zonas rurales aisladas (que viven a una distancia de por lo menos 3 km de los centros educativos) a acceder al transporte escolar. Desde principios de 2019, el Departamento de Servicios Escolares, que depende del Ministerio de Educación, supervisa el transporte escolar rural en colaboración con dicha asociación.
En la mayoría de las zonas, incluidas las rurales, hay centros infantiles que facilitan las actividades nacionales de lucha contra la deserción escolar al atender a gran número de niños de familias con bajos ingresos. En 2018, un total de 4.430 niños se beneficiaron de los servicios de asistencia que ofrecen estos centros, como el suministro de ropa, comidas, material escolar, servicios de seguimiento escolar y actividades sociales.
El plan sectorial de educación 2016-2020 contempla el objetivo específico de combatir el fracaso escolar. El Ministerio de Educación estableció un sistema de segundas oportunidades en coordinación con el Ministerio de Formación Profesional y Empleo y el Ministerio de Asuntos Sociales, con el apoyo de asociados financieros y técnicos y en colaboración con organizaciones de la sociedad civil.
En 2019, los Ministerios de Educación, Asuntos Sociales y Salud, en colaboración con el UNICEF, empezaron a aplicar un programa piloto articulado en torno a cuatro ejes para combatir la deserción escolar. Este programa tiene por objeto crear mecanismos pedagógicos y de comunicación con los centros de enseñanza para reducir el fenómeno, especialmente en las zonas rurales, donde hay altas tasas de deserción.
Mujeres de minorías religiosas y étnicas: la Constitución consagra el principio de igualdad y no discriminación en todas sus formas, que también se reconoce en el artículo 2 de la Ley Orgánica núm. 50 (2018) de eliminación de todas las formas de discriminación racial (véase el párrafo 59 del presente informe).
Además, las víctimas de discriminación racial tienen derecho a recibir asistencia psicosocial, protección jurídica y una reparación judicial justa y adecuada.
En julio de 2020, el Ministerio de Asuntos Locales emitió una circular en la que se garantizaba el derecho a elegir libremente el nombre de los recién nacidos, lo que ayudará a evitar que las familias amaziges tengan problemas en el Registro Civil cuando intenten inscribir a sus recién nacidos con nombres amaziges.
El 21 de julio de 2020, el Consejo de Ministros aprobó un decreto gubernamental por el que se creó un comité nacional de lucha contra la discriminación racial. Esta medida aporta los marcos jurídicos e institucionales necesarios para combatir cualquier discriminación contra las mujeres de minorías religiosas, raciales o étnicas.
Mujeres refugiadas y migrantes: al no existir un marco jurídico nacional que regule el asilo, todos los procedimientos y solicitudes de asilo son examinados por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados.
En el anexo XVI se presentan datos estadísticos sobre este tema publicados por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados.
En el marco de sus obligaciones internacionales, Túnez, en cuyo territorio hay varios campamentos de refugiados, trata de ayudar a estos grupos, especialmente a las mujeres y los niños. En colaboración con organismos internacionales competentes, se está trabajando para elevar el nivel de servicios que se presta a estos grupos hasta que se encuentren soluciones prácticas.
Por lo que respecta a las mujeres migrantes, la Oficina Nacional de Familia y Población ha seguido aplicando un programa de cooperación con la OIM para facilitar el acceso de los migrantes a los servicios de salud reproductiva que ofrece esta Oficina. En 2019, se llevaron a cabo varias actividades de información y educación para conocer y atender las necesidades de los migrantes, entre ellas varios cursos regionales de capacitación sobre técnicas de investigación, asesoramiento y apoyo a las víctimas de trata y un curso impartido a 30 funcionarios regionales sobre la creación de un sistema de orientación para migrantes que llegan a los centros de la Oficina. También se organizaron visitas sobre el terreno a unidades modelo de varias provincias a fin de hacer un seguimiento de la etapa experimental de recopilación y registro de datos relacionados con los servicios de salud reproductiva que se ofrecen a los migrantes.
