Introducción

El presente documento conforma los informes periódicos segundo y tercero combinados acerca de la implementación de las disposiciones de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, elaborados para su consideración por el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer. El informe inicial se presentó en 2008 y el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer lo examinó en su 44º período de sesiones, el 30de julio de 2009.

Este informe periódico para el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer informa sobre las medidas legales y de otros tipos que se han tomado para implementar la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer y las observaciones finales, y sobre los obstáculos que aún impiden el disfrute de las mujeres de sus derechos, desde la consideración del informe inicial hasta la fecha en que debía presentarse el informe periódico. Por tanto, este informe abarca el período comprendido entre agosto de 2009 y mayo de 2013.

La Secretaría de Estado para la Promoción de la Igualdad considera que la información general sobre el marco para la protección y promoción de los derechos humanos, la no discriminación y la igualdad debería incluirse en el documento básico común, con asuntos como la promoción de la igualdad de oportunidades y la no discriminación en la legislación; la legislación que prohíba la violencia contra la mujer; una o varias instituciones que funcionen como mecanismo nacional para la mujer; y la presupuestación con perspectiva de género y sus resultados. No obstante, ante la ausencia de un documento básico común actualizado a la fecha del envío del informe periódico para el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, toda la información pertinente se ha incluido en el presente documento. El Gobierno lamenta su extensión, ya que en consecuencia sobrepasa las 40 páginas recomendadas.

Con el objeto de poner de relieve los párrafos concretos que responden directamente a las observaciones finales, se decidió que estos se subrayarían en gris. Además, como el marco jurídico general ha cambiado significativamente desde el informe inicial y el Estado ha adoptado nuevos códigos, leyes y normas, se adjuntan al informe extractos de las disposiciones de interés para el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer.

El informe ha sido preparado por la Oficina de la Secretaría de Estado para la Promoción de la Igualdad en estrecha colaboración con todas las instituciones gubernamentales y nacionales correspondientes, como la Oficina del Ombudsman para los Derechos Humanos y la Justicia. La sociedad civil participó también a través de contribuciones en las diversas consultas. La elaboración del informe se vio facilitada por la financiación de las actividades (consultas, traducción e impresión) y la colaboración técnica de ONU-Mujeres.

Conclusiones principales

Acceso a la justicia

Aspectos positivos

•La Oficina del Ombudsman ha estado presente en los distritos de manera permanente desde 2009.

•La Oficina del Ombudsman ideó en 2012 una estrategia integral de comunicación que incluía actividades de divulgación, publicaciones, relaciones con los medios de difusión y un sitio web para aumentar los conocimientos básicos de derecho, la conciencia y el conocimiento del derecho a acceder a un ombudsman.

•El sistema judicial cuenta con 4 tribunales móviles que abarcan los 13 distritos a fin de llegar a las zonas más remotas.

•El Centro de Capacitación Jurídica forma agentes judiciales acerca de los instrumentos sobre derechos humanos.

•Desde 2007 el Ministerio de Justicia organiza seminarios sobre temas como la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer para funcionarios judiciales, fiscales y defensores del pueblo.

•La Oficina del Ombudsman para los Derechos Humanos y la Justicia recibe las denuncias acerca de violaciones de los derechos humanos y de casos de mala administración.

•El Ministerio de Justicia ha llevado a cabo una campaña nacional sobre conocimientos básicos de derecho.

Problemas que persisten

•El gran número de casos que están siendo investigados.

•La avenencia entre los fiscales y la Policía Nacional de Timor-Leste.

•La falta de un sistema para realizar el seguimiento de los casos.

•La falta de comprensión de los procesos jurídicos y de los derechos por parte de las víctimas.

•Los retrasos en el proceso judicial.

•La falta de información detallada sobre las denuncias que recibe la Oficina del Ombudsman para los Derechos Humanos y la Justicia.

Violencia contra la mujer

Aspectos positivos

•La Ley 7/2010 contra la Violencia Doméstica convirtió cualquier tipo de violencia doméstica en un delito público que ha de canalizarse por el sistema formal de justicia.

•Esta ley engloba también la violación en el matrimonio puesto que se refiere a la violencia sexual “incluso dentro del matrimonio”.

•Se realizaron actividades de difusión en todos los distritos, destinadas a las autoridades locales, los jefes de aldea, los líderes tradicionales, las comunidades y las universidades.

•Se aprobó el Plan de Acción Nacional Relativo a la Violencia por Razón de Género 2012-14, que contenía una estimación de costes y un marco de seguimiento y evaluación.

•La Secretaría de Estado para la Promoción de la Igualdad firmó varios memorandos de entendimiento con el canal nacional de televisión Televisão Timor-Leste y el Centro de Timor-Leste para el Desarrollo de los Medios de Difusión para emitir programas en televisión y radios comunitarias sobre asuntos relativos a la igualdad entre los géneros, entre ellos la violencia contra la mujer.

Problemas que persisten

•La falta de un sistema de reunión de datos armonizado entre el Gobierno y las ONG sobre la violencia por razón de género.

•El hecho de que todavía no se haya aplicado la ley de protección de testigos aprobada en 2009.

•La rotación de los agentes de policía de la Unidad de Personas Vulnerables dificulta la retención de personal formado en los servicios para las víctimas y las investigaciones acerca de la violencia por razón de género.

•La resistencia a denunciar los casos ante la policía.

•El desconocimiento de los líderes comunitarios acerca de la Ley contra la Violencia Doméstica.

•El hecho de que aún se prefiera la justicia tradicional.

Educación

Aspectos positivos

•El programa Bolsa da Mãe está presente en 13 distritos, con 14.000 beneficiarias en 2012.

•El 90% de los niños en edad escolar estaban matriculados en institutos de enseñanza básica en 2011, un 48% de los cuales eran niñas.

•30.698 niños (50,5%) y 30.269 niñas (49,5%) matriculados en institutos de enseñanza secundaria básica en 2011-12.

•20.603 (49,4%) niños y 21.107 (50,6%) niñas matriculados en institutos de enseñanza secundaria superior y de educación técnica.

•204.463 personas participaron en la campaña nacional de alfabetización “Sim Eu Posso”, con un porcentaje estimado de mujeres del 65% en 2011-12.

•658 becas para estudiar en el extranjero, el 37% de ellas adjudicadas a mujeres en 2010-13.

•La política de tolerancia cero de 2011 abarca la violencia sexual, la pena corporal y otras formas de violencia en las escuelas.

Problemas que persisten

•El abandono escolar femenino está relacionado con embarazos inesperados, suspenso de exámenes finales, enfermedades, creencias tradicionales respecto a la educación de las niñas, y a veces violencia sexual.

•El Gobierno todavía no ha aprobado ninguna medida oficial de readmisión.

•En 2011-2012, se denunciaron ante el Inspector General de Educación nueve casos de violencia sexual, de los cuales cinco se resolvieron de forma tradicional y cuatro en tribunales.

Salud

Aspectos positivos

•La salud maternoinfantil es una prioridad nacional del Plan Estratégico Nacional del Sector de la Salud 2011-2030.

•Se ha revisado la Estrategia Nacional sobre Salud Reproductiva para convertirla en una estrategia que englobe la salud materna, neonatal e infantil.

•Se construyeron 46 centros de salud y de maternidad para mejorar la salud materna y reproductiva en el período 2007-2012.

•Se creó una escuela de enfermeras y parteras en la Universidad Nacional de Timor-Leste en 2010.

•El 86% de las mujeres recibieron atención prenatal en 2009-2010.

•La atención posnatal llegó a un 46,7% en 2012.

•Se elaboró un plan de estudios sobre salud sexual y reproductiva adolescente para la enseñanza secundaria, tanto básica como superior.

Problemas que persisten

•Timor-Leste tiene aún una de las tasas de fecundidad más altas de la región, con 5,7 hijos por mujer.

•Timor-Leste tiene aún una de las tasas de mortalidad materna más altas del mundo, 557/100.000.

•El 59% de las mujeres recibieron atención obstétrica cualificada de un médico, una enfermera o una partera.

•Solo el 26% de las mujeres casadas utilizaban algún método de planificación familiar moderno en 2011 y 2012.

•Solo se atiende el 42% de las necesidades de planificación familiar vinculadas al espaciamiento de los nacimientos o a la limitación de su número.

Empleo

Aspectos positivos

•El nuevo Código del Trabajo, aprobado en febrero de 2012, abarca la igualdad de oportunidades y de tratamiento en el acceso al empleo, la formación profesional, la evolución profesional, las condiciones de trabajo y el salario. Además, el Código dispone la no discriminación en el empleo y prohíbe el acoso verbal, no verbal, físico y sexual.

•El desarrollo de una estrategia de género en el sector privado que refuerza la colaboración entre los interesados principales, teniendo en cuenta las diferencias entre los géneros y las consideraciones de género, y responde a las necesidades de los propietarios de pequeñas y medianas empresas y de los microempresarios.

•En 2012, el 49% de los clientes del Instituto de Apoyo al Desarrollo Empresarial eran mujeres que recibían apoyo en cuestiones de planificación empresarial y financiera.

•De las mujeres consideradas esencialmente inactivas (por ejemplo, la que se clasifican como amas de casa), el 42% contribuían económicamente a través de la agricultura y la artesanía.

Problemas que persisten

•Al menos el doble de hombres (54%) que de mujeres (26%) tenía trabajo en 2010.

•La mayoría de las mujeres (72%) no forma parte en absoluto de la fuerza de trabajo, frente al 43% de los hombres en 2010. El 35% de las mujeres adujo deberes familiares como la razón de más peso para su inactividad económica. No obstante, la tasa de participación en el mercado de trabajo de las mujeres sin hijos sigue siendo inferior a la de los hombres.

•Para ascender a puestos de responsabilidad, el 75% de las mujeres (frente al 42% de los hombres) necesitan haber completado los estudios secundarios, técnicos o de formación profesional. Esto supone una discriminación, puesto que las mujeres necesitan una educación superior para conseguir el mismo puesto de trabajo que los hombres.

•El 78% de las mujeres se encuentran en empleos vulnerables, sin contratos formales, prestaciones laborales o protección social.

Relaciones familiares

Aspectos positivos

•El nuevo Código Civil, aprobado en 2011, establece la igualdad entre los cónyuges ya que fija en 17 años la edad mínima para contraer matrimonio tanto para hombres como para mujeres y no diferencia entre la capacidad jurídica de hombres y mujeres.

•Cada cónyuge puede administrar sus bienes y tiene derechos de uso sobre los bienes comunes.

•Hombres y mujeres heredarán o recibirán propiedades de igual forma.

Problemas que persisten

•La edad mínima para hombres y mujeres es de 17 años.

•El 2% de las mujeres casadas se encuentra en una unión poligínica.

•A pesar de lo establecido en el nuevo Código Civil, el sistema de herencias tradicional, que sigue las líneas maternas y paternas, es aún el dominante, especialmente en las zonas rurales.

•Si bien las nuevas generaciones tienen más libertad para elegir a su cónyuge, las obligaciones de la dote y del matrimonio tradicional aún perduran.

Estereotipos y prácticas negativas

Apectos positivos

•La política nacional en materia de cultura establece que la cultura y las tradiciones son procesos dinámicos que evolucionan con el tiempo.

•La socialización a nivel nacional de la Ley contra la Violencia Doméstica llegó a todos los distritos en 2012.

•Los memorandos de entendimiento entre la Secretaría de Estado para la Promoción de la Igualdad y Televisão Timor-Leste, el Centro de Timor-Leste para el Desarrollo de los Medios de Difusión y el periódico Timor Post para la emisión de programas y la publicación de artículos sobre cuestiones de género.

•La asociación entre la Secretaría de Estado para la Promoción de la Igualdad y el Centro de Timor-Leste para el Desarrollo de los Medios de Difusión para hacer un seguimiento de la cobertura mediática y la actitud de los periodistas con respecto a los géneros y la violencia contra la mujer.

Problemas que persisten

•Las costumbres y la tradición aún influyen en la percepción de los derechos y el poder a pesar del número significativo de actividades, campañas y cursos de sensibilización.

•Hombres y mujeres aún no consideran sistemáticamente un delito el uso de la fuerza física por parte de un hombre en una relación íntima, sino que lo ven como un incidente doméstico ordinario.

Participación política y participación en la vida pública

Aspectos positivos

•La segunda enmienda de la Ley Electoral Parlamentaria, aprobada en junio de 2011, que establece que ha de haber al menos una mujer en cada grupo de tres candidatos, derivó en que un 38% de los parlamentarios elegidos fueran mujeres.

•La Plataforma Política de las Mujeres en la Política 2012-2017 se comprometió a abordar siete puntos prioritarios para las mujeres: la educación, la economía, la salud, la política, la cultura, los medios de comunicación y la justicia, la paz y la seguridad.

•La formación de las mujeres en funciones de liderazgo y los programas de desarrollo de la capacidad se llevaron a cabo a nivel comunitario, especialmente antes de cada acontecimiento electoral.

•Uno de los objetivos del Mecanismo Nacional para Acelerar el Desarrollo Comunitario – Programa Nacional de Desarrollo de Aldeas es contratar y formar al 40% de las mujeres para poner en marcha el Mecanismo e incluye disposiciones especiales para las reuniones de mujeres locales.

Problemas que persisten

•La participación de las mujeres en la política a nivel local es aún muy baja (solo el 2% de los jefes de aldea son mujeres).

Artículo 1: Definición de la discriminación

1.El primer estudio amplio acerca del derecho constitucional timorense se publicó a finales de 2011. En este documento de referencia del derecho constitucional timorense se aclaraban los conceptos de la Constitución, especialmente el concepto de no discriminación presente en el artículo 16. El estudio define el principio de no discriminación como una consecuencia del principio de igualdad: la ilegitimidad de la diferenciación entre individuos basada en categorías puramente subjetivas como las citadas en el párrafo 2 de ese artículo, lo que incluye el sexo.

2.No obstante, ni en la Constitución ni en ninguna otra ley se define el concepto de discriminación contra la mujer de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1 de la Convención.

3.El Estado tiene el deber de proteger a su pueblo contra todas las formas de discriminación, incluso mediante el derecho penal. El Código Penal, aprobado por el Decreto Ley 19/2009 de abril de 2009, considera circunstancias agravantes que la persona que ha cometido un delito lo haya hecho por motivos relacionados con el género (artículo 52, apartado e)).

4.El sistema monista de aplicación del derecho internacional en Timor-Leste hace que la definición de discriminación del artículo 1 de la Convención pase a formar parte del marco jurídico nacional, aunque aún no se ha sometido a ninguna interpretación judicial o jurisprudencia.

Presentación de denuncias de discriminación contra la mujer

5.La Oficina del Ombudsman para los Derechos Humanos y la Justicia —Provedoria dos Direitos Humanos e Justiça (PDHJ)— recibe las denuncias a través de la División de Asistencia Pública. Estas denuncias se presentan en persona (en la oficina nacional y las cuatro oficinas regionales), por teléfono o por escrito, depositándolas en las cajas habilitadas al efecto en todas las oficinas administrativas de los distritos y subdistritos.

6.Las denuncias son evaluadas primero por la Comisión de Gestión de Denuncias (Komisaun Jestaun Keixa – KJK) y después investigadas por la Oficina del Ombudsman para los Derechos Humanos y la Justicia si tiene jurisdicción para ello. Una vez concluida la investigación, el caso se transfiere al fiscal junto con las medidas que se recomienda adoptar en un plazo de 60 días. El mandato de la Oficina del Ombudsman para los Derechos Humanos y la Justicia solo permite investigar casos de discriminación, de violación de los derechos humanos o de mala administración relacionados con agentes estatales. No obstante, la Oficina puede analizar la actividad o inactividad del Estado en relación con la aplicación de la legislación, las medidas de control de las instituciones estatales y el acceso a recursos para las partes involucradas. Para más información, sírvase consultar el documento básico común de Timor-Leste, párrafos 150 a 156.

Artículo 2: Medidas normativas

Legislación básica

Situación jurídica de la Convención

Respecto a la situación jurídica de los instrumentos internacionales en la legislación nacional, en 2010 se aprobó la Ley núm. 6/2010 sobre los Tratados Internacionales (véase el anexo) para aclarar la cuestión. La Ley establece que el Estado timorense considera que los tratados solemnes son vinculantes a partir de su ratificación.

En cuanto a la relación jerárquica entre las normas de derecho internacional integradas y la legislación nacional, en el artículo 9.3 se proclama la primacía de las normas internacionales sobre las nacionales y se invalida toda legislación nacional contraria a las disposiciones de los convenios, tratados o acuerdos internacionales. En este marco, la máxima autoridad judicial puede atender apelaciones constitucionales y debe examinar por propia iniciativa las leyes y los reglamentos a fin de detectar los casos de violación de la constitución. Actualmente, la máxima autoridad judicial es el Tribunal de Apelaciones, ya que aún no se ha creado una Corte Suprema.

Legislación específica sobre la igualdad

Con respecto a la interpretación e inclusión del principio de igualdad en la Constitución nacional, el artículo 17 sobre la igualdad entre mujeres y hombres dispone que las mujeres y los hombres tendrán los mismos derechos y deberes en todas las cuestiones relativas a la familia y a la vida política, económica, social y cultural.

El principio de igualdad también está integrado en varias normas concretas como el Código Civil (art. 1559), el Código del Trabajo (art. 6), la Ley Electoral para el Parlamento Nacional (art. 8), la Ley contra la Violencia Doméstica (art. 4), etc. y se formula más detalladamente en cada una de ellas (véase el anexo).

Las deliberaciones sobre la elaboración de una Ley de Igualdad entre los Géneros comenzaron en 2008, bajo la dirección del Grupo de Mujeres Parlamentarias de Timor-Leste (Grupo de Mulheres Parlamentares de Timor-Leste), con el apoyo del Fondo de Desarrollo de las Naciones Unidas para la Mujer (UNIFEM). En su momento, esta iniciativa se justificaba porque el marco jurídico era insuficiente, puesto que aún no habían sido aprobados el Código Penal, el Código Civil, la Ley contra la Violencia Doméstica ni otras leyes pertinentes. Desde entonces, estos instrumentos legislativos fundamentales se aprobaron y puesto que tienen en cuenta muchas de las cuestiones a las que se refería la Ley de Igualdad entre los Géneros, el Parlamento anterior decidió no continuar con el proyecto de ley y centrarse en la aplicación de las leyes recientemente aprobadas y en la protección de los derechos de las mujeres.

Por ejemplo, todas las disposiciones del antiguo proyecto sobre la Ley de Igualdad entre los Géneros relativas a la igualdad laboral —la igualdad en el acceso al empleo y en la remuneración por trabajo de igual valor, el apoyo para un embarazo y maternidad seguros, la concesión de la licencia de maternidad, etc. han sido incluidas en el Código del Trabajo— y las relativas a la igualdad en la vida familiar, el derecho a escoger libremente a su cónyuge, los derechos y deberes relacionados a la custodia, etc. han sido incluidas en el Código Civil.

Cabe señalar que recientemente durante la nueva legislatura, bajo la dirección del Grupo de Mujeres Parlamentarias, se celebraron debates acerca de la posibilidad de reconsiderar la posición del Parlamento con respecto a la Ley de la Igualdad entre Géneros y retomar el debate oficial sobre la elaboración y aprobación de esta ley.

Mecanismo nacional para la mujer

El cuarto Gobierno creó la Secretaría de Estado para la Promoción de la Igualdad mediante el Decreto Ley 16/2008, promulgado el 4 de junio de 2008, para reemplazar la antigua Oficina del Asesor del Primer Ministro para la Promoción de la Igualdad, conforme a lo descrito en el informe inicial. Desde su creación, esta Secretaría de Estado ha sido el principal órgano del Gobierno responsable de crear, coordinar y evaluar las políticas de promoción de la igualdad entre los géneros.

Por consiguiente, la finalidad principal y el valor añadido de la Secretaría de Estado para la Promoción de la Igualdad consiste en sus funciones de coordinación y supervisión. No se trata de un organismo de realización, puesto que la implementación de leyes, políticas y programas corresponde a los ministerios competentes. No obstante, esta Secretaría desempeña un papel catalizador de la promoción de la igualdad entre los géneros en Timor-Leste. Asimismo, se constituye como el motor fundamental de la igualdad entre los géneros en el Gobierno y debe promover la inclusión de las cuestiones de género en todos los presupuestos, las políticas y los programas de las instituciones gubernamentales.

Basándose en la experiencia de la Oficina del Asesor del Primer Ministro para la Promoción de la Igualdad, la Secretaría de Estado para la Promoción de la Igualdad ha establecido cinco objetivos fundamentales en su Plan Estratégico 2012-2017:

i)El desarrollo de la capacidad de la Secretaría en materia de incorporación de la perspectiva de género;

ii)La promoción de políticas y leyes que tengan en cuenta las cuestiones de género a nivel nacional y local;

iii)El fortalecimiento de los mecanismos de incorporación de la perspectiva de género en las instituciones gubernamentales y en los organismos estatales encargados de políticas, programas, procesos y presupuestos;

iv)El fomento de una mayor conciencia entre los interesados y el público en general, a nivel nacional y local, para apoyar la promoción de la igualdad entre los géneros;

v)El empoderamiento económico de la mujer.

Con respecto a la falta de recursos financieros y humanos adecuados para garantizar el buen funcionamiento de la Secretaría de Estado para la Promoción de la Igualdad, el Gobierno de Timor-Leste se enorgullece de que los recursos financieros y humanos de esta Secretaría hayan aumentado cada año desde su creación. De hecho, el presupuesto general asignado a la Secretaría pasó de 342.000 dólares de los Estados Unidos en 2008 a 1.378.000 dólares en 2012 (por lo general, los gastos superan el 90% anual) y se espera que en 2013 aumente nuevamente, hasta los 1.867.000 dólares. Esto representa un aumento del 303% en un período de cuatro años.

Sin embargo, es necesario examinar este aumento presupuestario en el marco del presupuesto total del gobierno. De hecho, este último aumentó considerablemente durante el mismo período y el presupuesto de la Secretaría de Estado para la Promoción de la Igualdad ha seguido siendo uno de los más bajos de las instituciones del gobierno, lo que puede justificarse una vez más por el hecho que la Secretaría no es un organismo de realización. El presupuesto general del gobierno en 2008 era de 788.312.000 dólares de los Estados Unidos y alcanzó la cifra de 1.806.781.945 dólares en 2012, lo que representa un aumento del 129% en el mismo período de cuatro años.

En general, los recursos humanos de la Secretaría de Estado para la Promoción de la Igualdad han seguido los mismos pasos que los recursos financieros. Cuando fue creada la Secretaría de Estado contaba con 15 empleados públicos. En el momento de redactar el presente informe, la Secretaría cuenta con 61 empleados públicos, incluidos 13 nuevos funcionarios de distrito (8 ya han sido contratados y están trabajando) que estarán ubicados en las Oficinas de la Administración de Distrito para prestar asistencia a los grupos de trabajo sobre cuestiones de género. En 2012, alrededor de un 60% de estos funcionarios permanentes eran mujeres. Además de los 61 empleados públicos, la Secretaría también cuenta con varios asesores nacionales e internacionales que prestan servicios de asistencia técnica y desarrollo de la capacidad y con dos voluntarios internacionales ubicados en los distritos de Baucau y Liquiça, que prestan asistencia a los grupos de trabajo sobre cuestiones de género.

Asistencia técnica y financiera

La Secretaría de Estado para la Promoción de la Igualdad ha recibido asistencia de varios organismos y programas especializados del sistema de las Naciones Unidas, a saber, el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) y ONU-Mujeres, además de otros donantes como el Gobierno noruego, Irish Aid y la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID). La asistencia financiera durante el período 2009-2012 ascendió a 4.018.437 dólares de los Estados Unidos; el UNFPA fue el principal contribuyente (2.570.280 dólares) debido a la programación relacionada con la eliminación de la violencia por razón de género (descrita más adelante en este informe).

Con el fin de ayudar a la Secretaría de Estado para la Promoción de la Igualdad y facilitarle la misión de implementar la segunda fase del plan estratégico, en 2012 se firmó una carta de acuerdo armonizada entre la Secretaría y ONU-Mujeres. La implementación de esta carta de acuerdo busca apoyar los objetivos prioritarios establecidos en la estrategia de la Secretaría para el período 2010-2017 y las prioridades nacionales relativas a la igualdad entre los géneros y al empoderamiento de las mujeres incluidas en el Plan de Desarrollo Estratégico de Timor-Leste 2011-2030.

Cooperación internacional

En relación con la cooperación internacional para el empoderamiento de las mujeres y el fomento de la igualdad entre los géneros en el desarrollo nacional, el Gobierno de Timor-Leste, a través de la Secretaría de Estado para la Promoción de la Igualdad, ha firmado dos memorandos de entendimiento: uno en 2012, con el Gobierno de Indonesia, a través del Ministerio para el Empoderamiento de la Mujer y la Protección de la Infancia y otro en 2011, con Portugal a través de la Comisión de Ciudadanía e Igualdad de los Géneros. Estos memorandos buscan intensificar y ampliar la cooperación mutua en las esferas del desarrollo de la capacidad y las políticas.

Como consecuencia del deseo de la Secretaría de Estado para la Promoción de la Igualdad de forjar relaciones académicas sobre las cuestiones de género, indicado en el memorando de entendimiento entre la Secretaría y el Ministerio para el Empoderamiento de la Mujer y la Protección de la Infancia, la Secretaría ha establecido un acuerdo de cooperación con la Universidad de Gadjah Mada en Yogyakarta (Indonesia), en los ámbitos de la capacitación de los recursos humanos, la promoción institucional y la investigación científica, como por ejemplo, la capacitación y el empoderamiento del personal técnico de la Secretaría.

