El 47% de los actos de victimización denunciados a la policía se habían cometido contra mujeres de 15 a 29 años; a partir de esta edad la victimización disminuía con los años (véase la figura 1).
Figura 1
Los delitos pueden llegar a conocimiento de la Policía mucho tiempo después de haberse cometido, y la duración de las investigaciones puede variar. Entre julio de 2014 y noviembre de 2017 hubo 38.060 investigaciones de delitos contra la integridad personal cometidos contra mujeres que condujeron (dentro de los 30 días siguientes a la fecha en que tuvo conocimiento la Policía) a la adopción de medidas por los tribunales. El 92,2% eran actos cometidos con la intención de causar daño (véase el cuadro 2).
Cuadro 2
Delitos contra la integridad personal – actos de victimización notificados respecto de todas las mujeres en los casos en que la investigación concluyó (dentro de los 30 días siguientes a la fecha en que la Policía tuvo conocimiento del asunto)
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ANZOC - Delitos contra la integridad personal |
Denunciados |
Porcentaje |
|
Actos cometidos con la intención de causar daño |
34 814 |
92 , 20 |
|
Agresión sexual y delitos concurrentes |
2 094 |
5,50 |
|
Robo, extorsión y delitos concurrentes |
853 |
2,20 |
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Secuestro, hostigamiento y otros delitos concurrentes contra la integridad personal |
299 |
0,80 |
|
Total |
38 060 |
100 |
El 63% de las investigaciones llevadas a los tribunales eran casos de mujeres de 10 a 29 años, edad a partir de la cual los enjuiciamientos disminuían de manera constante con la edad (véase la figura 2).
Figura 2
En 2017/18, el Ministerio de Desarrollo Social proporcionó un total de 12,9 millones de dólares al Colectivo Nacional de Refugios Independientes de Mujeres, que representa a 41 entidades afiliadas y 16 no afiliadas que proporcionaban refugio a mujeres, para prestar una serie de servicios de apoyo en casos de violencia en la familia, como servicios de representación, evaluación de los riesgos, orientación, gestión y planificación de la seguridad. Los refugios de mujeres también reciben financiación para proporcionar alojamiento de transición.
Se proporciona refugio en todas las regiones, incluso servicios de divulgación en algunas zonas rurales, donde no hay albergues o estos no son de fácil acceso. El Ministerio de Desarrollo Social también financia servicios culturalmente apropiados para las mujeres maoríes y de la región del Pacífico y las mujeres refugiadas y migrantes.
En un examen de los servicios de alojamiento de emergencia financiados por el Ministerio de Desarrollo Social que se realizó a finales de 2015 se constató que, en promedio, la demanda de refugios y servicios conexos sobrepasaba el volumen de servicios contratados en un 100%, lo cual concuerda con los estudios más recientes de la demanda de servicios para casos de violencia en la familia que financia el Ministerio.
Para ayudar a las víctimas de la violencia doméstica en situaciones de alto riesgo que desean dejar una relación violenta, el Ministerio de Justicia financia servicios que prestan apoyo para que esas personas puedan permanecer en sus hogares en condiciones seguras.
Trata de personas
La información de que dispone el Comité indica que el Estado parte es un país de origen y de destino para la trata de personas. Sírvanse proporcionar información actualizada sobre la magnitud de la trata con fines de explotación laboral y sexual, el número de investigaciones, enjuiciamientos y condenas desde el primer juicio por cargos de trata concluido en diciembre de 2015 y los progresos y las dificultades en la lucha contra la trata de personas desde que entró en vigor la modificación de la Ley de Delitos de 1961, por la que se eliminaba la disposición en virtud de la cual la trata solo se consideraba como tal si era transfronteriza.
En el informe se señala que la prostitución se despenalizó en virtud de la Ley de Reforma sobre la Prostitución de 2003, que fue revisada en 2008 (párr. 44). Sírvanse proporcionar información sobre las medidas específicas adoptadas para combatir la explotación de la prostitución, así como sobre los programas de ayuda para las mujeres que desean abandonar la prostitución y el número de mujeres y niñas que se han acogido a esos programas. Faciliten también información sobre los progresos realizados en la actualización del Plan de Acción para Prevenir la Trata de Personas.
La mayoría de los casos de trata y explotación detectados son de migrantes de la región de Asia y el Pacífico que viajan voluntariamente a Nueva Zelandia para trabajar y tener una vida mejor. Una vez que llegan a Nueva Zelandia resulta evidente que han sido engañados o son explotados. Los trabajadores migrantes son un grupo vulnerable de la fuerza de trabajo, ya que tienen menos probabilidades que los nacionales neozelandeses de saber cuáles son sus derechos y las prestaciones que les corresponden. La agricultura, la horticultura, la viticultura, la construcción, las manufacturas y la hotelería son algunos de los sectores más afectados.
En Nueva Zelandia hay actualmente una investigación en curso sobre la trata de personas, dos enjuiciamientos y un juicio pendiente, y se ha impuesto una condena por 15 cargos de trata de personas.
En abril de 2017 entraron en vigor nuevas normas para impedir que los empleadores que infringieran la Ley de Inmigración y Empleo contrataran a trabajadores migrantes. Desde entonces se ha impedido que más de 50 empleadores recluten mano de obra migrante por distintos períodos.
Nueva Zelandia cuenta con una amplia legislación para enjuiciar a los tratantes de personas. El primer enjuiciamiento tuvo lugar en 2016. Un nacional de Fiji con residencia permanente de Nueva Zelandia, fue condenado a nueve años y seis meses de prisión y al pago de una suma de 28.167 dólares para indemnizar a sus víctimas. Se consideró que este fallo condenatorio sería un elemento de disuasión para otros que pretendieran explotar a los migrantes.
Un grupo de trabajo interinstitucional integrado por representantes de 12 organismos se ocupa de los casos de trata de personas y en forma conjunta elabora estrategias para combatir ese delito. Nueva Zelandia también participa activamente en el Foro de Gobiernos y Empresas del Proceso de Bali.
La Ley de Reforma de 2003 sobre la Prostitución dispone que no se podrá conceder a ninguna persona el visado en virtud de la Ley de inmigración de 2009 en relación con la prostitución. La ley también dispone que todo titular de un visado de entrada temporal concedido en virtud de la Ley de Inmigración no podrá, mientras se encuentre en Nueva Zelandia, suministrar servicios sexuales comerciales, actuar como operador de un negocio de prostitución en Nueva Zelandia o invertir en negocios de esa índole.
El Servicio de Operaciones de Inmigración en la Frontera cuenta con directrices para la identificación, la prevención y la priorización apropiada de los casos de trata de personas.
En virtud de la Ley mencionada, los funcionarios médicos del Ministerio de Salud están facultados para realizar inspecciones relacionadas con la verificación del cumplimiento de las normas sanitarias y de seguridad.
El Gobierno no financia programas para ayudar a las mujeres que ejercen la prostitución a abandonar la profesión.
Se está actualizando el Plan de Acción Nacional para Prevenir la Trata de Personas, que incluirá el texto necesario para ratificar el Protocolo de la OIT sobre el trabajo forzoso, así como una referencia a la esclavitud moderna. Se llevará a cabo un proceso de consulta y se prevé que las actualizaciones finalizarán en 2018.
