Introducción
De conformidad con el Artículo 18, el propósito del presente Informe inicial es satisfacer todas las obligaciones del Gobierno de Timor-Leste en relación con la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (CEDAW). El 16 de abril de 2003, el Parlamento ha ratificado esta Convención y su respectivo Protocolo Facultativo, sin reservas. El presente Informe abarca el período desde la independencia, declarada el 20 de mayo de 2002, hasta el 19 de mayo de 2006.
En 2002, el Secretario General, en su segundo Informe sobre la reforma de las Naciones Unidas “Fortalecimiento de las Naciones Unidas: un programa para profundizar el cambio” (A/57/387), exhortó a que se perfeccionaran los procedimientos de preparación de informes relativos a tratados. Posteriormente, en 2004, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos preparó, formuló, produjo y aprobó directrices para nuevos procedimientos de preparación de informes (HRI/MC/2004/3). El año siguiente, se revisaron esas directrices (HRI/MC/2005/3) y se ensayaron en Timor-Leste en virtud de un acuerdo concertado entre el Ministerio de Relaciones Exteriores y Cooperación y la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos.
Con arreglo a esta propuesta de directrices, se preparó una versión ampliada de un Documento Básico común, junto con un informe relacionado con tratados concretos. La versión final del Documento Básico común, presentado como parte del Informe inicial relativo a la CEDAW, incluye información sobre el marco jurídico de Timor-Leste, el marco general de protección de los derechos humanos y las correlativas disposiciones extraídas de cada uno de los siete tratados básicos de derechos humanos. Esas disposiciones correlativas abarcan temas como igualdad y no discriminación; medidas correctivas; derechos procesales; participación en la vida pública; y matrimonio y vida en familia. La sección correspondiente concretamente a la CEDAW tiene el propósito de individualizar y considerar detalladamente cuestiones concretas de derechos de la mujer y debe leerse conjuntamente con el Documento Básico común en el marco general de la promoción y protección de los derechos humanos en Timor-Leste. El Informe relativo a la CEDAW también contiene un anexo sobre los datos disponibles, desagregados por sexo, en las esferas que abarca la Convención, de conformidad con las directrices relativas a la forma y el contenido de los informes iniciales de los Estados Partes (HRI/GEN/2/Rev.1/Add.2).
Este Informe inicial tiene el propósito de proporcionar un panorama general de la situación de las mujeres en Timor-Leste, con miras a establecer en qué medida el Gobierno ha adelantado hacia el cumplimiento de sus obligaciones en virtud de la Convención. Dicho Informe inicial fue preparado con la asistencia del Gobierno y de varias ONG y entidades de la sociedad civil, así como de organismos de las Naciones Unidas, y utiliza una amplia selección de investigaciones sobre derechos de la mujer, inclusive datos, cuando éstos estuvieron disponibles, de ministerios técnicos y otras fuentes, entre ellas el Censo nacional de 2004. El Informe destaca los progresos logrados en cuanto a la Convención y describe los actuales obstáculos y limitaciones que se oponen al disfrute de los derechos de la mujer en Timor-Leste.
Cabe esperar que este Informe inicial proporcione una base para la preparación del primer Informe periódico, además de una evaluación de futuras necesidades y aspiraciones en materia de empoderamiento de la mujer, así como de formulación de políticas y planes para el logro de esos objetivos.
El presente Informe fue preparado por la Oficina del Asesor del Primer Ministro para la Promoción de la Igualdad (OPI), con la orientación y la coordinación de la División de Tratados Multilaterales y Derechos Humanos del Ministerio de Relaciones Exteriores y Cooperación.
El proceso
En 2004 se formuló un plan general en cinco etapas para la preparación de los informes sobre tratados, el cual fue propuesto en febrero de 2005 al Consejo de Ministros. A lo largo del tiempo, este plan ha evolucionado y mantiene su flexibilidad para seguir evolucionando en función de las necesidades del programa. Esas cinco etapas generales son las siguientes:
•Primera etapa:Planificación preliminar
•Segunda etapa:Iniciación oficial del proceso de socialización y preparación de los informes sobre tratados
•Tercera etapa:Consultas gubernamentales y comunitarias para recopilar datos destinados a los informes sobre tratados
•Cuarta etapa:Consulta interministerial sobre los proyectos de informe
•Quinta etapa:Edición y revisión finales y presentación de los informes al Secretario General y a los Comités de Derechos Humanos.
El Ministerio de Relaciones Exteriores y Cooperación tenía la responsabilidad general de coordinar la preparación de informes, y la Oficina del Asesor del Primer Ministro para la Promoción de la Igualdad (OPI) fue responsable de preparar el informe relativo a la CEDAW. Se recibió un alto grado de asistencia técnica y financiera, especialmente por parte del UNIFEM, además del apoyo de otros organismos de las Naciones Unidas, entre ellos la Dependencia de Derechos Humanos de la UNMISET/UNOTIL, el ACNUR, el PNUD, el UNICEF y el UNFPA.
El proceso de recopilación de datos con destino al Informe inicial abarcó una amplia campaña de socialización relativa a la CEDAW en cinco distritos: Ainaro, Maubara, Baucau, Oecussi y Dili, realizada en 2005 y 2006. La socialización abarcó impartir capacitación sobre el Protocolo Facultativo de la Convención y la preparación de un Informe paralelo. Esas actividades correspondieron a representantes de entidades del Gobierno y de la sociedad civil en cada distrito, con el propósito de intensificar su concienciación sobre los derechos humanos de la mujer, promover una comprensión más a fondo de la CEDAW y fortalecer la capacidad de promoción de los derechos humanos de la mujer mediante la aplicación de la Convención en todos los niveles. Los resultados de esos intercambios de ideas, inclusive las preocupaciones planteadas y las recomendaciones prioritarias, se han incorporado en todo el Informe.
En 2004, se formó un Grupo de Trabajo sobre la CEDAW integrado por representantes de entidades del Gobierno y de la sociedad civil. Este Grupo tenía los siguientes propósitos: 1) apoyar a la Oficina de Promoción de la Igualdad y al Equipo de preparación del informe sobre la CEDAW en la recopilación y compaginación de la información para el Informe inicial; 2) asesorar a la Oficina de Promoción de la Igualdad y al Equipo de preparación del informe sobre la CEDAW con respecto a las estrategias para fortalecer las alianzas entre el Gobierno y las entidades de la sociedad civil en la preparación del Informe inicial; 3) asesorar a la Oficina de Promoción de la Igualdad y al Equipo de preparación del informe sobre la CEDAW con respecto a la realización de campañas de concienciación pública a fin de llamar la atención sobre la CEDAW y los derechos humanos de la mujer, especialmente en zonas rurales; y 4) asesorar en relación con las estrategias para intensificar el uso de la CEDAW como instrumento de promoción dentro del Gobierno y en la sociedad civil.
Dado que en 2003 y 2004 el Gobierno ratificó todos los tratados básicos de derechos humanos, Timor-Leste asumió la obligación de aplicar sus disposiciones y de informar a los Comités internacionales sobre los adelantos en su aplicación.
Según el tratado, el Informe inicial relativo a la CEDAW debe presentarse en el plazo de un año a contar de la fecha de ratificación y, posteriormente, los informes periódicos han de presentarse cada cuatro años.
Instrumentos
Se prepararon cuestionarios para posibilitar la recopilación de datos con destino al Documento Básico común y a los documentos relativos a cada uno de los tratados. Esos cuestionarios se basan en disposiciones concretas de los respectivos tratados, así como en las directrices para la preparación de informes preparadas por la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos. Los cuestionarios se distribuyeron entre los distintos organismos gubernamentales, por conducto de sus respectivos coordinadores en cuestiones de género y derechos humanos, y también a grupos focales regionales, inclusive el Grupo de trabajo sobre la CEDAW, como medio de obtener aportaciones de todas las dependencias del Gobierno, inclusive las existentes a nivel de distrito.
Socialización
De conformidad con el plan original, una vez que todos los documentos estuvieran redactados y traducidos al portugués, se iba a celebrar una serie de consultas interministeriales, previstas para febrero de 2006. No obstante, el plan quedó trunco debido a la crisis que enfrentó el país.
A fin de velar por un efectivo programa de socialización a nivel comunitario, también se previó la traducción de los proyectos de informe al idioma tetum, aprovechando el grupo de traductores del sector de justicia recientemente capacitados bajo los auspicios del Ministerio de Justicia y aprobados por el Instituto de Lingüística. Pero también fue necesario posponer la finalización de este plan debido a los eventos ocurridos en el país el año pasado; sin embargo, la traducción del Informe sobre la CEDAW ya había comenzado en 2006 y se reanudará, a la espera de la aprobación definitiva del proyecto de informe por parte del Consejo de Ministros.
Tomando en cuenta las dificultades dimanadas de la crisis, se cancelaron los procesos de socialización y consultas públicas relativas a los proyectos de informe. No obstante, esto no afecta la naturaleza participatoria del proceso de preparación de informes, considerando que los procesos de recopilación de datos, tanto para la CEDAW como para la CRC, se basan en amplias consultas a todos los niveles.
Pese a los cambios introducidos en el plan original, es importante reiterar que entre diciembre de 2004 y agosto de 2005 se llevaron a cabo las siguientes actividades.
i.Se realizó una reunión introductoria en cada uno de los 13 distritos para informar a los participantes acerca de las obligaciones del Gobierno en cuanto a la presentación de informes y alentar la participación a nivel de distrito en el proceso de preparación de informes.
ii.Se llevaron a cabo tres ciclos de talleres o grupos focales regionales con entidades gubernamentales y de la sociedad civil, a fin de reunir información para la preparación de la documentación relativa al CCD, la CRC y la CEDAW.
iii.Los representantes de la organización International Women’s Rights Action Watch (IWRAW) (Asia y el Pacífico), con el apoyo del programa del UNIFEM para el Asia sudoriental, ofrecieron capacitación sobre el Protocolo Facultativo de la CEDAW y la preparación de informes paralelos.
Cabe destacar que los informes aprobados por el Consejo de Ministros y presentados a las Naciones Unidas, así como las observaciones y recomendaciones formuladas por los Comités,serán oportunamente objeto de un proceso de socialización.
Problemas
Durante el proceso de preparación del informe hubo numerosos problemas, entre otros los siguientes:
•Preparación y coordinación del Documento Básico común/Reforma. Suscitó problemas conceptuales sustanciales. Tratar de elaborar una metodología o un cuestionario utilizando las directrices para el CCD fue un proceso enormemente difícil, dado que el concepto del CCD plantea distinciones arbitrarias en cuanto a la información que debe ubicarse en diferentes secciones del informes.
•Cambiante naturaleza de los ámbitos internacionales y nacionales. Está en curso la reforma de los órganos encargados de vigilar el cumplimiento de los tratados internacionales y esta constante evolución dificulta saber cuál será la estructura definitiva de los informes en el futuro. Además, también está cambiando rápidamente el ámbito nacional de Timor-Leste, pues frecuentemente entran en vigor nuevas leyes y políticas.
•Necesidad intensa de recursos. Pese al intento de simplificar la preparación de informes reformando el sistema, el nuevo mecanismo sigue requiriendo grandes cantidades de recursos, razón por la cual sigue siendo un proceso dificultoso para los Estados.
•Falta de conocimientos. En los ministerios gubernamentales y las comunidades hay escasos conocimientos sobre las disposiciones de los tratados.
•Apropiación/Involucramiento de los interesados pertinentes (entre ellos ministerios, ONG, comunidades). Es una tarea ardua obtener aportaciones de todas las dependencias gubernamentales. Los coordinadores de cuestiones de género y de derechos humanos a nivel ministerial, así como a nivel de administraciones de distrito, han aportado importantes contribuciones. No obstante, tanto los coordinadores de cuestiones de género como los de derechos humanos suelen no poseer información sobre ciertos temas o carecen de atribuciones para proporcionarla.
•Falta de información. Ausencia de información actualizada sobre esta dísticas y políticas.
•Problemas de idioma. La traducción de los informes a tres idiomas (portugués para la aprobación ministerial, tetum para las consultas y la socialización, e inglés para la presentación a las Naciones Unidas) requiere recursos sustanciales y se corre el riesgo de que en la traducción se pierdan algunas ideas o datos.
•¿Cómo lograr que los informes sean pertinentes a la planificación del desarrollo? Ésta es una cuestión que ha de considerarse en el futuro.
Principales comprobaciones
Panorama general sobre la situación de la mujer
La situación de la mujer e n Timor-Leste
El sistema social dominante en Timor-Leste es predominantemente patriarcal y asigna responsabilidades diferentes a los hombres y a las mujeres.
Esto tiene consecuencias a diversos niveles, por ejemplo, las inversiones en la educación de las niñas son menores y el número de niños varones que llegan al nivel más alto de educación es superior al número de niñas.
Según los datos del Censo de 2004, las tasas de analfabetismo de adultos son superiores para las mujeres (25%) que para los hombres (22%).
La participación de las mujeres en la fuerza laboral es menor que la de los hombres y por lo general las mujeres están ubicadas en los niveles jerárquicos más bajos, con menores salarios, menos prestaciones y menos posibilidad de avanzar en sus carreras profesionales. La tasa general de participación de la mujer en la fuerza laboral es 52%, mientras que para los hombres es 69%.
Tradicionalmente, las mujeres no participan en la adopción de decisiones, lo cual tiene repercusiones sobre su preparación y sobre la aceptación social de las mujeres en la política, lo cual se traduce, por ejemplo, en que en todo el país hay sólo 7 mujeres que son jefas de suco y 22 que son jefas de aldea.
La salud de las mujeres es deficiente, especialmente en lo concerniente a la salud reproductiva. Hay altas tasas de malnutrición entre las embarazadas, la tasa de mortalidad derivada de la maternidad se estima en 800 por cada 100.000 nacidos vivos y la tasa de fecundidad es de aproximadamente 7 hijos por mujer. A esto se agregan prácticas tradicionales que no favorecen la salud de las mujeres y los niños.
Hay una gran incidencia de violencia por motivos de género, de la cual las mujeres son las víctimas principales.
Progresos logrados
Hay creciente conciencia acerca de la necesidad de promover el papel de las mujeres en la sociedad a todos los niveles.
Se registra un aumento en la participación de las mujeres en funciones ejecutivas clave, entre ellas:
•Varias Ministras y Viceministras en ministerios básicos, como administración del Estado, planificación y hacienda y educación y cultura;
•Un 26% de los parlamentarios son mujeres;
•Un 24% de los funcionarios de la administración pública son mujeres.
La Constitución prevé igualdad de derechos y de deberes de hombres y mujeres en la familia y en la vida cultural, social, económica y política. También garantiza la protección contra la discriminación por motivos de género, así como la igualdad de derechos y obligaciones en lo concerniente al trabajo y a la elección de una profesión.
A fin de velar por la vigencia de dichos principios, se estableció la Oficina del Asesor del Primer Ministro sobre Promoción de la Igualdad (OPI), con el mandato de velar por la incorporación de la perspectiva de género en todas las dependencias del Gobierno.
Hay adelantos sustanciales hacia la incorporación de la perspectiva de género, en algunos Programas de Inversiones Sectoriales (SIP) y también dado que el Asesor del Primer Ministro sobre Promoción de la Igualdad es miembro permanente de los grupos de trabajo encargados de SIP.
La Ley Electoral para jefes de suco y consejos de suco otorga a mujeres la posibilidad de ser electas como jefas de suco y de participar en los consejos de suco.
Se impartieron cursos de capacitación y concienciación sobre cuestiones de género en todos los organismos del Gobierno y entidades de la sociedad civil pertinentes.
Se organizaron varios eventos y campañas para crear conciencia y abordar problemas concretos, como la violencia por motivos de género, inclusive en los medios de difusión.
Se prepararon varias publicaciones, entre ellas las Directrices sobre incorporación de la perspectiva de género en el Gobierno, así como manuales de investigación y capacitación.
Documento Básico común
Parte I. Información fáctica y estadística general
Se incluye un panorama estadístico general, así como la historia política y la estructura constitucional, política y jurídica general.
Parte II. Marco jurídico general para la protección y promoción de los derechos humanos
En esta parte se proporciona información básica acerca del marco para la protección de los derechos humanos. Se incluye información sobre qué derechos pueden suspenderse y cuándo, por ejemplo, al declararse estado de excepción o estado de sitio, así como información sobre leyes concretas que limitan los derechos humanos.
También se incluye información sobre organismos nacionales y especializados de Timor-Leste que tienen incumbencia en materia de derechos humanos, incluida la Oficina del Asesor sobre Promoción de la Igualdad.
Por último, en esta sección se ofrece información fáctica sobre otros sectores de interés, entre ellos los programas de capacitación y educación sobre cuestiones de género, el papel de las organizaciones de mujeres en la sociedad civil y la incorporación de las perspectiva de género en todas las cuestiones del Gobierno. Esta sección también incluye información sobre el progreso efectuado en relación con la incorporación de la perspectiva de género, incluida información sobre las políticas esbozadas en el Plan Nacional de Desarrollo, los adelantos logrado en diversos sectores del Gobierno, la estrategia adoptada por la Oficina del Asesor del Primer Ministro para Promoción de la Igualdad, la aprobación de mecanismos para el cumplimiento de algunos de los requisitos previos de la incorporación de la perspectiva de género, como el análisis de la legislación en función del género y los datos desagregados por sexo. También abarca los obstáculos con que se tropezó en la puesta en práctica de la incorporación de la perspectiva de género y las recomendaciones y prioridades inmediatas de la Oficina.
Parte III. Concordancia de las disposiciones sustantivas de dos o más tratados
A.No discriminación e igualdad
•Las desventajas que afectan a determinados grupos en Timor-Leste abarcan las basadas en consideraciones de género.
•Aun cuando la Constitución asegure la igualdad de las mujeres ante la ley y la igual protección de las mujeres, en realidad el acceso de las mujeres a los recursos judiciales queda limitado por diversos factores, entre ellos la escasez o ausencia de recursos financieros; la falta de transporte; el desconocimiento de los idiomas portugués, inglés o tetum; el limitado conocimiento de las personas acerca de sus derechos protegidos por ley, y el largo tiempo necesario para llevar a término los procedimientos judiciales.
•Las prácticas tradicionales también son un obstáculo en lo concerniente a tener acceso a las instituciones judiciales, especialmente en los casos de violencia en el hogar y de violencia por motivos de género en general. Con frecuencia las mujeres son objeto de estigma y de presión social para que los casos se resuelvan en el ámbito de la familia.
•Se ha señalado que el Ministerio de Trabajo y Reinserción en la Comunidad (MLCR) también puede adoptar “medidas especiales” para subsanar las prácticas discriminatorias y las percepciones que pueden menoscabar la igualdad de oportunidades y de trato para la mujer en su acceso a la capacitación y al empleo, así como en las condiciones de su empleo. Dichas medidas no se consideran discriminatorias.
•Durante las elecciones celebradas en 2001 para la Asamblea Constituyente, se pusieron en práctica varias medidas de “acción afirmativa” a fin de promover la participación de las mujeres en las elecciones. Como consecuencia, un 26% de los parlamentarios nacionales son mujeres.
•En 2004 se aprobó la Ley sobre Elección de Jefes de suco y Consejos de suco, que garantiza a la mujer el derecho a ser elegida Jefa de aldea o miembro de un Consejo de aldea.
•El Ministerio de Trabajo y Reinserción en la Comunidad, por intermedio de la División de Seguro Social (DSS) y conjuntamente con una ONG local, la Fundación Alola, otorga aproximadamente 700 becas para mujeres jóvenes.
•Se ha tratado de formular una ley sobre la violencia en el hogar que incluya disposiciones de mantenimiento, para asegurar el apoyo a las víctimas de la violencia en el hogar y de sus hijos.
B.Garantías procesales (detención y custodia, proceso penal, justicia tradicional)
•El sistema penal procura la rehabilitación de los presos mediante programas sociales y educacionales. Además de otros programas preparados por el Ministerio de Justicia y el PNUD, la OPI, junto con el UNFPA, pone en práctica un programa de control del comportamiento para delincuentes violentos.
•Se han establecido servicios especiales de apoyo (atención médica de emergencia, asesoramiento jurídico, psicosocial y consultas) para apoyar a las víctimas de violencia en el hogar, ataques sexuales y maltrato a los niños. Las principales fuentes de servicio son la Dependencia de Protección de Personas Vulnerables (VPU) de la Policía Nacional de Timor-Leste (PNTL), los organismos gubernamentales y las ONG.
Justicia tradicional
•El sistema oficial de resolución de controversias es costoso y los ciudadanos no están familiarizados con él, por consiguiente, la Ada t (justicia tradicional) disfruta de gran apoyo comunitario. A menudo la comunidad percibe que éste es el sistema más rápido y equitativo de resolver controversias.
•En esta sección se esboza la estructura del sistema de justicia tradicional.
•La estructura jerárquica del sistema tradicional se pone en evidencia en las desigualdades resultantes de su aplicación, por ejemplo, el derecho a heredar tierras corresponde en prioridad a los hombres.
•Normalmente, en los procedimientos de la justicia tradicional no se incluye a las mujeres. Las mujeres, por lo general, no reciben indemnización del perpetrador; ésta normalmente se entrega a los miembros masculinos de la familia de la víctima.
•Frecuentemente, las mujeres son objeto de presión por sus familias o por el perpetrador para resolver una controversia, por ejemplo violencia en el hogar, por vías tradicionales y no por los mecanismos oficiales.
•El uso de sistemas tradicionales para resolver casos de delitos graves, como el ataque sexual, es motivo de preocupación.
•Aún queda mucho por hacer para armonizar el sistema de justicia tradicional con el sistema oficial.
C.Participación en la vida pública
Derecho a tener un a nacionalidad
•Garantías constitucionales; leyes o reglamentaciones que rigen la ciudadanía de origen y la adquirida, incluidos los medios de renunciar a la ciudadanía.
•Papel del Ministerio de Justicia en la adquisición de ciudadanía.
•Se destaca la igualdad de derechos a la ciudadanía, es decir, los hombres y las mujeres disfrutan de los mismos derechos y no se deniega esa igualdad de derechos a muchos extranjeros casados con mujeres de Timor-Leste, entre ellos hombres procedentes de Indonesia.
Derecho a la participación política
•Se destacan las garantías constitucionales, incluido el derecho a establecer partidos políticos y a participar en ellos, el derecho y el deber de votar y ser elegido, y la no discriminación en la participación política.
•Se establece el marco de tres tipos de elecciones, es decir, presidencial, parlamentaria y de jefe de suco o de miembros de consejo de suco.
•Se establece una Comisión Nacional Electoral independiente con fuerte representación de mujeres (25%) para supervisar y observar elecciones y recibir denuncias.
•El Gobierno propicia decididamente la participación de la mujer en condiciones de igualdad; las mujeres ocupan importantes posiciones en el Gobierno, entre ellas, Ministra y Viceministra de Administración del Estado, Ministra y Viceministra de Planificación y Hacienda, y Viceministras de Relaciones Exteriores y de Educación.
•La representación de las mujeres en el Parlamento es de 26%; y las mujeres están cada vez mejor representadas en puestos diplomáticos y en algunos ministerios de la administración pública.
•La Ley de 2004 sobre Elecciones de suco y Consejos de suco confiere a las mujeres el derecho a ocupar cargos de jefas de aldea o ser elegidas como miembros de consejos de aldea.
•Entre los obstáculos a la participación política en condiciones de igualdad figuran la cultura patriarcal; los niveles más bajos de educación de la mujer, sumados a sus altas tasas de analfabetismo; y el limitado tiempo de que disponen para la participación política debido a las numerosas responsabilidades asumidas en el hogar.
•La OPI ha realizado activos esfuerzos en apoyo de una mayor participación de las mujeres en Timor-Leste, mediante el programa “Apoyo al empoderamiento de la mujer”. Por conducto del Programa para fortalecer el liderazgo de las campesinas y su participación en la consolidación nacional de Timor-Leste (PERWL), ejecutado conjuntamente con el UNIFEM, la Oficina ha iniciado la capacitación de posibles mujeres candidatas y funcionarias electas durante el período de las elecciones a los suco s. Ha producido materiales de información, educación y comunicación (IEC) y ha realizado campañas en los medios de difusión para alentar la participación de las mujeres en calidad de candidatas y el ejercicio de su derecho a votar en las elecciones.
D.Asuntos sociales y económicos
Niveles de vida
•Timor-Leste sigue siendo uno de los países menos adelantados, y ocupa sólo el lugar 140 en la categorización según el Índice de Desarrollo Humano.
•Dos de cada cinco personas son pobres y los pobres están concentrados mayormente en zonas rurales.
•Los niños son las personas más pobres, mientras que las personas de edad son las menos pobres.
•Los hogares que tienen por jefe a un hombre están en condiciones sistemáticamente superiores a las de los hogares que tienen por jefa a una mujer en lo concerniente a educación, salud y bienestar subjetivo.
•Las probabilidades de una mujer de recibir alimentos son inferiores a las de un hombre o un niño.
E.Matrimonio y vida en familia
Matrimonio
•Las relaciones en la familia se rigen por una combinación de leyes civiles, religiosas y consuetudinarias.
•Hay una limitada capacitación de trabajadores sociales y grupos profesionales para abordar las relaciones de la familia; pero se impartió capacitación en materia de salud, justicia y violencia por motivos de género.
•En teoría, cada persona tiene derecho a escoger a su cónyuge, pero hay obvias limitaciones con respecto al matrimonio entre ciertos miembros de ciertas familias, por ejemplo, entre primos, aun cuando los matrimonios en Timor-Leste son concertados de preferencia entre hijos de una mujer y del hermano de ésta (lo cual es, en efecto, matrimonio entre primos).
•Pese a la creciente libertad para escoger cónyuge, con frecuencia el esposo de una mujer se elige al nacer ésta. No se permite que una niña incumpla la promesa formulada por sus progenitores, aun cuando no guste de su futuro esposo o, en verdad, no tenga amor por él.
•La poligamia es ilegal, pero la práctica persiste. No obstante, es difícil determinar la verdadera magnitud del problema, dado que el registro civil estipula que sólo se ha de registrar el nombre de una de las esposas. Como resultado, las “primeras esposas” son descuidadas, pues el tiempo y el dinero del esposo se dedican a las otras familias de éste.
•La Constitución afirma la igualdad en la vida en familia, pero los papeles y los conceptos tradicionales impiden la plena vigencia de este derecho; esto puede ilustrarse por el hecho de que por lo general, los títulos hereditarios se transfieran a lo largo de la línea de sucesión masculina.
•Se presume que los hombres son los protagonistas principales en el matrimonio y que adoptan las decisiones en nombre de la familia. Se espera de las mujeres que acaten la voluntad de sus esposos en la mayoría de las cuestiones, que se sacrifiquen sistemáticamente por sus esposos y que se abstengan de abochornar a la familia.
•La responsabilidad principal de la mujer es tener hijos, mientras que la del hombre es salir del hogar para ir a trabajar y mantener a sus hijos.
•Los papeles de género se imponen rígidamente desde muy corta edad y también pueden redundar en el subdesarrollo de la educación y las aptitudes interpersonales y de otra índole de la mujer.
•A partir de la independencia comenzaron a cambiar las actitudes culturales y cobró impulso la idea de igualdad. Hay crecientes expectativas de que las mujeres expresen sus puntos de vista sobre diversas cuestiones.
•Según la ley, tanto los hombres como las mujeres pueden iniciar trámites de divorcio, aunque el intervalo para poder contraer matrimonio nuevamente es diferente para hombres y mujeres.
•De conformidad con el derecho tradicional, un hombre puede separarse de su esposa, pero debe abonar una suma sustancial a la familia de la esposa.
•En algunas comunidades, si una mujer desea separarse, es preciso proporcionar una “esposa sustitutiva”, sin necesidad de efectuar un pago.
•Dado que la sociedad de Timor-Leste es sólidamente católica, no se propicia el divorcio y cuando las mujeres desean divorciarse, no reciben una pensión de “alimentos”.
•En los pocos casos en que el divorcio se lleva a cabo, se trata mayormente de familias de altos ingresos y la intención es concertar una nueva relación.
•Según la ley, los hombres pueden contraer matrimonio a los 18 años de edad y las mujeres, a los 15 años. En Timor-Leste se acepta que haya matrimonios en la infancia, principalmente en los casos en que se ha concertado el matrimonio al nacer la niña, o como resultado de la extrema pobreza, en que puede acordarse un barlake.
Barlake /precio de la novia
•En muchos distritos, el precio de la novia no es ilegal y se considera que el aspecto más importante de la celebración del matrimonio es el intercambio de artículos entre la familia del novio y la familia de la novia.
•Las mujeres activistas afirman que el precio de la novia es fuente de discriminación y desigualdad, mientras que los ancianos afirman que este sistema valoriza a la mujer. La realidad, según se informa, es que el precio de la novia tiene ramificaciones para las mujeres en muchos aspectos de la vida del matrimonio y que, una vez que se paga el barlake las mujeres son consideradas de propiedad del esposo. En esa situación, algunos promotores de los derechos humanos opinan que el barlake es una causa de violencia contra la mujer.
•Varias consultas efectuadas han indicado que los hombres también se consideran víctimas, debido a la presión para que abonen sumas sustanciales por concepto de barlake.
•Si bien muchos titubearían en eliminar el barlake, la carga que crea sobre las familias está pasando a ser imposible de soportar.
Cuidado de los hijos
•La Constitución proporciona un firme reconocimiento de la familia y las responsabilidades de padres y madres y de la comunidad respecto de los niños, y también establece que las prácticas consuetudinarias han de respetarse en la medida en que sean compatibles con las normas internacionales.
•Las leyes aseguran la igualdad de derechos y responsabilidades en el matrimonio; no obstante, debido a las prácticas consuetudinarias, esa igualdad no necesariamente existe en la realidad.
•En general, hay dos tipos de prácticas para la crianza de un hijo después de la muerte de su padre: el sistema patrilineal y el sistema matrilineal. En el sistema matrilineal, en caso de muerte del padre o divorcio, el hijo permanece con la madre. La madre tiene el derecho primordial de adoptar decisiones relativas a la crianza del hijo. En el sistema patrilineal ocurre lo contrario. En caso de divorcio o de fallecimiento del padre, y si la madre no vuelve a contraer matrimonio, tanto la madre como el niño siguen siendo parte de la familia del padre y la responsabilidad de la crianza del hijo se transfiere a la familia paterna amplia. Si la madre decide volver a contraer matrimonio, el hijo sigue permaneciendo con la familia del padre y, en algunos casos, la madre puede perder el derecho de cuidar a su hijo. Esto podría constituir una práctica discriminatoria respecto de la cual será necesario considerar soluciones jurídicas y administrativas oficiales.
•Actualmente, el sistema de justicia está en acelerado cambio y hasta la fecha hubo una limitada intervención del Estado en cuestiones de familia (por lo general, sólo cuando se detectaron graves conculcaciones a los intereses prioritarios del niño.
Temas específicos
Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (CEDAW)
Violencia por motivos de género (Artículo 2 de la CEDAW)
•Aun cuando se trata de un problema generalizado, antes de 1999 había escasa información sobre la naturaleza y la magnitud de la violencia por motivos de género en Timor-Leste. Sólo recientemente las mujeres comenzaron a expresar sus necesidades y a hacerse oír con respecto a un problema que tradicionalmente se ha considerado cuestión privada y reservada al ámbito de la familia.
•De todas las mujeres consultadas en un estudio que realizó en 2003 el Comité Internacional de Rescate, la mitad (51%) de todas las mujeres consultadas indicaron que en los 12 meses precedentes habían temido por su seguridad en sus relaciones con sus esposos. Casi la cuarta parte (24,8%) de esas mujeres habían sido objeto de violencia por parte de un compañero íntimo.
•Según las cifras dadas a conocer por la Policía Nacional de Timor-Leste, en el período de enero a octubre de 2005 se recibieron denuncias de 492 casos de “violencia en el hogar”. De esos casos, dos terceras partes (330) procedían del distrito de Dili solamente. En cambio, las estadísticas de la Fiscalía General para el mismo período sólo informan de 118 casos de “maltrato” y “violencia en el hogar”.Esto indica una disminución en el número de casos sometidos a consideración del Fiscal por conducto de la policía. Entre las razones cabe mencionar vergüenza, dependencia económica de la mujer respecto del perpetrador, falta de apoyo de la familia y frecuente aplazamiento de los casos por el Tribunal.
•Los organismos y organizaciones que trabajan en materia de violencia por motivos de género carecen de estándares uniformes para la recopilación de datos. Por ejemplo, muchos casos registrados como “violencia en el hogar” podrían involucrar el maltrato sexual de niños. Esto dificulta la realización de adecuados análisis comparativos anuales o el seguimiento del curso de los casos.
•A partir de 2001, la OPI, con el apoyo del UNFPA, ha puesto en práctica un proyecto encaminado a fortalecer la capacidad nacional para abordar la violencia por motivos de género. En el curso de este programa se formuló la Ley contra la Violencia en el Hogar, que está lista para su presentación final ante el Consejo de Ministros, una vez que se haya promulgado el Código Penal. Dicha ley es más avanzada que las actuales disposiciones jurídicas en la materia, pues proporciona una definición más amplia de violencia en el hogar e incluye el maltrato físico, mental y sexual, tanto directo como indirecto. También incluye las normas que rigen los pagos de alimentos después de la separación de la pareja debida a la violencia en el hogar y prevé el establecimiento de albergues para las víctimas.
•La OPI colabora con varias ONG, algunas de las cuales han estado ocupándose del tema a partir de 1999, a fin de establecer y fortalecer una red básica de servicios para las víctimas de violencia en el hogar, ataque sexual y maltrato a los niños. Los principales servicios para las víctimas de violencia por motivos de género pueden agruparse a grandes rasgos en las siguientes categorías: de índole policial (Dependencia de Protección de Personas Vulnerables establecida en 2001); servicios médicos; servicios psicosociales; y servicios jurídicos.
•Para la mayoría de las mujeres y los niños que viven en zonas rurales de Timor-Leste sigue siendo muy difícil acudir en procura de los servicios de la red de remisión de clientes, puesto que dichos servicios están mayormente ubicados en Dili.
•Actualmente, se han establecido redes oficiosas y de comunicación entre los encargados de prestar servicios, pero no hay entre ellos memorandos de entendimiento ni protocolos oficiales de remisión de personas a fin de oficializar las remisiones de clientes y esto puede crear confusión.
•En 2005-2006, uno de los integrantes de la red de remisión de personas preparó una versión inicial del “Protocolo sobre Violencia en el Hogar, Asalto Sexual y Maltrato Infantil para Examinadores Médicos y Forenses”, que es un formulario estandarizado con diagramas, para recoger pruebas objetivas en casos de violencia en el hogar, ataque sexual y maltrato a la infancia. Se está impartiendo capacitación a los médicos para que realicen exámenes forenses.
•En 2005, la OPI, conjuntamente con el UNFPA, inició un programa sobre control de la cólera y los comportamientos violentos para presos convictos por episodios de violencia sexual y violencia en el hogar. Este programa forma parte de una estrategia de rehabilitación y prevención cuyo propósito es dotar a los delincuentes violentos de aptitudes para abstenerse de actos de violencia, antes de que salgan de la cárcel y se reintegren en sus comunidades.
•Con el apoyo del UNFPA y del UNIFEM, la OPI ha organizado cursos de capacitación sobre violencia en el hogar en beneficio de agentes de policía, fiscales, miembros de la judicatura, jefes de suco y entidades de la sociedad civil.
•La OPI también ha colaborado con la Asociación de Hombres contra la Violencia (AMKV), y ha ofrecido una serie de talleres comunitarios sobre cambio de las actitudes de los varones miembros de las comunidades con respecto a las mujeres y el recurso a la violencia, creando al mismo tiempo un espacio de diálogo entre hombres y mujeres sobre este tema.
•La OPI ha iniciado una enérgica campaña de lucha contra la violencia por motivos de género que incluye los 16 días de la Campaña nacional contra la violencia y otras campañas en los medios de difusión (televisión, radio, prensa escrita), talleres impartidos en las escuelas y actividades realizadas conjuntamente con la Iglesia.
•Aun cuando es mucho lo que ha logrado la OPI, especialmente en relación con adelantos jurídicos como la Ley contra la Violencia en el Hogar, las tareas de promoción y preparación del Código Penal, que ahora tipifica como delito la mayoría de los delitos sexuales, y el Decreto Ley para Líderes de suco, quienes se encargan ahora de prevenir la violencia en el hogar en sus comunidades, persisten algunos problemas de gran magnitud. EL problema de la violencia por motivos de género en Timor-Leste está generalizado y actualmente los recursos para combatirlo son limitados. Es necesario reconocer que es mucho lo que queda por hacer en cuanto a “ganar corazones y mentes” de manera que haya un cambio de actitudes en la sociedad y esto garantice que no se tolere ningún tipo de violencia por motivos de género.
Papeles y estereotipos culturales (Artículo 5 de la CEDAW)
•En el Segundo Congreso Regional de Mujeres celebrado en 2004, las participantes reconocieron públicamente los aspectos patriarcales de la cultura en Timor-Leste y formularon objeciones contra ellos, puesto que tienen efectos negativos sobre las mujeres y les impiden participar plenamente en la sociedad, por ejemplo, poligamia, barlake y normas de sucesión.
•Entre otras formas negativas de estereotipos figuran la restricción a la movilidad de la mujer, de modo que sólo pueda salir de su hogar en determinadas oportunidades, por ejemplo, hacer compras en el mercado o asistir a servicios religiosos.
•Son comunes los matrimonios precoces.
•Una población de gran magnitud se considera un factor de importancia crucial para el logro del desarrollo de Timor-Leste. Tanto los hombres como las mujeres piensan que es necesario repoblar el país, especialmente tras la gran cantidad de vidas perdidas a raíz del conflicto durante la ocupación por Indonesia. Esta opinión prevalece pese a los riesgos que corre la salud de las mujeres al tener gran cantidad de hijos con poco espaciamiento entre alumbramientos sucesivos.
•Se aconseja a las mujeres que después del parto no amamanten a sus hijitos con la primera leche de su pecho, puesto que se considera que está “contaminada”. Otra tradición para muchas mujeres es mantener envueltos a sus recién nacidos durante al menos un mes, en la convicción de que deben permanecer en el interior de la vivienda, cerca del fuego y sin exposición al aire exterior.
•Debido a las creencias culturales, las mujeres consideran que su primer deber es atender a las necesidades de su familia y es poco probable que soliciten y reciban tratamiento, a menos que estén gravemente enfermas.
•Las familias no alientan a las mujeres a asistir a la escuela, puesto que se espera que al contraer matrimonio se marchen del hogar de su familia y, en esas circunstancias, carece de sentido que la familia de su esposo se beneficie con su educación. En muchos casos también se carece de los medios financieros de sufragar una educación.
•No se espera de las mujeres ni se las alienta a que se transformen en líderes tradicionales, ni siquiera las mujeres pertenecientes a clanes matrilineales. Las mujeres pueden asumir papeles de liderazgo, pero sólo si pueden probar que son tanto o más capaces que un hombre para ocupar ese mismo cargo.
•En los medios de difusión de Timor-Leste es frecuente que se presente a las mujeres con sujeción a estereotipos sexuales negativos. Los medios de difusión suelen presentarlas como víctimas, pero no aportan modelos de comportamiento para un cambio. Al informar acerca de delitos, con frecuencia se revela la identidad de las mujeres.
•Un de las principales esferas programáticas de la OPI es “promover una cultura de igualdad en Timor-Leste”. Entre los adelantos al respecto cabe mencionar la capacitación de las organizaciones de difusión sobre los principios de la igualdad de género; la producción de programas de radio sobre la CEDAW; las publicaciones que informan sobre la participación y la contribución de las mujeres a la lucha de resistencia, y la regular participación en seminarios a nivel nacional, de distrito y de subdistrito, así como en universidades y escuelas.
•No es fácil cambiar los estereotipos negativos respecto de la mujer, puesto que éstos les han sido asignados durante un largo tiempo.
•También se reconoce que hay muchos elementos de la cultura del país que son valiosos y deben ser preservados.
Trata de mujeres y prostitución de la mujer (Artículo 6 de la CEDAW)
•En Timor-Leste, la trata de seres humanos es un delito pasible de encarcelamiento. La trata de niños acarrea castigos más graves.
•Timor-Leste es un país de destino de la trata de personas con fines de explotación sexual.
•No está claro si Timor-Leste es un país de tránsito o un país cuyas mujeres y niñas son objeto de trata.
•Se ha formulado el Código Penal, de próxima aprobación, con la expresa intención de imponer castigos a quienes participan en los delitos de trata de personas, explotación sexual de terceros, prostitución y pornografía. Actualmente no hay en vigor ninguna ley que tenga el objetivo expreso de proteger los derechos de las víctimas de la trata de personas.
•En el momento de prepararse el informe, la prostitución misma no es un delito con arreglo a las leyes de Timor-Leste pero, como se indicó precedentemente, se considera un delito la trata con propósitos de prostitución.
•En virtud del Código Penal de próxima aprobación, no se prevén castigos para los clientes o “usuarios finales” de materiales pornográficos. No obstante, pueden ser castigados si participan en la distribución, la difusión, la importación o la exportación de esos materiales.
•Según investigaciones, la mayoría de las mujeres que trabajan en la industria del sexo en Dili son nacionales del país y luego siguen, por orden de magnitud, las oriundas de Indonesia, China, Tailandia y Filipinas. En el grupo encuestado, el promedio de edades al incorporarse a la industria del sexo era 17 años.
•Las mujeres, en su mayoría, ingresan en la industria del sexo como resultado de algún trauma que afectó profundamente sus vidas, por ejemplo, abuso sexual anterior por parte de un pariente cercano o un amigo, y/o apremios económicos.
•La prostitución existe a nivel de distrito, aun cuando a una escala menor que en la capital. Éstas suelen ser mujeres muy vulnerables, entre ellas, viudas, que no tienen otros medios de ganarse la vida.
•Es frecuente el comportamiento violento contra las trabajadoras en la industria del sexo y muchas mujeres han denunciado incidentes de violencia, a raíz de maltrato infligido por sus clientes. Muchas mujeres participantes en la industria del sexo son aisladas por la comunidad en general, especialmente en los distritos.
•El Gobierno ha adoptado varias medidas para hacer frente al problema de la trata de personas en Timor-Leste. Ha asignado responsabilidad al Departamento de Migraciones de la Policía Nacional de Timor-Leste para que investigue los casos de trata de seres humanos con arreglo a la Ley de Inmigración y Asilo.
•Hubo algunos malentendidos y casos de aplicación errónea de las leyes en vigor sobre trata de personas. Hubo casos de mujeres que trabajaban en la industria del sexo a las que se acusó de trata de personas y se las deportó sin determinar si eran posibles víctimas de trata.
•El Gobierno respondió a este problema estableciendo un Grupo interministerial de trabajo integrado por representantes gubernamentales, entre ellos del Ministerio de Relaciones Exteriores y Cooperación, representantes de organismos de las Naciones Unidas, como la OIM, y de ONG. Dicho Grupo de trabajo, que se estaba reestructurando en momentos de preparar este informe, tiene el propósito de fortalecer la participación de todos los sectores gubernamentales a fin de crear conciencia, tanto en el Gobierno como en la sociedad civil, sobre los problemas de la trata. También tiene el propósito de ofrecer orientación en la formulación de políticas y procedimientos para facilitar la migración legal y combatir la migración irregular, incluido el contrabando y la trata de personas desde y hacia Timor-Leste.
Igualdad en la educación (Artículo 10 de la CEDAW)
•Uno de los principios orientadores de la Ley Básica sobre la Educación es asegurar la igualdad de oportunidades para ambos sexos.
•Las niñas son objeto de discriminación en lo tocante a su acceso a la educación debido a prácticas tradicionales, como el matrimonio y el embarazo precoces y las pesadas tareas en el hogar.
•En la matriculación a nivel de la escuela primaria no hay diferencias de género; pero a partir del nivel escolar presecundario, hay crecientes tasas de abandono escolar de las niñas.
•Las pesadas tareas domésticas, las largas distancias para llegar a la escuela, los aranceles escolares, las preocupaciones relativas a la disciplina y la falta de retretes separados, además de las creencias culturales relativas a la educación de las niñas, son factores que impiden su asistencia a la escuela.
•Los resultados de los exámenes indican que las niñas se benefician con la educación en todos los grupos de edades, aun cuando en grupos de edades mayores, tienden a estar retrasadas respecto de los niños varones.
•Las mujeres están insuficientemente representadas en la profesión docente y en la administración de las escuelas.
•Las madres adolescentes están en situación particularmente desventajosa y tienen escasa o ninguna oportunidad de regresar a la escuela después de haber dado a luz. Hay escasas oportunidades de ayudar a las madres solteras, embarazadas y jóvenes que no han podido adquirir una alfabetización básica.
•Actualmente no hay a escala nacional programas sistemáticos realizados con financiación gubernamental para mejorar la asistencia de las niñas a la escuela en Timor-Leste.
•Los intentos de introducir actividades deportivas sistemáticas, especialmente para las niñas, a niveles más adelantados han quedado obstaculizados por una limitada capacidad técnica y humana y por el insuficiente e inadecuado equipo.
•En las escuelas, hay una ausencia general de educación sobre salud sexual y reproductiva en la adolescencia. El Ministerio de Salud, con el apoyo de organismos de las Naciones Unidas, ha organizado una serie de “Talleres sobre aptitudes para la vida” que se ofrecen en las escuelas en beneficio de las niñas, en temas como la salud reproductiva y el VIH/SIDA, y también se abordan cuestiones como las relaciones entre los géneros, la comunicación y la adopción de decisiones.
•Por lo general, las mujeres están insuficientemente representadas en la educación terciaria. A este nivel, tienden a estudiar temas como idiomas, educación y economía.
•Las diferencias de género son pronunciadas en cuanto a tasas de alfabetización de adultos. El porcentaje de hombres de todas las edades a partir de los 9 años de edad que saben leer y escribir es superior al de mujeres en el mismo tramo de edades.
•Diferentes organismos han establecido programas de alfabetización y de enseñanza de adultos, con diversos grados de éxito. El Departamento de Educación no Académica (DNFE) en el Ministerio de Educación ofrece clases de alfabetización en los 13 distritos.
•Es difícil alentar a las mujeres a que asistan a los programas educacionales y participen activamente en ellos. Las razones de su falta de participación son simétricas de muchas de las razones de su falta de participación en la vida política: escaso o ningún apoyo, responsabilidades en la familia y el cuidado de los niños, falta de tiempo, eventos comunitarios tradicionales considerados más importantes que las clases, y falta de transportes, todo ello sumado a la falta de confianza en las propias habilidades y a la creencia de que son “demasiado viejas”.
•Las razones que dieron las mujeres para querer mejorar sus niveles de alfabetización oscilan desde poder leer periódicos y anuncios en paradas de autobuses, saber la hora, demostrar más confianza al adquirir artículos en tiendas y mercados, comprender la administración de sus negocios, comprender la Constitución y los derechos que ésta les garantiza, hasta preservar su dignidad básica.
Igualdad en el empleo (Artículo 11 de la CEDAW)
•Según el censo de 2004, las mujeres realizan el 43% de todas las tareas de subsistencia (agricultura y pesca), aun cuando el porcentaje es más alto en Dili (66%). Es muy probable que las cantidades reales sean muy superiores, puesto que la mayor parte del trabajo remunerado de la mujer tiende a ser subestimado o no incluido en las estadísticas oficiales. Se da por sentado el trabajo de las mujeres y normalmente no se lo remunera.
•Las mujeres enfrentan muchos obstáculos que les impiden aprovechar las oportunidades en el sector paralelo o no estructurado de la economía (informal). Entre esos obstáculos cabe mencionar el bajo nivel de sus aptitudes, las barreras culturales, la falta de tiempo y de movilidad y la falta de mercados para sus productos.
•Según los datos del censo de 2004, las mujeres y los hombres representaban, respectivamente, 43% y 57% de la fuerza laboral. Por otra parte, la tasa de participación de las mujeres (52%) era inferior a la de los hombres (69%). Actualmente, aproximadamente un 9% de todas las mujeres tienen empleo remunerado, en comparación con 13% de los hombres. Es mayor la cantidad de hombres que tienen empleo remunerado, especialmente en Dili.
•Además, las mujeres tenían más altas tasas de desempleo que los hombres en los centros urbanos; 1 de 4 mujeres está desempleada, en comparación con 1 de cada 7 hombres.
•Los puestos administrativos, policiales, docentes y de enfermería, todos los cuales son en teoría neutrales respecto al género, en la práctica favorecen a los hombres en comparación con las mujeres.
•De las mujeres que trabajan, la representación en el Gobierno era 24%; proporciones similares estaban empleadas por las Naciones Unidas (25%) y las ONG (23%) y poco menos de la mitad de los empleados en industria privada (48%) eran mujeres.
•Se ha denegado la igualdad de oportunidades de las mujeres en materia de empleo debido a una combinación de factores, por ejemplo, muchas mujeres no solicitan empleo dado que carecen de la educación académica y la experiencia necesarias para competir con los hombres en igualdad de condiciones. Además, las creencias culturales impiden a las mujeres ir en procura de empleo fuera del hogar. El trabajo fuera de las horas normales no es socialmente aceptable.
•En zonas rurales y remotas, las mujeres comprueban que es particularmente difícil obtener información acerca de oportunidades de empleo, especialmente las que tienen altos niveles de analfabetismo.