Iniciativas gubernamentales para fomentar la incorporación de la perspectiva de género

En el Plan de Desarrollo Estratégico 2011-2030 se afirma que la visión de Timor-Leste para 2030 es la de llegar a ser una sociedad en que haya justicia de género y donde las leyes y la cultura valoren, protejan y fomenten la dignidad humana y los derechos de la mujer. Para lograr que esta visión se haga realidad, el Gobierno promoverá la incorporación de la perspectiva de género en todas las políticas, programas, procesos y presupuestos oficiales.

En 2008, la Secretaría de Estado para la Promoción de la Igualdad, como el principal órgano gubernamental encargado de la promoción de la igualdad entre los géneros, creó un mecanismo de coordinación al establecer una red de coordinadores de cuestiones de género en cada ministerio y en los distritos, aprobado por la resolución 11/2008. En muchos sentidos este mecanismo ha sido un éxito puesto que ha ayudado a que determinados ministerios llevaran a cabo evaluaciones, elaboraran estrategias o políticas e impartieran capacitación en el servicio sobre las cuestiones de género. Los coordinadores de cuestiones de género que ocupaban puestos de influencia en los ministerios lograron incidir en las políticas.

Los coordinadores de cuestiones de género se enfrentaron a algunos problemas, sobre todo cuando ocupaban puestos inferiores al de director, ya que no podían influir en los procesos de planificación o de presupuesto.

Mecanismo de grupos de trabajo sobre cuestiones de género

En 2011, casi tres años después de haber puesto en marcha el mecanismo de coordinación de cuestiones de género, la Secretaría de Estado para la Promoción de la Igualdad presentó al Consejo de Ministros una nueva resolución que eleva el nivel del mecanismo al de un grupo de trabajo a cargo de las cuestiones de género. Dicha propuesta fue aprobada en septiembre de 2011 mediante la resolución 27/2011 del Gobierno. El nuevo mecanismo estaba destinado a lograr una coordinación y supervisión más eficaces, además de promover mejor la incorporación de la perspectiva de género en todas las actividades, ya que las personas que lo integran son funcionarios de rango más elevado que tienen mayor influencia en los ministerios en los que trabajan.

Grupos de trabajo sobre cuestiones de género a nivel nacional

A nivel nacional, la resolución 27/2011 dispone que cada ministerio y Secretaría de Estado debe establecer un grupo de trabajo sobre cuestiones de género, presidido por un Director General e integrado por directores procedentes, como mínimo, de todas las direcciones encargadas de tareas de planificación, políticas, finanzas, observación y evaluación. Hasta el momento se han establecido 15 grupos de trabajo.

A pesar de los escasos progresos realizados por los grupos de trabajo sobre cuestiones de género durante su primer año de existencia (debido principalmente a que fue un período electoral de gran actividad), el logro principal de estos grupos a nivel nacional fue la mayor inclusión de las prioridades en materia de género en los planes y presupuestos anuales para 2013 (detallada en la sección siguiente).

Grupos de trabajo sobre cuestiones de género a nivel de distrito

Los grupos de trabajo sobre cuestiones de género a nivel de distrito están presididos por el Administrador Adjunto e integrados, entre otros, por el Comandante de Distrito de la Unidad de Personas Vulnerables, y los Directores de Distrito del Ministerio de Agricultura, el Ministerio de Economía y Desarrollo, el Ministerio de Educación, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Infraestructura, el Ministerio de Justicia y el Ministerio de Solidaridad Social. Los 13 grupos de trabajo sobre cuestiones de género celebraron dos o tres reuniones en 2012. El objetivo principal de estas reuniones fue preparar las celebraciones correspondientes al Día Internacional de las Mujeres Rurales (15 de octubre), el Día Nacional de la Mujer (3 de noviembre) y los 16 Días de Activismo contra la Violencia de Género (25 de noviembre a 10 de diciembre). Algunos distritos aprovecharon sus reuniones para examinar y definir el mandato de su grupo de trabajo y para concebir planes de acción en materia de género. Hasta el momento, 12 grupos han elaborado planes de acción amplios en materia de género a nivel de distrito para 2013, con la asistencia técnica de la Secretaría de Estado para la Promoción de la Igualdad. Desafortunadamente, es necesario señalar que estos planes de acción no fueron aprobados durante el examen del presupuesto nacional puesto que la mayoría de ellos se finalizaron en el primer trimestre de 2013.

A nivel nacional, de un total de 116 miembros de los grupos de trabajo sobre cuestiones de género, 53 (45,7%) son mujeres y 63 (54,3%) son hombres. A nivel de distrito, de un total de 197 miembros de los grupos de trabajo, 90 (45,7%) son mujeres y 107 (54,3%) son hombres. El desequilibrio es aún mayor en la dirección de los grupos; a nivel nacional, de un total de 17 directores, 6 (35,3%) son mujeres y 11 (64,7%) son hombres. Este desequilibrio se agrava aún más a nivel de distrito, ya que de 13 directores, solamente 1 es mujer (7,7%) y el resto son 12 hombres (92,3%).

De acuerdo con el mandato de la Secretaría de Estado para la Promoción de la Igualdad de coordinar y prestar apoyo a los grupos de trabajo sobre cuestiones de género (véase más adelante), en 2012 se crearon 13 nuevos cargos dentro de la estructura de la Secretaría. Desgraciadamente, el proceso para aprobar la Ley Orgánica de la Secretaría de Estado para la Promoción de la Igualdad y contratar al personal a través de la Comisión de Administración Pública ha tardado más de lo previsto y, como resultado, ha sido difícil para la Secretaría proporcionar ayuda a los grupos de trabajo a nivel de distrito durante su primer año de existencia. En el momento de redactar el presente informe, se habían contratado 8 personas y se esperaba contratar otras 5.

Mecanismo de coordinación intergubernamental de la Secretaría de Estado para la Promoción de la Igualdad

Los representantes de los grupos de trabajo sobre cuestiones de género, tanto nacionales como de distrito, asisten a reuniones trimestrales organizadas por la Secretaría de Estado para la Promoción de la Igualdad para coordinar, colaborar y compartir información. La Secretaría también se reúne mensualmente con los principales ministerios a nivel nacional, incluidos los de salud, educación, agricultura, justicia y finanzas, para garantizar una estrecha coordinación en asuntos concretos como la implementación de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer y la violencia por razón de género.

La Secretaría de Estado para la Promoción de la Igualdad proporciona asistencia técnica y mejoramiento de la capacidad a los grupos de trabajo sobre cuestiones de género para que estas se comprendan mejor y para poner en marcha programas y políticas en que se tengan en cuenta.

Con este nuevo mecanismo, el Gobierno puede controlar mejor las actividades a fin de asegurarse de que las políticas, los programas y los presupuestos beneficien a hombres y mujeres por igual.

Iniciativas para la elaboración de presupuestos con perspectiva de género

Desde 2007, el Gobierno de Timor-Leste se ha esforzado en incluir la perspectiva de género en el proceso de elaboración de sus presupuestos. Entre 2007 y 2010, la Secretaría de Estado para la Promoción de la Igualdad proporcionó información a algunos sectores con respecto a la documentación necesaria para la planificación y la preparación de los presupuestos; esta labor arrojó resultados diversos. El Parlamento Nacional respaldó la elaboración de presupuestos con perspectiva de género al adoptar la Resolución Parlamentaria 12/2010 sobre la preparación de presupuestos que tengan en cuenta la igualdad entre los géneros, publicada el 19 de mayo de 2010. Para justificar la elaboración de presupuestos con perspectiva de género en el preámbulo de esta resolución, se recuerda que el Gobierno de Timor-Leste debe cumplir las obligaciones asumidas a nivel internacional, en particular las contraídas en virtud de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer.

En 2010, la Oficina del Primer Ministro invitó a la Secretaría de Estado para la Promoción de la Igualdad a examinar los planes de acción anuales por sectores con el fin de mejorar la elaboración de presupuestos con perspectiva de género. En 2010, la Secretaría examinó 10 planes de acción y 12 en 2011. En 2012, la Secretaría examinó los 32 planes de acción anuales de agentes estatales y no estatales financiados con el presupuesto general del Estado. La finalidad es que, con el tiempo, determinados indicadores medibles del desempeño de los planes de acción anuales contribuyan a lograr una planificación y presupuestación con perspectiva de género.

La elaboración de presupuestos con perspectiva de género aumentó considerablemente desde 2011 hasta el día de hoy como consecuencia del importante apoyo económico aportado por ONU-Mujeres gracias al cual la Secretaría de Estado para la Promoción de la Igualdad pudo buscar asistencia técnica de especialistas en la elaboración de este tipo de presupuestos para que impartieran formación al respecto a los antiguos coordinadores de cuestiones de género y a los actuales miembros de los grupos de trabajo sobre estas cuestiones, al personal de la Secretaría, a los funcionarios de planificación y presupuestación de los ministerios clave y a la sociedad civil.

Como se ha hecho todos los años desde 2009, en 2013 se incluyó una declaración relativa a las cuestiones de género en la Circular para la Preparación de Presupuestos, que insta a los organismos, ministerios y agencias estatales a seguir las directrices de la Secretaría de Estado para la Promoción de la Igualdad sobre la elaboración de presupuestos con perspectiva de género en sus propuestas presupuestarias. Esto se reforzó con el hecho de que, por primera vez, se otorgó a la Secretaría un puesto en el comité encargado de examinar el presupuesto, con el fin de generar un diálogo constructivo e introducir cambios para tener en cuenta las cuestiones de género antes de aprobar y enviar los planes anuales al Parlamento.

Todo el proceso de elaboración de presupuestos con perspectiva de género se encuentra aún en una etapa temprana de aplicación, puesto que la Secretaría de Estado para la Promoción de la Igualdad se ha centrado en contribuir a los planes de acción anuales con aportes que tengan en cuenta las cuestiones de género. No obstante, todavía no hay un sistema apropiado de supervisión y evaluación de la aplicación de las observaciones de la Secretaría y de la ejecución de los planes y presupuestos que tengan en cuenta las cuestiones de género.

A pesar de los desafíos que subsisten, como la confusión entre las funciones de la Secretaría de Estado para la Promoción de la Igualdad y el Ministerio de Finanzas respecto a la elaboración de presupuestos con perspectiva de género y las responsabilidades sectoriales para la incorporación de la perspectiva de género, las repercusiones positivas y progresistas, consecuencia de la revisión e incluidas en los planes de acción anuales son evidentes. Otro aspecto positivo del proyecto de elaboración de presupuestos con perspectiva de género, que cuenta con el apoyo de ONU-Mujeres, ha sido la inclusión de nuevos interesados, como el Centro de Estudios sobre el Género de la Universidad Nacional de Timor-Leste, la organización no gubernamental nacional Lao Hamutuk (conocida como East Timor Institute for Reconstruction Monitoring and Analysis) y el antiguo Ministerio de Administración Estatal y Gestión Territorial (denominación utilizada durante el gobierno anterior, ahora es el Ministerio de Administración Estatal).

Prioridades nacionales

El Programa de Prioridades Nacionales 2008-2011, dirigido por el Ministerio de Finanzas, fue fundamental para que el enfoque de Timor-Leste pasara de la asistencia humanitaria de emergencia a la recuperación y estabilización posterior al conflicto y al desarrollo. De esta manera, el programa proporcionó una herramienta para determinar cuáles cuestiones claves eran prioridades cada año y hacer algo al respecto. Además, los grupos de la sociedad civil empezaron a participar habitualmente en los grupos de trabajo del Programa Nacional Prioritario que comenzaron en 2009, y se hicieron esfuerzos para incluir grupos de mujeres a través de Rede Feto, la red de mujeres de Timor-Leste.

Desde el inicio, la participación e influencia de la Secretaría de Estado para la Promoción de la Igualdad ha ido aumentando progresivamente. En 2008 solo se habían fijado cinco objetivos con metas concretas en materia de cuestiones de género o relacionadas con ellas en cuatro ámbitos distintos: protección y seguridad públicas, protección social y solidaridad, empleo y generación de ingresos y mejoramiento de la prestación de servicios sociales. En 2011, último año en que se utilizó el mecanismo del Programa de Prioridades Nacionales, se llegó a 18 objetivos, en particular en los ámbitos de desarrollo rural, desarrollo de los recursos humanos, acceso a la justicia y prestación de servicios sociales.

En 2011, la puesta en marcha del Plan de Desarrollo Estratégico 2011-2030 marcó la transición de Timor-Leste de una planificación y establecimiento de prioridades anuales a una estructura multianual, que busca apoyar la aceleración del desarrollo. La Secretaría de Estado para la Promoción de la Igualdad forma parte ahora del nuevo mecanismo para la coordinación de políticas de desarrollo, que remplaza a los antiguos grupos de trabajo del Programa de Prioridades Nacionales.

Actividades para crear conciencia sobre las cuestiones de género

En 2008, la Secretaría de Estado para la Promoción de la Igualdad firmó un memorando de entendimiento con la Televisión de Timor-Leste y el Centro de Timor-Leste para el Desarrollo de los Medios de Difusión con el objeto de emitir un programa de diálogos de televisión interactivo llamado “hanoin lisuk” (“pensemos juntos”). El objetivo principal de estos programas era ofrecer información a nivel nacional con respecto a la igualdad entre los géneros, la participación de la mujer en el desarrollo y el aumento de la sensibilización pública sobre la eliminación total de la discriminación y la violencia contra la mujer. En 2009 se emitieron ocho programas con temas como la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, las mujeres y la formación profesional, la violencia por razón de género, las mujeres rurales y el desarrollo y las mujeres como líderes comunitarias.

Este memorando de entendimiento era anual y fue renovado hasta 2012. Desgraciadamente, los cambios en la gestión de la Televisión de Timor-Leste, sumados al aumento de sus precios, impidieron que la Secretaría de Estado para la Promoción de la Igualdad renovara el memorando. Con todo, la Secretaría, con motivo de las elecciones nacionales de 2012, emitió una serie de debates por el canal de televisión de Suara Timor Lorosae (Suara – Voz de Timor-Leste).

La Secretaría también ha utilizado la radio como medio para promover la igualdad entre los géneros. En colaboración con el Centro de Timor-Leste para el Desarrollo de los Medios de Difusión, la Secretaría produjo programas relativos a la participación de las mujeres en el desarrollo, en particular en la toma de decisiones comunitarias. Hasta 2012, se habían emitido cuatro programas a través de las estaciones de radio comunitarias a nivel de distrito.

Reunión y análisis de datos

La información estadística disponible sobre la situación de la mujer en todos los ámbitos constituye un problema. Por ejemplo, la reunión de datos sobre un importante problema de género en Timor-Leste, a saber, la violencia por razón de género, muestra la falta de un sistema de reunión de datos consolidados para las estadísticas sobre este tipo de violencia. No obstante, las dos últimas fuentes de datos estadísticos, el Estudio Demográfico y de Salud de 2009/2010 y el Censo de Población y Vivienda de 2010 han proporcionado la mayor parte de la información desglosada por sexo.

En 2011, la Secretaría de Estado para la Promoción de la Igualdad, con la ayuda de la División de Estadística de la Comisión Económica y Social para Asia y el Pacífico, financiada por el Banco Asiático de Desarrollo, creó un programa de estadísticas por sexo, que incluye talleres sobre las estadísticas por sexo relativas a la violencia por razón de género, la salud y el empleo, además de la utilización de la base de datos DevInfo, importante herramienta para favorecer el análisis basado en el género con el fin de formular políticas basadas en datos empíricos. Gracias al apoyo adicional de ONU-Mujeres, se está llevando a cabo ahora una evaluación de las perspectivas de género a nivel nacional.

El censo se constituye como una herramienta fundamental para supervisar los progresos hacia la igualdad entre los géneros. Al registrarse el sexo de cada uno de los miembros del hogar, se facilita el análisis en determinados ámbitos, como la educación, el empleo, la composición del hogar y la vivienda. Se elaboraron una serie de monografías sobre temas como el género, la educación, la fecundidad y nupcialidad, y la fuerza de trabajo. La Secretaría de Estado para la Promoción de la Igualdad formó parte del comité directivo que elaboró el censo, por lo que pudo incluir preguntas para reunir datos concretos, como la actividad económica secundaria, para registrar la contribución económica de las mujeres que son principalmente amas de casa.

En lo que atañe al Estudio Demográfico y de Salud, el objetivo principal era proporcionar datos confiables y recientes sobre la fecundidad y la planificación familiar, la mortalidad en la niñez, la mortalidad materna y de los adultos, el estado nutricional de los niños, la utilización de los servicios de salud maternoinfantil, la violencia por razón de género y los conocimientos sobre el VIH y el SIDA.

A través de la Dirección Nacional de Estadística, el Ministerio de Finanzas está decidido a mejorar la reunión de datos mediante el desglose por sexo, como el realizado en la encuesta sobre población activa de 2010, que proporcionó abundante información sobre las mujeres que forman parte de la fuerza de trabajo.

Objetivos de Desarrollo del Milenio

El Plan de Desarrollo Estratégico de Timor-Leste 2011-2030 es un conjunto integral de políticas estratégicas que se ciñen a los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Timor-Leste establece como principales prioridades la consolidación nacional y la consolidación de la paz para poder así alcanzar otros objetivos sociales y económicos.

El Ministerio de Finanzas cuenta con una Secretaría para los Objetivos de Desarrollo del Milenio; su Comité Directivo, presidido por la Excma. Sra. Emilia Pires e integrado por los ministerios competentes, incluida la Secretaría de Estado para la Promoción de la Igualdad, supervisa y analiza los progresos realizados y adopta nuevos objetivos para después de 2015.

Consulta sobre los Objetivos de Desarrollo del Milenio después de 2015

La actual Ministra de Finanzas, la Excma. Sra. Emilia Pires, forma parte del Grupo de Alto Nivel de Personas Eminentes sobre la Agenda para el Desarrollo después de 2015. El Gobierno de Timor-Leste participa muy activamente en el proceso de consulta, por conducto, por ejemplo, de la Secretaría de Estado para la Promoción de la Igualdad, en el que participan también una diversa gama de organizaciones de la sociedad civil y de funcionarios de la administración de distrito descentralizada.

Artículo 3: Garantía de los derechos humanos y las libertades fundamentales

Difusión de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer y documentos conexos

A fin de darles amplia difusión, la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, su Protocolo Facultativo, las observaciones finales y algunas recomendaciones de carácter general se tradujeron al idioma local tetum, se publicaron en folletos y, entre 2009 y 2012, se distribuyeron a nivel nacional y de distrito, entre, por ejemplo, los ministerios competentes, organizaciones de la sociedad civil, grupos de mujeres, estudiantes y académicos, autoridades locales, entre ellas jefes de suco (villa), jefes de aldeia (aldea), jefes tradicionales, agrupaciones de jóvenes, policías, entidades religiosas, y comunidades en general. La difusión de la información se llevó a cabo en cooperación con ONU-Mujeres, el UNFPA, la UNMIT, el PNUD y la OIM.

Cinco recomendaciones de carácter general consideradas particularmente relevantes para el contexto timorense (recomendaciones generales núms. 16, 19, 21, 24 y 28) se simplificaron y se tradujeron al tetum a finales de 2012 a fin de poder difundirlas.

Difusión de las observaciones finales

Desde fines de 2009 hasta la fecha, luego de que el Comité publicara las observaciones finales sobre el informe inicial del país, la SEPI se ha ocupado activamente de la difusión de las observaciones finales. Cabe destacar que las observaciones finales se presentaron al Consejo de Ministros en una sesión especial celebrada en noviembre de 2009 con el apoyo de Pramila Patten, miembro del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer. Las observaciones finales también se simplificaron y publicaron en folletos que se enviaron a todos los ministerios competentes y Secretarios de Estado, así como a la policía, las fuerzas armadas y los grupos comunitarios. Tras el regreso de Nueva York de la Delegación de Timor-Leste ante el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, se llevó a cabo una conferencia de prensa para presentar las observaciones finales a la comunidad en general. Entre 2009 y 2011 se siguió realizando una labor de promoción a través de los medios de difusión, en informativos semanales, programas de radio y debates periódicos y programas mensuales de entrevistas transmitidos por televisión. En 2009 se organizaron, a nivel nacional y de distrito, talleres sobre la importancia de las observaciones finales dirigidos a mujeres parlamentarias, coordinadores gubernamentales de cuestiones de género, miembros de Rede Feto, mujeres del Consejo de Sucos, jefes de suco, el mundo académico y las organizaciones de la sociedad civil.

Medida en que los funcionarios judiciales y los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley conocen la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer

Desde 2008, el Centro de Formación Jurídica ha estado impartiendo formación sobre los derechos humanos y tratados como la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Además, desde 2007 la Dirección Nacional de Derechos Humanos y Ciudadanía del Ministerio de Justicia organiza periódicamente seminarios sobre la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer para funcionarios de la corte, fiscales y defensores públicos.

Sin embargo, durante la fase de recopilación de datos para el presente informe, varios fiscales nacionales confesaron que nunca habían asistido a una sesión de formación sobre la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer y que no estaban familiarizados con ella. No se dispone de información acerca de la medida en que los funcionarios judiciales y los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley conocen y saben utilizar la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer. Para remediar esta situación, el Centro de Formación Jurídica ha solicitado a la Secretaria de Estado para la Promoción de la Igualdad que instituya actividades periódicas de formación en cuestiones de género para todos los funcionarios judiciales.

Violencia por razón de género

El gran número de casos de violencia por razón de género supone un problema crucial para la reconstrucción y el desarrollo del país. La violencia doméstica es la forma más común de violencia por razón de género en Timor-Leste y es en gran medida, lo que ha impedido que las mujeres puedan participar activamente en todos los aspectos del desarrollo ya que no es solo un síntoma sino también una causa de la desigualdad basada en el género y la discriminación por motivo de género.

Pese a que no se dispone de datos precisos, es evidente que gran parte de los casos que pasan por el sistema judicial están relacionados con la violencia por razón de género. Entre septiembre de 2009 y enero de 2010, los casos de violencia doméstica constituyeron alrededor del 60% de todos los delitos denunciados a la policía. Esto puede deberse al hecho de que el Código Penal, que entró en vigencia en junio de 2009, tipifica la violencia doméstica como un delito público y a que se ha alentado a la población a denunciarla.

Las encuestas demográficas y de salud destacan la larga historia de formas de violencia doméstica aceptadas culturalmente en Timor-Leste, en que los hombres tienen el derecho de proteger y controlar a sus esposas e hijos. Conductas y actitudes como las de golpear a las mujeres y los hijos y aislar a las esposas de las actividades sociales son consideradas normales y culturalmente aceptables, incluso por las propias mujeres. La gente prefiere no hablar de la violencia doméstica dado que se considera un asunto privado. Los delitos sexuales, como la violación o la violación en el matrimonio, se consideran cuestiones tabú que no suelen denunciarse, por lo que resulta difícil reunir datos precisos al respecto.

Datos sobre la violencia por razón de género y problemas relacionados con la recopilación de datos

Por primera vez, en la encuesta demográfica y de salud de 2009-2010 se midió la prevalencia de la violencia doméstica. La encuesta reveló que el 38% de las mujeres ha sufrido violencia física en algún momento de su vida. El 74% de las mujeres casadas o que habían estado casadas y que habían sufrido violencia física, señaló que su esposo o compañero del momento las había maltratado físicamente. De cada cinco mujeres (20%) que habían sido víctimas de violencia física o sexual a manos de sus esposos, una había resultado herida. Las consecuencias más comunes son cortes, hematomas y dolores. Casi un tercio de las mujeres de Timor-Leste (29%) ha sido víctima de violencia física en los últimos 12 meses (el 1% con frecuencia y el 28% en ocasiones).

La encuesta demográfica y de salud señaló que el 3,4% de las mujeres ha sido víctima de violencia sexual. Los principales culpables de violencia sexual contra las mujeres que están o estuvieron casadas son sus esposos o compañeros actuales (71%) o anteriores (9%).

La información sobre los casos denunciados de violencia por razón de género puede obtenerse de archivos policiales, datos de las salas de emergencia de los hospitales, informes de tribunales, organizaciones no gubernamentales proveedoras de servicios y el Ministerio de Solidaridad Social. Sin embargo, los registros sobre violencia por razón de género no están estandarizados, lo que dificulta su análisis. Por ejemplo, las bases de datos de la Oficina del Fiscal General, del Defensor de los Derechos Humanos y la Justicia y de la Unidad de Personas Vulnerables de la Policía Nacional de Timor-Leste arrojaron cifras muy distintas, lo que pone de manifiesto la variedad de métodos para la recopilación de datos que se utilizan. Vigilar las tendencias de la violencia requiere un sistema unificado de recopilación de datos y de comunicación sobre los casos, incluidas las conclusiones de las investigaciones y los procedimientos judiciales.

Según la información facilitada por la fiscalía, tan solo en la jurisdicción de Dili (que abarca los distritos de Dili, Aileu, Liquiça y Ermera) se registraron 420 casos de violencia doméstica en 2011 y 210 casos en 2012 (hasta noviembre). La mayoría de estos casos fueron juzgados por el Tribunal. En los informes sobre la violencia contra la mujer publicados por la Unidad de Personas Vulnerables de la Policía Nacional de Timor-Leste las cifras son distintas (la mayoría de los casos procesados por la Unidad de Personas Vulnerables estaban registrados en la Oficina del Fiscal General). Entre 2010 y 2012, el Ministerio de Solidaridad Social, a través de su Departamento de Protección de las Mujeres y de las Familias Vulnerables, registró 36 casos de violencia doméstica, 24 casos de violencia sexual, 16 casos de acoso sexual, 9 casos de incesto y 30 casos en los que las esposas habían sido abandonadas.

Evolución del marco jurídico relativo a la violencia doméstica

El marco jurídico general se ha estado elaborando desde el restablecimiento de la independencia. En la esfera de la violencia por razón de género se han logrado importantes mejoras desde el informe inicial.