Participación en la vida política y pública
En el informe se señala que la representatividad de género en el Parlamento ha aumentado considerablemente desde la introducción del sistema de votación de representación proporcional mixta en 1996, aunque todavía queda camino por recorrer hasta lograr que refleje el equilibrio de género imperante en la sociedad (párr. 47). Si bien se ha registrado cierta mejora en la representación de las mujeres en los órganos de adopción de decisiones, como en el Parlamento y el servicio público, las mujeres siguen estando insuficientemente representadas en los órganos judiciales, los consejos de administración y las juntas del sector privado. Sírvanse proporcionar información sobre las medidas previstas para incrementar el número de mujeres en los órganos decisorios a los que se accede por elección o por designación, como consejos locales, consejos de administración y juntas del sector privado, con miras a alcanzar la igualdad de representación de las mujeres en la vida política y pública, incluso mediante la adopción de medidas especiales de carácter temporal, conforme al artículo 4 1) de la Convención y la recomendación general núm. 25. Proporcionen asimismo información sobre los incentivos de que se valen los partidos políticos y el sector privado para aumentar la representación de las mujeres, en particular en los puestos de adopción de decisiones.
Una de las principales prioridades del Gobierno es la promoción de mujeres para ocupar cargos directivos. Las mujeres han logrado en forma constante aumentar su representación en las administraciones a nivel central y local, así como en los consejos de administración. La representación en los más altos niveles del sector privado ha mejorado, pero sigue siendo relativamente baja.
El Gobierno procura mejorar la reunión y el análisis de datos sobre la diversidad en los puestos directivos de los sectores público y privado, asesora a los encargados de adoptar decisiones sobre los argumentos a favor del cambio y promueve estrategias eficaces para lograr un equilibrio entre los géneros.
Los servicios oficiales de candidaturas siguen prestando asistencia en la contratación de mujeres idóneas para integrar las juntas sectoriales estatales. Se ha introducido en el sector público el programa de futuros directores del Instituto de Dirección de Empresas. Al mes de diciembre de 2016, las mujeres representaban el 45,3% de los miembros de los consejos y comités sectoriales estatales, con lo cual se alcanzó por primera vez el objetivo del Gobierno del 45%.
El Gobierno también colabora con los dirigentes y organizaciones del sector privado, como la Bolsa de Valores de Nueva Zelandia (NZX), Business New Zealand y Champions of Change, para aumentar la representación de mujeres en puestos directivos. En 2017, la Bolsa de Valores de Nueva Zelandia reforzó sus informes sobre la diversidad al exigir que las empresas que cotizaran en bolsa establecieran una política de fomento de la diversidad con objetivos cuantificables y describieran en sus informes anuales las medidas adoptadas con ese fin o en caso negativo, explicaran sus razones. Al mes de diciembre de 2017, las mujeres representaban el 19% de los directores y el 19% de los oficiales de todas las empresas que cotizan en bolsa.
La representación de las mujeres en las administraciones locales, ha ido aumentado ininterrumpidamente. La proporción de mujeres elegidas miembros de los consejos de distrito aumentó al 34% en 2016. Los consejos han tomado iniciativas específicas para aumentar la representación femenina en los niveles superiores y aumentar la diversidad en las juntas en las organizaciones controladas por los consejos.
El Gobierno se sigue esforzando por crear un entorno en el que los principales encargados de la adopción de decisiones en todos los sectores comprendan la importancia económica y social del nombramiento de mujeres y busquen activamente candidatas calificadas.
El Ministerio de Asuntos de la Mujer actúa como “enlace” entre las mujeres que últimamente se han destacado en cargos directivos, proporcionándoles apoyo e información para que puedan desarrollar sus aptitudes y talentos y realizar su potencial como líderes.
Educación
En el informe se reconoce que las mujeres maoríes y de las islas del Pacífico tienen menos probabilidades que las mujeres europeas y asiáticas de finalizar la educación terciaria (párr. 88). También se indica que los hombres siguen siendo mayoría en las esferas de la información, la tecnología y la ingeniería (párr. 90). Sírvanse proporcionar información sobre las medidas que se están adoptando para hacer frente al problema de la deserción escolar de las mujeres y las niñas maoríes y de las islas del Pacífico, así como las medidas para alentar a las niñas a cursar estudios de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, e indiquen si la iniciativa científica “ Curious Minds ” alienta a las mujeres y las niñas en este sentido. Faciliten también información sobre el grado de acceso a la educación de que gozan las mujeres y niñas con discapacidad en el Estado parte.
Sírvanse proporcionar información actualizada sobre las repercusiones de la aplicación de los programas destinados a reducir la alta tasa de embarazos en la adolescencia, en particular el programa orientado a ofrecer un mejor servicio público ( párrs . 142 y 143). Se ruega aportar datos sobre las tasas de deserción escolar entre las niñas como consecuencia de los embarazos y los niveles en que se producen, el número de madres adolescentes que regresaron a la escuela después del parto durante el período que abarca el informe y los efectos de los costos indirectos de la educación (“donaciones voluntarias”), que, al parecer, impiden el acceso de las mujeres y las niñas a la educación. Proporcionen también información actualizada sobre los progresos y desafíos relacionados con la ejecución de programas educativos sobre salud y derechos sexuales y reproductivos adecuados a la edad en todos los niveles educativos en el Estado parte (párr. 137).
Para resolver el problema de la baja tasa de asistencia y mejorar las tasas de retención, el Gobierno ha puesto en marcha varias iniciativas en las escuelas secundarias:
•Los programas para alentar comportamientos favorables al aprendizaje ayudan a los padres, las whānau, los docentes y las escuelas a promover actitudes positivas y a crear entornos de aprendizaje inclusivos;
•Los servicios de fomento de la asistencia escolar tienen por fin responder a las necesidades de los estudiantes maoríes y de la región del Pacífico y abordar las causas profundas del ausentismo escolar injustificado y la falta de matriculación;
•El programa de garantías para los jóvenes ofrece a los adolescentes de 16 y 17 años la oportunidad de asistir a una variedad de cursos gratuitos de formación profesional;
•Las comunidades de aprendizaje Kāhui Ako tienen por objeto mejorar, mediante prácticas culturalmente apropiadas, el desempeño de las personas más expuestas al riesgo de un bajo rendimiento académico;
•El programa ARoNA (los que corren el riesgo de no avanzar) está dirigido a los estudiantes maoríes y de la región del Pacífico de la cohorte de 1999 que corren el riesgo de no terminar sus estudios y proporciona el apoyo necesario para obtener un Certificado Nacional de Estudios de nivel 2 o su equivalente;
•El programa “Count Me In” ofrece apoyo práctico sobre trayectorias profesionales a los estudiantes maoríes y de la región del Pacífico de 16 a 18 años que han abandonado sus estudios sin haber obtenido el certificado nacional de estudios de nivel 2 o su equivalente;
•“Check and Connect” es un programa de orientación a largo plazo para los alumnos de los grados octavo y superiores que corren el riesgo de abandonar sus estudios.
“A Nation of Curious Minds – He Whenua Hihiri I te Mahara” es una iniciativa multisectorial del Gobierno para alentar y facilitar una mayor participación en las esferas de la ciencia y la tecnología en todos los sectores de la sociedad neozelandesa y a aumentar la representación de las niñas y las mujeres en las ciencias y la tecnología de la información y las comunicaciones (TIC).
En el sitio web “Curious Minds” (Mentes inquisitivas) figura una serie de perfiles de mujeres que se destacan en las esferas de la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas, así como una reseña de distintas etapas de sus carreras profesionales en diversas disciplinas.
El fondo de acceso irrestricto del programa “Unlocking Curious Minds” (UCM), destinado a alentar el espíritu inquisitivo, presta apoyo para proyectos innovadores que interesen a los a los neozelandeses, en particular los jóvenes (de 18 años o menos) que tienen menos oportunidades de dedicarse a la ciencia y la tecnología. El programa ha financiado iniciativas destinadas a estudiantes mujeres, como campamentos de formación en ciencias, un club de ingeniería extraescolar y cursos prácticos de informática y robótica.
En varias escuelas en las regiones de Auckland, Wellington y Christchurch funcionan clubes Toloa Kenese, que tienen por fin alentar la participación de estudiantes de la región del Pacífico de los grados séptimo a décimo en actividades de aprendizaje práctico en las esferas de la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas (CTIM).