El Ministerio de Salud también ha tomado diversas medidas, como la publicación de la Circular núm. 10 (2019), que regula la atención de migrantes y la comunicación con ellos en los centros públicos de salud, así como la formación del personal encargado de asistir a las mujeres y niñas víctimas de violencia en situaciones de vulnerabilidad como la migración y los conflictos.
En el marco de la lucha contra la pandemia de COVID-19 se creó un comité dependiente del Ministerio de Derechos Humanos encargado de hacer un seguimiento de la situación de los migrantes y solicitantes de asilo y de elaborar un plan de acción para coordinar las actividades de las distintas partes y definir medidas y mecanismos de distribución de ayuda a los miembros de ambos sexos de esos grupos vulnerables.
Se ha creado una plataforma digital para tramitar sin contacto donaciones y ayudas a la que pueden recurrir estudiantes extranjeros, refugiados y solicitantes de asilo o sus representantes, independientemente de la situación jurídica en la que se encuentren; la plataforma recibe ayudas materiales y donaciones de particulares y empresas o instituciones que deseen asistir a esos colectivos.
Se presentaron a la plataforma 787 solicitudes de asistencia para 1.342 personas, y esta distribuyó 403 paquetes. No obstante, no se dispone de datos desglosados por sexo.
Mujeres con discapacidad: la Ley núm. 58 (2017) de eliminación de la violencia contra las mujeres se refiere expresamente a las mujeres con discapacidad en su definición de discriminación y considera la discapacidad como una situación de vulnerabilidad.
Según datos del Censo de Vivienda y Población de 2014, de los 241.240 titulares de la tarjeta de discapacidad, 119.160 (el 49 %) eran mujeres.
Las mujeres con discapacidad también pueden acogerse a las siguientes medidas de protección:
•Tratamiento gratuito o a coste reducido en los centros públicos de salud;
•Una asignación mensual fija para las mujeres en situación de pobreza y ayudas específicas para la escolarización de los hijos y las festividades religiosas;
•Apoyo financiero para ayudar a las mujeres con discapacidad a crear fuentes de ingresos;
•Dispositivos de ayuda técnica que facilitan la integración;
•Colocación en familias de acogida a cambio de una asignación mensual;
•Instituciones sociales de acogida para mujeres en situación de desamparo o sin apoyo familiar; servicios de cuidado, educación y capacitación en centros educativos especializados.
El artículo 4 de la Ley Marco núm. 80 (2002), relativa a la educación y la política de enseñanza, establece que el Estado garantizará a todos los niños en edad escolar el derecho a recibir educación gratuita en centros públicos de enseñanza y ofrecerá a todos los alumnos las mismas posibilidades de ejercerlo. También dispone que el Estado adoptará medidas a fin de crear las condiciones adecuadas para que los niños con necesidades especiales puedan ejercer el derecho a la educación. A ello se suman las disposiciones de la Ley núm. 83 (2005), de 15 de agosto de 2005, relativa a la promoción y protección de las personas con discapacidad.
La Oficina del Primer Ministro elabora, en coordinación con el Ministerio de Finanzas, planes de contratación de personas con discapacidad en función de las estimaciones generales de contratación anual. Desde 2013, el Ministerio de Asuntos Sociales se encarga de supervisar el comité nacional encargado de convocar concursos para contratar a personas con discapacidad. Las disposiciones de la Ley Marco de Promoción de las Personas con Discapacidad consagran el derecho de estas personas a no ser excluidas del empleo o del desempeño de cargos públicos por su discapacidad. Se ha establecido una cuota de contratación de personas con discapacidad en la administración pública y el sector privado. También se han ofrecido bonificaciones a las entidades del sector privado para incitarlas a contratar a personas con discapacidad.
La Ley Orgánica núm. 16 (2014) de elecciones y referendos establece que las personas con discapacidad deben ser incluidas en las listas de preselección de candidatos. Muchas mujeres participaron en las elecciones municipales de 2018 y en las legislativas de 2019.
