* La versión original del presente documento no fue objeto de revisión editorial oficial.
Información suministrada por Tailandia sobre el seguimiento de las observaciones finales de sus informes periódicos sexto y séptimo combinados
[Fecha de recepción: 24 de abril de 2020]
El Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer examinó los informes periódicos sexto y séptimo de Tailandia (CEDAW/C/THA/6-7) el 5 de julio de 2017. En sus observaciones finales (CEDAW/C/THA/CO/6-7, párr. 58), el Comité solicitó a Tailandia que proporcionara por escrito información sobre las medidas adoptadas para poner en práctica las recomendaciones que figuraban en los párrafos 23 b) y e) y 43 c) y d).
Información de seguimiento sobre el párrafo 23 b) de las observaciones finales (CEDAW/C/THA/CO/6-7)
La situación en las provincias de la frontera meridional obedece a diversos factores, como disparidades socioeconómicas, la presencia de elementos delictivos e intereses políticos locales. Varios autores de actos violentos han provocado incidentes en la región dirigidos contra personal de seguridad y personas inocentes. La situación en las provincias de la frontera meridional incumbe a las agencias locales de aplicación de la ley, que deben garantizar la seguridad pública aplicando el derecho penal y el derecho de los derechos humanos; el derecho internacional humanitario no es aplicable. Sin embargo, Tailandia está determinada a cumplir las obligaciones contraídas en virtud de los instrumentos internacionales fundamentales de derechos humanos de los que es parte y reafirma su compromiso continuo con los Convenios de Ginebra.
Tailandia es una sociedad multicultural, multiétnica y multirreligiosa. Hay varias leyes, reglamentos y políticas en vigor que garantizan la libertad religiosa y la coexistencia pacífica de los ciudadanos sin distinción de género. Por ejemplo, el Plan de Desarrollo y Administración de las Provincias de la Frontera Meridional para 2560–2562 de la era budista (2017–2019) promovía una sociedad multicultural que reconocía distintas etnias y religiones en esas provincias, así como los idiomas utilizados en ellas.
El Gobierno ha asignado sistemáticamente una partida presupuestaria para mejorar las instalaciones y las condiciones de los lugares públicos, especialmente en instituciones educativas locales en las que la población puede seguir con su modo de vida y sus prácticas religiosas. En 2019 se destinaron 12.000 millones de baht (375 millones de dólares estadounidenses) al desarrollo y la seguridad en las provincias de la frontera meridional, lo que incluía la ejecución de distintos proyectos y programas de creación de condiciones transformadoras y enfoques progresivos para poner fin a la violencia en esas provincias, como programas de mitigación de la pobreza y actividades generadoras de ingresos para todos los miembros de la sociedad, incluidas las mujeres y las personas con discapacidad.
Las políticas gubernamentales han tenido consecuencias positivas en las dinámicas y las condiciones locales en las provincias de la frontera meridional. El número de actos de violencia en la región ha disminuido, especialmente en los últimos cinco años. En el cuarto trimestre de 2019 se produjeron 95 actos de violencia, lo que representa un descenso del 26,11 % con respecto al cuarto trimestre de 2018 (134).
Marco jurídico y de políticas
Existen varias leyes y políticas en vigor para promover y proteger los derechos y las libertades de las mujeres y los niños, a saber: la Ley Nacional de Fomento del Desarrollo de la Infancia y la Juventud de 2550 de la era budista (2007); la Estrategia Nacional de Protección de la Infancia (2017-2021); la Ley de Protección de las Víctimas de Violencia Doméstica de 2550 de la era budista (2007); la Ley de Igualdad de Género de 2558 de la era budista (2015); la Ley de Protección de la Infancia de 2546 de la era budista (2003); y la Estrategia Nacional de Desarrollo de la Mujer (2017-2021).
Se proporciona seguridad indiscriminadamente en zonas sensibles y blancos fáciles como escuelas, templos y mercados. El personal de seguridad recibe instrucciones de respetar estrictamente las normas y las directrices en consonancia con la legislación pertinente al garantizar la seguridad en cualquier zona. Si el personal de seguridad necesita entrar en recintos escolares, se siguen estrictamente procedimientos transparentes y verificables que respetan las religiones y las culturas locales.