En junio de 2017, el Ministerio de Asuntos de la Mujer publicó una guía titulada “Decoding Diversity”, para orientar a los educadores sobre la forma de interesar a las mujeres jóvenes y a las niñas en estudios y carreras basados en la tecnología y de lograr que perseveren en sus estudios.
Los datos de 2014 sobre el Certificado Nacional de Educación indican que los niveles de participación y rendimiento de mujeres estudiantes en materias de CTIM son iguales o más altos que los de los varones.
Desde 2016, el Ministerio de Educación ha ofrecido becas de nivel terciario para estudiar ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas. En 2017, el 37% de las beneficiarias eran mujeres.
En virtud de la Ley de Educación de 1989, todos los niños y jóvenes que tienen necesidades educativas especiales gozan del mismo derecho a matricularse y a recibir en las escuelas estatales la misma educación que las personas que no las tienen. La Estrategia de Nueva Zelandia sobre la Discapacidad y la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, orientan la labor de los organismos gubernamentales sobre cuestiones relacionadas con la discapacidad y la elaboración de políticas de apoyo al aprendizaje.
Se estima que uno de cada diez niños y jóvenes recibe apoyo para el aprendizaje en la esfera de la enseñanza. Hay una amplia gama de recursos y ayudas disponibles para los servicios en la primera infancia, las escuelas, los niños y los jóvenes y sus familias para garantizar un acceso equitativo a la educación.
El Gobierno está empeñado en reducir las elevadas tasas de embarazo en la adolescencia y en prestar servicios de apoyo a las madres adolescentes y a sus hijos. Se siguen tomando medidas para proporcionar una educación sexual integral.
La educación sexual es uno de los siete componentes básicos del plan de educación física y sanitaria del programa de estudios. En las directrices sobre la educación sexual elaboradas en 2015 se señala que todos los jóvenes deben tener acceso a información y oportunidades para reflexionar, inquirir y examinar cuestiones referentes a las relaciones, el género, la identidad, la orientación y el comportamiento sexuales, la salud sexual y reproductiva y las ideas y actitudes de la sociedad.
En esas directrices también se indican las cuestiones que deben tenerse en cuenta en los programas de educación sexual para los adolescentes, como el consentimiento y la coerción; la sexualización de los jóvenes, en particular las niñas; los efectos de la pornografía en la comprensión de la sexualidad y las relaciones por parte de los jóvenes y el examen del prejuicio de que solo las relaciones entre personas de distinto sexo son normales (heteronormatividad).
Las directrices recomiendan que tanto el aprendizaje socioemocional como la educación sobre la sexualidad y las relaciones son fundamentales para que los jóvenes puedan participar de manera positiva y crítica en un mundo tecnológico y globalizado que evoluciona rápidamente.
En 2016, el 83,6% de los niños y adolescentes en edad escolar asistieron a la escuela hasta los 17 años. Las niñas (86,3%) tenían más probabilidades que los varones (81,0%) de continuar sus estudios hasta esa edad.
El Ministerio de Educación no recoge datos sobre las causas de la deserción escolar.
Para continuar sus estudios secundarios, los padres jóvenes tienen varias opciones: la enseñanza general, la educación alternativa, Te Aho o Te Kura Pounamu (la escuela por correspondencia) o la matriculación en clases o unidades especiales para padres y madres adolescentes.
Cuadro 3
Matriculación en unidades especiales para padres y madres adolescentes
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Año |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
|
Unidades especiales para padres adolescentes |
416 |
458 |
463 |
489 |
513 |
472 |
517 |
492 |
512 |
511 |
502 |
El Ministerio de Educación no dispone de datos sobre el número de madres adolescentes que, después de dar a luz, se matriculan en los establecimientos de enseñanza general, de educación alternativa o Te Aho o Te Kura Pounamu (la escuela por correspondencia).
El acceso a la educación de todos los alumnos de 5 a 19 años de edad se garantiza mediante la obligación jurídica de que la inscripción y la enseñanza en las escuelas estatales, incluidas las escuelas integradas, deben ser gratuitas. Las juntas directivas escolares no pueden exigir pagos (ni donaciones) en relación con la ejecución de los planes de estudio. Ello incluye los pagos por las lecciones, paseos y actividades que forman parte del plan de estudios general de las escuelas, como los campamentos escolares o las clases de natación durante el horario escolar.
Las escuelas utilizan las donaciones como medio de proporcionar instrucción a sus alumnos además de la que financia el Gobierno para el cumplimiento de los planes de estudio. La claridad con que las escuelas comunican a las familias que se trata de donaciones optativas y no de cargos obligatorios varía. El Ministerio de Educación investiga las denuncias de los padres, pero no hace un seguimiento sistemático de lo que las escuelas solicitan a los padres en materia de pagos.
Empleo
En el informe se indica que, si bien las mujeres están mejor calificadas que en el pasado, el número de mujeres que realizan trabajos remunerados con el salario mínimo es excesivo, y que las mujeres maoríes, las mujeres de las islas del Pacífico y las madres jóvenes tienen más probabilidades de tener empleos de baja remuneración (párr. 98). Sírvanse proporcionar información sobre las medidas que se están adoptando para reducir la concentración de mujeres, en particular maoríes y de las islas del Pacífico, en empleos de baja remuneración y mejorar su participación en ámbitos tradicionalmente dominados por hombres, en especial los trabajos de construcción, la pesca, la energía renovable y el transporte. Faciliten también información sobre las medidas establecidas para aplicar el principio de igualdad de remuneración por trabajo de igual valor, de conformidad con el Convenio de la Organización Internacional del Trabajo sobre Igualdad de Remuneración, 1951 (Núm. 100), con vistas a eliminar la desigualdad salarial entre mujeres y hombres, que contribuye a la pobreza de las mujeres después de la jubilación (párr. 113). Proporcionen además información sobre las medidas que se están adoptando para hacer frente a la alta tasa de desempleo entre las mujeres maoríes y del Pacífico (párr. 100). Indiquen qué medidas se están adoptando para hacer frente a la escasez de servicios de guardería y fomentar el uso de modalidades de trabajo flexibles (párr. 110). Faciliten información sobre la situación del proyecto de ley en virtud del cual se ampliaría a 26 semanas la licencia parental remunerada, así como las medidas para derogar la Ley del Salario Mínimo de 1983, que faculta a los inspectores del Ministerio de Empresa, Innovación y Empleo para expedir permisos de exención de salarios mínimos a los trabajadores cuya discapacidad limita sus posibilidades de cumplir las exigencias de su trabajo y que, al parecer, se ha utilizado para excluir a los trabajadores con discapacidad, incluidas las mujeres, de la igualdad de remuneración.
El Gobierno se ha comprometido a aprovechar plenamente todas las aptitudes y talentos de las mujeres en el empleo y los cargos directivos. Los organismos estatales colaboran con dirigentes de empresas y comunidades y con las instituciones docentes en una serie de iniciativas para reducir la concentración de mujeres en los sectores de bajos ingresos y crear oportunidades para ellas en esferas no tradicionales.
Véanse los párrs. 103 y 109.
La reducción de la desigualdad salarial por razón de género es una prioridad para el Gobierno. Se han emprendido actividades en tres esferas.
Apoyar y acelerar en el sector público las medidas para reducir la desigualdad salarial por razón de género
El Gobierno se ha comprometido a abordar la cuestión de la desigualdad salarial por razón de género (que actualmente es del 12,5%) en los sectores básicos de la administración pública básica y a hacer progresos sustanciales en el curso del actual período de sesiones del Parlamento.
En octubre de 2016, los directores generales del servicio público se comprometieron a aplicar un programa de trabajo sobre la diversidad y la inclusión. Una prioridad clave es detectar y eliminar las diferencias de remuneración por razones de origen étnico y de género, haciendo hincapié, desde un principio, en la transparencia, los planes de acción sobre la desigualdad salarial por razón de género, los cursos prácticos y la normalización de los lugares de trabajo flexible.