Código Penal

La violencia doméstica se convirtió en un delito público en marzo de 2009 con la promulgación del Código Penal, en que se estipula que los procesos penales no están supeditados a la presentación de una denuncia oficial por parte de la víctima, sino que el Estado está obligado a investigar y enjuiciar los delitos de violencia doméstica. La violencia doméstica está contemplada en los artículos 154 y 155 (malos tratos a un cónyuge o un menor) y su bien la ley no define el concepto de violencia doméstica, estos artículos estipulan el margen de que disponen los magistrados para juzgar los casos de violencia doméstica (tanto física como psicológica). Ambos delitos son castigados con penas de 2 a 6 años de prisión que pueden llegar a ser de 10 a 15 años cuando concurren circunstancias agravantes (art. 156).

La agresión sexual y la violación se tipifican en los artículos 171 y 172 y se castigan con penas de prisión de 2 a 8 años y de 5 a 15 años, respectivamente. De conformidad con lo estipulado por el artículo 173 sobre circunstancias agravantes, pueden dictarse penas de hasta 12 años de prisión por agresión sexual y hasta 20 años por violación. No existen exenciones especiales (como la violación en el matrimonio).

Ley contra la violencia doméstica

El 3 de mayo de 2010 el Parlamento Nacional aprobó la Ley contra la Violencia Doméstica que se publicó oficialmente como Ley núm. 7/2010. Esta ley refuerza las disposiciones del Código Penal además de establecer un mecanismo para prevenir la violencia doméstica, promover los derechos de las víctimas y garantizar su protección. Por consiguiente, la ley incrementa el apoyo brindado a las víctimas y define las responsabilidades de distintas instituciones gubernamentales y su colaboración con las organizaciones de la sociedad civil. Esta ley señaló la transición desde una solución tradicional de los conflictos a un sistema oficial de justicia penal.

El artículo 36 de la Ley contra la Violencia Doméstica hace hincapié en que todos los delitos de violencia doméstica son delitos públicos y, al no prever exención alguna, facilita el enjuiciamiento efectivo de quienes los cometen, incluso los esposos y compañeros.

El alcance de la Ley contra la Violencia Doméstica y del concepto de familia ampliada (art. 3 sobre la definición de la familia) se extiende a los cónyuges, las parejas de hecho, todos los familiares y toda persona que viva en el hogar en una relación de dependencia. Sin embargo, durante el proceso de consultas llevado a cabo para el presente informe, se planteó la cuestión de la interpretación de esta disposición por parte de los jueces y de su aplicación en los juicios.

Tal como se define en la Ley contra la Violencia Doméstica (art. 2 sobre la definición de la violencia doméstica), la violencia doméstica abarca la violencia física, psicológica, sexual y económica. El segundo párrafo del artículo ofrece una lista amplia pero no exhaustiva de las distintas formas de violencia doméstica (sírvase remitirse a los anexos).

La ley estipula también que el gobierno debe brindar educación cívica y crear y perfeccionar un sistema gratuito de apoyo a las víctimas que, cuando sea necesario, proporcione vivienda, servicios médicos, asistencia letrada, asesoramiento, protección y satisfacción de las necesidades básicas. Asimismo, la ley otorga a las víctimas el derecho a reclamar mantenimiento al perpetrador para atender sus necesidades y las de sus hijos. La policía está obligada a realizar una investigación e informar rápidamente al fiscal en un plazo de cinco días (art. 24).

La ley sobre la protección de los testigos

Como se explica más adelante en este informe, la Ley núm. 2/2009 sobre la protección de los testigos fue aprobada en 2009. Sin embargo, en el momento de elaborarse el presente informe, la ley aún no había entrado en vigor y seguía sin efecto.

Violación en el matrimonio

La definición de violencia doméstica que figura en el artículo 2 (1) de la Ley contra la Violencia Doméstica comprende la violencia sexual “incluso dentro del matrimonio”. Por consiguiente, la Ley contra la Violencia Doméstica abarca una gran variedad de daños de índole sexual, entre ellos la violación en el matrimonio, los intentos de violación, los actos de agresión, los malos tratos, el acoso, la violencia dentro de la pareja y la violencia familiar, y afirma que las relaciones sexuales forzadas entre los integrantes de una pareja o entre cónyuges constituyen un delito del ámbito doméstico. Hoy día este tipo de violencia sexual es claramente punible y, de conformidad con el artículo 173 del Código Penal, se considera un delito con agravantes.

En general, la violación en el matrimonio ha sido un nuevo concepto para muchos timorenses que se ha considerado una cuestión cultural. Es un tema que se ha considerado tabú y que no ha sido nunca objeto de un debate público antes de la promulgación del Código Civil y la Ley contra la Violencia Doméstica y su difusión entre la comunidad en general. Esta situación quedó demostrada en las encuestas demográficas y de salud de Timor-Leste de 2009-2010 ya que el 29% de las mujeres pensaba que la violación en el matrimonio estaba permitida, es decir que el esposo tenía poder sobre la sexualidad de su mujer. La proporción de mujeres que pensaban de esta forma era menor entre las que tenían una educación terciaria (11%) y mayor entre las mujeres sin educación (34%). De hecho, la policía y la Oficina del Fiscal General informaron de que hasta la fecha, no se han señalado casos de violación en el matrimonio, aun cuando esta se considera ahora punible.

Socialización de la Ley contra la Violencia Doméstica

Poco después de la promulgación de la Ley contra la Violencia Doméstica en 2010, el Gobierno decidió iniciar su socialización en los seis distritos con la tasa más alta de violencia contra las mujeres, según las encuestas demográficas y de salud de Timor-Leste de 2009-2010. La socialización de la Ley contra la Violencia Doméstica a nivel nacional, es decir, en todos los distritos, concluyó en 2011/2012.

La celebración del Día Internacional de la Mujer el 8 de marzo de 2011 se convirtió en un hito para la socialización de esta ley, ya que la Secretaría de Estado para la Promoción de la Igualdad organizó diálogos comunitarios sobre la violencia doméstica e invitó a 228 jefes de s ucos de 13 distritos a un seminario celebrado en Dili para que tuvieran conocimiento de la existencia de la Ley contra la Violencia Doméstica, aprendieran acerca de ella, la examinaran y entendieran que la violencia doméstica es un delito público. La Secretaría de Estado para la Promoción de la Igualdad también organizó debates sobre la Ley contra la Violencia Doméstica en la Universidad de Dili y la Universidad de Timor-Leste. Desde 2010, la Secretaría de Estado para la Promoción de la Igualdad lleva a cabo una campaña sobre la violencia contra las mujeres de 16 días de duración para socializar la Ley contra la Violencia Doméstica.

En 2012, la Secretaría de Estado para la Promoción de la Igualdad facilitó un diálogo transfronterizo entre timorenses desplazados que vivían en Timor Occidental (Indonesia) con timorenses de Timor-Leste. El objetivo del diálogo centrado en el tema “Trabajemos juntos para eliminar la discriminación y la violencia contra las mujeres”, era ofrecer una oportunidad a las mujeres timorenses para que intercambiaran ideas sobre su participación en la vida política, económica y social y los obstáculos (como la violencia por razón de género) que les impiden participar en el desarrollo del país.

La Secretaría de Estado para la Promoción de la Igualdad sigue coordinando periódicamente las mesas redondas iniciadas en marzo de 2011 con entidades judiciales y organizaciones de mujeres para tratar la Ley contra la Violencia Doméstica y estudiar la forma de mejorar la socialización en todos los niveles, especialmente en los ministerios competentes.

Plan de Acción Nacional sobre la Violencia por Razón de Género

El Plan de Acción Nacional sobre la Violencia por Razón de Género, de conformidad con lo dispuesto en la Ley contra la Violencia Doméstica, consiste en una estrategia multisectorial de tres años de duración (de 2012 a 2014) que se centra en la aplicación de las disposiciones contenidas en la Ley contra la Violencia Doméstica y tiene por objeto prevenir la violencia por razón de género, atender a las necesidades de las víctimas y hacer rendir cuentas a los perpetradores.

El Plan de Acción Nacional fija los objetivos a corto plazo y a largo plazo, sin olvidar las esferas de actividad estratégicas, las esferas de colaboración mutua y las esferas en que puede mejorarse la coordinación. Para ello, el Plan se centra en cuatro esferas estratégicas prioritarias: i) prevención de la violencia por razón de género; ii) prestación de servicios a las víctimas de la violencia por razón de género; iii) administración de la justicia y iv) coordinación, supervisión y evaluación.

El Plan de Acción Nacional también incluye un cálculo indicativo de los costos de las actividades previstas para apoyar su aplicación, lo que facilita la preparación de los planes anuales de los ministerios competentes y forma parte de los esfuerzos que se realizan para elaborar presupuestos con perspectiva de género. El total general de este cálculo indicativo de los costos asciende a más de 7 millones de dólares de los Estados Unidos (el presupuesto más alto para la prestación de servicios).

Incumbe a la Secretaría de Estado para la Promoción de la Igualdad la dirección de la “entidad de coordinación” que supervisa la aplicación del plan y para ello cuenta con los aportes del mecanismo de grupos de trabajo encargados de las cuestiones de género recientemente establecido en los cinco ministerios claves, a saber: el Ministerio de Salud, el Ministerio de Educación, el Ministerio de Justicia, el Ministerio de Solidaridad Social y la Secretaría de Estado para la Seguridad. Además de estos ministerios claves, la “entidad de coordinación” incluye a un representante de la oficina del Defensor de los Derechos Humanos y la Justicia, así como a tres representantes de la sociedad civil, cada uno procedente de diferentes esferas de actividad estratégicas del Plan de Acción Nacional.

Asistencia a las víctimas

Como se mencionó anteriormente, la Ley contra la Violencia Doméstica establece una serie de servicios de apoyo y asistencia especializados para las víctimas, como, por ejemplo, alojamiento, asistencia médica de emergencia, asesoramiento, asistencia social y asistencia letrada. Sin embargo, en el momento de redactarse el presente informe, el acceso a los servicios variaba y era particularmente difícil para quienes vivían en zonas rurales y remotas. Muchos servicios para las víctimas de la violencia por razón de género están dirigidos por organizaciones no gubernamentales que a veces cuentan con el apoyo del gobierno, pero que suelen depender de la financiación de los donantes.

Durante el proceso de consultas del Plan de Acción Nacional sobre la Violencia por Razón de Género se determinó que la capacidad de los proveedores de servicios variaba de un sector a otro y que, en general, era necesario impartir capacitación permanente en el lugar de trabajo para que quienes atendían a las víctimas estuviesen cualificados para ello, tuviesen en cuenta las cuestiones de género y que se atuviesen a las directrices y los códigos de ética profesionales. El Plan de Acción Nacional también señaló que era necesario incrementar el número de profesionales capacitados para atender a las víctimas, en particular agentes de policía, trabajadores sociales, psicólogos y trabajadores de la salud.

Conforme a lo dispuesto por la Ley contra la Violencia Doméstica, se establecerán centros de acogida en los 13 distritos para recibir y asesorar a las víctimas y para registrar los casos antes de remitirlos a la Unidad de Personas Vulnerables de la Policía Nacional de Timor-Leste para su posterior seguimiento. En todo caso, hasta ahora la Unidad de Personas Vulnerables sigue encargándose de la acogida inicial de las víctimas.

En la actualidad solo se dispone de alojamiento para mujeres víctimas, incluidas las viviendas temporales y de transición, en seis distritos, a saber: Bobonaro (albergue Maria Tapo), Lospalos (albergue Luzeiro), Baucau (Uma Feto), Suai (albergue Esperanca), Oecusse, Dili (Casa Vida), y el albergue Mahon, dirigido por el Foro de Comunicación de las Mujeres de Timor-Leste, una organización no gubernamental nacional de mujeres que, desde el año 2000, trabaja con mujeres víctimas de violencia. El Ministerio de Solidaridad Social tiene previsto establecer cuatro albergues en otros cuatro distritos.

El Ministerio de Salud planea crear más espacios protegidos (Fatin Hakmatek) para víctimas de la violencia por razón de género en hospitales nacionales y regionales, con los recursos humanos y equipamiento necesarios, particularmente en Covalima, Bobonaro, Baucau, Oecusse y Dili. En los espacios protegidos se brindarán atención gratuita, alojamiento temporal (menos de dos días o noches) y acceso a servicios especializados para las víctimas de violencia y los niños maltratados o abandonados. Existe actualmente un espacio protegido, ubicado en el Hospital Nacional de Dili y dirigido por una organización no gubernamental (Pradet). En este espacio protegido también se realizan exámenes médicos forenses.

La Dirección Nacional de Reinserción Comunitaria del Ministerio de Solidaridad Social ha creado un sistema de protección social para mujeres y niños en situación de riesgo. La Dirección tiene dos departamentos: a) el Departamento de Protección de la Mujer y de las Familias Vulnerables, que gestiona los programas para la recuperación y la reinserción en sus comunidades de origen de las mujeres víctimas de violencia doméstica, violencia sexual, trata de seres humanos y violaciones de los derechos humanos, y la reunificación de familias separadas por conflictos sociales, conflictos político-militares y desastres naturales; y b) el Departamento de Protección de los Niños en Situación de Riesgo que lleva a cabo programas de prevención del maltrato infantil y reinserción de los niños víctimas de malos tratos, en sus familias, escuelas y comunidades.

El Ministerio de Solidaridad Social celebra también reuniones mensuales de coordinación con la red de información sobre proveedores de servicios, de conformidad con su mandato, aprobado el 19 de mayo de 2010. La red de información sobre asociados en materia de violencia por razón de género se estableció en 2001 y la red de información sobre estrategia y promoción es administrada por la Secretaría de Estado para la Promoción de la Igualdad desde 2009. La red reúne a los principales organismos y coordina la promoción y la prestación de servicios por parte de las instituciones gubernamentales, los organismos de las Naciones Unidas y organizaciones no gubernamentales como Pradet, Fokupers y las que proporcionan albergues. El Ministerio de Solidaridad Social también lleva a cabo programas de desarrollo de la capacidad para oficiales de protección de menores y trabajadores sociales a fin de que puedan prestar mejores servicios de apoyo a las víctimas. El Ministerio de Solidaridad Social tiene previsto crear a corto plazo oficiales dedicados exclusivamente a la protección contra la violencia por razón de género.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 16 de la Ley contra la Violencia Doméstica, el Ministerio de Solidaridad Social ha establecido procedimientos operativos estándares para fortalecer, tanto a nivel nacional como de distrito, los servicios de apoyo a las víctimas y la red de información sobre proveedores de servicios de la Dirección Nacional de Reinserción Comunitaria del Ministerio de Solidaridad Social. Los procedimientos operativos estándares explican cómo acceder a los servicios médicos, psicológicos, jurídicos y de seguridad. El Ministerio de Solidaridad Social también presta apoyo financiero a organizaciones no gubernamentales, como Fokupers, la Fundación Alola, el Centro Internacional para la Justicia Transicional, Pradet y Holy Spirit Sisters en Suai.

Personal de la Unidad de Personas Vulnerables de la Policía Nacional de Timor-Leste

El mandato de la Unidad de Personas Vulnerables de la Policía Nacional de Timor-Leste consiste en investigar casos de violencia por razón de género y violencia doméstica, violación, abuso de menores, personas desaparecidas, trata de personas y otros delitos cometidos contra las personas que menos pueden defenderse. La Unidad de Personas Vulnerables consta de una dependencia nacional de coordinación, con un jefe y 2 funcionarios, y unidades de distrito en cada uno de los distritos, que, por lo general, cuentan con 7 u 8 funcionarios (99 funcionarios de distrito en 13 distritos en 2012). La Unidad de Personas Vulnerables contó con la ayuda de agentes de la Policía de las Naciones Unidas durante la presencia de la Misión Integrada de las Naciones Unidas en Timor-Leste.

Uno de los problemas a los que se ve confrontada la Unidad de Personas Vulnerables y que se planteó durante el proceso de consultas para el presente informe, es la política en materia de recursos humanos de la Policía Nacional de Timor-Leste, a saber, la frecuente rotación de los agentes de la Unidad de Personas Vulnerables, que hace difícil retener personal cualificado y capaz de atender a las víctimas de la violencia por razón de género y de llevar a cabo las investigaciones.

Acceso al sistema de justicia y enjuiciamiento

La Oficina del Defensor Público presta asistencia letrada gratuita a los ciudadanos de escasos recursos desde 2008. Esta Oficina, presente en los distritos desde 2009, se encarga de realizar intervenciones como campañas de sensibilización sobre temas jurídicos pertinentes a fin de promover una mayor conciencia de los ciudadanos acerca de la justicia formal y, en consecuencia, facilitar su acceso a la justicia.

El segundo objetivo del Plan de Acción Nacional se refiere al acceso a la justicia y se centra en garantizar que todas las formas de violencia por razón de género se investiguen, se enjuicien y se castiguen. Esta sección del Plan de Acción Nacional tiene el objetivo de eliminar todos los obstáculos al enjuiciamiento de los casos de violencia por razón de género y mejorar la confianza del público en el sector de la justicia.

El Ministerio de Justicia, con el apoyo del Programa del Sistema de Justicia del PNUD, lleva adelante un proyecto de tribunal móvil. Los tribunales móviles; que operan desde los cuatro tribunales de distrito (Dili, Baucau, Suai y Oecusse) tienen a su cargo los 13 distritos de Timor-Leste. La capacidad de llevar a sospechosos, testigos y víctimas de diferentes regiones ante los tribunales se ve obstaculizada por las pésimas condiciones de las rutas; los tribunales móviles ayudan a llevar la justicia a las zonas más pobres y remotas.

En 2012 la Oficina del Defensor Público elaboró una estrategia de comunicación cuyo propósito era que los ciudadanos tuvieran conocimientos básicos sobre las leyes y se familiarizaran con sus derechos; esta estrategia incluía actividades de divulgación, publicaciones, el uso de los medios de comunicación y un sitio en la web para que la población se familiarizara con su derecho a acceder a un Defensor Público. La estrategia aún no ha sido aprobada.

Como parte de la aplicación del Plan Estratégico de Justicia para 2011-2030, el Ministerio de Justicia, apoyado por el PNUD y varias organizaciones de la sociedad civil, también lleva a cabo una campaña de divulgación, a nivel nacional y de distrito, sobre diversos temas (derecho a recibir asistencia letrada gratuita, violencia doméstica, etc.), para la que utiliza sesiones de socialización y programas de radio.

En 2013, la Unidad de Personas Vulnerables, en colaboración con varias organizaciones no gubernamentales importantes, también ha llevado a cabo actividades de divulgación y capacitación sobre temas jurídicos y en escuelas en todo el país con el objetivo de crear conciencia sobre las instituciones de justicia esenciales y proporcionar información sobre las leyes clave, especialmente la Ley contra la Violencia Doméstica.

Pese a la considerable labor realizada, el sector de la justicia aún tiene problemas que resolver, especialmente en lo que respecta a los recursos humanos. En 2010, el Ministerio Público contaba con 13 fiscales timorenses (más varios fiscales internacionales) y 4 fiscales con nombramientos por un período de prueba. Sin embargo, el número de casos que se están investigando constituye un problema que exige mayor coordinación entre los fiscales y la policía. En 2012, por ejemplo, había 4.723 causas pendientes de años anteriores. Además, también hace falta un sistema eficiente de seguimiento de casos que permita gestionar el gran volumen de casos.

En todos los tribunales de distrito de Timor-Leste, solo un pequeño porcentaje de casos de violencia doméstica y sexual se resuelve mediante un proceso legal completo y esto se debe a una serie de razones, entre ellas el hecho de que las víctimas no conocen debidamente los procedimientos jurídicos y las prolongadas demoras en el proceso judicial. Sin embargo, la Ley contra la Violencia Doméstica trajo mejoras significativas en la tasa de condenas, ya que en el pasado muchos acusados habían sido imputados con arreglo al artículo 145 del Código Penal, relativo a infracciones simples contra la integridad física (un delito semi-público con una condena máxima de tres años de prisión) en lugar del artículo 154 relativo al maltrato de un cónyuge (un delito público con una condena máxima de seis años). En consecuencia, muchos casos habían sido resueltos, a pedido de la víctima, mediante arreglos, lo que ya no es posible porque la Ley contra la Violencia Doméstica ha tipificado la violencia doméstica como delito público.

Actitud general hacia la violencia por razón de género y tendencias en la denuncia de casos a la policía

El número de víctimas que solicitan ayuda a la policía fue aproximadamente el mismo en 2012 que en 2005 (492 casos de enero a octubre de 2005, frente a 503 casos durante el mismo período en 2012).

Durante la socialización de la nueva Ley contra la Violencia Doméstica, se produjeron dos reacciones opuestas. Algunas personas (tanto hombres como mujeres) se alegraron de tener la oportunidad de conocer mejor la ley y la forma de implementarla. Sin embargo, una parte importante de la población, sobre todo hombres líderes opinó que el gobierno no debía interferir, y expresaron su oposición a la ley y su confianza en el sistema tradicional.

En evaluación realizada en abril de 2012 en tres distritos (Covalima, Oecusse y Manufahi) llegó a la conclusión de que aún hacía falta mejorar el nivel de concienciación sobre la violencia doméstica y la Ley contra la Violencia Doméstica entre los dirigentes de la comunidad. Sobre la base de estos resultados, la Secretaría de Estado para la Promoción de la Igualdad llevó a cabo otras actividades de formación en mayo de 2012, en las que sugirieron a los dirigentes de las comunidades que compartieran sus conocimientos organizando reuniones con sus comunidades.

Los resultados de las encuestas demográficas y de salud de 2009-2010 muestran que aún queda un largo camino por recorrer para eliminar la violencia por razón de género. Según estos resultados, es más probable que las mujeres con trabajos remunerados sean víctima de violencia física (43%) que las mujeres que no trabajan (40%) o que trabajan pero no reciben dinero por ello (34%). Esto sugiere que las trabajadoras con una fuente independiente de ingresos en efectivo pueden plantear un desafío a la norma establecida de que su sustento dependa de sus parejas. Por lo tanto, un mayor empoderamiento económico de las mujeres puede someterlas a una mayor violencia si el comportamiento y la actitud de los hombres no cambian. Además, es más probable que las mujeres que estuvieron casadas (divorciadas, separadas o viudas) hayan sido víctimas de violencia física (8%), que las mujeres que se encuentran actualmente casadas (1%), lo que indica tal vez la posición vulnerable de las mujeres que han perdido a sus esposos y se vuelven dependientes de otros para satisfacer sus necesidades básicas.

Menos de un cuarto (24%) de las mujeres que han sido víctimas de violencia busca ayuda; las que padecen violencia tanto física como sexual son más propensas a hacerlo (el 50% de ellas pide ayuda). Además, es menos probable que las mujeres desempleadas busquen ayuda que las mujeres con trabajos remunerados (24% y 36% respectivamente). Cuando las mujeres sí piden ayuda, es casi siempre a sus familias (82%) y a sus familias políticas (27%). Alrededor del 14% de las mujeres ha pedido ayuda a amigos y vecinos. Solo el 4% de las mujeres se ha dirigido a la policía y el 1% de ellas a organizaciones de servicio social.

Cerca de una cuarta parte de las mujeres (27%) afirmaron tener familiares que podían proporcionarles alojamiento por unas noches en caso de necesidad. Las mujeres más jóvenes (de 15 a 24 años), las mujeres con trabajos remunerados, las mujeres que nunca han estado casadas, y las mujeres que viven en zonas rurales, tienen menos posibilidades de poder alojarse con familiares por unos días. Una de cada cinco mujeres (20%) tiene familiares que podrían mantenerla económicamente si hiciera falta. Pero 4 de cada 5 (80%) no cuentan con ese apoyo.

Un indicador preocupante es la actitud hacia el maltrato de las esposas ya que el 86% de las mujeres considera justificable que un hombre golpee o maltrate a su mujer, por lo menos en determinados casos, como, por ejemplo, si quema la comida, discute con él, sale sin avisarle, descuida a los hijos o se niega a tener relaciones sexuales. Es interesante señalar que el porcentaje de hombres que justifican que el esposo golpee o maltrate a su mujer por al menos una de las razones mencionadas anteriormente es inferior al de las mujeres (80%).

Investigación sobre las causas fundamentales de la violencia doméstica

La tradición del intercambio de regalos (barlake) en el matrimonio sella los vínculos entre las familias de la pareja para demostrar el respeto de la familia del hombre hacia la familia de la novia y reconocer el valor de la novia. En varios informes se ha especulado que esta tradición es uno de los factores que incitarían a los hombres a tratar a las mujeres como una propiedad (Rede Feto 2009; JSMP Policy Paper 2006; IRC Survey on the prevalence of GBV 2003; y otros). Sin embargo, hasta ahora no se han aportado pruebas que validen esta opinión. En un estudio realizado por una organización no gubernamental de mujeres timorenses en que se examinó el vínculo entre barlake y violencia doméstica, se llegó a la conclusión de que si bien es verdad que la barlake no es uno de los principales factores que desencadenan la violencia doméstica, sí contribuye a incrementar el riesgo de que se produzca. No obstante, cabe señalar que el Gobierno no ha sancionado ninguna investigación oficial sobre las causas fundamentales de la violencia doméstica.

Justicia tradicional

En teoría, con arreglo al nuevo Código Penal y la Ley contra la Violencia Doméstica, los casos ya no pueden resolverse con una mediación o utilizando el sistema tradicional. Sin embargo, las mujeres siguen siendo reacias a denunciar los casos a la policía y a recurrir al sistema de justicia formal y esto por una serie de razones, como el miedo a la inseguridad económica y la deshonra pública.

A fin de superar este problema, el plan estratégico del sector de la justicia, aprobado en 2010, estableció entre sus objetivos la regulación y supervisión de los mecanismos del derecho consuetudinario y de la justicia comunitaria. El plan recomendó también que se regulara la interacción entre los sistemas de justicia formal e informal, con el objetivo de que los casos de violencia sexual y por razón de género se dirimiesen en el sistema penal formal.