•Entre los puestos en el sector público, son pocos los ocupados por mujeres y la proporción es aun menor en los niveles superiores. Las mujeres están mayormente concentradas en grandes números en esferas como la educación, la salud, las cuestiones laborales y los servicios sociales, pero incluso en esos sectores, constituyen una minoría.
•Hasta la fecha, no se ha efectuado en Timor-Leste ningún estudio oficial sobre las condiciones laborales y se carece de información concreta a fin de comparar el porcentaje de mujeres que trabajan a jornada completa con las que trabajan a jornada parcial.
•Después de la aprobación en 2004 de la Ley de la Administración Pública, el Gobierno ha estado emitiendo decretos complementarios sobre cuestiones relativas al sistema de promoción de las perspectivas de carrera, un plan de jubilaciones y pensiones, un régimen de licencias, así como normas para nombramientos y evaluación del desempeño.
•Las mujeres no participan en sindicatos y no se las alienta a adherirse a ellos. Cada uno de los cinco principales sindicatos en Timor-Leste cuenta con miembros del sector femenino, aun cuando su participación sindical sigue siendo mínima.
•En la legislación actual se prevén medidas para impedir el trabajo en condiciones peligrosas. No obstante, en Timor-Leste el trabajo en condiciones peligrosas puede incluir las tareas domésticas en que, por ejemplo, hay riesgo de enfermedades pulmonares resultantes del humo en la vivienda o quemaduras por cocinar con fuego. También son comunes las enfermedades transmitidas por el agua entre quienes trabajan en los campos y trastornos como el prolapso de útero debido al acarreo de cargas pesadas.
•Las leyes actualmente en vigor prohíben el acoso sexual en el lugar de trabajo. Las consultas celebradas con organizaciones de mujeres han indicado que el acoso sexual en el lugar de trabajo es un problema de gran magnitud de Timor-Leste. El Servicio de Conciliación y Mediación del Ministerio de Trabajo y Reintegración en la Comunidad ha recibido varias denuncias presentadas por mujeres.
•La Constitución confiere a las mujeres el derecho a obtener licencia con goce de sueldo y prestaciones antes y después de dar a luz; no obstante, no existe una reglamentación especial que indique claramente que ni el embarazo ni el estado civil de la mujer pueden afectar su seguridad en el empleo.
•Muchas mujeres que solicitan licencia de maternidad reciben sólo una pequeña porción de las prestaciones, o no reciben ninguna remuneración, o se encuentran desempleadas cuando tratan de regresar después del parto. No hay servicios de guarderías infantiles sufragadas por el Estado para las madres que trabajan.
Igualdad de acceso a los servicios de atención de la salud (Artículo 12 de la CEDAW)
•Con frecuencia, las mujeres carecen de acceso a los servicios de salud, dado que los costos de atender a sus necesidades suelen ser superiores a los de los hombres de la misma familia. Las mujeres han indicado que obtener dinero es un problema “de gran magnitud” para tener acceso a consultas y tratamientos médicos.
•Con frecuencia, las mujeres necesitan el permiso de sus esposos para recibir tratamiento médico.
•La falta de confianza en sí mismas y la reticencia para hablar de asuntos íntimos también impiden que las mujeres soliciten asistencia médica.
•La falta de información sobre dónde encontrar servicios y las largas distancias a recorrer para llegar a centros de salud comunitarios y puestos de salud, especialmente en zonas rurales o remotas, se agregan a las razones por las cuales las mujeres no solicitan tratamiento médico.
•Los servicios de salud para la mujer se han focalizado en responder a las necesidades en materia de salud reproductiva. No obstante, las mujeres han tropezado con dificultades para obtener acceso a servicios de salud no relacionados con problemas reproductivos, como la salud mental, por ejemplo, los traumas y otros trastornos psicológicos conexos.
•Pocas mujeres están empleadas en establecimientos de salud a nivel administrativo, de gestión y de servicios, aunque todas las parteras son mujeres.
•Hay en el país limitados servicios de atención prenatal y postnatal. De las mujeres residentes en zonas serranas, un 53% no recibe ningún tipo de atención prenatal.
•La mayoría de las mujeres (57%) habían recibido atención médica al menos dos veces durante su embarazo, en su mayoría en las etapas iniciales antes del sexto mes. Por otra parte, según las normas médicas, sólo un 14% de esas mujeres habían efectuado una cantidad adecuada de visitas en el momento adecuado.
•El acceso a personal de partería calificado, especialmente para atención obstétrica de emergencia, es limitado en Timor-Leste y, por ende, muchas mujeres y sus hijitos siguen perdiendo la vida durante el trabajo de parto, a menudo en el hogar.
•Entre las complicaciones que pueden surgir durante el parto figura la hemorragia, en que la muerte puede ocurrir en lapsos de 1 a 6 horas. Éste es un particular problema en Timor-Leste, dado que por lo general hay una demora inicial hasta decidir ir en busca de ayuda y una segunda demora para llegar a los servicios de salud más cercanos antes de que finalmente se le niegue a la paciente la atención apropiada debido a que se carece de sangre para transfusiones o de médicos presentes en los servicios de salud.
•Entre los factores contribuyentes a las altas tasas de mortalidad derivada de la maternidad en Timor-Leste figura la baja utilización de personal de partería calificado; las irregulares visitas para reconocimientos médicos prenatales; los breves intervalos entre sucesivos alumbramientos; la tuberculosis, el paludismo y otras enfermedades; y la falta de acceso a atención obstétrica esencial y de emergencia.
•Una abrumadora mayoría de mujeres (90%) dan a luz en su hogar, seguidas por un 9% que utilizan servicios de salud pública y una minoría (1%) atendida en servicios de salud privado. La medicina tradicional sigue desempeñando un importante papel en Timor-Leste.
•Los partos, en su mayoría, reciben la asistencia de una parienta o amiga (61%). Le siguen por orden de importancia la partera tradicional (19%), y una enfermera o partera diplomada (15%).
•A solicitud del Ministerio de Salud, el UNFPA ha formulado y comenzado a poner en práctica un programa de capacitación de parteras y médicos sobre atención obstétrica de emergencia y atención del recién nacido. La capacitación se imparte en el Hospital Nacional de Dili y hospitales de mayor complejidad en Baucau, Suai, Maliana y Oecussi.
•El Gobierno también está previendo un ensayo piloto de hogares de espera para la maternidad en cinco distritos, en virtud de los cuales las embarazadas ingresan a la órbita del hospital dos semanas antes de la fecha prevista para el parto. Esto forma parte de una iniciativa general para alentar la atención del parto por personal capacitado y posibilitar el acceso a la atención obstétrica de emergencia si aparecieran complicaciones que amenazan la vida de la paciente.
•En Timor-Leste, el nivel de conocimiento y utilización de anticonceptivos por parte de las mujeres es muy bajo. También hay niveles muy bajos de concienciación o conocimientos sobre el VIH/SIDA y las ITS, especialmente entre las mujeres.
•El Ministerio de Salud, también en este caso con el apoyo del UNFPA, está elaborando una estrategia de comunicación sobre cambios del comportamiento para la salud reproductiva en 2007, que se centrará en varios temas, entre ellos maternidad sin riesgo, planificación de la familia, salud reproductiva y en la adolescencia, y VIH/SIDA. Se prevé que esta estrategia formará la base de intervenciones de comunicación para planificar cambios en los comportamientos en distritos seleccionados y, en consecuencia, suscitará un aumento de la demanda y la utilización de servicios de salud. La estrategia se pondrá en práctica por conducto de la Campaña Nacional de Promoción de la Planificación de la Familia.
•El Ministerio de Salud prevé poner en práctica el Programa de Promoción de la Salud de la Familia, en que personas clave, como líderes comunitarios, recibirán capacitación en promoción de la salud. Se espera que cuando se ejecute este programa, ha de crear conciencia sobre temas de salud, especialmente en los distritos.
Prestaciones económica s y sociales para las mujeres (Artículo 13 de la CEDAW)
•De conformidad con las garantías de no discriminación consagradas en la Constitución, el acceso al crédito debe efectuarse sin discriminación.
•Las mujeres tienen casi ningún acceso al crédito. Con frecuencia, las mujeres necesitan referencias o la firma del esposo o tienen dificultades para llenar los formularios por ser analfabetas y, por consiguiente, no pueden solicitar préstamos.
•Los servicios de préstamos tienden a preferir lo que consideran actividades productivas y, en su mayor parte, no se interesan en las actividades en el sector paralelo o no estructurado de la economía (informal), donde trabaja una vasta mayoría de las mujeres.
•Hay tendencia a financiar actividades en las que predominan los hombres.
Las campesinas (Artículo 14 de la CEDAW)
•Poco menos de las tres cuartas partes del total de habitantes viven en zonas rurales y las mujeres constituyen el 49,7% del total de la población rural.
•En las zonas rurales hay mayor cantidad de hogares que tienen por jefa a una mujer que en las zonas urbanas. Esos hogares figuran entre los correspondientes a las poblaciones más vulnerables.
•En las zonas rurales, casi un 90% de todo el empleo femenino está ubicado en el sector de la agricultura. Un 70% de las mujeres que realizan tareas agrícolas no reciben remuneración por sus servicios, en comparación con un 46% de las mujeres en sectores distinto de la agricultura.
•Como ya se indicó, las campesinas tropiezan con problemas en relación con su acceso a la atención de la salud, a la capacitación y la educación (especialmente, escuelas secundarias y educación terciaria) y al crédito.
•Las campesinas tienen menores probabilidades de recibir atención prenatal y atención obstétrica de emergencia que las mujeres residentes en zonas urbanas. Las tasas de mortalidad infantil son especialmente altas en los distritos occidentales.
•Además, las probabilidades de que las campesinas hablen de temas relativos a la planificación de la familia con sus esposos son menores que las de una mujer residente urbana; además, su bajo nivel de conocimientos acerca de la salud sexual en general acrecienta su vulnerabilidad a las ITS y al VIH/SIDA.
•Entre las campesinas hay muy altos niveles de analfabetismo.
•La falta de empleo y de actividades para generar ingresos deja a las campesinas, especialmente a las viudas, en situaciones extremadamente vulnerables.
•En las zonas rurales es extremadamente bajo el nivel de acceso al agua no contaminada, el saneamiento, la vivienda adecuada y el abastecimiento de electricidad, situación que tiene una gran influencia sobre las vidas de las mujeres residentes allí.
•Las mujeres tienen la responsabilidad concreta de recoger agua y supervisar su utilización en sus hogares, pero no se considera que tengan conocimientos con respecto al abastecimiento de agua ni se considera necesario que los tengan. En algunas zonas rurales, se ha excluido a las mujeres de la adopción de decisiones sobre temas como la ubicación de grifos colectivos o pozos de agua, pues se consideró que eran de índole demasiado técnica.
•Otra limitación de gran magnitud a que están sometidas las campesinas es la falta de acceso a caminos y comunicaciones, y la obstrucción de los sistemas viales y de comunicaciones, particularmente en las zonas de gran altitud y durante las estaciones lluviosas.
•Los transportes infrecuentes tienen efectos negativos sobre la productividad y perturban el acceso a servicios de salud, escuelas, mercados e información.
•Los tipos de transacciones respecto de la tierra en que puede participar una mujer dependen de que pertenezca a una familia matrilineal o patrilineal. En las familias matrilineales, las mujeres pueden comprar, vender o arrendar tierras; pero por lo general, la situación de las mujeres en clanes patrilineales es todo lo contrario.
Igualdad de la mujer ante la Ley y en cuestiones civiles (Artículo 15 de la CEDAW)
•De conformidad con la Constitución, las mujeres y los hombres tendrán los mismos derechos y deberes en todas las cuestiones relativas a la familia y a la vida política, económica, social y cultural.
•Las mujeres tropiezan con dificultades para obtener acceso al sistema oficial de justicia; por ejemplo, tropiezan con impedimentos para comunicarse con la policía, como falta de teléfonos en los hogares (y líneas externas en las comisarías de policía), falta de transporte hasta y desde las comisarías de policía y también falta de recursos financieros para denunciar un caso y ausencia de apoyo por parte de los miembros de su familia, y/o responsabilidades familiares. En los casos de violencia en el hogar, el presunto perpetrador suele impedir que la mujer se ausente de su hogar para denunciar el delito.
•Las mujeres tienen escaso o ningún conocimiento sobre sus derechos jurídicos básicos y sobre los mecanismos judiciales oficiales.
•En los casos de violencia en el hogar, las mujeres suelen percibir a la policía como incapaz de tramitar el caso, o consideran que no han sufrido lesiones suficientemente graves, salvo amenazas, o suponen que la policía no le creerá si denuncian un incidente.
•Los casos avanzan con suma lentitud a lo largo del sistema oficial de justicia y, en consecuencia, se percibe que no hay justicia para las mujeres.
•La participación de las mujeres en audiencias (tradicionales u oficiales) suele ser mínima y superficial, puesto que las mujeres por lo común no comprenden el lenguaje de las actuaciones judiciales.
•Los dictámenes judiciales suelen reflejar las creencias y los prejuicios culturales de quien administra justicia y de la sociedad en su conjunto. En los casos de violencia en el hogar, a menudo se culpa a las mujeres de haber causado ellas mismas el acto de violencia.
•En teoría, las mujeres tienen capacidad para firmar contratos y puede cambiar de residencia, de conformidad con lo estipulado en el Artículo 15 de la CEDAW. Pero en la práctica, las mujeres tienen una limitada posibilidad de involucrarse en cuestiones ajenas a la esfera de su hogar. En la práctica, el matrimonio determina el lugar en que puede vivir la mujer, a menos que pertenezca a un clan matrilineal y, en ese caso, puede vivir en la residencia de su propia familia.
Medidas de lucha contra la discriminación: violencia por motivos de género (A rtículo 2 de la CEDAW)
Marco
Aun cuando la violencia por motivos de género en Timor-Leste es un problema generalizado, antes de 1999 había muy poca información sobre la naturaleza y la magnitud de este problema. Esta situación se debía en gran medida a que muchas mujeres optaban por guardar silencio acerca de la violencia sufrida en sus hogares e infligida por compañeros íntimos, así como por las fuerzas de seguridad del Estado o las milicias durante los años de ocupación por Indonesia. Se sabía en general que las tasas de violencia infligida a las mujeres por compañeros íntimos eran altas en el país, debido principalmente a factores como la violencia en la sociedad y las actitudes patriarcales. Pero recién en 2002-2003 el Comité Internacional de Rescate (IRC) publicó estudios cuantitativos integrales sobre la incidencia de la violencia por motivos de género en Timor-Leste. A continuación se indican las principales comprobaciones de ese estudio. En verdad, sólo recientemente las mujeres han comenzado a expresar sus necesidades y manifestar su opinión con respecto a un problema que tradicionalmente se consideró cuestión privada de la familia. La violencia perpetrada contra las mujeres durante la ocupación se ha expresado públicamente en las audiencias de la Comisión para la Verdad, la Acogida y la Reconciliación (CAVR) y los testimonios constan en el informe final de la CAVR.
Naturaleza de la violencia por motivos de género en Timor-Leste
De conformidad con la Recomendación General CEDAW No. 19 (24.u) sobre la violencia contra la mujer, el Gobierno puede informar de que la violencia en Timor-Leste asume diversas formas: violencia en el hogar; ataque sexual; trata para la explotación sexual; además de la violencia cometida durante la ocupación por Indonesia que incluyó violación sexual, tortura, esclavitud y esterilización forzada, impuestas sistemáticamente a las mujeres de Timor-Leste.
La investigación realizada en 2003 ha mostrado que:
•De todas las mujeres consultadas, la mitad (51%) manifestaron que en los 12 meses precedentes se habían sentido en condiciones de riesgo en sus relaciones con sus esposos.
•Casi una cuarta parte de las mujeres (24,8%) había experimentado violencia infligida por un compañero íntimo.
•Los tipos de violencia más comunes padecidos fueron malos tratos físicos; una quinta parte de las mujeres manifestaron que habían sido objeto de puntapiés, puñetazos, bofetadas y tironeos del cabello, además de maltrato psicológico, en que el esposo amenazaba con maltratar a los hijos o impedía que su esposa adoptara sus propias decisiones.
•En un 4% de los casos, las mujeres manifestaron que sus esposos habían proferido amenazas de muerte contra ellas.
•Las mujeres que habían contraído matrimonio cuando eran muy jóvenes corrían riesgos mucho mayores de ser objeto de alguna forma de violencia infligida por su compañero íntimo, especialmente intimidación y control.
•Las lesiones más comúnmente indicadas como resultado de la violencia en el hogar abarcaban: efectos psicológicos, como pesadillas, dificultades para dormir y temores continuos (22%); pérdida de conciencia (13%); magulladuras, rasguños o moretones (12%); heridas o cortes profundas (11%); y embarazo no deseado (9%).
•Poco menos de una tercera parte (30,4%) de todas las mujeres que informaron acerca de lesiones físicas habían acudido a centros de salud para recibir tratamiento.
•Más de la mitad de las mujeres encuestadas (51%) estaban totalmente de acuerdo en que “un hombre tiene un motivo razonable para golpear a su esposa si ésta lo desobedece”.
•Una cantidad enorme de mujeres (84%) estuvieron de acuerdo en que “solamente se ha de hablar de problemas de la familia con miembros de la propia familia”.
Actitudes de la comunidad con respecto a la violencia por motivos de género
Durante las consultas sobre el proyecto de Ley nacional sobre violencia en el hogar (véase infra), tanto la OPI como las ONG constataron que hay una gran tolerancia de las consecuencias de la violencia en el hogar en la sociedad de Timor-Leste. Las comunidades consideraban que incidentes como “pérdida o fractura de una parte del cuerpo” o “azotes que causan lesiones, hinchazón o luxación” eran moderadamente graves y, por consiguiente, una resolución adecuada para esos casos sería la mediación por parte de los líderes comunitarios. Si la violencia se reiteraba continuamente o era particularmente severa, entonces correspondía someter el problema a consideración de la justicia oficial.
Las consultas han indicado que muchas personas recurren a la justicia tradicional para casos de violencia en el hogar, en la creencia de que los perpetradores no deben ser encarcelados a consecuencia de sus viles acciones sino que deben realizar tareas comunitarias o ser objeto de bochorno público. De manera similar a la práctica de barlake (indicada en la sección sobre “Matrimonio y familia” del Documento Básico común) cabe entregar un búfalo, una vaca o un cerdo a la familia de la mujer, a título de compensación y como manera de poner fin al bochorno asociado con el incidente. Lo común es que la mujer no participe en los procesos de mediación y que la violencia que le infligió el perpetrador sea examinada dentro de una perspectiva de observaciones generales sobre las cualidades personales de la mujer. En raras oportunidades se culpa a los hombres por la violencia y muchas mujeres sufren en silencio, sin recurrir a nadie en busca de ayuda.
Casos de alta visibilidad
Lamentablemente, recientemente hubo en Timor-Leste varios casos de violencia contra la mujer dotados de gran visibilidad. En septiembre de 2005, una mujer fue admitida en el hospital de Baucau después de sufrir un brutal ataque en que su esposo le cortó con un machete un brazo y la mano del otro. Después de una prolongada operación quirúrgica, su brazo fue unido y cosido a su cuerpo, pero la mano no pudo ser salvada. Se estableció contacto con un centro local de mujeres que proporcionó ropa y apoyo a la mujer y, posteriormente, los servicios de apoyo a las víctimas, de JSMP, una ONG con personería jurídica y sede en Dili (véase infra) comenzaron a investigar el caso. La información proporcionada por la Dependencia de Protección de Personas Vulnerables (VPU) (véase infra) de la Policía Nacional en Baucau indicó que la víctima había sido objeto de ataques por su esposo en dos ocasiones anteriores. En el segundo incidente, el esposo también la había atacado con un machete. El esposo de la víctima fue sentenciado a reclusión en la cárcel por este ataque; en momentos de prepararse este informe, está en la cárcel de encausados de Baucau, a la espera de que su caso llegue a los tribunales.
En enero de 2006, en la zona de Oecussi, una mujer fue presuntamente atacada y violada sexualmente por cinco oficiales del ejército de Indonesia, después de haber atravesado ilegalmente la frontera hacia el territorio de Indonesia con fines de contrabando de combustible. Este caso causó indignación en muchos habitantes de Timor-Leste y varios grupos de la sociedad civil organizaron una demostración para crear conciencia al respecto. La víctima fue transportada a Dili por la organización Caritas Australia y recibió el necesario tratamiento médico en el hospital nacional, además de asesoramiento psicosocial para aliviar el trauma, que ofrecieron dos ONG, PRADET y Fokupers (véase infra). La OPI preparó un informe sobre el caso y lo distribuyó entre los ministerios pertinentes. Después de dos semanas de tratamiento en Dili, la víctima fue transportada por vía aérea a Oecussi y la OPI convino en ocuparse del caso. El Ministerio de Relaciones Exteriores estableció una comisión investigadora presidida por el Fiscal General, en respuesta a este caso. En el momento de prepararse este informe, varios organismos gubernamentales están preparando un conjunto de mandatos para efectuar una investigación conjunta con el Gobierno de Indonesia sobre este incidente.
Limitación del disfrute de los derechos humanos
El Gobierno reconoce que la violencia por motivos de género, en todas sus formas, perjudica en gran medida las posibilidades de las mujeres de disfrutar de sus derechos humanos básicos y puede considerarse un problema de salud. Las mujeres no sólo corren riesgos físicos y posibles riesgos de muerte, sino que además pueden sufrir traumas y trastornos como depresión y ansiedad. El documento normativo del Ministerio de Salud sobre salud reproductiva destaca la necesidad de mejorar los conocimientos de mujeres y hombres, y fortalecer los servicios de detección y de apoyo a fin de responder a la violencia por motivos de género como parte de los servicios generales de salud reproductiva en todo el país.
Como consecuencia de la violencia dentro de la familia, muchas actividades de la mujer fuera del hogar, entre ellas recibir una educación, buscar empleo o dedicar tiempo a familiares y amigos, pueden quedar restringidas debido a la amenaza de violencia reiterada. El Gobierno también aprecia que los efectos de este problema sobre los niños son igualmente graves. En una encuesta, dos de cada cinco encuestados dijeron que en su infancia habían presenciado cómo sus padres se golpeaban o abofeteaban y un 73% de ellos respondieron que habían sufrido similares actos de violencia infligida por sus progenitores.
Legislación sobre violencia por motivos de género
Marco jurídico actua l
En momentos de prepararse este informe, el derecho penal aplicable en Timor-Leste sigue basado en el Código Penal de Indonesia, además de los procedimientos penales que figuran en las reglamentaciones de la UNTAET. Por consiguiente, en muchos casos se ha aplicado la legislación de Indonesia en lo relativo a la violencia por motivos de género.
Disposiciones actuales sobre violencia en el hogar
De conformidad con los artículos 351 a 356 del Código Penal de Indonesia, no se considera que la violencia en el hogar sea un delito separado y por lo general, los procedimientos contra presuntos perpetradores se inician por concepto de “maltrato” o asesinato, en función de la gravedad de las lesiones causadas en la víctima. Solamente cuando el acusado es convicto de “maltrato” a un miembro de la familia se toma en cuenta que el delito se ha cometido “en el hogar”, por lo que las sanciones se incrementan en una tercera parte. En otros casos, no se considera que el incidente ocurrió en el hogar.
Disposiciones actuales sobre violencia sexual
El Código Penal de Indonesia considera varios delitos de violencia sexual, como la violación sexual. El artículo 285 estipula:
“Quienquiera que, mediante violencia o amenaza de violencia, obligue a una mujer que no es su esposa a tener relaciones sexuales con él, será castigado por la violación sexual con una sentencia de encarcelamiento de hasta 12 años.”
El artículo 287 (1) estipula además que quienquiera que, fuera del matrimonio, tenga relaciones carnales con una mujer de su conocimiento o que razonablemente podría presumirse que aún no ha cumplido 15 años, o si no es obvio debido a su edad, que aún no es núbil, “será castigado con reclusión por un máximo de nueve años”.
Esas disposiciones están sujetas al artículo 34.3 de la Reglamentación 2001/25 de la UNTAET, Normas provisionales de procedimiento penal, que es más completo y proporciona una definición de fuerza que incluye amenazas, coacción, detención u opresión psicológica, y de lo que constituye consentimiento en casos de violencia sexual.
Problemas con la legislación actual (Código Penal de Indonesia)
Aun cuando el Reglamento de la UNTAET también considera la violencia psicológica, la definición de violación sexual es muy limitada y al parece depende de que se haya hecho uso de la fuerza; además, la violación en el matrimonio y la violación sexual de que es víctima un varón no se consideran delitos. Asimismo, las lesiones que padecen la víctima deben ser extremas para poder justificar la iniciación de procedimientos judiciales y cuando hubo asalto sexual, es la policía y no la víctima la que determina si debe procederse a un examen por un médico forense. Para obtener más detalles, véase la sección infra sobre “Resultados de casos”.
Proyecto de L ey contra la violencia en el hogar
De conformidad con las Recomendaciones Generales CEDAW No. 12 (1) y No. 19 (24 b), el Gobierno ha incorporado la violencia en el hogar como tema prioritario en el Plan Nacional de Desarrollo, en los SIP para los sectores de justicia, derechos e igualdad, y en el CSP. También ha determinado que es un indicador básico del logro del tercer Objetivo de Desarrollo del Milenio. A partir de 2003 se ha estado elaborando en Timor-Leste legislación que prohíbe concretamente la violencia en el hogar, la cual está a consideración de la OPI; el proyecto de texto fue aprobado provisionalmente por el Consejo de Ministros en 2005. En momentos de prepararse este informe, se prevé que la ley será promulgada inmediatamente después del nuevo Código Penal, a fines de 2006 o comienzos de 2007.
Antecedentes
El Primer Congreso Nacional de Mujeres, celebrado en el año 2000, determinó que la violencia en el hogar es causa de gran preocupación. Seguidamente, comenzaron los intercambios de ideas con miras a preparar la nueva legislación sobre violencia en el hogar. La OPI, con la asistencia del UNFPA, solicitó la opinión de grupos de trabajo sobre violencia en el hogar establecidos para celebrar consultas sobre este tema, integrados por abogados, jueces, trabajadores sociales, representantes de ONG y de departamentos importantes del Gobierno, como el Ministerio de Justicia. La opinión reinante era que la ley debía reflejar la realidad del ámbito de Timor-Leste.
La OPI continuó en 2003 celebrando consultas en todas las regiones y el equipo de redacción consultó a otros interesados, entre ellos representantes de la Iglesia, funcionarios del Gobierno y de organismos de las Naciones Unidas y tomó en cuenta aspectos fundamentales de la legislación internacional de derechos humanos, entre ellos la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (CEDAW) y la correlativa jurisprudencia en forma de Recomendaciones Generales.
Proyecto de Ley contra la violencia en el hogar
La serie más reciente de consultas se centró en la armonización del proyecto de ley sobre violencia en el hogar con las disposiciones del proyecto de Código Penal. La ley, en la versión presentada más recientemente al Consejo de Ministros en 2005, incluye elementos de derecho civil y penal y contiene referencias a servicios de apoyo (véase la sección infra sobre “Servicios de apoyo a las víctimas de violencia por motivos de género”) en casos en que las relaciones se rompen debido a la violencia en el hogar. También detalla los papeles y las responsabilidades de quienes proporcionarán esos servicios, inclusive dependencias del Gobierno, líderes tradicionales y comunitarios, policía y entidades de la sociedad civil. Además, la ley considera la violencia en el hogar desde la perspectiva de género, de modo que pueda aplicarse en respuesta a malos tratos cuando las víctimas son varones.
Además, la próxima ley sobre violencia en el hogar avanza al respecto más que las disposiciones jurídicas actualmente vigentes, pues ofrece una definición más amplia de violencia en el hogar, la cual abarca maltrato físico, mentales o sexuales, tanto directos como indirectos, que en consecuencia “mantienen a la víctima en papeles estereotipados asociados con su género” o que, entre otras cosas, “deniegan su dignidad humana, su autonomía sexual ... y su integridad moral. Actualmente no hay disposiciones para situaciones de maltrato económico, como se recomienda en el párrafo 23 de la Recomendación General CEDAW No. 19 sobre violencia contra la mujer.
Este proyecto de ley también avanza respecto de la legislación actualmente en vigor, dado que toma en cuenta una amplia gama de relaciones en el hogar, que abarcan no sólo matrimonios oficiales sancionados por la Iglesia, sino también relaciones consensuales o de hecho, en una “situación análoga al matrimonio”, miembros de familias ampliadas, empleadas domésticas y personas que comparten una vivienda.
La ley también prevé procedimientos jurídicos para los casos de violencia en el hogar y los tipos de castigos para delitos de violencia en el hogar, con referencia a las disposiciones concretas del próximo Código Penal. Las sanciones no se limitan a la reclusión en la cárcel; no obstante, no se describe ningún castigo alternativo, el cual sería decidido discrecionalmente por el Tribunal.
La nueva ley también incluirá normas que rigen el pago de pensiones alimentarias después de una separación debida a la violencia en el hogar (véase infra). Además, el Gobierno se responsabilizará de proporcionar educación sobre violencia doméstica, por ejemplo, dentro de los currículos escolares.
En el momento de preparar este informe, la OPI está preparando una estrategia para efectuar gestiones ante el Parlamento, centradas en ayudar a los parlamentarios a comprender el contenido y el funcionamiento del proyecto de ley sobre violencia en el hogar, así como a obtener su apoyo para la aprobación de la ley. Después de la promulgación de la ley, la OPI prevé organizar una campaña nacional de promoción de conciencia e informar al público en general acerca de la ley, a nivel local y nacional. Seguidamente, se impartirá capacitación oficial a la policía, los fiscales acusadores y la judicatura sobre la utilización y la aplicación de la legislación y se realizarán actividades de concienciación ante la judicatura local y las autoridades locales. En el futuro, la OPI prevé formular un plan de acción nacional sobre violencia por motivos de género.
Datos sobre violencia por motivos de género
De conformidad con la Recomendación General CEDAW No. 12 (4), el Gobierno está aportando datos estadísticos sobre las incidencias de la violencia de todos los tipos contra las mujeres. El Gobierno puede informar de que la policía comenzó en el año 2000 a recopilar datos sobre casos de violencia por motivos de género. En 2003, la VPU inició investigaciones sobre 445 casos de violencia por motivos de género, la mayoría de los cuales se clasificaron como “violencia en el hogar”. En los ocho primeros meses del año siguiente, 2004, el número de casos de violencia por motivos de género denunciados a la PNTL disminuyó hasta 370; por otra parte, esos casos constituyeron dos terceras partes del número general de casos que se denunciaron a la policía durante ese período. En forma correlativa, desde junio de 2003 hasta julio de 2004, la Fiscalía tramitó 201 casos de violencia en el hogar y 115 casos de violación sexual. En lo que respecta al porcentaje de casos de ataque sexual tramitados ante los cuatro tribunales de distrito de Timor-Leste, Dili ocupó el segundo lugar (23%), precedido por Baucau (28%) y seguido por Suai y Oecussi, ambos con 13%.
En 2005, hubo un aumento de la cantidad de casos denunciados, lo cual, según la VPU, no indicaba que hubiera aumentado la prevalencia de violencia por motivos de género en el país, sino más bien que las personas estaban cobrando conciencia gradualmente de sus derechos. Según las cantidades dadas a conocer por la PNTL, en el período de enero a octubre de 2005 se recibieron denuncias sobre 492 casos de “violencia en el hogar”. De esos casos, dos terceras partes procedían sólo del distrito de Dili. En ese mismo período, el Hospital Nacional de Dili recibió en total 131 casos de violencia por motivos de género. Por otra parte, en cambio, en noviembre de 2005, según las estadísticas de la Fiscalía General, sólo tramitaron allí 118 casos de “maltrato” y “violencia en el hogar”.
Los datos recientemente suministrados por otras fuentes de servicios que se ocupan de violencia por motivos de género proporcionan un mayor desglose con respecto a la naturaleza del ataque y la relación del perpetrador del maltrato con la víctima. Las cantidades sobre las que informa una ONG de mujeres, Fokupers, indican que un 37% de todos los casos recibidos durante el período 2000-2005 correspondían a violencia en el hogar; 14% se relacionaban con ataque sexual; un 5% se relacionaba con maltrato a niños y casi la tercera parte de todos los casos (30%) correspondía a violencia como resultado de que la víctima hubiera incumplido una promesa, particularmente dentro de una relación íntima. Poco menos de la mitad (49%) de todos los casos enviados en 2004 al Refugio “Fatin Hakmatek” de PRADET, en el Hospital Nacional de Dili, correspondían a ataques sexuales contra niños en que la víctima tenía menos de 18 años de edad. Con frecuencia, el perpetrador es conocido de la víctima; en 2004, PRADET determinó que en 2 de cada 5 casos el autor del delito era el esposo de la víctima; en 1 de cada 5 casos, era un miembro de la familia inmediata.
Problemas en la recopilación de datos
Es evidente que se carece de estándares uniformes para la recopilación de datos por parte de distintos organismos y organizaciones que trabajan en cuestiones de violencia por motivos de género. Diferentes organizaciones están utilizando distintos métodos para recopilar datos, inclusive diferentes terminologías y clasificación dispar de casos, que además no siempre se basan en definiciones jurídicas de delitos. Muchos casos que se registran como “violencia en el hogar” podrían, por ejemplo, involucrar maltrato sexual a los niños. Además, en el pasado algunos establecimientos de salud no han formulado preguntas concretas para establecer si una mujer era objeto de violencia por motivos de género. Evidentemente, en esas condiciones es muy difícil realizar correctos análisis anuales comparativos o seguir la pista al progreso de los casos.
El Gobierno tiene presentes sus responsabilidades en virtud de la CEDAW, en particular, la Recomendación General No. 19 (24 c) y la sugerencia de que los Estados Partes recopilen y alienten la compilación de datos estadísticos y resultantes de la investigación sobre todos los tipos de violencia contra la mujer. Con la asistencia del Programa de Desarrollo Policial de Timor-Leste (iniciativa conjunta de los Gobiernos de Australia y el Reino Unido en apoyo de la PNTL), actualmente se está elaborando para la PNTL una base de datos sobre delitos más integral, que ha de incluir elementos como informes de una página que han de completarse en el lugar en que se ha cometido el delito. El actual sistema de datos sólo se refiere a los casos que han sido resueltos, aun cuando se reconoce cada vez más la necesidad de registrar detalles de casos no resueltos. El Gobierno, por conducto de la red de servicios de apoyo para remisión de casos está esforzándose intensamente por establecer un organismo centralizado (muy probablemente basado en la NSO) que asumiría responsabilidad por la compilación y publicación de datos estandarizados sobre la cantidad de denuncias de, entre otros delitos, los de violencia en el hogar, ataque sexual y maltrato a los niños en Timor-Leste, además de las identidades de los oficiales investigadores, la constancia de si un caso se ha derivado para iniciar acciones judiciales y el resultado final.
Tendencias en la información acerca de los casos
Sólo una muy pequeña cantidad de casos de violencia por motivos de género se denuncian a la policía e incluso entonces, como último recurso, cuando han fallado los medios tradicionales de resolver esos casos. Esto se debe en parte a que, desde los tiempos de la ocupación por Indonesia, el público viene percibiendo a la policía como organización corrupta que utiliza la fuerza de manera inapropiada, y también se debe en parte a que gran parte de la sociedad del país sigue recurriendo a los líderes comunitarios tradicionales para la resolución de controversias, considerándolos en general más accesibles y más justos.
Se ha puesto de manifiesto una característica: algunas víctimas se presentan a denunciar presuntos malos tratos varios meses después de que ocurre un incidente. Las ONG, entre ellas PRADET, que aportan servicios de apoyo, suelen recibir a mujeres que han quedado embarazadas como un resultado de un ataque y cuyos embarazos han pasado a ser evidentes para la comunidad. Además, se están denunciando a la policía con mayor frecuencia, como lo demuestra la amplia publicidad recibida por un caso ocurrido a principios de 2006, de un maestro que presuntamente sometió a abuso sexual a varios niños que asistían a su escuela en Dili. Los niños no son objeto del mismo nivel de reprobación que los adultos víctimas de ataque sexual.
Resultado s de casos
Aun cuando es evidente que se denuncian a la policía casos de violencia por motivos de género, en los últimos años hubo una obvia merma en la cantidad de casos remitidos a la Fiscalía y también una disminución en los números de casos en que entienden los tribunales y en los que se llega a dictar sentencia.
Hay similares razones para la disminución del número de casos remitidos por la policía a la Fiscalía y del número de casos que llegan a tramitar en los tribunales. Muchas víctimas, y/o sus familias, deciden desistir de la denuncia y solicitan que no continúen las acciones judiciales, debido a que dependen económicamente del perpetrador, o a que posiblemente éste ha proferido amenazas de renovada violencia. A veces, las víctimas o sus familias desisten de los casos debido a frecuentes postergaciones por el tribunal. En momentos de preparar este informe, la Fiscalía está experimentando un grave retraso en el trámite de los casos y en noviembre de 2005 había 2.758 casos pendientes en los cuatro tribunales de distrito. Otros casos no llegan a los tribunales debido a que el fiscal público, tras autorizar el desistimiento, prefiere mediar entre las partes. Con frecuencia, el fiscal ha devuelto la documentación de los casos a la policía (solicitando mayor cantidad de pruebas) o a la justicia tradicional.
Los resultados del seguimiento durante dos meses realizado en 2003 por la dependencia de justicia para la mujer de una ONG local en el tribunal de distrito de Dili pusieron de manifiesto que más de la mitad (55%) de todas las audiencias penales efectuadas se referían a mujeres y que un 78% de ellas entrañaban graves ataques sexuales. Pero durante este período de seguimiento no se previó ninguna audiencia para casos de violencia en el hogar y, además, no se llegó a decisiones finales en casos que afectaban a mujeres. La misma ONG comprobó que, en el período de abril de 2004 a febrero de 2005, los cuatro tribunales de distrito entendieron en 50 casos de violencia por motivos de género y solamente llegaron a una decisión en 8 de esos casos, que incluían violencia en el hogar y ataque sexual.
De manera similar, en el período de abril a noviembre de 2005, la JSMP observó 35 audiencias para distintos casos de violencia por motivos de género. Se llegó a adoptar decisiones en 13 de los 35 casos: en 10 había ataque sexual (9 casos de violación sexual y 1 caso de acoso sexual) y 3 casos de violencia en el hogar (2 ataques físicos y 1 asesinato). En 10 casos se llegó a una convicción. Todos los acusados eran hombres; todos, salvo uno, eran miembros de la familia de la víctima o conocidos de ésta. Todas las víctimas eran mujeres y la mitad de ellas eran menores de edad de conformidad con la legislación de Indonesia cuando ocurrieron los delitos. El promedio de edades de las víctimas de ataque sexual era 14,67 años. De las víctimas, sólo una era casada.
Esas estadísticas no reflejan el número total de audiencias para casos de violencia por motivos de género realizadas durante este período. No obstante, indican, en verdad, que víctimas solteras muy jóvenes, particularmente las víctimas de ataques sexuales, están denunciando sus casos al sistema oficial de justicia. Las mujeres adultas casadas no denuncian sus casos a la policía, posiblemente debido a que con arreglo a la legislación vigente, que es la de Indonesia, la violación sexual conyugal no es un delito.
En el análisis de las sentencias judiciales, la misma investigación ha mostrado que, en general, en los casos de violencia por motivos de género las sentencias son de poca severidad. Por ejemplo, en casos en que se probó el delito de violación sexual ordinaria, la máxima sentencia fue de reclusión por seis años, aun cuando, según el artículo 285 del Código Penal de Indonesia, la sentencia máxima es de 12 años. En el caso del acusado de asesinato, se dictaminó que no era culpable de este delito, sino de lesiones corporales graves y la sentencia fue de reclusión durante tres años. De conformidad con los artículos 351 y 353 del Código en vigor, cuando el maltrato causa la muerte, la sentencia es de reclusión por siete años. Si, de conformidad con los artículos 354 y 355, el maltrato es grave, la sentencia aumenta hasta diez años y cuando se prueba que hubo premeditación, hasta 12 años. No obstante, en los dos casos de maltrato observados durante este período, se dictaron sentencias de reclusión por cuatro y 18 meses, respectivamente. Pero al mismo tiempo se prevén soluciones civiles, con lo cual se reconoce oficialmente la difícil situación en que quedan muchas víctimas tras haber padecido violencia sexual. Por ejemplo, además de una sentencia de reclusión, un juez decidió que el acusado debía pagar a su víctima la suma de 1.000 dólares EE.UU. como indemnización por haber perjudicado sus perspectivas de matrimonio y, por ende, sus perspectivas financieras a largo plazo en función del matrimonio.
Actualmente, los tribunales tratan de determinar si hubo consentimiento en los casos de ataque sexual; por otra parte, la investigación ha comprobado que esto se considera incluso en casos en que el presunto perpetrador no planteó esa circunstancia en su descargo, o en que se alega que hay violación de un menor y no es posible aducir consentimiento como defensa. Con respecto al uso de la fuerza, los tribunales siguen dependiendo de que en los casos de violación sexual se utilice fuerza física y no toman en cuenta las amenazas psicológicas. La falta de pruebas objetivas de lesiones físicas a veces se equipara a la ausencia de el empleo de la fuerza o a la existencia de consentimiento. Se señaló que algunos jueces están tomando conciencia de la razón por la cual algunas mujeres denuncian incidentes de violencia por motivos de género mucho tiempo después de que haya tenido lugar el incidente, debido a la vergüenza y el azoramiento. No obstante, se hace mucho hincapié en el comportamiento de los testigos y mucho menos en la calidad de las pruebas objetivas.
Por último, estos casos demuestran que hasta cierto punto se está incorporando la justicia tradicional en las decisiones judiciales. En un caso ocurrido en Oecussi, el fiscal acusador presentó pruebas objetivas proporcionadas por un c hefe local, como una de las razones para considerar que el acusado era culpable de violación sexual. La familia de la víctima había intentado utilizar el proceso tradicional adat como medio de resolver la cuestión, pero este método había fallado, razón por la cual se efectuó la denuncia ante la policía. El acusado recibió una sentencia en suspenso de seis meses de reclusión y se le ordenó pagar a la víctima una indemnización de 100 dólares EE.UU. y un búfalo.
Política gubernamental para eliminar la violencia por motivos de género
El problema de la violencia por motivos de género en Timor-Leste es motivo de grave preocupación para el Gobierno. En particular, el Primer Ministro considera que es una cuestión muy grave; en un discurso pronunciado en el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, en 2005, reconoció que muchas mujeres del país eran víctimas de violencia y esto infringía directamente sus derechos humanos y, en última instancia, restringía su capacidad para participar plenamente en la vida económica, política y social de la nación.
A partir de 2001, la OPI, con el apoyo del UNFPA, ha ejecutado un proyecto con el objetivo de fortalecer la capacidad nacional para abordar la violencia por motivos de género. El tema principal de este proyecto ha sido la realización de investigaciones sobre la violencia por motivos de género, particularmente la violencia en el hogar; la realización de campañas de creación de conciencia del público sobre este tema; la elaboración de legislación nacional sobre violencia en el hogar; y también la mejora de la calidad de los servicios básicos para las víctimas de violencia por motivos de género.
Teniendo presentes las Recomendaciones Generales CEDAW No. 12 (2) y No. 19 (24 a), el actual programa, 2004-2008, tiene cuatro objetivos fundamentales, a saber:
•Aprobación de la Ley sobre Violencia en el Hogar, seguida de una campaña nacional;
•Contribución a la capacidad de las dependencias nacionales;
•Establecimiento de una red funcional de servicios de apoyo a las víctimas de la violencia en el hogar;
•Aplicación de estrategias para eliminar la violencia por motivos de género.
La OPI participa en las reuniones comunitarias de coordinación para casos de violencia (CVCM), otro mecanismos de coordinación en relación con la violencia por motivos de género que tiene una larga historia en Timor-Leste. Se originó en 2001 como medio de congregar a todos quienes se ocupaban de la violencia por motivos de género. El grupo ahora está integrado por representantes de la DNSS del MLCR, y también representantes de ONG como Oxfam, Caritas Australia, la Fundación Alola, Rede Feto y, más recientemente, la Asociación de Hombres contra la Violencia (véase más adelante). El grupo CVCM se reúne mensualmente para intercambiar información acerca de sus actividades y de casos de violencia por motivos de género.
Educación pública
Como ya se indicó en el Documento Básico común, la OPI ha desplegado intensa actividad a fin de crear conciencia sobre el problema de la violencia contra la mujer en Timor-Leste, a nivel tanto de distrito como nacional. Además de las actividades ya descritas, hubo educación pública en forma de talleres, representaciones teatrales y musicales, campañas por radio y televisión, preparación de materiales de IEC, entre ellos folletos, y organización de actividades como parte de la Campaña mundial anual “16 días de activismo contra la violencia por motivos de género” y en ocasión del Día Internacional de la Mujer.
En 2004, un grupo local de teatro popular, Bibi Bulak, produjo una serie de ocho episodios radiofónicos en que se destacaba el problema de la violencia por motivos de género, la igualdad de la mujer y la educación de la niña. Se prepararon en total 20 copias de esa serie dramática, las cuales fueron distribuidas entre 16 estaciones de radio comunitarias en todo el país y una estación nacional de radio en Dili. Esos programas se transmitieron en noviembre y diciembre de 2004, durante la Campaña de 16 días de activismo contra la violencia por motivos de género. El grupo también realizó una gira de 16 días en los distritos de Aileu, Ainaro, Suai, Bobonaro, Liquiça y Oecussi, sobre el tema de la violencia en el hogar y la reconciliación en la familia. Posteriormente, el grupo produjo una serie televisiva que se difundió por TVTL, en que se destacaban las cuestiones de desigualdad por motivos de género y los efectos de la violencia en el hogar. La serie de episodios, de 15 minutos de duración cada uno, fue difundida por televisión en julio y agosto de 2005. El programa fue promovido mediante anuncios radiofónicos para maximizar la cantidad de telespectadores y recibió algunos comentarios positivos en los diarios.
Ese mismo año, la OPI, con el apoyo del UNFPA, impartió capacitación a “Joventude Interese Desenvolvimento” (JID), una ONG integrada por jóvenes estudiantes universitarios. Esta ONG estaba interesada en mejorar sus conocimientos sobre la violencia en el hogar y fortalecer su posibilidad de organizar e impartir talleres a las comunidades rurales, en un intento de cambiar las actitudes sociales y los comportamientos en relación con este problema. En octubre de 2004, el grupo ofreció en Venilale, distrito de Baucau, un taller sobre violencia en el hogar y a fines de 2005, nuevas actividades de “bases para intercambio de ideas” en Baguia y la isla de Atauro. En momentos de prepararse este informe, ha estado emprendiendo nuevas actividades de bases para intercambio de ideas y movilización comunitaria en Oecussi y Suai. También se ha expresado en los medios de difusión en relación con la cuestión de la violencia en el hogar.
En virtud del proyecto “Labele: Violensia Domestika” (No lo haga: violencia en el hogar), organizado por la OPI, el MLCR y varias ONG y organismos de las Naciones Unidas, se distribuyeron en 2002-2003 varios miles de carteles y panfletos entre ministerios gubernamentales, la policía, organizaciones de la sociedad civil, ONG, escuelas y comunidades. Este material fue eficaz porque tenía un diseño muy atractivo y fue bien recibido en oficinas y muchos lugares de trabajo. También fue eficaz en comunidades rurales, donde hay altas tasas de analfabetismo, dado que combinaba imágenes y unas pocas palabras para comunicar el mensaje.
Campaña de 16 días
En las campañas nacionales, como la de 16 días de activismo contra la violencia por motivos de género, se escogieron los temas para vincular expresamente los problemas de violencia contra la mujer con cuestiones conexas, como la salud y los derechos humanos, en un contexto apropiado para Timor-Leste. Entre los temas del pasado cabe mencionar: “Los derechos de la mujer son derechos humanos”; “La violencia en el hogar es un delito”; “Nuestros niños están mirando”; “Paz en nuestro hogar, paz en nuestra nación”; y “El casamiento por la Iglesia es un acto sagrado que reúne a dos personas. No podemos permitir que la violencia destruya nuestros hogares”.
Para la Campaña de 16 días de activismo en el año 2005, se escogió el tema “Para la salud de las mujeres, para la salud de la nación, ¡basta de violencia!”. En los distritos se organizaron actos de lanzamiento de la campaña, con la cooperación del respectivo coordinador local de las cuestiones de género, la administración del distrito y los funcionarios sanitarios del distrito. El Asesor del Primer Ministro sobre Igualdad ofreció una presentación, seguida de danzas y obras teatrales breves sobre violencia en el hogar ofrecidas por el grupo teatral “Kuda Talin” (con el apoyo del SEAP para la CEDAW, del UNIFEM) y otras actividades. Asistieron a esos actos centenares de personas, entre ellos miembros de la Dependencia de Policía Comunitaria de la PNTL y de la VPU. La campaña fue objeto de amplia cobertura en los medios de difusión, por televisión y en los periódicos. El Primer Ministro registró un prolongado discurso acerca de la campaña, difundido por TVTL la noche anterior a la ceremonia inicial y seguido por una conferencia de prensa televisada. Durante este período se registró y se difundió un programa interactivo sobre violencia en el hogar en que participaron varios importantes comentaristas.