El Gobierno ha mostrado un compromiso continuo con la protección de la infancia en todas las circunstancias y con la promoción y la protección de los derechos de la infancia. Tailandia acoge con beneplácito los principios y el espíritu de la Declaración sobre Escuelas Seguras y está estudiando la posibilidad de adherirse a ella. Al mismo tiempo, los organismos pertinentes, en particular el Departamento de Infancia y Juventud y el Centro de Administración de las Provincias de la Frontera Meridional, ya están trabajando en la protección de la infancia en todas las circunstancias y aplican a la vez algunos de los principios de la Declaración sobre Escuelas Seguras en el sistema de protección de la infancia cuando lo consideran apropiado.
Programas de creación de capacidad y capacitación
Varios organismos públicos han organizado una serie de programas y cursos de capacitación destinados a funcionarios gubernamentales, incluidos agentes encargados de la aplicación de la ley y oficiales de las fuerzas armadas, a fin de mejorar la eficacia de la aplicación de las leyes, los reglamentos y las obligaciones que incumben a Tailandia en virtud de los tratados internacionales de derechos humanos. La comunidad internacional (la Entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de las Mujeres (ONU-Mujeres), el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y el Comité Internacional de la Cruz Roja) también contribuye a diseñar los programas de conformidad con las normas internacionales. Se puede consultar el detalle de las actividades destinadas a difundir conocimientos sobre los derechos humanos e información y materiales educativos conexos en los informes cuarto a octavo combinados presentados por Tailandia en virtud del artículo 9 de la Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial (CERD/C/THA/4-8, apéndice).
El derecho de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario figuran en el plan de estudios básico de la escuela de sargentos. Uno de los cursos, “GE 21102: Derechos humanos para agentes de policía”, abarca, entre otras cosas, la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, la Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial, la Convención sobre los Derechos del Niño y la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer.
El Ministerio de Desarrollo Social y Seguridad Humana ha desarrollado un programa de creación de capacidad sobre legislación relativa a la protección de la infancia, la ley islámica y leyes sobre seguridad para equipos multidisciplinarios en las provincias de la frontera meridional. Desde 2018 han participado en el programa más de 260 representantes de organismos competentes y organizaciones de la sociedad civil de la región.
Participación de múltiples interesados
El Gobierno continúa celebrando diálogos y consultas con todos los interesados para mejorar la situación en las provincias de la frontera meridional. En 2018 el Centro de Administración de las Provincias de la Frontera Meridional estableció un grupo de trabajo multidisciplinar formado por organismos públicos pertinentes y representantes de las mujeres de organizaciones de la sociedad civil para coordinar actividades relacionadas con las mujeres y los niños afectados por la situación en las provincias de la frontera meridional.
En junio de 2019 el Centro de Administración de las Provincias de la Frontera Meridional creó, en cooperación con el Ministerio de Desarrollo Social y Seguridad Humana y en asociación con ONU-Mujeres y el UNICEF, el Centro de Coordinación para la Infancia y las Mujeres en las Provincias de la Frontera Meridional. El Centro es una plataforma de cooperación para organismos públicos y organizaciones de la sociedad civil cuyo objetivo es combinar los esfuerzos a fin de mejorar las condiciones de vida de los niños y las mujeres en las provincias de la frontera meridional y avanzar en la promoción y la protección de sus derechos humanos.
En 2019 el Centro de Coordinación para la Infancia y las Mujeres en las Provincias de la Frontera Meridional recibió 10 millones de baht (312.500 dólares) para 40 proyectos propuestos por organizaciones locales de la sociedad civil. Se ha encargado al Centro que impulse el Plan Estratégico para la Infancia, las Mujeres y las Familias en las Provincias de la Frontera Meridional 2562-2564 de la era budista (2019-2021), que abarca las siguientes esferas: 1) participación inclusiva en una sociedad multicultural; 2) acceso igualitario a servicios públicos de calidad; 3) innovación para lograr un desarrollo eficaz; 4) promoción de una actitud positiva hacia la igualdad de género; y 5) recopilación y análisis de datos.