Los directores generales están acelerando el ritmo de cambio adoptando medidas y fijando objetivos a nivel de toda la administración pública. El Ministerio de Asuntos de la Mujer está trabajando para asegurar que el sector privado emprenda una trayectoria similar.
Un grupo de trabajo conjunto de los sectores gremial y público está elaborando una serie de principios sobre la remuneración por razón de género en todo el sector público. Esos principios, una vez acordados, constituirán un marco sostenible para la adopción de medidas por los directores generales y el Gobierno, bajo la supervisión bipartita de los progresos para eliminar la desigualdad salarial por razón de género.
Apoyar las medidas de los empleadores para reducir la desigualdad salarial por razón de género
En julio de 2017, el Ministerio de Asuntos de la Mujer publicó una guía titulada Closing the Gender Pay Gap Actions for Employers para que los empleadores pudieran cuantificar y eliminar las diferencias de remuneración por razón de género y origen étnico.
La Comisión de Servicios del Estado y el Ministerio de Asuntos de la Mujer están encargados de formular orientaciones para toda la administración pública a fin de ayudar a los organismos a alcanzar su objetivo de eliminar la desigualdad salarial por razón de género y generar un cambio cultural sostenible.
El Consejo Asesor Nacional de Empleo de la Mujer ha financiado una iniciativa piloto para apoyar a las mujeres que reanudan sus carreras en el sector de la tecnología de la información tras una licencia parental.
Obtener y divulgar datos sobre la desigualdad salarial por razón de género
En marzo de 2017, el Ministerio de Asuntos de la Mujer publicó un estudio titulado Empirical evidence of the gender pay gap in New Zealand, en el que se examinaban las causas de la desigualdad salarial por razón de género.
En 2018, el Ministerio de Asuntos de la mujer publicará nuevos estudios sobre el efecto a largo plazo de la licencia parental y el trabajo a tiempo parcial en los ingresos de las mujeres y en sus experiencias en el mercado de trabajo.
En el futuro, las mujeres maoríes y de la región del Pacífico constituirán una proporción cada vez mayor de la fuerza de trabajo y la comunidad empresarial de Nueva Zelandia. La diversidad cultural será una consideración importante para mejorar los resultados del mercado.
El Gobierno se ha comprometido a alcanzar un ambicioso objetivo: reducir al 7,5% el desempleo entre los maoríes antes de 2021. Ha dado instrucciones al Ministerio de Empresa, Innovación y Empleo, el Ministerio de Desarrollo Maorí (Te Puni Kōkiri), el Ministerio de Desarrollo Social y la Comisión de Educación Terciaria para elaborar un plan de acción coordinada a fin de alcanzar ese objetivo.
Ese plan de acción coordinada se centrará en actividades tendientes a velar por que los maoríes adquieran los conocimientos genéricos básicos y también los necesarios para realizar tareas específicas; conectar a los maoríes con empleadores por medio de la planificación de la fuerza de trabajo y la intermediación y apoyar a los maoríes que ya son parte de la fuerza de trabajo para que puedan acceder a empleos más calificados y mejor remunerados a lo largo de su vida laboral.
Las mujeres maoríes y de la región del Pacífico tienen acceso a programas y servicios destinados a mejorar sus oportunidades de empleo:
•He Kai Kei Aku Ringa: estrategia de asociación maorí y de la Corona para el crecimiento económico;
•El Proyecto 1000;
•La iniciativa Te Puni Kōkiri de cursos de aprendizaje;
•El programa de formación profesional para los maoríes y los isleños del Pacífico;
•Las pasantías Tupu Tai Pasifika;
•Las pasantías Tupu Tek IT;
•Las pasantías Tupu Toa Pasifika;
•El fomento del empleo en la región del Pacífico;
•El Servicio de apoyo al empleo para los pueblos del Pacífico;
•La estrategia económica para la región del Pacífico, 2015-2021;
•He Poutama Rangatahi;
•El programa de crecimiento regional;
•El programa de participación en la fuerza de trabajo.
La oferta de servicios de enseñanza preescolar está en gran medida equiparada con la demanda. Sigue aumentando el porcentaje de niños que han asistido regularmente a establecimientos de enseñanza preescolar antes de empezar la escuela (fue del 96,8% en el año terminado en junio de 2017).
El Fondo de Ayuda Específica para la Participación proporciona financiación para el establecimiento o la ampliación de servicios de enseñanza preescolar. Se utiliza para añadir nuevas plazas para niños o establecer esos servicios en lugares en que la asistencia en ese nivel de educación es baja o en que la oferta de servicios no basta para atender las necesidades de la comunidad.
En los siete años anteriores al período 2016/17 se invirtieron 101 millones de dólares en forma de 285 subsidios del Fondo, que permitieron crear más de 9.000 nuevas plazas para niños en las zonas de mayor necesidad.
Todos los empleados tienen derecho a solicitar un horario de trabajo flexible con arreglo a la parte 6AA de la Ley de Relaciones de Empleo de 2000, y los empleadores solo puede denegar esas solicitudes si aducen razones empresariales legítimas. En general se considera que las modalidades de trabajo flexible son una cuestión que deben negociar los empleadores con sus empleados.
El Gobierno aporta fondos a la organización Diversity Works NZ, una institución de beneficencia que ofrece a los empleadores información y recursos para crear conciencia de que una gestión eficaz de la diversidad en el lugar de trabajo genera beneficios para las empresas. Se promueven activamente las modalidades de trabajo flexible como medio para posibilitar una mayor diversidad en ese ámbito.
La Ley de Licencia Parental Remunerada se promulgó el 30 de noviembre de 2017. La duración de la licencia aumentará a 22 semanas el 1 de julio de 2018 y a 26 semanas el 1 de julio de 2020.
En 2007 se introdujeron los permisos de exención del salario mínimo tras la derogación de la Ley de Promoción del Empleo de Personas con Discapacidad de 1960. Se consideró que esa política era una solución de avenencia entre la supresión de todas las medidas discriminatorias y la necesidad de seguir ofreciendo oportunidades de empleo a un grupo que se encuentra en una situación de persistente desventaja en el mercado laboral.
El Gobierno se ha avenido a explorar mejores alternativas al uso de esos permisos. En consecuencia, el Plan de Acción de Nueva Zelandia sobre la Discapacidad para 2014-2018 asigna prioridad al aumento del número de personas con discapacidad que tienen empleos remunerados y trabajan por cuenta propia en igualdad de condiciones con las demás. Para ello son necesarias las siguientes actividades:
•La aplicación de un programa de trabajo a largo plazo para mejorar los resultados en materia de empleo para las personas con discapacidad, incluida la formulación de directrices sobre ajustes razonables;
•La determinación de mejores alternativas para que se puedan eliminar los permisos.
Se ha establecido un Grupo de Referencia integrado por representantes de todo el sector de la discapacidad para ayudar a configurar posibles alternativas para reemplazar el sistema de permisos de exención. El Gobierno aún no ha decidido la manera en que esta labor seguirá adelante en 2018 y años subsiguientes.