En total, durante esta campaña hubo en varios distritos de todo Timor-Leste 17 eventos. Los principales fueron talleres y seminarios en que se consideraron temas relativos a la violencia contra la mujer, la salud, la igualdad y la legislación sobre violencia en el hogar. La campaña finalizó con una ceremonia especial a la luz de velas en que se encendió una vela por cada día de la campaña, en honor de una diferente víctima o sobreviviente de la violencia por motivos de género. Antes de este acto se recopilaron las historias reales de 16 mujeres y niñas, mediante investigaciones realizadas por la OPI, funcionarios del UNFPA y otros copartícipes y, en momentos de prepararse este informe, la OPI prevé la publicación de esos casos en un volumen y también prevé su amplia difusión en la comunidad.
En todo momento durante sus actividades de difusión, la OPI ha hecho todo tipo de esfuerzo por involucrar a tantos protagonistas como fuera posible entre quienes tendrían un papel que desempeñar para abordar y prevenir la violencia por motivos de género. Entre ellos figuraron líderes de la Iglesia, c hefes de sucos, funcionarios sanitarios, la policía, funcionarios de derechos humanos y docentes. En momentos de prepararse el presente informe, la OPI celebra negociaciones con dirigentes de la Iglesia acerca de apoyar un proyecto de creación de conciencia sobre la violencia por motivos de género como parte de sus próximas actividades anuales “Pascoa Joven” (Pascua de la juventud). Además, actualmente se está celebrando conversaciones con el Ministerio de Educación acerca de la inclusión de la violencia doméstica como tema dentro del currículo educacional, en cumplimiento de las disposiciones de la próxima legislación sobre violencia en el hogar.
Capacitación de los hombres sobre violencia por motivos de género
En 2004, la OPI y la “Assosiasaun Mane Kontra Violensia” (Asociación de Hombres contra la Violencia) (AMKV) realizó varios talleres comunitarios focalizados en el cambio de las actitudes de los varones miembros de las comunidades con respecto a las mujeres y al uso de la violencia y, al mismo tiempo, crear espacios de diálogo entre hombres y mujeres sobre este tema. En julio de 2004, se ofrecieron cuatro talleres que beneficiaron en total a 131 personas (81 hombres y 50 mujeres) en que se ofreció información y se intercambiaron ideas sobre cuestiones de género, poder, identidad social y violencia. En 2005, el grupo prosiguió su labor de educación de las comunidades rurales, pero se centró en impartir capacitación a una mayor cantidad de miembros de la AMKV para que se encarguen de esta tarea en el futuro. En la mayoría de los distritos se realizaron talleres comunitarios sobre los efectos de la violencia por motivos de género, que se idearon principalmente para los hombres pero que estuvieron abiertos a la participación de todos los miembros de la comunidad. En 2005, como parte de la Campaña de 16 días contra la violencia, la AMKV ofreció cuatro talleres para estudiantes universitarios en diferentes universidades de Dili.
En el período 2004-2005, más de 700 hombres asistieron a talleres y eventos ofrecidos por la AMKV. Hubo un cambio lento, aunque positivo, en las actitudes con respecto a la labor de la organización y lo que está tratando de lograr. Durante lo talleres, los participantes intercambian ideas, entre otras cosas, sobre la práctica del barlake(precio de la novia), la educación femenina y la participación política de la mujer, así como la razón por la que se recurre a la violencia para mitigar las presiones y el estrés en el hogar. La AMKV ha notado a nivel comunitario que los hombres demostraron interés en el debate y, además, recibió un buen apoyo de importantes funcionarios nacionales, entre ellos el Presidente, varios ministros y miembros del Parlamento, algunos representantes de la policía y grupos de la sociedad civil; no obstante, es mucho lo que queda por hacer a fin de contrarrestar la indiferencia de la sociedad respecto de este problema.
Eficacia de las actividades de concienciación
Hasta la fecha, se ha contado con pocos recursos para el seguimiento o el examen de la eficacia de las campañas de concienciación sobre la violencia por motivos de género. Hasta el momento, las evaluaciones de las campañas y la capacitación se han basado principalmente en retroinformación oficiosa y en la cantidad de materiales distribuidos. El mayor problema, con mucho, es el analfabetismo, especialmente en zonas rurales, pues torna inadecuado el formato de los talleres tal como se venían ofreciendo. Además, con frecuencia ocurre que algunos distritos son beneficiarios de series de cursos de capacitación, y otros, no. Se ha comprobado que la radio es el medio más eficaz para que el mensaje llegue a destino, dada la falta de otros medios de difusión, y además, es especialmente adecuado para llegar a los jóvenes.
Capacitación de la policía, los fiscales y la judicatura
En 2004, la OPI contrató a una ONG local, JSMP, para que impartiera capacitación en la Fiscalía. La organización JSMP preparó materiales de capacitación sobre la base de un texto de la OPI y el UNFPA titulado “Guía para fiscales sobre violencia en el hogar”, dado a conocer a fines de 2003. La capacitación se impartió durante un curso de tres medios días, en agosto de 2004. Al principio, la concurrencia fue muy buena; pero la última sesión contó con la presencia de sólo dos mujeres fiscales.
En 2005, la OPI, con el apoyo del UNFPA, ofreció a la PNTL tres cursos de capacitación, por conducto del TLPDP. Primeramente, se ofreció un curso de 13 lecciones para formación de instructores sobre violencia en el hogar, en beneficio de 52 instructores policiales de la Academia de Policía. Se preparó un Manual de capacitación para el curso y se lo tradujo al idioma tetum. El contenido del Manual se basó en el postulado filosófico de que la violencia contra la mujer dimana de la desigualdad de género. El Manual trata de la naturaleza de la desigualdad de género, y los factores que contribuyen a la violencia por motivos de género en Timor-Leste, el ciclo de violencia, el actual marco jurídico, los conceptos erróneos y las verdades acerca de la violencia en el hogar, las actitudes culturales respecto de la violencia en el hogar, la investigación para aptitudes policiales y las maneras de capacitar a otros oficiales de policía a fin de que respondan a la violencia en el hogar. También se basa en el principio de que toda violencia en el hogar es un delito inexcusable. Promueve una política de “no cejar” en la aplicación de la ley, vale decir que cada caso de violencia en el hogar debe ser considerado seriamente e investigado por la policía, y remitido a la Fiscalía, sin excepción.
Muchos de los participantes tenían actitudes francamente de resistencia y enfrentamiento acerca de la necesidad de recibir capacitación con respecto a la violencia en el hogar y de utilizar el Manual. Percibían la capacitación como un ataque a la cultura tradicional del país y defendían abiertamente su derecho a golpear a sus esposas y sus hijos. No obstante, la capacitación fue eficaz en la medida en que creó conciencia acerca de la dinámica social y psicológica de la violencia en el hogar y, en particular, en cuanto a vincular a los oficiales de la PNTL con la red de servicios de remisión de víctimas. Se invitó a varias ONG a que ofrecieran presentaciones acerca de sus servicios, y también habló de sus experiencias una víctima enviada por la organización Fokupers. Un juez de Timor-Leste impartió lecciones sobre el contenido de la nueva Ley sobre violencia en el hogar y también se incluyó en el curso una sesión sobre la CEDAW y la violencia sobre motivos de género. Además, se llevó a los instructores de la policía en un viaje hasta el albergue de PRADET en el Hospital Nacional de Dili, donde aprendieron acerca de la importancia de las pruebas forenses de violencia en el hogar y en los casos de ataque sexual.
Posteriormente, se impartió una sesión de capacitación de medio día de duración sobre violencia en el hogar y sobre el proyecto de Ley, en beneficio de 20 comandantes de comisarías de policía. Finalmente, se ofreció un curso de capacitación de especialistas en beneficio de 52 instructores de la Academia de Policía, en que varios abogados condujeron sesiones informativas adicionales sobre el contenido del proyecto de Ley sobre violencia en el hogar y el proyecto de Código Penal.
A comienzos de 2006, no se ofrecieron cursos académicos para participantes en el sistema de justicia tradicional ni a las autoridades locales en relación con la legislación sobre violencia en el hogar, dado que la Ley todavía no había sido aprobada. Sin embargo, entre enero y marzo de 2006, en varias oportunidades se ofrecieron sesiones individuales de información sobre el contenido del proyecto de Ley sobre violencia en el hogar, como parte del nuevo programa de capacitación de cadetes de policía en la Academia Nacional de Policía. Así se profundizó la formación de instructores policiales ofrecida por la OPI y el UNFPA en 2005. Se impartieron varias sesiones de capacitación de un día de duración en la Academia de Policía, destinadas a ocho grupos de nuevos cadetes de policía. Un abogado local, que también era miembro del equipo jurídico que redactó la Ley sobre violencia en el hogar, condujo varias sesiones sobre el texto de la Ley, prestando especial atención a la definición de violencia en el hogar y a los principios subyacentes a la legislación.
Capacitación de líderes de suco s sobre violencia en el hogar
En la segunda mitad de 2005, la OPI participó en el “Programa de Formación para el Liderazgo” ofrecido por el UNIFEM a las mujeres candidatas en las elecciones nacionales de c hefe do suco , y proporcionó capacitación adicional sobre temas de violencia en el hogar, incluida la situación de la legislación. Durante este período, también se involucró a las autoridades locales y se las invitó a que asistieran a varios talleres comunitarios o “conversaciones básicas” con la conducción de la OPI y el UNFPA. Como ya se indicó en el Documento Básico común, actualmente los líderes de sucos están obligados por la ley a prevenir en sus comunidades los incidentes de violencia en el hogar.
A comienzos de 2006 se inició un proyecto conjunto de la Asia Foundation y el UNIFEM a fin de preparar un nuevo Manual de capacitación sobre la violencia en el hogar para los consejos de suco, particularmente en respuesta a la preocupación de la OPI de que iba en aumento en Timor-Leste el número de organizaciones que estaban impartiendo “capacitación sobre violencia en el hogar” y que no había uniformidad en los contenidos de esos cursos. El UNIFEM preparó un proyecto de Manual y lo perfeccionó mediante una serie de consultas en grupos con importantes ONG que impartían capacitación sobre violencia por motivos de género. El Manual se centra en las desigualdades de género como causa fundamental de la violencia en el hogar y en facultar a las comunidades para que elaboren sus propias estrategias de prevención y respuesta para casos de violencia en el hogar. Varios funcionarios de la OPI participaron en un curso de formación de instructores sobre la manera de utilizar el Manual y también en varios cursos piloto impartidos en los distritos. En momentos de prepararse este informe, se está perfeccionando el módulo y se está preparando un marco para su aplicación.
Servicios de apoyo a las víctimas de violencia por motivos de género
De conformidad con las Recomendaciones Generales CEDAW No. 12 (3) y No. 19 (24 k), el Gobierno proporciona información sobre servicios de apoyo a la mujer. El Gobierno ha colaborado con ONG, algunas de las cuales han estado trabajando en este tema a partir de 1999, a fin de establecer y fortalecer una red básica de servicios a las víctimas de violencia en el hogar, ataque sexual y maltrato infantil. En el período 2005-2006, la OPI confeccionó mapas preliminares de la ubicación de los servicios en Dili y en los distritos, en que se confirmó que los principales servicios a víctimas de la violencia por motivos de género pueden agruparse a grandes rasgos en las siguientes categorías: policía (VPU); servicios médicos; servicios psicosociales; y servicios jurídicos.
Dependencia especial para la aplicación de la Ley (Dependencia de Protección de Personas V ulnerables)
En 2001, se estableció en la policía nacional una dependencia especial, Dependencia de Protección de Personas Vulnerables (VPU), a fin de prestar asistencia a las víctimas de ataque sexual, acoso sexual, violencia en el hogar, maltrato infantil y otras personas vulnerables, entre ellas las víctimas de trata. La VPU es el primer punto de contacto para esas víctimas y es el principal agente de remisión de casos a la Fiscalía General, además de establecer enlaces con organismos gubernamentales y ONG que ofrecen servicios de apoyo a nivel nacional y de distrito. En sus etapas iniciales, se prestó muy especial atención a velar por que al menos un miembro de cada VPU fuera una mujer agente de policía, que prestara asistencia en las entrevistas con las mujeres víctimas. A fin de poder cumplir este papel especial, se impartió a agentes de la VPU capacitación adicional durante 17 días.
Originariamente, la CIVPOL de las Naciones Unidas se asignó a las VPU a nivel tanto nacional como de distrito, para que impartiera información al personal, aun cuando esas actividades arrojaron resultados desiguales. Dado que solamente algunos agentes de la policía internacional poseían experiencia en las cuestiones relativas a la violencia por motivos de género, y dada la rotación periódica del personal de la policía tanto internacional como nacional y los diferentes modelos de formación policial utilizados, fue difícil mantener un estándar coherente en la formación del personal de la PNTL. A partir de 2002, se fue dejando sin efecto paulatinamente el papel de la policía internacional.
En momentos de prepararse este informe, se registraba una disminución de las cantidades de mujeres agentes de policía que trabajaban para las VPU en comparación con las cantidades iniciales, lo cual es similar a la declinación general en las cantidades de mujeres en toda la PNTL, que actualmente es de 17% de la fuerza policial. Aun cuando las VPU han mantenido una gran visibilidad a nivel de distrito, y han remitido muchos casos a servicios de apoyo, la VPU nacional ha perdido parte de su visibilidad. La intensa renovación de funcionarios de la VPU ha perjudicado el funcionamiento de todo el Departamento. Además, las mujeres agentes de policía que se marchan cuando quedan embarazadas, por lo general no se reincorporan posteriormente a su cargo.
Tratamiento de las víctimas de violencia por mot ivos de género, especialmente de ataque sexual
Las víctimas que desean denunciar un caso de presunto maltrato tropiezan con muchos obstáculos logísticos que les impiden comunicarse con la policía, entre ellos falta de teléfonos en sus hogares (y falta de líneas externas en las comisarías de policía), falta de transporte hacia y desde las comisarías de policía, así como falta de apoyo de los miembros de sus familias y además, la imposibilidad de salir de su vivienda debido a responsabilidades en la familia, y también a la influencia del presunto perpetrador. Asimismo, las víctimas suelen percibir a la policía como incapaz de ocuparse de su caso, especialmente cuando no han sido objeto de lesiones suficientemente graves además de amenazas, o también piensan que la policía no les creerá si denuncian un incidente.
Como se ilustró en las consultas relativas a la Ley sobre violencia en el hogar, con frecuencia, al denunciar un caso, las víctimas sólo desean que se formule una advertencia al perpetrador y se lo persuada de no seguir cometiendo actos de violencia. Lamentablemente, esto parece tener consecuencias sobre la manera en que se han aplicado las normas en casos de violencia por motivos de género. Por ejemplo, la intención del período de detención de 72 horas del presunto perpetrador es investigar el presunto delito; no obstante, en la práctica la policía lo usa con más frecuencia a fin de que la víctima tenga tiempo suficiente para desistir de la denuncia cuando el perpetrador se arrepiente de sus acciones. Las consultas celebradas con ONG de mujeres indican que los oficiales de policía no investigan metódicamente los casos de violencia por motivos de género y que, aun cuando algunos aceptan que la violencia en el hogar en un delito, sólo tienden a dar curso judicial a la denuncia cuando las heridas de la víctima son graves o ponen en peligro su vida. Al igual que gran parte de la comunidad a cuyo servicio están, muchos oficiales de policía opinan que la violencia en el hogar es una parte normal de la vida y que, de ser necesario, puede resolverse recurriendo a la justicia tradicional.
Dificultades con que tropieza la policía
La PNTL enfrenta, en verdad, muchos problemas cuando se ocupa de casos de violencia por motivos de género. La policía sigue constreñida por una limitada infraestructura: además de los problemas ya señalados, la falta de computadoras en buen funcionamiento significa que no se almacenan debidamente los datos y los cortes de energía eléctrica suelen arruinar las muestras de valor forense recogidas como prueba y almacenadas en refrigeradoras. Además, con frecuencia las víctimas no reciben tratamiento médico de emergencia, pues la policía tarda varios días en encontrar vehículos que transporten a las víctimas al Hospital Nacional de Dili y al Albergue de PRADET.
La policía tiene escasos recursos para proteger a una víctima y/o su identidad. En un caso señalado por una ONG local, una joven víctima de ataques tuvo que viajar en el mismo vehículo que su presunto atacante hasta la comisaría de policía, pues no había ningún otro vehículo disponible. Además, la policía informa de que las víctimas suelen aportar detalles incompletos acerca de los actos de violencia que han sufrido y esto dificulta la investigación de los incidentes. Del mismo modo, los fiscales suelen lamentarse de las pruebas incompletas, pero los propios agentes de policía a menudo no tienen una idea clara de qué se necesita como prueba y, en consecuencia, no se puede resolver el caso.
Pese a esos problemas, desde la independencia la policía ha tenido buen desempeño en circunstancias difíciles. Aun cuando el número de casos denunciados es pequeño, va en aumento. El Gobierno reconoce que debería haber un seguimiento apropiado para determinar si los casos se han investigado suficientemente. En una encuesta, un alto porcentaje de los encuestados (79%) opinó que la policía protege, en verdad, los derechos de la mujer; otras investigaciones indicaron que, pese a los problemas en el trámite policial de los casos de violencia por motivos de género, no hay pruebas de una discriminación institucionalizada por motivos de género.
Servicios médicos
A partir de 2001, el Ministerio de Salud y el Hospital Nacional Guido Valadares de Dili han proporcionado un espacio protegido para víctimas de violencia por motivos de género y mandato infantil. Este espacio protegido, “Fatin Hakmatek”, se convirtió en 2005 en un albergue separado ubicado en los terrenos del Hospital Nacional, bajo la conducción de una ONG local, PRADET Timor Lorosae, con apoyo del UNFPA. Proporciona tratamiento médico de emergencia, reconocimiento por médicos forenses y asesoramiento psicosocial a las víctimas. Este servicio es el primero de su tipo en Timor-Leste y está integrado en la red de remisión de pacientes. La VPU suele llevar víctimas al albergue como primer recurso. El Hospital Nacional aporta al servicio un médico con dedicación exclusiva capacitado para reconocimientos médicos forenses, que utiliza un protocolo forense (véase infra) elaborado por PRADET. El procedimiento de documentación de lesiones es un componente de importancia crucial de las pruebas para un enjuiciamiento eficaz. Todos los copartícipes se esfuerzan por mejorar la respuesta médica a las víctimas, por ejemplo, velando por que reciban importante información sobre la detección del VIH/SIDA y las ITS, además de dedicar más tiempo clínico al seguimiento de la atención médica. Además, PRADET visita a diario la sala de primeros auxilios del Hospital Nacional y consulta al personal sobre si han recibido casos de violencia por motivos de género, además de ofrecer servicios de asesoramiento psicosocial. En 2005, el albergue prestó asistencia a un total de 101 clientas.
Servicios psicosociales
Como ya se indicó en el Documento Básico común, la DNSS del MLCR tiene la misión, encomendada por el Gobierno, de proporcionar servicios de trabajadores sociales y asistencia humanitaria a los miembros vulnerables de la comunidad, entre ellos mujeres, niños, ancianos, discapacitados y menores que entran en conflicto con la ley. En momentos de prepararse este informe, se celebraron conversaciones preliminares entre el MLCR y miembros de la red de remisión de pacientes existente, con miras a establecer varios albergues comunitarios para personas vulnerables, entre ellas las víctimas de violencia por motivos de género.
Sin embargo, hasta ahora la mayor parte del asesoramiento psicosocial a las víctimas corre por cuenta de las ONG. Como parte del servicio “Fatin Hakmatek” ya mencionado, PRADET también ofrece continuamente asesoramiento psicosocial a las víctimas en Dili y en varios distritos. Estos servicios se prestan en un consultorio especial del albergue para garantizar el carácter privado de las consultas y la seguridad. PRADET también efectúa visitas a domicilio y realiza actividades de grupos de apoyo. En 2006, prevé impartir capacitación especial a agentes de salud y líderes comunitarios en Baucau, Oecussi y Suai, sobre la manera de atender a las víctimas de violencia en el hogar, ataque sexual y maltrato infantil. Se escogieron esos tres distritos dado que poseen sendos tribunales en funcionamiento y abarcan una gran parte del país.
El formato de los grupos de apoyo a las víctimas conducidos por PRADET se basa en actividades educacionales y creativas para ayudar a las mujeres a superar el bochorno que sienten por el maltrato. De ser posible, se agrupa a las mujeres en función de la naturaleza de la violencia que padecieron; por ejemplo, hay un grupo de jóvenes víctimas de ataque sexual, y otro grupo de mujeres que sufrieron violencia en el hogar.
Además, Fokupers, una ONG local de mujeres, ofrece otro albergue (Uma Mahon) en Dili para víctimas de violencia por motivos de género y maltrato infantil. Si bien Fokupers es una ONG y no un servicio gubernamental, ha estado ofreciendo asistencia de expertos a las víctimas de violencia por motivos de género a partir de 1997. Con frecuencia, la policía y otras ONG remiten a Uma Mahon a víctimas necesitadas de apoyo y alojamiento, de modo que es un componente clave de la red de servicios en Dili. Además, Fokupers ofrece un programa integral para las víctimas, inclusive asesoramiento de expertos, terapia, asesoramiento jurídico (actualmente, por dos abogados que trabajan a jornada completa) y servicios de mediación.
Las sesiones de asesoramiento consisten en escuchar a la víctima de manera objetiva, explicando que ella no tiene la culpa del maltrato y respetando, en última instancia, las opciones de la víctima. Durante esas sesiones, las víctimas suelen pedir información sobre procedimientos médicos y opciones jurídicas: qué pueden esperar si presentan una denuncia oficialmente. En cuatro distritos, Fokupers cuenta con varios organizadores comunitarios que actúan como coordinadores para las víctimas de violencia por motivos de género en esas comunidades. Tras recibir información, algunas víctimas optan por regresar a su hogar, otras, por marcharse (e ir a vivir con un familiar o amigo), y otras, por permanecer en el albergue. Las órdenes de protección son infrecuentes.
En momentos de prepararse este informe, Fokupers prevé que ampliará su servicio para acompañar a las víctimas en el distrito de Suai. Entre enero y octubre de 2005, Fokupers atendió a 95 clientas.
Hay también varios otros organismos más pequeños que ofrecen servicios de apoyo social a las víctimas de violencia por motivos de género y maltrato infantil en Dili, entre ellos:
•La Fundación Alola (Centro Nacional de Recursos) ofrece asistencia humanitaria y remisión de clientas;
•Fundasaum Centro Joventud (FCJ) ofrece protección a niños, albergue y asesoramiento;
•Ismaik (Institusaun Sekular Maun Alin iha Kristu) cuenta con varios albergues y proporciona asesoramiento psicosocial a las víctimas de violencia por motivos de género;
•Fundasaun Harii Au Metan ofrece un albergue a víctimas de violencia por motivos de género (incluidas víctimas de trata y trabajadoras en la industria del sexo);
•ETWAVE proporciona acompañamiento y albergue a víctimas de violencia por motivos de género.
Servicios jurídicos
El Servicio de Apoyo a las Víctimas (VSS) de JSMP fue establecido en abril de 2004, con financiación del UNFPA. Anteriormente, Fokupers aportaba la mayor parte del apoyo jurídico. El VSS ofrece asistencia jurídica a las víctimas de violencia en el hogar y ataque sexual una vez que los casos son denunciados a la policía y/o a la Fiscalía. El VSS colabora estrechamente con la VPU y con PRADET y Fokupers y desde sus inicios ha aumentado sustancialmente la cantidad de casos de los que se ocupa. El VSS forma parte ahora de la red de remisión de clientas y, entre abril y diciembre de 2005, prestó asistencia a 53 clientas. Junto con PRADET y Fokupers, con frecuencia trata de coordinar los casos, especialmente los difíciles. El VSS prevé que en 2006 ha de consolidar los casos en trámite y ampliar los servicios a los tres distritos de Baucau, Oecussi y Suai, en paralelo con la labor de PRADET en esos distritos y para aportar apoyo multisectorial siempre que sea posible a las víctimas en esos distritos.
Además del VSS y de Fokupers, varias firmas privadas de abogados ofrecen servicios jurídicos a las víctimas de violencia por motivos de género. En el distrito de Dili hay también dos organizaciones (LBH Liberta y LBH Ukun Rasik Aan) que proporcionan asistencia jurídica especializada gratuita a las víctimas de violencia por motivos de género, con el apoyo de la Asia Foundation. Además, la organización LBH Ukun Rasik cuenta con un equipo móvil que abarca varios distritos de Timor-Leste. Los equipos móviles están integrados por mujeres abogadas; pero como se refleja en el número de sus clientas, representan a una minoría.
La Fiscalía General (Ministerio Publiko) es otro protagonista jurídico importante en la red de servicios de apoyo. Aun cuando no ofrece concretamente servicios, a veces acepta denuncias directamente y, por ende, funciona de hecho como entidad de remisión a otros servicios en la red.
Red de remisión de clientas en los distritos
Los mapas confeccionados por la OPI muestran que fuera de Dili hay muy pocos servicios dedicados a víctimas de violencia por motivos de género o que tengan experiencia al respecto. La PNTL (VPU) tiene una oficina en cada distrito, pero con recursos limitados y hay grandes diferencias en las aptitudes y la dedicación de los oficiales de policía de un lugar a otro. El DSS (MLCR) tiene oficinas en Baucau, Maliana y Oecussi. PRADET ha ofrecido a funcionarios hospitalarios en Baucau y Oecussi capacitación sobre tratamiento médico y reconocimiento forense de las víctimas y también envía personal regularmente a los distritos de Oecussi, Same, Suai, Baucau y Alieu para ofrecer asesoramiento psicosocial y seguimiento a las clientas que lo necesiten.
Fokupers cuenta con organizadores comunitarios en Liquica, Bobonaro, Cova Lima y Ermera, quienes actúan como fuentes de remisión de pacientes a Fokupers en Dili, pero no son asesores capacitados. Una ONG, Forum Peduli Wanita Oecussi, estableció recientemente un albergue para víctimas de violencia por motivos de género en este enclave, con el apoyo de Caritas Australia y del UNFPA; otras dos ONG locales de mujeres también prestan asistencia a las víctimas en la misma localidad. ISMAIK (por conducto de la Iglesia) ofrece albergue en Alieu, Ainaro, Liquica, Same y Viqueque. En Baucau, el Programa de promoción de la mujer del Centro Baucau Buka Hatene está formulando un programa de apoyo a las víctimas de violencia por motivos de género y de capacitación de un grupo de mujeres asesoras, con el apoyo de PRADET y Caritas Australia.
El VSS de JSMP ha consolidado sus servicios en Liquica, pero actualmente sólo funciona en el distrito de Dili, por falta de recursos. LBH Biankara funciona en los distritos de Ainaro, Maliana, Suai y Same, donde hay divisiones especializadas en cuestiones de género. LBH Yayasan ECM de VSS funciona en Baucau, Lospalos, Manatuto y Viqueque. LBH Fortuna funciona en Ermera.
Pese a todas las actividades descritas, sigue siendo muy difícil para la mayoría de mujeres y los niños residentes en zonas rurales de Timor-Leste la obtención de asistencia profesional cuando la necesitan. Muchos viven en situación de extrema pobreza y piensan que hay escasa o ninguna posibilidad de vivir independientemente del autor del maltrato y obtener sus propios ingresos. Los miembros de la red de remisión de clientas han reconocido que es preciso fortalecer el vínculo entre los servicios de apoyo psicosocial y los que se ocupan de empleo y medios de vida.
Opiniones de las víctimas sobre las fuentes de apoyo
La investigación ha mostrado que la razón más común para no acudir en procura de ayuda era la falta de transporte (23%); la considerable distancia hasta los servicios de salud (20%) y la vergüenza por lo acontecido (18%). Cuando se les preguntó qué tipo de apoyo sería útil, hubo una diferencia entre lo que pensaban que sería útil y lo que hicieron. Por ejemplo, un 25% de las mujeres pensaban que sería útil el apoyo del grupo de mujeres, pero sólo 1% asistieron a reuniones de un grupo de mujeres. De manera similar, 51% pensaban que hablar con sus padres y madres sería útil, pero sólo 32% lo hicieron. Solamente un 3% de las víctimas opinaron que la policía era útil y un porcentaje incluso menor (1%) recurrió realmente a la policía. Esas estadísticas son sorprendentes cuando solamente menos de la mitad de las encuestadas dijeron que se satisfacían sus necesidades.
En una evaluación realizada por PRADET de su albergue, las mujeres que utilizaron este servicio apreciaban el refugio pero habrían preferido ver a un médico sin demora y tener mejor acceso al seguimiento médico.
Procedimiento de remisión de clientas
En Dili, la VPU normalmente remite los casos al Hospital Nacional de Dili y/o al albergue de PRADET, y a veces a la DNSS (que se encarga de proteger y ubicar a los niños víctimas de maltrato), antes de efectuar remisiones a Fokupers y al VSS de JSMP. El trámite de remisión es oficioso y fue evolucionando orgánicamente en los últimos años, a menudo sobre la base de las relaciones personales entre colegas de esas organizaciones. No todos los casos tienen este trámite. Muchas víctimas se presentan directamente a Fokupers, a la oficina de PRADET o a la OPI, en lugar de recurrir a la policía. Las clientas de Fokupers no se remiten por lo general al VSS de JSMP sino que reciben asistencia jurídica de la propia organización. Además, hay muchas otras fuentes de remisión de víctimas, entre ellas la Iglesia, líderes comunitarios, la Fundación Alola y la propia OPI.
Como ya se explicó, después de la intervención inicial de la policía, una gran proporción de casos de violencia por motivos de género nunca llega a los tribunales. Pero la OPI ha pedido que se investigue más a fondo la manera en que los casos se desplazan por el itinerario de remisión y, en particular, por el sistema jurídico. En este momento no hay posibilidad de rastrear el trámite de un caso después de su remisión de una organización a otra dentro de la red.
A partir de 2002, la OPI y el UNFPA han aportado apoyo financiero y técnico al desarrollo de la red de remisión de clientas, inclusive para:
•Capacitación de todos los funcionarios de la VPU (véase supra);
•Donación de dos motocicletas a la oficina de la VPU en el distrito de Dili; y
•Financiación de Fatin Hakmatek de PRADET, Uma Mahon de Fokupers y VSS de JSMP.
Marco jurídico de la red de remisión de client a s
Actualmente, no hay una clara base jurídica para la red de servicios de remisión de clientas. No obstante, como ya se señaló, el proyecto de Ley sobre violencia en el hogar establece un régimen cabal de servicios de apoyo a las víctimas de violencia por motivos de género.
En particular, el artículo 15, “Autoridades comunitarias”, ordena que los jefes de aldea y de suco, en coordinación con la OPI, “promuevan y garanticen la creación de mecanismos de prevención de la violencia en el hogar” así como que “colaboren con otras instituciones en la aplicación de medidas de concienciación pública de los ciudadanos sobre estos temas”. El artículo 17 del proyecto de Ley sobre violencia en el hogar prevé que el Gobierno promoverá la creación de “centros de apoyo” para ofrecer asistencia, albergue y orientación a las víctimas de violencia, con reglamentación por un Decreto Ley separado. La ley también prevé un servicio telefónico de emergencia, un “servicio de asistencia hospitalaria y un “servicio especializado de asistencia policial”. También prevé que la OPI ha de apoyar y supervisar las actividades de las “organizaciones de apoyo a las víctimas”, vale decir, las ONG y organizaciones comunitarias que ofrecen asistencia a las víctimas.
El Preámbulo del Decreto Ley establece que la Ley tiene el objetivo de “fortalecer los servicios de apoyo a las víctimas de violencia en el hogar ya existentes en Timor-Leste”. En particular, el Artículo 2 establece que la OPI ha de coordinar un plan nacional de creación y puesta en marcha de centros de apoyo en todos los distritos de Timor-Leste. Cada centro de apoyo tendrá un centro de recepción, que ayudará directamente a las víctimas y actuará como agente de remisión, además de un albergue.
Una vez aprobados y promulgados, este Decreto Ley y la Ley contra la violencia en el hogar proporcionarán una base jurídica integral a la red de servicios actualmente existente en Timor-Leste.
Pero actualmente hay una gran discrepancia entre la formen que operan sobre el terreno los servicios existentes y la nueva estructura estipulada en la próxima legislación. El Gobierno reconoce que habrá que superar muchos obstáculos. En la práctica será necesario un proceso de categorización de los servicios existentes, o bien como “centros de recepción” o “albergues”, como se define en el Decreto Ley; o bien “servicios especializados” como se define en la Ley contra la violencia en el hogar. Por ejemplo, Uma Mahon, de Fokupers, es claramente un albergue, mientras que el albergue de PRADET es a la vez un “centro de recepción” puesto que recibe y remite a las víctimas, y también forma parte del “servicio de asistencia hospitalaria especializada”. La oficina para VSS de JSMP es un “centro de recepción”. La VPU es un “servicio de asistencia policial especializada”. Por consiguiente, la dificultad para el Gobierno y los copartícipes en redes de remisión será fortalecer la red de manera coherente con los principios y las estructuras que establece la legislación.
Aspectos débiles de la red de remisión de clientes
En marzo de 2005, la OPI y el UNFPA investigaron los principales problemas de la red de remisión de clientes y constataron lo siguiente:
•Aún no se han definido claramente las funciones y responsabilidades de cada organización y cada institución gubernamental, lo cual impide a veces que las víctimas de violencia se beneficien con la gama de asistencia disponible en todos los sectores;
•Actualmente se han establecido entre distintas fuentes de servicios redes y comunicaciones oficiosas, pero no existen ni memorandos de entendimiento ni protocolos oficiales sobre sus relaciones, ni sobre las remisiones de clientes, todo lo cual puede crear confusión;
•En algunos casos, aún no hay un claro entendimiento entre algunas dependencias gubernamentales y de ONG con respecto a los servicios ofrecidos en cada una de las otras. Por ejemplo, algunas comisarías de policía todavía no están al corriente de las funciones de otras fuentes de servicios. Además, no hay coordinación entre algunos servicios de apoyo de menor magnitud existentes, ni se conocen entre sí;
•Los encargados de servicios de apoyo siguen dependiendo en gran medida de donantes bilaterales y organismos de las Naciones Unidas, situación insostenible en el largo plazo;
•Como ya se mencionó, fuera de Dili las víctimas disponen de muy pocos servicios. Si bien Fokupers, PRADET, VSS de JMSP y DNSS del MSCR reciben clientas remitidas desde los distritos, hasta ahora carecen de recursos para establecer oficinas permanentes en todos los distritos. Las limitaciones logísticas y financieras de la provisión de servicios sociales básicos a la población de distritos y zonas remotas es un grave problema para todos los encargados de servicios en Timor-Leste.
En momentos de prepararse este informe, el Gobierno y los centros de remisión de clientas comienzan a abordar los problemas, particularmente tratando de integrar en una red única las redes existentes de protección a la infancia y los servicios a víctimas de violencia por motivos de género. Actualmente, hay poca coordinación a nivel de políticas entre la red de protección a la infancia y la red de remisión de víctimas de violencia por motivos de género. Pero en la práctica, muchos de los encargados del apoyo colaboran entre sí y a menudo se remiten recíprocamente casos que afectan a niños.
Logros de la red de remisión de clientas
El hecho de que ya existe en Timor-Leste una red básica de servicios es un enorme adelanto. En gran medida, esos servicios se establecieron “desde las bases hacia arriba”, debido en parte a la esmerada labor y dedicación de algunas importantes protagonistas del movimiento de mujeres en Timor-Leste. Han establecido sus propias conexiones recíprocas y sus propios medios de recibir remisiones y llegar a las víctimas en la comunidad. Cada uno de los servicios principales está a cargo de personal nacional, con mínima asistencia de asesores internacionales. Hay un pequeño, aunque dedicado, grupo de asesores capacitados, oficiales de policía, abogados, trabajadores sociales y profesionales de la salud que se especializan en la violencia por motivos de género.
Protocolo forense
En 2004, la OPI se involucró intensamente en un grupo de trabajo establecido por la TLPDP y la VPU a fin de preparar un protocolo de reconocimiento médico forense de las víctimas de violencia en el hogar y ataque sexual, y fortalecer los vínculos entre los principales encargados de servicios y la policía. En 2005-2006, PRADET preparó un texto preliminar , “Protocolo para examinadores médicos y forenses sobre violencia en el hogar, ataque sexual y maltrato infantil”, que consta de un formulario estandarizado e instrucciones y diagramas para recoger pruebas objetivas en caso de violencia en el hogar, ataque sexual y maltrato infantil. El protocolo se preparó en tres idiomas (tetum, portugués e inglés) y se abriga la esperanza de que sea de fácil uso para los profesionales de la salud. En momentos de prepararse este informe, el Ministerio de Salud está examinando el Protocolo. Actualmente, el UNFPA patrocina la capacitación en el extranjero de un médico timorense sobre reconocimientos forenses; asimismo, PRADET está procurando asistencia técnica de corta duración brindada por personal médico formado para impartir capacitación en Timor-Leste.
“Programa de capacitación para el control del comportamiento violento ” para delincuentes violentos
En 2005, se inició un programa sobre control de la cólera y el comportamiento violento para convictos de violencia sexual y en el hogar. El Ministerio de Justicia otorgó permiso para ejecutar este programa a título experimental en la cárcel de Becora, Dili, y después de llevarlo a término exitosamente, para llevarlo a otras cárceles del país. El programa, aunque no es parte de la red de servicios de remisión de víctimas, forma parte de una estrategia de rehabilitación y prevención encaminada a dotar a los presos de aptitudes para evitar la violencia antes de que dejen la cárcel y regresen a sus comunidades. Esto concuerda con la Recomendación General CEDAW No. 19 (24 r) sobre violencia contra la mujer.
A principios de marzo de 2006 se seleccionó a 12 guardianes de cárcel y se llevó a término la etapa I del Curso de formación de instructores sobre control del comportamiento violento, curso básico de una semana de duración que imparte aptitudes de asesoramiento y capacitación, ofrecido por el Organismo de Desarrollo de Timor Oriental. Al mismo tiempo, tras celebrar consultas en la cárcel de Becora y con asistencia de un especialista internacional en capacitación, se preparó y perfeccionó un Manual de capacitación sobre control de comportamientos violentos, apropiado al ámbito timorense. En momentos de prepararse este informe, se ha de realizar la segunda etapa del programa de formación de instructores en beneficio de tres guardianes de cárcel, sobre los 10 módulos del Manual. Una vez que se lleve a término la segunda etapa, se prevé que los guardianes impartirán capacitación a presos seleccionados.
Conclusión
En sus pocos años de existencia, es mucho lo que ha logrado la OPI, especialmente en avances jurídicos, como la formulación de la Ley sobre violencia en el hogar, la promoción del proyecto de Código Penal que tipifica como delito la mayoría de los delitos sexuales y el Decreto Ley para líderes de suco, actualmente encargados de prevenir la violencia doméstica en sus comunidades. La OPI ha contribuido mucho al proceso de establecer una red básica de servicios de apoyo a las víctimas de violencia sexual y en el hogar y ha profundizado la conciencia pública acerca de este problema mediante amplias campañas anuales y de educación cívica.
No obstante, persisten varios problemas de gran magnitud, pues la violencia por motivos de género está generalizada en Timor-Leste y actualmente se dispone de limitados recursos para abordar el problema. Evidentemente, es mucho lo que queda por hacer en materia de “captar corazones y mentes” y lograr un cambio de actitudes en la sociedad para que nunca se tolere la violencia de ningún tipo por motivos de género. También queda mucho por hacer para velar por que quienes piden ayuda reciban servicios de calidad que promuevan su proceso de recuperación.
Papeles y estereotipos culturales ( Art ículo 5 de la CEDAW)
Introducción
En cualquier sociedad puede ser difícil el debate sobre la cultura, puesto que suele vincularse con la identidad de personas o grupos de personas y puede temerse que al ventilar aspectos de la cultura se la pueda debilitar o erradicar. Éste es particularmente el caso en la sociedad de Timor-Leste, que ha sufrido una larga historia de ocupación por diversas culturas, y a veces, una supresión brutal de su pueblo y sus tradiciones.
Hay en Timor-Leste muchas organizaciones que han incorporado en su labor ideas de igualdad de género y que siguen luchando por el reconocimiento de los derechos de la mujer en calidad de derechos humanos. La investigación ha mostrado que el público timorense, particularmente en zonas urbanas, apoya los derechos de la mujer en relación con una mayor voz en los procedimientos de la justicia tradicional y un mayor disfrute de derechos a la tierra.No obstante, esto debe considerarse en el marco de las medidas generales para lograr la igualdad de género y, en particular, eliminar la violencia por motivos de género, puesto que se suelen percibir como ideas “malae” (extranjeras), inapropiadas para la cultura y tradición locales. No cabe duda de que esto limita la eficacia de los intentos de crear conciencia sobre prácticas culturales opresivas y, en última instancia, erradicarlas.
En 2004, en el Segundo Congreso Regional de Mujeres, los participantes reconocieron públicamente y objetaron los aspectos patriarcales de la cultura de Timor-Leste que tienen efectos negativos sobre las mujeres y les impiden participar plenamente en la sociedad. Entre esas prácticas figuran la poligamia y el barlake (precio de la novia), así como los problemas de la sucesión, ya considerados en el Documento Básico común. Pero al mismo tiempo se reconoció que la cultura de Timor-Leste tiene muchos elementos de gran valor que es preciso preservar. Los participantes expresaron preocupación frente al aumento de las tasas de divorcio y al hecho de que las mujeres ya no se visten conforme con las tradiciones locales y esto, a su juicio, forma parte de una tendencia general a abandonar las tradiciones y la identidad. También reiteraron la necesidad de que el país mantenga su apertura a las culturas de otros países y se incorpore a la globalización.
Es evidente que todo debate sobre la cultura en el ámbito de Timor-Leste debe abordarse con cierto grado de sensibilidad. La experiencia ha demostrado que las iniciativas para eliminar las prácticas o estereotipos nocivos son más eficaces cuando son las propias personas quienes determinan cuáles aspectos de su cultura y tradiciones son saludables y comprenden y aceptan que hay algunos aspectos potencialmente perjudiciales. Si bien la idea de que la violencia por motivos de género es un grave problema está lentamente permeando la conciencia del público, la penetración de ideas de salud reproductiva es menos evidente, y muchas mujeres defienden abiertamente su derecho a tener familias numerosas, en parte como reacción a prácticas traumáticas de planificación de la familia que les fueron impuestas durante los años de ocupación indonesia.
El Gobierno está comprometido a preservar la cultura de Timor-Leste, como lo estipula el Artículo 6 (5) de la Constitución: “afirmar y valorar la personalidad y el legado cultural del pueblo de Timor-Leste”. Esta idea se refuerza en el Artículo 59 (5), en que se afirma que “toda persona tiene el derecho al disfrute y la creatividad culturales y el deber de preservar, proteger y valorar el patrimonio cultural”. Al mismo tiempo, el Gobierno, sobre la base de la Constitución, reafirma su “determinación de combatir todas las formas de tiranía, opresión, dominación social, cultural o religiosa y segregación”. Además, se establece que Timor-Leste es una nación en que se respeta como derecho constitucional fundamental “la dignidad de la persona humana”, y se garantizan los derechos humanos y fundamentales de sus ciudadanos.
Prácticas culturales que restringen la promoción de los derechos humanos de la mujer
Los delegados que participaron en 2004 en los cuatro Congresos Regionales de Mujeres realizados en Timor-Leste determinaron otros aspectos de la cultura del país que afectan negativamente a las mujeres, entre ellos, los procedimientos de la justicia tradicional y la negativa de algunas personas a aceptar que las mujeres sean jefas de aldea u ocupen otros cargos públicos. A continuación se consideran éstas y otras actitudes culturales consideradas como potencialmente perjudiciales para las mujeres.
Percepciones de los derechos y ejercicio del poder
La investigación ha mostrado que en Timor-Leste, después de su independencia, tanto hombres como mujeres tienen conciencia de que poseen derechos y los consideran positivos, posibilitantes de la libertad, del respeto mutuo y de las oportunidades. No obstante, esto es diferente de lo que interpretan como poder real, o la facultad de adoptar decisiones y realizar acciones. En las consultas, algunas mujeres dijeron que si bien hay ahora igualdad de derechos, éstos atañen concretamente a sus papeles tradicionales y que, en la práctica, las mujeres carecen de poder. Esto queda apoyado por las pruebas que se recopilaron en talleres con estudiantes avanzados de escuela secundaria, en que tanto las niñas como los niños varones declararon que los hombres tienen más poder que las mujeres.
Por otra parte, hay en Timor-Leste mujeres y hombres que tienen una percepción negativa de la igualdad de derechos e interpretan que tal igualdad entraña la obligación de asumir todos los valores de la cultura occidental. En una serie de consultas sobre el tema de la igualdad de genero, algunas encuestadas expresaron la opinión de que “los derechos de la mujer redundaron en que las mujeres lleven faldas cortas”. Algunos piensan que la igualdad de derechos es la causa de la violencia en la familia, pues las mujeres están desafiando a sus esposos y esto puede llegar a causar la desintegración de la unidad familiar. A veces se percibe a las ONG que propugnan los derechos de la mujer como fuente de injerencia y aliento a las mujeres para que “se rebelen contra sus esposos”. En los distritos, un asesor sobre cuestiones de género atribuyó el aumento de número de casos de violación sexual en Dili a los debates sobre la igualdad de género. Otros se han resignado a aceptar la idea de que las mujeres tienen derechos, pero la cuestión es ahora decidir hasta qué punto se otorgarán derechos a la mujer”. En una consulta, una mujer declaró que “igualdad de género está bien en el Gobierno, pero no puede regir la familia”.
Distribución de los papeles en el hogar
Como ya se explicó en la sección sobre “Matrimonio y familia” del Documento Básico común, se considera que el hombre es el jefe del hogar y quien adopta todas las decisiones principales relativas a la familia, mientras que su esposa tiene múltiples funciones relativas a las tareas domésticas, y realiza algún tipo de trabajo agrícola y actividades para generar ingresos, como la venta de tais.
Con frecuencia, esas actividades domésticas requieren que las mujeres y las niñas acarreen cargas extremadamente pesadas. Las tareas domésticas pueden requerir largas horas en condiciones difíciles, con frecuencia también cuando la mujer está embarazada; puede realizar, por añadidura, otras tareas, como la agricultura intensiva de subsistencia o el trabajo en el mercado laboral. Este género de vida puede perjudicar la salud de la mujer, tanto en lo inmediato como a largo plazo.
La distribución de tareas en función del género asegura la estabilidad de la familia, que es muy importante en la cultura de Timor-Leste. Esos papeles están generalizados y son naturales. Las mujeres participan en ceremonias tradicionales, en las que se espera que preparen alimentos, compartan danzas tradicionales y, en general, se ocupen de “asuntos de mujeres”, lo cual incluye resolver los problemas de otras mujeres.
Restricción de la movilidad de la mujer
En contraste con la libertad de que disfruta su esposo, la movilidad de una mujer en Timor-Leste está restringida, puesto que suele salir de su vivienda solamente en determinadas ocasiones, como llevar alimentos a su esposo si está trabajando en los campos, ir al mercado para la compra o la venta de artículos, o asistir a la Iglesia. Las jóvenes que tienen hijos y escasa o ninguna ayuda de otras mujeres de su familia están particularmente restringidas y permanecen en su vivienda. Además, esta pauta también rige para las niñas de la familia. Hasta cierto punto, el tiempo de esparcimiento de una mujer también está controlado y cuando puede asistir a actividades fuera del hogar, su esposo o su familia suelen cuestionar sus motivos, pues consideran que esa independencia amenaza la estabilidad del hogar. Durante una consulta, cuando se preguntó a un grupo de estudiantes de escuela secundaria si estaban de acuerdo con la idea de que una mujer podía salir a trabajar, una pequeña minoría (mayormente, niñas y unos pocos niños varones) indicó que esto era posible sólo si ella daba pruebas de su capacidad para realizar el trabajo. Esto ocurre pese a que durante los años de la resistencia, muchas mujeres eran activistas, movilizaban la asistencia y participaban en los combates de guerrillas.
Funciones en relación con la crianza de los hijos
En el Artículo 39 (4) de la Constitución se estipula que la maternidad es un estado que debe ser “dignificado y protegido”. En la cultura de Timor-Leste es por lo general la mujer quien asume la responsabilidad primordial de criar a los hijos, aun cuando es la familia amplia (frecuentemente la del padre) la que se hace cargo en caso de fallecimiento de uno de los progenitores o si la madre vuelve a contraer matrimonio. Por consiguiente, la madre puede perder el derecho de cuidar a sus hijos; como ya se indicó en la sección sobre “Cuidado de los hijos” del Documento Básico común, esto puede interpretarse como prueba de una práctica discriminatorio contra la mujer. De conformidad con las estipulaciones del Artículo 5 (b) de la CEDAW, ya se logró algún grado de educación general para profundizar la conciencia de las familias y las comunidades sobre las funciones y responsabilidades de ambos progenitores y de las familias en la crianza de los hijos; pero por lo general, el Gobierno sólo interviene en asuntos de la familia si corre grave peligro el interés superior del niño. En zonas urbanas, los padres tienden a participar más que en las zonas rurales en la crianza de sus hijos, especialmente si la esposa está empleada fuera del hogar y si tiene ayuda de otras mujeres miembros de la familia amplia.