Empoderamiento de las mujeres y las niñas
El Ministerio de Desarrollo Social y Seguridad Humana ha ejecutado programas y proyectos que incorporaban módulos sobre empoderamiento y desarrollo de la capacidad destinados a mujeres y niños a fin de proporcionarles un mejor entendimiento de la situación y las metodologías para abordar los retos y las oportunidades. Algunos participantes se convirtieron en agentes de cambio en sus comunidades y siguieron fomentando diálogos entre las autoridades y las comunidades locales.
El Gobierno también ha trabajado con organizaciones de la sociedad civil para empoderar a las mujeres y los niños afectados por la situación en las provincias de la frontera meridional. Por ejemplo, el Gobierno ha colaborado con la Asociación de Mujeres por la Paz para incluir las necesidades de las mujeres y los niños en el proceso de adopción de decisiones. En determinadas comunidades, las organizaciones de la sociedad civil participan en proyectos piloto relacionados con el turismo local y la gestión de mercados que desembocan en diálogos continuos y permiten un desarrollo comunitario.
En 2018 y 2019 el Centro de Administración de las Provincias de la Frontera Meridional concedió subvenciones anuales a 80 localidades en el contexto del proyecto de desarrollo de aldeas y localidades para incrementar la participación de las mujeres en los comités de aldea, incluido el proceso de planificación del desarrollo.
El Centro de Operaciones de Paz, el Centro de Operaciones de Seguridad Interna de la región 4 (Mando de Avanzada) y el Ministerio de Educación han trabajado con niños y niñas a través de la Asociación para la Estimulación Educativa en las Provincias de la Frontera Meridional en la promoción de las capacidades deportivas de los estudiantes de esas provincias. A tal fin se celebró un memorando de entendimiento entre el Ministerio de Educación y la Asociación.
En el ámbito de la violencia contra las mujeres y los niños, el Gobierno ha establecido diversas medidas y mecanismos de protección y prevención para empoderar a las mujeres y los niños víctimas de esos actos. Los numerosos mecanismos incluyen el servicio de teléfono de asistencia 1300 y el Centro de Asistencia Social que proporciona asistencia social a las personas que la necesiten en todo el país. Paralelamente, se pueden presentar denuncias por discriminación de género directamente en el Departamento de Asuntos de la Mujer y Desarrollo Familiar del Ministerio de Desarrollo Social y Seguridad Humana o ante los ocho Centros de Aprendizaje para el Desarrollo de las Mujeres y la Familia en distintas regiones. Las denuncias presentadas son examinadas posteriormente por el Comité de Examen de la Discriminación de Género para velar por que las víctimas de este tipo de discriminación reciban reparaciones e indemnizaciones.
Información de seguimiento sobre el párrafo 23 e) de las observaciones finales (CEDAW/C/THA/CO/6-7)
Tailandia apoya firmemente la agenda de las Naciones Unidas sobre las mujeres, la paz y la seguridad en consonancia con la resolución 1325 (2000) del Consejo de Seguridad. El Gobierno ha establecido el Subcomité para las Mujeres, la Paz y la Seguridad dependiente del Comité Nacional sobre Políticas y Estrategias para el Adelanto de la Mujer; el Subcomité es la principal instancia rectora en relación con la agenda sobre las mujeres, la paz y la seguridad y está compuesto por representantes de organismos públicos y entidades de la sociedad civil pertinentes como grupos de promoción de la mujer.
Tailandia aprobó en 2016 las Medidas y Directrices Nacionales sobre la Agenda sobre las Mujeres, la Paz y la Seguridad (2017-2021) que equivalen a un plan de acción nacional en este ámbito. Con una perspectiva interna y externa, el documento proporciona un marco para incrementar el papel de las mujeres a fin de abordar los conflictos y el malestar político y social a nivel nacional e internacional y promover la protección de las mujeres, el acceso a la justicia de todas las personas, la participación de las mujeres en la consolidación de la paz y la seguridad y otras esferas de la resolución 1325 (2000) del Consejo de Seguridad. El documento también establece un enfoque coordinado pangubernamental en asociación con la comunidad internacional, incluidos gobiernos asociados, organizaciones multilaterales y entidades de la sociedad civil.