Atención de la salud
En el informe se indica que aún hay diferencias considerables en los resultados en materia de salud, pues las comunidades maoríes y del Pacífico, las personas con discapacidad y los grupos socioeconómicamente desfavorecidos en general registran peores resultados sanitarios que otros grupos (párr. 125). Sírvanse proporcionar información sobre los progresos y las dificultades en el tratamiento de ese fenómeno, que en el informe se atribuye a diferencias en el acceso a los servicios de salud y su uso y experiencia, así como a diferencias de exposición a factores de riesgo (párr. 126). La información de que dispone el Comité indica que las mujeres maoríes y de las islas del Pacífico siguen teniendo altas tasas de cáncer de mama y cáncer cervicouterino, enfermedad mental, suicidio, infección de transmisión sexual, embarazo en la adolescencia y uso indebido de drogas y alcohol. Proporcionen información sobre los efectos de los programas y otras iniciativas adoptadas para hacer frente a esos problemas. Proporcionen también información sobre las medidas que se están adoptando para eliminar los obstáculos al acceso a los servicios de salud de los grupos desfavorecidos de mujeres, como las mujeres con discapacidad, las mujeres migrantes y refugiadas y las mujeres de edad. Faciliten además información sobre la medida en que se ha recurrido a la Ley de Protección de los Derechos Personales y de la Propiedad de 1988 para someter a mujeres y niñas con discapacidad intelectual a esterilización sin su consentimiento por considerar que redunda en su interés superior.
Sírvanse proporcionar información sobre la incidencia del aborto en condiciones de riesgo y su repercusión en la salud de la mujer, incluida la mortalidad materna. Faciliten también información sobre las medidas que se están adoptando para modificar la Ley de Delitos con el fin de ampliar los motivos de aborto legal para incluir la violación y para revisar la Ley de Anticonceptivos, Esterilización y Aborto de 1977 con vistas a aligerar el oneroso procedimiento para practicar un aborto, con arreglo a la cual las mujeres deben obtener certificados de dos consultores médicos autorizados, y que, según se informa, genera largas listas de espera para las mujeres y las niñas. Faciliten además información sobre las medidas que se están adoptando para que la supervisión de las leyes, políticas y servicios de aborto deje de recaer en el Ministerio de Justicia y pase a asumirla el Ministerio de Salud. Proporcionen asimismo información actualizada sobre la situación del Plan de Acción de la Política Nacional de Salud Sexual y Reproductiva que está elaborando el Ministerio de Salud y el grado en que las partes interesadas pertinentes han participado en su elaboración.
El Gobierno se ha comprometido a subsanar las demás deficiencias en los resultados en materia de salud de las mujeres y las niñas. En los últimos 20 años ha sido posible comprender mejor las disparidades que persisten en la atención de la salud en el caso de las mujeres maoríes y de la región del Pacífico y se han logrado considerables mejoras.
Los servicios y las innovaciones en apoyo de la mujer tienen prioridad en el sector salud. El Ministerio de Salud ha suscrito contratos con 36 proveedores maoríes y de la región del Pacífico para ejecutar el Programa de Salud del Niño/Tamariki Ora. También financia las Iniciativas de Apoyo a los Maoríes y las Poblaciones del Pacífico que organizan actividades de supervisión, orientación y desarrollo culturalmente apropiadas para los profesionales de la salud maoríes y del Pacífico.
Programa nacional de examen cervicouterino
La incidencia del cáncer de cuello uterino se ha reducido en un 56% gracias al programa nacional de examen cervicouterino de Nueva Zelandia. Las mujeres maoríes y de la región del Pacífico y las mujeres asiáticas (grupos prioritarios de mujeres) tienen menos probabilidades de ser examinadas y corren un mayor riesgo de desarrollar ese cáncer.
Gráfico 3
Porcentaje de cobertura del programa en el período de tres años terminado el 30 de septiembre de 2017, por grupo étnico, mujeres de 25 a 69 años
Se ha previsto realizar la transición al diagnóstico primario del virus del papiloma humano (HPV) para superar los obstáculos que dificultan el acceso a ese servicio, a saber, el costo y la sensibilidad cultural.
La tasa de vacunación contra el HPV es elevada entre las mujeres de los grupos prioritarios, lo que puede ayudar a contrarrestar las tasas de detección más bajas de esos grupos.
Cáncer de mama
La finalidad del programa BreastScreen Aotearoa, el primer programa nacional de detección gratuita del cáncer de mama de Nueva Zelandia, es examinar cada dos años el 70% de las mujeres de 50 a 69 años. En los dos últimos años, el 64,8% de las mujeres maoríes, el 71% de las mujeres de las islas del Pacífico y el 72% de las mujeres maoríes de ese grupo de edad se hicieron pruebas de detección.
Toxicomanía y alcoholismo
Como grupo de población, los maoríes (29,5%), seguidos de los isleños del Pacífico (24,4%) experimentan los mayores problemas de salud mental y adicción. Más de una cuarta parte (el 27%) de los maoríes sufren de toxicomanía durante su vida. Hay servicios disponibles Kaupapa Maorí de salud mental y adicción, así como servicios corrientes dotados de las competencias culturales necesarias para atender a las comunidades maoríes.
Enfermedades mentales y suicidio
Las mujeres maoríes tienen las tasas más altas de suicidio (9,5 por 100.000), seguidas de las neozelandesas de origen europeo y otras (5,2 por 100.000), las mujeres de los pueblos del Pacífico (4,8 por 100.000) y las mujeres asiáticas (3,8 por 100.000). Waka Hourua, el programa nacional de prevención del suicidio, ofrece métodos innovadores para las comunidades maoríes y del Pacífico y las comunidades combinadas.
Salud de las mujeres con discapacidad
Las mujeres con discapacidad siguen teniendo dificultades para acceder a los servicios corrientes de salud y de atención por discapacidad. Cuando se trata de sus derechos y necesidades en materia de salud sexual y reproductiva, sufren indignidades y faltas de respeto por parte de los profesionales de la salud. Algunos tipos de servicios sanitarios, como los dispensarios móviles de detección del cáncer de mama, no son físicamente accesibles. Las personas con discapacidad intelectual y de aprendizaje y con trastornos de la vista o el oído carecen de servicios de comunicación y apoyo especializado
De acuerdo con la versión actualizada de la Estrategia de Nueva Zelandia sobre la Discapacidad para 2016-2026, el Ministerio de Salud se ocupa de velar por que las personas con discapacidad tengan acceso inclusivo y sin obstáculos a los servicios generales de salud y por que los servicios específicos para esas personas sean asequibles y de buena calidad. El Ministerio de Salud está diseñando un nuevo sistema de apoyo conjuntamente con el sector de servicios para personas con discapacidad, y se propone comenzar a aplicar un prototipo en julio de 2018. Su objetivo es ofrecer mayores posibilidades de elección y control en lo que respecta al apoyo que reciben las personas con discapacidad y sus familias.
El sistema de maternidad de Nueva Zelandia ofrece a las mujeres con discapacidad (y a las demás) los servicios de un obstetra de cabecera, por lo general una partera, cuya función es asegurar que la mujer reciba todos los cuidados necesarios para un parto sin riesgo y para que el alumbramiento sea una experiencia positiva.
La Ley de Protección de los Derechos Personales y de Propiedad de 1988 dispone que se pueden adoptar decisiones en nombre de quienes carecen total o parcialmente de la capacidad para hacerlo. La Ley se aplica a las personas mayores de 18 años y hace hincapié en la importancia de apoyar a una persona a decidir por sí misma y a desarrollar su capacidad en la mayor medida posible. Según la Ley, se pueden tomar decisiones sobre el tratamiento médico; los tribunales han interpretado que ello incluye la esterilización.
Los tribunales solo consideran necesaria la esterilización en casos excepcionales. El Ministerio de Justicia no mantiene datos sobre el número de órdenes de esterilización. En los comentarios jurídicos sobre la Ley se mencionan cuatro fallos en los que los tribunales consideraron si la esterilización era apropiada. En esos casos, los tribunales basaron sus fallos en las características propias de cada caso. Los tribunales solo dictan una orden de esterilización si consideran que es la opción menos restrictiva posible en las circunstancias en cuestión y si redunda en el interés superior de la persona afectada.