Matrimonios precoces
Como ya se indicó en el Documento Básico común, las edades mínimas para contraer matrimonio según la legislación en vigor son 15 años para las niñas y 18 años para los varones. En las consultas relativas a los informes sobre el Tratado, las personas expresaron preocupación por el matrimonio de niñas a edad muy temprana. Dadas las prolongadas negociaciones entre las familias sobre la suma apropiada de barlake a abonar, con frecuencia los jóvenes se encuentran en una unión “de hecho” o consuetudinaria durante muchos años, mientras sigue negociándose la dote antes de contraer matrimonio ante la Iglesia u obtener reconocimiento legal de su relación. Es posible que una niña sea prometida en matrimonio a los 15 años, contraiga matrimonio en una ceremonia tradicional a los 17 años y finalmente contraiga matrimonio en la Iglesia cuando tiene más de 20 ó 30 años de edad, a menudo después de tener varios hijos. También hay preocupación frente a la creciente cantidad de matrimonios en la adolescencia que pone de manifiesto la reciente Encuesta Demográfica y de Salud de 2003. La encuesta indica que va disminuyendo la edad al contraer matrimonio y que las encuestadas más jóvenes tienen más probabilidades de haber contraído matrimonio antes de los 20 años que las mujeres de más edad. No hay diferencias apreciables en esta práctica entre zonas rurales y urbanas, pero las hijas de familias en posición económica más holgada probablemente han aplazado su matrimonio y han dedicado más largo tiempo a su educación.
Tanto los varones como las niñas menores de 18 años pueden contraer matrimonio en la Iglesia; pero si la niña es menor de 16 años, es preciso el consentimiento paterno. Si bien los varones tienden a estar cerca de su edad mínima al contraer matrimonio, la Iglesia puede casar a una niña menor de 18 años, o incluso más joven, si median circunstancias especiales, como un embarazo. Pero esta práctica varía de un distrito a otro. La Iglesia no se involucra en prácticas consuetudinarias como el barlake o los matrimonios negociados, que considera asuntos privados. Es responsabilidad de la pareja, de ser necesario, notificar de su matrimonio al registro civil.
En momentos de prepararse este informe, el Consejo de Ministros está examinando un Código de Registro Civil que establecería disposiciones jurídicas para el matrimonio civil y muy probablemente requeriría que todos los matrimonios religiosos se registren en el Registro Civil Central. Esto también contribuiría a vigilar si se cumple con las disposiciones sobre edad mínima. La aprobación del Código de Registro Civil depende de que se ratifique el proyecto de Código Civil; en momentos de prepararse este informe, se desconocen las disposiciones de dicho Código.
La c reencia de que es preciso repoblar el país
En consultas con un grupo de estudiantes avanzados de escuela secundaria, tanto varones como niñas, la mayoría de ellos declararon que es necesario que las mujeres de Timor-Leste tengan muchos hijos, puesto que éstos tienen importancia crucial para la riqueza de la familia. Debido a la práctica del barlake, que impone a la familia del esposo un pago a la familia de la esposa, en la cultura nacional se considera una bendición que la familia tenga muchas hijas. Esta situación queda confirmada por la constataciones de las Consultas regionales relativas a la CEDAW, según las cuales se considera que una población numerosa tiene importancia crucial para el desarrollo de Timor-Leste. Tanto hombres como mujeres opinaron que era preciso repoblar el país, especialmente tras la gran cantidad de muertes durante el conflicto causado por la ocupación indonesia. Pese a los riesgos de salud asociados con tener muchos hijos y con poco espaciamiento entre ellos, aún se considera negativo utilizar anticonceptivos en un país donde predomina la religión Católica Romana; un estudio en los siete subdistritos de Cova Lima indicó que las mujeres no opinaban que las tradiciones sobre salud reproductiva o barlake necesariamente entrañan riesgos para ellas.
Otras tradiciones culturales relativas a la salud reproductiva de la mujer
En los Congresos Regionales de Mujeres realizados en 2004 se determinó que varias tradiciones culturales crean impedimentos para abordar los problemas de salud reproductiva de la mujer. Por ejemplo, tanto las mujeres como los hombres tienen la firme convicción de que la tarea principal de una mujer es la reproducción. Si bien las mujeres consideran favorablemente un mayor espaciamiento entre los hijos, en general tienen opinión negativa sobre tener menor cantidad de hijos. Además, se piensa que los jóvenes no deberían utilizar anticonceptivos, puesto que esto alienta la promiscuidad y que los hombres que utilizan condones (preservativos) no son dignos de confianza. También se piensa que la utilización de anticonceptivos suscitará enfermedades en la mujer; esta creencia, probablemente, es una consecuencia de los intentos frustros de imponer planificación de la familia y control de la natalidad durante la ocupación indonesia, intentos que causaron infecundidad en algunas mujeres. Además, se aconseja a las mujeres que no amamanten a sus hijos con la primera leche que producen, durante meses, puesto que se cree que esta leche “está contaminada”. Además, para muchas mujeres también es una tradición fajar a sus niños recién nacidos durante al menos un mes, y creen que deben mantener al niño cerca del fuego y a puertas cerradas, sin exponerlo al aire exterior. Por último, la influencia cultural en la crianza de la mujer es tal que ella considera que tiene el deber de anteponer las necesidades de su familia a las propias, con lo cual es poco probable que solicite y reciba tratamiento, a menos que esté gravemente enferma.
Creencias tradicionales que desvalorizan la educación de niñas y mujeres
Hasta la fecha, no se han realizado investigaciones sobre la educación de la mujer, especialmente desde una perspectiva cultural que determine estrategias para aumentar su acceso a la educación. Hubo algunos estudios sobre programas de alfabetización de adultos que se centraron en factores socioculturales como obstáculos para la participación de las mujeres en dichos programas. Esta última investigación indica que las creencias acerca de las razones por las que las niñas no deben recibir educación están relacionadas con la antigua práctica de negociar el casamiento de las mujeres y también con la pobreza.
Las actitudes culturales tratan del período de colonización portuguesa, en que las mujeres tenían menor acceso que los varones a la educación. Eran pocos los niños varones y muchas menos las niñas, normalmente hijas del liurai o c hefe do suco que asistían a la escuela. Esa pauta continúa hasta la actualidad, en que son principalmente las mujeres de más edad pertenecientes a familias nobles las que pueden participar en actividades fuera de su hogar. Mientras se preparaba a los niños varones para ocupar cargos en la administración portuguesa, las niñas debían permanecer en el hogar, bajo la vigilancia de sus progenitores, y aprender a realizar tareas domésticas como preparación para su matrimonio. Incluso durante la ocupación de Indonesia, en que el sistema de educación estaba abierto a todos, muchas familias optaron sin embargo por no enviar a sus hijas a la escuela debido a preocupaciones por su seguridad a raíz del frecuente acoso sexual de las adolescentes por los militares indonesios. Otra razón por la que algunas niñas no asistieron a la escuela fue la amenaza de inyecciones de anticonceptivos administradas con el pretexto de ejecutar programas de vacunación durante la ocupación.
Esas opiniones están apoyadas por las constataciones en recientes Consultas regionales relativas a la CEDAW, en que las mujeres también manifestaron que sus familias no las alentaban a asistir a la escuela, pues se esperaba que se marcharan de su propia familia al casarse y, en esas circunstancias, tenía poco sentido que la familia del esposo se beneficiara con su educación. En verdad, en algunas zonas rurales persiste hasta hoy la creencia de que para una mujer educada es difícil encontrar marido y no todas las mujeres de hogares en mejor posición económica pueden completar su educación. Además, muchas mujeres expresaron deseos de estudiar, pero la carencia de medios económicos les impedía recibir una educación, de modo que el matrimonio parecía ser la única manera de liberarse de la pobreza. Esto ocurre especialmente con hijas de madres solteras, o huérfanas. En el primer Congreso Nacional de Mujeres se presentaron informes de que con frecuencia las familias adoptivas descuidaban a las huérfanas, que eran objeto de discriminación en las escuelas.
En paralelo, siempre hubo familias, predominantemente de clanes matrilineales, en que las niñas permanecen con sus familias después de contraer matrimonio y, por lo tanto, éstas tienen interés en educarlas. En los casos en que la madre o una mujer mayor en la familia ha recibido educación académica, es más probable que las niñas de la familia asistan a la escuela; no obstante, suelen llegar sólo al nivel primario, o al secundario. Se teme que en la escuela secundaria, o más adelante, las niñas encuentren novio y se casen, lo cual pondrá fin a su educación. A partir de la independencia están cambiando gradualmente las actitudes, pues aumenta el número de familias que reconocen el valor de educar a la niña, dadas las mayores oportunidades que tendrá de trabajar en el sector público, como el Gobierno, o en oficinas privadas. En esos casos, las mujeres deben desempeñar papeles y cumplir con responsabilidades en la familia, además de las demandas de su empleo. Otras familias son más pesimistas y piensan que basta con la educación primaria, tanto para niños varones como para niñas, dada la actual falta de oportunidades de empleo. Según un estudio, una tercera parte de las familias más pobres y una cuarta parte de las más ricas del país no están interesadas en la educación. Se mencionó la falta de interés como razón principal para no asistir a la escuela, particularmente en los grupos de mayores edades y, también en este caso, debido al deplorable clima económico. Esta falta de interés data del período de la ocupación indonesia, en que muchas personas consideraron que los currículos eran ajenos y no pertinentes, por no tomar en cuenta para nada la historia de Timor, ni su geografía, sus artes o su tradición literaria oral. En consecuencia, se estableció una actitud negativa con respecto a la educación.
Estereotipo s de género en los materiales didácticos
Según se indicó en el CCD, el Gobierno enfrenta muchos problemas en el sector educacional, entre ellos, la escasez de materiales de aprendizaje. En las escuelas, más de la mitad de los estudiantes carecen de libros y los libros que existen datan de los tiempos de ocupación indonesia y están escritos en idioma indonesio bahasa. Muchos estudiantes acuden a la escuela con sólo un cuaderno de ejercicios. Se han utilizado materiales pedagógicos que reflejan culturas de otros países, como Australia o Portugal, los cuales pueden no ser apropiados para la cultura ni, en verdad, para los idiomas de Timor-Leste. Aún no se han preparado libros de texto para temas del currículo de aprendizaje obligatorio, como la instrucción en el idioma tetum. Por consiguiente, en momentos de prepararse este informe, es difícil determinar en qué medida los libros de texto perpetúan los estereotipos de género. Esta información podría proporcionarse en el primer informe periódico del Gobierno. Gracias a su Plan Nacional de Desarrollo, el Gobierno se compromete a desarrollar y ampliar “la calidad de los libros de texto y de otros materiales y procesos didácticos, destacando la importancia de eliminar los estereotipos de género y de adoptar un currículo pertinente”.
Se ha incluido la cultura como uno de los seis temas principales del nuevo currículo de escuela primaria, focalizado en representaciones dramáticas y en danzas, artes y artesanías tradicionales. El propósito es combinar la instrucción académica en la escuela con la base de conocimientos de los líderes tradicionales y los expertos locales a fin de promover la conciencia cultural y la apreciación del patrimonio cultural. Esto es particularmente importante dada la ausencia de capacitación y conocimientos de los maestros en materia de estudios culturales. En momentos de prepararse este informe, el Ministerio de Educación propone introducir también la cultura como tema principal a nivel secundario y ya se han hecho tareas preparatorias sobre prácticas consuetudinarias y justicia tradicional, con el apoyo de la Asia Foundation. No obstante, todavía no está claro si en este currículo o en la capacitación se consideran las prácticas tradicionales que tienen efectos perjudiciales sobre la mujer. Con respecto a los temas estudiados en la escuela, se adopta el mismo currículo para niñas y niños varones; pero es evidente la influencia de los papeles tradicionales en algunas actividades posteriores a la jornada escolar, en que las niñas reciben clases de costura y los niños varones, de carpintería.
C reencias culturales que influyen sobre la participación en gobiernos comunitarios y locales
En Timor-Leste, actualmente son los hombres quienes adoptan las principales decisiones a nivel comunitario y de gobierno. Debe ser “el líder adecuado”; de lo contrario, la ira de los antepasados se desencadenará contra la comunidad local. En esta esfera, las mujeres están más restringidas que en el hogar. En general, no pueden ocupar cargos de líderes tradicionales y esto también ocurre con las mujeres de clanes matrilineales. Aunque estén representadas en la mayoría de los consejos de aldea, las mujeres no ocupan cargos de alto nivel. En las reuniones públicas, las mujeres se sientan por lo común a un costado o detrás de los líderes tradicionales masculinos y, cuando quieren hablar, primeramente deben pedir permiso al líder, demostrando así respeto hacia él. Las mujeres probablemente prepararán la comida y la servirán a los dignatarios durante las reuniones comunitarias, en lugar de participar activamente en ellas.
Las razones para esta falta de participación no sólo pueden atribuirse a que las mujeres carecen de educación académica, o de experiencia, ni a que se utilizan los idiomas locales, sino más bien a la opinión tradicional acerca de que expresarse o “hablar demasiado” no es una cualidad deseable en una mujer, y mucho menos si interrumpe en la conversación a su esposo o a parientes varones de más edad. Las mujeres tienen muy presente la necesidad de “controlarse” a sí mismas en todo momento. Por consiguiente, muchas mujeres guardan silencio con respecto a temas importantes y, a lo largo del tiempo, queda limitada su capacidad de pensar independientemente. Como ejemplo, en la consulta a escala nacional sobre la redacción de la Constitución, una encuesta reveló que dos quintas partes de la población, especialmente las mujeres jóvenes, opinaban que no tenían ninguna voz en este proceso.
Después de la independencia, se acepta por lo general que una mujer puede participar en el Gobierno o en entidades de la sociedad civil, pero sólo si da pruebas de que es tanto o más “capaz” que un hombre para ocupar un cargo similar. A medida que se va difundiendo en todo el país el concepto de igualdad de género mediante talleres y seminarios, las mujeres, especialmente las residentes en zonas rurales, necesitan ser alentadas a asistir y participar activamente. Esto también ocurre en alguna medida con los talleres “exclusivamente para mujeres”. Actualmente, se pide a las mujeres que opinen sobre una amplia gama de temas, cuando tradicionalmente habrían cedido la palabra a los hombres, para demostrar respeto. Para algunas mujeres, la perspectiva de tener un poder igual al de los hombres es confusa y difícil; según un estudio, algunas campesinas piensan que ya tienen este poder de conformidad con las normas tradicionales y no se percatan de que son objeto de discriminación.
Creencias culturales que influyen sobre las prácticas de empleo
Como ya se indicó en el Documento Básico común, según la legislación actual tanto las mujeres como los hombres tienen el derecho y el deber de trabajar, pueden escoger libremente una profesión y no debe haber discriminación entre hombres y mujeres en cuanto a prácticas de contratación y empleo. Cuando hay discriminación, es preciso adoptar medidas para eliminarla. No obstante, como ya se señaló, las creencias culturales impiden que las mujeres vayan en busca de empleo fuera del hogar. El trabajo fuera de horas normales no es socialmente aceptable y además se percibe una falta de seguridad para las mujeres en el lugar de trabajo, debido al acoso sexual o también a la intimidación (véase también la sección sobre “Igualdad en el empleo”).
En Timor-Leste hay una clara división del trabajo a lo largo de distinciones de género. Si bien los hombres, las mujeres, los niños varones y las niñas pueden desempeñar determinadas funciones o tareas en la agricultura, la ganadería, la pesca y la silvicultura, las mujeres tienden a estar concentradas en los niveles más bajos de generación de ingresos en el sector estructurado (formal) de la economía, como el tejido en telar tradicional del país (96%); la producción de artesanías (92%) y la extracción de sal (68%). Las mujeres participan exclusivamente en el sector de venta de productos perecederos, como frutas y verduras, y de té, tabaco recién cortado o sal. Otros trabajos, como venta de periódicos y de tarjetas telefónicas, están predominantemente en manos de los hombres, quienes también constituyen una gran mayoría de los oficiales de seguridad, de policía, militares y conductores de taxis y minibuses.
Los tipos de empleo que actualmente desempeñan las mujeres se limitan casi exclusivamente a la venta minorista, los restaurantes y hoteles, algunos cargos en servicios públicos, enfermería, cuidado de niños y tareas domésticas y administrativas. Hay actitudes culturales que impiden que las mujeres ocupen algunos empleos, como en la policía y el ejército. Según los resultados de una consulta, la comunidad considera que las mujeres que ingresan a la policía son “ligeras de cascos”. Sólo hay un puñado de mujeres que conducen taxis en la capital, Dili; pero esas trabajadoras han denunciado acoso y ataque por los varones conductores de taxi y los jóvenes locales, y expresaron muy abierta y violentamente su opinión de que el lugar de una mujer está en su hogar. En verdad, muchas mujeres de Timor-Leste no pueden conducir automóviles y son pocas las que tienen licencia de conductor.
En general, los anuncios de empleos están expresamente dirigidos a los hombres o a las mujeres y algunos alientan especialmente las candidaturas de mujeres. Pero muchas mujeres no solicitan esos empleos pues carecen de la necesaria educación académica y experiencia para competir con los hombres en condiciones de igualdad.
Hay informes anecdóticos de mujeres que trabajan en ONG y organismos de las Naciones Unidas representados en Dili, a quienes se les preguntó en las entrevistas si sus esposos tenían objeciones contra el trabajo de sus esposas fuera del hogar. Tal vez sus respuestas habrán influido sobre la obtención de su empleo. En las Consultas regionales relativas a la CEDAW, casi todas las mujeres manifestaron que carecían de información sobre dónde buscar empleo.
Creencias culturales y justicia tradicional
Como ya se indicó en las secciones sobre “justicia tradicional” y “violencia por motivos de género”, los procedimientos de la justicia tradicional restringen los medios de acción de muchas mujeres. En la mayoría de los casos, las mujeres tienen una participación mínima en las audiencias judiciales; las negociaciones están a cargo de las familias. En los casos de violencia, el lia nain o líder tradicional conduce una ceremonia en que participan las familias ampliadas de ambas partes. Lo acostumbrado es sacrificar un animal, cuya sangre deben beber tanto la víctima como el perpetrador, quienes deben prometer que “el problema” no se repetirá. Si el perpetrador quiebra esta promesa y reincide cometiendo el mismo acto, se arriesga a sufrir el castigo de sus antepasados.
En la justicia tradicional, el castigo suele abarcar multas o intercambio de productos que, como se indica en el Documento Básico común, raramente se entregan a la propia víctima, sino más bien a su familia. A menudo, el castigo no guarda proporción con el delito; el importe de las multas es muy reducido, los líderes tradicionales no tienen ninguna manera efectiva de obligar al cumplimiento de su decisión y la sentencia no tiene poder de disuasión. A veces, el perpetrador no se presenta ante los líderes para recibir su castigo. En casos de violencia sexual en que la víctima ha quedado embarazada, tal vez se decida que la mejor solución para evitar el bochorno es que las dos partes contraigan matrimonio. Con este procedimiento, no hay manera de proteger a la víctima contra futuro maltrato.
Una de las desventajas de los procedimientos tradicionales es que se basan en gran medida en creencias patriarcales acerca de los papeles de mujeres y hombres en la sociedad y las familias, además de dar lugar a los prejuicios personales de los líderes tradicionales. Se presta gran atención a los eventos que precedieron un determinado delito, especialmente el comportamiento de la mujer y si, por ejemplo, ella hizo algo para “provocar” a su esposo. Casi siempre, se responsabiliza a la mujer aduciendo que no supo tratar debidamente a su esposo y prevenir la violencia, o porque la causó, al quejarse o al hablar demasiado. En general, se considera mucho menos el efecto de la violencia sobre las propias mujeres o sobre sus hijos.
En los procedimientos de la justicia tradicional, no es culturalmente aceptable una apelación respecto de la decisión de un líder tradicional. Se considera que la decisión es sagrada y no debe cuestionarse. Tal vez la mujer tenga el derecho a apelar en un nivel más alto; pero si lo hace, corre el riesgo de encolerizar al líder que adoptó la decisión en primer lugar. Tal vez el líder adopte medidas contra la mujer debido a que se considera insultado. El temor impide efectivamente que tanto los hombres como las mujeres apelen respecto de sus juicios.
Cuando las mujeres inician procedimientos oficiales, lo frecuente es que la policía devuelva el caso a los líderes tradicionales para que lo resuelvan, particularmente si se trata de violencia “de poca monta”. La policía también es parte de la cultura patriarcal de Timor-Leste y a menudo reprende a la mujer por no haber sometido el problema a la atención de los líderes tradicionales, como primera medida. Las mujeres se han quejado de que los ancianos que deciden esos casos tienen escasa o ninguna educación académica y, por lo tanto, perpetúan los prejuicios de género existentes.
Las mujeres también se quejaron de que la falta de posibilidades de hacer cumplir las decisiones no sólo crea problemas en los casos de violencia por motivos de género sino que además tiene ramificaciones en cuanto al pago de “alimentos” para los hijos. La dificultad es que en casos de divorcio, casi la mitad de toda la población prefiere recurrir a la justicia tradicional, o procedimientos de ada t. Los delegados en el segundo Congreso Regional de Mujeres declararon que el procedimiento de adat en realidad empobrece a las familias. También hay pruebas de fuertes prácticas discriminatorias de las aldeas rurales; éstas son menos frecuentes en las capitales de distrito, donde tal vez haya mejor acceso a los mecanismos de la justicia oficial.
La ausencia de mujeres líderes tradicionales repercute sobre la forma en que se trata a las mujeres en los procedimientos de la justicia tradicional. Menos de un 2% de los jueces son mujeres. Según una encuesta, en algunas zonas de la parte oriental del país los varones encuestados objetaron la idea de que hubiera mujeres lia nian. En la cultura de Timor-Leste la solución de los problemas es responsabilidad de los varones. Si no se dispone de un líder tradicional masculino, la mujer deberá recurrir a la ayuda de otros miembros del clan con quienes tenga “una relación cultural” para que “la ayuden” a reflexionar [sobre el problema]”. No es que los líderes tradicionales no escuchen las opiniones de una mujer; con frecuencia, esa opinión es la última que se escucha. Algunos líderes tradicionales han declarado abiertamente que las mujeres y los hombres son iguales pero que los hombres deben tener derechos “más elevados” que las mujeres. Piensan que los procedimientos de la justicia oficial tuvieron efectos perjudiciales sobre las mujeres y que acudir a la policía otorga a la mujer la facultad de destruir la familia. Algunos han llegado a reforzar la idea de que el barlake puede ser utilizado por un hombre para defenderse contra acusaciones de violencia, puesto que la mujer es “su propiedad”, y puede tratarla de la manera que se le antoje. Evidentemente, esto es inaceptable.
La dificultad para cambiar esas actitudes es que también en este caso, muchos habitantes se sienten cómodos llevando problema al c hefe do suco o iniciando procedimientos tradicionales. Aunque por lo general, las personas aprueban los procedimientos de la justicia oficial, una abrumadora mayoría (94%) de los timorenses considera que el sistema tradicional adat es justo y un 86% de las personas opinan que el sistema, en verdad, protege los derechos de la mujer. Las opiniones con respecto a cuáles son los castigos adecuados para quienes cometen delitos violentos son desiguales, pues las personas más jóvenes y más educadas piensan que si un hombre golpea a su esposa, debe ir a la cárcel. Hay gran apoyo a la idea de que las víctimas de violencia en el hogar reciban indemnización.
Como ya se señaló en el Documento Básico común, en la sección sobre “Justicia tradicional”, hasta la fecha hubo escasa interferencia en los procedimientos de la justicia tradicional. Durante muchos años, la justicia tradicional ha sido el único sistema de justicia en muchas partes del país y hay mucha renuencia a dejar de recurrir a este sistema para resolver controversias. Para muchas personas, esto equivale a perder un estilo de vida y una cultura. También hay resistencia por parte de los líderes comunitarios; algunos ya afirmaron que las leyes extranjeras no tienen ninguna relación con la ley consuetudinaria y han sugerido que toda nueva ley sólo será apropiada a las comunidades de Timor-Leste si se basa en las prácticas culturales existentes. Hasta cierto punto, las mujeres han estado de acuerdo con esas opiniones, pese a que se dan cuenta de que la ley oficial puede proporcionarles mayor justicia.
Prácticas religiosas
Aunque en Timor-Leste predomina la religión Católica Romana, gran parte de su población también practica una forma de animismo o espiritualidad denominada lulik. En las Consultas regionales relativas a la CEDAW, muchas personas destacaron la necesidad de que las familias transmitan a futuras generaciones la importancia de aceptar y respetar la autoridad de las prácticas de derecho consuetudinario. Esas personas consideraron que tales creencias religiosas son perfectamente compatibles con la fe establecida por la Iglesia Católica.
La Iglesia Católica ejerce gran influencia en la sociedad de Timor-Leste y se involucra en todos los aspectos de la vida, inclusive el asesoramiento psicosocial de parejas. Sin embargo, en esas funciones tiende a concentrarse en la importancia de mantener la estabilidad y la unión de la familia tanto como sea posible, lo cual puede perjudicar la salud física y mental de la mujer y la de sus hijos, cuando ella padece violencia a manos de su esposo o compañero. En respuesta a los problemas de violencia por motivos de género, las ONG que aportan servicios de apoyo y los organismos de las Naciones Unidas han estado cooperando con la Iglesia en el asesoramiento psicosocial previo al matrimonio, para destacar la idea de la igualdad de hombres y mujeres en el matrimonio. La Iglesia también propugna el uso de métodos anticonceptivos naturales y desalienta decididamente el uso de los demás métodos de planificación de la familia.
Trato de las mujeres en los medios de difusión
Como se señaló en el Documento Básico común, la OPI solicitó a la Dependencia de Supervisión de Medios de Difusión (MMU) de Internews, agencia noticiosa independiente con sede en Dili, que observara durante un determinado período la forma en que se presenta a las mujeres en los medios de difusión de Timor-Leste. Durante ese período, se observaron los programas de radiodifusión y se constató que se oye la voz de las mujeres en menos de un 10% del tiempo total de difusión y que las mujeres aparecen predominantemente en programas culturales o sobre la salud. Estuvieron totalmente ausentes los informes sobre la situación económica de las mujeres de Timor-Leste.
•Durante un breve programa sobre la cultura de Timor-Leste, un representante de una ONG local de mujeres explicó cómo el sistema patriarcal repercute en la falta de oportunidades de las mujeres de todo el país y contribuye a sus padecimientos. Éste fue el único momento en que se presentó la opinión de una mujer en el aire durante el período de observación. No se entrevistó a ninguna otra mujer en apoyo de ese punto de vista.
•Durante otro programa cultural, la locutora destacó la importancia de que las niñas tengan buenos modales y respeten las normas sociales. Se aconsejó a las niñas que no duerman cerca de un espejo porque esto podría arruinar su belleza si el espejo fuera destrozado, y que no permanezcan de pie frente a una puerta pues esto espantaría a un posible futuro esposo. Al mismo tiempo, se disuadió a los hombres de cantar en la cocina, porque esto podría atraer a las mujeres a su casa.
•En otro programa diario sobre salud, durante los cinco días de observación sólo se presentó una historia sobre salud de la mujer, relacionada con la importancia del amamantamiento y el valor nutricional de la leche materna.
•En ese período, se registraron otras referencias infrecuentes, aunque positivas, a aspectos de las vidas de las mujeres, como una niña poseedora de aspiraciones educacionales y mujeres que ocupan cargos políticos locales de servicio público.
Durante el período de observación, el análisis de imágenes e historias sobre las mujeres en periódicos locales arrojó los siguientes resultados:
•Artículos de primera plana relativos a las mujeres presentaron un servicio de la Iglesia en que las jóvenes novicias estaban formulados votos definitivos, a jóvenes que participaban en ceremonias tradicionales, y un artículo sobre una reciente egresada universitaria.
•Un único artículo más a fondo sobre una mujer que ocupaba un cargo político local y hablaba sobre las leyes de Timor-Leste.
•Artículo sobre varias mujeres dirigentes asiáticas, entre ellas la laureada en 2003 con el Premio Nobel de la Paz; pero el artículo la presentaba como no merecedora del premio en comparación con otros líderes masculinos, como el Papa.
•Los artículos sobre mujeres conocidas internacionalmente, mayormente mujeres célebres mencionadas en columnas con comentarios frívolos aparecieron con una frecuencia dos veces mayor que los artículos sobre mujeres de Timor-Leste, y las primeras se presentaron como atrayentes objetos de deseo.
Durante este período, también se informó acerca de delitos que afectaban a las mujeres. Un artículo relató los detalles de la presunta violación sexual de una niña de 12 años de edad. Se publicaron las iniciales del nombre de la víctima, el poblado donde residía y un extracto de una entrevista en que ella relató cómo ocurrió el ataque. De manera similar, en otro artículo se narraron los detalles de un ataque de un esposo a su esposa, y se publicó el nombre completo de ésta, pero, en cambio, sólo se indicaron las iniciales del nombre de su esposo. En las noticias de policía, por lo general se presentaba a las mujeres como víctimas y se justificaba la violencia que habían padecido, por ejemplo, falta de pago de la dote, incumplimiento de las tareas domésticas o de la obligación de preparar comidas.
Sobre la base de los resultados de este análisis, la Dependencia encargada del seguimiento formuló las siguientes recomendaciones:
•Los medios de difusión deberían publicar más cantidad de historias sobre temas que afectan a las mujeres;
•Debería alentarse a mujeres de todos los sectores sociales a que se involucren más en la preparación de crónicas y participen más en programas de radiodifusión, escribiendo o llamando por teléfono a las estaciones de radio;
•Se debería presentar a las mujeres en papeles no estereotipados y los artículos sobre las mujeres deberían basarse en sus logros y no en su apariencia;
•Debería prestarse mayor atención a las mujeres de Timor-Leste;
•Debería protegerse la identidad de las víctimas y, de ser necesario, los tribunales deberían vedar el acceso a la prensa si su presencia tuviera probabilidades de causar sufrimientos indebidos a la víctima.
•Debería considerarse cuidadosamente la publicación de artículos sobre temas delicados relativos a la mujer en la prensa escrita, y esos informes no deberían aparecer en las páginas de entretenimiento;
•Es preciso fortalecer la cooperación entre la comunidad y los medios de difusión a fin de crear noticias y programación sobre la mujer con un tono positivo;
•Es preciso que en todos los reportajes se preserve el principio de igualdad de género.
El artículo 41 (5) de la Constitución estipula que el Gobierno tiene el deber de garantizar un servicio imparcial de radio y televisión a fin de “proteger y difundir la cultura y los valores tradicionales de la República Democrática de Timor Oriental”, así como asegurar que haya “oportunidades para la expresión de diferentes líneas de opinión”. Teniendo presente sus responsabilidades en virtud de la Recomendación General CEDAW No. 19, de que los medios de difusión respeten y promuevan el respeto a la mujer, el Gobierno ha difundido anuncios para contrarrestar las imágenes negativas de las mujeres, especialmente en relación con la violencia por motivos de género.
No obstante, persisten algunos problemas de considerable magnitud. Durante un taller sobre cuestiones de género, varios hombres expresaron su cólera frente a un anuncio televisivo en que el personaje masculino moría y era enviado al infierno porque había golpeado a su esposa. Durante el taller, los hombres dijeron que los papeles tradicionales se habían invertido y que los hombres eran los malos y las mujeres, las buenas. Agregaron que, al difundir ese anuncio, el Gobierno ponía de manifiesto de que no comprendía la cultura de Timor-Leste.
Las mujeres también son objeto de estereotipos sexuales negativos en Timor-Leste. Según un informe, actualmente están ampliamente disponibles en el país la literatura pornográfica y las películas pornográficas. Durante algún tiempo, las mujeres han participado en la industria del sexo, principalmente como trabajadoras del sexo. Las medidas del Gobierno para combatir este problema se describen más detalladamente en la sección “Explotación de las mujeres: trata y prostitución”.
Respuesta del Gobierno
Una de las principales esferas programáticas de la OPI es “Promoción de una cultura de igualdad en Timor-Leste”. En el Documento Básico común ya se han descrito los adelantos en esta esfera, entre ellos: capacitación de las organizaciones de difusión sobre los principios de igualdad de género; producción de programas radiofónicos sobre la CEDAW; publicaciones que relatan la participación de las mujeres y su contribución durante la lucha de resistencia; participación regular en seminarios a nivel nacional, de distrito y de subdistrito; así como en universidades, escuelas y en la Comisión de Justicia y Paz. Además, la OPI ya ha iniciado tareas de promoción para crear conciencia entre los líderes comunitarios acerca de sus responsabilidades con respecto a las mujeres, en particular, en lo tocante a prevenir la violencia por motivos de género. Más concretamente, en relación con la Recomendación General CEDAW No. 3 y con la eliminación de los prejuicios y las prácticas que obstaculizan el logro de la igualdad social de la mujer, la OPI tiene la intención de difundir una serie de debates en mesa redonda sobre los obstáculos culturales que impiden la participación de las mujeres en el desarrollo. Esta iniciativa se pondrá en práctica en cooperación con RTTL (Estación de Radiodifusión Pública) y TLMDC (Centro de Timor-Leste para el Desarrollo de los Medios de Difusión). Por conducto de su Programa CEDAW SEA, el UNIFEM está complementando la labor de la OPI, mediante investigaciones sobre la manera en que las prácticas culturales afectan a las mujeres de Timor-Leste.
Hasta la fecha, las consultas han puesto de manifiesto que no es fácil lograr el cambio de las relaciones entre hombres y mujeres en la sociedad timorense, puesto que esos papeles son el legado de muchas generaciones. La educación cívica organizada por la OPI es un comienzo propicio, puesto que abre las mentes de la gente e informa a las mujeres acerca de sus derechos. Sin embargo, el Gobierno reconoce que es mucho lo que queda por hacer antes de que se logre eliminar todos los estereotipos negativos sobre la mujer y lograr una verdadera igualdad de género.
Trata de mujeres y prostitución (Artículo 6 de la CEDAW)
Marco general
Aparte de un estudio sobre trata de personas publicado por la Fundación Alola, hubo muy pocas investigaciones, antes o después, sobre la naturaleza de la trata de personas y la industria del sexo en Timor-Leste. Mediante una serie de entrevistas a quienes tenían conocimientos directos de esas prácticas, el informe establece que la industria del sexo no es un fenómeno nuevo en Timor-Leste.
Durante la segunda guerra mundial, muchas mujeres se vieron obligadas a transformarse en “mujeres de solaz” para las fuerzas japonesas de ocupación. También durante la ocupación portuguesa hubo trata en los distritos del país dado que, a fin de mantener buenas relaciones con las elites gobernantes, algunos jefes de aldeas locales organizaron un sistema según el cual mujeres y jóvenes locales debían proporcionar servicios sexuales de los dignatarios visitantes, a petición de éstos. Al mismo tiempo, otras mujeres trabajaban en prostíbulos o como “sirvientas domésticas” para extranjeros, principalmente personal militar y también proporcionando servicios sexuales durante períodos prolongados.
Esta práctica continuó a lo largo de la ocupación por Indonesia y persiste hasta hoy, en que la industria del sexo se mantiene debido a la continua demanda por parte de clientes tanto nacionales como extranjeros.
Marco jurídico
Trata de personas
La trata de personas es en Timor-Leste un delito pasible de reclusión en la cárcel. El Artículo 31 (1) de la Ley de inmigración y asilo (Ley 09/2003) establece:
“Toda persona que, bajo la amenaza del uso de la fuerza o bajo alguna otra forma de coacción, fraude, engaño, abuso de poder, o aprovechando la vulnerabilidad de la víctima, contrate, transfiera, aloje o mantenga a personas con el propósito de explotarlas o colocarlas en situación de explotación sexual, trabajo forzado, esclavitud o servidumbre en redes de tráfico de órganos humanos, será pasible de encarcelamiento por un período no superior a 8 años y no inferior a 3 años.”
Cuando la víctima es menor de 18 años, el Artículo 81 (3) de la Ley establece que los delitos enumerados en la subsección 1 serán pasibles de sentencias más severas, de entre 5 y 12 años de encarcelamiento.
Actualmente, Timor-Leste no posee sus propias leyes contra la trata que abarquen delitos de trata internacional o interna. No obstante, de conformidad con la Recomendación General CEDAW No. 19 (24 g), el Gobierno ha adoptado medidas concretas preventivas y punitivas para combatir la trata y la explotación sexual. Esas disposiciones contra la trata se han incluido en el proyecto de Código Penal que, según se espera, ha de ser promulgado a fines de 2006 o comienzos de 2007. En virtud del Artículo 132 (2) del Código, relativo a “Trata y esclavitud de personas”, toda persona culpable de “contratar, transportar, transferir, adquirir o recibir personas ... con fines de explotación” es pasible de una sentencia de entre 8 y 20 años de reclusión carcelaria. Esta penalidad aumenta hasta entre 12 y 25 años cuando el acusado es una persona importante en la vida pública o religiosa.
Trata internacional de personas
Según el Artículo 166 del próximo Código Penal, relativo a “Explotación sexual de un tercero”, quienquiera que transporte a una persona a otro país diferente de aquél en que ha nacido o reside, con el propósito de que esa persona participe en actividades de prostitución, es pasible de reclusión carcelaria de entre 2 y 10 años.
Si bien es evidente que Timor-Leste es un país de destino para la trata con fines de explotación sexual, como se describe más detalladamente a continuación, en momentos de prepararse el presente informe no hay pruebas que sugieran que Timor-Leste es un país de tránsito o un país de origen de mujeres y niñas objeto de trata. No obstante, el Gobierno tiene conciencia de que las actuales condiciones de extrema pobreza, sumadas a altos niveles de desempleo en la industria, podrían transformar rápidamente la situación. Se ha registrado, por ejemplo, un incidente aislado de extranjeros que acudieron a Timor-Leste a fin de reclutar a jóvenes, mujeres y varones timorenses para la industria del entretenimiento en Tailandia, pero, también en este caso, no hay pruebas que indiquen que esto se haya convertido en una práctica.
El próximo Código Penal se ha formulado con la expresa intención de castigar a quienes participan en los delitos de trata de personas, explotación sexual de terceros, prostitución y pornografía. No obstante, actualmente no hay en vigor leyes cuyo propósito concreto sea proteger los derechos de las víctimas de trata; asimismo, no hay en vigor leyes que reglamenten las actividades de las agencias matrimoniales, en particular las agencias u organizaciones que arreglan matrimonios entre nacionales timorenses y nacionales extranjeros, aun cuando actualmente no hay indicaciones de que los matrimonios negociados en esas condiciones constituyen un problema en Timor-Leste.
Timor-Leste todavía no ha ratificado el “Protocolo contra la trata”, es decir, el Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños, que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional (2000). Una de las actividades del Grupo de trabajo interministerial sobre trata (véase infra) es considerar la ratificación de ese Protocolo.
Trata de menores
La trata de niños está prohibida por el Artículo 81 (3) de la Ley de inmigración y asilo de 2003, que tipifica como delito “el mero transporte, captación, alojamiento o mantenimiento” de niños menores de 18 años, con propósitos de trata. Toda persona convicta de este delito será encarcelada por un período de entre 5 y 12 años, de conformidad con la subsección (1) de dicho Artículo.
Esa penalidad es más severa que la prevista en la actual Ley indonesia, cuyo artículo 297 establece que “la trata de mujeres y de menores de sexo masculino será castigada con encarcelamiento por un período máximo de 6 años”.
Las disposiciones del Artículo 166 del futuro Código Penal relativas a “explotación sexual de un tercero” estipulan un castigo más severo a la trata de víctimas menores de 18 años, con una sentencia de reclusión en la cárcel por un período de entre 12 y 25 años.
Prostitución
La prostitución no es en sí misma un delito en virtud de la actual Ley timorense pero, como ya se indicó, la trata con fines de prostitución es considerada un delito.
El Artículo 296 del Código Penal indonesio, que en momentos de prepararse este informe es la legislación en vigor, establece que es un delito “facilitar” u organizar la prostitución.
El Artículo 506 del Código Penal indonesio aclara además que “quienquiera que a título de facilitador se beneficie con la prostitución de una mujer” se hará pasible de una sentencia de reclusión de hasta 1 año”.
Según la versión más reciente del proyecto de Código Penal timorense, en general se castigará a los convictos de “facilitar, organizar o contribuir de otra manera a la prostitución de otra persona o a la práctica de otros actos sexuales” con propósitos de obtener beneficios financieros, con encarcelamiento de hasta 3 años. En momentos de prepararse este informe, el proyecto de Código avanza más que la legislación anterior, pues contiene disposiciones concretas sobre prostitución infantil. De conformidad con el Artículo 167 sobre “Prostitución infantil”, si la víctima es menor de 16 años la penalidad aumentará hasta entre 3 y 12 años de encarcelamiento. Esta legislación también abarcará situaciones en que parientes, o en verdad, padres o madres, ofrezcan los niños en venta a tratantes con el propósito de que se dediquen a la prostitución o en un intento de utilizar a los niños para que aporten favores sexuales a cambio de otras prestaciones o servicios.
De manera similar, los culpables de transportar a una joven víctima hasta un país distinto de aquel en que ha nacido o reside, recibirá una sentencia de entre 5 y 15 años de cárcel, cuando la víctima tenga menos de 16 años de edad.
Pornografía
En su artículo 168, el nuevo Código Penal tipifica como delito la pornografía infantil y estipula una penalidad de 1 a 6 años de encarcelamiento por actividades relativas a la producción, la distribución, la difusión, la importación, la exportación o la venta de materiales pornográficos que exploten a personas menores de 16 años de edad.
Los clientes o “usuarios finales” de materiales pornográficos no se consideran culpables en virtud del futuro Código; pero, si participan en la distribución de ese material, también son pasibles de castigo, como ya se indicó.
Situación de l as trabajadora s del sexo en Timor-Leste
De conformidad con la Recomendación General CEDAW No. 19 (24 h), el Gobierno proporciona a continuación información sobre la magnitud y la naturaleza de los problemas de trata y prostitución en el país.
Método de muestreo
El informe de la Fundación Alola refleja un total de 38 encuestas realizadas en el período de marzo a junio de 2004. Aun cuando las muestras utilizadas en la encuesta son pequeñas, se complementan con información de más de 400 fuentes, entre ellas conductores de taxi, propietarios de hoteles, clientes, organizadores de la industria del sexo y las propias trabajadoras del sexo, lo cual contribuye a proporcionar un panorama general de la trata y la industria del sexo en Timor-Leste. En momentos de prepararse este informe, no había actualizaciones de dicha información.
Según el informe de la Fundación Alola, la mayoría de las trabajadoras del sexo en Dili son timorenses (100). Les siguen en cantidades descendentes: trabajadoras indonesias (60), chinas (35), tailandesas (30) y filipinas (20). En momentos de publicarse el informe, tres mujeres australianas vivían y trabajaban en la industria del sexo en Dili.
La más joven de las trabajadoras del sexo timorenses entrevistadas en Dili tenía 14 años de edad, la edad más temprana de comienzo de ese tipo de trabajo; la de más edad tenía 34 años. En el grupo encuestado, el promedio de edades al comenzar a trabajar en la industria del sexo era 17 años.
Los resultados del estudio indican que esas mujeres, en su mayoría, habían ingresado a la industria del sexo como resultado de un episodio traumático que había afectado profundamente sus vidas, y/o debido a necesidades económicas. El informe indicó que niñas de sólo 12 años habían comenzado a trabajar en la industria del sexo después de un episodio de violación sexual por un novio, quien después las había abandonado; o habían sido maltratadas o violadas por un miembro de su familia inmediata, lo cual solía causar que se las expulsara del hogar familiar. Algunas de las mujeres de más edad que trabajaban en la industria del sexo habían sido abandonadas por sus esposos, o bien tras un divorcio o bien a raíz de la inmigración al extranjero. Casi todas las mujeres tenían hijos a quienes debían mantener y, en todos los casos, habían ingresado en la industria del sexo por carecer de otros medio de apoyo o asistencia.
Muchas de las mujeres encuestadas en el estudio de la Fundación Alola habían ingresado en esta industria a raíz de sugerencias de amigas o familiares que ya trabajaban en dicha industria. La tendencia es a trabajar independientemente, en prostíbulos, en las calles o respondiendo a llamados telefónicos. Ninguna dijo que estaba endeudada a raíz de su trabajo en la industria del sexo y ninguna consideraba que estaban coartadas sus libertadas; a ninguna le habían confiscado sus documentos de identidad los propietarios de la industria o quienes la controlaban. Sin embargo, no está claro cuántas niñas de sólo 14 años de edad pueden mantenerse a sí mismas como trabajadoras del sexo si no están controladas por un miembro de la familia u otra persona, contrariamente a lo que afirmaron. Esto podría indicar que se trata de víctimas de trata, aun cuando hasta ahora el Gobierno no tiene pruebas concretas de que ésta sea la situación.
Trabajadoras del sexo extranjeras
En contraste con las mujeres timorenses que trabajan en la industria del sexo en Dili, al parecer otras mujeres procedentes de países como Indonesia, incluido Timor Occidental, Tailandia, Filipinas y China, son activamente contratadas para trabajar en la industria del sexo en Timor-Leste. Las mujeres de Indonesia y Tailandia suelen trabajar en prostíbulos y bares, o en salones de masaje y bares de karaoke, respectivamente. Resultó difícil recopilar información sobre mujeres chinas y filipinas, dado que las actividades relativas a su contratación y su trabajo están mantenidas estrictamente en reserva por quienes las han empleado.
Si bien algunas mujeres habían ingresado independientemente en Timor-Leste, por ejemplo algunas procedentes de Indonesia, otras habían sido contratadas mediante redes con filiales en el extranjero. Ingresan al país por aire o atravesando la frontera terrestre, a menudo fingiendo ser turistas. Algunas mujeres habían sido contratadas en su país de origen con el pretexto de que trabajarían como meseras o empleadas de hoteles, pero manifiestan que, poco después de su llegada, habían sido obligadas a realizar trabajo sexual, a fin de devolver el costo de su transporte, sufragado por quienes las habían contratado. Las mujeres de esos países afirmaron que sus movimientos estaban restringidos y que no podían salir del lugar de residencia o de trabajo, que les habían confiscado sus pasaportes y que se las amenazaba constantemente con deportación.
Dado que Timor-Leste es el único país del Asia sudoriental donde la moneda local es el dólar EE.UU., es una opción atractiva para posibles tratantes. Los clientes pagan importes que oscilan entre 5 y 850 dólares EE.UU., en función del tipo de servicio. Sólo se permite a las mujeres conservar la mitad, o menos, de su paga. Muchas trabajadoras del sexo dijeron que, si tuvieran la posibilidad, buscarían empleo de otro tipo; pero la investigación ha demostrado que muchas de esas mujeres no tienen educación académica que puedan aprovechar para trabajar y piensan que tiene escasa o ninguna aptitud para hacer trabajos de otro tipo. De 248 trabajadoras del sexo en Dili, se considera que poco menos de la mitad, 115, son víctimas de trata.
Trabajadores del sexo varones
La investigación también indicó que hay hombres y adolescentes varones trabajadores del sexo en la capital. Son predominantemente timorenses (100), y además hay un pequeño grupo procedente de Indonesia (10). Se ha informado que desde 2004 los varones trabajadores del sexo proceden de los mismos países que las mujeres, entre ellos Filipinas, Australia y también Portugal. Según se estima, tres cuartas partes de este grupo son personas de menos de 18 años. La investigación indica que, a diferencia del anterior, en este grupo sólo la mitad comenzó a trabajar en la industria del sexo debido a necesidades económicas, los demás son trabajadores del sexo ocasionales que realizan esta actividad para complementar su ingreso habitual. Algunos ingresaron en la industria por recomendación de un amigo o debido a que los hombres extranjeros (que constituye la mayoría de sus clientes) les ofrecieron dinero a cambio de relaciones sexuales, o debido a simple curiosidad. Al igual que las mujeres trabajadoras del sexo, los varones trabajan independientemente y también en las calles. Pero, en cambio, los varones trabajadores del sexo manifiestan que tienen más libertad y no sienten la misma presión financiera que los empuja a seguir realizando este trabajo. Teniendo en cuenta el pequeño tamaño de la muestra utilizada en la encuesta, al parecer ninguno de los varones trabajadores del sexo habría sido víctima de trata sistemática.
Situación en los distritos
La investigación sugiere que la prostitución existe a nivel de distrito, aun cuando en escala menor que la capital. Se ha informado que algunos jefes de aldea permiten que trabajadoras del sexo operen en sus aldeas, debido principalmente a la penosa situación económica de esas mujeres. Todas las trabajadoras del sexo son mujeres timorenses. Aun cuando tratan de mantener una baja visibilidad, la comunidad sabe quiénes son. Al igual que lo que ocurre con las mujeres que trabajan en Dili, las que trabajan en los distritos piensan que no tienen otro medio de ganarse la vida. No hay claras pruebas objetivas de que esas mujeres sean víctimas de trata.
No obstante, más recientemente hubo inquietantes informes procedentes de la aldea de Salele, distrito de Covalima, donde hay pruebas de que al menos en dos sucos hay niñas de sólo 12 años de edad trabajando como prostitutas. Si bien en momentos de prepararse este informe recién se estaban conociendo algunos detalles, al parecer esas niñas comenzaron a realizar esta actividad como resultado de haber sufrido maltrato sexual en la familia y ser expulsadas de sus hogares y obligadas a encontrar albergue en otras partes. Las viudas también son vulnerables, pues son numerosas las que han perdido a sus esposos durante los años de la resistencia contra la ocupación indonesia y algunas tuvieron que comenzar a realizar trabajo sexual por carecer de otros medios de mantenerse a sí mismas o mantener a sus familias. Los informes también indican que los miembros de la policía local y los miembros de la comunidad local son clientes regulares. Actualmente, la PNTL está investigando esas afirmaciones.