Apoyo a las madres solteras: hay medidas de prevención y concienciación para ayudar a estas mujeres a conservar a sus hijos en lugar de renunciar a ellos y a evitar la reincidencia.
El Ministerio de Asuntos de la Mujer ha suscrito desde 2012 varios acuerdos de colaboración con organismos y asociaciones competentes a fin de organizar cursos de capacitación y actividades de concienciación sobre salud reproductiva, gestionar alojamientos para madres solteras y sus hijos y ofrecer a las mujeres actividades de capacitación en diversos ámbitos que faciliten su integración económica y social.
Programa de apoyo a mujeres encarceladas y excarceladas: en aplicación del acuerdo de colaboración para la reinserción e integración de mujeres reclusas suscrito entre el Ministerio de Asuntos de la Mujer y el Ministerio de Justicia, en 2016 se creó un programa de apoyo a mujeres encarceladas y excarceladas que ofrece medidas de prevención de la reincidencia, rehabilitación y reinserción social y económica una vez cumplidas las penas.
Matrimonio y relaciones familiares
El artículo 23, párrafo 4, del Código del Estatuto Personal establece que el marido, como cabeza de familia, atenderá a las necesidades de su esposa e hijos en la medida de sus posibilidades y de acuerdo con su situación respecto a las necesidades del hogar. Establece además que la mujer debe contribuir al mantenimiento de la familia si dispone de recursos. Por consiguiente, la legislación tunecina no consagra la función del marido como cabeza de familia, salvo en lo que respecta a los gastos.
Actualmente se está revisando el ordenamiento jurídico y las leyes discriminatorias para que se ajusten a la Constitución y a las normas internacionales.
En cuanto al sistema sucesorio, cabe recordar que, en Túnez, los ciudadanos de ambos sexos tienen los mismos derechos y deberes según la Constitución. En 2018, a propuesta de la Comisión de Igualdad y Libertades de la Persona, la Presidencia de la República presentó a la Asamblea de Representantes del Pueblo una iniciativa legislativa para revisar algunas de las disposiciones en materia de sucesiones a fin de garantizar que la herencia se distribuya a partes iguales entre los hermanos de ambos sexos.
Por lo que atañe a la custodia, el artículo 58 del Código del Estatuto Personal impone una serie de condiciones generales y específicas a los hombres y a las mujeres y fija el estatuto de cada progenitor cuando se concede la custodia; esas condiciones y ese estatuto no se asignan en función del sexo. Si no se cumple la serie de condiciones en cuestión, la madre puede solicitar la custodia exclusiva. Además, el artículo dispone que las condiciones no solo deben cumplirse, sino que también han de obedecer al interés superior del niño, conforme al artículo 47 de la Constitución y al artículo 4 del Código de Protección de la Infancia, relativo al interés superior del niño. Así, el juez debe esforzarse por primar el interés superior del niño y no está obligado a retirar la custodia a la madre si esta contrae nuevo matrimonio con alguien que no sea un pariente con un grado de consanguinidad que impida tal unión (maharam). Por tanto, son pocas las circunstancias en las que una madre puede perder la custodia por el mero hecho de volverse a casar.
El derecho tunecino no contempla un régimen especial de propiedad entre los cónyuges; cada uno es dueño de sus bienes sin que el otro tenga derecho alguno sobre ellos. No obstante, en vista del gran número de casos en los que, sobre todo cuando no había hijos menores de edad, la esposa se había visto obligada a abandonar el domicilio conyugal tras el divorcio al no poder demostrar que había contribuido a su adquisición, se promulgó la Ley núm. 94 (1998) de 9 de noviembre de 1998. Esa ley permite a los cónyuges elegir un régimen de comunidad de bienes que les permite compartir uno o varios inmuebles para uso familiar, con la salvedad de que los bienes adquiridos antes del matrimonio o mediante herencia o donación no estarán sujetos a ese régimen.