A fin de revisar las Medidas y Directrices Nacionales sobre la Agenda sobre las Mujeres, la Paz y la Seguridad, el Ministerio de Desarrollo Social y Seguridad Humana ha organizado de forma anual, en colaboración con ONU-Mujeres y partes interesadas pertinentes, una consulta nacional sobre la cuestión de las mujeres, la paz y la seguridad con la participación de más de 100 mujeres dirigentes de las provincias de la frontera meridional. Las consultas nacionales abordaron las necesidades de las mujeres y las niñas en su contexto local y promovieron las oportunidades económicas, la cohesión social y la resiliencia comunitaria. Los resultados de las consultas nacionales fueron remitidos al Subcomité para las Mujeres, la Paz y la Seguridad y presentados posteriormente al Comité Nacional sobre Políticas y Estrategias para el Adelanto de la Mujer como recomendaciones en materia de políticas.
Se ha reforzado aún más la aplicación de las Medidas y Directrices Nacionales sobre la Agenda sobre las Mujeres, la Paz y la Seguridad; como se señala en los párrafos 13 y 14, el Centro de Coordinación para la Infancia y las Mujeres en las Provincias de la Frontera Meridional ha apoyado su aplicación. Se ha encargado al Centro que sirva de mecanismo destacado en el desarrollo de programas, políticas y actividades coherentes y complementarios entre ambos marcos para promover y proteger eficazmente los derechos de la infancia y las mujeres en todas las esferas de la paz y la seguridad, el proceso de la justicia, el empoderamiento económico y el desarrollo sostenible.
Información de seguimiento sobre el párrafo 43 c) de las observaciones finales (CEDAW/C/THA/CO/6-7)
Tailandia da gran importancia a las consultas efectivas con las partes interesadas, incluidas las mujeres y los niños. El artículo 77 de la Constitución del Reino de Tailandia de 2560 de la era budista (2017) exige que, antes de promulgar cualquier ley, el Estado: i) consulte a las partes interesadas; ii) analice las posibles consecuencias de la ley de forma exhaustiva y sistemática; y iii) haga públicos los resultados de la consulta y el análisis y los tenga en consideración en cada etapa del proceso legislativo. También exige que el Estado realice, una vez que haya entrado en vigor la ley, una evaluación exhaustiva de la aplicación de la ley con una periodicidad definida, para lo cual se deben celebrar consultas con las partes interesadas a fin de garantizar que las leyes se adecuan a los contextos cambiantes y son apropiadas. Para ello, la Constitución obliga a todos organismos estatales a cumplir con los procedimientos de audiencia pública pertinentes cuando se proponga un proyecto de ley y al Consejo de Estado a velar por que se acate esa obligación.
Las consultas públicas revisten distintas formas en el proceso legislativo de Tailandia a fin de garantizar que las leyes en vigor no violen los derechos de nadie. De conformidad con el artículo 77 de la Constitución, solo se presentarán leyes en la medida en que sean necesarias. Tailandia sigue derogando o revisando sin demora leyes que ya no son necesarias, no se adecuan a las circunstancias u obstaculizan los modos de vida o el ejercicio de una profesión, a fin de no imponer cargas a la población.
En lo que respecta a cualquier actividad que pueda afectar gravemente a los recursos naturales, la calidad ambiental, la salud, el saneamiento, la calidad de vida o cualquier otro interés esencial del pueblo, la comunidad o el medio ambiente y que sea realizada por el Estado o por una persona autorizada por el Estado, en el artículo 58 de la Constitución se dispone que el Estado estudiará y evaluará el impacto en la calidad ambiental y la salud de los pueblos o las comunidades y organizará previamente una audiencia pública en la que participarán las partes interesadas, los pueblos y las comunidades pertinentes para que sean tenidos en cuenta en la aplicación o la concesión de permisos de conformidad con lo dispuesto en la legislación. Las personas o las comunidades tendrán derecho a recibir información, explicaciones y razones de un organismo público antes de que se aplique o se conceda ese permiso. El Estado tomará precauciones en la aplicación o la concesión de permisos para reducir al mínimo las consecuencias para los pueblos, las comunidades, el medio ambiente y la diversidad biológica y reparará los perjuicios o los daños causados a los pueblos o las comunidades afectados de forma justa e inmediata.