Se están elaborando dos proyectos de ley en este sentido: una ley sobre la justicia tradicional que se encuentra ahora en la fase de consultas públicas y revisión final; y una ley sobre la regulación de la mediación que está en la fase de elaboración.

Aplicación de la resolución 1325 del Consejo de Seguridad

El Gobierno, por conducto de la Secretaría de Estado para la Promoción de la Igualdad y la Secretaría de Estado para la Seguridad, ha estado trabajando en la aplicación de la resolución 1325 del Consejo de Seguridad, con el apoyo desde 2012 de ONU-Mujeres, a través del programa mundial titulado “From Communities to Global Security Institutions: Engaging Women in Building Peace and Security” (De las comunidades a las instituciones mundiales de seguridad: la participación de la mujer en la consolidación de la paz y la seguridad). Entre las actividades del proyecto se destacan las de concienciación sobre la importancia de la participación de las mujeres en la consolidación de la paz y la prevención de conflictos.

Para aplicar este programa, la Secretaría de Estado para la Promoción de la Igualdad utiliza específicamente dos estrategias:

i)Promoción: actividades de concienciación para persuadir a los encargados de la formulación de políticas del sector de la seguridad y los representantes elegidos a estudiar las cuestiones de género y a incorporarlas en los principales planes, presupuestos y políticas;

ii)Desarrollo de la capacidad: capacitación y talleres para las autoridades locales, miembros de grupos de trabajo encargados de las cuestiones de género a nivel de distrito y funcionarios de la Policía Nacional de Timor-Leste.

Antes de suscribir la carta de acuerdo la Secretaría de Estado para la Promoción de la Igualdad dirigió entre, 2010 y 2011, un grupo de trabajo sobre la resolución 1325 que puso en marcha actividades de concienciación y desarrollo de la capacidad de las fuerzas de seguridad para facilitar la aplicación de la resolución. Durante el mismo período, se llevó adelante una iniciativa de aprendizaje intersectorial mediante una serie de reuniones trilaterales en las que participaron tres países (Liberia, Irlanda del Norte y Timor-Leste) para intercambiar experiencias sobre la aplicación de la resolución, especialmente con respecto a la prevención, la protección y el enjuiciamiento de los casos de violencia sexual y por razón de género, la justicia de transición y la recuperación tras el conflicto.

Desplazados internos y mujeres repatriadas

En diciembre de 2007 el Gobierno aprobó la Estrategia de Recuperación Nacional Hamutuk Hari ’ i Futuru(Construyendo junto el futuro), que tenía por objeto resolver el problema de los desplazados y estaba dirigida por el Ministerio de Solidaridad Social. Los objetivos de la estrategia eran los siguientes: incrementar la confianza entre la población y el Gobierno y fortalecer las comunidades; ayudar a los desplazados internos a regresar a sus hogares cuando fuese seguro y proporcionarles nuevas viviendas cuando hiciese falta; y ofrecerles asistencia para que se recuperaran. Esta asistencia era considerable en el contexto timorense: entre 500 y 4.500 dólares de los Estados Unidos por familia, según los daños que hubiesen sufrido.

Se planteó la cuestión de quiénes eran las personas que, en una familia, debían recibir esta asistencia en efectivo. Se estudiaron varias opciones pero se pensó que cualquier solución que no fuese el pago al cabeza de familia despertaría una resistencia considerable en los campamentos y podía dejar a las mujeres en una situación aún más precaria. Esta cuestión era particularmente preocupante habida cuenta de la poca capacidad y voluntad de las entidades encargadas de la seguridad para proteger a las mujeres en esas situaciones. En el caso de las parejas casadas, sin embargo, el Ministerio de Solidaridad Social se aseguró de que ambos cónyuges supieran de la asignación de la asistencia en efectivo y exigió la firma de los dos.

A principio de 2010, tres años y medio después de la crisis y del desplazamiento de hasta 150.000 personas, los 65 campamentos de desplazados internos fueron cerrados y sus habitantes reasentados.

Con respecto a las mujeres repatriadas, el Gobierno, a través del Ministerio de Solidaridad Social, en estrecha coordinación con la Secretaría de Estado para la Promoción de la Igualdad, se esforzó en atender y tener en cuenta las necesidades especiales de las mujeres y las niñas. Se estableció una Unidad de Prevención de Conflictos en el Ministerio de Solidaridad Social que, entre 2008 y 2010, supervisó la situación de las mujeres desplazadas internas y suministró información sobre los campamentos de desplazados internos y sobre cómo abordar la reintegración en la comunidad. El equipo encargado de las cuestiones de género de la Organización Internacional para las Migraciones prestó apoyo al Ministerio de Solidaridad Social con una campaña de información pública que resumía los derechos de las mujeres en relación con el regreso y los reasentamientos. El Ministerio de Solidaridad Social, mediante el sistema de información y remisión, también brindó asistencia a las víctimas de la violencia por razón de género mediante, por ejemplo, la distribución de kits de higiene personal en los campamentos de desplazados internos.

La Fundación Alola, en coordinación con el Ministerio de Solidaridad Social, fue muy activa en lo que respecta a los desplazados internos y organizó actividades de capacitación y diálogos sobre la violencia por razón de género, así como actividades para las familias sobre cómo recuperarse del trauma y cómo manejar el miedo.

Es importante señalar que, de conformidad con lo establecido en el artículo 1 de la resolución 1325 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, sobre la representación de la mujer en la adopción de decisiones para la prevención, la gestión y la solución de conflictos, la Ministra de Solidaridad Social era una mujer, la Sra. Maria Domingas Alves.

Artículo 4: Medidas especiales para acelerar el progreso hacia la igualdad

Como en el caso del informe inicial, no es frecuente que las medidas especiales de carácter temporal incluyan disposiciones específicas para cesar la medida “cuando se hayan alcanzado los objetivos de igualdad de oportunidad y trato”, tampoco en las detalladas en el presente informe, como el aumento de la cuota de candidatas al Parlamento (explicado en detalle en la sección dedicada a las mujeres y la política). A lo largo del informe se citan ejemplos de medidas especiales de carácter temporal.

Artículo 5: Funciones estereotipadas y prejuicios

Como se describió en el informe inicial, varios patrones socioculturales de Timor-Leste pueden considerarse prácticas culturales y tradicionales dañinas o negativas puesto que pueden dar lugar a actos de discriminación y violencia contra las mujeres, como el precio de la novia (barlake), el matrimonio precoz o la poligamia. Muchos de esos actos están arraigados en el sistema de valores patriarcal, en sociedades patrilineales o matrilineales, debido a la dinámica del poder de facto.

Con frecuencia esas prácticas se justifican alegando el derecho a respetar las tradiciones y la cultura ancestrales. Sin embargo, la política nacional en materia de cultura aprobada recientemente afirma que dado que la cultura y las tradiciones son procesos dinámicos que evolucionan con el tiempo, habrá que entender e integrar mejor esos elementos en la modernización del país para desarrollar la identidad cultural de Timor-Leste. También reconoce que, puesto que la cultura es dinámica, abrirse a otras influencias culturales enriquecerá la experiencia y la práctica. La política nacional en materia de cultura avala la observación final del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer respecto a la modificación o eliminación de prácticas, normas, costumbres, tradiciones y estereotipos culturales negativos que discriminan a las mujeres. Como se señaló anteriormente, se está terminando de elaborar una ley sobre la justicia tradicional y en la fase previa de consultas se plantearon cuestiones como la dote y el recurso a la justicia tradicional para resolver casos de violencia doméstica.

Las mujeres y la toma de decisiones en el hogar

El Estudio Demográfico y de Salud de 2009-2010 evaluó cuatro tipos de decisiones básicas sobre el hogar: salud de la mujer, grandes compras para el hogar, compras diarias para el hogar y visitas a la familia de la mujer. Los resultados muestran que las mujeres participan en los cuatro tipos de decisiones, aunque en distinto grado. Casi dos tercios (un 63%) de las mujeres casadas declararon que tomaban ellas solas las decisiones sobre las compras diarias del hogar, lo que supone un aumento considerable respecto del 44% del Estudio Demográfico y de Salud realizado en 2003. En cuanto a las otras cuestiones, es más probable que las mujeres decidan conjuntamente con sus esposos.

En el Estudio Demográfico y de Salud se preguntó a los hombres casados (de entre 15 y 49 años) quién consideraban que debería tener más peso a la hora de decidir sobre cinco ámbitos específicos: grandes compras para el hogar, compras diarias para el hogar, cuándo visitar a la familia de la esposa, qué hacer con el dinero que gana la esposa y cuántos hijos tener. La mayoría respondió que ambos esposos deberían decidir conjuntamente sobre la mayoría de esas cuestiones, el 88% estaba a favor de las decisiones conjuntas sobre las grandes compras para el hogar, el 84% en el caso de las visitas a la familia de la esposa, el 77% respecto al dinero que gana la esposa y el 94% sobre el número de hijos. En el caso de las compras diarias para el hogar, menos de la mitad de los hombres (un 42%) contaba con participar en la toma de decisiones. Los resultados indican que los hombres timorenses consideran esencial la participación de las mujeres en la toma de decisiones relativas al hogar.

Cambios en la percepción, no necesariamente en la práctica

No obstante, el Estudio Demográfico y de Salud también concluyó que la conducta controladora es un problema en Timor-Leste. Aproximadamente una de cada tres mujeres que ha estado casada alguna vez (un 31%) declaró que su esposo insistía en saber dónde estaba en todo momento. El mismo porcentaje afirmó que su esposo se ponía celoso o se enfadaba cuando hablaba con otros hombres, y un 15% dijo que su esposo la acusaba con frecuencia de serle infiel. Casi una de cada diez mujeres (un 9%) dijo que su esposo no le permitía reunirse con amigas y a un 8% no le confiaba dinero. Es relativamente inusual que el esposo trate de limitar el contacto de la mujer con su propia familia (solo un 4% de las mujeres que están o han estado casadas).

Según el Estudio Demográfico y de Salud, hay más casos de violencia doméstica entre las mujeres de las zonas urbanas que en las zonas rurales, y este dato se corrobora al observar que la conducta controladora es más frecuente entre las mujeres urbanas (25%, frente al 10% de las rurales). Los hombres de Dili (30%), Ermera (22%) y Lautem (16%) tienen más probabilidades de ejercer una conducta controladora sobre sus esposas que los de otros distritos. El nivel de educación del hombre no parece ser un factor importante, ya que apenas se observa diferencia en función del nivel de estudios. Curiosamente, las mujeres del primer quintil de riqueza declararon una mayor incidencia de conducta controladora por parte del esposo.

Como se ha observado en numerosas investigaciones sobre la violencia doméstica en Timor-Leste, el hecho de que un hombre use la fuerza en una relación íntima no se considera necesariamente delito sino que, en ciertos contextos, puede verse como algo normal. Muchas mujeres siguen sin considerar que las bofetadas, los puñetazos y las patadas constituyan actos de violencia doméstica. Esto refleja la amplia aceptación que subsiste en la sociedad de Timor-Leste de la violencia doméstica, que con frecuencia se describe simplemente como “un plato y una cuchara que hacen ruido al golpearse” (bikan ho kanuru baku malu), expresión que quiere decir que la violencia doméstica es una cuestión privada en la que el Estado no debería intervenir.

El matrimonio (especialmente según el concepto tradicional) se considera una institución muy fuerte y respetada y constituye uno de los pilares de la sociedad, sobre todo en las zonas rurales. Por lo tanto, a pesar de los notables esfuerzos que han realizado diversos agentes por promover la igualdad entre los géneros y luchar contra la violencia por razón de género, las relaciones de familia siguen rigiéndose por el derecho consuetudinario y las percepciones sobre derechos y poder descritos en el informe inicial.

Iniciativas emprendidas por el Gobierno para modificar los estereotipos

Sector educativo

El Ministerio de Educación llevó a cabo un estudio de género en 2009 para averiguar cuáles eran los principales obstáculos para las oportunidades de educación de las mujeres. El estudio se entregó al personal directivo superior, a los encargados de la planificación de las políticas y de la toma de decisiones para ayudarlos a diseñar políticas y programas que tuvieran en cuenta las cuestiones de género y para influir en el Plan Estratégico del Ministerio para 2010-2015. En el estudio se hicieron una serie de recomendaciones, entre ellas medidas de sensibilización para alentar a los padres a enviar a sus hijas a la escuela, la propuesta de constituir equipos de diálogo para ayudar a los padres a comprender la importancia de que mantener a las niñas en la escuela, y también se recordó que el programa de educación secundaria debería incluir cuestiones de género para evitar la violencia por razón de género y los estereotipos.

Relaciones con los medios de comunicación y supervisión de su labor

El Gobierno, a través de la Secretaría de Estado para la Promoción de la Igualdad y el Centro de Timor-Leste para el Desarrollo de los Medios de Difusión, trabajó con los medios de comunicación para presentar una imagen positiva y no estereotipada de las mujeres organizando reuniones periódicas con periodistas para tratar cuestiones relacionadas con el género, la cultura y los medios de comunicación, entre 2009 y 2012. El propósito de esas reuniones era aumentar la concienciación de los periodistas acerca de la perspectiva de género, alentarlos a publicar artículos sobre cuestiones relacionadas con las mujeres y el género y hacer que sus publicaciones fueran más sensibles a esas cuestiones.

La Secretaría de Estado para la Promoción de la Igualdad, en colaboración con el Centro de Timor-Leste para el Desarrollo de los Medios de Difusión, la Asociación de Periodistas de Timor-Leste y el UNIFEM, también ha creado un mecanismo para supervisar la cobertura mediática de las cuestiones de género y la violencia contra las mujeres, así como la actitud de los periodistas al respecto. Con el fin de fomentar la sensibilidad de género en la programación y las publicaciones, en 2010 la Secretaría de Estado para la Promoción de la Igualdad comenzó a conceder premios a quienes se hubieran formado y sensibilizado sobre las cuestiones de género y hubieran contribuido a concienciar a la sociedad. Se espera que los premiados motiven a los demás y les sirvan de modelo.

Desde 2010 la Secretaría de Estado para la Promoción de la Igualdad publica boletines trimestrales, además de carteles, folletos y octavillas para sensibilizar acerca de las cuestiones de género y promover la representación positiva y no estereotipada de las mujeres, cubriendo diversos temas como la lucha contra la discriminación, la prevención de la violencia por razón de género y cómo combatirla y la función de la Secretaría de Estado para la Promoción de la Igualdad. Todas estas campañas han tenido una amplia difusión en la sociedad y las organizaciones de la sociedad civil.

Capacitación para el pensamiento crítico

Como ejemplo de la determinación del Gobierno de terminar con los estereotipos y desarrollar la capacidad de sus funcionarias, el Ministerio de Finanzas organizó un taller obligatorio de dos días sobre el pensamiento crítico dirigido principalmente a las mujeres, aunque también a los hombres, con el objetivo de prepararlas para que lleguen a ser dirigentes y lograr que tengan las mismas oportunidades que los hombres.

Artículo 6: Trata de personas y prostitución

Timor-Leste es un país de destino para las víctimas de la trata procedentes de los países de la región, principalmente para ser explotadas como trabajadores sexuales, trabajadores domésticos o en embarcaciones de pesca. Hay pruebas de que los timorenses también son vulnerables a la trata dentro del país, sobre todo en el caso de las mujeres y los niños de zonas rurales con fines de explotación sexual en las ciudades. Timor-Leste también podría llegar a convertirse en un país de origen para la trata de personas internacional debido a la pobreza y el desconocimiento al respecto.

Sin embargo, la mayor fuente de información sobre la trata de personas en Timor-Leste es la investigación de la Fundación Alola de 2004, que ya se mencionó en el informe inicial. Lamentablemente, ni el Gobierno ni la sociedad civil han realizado más investigaciones exhaustivas sobre esta cuestión, a pesar de que en 2012 se celebró una Conferencia Internacional sobre la Trata de Personas con el objetivo de entender mejor los mecanismos nacionales e internacionales y los marcos jurídicos para luchar contra la trata de personas, especialmente de mujeres.

Marco jurídico

De conformidad con la Ley de Inmigración y Asilo de 2003, el marco jurídico relativo a la trata de personas se estableció en el Código Penal promulgado en abril de 2009. La trata de personas está tipificada como delito en el artículo 163 relativo a los delitos contra la libertad individual. Las circunstancias agravantes se recogen en el artículo 164 y otras disposiciones específicas están recogidas en el artículo 165 dedicado al tráfico de órganos humanos y el artículo 166 relativo a la venta de personas (véase el anexo).

La Ley de Protección de Testigos núm. 2/2009, aprobada en mayo de 2009, establece un mecanismo con el que proteger adecuadamente a las personas para la administración efectiva de la justicia. No obstante, debido a la falta de coordinación y de recursos para aplicar la ley, en el momento de redactar este informe todavía no estaba en marcha, a pesar de las sesiones de capacitación para investigadores policiales criminalistas organizadas por el Fiscal General.

Para resolver esta situación, en marzo de 2013 el Ministerio de Justicia decidió crear una Comisión encargada de Cuestiones de Seguridad en el Sector de la Justicia, de conformidad con el artículo 22 de la Ley de Protección de Testigos.

Explotación sexual

En relación con la prostitución, el nuevo Código Penal tipifica como delito la explotación sexual de un tercero en el artículo 174, y establece una pena de hasta diez años de cárcel (hasta 12 años si concurren circunstancias agravantes).

De conformidad con el artículo 175 sobre prostitución de un menor (hasta 17 años), las penas pueden llegar a 12 años de cárcel y hasta 15 años si median circunstancias agravantes. El artículo 176 trata la pornografía infantil, para la que fija penas de entre tres y diez años de cárcel.

Ratificación de convenciones y convenios internacionales

El 5 de noviembre de 2009 Timor-Leste ratificó oficialmente la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional (Protocolo de Palermo) y el Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, Especialmente Mujeres y Niños, que complementa esta Convención. Las disposiciones del artículo 163 del nuevo Código Penal sobre trata de personas están en sintonía con el artículo 3 a) del Protocolo de Palermo.

Medidas para reforzar el marco jurídico de la trata de personas

El Gobierno estableció, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, un grupo de trabajo interinstitucional sobre la trata, con el cometido de eliminarla, en el que están representadas las agencias del Gobierno, organizaciones de la sociedad civil y organizaciones internacionales como la OIM.

Se designó un subcomité encargado de elaborar una ley para la prevención, represión y sanción de la trata de personas. El Ministerio presentó el proyecto de ley al Parlamento en 2011. Lamentablemente, debido a la falta de coordinación entre los ministerios, la apretada agenda electoral de 2012 y el proceso de composición del nuevo Gobierno, el Parlamento todavía no ha aprobado la ley. El nuevo Gobierno está analizando otra vez el proyecto de ley con los Ministerios de Relaciones Exteriores y de Justicia y tiene previsto enviarlo al Consejo de Ministros antes de que termine 2013.

Las disposiciones del proyecto de ley no se limitan a las medidas penales y procesales, tipificando delitos y asignándoles penas, sino que también prevén los derechos y las garantías para las víctimas, como la creación de un fondo especial para indemnizar a las víctimas de la trata.

Plan de Acción Nacional sobre la Trata de Personas

En 2009 se designó otro subcomité encargado de crear un plan de acción nacional sobre la trata de personas con el que ejecutar las medidas legales ya existentes, además de la nueva ley sobre la trata de personas. Tras consultar con el Gobierno, la sociedad civil y la población, se terminó de redactar un primer proyecto, que fue presentado al grupo de trabajo en marzo de 2010. Lamentablemente, debido a la falta de coordinación entre las distintas agencias y a que se dio prioridad a redactar la ley, el Consejo de Ministros todavía no ha aprobado el plan de acción nacional sobre la trata de personas.

Los objetivos del plan de acción están claros: i) proteger a los timorenses de la trata de personas; ii) facilitar protección y asistencia a todas las víctimas de trata de personas; iii) reforzar los procesos de investigación y enjuiciamiento de los traficantes.

Mejoras en el cumplimiento de la ley

En relación con las acciones concretas que ha llevado a cabo el Gobierno para prevenir la trata de personas y enjuiciar a sus responsables antes de la promulgación del Código Penal, la Policía Nacional de Timor-Leste y la Policía de las Naciones Unidas han llevado a cabo redadas en bares de Dili en los que se sospechaba que se ejercía la trata de personas con fines de explotación sexual. Aunque en ninguna de esas redadas se consiguió enjuiciar a los traficantes, sí que sirvieron para dar apoyo a las víctimas y para que las autoridades entendieran mejor la naturaleza del delito. Las mujeres tenían edades comprendidas entre los 19 y los 35 años y procedían de países como China, Indonesia y Camboya.

Tras la entrada en vigor del nuevo Código Penal, en 2011, a raíz de una investigación de la Policía Nacional de Timor-Leste se procesó a tres extranjeros acusados de trata de personas. Una de las víctimas era una chica de 17 años procedente de China. Dos de los traficantes fueron condenados a 13 años de cárcel y uno de ellos, a seis meses en una cárcel de Timor-Leste. En el momento de redactar el presente informe, el Tribunal de Apelación estaba examinando la causa.

Asistencia a las víctimas

Entre 2008 y 2011, 33 víctimas de la trata recibieron asistencia de la OIM en colaboración con el Departamento de Migración del Gobierno, la red de consultas para víctimas de violencia por razón de género y otros organismos encargados de hacer cumplir la ley. La edad media de las víctimas (tanto hombres como mujeres) era 25 años, oscilando entre 17 y 39. Las víctimas de la trata trasladadas a Timor-Leste procedían de Myanmar, Camboya, Indonesia, China y Filipinas. Durante el proceso consultivo para redactar el presente informe se identificó a 50 víctimas internacionales de la trata en ese mismo período (incluidas las que recibieron asistencia de la OIM).

Durante el período del que se informa también se prestó asistencia a tres víctimas timorenses. La trata nacional también es un problema, aunque de menor magnitud que la trata internacional, que está mejor organizada.

El Ministerio de Solidaridad Social, en colaboración con la OIM, ofreció apoyo a PRADET para prestar asistencia a las víctimas de la trata de personas y acompañarlas mediante la creación de un albergue para mujeres y niñas víctimas de la trata. También ofrecieron servicios de salud mental y física, regreso o repatriación e integración o reintegración.

Sensibilización sobre la trata

En 2010 la OIM creó una campaña de capacitación para el personal encargado de hacer cumplir la ley sobre la lucha contra la trata de personas que llevaba por eslogan “Halt Exploitation, Learn to Prosecute” (HELP III) (Detener la explotación, aprender a enjuiciar), con el objeto de sensibilizar sobre la trata de personas, aumentar la capacidad institucional y la coordinación entre la policía, los abogados, el poder judicial, las organizaciones no gubernamentales y el personal de las embajadas con sede en Dili y los funcionarios consulares timorenses. En 2010 se impartieron 13 cursos para un total de 377 agentes de todos los distritos y subdistritos.

Artículo 7: Vida política y pública

La Secretaría de Estado para la Promoción de la Igualdad ha trabajado activamente para que las mujeres desempeñen un papel más importante en el desarrollo de la nación y la adopción de decisiones. El Gobierno, junto con la sociedad civil, el Parlamento y las Naciones Unidas, ha puesto en marcha una amplia variedad de iniciativas, como la creación de una plataforma política para las mujeres, la organización de foros públicos, actividades de creación de la capacidad y campañas de sensibilización sobre las cuestiones de género, la creación de redes estratégicas y la coordinación entre instituciones, la promoción de medidas de acción afirmativa, entre otras, con el fin de fortalecer la participación de las mujeres en las adopción de decisiones y la vida política.

Las mujeres y la participación política a nivel nacional

La segunda enmienda a la Ley sobre Elecciones Parlamentarias núm. 6/2006 aprobada en junio de 2011 establece que las listas electorales de candidatos permanentes o suplentes deben incluir al menos una mujer por cada tres candidatos ya que, de no hacerlo, se considerarían nulas y sin valor, lo que supone una mejora con respecto a la versión anterior en la que la proporción era de una mujer por cada cuatro candidatos.

En las elecciones parlamentarias de julio de 2012, 25 mujeres fueron elegidas para un total de 65 escaños, lo que aumentó la proporción de mujeres parlamentarias al 38%, la más alta en la región de Asia, logrando así el indicador de los Objetivos de Desarrollo del Milenio que establece que debe haber un 35% de mujeres en el parlamento. El hecho de que fueran elegidas al Parlamento más mujeres incluso de las que se esperaba demuestra que la ley no discrimina a las mujeres y no limita su elección al Parlamento a la cuota que se les reserva.

Todas las mujeres que son miembros del Parlamento forman un grupo independiente, sin importar cuál sea su afiliación política, denominada Grupo de Mujeres Parlamentarias de Timor-Leste. El principal objetivo de ese Grupo es promover la representación y participación de las mujeres en la vida política nacional y la igualdad entre los géneros al mismo tiempo que se lucha contra la discriminación y la desigualdad. Como resultado de la colaboración entre ese Grupo y la Secretaría de Estado para la Promoción de la Igualdad se adoptaron una serie de medidas legislativas fundamentales, entre ellas, la Ley contra la Violencia Doméstica, la enmienda a la Ley sobre Elecciones Parlamentarias, una resolución parlamentaria sobre formulación de presupuestos con perspectiva de género, el nuevo Código Penal y Código Civil, que incluyen disposiciones relativas a las necesidades de las mujeres y su protección, y también se dirigieron conferencias regionales y nacionales sobre planificación familiar, educación sexual y salud reproductiva.