En la sociedad timorense, las mujeres que trabajan en la industria del sexo son consideradas feto aad o “malas mujeres”, son marginadas y prácticamente no reciben ningún apoyo de la comunidad. En Salele, donde se informa que había prostitución, los clérigos locales están ofreciendo apoyo a las mujeres, inclusive con el establecimiento de un centro de mujeres en la zona. Este centro ha de proporcionar información sobre empleos alternativos y capacitación, y también un “espacio protegido” o albergue para las mujeres que tratan de abandonar el trabajo sexual y comenzar una nueva vida. Actualmente, esas jóvenes reciben escasa o ninguna educación sobre la salud sexual y reproductiva en la juventud.
Violencia contra las trabajadoras del sexo
Lamentablemente, el comportamiento violento con las trabajadoras del sexo es frecuente y muchas mujeres denunciaron incidentes de violencia a raíz de maltrato infligido por clientes. Son comunes las acusaciones de intimidación, ataque y violación sexual y algunas trabajadoras del sexo afirman que han sido maltratadas por las fuerzas de seguridad, algunos de cuyos agentes habrían exigido relaciones sexuales sin pagar.
En la futura Ley sobre violencia en el hogar que, según se espera, ha de ser promulgada poco después de la aprobación del nuevo Código Penal, no se menciona concretamente la violencia contra las trabajadoras del sexo ni las víctimas de trata y solamente hay en el Artículo 3 una mención de la violencia “practicada dentro del ámbito de la familia”.
No obstante, el Artículo 7 de la misma Ley se refiere al “Principio de protección especial” en virtud del cual la familia tiene el deber especial de “proteger y defender a los niños ... y a todos quienes tengan necesidades especiales, contra todas formas de violencia, explotación, discriminación, abandono, opresión y maltrato sexual y de otra índole”. En teoría, esta Ley debería ser aplicable a las menores que son forzadas mediante coacción a seguir como trabajadoras del sexo por uno o varios miembros de su familia.
Actitudes con respecto a las trabajadoras del sexo
La comunidad en general evita la compañía o se aparta de las mujeres que trabajan en la industria del sexo, las cuales quedan aisladas, especialmente en los distritos. Las trabajadoras del sexo entrevistadas para el estudio de la Fundación Alola mencionaron malos tratos como ser blanco de bolas de lodo, recibir apodos hirientes en público y ser acosadas con llamados telefónicos como maneras en que la población en general expresa su desaprobación por esa forma de vida. Al igual que en muchos otros países, las mujeres sienten que son fuente de bochorno para sus familias y pueden esperar escaso o ningún apoyo de ellas. Hay una dicotomía puesto que muchas trabajadoras del sexo han sido repudiadas por sus parientes más cercanos, pero algunas familias tienen interés en que las trabajadoras del sexo continúen ese tipo de tareas puesto que se benefician financieramente con lo que ellas ganan. Muchas trabajadoras del sexo extranjeras han sido arrestadas y deportadas sin que se les acuse de nada, como se describe detalladamente más adelante. En 2005 se deportó a cuatro ciudadanas chinas. En 2004, la cantidad de deportaciones fue muy superior, pues se deportó a 147 personas (de las cuales, 146 a Indonesia). Esas cantidades son los totales de deportados y no están desagregadas por sexo. No se dispone de información acerca de cuál es el porcentaje de total de personas expulsadas que eran trabajadores del sexo.
Repuesta de los medios de difusión al problema de la trata de personas
Hubo un enfoque sensacionalista del tema de las trabajadoras del sexo y su presentación en los medios de difusión. La redada en “Wisma Cendana” en 2003 (una de las incursiones de la “Operación Teki” mencionada más adelante) es un ejemplo, en que agentes de policía secreta entablaron relaciones sexuales con varias trabajadoras del sexo, tras lo cual otros agentes irrumpieron en la respectiva habitación y comenzaron a filmar lo que estaba ocurriendo, antes de que las mujeres tuvieran oportunidad de vestirse. La operación fue posteriormente difundida por la cadena nacional de televisión TVTL.
Otras formas de trata
Investigaciones realizadas recientemente indican que, a juicio del Fiscal General, posiblemente Timor-Leste es un país de destino para el trabajo forzado, pues hay unos 400 chinos y unos 300 vietnamitas que trabajan en la industria de la construcción. Debido a la ausencia de cifras sobre el número de trabajadores extranjeros en Timor-Leste, es difícil obtener una clara idea de la escala de este problema y de si al respecto hay mujeres y niñas involucradas, y en qué medida.
Respuesta del Gobierno: Medidas contra la trata
También en este caso, de conformidad con sus obligaciones en virtud de la Recomendación General CEDAW No. 19 (24 h), el Gobierno ha adoptado varias medidas para abordar el problema de la trata en Timor-Leste. Ha asignado al Departamento de Migración de la PNTL la responsabilidad de investigar los casos de trata de seres humanos en virtud de la Ley de inmigración y asilo.
En 2003, tras descubrir un videofilme pornográfico en que presumiblemente participaban mujeres timorenses, la PNTL, conjuntamente con la UNPOL, realizó varias investigaciones de la industria del sexo, particularmente de mujeres extranjeras trabajadoras del sexo. Esto condujo a una serie de incursiones denominadas “Operación Teki”, iniciadas por el Fiscal General y la PNTL.
En una de esas incursiones se arrestó a siete mujeres indonesias y un hombre timorense por presunta participación en la prostitución. Si bien el hombre fue liberado después de haber sido interrogado, las mujeres se quejaron de acoso por la policía y una mujer fue presuntamente objeto de violación sexual por uno de los agentes. En una audiencia, se acusó a las mujeres del delito de “facilitar” la prostitución, pese a que la Ley indonesia sanciona a quienes organizan la trata, pero no la propia prostitución. Posteriormente, las mujeres convinieron en regresar “voluntariamente” a Indonesia. Un dictamen posterior en el Tribunal de Apelaciones indicó que la decisión originaria del Juez de deportar a las mujeres era ilegal y declaró que en virtud de las leyes tanto indonesias como portuguesas, las mujeres no habían cometido ningún delito.
También en el período 2003-2004, la PNTL y UNPOL realizaron incursiones en presuntos prostíbulos de Dili. Se formularon acusaciones con arreglo al Código Penal indonesio contra presuntos tratantes en algunos casos, y contra las mujeres, en otros. Si bien se consideró que las mujeres eran realmente víctimas de la trata, fueron repatriadas a sus países de origen, entre ellos Tailandia e Indonesia, en algunos casos con la asistencia de sus respectivas embajadas o de organismos internacionales. En ninguno de esos casos hubo una audiencia ni una convicción por el delito de trata de seres humanos. Por otra parte, algunos empleadores fueron multados de conformidad con la Ley de inmigración y asilo por haber empleado ilegalmente a las mujeres que habían entrado a Timor-Leste con visado de turistas.
Las actuales medidas de lucha contra la trata consisten mayormente en que en algunos puntos de entrada al país, como el Aeropuerto de Dili y varios cruces fronterizos terrestres, los oficiales de inmigración interrogan a las mujeres procedentes de países de origen de trata. Cuando se sospecha que una mujer intenta ingresar al país con el propósito de trabajar en la industria del sexo, se le deniega la entrada a Timor-Leste y es enviada de inmediato de regreso al país del cual procede. Hubo informes anecdóticos acerca de miembros de la PNPL y oficiales de inmigración que habrían permitido que mujeres presuntamente destinadas a realizar trabajo sexual ingresaran al país, a cambio de un porcentaje de las utilidades; no obstante, todavía no se ha presentado a los tribunales un caso relativo a esas acusaciones. En el período 2003-2004, se denegó la entrada al país solamente a mujeres asiáticas, 10 en 2003 y más, 17, en 2004.
Dificultades en asegurar el cumplimiento obligatorio de la le gislación
Pese a las medidas del Gobierno para restringir las actividades de trata, no hay convicciones por delitos relativos a la trata. Estos casos indican que hay considerables obstáculos que superar, y no es el menor de ellos la manera en que se realizan las incursiones. En las incursiones de la “Logia de Timor” se ha informado de que se pidió al público donaciones para realizar la incursión, es decir, para que miembros de la PNTL pagaran a las trabajadoras del sexo antes de arrestarlas por haber tenido esas relaciones sexuales.
Las incursiones de la “Operación Teki” también demuestran las interpretaciones básicamente erróneas de la legislación en vigor, como acusar a las mujeres en cuestión de delitos relacionados con la trata, para posteriormente deportarlas y no realizar ningún tipo de investigación que determine si eran o no posibles víctimas de trata. Además, algunas autoridades, incluida la policía, han criticado las actuales leyes sobre trata y las calificaron de insuficientes.
Además, para abordar el problema de la trata de personas persisten las dificultades institucionales, entre las cuales es importante la falta de recursos financieros y humanos. Desde un principio, no se compilaron estadísticas sobre la trata de personas. En los casos en que se cuenta con registros físicos en la policía o en la Fiscalía, no se utilizó un método sistemático para registrar esos casos y la documentación de muchos de ellos se ha perdido.
La falta de inclinación de las mujeres a testimoniar contra presuntos tratantes, o contra quienes facilitan su prostitución, ha perjudicado los intentos de enjuiciar esos casos. Hay varias razones para que esto ocurra, entre ellas falta de servicios de interpretación para las mujeres que no pueden hablar el idioma local, así como falta de “albergues protegidos” donde puedan residir a la espera del trámite de enjuiciamiento. En una de las primeras incursiones a presuntos prostíbulos en Dili, las mujeres que se sospechaba eran víctimas de trata regresaron al mismo prostíbulo después de ser interrogadas, porque simplemente no había ningún otro lugar adonde pudieran ir. La investigación ha comprobado que muchas mujeres han regresado a su país de origen “voluntariamente” durante la apelación de sus órdenes de deportación debido a la falta de recursos para mantenerse durante ese período.
Grupo de trabajo interministerial sobre la trata
El Gobierno ha respondido a este problema estableciendo el Grupo de trabajo interministerial sobre la trata integrado por representantes del Gobierno, entre ellos del Ministerio de Relaciones Exteriores y Cooperación, de organismos de las Naciones Unidas como la OIM, y de varias ONG. Este Grupo de trabajo, que en momentos de prepararse este informe se estaba reestructurando, tiene el propósito de fortalecer la participación de todos los sectores gubernamentales, a fin de crear conciencia sobre cuestiones de trata dentro del Gobierno y de la sociedad civil. También tiene el propósito de proporcionar orientación para la formulación de políticas y procedimientos a fin de “facilitar la migración legal y combatir la migración irregular, inclusive el contrabando y la trata de personas desde y hacia Timor-Leste”.
Hasta la fecha, el Grupo de trabajo ha participado en la formulación de procedimientos operacionales estandarizados sobre la trata para uso de los funcionarios de inmigración, que aún están pendientes de aprobación por el Gobierno. También ha estado colaborando con representantes del Ministerio de Justicia a fin de incluir más amplias disposiciones sobre la trata, de conformidad con las normas internacionales, en el futuro Código Penal. Por ejemplo, recientemente, el Grupo de trabajo ha propugnado la inclusión en este Código de la definición de “trata” que figura en el Protocolo sobre la trata. Esto, además de lograr la inclusión en el Código Penal de varias cláusulas relativas a la conspiración para perpetrar la trata de personas y las cláusulas relativas al aumento de la edad de consentimiento hasta los 18 años (de conformidad con la definición del Protocolo internacional). Esos logros reflejan el compromiso del Gobierno en pro de armonizar las nuevas leyes nacionales con las normas internacionales.
El Grupo de trabajo interministerial sigue reuniéndose regularmente para formular una estrategia coordinada de protección y apoyo de las víctimas. Entre los elementos fundamentales de la estrategia figuran proporcionar información sobre cuestiones de salud, entre ellas salud sexual y prácticas sexuales de menor riesgo, proporcionar empleo alternativo, velar por la seguridad y la protección en el lugar de trabajo y brindar asesoramiento psicosocial y jurídico. En el pasado, raramente se ofrecieron servicios a las víctimas, siempre en condiciones ad hoc. Muchas mujeres se avergüenzan de ir en procura de atención médica y las trabajadoras del sexo extranjeras no tienen conocimiento de adónde acudir en busca de tratamiento. Actualmente, una ONG internacional, Family Health International, en colaboración con Fundasaun Timor Hari’i y con la Cruz Roja de Timor-Leste, están ejecutando varios programas para crear mayor conciencia sobre las ITS y el VIH, especialmente entre las trabajadoras del sexo, que están en situación de alto riesgo. Esta iniciativa recibe el apoyo de la USAID y se considera más detalladamente en la sección sobre la salud del informe sobre la CEDAW. Al formular una estrategia de apoyo a las víctimas, el Grupo de trabajo ha indicado que la información que figuran en informes anteriores, como el estudio de la Fundación Alola, servirá como punto de partida para intercambiar ideas.
Inevitablemente, todas las medidas para combatir la trata y proteger a las víctimas deberán abordar las presunciones de corrupción. En un caso, se adujo que miembros del Servicio de Inmigración y agentes de la PNTL exigían favores sexuales de las presuntas trabajadoras del sexo cuando esas mujeres cruzaban la frontera desde Timor Occidental, a cambio de la aprobación de su entrada en Timor-Leste. Este incidente fue investigado posteriormente y los respectivos oficiales fueron trasladados en consecuencia.
El Gobierno también reconoce la necesidad de realizar tareas de seguimiento de la información y los datos proporcionados en el estudio de la Fundación Alola y considera indispensable impartir capacitación a los agentes de la PNTL y los oficiales de inmigración sobre la legislación contra la trata a fin de que puedan identificar correctamente a las víctimas de trata. La capacitación impartida inicialmente por la OIM a los cadetes de la PNTL con base en el Departamento de Inmigración, ha puesto de manifiesto que era sumamente deficiente el conocimiento de la ley.
Otra medida positiva en la lucha contra la trata ha sido el énfasis del Gobierno en la cooperación regional. El Gobierno también ha participado en las conferencias ministeriales sobre contrabando, trata de personas y delitos transnacionales conexos, una serie de conferencias en curso conocidas también como “Proceso de Bali”. A fines de 2005, con el apoyo del Gobierno de Francia, el Gobierno envió a dos funcionarios de la PNTL a un taller regional sobre medidas contra la trata realizado en Malasia. Además, se prevé que el representante de la INTERPOL en Timor-Leste ha de participar en el Grupo de trabajo interministerial, pues el Gobierno piensa que la cooperación y la coordinación, así como el intercambio de información a nivel regional, son imprescindibles para responder eficazmente a las actividades de los sindicatos de tratantes.
Actividades complementarias del informe de la Fundación Alola
Como actividad complementaria de su informe de 2004, la Fundación Alola ha obtenido de la USAID fondos para sufragar un proyecto conjunto OIM-Alola, relativo a concienciación sobre la trata, destinado a varios ministerios gubernamentales, la OPI, la PNTL, la judicatura, el personal consular, los medios de difusión y las entidades de la sociedad civil. El proyecto también procurará entablar colaboración con los consejos de suco en distritos fronterizos, particularmente con representantes de las mujeres en esos consejos, a fin de ayudar a identificar y a socorrer a las víctimas. En momentos de prepararse este informe, se ha previsto iniciar la capacitación a fines de 2006, con el propósito de facilitar el cumplimiento por el Gobierno de sus responsabilidades en esta esfera.
Igualdad en la educación (Artículo 10 de la CEDAW)
El Documento Básico común ofrece un amplio panorama general del sistema de educación en Timor-Leste, incluidos los obstáculos con que se tropieza para su desarrollo. Esos y otros obstáculos para eliminar la discriminación y velar por la igualdad de derechos de la mujer en la esfera de la educación se explican más detalladamente a continuación, junto con la respuesta del Gobierno.
Objetivos de la educación relativos a las niñas y las mujeres
En Timor-Leste hay un firme compromiso jurídico en pro de impulsar la educación de mujeres y niñas. Además de las disposiciones de la Constitución, uno de los principios orientadores en la Ley orgánica del sistema educacional es “asegurar la igualdad de oportunidades de ambos sexos”. Este compromiso también es evidente en el Plan Nacional de Desarrollo (NDP), en que el Gobierno promete “mejorar el ofrecimiento de educación, particularmente mediante la provisión de enseñanza de oficios, especialmente para niñas y mujeres, adultos y grupos con necesidades especiales”. Igualmente, el Gobierno reconoce la necesidad de “reducir el número de analfabetos en la población de adultos, prestando especial atención a las mujeres”, así como crear mecanismos para contribuir a reducir las tasas de abandono de las niñas.
El “Marco de Política Educacional” (EPF), preparado y aprobado por el Ministerio de Educación, refleja los objetivos establecidos en el NDP, como se describió en mayor detalle en el Documento Básico común. No obstante, dada la discriminación de que son objeto las niñas en cuanto al acceso a la educación, debido a prácticas tradicionales, entre ellas el embarazo y el matrimonio precoces y la pesada carga de las tareas domésticas, será necesario mantener una estrecha vigilancia para determinar si el nuevo currículo y los materiales didácticos, la formación de docentes y la participación de padres, madres y comunidades, abordan satisfactoriamente las preocupaciones relativas a cuestiones de género y son eficaces, en última instancia, para promover los objetivos del NDP en lo tocante a la igualdad de género y la ampliación de los medios de acción de la mujer.
Educación preescolar
Según la Encuesta agrupada de indicadores múltiples (MICS) realizada en 2002, en Timor-Leste prácticamente no había ninguna disposición para la educación preescolar. Sólo un 2% de los niños de entere 3 y 5 años de edad asistían a algún tipo de curso de educación de párvulos. Actualmente, se dispone de educación preescolar para niños de 4 y 5 años de edad. Aun cuando no es obligatoria, hay en el país 57 jardines de infantes a los que asisten 4.700 niños, con 139 maestros. De esas escuelas, una gran mayoría son privadas, están ubicadas en zonas urbanas y atienden a menos del 10% de los niños en ese grupo de edades. El Gobierno considera que hay un gran potencial de expansión, a medida que aumenta la demanda.
Educación escolar primaria
Normalmente, la educación escolar primaria comienza a los 6 años de edad, pero son pocos los niños que realmente ingresan a la escuela a esa edad. A lo largo de toda la enseñanza primaria, hay grandes cantidades de niños que tienen más edad que la correspondiente al grado que cursan y las cifras de matriculación para el año lectivo 2004-2005 indican que están en esas condiciones un 27% de los estudiantes. Por otra parte, esta proporción es menor que el promedio de 42% registrado durante los tres primeros años de enseñanza académica a partir de 2000.
Actualmente, el número de alumnos en el sistema de educación primaria es de aproximadamente 182.000; una escuela típica tiene matriculados a 237 alumnos, con 7 maestros por cada escuela. Las cantidades de maestros reflejan el pronunciado aumento en la matriculación de alumnos ocurrido después de la independencia pero ahora se ha estabilizado en poco más de 4.000 maestros para todo el país, los cuales constituyen el mayor grupo entre los empleados gubernamentales. Actualmente, la proporción es de 34 alumnos por cada maestro en las escuelas públicas (cantidad menor que 47:1 en 2001) y en las escuela católicas, esta proporción es menor. Hay variaciones de esos promedios entre diferentes distritos, lo cual refleja los grandes desplazamientos de población, como lo indica el Censo nacional de 2004 y también el hecho de que en algunos distritos, como Dili, las escuelas tienen mucho mayor tamaño y a veces posibilitan que un único maestro se encargue de una clase y de una especialización.
Si bien hay escasas diferencias de género de matriculación en escuelas primarias, como se indica en el Documento Básico común, y la participación de las niñas se estima en más del 98% en ese sector, varios estudios han mostrado que hay pronunciadas diferencias entre diferentes regiones, en particular, que hay más alumnos (niñas y niños varones) matriculados en la llanura que en zonas serranas y también más alumnos en zonas urbanas que en zonas rurales.
Problemas con que tropieza la enseñanza primaria
Como ya se señaló, hay un problema con los alumnos que tienen edades superiores a las correspondientes al respectivo grado, lo cual no sólo redunda en altas tasas de repetición de grado (20%) y de abandono (10%), sino que además entraña una considerable carga financiera sobre el sistema educacional. Esto se debe en parte a costumbres de las familias, pues muchos padres y madres piensan que sus hijos son demasiado jóvenes para comenzar a asistir a la escuela a los 6 años de edad y, por lo tanto, esperan a que tengan más edad. Eso significa que menos de la mitad de todos los niños llegan al sexto grado y egresan.
Pese a los aumentos en la matriculación registrados en años anteriores, algunos niños todavía no asisten a la escuela. La tasa neta de matriculación de 86% para el año lectivo 2004-2005 entraña que aproximadamente 21.000 niños no están incorporados en el sistema. Además, es necesario resolver la actual carencia de materiales didácticos, que se suma a una alta proporción de alumnos por cada maestro en la enseñanza primaria. Esta situación se relaciona también con el nivel de formación de los docentes, que es preciso desarrollar. Como ya se indicó en el Documento Básico común, un 80% de los maestros (mayormente indonesios) se marcharon del país en 1999 y, por consiguiente, es preciso mejorar la calidad y la cantidad de los maestros. El Colegio de Maestros Católicos en Baucau puede diplomar durante cada año académico a 50 maestros; pero se ha estimado que será necesario contar con varios centenares de maestros para satisfacer las necesidades, tanto actuales como futuras. A fin de abordar ese déficit, el proyecto de política educacional tiene el propósito de introducir en 2006 un sistema de licencias profesionales de docentes y se espera que para 2010 todos los maestros habrán obtenido las credenciales necesarios.
A los niveles actuales, el número de horas que comparten los estudiantes con los maestros es bajo. Aun cuando en teoría durante el año escolar se posibilitan 720 horas de contacto, en promedio los estudiantes reciben no más de 548 horas por año. Los estudiantes de menor edad en los grados primero y segundo de la escuela primaria están en peores condiciones, pues reciben no más de 274 horas, dado que la enseñanza es consecutiva en turnos de cuatro horas, procedimiento conocido como “turnos múltiples”. Esta situación, combinada con altos niveles de ausentismo de estudiantes y de docentes, afecta sustancialmente la enseñanza. Una encuesta ha indicado que hasta un 42% de todos los estudiantes en edad escolar primaria no habían asistido a la escuela en la semana que precedió la evaluación.
La MICS realizada en 2002 en Timor-Leste había indicado que los niños pobres tienen menores probabilidades de asistir a la escuela. En el año lectivo 2001-2002, un 64% del quintil más pobre estaba matriculado en las escuelas, en comparación con el 90% del quintil más rico de la población. Las razones del ausentismo también pueden incluir el hecho de que, antes de la suspensión transitoria por el Ministerio de Educación a principios de 2006, en la práctica el costo de la matrícula escolar variaba. Los informes de las Consultas regionales relativas a la CEDAW indicaron que las autoridades escolares de distintas regiones de todo el país pedían a los progenitores que pagaran diferentes importes para matricular a los alumnos en la escuela primaria y, en algunos casos, que contribuyeran al pago del sueldo de maestros “voluntarios” en las escuelas. Algunos participantes explicaron que los costos acumulados de matriculas, útiles escolares y uniformes, especialmente para las niñas, les impedían enviar a sus hijos a la escuela. El Gobierno no pudo verificar la veracidad de informaciones proporcionadas en esas consultas acerca de que se había denegado la admisión en las escuelas a alumnos que no podían sufragar el costo de la matrícula.
El ausentismo también puede ser atribuible a que los niños deben recorrer a pie largas distancias (a veces, durante más de 1 hora) hacia y desde la escuela. En Dili, los autobuses cuestan 0,50 dólar EE.UU. y muchos niños utilizan el autobús o comparten taxis para ir a la escuela; pero la falta de transporte en zonas rurales impide la asistencia de muchos niños, y los padres y madres están preocupados por la seguridad de sus hijos. Otras razones de no asistir a la escuela son las enfermedades, como paludismo y tuberculosis. En un estudio se comprobó que un 6% de todos los niños en edad escolar residentes en Dili nunca habían asistido a la escuela, en comparación con 45% en Ermera, 42% en Ainaro y 29% en Oecussi. En todos los distritos, salvo tres, Lautem, Manatuto y Ermera, es mayor el número de niñas que el de niños varones que nunca han asistido a la escuela. La discrepancia de género entre quienes no asisten a la escuela en zonas rurales tendía a ser del orden del 1% a 5%. Además, había grandes variaciones dentro de un mismo distrito. Por ejemplo, en Manufahi nunca habían asistido a la escuela un 33% de las niñas de entre 7 y 18 años de edad, en comparación con 19% de los varones del mismo grupo de edades.
Otro motivo de preocupación es el mal estado de los edificios escolares. En junio de 2005, el Ministerio de Educación informó de que más de una cuarta parte de las aulas están en condiciones físicas peligrosas. Casi un 40% de las escuelas carecen de instalaciones sanitarias y casi la mitad de todas las escuelas primarias carecen de acceso a agua de beber. La información al respecto provino de las Consultas regionales relativas a la CEDAW, en que se informó de que, en algunos casos, las jóvenes, especialmente las púberes, se sienten turbadas al asistir a las escuelas puesto que no hay en ellas instalaciones sanitarias adecuadas para las niñas.
Además, de los intercambios de ideas durante las consultas surgió que en algunas escuelas puede haber problemas con la disciplina, y que se imponen tanto a las niñas como a los niños varones severos castigos, entre ellos escupitajos en el rostro, bastonazos y abofeteos. La información procedente de las Consultas relativas a la CEDAW indicó que algunas niñas se sentían intimidadas por los profesores varones y esto las disuadía de asistir a la escuela. La investigación indica que en el sistema escolar, las mujeres docentes también pueden sentirse intimidadas puesto que suelen ser maltratadas verbalmente por los estudiantes y por progenitores de éstos. Este comportamiento se atribuye al frecuente hacinamiento en las aulas y a la frustración de los estudiantes que no puedan recibir buenas calificaciones ni ser promovidos al grado siguiente.
Currículo de la enseñanza primaria
En respuesta a esos problemas, un nuevo currículo para escuelas primarias preparado por el Ministerio de Educación se está poniendo en práctica en los grados primero y segundo de 32 “escuelas básicas” del “Proyecto de 100 escuelas acogedoras”, que administra el Gobierno con el apoyo del UNICEF. Se prevé que en el año lectivo siguiente, 2006-2007, se llevará el nuevo currículo a todas las escuelas primarias y que el año lectivo posterior, se lo ampliará hasta tercer grado. La plena puesta en práctica del nuevo currículo se prevé para el año lectivo 2010-2011.
Como ya se indicó en relación con el Artículo 5 del documento sobre la CEDAW, el nuevo currículo para escuelas primarias abarca seis temas básicos: matemáticas, idioma tetum, idioma portugués, arte y cultura, estudios medioambientales, y educación física y salud. Tras extensos debates a nivel nacional, se ha incluido como tema de estudio en las escuelas la religión (católica, protestante o islámica); pero los progenitores pueden optar por que sus hijos asistan o no a esas clases. Como ya se señaló en el Documento Básico común, se introdujo el portugués como idioma de instrucción en el sistema escolar; pero el problema es que la gran mayoría de los estudiantes hablan idiomas distintos del portugués y el tetum. Los resultados del Censo de 2004 indican que un 21% de las niñas y un 18% de los niños varones en el grupo de 6 a 9 años de edad pueden hablar, leer o escribir en portugués. Para facilitar la comprensión, los maestros pueden enseñar en la lengua materna del niño, pero esas acciones están obstaculizadas por la actual falta de textos en idioma tetum. El Gobierno ha preparado una guía sobre la manera de poner en práctica el nuevo currículo que, en momentos de prepararse este informe, estaba a punto de ser presentado a la aprobación por el Consejo de Ministros.
Desempeño en los exámenes a nivel primario
En el año 2004-2005, más del 90% de los alumnos de escuelas primarias aprobaron los exámenes finales y las niñas tuvieron un desempeño marginalmente superior al de los niños varones. Los resultados variaban de un distrito a otro; Manatuto y Lautem tenían los más bajos porcentajes de aprobación de exámenes para niñas y niños varones, con 75% y 78%, respectivamente, pero en Viqueque la proporción era de casi 100% de aprobaciones. En 8 de los 13 distritos, era mayor la cantidad de niños varones que la de niñas que debían repetir sus exámenes. En promedio, los alumnos de Dili tuvieron resultados ligeramente mejores que sus homólogos en los distritos.
Aun cuando los altos porcentajes de aprobación son alentadores, el Gobierno tiene conciencia de que no basta con simplemente avanzar hacia el año académico siguiente, independientemente de las verdaderas capacidades. Un estudio realizado por el Ministerio de Educación en 2003 sobre grados primarios seleccionados mostró que había bajos niveles de aprendizaje, especialmente en tercer grado, y que las niñas tenían resultados peores que los de los niños varones en materias como las matemáticas. Lamentablemente, la investigación tuvo un alcance limitado y no indicó las razones por las que se afectaba la calidad educacional. No obstante, el Gobierno reconoce que es preciso investigar más a fondo esta cuestión.
Educación en la escuela secundaria
Escuela secundaria de primer nivel
La educación secundaria en Timor-Leste se divide en tres años de primer nivel, o educación “presecundaria”, y tres años de educación secundaria. El propósito del Gobierno es avanzar hacia un sistema de nueve años de educación básica y, con este propósito, ha establecido una “escuela básica” que proporciona educación primaria y secundaria de primer nivel. Se prevé agregar nuevas escuelas o convertir las existentes a este tipo de enseñanza. En el mismo orden de ideas, el Artículo 8 (2) de la Ley orgánica del sistema educacional estipula que “el carácter obligatorio de la asistencia a la enseñanza elemental cesa al cumplir 16 años”.
En el año lectivo 2004-2005 había 41.516 estudiantes matriculados en la escuela secundaria de primer nivel, lo cual representaba un aumento general del 11% en comparación con el año 2000. De manera similar, aumentaron pronunciadamente, en casi la mitad, las cantidades de docentes en este nivel y, como resultado, la proporción estudiante-docente disminuyó desde 38:1 en 2002 hasta 25:1 dos años después. Pero esta última oscilaba desde 20:1 en Viqueque hasta 49:1 en Ainaro, lo cual refleja una gran variación en el aumento de las cantidades de estudiantes entre distintos distritos.
En 2004-2005 había en Timor-Leste 129 escuelas secundarias de primer nivel, con un promedio de 300 estudiantes y 13 docentes por escuela. De esas escuelas, 39 eran conducidas por la Iglesia Católica, de las cuales una tercera parte estaba ubicada en los centros urbanos de Dili y Baucau. En comparación con la práctica de “turnos múltiples” a nivel primario, en que se imparte enseñanza de diferentes grados en turnos cortos, en los casos típicos la escuela secundaria de primer nivel tenía dos o más cursos por cada grado en la escuela. En esas escuelas, era más probable que los maestros se especializaran en varios temas.
Por otra parte, de manera similar a lo que ocurre en la enseñanza primaria, en el primer nivel de la enseñanza secundaria hay grandes cantidades de niños que tienen más edad que la correspondiente al respectivo grado. En 2004-2005, esa proporción era 48%. Con una tasa neta de matriculación de 30%, se estima que aproximadamente 49.000 estudiantes en el grupo de 12 a 14 años de edad no están asistiendo a la escuela. Dado que en el período a transcurrir hasta 2010 aumentará el número de niños en el grupo de 12 a 14 años de edad, el Gobierno estima que en la enseñanza secundaria de primer nivel solamente habrá suficiente capacidad para absorber las crecientes cantidades si se reduce la cantidad de estudiantes cuya edad es mayor que la correspondiente a su grado.
Resultado de los exámenes en la enseñanza secundaria de primer nivel
En el año lectivo 2004-2005, un 95% de los estudiantes secundarios de primer nivel aprobaron los exámenes de fin de año, y el desempeño de niñas y niños varones fue igual. También en este caso, los resultados variaron de un distrito a otro; en Lautem se registraron los porcentajes más bajos de aprobación para niñas y varones, 85%; y en Viqueque, nuevamente el porcentaje más alto, con casi un 100% de aprobación de los exámenes. Durante este año lectivo, fue aproximadamente igual el número de niños varones y de niñas que debieron repetir sus exámenes y, en promedio, los estudiantes en Dili tuvieron un rendimiento similar al de sus homólogos en sus distritos.
Escuela secundaria de nivel superior
En contraste con las cifras brutas y netas de matriculación en la enseñanza primaria y secundaria de primer nivel, en las escuelas secundarias de nivel superior se registra una pronunciada disminución de las cantidades de estudiantes, en todo el país. Actualmente, hay en la educación secundaria de nivel superior casi 25.000 estudiantes. Pese a que la tasa neta de matriculación para este sector ha mejorado hasta 33,6% en 2004-2005, en comparación con 16,9% en 2001-2002, ésta sigue siendo una tasa de matriculación muy baja. En 2004-2005, había en todo el país un total de 77 escuelas secundarias, de las cuales las tres quintas partes eran católicas. Casi la mitad de todos los estudiantes y de todas las escuelas estaban ubicados en Dili. A este nivel, el promedio de la proporción alumno-docente era 34:1, pero había grandes variaciones de un distrito a otro.
Como ya se señaló en el Documento Básico común, es difícil encontrar docentes suficientemente calificados a este nivel. Según estimaciones del Gobierno, una tercera parte de los docentes de enseñanza secundaria de nivel superior están trabajando como voluntarios y algunos de ellos no están debidamente calificados. Esos docentes no reciben un sueldo del Gobierno, sino contribuciones de padres, madres y otras fuentes. Tradicionalmente, en esta profesión son frecuentes los casos de desmoralización. El apoyo a los docentes ha sido proporcionado en gran medida por el sector de ONG.
También en la enseñanza secundaria de nivel superior es motivo de preocupación la población de estudiantes que tienen más edad que la correspondiente a su grado; pero en los últimos cinco años esas cantidades han venido disminuyendo sostenidamente y en el año lectivo 2004-2005 la proporción era de poco menos de 16% del total de estudiantes matriculados a este nivel, en comparación con 60% en el año 2000.
Si bien hay en todo el país una sustancial demanda de educación secundaria, existe una correlación directa entre la duración de la educación que reciben las personas y su nivel de pobreza. La capital, Dili, tiene una gran proporción de hogares que pueden aspirar a educar a sus hijos hasta que egresen y también pueden sufragar el costo. No obstante, esto contrasta con las bajas tasas de matriculación a este nivel y la sustancial perturbación de los estudios cuando los niños deben realizar tareas agrícolas y domésticas. Investigaciones realizadas antes de la independencia estimaron que no asistía a la escuela un 40% del grupo de 15 a 18 años de edad. También en esta caso, el Gobierno reconoce que es preciso intensificar las tareas para abordar los problemas en este sector.
Resultado de los exámenes en la enseñanza secundaria de nivel superior
Los datos proporcionados por el Ministerio de Educación para este nivel presentan resultados más completos de los exámenes, desglosados no sólo por sexo sino también por materias: ciencias naturales, ciencias sociales e idiomas. Los resultados para el año lectivo 2004-2005 correspondiente a los idiomas estaban disponibles para cuatro distritos: Alieu, Bobonaro, Dili y Lospalos.
Durante este año, fue mayor la proporción de niños varones (52%) que de niñas (48%) que se presentaron a exámenes en los tres temas y de ellos, un 98% aprobaron los exámenes. Las niñas tuvieron resultados ligeramente superiores a los de los niños varones en los tres temas. También en este caso, los resultados variaron ligeramente entre distintos distritos; pero todos los estudiantes lograron resultados excepcionalmente buenos en ciencias naturales, en que las niñas tuvieron una tasa de aprobación del 100% en 10 de los 13 distritos, en comparación con los varones, que lograron la misma proporción en 8 de los 13 distritos. Durante este año lectivo, fue mayor el número de niños que de niñas que tuvieron que repetir sus exámenes en las tres materias. En promedio, los estudiantes de Dili lograron resultados ligeramente mejores que sus homólogos en sus distritos.
Aun cuando los resultados de los exámenes son positivos, puesto que las niñas tienen menores tasas de repetición que los varones y, en general, se benefician con la educación en todos los grupos de edades, la tendencia general es que obtengan resultados ligeramente inferiores a la de los niños y jóvenes varones, especialmente en los grupos de mayor edad. Esto es evidente, a juzgar por las estadísticas del Censo de 2004, en que las niñas tuvieron mejor desempeño que los varones en el aprendizaje de inglés en los grupos de edades de 6 a 9 años y de 10 a 14 años. Sin embargo, esas ventajas no se mantuvieron para grupos de mayor edad, debido tal vez a los estereotipos de género u otras barreras ya consideradas en el presente documento.
Las mujeres en la profesión docente
Actualmente, las mujeres están insuficientemente representadas en la profesión docente. Éste es también el caso en la administración de las escuelas. En 2003, sólo un 12% de los funcionarios de distrito eran mujeres. Muchas mujeres maestras que habían ofrecido voluntariamente sus servicios durante la emergencia de 1999 no fueron seleccionadas un año después, cuando se procedió a contratar a maestros. El proceso de selección se basó en concursos, y se contrató a quienes habían obtenido las más altas calificaciones en los exámenes. Según los registros, una tercera parte de quienes se presentaron a los exámenes eran mujeres y de ellas, sólo aprobaron la mitad. No se dieron razones por la falta de participación de las voluntarias en el proceso de contratación. El resultado fue que perdieron sus puestos y se las excluyó de la profesión docente.
En la enseñanza primaria y secundaria las mujeres constituyen un 29% de los docentes y, de la población de mujeres maestras, un 42% está concentrado en Dili. En el pasado, muchos maestros, especialmente maestras, tropezaban con dificultades para trabajar en las zonas rurales remotas, lejos de su hogar y sus propias familias. Dado que los maestros, en su mayoría, son varones, hay para las niñas pocos modelos de comportamiento con quienes ellas puedan identificarse y que las alienten a proseguir su educación. No obstante, los datos anecdóticos proporcionados por las Consultas regionales relativas a la CEDAW indicaron que los maestros y los líderes de comunidades locales alientan, en verdad, a las niñas a asistir a la escuela y aprecian el valor de la educación. Estas comprobaciones son corroboradas por investigaciones que indican que una alta proporción de los niños manifiestan que sus maestros les brindan apoyo y tienen actitudes positivas.
Tasas de abandono de niñas y niños varones
Hay una larga historia de tasas de abandono escolar que data de la era colonial y del período de ocupación indonesia. La MICS realizada en 2002 indicó que el porcentaje de abandono era muy bajo, sólo 1% hasta la edad de 10 años, y que aumentaba a 2% a los 12 años. Según datos proporcionados por el Gobierno, más recientemente las tasas de abandono en la enseñanza primaria y secundaria aumentaron hasta 10%. En promedio, los niños que abandonaron la escuela completaron sólo cuatro años de enseñanza primaria. La MICS indicó que después de los 12 años de edad comienza a aumentar el porcentaje de abandono hasta la edad de 17 años, en que la tasa es de casi 20%. Entre las edades de 14 y 17 años, son las niñas quienes sostenidamente abandonan la escuela con tasas superiores a las de los niños varones.
La investigación ha demostrado que las escuelas privadas tienen más bajas tasas de repetición de grados pero más altas tasas de abandono que las escuelas públicas. Las escuelas rurales tienen tasas de repetición y abandono más altas que las ubicadas en centros urbanos; pero las escuelas en zonas muy remotas por lo general tienen menores tasas de abandono, puesto que hay escasas actividades o escuelas alternativas para los niños.
Las altas tasas de abandono y repetición cuestan al sistema educacional sumas que, en momentos de prepararse este informe, son de aproximadamente 390 dólares EE.UU. por cada niño. Por otra parte, este importe se duplica por cada estudiante que completa el ciclo, debido a las grandes cantidades de niños que abandonan y que repiten los cursos.
Madres adolescentes y acceso a la educación
Durante las Consultas regionales relativas a la CEDAW, se planteó la cuestión del embarazo en la adolescencia y el acceso a la educación. Los participantes, tanto varones como mujeres, manifestaron que una vez que una niña queda embarazada, en la práctica esto pone fin a su educación. En la mayoría de los casos, se espera de la niña que contraiga matrimonio, permanezca en su hogar y cuide a su hijo. Los participantes en las consultas manifestaron que, aun cuando otros miembros de la familia estén dispuestos y en condiciones a cuidar al niño, muchas jóvenes madres quedan excluidas de la escuela. Las largas ausencias y la falta de apoyo por parte de sus maestros y de las compañeras de la misma edad impiden que recuperen el tiempo perdido en las tareas escolares o que se presenten a los exámenes. La posibilidad de repetir el año académico es pequeña. Además, hay falta de instalaciones sanitarias, especialmente para niñas embarazadas y madres que amamantan. Aun cuando no hay reglamentaciones gubernamentales que impidan que las niñas embarazadas o las madres adolescentes sigan asistiendo a la escuela, en la comunidad hay una fuerte percepción en contra. Un grupo de la Iglesia con sede en Dili ha ofrecido actividades educacionales, por ejemplo, clases de costura y de cocina para jóvenes madres solteras; pero ese grupo ha observado que hay pocas oportunidades de ayudar a las jóvenes embarazadas y madres solteras que no tienen posibilidad de adquirir una alfabetización básica.
Becas especiales para niñas
En momentos de preparase este informe, las organizaciones no gubernamentales estaban realizando actividades para ofrecer becas a las niñas, a fin de posibilitar que asistan a la escuela. Actualmente no hay un programa sistemático y a escala nacional, financiado por el Gobierno, encaminado a mejorar la asistencia de las niñas a la escuela en Timor-Leste. Como ya se indicó en el Documento Básico común, la Fundación Alola, como parte de su programa de becas para escuelas secundarias, distribuye aproximadamente 700 becas que sufragan la matriculación, los útiles escolares, los uniformes y otros gastos diversos relacionados con la asistencia a la escuela. En 2004-2005, esas becas posibilitaron que 470 adolescentes finalizaran su educación secundaria.
Actividades deportivas y de recreación
Antes de julio de 2005, el Ministerio de Educación tenía tres divisiones separadas de cultura, juventud y deportes. Después de la reestructuración gubernamental, se transformó en Ministerio de Educación y Cultura y se asignó a la Oficina del Primer Ministro una Secretaría de la Juventud y los Deportes, con incumbencia en la educación física de los niños por conducto de los currículos escolares, la recreación comunitaria mediante el apoyo a entidades locales, y el aliento a los deportes competitivos.
El Gobierno reconoce que la educación física y los deportes son componentes importantes del desarrollo total de la persona. En el Plan Nacional de Desarrollo, los propósitos del Gobierno son: alentar la educación deportiva en las escuelas y formular programas de actividades extracurriculares. El Gobierno se ha esforzado por aumentar la visibilidad de los deportes en el país, organizando varios eventos deportivos, por ejemplo, competiciones de marcha a pie y ciclismo en ocasión de la celebración de diversos días nacionales. Actualmente, la educación física es obligatoria para las niñas y los niños varones, como parte del nuevo currículo escolar primario, por períodos de dos horas semanales.
No obstante, las medidas para introducir sistemáticamente actividades deportivas a niveles más avanzados han quedado obstaculizadas por la limitada capacidad técnica de los escasos recursos humanos, así como por el equipo insuficiente e inadecuado. Hasta la fecha, los deportes están relativamente subdesarrollados en los currículos oficiales. Sólo una limitada cantidad de escuelas, en su mayoría privadas, ofrecen actividades extracurriculares, como clases de fútbol, y éstas benefician sólo a los varones.
Recientemente, ha resurgido la popularidad de los grupos que enseñan artes marciales, especialmente entre niños de corta edad. Si bien hay quienes consideran que es un hecho positivo, pues esos cursos otorgan a los niños la posibilidad de adquirir valiosas aptitudes para la vida, como disciplina y trabajo en equipo, otros han expresado preocupación ante lo que consideran son oportunidades de que los niños se involucren en actos de violencia y luchas de pandillas en las comunidades.
Educación sobre planificación de la familia en las escuelas
El Gobierno reconoce que la educación femenina tiene un importante papel en la salud, aunque, como se señaló en el Documento Básico común, en general hay falta de educación sobre cuestiones de salud. Durante las Consultas regionales relativas a la CEDAW, muchas mujeres manifestaron que era deficiente el acceso a la información sobre servicios de salud y planificación de la familia, especialmente en zonas rurales. Recomendaron que se incluya la educación sobre temas de salud, como parte de los currículos escolares. Actualmente, no hay una edad mínima para recibir asesoramiento sobre planificación de la familia.
En la cultura timorense, es tabú hablar de temas sexuales. Normalmente, los temas de educación sexual no se mencionan en el hogar, pues padres y madres piensan que es inapropiado hablar de esas cuestiones con sus hijos. En su Estrategia de salud reproductiva 2004, el Ministerio de Salud indicó medidas para fortalecer la provisión de información y de aptitudes en beneficio de los jóvenes, las familias y las comunidades, a fin de llegar a un nivel óptimo de salud y desarrollo de los jóvenes. En esa Estrategia, el Ministerio de Salud reconoció que era necesario impartir educación sobre temas relativos a salud reproductiva y sexualidad humana, inclusive métodos de planificación de la familia y prevención de las ITS y del VIH/SIDA. En los currículos de escuelas secundarias se han introducido algunos temas de educación sobre salud reproductiva, que se imparten por igual a las niñas y los niños varones. El tema central de esta educación ha sido el control de la natalidad y el espaciamiento de los alumbramientos.
Muy recientemente, con el apoyo del UNICEF, el Ministerio de Salud ha ofrecido una serie de talleres sobre “Aptitudes para la vida”, que serán impartidos por el UNICEF y la Fundación Alola más adelante en 2006, en beneficio de aproximadamente 450 niñas adolescentes que reciben becas de la Fundación para cursar la escuela secundaria. Esos talleres se concentrarán en cuestiones de salud reproductiva y VIH/SIDA, y también abordarán temas como relaciones y cuestiones de género, comunicación y adopción de decisiones. Esos talleres, además de ampliar el acceso a la información, tienen la intención de congregar a las participantes en el programa de becas y alentarlas a que continúen su educación, fomentar la confianza en sí mismas y acrecentar su participación en la vida comunitaria.
Educación terciaria
Universidad p ública
En general, escasean los datos sobre la educación posterior a la secundaria; por otra parte, las mujeres están insuficientemente representadas en ese nivel. Antes de la crisis, se había estimado que sólo 1% de toda la población en el grupo de 20 a 29 años de edad tenía educación terciaria.
En 2001, había en el nivel terciario de la educación aproximadamente 6.000 estudiantes, incluidos los 1.000 estudiantes que recibieron becas financiadas por donantes internacionales. De esos estudiantes, algunos utilizaron sus becas para viajar a Indonesia y completar sus estudios. No se sabe cuántas mujeres y cuántos hombres solicitaron las becas y las recibieron y tampoco hay información acerca de su situación socioeconómica. En momentos de prepararse este informe, el Gobierno se propone solicitar mayor apoyo de los donantes a fin de ayudar a mayor cantidad de estudiantes timorenses a que aprovechen el programa de becas en el extranjero. No se dispone de información fidedigna sobre los estudiantes que, como parte de la diáspora, recibieron formación de tercer nivel en Portugal o en Australia, y tampoco hay datos sobre las cantidades de diplomados que han regresado a Timor-Leste.
La Universidad de Timor Loro Sa’e (UNITL) fue reabierta en 2000 debido a la gran demanda por parte de los estudiantes timorenses que habían estado estudiando en instituciones tanto timorenses como indonesias antes de 1999. A la sazón, esa Universidad era una de sólo tres instituciones de nivel terciario en funcionamiento en el país.
Tras aprobar el examen de ingreso a la UNITL, 3.462 estudiantes “siguieron cursos regulares” en 2000-2001. Además, 1.386 estudiantes siguieron un curso “de transición”, de seis meses de duración, cuyo propósito fue preparar a los estudiantes para futuros exámenes de ingreso. En ese momento, no se recogieron datos desagregados por sexo acerca de esos exámenes. El propósito inicial era establecer una institución de pequeña magnitud, pero de alta calidad, que absorbiera cada año a unos 600 estudiantes; no obstante, en los últimos años, la presión de las cantidades de estudiantes secundarios a punto de graduarse ha conducido a mayores cantidades de candidatos. Las cifras de matriculación de la UNITL correspondientes a 2001-2002 muestran que las mujeres constituían un 27% de la población estudiantil, la cual era un 1,4% del total de la población.
Si se examinan las cantidades de personas matriculadas en la UNITL para el año lectivo 2001-2002, se constata que los varones predominaban en ingeniería (97%), economía (68%), educación (73%), ciencias sociales y políticas (73%) y agricultura (77%). En el desglose de datos correspondientes a la formación de docentes, se percibe que era mucho menor la cantidad de mujeres que estaban estudiando temas como física, química, matemáticas y biología, aun cuando esas cantidades aumentaban para temas como el inglés y el portugués.
Posteriormente, la UNITL cambió su nombre y pasó a ser la Universidad Nacional de Timor-Leste (UNTL). Los datos numéricos proporcionados por el Ministerio de Educación para el año 2003-2004 ofrecen un panorama más claro de la matriculación de estudiantes y la cantidad de profesores, con datos desagregadas por sexo, y con un desglose más reciente de los temas estudiados.
Durante este año lectivo, las mujeres constituían el 43% del total de 2.338 estudiantes de la UNTL. En comparación, había en la Universidad en total 118 profesores, de los cuales 32 (27%) eran mujeres. En 2003, cinco facultades ofrecieron instrucción: agricultura, ciencias políticas, educación, economía y educación técnica.