La Ley de Parques Nacionales de 2562 de la era budista (2019) sustituye a la Ley de Parques Nacionales de 2504 de la era budista (1961) y dispone que las personas sin tierras y que han residido en parques nacionales o los han utilizado dentro del plazo establecido en la resolución del Consejo de Ministros de 30 de junio de 2541 de la era budista (1998) pueden residir en el parque nacional o utilizarlo durante un período de tenencia de hasta 20 años, caso por caso, con sujeción a determinadas condiciones y de conformidad con los objetivos de preservar, restablecer y mantener en buenas condiciones los recursos naturales, los ecosistemas y la biodiversidad de las zonas designadas como parque nacional por el Consejo de Ministros. Se deben organizar audiencias públicas de todas las partes interesadas antes de establecer, ampliar o derogar los límites de un parque nacional (artículo 8) y esas audiencias públicas forman parte del plan de administración del parque nacional (artículo 18). En la Ley se exige realizar una evaluación de la ocupación de las tierras en las zonas protegidas en los 240 días siguientes a la fecha de su entrada en vigor (29 de mayo de 2019). No solo es la primera vez que se permite a las comunidades étnicas obtener la tenencia de la tierra para que mantengan un modo de vida tradicional, por ejemplo mediante un sistema de rotación de los cultivos, y preserven su integridad cultural, sino que también se contribuye a reducir los conflictos relacionados con las tierras en las zonas protegidas, puesto que se prohíbe estrictamente la usurpación de tierras y el ingreso sin autorización en propiedades ajenas. Se prevé que la Ley permitirá que unas 2.700 comunidades permanezcan en zonas protegidas que abarcan unos 5,9 millones de rai (0,944 millones de hectáreas) y que incluyen parques nacionales y zonas de refugio de especies silvestres.
La Ley de Conservación y Protección de la Vida Silvestre de 2562 de la era budista (2019) sustituye a la Ley de Conservación y Protección de la Vida Silvestre de 2535 de la era budista (1992) y permite a las personas sin tierras que han residido en una zona de refugio de especies silvestres o de caza vedada, o la han utilizado, dentro del plazo establecido en la resolución del Consejo de Ministros de 30 de junio de 1998, en las mismas condiciones que las aplicadas en la Ley de Parques Nacionales de 2562 de la era budista (2019), residir en la zona de refugio de especies silvestres o de caza vedada o utilizarla durante un período de tenencia de hasta 20 años por permiso.
La Ley sobre el Comité Nacional de Política Territorial de 2562 de la era budista (2019) fue promulgada en mayo de 2019 y sienta los fundamentos jurídicos para la labor del Comité Nacional de Política Territorial, que ha distribuido entre la población 1.294.197 rai (207.071 hectáreas) hasta marzo de 2019. El Comité sigue trabajando en la política de asignación de tierras a la población y aprobando, en virtud de la Ley, la asignación de terrenos de distintas categorías a personas que tienen derecho a acceder y utilizar esos terrenos sin tener propiedad sobre ellos.
La Ley de Bosques Comunitarios de 2562 de la era budista (2019) permite a los residentes locales (un mínimo de 50 personas) que vivan en un distrito (“amphur”) en el que se encuentre un bosque, que no forme parte de un bosque protegido en virtud de la Ley de Bosques Comunitarios, o en zonas de propiedad del Gobierno presentar a los organismos competentes una propuesta que incluya un plan quinquenal renovable sobre la utilización y la conservación del bosque en su comunidad. El permiso será otorgado directamente por un comité comunitario, no por una autoridad local. Esta Ley aborda los intereses nacionales para la conservación y la rehabilitación de las zonas forestales con la asistencia de las comunidades que dependen de los bosques y, al mismo tiempo, protege los derechos de las comunidades sobre los recursos naturales.