ONU-Mujeres reconoció que “las elecciones parlamentarias de 2012 fueron un ejercicio efectivo de democracia en Timor-Leste. En general, las elecciones transcurrieron de forma tranquila, ordenada y pacífica tras las difíciles elecciones nacionales de 2007 que se vieron afectadas por la crisis de seguridad y política de abril y mayo de 2006. En todas las fases electorales, tanto en el período anterior a las elecciones al Parlamento Nacional de Timor-Leste, como durante su transcurso o en el período posterior, la participación de hombres y mujeres resultó ser prácticamente igual en la mayoría de las actividades, en especial, en lo que respecta a la población con derecho a voto del país”.

Los 23 partidos políticos que participaron en las elecciones de 2012 aprobaron la formación de la Plataforma Política de las Mujeres en la Política 2012-2017, en la que se comprometieron a abordar siete puntos prioritarios: educación; economía; salud; política, justicia, paz y seguridad; cultura y medios de comunicación. Esta Plataforma fue la culminación de una serie de diálogos nacionales dirigidos por la Secretaría de Estado para la Promoción de la Igualdad.

Se celebraron cuatro debates televisivos antes de las elecciones parlamentarias a los que fueron invitadas las mujeres más importantes de cada partido político con el fin de debatir cuestiones relativas a las mujeres y las respuestas que proporcionaba cada partido y plantear nuevas ideas y estrategias para establecer la Plataforma Política y mejorar el liderazgo, empoderamiento y participación de las mujeres durante las elecciones nacionales de 2012.

La Plataforma Política contó con el apoyo de una hoja de ruta y un marco estratégico para mejorar el liderazgo y la participación de las mujeres en las elecciones de 2012 y en adelante, elaborados mediante talleres consultivos y una conferencia nacional celebrada a finales de 2011. La Plataforma contribuyó a la movilización de las mujeres y la acción colectiva de las partes interesadas con el fin de facilitar la participación de las mujeres en el proceso electoral y político, incluida la democratización de las relaciones de poder dentro de los partidos políticos.

En cuanto al ejecutivo, en el nuevo Gobierno nacional las mujeres ocupan algunos puestos clave, por ejemplo, se nombró a una Ministra y Viceministra de Finanzas, una Ministra de Solidaridad Social, dos Viceministras en el Ministerio de Salud, una Viceministra en el Ministerio de Educación y varias Secretarias de Estado, como la Secretaria de Estado para la Promoción de la Igualdad. En total en la nueva estructura gubernamental, diez puestos están ocupados por mujeres en la nueva estructura gubernamental, lo que representa el 18% de todos los puestos (frente al 13% en el último Gobierno). Otras instituciones independientes del Estado, como el Tribunal de Cuentas y la Fiscalía General, están dirigidas por mujeres.

La participación de las mujeres a nivel local

Las mujeres siguen teniendo una participación muy baja en la política y en la vida pública a nivel local, a pesar de que la situación ha mejorado ligeramente desde 2004. La proporción de mujeres que son jefas de aldea es extremadamente baja, solo un 2% (los jefes de 10 de los 422 sucos son mujeres). En cuanto al Consejo, la representación de las mujeres está garantizada por la Ley sobre Elecciones de Suco, que establece una cuota de dos mujeres y un joven en cada Consejo (artículo 5). El número total de miembros del Consejo varía entre nueve y diez dependiendo del número de comunidades, llamadas aldeias. Como resultado, se ha logrado que un 28% de los representantes en los Consejos de las Aldeas sean mujeres. Se ha observado una tendencia positiva en las dos elecciones anteriores a las aldeas. El número total de autoridades femeninas de las comunidades elegidas para ocupar el cargo de jefa de aldea, jefa de comunidad, y jefa del Consejo de Ancianos ha aumentado, pasando de 31 en las elecciones de 2004-2005 a 53 en las elecciones de 2009.

Durante el proceso consultivo realizado para elaborar el presente informe se detectó que las mujeres se enfrentan a falta de apoyo y preparación por parte de las autoridades, en particular, para las elecciones a nivel local, si no son miembros de un partido político. Básicamente, no consiguen competir de forma independiente.

La Secretaría de Estado para la Promoción de la Igualdad ha colaborado estrechamente con la sociedad civil, especialmente con la organización no gubernamental internacional “Paz y Desarollo” y la red nacional de mujeres “Rede Feto”, con el fin de apoyar la participación de las mujeres en la vida política y pública y mejorar sus derechos sociales y económicos en los sucos . Se han llevado a cabo programas de capacitación para el liderazgo y fomento de la capacidad desde mayo de 2011 a nivel comunitario en cuatro distritos orientales en los que han participado 149 hombres (miembros del Consejo de los Sucos) y 41 mujeres. Entre los temas principales figuran los módulos sobre equidad e igualdad, liderazgo con perspectiva de género, la Ley núm. 3/2009 sobre Líderes Comunitarios y su Elección y dos módulos de capacitación práctica.

Participación de las mujeres en la descentralización

Como parte de la estrategia de descentralización de Timor-Leste dirigida a acelerar el crecimiento económico sostenible y el desarrollo equitativo desde el nivel nacional al nivel de los sucos, el Gobierno, a través del Ministerio para la Administración del Estado, preparó el Decreto Ley sobre Planificación Integrada del Desarrollo de los Distritos, que define el poder, planificación, ejecución y financiación necesarios para ejecutar proyectos de descentralización del Estado a nivel de distrito y subdistrito. El Decreto Ley ha dispuesto que de los tres representantes del Consejo de los Sucos en las comisiones de desarrollo de los subdistritos al menos uno debe ser una mujer.

La sociedad civil también se implica en el programa de descentralización con el fin de fortalecer la participación activa de las mujeres. Desde 2010, la Alola Foundation, con el apoyo de ONU-Mujeres, organiza un programa de apoyo a los distritos que se centra en el empoderamiento de las mujeres basado en la comunidad y está dirigido específicamente a las candidatas potenciales de los sucos. Esas mujeres participan en el proyecto de debate sobre la transformación del género y cooperan estrechamente con líderes locales, organizaciones no gubernamentales de mujeres, parlamentarios y otras instituciones gubernamentales.

Obstáculos que impiden la participación de las mujeres en la política

En Timor-Leste, las barreras más comunes y persistentes que dificultan el acceso de las mujeres a puestos directivos son: un nivel de educación y alfabetización inferior al de los hombres; la discriminación en la contratación (véase la sección de empleo); las actitudes y estereotipos negativos relativos a la participación de las mujeres en la vida pública; las actitudes respecto del papel tradicional de la mujer en el hogar; el escaso apoyo de las familias y los partidos políticos, en particular, la escasa ayuda que reciben las mujeres para participar en política como candidatas independientes sin el respaldo de un partido político; la poca solidaridad entre mujeres; la sensibilización cívica y la poca confianza que tienen en sí mismas para presentarse como candidatas.

Artículo 8: Representación y participación en el plano internacional

La Sra. Milena Pires fue elegida para ser uno de los 23 expertos del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer en 2010. Todo el Gobierno, incluido el entonces Presidente de Timor-Leste, Dr. José Ramos Horta, se alegró de la elección de la primera representante de Timor-Leste ante un órgano internacional creado en virtud de un tratado. La colaboración de los principales ministerios con la sociedad civil para esta elección a nivel nacional e internacional es otro poderoso ejemplo del compromiso contraído con el adelanto de la mujer.

La Sra. Emilia Pires fue elegida Presidenta del G7+ en 2010 para promover las opiniones de los Estados afectados por los conflictos o que han salido de un conflicto. También fue elegida en julio de 2012 por el Secretario General de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, para formar parte del Grupo de Alto Nivel de Personas Eminentes formado por 26 miembros que asesoran a las Naciones Unidas sobre la agenda para el desarrollo después de 2015.

La Sra. Madalena Hanjam da Costa Soares, antigua Viceministra de Salud en el cuarto Gobierno Constitucional, fue seleccionada para ser miembro de la Junta Ejecutiva de la OMS en 2010-2012.

Mujeres que representan a Timor-Leste en las misiones en el extranjero

La Excma. Sra. Sofia Mesquita Borges fue nombrada Embajadora Extraordinaria y Plenipotenciaria, Representante Permanente de Timor-Leste ante las Naciones Unidas el 4 de marzo de 2010 y fue seleccionada para ser miembro de la Junta Ejecutiva de ONU-Mujeres.

Además, algunas de las misiones más importantes para Timor-Leste desde el punto de vista político y económico están dirigidas por mujeres, a saber, la Embajada ante Portugal, China y Mozambique (que se ocupa de Angola y Sudáfrica), así como el Consulado de Bali (Indonesia) y Sydney (Australia). Las jefas de misión en el extranjero (a nivel de embajador y cónsul) representan un 35%, mientras que las mujeres que desempeñan una función en el extranjero como parte del servicio diplomático general representan un 36,5%.

Artículo 9: Nacionalidad

No hay modificaciones en esta sección. Remítase al documento básico común de Timor-Leste sobre el Informe Inicial, sección C, A), “derecho a tener una nacionalidad: igualdad de derechos a la ciudadanía”.

Artículo 10: Educación

Marco normativo y jurídico

Durante el último Gobierno Constitucional, se elaboró y aplicó un plan de estudios nacional para cada uno de los 12 años de educación básica y educación secundaria general. De conformidad con el Plan Estratégico Nacional de Desarrollo para 2011-2030, el Gobierno consideró la educación como uno de los sectores más importantes para el desarrollo nacional. A ese respecto, el cuarto Gobierno Constitucional diseñó y aprobó un Plan Estratégico Nacional de Educación para 2011-2030 que ofrecía oportunidades de educación para todos.

Entre los 13 sectores de educación prioritarios incluidos en el Plan Estratégico Nacional de Educación para 2011-2030, figura una sección específica sobre “integración social” que garantiza la igualdad de oportunidades en educación y formación profesional para todos, mujeres y hombres.

Participación de las mujeres en la educación

Educación formal

El objetivo de Timor-Leste era lograr que un 88% de los niños de edad adecuada estuvieran matriculados en los grados primero a sexto a más tardar en 2015. Esa cifra se superó en 2011, con un 90% de los niños de edad adecuada matriculados en educación básica, frente a un 83% en 2008. Sin embargo, en términos generales, hay más niños matriculados que niñas, ya que por cada diez niños matriculados en la escuela primaria y secundaria hay nueve niñas matriculadas (un 52% de niños frente a un 48% de niñas).

En cuanto al ciclo superior de la educación secundaria (educación secundaria general) y la educación técnica (teknika professional), se matricularon en torno a 20.603 muchachos (49,4%) y 21.107 muchachas (50,6%), lo que significa que en la educación secundaria la proporción de muchachas es ligeramente superior a la de muchachos, según datos del Ministerio de Educación. Las tasas reales de asistencia, disponibles en el censo de 2010, varían un poco, ya que un 48% de los estudiantes de educación secundaria eran muchachas y un 52% muchachos. (Véanse los cuadros 2 y 3 en los anexos.)

El censo de 2010 reveló que las tasas de asistencia eran casi iguales entre niños y niñas durante los años de educación básica obligatoria. Esto quiere decir que, por cada 100 niños que asisten a la escuela primaria asisten 98,9 niñas. La situación es similar en las escuelas de preparación para la educación secundaria, a las que asisten 102 niñas por cada 100 niños. Las pautas de asistencia no cambian hasta la educación secundaria, en la que la asistencia de los niños es superior, ya que por cada 100 niños que asisten a la escuela asisten 92 niñas.

En general, todavía hay muchos casos de deserción escolar entre los alumnos. Más del 70% de los alumnos deja la escuela antes de cumplir los 9 años, siendo mayor la tasa de deserción en los dos primeros años de la escuela primaria. Además, en general, los alumnos tardan demasiado en terminar la educación básica y necesitan una media de 11,2 años para terminar la escolarización hasta el sexto curso.

El Gobierno está adoptando medidas en relación con la educación en la primera infancia con el objetivo de establecer 150 centros preescolares nuevos dirigidos específicamente a niños en las zonas rurales con el fin de facilitar el acceso a la educación en la primera infancia a alumnos de 3 años y de edades superiores, lo que beneficia en gran medida a las niñas jóvenes al reducir la distancia hasta la escuela y los problemas de seguridad que supone viajar.

Educación informal y erradicación del analfabetismo

El Gobierno considera que la erradicación del analfabetismo es un paso importante hacia la eliminación de la pobreza en Timor-Leste. Por ello, se han llevado a cabo desde 2008 actividades de educación permanente que incluyen el programa para una campaña nacional de alfabetización, cursos de postalfabetización y educación básica, y programas de equivalencia en los 13 distritos de Timor-Leste. El Ministerio de Educación, con el apoyo de la UNESCO, el UNICEF y el Banco Mundial, ha construido centros comunitarios de aprendizaje en tres distritos, a saber, Bazartete (Liquiça), Ililapa (Lospalos), y Kraras (Viqueque). (Véase el cuadro 4 en los anexos.)

El programa para una campaña nacional de alfabetización, iniciado en 2007, que proporciona una alfabetización básica en la educación adulta, tiene como objetivo erradicar el analfabetismo en el país a más tardar en 2015 siguiendo el modelo educativo cubano “Sim Eu Posso” (Sí, puedo) durante 3 meses, en los que se introducen la lectura y la escritura.

El Ministerio de Educación informó de que 300.000 hombres y mujeres participaron en este programa de alfabetización durante 2011 y 2012. Se declaró que 204.463 personas ya no eran analfabetas en 2013. Aunque todavía no se han publicado las estadísticas oficiales de la Dirección de Educación Permanente, se estima que las mujeres representan más del 65% del total de participantes.

Se ha previsto que en esta segunda fase del programa de alfabetización se establezcan 62 nuevos centros comunitarios de aprendizaje que cubran los 65 subdistritos de Timor-Leste. Esta segunda fase comenzó a principios de 2013 con el objetivo de fortalecer las capacidades de lectura y escritura de las personas que ya han superado la edad escolar (jóvenes desde los 14 años hasta adultos) a través del programa “P asso em Frente ”(Un paso adelante), que marca la transición desde la alfabetización básica y, finalmente, “A Caminho” (En el camino), que ofrece la posibilidad de acceder al programa nacional de “E quivalencia ”(Equivalencia) de la educación básica.

La deserción escolar de las niñas y sus causas

El elevado número de deserciones y las dificultades que impiden mejorar la asistencia de los estudiantes pueden atribuirse a varios factores, como las instalaciones escolares inadecuadas, incluido el acceso al agua potable y el saneamiento; la falta de profesores cualificados; el matrimonio a edad temprana y los embarazos no deseados; las barreras lingüísticas, ya que la mayoría de los libros están escritos en portugués; y la violencia, incluida la violencia sexual en las escuelas.

El Ministerio de Educación, con el apoyo de la USAID y Care International, está aplicando un programa piloto de prevención de la deserción escolar. Se trata de un programa de tres años para varios países destinado a mitigar las deserciones escolares de los alumnos de la escuela primaria y secundaria. Ese programa piloto, que comenzó a principios de 2012, se ha puesto en marcha ahora en casi 200 escuelas en 5 distritos.

Mecanismos de reincorporación a la escuela

La Dirección Nacional de Educación Secundaria General del Ministerio de Educación indicó que las deserciones de niñas se debían principalmente a los embarazos no deseados, las creencias tradicionales sobre la educación de las niñas, los suspensos en los exámenes finales, la enfermedad, y en casos excepcionales, la violencia sexual.

El Gobierno todavía no ha aprobado una política oficial de reincorporación (relativa a los embarazos en la adolescencia). Sin embargo, se han aplicado mecanismos temporales para facilitar la reincorporación de las alumnas a la educación, por ejemplo, la transferencia de niñas a otras escuelas después del parto (a petición de ellas, debido a cuestiones sociales y culturales), y se han ofrecido condiciones especiales a las alumnas embarazadas en cuanto al momento y el lugar en el que pueden realizar sus exámenes finales (con el fin de evitar la presión de otros estudiantes y el sentimiento de inseguridad).

El proyecto para elaborar un código del niño, que está pendiente de aprobación por el Consejo de Ministros, incluye una disposición relativa a la reintegración de estudiantes embarazadas en la escuela por la que prohíbe “cualquier medida disciplinaria basada en el embarazo” y exhorta al Estado a que “asegure que existe un sistema para la escolarización de las madres y alumnas embarazadas y para la continuación y finalización de sus estudios” (artículo 31).

Mejora de la calidad docente en las escuelas

Como se describe en el informe sobre el Programa Nacional de Desarrollo Humano de 2011, el 75% de los 12.000 profesores de Timor-Leste no estaban cualificados para enseñar en 2007 de acuerdo con las normas definidas en la Ley de Educación Nacional del país. La falta de profesores cualificados es uno de los factores que contribuyen al número de deserciones escolares. En respuesta, en 2008 el Gobierno proporcionó una formación intensiva para 3.000 profesores. En 2009, se amplió este programa para incluir a los 9.000 profesores restantes. En 2011 y 2012, 617 profesores terminaron programas universitarios y 36 están actualmente cursando programas de postgrado. Esos programas de capacitación intensivos son ahora obligatorios para todos los profesores y continuarán siéndolo.

El Ministerio de Educación, en colaboración con la “Missão Portuguêsa” (Misión Portuguesa), estableció también el “Instituto Nacional de Formacao de Docentes e Professionais da Educacao ” (Instituto Nacional para la Formación de Docentes y Profesionales de la Educación, INFORDEPE) en 2011 con el fin de facilitar la formación de profesores en todos los niveles de la educación. En 2011, un total de 375 profesores obtuvieron títulos de “bacharel” (licenciatura) y, en 2012, unos 1.206 académicos obtuvieron títulos de enseñanza superior.

Colaboración de los alumnos y los padres

Por muchas razones, entre ellas, la mejora de la gestión general de las escuelas, la reducción de la deserción escolar y la mejora del entorno educativo, el Ministerio de Educación se ha comprometido en su Plan Anual de 2013 a fortalecer las estructuras y elaborar reglamentos para crear asociaciones de consejos de alumnos y padres.

Programas de becas para niñas

El Ministerio de Educación ha proporcionado becas para hombres y mujeres timorenses desde 2009 a 2013 para permitirles continuar sus estudios superiores en el extranjero, incluidos estudios de grado, postgrado y doctorados. Como muestra el cuadro adjunto en los anexos, la mayoría de esas plazas se han concedido a hombres (63%). (Véase el cuadro 5 en los anexos.)

Violencia y seguridad en las escuelas

El Ministerio de Educación puso en marcha en 2011 una política de “tolerancia cero” contra las malas prácticas administrativas en el sector de la educación con respecto a la violencia sexual, el castigo corporal y otras formas de violencia en las escuelas. Otros ministerios principales han apoyado la campaña de promoción de la política de “tolerancia cero” mediante diversas actividades, a saber, publicaciones en los medios de comunicación, programas de entrevistas, capacitaciones y cursos prácticos a nivel nacional y de distrito. Esta política prohíbe explícitamente el castigo corporal en todos los lugares y tiene como fin velar por que en los establecimientos de enseñanza exista un ambiente sin violencia y discriminación.

La Oficina del Inspector General de Educación dirige esta política. El informe de dicha Oficina para 2011-2012 registró un total de nueve casos de violencia sexual en la escuela con un total de 11 víctimas (nueve niñas en la educación básica, dos niñas en la educación secundaria y una profesora de educación básica). La mayoría de los casos ocurrieron en escuelas de distrito fuera de Dili. Se informó de que 28 (cerca del 0,25%) de los 11.136 profesores de escuelas públicas y privadas de Timor-Leste habían sido identificados como autores de casos de violencia sexual en las escuelas. En el plano judicial, el Ministerio de Educación vela por que los responsables del acoso y el abuso a las niñas sean llevados ante la justicia y castigados de conformidad con la nueva ley penal. Desde que se promulgaron el Código Penal y la Ley contra la Violencia Doméstica, se alienta a alumnos, padres y comunidades a denunciar los delitos ante el Inspector General de Educación o la policía.

Ha disminuido de forma considerable el número de casos, de 46 en 2011 a 9 en 2012. A diferencia de años anteriores, en los que la mayoría de casos de violencia sexual se resolvían mediante mecanismos de mediación y métodos tradicionales entre la familia de la víctima y el autor, de los nueve casos de violencia sexual que se produjeron en 2012, cuatro fueron juzgados por los tribunales y cinco se resolvieron mediante métodos tradicionales.

El Inspector General de Educación no ha denunciado ni detectado casos de matrimonios forzosos entre una víctima y su violador como mecanismo empleado para resolver casos de violencia sexual.

Castigo corporal

El informe de investigación del Inspector General de Educación apunta a un total de 18 casos de violencia física, incluido el castigo corporal, cometidos por los profesores en el período 2011-2012. Se denunciaron cuatro casos a la policía mientras que 14 casos fueron resueltos internamente. De los 56 casos de violencia física en las escuelas, 17 se referían a alumnas y 27 a alumnos. También se produjeron algunos casos de agresión física contra profesores en las escuelas cometidos por sus alumnos o por los familiares de estos. En esos casos, los estudiantes implicados generalmente habían recibido castigos físicos de sus profesores. Se denunció que siete profesores habían sido víctimas de agresiones físicas cometidas por alumnos y comunidades en ese período.

En la mayoría de casos de castigo corporal en las escuelas los implicados fueron profesores nuevos que no habían recibido capacitación profesional sobre tècnicas de enseñanza o que no tenían suficiente experiencia en la enseñanza. La mayoría de los profesores nuevos tampoco saben gestionar los diferentes comportamientos de sus alumnos.

Artículo 11: Empleo

Marco jurídico

Principios generales

El Código del Trabajo aprobado recientemente, en febrero de 2012, consagra el “principio de igualdad” en el artículo 6 (véase el anexo). También cubre la discriminación en el empleo y las diferencias de trato por motivos de género u otros factores (párr. 2). Se observa que, de conformidad con el Convenio núm. 111 de la OIT, la carga de la prueba recae en el empleador para demostrar que no existe discriminación (incluida la discriminación por razón de género). Promueve la adopción de medidas especiales de carácter temporal para el pleno disfrute de toda persona (hombres y mujeres) de los derechos consagrados en el Código (artí. 6).

El acoso de cualquier tipo en el trabajo también está incluido en el Código (art. 7), incluso las conductas de acoso verbal, no verbal y físico, así como todas las formas de acoso sexual.

De conformidad con su compromiso de promover la igualdad de género en el empleo, el Gobierno también está considerando la posibilidad de ratificar los dos Convenios Internacionales, el núm. 111 y el núm. 100, que son fundamentales para la igualdad de género en el lugar de trabajo. Se espera que el Consejo de Ministros los examine y los presente al Parlamento Nacional para su ratificación oficial a más tardar en junio de 2013.

Disposiciones sociales

Si bien el Código del Trabajo no establece de manera explícita un salario mínimo, hace un llamamiento en favor de la justa remuneración del trabajo (“igualdad de remuneración por trabajo de igual valor”, art. 38.1) y protege esta remuneración en los párrafos subsiguientes.

Se designó un subcomité del Consejo Nacional del Trabajo, la Comisión Nacional para el Salario Mínimo, integrado por la Secretaría de Estado de Formación Profesional y Empleo, el antiguo Ministerio de Infraestructuras, el Ministerio de Economía y Desarrollo (ahora disuelto), representantes de la sociedad civil, empresarios y la Comisión de Trabajo. En virtud de un Decreto Ley, se aprobó un salario mínimo tras la celebración de consultas con los empleadores, los trabajadores, los organismos, las autoridades locales y la sociedad civil, establecido en 115 dólares de los Estados Unidos al mes por 40 horas de trabajo semanal.

El Código incluye también disposiciones relativas a la protección de la función reproductiva, como la licencia de maternidad y paternidad, el tiempo libre y los horarios de trabajo flexibles para el cuidado prenatal y las madres lactantes, la licencia prenatal en caso de riesgo médico, la licencia en caso de aborto espontáneo, la licencia para el cuidado de los hijos en casos de emergencia (arts. 59, 60, 62 y 64), la protección de la salud y la seguridad de las mujeres embarazadas y en período de lactancia, y la protección contra el despido improcedente debido a la maternidad (arts. 63 y 65).

En la actualidad, sin embargo, si bien estos beneficios se aplican a los funcionarios públicos por conducto del Estatuto de la Administración Pública, no se aplican de manera sistemática a los trabajadores del sector privado, ya que la mayoría de ellos trabajan en el sector informal, y por tanto probablemente no reciben todos esos beneficios.

Estatuto de la Administración Pública

En 2009 la reforma del Estatuto de la Administración Pública introdujo un nuevo instrumento de contratación en la administración pública mediante exámenes que respeta el principio de no discriminación. Se mantiene el principio de igualdad de remuneración por trabajo de igual valor.

La Comisión de Administración Pública celebró en julio de 2012 una Conferencia Nacional titulada “La mujer y la administración pública: función y desafíos” con motivo de la celebración de su tercer aniversario. Reunió a funcionarios para compartir experiencias y formas de garantizar la igualdad de trato y oportunidades entre hombres y mujeres en la administración pública. En esa ocasión, se invitó como ponentes a siete funcionarias públicas de diferentes instituciones y de diversa antigüedad, que tuvieron la oportunidad de formular sugerencias para mejorar la administración pública y prestar mejores servicios a las mujeres.

Mecanismo de seguimiento del cumplimiento

En 2010 el Gobierno creó la Inspección General del Trabajo, dependiente de la Secretaría de Estado de Formación Profesional y Empleo, que se encarga de reglamentar el mercado laboral y promover los derechos de los empleados, así como de mejorar las condiciones de trabajo y velar por que se aplique la ley. La Inspección presta especial atención a los grupos de trabajadores vulnerables como las mujeres. En menos de dos años llevó a cabo 3.099 inspecciones en el lugar de trabajo, que abarcaron 44.681 trabajadores en los 13 distritos del país.