El Ministerio de Salud recoge sistemáticamente datos sobre el número de abortos espontáneos e inducidos legalmente pero no sobre los abortos ilegales. Son pocas las conclusiones que pueden extraerse de los datos reunidos sobre los abortos espontáneos con complicaciones, por cuanto esos datos se basan en la información que los pacientes deciden proporcionar al médico. Ocasionalmente, los medios de difusión publican artículos sobre los abortos ilegales.
El Gobierno tiene la intención de remitir a la Comisión Jurídica la Ley de Anticonceptivos, Esterilización y Aborto de 1977 para su revisión. El Gobierno pedirá a la Comisión que recomiende modificaciones para garantizar que las leyes sobre el aborto sean compatibles con el tratamiento del aborto no como delito sino como problema de salud que la mujer tiene derecho a encarar como parte de su salud reproductiva.
El Plan de Acción para la Salud Sexual y Reproductiva se encuentra aún en la etapa de redacción. Los grupos de referencia sectoriales y clínicos incluyen representantes maoríes y de los pueblos del Pacífico. Se han celebrado reuniones con las comunidades maoríes y del Pacífico, entre otras.
El Ministerio de Salud está preparando el programa de trabajo en materia de salud sexual y reproductiva, en el que se prestará especial atención a la equidad en el suministro de servicios y a la creación de entornos sociales de apoyo.
Mujeres de las zonas rurales
La información que el Comité tiene ante sí indica que, en 2010, el Estado parte retiró la financiación a los cursos de educación comunitaria para adultos, lo cual redujo las oportunidades de aprendizaje para las mujeres de las zonas rurales. Sírvanse enumerar los programas en vigor destinados a facilitar a las mujeres rurales la disponibilidad de capacitación y educación, incluida la educación de adultos; atención médica, incluidos el saneamiento y el transporte para acceder a servicios como, por ejemplo, pruebas gratuitas de detección del cáncer, así como oportunidades de empleo y en el sector agrícola. Además, proporcionen información sobre los progresos realizados en la ejecución de programas destinados a mejorar el acceso de las mujeres rurales a la información, la tecnología moderna y la protección social.
A partir del 1 de enero de 2018, todos los alumnos neozelandeses que hayan terminado de cursar sus estudios en 2017 o en 2018 tienen derecho a un año de educación terciaria o de capacitación industrial en forma gratuita. Los adultos que hayan cursado menos de la mitad de un año de educación superior o de formación industrial a tiempo completo también tienen ese derecho.
Los cambios introducidos en 2018 representan la primera fase del plan del Gobierno, que ha anunciado su intención de proporcionar a los neozelandeses, de aquí a 2024, un programa completo gratuito de tres años de educación y formación terciaria. El Gobierno contribuirá con 50 dólares por semana para incrementar los subsidios para estudiantes y los préstamos para cubrir sus gastos de alojamiento y comida.
El Gobierno también se ha comprometido a proporcionar financiación adicional para la educación comunitaria y de adultos, que ayudará a un mayor número de mujeres rurales a recibir instrucción en sus comunidades.
En 2016 se invirtieron aproximadamente 47 millones de dólares en actividades de alfabetización y enseñanza de nociones elementales de aritmética en diversos entornos comunitarios y lugares de trabajo.
En 2016, el Gobierno invirtió unos 7 millones de dólares en programas para mejorar el rendimiento escolar en las zonas rurales de Nueva Zelandia, cuyo fin es promover el desarrollo a nivel de la comunidad por medio de la educación permanente en el medio rural.
La tarea de prestar servicios integrales y de buena calidad a las personas que viven en las zonas rurales es una prioridad del Gobierno. Entre los múltiples servicios de que disponen las mujeres figuran los servicios móviles de mamografía que se desplazan por todas las zonas rurales de Nueva Zelandia.
El Plan Nacional de Asistencia para Viajes proporciona ayuda financiera para sufragar los gastos de las mujeres que deben recorrer largas distancias para recibir atención especializada.
En el marco de la iniciativa “Growing our Future” del Ministerio de Industrias Primarias, cuyo fin es crear conciencia de las oportunidades profesionales existentes en el sector primario, se ha elaborado un vídeo de corta duración sobre las mujeres en las industrias primarias, que puede verse en el sitio web del Instituto y que se transmitirá a través de los medios de comunicación social.
El Fondo para la Agricultura Sostenible del Ministerio de Industrias Primarias suministra financiación para proyectos comunitarios que puedan promover el desarrollo de la capacidad y las aptitudes de las mujeres de las zonas rurales facilitando su acceso a la información, las tecnologías modernas y la protección social.
En julio de 2017, el Ministerio de Industrias Primarias comenzó a financiar un proyecto de formación de personal directivo y desarrollo de la capacidad sectorial para grupos seleccionados de mujeres, cuyo fin es formar a mujeres dirigentes de tres grupos concretos:
•Mujeres jóvenes que inician sus carreras en el sector de la agricultura;
•Mujeres maoríes de las comunidades regionales con capacidad potencial para establecer y apoyar empresas autosustentables que cumplan los objetivos culturales, económicos, ambientales y la comunidad;
•Mujeres en carreras profesionales fuera del sector de la agricultura cuyos conocimientos especializados sean útiles para el sector.
Los programas experimentales se centrarán en esferas en las que el Gobierno tiene sumo interés en apoyar el desarrollo regional y en que se prevé que se ampliará la ejecución de los programas.
Grupos de mujeres desfavorecidas
Sírvanse proporcionar información sobre el acceso de las mujeres a la vivienda social, en particular las mujeres con discapacidad, las madres solteras y las mujeres migrantes y de edad, y sobre las medidas que se están adoptando para proteger a esas mujeres del aumento de los gastos de vivienda, el hacinamiento y las largas listas de espera para acceder a una vivienda social. Se ruega aportar también ejemplos de los programas de protección social existentes que tienen por objeto reducir la carga económica que sufren las mujeres con discapacidad, las mujeres de edad, los hogares encabezados por mujeres y las madres solteras y jóvenes. Faciliten información sobre la medida en que se ha usado la cuota fija anual de refugiados en el marco del Programa de Contingentes de Refugiados y si el Estado parte está considerando la posibilidad de aumentarla.
Las mujeres con discapacidad, las madres solteras, las migrantes y las mujeres de edad forman parte del grupo vulnerable en el que se ha centrado la atención para asegurar su acceso a la vivienda pública. El 67% de los 7.327 solicitantes inscritos en el registro de vivienda social al 30 de septiembre de 2017 eran mujeres.
Apoyo a las personas vulnerables que más necesitan alojamiento
El programa “Housing First” proporciona alojamiento estable (público o privado) a las familias afectadas por la falta crónica de vivienda antes de abordar las causas del problema, para lograr resultados positivos a largo plazo.
Los subsidios para necesidades especiales de vivienda de emergencia se conceden una vez para ayudar a las mujeres y a sus familias a cubrir el costo de su alojamiento a corto plazo. El número de subvenciones otorgadas entre junio y septiembre de 2017 disminuyó de 11.446 a 9.159 debido a la disponibilidad de otras 540 viviendas de transición.
Viviendas de transición
Las viviendas de transición sirven para proporcionar alojamiento a corto plazo (término medio, por 12 semanas) a las mujeres necesitadas, junto con un apoyo social adaptado a sus circunstancias. Las personas que viven en viviendas de transición pagan hasta el 25% de sus ingresos en concepto de alquiler y el saldo es subvencionado por el Gobierno. Al 30 de septiembre de 2017 se habían conseguido 1.663 viviendas de transición y se tenía previsto obtener un total de 2.155 para el mes de diciembre de 2017. Esto representa una inversión pública de 354 millones de dólares durante un período de cuatro años a partir de 2016.
Subsidios de alquiler vinculados al ingreso
La mayoría de los inquilinos de las viviendas públicas pagan un alquiler vinculado con la renta personal, lo que limita su contribución a no más del 25% de sus ingresos; el Gobierno subvenciona la diferencia. En 2016/17, el Gobierno destinó 815 millones de dólares al pago de esos subsidios a 63.299 familias.