En relación con la concesión de indemnizaciones adecuadas, la Constitución de 2017, la Estrategia Nacional de 20 años (2018-2037) y los 11 planes nacionales de reforma que la apoyan reafirman las normas fundamentales de la promoción y la protección de los derechos humanos, entre otras cosas en relación con el acceso a recursos efectivos de las víctimas de violaciones de los derechos humanos. El artículo 58 de la Constitución recoge claramente las obligaciones del Estado de reparar de forma justa e inmediata a las comunidades o los pueblos afectados por perjuicios o daños, como se señala en el párrafo 26. Además, como se reconoce en el informe del Grupo de Trabajo sobre la cuestión de los derechos humanos y las empresas transnacionales y otras empresas (A/HRC/41/43/Add.1, párrs. 76 y 77), se han producido varios avances positivos en el ámbito de los recursos judiciales.
Información de seguimiento sobre el párrafo 43 d) de las observaciones finales (CEDAW/C/THA/CO/6-7)
Tailandia otorga una gran importancia a los principios de igualdad de género y promoción y protección de los derechos y la dignidad de las mujeres y las niñas sobre la base de los valores consagrados en instrumentos internacionales y destacados en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, en particular el Objetivo 5 y los objetivos y las metas conexos.
La Oficina del Consejo Nacional de Desarrollo Económico y Social ha desarrollado una hoja de ruta nacional para realizar cada uno de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Se incluye a las mujeres y los niños en los objetivos y las metas pertinentes.
La implementación del Objetivo 5 por parte de Tailandia también se materializa en varios marcos, a saber: la Estrategia de Desarrollo de las Mujeres (2017-2021); el Plan de Acción de la Estrategia de Desarrollo de las Mujeres; el plan para promover las responsabilidades de las funcionarias en el proceso de adopción de decisiones; y programas para proteger a las mujeres en situación vulnerable y a sus familias y proporcionales conjuntos de aptitudes necesarios para la vida y la consolidación de la resiliencia. Tailandia está desarrollando un plan de acción sobre la erradicación de la violencia contra las mujeres y revisando leyes y reglamentos relacionados con la promoción y la protección de los derechos de las mujeres y los niños, incluidos el empoderamiento de las mujeres, el acceso de las mujeres a la justicia y las funciones de las mujeres en el sistema judicial.
Para dar respuesta a las cuestiones de salud de las mujeres rurales recogidas en el Objetivo 5, el Ministerio de Salud Pública ha establecido centros de gestión integral de crisis en hospitales de distrito y, desde 2013, en centros de salud comunitarios en todo el país. Tailandia también ha puesto en marcha varios proyectos y medidas para garantizar el acceso universal a la salud sexual y reproductiva y los derechos reproductivos, incluida la mejora de la salud de las mujeres y los niños, la respuesta a los embarazos en la adolescencia y el desarrollo de directrices para estudios de género y competencias para la vida.
En relación con el empoderamiento de las mujeres rurales, Tailandia ha hecho hincapié en la garantía del acceso a la educación de todas las personas en condiciones de igualdad. El índice de paridad de género demuestra el creciente número de mujeres y niñas que tienen acceso a la educación en escuelas, especialmente en zonas rurales. Según el Banco Mundial, el índice de paridad de género de niñas que asistían a la escuela primaria y secundaria aumentó del 0,978 en 2015 al 0,989 en 2018. Además, se han establecido ocho Centros de Aprendizaje para el Desarrollo de las Mujeres y la Familia en distintas regiones del país. Se puede consultar más información sobre el empoderamiento de las mujeres en los párrafos 15 a 19.
Tailandia reconoce que la agenda sobre las mujeres, la paz y la seguridad y los Objetivos de Desarrollo Sostenible 5 y 16 están estrechamente vinculados, dado que una sociedad solo puede lograr una paz sostenible mediante un enfoque integrado e inclusivo que incorpore el desarrollo y los derechos humanos para todos. Con respecto a los párrafos 20 a 23, la agenda sobre las mujeres, la paz y la seguridad también es una plataforma que impulsa el papel catalítico de las mujeres en los progresos en materia de paz y seguridad, que es la piedra angular del desarrollo sostenible.