También se creó por ley la Junta de Relaciones Laborales (o Consejo de Arbitraje Laboral), dependiente del Consejo Nacional del Trabajo, que se encarga de recibir las denuncias de los trabajadores y trata de obtener reparación por cualquier caso que contravenga las disposiciones del nuevo Código del Trabajo.

Seguimiento de los servicios públicos

La Comisión de Administración Pública se encarga de la recepción e investigación de los casos de discriminación, de conformidad con el Estatuto de la Administración Pública. La discriminación es punible como delito disciplinario. Desde el establecimiento de la Comisión de Administración Pública en 2009, se han llevado a cabo cuatro suspensiones disciplinarias en casos de discriminación o acoso sexual contra mujeres.

Participación de las mujeres en la fuerza laboral

Tradicionalmente las mujeres han desempeñado un importante papel económico y su contribución a la producción es mayor que la indicada en las estadísticas, que a menudo solo reflejan su ocupación principal, o solo la ocupación que genera ingresos, es decir su ocupación productiva.

Según la encuesta sobre población activa de 2010, las mujeres solo tienen una tasa de desempleo ligeramente más alta que los hombres. Ambas tasas de desempleo son bajas, del 4,6% para las mujeres y del 3,1% para los hombres. Sin embargo, teniendo en cuenta la definición y la naturaleza del empleo en Timor-Leste, el desempleo no debe considerarse un indicador clave. En su lugar, el subempleo y el empleo vulnerable son más pertinentes para hacer un seguimiento de la participación equitativa en el mercado laboral. La participación en la fuerza de trabajo es baja, aunque la definición de empleo solo requiere que una persona trabaje por lo menos durante una hora por semana para considerarse empleado. Menos de la mitad (el 43%) de la población en edad de trabajar (de 15 a 59 años) participa en la fuerza de trabajo (es decir, o están empleados o desempleados) con importantes diferencias entre los géneros (el 27% de las mujeres y el 56% de los hombres). (Véase el cuadro 6 que se adjunta en el anexo.)

La encuesta sobre población activa de 2010 puso de manifiesto que el subempleo (indicador del número de personas que desean aumentar sus horas de trabajo para ganar más) es bastante reducido tanto para hombres como para mujeres. La situación de desventaja de la mujer en la fuerza de trabajo es más evidente en la tasa de empleo vulnerable, que revela que el 78% de las mujeres trabajan en empleos vulnerables, en comparación con el 66% de los hombres.

Aproximadamente el 57% de la población activa (307.000 personas) se encontraba en una situación económica inactiva en 2010, con importantes disparidades entre los géneros (el 72% de las mujeres en edad de trabajar, en comparación con el 42% de los hombres). La tasa de población masculina empleada es más de dos veces superior a la de las mujeres: del 54% entre los hombres y del 26% entre las mujeres.

Obstáculos a la participación de las mujeres en la fuerza laboral

La encuesta pone de manifiesto que las obligaciones familiares constituyen uno de los principales motivos de la inactividad de las mujeres. Más de un tercio de las mujeres (el 36%) dio este argumento como razón de su inactividad, en comparación con solo el 7% de los hombres. El censo de 2010 también puso de manifiesto que las mujeres sin hijos tienen más probabilidades de participar en la fuerza laboral que las mujeres con hijos, y cuantos más hijos tiene una mujer, menos probabilidades tiene de ser económicamente activa. Sin embargo, la tasa de participación de las mujeres sin hijos sigue estando muy por debajo de la de los hombres.

Nivel de educación de la población empleada

El nivel de educación parece tener poca relación con el hecho de ser económicamente activo, tanto para los hombres como para las mujeres. Según la encuesta sobre la población activa de 2010, las tasas de participación en la fuerza de trabajo más altas se encuentran entre los hombres que carecen de educación, aproximadamente el 40% de los hombres empleados, seguidas por los que han recibido solo educación primaria (el 21%). Se observa una tendencia similar en el caso de las mujeres, ya que la mayor tasa de participación en la fuerza de trabajo se encuentra entre las mujeres sin educación, que representan el 57,5% de todas las mujeres empleadas. Sin embargo, se puede observar que la mayoría de hombres y mujeres trabajan en ocupaciones no calificadas, por cuenta propia o en empresas familiares, para las que no es probable que las cualificaciones sean un requisito previo.

Por otra parte, en los puestos de adopción de decisiones las mujeres tienen un nivel educativo más alto que sus homólogos masculinos, ya que casi el 80% de las mujeres ha completado la educación secundaria o superior, en comparación con el 63% de los hombres, lo que significa que las mujeres necesitan títulos más avanzados para obtener el mismo puesto de adopción de decisiones. A pesar de ello, los resultados del censo indican que la proporción de mujeres en algunos puestos de alto nivel ha aumentado notablemente entre 2004 y 2010, y la proporción de mujeres en altos cargos oficiales pasó del 13% al 35%.

La situación en el empleo

Hay 72.000 personas (aproximadamente el 78% de los hombres y el 22% de las mujeres) clasificadas como trabajadores asalariados. Esta forma de empleo más seguro solo es la norma para el 28% del total de la fuerza de trabajo y el 19% de las mujeres trabajadoras. Entre las mujeres, el grupo más numeroso de empleadas trabaja en el sector de la educación (más del 30% de mujeres, en comparación con el 18% de hombres). En Timor-Leste solo hay 4.000 empleadores, y un cuarto de ellos son mujeres, prácticamente todos en el sector agrícola.

Las mujeres que trabajan por cuenta propia representan el 46% de la fuerza laboral femenina. La mayoría trabajan en el sector de la agricultura (44%) o del comercio al por mayor y al por menor (44%), y algunas de ellas en el sector manufacturero (11%). Los trabajadores familiares auxiliares (el 29% de la población activa) trabajan casi exclusivamente en el sector agrícola, tanto en el caso de hombres como de mujeres, y el resto de trabajadores participan principalmente en el comercio al por mayor y al por menor. Un tercio de las mujeres en la fuerza laboral (32%) son “trabajadoras familiares auxiliares”.

Empleo vulnerable

El empleo vulnerable se define como una situación laboral relativamente insegura, que seguramente no cuenta con acuerdos laborales formales, ni acceso a beneficios o a programas de protección social, y en la que el trabajador está más expuesto a los efectos de los ciclos económicos (por lo general, se trata de trabajadores por cuenta propia y trabajadores familiares auxiliares). En todos los sectores, la tasa de empleo vulnerable en Timor-Leste es del 70%. Dos tercios de los hombres empleados (66%) y tres cuartas partes de las mujeres empleadas (78%) se encuentran en situación de empleo vulnerable, y esas tasas son especialmente elevadas en los sectores de la agricultura y el comercio al por mayor y al por menor. El 50% del total de la población activa trabaja en la agricultura, la silvicultura o la pesca, y puede considerarse en situación de empleo vulnerable (el 98% de todo el empleo en este sector). En la misma línea, el 15% del total de la población activa empleada en el comercio al por mayor o al por menor puede considerarse en situación de empleo vulnerable (el 86% de todo el empleo en ese sector, aproximadamente la misma proporción para los hombres que para las mujeres).

La tasa de empleo vulnerable es dos veces más elevada en las zonas rurales (81%) que en las zonas urbanas (42%), y en ambos ámbitos es mucho mayor para las mujeres que para los hombres.

Sector informal

Las actividades del sector informal, definido como un subconjunto de empresas no constituidas en sociedad, que son propiedad de unidades familiares y que no constituyen entidades jurídicas independientes de las unidades familiares o de los miembros de las familias propietarias, y para las cuales no existen conjuntos de cuentas (según la definición de la OIT) representan una proporción considerable del total de empleos y de generación de ingresos en Timor-Leste. Si se considera el sector agrícola, la mayoría de mujeres y hombres trabajan en el sector informal, pero las mujeres tienden a ocupar los puestos de la fuerza laboral informal con ingresos más bajos. Según datos de 2010, la tasa nacional de empleo informal era del 17,8% (respecto a las actividades no agrícolas, como se define en la encuesta sobre población activa de 2010). Esa tasa es significativamente superior para las mujeres (26,5%) que para los hombres (13,5%).

La mayor parte del empleo en el sector informal ocurre en el comercio al por mayor y al por menor (75%), el sector manufacturero (11%) y el resto en los sectores dominados por los hombres, es decir el sector de la construcción, la minería y el transporte. La tasa de empleo informal es más alta en las zonas urbanas (20%) que en las rurales (17%) y es mucho mayor entre las mujeres (el 27,5% del total de población activa femenina, en comparación con el 13% de la masculina).

Actividad secundaria

De todas las mujeres sin una actividad económica principal, más de un tercio contribuyen económicamente de alguna forma (42%). La mayoría de ellas realizan actividades de agricultura y ganadería no remuneradas (29,5%), o elaboran textiles locales (tais), manteles, collares y otras artesanías (kurse) (7,1%). (Véase el cuadro 7 del anexo.)

Por otra parte, los hombres que no eran económicamente activos tendían a no realizar ninguna actividad económica. Solo el 23% de los hombres principalmente inactivos contribuyen económicamente. Entre los que lo hacen, la mayoría realizan actividades agrícolas no remuneradas (cultivo o ganadería) (17,8%).

La mujer en cargos directivos de la administración pública

En 2011 la participación de la mujer en la administración pública era del 29%. Sin embargo, el porcentaje de mujeres en funciones directivas es todavía muy bajo. Solo el 15% de las mujeres ocupaban cargos directivos, y el 17% cargos de jefatura.

En particular en el sector de la seguridad, y de conformidad con la resolución 1325 (2000) del Consejo de Seguridad, el Gobierno está realizando esfuerzos concretos para fomentar la contratación de mujeres en la policía y las Fuerzas Nacionales de Defensa. En la policía, la contratación de mujeres ha aumentado desde menos de 100 en 2000 a 577 (20%) en 2010, y en las Fuerzas Nacionales de Defensa ha aumentado el 8%. Hasta la fecha, el 19% de las agentes de policía tienen puestos de jefatura a nivel nacional o de distrito. De ellas, solo una mujer ocupa el cargo de Comandante de Policía de Distrito (el más alto cargo en la jerarquía policial a nivel de distrito), y fue nombrada en septiembre de 2010 para dirigir una fuerza de 100 agentes. En las comisarías de policía, cuatro mujeres son jefas de departamento y una mujer ocupa el cargo de Directora General en la Secretaría de Estado para la Seguridad. Las mujeres también ocupan puestos clave en el Ministerio de Justicia, como la Directora de Servicios Penitenciarios o la Directora del Centro de Capacitación Jurídica.

La mujer en los puestos de adopción de decisiones en el sector privado

En 2010 más de un tercio (el 35%) de funcionarios superiores eran mujeres. Si bien todavía hay que recorrer mucho camino para llegar a una proporción del 50%, es una mejora significativa en comparación con los datos de 2004, cuando solo el 13% de las mujeres ocupaban altos cargos oficiales.

Las mujeres empresarias todavía encuentran limitaciones por la familia y las obligaciones tradicionales y, además, por su falta de acceso al crédito, la tecnología y los conocimientos empresariales. Son frecuentes otras formas de discriminación, como las prácticas en materia de herencia y la violencia doméstica. Las iniciativas de desarrollo a menudo están fragmentadas y, por lo tanto, no tienen suficientemente en cuenta las múltiples limitaciones a las que se enfrentan las mujeres para participar activamente en la economía.

Según la encuesta sobre población activa de 2010, así como el censo de 2010, persiste la discriminación en la contratación y la gestión del personal, y las mujeres necesitan cualificaciones más altas que los hombres para obtener una posición de alto nivel. Casi el 80% de las mujeres en puestos de adopción de decisiones tienen una cualificación de educación secundaria o superior, de educación técnica o profesional, frente al 63% de los hombres.

Iniciativas del Gobierno relativas al empleo

Programa nacional de trabajo decente

El programa nacional de trabajo decente presenta un marco estratégico que define el programa quinquenal conjunto de prioridades del Gobierno de Timor-Leste, las organizaciones de empleadores, las organizaciones de trabajadores y la OIT y sus asociados para el desarrollo. Se ocupa específicamente de la empleabilidad y la creación de empleo. La disparidad entre los géneros en el empleo representa uno de los cuatro ejes principales del programa nacional de trabajo decente para el período 2008-2013, y la promoción de la igualdad de género se aplica como cuestión intersectorial.

Apoyo gubernamental a la mujer en el sector privado

El Instituto de Apoyo al Desarrollo Empresarial, que depende de la nueva Secretaría de Estado para la Promoción del Sector Privado, se encarga de la creación de capacidad entre la población con el fin de establecer y mantener la actividad empresarial. En 2012 aproximadamente el 49% de 953 clientes fueron mujeres, y se beneficiaron de diversos servicios como capacitación en planificación financiera, rendición de cuentas, control de las existencias y gestión de las adquisiciones, así como de sesiones de información sobre negocios, asesoramiento, concursos públicos y la complementariedad de las empresas.

En la actualidad el Instituto de Apoyo al Desarrollo Empresarial, con la colaboración de la OIT, está desarrollando una estrategia nacional y plan de acción para el género y el sector privado, que se espera que se ponga en marcha durante 2014-2017. El principal objetivo de la estrategia es mejorar la colaboración entre los principales interesados en el desarrollo de un sector privado que tenga en cuenta las diferencias de género y las preocupaciones conexas, y que responda a las necesidades de los empresarios de microempresas y de pequeñas y medianas empresas.

La estrategia y su plan de acción tienen cinco esferas clave, determinadas en reuniones y consultas celebradas con los principales interesados:

i)Un mejor marco institucional y la creación de un entorno propicio para las empresas;

ii)Un mayor acceso al crédito y a los servicios financieros;

iii)Un mayor acceso a los servicios de desarrollo empresarial y a la información conexa;

iv)Un mayor acceso a los mercados;

v)Un mayor acceso a las redes formales para las mujeres empresarias.

Fondo para el empleo y la formación profesional – Educación y formación técnica y profesional

El Gobierno, a través de la Secretaría de Estado de Formación Profesional y Empleo y en colaboración con la OIT, promovió la creación del Fondo para el Empleo y la Formación Profesional mediante un Decreto Ley. El principal propósito del Fondo es organizar programas de capacitación según las necesidades del mercado local, como un programa de microcrédito y un programa de incentivos de empleo. El Decreto Ley establece un equilibrio de género en el nombramiento de los miembros de la Junta encargada de la gestión del Fondo, y especifica de forma explícita la no discriminación en sus programas.

En 2009 37 proveedores de capacitación recibieron financiación del Fondo para el Empleo y la Formación Profesional para apoyar la organización de cursos de formación profesional de índole diversa, desde cursos sobre medios de subsistencia informales hasta cursos formales de educación y formación técnica y profesional. Se estima que recibieron capacitación 1.653 alumnos, de los cuales 671 (41%) eran mujeres. Se ofreció capacitación sobre seis temas generales: administración, finanzas y tecnología de la información; hostelería y turismo; construcción y mecánica de automóviles; agricultura y productos locales; cultura y arte; y costura. La mayor parte de la capacitación elegida por las mujeres fue en administración, finanzas y computación (40%). Los cursos de construcción y mecánica estuvieron dominados por los hombres, con 351 hombres y 31 mujeres. Aproximadamente el mismo número de hombres y mujeres se matricularon en hostelería y turismo (12%).

Según datos de 2010, el 48% de los inscritos en los Centros de Empleo y Orientación Profesional fueron mujeres, pero solo el 16% de ellas pudo encontrar empleo después de haber finalizado su formación.

Artículo 12: Atención de la salud y planificación familiar

Datos sobre la salud reproductiva

Timor-Leste sigue teniendo una de las tasas de fecundidad más altas de la región, con 5,7 nacimientos por mujer registrados en la Encuesta Demográfica y de Salud de 2009-2010. No obstante, esto ilustra un descenso considerable respecto a la tasa de nacimientos anterior, de 7,8 nacimientos por mujer registrados en la Encuesta Demográfica y de Salud de 2003.

Mortalidad materna

La tasa de mortalidad materna sigue siendo alta en Timor-Leste, 557 por cada 100.000 nacidos vivos, o unas 6 muertes por cada 1.000 nacidos vivos. La Encuesta Demográfica y de Salud de 2009-2010 revela que dos de cada cinco mujeres (el 42%) de 15 a 49 años que murieron en los siete años anteriores a la encuesta fallecieron por el embarazo o causas relacionadas con el embarazo. Sin embargo, aunque las estimaciones anteriores no son directamente comparables debido a los diversos modelos utilizados, existe una tendencia positiva en comparación con la tasa de 660 muertes por cada 100.000 nacidos vivos registrada en 2001. Todavía queda un largo camino por recorrer para lograr los Objetivos de Desarrollo del Milenio de 252 muertes por cada 100.000 nacidos vivos para 2015.

El Ministerio de Sanidad, en su Plan Estratégico 2011-2030, estableció los siguientes resultados previstos: el 70% de las mujeres embarazadas reciben atención prenatal y postnatal por lo menos cuatro veces para 2015; más del 40% de los partos son asistidos en centros de salud para 2015; todos los centros de salud comunitarios proporcionan atención obstétrica básica de emergencia y todos los hospitales prestan servicios de atención obstétrica integral de emergencia con personal y equipo adecuados; se llevan a cabo exámenes de la mortalidad materna y perinatal en todos los casos de muertes maternas en todas las instalaciones; se reducen los embarazos en adolescentes en un 30% para 2015; y se detienen las tasas de mortalidad materna para 2015.

Aborto

247.Entre 2011 y 2012, el número anual comunicado de abortos practicados en centros de salud u hospitales se ha mantenido relativamente constante, con 1.035 casos comunicados en 2011 (2,2%) y 972 casos en 2012 (2,3%). (Para más detalles sobre el aborto, véase el Informe Específico sobre la Educación y la Salud de 2011.)

Atención prenatal

248.Ha mejorado significativamente la proporción de mujeres que reciben atención prenatal de un proveedor calificado (médicos, enfermeros o comadronas). A raíz de la mayor accesibilidad a instalaciones médicas, la proporción de embarazadas que recibían atención prenatal aumentó del 61% en la Encuesta Demográfica y de Salud de 2003 al 86% en la Encuesta Demográfica y de Salud de 2009-2010. Aunque más mujeres están recibiendo atención prenatal, la tasa varía entre los distritos, la tasa más baja, del 71% de las mujeres, en Ermera y la tasa más alta, del 96% de las mujeres, en Dili.

Asistencia en el parto

249.A pesar del aumento considerable en la atención prenatal, la baja utilización de asistencia especializada en los servicios de atención durante el parto y después del parto sigue siendo motivo de preocupación. La Encuesta Demográfica y de Salud de 2009-2010 informa que solo el 30% de los partos fueron atendidos por personal especializado. Casi una de cada dos mujeres recibía asistencia de un familiar u otra persona (49%), el 18% de los partos los atendía una partera tradicional, mientras que el 3% de los nacimientos tenían lugar sin ningún tipo de asistencia.

250.Según informes estadísticos anuales recientes del Ministerio de Sanidad, la tasa de mujeres que recibieron asistencia especializada durante el parto aumentó del 8% en los dos últimos años con una tasa nacional del 51% en 2011 hasta el 59% en el informe de 2012.

Atención postnatal

251.En la esfera de la atención postnatal, existe una tendencia positiva de mujeres que recibieron una visita posnatal de personal especializado según el Departamento de Estadística del Ministerio de Sanidad. De hecho, las tasas nacionales han experimentado un continuo aumento del 12,2% en cuatro años (34,5% en 2009; 38,6% en 2010; 41,7% en 2011; y 46,7% en 2012). Sin embargo, todavía hay disparidades importantes entre los distintos distritos dentro del país, con cerca del 20% de las mujeres que recibieron una visita postnatal en algunos distritos como Oecusse y Ainaro, y más del 60% en otras, como zonas rurales de Baucau y Viqueque.

Programa de registro de salud de la familia

252.El programa de registro de la salud de la familia se estableció en 2008 para institucionalizar la reunión de datos estadísticos sobre salud. Ese programa permitió reunir datos básicos sobre la salud de la familia, incluida la vacunación de los miembros de la familia, la utilización de métodos de planificación familiar, el acceso a agua potable, y otros a nivel de aldea (suco), mediante los centros de salud, puestos de salud o el SISCa (Serviço Integrado da Saúde Communitária), en colaboración con los jefes de aldea (xefe de suco). Sin embargo, el mecanismo y la reunión de datos fueron insuficientes para satisfacer las necesidades de los servicios de salud y se revisaron en 2012 para mejorar la reunión de datos y asegurar una mejor calidad de los datos. El nuevo mecanismo proporcionará una base de conocimientos sólida para lograr una mayor eficacia en la elaboración y aplicación de políticas y la supervisión de todos los aspectos de la salud de la mujer y la familia. Hasta la fecha, aunque se está elaborando el informe estadístico anual de 2012 del Ministerio de Sanidad, se supervisa plenamente a 9 distritos de un total de 13, a nivel de aldeas, con el programa de registro de salud de la familia revisado.

Plan Estratégico Nacional para el Sector de la Salud 2011-2030

253.El reciente Plan Estratégico Nacional para el Sector de la Salud 2011-2030 hizo de la salud materna y la salud infantil las dos principales prioridades de los programas nacionales de salud. La estrategia determinó varios indicadores clave y estableció los siguientes resultados previstos: el 70% de las mujeres embarazadas reciben atención prenatal y postnatal por lo menos cuatro veces por cada embarazo para 2015; más del 40% de los partos son asistidos en centros de salud para 2015; los embarazos en adolescentes se reducen un 30% para 2015; la tasa de mortalidad materna se detiene para 2015; el 100% de los hospitales proporcionan servicios pediátricos de calidad y las tasas de mortalidad infantil y de mortalidad de niños menores de 5 años se reducen considerablemente.

Estrategia Nacional de Salud Reproductiva

254.La Estrategia Nacional de Salud Reproductiva se estableció en 2004 para el período hasta 2015 y sigue los Objetivos de Desarrollo del Milenio. De conformidad con la política general del Ministerio de Sanidad, se examinará la Estrategia al final del primer trimestre de 2013 para los dos últimos años de aplicación y determinar si sigue siendo pertinente en lo que respecta a los sistemas internos, los procedimientos de planificación y nuevos cambios en la ejecución general de servicios del Ministerio de Sanidad. Después de su revisión final, la Estrategia se convertirá en una Estrategia de Salud Materna/del Recién Nacido/Infantil y se ejecutará como “estrategia general”.

255.La Estrategia Nacional de Salud Reproductiva estableció la Estrategia para “Embarazos Más Seguros”, cuyo objetivo central es garantizar el embarazo y el parto sin riesgos mediante la disponibilidad, el acceso y el uso de atención especializada de calidad para todas las mujeres y sus hijos recién nacidos. Uno de los componentes esenciales de la atención especializada es la presencia de un asistente capacitado y otros profesionales capacitados con el apoyo de un entorno apropiado y acceso a suministros básicos, medicamentos y servicios de emergencia pertinentes.

Mejora de la concienciación y del acceso a asistencia médica

256.Como parte de la atención primaria de la salud, en 2008 se creó el Servicio Integrado de salud Comunitaria (SISCa) para prestar apoyo a las comunidades remotas y aisladas geográficamente con un conjunto de servicios básicos. El SISCa es un componente central de la estrategia para mejorar la calidad de la atención primaria de la salud, y su acceso, en 602 localidades. En la actualidad, hay unos 477 puestos del SISCa que funcionan con arreglo a las normas establecidas para registrar la salud de las familias y que proporcionan intervenciones en las esferas de la salud y la nutrición maternoinfantiles, la asistencia médica directa y asistencia para la medicación, la promoción de la salud y medidas de educación. Los puestos del SISCa prestan servicios móviles a diversos lugares de las aldeas, como escuelas y mercados. (Para más detalles sobre el SISCa, véase el Informe Específico, sección de Salud Reproductiva.)

257.Mediante el SISCa, ha aumentado la prestación directa de servicios de salud a las comunidades. Hasta la fecha, se realizan cada mes unas 450 visitas con fines de divulgación. En 2010, el SISCa contribuyó a asegurar el acceso de alrededor de unas 550.000 personas a una amplia gama de servicios básicos de atención de la salud, como la salud maternoinfantil, e intervenciones en nutrición, registro de salud familiar, promoción de la salud, educación médica y asistencia para la medicación.

258.Hasta la fecha, la aplicación del SISCa por el Ministerio de Sanidad ha recibido apoyo financiero de la Agencia de Australia para el Desarrollo Internacional y la Unión Europea mediante el Proyecto de Apoyo al Plan Estratégico del Sector de la Salud, y ha subcontratado a cinco organizaciones no gubernamentales, ChildFund Internacional, CARE, Médicos del Mundo, HealthNet Internacional y Oxfam International, a fin de ejecutar actividades específicas para la prestación de servicios y la promoción de la salud, y por tanto, apoyar una mayor cobertura de los servicios de salud en Timor-Leste.

259.A nivel de subdistrito, los centros de salud comunitarios proporcionan un mayor nivel de servicios que los puestos de salud y disponen de un conjunto más amplio de personal, prestan servicios de clínicas móviles y apoyo técnico y de gestión a los puestos de salud. Los centros de salud comunitarios están equipados en cada subdistrito según las necesidades de la población y la distancia a centros de remisión más avanzados. Entre 2007 y 2012, el Ministerio de Sanidad construyó 46 nuevos centros de maternidad y salud que mejoran el acceso y la calidad de la salud materna y reproductiva, y se rehabilitaron otros 41 centros y/o puestos de salud en los 13 distritos.

Fortalecimiento de la fuerza de trabajo del sector de la salud

260.En 2008, el Gobierno creó una Escuela de Enfermería y Obstetricia, dependiente de la Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud de la Universidad Nacional de Timor-Leste.