La vivienda social en el Plan de Acción sobre la Discapacidad
En el marco del Plan de Acción sobre la Discapacidad para 2014-2018, el Gobierno se ha comprometido a aumentar la accesibilidad de las zonas edificadas y los servicios de transporte para las personas con discapacidad.
Los suplementos para vivienda son pagos semanales destinados a ayudar a las personas que no están alojadas en viviendas públicas a pagar los gastos de alquiler y comida o el costo de poseer una vivienda. En 2016/17, el Gobierno pagó una suma superior a 1.100 millones de dólares en suplementos para algo más de 285.000 personas y familias. El 1 de abril de 2018, las tasas de pago máximas se incrementarán y las cuatro zonas para el pago de suplementos se actualizarán para reflejar el aumento del costo de la vivienda para las familias de ingresos bajos.
La ayuda adicional temporal consiste en pagos semanales que ayudan a cubrir los gastos de subsistencia esenciales que no se pueden sufragar con los ingresos personales u otros recursos. Esos pagos se efectúan durante un máximo de 13 semanas. Se estima que aproximadamente el 60% del total de los gastos por ese concepto son gastos de alojamiento. En 2016/17 se efectuaron pagos a más de 66.676 personas y familias por valor de más de 231.500 millones de dólares.
Por conducto de la Corporación de la Vivienda de Nueva Zelandia (HNZC), el Gobierno proporciona viviendas públicas a más de 180.000 neozelandeses en más de 63.000 propiedades. Durante los próximos diez años que transcurrirán antes de 2025/26, la Corporación tiene previsto construir alrededor de 11.500 viviendas y utilizar terrenos del Estado para la construcción de unas 12.800 viviendas de precios asequibles y de mercado en Auckland, que tiene el mayor déficit de viviendas.
Está en marcha un importante programa de construcción de viviendas denominado “KiwiBuild”. Su objetivo es proporcionar 100.000 viviendas asequibles- la mitad de las cuales se construirán en Auckland- en un período de diez años para las personas que compran una vivienda por primera vez. Una nueva Comisión de la Vivienda se encargará de coordinar y supervisar las obras de construcción.
Los programas de bienestar social se administran sobre la base de la necesidad, sin discriminación por motivos de género. Las mujeres se benefician de una serie de programas de protección social destinados a aliviar las dificultades económicas, entre las que cabe mencionar los siguientes:
•Los pagos de subsistencia proporcionan un ingreso básico a las mujeres y hombres con discapacidad o con problemas de salud que les impiden trabajar, así como a las personas que dispensan cuidados a domicilio, un tipo de trabajo en el que siguen predominando las mujeres;
•Las prestaciones por discapacidad son pagos complementarios para cubrir los gastos adicionales relacionados con la discapacidad de los beneficiarios;
•Los servicios de empleo especializados se prestan en los casos en que las personas con discapacidad requieren asistencia intensiva o adicional;
•Las pensiones de jubilación y las pensiones para excombatientes de Nueva Zelandia proporcionan un ingreso a las personas de 65 años o más después de la jubilación;
•El apoyo para la búsqueda de empleo representa una ayuda para las personas de 18 años o más que normalmente pueden buscar trabajo o se preparan para trabajar (al 30 de septiembre de 2017, el 47% de los beneficiarios eran mujeres);
•La tarjeta SuperGold da a los hombres y mujeres de 65 años o más acceso a tarifas preferenciales y descuentos estatales para la adquisición de bienes y servicios de uso cotidiano, incluido el transporte público gratuito;
•La tarjeta de servicios comunitarios ofrece subsidios para consultas médicas y gastos en medicamentos;
•El programa de pagos para gastos de calefacción en invierno es una nueva iniciativa que se pondrá en marcha en julio de 2018. Se suministrará apoyo financiero adicional para gastos de calefacción en esa época del año a toda persona que reciba una prestación básica, una pensión de jubilación o una pensión para excombatientes de Nueva Zelandia;
•La ayuda para familias monoparentales consiste en una prestación básica destinada directamente a las familias con un solo progenitor y con al menos un hijo a cargo (el 92% de los beneficiarios son mujeres);
•Con arreglo al programa “Best Start”, que se pondrá en marcha en julio de 2018, se efectuará un pago de 3.120 dólares anuales por niño para ayudar a las familias a sufragar el costo de la crianza en la primera infancia;
•La deducción fiscal para familias es un pago basado en la prueba del ingreso con la que se proporciona apoyo financiero adicional para ayudar a sufragar los gastos de crianza de los hijos;
•La deducción fiscal para familias con trabajo remunerado y la deducción fiscal mínima para familias están destinadas a las familias trabajadoras de bajos ingresos;
•El programa de apoyo al estudio para familias monoparentales ofrece asistencia financiera recuperable para sufragar el costo de determinados tipos de formación relacionada con el empleo de los progenitores sin pareja y los padres y madres jóvenes que reciben una prestación;
•Los suplementos de vivienda para familias de bajos ingresos sirven para ayudar a cubrir los gastos de alquiler, comida y vivienda;
•Los subsidios para el cuidado del niño se utilizan para sufragar el costo de los servicios de enseñanza preescolar por un máximo de 9 horas a fin de que los padres puedan prepararse para trabajar, tener un empleo o recibir capacitación;
•Los pagos para el aprendizaje en la primera infancia son subsidios para cubrir el costo de esa actividad por un máximo de 20 horas por semana hasta que el niño cumple tres años de edad;
•Los pagos para padres y madres jóvenes son subsidios para jóvenes de 16 a 19 años de edad que tienen al menos un hijo a cargo. Las mujeres representan el 94% de los beneficiarios;
•Los pagos garantizados para servicios de guardería consisten en ayuda financiera destinada a cubrir los gastos del cuidado de los hijos de los padres y madres jóvenes que o bien reciben los subsidios antes mencionados y cumplen sus obligaciones o bien cursan estudios secundarios.
El programa de Nueva Zelandia de contingentes de refugiados se aumentará a 1.000 plazas a partir de 2018/19 y a 1.500 para junio de 2020.
Cuadro 4
Llegadas con arreglo al programa de contingentes
|
Categoría |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
|
Protección |
603 |
548 |
554 |
764 |
831 |
|
Mujeres en peligro |
84 |
149 |
196 |
147 |
120 |
|
Reagrupación familiar |
50 |
32 |
55 |
57 |
48 |
|
Situaciones de urgencia |
0 |
0 |
0 |
1 |
9 |
|
Enfermedad/discapacidad |
8 |
9 |
3 |
2 |
7 |
|
Totales |
745 |
738 |
808 |
971 |
1015 |
Reducción del riesgo de desastres y cambio climático
Dado que el Estado parte está expuesto a ciclones y terremotos, sírvanse facilitar información sobre si se ha incorporado una perspectiva de género en las estrategias nacionales de gestión de desastres y de socorro y recuperación en situaciones de desastre, e indicar el grado en que las mujeres son las principales impulsoras del desarrollo sostenible y asumen funciones de liderazgo en los procesos de consulta sobre la reducción del riesgo de desastres y las iniciativas sobre el cambio climático. Especifiquen si las políticas y programas conexos incluyen medidas para garantizar que las mujeres: estén protegidas frente a la discriminación a la hora de solicitar ayuda para subsistir después de los desastres; estén protegidas de la violencia por razón de género en los centros de evacuación; estén representadas en las estructuras de preparación y respuesta en casos de desastre, en particular con respecto a la mitigación y adaptación al cambio climático y reconocidas como una de las principales fuentes de resiliencia frente a los desastres naturales.
Véase el párr. 21.