Los temas más populares, tanto entre los varones como entre las mujeres, eran educación y economía, aun cuando en educación había una matriculación femenina ligeramente superior, de 51%. Las mujeres representaban 45% y 44%, respectivamente, en las facultades de agricultura y de economía. El Ministerio de Agricultura, Silvicultura y Pesca (MAFF) abriga la esperanza de que el actual grupo de agrónomas profesionalmente calificadas se incorpore dentro de poco al Ministerio. No obstante, admite que pasará un cierto tiempo antes de lograr el deseable equilibrio de género en su personal.
También en 2003-2004, del total de 772 estudiantes matriculados en la facultad de derecho de una universidad privada en Dili, sólo poco más de la tercera parte, 38%, eran mujeres. Además, de los 31 profesores de derecho, seis eran mujeres.
Las profesoras estaban insuficientemente representadas en las cinco facultades, con la excepción de la de economía, en la que había un equilibrio 50:50 entre uno y otro sexo. En la facultad de educación, casi las tres cuartas partes de los profesores eran varones.
Instituciones privadas
Una cuestión de gran importancia en el sector de educación superior es la vigilancia de la calidad de las 18 instituciones privadas actualmente en funcionamiento, donde hay matriculados en total 4.000 estudiantes. De esas instituciones, varias son bien conocidas e imparten educación de buena calidad, entre ellas, el Instituto Católico de Formación de Maestros de Enseñanza Primaria en Baucau y el Instituto de Empresas en Dili. El Instituto de Tecnología de Dili (DIT) tiene una dotación docente de 19 personas, siete de las cuales tienen diplomas de doctorado o de licenciatura, y recibe el apoyo de instituciones australianas. El DIT imparte capacitación a gerentes de la industria del turismo, del ordenamiento de recursos naturales y también cursos de educación de adultos para funcionarios del Gobierno locales y veteranos de las FALINTIL. Cuenta con un departamento de ingeniería y ciencias, el cual ofrece cursos de construcción civil, ingeniería mecánica y ciencias de la computación. Hay planes para establecer en el DIT un programa sobre medios de difusión y comunicaciones. Otras instituciones ofrecen capacitación especializada, entre ellas, la Academia del Café en Ermera y el Colegio de Formación Agrícola en Natarbora.
Muchas de las restantes instituciones del sector privado cuentan con escasos recursos y esto, sumado a la ausencia de reglamentación, redunda en que se desconoce la calidad de la educación que ofrecen. A este nivel, otro problema es también el idioma, puesto que la mayoría de los estudiantes universitarios siguen utilizando el idioma indonesio bahasa y, muy probablemente, se esperará de ellos que preparen informes y tesis en este idioma. Pero los estudiantes, en su mayoría, ya no reciben instrucción en bahasa.
En respuesta, el Gobierno ha comenzado a elaborar disposiciones para verificar la calidad en el sector de educación terciaria y está preparando proyectos de ley sobre estándares y cooperación en este sector. En el primer informe periódico se podrá aportar más información.
Escuelas técnicas y enseñanza de oficios
La enseñanza técnica y de oficios en Timor-Leste se ofrece a nivel de escuelas secundarias por el Gobierno y por organizaciones privadas, entre ellas varias ONG o la Iglesia. El sector privado ofrece alguna capacitación en ciencias de la computación, pero se carece de información sobre la magnitud de la naturaleza de estos cursos. Actualmente, siete escuelas técnicas son administradas por el Gobierno y tres escuelas secundarias privadas proporcionan enseñanza técnica y de oficios. El MLCR estima que en Timor-Leste hay al menos otras 41 fuentes de enseñanza técnica y de oficios. En total, hay más de 6.000 estudiantes matriculados en programas gubernamentales y privados. La duración varía sustancialmente entre uno y otro programa.
El costo anual medio de la enseñanza técnica y de oficios es de 300 dólares EE.UU. por estudiante, excluido el apoyo de donantes, que es sustancialmente mayor que el costo medio de los programas de educación secundaria. Se ofrecen distintos tipos de capacitación: costura, carpintería, y de todos los estudiantes de este sector, al menos la mitad estudia tecnología de la información. Un análisis indicó que las instalaciones de capacitación estaban funcionando muy por debajo de su capacidad plena. El Plan Nacional de Desarrollo trata de la capacitación práctica y señala que es inadecuada, que los programas de estudio son demasiado teóricos y que las calificaciones que tienen los jóvenes empleados no son pertinentes a las características actuales del mercado laboral.
En los últimos años, en general se ha prestado menos atención a la enseñanza tradicional de oficios para la mujer, dado que los recursos disponibles se invierten en cursos que imparten aptitudes pertinentes a la demanda del mercado. En el sector privado hubo una demanda sustancial de aptitudes tradicionalmente masculinas, como la construcción y las tareas mecánicas y de electricidad en zonas urbanas.
Desempeño en los exámenes en la enseñanza técnica y de oficios
En general, en las escuelas de enseñanza técnica y de oficios la matriculación femenina es escasa, y es menor aún el número de mujeres que se diploman. La razón es que se estudian temas en esferas de tradicional dominio masculino y las mujeres no compensan esta situación participando en mayores cantidades en otras esferas.
En el año lectivo 2004-2005, en cinco distritos, Baucau, Dili, Lautem, Manatuto y Manufahi, un total de 621 estudiantes se presentaron a exámenes en cuatro materias: educación técnica, economía, agricultura y estudios de la mujer.
Del total de estudiantes que se presentaron a exámenes a este nivel, poco menos de la mitad (44%) eran de sexo femenino. El curso más popular para las mujeres era economía (47%), al que seguía agricultura (35%) y el menos popular era la educación técnica, con un 5% de matriculación femenina. El programa de estudios de la mujer abarcaba cursos en administración de hoteles, costura y pintura, se impartió en Dili y tuvo una matriculación 100% femenina. Es difícil obtener una idea clara de las tasas de repetición de varones y mujeres, puesto que no se ofrecieron todos los cursos en cada uno de los distritos.
Iniciativas gubernamentales para la enseñanza técnica y de oficios
El Gobierno tiene el propósito de ofrecer programas de educación de adultos que respondan concretamente a las necesidades de quienes viven en zonas rurales, mujeres y personas marginadas. Además, formulará currículos escolares, especialmente en materia de enseñanza técnica, pertinentes a las necesidades del país. Asimismo, se prepararán programas de enseñanza técnica y de oficios en beneficio de jóvenes desempleados, personas que abandonaron la escuela, veteranos y discapacitados, a fin de proporcionar las calificaciones para que ingresen en el mercado laboral.
En particular, el Gobierno aprecia la importancia de formular políticas y programas de educación de adultos como medio de ampliar los medios de acción de las mujeres y mejorar su acceso a las oportunidades de adelanto económico y político. El Gobierno adoptó medidas para 2015, en relación con los Objetivos de Desarrollo del Milenio, que establecen la proporción de mujeres en empleos remunerados del sector no agrícola como uno de los indicadores de rendimiento a utilizar para el seguimiento del avance hacia la igualdad de género y el empoderamiento de la mujer. Aun cuando no se han fijado metas para 2015, el Gobierno señaló que las mujeres constituyen más de una tercera parte del empleo en ese sector y se prevé un aumento en 40.000 para 2015. Por consiguiente, será necesario formular programas concretamente en beneficio de la mujer para que ésta aproveche plenamente las oportunidades de empleo. Por lo general, los programas actuales que apoyan la capacitación de mujeres son de pequeña magnitud y no están bien coordinados.
Alfabetización femenina
Como ya se señaló en el Documento Básico común, en las tasas de alfabetización de adultos hay pronunciadas diferencias de género. El porcentaje de varones mayores de 9 años de edad que saben leer y escribir es superior al de mujeres, lo cual sugiere que una discriminación de facto sigue restringiendo el acceso de las mujeres y las niñas. Además, la brecha de género es mayor entre mujeres pobres y hombres no pobres: la tasa de alfabetización es de 40% para las mujeres en el quintil más pobre, y de 90% para los varones en el quintil más rico. Considerando la población total, un 25% de las mujeres y un 22% de los hombres son analfabetos, según los datos publicados del Censo de 2004. Las tasas de alfabetización femenina varían de un distrito a otro; en Dili, un 90% de las mujeres estaban alfabetizadas, en comparación con 45% en Ermera. El indicador de alfabetización establecido por el Gobierno en relación con los ODM prevé un aumento de la proporción de mujeres alfabetizadas en comparación con hombres alfabetizados, en los grupos de 15 a 24 años de edad, desde 92% en 2003, hasta 100% para 2015.
En respuesta a este problema, diferentes organismos han establecido programas de alfabetización y educación de adultos, con distinto grado de éxito. El Departamento de Educación no Académica (DNFE) del Ministerio de Educación ofrece clases de alfabetización en los 13 distritos. En 2005, había en Timor-Leste 8.750 participantes matriculados en esas clases. Hubo varios programas de alfabetización femenina, cada uno de ellos creados con distintos objetivos, como los posibles efectos sobre el bienestar de la infancia, y basados en la premisa de que las mujeres timorenses padecen habitualmente de discriminación en todos los aspectos de sus vidas. Colocar a las mujeres concretamente como beneficiarias de los programas de alfabetización ha creado algunos resentimientos, principalmente entre hombres timorenses, quienes señalan que ellos también han perdido oportunidades educacionales en el pasado.
Alfabetización de adolescentes
En las clases de alfabetización, la mayoría de los estudiantes son adultos. Por lo general, se incluye en esas clases a adolescentes que abandonaron la escuela pero, hasta el momento, los programas de alfabetización no se han formulado para responder a las particulares necesidades de esos jóvenes. Por ejemplo, en este grupo varía el grado de alfabetización. Según los resultados de una evaluación, tanto varones como niñas tienen escaso o ningún conocimiento de la existencia de programas de alfabetización, como el curso de equivalencia de primaria del DNFE, ni de otros programas del DNFE que ofrecen las organizaciones. Tampoco saben si están en condiciones de participar y no parecen tener conocimientos de las campañas nacionales que promueven la educación.
Falta de participación de las mujeres en clases de alfabetización
En 2003, la División de Educación no Académica del Ministerio de Educación, comprobó que, de los 5.310 participantes el programa de alfabetización impartidos en todo el país, un 70% eran hombres, pese a que las clases estaban abiertas a estudiantes de todas las edades, varones y mujeres. En los distritos, los estudiantes, en su mayoría, eran hombres, pero el porcentaje disminuía en Dili, donde había igual participación de hombres y mujeres. Los estudiantes que asistían a las clases en Dili eran varones jóvenes, mientras que las mujeres eran algo mayores, de entre 35 y 40 años de edad, y sólo asistían a las clases cuando tenían el apoyo de parientes que se encargaban de las responsabilidades familiares en su hogar.
En el proyecto de alfabetización femenina apoyado por el UNICEF, se comprobó que el problema principal era mantener la participación de las mujeres. De las 2.582 participantes, un 30% abandonó el curso y un 40% no aprobó el examen. En particular, las participantes de más edad tenían una alta tasa de fracaso y abandono.
Hay dificultades para alentar a las mujeres a que asistan y participen realmente en los programas educacionales. Las razones de su falta de involucramiento coinciden con muchas de las razones de su falta de participación en la vida política: escaso o ningún apoyo, responsabilidades en la familia y la crianza de los hijos, falta de tiempo, eventos comunitarios tradicionales considerados más importantes que las clases, falta de transporte, a lo cual se suma escasa confianza en las propias capacidades y en la creencia de que son “demasiado viejas”. Las mujeres más jóvenes, en particular, no percibían la pertinencia de las clases de alfabetización puesto que, a su juicio, hasta ese momento se habían abierto paso en la vida sin necesidad de las clases. Esas mujeres no necesariamente consideraban que su analfabetismo fuera un impedimento.
Las razones que dieron las mujeres para aspirar a mejorar sus niveles de alfabetización varían desde estar en condiciones de leer periódicos o carteles en paradas de autobuses, poder saber qué hora es, demostrar más confianza al comprar artículos en las tiendas y mercados, comprender la manera en que operan sus negocios, comprender la Constitución y los derechos que ésta les confiere y lograr un nivel de dignidad básico. Dado que las vidas de las mujeres timorenses oscilan en gran medida en torno a la familia, la idea de desarrollarse a sí mismas está estrechamente vinculada con los beneficios que pueden obtener para la familia. Por ejemplo, poseer alfabetización podría facilitar la comprensión por las mujeres de la producción agrícola, particularmente plantar verduras y, de esa manera, aumentar el ingreso familiar, es una aptitud que vale la pena poseer, y esta opinión coincidía con la de sus familias. En Viqueque, se realizó un programa de alfabetización en paralelo con un programa para mejorar la producción agrícola que, en consecuencia, fue popular y benefició en gran medida a las mujeres.
Un estudio que analiza la metodología y los materiales de capacitación utilizados en cursos de capacitación de adultos ha recomendado que los materiales utilizados reflejen en mayor medida las preocupaciones de género, utilicen antologías ilustradas para las secciones más pertinentes a las mujeres y, por sobre todo, sean de fácil utilización por quienes están muy poco alfabetizadas. En otras evaluaciones se indicó la necesidad de que los programas de alfabetización sean más sensibles a la cultura, particularmente teniendo en cuenta el ámbito socioeconómico de las personas, por ejemplo, la importancia de producir y leer materiales en su propio idioma materno y establecer relaciones con otros temas, entre ellos la salud, los medios de vida, la nutrición y los planes de microcrédito. También se consideró importante impartir clases de alfabetización con participantes exclusivamente femenina, de modo que las mujeres tengan un espacio para adquirir aptitudes y poder hablar libremente de las cuestiones de interés femenino.
En momentos de prepararse este informe, el Ministerio de Educación prevé pasar revista a los programas existentes de educación de adultos y está formulando un Plan maestro de educación no académica que comprendería las iniciativas necesarias para aportar apoyo a los programas en beneficio de madres jóvenes y adolescentes analfabetos.
Respuesta global del Gobierno
Uno de los principales objetivos de los ODM es eliminar las disparidades de género en la enseñanza primaria y secundaria, tan pronto como sea posible y no después de 2015. En el proyecto Visión 2020 se determinó que la más alta prioridad del país es la educación para todos; no obstante, el progreso en la formulación de políticas en este sector ha sido más lento que el registrado en el sector de salud, la siguiente esfera de alta prioridad en el proyecto Visión 2020.
En momentos de prepararse el presente informe, aún no se ha aprobado la Ley orgánica del sistema de educación y sólo se ha formulado y aprobado el currículo de educación primaria. Entre las futuras prioridades del Ministerio de Educación figuran la finalización y aprobación de los currículos de enseñanza presecundaria y secundaria y la reglamentación de las instituciones educacionales de tercer nivel.
De conformidad con los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo, el Ministerio de Educación se propone formular políticas y estrategias con objetivos más claros a fin de promover la incorporación de las niñas en el sistema educacional. Entre esas políticas y estrategias, ocupa un lugar prominente una campaña educacional encaminada a cambiar las actitudes tradicionales de las familias y las comunidades y destacar la importancia de la educación de los niños, en particular de las niñas. También se pasará revista a los libros de texto a fin de detectar y corregir los estereotipos de género y además, lograr que los currículos sean más interesantes para las niñas. A fin de mejorar el acceso a la educación, el Gobierno examinará las políticas de ubicación de las escuelas, especialmente las que están alejadas de las viviendas. También tratará de proporcionar adecuadas instalaciones de abastecimiento de agua y saneamiento en las escuelas, así como retretes separados para las niñas.
Además, el Ministerio de Educación se ocupará de elaborar programas de formación de docentes, contratar a más mujeres maestras y mejorar la proporción general entre los géneros en la administración educacional. En el primer informe periódico se podrá aportar más información sobre tales políticas y medidas.
Igualdad en el empleo (Artículo 11 de la CEDAW)
En otras partes del presente informe se incluyó información sobre el derecho al trabajo y a las mismas oportunidades de empleo, la cantidad de mujeres en la fuerza laboral total y el empleo con baja remuneración, además de la división del trabajo en función del género. A continuación se proporcionan datos más detallados sobre, entre otras cosas, la representación de las mujeres en diversos sectores, la igual remuneración por trabajo de igual valor, la legislación relativa a prestaciones y disposiciones de maternidad, el acoso sexual en el lugar de trabajo, y la participación de la mujer en el sector paralelo o no estructurado (informal) de la economía.
Sector no estructurado de la economía
Aun cuando se cuenta con datos sobre los medios de vida de mujeres y hombres en Timor-Leste, hay escasa información relativa concretamente al sector no estructurado (informal), que emplea a 9 de cada 10 personas en la fuerza laboral rural y urbana, e incluso menos información sobre las participación de las mujeres en este sector.
Esta situación es atribuible a diversas razones, entre ellas la incertidumbre en la definición del trabajo en el sector no estructurado. La gama y la complejidad de las actividades en los hogares tanto urbanos como rurales contribuyen a ese problema en cuanto a la definición.
Por ejemplo, el trabajo ocasional y la agricultura de subsistencia, que son importantes actividades económicas en Timor-Leste, tienden a no ser categorizados como industrias en los estudios; no obstante, los datos del Censo nacional de 2004 indican que la agricultura de subsistencia y la pesca eran las actividades económicas más importantes, tanto de mujeres como de hombres, pues realizaban esas tareas un 79% de las mujeres y un 78% de los hombres en la fuerza laboral.
Según el Censo de 2004, las mujeres representan un 43% de toda la mano de obra de subsistencia (pesca y agricultura), aunque el porcentaje es muy alto en Dili, 66%. Lo probable es que, en realidad, las cantidades sean mucho mayores puesto que la labor de la mujer para obtener ingresos tiende a ser subestimada o no incluida en las estadísticas oficiales. El trabajo de la mujer se da por sentado, puesto que lo común es que no sea remunerado.
Obstáculos que impiden a las mujeres el ingreso al sector no estructurado de la economía
Las mujeres tropiezan con muchos obstáculos que les impiden aprovechar las oportunidades existentes del sector no estructurado de la economía. Como se señaló en los Congresos Regionales de Mujeres, esos obstáculos son: bajo nivel de aptitudes, barreras culturales, falta de tiempo y dificultades en la movilidad.
También se ha determinado que la falta de acceso ala crédito es una barrera; este tema se analiza más detalladamente en la sección sobre “Prestaciones económicas y sociales” (Art. 13 de la CEDAW). Debido a esos obstáculos, lo probable es que las mujeres encuentren empleo en actividades con bajo costo de ingreso o pocos requisitos en materia de aptitudes y donde hay escasas oportunidades de progreso.
Además, las mujeres mencionaron que otro obstáculo para el desarrollo de sus economías: la falta de mercados, en particular estacionales, para sus productos. Las mujeres enfrentan una intensa competición en mercados inundados con productos similares y carecen de capacitación en técnicas de producción, gestión y desarrollo de empresas. Con frecuencia se ven obligados a trabajar en condiciones meteorológicas extremas, en locales hacinados, carentes de seguridad, y con abastecimiento irregular de electricidad que perturba sus operaciones.
Opiniones de las mujeres sobre la adquisición de aptitudes
Dado que en las Consultas regionales relativas a la CEDAW las mujeres manifestaron que se carece de planes de empleo femenino, las conclusiones de varias encuestas sobre trabajo femenino realizadas por el MLCR y la OIT demuestran que las mujeres poseen una considerable gama de aptitudes que podrían aprovecharse en pequeñas empresas, sin necesidad de mucha capacitación.
En una encuesta de mercado, los “grupos focales” de mujeres pusieron de manifiesto su interés en aprovechar sus aptitudes de costura, tejido en telar y cocina para el desarrollo de empresas. También expresaron el deseo de basarse en su experiencia en la compra-venta y establecer quioscos donde venderían combustibles, artesanías y alimentos procesados. Esto contrastaba con las opiniones expresadas por los hombres, quienes veían un futuro en talleres de reparación, y con las opiniones de grupos de jóvenes quienes sugirieron ideas empresariales acordes con el consumismo, el entretenimiento y los deportes.
Incorporación de cuestiones de género en el desarrollo del sector privado
El sector privado (agricultura, servicios e industria) ha sido el de más acelerado crecimiento, y el que ofreció mayor cantidad de oportunidades económicas. En consecuencia, la OPI consideró que era importante incorporar en ese sector la actividad de las mujeres, en especial con respecto al turismo y las empresas domésticas. Sin embargo, hasta la fecha no se ha realizado ningún análisis de género en ese sector ni se han integrado cuestiones de interés para las mujeres en esos subsectores.
El Ministerio de Desarrollo y Medio Ambiente (MDE) ha tratado de abordar las preocupaciones de género por conducto del Proyecto de asistencia a las pequeñas empresas (SEP), que recibe apoyo del Banco Mundial, mediante cursos de capacitación de mujeres empresarias y acrecentando la participación de las mujeres en comités locales de gestión. En momentos de prepararse este informe había 3.592 participantes que habían asistido a cursos impartidos por el Centro de Desarrollo Empresarial, de los cuales, un 34% eran mujeres. De esos participantes, un 61% procedieron a establecer sus empresas; pero con respecto a ellos, no se dispone de datos desglosados por género. El SEP también prevé la reestructuración de los comités de gestión de comercialización, de modo de lograr una representación de mujeres del 50%.
Tareas domésticas
Es poco lo que se sabe acerca de las condiciones de trabajo y la situación de los empleados domésticos en Timor-Leste aparte del hecho de que son las mujeres y las niñas quienes realizan la mayor parte de esas tareas, por lo general en familias ampliadas, y no reciben remuneración. Las tareas domésticas son formas comunes de empleo para las mujeres timorenses, quienes ganan entre 50 y 100 dólares EE.UU. por mes trabajando para empresas locales y para el personal de ONG internacionales y de las Naciones Unidas. Hasta la fecha, no se han realizado estudios concretos, como se sugiere en la Recomendación General CEDAW No. 17, a fin de medir y evaluar las actividades domésticas no remuneradas. La única disposición legislativa relativa a trabajadores domésticos es la protección brindada a quienes realizan esas tareas en el ámbito de la economía familiar, con arreglo a la próxima legislación sobre violencia en el hogar.
Trabajo en la industria del sexo
Como ya se señaló en relación con el Artículo 6 de la CEDAW, en zonas tanto rurales como urbanas hay pequeñas cantidades de mujeres timorenses se han dedicado al trabajo en la industria del sexo como estrategia de supervivencia. La falta de oportunidades de empleo, la creciente pobreza y también el maltrato sexual sufrido en el hogar o durante el conflicto dejaron a esas mujeres con escasa o ninguna alternativa para ganarse la vida y sobrevivir. A esto se suma la vulnerabilidad de las jóvenes, quienes corren el riesgo de que se las explote a medida que aumenta la industria turística en Timor-Leste. Si bien las mujeres están en buenas condiciones de aprovechar las oportunidades que abre el turismo, puesto que ya ocupan la mayoría de los empleos en el sector de servicios, este aspecto de género de la industria turística debe ser reconocido y abordado al formular políticas y programas.
Economía estructurada ( formal )
Según los datos del Censo de 2004, las mujeres constituyen un 43% y un 57% de la fuerza laboral, respectivamente. No obstante, la tasa de participación de las mujeres era inferior (52%) a la de los hombres (69%). Actualmente, un 9% de todas las mujeres tienen empleo remunerado, en comparación con 13% de los hombres. Es mayor la cantidad de hombres que tienen empleo remunerado, especialmente en Dili.
Los resultados del Censo nacional también indican que la participación de la mujer en la fuerza laboral para el grupo de más de 15 años de edad, era alta en distritos como Manufahi, Oecussi y Ainaro, en que llegaba a más de 70%, al menos el mismo nivel que la participación masculina. No obstante, esas cantidades disminuyen pronunciadamente para ambos sexos en las zonas urbanas, y en el distrito de Dili llega sólo a 39% para las mujeres económicamente activas.
Además, en los centros urbanos las mujeres tenían más altas tasas de desempleo que los hombres. Una de cada cuatro mujeres está desempleada, en comparación con uno de cada siete hombres. El Censo de 2004 muestra que las mujeres en edad activa que no participan en la fuerza laboral están, en su mayoría, dedicadas a labores domésticas (48%), mientras que un 64% de los hombres que no trabajaban se clasificaban a sí mismos como estudiantes. Otro grupo de hombres (19%) estaba inactivo debido a que no había trabajo. Un pequeño porcentaje de mujeres (2%) y de hombres (3%) no podían trabajar por estar enfermos o discapacitados.
De esas estadísticas surge con claridad que las oportunidades de empleo en el sector estructurado de la economía son extremadamente limitadas, particularmente en zonas rurales. Puestos como administradores, policías, profesores y enfermeros, todos los cuales son, en teoría, neutrales desde el punto de vista del género, en la práctica favorecen a los hombres, en detrimento de las mujeres. En los centros poblados hay mayores oportunidades de empleo, tanto para hombres como para mujeres, pero también en este caso es evidente la división del trabajo en función del género, como ya se señaló en otras oportunidades en este informe. Las mujeres tienden a predominar en el comercio minorista, los restaurantes y la industria hotelera, mientras que hay mayor cantidad de hombres en los transportes, el almacenamiento y las comunicaciones. Para muchas personas, la única oportunidad realista de empleo en la actualidad es el trabajo por cuenta propia, o bien individualmente, o bien en sociedades, grupos o cooperativas.
Los datos del Censo de 2004 proporcionan alguna información sobre el tipo de actividad económica que realiza actualmente la población de 15 y más años de edad. La representación de las mujeres en el Gobierno era de 24%; proporciones similares existían entre los empleados por las Naciones Unidas (25%) y por ONG (23%) y poco menos de la mitad de los trabajadores en la industria privada (48%) eran mujeres. No obstante, hasta la fecha no se ha realizado en Timor-Leste ningún estudio oficial sobre la situación laboral. Tampoco hay información concreta sobre la comparación del porcentaje de mujeres que trabajan a jornada completa con las que trabajan a jornada parcial.
Estabilidad en el empleo para las mujeres y los hombres
Gran parte del trabajo disponible en centros urbanos se realiza con contratos a corto plazo o por jornada, y no existen otras prestaciones adecuadas. Muchos de los puestos en las ONG se crearon en situaciones de emergencia, por ejemplo, distribución de suministros, reconstrucción posterior a conflictos, trabajadores sobre el terreno, directores de proyecto o personal de apoyo administrativo. Esos puestos son sufragados por donantes y cesarán cuando el donante se retire del país. Si bien no se dispone de datos sobre la contratación de mujeres y de hombres para labores de emergencia y desarrollo, es evidente que las mujeres están en situación desventajosa al respecto, puesto que normalmente no poseen conocimientos básicos, administrativos o de idioma inglés, necesarios para un empleo. Los hombres son quienes más se han beneficiado con empleo en actividades de reconstrucción posteriores al conflicto.
Empleo en la administración pública
Se dispone de algunos datos con respecto al empleo en la administración pública de Timor-Leste que demuestran que también éste es un sector sumamente segregado. Se ha privado a las mujeres de igualdad de oportunidades debido a una combinación de factores. Si bien los procedimientos de contratación en la administración pública aplican los mismos criterios para la selección de los candidatos, ésta se basa en las calificaciones y en la experiencia de dichos candidatos, y así los hombres suelen resultar favorecidos dado que tienen más acceso que las mujeres a la educación académica y a las oportunidades de empleo. Asimismo, la investigación ha indicado que los beneficios de la educación mejoran sólo ligeramente el acceso de las mujeres al empleo remunerado.
De los empleos que existan en el sector público, son pocos los ocupados por mujeres y menos aún los de nivel superior. Actualmente, hay en la administración pública 12.161 empleados permanentes, de los cuales 22% son mujeres. Las mujeres están mayormente concentradas en esferas como la educación, la salud y los servicios laborales y sociales, pero incluso en esos sectores, constituyen una minoría. En una encuesta sobre la administración pública realizada en 2001, un 29% de los empleados en el Ministerio de Educación eran mujeres; un 32% de los empleados en el Ministerio de Salud eran mujeres, mientras que en el Ministerio de Relaciones Exteriores, el porcentaje aumentó hasta 39%. Pero sólo un 3% de los timorenses empleados en el Departamento de Abastecimiento de Agua y Saneamiento eran mujeres, y éstas constituían sólo un 17% del total de empleados del Ministerio de Justicia.
En 2005, la PNTL empleaba en total a 569 mujeres, es decir, representaban sólo uno de cada seis agentes en las fuerzas policiales. Tenían puestos como inspectores y subinspectores de policía y agentes de policía, además puestos importantes, entre ellos Directora del Departamento de Recursos Humanos y Adjunta del Director de la Dependencia de Investigaciones Criminales. De todos los jefes administrativos en todas las dependencias de los distritos, una mayoría estaba constituida por mujeres.
Hacia fines de marzo de 2006, el porcentaje de mujeres empleadas en el Ministerio de Salud había aumentado hasta 40%, en el de Educación había disminuido hasta 25% y en el de Justicia había aumentado hasta 22%. La representación femenina era de 32% del total de empleados tanto en el Ministerio de Hacienda y Planificación como en NTRC. El porcentaje global de empleadas en ministerios gubernamentales era 24%. En 2002, las mujeres sólo ocupan un 20% de los altos puestos en la administración pública. Para 2006, las mujeres ocupaban un 13% de los puestos más altos (niveles N5 a N7) en los ministerios gubernamentales.
En momentos de prepararse este informe, está adelantando el sistema de mantenimiento y validación de datos para los empleados públicos a nivel nacional y de distrito; las iniciativas al respecto han quedado obstaculizadas por la escasez de personal que registre estos datos.
Desde la aprobación de la ley del funcionario público en 2004, el Gobierno ha estado preparando decretos complementarios sobre cuestiones relativas al sistema de promoción de la perspectiva de carrera, plan de jubilación y plan de pensiones, régimen de licencias, contrataciones y evaluación del desempeño. Se prevé que habrá criterios y procedimientos claros y abiertos de contratación, designación, ascenso, aplicación de medidas disciplinarias y despido y que todos esos procedimientos se registraran por escrito, de modo que sea posible pasar revista a las decisiones.
Como se señaló en el Documento Básico común, la OPI ha ofrecido talleres en determinados ministerios con el propósito de realizar un análisis del sector público desde la perspectiva de género. Se señaló que se carecía de datos desagregados por sexo en el servicio público, no se efectuaban análisis de género en la formulación de políticas, ni en el diseño y la preparación de programas y se carecía de especialistas técnicos para realizar análisis de género.
El seguimiento de estos talleres abarcó una reunión con el Viceministro de Administración Estatal a fin de intercambiar ideas sobre la adopción de las recomendaciones formuladas en los talleres que propició la OPI.
Criterios de selección para el empleo
Con respecto a los criterios de selección para el empleo en la administración pública, en el Artículo 8 (1) de la Ley de la administración pública No. 8/2004 se prevé: “En la administración pública se harán los máximos esfuerzos posibles para seleccionar y contratar a candidatos calificados sin ningún tipo de discriminación y de conformidad con evaluaciones basadas exclusivamente en las aptitudes y el desempeño de candidatos”. Además, ningún empleado público será objeto de discriminación con respecto de cualquier otro derecho adquirido respecto de su empleo, prestaciones, prerrogativas o remuneraciones.
Aun cuando hubo una directiva que requiere que se contrate como mínimo a un 30% de mujeres en todos los niveles de la administración pública, como ya se señaló hay varios factores que impiden el acceso de las mujeres a las oportunidades en condiciones de igualdad. Las mujeres residentes en zonas rurales y remotas tropiezan con particulares dificultades para obtener información acerca de oportunidades de empleo, especialmente las que tienen altos niveles de analfabetismo. Los funcionarios que trabajan en la administración pública a nivel nacional, de distrito y de subdistrito no tienen presentes las relaciones de género ni los diferentes cauces de información más pertinentes a las mujeres.
Al respecto, hasta la fecha no existió una estrategia de comunicación sensible a las cuestiones de género en relación con la contratación. Además, como ya se observó en el Documento Básico común, en la sección sobre participación internacional de la mujer, el servicio de empleo no ha reconocido las diferencias de género en el fomento de la capacidad y las relaciones en el lugar de trabajo. Por ejemplo, la capacitación, en su mayor parte, es impartida por la Academia de la administración pública (INAP) en Dili, con lo cual se excluye a las mujeres que no pueden sufragar el costo de desplazarse hasta la capital o pernoctar allí. Además, tal vez no tengan el permiso de sus esposos para participar en esas actividades o, simplemente, carezcan de tiempo.
Hay informes anecdóticos sobre mujeres y hombres tratados diferentemente en el empleo, que reciben diferente nivel de remuneración y que tienen diferentes perspectivas de ascenso. Por otra parte, en momentos de prepararse este informe, el Gobierno no posee información sobre casos concretos en que se haya probado que existía discriminación.
Igual remuneración por trabajo de igual valor
Este principio se repite en varias partes de la legislación actualmente aplicable, es decir, toma en cuenta la Recomendación General CEDAW No. 13 “Igual remuneración por trabajo de igual valor”. Tanto la sección 9.4 del Reglamento 2002/5 de la UNTAET, como la sección 3.4 del proyecto de Código Laboral, establecen: “Por el presente se prohíbe toda discriminación en el empleo y la ocupación, particularmente con respecto a la igual remuneración de hombres y mujeres por trabajo de igual valor”. Además, el Artículo 8 (2) de la Ley de la administración pública aclara que los empleados públicos deben recibir el mismo sueldo por el mismo trabajo.
La investigación ha puesto de manifiesto que en Timor Leste es muy grande la discrepancia de género en las remuneraciones. El ingreso estimado de las mujeres aumentó hasta 126 dólares EE.UU. en 2004, en comparación con 106 dólares EE.UU. en 2001. En el mismo período, el ingreso de los hombres disminuyó desde 822 dólares EE.UU. hasta 621 dólares EE.UU.. Hay además algunos indicios de que el ingreso de las mujeres sería aproximadamente una octava parte del ingreso de los hombres. Entre las razones de esta situación figuran las diferentes proporciones en la participación en la fuerza laboral de hombres y mujeres, las más altas tasas de desempleo de la mujer y las responsabilidades reproductivas de ésta, así como su papel en el cuidado de los hijos, lo cual aplaza su ingreso en la fuerza laboral. La participación femenina en la fuerza laboral llega a su máxima proporción después de la etapa de procreación.
Prestaciones
Con respecto al derecho a igual remuneración, incluida las prestaciones, el Artículo 8 (3) de la Ley de la administración pública estipula expresamente que “no se discriminará contra ningún funcionario público en materia de remuneración, derechos, prestaciones o prerrogativas del empleo”.
Jubilación
Actualmente no se ha definido por ley la edad de jubilación ni hay legislación concreta en relación con las pensiones. Como ya se señaló, se están preparando proyectos de decreto ley para proporcionar legislación especial en esferas como la jubilación y las pensiones. Actualmente, la Ley de la administración pública afirma el derecho a jubilarse y el derecho a recibir una pensión. Pero esas disposiciones no se han establecido jurídicamente para el sector privado, ni en el actual Código Laboral ni en el nuevo proyecto de Código.
Se prevé que después de la reactivación del Tribunal de salario mínimo, se definirá la cuestión de la edad legal de jubilación. En momentos de prepararse este informe, el Comité de salario mínimo, integrado por representantes de: la OIT, KSTL, la División Laboral del MLCR y representantes de entidades de la sociedad civil está realizando investigaciones con miras a enmendar las leyes laborales a fin de que aborden esta cuestión, así como las necesidades y la igualdad de derechos de la mujer.
Licencia anual y licencia de enfermedad
En Timor-Leste las mujeres tienen, en principio, iguales derechos que los hombres a las prestaciones en lo concerniente a licencia anual, licencia de enfermedad y licencias especiales por casamiento, defunción de miembros de la familia y eventos comunitarios y religiosos. Los derechos a estos tipos de licencia se prorratean en función de si el empleado trabaja a jornada parcial o a jornada completa. Se prohíbe que el empleador reduzca proporcionalmente la remuneración, salvo cuando medie orden judicial o así lo disponga alguna reglamentación de la RDTL.
Si bien se ha establecido un marco teórico para la igualdad de derechos a la licencia, en la práctica hubo muchas controversias sobre este tema. Estos casos suelen plantear reclamaciones por falta de pago de la remuneración correspondiente a feriados y a licencia de enfermedad. Lamentablemente, muchas de esas controversias permanecen sin resolver debido a que no funcionan los mecanismos de resolución de controversias laborales.
Trabajo en horario flexible
Ni en el Código Laboral en vigor ni en el proyecto de Código hay disposiciones concretas relativas a horarios de trabajo flexible. La información anecdótica sugiere que, en la práctica, muchos trabajadores no pueden negociar horas de trabajo flexible con sus empleadores y que las compañías determinan unilateralmente cuáles son los horarios de trabajo y los días de trabajo de sus empleados y éstos tienen simplemente la obligación de dar cumplimiento a esas normas. Actualmente se está considerando la posibilidad de enmendar el proyecto de nuevo Código Laboral para introducir disposiciones sobre trabajo con horario flexible.
Derecho a la enseñanza de oficios y a cursos de actualización
El Artículo 49 h) de la Ley de la administración pública otorga a los funcionarios públicos y a quienes trabajan en la administración pública el derecho, como parte de su trabajo normal, de asistir a cursos de enseñanza de oficios y cursos de actualización. Como ya se señaló en el Documento Básico común, actualmente la Ley también prevé medidas especiales a adoptar para superar las prácticas y percepciones discriminatorias que menoscaban la igualdad de oportunidades y de trato en el acceso a la capacitación. Aun cuando tanto las mujeres como los hombres pueden asistir a los cursos de capacitación, las responsabilidades familiares de las mujeres suelen impedir que ellas aprovechen estas oportunidades. Durante las consultas sobre la CEDAW, las mujeres dijeron que las empleadas embarazadas son marginadas de la participación en cursos de capacitación o en actividades que podrían mejorar sus perspectivas de carrera debido a su embarazo y a la percepción de que no regresarán al trabajo después de dar a luz.
Como ya se indicó en otras partes de este informe, en Timor-Leste es limitada la gran actual de opciones para la enseñanza de oficios y el número de mujeres que asisten a esos cursos es pequeño. Además, las aptitudes impartidas suelen ser más pertinentes a las oportunidades de mercados laborales en los sectores tanto estructurado como no estructurado de la economía. Por ejemplo, están totalmente ausentes las aptitudes rurales, como la capacitación en gestión de base comunitaria. En zonas rurales, ni las mujeres ni los hombres tienen acceso a centros de capacitación práctica, la mayoría de los cuales tiene su sede en Dili y la cantidad de alumnos ingresados actualmente en los establecimientos de capacitación, por encima de los que están recibiendo enseñanza de oficios como parte de su empleo, aún son de poca magnitud como para traducirse en un aumento en la producción de los mercados laborales, tanto del sector estructurado como del sector no estructurado de la economía.
Medidas para prevenir el trabajo peligroso
Tanto el actual Código Laboral como el proyecto de nuevo Código especifican los tipos de trabajo que pueden perjudicar a las embarazadas, entre ellos levantar, empujar, o halar objetos pesados, permanecer de pie durante mucho tiempo o estar expuestas a agentes biológicos, químicos o físicos, que entrañan un peligro para la salud reproductiva. Además, los códigos prevén medidas que pueden adaptarse para superar esas condiciones peligrosas del trabajo, inclusive eliminar el riesgo real o transferir a la persona a otro trabajo. El Artículo 57 de la Ley de la administración pública también afirma que quienes trabajan en la administración pública deben tener el derecho de “trabajar en lugares considerados protegidos contra los riesgos a la salud”, y responsabiliza al Gobierno de reglamentar casos especiales en profesiones sujetas a riesgo.
Como ya se señaló en otra parte de este informe, en Timor-Leste el trabajo peligroso también puede incluir las labores domésticas, por ejemplo, al cocinar sobre el fuego pueden causarse quemaduras o enfermedades pulmonares debidas al humo. También son comunes las enfermedades transmitidas por el agua entre quienes trabajan en los campos, además de trastornos como prolapso de útero, causado por acarrear cargas pesadas. Pese a los posibles daños y a las medidas legislativas que estipulan la investigación de tales daños, en realidad numerosas mujeres y niñas siguen realizando tareas que podrían considerarse peligrosas con arreglo a los pertinentes convenios de la OIT.
La sección 21.2 del proyecto de Código Laboral establece que es necesario contar con una política nacional sobre seguridad y salud ocupacional, a fin de minimizar los riesgos de accidentes y lesiones en el ámbito de trabajo que puedan afectar la salud física y mental de trabajadores, tanto varones como mujeres. Al respecto, el Gobierno está formulando una nueva legislación sobre salud y seguridad ocupacionales, que establecerá las obligaciones del empleador, preverá el establecimiento de comisiones de higiene y seguridad ocupacionales en los lugares de trabajo, impondrá la recopilación de datos sobre el número de accidentes de trabajo y de enfermedades laborales y también velará por una efectiva vigilancia mediante inspecciones y exámenes de los lugares de trabajo.
Representación femenina en los sindicatos
De conformidad con el Artículo 52 (1) de la Constitución, todo trabajador tiene derecho a formar sindicatos y asociaciones profesionales, o a afiliarse a ellos. Del mismo modo, tanto los hombres como las mujeres que son funcionarios públicos tienen el derecho de afiliarse a un sindicato o a cualquier otra organización que represente los intereses de los funcionarios públicos. No obstante, en realidad las mujeres no se afilian a los sindicatos ni se las alienta a que lo hagan. Cada uno de los cinco principales sindicatos de Timor-Leste cuenta con algunas mujeres entre sus miembros, pero su participación en las actividades sindicales sigue siendo mínima. En general, los sindicatos no están bien organizados debido a la falta de las necesarias instalaciones y de subsidios gubernamentales. El cuadro a continuación indica la escasa participación de las mujeres en los sindicatos de Timor-Leste, así como la notable diferencia en las cantidades de mujeres y de hombres que son líderes sindicales.
Datos sobre sindicatos (200-2003
|
No. |
Sindicato |
Hombres líderes |
Mujeres líderes |
Cantidad total de miembros activos |
|
1 |
SBSTL |
6 |
1 |
260 |
|
2 |
OTPTL |
7 |
0 |
1.243 |
|
3 |
KSTL |
5 |
1 |
Representación e n 25 compañías |
|
4 |
UNAPE |
7 |
1 |
Representación en 300 compañías |
|
5 |
ASSET |
24 |
5 |
Representación en 75 compañías |
|
Total |
49 |
8 |
Fuente: Oficina de Relaciones Laborales.
Las mujeres aparecen raramente como representantes de sindicatos ante el Consejo de Salario Mínimo, que forma parte del Tribunal de Relaciones Laborales. Es evidente que las mujeres necesitan aliento para participar más activamente en los sindicatos. Esto requerirá educación y capacitación, a fin de crear en las mujeres conciencia sobre el papel de los sindicatos y sus posibles ventajas.
Acoso sexual
El Código Laboral en vigor tiene la siguiente definición de acoso sexual: “conducta física o verbal de naturaleza sexual, mal recibida y que amenaza el empleo de la trabajadora o suscita un ámbito de trabajo intimidante u hostil”.
Tomando en consideración la Recomendación General CEDAW No. 19 (25 k), la sección 13.1 del actual Código Laboral asigna al empleador una gran carga de responsabilidad en cuanto a impedir el acoso sexual en el lugar de trabajo. De manera similar, según el Código de Ética de la Ley de la administración pública, un funcionario público debe estar en condiciones de “servir al público sin ninguna forma de discriminación o intimidación, inclusive discriminación sexual, sin ningún tipo de maltrato verbal o físico en las relaciones en el lugar de trabajo”. El nuevo proyecto de Código Laboral refleja esta misma idea, pues establece que tanto los hombres como las mujeres deben disfrutar del derecho a trabajar “sin ninguna forma de discriminación o intimidación, inclusive discriminación sexual”. Este proyecto estipula que la infracción a esas disposiciones es un delito punible de conformidad con la Ley mediante una multa o una indemnización otorgada a la víctima. Esas disposiciones son similares a las sanciones y recursos existentes, que figuran en la sección 29 del Código Laboral actualmente vigente.
Hay muchas pruebas anecdóticas que indican que el acoso sexual en el lugar de trabajo es un problema grave en Timor-Leste. Sin embargo, las mujeres raramente presentan una denuncia oficial o declaran que son objeto de acoso sexual, hasta que la situación se haya hecho intolerable o cuando piensan que se las ha despedido injustificadamente. Esta situación, sumada a otras deficiencias, en particular las de procedimiento en los sistemas existentes para resolución de controversias, perjudica la efectiva resolución y gestión de esos casos y dificulta mucho una clara determinación de la magnitud del acoso sexual en el lugar de trabajo.
Según los datos proporcionados por el MCLR, en el período 2001-2005 un total de cinco mujeres presentaron denuncias oficiales por haber sido objeto de ataque sexual en su lugar de trabajo a la División de Mediación y Conciliación. Algunos de esos casos fueron resueltos y, tras un acuerdo colectivo, se indemnizó a la víctima.
Una cuestión motivo de particular preocupación es la creciente cantidad de mujeres agentes de la PNTL que han denunciado un presunto acoso sexual por parte de sus colegas masculinos. Los informes anecdóticos indican que las mujeres que trabajan en la PNTL enfrentan sustanciales desventajas y se arriesgan a ser marginadas si presentan una denuncia de acoso. La PNTL tiene la obligación de investigar, por conducto de la VPU, las denuncias de acoso sexual que presente el público.
Mecanismos de presentación de denuncias
En la actualidad, la Junta de Relaciones Laborales puede reunirse para determinar si se ha cometido un delito de conformidad con las disposiciones del Código Laboral en vigor (inclusive, denegación de igual remuneración). Se prevé que con el establecimiento del Tribunal de Salario Mínimo habrá una más efectiva vigilancia y evaluación de las prácticas de igual remuneración.
La sección 57 del proyecto de Código Laboral prevé además que el Tribunal de Relaciones Laborales ha de determinar si hubo una infracción a la legislación y puede emitir una orden que considere necesaria para el cumplimiento de la Ley, la cual podrá incluir, en el caso de denegación de igual remuneración “el reembolso al trabajador de la remuneración a que tiene derecho, indemnizaciones o multas”; en Timor-Leste, las multas oscilan entre 150 y 1.500 dólares EE.UU. Las estadísticas apartadas por el MTRC indican que entre 2001 y 2005, 199 mujeres reclamaron oficialmente indemnización, en comparación con 651 hombres durante el mismo período.
Como se indicó en el Documento Básico común, pese a la existencia de un marco jurídico para el trámite de denuncias, en la práctica los mecanismos para hacer cumplir la ley siguen siendo muy débiles y el resultado es que con frecuencia se les niega a las mujeres el derecho a igual remuneración. En ausencia de datos o información fidedignos, es difícil conocer la magnitud de la desigualdad entre hombres y mujeres en materia de empleo. La Junta de Relaciones Laborales no ha estado funcionando por diversas razones, entre ellas la reestructuración del MLCR, la falta de recursos financieros y la reorganización de programas prioritarios. Además, la falta de recursos humanos, especialmente de personas con conocimientos especializados en cuestiones de género, es un obstáculo más que impide la resolución de casos que afectan a la mujer. Otra limitación muy importante es la limitada comprensión de los procedimientos de empleo.
Es necesario contar con una ley orgánica para el MLCR, la cual se está preparando actualmente y contribuirá a revitalizar la Junta. Es importante señalar que además hay muy pocas instituciones de empleo que aborden las necesidades concretas de la mujer empleada. Las organizaciones de mujeres no están planteando casos sistemáticamente por cuenta de las víctimas y esto indica que es necesario ofrecer más asistencia al respecto a las mujeres.
Disposiciones relativas al e stado civil y la maternidad
No hay una disposición legislativa concreta que estipule claramente que el estado civil de una mujer no debe afectar su seguridad en el empleo. En cambio, la ley aplicable en vigor afirma que la maternidad es un estado que debe ser “dignificado y protegido, y se debe garantizar protección especial a todas las mujeres, durante el embarazo y después del parto”.
Esta protección especial está incorporada en la Constitución, la cual estipula “el derecho a que la mujer esté exenta de trabajar antes y después del parto, sin ninguna pérdida de prestaciones”, y en el Código Laboral también se estipula que las madres tienen derecho a una licencia de maternidad de 12 semanas, abonada con una tasa de dos terceras partes del sueldo.
Según la sección 11.11 del actual Código Laboral, se abonan prestaciones de maternidad en el entendimiento de que los futuros pagos de seguridad social incluirán dicha prestación; sin embargo, en ausencia de un sistema de seguridad social, la prestación de maternidad debe ser sufragada por el empleador. En esa sección también se indica que durante una ausencia legal del trabajo, es preciso preservar los derechos de las mujeres trabajadoras, quienes deben ser reintegradas en sus puestos anteriores o “en puestos equivalentes, con el mismo nivel de remuneración”.
Pero en la práctica, muchas mujeres que parten con licencia de maternidad sólo reciben una pequeña porción de sus prestaciones, o no reciben ninguna remuneración, o peor aún, cuando tratan de regresar después del nacimiento de su hijo, encuentran que ya no tienen un empleo. No se espera que las mujeres que contraen matrimonio, especialmente cuando han tenido hijos, regresen a su trabajo y la población en general no piensa que esta norma social sea un problema. En los últimos años, sólo se han denunciado al MLCR un puñado de casos, que en su mayoría consistían en que se había denegado la reanudación del trabajo después del período de licencia de maternidad o no se habían recibido las prestaciones de maternidad. En momentos de prepararse este informe, se desconoce el resultado de esos casos.