261.En 2012 se graduaron 400 estudiantes timorenses como médicos mediante un acuerdo de cooperación con el Gobierno de Cuba y se han sumado a los 80 médicos timorenses en ejercicio que se graduaron en 2010/2011. Se espera que para 2016 habrá más de 1.000 graduados en medicina timorenses que ejerzan la medicina en Timor-Leste.

262.En 2012, inmediatamente antes de su graduación y con medidas de contratación externa y capacitación interna, Timor-Leste tenía 13 médicos especialistas, 139 médicos de medicina general, 1.271 enfermeros y auxiliares de enfermería, 427 comadronas y 416 técnicos de salud. Por tanto, aunque Timor-Leste sufre una carencia general de recursos humanos en el sector de la salud, la fuerza de trabajo en general en el sector de la salud pública siguió una tendencia positiva, al pasar de 1.387 profesionales de la salud en 2008 a 2.266 a fines de 2012. Según el censo de 2010, hay una paridad aproximada entre los géneros en los profesionales de la salud en el país (47% de mujeres y 53% de hombres). El objetivo último del Gobierno es tener al menos un médico, dos enfermeros, dos comadronas y un técnico de laboratorio para cada puesto de salud en cada aldea de al menos 1.000 habitantes.

Salud infantil

263.Las mejoras en la prestación de servicios de salud materna han contribuido a una importante disminución de la mortalidad infantil y en la niñez: la mortalidad de niños menores de 5 años en el período 2005-2009 fue de 64 por cada 1.000 nacidos vivos. La mayoría (70%) de las muertes de niños menores de 5 años se produjeron durante el primer año de vida; la tasa de mortalidad infantil es de 45 muertes por cada 1.000 nacidos vivos.

264.La comparación de los resultados de las Encuestas Demográficas y de Salud de 2003 y 2009 muestra una mejora sustancial (23%) en la supervivencia del niño, con una disminución de la mortalidad de niños menores de 5 años de 83 por cada 1.000 nacidos vivos en el período 1999-2003 a 64 por cada 1.000 nacidos vivos en el período 2005-2009. Esto se debió en gran medida a la reducción de la mortalidad infantil, de 60 muertes por 1.000 nacidos vivos en 1999-2003 a 45 por cada 1.000 nacidos vivos en 2005-2009. Por tanto, Timor-Leste está en camino de reducir la mortalidad de niños menores de 5 años para alcanzar la meta del cuarto Objetivo de Desarrollo del Milenio, es decir, reducir la mortalidad de niños menores de 5 años en dos tercios para 2015.

Planificación de la familia

265.Como sugiere la reducción de las tasas de fecundidad y muestran los datos sobre el uso de anticonceptivos, ha habido una tendencia positiva en su utilización por las mujeres casadas desde 2002. El uso de métodos modernos se duplicó en los cinco años transcurridos entre 2002 y 2007 y aumentó casi un 50% en el período comprendido entre 2007 y 2010. El aumento en el uso de métodos modernos contribuyó a triplicar el uso general de anticonceptivos, del 7% al 21% de las mujeres actualmente casadas, en cuestión de 7 a 8 años.

266.Según la Encuesta Demográfica y de Salud de 2009-2010, una de cada cinco mujeres casadas (22%) utilizaba un método de planificación de la familia, y el 21% utilizaba un método anticonceptivo moderno. Los inyectables son, con mucho, el método moderno más popular y los utiliza el 16% de las mujeres actualmente casadas.

267.Los datos más recientes del Ministerio de Sanidad muestran una ligera tendencia positiva, con un 26% de mujeres que utilizaron métodos de planificación de la familia en 2011 y 2012,en comparación con el 20% en 2010. Una vez más, hay importantes diferencias entre distritos. Según el Ministerio de Sanidad, hasta un 70% de mujeres utilizaba métodos de planificación familiar en algunos distritos como Manufahi (en su mayor parte una zona rural) mientras que la tasa descendía al 13% en distritos como Aileu y Dili (la zona más urbana del país).

268.Esto puede deberse a que la reunión de datos todavía se está mejorando y la reunión de datos sobre planificación familiar comenzó tan solo en 2010. El mejoramiento del programa de registro de la salud de la familia desde 2012 contribuirá a una base de conocimientos más fiable en el futuro.

269.Todavía hay lagunas que cubrir, ya que la Encuesta Demográfica y de Salud de 2009-2010 revela que la demanda de planificación de la familia ha crecido con más rapidez que los servicios que pueden suministrarse. Solo el 42% de las mujeres casadas informaron de que sus necesidades de planificación de la familia, ya fuera para el espaciamiento o la limitación de los nacimientos, se estaban atendiendo. (Para más información, véase el Informe Específico sobre la Educación y la Salud.)

Programas de educación sexual

270.El Ministerio de Educación elaboró un plan de estudios sobre salud reproductiva de los adolescentes para los grados 7 a 12 que incluye la conducta en las relaciones y cuestiones relacionadas con la violencia por motivos de género y violencia doméstica. También se elaboró formación complementaria para maestros sobre el plan de estudios de salud reproductiva de los adolescentes, que se ha puesto a prueba en diez escuelas de Timor-Leste en ocho distritos (Aileu, Ainaro, Baucau, Bobonaro, Dili, Ermera, Manatuto y Oecusse). (Para más información, véase el Informe Específico sobre la Educación y la Salud.)

271.Sírvase también consultar el Informe Específico sobre la Educación y la Salud para más detalles sobre el programa de comunicación para cambios en el comportamiento, en particular en lo que respecta a las intervenciones, dirigido a los hombres, las mujeres y los jóvenes en edad de procrear (15 a 49 años) mediante campañas de concienciación, con el objetivo de crear demanda para todos los servicios de salud reproductiva y de información al respecto.

Salud mental

272.En la actualidad se dispone de datos sobre casos de trastornos mentales desde que se hicieron mejoras en la reunión de datos y la gestión de las estadísticas del Ministerio de Sanidad entre 2008 y 2012. Las cifras publicadas por el Departamento de Salud Mental indican que la afección más común entre los trastornos de la salud mental en Timor-Leste es la psicosis aguda, con unos 450 casos en mujeres en 2012. La esquizofrenia es la segunda afección más común, con 350 casos en mujeres, seguido de depresión (unos 150 casos en mujeres), trastorno bipolar (60 casos en mujeres) y trastornos de ansiedad (menos de 50 casos en mujeres). En líneas generales, los datos indican que hay una mayor prevalencia de mujeres entre las personas con trastornos mentales: un 55% de las personas con enfermedades mentales son mujeres. La diferencia entre hombres y mujeres es mayor para los trastornos depresivos.

Artículo 13: Prestaciones económicas y sociales

273.Se estima que la prevalencia de la pobreza en Timor-Leste se ha reducido un 9%, pasando del 49,9% en 2007 al 41% en 2009, según el Banco Mundial. El Gobierno ha comenzado medidas de aceleración, con el apoyo de los asociados para el desarrollo. Una esfera de interés es el desarrollo de la economía no relacionada con el petróleo y, más concretamente, la economía rural, de la que depende alrededor del 70% de la población del país. Las mujeres, las poblaciones rurales, los jóvenes y las personas que viven con discapacidad se enfrentan a dificultades particulares para participar plenamente en el desarrollo económico.

274.El Gobierno está aumentando progresivamente su capacidad para proporcionar a su población servicios sociales básicos, incluida la seguridad social. El Plan de Desarrollo Estratégico para 2011-2030 reitera el compromiso de aliviar la pobreza extrema, crear capacidad humana y hacer accesibles los servicios sociales básicos.

Protección social a los grupos vulnerables

275.El Gobierno aprobó el Decreto Ley núm. 19/2008 sobre el apoyo a las personas de edad y las personas con discapacidad a cargo de la Dirección Nacional de Seguridad Social, dependiente del Ministerio de Solidaridad Social.

Cuidado a las personas de edad

276.El censo de 2010 determinó que había alrededor de 87.500 personas de 60 años o más en Timor-Leste, de las cuales poco más de la mitad, 45.000, eran mujeres. Según el Ministerio de Solidaridad Social, alrededor de 85.000 personas se beneficiaron de pensiones para personas de edad en 2011, entre ellas casi 45.000 mujeres. Por lo tanto, prácticamente todas las personas de edad incluidas en el censo, mujeres y hombres, reciben pensiones.

277.Solo el 11% de los beneficiarios residían en Baucau y Dili, los dos distritos más urbanos del país, donde según el censo, vivía el 23% de la población de edad (60 años o más). Esto indica que se benefician de esa pensión principalmente las personas de edad de las zonas rurales. Un proceso de registro intersectorial, en que participan el Ministerio de Administración Estatal, la Dirección Nacional de Estadística y la Secretaría Técnica de Administración Electoral, en los 13 distritos del país evita los errores de exclusión y duplicaciones en la prestación de protección social.

Cuidado a las personas con discapacidad

278.Según el censo de 2010, había 48.243 personas que vivían con discapacidad, que representaban alrededor del 4,5% de la población total. Entre ellas, aproximadamente el 27,5% vivían con discapacidad mental, el 61% con discapacidad visual, el 42,5% con problemas de movilidad y el 36% con problemas auditivos (una persona puede tener varias discapacidades).

279.El Ministerio de Solidaridad Social prestó asistencia en 2011 a aproximadamente 4.800 personas con discapacidad (aproximadamente el 44% mujeres) mediante un programa de subvenciones. Sin embargo, teniendo en cuenta las estadísticas antes mencionadas, el Gobierno únicamente puede prestar asistencia a aproximadamente el 10% de las personas con discapacidad del país.

Ingresos por seguridad social y jubilación

280.El programa del quinto Gobierno Constitucional se compromete a adaptar el actual régimen de transición de la seguridad social y convertirlo en un régimen permanente que garantice las necesidades de protección social básica de los funcionarios y sus familiares a cargo. Ese régimen se ampliará en un sistema de seguridad social contributiva universal para garantizar a todos los trabajadores y familiares a su cargo, en los sectores público y privado, una pensión en caso de jubilación, invalidez o muerte.

Programas de transferencia de efectivo

Atención a los hogares encabezados por mujeres – Programa Bolsa da Mãe

El primer plan de transferencias condicionadas en efectivo de Timor-Leste, denominado Bolsa de la Madre (Bolsa da Mãe), comenzó a principios de 2008 y estaba concebido para abordar la relación que existe entre los hogares encabezados por mujeres vulnerables y la falta de logros educativos de sus hijos como parte de la Política de Acción Social. En 2008 el plan se ensayó en los 65 subdistritos, llegando a 7.051 mujeres viudas jefas de familia y huérfanos. Se aplican cuotas a cada nivel de enseñanza, desde la enseñanza primaria hasta el nivel universitario, y los pagos varían de 40 a 360 dólares al año. Se determinó que la mayoría de los hogares vulnerables estaban encabezados por mujeres (en 2011/12 el 90% de las cabezas de familia eran mujeres).

El programa sigue financiándose con cargo a asignaciones presupuestarias estatales al Ministerio de Solidaridad Social, y la asignación aumentó de 663.750 dólares en 2008 a 2.520.000 dólares en 2012 (un 5% en concepto de gastos operacionales) y se aplica ahora en los 13 distritos del país para unos 14.000 beneficiarios identificados por el Ministerio como familias pobres encabezadas por mujeres.

En 2011 se reorientó el programa para centrarlo en el logro del segundo Objetivo de Desarrollo del Milenio: lograr la enseñanza primaria universal y se eliminaron las categorías de la educación superior. En febrero de 2012, el Parlamento aprobó el Decreto Ley sobre la Bolsa da Mãe a fin de que reflejase con exactitud los nuevos criterios y políticas vigentes sobre la Bolsa da Mãe establecidos para lograr los objetivos de prestar apoyo a los hogares vulnerables encabezados por mujeres en la enseñanza primaria y la inmunización de sus hijos. Sin embargo, durante el proceso de consultas del presente informe se halló que los criterios para la determinación de los beneficiarios seguían siendo poco claros y debían aclararse.

Por último, el Estudio de Protección Social de 2011 del Banco Mundial reveló que desde el comienzo de la aplicación del programa, el 96% de los beneficiarios habían utilizado la subvención para comprar artículos de enseñanza para sus hijos. (Véanse los anexos, cuadro 8.)

Otros programas de transferencia de efectivo

285.Una serie de instituciones gubernamentales, entre ellas el Ministerio de Solidaridad Social, el Ministerio de Agricultura y Pesca, el Ministerio de Desarrollo Económico, la Secretaría de Estado para la Política de Formación Profesional y el Empleo y la Secretaría de Estado para la Promoción de la Igualdad, han participado en el empoderamiento económico de la mujer mediante programas de transferencia de efectivo dirigidos a la mujer. El programa de transferencias públicas de la Secretaría de Estado para la Promoción de la Igualdad y el programa Bolsa de la Madre eran los únicos dos programas todavía en funcionamiento en el momento de redactar el presente informe.

286.La Secretaría de Estado para la Promoción de la Igualdad ha prestado apoyo a grupos de mujeres para poner en marcha pequeñas empresas desde 2008 mediante un plan de transferencia de efectivo. En un principio, se proporcionó poca capacitación y orientación sobre marketing a los grupos destinatarios que recibían las transferencias en efectivo y se consideró insuficiente para el empoderamiento económico. Posteriormente, el plan de transferencia de efectivo se asoció con el IADE, el Ministerio de Desarrollo Económico y la Secretaría de Estado para la Política de Formación Profesional y el Empleo a fin de promover los productos agrícolas de los grupos de mujeres.

287.El monto total concedido hasta 2011 con el Programa de Empoderamiento Económico de la Mujer fue de 349.967 dólares, distribuidos entre 162 grupos de mujeres de los 13 distritos, 48 subdistritos y 103 aldeas. Se concedió a cada grupo de mujeres una media de 2.160 dólares. También, aunque Dili atrajo el 34% del monto total, la mayoría de las donaciones se destinaron a grupos en zonas rurales. El 77% de los grupos (de 2008 a 2010) mantuvo sus actividades.

Acceso a servicios de crédito

288.El acceso al crédito es un problema para las pequeñas empresas y las personas en Timor-Leste, en particular las que viven en zonas rurales. No obstante, el sector está evolucionando actualmente, y para resolver ese problema, el Gobierno integró como objetivos en el último año de la aplicación de las Prioridades Nacionales para el Desarrollo Rural (2011) aumentar la diversidad de productos y servicios financieros disponibles para microfinanciación, y lograr que 10.000 clientes adicionales tuvieran acceso a servicios de microfinanciación, con al menos un 50% de mujeres beneficiarias.

289.Después de terminado el programa de Prioridades Nacionales, tras el Plan de Desarrollo Estratégico 2011-2030, el Gobierno sigue desarrollando los mercados financieros internos, incluidos los préstamos de los bancos comerciales. El Gobierno también está trabajando para difundir la microfinanciación de todo tipo, incluidas las cuentas de ahorros y préstamos para microempresas.

290.En este sentido, en 2012 el Gobierno transformó el Instituto de Microfinanciación de Timor-Leste, establecido en 2001, en el Banco Comercial Nacional de Timor-Leste (BNCTL), que tiene sucursales en todos los distritos y llega a los subdistritos con vehículos que prestan servicios bancarios móviles. El Gobierno tiene previsto ofrecer líneas de crédito como medio para aliviar la pobreza y promover el desarrollo económico, en particular en las zonas rurales. A fin de hacer más fácil el acceso al crédito y la banca para todas las personas, especialmente las mujeres, el BNCTL presta servicios a personas y a microempresas y pequeñas y medianas empresas.

Colaboración con las instituciones de microfinanciación especializadas

291.El sector consta de dos organizaciones no gubernamentales especializadas: Moris Rasik, la institución de microcrédito más grande del país y la principal institución de microfinanciación para la reducción de la pobreza, que opera únicamente en zonas rurales y ofrece préstamos casi exclusivamente a mujeres, y Tuba Rai Metin, que se dedica a programas de microcrédito para mujeres en Dili y en los distritos del este. También hay varias cooperativas de ahorro y crédito y una serie de programas de microfinanciación; esas organizaciones son miembros de la Asociación de Microfinanciación en Timor-Leste.

292.El proyecto Financiación Inclusiva para la Economía de los Desatendidos (INFUSE), ejecutado por el Gobierno, a través del antiguo Ministerio de Desarrollo Económico (ahora Ministerio de Comercio, Industria y Medio Ambiente), en colaboración con sus asociados en la ejecución, el PNUD, el FNUDC y la Agencia de Australia para el Desarrollo Internacional, está fortaleciendo la capacidad de las instituciones de microfinanciación. El programa tiene por fin crear un sector financiero inclusivo con el objetivo general de aumentar el acceso sostenible para todos, hombres y mujeres, a una serie de servicios financieros como el ahorro, el crédito, las transferencias de dinero y los seguros para las poblaciones pobres y de bajos ingresos.

293.El alcance del programa INFUSE, ejecutado por Moris Rasik, Tuba Rai Metin y el BNCTL, ha superado con creces los objetivos, con 141.696 clientes activos a fines de 2012, en comparación con 32.929 en el mismo período en 2008. A pesar de que la gran mayoría de los beneficiarios de los servicios de BNCTL son claramente las mujeres, todavía no hay datos desglosados por sexo. Los datos desglosados por sexo de Moris Rasik y Tuba Rai Metin muestran que el 90,2% de los beneficiarios son mujeres.

Microseguros

294.El programa INFUSE también está facilitando asociaciones de colaboración entre las instituciones de microfinanciación Tuba Rai Metin y Moris Rasik y Seguros Nacionales de Timor-Leste para crear una serie de productos de microseguros regulados. Si bien todavía están en las primeras etapas de desarrollo, esos productos de microseguros tienen un gran potencial para mejorar la estabilidad financiera de muchos timorenses y ya estaban en marcha para 9.000 mujeres con pequeñas empresas en todo el país en enero de 2013.

295.Los dos primeros productos de seguros desarrollados son obligatorios para el desembolso de nuevos préstamos y dan cobertura a mujeres y sus cónyuges. Pueden hacerse pagos si fallece un cliente o el cónyuge de un cliente. Si fallece un prestatario, se cancelará el resto del préstamo y su familia recibirá un pago según el préstamo inicial, con un mínimo de 500 dólares de los Estados Unidos. Si fallece el esposo de la prestataria, la familia recibirá la mitad de la suma en préstamo. Este servicio se concibió a fin de mejorar especialmente la calidad de vida de las viudas, los huérfanos y los necesitados.

296.Cabe destacar que muchas mujeres prestatarias, preocupadas por que los esposos supervivientes pudieran utilizar el pago para volver a casarse en lugar de atender a los hijos, prefirieron no designar a sus esposos como beneficiarios. A fin de mejorar el valor de los nuevos productos, esa información se incorporó en las pruebas piloto del producto.

Artículo 14: Las mujeres de las zonas rurales

De acuerdo con el censo de 2010, Timor-Leste tiene poco más de 1,06 millones de habitantes (el 50,9% hombres y el 49,1% mujeres, y un coeficiente de masculinidad de 102,99). La inmensa mayoría (71%) de la población vive en las zonas rurales (el desglose es el mismo, en particular entre las mujeres del medio urbano y las del medio rural – el 71% son mujeres del medio rural).

Políticas y legislación

El cuarto Gobierno Constitucional ratificó el Decreto Ley núm. 26/2011 sobre el Desarrollo Rural Sostenible, por el que se creó una Comisión Interministerial de Desarrollo Rural, dirigida por el Ministro de Economía y Desarrollo. La principal tarea de la Comisión ha consistido en definir las prioridades para el desarrollo rural, determinar una coordinación interministerial adecuada a fin de identificar, implementar y completar los proyectos y establecer un mecanismo de coordinación y garantía en el marco de la alianza para el desarrollo. La Comisión también estuvo a cargo de incorporar en el Marco Estratégico para el Desarrollo Rural, 2010-2020, al más alto nivel, la recopilación de datos desglosados por sexo y la supervisión de la igualdad entre los géneros. Sin embargo, la disolución del Ministerio de Desarrollo Económico condujo a un vacío de liderazgo y responsabilidades. Durante el quinto Gobierno Constitucional, la reactivación de la Comisión Interministerial está bajo la supervisión del Viceprimer Ministro, con la participación de varios ministerios pertinentes, en particular el Ministerio de Administración Estatal, el Ministerio de Finanzas, el Ministerio de Agricultura y Pesca y el Ministerio de Obras Públicas.

Respecto del acceso al agua para las comunidades rurales, se está formulando una política nacional de recursos hídricos, que se ha sometido al examen de la Dirección Nacional de Recursos Hídricos, adscrita al Ministerio de Obras Públicas. El Programa de Agua, Saneamiento e Higiene en la Comunidad (BESIK – Bee, Saneamentu no Ijiene iha Komunidade) está ayudando al Gobierno de Timor-Leste a formular la legislación, con el apoyo de la Agencia de Australia para el Desarrollo Internacional. Se había previsto que el Parlamento Nacional aprobara esa ley para fines de 2013.

El Decreto Ley núm. 4/2004 sobre el Consumo de Agua Potable y la Gestión de Desechos (en cuyo Grupo de Trabajo participó la Secretaría de Estado para la Promoción de la Igualdad para formular la ley) garantiza un sistema de abastecimiento de agua de las zonas rurales y urbanas, incluidos los servicios de limpieza, y garantiza a todas las mujeres, en particular de las zonas rurales, el acceso a agua potable y un saneamiento adecuado. En consonancia con las aportaciones de la Secretaria de Estado para la Promoción de la Igualdad a la Política de Abastecimiento de Agua y la Política de Saneamiento en 2010-2011, la Política de Abastecimiento de Agua promueve el liderazgo de la mujer rural en comités comunitarios de ordenación del agua fijando una cuota mínima del 30% y una recomendada del 50%, así como el nombramiento de mujeres para cargos técnicos y de gestión. La política de saneamiento promueve el acceso para todos, en particular los aseos públicos separados por sexo, con servicios e instalaciones públicos para la higiene menstrual, especialmente en las escuelas.

El efecto de la incertidumbre respecto de la tierra y la propiedad ha sido una cuestión espinosa y, a menudo, se ha convertido en fuente de conflicto entre los timorenses. La Ley de Tierras (oficialmente denominada Régimen Especial para la Definición de la Propiedad de los Bienes Inmuebles), cuya aprobación está pendiente desde 2008, fue sometida a una amplia revisión entre febrero y abril de 2013, tras la creación de un Subgrupo de Trabajo sobre el Género y la Ley de Tierras. Las aportaciones se centraron en asegurar la participación de la mujer en las consultas sobre el catastro, alentar la adjudicación de títulos de propiedad de la tierra a nombre de ambos cónyuges, asegurar la igualdad entre mujeres y hombres en materia de remuneración y acceso a esta, y otorgar una protección especial durante los procesos de expropiación. La ley se ha sometido nuevamente al Ministerio de Justicia y está pendiente de aprobación por el Consejo de Ministros.

Prioridades y estrategias del desarrollo rural

La mujer del medio rural desempeña un papel fundamental en el desarrollo económico de Timor-Leste, sobre todo en el sector agrícola. A fin de evaluar mejor las necesidades y prioridades de la mujer del medio rural y examinar su papel en los futuros programas agrícolas, en 2008 el Ministerio de Agricultura y Pesca comenzó a formular una política de género para la agricultura, en consulta con mujeres que trabajaban en el sector agrícola, los servicios de extensión y las organizaciones de mujeres, entre otras partes pertinentes. Las opiniones expresadas en los seminarios consultivos se han presentado al comité de redacción de la política de género y se encuentran en las etapas finales.

Seguridad alimentaria para las mujeres del medio rural

La inseguridad alimentaria sigue siendo un problema en Timor-Leste, sobre todo para los niños y las mujeres de las zonas rurales. Según la Encuesta Demográfica y de Salud de 2009-2010, el 27% de las mujeres tenían un índice de masa corporal inferior a 18,5, lo que indica que la malnutrición entre las mujeres es un grave problema de salud pública. Sin embargo, se observó una tendencia positiva en la situación nutricional de las mujeres, ya que según las Encuestas de Demografía y de Salud el porcentaje de mujeres con un índice de masa corporal inferior a 18,5 disminuyó del 38% en 2003 al 27% en 2009/10.

Las mujeres de 15 a 19 años tienen más probabilidades (33%) de estar malnutridas que las mujeres de otros grupos de edad. Las mujeres de las zonas rurales tienen más probabilidades de tener un índice de masa corporal inferior a 18,5 (28%) que las mujeres de las zonas urbanas (24%). El distrito de Bobonaro tiene el porcentaje más alto de mujeres desnutridas (39%), en comparación con el distrito de Baucau, que tiene el porcentaje más bajo (17%).

Una de las formas más comunes de malnutrición en el país es la malnutrición proteinoenergética. En los estudios realizados en el marco de la Encuesta Demográfica y de Salud de 2009-2010, se observó que en los distritos que tuvieron una mala cosecha el estado de nutrición se había deteriorado, empeorando así la inseguridad alimentaria de las comunidades rurales. El Departamento de Nutrición de la Dirección de Salud de la Comunidad, adscrito al Ministerio de Sanidad, ha puesto en marcha varios programas de nutrición.

A fin de promover el crecimiento agrícola y la seguridad alimentaria sostenible y reducir la desnutrición crónica en las zonas rurales, se está promoviendo el proyecto de jardines domésticos, que incluye la mejora de los cultivos en las explotaciones agrícolas y los huertos, la educación en materia de nutrición e instrucciones para cocinar; el 70% de los beneficiarios de este proyecto son mujeres.

Acceso a la infraestructura rural

Construcción de caminos de acceso a las aldeas

El Plan de Desarrollo Estratégico de Timor-Leste 2011-2030 pone de relieve la necesidad de acelerar y aumentar las inversiones en la infraestructura del país, en particular los caminos rurales, como condición clave para lograr el desarrollo sostenible acelerado. En el Plan de Desarrollo Estratégico se establece que el estado de los caminos rurales es en general precario. Los estudios realizados indican que el 3,5% de los caminos están en buenas condiciones, el 27% en condiciones adecuadas, el 52,7% en malas condiciones y el 16,2% en muy malas condiciones.

Habida cuenta de que más del 70% de la población vive en las zonas rurales, es fundamental mejorar la red de caminos de las zonas rurales a fin de vincular a las personas y comunidades, alentar el desarrollo de los recursos agrícolas y naturales, aumentar los ingresos rurales y facilitar la prestación eficaz de servicios públicos, como la atención de la salud, la educación y la seguridad, sobre todo por lo que se refiere a la mujer.

El Gobierno, a través de la Secretaría de Estado para la Política de Formación Profesional y Empleo, hizo participar entre 2009 y 2012 a 13.614 mujeres (35%) y 35.017 hombres (72%) en la reconstrucción de caminos en las zonas rurales, en el marco de un programa de 3 dólares al día. Las mujeres suelen participar en las etapas anteriores a las obras de reconstrucción, realizando tareas como la escarda, la limpieza, la recogida de piedras y otros trabajos ligeros.

Los proyectos de construcción de caminos, de 3 dólares al día, son el resultado de una investigación sobre la “Consolidación de la Paz en las Comunidades” realizada en 2009 con el fin de subvenir a las necesidades inmediatas de las mujeres en muchos hogares de las comunidades rurales. A fin de fomentar la participación de la mujer en los proyectos rurales, hay una comisión en cada una de las aldeas donde las mujeres están representadas en la planificación y la adopción de decisiones en el marco de proyectos de desarrollo rural.

En 2012 se asignó al programa Caminos para el Desarrollo el mandato de administrar todos los caminos públicos. Si bien el Ministerio de Obras Publicas está a cargo del programa, se ha designado a la OIT como el organismo asociado para la ejecución de proyectos del programa. Como resultado del programa, mujeres y hombres de las zonas rurales han obtenido beneficios sociales y económicos de las mejoras en el acceso por tierra. El diálogo normativo con las comunidades se considera fundamental para el éxito definitivo del programa mediante la promoción de arreglos institucionales adecuados para la gestión de los caminos y la incorporación de las preocupaciones sociales y ambientales, incluida la igualdad entre los géneros, en la construcción de caminos.

El objetivo inicial del programa Caminos para el Desarrollo era la participación de la mujer en la fuerza de trabajo en un 30%, y ahora se propone aumentar esa tasa al 50% mediante la aplicación de su estrategia de igualdad entre los géneros, que forma parte del marco de salvaguardias sociales del programa.

Acceso al agua potable y saneamiento apropiado

Según el censo de 2010, el 34,1% de los hogares todavía usan agua de fuentes no mejoradas (como pozos, ríos, lagos y manantiales no protegidos) que corren el riesgo de ser contaminados y con frecuencia son factor de propagación de enfermedades, y la mayoría de esos hogares se encuentran en las zonas rurales. Según la misma fuente, un 57% de las personas que viven en las zonas rurales tienen acceso a fuentes mejoradas de agua potable, frente al 91% en las zonas urbanas.

El tipo más común de saneamiento es “la ausencia de instalación o el monte” (el 28% de los hogares). Una cuarta parte de los hogares (25%) utiliza inodoros comunales que comparten entre varios hogares, lo que aumenta la probabilidad de propagación de enfermedades. Las dos causas principales de mortalidad neonatal e infantil en Timor-Leste, a saber, las infecciones de las vías respiratorias inferiores y las enfermedades diarreicas, están relacionadas directamente con prácticas deficientes de saneamiento e higiene.

No obstante, desde comienzos de 2010 el Gobierno viene realizando mejoras, mediante la ejecución de programas relacionados con los Objetivos de Desarrollo del Milenio en los sucos (aldeas) y del Plan de Desarrollo Estratégico. Según el censo de 2010, el 57% de la población rural de Timor-Leste tiene acceso a fuentes mejoradas de agua potable y el 25% tiene acceso a mejores servicios de saneamiento. En las zonas rurales, la principal fuente de agua potable es un pozo o fuente no protegido (25%), en comparación con las zonas urbanas, donde la fuente de agua potable es el grifo doméstico (el 42% de los hogares). Aproximadamente el 18% de los hogares de las zonas rurales utilizaba instalaciones de saneamiento mejoradas, frente al 61% en las zonas urbanas. El 25% de los hogares rurales tienen acceso a instalaciones para el lavado de las manos con jabón.

También se han logrado mejoras en cuanto al tiempo necesario para la recogida de agua en las zonas rurales. Los datos reunidos durante el período 2011-2012 de 179.878 hogares en 1.954 comunidades indican que un 34% de los hogares necesitó 5 minutos para recoger agua potable, frente al 16% en julio de 2010. El 28% necesitó 30 minutos para recoger agua potable y el 38% necesitó más de 30 minutos. Aunque no se han desglosado por sexo, estas cifras muestran una mejora significativa en los casos en que más comunidades rurales tienen acceso a agua potable en 5 minutos.

Sin embargo, mantener esos sistemas de abastecimiento de agua suele ser un problema y muchas comunidades tienen dificultades relacionadas con su funcionamiento y mantenimiento. La Dirección Nacional de Agua y Saneamiento es el organismo responsable de la participación de las mujeres de las zonas rurales en los grupos de gestión de las instalaciones (Grupu Maneja Fasilidade). La función de esos grupos consiste en mantener las instalaciones reparando las cañerías de agua que se rompen, midiendo el nivel de precipitación y recaudando dinero de los hogares que integran la comunidad para el mantenimiento de la instalación de abastecimiento de agua potable en cada una de las aldeas.

Según los datos de la Dirección Nacional de Abastecimiento de Agua y Saneamiento, establecida en 2010, unas 778 aldeas cuentan con grupos de gestión de las instalaciones (alrededor del 40% de las aldeas). De un total aproximado de 7.262 miembros de esos grupos, el 33% son mujeres. Las mujeres tienen un importante papel que desempeñar en el mantenimiento de las instalaciones de suministro de agua potable. Las mujeres de las zonas rurales tienen la posibilidad de gestionar su acceso al agua potable mediante los grupos de gestión de las instalaciones. Antes de que se ratificase el presupuesto del Estado para 2013, los grupos de gestión de las instalaciones tenían dificultades para realizar sus actividades. Solo el 35% de las instalaciones funciona plenamente y el 45% parcialmente debido a la falta de apoyo y financiación. El Ministerio de Obras Públicas estimó necesario apoyar la reactivación y sostenibilidad de los grupos de gestión de las instalaciones para la sostenibilidad a más largo plazo de un suministro de agua potable haciendo de este una prioridad principal del presupuesto general del Estado correspondiente a 2013.

Apoyo a las actividades económicas y generadoras de ingresos de la mujer

El Gobierno, por conducto de la Secretaría de Estado para la Política de Formación Profesional y Empleo y en colaboración con el Instituto de Fomento del Desarrollo Empresarial, está creando oportunidades para que las mujeres rurales sean autónomas y creen grupos de autoayuda mediante diversas iniciativas de creación de capacidad. La Secretaría de Estado para la Política de Formación Profesional y Empleo y el Instituto de Fomento del Desarrollo Empresarial financian actividades de capacitación para empleadores y empresarios en apoyo de grupos de pequeñas empresas del medio rural, incluidos grupos de empresas de mujeres. Por otra parte, el antiguo Ministerio de Desarrollo Económico también viene prestando asesoramiento a los miembros de grupos cooperativos, impartiendo capacitación a 3.059 participantes en las zonas rurales.

El antiguo Ministerio de Economía y Desarrollo y la OIT habían elaborado conjuntamente actividades, como ferias de productos locales, la primera de ellas en 2008 con 51 expositores, en su mayoría mujeres de las zonas rurales. Los ingresos totales aumentaron progresivamente, de 24.161 dólares en 2008 a 30.245 dólares en 2010. El antiguo Ministerio de Economía y Desarrollo también proporcionó financiación a las organizaciones de mujeres por un monto de 30.000 dólares, que se destinó en su totalidad a la mujer. Además, antiguo Ministerio de Economía y Desarrollo cooperó con la OIT en la elaboración de un programa de capacitación para 500 contratistas, 200 de ellos mujeres que competían en procesos de licitación, y capacitación para 60 aprendices de empresarios, 15 mujeres y 45 hombres.

Basándose en la información proveniente de las visitas a los distritos, realizadas entre 2009 y 2012 por la Secretaria de Estado para la Promoción de la Igualdad, las mujeres han participado en cooperativas y pequeños grupos para criar animales, coser, cultivar la tierra y hacer préstamos y economías, utilizando su propio capital, y con el apoyo de organizaciones no gubernamentales locales y la Secretaria de Estado (véase la sección del presente informe relativa al programa de transferencias en efectivo).

Programa de transferencias en efectivo del Ministerio de Agricultura y Pesca

En 2008 el Gobierno puso en marcha el Fondo de Desarrollo Comunitario para la Agricultura, implementado por el Ministerio de Agricultura y Pesca para centrarse en el fomento de las actividades agrícolas de grupos de mujeres, como la cría de animales (vacas, búfalos, cabras, cerdos y aves de corral), proyectos de reforestación, con inclusión de cocoteros, el cultivo de plantones para la agricultura y proyectos piscícolas. El presupuesto máximo asignado a cada actividad ascendía a 5.000 dólares. En 2011, 79 grupos de mujeres rurales se beneficiaron de este programa, de un total de más de 950 mujeres con un promedio de 850 dólares por grupo.

El Ministerio de Agricultura y Pesca también facilita el acceso a la tecnología prestando asistencia material a las zonas rurales (como tractores o tractores manuales), donde las mujeres también resultaron beneficiadas (ocho grupos en cinco distritos en 2010). Este programa también incluye actividades de capacitación, principalmente en relación con los productos agrícolas de valor añadido.

Artículo 15: Igualdad ante la ley

Pese a los artículos 16 y 17 de la Constitución Nacional sobre “La universalidad y la igualdad” y “La igualdad entre la mujer y el hombre”, una serie de circunstancias limitan la participación de la mujer en la justicia formal (y la justicia tradicional y su disfrute). Dado que la gran mayoría de los casos señalados a los tribunales por mujeres están relacionados con actos de violencia física, puede consultarse la sección del presente informe sobre la violencia por razón de género.

En cuanto al disfrute de la justicia por mujeres víctimas de la violencia doméstica, una investigación reciente de Fokupers reveló una razón invocada por muchas para no llamar a la policía ni someterse al proceso formal de justicia era el temor de que la intervención de la ley condujera a la separación de las parejas. Las mujeres dicen sistemáticamente que no quieren que sus maridos acaben en la cárcel, y es fundamental que la socialización deje en claro que ese no es el resultado inevitable de recurrir a la policía.

Capacidad jurídica

La actualización más importante del aspecto de la igualdad ante la ley en los asuntos civiles consistió en la promulgación del Código Civil en 2011, que difiere en gran medida del Código Civil indonesio antes en vigor. Además de establecer la igualdad entre los cónyuges (art. 1559) y en la edad mínima para contraer matrimonio tanto para los hombres como para las mujeres a los 17 años (arts. 118/1548-1486/1490), el nuevo Código Civil no distingue entre hombres y mujeres en lo que respecta a la capacidad jurídica, el derecho a concertar contratos y nadie puede renunciar, total o parcialmente, a su capacidad jurídica (art. 66). El artículo 78 confirma lo dispuesto en el artículo 66, por el que se prohíbe la limitación voluntaria de los derechos personales.

La ausencia de diferencias de régimen de capacidad jurídica entre la mujer y el hombre los pone en condiciones de igualdad absoluta, ya sea en el ejercicio de sus derechos u obligaciones en relación con la propiedad de bienes, la sucesión, los derechos y los deberes como cónyuge o progenitor. El derecho civil se ocupa de las mujeres y los hombres como sujetos de relaciones jurídicas, asignándoles una capacidad jurídica y un ejercicio de los derechos en pie de igualdad.

Administración de los bienes gananciales

En el artículo 1570 del Código Civil de 2011 también se establece que cada cónyuge puede administrar sus propios bienes, pero también tiene derecho a realizar los actos de la administración ordinaria de los bienes que pertenecen a ambos cónyuges; los demás actos administrativos se efectúan con el consentimiento de ambos cónyuges.

El artículo 1574 dispone que la enajenación o el gravamen de bienes comunes cuya administración dependa de ambos cónyuges requiere el consentimiento de ambos, salvo en el caso de los actos de la administración ordinaria.

En la Encuesta Demográfica y de Salud de 2009-2010 se recopilaron datos sobre la participación de la mujer en la adopción de decisiones en el hogar, lo que corrobora que la mayoría de las decisiones relativas al patrimonio conyugal y a la adquisición de los artículos necesarios importantes y cotidianos de los hogares son adoptadas conjuntamente por los cónyuges.

Residencia familiar

En el Código Civil de 2011 se estipuló que los cónyuges debían elegir su residencia familiar de común acuerdo (art. 1561.1). El tribunal pronunciará un fallo en caso de desacuerdo entre los cónyuges sobre el establecimiento o la modificación del hogar familiar (art. 1561.3).

Este derecho a elegir el hogar familiar mediante acuerdo es mitigado en la práctica por las prácticas consuetudinarias. En los matrimonios tradicionales de las culturas patrilocales y matrilocales, las mujeres o los hombres que se casan comúnmente se ven obligados a abandonar su propia familia y unirse a la familia del cónyuge.

Acceso a la justicia

Véase el párrafo sobre el acceso a la justicia en la sección relativa a la violencia por razón de género.

Artículo 16: Matrimonio y vida familiar

Matrimonio tradicional y su regulación por el Código Civil

En Timor-Leste, el matrimonio se considera una institución central y la base de la organización social. En las prácticas consuetudinarias tradicionales, el matrimonio se celebra mediante sistemas de clanes de linaje patrilineal o matrilineal. La práctica consuetudinaria que sella las relaciones entre las familias de los contrayentes consiste en un intercambio de regalos entre las familias de la pareja, denominado barlake. El matrimonio según las normas tradicionales (conocido como lisan – las creencias y los valores de cada clan) regula la mayoría de los aspectos de la vida familiar, incluida la titularidad de la propiedad, los rituales funerarios, los lugares de entierro y las funciones de los hijos y las hijas.

El Código Civil de 2011 regula el matrimonio y lo define en el artículo 1467 como “un contrato entre dos personas de distinto sexo que tienen la intención de constituir una familia por medio de una comunidad de vida completa, de conformidad con los términos y disposiciones de este Código”.

El Código Civil reconoce tres formas de matrimonio según el artículo 1475 1): civil, católico o tradicional. Los dos últimos tipos de matrimonio reciben el mismo valor que un matrimonio civil en la medida en que se atengan a los principios del derecho civil establecidos en los artículos subsiguientes.

Registro de todos los matrimonios

El Código Civil de 2011 requiere el registro de todos los matrimonios de los ciudadanos de Timor-Leste dentro o fuera del país (art. 1538), a fin de que el matrimonio sea reconocido oficialmente. En el artículo 1542 3) se dispone el registro de los testigos de todos los matrimonios monógamos tradicionales. La regulación del matrimonio mediante el registro debería permitir que el Estado prohíba ciertos tipos de matrimonio que suscitan preocupación, como la unión poligámica y el matrimonio de menores de edad.

La Iglesia católica también ha contribuido a la lucha contra la poligamia mediante el control de la inscripción de los matrimonios y el apoyo al matrimonio monógamo, como se refleja en el Código Civil. En este sentido, en el artículo 1542 1) se dispone que para todo matrimonio católico celebrado en Timor-Leste, el párroco debe enviar al servicio del registro civil un duplicado del registro de la parroquia para su transcripción en el libro civil.

Edad mínima para contraer matrimonio

Respecto de la edad mínima para contraer matrimonio según el Código Civil indonesio antes en vigor (art. 29: 15 años para las mujeres y 18 para los hombres),existía discriminación entre el hombre y la mujer. El Código Civil de 2011 fijó la edad mínima para contraer matrimonio en los 17 años para hombres y mujeres (art. 1493), lo que supone una mejora para las niñas.

El artículo 1500 del Código Civil autoriza el matrimonio de las personas menores de 17 años y mayores de 16, pero deben contar con la autorización de los padres o de un tutor (art. 1493). El matrimonio de menores de 16 años está prohibido (art. 1490).

Esponsales de jóvenes y matrimonio de menores de edad

Pese a que ha aumentado la edad mínima legal para contraer matrimonio, la Encuesta Demográfica y de Salud de 2009-2010 indica que en los últimos decenios ha disminuido notablemente la edad media para contraer matrimonio de 22 años entre las mujeres que hoy tienen entre 45 y 49 años, a 20,6 años entre las mujeres que hoy tienen entre 25 y 29 años. Esta tendencia es contraria a lo que suele ocurrir en los países en proceso de cambio social y con mayor acceso a la educación, cuyo efecto suele retrasar la edad para contraer matrimonio.

Una posible explicación es que el sistema de dote aceptado en algunas comunidades en Timor-Leste, por el que un hombre paga una dote a la familia de la futura esposa, puede ejercer cierta presión o fomentar el matrimonio precoz entre las mujeres, dado que un hombre que contrae matrimonio con una mujer ya embarazada no está obligado a pagar una dote.

Lucha contra la poligamia

Si bien el Código Civil reconoce tres tipos de matrimonio, todos ellos deben ser monogámicos de conformidad con el artículo 1475 1). Sin embargo, la actitud de tener más de una esposa sigue siendo una práctica recurrente, sobre todo en las uniones tradicionales. Los datos de la Encuesta Demográfica y de Salud de Timor-Leste de 2009-2010 muestran que aproximadamente el 2% de las mujeres casadas viven en una unión poligámica. Los datos también indican que las mujeres del grupo de edad más joven (15 a 19 años) y del grupo de más edad (40 a 49 años) tienen más probabilidades de vivir en uniones poligámicas que las mujeres entre 20 y 39 años. Por ejemplo, casi el 3% de las mujeres de 45 a 49 años viven en uniones poligámicas, frente al 1% de las mujeres de 20 a 24 años.

Se consideró que la poligamia era una de las principales cuestiones que debía abordarse en el Plan de Acción del Congreso Nacional de Mujeres para 2008-2012, debido a que era una de las prácticas que reforzaba y exacerbaba la violencia por razón de género. El Congreso de Mujeres sostuvo que la poligamia podía conducir al divorcio y la inestabilidad económica, y ser fuente de frustración y problemas psicológicos entre las mujeres y los niños, lo que a su vez podía generar violencia en el hogar.

Familia, herencia y derechos de propiedad

Tradicionalmente, el matrimonio se considera no solo una alianza entre dos personas sino también un conjunto de relaciones y obligaciones entre las familias extensas, denominadas umane, en referencia a la familia de la mujer, y fetosan, en referencia a la familia del marido.

La definición de la familia según el artículo 3 de la Ley sobre la violencia doméstica encaja en este contexto debido a su amplia interpretación de la noción de familia. En el artículo 1466 del Código Civil también se establece que el matrimonio, el parentesco, la afinidad y la adopción son fuentes de relaciones jurídicas de familia.

Como resultado de ello, y pese a las disposiciones del Código Civil, el sistema de sucesión sigue discurriendo por cauces matrilineales y patrilineales, en particular en las zonas rurales (véase el informe inicial sobre el disfrute de la propiedad de la tierra por las mujeres).

Herencia con arreglo al Código Civil

En materia de sucesión con arreglo al Código Civil de 2011, los hombres y las mujeres tienen la misma capacidad en materia de sucesión, es decir, la misma capacidad para heredar o recibir bienes de acuerdo con sus propias normas en materia de herederos hasta el tercer grado y legatarios y el derecho de representación (arts. 1896 y 1903). En virtud del artículo 1897, ninguna de las personas nacidas o concebidas en el momento de la apertura de la sucesión están excluidas por ley del derecho a heredar. La ley también define las cláusulas aplicables a los sucesores y determina el régimen en que se les denomina herederos, sin distinguir entre hombres y mujeres.

Relaciones de hecho

En cuanto al derecho a la propiedad de las parejas de hecho o consensuales, desde el punto de vista cultural, se dice que los hombres y las mujeres que cohabitan sin un marco oficial “se han elegido” mutuamente; esta forma de cohabitación se considera análoga al matrimonio, pero no tiene carácter vinculante ni está dotada de la estructura de obligaciones y derechos vinculantes para las familias de ambas partes que entraña el matrimonio. Por lo tanto, su derecho a la propiedad de bienes puede ser vulnerable.

Mientras que las uniones de hecho están reconocidas en la lista de miembros de la familia que figura en el artículo 3 b) de la Ley sobre la violencia doméstica, el Código Civil no incluye a las parejas de hecho en su definición de familia. El Grupo de Trabajo sobre Cuestiones de Género y la Ley de la Tierra de 2009 expresó su preocupación por la protección de los derechos de las parejas de hecho y recomendó que el Código Civil, en proceso de elaboración, otorgara a esas parejas derechos en pie de igualdad con las parejas de matrimonios civiles, incluso en lo que respecta a la tierra y los derechos de propiedad en virtud de la legislación.

Elección del cónyuge

Inclusive el régimen más conservador de matrimonio tradicional, ya sea matrilineal o patrilineal, en que los representantes de las familias de los novios se encargan de los arreglos relacionados con el intercambio de obsequios sin la intervención de estos, suele permitir que los jóvenes elijan a su propia pareja. Además, cabe señalar que en el matrimonio tradicional las prácticas son cada vez más participativas.

De acuerdo con la Constitución, todas las personas tienen derecho a elegir su propio marido, mujer o pareja por decisión libre, teniendo en cuenta los intereses de ambas partes. Se han producido cambios, ya que la nueva generación tiene más probabilidades de ser libre de decidir y elegir con quien desean casarse, en comparación con las generaciones de más edad. Aun así, todavía están sujetos a las obligaciones de barlake o lisan.

Derechos y responsabilidades de los cónyuges

El Código Civil establece la igualdad de los cónyuges y la dirección conjunta de la familia. La igualdad de derechos y deberes implica que ambos cónyuges deben ponerse de acuerdo sobre el rumbo de su vida en común, como dispone el artículo 1559. Ya sea por lo que se refiere a los efectos personales o a los bienes conseguidos durante el matrimonio, la legislación establece la igualdad entre los cónyuges, tanto en derechos como en deberes. El artículo 1560 dispone que los cónyuges “están vinculados mutuamente por las obligaciones de respeto, fidelidad, cohabitación, cooperación y asistencia”.

El artículo 1562 se refiere a “la obligación de prestar ayuda y apoyo mutuo y a las responsabilidades conjuntas relacionadas con la vida familiar”. El artículo 1564 menciona que “la obligación de contribuir a la carga de la vida de familia es responsabilidad de ambos cónyuges [...]”. Las normas sobre la gestión de los bienes públicos y privados y su ejercicio, que figuran en los artículos 1570 y 1573, requieren la aprobación de ambos cónyuges para disponer de los bienes inmuebles o gravarlos (art. 1575). Es interesante señalar que el Código Civil de 2011 contiene también una disposición específica, el artículo 1569, sobre la libertad de ambos cónyuges para ejercer cualquier profesión o actividad sin el consentimiento del otro cónyuge.

Sin embargo, en la cultura tradicional, tanto entre las comunidades patrilineales como matrilineales, el marido es el jefe de la familia y, por lo tanto, corre con la responsabilidad de ganar dinero. La mujer se ocupa del hogar, cuida de los hijos y ayuda al marido en el campo en las temporadas de mayor actividad. También puede ganar dinero ejerciendo una actividad secundaria (como el ta’is, venta de combustible, o un empleo remunerado), pero ello no disminuye su papel en el hogar.

Divorcio

El Código Civil prevé el divorcio en el artículo 1650: “ambos cónyuges pueden recurrir a los tribunales, conjuntamente o el uno contra el otro, en este último caso, por motivo de violación culpable de los deberes conyugales”. La división de los bienes está relacionada con el régimen de propiedad elegido para el matrimonio y la índole consensual de la controversia o el divorcio.

Período de espera para volverse a casar tras el divorcio y el fallecimiento de un cónyuge

El Código Civil contiene una disposición sobre el período de tiempo que hay que esperar antes de volver a contraer matrimonio tras un divorcio o la muerte de uno de los cónyuges (plazo internupcial), de 180 días para los hombres y 300 días para la mujer (art. 1494). La ley permite a la mujer contraer matrimonio después de 180 días si obtiene una “declaración judicial que confirme que no está embarazada o si no tiene hijos tras la disolución del matrimonio, la declaración de nulidad o la anulación del matrimonio anterior” (art. 1494-2).

Esta diferencia entre el hombre y la mujer en cuanto al plazo internupcial puede derivarse de un dogma social respecto de la viudez, ya que la ley impone un “duelo oficial” entre la disolución del matrimonio anterior y la celebración de uno nuevo. También puede tener como objeto evitar casos de turbatio sanguinis o conflictos de presunción jurídica de la paternidad del hijo nacido con posterioridad a la celebración de un segundo matrimonio.

Conforme a las prácticas consuetudinarias de Timor-Leste, el plazo habitual de espera para una mujer o un hombre antes de volver a contraer matrimonio tras la muerte del cónyuge es de un año (al menos 360 días). Una vez concluidas todas las ceremonias (lisan para la muerte y el funeral) que celebra la familia del marido (fetosan) y la familia de la mujer (umane), termina el período del luto y se concede al viudo o la viuda el derecho a iniciar una nueva vida.

Otra práctica consuetudinaria común tras la muerte de uno de los cónyuges, que no está contemplada o determinada en el Código Civil, es el matrimonio forzado del viudo o la viuda con el cuñado o la cuñada del cónyuge fallecido.