Licencia del padre
No hay en la legislación actual disposiciones especiales relativas a licencia del padre. Ni en el Código Laboral actual ni en el proyecto de nuevo Código se menciona esta cuestión, aun cuando en las consultas relativas a la CEDAW, las mujeres pidieron el reconocimiento jurídico de este derecho.
Es posible utilizar licencia especial o licencia anual y algunos hombres aprovechan la licencia de paternidad, desde un mínimo de tres hasta un máximo de cinco días hábiles, cuando esto ha sido negociado colectivamente como parte de un acuerdo laboral entre un empleador y un sindicato registrado.
Algunas ONG y varias compañías internacionales también otorgan a sus empleados varones derecho a licencia de paternidad, como medio de apoyar a las mujeres y las relaciones de la familia, aun cuando, en el mejor de los casos, esta práctica es ocasional. En el momento de prepararse este informe, no se disponía de datos sobre el porcentaje de hombres trabajadores que optan por solicitar licencia de paternidad.
Medidas adoptadas para ayudar a las mujeres a reingresar en la fuerza laboral después del embarazo o de la licencia por razones de familia
Las embarazadas y las madres de lactantes tienen el derecho constitucional de amamantar a sus hijos y no están obligadas a reintegrarse al trabajo, si no lo desean.
Pese a las altas tasas de natalidad y a algunas disposiciones que posibilitan que las mujeres amamanten, no hay ningún programa gubernamental oficial para ayudar a las mujeres a reingresarse a la fuerza laboral después del embarazo. Aun cuando los hogares que tienen por jefa a una mujer constituyen un 19% de todos los hogares particulares, no se disponen de servicios de guardería financiados por el Estado. Al respecto, en casos en que la mujer trabaja fuera del hogar, sus hijos quedan al cuidado de miembros de su familia inmediata, como madre, hermana o una amiga íntima de la familia. A veces, los hijos de las familias más pobres quedan en la vivienda sin supervisar. Unas pocas ONG de mujeres ofrecen guarderías infantiles durante las horas de trabajo, pero éstas son poco numerosas y funcionan por tiempo limitado, con lo cual es evidente que no se satisfacen las necesidades de muchas trabajadoras.
Igual dad de acceso a los servicios de atención de la salud (Artículo 12 de la CEDAW)
La información general sobre indicadores de salud, entre ellos, la esperanza de vida de hombres y mujeres, las tasas de fecundidad y de mortalidad de lactantes y madres, así como la información sobre los problemas con que tropieza el sistema de salud y las políticas gubernamentales, ya han sido reseñados en el Documento Básico común. A continuación se agrega información más detallada sobre las mujeres y los problemas de salud en Timor-Leste, incluido el acceso de las mujeres a los servicios y la calidad de éstos.
Acceso de las mujeres a los servicios de salud
En Timor-Leste los papeles de género afectan la medida en que mujeres y hombres pueden tener acceso a los servicios de salud. Con frecuencia se deniega a las mujeres el acceso a la atención de la salud, puesto que los costos que entraña satisfacer sus necesidades suelen ser superiores a los que necesitan los varones en el mismo hogar. En las Encuestas demográficas y salud (DHS) de 2003, un 59% de las mujeres indicaron que obtener dinero es “un gran problema” para sufragar el asesoramiento médico y el tratamiento. En Timor-Leste, la atención de la salud es normalmente gratuita, pero los informes procedentes de las Consultas regionales relativas a la CEDAW indicaron que invariablemente es preciso abonar sumas a los agentes de salud y que los servicios médicos casi nunca son gratuitos. La investigación ha mostrado que las mujeres residentes en hogares urbanos de buena posición económica tienen mejores posibilidades de recibir diversos tratamientos, desde atención prenatal y del parto hasta obtención de medicamentos y reconocimientos médicos después del parto.
La pesada carga de trabajo que absorben las mujeres y su falta de apoyo durante una ausencia del hogar o del trabajo suele impedir que acudan en busca de atención médica, a menos que estén gravemente enfermas. Además, tal vez los horarios oficiales de establecimientos de salud pueden no coincidir con los horarios diarios de mujeres y hombres. La cultura impone que algunos trastornos graves y a menudo dolorosos pasen a ser parte de la vida cotidiana, por lo que se los acepta como normales y quedan sin tratamiento médico. Las mujeres también temen las consecuencias de informar acerca de enfermedades y quedar “estigmatizadas” por enfermedades como la tuberculosis, que podría afectar sus posibilidades de contraer matrimonio. Además, hay un doble estándar en la manera en que algunos grupos de la población consideran ciertos problemas de salud. Por ejemplo, algunas personas asocian la esquistosomiasis urinaria (enfermedad parasitaria cuyos síntomas son similares a los de una ITS) con comportamientos sexuales moralmente dudosos en las mujeres, pero con virilidad en los hombres.
Con frecuencia, las mujeres necesitan el permiso de sus esposos para recibir cualquier tratamiento y un 18% de ellas dicen que obtener esta autorización es un obstáculo para tener acceso a los servicios de salud. Además, la falta de confianza en sí mismas y la turbación al hablar de cuestiones íntimas impiden que las mujeres vayan en busca de atención médica. Más de la cuarta parte de las mujeres manifestaron que no sabía adónde ir para obtener tratamiento y al menos una de cada cinco no quería acudir a un establecimiento de salud sin ir acompañada.
Como se indicó en el Documento Básico común, la provisión de servicios de salud es particularmente deficiente en zonas rurales y remotas. Con frecuencia las mujeres carecen de medios para trasladarse hasta los centros de salud o dispensarios a fin de recibir tratamiento apropiado y deben recorrer a pie largas distancias para llegar al establecimiento más cercano. Los resultados de la DHS indican que éstas son las dos principales preocupaciones para al menos dos terceras partes de las mujeres de Timor-Leste. Las ancianas, las embarazadas y quienes padecen discapacidad física están en condiciones particularmente desventajosas. Las consecuencias de esta situación son obvias. Por ejemplo, las DHS comprobaron que en las zonas serranas, las madres, las mujeres que carecen de educación y las que pertenecen a los hogares más pobres eran las que menos probabilidades tenían de utilizar los hospitales y un 53% de las mujeres residentes en zonas serranas no recibían ningún tipo de atención prenatal. En respuesta a esta situación, el marco de políticas de salud de Timor-Leste trata de que los servicios de atención primaria de la salud se ofrezcan dentro de un radio de dos horas de marcha a pie respecto de todas las comunidades y que los servicios hospitalarios con capacidad quirúrgica estén a una distancia de dos horas de transporte automotor respecto de los establecimientos a nivel de subdistritos.
Como ya se indicó en el Documento Básico común, los servicios de salud para la mujer se han centrado en responder a sus necesidades de salud reproductiva. Las mujeres han tropezado con dificultades para tener acceso a servicios de salud por trastornos no reproductivos, como los de salud mental. Durante las Consultas regionales relativas a la CEDAW, las participantes mencionaron la falta de atención a las mujeres que padecen traumas y trastornos psicológicos conexos. También mencionaron la falta de atención a las necesidades de las mujeres de más edad, especialmente las que atraviesan la menopausia. La violencia en el hogar y la violación son también cuestiones que los servicios de salud pública todavía necesitan abordar cabalmente, en lo que respecta tanto a las víctimas como a los perpetradores. Finalmente, persiste una desconfianza residual respecto de los servicios de salud por parte de las mujeres timorenses que, como se indica en otra parte de este documento, dimana de prácticas médicas incorrectas durante la ocupación indonesia. Las mujeres evitaban acudir a sistemas de salud pública por temor a recibir anticonceptivos, con el pretexto de administrar tratamiento para el paludismo o tabletas de vitaminas. Hubo numerosos informes acerca de esterilizaciones practicadas clandestinamente durante operaciones cesáreas u otras operaciones de rutina. Por esta razón, las mujeres se negaron a recibir vacunas, puesto que no estaban seguras del tipo de sustancia que se les inyectaba. Pero más recientemente, según las DHS, un 12% de los hogares manifestaron que cuando un miembro de la familia estaba enfermo, no consultaba con agentes de salud médicamente capacitados; este porcentaje es mayor (16%) en los hogares más pobres.
En momentos de prepararse este informe, el Ministerio de Salud, con el apoyo del UNICEF y de la organización AusAid está ejecutando el “Programa de promotores de salud de la familia”, en que personas clave, como los líderes comunitarios, han de recibir capacitación en materia de promoción de la salud. Se espera que cuando se haya llevado a término este programa, creará conciencia sobre temas de salud, especialmente en los distritos.
Calidad de la atención de la salud de la mujer
Falta de mujeres profesionales de la salud
En la actualidad, son pocas las mujeres empleadas en servicios de salud a nivel administrativo, gerencial y de prestación de servicios. Las DHS indican que sólo un pequeño porcentaje (4%) de las mujeres están preocupadas por esta situación; pero los intercambios de ideas durante las consultas sobre la CEDAW indicaron que algunas mujeres no acudirán en procura de tratamiento de un agente de salud masculino para un problema ginecológico.
Según los datos proporcionados por el Ministerio de Salud respecto de las personas que trabajan en servicios de salud, aproximadamente una tercera parte de los médicos, un 40% de todos los enfermeros y un 100% del personal de partería (320) son de sexo femenino. En momentos de prepararse este informe, las mujeres constituyen dos de cada cinco empleados en el Ministerio de Salud (2005), y la mujer que ocupa un más alto puesto en el Ministerio es la Directora de Servicios de Salud.
Sigue siendo difícil la contratación de parteras para trabajar en zonas remotas y, en respuesta a esta situación, el Ministerio de Salud ha establecido un curso de partería. Actualmente, las mujeres enfermeras que trabajan en zonas donde hay gran cantidad de vacantes, o vinculados con éstas, son seleccionadas y capacitadas durante un año en temas de partería y seguidamente, son enviadas a esas zonas prioritarias. También hay un objetivo a mediano plazo de considerar la posibilidad de acordar incentivos para el personal que trabaja en zonas remotas y aisladas.
La contratación de apreciables cantidades adicionales de médicos procedentes de Cuba, el envío de estudiantes timorenses a estudiar medicina a Cuba y el establecimiento de una Escuela de Medicina en Timor-Leste con el apoyo de Cuba son medidas que han tenido grandes efectos sobre la capacidad de los recursos humanos disponibles para el sistema de salud, tanto en el corto como en el mediano plazo. El aumento del número de médicos, especialmente como jefes de puestos de salud, ha mejorado el acceso a los servicios de salud y la calidad de éstos en todo el país. Actualmente, una médica cubana especializada en medicina forense está adscripta al albergue de PRADET, en el Hospital Nacional de Dili, y se ocupa de las víctimas de violencia en el hogar y ataque sexual que necesitan atención médica de emergencia.
Cantidad de hospitales y condiciones en ellos
El limitado número de los establecimientos de salud y los estándares de los servicios prestados en ellos tiene grandes efectos sobre la salud de las mujeres, puesto que muchas no solicitan reconocimientos prenatales. En Timor-Leste hay 211 establecimientos de salud, de los cuales la mitad (104) son centros de salud comunitarios carentes de camas y, además, hay 8 hospitales. Los demás establecimientos de salud consisten en 63 dispensarios, 27 clínicas móviles y 9 centros de salud comunitarios con internación.
Se han reconstruido, o están en proceso de reconstrucción, cuatro hospitales de menor magnitud para que funcionen como pequeños hospitales de remisión de pacientes con 24 camas y con capacidad de ofrecer algunos servicios quirúrgicos, entre ellos, atención obstétrica de emergencia. El hospital de Baucau, con 114 camas, funciona como hospital regional de remisión de pacientes con más capacidad para los tres distritos orientales, y ofrece servicios quirúrgicos y de especialidades básicas. El Hospital Nacional de Dili, con 226 camas, proporciona servicios médicos, quirúrgicos y especializados, inclusive especialistas visitadores, y ha de recibir un equipo más completo de diagnóstico.
A nivel de subdistrito, los servicios más cercanos a la comunidad son proporcionados por dispensarios que cuentan con sendas parteras y/o enfermeros. No todos los dispensarios tienen parteras, pero todos tienen enfermeros y esos servicios se complementan con clínicas móviles que funcionan con base en los centros de salud comunitarios y efectúan visitas regulares a comunidades remotas utilizando motocicletas. Cada subdistrito tiene un centro de salud comunitario de nivel 2, con una dotación de seis empleados. Cada distrito tiene un centro de salud comunitario de nivel 3 ó 4, dotado de entre 10 y 14 agentes, entre ellos un médico, además de alguna capacidad de internación de pacientes y algunas instalaciones de laboratorio. Los centros de salud comunitarios tendrá instalaciones para comunicarse por radio y acceso a servicios de ambulancias, con una ambulancia por distrito.
Tratamiento de las mujeres en los hospitales
En las conversaciones con mujeres durante las Consultas regionales relativas a la CEDAW, se planteó como tema de gran preocupación la situación de los servicios de atención de la salud, en particular los hospitales. Las mujeres que habían ido a hospitales para dar a luz informaron sobre la falta de medicamentos, entre ellos analgésicos, y de reconocimientos de rutina, así como de baños, debido a la escasez de personal. La administración del Hospital Nacional de Dili reconoció la magnitud del problema y que los asistentes del parto se vieron obligados a recortar sábanas y utilizarlas como frazadas para los recién nacidos. En casi todos los casos es preciso que tanto las mujeres como los hombres que acuden al hospital vayan acompañados de familiares, quienes deben atenderlos durante su internación. También en este caso, la situación se debe en parte a la falta de personal y también a que se trata de una norma cultural.
Hubo informes anecdóticos sobre mujeres rechazadas en los hospitales debido a que no llevaban consigo “bolsas para pernoctar” en previsión del alumbramiento o no tenían suficientes fondos para pagar por el tratamiento si había complicaciones del embarazo. Además, algunas ONG locales que trabajan en la esfera de la salud materna informaron acerca de casos de mujeres que se marchaban de los hospitales con ropa manchadas de sangre puesto que no tenían toallas higiénicas ni ropa limpia de recambio.
En febrero de 2006, tras consultas con funcionarios sanitarios, la Fundación Alola inició el “Proyecto de ajuar de maternidad”, el cual ha contribuido a mitigar en parte esos problemas. Actualmente, se entregan ajuares de maternidad a las mujeres más necesitadas que acuden a los hospitales de Dili y Baucau.
Los ajuares de maternidad comprenden ropa y artículos sanitarios, así como materiales de promoción de la salud que indican las prácticas sanitarias positivas, entre ellas el amamantamiento exclusivo, que tiene importancia crítica para la buena salud y la supervivencia de la madre y el niño. Se espera que la provisión de esos ajuares de maternidad mejore las experiencia del alumbramiento en los hospitales para algunas mujeres y tenga repercusiones positivas sobre otras mujeres para que acudan a los establecimientos de salud a dar a luz. Se prevé que en una futura etapa se entregarán ajuares de maternidad a hospitales y clínicas rurales.
Provisión de servicios de salud por instituciones privadas
En paralelo con el sistema de salud oficial, también hay servicios de salud ofrecidos por profesionales privados y organizaciones confesionales y otras ONG, entre ellas la red de Café Timo, Caritas (agencia de salud dirigida por la Iglesia Católica) y clínicas conducidas por iglesias protestantes. Según se estima, en el sector no gubernamental hay 190 agentes de salud en 40 clínicas. Esto sugiere que las clínicas no gubernamentales proporcionan una cuarta parte de los servicios de atención primaria de la salud.
La red Café Timor, por ejemplo, atiende en promedio a 125.000 personas en cinco distritos y en Dili. Actualmente administra ocho clínicas fijas que proporcionan servicios similares a los de centro de salud comunitarios de nivel 2 en el sistema público, y 24 clínicas móviles. La red cuenta con 74 empleados, entre ellos tres médicos (uno de los cuales es una mujer) y 12 enfermeros generales. Muchos pacientes que acuden a las clínicas de Dili y de los distritos son mujeres y niños de corta edad que reciben tratamiento por infecciones de las vías respiratorias superiores. La red también ofrece servicios de planificación de la familia, que serán considerados más detalladamente en la sección sobre planificación de la familia.
En algunos centros principales, especialmente Dili y Baucau, hay clínicas privadas que cuentan con médicos, enfermeros, parteras y dentistas. No se dispone de detalles sobre las cantidades de pacientes que atienden, puesto que esos establecimientos, en su mayoría, no envían regularmente informes a las autoridades sanitarias. Actualmente, esas clínicas están sujetas a reglamentaciones y se vigilará las condiciones de seguridad de sus prácticas. El sistema modificado de información de gestión sobre salud incluirá un componente para informes sobre servicios privados.
Atención prenatal
Actualmente, hay una limitada atención prenatal y posnatal en el país. En general, las mujeres residentes urbanas en posición económica más holgada y con más alto nivel de educación tienen mayor oportunidad de recibir servicios más integrales de atención prenatal que las demás mujeres. Los datos de las DHS de 2003 indican que casi un 60% de las mujeres recibieron atención prenatal durante su más reciente embarazo. Más de la mitad de esas mujeres (56%) recibieron atención de una enfermera o una partera y una minoría de residentes urbanas (12%) fueron atendidas por un médico o un obstetra. Las mujeres, en su mayoría (49%) recibieron atención en un centro de salud gubernamental o en un dispensario u hospital público gubernamental (36%).
Las DHS también indican que las mujeres, en su mayoría (57%), habían sido atendidas al menos dos veces durante su embarazo, mayormente en las etapas iniciales, antes del sexto mes. No obstante, en relación con los estándares médicos, para sólo un 14% el número y el momento de las visitas habían sido adecuados. Es importante señalar que más de una tercera parte de todas las mujeres (53% en las zonas serranas) no habían recibido ningún tipo de atención prenatal. Sólo una tercera parte de los esposos habían acompañado a sus esposas en las visitas prenatales.
La calidad de la atención es un importante factor que influye sobre los resultados del embarazo. Las DHS comprobaron que, aunque las mujeres, en su mayoría, recibieron un examen abdominal y fueron pesadas, sólo para una tercera parte de ellas se había verificado la tensión arterial y en una cuarta parte de los casos se había informado de posibles complicaciones.
Complicaciones del embarazo
En Timor-Leste hay un acceso limitado a personal de partería calificado, en especial, a la atención obstétrica de emergencia. Por consiguiente, muchas mujeres timorenses, y sus hijitos, siguen perdiendo la vida en el trabajo de parto, a menudo en sus hogares.
Las complicaciones peligrosas del embarazo y del parto abarcan varios tipos: parto prematuro u obstruido, fiebre y convulsiones. Es posible que un embarazo evolucione sin problemas hasta el momento del parto; pero en el parto pueden surgir complicaciones como hemorragia, en que ocurre la muerte en lapsos de entre 1 y 6 horas. Éste es un particular problema en Timor-Leste, puesto que suele haber demoras iniciales en adoptar la decisión de acudir en busca de atención médica y una segunda demora en llegar a los servicios de salud, para finalmente verse privadas de atención apropiada debido a que en el establecimiento de salud más cercano no hay suministro de sangre ni médicos presentes.
Aparte de las altas tasas de malnutrición y los bajos niveles de anemia en las embarazadas, los profesionales de la salud reconocieron la existencia de factores que contribuyen a la mortalidad derivada de la maternidad en Timor-Leste, entre ellos: escasa utilización de personal de partería calificado; irregulares visitas prenatales; breves intervalos entre sucesivos alumbramientos; tuberculosis, paludismo y otras enfermedades; y falta de acceso a atención obstétrica esencial y de emergencia. Las mujeres están perdiendo la vida como resultado de la eclampsia (hipertensión a consecuencia del embarazo), hemorragias (antes y después del parto), trabajo de parto prolongado, infecciones y complicaciones de un aborto espontáneo.
El trabajo de parto prolongado y las hemorragias son las complicaciones más comunes del parto, y pueden causar la muerte de la madre y de una alta proporción de niños hijos de madres que experimentaron esos problemas, muertos antes de cumplir un mes de vida (88% y 59%, respectivamente).
Partos
Una enorme mayoría de las mujeres (90%) dan a luz en su hogar, las sigue un 9% que acuden a establecimientos de salud públicos y una minoría (1%) que se atienden en un establecimiento de salud privados. Es más probable dar a luz en el hogar cuando la mujer tiene más edad, vive en zonas rurales, tiene escasa o ninguna educación y ya tiene varios hijos. En zonas rurales, muchas mujeres llevan a término sus embarazos y sus partos sin asistencia de personal médico capacitado, basándose mayormente en conocimientos indígenas. En Timor-Leste, la medicina tradicional sigue desempeñando un importante papel.
Los partos, en su mayoría, reciben atención de una persona de la familia o una amiga (61%). Le sigue en importancia la partera tradicional (19%), seguida por una enfermera o una partera diplomada (16%). En 2003, el número de partos atendidos por parteras diplomadas fue de sólo 335, en comparación 1.637 que recibieron atención de parteras tradicionales. Se recurre a los médicos sólo en un 3% de los casos. Sólo un 9% de los esposos están presentes durante el parto. A partir de 2001, el Ministerio de Salud ha impartido capacitación sobre parto sin riesgo e incontaminado a 350 parteras.
Nutrición adecuada durante el embarazo
En la Estrategia de Nutrición, el Ministerio de Salud indica dos esferas principales que necesitan mejorar: nutrición de la madre y el niño y seguridad alimentaria; además, señala que es preciso adoptar medidas a nivel nacional, de prestación de servicios, de la comunidad y de la familia, a fin de alcanzar esa meta. Como se señaló en el Documento Básico común, se está aplicando esta Estrategia como parte del conjunto de servicios básicos y de la política nacional de atención primaria de la salud. Actualmente, las mujeres reciben vitamina A, ácido fólico y alimentación complementaria, como parte de un programa administrado por el Programa Mundial de Alimentos (PMA), cuyo propósito es asegurar que las embarazadas tengan alimentos suficientes para apoyar el embarazo y, más tarde, amamantar. Este programa se realiza en dos distritos, Liquiça y Ainaro, con intervenciones previstas en Maliana y Suai, seguidos de una ampliación a todos los distritos en una etapa ulterior. Los resultados de las DHS indican que un 62% de los niños menores de 3 años consumen alimentos ricos en vitamina A y un 34% de los niños menores de 5 años reciben suplementos de vitamina A.
Medidas para reducir las tasas de mortalidad derivada de la maternidad
Como se señala en el anexo estadístico sobre la CEDAW, en Timor-Leste es difícil calcular exactamente las tasas de mortalidad derivadas de la maternidad puesto que el denominador es el número de alumbramientos de niños vivos en todo el país y, hasta ahora, no se registran esas cantidades; muchos partos se realizan en el hogar. No obstante, como se señaló en el Documento Básico común, la muy alta estimación para la tasa de mortalidad derivada de la mortalidad significa que para poder alcanzar el ODM de mejorar la salud materna, es preciso reducir en tres cuartas partes la tasa de mortalidad derivada de la maternidad en el período entre 1990 y 2015. Esto significa que dicha tasa de mortalidad derivada de la maternidad debe disminuir desde entre 688 y 800 defunciones por cada 1.000 nacidos vivos en 2001, hasta 252 defunciones para 2015.
A solicitud del Ministerio de Salud, en 2005 el UNFPA formuló y comenzó a ejecutar un programa de capacitación de parteras y médicos sobre atención obstétrica básica y de emergencia y atención neonatal. La capacitación se imparte en el Hospital Nacional de Dili y en los hospitales de distrito de Baucau, Suai, Maliana y Oecussi. Además, el UNFPA proporciona obstetras al Ministerio de Salud. Asimismo, el UNFPA está brindando apoyo a la capacitación en el exterior de médicos empleados de los servicios de salud (varones), quienes siguen curso sobre atención obstétrica de emergencia integral. En la actualidad, solamente los hospitales de distrito de remisión de pacientes tienen la capacidad de proporcionar los seis elementos de la atención obstétrica de emergencia (AOEm). El Hospital Nacional de Dili y la mayoría de los hospitales de distrito tienen capacidad para ofrecer atención obstétrica de emergencia integral (AOEml). Esto comprende la realización de operaciones cesáreas y de transfusiones de sangre, aun cuando los servicios de bancos de sangre sólo están disponibles en Dili. Actualmente, se practica una operación cesárea en sólo 1% de los partos (450), nivel inferior al estándar mínimo internacional de 5%.
El Gobierno también prevé establecer con carácter experimental en cinco distritos albergues prenatales en que las embarazadas ingresan dos semanas antes de la fecha prevista para el parto. Esto forma parte de una iniciativa general para fomentar la atención del parto por personal calificado y posibilitar el acceso a la atención obstétrica de emergencia si aparecieran complicaciones potencialmente mortales. Con este propósito, actualmente el Ministerio de Salud está distribuyendo botiquines gratuitos de higiene entre las mujeres que dan a luz en un establecimiento de salud.
En momentos de prepararse este informe, el Ministerio de Salud, con el apoyo del UNFPA, está formulando un programa de prevención y tratamiento de la fístula obstétrica (complicación totalmente prevenible del parto obstruido). Se espera que este programa, que también abarca una estrategia para prestar asistencia a las mujeres para su reintegración en las comunidades sin padecer mayor bochorno, contribuye a la reducción en la incidencia de la morbilidad derivada de la mortalidad. En 2003, hubo en Timor-Leste 21 casos diagnosticado con fístula obstétrica y en el período 2004-2006, otros 68 casos. Es muy posible que las mujeres no se percaten de este trastorno y que, por consiguiente, no acudan a los establecimientos de salud para recibir tratamiento. Actualmente, sólo el Hospital Nacional de Dili ofrece operaciones quirúrgica para reparación de la fístula, pues cuenta con un cirujano de fístula expatriado.
Amamantamiento
En Timor-Leste, una mujer comienza a amamantar a su hijito con suma rapidez; casi la mitad de las mujeres comienzan dentro de la primera hora y casi todas ellas, dentro del primer día. Aun cuando se recomienda que los niños sean alimentados exclusivamente con leche materna durante cuatro a seis meses, sólo un 39% de los niños menores de cuatro meses eran amamantados y este porcentaje disminuía hasta 18% para los menores de seis meses de edad. La razón de esta disminución era la introducción de “sucedáneos de la leche” y alimentación complementaria. En general, la duración media del amamantamiento era de 17,7 meses y del amamantamiento exclusivo, 1,4 meses.
Si una mujer está tomando medicamentos y no puede amamantar, se suscita problemas, porque las nodrizas no forman parte de la cultura timorense. La tendencia es dar a los niños agua de arroz porque los sucedáneos de la leche y otros sustitutos son demasiado costosos y, por consiguiente, a lo largo del tiempo los niños presentan signos de malnutrición grave.
Sobre la base de su Estrategia de Nutrición, el Ministerio de Salud destaca la importancia de que las madres amamanten a sus hijos exclusivamente dentro de los primeros seis meses y durante hasta dos años. La Fundación Alola ha establecido la Asociación Nacional de Amamantamiento que promueve el amamantamiento mediante grupos de apoyo. En momentos de prepararse este informe, la Fundación está colaborando con el Gobierno en la preparación de un Código Nacional para la comercialización de los sucedáneos de la leche materna.
Acceso a la atención posnatal
Los reconocimientos médicos después del parto son de importancia vital, puesto que las mujeres corren riesgo de muerte durante 48 horas después del parto debido a hemorragias de posparto. Los resultados de las DHS muestran que en Timor-Leste sólo un 15% de las mujeres recibían reconocimientos médicos posnatales. La probabilidad de recibir atención y reconocimientos médicos posnatales disminuía al aumentar la edad de la mujer y el número de hijos que ya tenía. También en este caso, las mujeres en mejor posición económica y con más altos niveles de educación, residentes en zonas tanto urbanas como de llanura, recibían con más frecuencia ese reconocimiento médico.
Participación de los hombres en cuestiones relativas a la atención de la salud de la mujer
En los cinco años anteriores a la encuesta, menos de una cuarta parte (24%) de los hombres habían hablado con un médico o con un agente de salud acerca del embarazo o de la atención de la salud de la madre de su hijo más reciente y, de los que sí habían hablado, el motivo era preguntar qué tipos de alimentos debía consumir y cuánto descanso requería la embarazada y qué tipos de problemas de salud requerían que recibiera atención médica. Era más probable que hablaran con un médico acerca de la salud de la futura madre los padres en mejor posición económica, más jóvenes, residentes en zonas urbanas o que poseían educación secundaria o superior. Por otra parte, un 58% de los hombres hablaron con profesionales de la salud acerca del parto, en especial sobre ayuda al parto.
Salud reproductiva
La actual Estrategia de Salud Reproductiva del Gobierno abarca cuatro esferas principales: maternidad sin riesgo, planificación de la familia, salud reproductiva de los jóvenes y salud reproductiva en general. La atención prestada a la salud reproductiva dentro de la estrategia general del Gobierno en materia de salud es parte de su respuesta encaminada a reducir las altas tasas de mortalidad derivada de la maternidad y de fecundidad total, teniendo en cuenta el alto porcentaje de la población que se encuentra en etapa de procrear.
Esta fue también la respuesta a las preocupaciones planteadas por los delegados a los Congresos Regionales de Mujeres en 2004, en que se destacó la salud reproductiva como esfera prioritaria clave de las intervenciones para ampliar los medios de acción de la mujer. Los participantes señalaron que las cuestiones de salud de la mujer y, concretamente, el deficiente estado de la salud reproductiva femenina, reflejaban la baja condición de la mujer en la sociedad timorense.
Los delegados participantes en los Congresos promovieron varias cuestiones, entre ellas la necesidad de educar a la comunidad sobre la planificación de la familia, el amamantamiento, el aparato reproductor y su funcionamiento, así como el hecho de que es desaconsejable que una mujer tenga más hijos cuando padece problemas de salud reproductiva.
Los participantes también afirmaron que es preciso abordar la mortalidad derivada de la maternidad, inclusive la falta de atención por parte de los esposos, la carencia general de información, la falta de acceso a hospitales y clínicas, los matrimonios precoces, la falta de nutrición adecuada para la mujer y la falta de acceso a aguas no contaminadas.
Asesoramiento sobre planificación de la familia y costo y accesibilidad de los servicios
Si bien entre las mujeres más jóvenes y más educadas era más frecuente que hubieran conversado sobre cuestiones de planificación de la familia con sus esposos, más del 75% de las mujeres timorenses manifestaron que nunca habían hablado al respecto con sus esposos. Casi dos terceras partes de las mujeres dijeron que sus esposos desaprobaban el uso de métodos de planificación de la familia y que sólo un 21% de ellos estaban a favor.
Como se señaló en el Documento Básico común, hay un bajo uso de anticonceptivos y el uso de condones (preservativos) casi no existe en Timor-Leste. En su mayor parte, la pequeña minoría de mujeres de entre 25 y 44 años de edad que utilizan anticonceptivos recurren a productos inyectables. En las zonas urbanas, las mujeres que estaban en mejor posición económica y poseían más educación reconocían con más frecuencia los métodos anticonceptivos que las campesinas. De las mujeres que no utilizaban anticonceptivos, unas tres cuartas partes no sabían adónde obtenerlos.
Pese a que algunas mujeres timorenses manifestaron el deseo de tener gran cantidad de hijos (la cantidad ideal para las mujeres que habían estado casadas en algún momento era 5,7), las mujeres en mejor posición económica y de más edad expresaban el deseo de recibir educación sobre planificación de la familia. Las mujeres de zonas urbanas no aspiraban a una menor cantidad de hijos que las campesinas. El deseo de espaciar a los hijos (10%) era mucho mayor que el de limitar su número (3%). La demanda de planificación de la familia era mayor en las regiones rurales y urbanas occidentales que en las regiones rurales en el centro y en el este del país.
Las mujeres jóvenes eran las más satisfechas con los servicios de planificación de la familia disponibles, con un 81,8% en el grupo de 15 a 19 años de edad, mientras que el grupo que expresó mayor insatisfacción, 55,6%, era el de 45 a 49 años de edad. En general, en Timor-Leste se satisfacían las tres cuartas partes de la demanda total de planificación de la familia y esto indica que es necesario ampliar los servicios al respecto.
La Clínica Café Timor en Dili ofrece a las mujeres servicios gratuitos de planificación de la familia y VCT, con el apoyo del Ministerio de Salud. En momentos de prepararse este informe se ofrecen asesoramiento sobre métodos anticonceptivos naturales, además de inyecciones, implantes y condones. Hay actualmente dos asesores de VCT y un médico especializado en ITS. El personal de la clínica informa de que hay una gran demanda de anticonceptivos por parte de las mujeres.
A fin de ampliar el acceso, mejorar la calidad y ampliar la gama de los servicios anticonceptivos, el Ministerio de Salud, con el apoyo del UNFPA, ha estado reforzando los conocimientos y las aptitudes de los agentes de salud en materia de planificación de la familia.
En 2004 se impartió un curso de formación de instructores en beneficio de agentes de salud seleccionados en diferentes distritos y a instructores del Instituto de Ciencias de la Salud (a la sazón NCHET). Desde entonces, los instructores nacionales que recibieron formación han impartido capacitación sobre servicios de planificación de la familia en beneficio de agentes de salud de diferentes establecimientos de todo el país. Han egresado de los cursos aproximadamente 50 agentes de salud y se prevé que para fines de de 2006 se habrá capacitado a más de 100, además de prever la realización posterior de cursos en los distritos en beneficio de otros 250 participantes.
En abril de 2006, el UNFPA donó varios instrumentos educacionales, entre ellos maniquíes anatómicos, carteles didácticos, equipo médico e instrumentos al Ministerio de Salud, que contribuirá a realizar cursos de capacitación sobre planificación de la familia. El UNFPA también aporta al Ministerio de Salud todos los anticonceptivos (condones, píldoras, inyecciones, DIU) y el Ministerio seguidamente los distribuye, por conducto de la Farmacia central. Además, como resultado de la revisión en diciembre de 2005 del Programa Nacional de Planificación de la Familia, el Ministerio de Salud pidió que se asignara a su Departamento de Salud Maternoinfantil un asesor sobre planificación de la familia. Actualmente, el UNFPA apoya los servicios de este asesor, quien se hizo cargo de sus tareas en abril de 2006.
El Ministerio de Salud, también con el apoyo del UNFPA, elaborará en 2007 una Estrategia de comunicación para el cambio de los comportamientos en materia de salud reproductiva, que abarcará varias esferas, entre ellas, maternidad sin riesgo, planificación de la familia, salud reproductiva en la adolescencia y VIH/SIDA. Se prevé que esta estrategia constituirá la base de la planificación de comunicaciones para el cambio de los comportamientos (BCC) en distritos seleccionados, de modo de lograr aumentos en la demanda y la utilización de los servicios de salud. La Campaña nacional de promoción de la planificación de la familia aplicará esa estrategia.
Embarazos en la adolescencia
En Timor-Leste, la mediana de edades al dar a luz por primera vez del grupo de mujeres de entre 20 y 29 años de edad es 21 años, y para las mujeres de 30 a 39 años de edad, de 22 años. Esta mediana de edades es casi la misma para mujeres de diferentes medios sociales. El primer alumbramiento no ocurre en la primera adolescencia; sólo una de cada cinco adolescentes tiene un hijo y la edad tiende a aumentar, y no a disminuir. El porcentaje de jóvenes de 16 años casadas que son madres o están embarazadas con su primer hijo es 4,8%, en comparación con 37,2% de las jóvenes de 19 años.
Aborto
En Timor-Leste, el aborto sigue siendo un tema extremadamente delicado, especialmente dados los eventos traumáticos de los últimos años. No hay información sobre la verdadera magnitud de la incidencia del aborto. Por ejemplo, no está bien documentada la necesidad insatisfecha de planificación de la familia por parte de mujeres solteras y hay datos anecdóticos de mujeres que solicitan un aborto en la capital utilizando diversos medicamentos, entre ellos cloroquina, fansidar, tetraciclina y medicina tradicional, así como masaje. No se conoce la incidencia del aborto realizado en malas condiciones ni tampoco de las complicaciones del aborto.
Con respecto a la atención posterior al aborto, en el Hospital Nacional de Dili se dispone de servicios de atención obstétrica de emergencia y una mujer puede recibir tratamiento por cualquier complicación de un aborto espontáneo, además de asesoramiento sobre salud reproductiva. No obstante, hasta la fecha no se ha impartido a escala nacional capacitación sobre la prevención del aborto y el tratamiento de las complicaciones.
En momentos de prepararse este informe, se celebraban conversaciones entre el Ministerio de Salud, la Fundación Alola y el UNFPA con respecto a la investigación sobre las causas y la prevalencia del aborto en Timor-Leste.
Disposiciones jurídicas sobre el aborto
En mayo de 2005, el Gobierno y la Iglesia Católica emitieron un comunicado conjunto en que proponían que en el futuro Código Penal se tipificara el aborto como delito. Se ha expresado apoyo a que se tipifique el aborto como delito y también a que se prevean castigos para quienquiera que haya participado en apoyar un aborto, incluidos miembros de la familia, agentes de salud tradicionales y compañeros de las mujeres. Como resultado de los intercambios de ideas con la sociedad civil y con ONG de mujeres, el Gobierno convino en abrir públicamente el debate y encomendó a la OPI que colaborara con la Fundación Alola y con Rede Feto a fin de establecer foros de intercambio de ideas con la sociedad civil, los cuales se celebraron en junio y julio de 2005 con el objetivo de difundir información y analizar los complejos aspectos jurídicos, sociales y morales de este tema.
En relación con el aborto, las principales recomendaciones surgidas de los debates fueron:
•Deberían preverse excepciones a la tipificación del aborto como delito cuando la mujer haya sido víctima de violación sexual o incesto, o cuando haya riesgos para su salud.
•Se reconoció la necesidad de contar con datos sobre la prevalencia del aborto realizado en malas condiciones en Timor-Leste.
La OPI recomendó al Grupo de Trabajo establecido por el Gobierno y la Iglesia que considerara esas cuestiones en la declaración conjunta. Posteriormente, el Grupo de Trabajo recomendó que las disposiciones de tipificación del aborto como delito se excluyeran del proyecto de Código Penal y se incluyeran en una ley separada.
En momentos de prepararse este informe, en virtud de las disposiciones de proyecto de Código Penal, los responsables de causar un aborto, sean cuales fueren los medios sin el consentimiento de la embarazada, serán pasibles de reclusión en la cárcel durante 3 a 12 años.
Servicios de salud para mujeres de edad
Aun cuando la Constitución otorga “protección especial” a los ancianos, en Timor-Leste las personas de edad, especialmente las ancianas, son un grupo extremadamente vulnerable. Según PRADET, las mujeres de edad tienen las mismas probabilidades que las jóvenes de padecer violencia por motivos de género y algunas remitidas a PRADET para recibir tratamiento tras un ataque sexual tenían más de 70 o de 80 años. Actualmente, PRADET está preparando un manual sobre la manera de tratar a las víctimas de violencia, e incluso una sección sobre la manera de examinar y de dispensar tratamiento a una mujer de edad que ha padecido maltrato físico y/o sexual. El Ministerio de Salud ha estado formulando una política al respecto, pero en momentos de prepararse este informe, la política no se había puesto en práctica debido a la falta de financiación y, especialmente, de recursos humanos.
Salud mental
Según se estima, aproximadamente un 96% de los habitantes de Timor-Leste han experimentado al menos un episodio traumático a lo largo de su vida. La violencia por motivos de género, incluida la violación sexual y el acoso sexual padecidos durante la ocupación indonesia, han contribuido en gran medida a los traumas de la población femenina. Los trastornos psiquiátricos, entre ellos estrés postraumático, epilepsia, psicosis paranoide, ansiedad y depresión tienen gran prevalencia entre las mujeres.
Magnitud del problema entre las mujeres
Se desconoce la magnitud del problema, dada la renuencia de muchas mujeres timorenses a hablar de la violencia por motivos de género u otros malos tratos. Una ONG que trabaja en problemas de salud mental ha declarado que más de la mitad (56%) de los pacientes que padecen enfermedades mentales son mujeres. La doble carga de trabajo remunerado y no remunerado socava la salud mental y física de la mujer de maneras que no afectan la salud del hombre. La carga es aun más pesada para las mujeres que son jefas de familia.
En 2004, el Ministerio de Salud inició un estudio sobre salud mental en las zonas de Becora y Hera, en los alrededores de Dili. Los resultados indicaron que la comunidad identificada a un grupo de población de 1,9% como enfermos mentales. Casi todos esos casos padecían graves enfermedades mentales invalidantes y urgentemente necesitadas de tratamiento. Los trastornos más comunes eran las psicosis graves; la mayoría de los pacientes padecían un alto grado de discapacidad y/o comportamiento social caótico. No se dispone de datos sobre las mujeres afectadas. Las que padecían de enfermedades mentales graves corrían mayor riesgo de maltrato sexual, ataque, malnutrición y enfermedad física. Según el Censo de 2004, la incidencia de los trastornos mentales de la población es 2,8%.
Falta de servicios de salud mental
En las Consultas regionales relativas a la CEDAW, las mujeres plantearon el problema del escaso apoyo disponible para las personas con problemas mentales, especialmente las mujeres que han padecido violencia sexual. La dificultad dimana de que antes de la independencia, la población no disponía de servicios de salud mental; además, no se efectuó una evaluación cualitativa ni cuantitativa del estado de salud mental de la población de adultos y jóvenes, desglosada por género, de modo que es difícil determinar los efectos de las experiencias traumáticas sobre los hombres y sobre las mujeres, así como cuáles son las necesidades diferenciadas por género que debería satisfacer una política nacional de salud mental, y la planificación de los servicios al respecto. Esto ocurre en especial para las mujeres que padecen maltrato por motivos de género, o bien en sus hogares, o bien en público. Las ONG que trabajan en este tema han tratado casos de mujeres que padecen trastornos bipolares y trabajan en la industria del sexo.
Respuesta del G obierno
A partir de 2001, se han establecido servicios de salud mental con el apoyo del Proyecto nacional de salud mental de Timor-Oriental (ETNMHP) y también de PRADET, que anteriormente había ofrecido tratamiento a más de 400 casos a partir de 1999. No obstante, hay varias limitaciones para la provisión de servicios adecuados de salud mental, entre ellas escasos recursos financieros y prioridades que compiten entre sí, dados los deficientes indicadores de salud en todo el país.
El Gobierno reconoce que hay una gran necesidad de aportar apoyo, tanto financiero como técnico, a las organizaciones de la sociedad civil que se ocupan de cuestiones de salud mental. También hay gran necesidad de aportar más información a las familias acerca de la atención de las enfermedades mentales.
Como se indica en su Estrategia de salud mental, el Gobierno se propone impartir a agentes especializados en salud mental capacitación sobre la infancia, cuestiones de género, uso indebido de drogas y de alcohol, y discapacidad evolutiva; y también se propone ofrecer educación permanente que abarque conocimientos en otras esferas. El Gobierno prevé que el sector de ONG ofrezca servicios complementarios gubernamentales, pero que no los dupliquen, proporcionando apoyo psicosocial, asesoramiento e intervenciones no médicas para casos de ansiedad por estrés postraumático y formas de depresión menos discapacitantes.
Actualmente, la Dependencia de Salud Mental del Ministerio de Salud está tratando de ofrecer servicios de salud mental en los centros de salud oficiales a nivel de subdistrito y de distrito, dispensarios, y también en clínicas ajenas a la red de servicios gubernamentales, cuando medien acuerdos al respecto. Para los pacientes que no pueden tener acceso a clínicas fijas, se ofrecerán servicios de clínicas móviles.
Legislación sobre salud mental
Actualmente no hay en Timor-Leste legislación sobre salud mental. La legislación en vigor es una combinación de leyes indonesias y de disposiciones del Reglamento de la UNTAET, que los tribunales utilizan como guía, pero no hay medio de recluir a una persona que padezca una enfermedad mental ni de proteger sus derechos humanos.
En esas circunstancias, el Gobierno reconoce que es necesario formular leyes en apoyo de las políticas previstas, inclusive reglamentación de la provisión de servicios por fuentes no gubernamentales, dotación de personal (asegurando su nivel de capacitación y de responsabilidad), y prescripción y administración de productos farmacéuticos. El Gobierno reconoce que se necesita mayor investigación acerca de los enfoques autóctonos de la salud mental, diagnósticos y normas culturales, psicosis, traumas, epilepsia, prevalencia del suicidio y sistemas y modelos de atención por la familia y la comunidad, a fin de conocer cuestiones básicas como el grado de prevalencia de esos trastornos y las acciones necesarias para establecer servicios de salud mental en Timor-Leste. En el primer informe periódico se podrá proporcionar más información.
Alcohol y drogas
El Ministerio de Salud reconoce que el uso indebido de drogas y el alcoholismo son trastornos comunes, particularmente entre los hombres; no obstante, actualmente se desconoce la verdadera magnitud del problema en Timor-Leste. Además, el mayor consumo de alcohol por los hombres debido a traumas que no han recibido tratamiento y al estrés crónico, también crea riesgos de violencia física para las mujeres. Las ONG que trabajan como parte del sistema de remisión de pacientes víctimas de violencia en el hogar, ataque sexual y maltrato infantil han señalado que una gran proporción de los casos están relacionados con el consumo de alcohol. El vino de palmera está abundantemente disponible y lo consumen tanto los adultos como los niños.
Es poco lo que se sabe de la magnitud de las toxicomanías en Timor-Leste, o sobre la manera en que éstas afectan a las mujeres. Los resultados de las DHS indican que es escaso el número de mujeres que fuman, debido en parte a que es culturalmente inaceptable que las mujeres fumen, especialmente en público. Las encuestas también indican que tanto las mujeres como los hombres saben que fumar es perjudicial para la salud. Hubo informes anecdóticos sobre uso de drogas con bajo y alto poder adictivo entre los adolescentes, principalmente en la capital, pero esta situación no se ha verificado.
En momentos de prepararse este informe, no había ninguna campaña oficial contra las drogas o el alcohol que pusiera en guardia al público acerca de los efectos nocivos del uso indebido de drogas. No obstante, en momentos de prepararse este informe, una ONG local, PRADET, se propone realizar una serie de cursos para concienciación de su propio personal y de otros trabajadores de la salud que se ocupan, como parte de su labor, de enfermedades relacionadas con el alcohol.
Discapacidad
La Constitución garantiza la igualdad de trato y la no discriminación sobre la base de “el estado físico y mental” y establece que los ciudadanos discapacitados han de disfrutar de los mismos derechos, deberes y protecciones que todos los demás ciudadanos, “salvo los derechos y deberes que él o ella no pueda ejercer o cumplir debido a su discapacidad”.
Hay en Timor-Leste, en la capital o cerca de ésta, varios establecimientos, entre ellos la Asosiasaun Hi’it Ema Ra’es Timor (ASSERT) y Klibur Domin, que atienden a las personas con discapacidad física y les proporcionan, entre otras cosas, ayuda para su movilidad (prótesis y ortosis) y fisioterapia, así como alojamiento a largo plazo y apoyo social. Estas instituciones colaboran estrechamente con el MLCR y el Ministerio de Salud en apoyo de organizaciones locales a fin de coordinar los servicios para los discapacitados, reintegrarlos en la comunidad y capacitar a personal local de rehabilitación. En el caso de Klibur Domin, el albergue proporciona alojamiento gratuito, administración de medicamentos en forma supervisada y educación en salud para los pacientes que están a la espera de una operación quirúrgica o se recuperan de ésta, o que padecen trastornos, como tuberculosis y malnutrición, y han sido remitidos desde el Hospital Nacional de Dili o desde clínicas nacionales de salud.
Datos sobre pacientes con discapacidad
Por conducto de su centro de rehabilitación, desde su inauguración en abril de 2005, ASSERT ha dispensado tratamiento a 132 clientes: 59 adultos y 68 niños. De estos pacientes, 56 han recibido prótesis u ortosis (miembros artificiales/abrazaderas ortopédicas/plantillas para el calzado) y 76 clientes han recibido solamente fisioterapia.
ASSERT también dispensa tratamiento a hombres y mujeres con poliomielitis, que padecen problemas ortopédicos o tuberculosis, y atiende a mayor cantidad de hombres que de mujeres con amputaciones. Esto se debe a las grandes cantidades de accidentes ocupacionales y viales que se cobran víctimas masculinas. La distribución por género es aproximadamente la misma para los niños, quienes reciben tratamiento para parálisis cerebral, paludismo cerebral, demoras en el desarrollo y problemas ortopédicos.
El personal de Klibur Domin dispensa tratamiento a mayor cantidad de hombres adultos que de mujeres para casos de tuberculosis, pero tal vez se deba a que muchas mujeres necesitan permiso de sus esposos para acudir en busca de tratamiento y, por consiguiente, no revelan una presunta tuberculosis. La clínica también atiende a mayor cantidad de mujeres por fracturas óseas, tal vez como resultado de la violencia en el hogar. No cabe duda de que las deficientes normas de salud materna, nutrición y saneamiento, así como la falta de acceso a los servicios de atención de la salud, contribuyen a grandes cantidades de enfermedades que causan discapacidad en las mujeres y en los niños.
Aun cuando se carece de datos fidedignos sobre la discapacidad en Timor-Leste, los estudios realizados por ONG que trabajan en este tema han proporcionado nociones acerca de la naturaleza y la magnitud del problema. En 2002, se estimó que poco más de una tercera parte de las personas con discapacidad eran de sexo femenino. Las formas principales de discapacidad eran: física, trastornos de la visión y de la palabra y otras enfermedades que contribuían a casi dos terceras partes de todas las discapacidades, seguidas por defectos congénitos y accidentes.
VIH/SIDA
Mujeres expuestas al VIH/SIDA
Hay en Timor-Leste varios factores que pueden aumentar el riesgo que corren las mujeres de infección con el VIH/SIDA, entre ellos: desplazamientos de la población, violencia durante la ocupación indonesia, además de posibles interacciones con hombres expatriados, inclusive los encargados del mantenimiento de la paz, a partir de 1999. Además, la alta prevalencia de la violencia en el hogar y del ataque sexual, como lo señalaron los participantes en los Congresos Regionales de Mujeres, sumada al bajo nivel de alfabetización y de educación, a la dependencia económica respecto de los hombres y a las limitaciones culturales que impiden hablar abiertamente de cuestiones de género, sexualidad y salud reproductiva, podrían crear condiciones de alto riesgo para la propagación de esta enfermedad entre las mujeres.
La primera etapa del Plan Estratégico Nacional sobre el VIH/SIDA promueve la estrategia “ABC”, es decir, las iniciales en inglés de: “abstinencia-fidelidad-uso de condones”, como medio de minimizar la infección con el VIH. No obstante, dado que los resultados del estudio efectuado por Family Health International indican elevados niveles de relaciones sexuales, bisexuales y extraconyugales entre los hombres, a lo que se suma la alta prevalencia de enfermedades de transmisión sexual y el extremadamente bajo uso de condones por los hombres, redundan en que exista un sustancial riesgo para las mujeres, aun cuando éstas tengan sólo un compañero sexual, es decir, su esposo o su compañero. La posición inferior de las mujeres en Timor-Leste significa en la práctica que no pueden negociar el uso de condones, ni siquiera la fidelidad de sus esposos o compañeros, y tampoco están en condiciones de abstenerse si son objeto de ataques sexuales.
Creación de conciencia entre las mujeres sobre las ITS y el VIH/SIDA
Como se señaló en el Documento Básico común, en Timor-Leste hay muy bajos niveles de conocimientos sobre el VIH/SIDA, especialmente entre las mujeres, aun cuando en la zonas urbanas, las mujeres más jóvenes y mejor educadas estaban mucho más informadas que las mujeres de más edad en zonas rurales. Una cuestión que ha surgido claramente a raíz de recientes talleres sobre el VIH/SIDA es que el papel tradicional en las mujeres en la sociedad timorense es un impedimento para la educación sexual y sobre el VIH/SIDA. En esas circunstancias, y de conformidad con la Recomendación General CEDAW No. 15, se han introducido en Dili y en algunos distritos diversas medidas para crear conciencia, especialmente entre las mujeres y las niñas, acerca de los riesgos y los efectos de las infecciones de transmisión sexual, particularmente el VIH/SIDA.
Entre otras medidas al respecto se destacan las campañas de información emprendidas por el Ministerio de Salud para profundizar la comprensión del VIH/SIDA. El Ministerio de Salud ha distribuido en centros de salud comunitarios, clínicas privadas y hospitales, folletos y carteles que contienen información acerca del VIH/SIDA. También ha difundido varios programas por estaciones de radio y televisión locales. En la capital, Kampo Demokrasia organizó un acto de gran magnitud para crear conciencia sobre esas enfermedad y todos los años se realizan eventos en correspondencia con el Día Mundial de la Lucha contra el SIDA.
Además, se han ofrecido seminarios en escuelas secundarias de primer y segundo nivel para crear conciencia. En la mayoría de esos casos, la capacitación fue iniciada y proporcionada por conducto de una organización confesional, un organismo de las Naciones Unidas o una ONG. En los distritos, tanto el Gobierno como las ONG han proporcionado servicios de salud y educación sobre el VIH/SIDA. Por ejemplo, el hospital de distrito de Baucau y las clínicas y puestos de salud más pequeños proporcionan educación sobre el VIH/SIDA y materiales de información, educación y comunicación (IEC). Por conducto del Programa de Educación Cívica realizado por el PNUD en Baucau se impartió capacitación a personal de las escuelas secundarias. Aun cuando se dispone de servicios de VCT en Dili y en los distritos, hay falta de confidencialidad y, en esas circunstancias, los hombres y las mujeres titubean en utilizar dichos servicios.
El Gobierno reconoce que, pese a las medidas adoptadas para crear conciencia, en Timor-Leste sigue siendo difícil hablar de problemas de VIH/SIDA y de salud sexual, y se conoce muy poco acerca de estos problemas. Se percibe que esos tipos de trastornos de la salud avergüenzan a quienes los padecen, y tanto los hombres como las mujeres temen acudir a los servicios de salud debido al estigma y la discriminación que rodean a esos trastornos.
En momentos de prepararse este informe, la organización Family Health International y sus ONG aliadas, Fundasaum Timor Har’i y CVTL, con el apoyo de la USAID, están ejecutando proyectos de prevención del VIH y las ITS con beneficiarios bien definidos en grupos de alto riesgo al respecto. Esos grupos son las trabajadoras en la industria del sexo, los hombres que tienen relaciones sexuales con otros hombres y los agentes de la Policía Nacional y de las fuerzas militares nacionales. Family Health International y otras organizaciones aliadas han formulado proyectos que utilizan una metodología de difusión entre pares, en virtud de la cual se proporcionan a los beneficiarios materiales de comunicación para el cambio de comportamientos, información, asesoramiento sobre la prevención del VIH y las ITS y condones. El proyecto también ofrece tratamiento de las ITS para determinados grupos y asesoramiento y detección voluntarios.
El proyecto para las trabajadoras en la industria del sexo destaca la necesidad de que las mujeres tengan conocimientos acerca del VIH/SIDA y sus vías de transmisión, y también que conozcan cuál es su situación con respecto al VIH y cómo prevenir las ITS y la infección con el VIH mediante abstinencia, fidelidad y uso de condones. Los servicios de ITS y VCT, así como los condones se ofrecen gratuitamente. También se ha previsto la adquisición de aptitudes para la vida por parte de las trabajadoras en la industria del sexo, de modo que puedan protegerse a sí mismas frente a sus clientes. Este proyecto también abarca impartir aptitudes prácticas para que las trabajadoras en la industria del sexo tengan otras opciones laborales. El proyecto se dirige aproximadamente a 240 mujeres timorenses e indonesias que trabajan en la industria del sexo en Dili, Covalima y Bobonaro, es decir, casi todas las que trabajan en esas ciudades y en Dili.
Servicio s de asesoramiento disponibles para las mujeres y las niñas que padecen problemas de salud sexual y reproductiva
Con el apoyo de la USAID, la organización Family Health International y sus asociadas Clínica Café Timor y Clínica Bairo Pite ofrecen asesoramiento sobre el VIH y servicios de detección. Las trabajadoras en la industria del sexo constituyen un gran grupo beneficiario; en esas circunstancias, se presta especial atención a velar por que los servicios sean acogedores y no estigmatizantes. Además, en el Hospital Nacional de Dili y en el laboratorio nacional también se ofrece VCT.
Como ya se describió más detalladamente en otras secciones de este informe, dos ONG locales, PRADET y Fokupers, ofrecen asesoramiento psicosocial para las mujeres y las niñas víctimas de violencia en el hogar, ataque sexual y maltrato infantil, que incluye algún grado de asesoramiento sobre problemas de salud sexual.
Con el apoyo de la OMS y del UNFPA, el Ministerio de Salud ha formulado estándares sobre asesoramiento psicosocial y ha preparado materiales de información para las mujeres sobre métodos anticonceptivos tanto tradicionales como modernos, de maneras adaptadas al ámbito local. Las normas se han traducido al indonesio bahasa y la información pertinente, al tetum. Además, como ya se describió en otras partes de este informe, el Ministerio de Salud, con el apoyo del UNICEF y de la Fundación Alola, ha introducido capacitación en “aptitudes para la vida” en los currículos escolares (véase la sección pertinente de este informe, “Igualdad en la educación”).
Prestaciones económicas y sociales (Artículo 13 de la CEDAW)
Igualdad en las prestaciones y la asistencia social
Como ya se indicó en el Documento Básico común, la Constitución garantiza para todos los ciudadanos el derecho a prestaciones económicas y sociales e incumbe al Gobierno, “de conformidad con sus recursos nacionales”, promover el establecimiento de un sistema de seguridad social; no obstante, las actuales limitaciones presupuestarias han impedido hasta la fecha el establecimiento de dicho sistema. En teoría, existe un marco para prestaciones familiares, aunque la política gubernamental se ha concentrado en mejorar la eficacia del sistema de pensiones o alimentos para los hijos. Como ya se indicó en otras partes de este informe, hubo pocos dictámenes judiciales en casos en que estaban en juego la pensión o alimentos para los hijos y en las recientes Consultas regionales relativas a la CEDAW, las mujeres indicaron que sigue siendo difícil recibir pagos por parte de esposos o compañeros.
Aun cuando en las leyes en vigor sobre la provisión de asistencia social y seguridad social no hay en teoría discriminación por motivos de género, en la práctica la situación es diferente. Por ejemplo, si bien el Artículo 10.33 del NDP se refiere a la necesidad de proporcionar servicios como guarderías infantiles para mujeres con hijos, la realidad es que sólo un pequeño porcentaje de mujeres están incorporadas en la fuerza laboral nacional y, por consiguiente, estarían en condiciones de beneficiarse con esos servicios. Como ya se señaló, normalmente no se alienta a las mujeres a que trabajen y las que están empleadas fuera del hogar suelen depender de los miembros de la familia amplia para cuidar a sus hijos. Hasta la fecha, no existe en Timor-Leste ningún sistema oficial de servicios de guardería infantiles.
Prestaciones sociales de emergencia
Como se detalla en el Documento Básico común, y de conformidad con el Artículo 56 (3) de la Constitución, hay un Fondo de solidaridad social para casos de emergencia, administrado por la DNSS del MLCR. Actualmente la asistencia de emergencia beneficia tanto a las mujeres como a los hombres, pero se asigna prioridad a los más necesitados, como los hijos de familias pobres, entre ellos hijos de madres solteras, las mujeres carentes de medios de apoyo económico, las sobrevivientes de la violencia en el hogar, las ancianas y las discapacitadas, así como las viudas.
La asistencia consiste en la provisión de alimentos y de artículos de primera necesidad, como aceite, velas, enseres de cocina y mosquiteros. También se han formulado algunos programas recreativos concretamente para ancianas y viudas que se prevé han de ponerse en práctica dentro de poco. En los últimos años, aumentó sustancialmente la cantidad de mujeres que han solicitado asistencia. En 2003, era igual el número de mujeres y de hombres (272) que recibieron asistencia y esa cantidad aumentó en 2004 hasta 279 mujeres y 448 hombres. En 2005, las cantidades casi se habían triplicado, con 854 mujeres y 820 hombres que solicitaron asistencia.
También se ha dispensado asistencia de emergencia a las mujeres por conducto del Programa de compensaciones urgentes establecido por la CAVR. No obstante, las mujeres han tropezado con obstáculos para tener acceso a esas prestaciones, inclusive obstáculos para obtener información sobre la labor de la CAVR, así como la creencia cultural de que los hombres ya representaban las experiencias de las familias respecto del conflicto. Esas dificultades también reflejan en parte los problemas logísticos generales de proporcionar asistencia de emergencia a los más necesitados, puesto que éstos suelen vivir en zonas rurales y remotas y no se los encuentra fácilmente. Para compensar esa situación, la CAVR trató de que se invitara a mayores cantidades de mujeres que de hombres a sus talleres organizados como parte del programa de compensaciones, donde recibían asistencia monetaria. También solicitó la ayuda de dos ONG de mujeres para prestar servicios a grupos de mujeres, en un intento de abordar el desequilibrio de género. El tema de las compensaciones a las mujeres se considerará más a fondo en la sección sobre “Las mujeres en situaciones de conflicto”.
Igual acceso al crédito financiero
Falta de acceso de las mujeres a servicios crediticios
En principio, y de conformidad con las garantías de no discriminación establecidas en la Constitución, el acceso al crédito debería ofrecerse sin discriminación. No obstante, en los Congresos Regionales de Mujeres se ha determinado que la falta de acceso de las mujeres al crédito es un problema de gran magnitud y el Gobierno reconoce en el NDP la necesidad de mejorar esos servicios para las mujeres.
Los fundamental es que en Timor-Leste hay pocos servicios establecidos de crédito al sector de microempresas y pequeñas empresas. El desempeño de los planes de pequeños préstamos ha sido desigual y que las mujeres y los residentes de zonas rurales reciban crédito depende en gran medida de la respectiva institución. Una encuesta del BAsD realizada poco después de finalizar la ocupación indonesia comprobó que un 56% de los encuestados, entre los cuales dos terceras partes de las mujeres, carecían de acceso al crédito. A fin de obtener crédito, las mujeres debían probar que trabajaban en el sector público o que sus esposos trabajaban en el sector público, proporcionar cartas de referencia y llenar formularios de solicitud. Además, en la solicitud era necesario que figurara también la firma del esposo, a fin de que la mujer pudiera obtener un préstamo. Otro requisito actual adicional es que todas las mujeres y todos los hombres presenten un certificado de su médico de que gozan de buena salud y puedan devolver el préstamo.
Una encuesta realizada por el PNUD y la OIT en 2001 estableció que sólo un 6% de los empresarios entrevistados habían recibido un préstamo de cualquier tipo. Muchos de esos empresarios declararon que la tasa de interés era demasiado elevada y que la tendencia era a otorgar préstamos para un conjunto muy limitado de actividades.
En momentos de prepararse este informe, hay solamente tres bancos extranjeros operando en el país, todos ellos ubicados en la capital. Todos proporcionan algún tipo de crédito. No obstante, tienden a orientarse hacia lo que consideran actividades productivas y, en su mayor parte, dejan de lado las actividades en el sector no estructurado (informal). Un banco proporciona préstamos solamente si el prestatario deposita una suma igual a la del préstamo. Ésta es una considerable barrera para las mujeres, puesto que, ante todo, carecen de otros bienes para garantizar el préstamo. Pero uno de los bancos proporciona crédito a las mujeres por sí mismas con destino a pequeñas empresas con sede en Dili y señaló que, en general, es menos probable de que las mujeres dejen de devolver las sumas adeudadas.
Hasta la fecha, el mayor de los programas para pequeñas empresas en Timor-Leste ha sido el Proyecto de asistencia a las pequeñas empresas (SEP) del Banco Mundial. Un aspecto positivo de este proyecto ha sido la creación de 1.326 empleos; pero de esos empleos, un 72% fueron ocupados por hombres.
Los resultados de este proyecto también indican una tendencia a financiar actividades donde predominan los hombres. El total de los préstamos otorgados, dos quintas partes se destinaron a servicios de transporte y uno de cada cuatro correspondió a operaciones en Dili. La mayor parte del resto de los préstamos se destinó a la adquisición de taxis, minibuses, tiendas, talleres de carpintería y reparación y centrales de procesamiento de café. Una reciente encuesta de mercado acerca de las oportunidades de empresas comunitarias en Timor-Leste, realizada por el MLCR en 2005, confirma una clara división de género en las ideas empresariales. Las mujeres tratan de desarrollar comercialmente las aptitudes tradicionales, como cocina, costura y producción de artesanías, mientras que las ideas masculinas de posibles empresas se orientan hacia cuestiones mecánicas y tecnológicas. De los 335 préstamos otorgados como parte del SEP, sólo un 16% correspondió a mujeres empresarias.
Otra dificultad de los planes de préstamos como el SEP es que no se orientan hacia microempresas en el sector paralelo (informal), donde trabajan, en su mayoría, las mujeres timorenses. Estos planes más pequeños suelen requerir préstamos de entre 500 y 100 dólares EE.UU. Hay algunos programas de microcrédito financiados por donantes para subsanar esa situación, que están a cargo de ONG. Si bien se ha tratado de coordinar y regularizar esos programas, es preciso evaluar más a fondo los proyectos.
Medidas para proporcionar servicios de crédito
El Banco Asiático de Desarrollo (BAsD) está ejecutando un proyecto de desarrollo de las microfinanzas con los siguientes objetivos:
•Formular las políticas y los marcos estratégicos conducentes al desarrollo de las instituciones de microfinanciación (MFI) y al apoyo a éstas;
•Desarrollar una capacidad local apropiada a fin de establecer modelos de MFI de eficacia comprobada;
•Rehabilitar y ampliar las operaciones de las cooperativas de crédito que existían en el país antes del conflicto de 1999;
•Establecer un banco de microfinanciación, administrado y conducido enteramente por personal nacional.
Al reconocer las barreras con que tropiezan las mujeres para obtener créditos oficiales, el BAsD trata de proporcionar programas de microempresas que faciliten el acceso de las mujeres al crédito, ofreciendo préstamos de trámite rápido con tasas de interés accesibles. Se ayuda a las mujeres a completar las necesarias solicitudes, y para promover la devolución de los préstamos se cuenta con las presiones sociales y el incentivo de futuros préstamos. Hasta la fecha, en virtud del proyecto STAGE aproximadamente 5.000 mujeres de diferentes distritos se han beneficiado con programas de microcrédito.
Participación en actividades recreativas, deportes y vida cultural
Como ya se indicó en las secciones de este informe sobre educación, el Gobierno ha asignado prioridad a incluir la educación deportiva en los currículos escolares, como parte de acciones generales encaminadas a dar mayor visibilidad a los deportes en Timor-Leste. Muchos de los obstáculos que se oponen a la introducción en las escuelas, entre ellos, limitada capacidad técnica y equipo insuficiente, atañen también a los centros deportivos locales al servicio de la comunidad en general.
De conformidad con las disposiciones de la Constitución, cada ciudadano tiene derecho al disfrute de la cultura y la creatividad. Las mujeres timorenses regularmente presentan el resultado de su talento en exposiciones de arte locales y despliegan actividades en grupos de danzas y de teatro, como Kuda Talin, presentando obras concretamente relativas a la situación de las mujeres timorenses. Una expresión popular de la cultura timorense son las danzas y canciones tradicionales, presentadas por mujeres y niñas adolescentes y difundidas regularmente por las cadenas locales de televisión.
En la actualidad, se dispone de pocos datos con respecto a la diversidad de la cultura timorense, incluida la producción de sus numerosas artesanías. Dada la ausencia de maestros tradicionales, predominantemente mujeres, que puedan transmitir aptitudes como el tejido tais en telar, se corre peligro de que estos conocimientos se pierdan en las futuras generaciones. Otras actividades culturales populares, como las riñas de gallos, son casi exclusivamente masculinas, no obstante, pueden tener efectos negativos en la vida de las mujeres. En las Consultas regionales relativas a la CEDAW se indicó que las riñas de gallos estaban asociadas con apuestas en juegos de azar y consumo de alcohol, cuestiones que pueden tener consecuencias negativas para la familia, y para las mujeres en particular. Se pierde un ingreso de importancia vital que de otro modo sufragaría alimentos, educación y atención de la salud, y los miembros de la familia se ven perjudicados por la violencia dimanada del consumo de alcohol.
Mujeres rurales (Artículo 14 de la CEDAW)
Las campesinas en la población
Como ya se señaló en el Documento Básico común, en Timor-Leste hay mayor cantidad de hombres que de mujeres y esta desproporción es mayor en zonas rurales. Además, hay considerables variaciones entre distintos distritos. Según el Censo de 2004, casi las tres cuartas partes de la población total residen en zonas rurales y las mujeres constituyen un 49,7% del total de la población rural.
Pautas de migración de las campesinas
En las pautas de migración predominan los desplazamientos de hombres jóvenes, quienes poseen mayor movilidad, se desplazan entre los distritos y se trasladan a la capital. En general, los que migran han recibido algún grado de educación. La investigación indicó que muchos campesinos se desplazan hacia zonas urbanas en busca de empleo, para estudiar y/o para escapar a problemas en las familias. Los efectos adicionales de los organismos internacionales de desarrollo también acrecientan la migración y la movilidad y atraen a las personas hacia la capital. Dado que la facilidad para desplazarse y el acceso a la educación son factores que influyen sobre la emigración desde los distritos, las campesinas tienen menos probabilidad de acudir a los centros urbanos con la misma frecuencia que los hombres.
Hogares de zonas rurales que tienen por jefa a una mujer
Como ya se señaló en este informe, de todos los hogares particulares, un 19% tiene por jefa a una mujer; por otra parte, una gran proporción de éstos tienen por jefa a una mujer de edad. Por ejemplo, un 42% de los jefes de hogar mayores de 64 años de edad son mujeres. En zonas rurales, un 19,2% de todos los hogares particulares tienen por jefa a una mujer, en comparación con 17,9% en zonas urbanas. Este porcentaje varía considerablemente de un distrito a otro, con un 12% de hogares que tiene por jefa a una mujer en Manufahi en comparación con 31,7% en Manatuto.
Se ha comprobado que los hogares que tienen por jefa a una mujer figuran entre los más vulnerables de la población. Dado que la principal ocupación de esos hogares es la agricultura, en ausencia de un apoyo compartido y de empleos locales remunerados, es muy difícil para las mujeres realizar ese trabajo por sí mismas.
Las campesinas y el trabajo no remunerado
Como ya se indicó en la sección sobre “Igualdad en el empleo”, las mujeres tienen un importante papel en la economía paralela (informal) y en la supervivencia de su familia. En las zonas rurales, poco menos del 90% del empleo femenino está ubicado en el sector agrícola. De conformidad con la Recomendación General CEDAW No. 16, el Gobierno informa de que un 70% de las mujeres agricultoras, en comparación con un 46% de las que realizan tareas no agrícolas, no reciben remuneración por sus servicios; no obstante, esas proporciones deben considerarse desde la perspectiva de una sociedad que depende en gran medida de la agricultura de subsistencia. De las mujeres que efectivamente reciben ingresos en efectivo, 1% trabajan en la agricultura y 25%, en otro sector. Del trabajo no remunerado de las mujeres en el sector agrícola, la mayor parte es trabajo para la familia.
Las mujeres ocupadas en el sector agrícola, en su mayoría, trabajan a jornada parcial. Sólo un 9% de las agricultoras trabajan durante todo el año y la mayoría (86%) son trabajadoras estacionales. En las DHS no se recogieron datos sobre la ocupación de los hombres con fines de comparación.
Acceso de las campesinas a los servicios sociales
En otras secciones de este informe se han descrito los problemas con que tropiezan las campesinas en relación con el acceso a la atención de la salud, a la capacitación y educación y al crédito. Como ya se señaló, las campesinas reciben menos atención prenatal y atención obstétrica de emergencia que las residentes en zonas urbanas. En los distritos occidentales son particularmente altas las tasas de mortalidad de lactantes. Además, la probabilidad de que las campesinas conversen de temas de planificación de la familia con sus esposos es menor que la de las residentes urbanas y su bajo nivel de conocimientos acerca de la salud sexual en general agrava la vulnerabilidad de las campesinas a las ITS y al VIH/SIDA.
Las campesinas suelen tener bajos niveles de educación y un acceso limitado a las escuelas secundarias y a las instituciones terciarias. En este grupo prevalecen los altos niveles de analfabetismo, la pobreza y los prejuicios culturales, los cuales, sumados a la falta de transporte, impiden que asistan a la escuela. Las mujeres reciben menos alimentación que los varones; por lo general, comen en último lugar, y sólo consumen una comida por día. Se han registrado los más altos niveles de deficiencia crónica de energía (CED) entre las mujeres de entre 45 y 49 años de edad, pertenecientes a hogares pobres, que carecen de educación y que residen en las zonas rurales occidentales y centrales y en las regiones serranas.
La falta de empleo y de actividades de generación de ingresos coloca a las campesinas, especialmente a las viudas, en situación extremadamente vulnerable. Al no tener otra opción para mantener a sus familias, pueden fácilmente recurrir a trabajar en la industria del sexo comercial, y tratar de casar a sus hijas cuando todavía no tienen edad suficiente. Pese a los sostenidos esfuerzos de los servicios de apoyo y tomando en cuenta la Recomendación General CEDAW No. 19 para asegurar que se proporcionen servicios especiales a las comunidades aisladas, hay menos acceso a los servicios médicos de emergencia y de asesoramiento psicosocial en las zonas rurales que en las urbanas para las víctimas de violencia en el hogar, ataque sexual y maltrato infantil. En el período de enero a junio de 2006, sólo un 11% de las clientas remitidas a los servicios de apoyo a las víctimas de JSMP procedían de los distritos. La elevada incidencia de denuncias de violencia de todo tipo por motivos de género en el distrito de Dili, en comparación con todos los demás distritos, también puede atribuirse a que en las zonas urbanas hay mejor acceso a la policía que en las rurales.
Como se señaló en la sección sobre “Prestaciones económicas y sociales”, para las mujeres de Timor-Leste es difícil tener acceso al crédito; por otra parte, éste es un problema para el sector rural en general. Según se estima, la mitad de los agricultores toman préstamos de los comerciantes y otro 14%, de parientes y amigos. El resto carece de acceso a cualquier forma de crédito. En momentos de prepararse el presente informe, el Ministerio de Desarrollo y Medio Ambiente está examinando la posibilidad de introducir cooperativas de crédito. Aun cuando en el NDP se prevé explícitamente una mayor participación de las mujeres en los consejos rurales, la realidad es que no se solicitan las opiniones de las mujeres en cuestiones que afecten a sus comunidades ni se alienta su participación, pese a que las mujeres desempeñen un dinámico papel en las actividades comunitarias. Hasta la fecha, las campesinas tienen escasa voz en el diseño y la aplicación de políticas y programas que las afectan.
Respuesta del Gobierno
Las medidas gubernamentales para responder a algunos de los problemas precedentemente indicados se han descrito en otras secciones de este informe. En su NDP, el Gobierno reconoce la necesidad de mejorar la calidad y la cantidad de los servicios sociales en zonas rurales, prestando especial atención a los pobres, las mujeres y otros grupos vulnerables.
En particular, el Gobierno está tratando de abordar las necesidades de las campesinas en sus políticas para el sector agrícola; pero, en momentos de prepararse este informe, reconoce que esas son declaraciones de intención y que aún no se han formulado programas y proyectos concretos.
El Gobierno tiene la intención de orientar los programas de agricultura y cría de ganado directamente hacia la seguridad alimentaria y la reducción de la pobreza de todos los hogares rurales. Los programas propuestos incluirán actividades particulares que abordarán la productividad laboral de los hogares, la producción alimentaria y la nutrición y se espera que redunden en beneficio directo para las mujeres y los niños. También se prestará atención a las necesidades particulares y a las limitaciones de tiempo que pesan sobre las mujeres que tienen por jefa a una mujer.
En el Programa de seguridad alimentaria se incorporarán las necesidades especiales de las mujeres y de los grupos en situación desventajosa, particularmente prestando especial atención al abastecimiento de alimentos, su calidad y preparación, a las huertas familiares, a la cría de pequeños animales y al desperdicio y almacenamiento de alimentos. Se introducirán nuevos programas de agricultura en las escuelas de enseñanza de oficios agrícolas en Maliana, Natabora y Fuiloro, con lo cual se beneficiará a las campesinas.
El Gobierno también está proponiendo impartir capacitación sobre cuestiones de género al personal predominantemente masculino del Ministerio de Agricultura, Silvicultura y Pesca para asegurar que se involucre plenamente a las mujeres en los nuevos programas de seguridad alimentaria, prestación de servicios y agricultura comercial. Se emplearán diversas técnicas, entre ellas, actividades en grupos separados para las mujeres, tecnologías orientadas a los intereses y necesidades de la mujer, y métodos de difusión adaptados a los bajos niveles de alfabetización y de conocimientos de aritmética. No obstante, se reconoce que en la actualidad hay escasez de personal para atender varios distritos y éste puede ser uno de los factores que obstaculizan la efectiva puesta en práctica de los planes.
En el sector de silvicultura, el Gobierno reconoce que es necesario involucrar a las mujeres en procedimientos tradicionales de gestión de los recursos, aun cuando en momento de prepararse este informe no se disponía de datos acerca de programas concretos. En el primer informe periódico se podrá incluir más información sobre cada uno de los programas.
En relación con el sector de pesca, las mujeres participan en el procesamiento y la distribución del pescado capturado, pero en Timor-Leste predominan los hombres en el sector de captura. Dado que aún no se aprovechan los recursos de pesca en alta mar, no hay todavía centrales de procesamiento en la costa, como ocurre en establecimientos pesqueros bien establecidos en otras regiones. Una vez que comience el procesamiento, debe prestarse atención a ofrecer a hombres y mujeres igual acceso a los empleos a todos los niveles. Con el advenimiento de conceptos de gestión comunitaria, se acepta en general que las cuestiones de género desempeñan un importante papel, dado que en muchas zonas las mujeres y los niños pescan, no en embarcaciones sino recogiendo pescado en los arrecifes. Se prevé que el enfoque propuesto de proyectos de gestión comunitaria abordará concretamente las cuestiones de género. En el primer informe periódico también se podrá ofrecer más información sobre los adelantos en este sector.
Condiciones de vida de las campesinas
Como ya se describió en el Documento Básico común, en las zonas rurales hay escaso acceso a agua no contaminada, instalaciones de saneamiento, vivienda adecuada y abastecimiento de electricidad, y esto tiene enormes efectos sobre las vidas de las mujeres allí residentes. Otra importante limitación que pesa sobre las campesinas es el acceso escaso e intermitente a caminos y comunicaciones, particularmente en las zonas serranas de más altitud, en especial durante la estación de las lluvias. El transporte infrecuente tiene efectos negativos sobre la productividad; y perturba el acceso a servicios de salud, escuelas, mercados e información. Hasta el momento, se han ejecutado programas para mejorar la infraestructura y los servicios con la intención de mejorar las vidas de comunidades enteras, sin incluir un componente concretamente de género.
Abastecimiento de agua y saneamiento
Las participantes en los Congresos Regionales de Mujeres mencionaron que la falta de agua no contaminada y saneamiento es un importante problema de salud y económico relacionado con sus papeles sociales como mujeres. Las investigaciones sobre cuestiones de género realizadas al respecto indicaron que, aun cuando las mujeres timorenses se responsabilizan de recoger agua y supervisar su utilización en los hogares, no se considera que tengan conocimientos sobre el agua, o que éste sea necesario. En algunas zonas rurales, se ha excluido a las mujeres de la adopción de decisiones sobre cuestiones como la ubicación de grifos públicos o pozos de agua, puesto que se consideró que se trataba de cuestiones demasiado técnicas. Las mujeres manifestaron que no sabían que en sus comunidades había grupos de gestión del agua o que debían pagar un arancel por el agua.
Es evidente que las mujeres dedican más tiempo a recoger agua y a actividades de saneamiento y que, por ende, tienen menos tiempo para actividades generadoras de ingreso o para su propio descanso. Las niñas que recogen agua temprano por la mañana suelen estar cansadas cuando llegan a la escuela y algunas no asisten a ella.
Las mujeres y los derechos de propiedad de la tierra
Marco legislativo
En Timor-Leste, la propiedad de tierras y de inmuebles es un importante problema debido a las grandes cantidades de propiedades que actualmente no tienen título. Una historia de desahucios y expulsiones desde tiempos portugueses y durante la ocupación indonesia ha producido la actual gran cantidad de complicadas reivindicaciones de la propiedad de la tierra que compiten entre sí. Hay cuatro categorías de reivindicaciones: controversias con respecto a los títulos emitidos bajo dominio portugués y bajo dominio indonesio, ocupación durante largos períodos e intereses tradicionales subyacentes.
Además, si bien la Dirección de Tierras y Bienes Inmuebles (DNTP), Dependencia del Ministerio de Justicia, ha elaborado un marco jurídico para la propiedad de tierras y bienes inmuebles en Timor-Leste, con el apoyo del Programa de legislación de la tierra USAID-ARD, muchos de esos proyectos de ley aún no han sido aprobados y promulgados.
Actualmente, están en vigor la Ley No. 1/2003 “Régimen judicial de los bienes raíces: Propiedad” y la “Ley sobre administración y arriendo de las propiedades del Estado”. Por otra parte, el Parlamento ha aprobado la Ley sobre “Alquileres entre particulares”, que aún no ha sido promulgada. Por último, en momentos de prepararse este informe, las leyes sobre “Mediación en controversias sobre tierras” y “Sistema de propiedad, transferencia de dominio, registro, derechos preexistentes y restitución de títulos” aún no se han presentado a consideración del Consejo de Ministros.
Según se estima, hay en Timor-Leste aproximadamente 200.000 parcelas de tierra, de las cuales una cuarta parte han sido inscritas en el Catastro oficial. En su mayoría, estaban registradas en tiempo de la ocupación indonesia y, por consiguiente, no es sorprendente que de las 10.000 reivindicaciones de propiedad de la tierra presentadas después de la independencia, un 90% hayan sido presentadas por ciudadanos indonesios. Muy pocas controversias sobre tierras y bienes raíces se han presentado ante los tribunales de distrito; la mayoría fue recibida por el Tribunal de distrito de Dili y constituye poco menos de un 30% de todos los casos civiles que tramitan ante este Tribunal. En muchos de esos casos, aún no se ha llegado a una decisión final, debido principalmente a los numerosos problemas que asolan el sistema de justicia, descritos en otras secciones del presente informe. Hasta la fecha no se han analizado los tipos de controversia sobre propiedades en zonas urbanas y rurales que tramitan ante los tribunales. No se dispone de datos sobre el número de casos cuyo trámite fue iniciado por mujeres, ni sobre los resultados del trámite de esos casos.
Las controversias legales más frecuentes en Timor-Leste, las relativas a la propiedad de la tierra, en su mayoría llegan a un arreglo extrajudicial por conducto de la mediación. La DNTP asume funciones de supervisión y administración en relación con las controversias relativas a propiedades públicas y privadas y tiene facultades especiales en virtud de la Ley “Régimen judicial de la propiedad de bienes inmuebles” para llegar a arreglos a través de mediación. La DNTP involucra regularmente a los líderes tradicionales en la mediación de controversias respecto de tierras en los distritos. Casi las tres cuartas partes de los timorenses opinan que el proceso de adat es la mejor manera de encontrar una solución cuando fracasan las conversaciones sobre problemas de la tierra entre las partes en pugna. Las mujeres trabajadoras forman parte del grupo (en mejor posición económica, con más educación y residente en zonas urbanas) que se pronuncia en favor de la resolución jurídica por conducto de los tribunales.
La DNTP también imparte capacitación sobre mediación a los líderes tradicionales y la comunidad. No se han efectuado investigaciones para determinar si los mecanismos tradicionales de resolución de controversias son aptos para resolver los diferentes tipos de controversias sobre tierras. Se ha señalado que los líderes tradicionales han estado dictaminando “de facto” sobre la asignación de tierras en las comunidades locales.
Disfrute de la propiedad de la tierra por las mujeres
La actual falta de claridad sobre el derecho a la propiedad de la tierra y los bienes raíces en Timor-Leste crea obstáculos para el desarrollo rural y económico y afecta especialmente las perspectivas económicas de las mujeres. Las tierras son el bien principal de los hogares timorenses y cuando carecen de títulos de propiedad de la tierra, los agricultores son renuentes a efectuar inversiones a largo plazo.
Éste es el caso particularmente de las agricultoras, que tienen una inseguridad incluso mayor con respecto al acceso a la propiedad de la tierra. Las agricultoras, particularmente las que han regresado a Timor-Leste después de 1999 como jefas de familia han enfrentado cambios en los límites de las aldeas y la reubicación de caseríos o reasentamientos en tierras ancestrales. También tienen presente la inseguridad en sus derechos a la propiedad y al uso de la tierra. Aun cuando el Artículo 54 (1) de la Constitución reconoce los derechos a la propiedad privada de bienes para “toda persona” y que ésta puede “transferir la propiedad durante su vida o al morir”, como se señaló en el Documento Básico común, la propiedad de la tierra suele heredarse por vía masculina, con la excepción de los grupos que pertenecen a clanes matrilineales.
En una encuesta realizada en 2004 por el Programa de Legislación de la Tierra en Timor-Leste (LLP) con respecto a los derechos a la herencia de una mujer soltera después del fallecimiento de sus progenitores, en los sistemas matrilineales los encuestados respondieron que normalmente han de heredar las tierras junto con sus hermanos varones; en familias patrilineales, más del 30% de los encuestados declararon que probablemente heredará alguna porción de la tierra, pero que si contrae matrimonio, sus derechos a la tierra pasarán a sus hermanos varones. En algunas familias patrilineales (poco menos de la cuarta parte de todos los casos) la mujer no heredará nada y o bien deberá vivir en tierras de propiedad de sus hermanos varones o su familia puede decidir darle una porción de tierra.
Con respecto a los tipos de transacciones sobre la tierra en que una mujer puede participar, también en este caso esto depende de que si pertenece a una familia matrilineal o patrilineal. En las familias matrilineales, una mujer puede comprar, vender o arrendar tierras urbanas o de un suco; pero, en cambio, una gran mayoría de los encuestados pertenecientes a familias patrilineales (aproximadamente 80%) indicaron que las mujeres no pueden participar en transacciones relativas a la tierra.
En el actual debate nacional sobre el régimen de tierras, hubo escasa consideración de los derechos a la tierra de las mujeres timorenses. En las Consultas regionales relativas a la CEDAW, las mujeres declararon enfáticamente que las leyes tradicionales de la tierra les deniegan sus derechos a la propiedad de tierras y otros recursos, con lo cual refuerzan su marginación en la economía posterior a la independencia. Esta falta de reconocimiento oficial de los derechos a la tierra también fue planteada por las delegadas en los Congresos Regionales de Mujeres celebrados en 2000 y 2004. La encuesta de LLP comprobó que al menos la mitad de todas las mujeres pertenecientes a familias tanto matrilineales como patrilineales aspiraban a tener más acceso a opciones relativas a la tierra que las que disponían a la sazón y entre las encuestadas pertenecientes a familias patrilineales, el porcentaje fue mayor (60%).
Igualdad ante la L ey y en materias civiles (Artículo 15 de la CE DAW)
Igualdad ante la L ey
Como se señaló en el Documento Básico común, el Artículo 17 de la Constitución timorense estipula: “Las mujeres y los hombres tendrán los mismos derechos y deberes en todas las esferas de la familia y en la vida política, económica, social y cultural”. Pese a esta disposición, la participación de las mujeres en los sectores de justicia tradicional y oficial es limitada y a menudo, superficial.
Como ya se señaló en este informe, las mujeres tienen poco o ningún conocimiento de sus derechos jurídicos básicos y carecen de acceso a mecanismos jurídicos oficiales. Según el derecho consuetudinario, las mujeres tienen escasa o ninguna capacidad jurídica real. La encuesta realizada por la Asia Foundation en 2003 sobre conocimientos de los ciudadanos acerca del derecho y la justicia en Timor-Leste es una de las fuentes principales de datos acerca del uso de los sistemas de justicia tradicionales. Lamentablemente, aun cuando hay una sección especial sobre las mujeres y el derecho y pese a que la muestra de la encuesta se componía de un 49% de mujeres, los resultados, en su mayoría, no están desagregados por sexo. Por ende, es muy limitado el análisis detallado de las diferencias entre mujeres y hombres en lo concerniente tanto a los usos como de los mecanismos de la justicia tradicional a las actitudes al respecto. Por otra parte, las constataciones del informe indican que la mayoría de los timorenses apoyan la igualdad de género dentro de la Ley y, en particular, que las mujeres disfruten de más derechos a la propiedad de la tierra y a hacerse oír en los procesos tradicionales de adat.
La mayoría de los casos en que las mujeres entran en contacto con el sistema de justicia oficial son casos de ataque físico y sexual y la forma en que éstos tramitan en los tribunales ya se ha indicado en sección sobre “Medidas contra la discriminación: violencia por motivos de género” (Art. 2). Las decisiones adoptadas en los mecanismos de justicia tanto tradicionales como oficiales tienden a reflejar las creencias y prejuicios culturales del respectivo administrador de justicia y las opiniones que tiene la sociedad en su conjunto respecto de las mujeres. En los trámites ante la justicia local, no se consideran suficientemente las normas internacionales relativas a los derechos de la mujer y los casos no se resuelven expeditivamente.
Pese a lo dicho, en marzo de 2006, en un caso de intento de violación sexual de una menor, un acusado ante el Tribunal de distrito de Dili recibió una sentencia de reclusión de dos años y medio, que puede compararse favorablemente con otras sentencias en casos de delitos de violencia sexual. El Juez que presidió la sesión del Tribunal tomó en cuenta tanto las circunstancias agravantes como las atenuantes y el caso se tramitó expeditivamente. Hasta cierto punto, esto representa una mejora para las mujeres que recurren a la justicia en casos de delitos de violencia por motivos de género.
Igualdad en materias civiles
En momentos de prepararse este informe, se está llevando a término el Código Civil timorense, cuyo contenido aún no se ha dado a conocer públicamente.
En relación con la libertad de escoger el lugar de residencia, la legislación actualmente aplicable, el Artículo 21 del Código Civil indonesio, establece: “Una mujer casada que no tiene una separación de hecho no tendrá una residencia distinta de la de su esposo”. Además, está obligada a seguirlo “dondequiera que él escoja el lugar de residencia” y, en ausencia del consentimiento escrito de su esposo, no puede “ceder, vender, trabar o adquirir” el inmueble en el que están residiendo. En la práctica, el matrimonio afecta realmente el lugar en que reside una mujer; normalmente va a vivir a la residencia de su esposo junto con la familia de éste, a menos que pertenezca a una familia matrilineal, en cuyo caso tiene el derecho de vivir en el inmueble de residencia de su propia familia. En caso de divorcio o separación, con frecuencia la mujer debe regresar al hogar de su familia.
Además, como se señaló a lo largo de este informe, las mujeres tienen limitadas posibilidades de tener empleo, iniciar empresas o asumir obligaciones contractuales. En virtud de la legislación aplicable actualmente, los bienes de la mujer deben ser administrados por su esposo, a menos que se estipule otra cosa. Durante el curso de su matrimonio, la mujer puede solicitar división de bienes si su esposo ha actuado incorrectamente o ha administrado mal sus asuntos.
De conformidad con la legislación en vigor, una mujer no puede presentarse ante los tribunales sin la asistencia de su esposo, salvo cuando se la enjuicia en un caso criminal o cuando solicita divorcio o separación legal, o separación de bienes.
En el Plan Nacional de Desarrollo se reconoce que es mucho lo que queda por hacer para garantizar la protección los derechos fundamentales de la mujer y abordar los obstáculos sociales y culturales que favorecen el acceso preferencial de los hombres a las oportunidades. En los Congresos Regionales de Mujeres celebradas en 2004, se hizo hincapié en la justicia y la gobernanza como esferas prioritarias para la ampliación de los medios de acción de la mujer.
Sección adicional: Las mujeres en situaciones de conflicto
Al reconocer la contribución de las mujeres timorenses durante los períodos de ocupación y considerando la importancia de la resolución 1325 (2000) del Consejo de Seguridad como adelanto de importancia crucial hacia el empoderamiento de la mujer para la paz y la seguridad, en este informe inicial del Estado Parte de la CEDAW se incluye una sección adicional sobre “Las mujeres en situaciones de conflicto”.
Los años de ocupación han tenido efectos devastadores sobre las vidas de los timorenses ordinarios. Aun cuando había habido casos de violencia antes de la invasión por las fuerzas de seguridad indonesias, las investigaciones de la CAVR sobre el período ulterior de 25 años encontraron pruebas objetivas de: violencia sistemática, maltrato, matanzas extrajudiciales, detención y tortura.
Las mujeres y los hombres experimentaron el conflicto de maneras diferentes. Se consideraba que los hombres eran opositores políticos, en los que hacían blanco especialmente los militares indonesios, y eran detenidos, torturados y asesinados. Las mujeres, en menores cantidades, también padecieron graves infracciones a sus derechos humanos, incluido el derecho a la vida, a la seguridad de la persona, a la vida en familia, y a no ser sometidas a tortura o tratos inhumanos y degradantes; pero las mujeres fueron las principales víctimas de la violencia sexual, pues eran mujeres dos de cada tres personas que denunciaron este delito ante la CAVR. También fueron las únicas víctimas de violación y esclavitud sexual, las dos formas de violencia sexual más frecuentemente denunciadas.
El conflicto se cobró un enorme precio en las mujeres timorenses, porque cuando los varones miembros de sus familias eran heridos o muertos o desaparecían, eran las mujeres quienes pasaban a ser exclusivamente responsables de la supervivencia y la protección de sus familias, con escasos medios de mantenerse a sí mismas, de modo que pasaban a ser cada vez más vulnerables al maltrato infligido por terceros. La violencia sufrida a manos de las fuerzas de seguridad conducía con frecuencia a la discriminación y el ostracismo por parte de su propia comunidad, que las consideraba “mujeres caídas”.
Razones para hacer blanco en las mujeres
Los resultados de las audiencias de la CAVR indicaron que las mujeres y las niñas que habían padecido maltrato y otras formas de violencia sexual a manos de los militares indonesios fueron blanco de los ataques de éstos por diversas razones, entre ellas participación directa en el movimiento de resistencia como combatientes, como miembros de las OMPT o como fuentes de alimentos y medicamentos para los luchadores en la resistencia. También se hizo blanco en otro grupo de mujeres debido a sus relaciones con los luchadores de la resistencia o su pertenencia a comunidades en que se sospechaba se protegía a la resistencia o había simpatía por ésta. Las mujeres y las niñas de este grupo en particular a menudo eran detenidas, torturadas y objeto de maltrato sexual. Hubo dos casos notables; el incendio de la aldea de Mauchiga, distrito de Ainaro, en 1982 por los militares indonesios y las matanzas en Kraras, Viqueque, en 1983. Un tercer grupo de mujeres fueron objeto de ataques simplemente durante operaciones militares en gran escala contra poblaciones civiles.
Maltrato que perjudica la salud reproductiva
Otro ejemplo de las experiencias de género durante el conflicto es que las mujeres timorenses padecieron infracciones a sus derechos reproductivos. Como ya se señaló en este informe, aun cuando el programa de planificación de Indonesia causó temor generalizado en la población e impidió que las mujeres y las niñas acudieran a clínicas de salud y a escuelas, hubo un número muy pequeño de casos de abuso, que se presentaron posteriormente ante la CAVR. Esto tal vez se deba a que el programa en general no alcanzó sus objetivos o a que quienes presentaron su testimonio en las audiencias de la CAVR no tenían conciencia de que se habían infringido sus derechos humanos en virtud de ese programa.
Se denunciaron ante la CAVR seis casos de presuntas infracciones a los derechos de salud reproductiva, en que se forzó a las mujeres, directa o indirectamente, a utilizar medios de control de la natalidad, por ejemplo, tres casos en que se torturó a embarazadas o en que éstas tuvieron abortos espontáneos, y otros dos casos en que individuos que tenían sometidas a mujeres a una suerte de esclavitud sexual las habían obligado a someterse a abortos. Posteriormente, la CAVR no pudo sustanciar las denuncias de esterilización forzada durante el conflicto.
Las mujeres y la Dependencia de Delitos Graves del Tribunal Especial
Como se señaló en el Documento Básico común, el mandato de la Dependencia de Delitos Graves del Tribunal Especial expiró en mayo de 2005. A diferencia del Grupo de Delitos Especiales, tenía jurisdicción exclusiva para investigar y enjuiciar delitos internacionales, violación sexual y asesinato. En el momento de finalizar su mandato, seguían pendientes de consideración varias órdenes de arresto. Pese a que varias ONG locales de mujeres presentaron a los investigadores información sobre delitos por motivos de género, sólo se investigó una pequeña cantidad de delitos de violencia contra la mujer. Tal vez esto se deba a que algunas mujeres no quisieron llevar sus casos al Tribunal.
En consecuencia, muchas mujeres timorenses piensan que en sus casos, no se ha hecho justicia. Si bien hubo un cierto reconocimiento de su papel y su sacrificio durante los años de la ocupación, debido en parte a sus testimonios durante las audiencias de la CAVR, muchos perpetradores de delitos siguen en libertad, fuera de la jurisdicción de los tribunales.
Las mujeres y los programas de compensación
Varios talleres sobre compensación, conducidos por la CAVR con la ayuda de Fokupers, una ONG local de mujeres, proporcionaron a las mujeres un ámbito protegido y de apoyo para que hablaran de las experiencias traumáticas del pasado y las superaran, además de determinar importantes necesidades. En esos talleres participaron tanto hombres como mujeres.
Al finalizar sus operaciones, la CAVR había proporcionado compensación, en forma de indemnizaciones en efectivo, a 516 hombres y 196 mujeres. De esos hombres y mujeres, algunos también se beneficiaron con visitas a domicilio y atención complementaria dispensada por ONG locales. No obstante, algunas mujeres tropezaron con dificultades para tener acceso al programa de compensación, debido principalmente a la creencia cultural de que eran los hombres quienes ya representaban las experiencias de las familias con respecto al conflicto.
Varias organizaciones de mujeres han exhortado a establecer un programa más amplio de compensación, formulado en consulta plena con las mujeres. Entre los beneficiarios deberían incluirse los siguientes grupos: mujeres veteranas de las luchas, viudas, sobrevivientes de violencia sexual y tortura y madres solteras. Como se señaló en el Documento Básico común, el Gobierno de Timor-Leste ha puesto en práctica el programa RESPECT, a fin de financiar actividades para encontrar empleo y ganarse la vida en beneficio de grupos vulnerables de la sociedad, entre ellos veteranas de las luchas, viudas y jóvenes. No obstante, se reconoce que, al igual que en el pasado, las mujeres han tenido un escaso papel en el diseño de los programas de compensación. Una de las dificultades de poner en práctica esos programas es llegar hasta las mujeres sobrevivientes. Sólo un pequeño porcentaje de mujeres participaron en el proceso de recepción de declaraciones ante la CAVR y es preciso establecer mecanismos para involucrar más a esas mujeres.