Nueva Zelandia ha establecido un sistema de apoyo a los medios de subsistencia después de los desastres consistente en una serie de pagos que se realizan en diferentes circunstancias. Estos se administran por conducto del sistema de pagos de asistencia social del Ministerio de Desarrollo Social y están sujetos a las normas establecidas de igualdad, justicia y protección contra la discriminación.
La seguridad es una cuestión clave para los centros de evacuación (conocidos como “Centros de Defensa Civil”). Las autoridades de defensa civil tienen la obligación de considerar la forma de gestionar la seguridad al planificar los servicios de protección social. Ello se refiere tanto a la configuración física de los centros (que deben incluir áreas segregadas para mujeres y niños) como a la forma en que son administrados (procesos y procedimientos). Se reconoce que la protección de las personas vulnerables, como las mujeres y los niños, es fundamental. El proceso de registro y evaluación de las necesidades al llegar a los centros ayuda a detectar problemas específicos o identificar a las personas en situación de riesgo.
Las mujeres están bien representadas en todos los niveles de los preparativos para la normalización de las condiciones de vida, en las estructuras de gobernanza para la gestión de emergencias y la adaptación al cambio climático, en las estructuras de respuesta y en las carteras ministeriales.
Cada vez más se reconoce el papel que cumplen las mujeres en las actividades de respuesta y recuperación. Después del terremoto de Christchurch se realizaron sólidos estudios académicos sobre el papel desempeñado por las mujeres en la respuesta al desastre, en las tareas de cuidar a las personas afectadas, alentar a las comunidades a colaborar entre sí y catalizar las actividades de recuperación.
Los grupos de mujeres (por ejemplo, Rural Women New Zealand) se están haciendo cargo de determinadas actividades de respuesta, incluida la evaluación de las posibles repercusiones y necesidades en las zonas rurales.
Mujeres reclusas
Según la información de que dispone el Comité, las tasas de encarcelamiento de mujeres y niñas maoríes y de las islas del Pacífico son desproporcionadamente altas y existe un exceso de representación de estas mujeres y niñas en todos los niveles del sistema de justicia penal. Sírvanse proporcionar información sobre la medida en que las iniciativas encaminadas a subsanar esta situación, como la iniciativa “ Turning of the Tide : A Whanau Ora Crime and Crash Prevention Strategy ” (Cambia la marea: una estrategia whānau ora para la prevención de la delincuencia), tienen en cuenta el género. En concreto, aclaren qué se está haciendo para hacer frente a las causas fundamentales de la reincidencia entre las mujeres y niñas maoríes y de las islas del Pacífico; fomentar la participación de los dirigentes y estructuras tradicionales en los esfuerzos para hacer frente a los altos niveles de encarcelamiento de maoríes y oriundos de las islas del Pacífico y aplicar plenamente medidas no privativas de la libertad, en consonancia con las Reglas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de las Reclusas y Medidas No Privativas de la Libertad para las Mujeres Delincuentes (Reglas de Bangkok).
Actualmente, la estrategia y el plan de acción “Cambia la marea” (2012/13 a 2017/18) no incluye disposiciones para evaluar los efectos relacionados con el género de las iniciativas tendientes a reducir la excesiva representación de las mujeres y niñas maoríes y de las islas del Pacífico en el sistema de justicia penal. Estos documentos y sus disposiciones están siendo objeto de examen.
El sector judicial se ha comprometido a reducir la sobrerrepresentación de los maoríes en el sistema de justicia penal y, en particular, a mejorar los resultados para las wāhine maoríes que están encarceladas.
La estrategia para las mujeres reclusas, Wahine-E rere Ana ki te Pae Hou, comenzó a aplicarse en agosto de 2017 a fin de aumentar las oportunidades de las mujeres de vivir una vida apartada del delito. Uno de sus objetivos fundamentales es atender mejor las necesidades de las mujeres, lo cual incluye la incorporación de los valores kaupapa Māori.
Se está elaborando, para su aplicación en todas las cárceles de mujeres, la estrategia Te Mana Wahine, kaupapa Māori Wāhine, específicamente dedicada a la rehabilitación y la reintegración de las maoríes (aunque a disposición de todas las mujeres).
También en el curso de este año se comenzará a prestar en la cárcel de mujeres de Christchurch, a título experimental y como parte de la estrategia para mejorar los resultados de la justicia para las maoríes, un nuevo servicio destinado a las wahine maoríes y a las mujeres con hijos maoríes.
Actualmente las mujeres de las islas del Pacífico no están sobrerrepresentadas en los establecimientos penitenciarios.
La Policía mantiene periódicamente contactos con dirigentes maoríes y de las islas del Pacífico a nivel local, nacional y de distrito. El Comisionado de Policía organiza un foro de dirigentes iwi y un Foro de Dirigentes Comunitarios de las Islas del Pacífico. En esos foros se proporciona orientación sobre la forma de encarar los comportamientos que conducen a la delincuencia entre los maoríes y las poblaciones del Pacífico.
El Departamento de Instituciones Penitenciarias tiene una junta consultiva maorí que presta asesoramiento al Equipo de Dirección Ejecutiva en la elaboración de políticas y la configuración de los servicios penitenciarios a fin de reducir la reincidencia entre los maoríes.
En marzo de 2017, el Departamento de Instituciones Penitenciarias firmó un acuerdo con el movimiento Kiingitanga (Movimiento del Reino Maorí). Uno de los principales proyectos emprendido en el marco de ese acuerdo es el codesarrollo de un centro de reintegración para mujeres.
Si bien la Policía tiene a su disposición medidas alternativas y otras que sustituyen la prisión preventiva, dichas medidas no se aplican específicamente a uno u otro género (reglas 57, 58).
La Policía trabaja en estrecha colaboración con organizaciones comunitarias como Women’s Refuge para ofrecer soluciones de carácter temporal a fin de brindar protección a las mujeres que la necesitan (regla 59).
La Policía puede remitir a una persona a los paneles de la comunidad iwi cuando se trata de delitos cuya pena máxima es de seis meses de prisión (salvo los casos de violencia en la familia y de delitos relacionados con la metanfetamina). Los miembros deben redactar un plan, que puede incluir programas de asesoramiento, educación y capacitación para aumentar sus posibilidades de empleo. Los paneles adoptan, entre otros, un enfoque Whānau Ora y tratan de ajustarse a las necesidades de cada persona y del resto de la familia (artículo 60).
Matrimonio y relaciones familiares
En el informe se indica que el Estado parte prohíbe contraer matrimonio a los menores de 16 años, y que las personas de 16 o 17 años necesitan el consentimiento de sus padres o del Tribunal de Familia para que el Secretario del Registro pueda expedir una licencia de matrimonio (pág. 58). Se señala además que la prohibición de los matrimonios entre personas menores de 18 años podría constituir una discriminación por motivos de edad en virtud de lo dispuesto en la Ley de Derechos Humanos de 1993, que prohíbe la discriminación por motivos de edad a partir de los 16 años (págs. 58 y 59). Proporcionen información sobre los mecanismos existentes para prevenir el matrimonio forzado y modificar la legislación a fin de eliminar el matrimonio infantil en el Estado parte. Faciliten también datos sobre el alcance de la poligamia en el Estado parte y las medidas encaminadas a combatir la práctica ( CEDAW/C/NZL/CO/7 , párr. 38).
La legislación de Nueva Zelandia prohíbe contraer matrimonio a los menores de 16 años. Las personas de 16 o 17 años necesitan el consentimiento de sus padres o del Tribunal de Familia para que el Secretario del Registro pueda expedir una licencia de matrimonio. Los contrayentes son los únicos que pueden dar su consentimiento para el matrimonio en el momento de su celebración y es ilícito entregar a una mujer para contraer matrimonio sin su consentimiento.
Los proyectos de ley sobre la violencia en la familia y las whanau que actualmente considera el Parlamento introducirán un nuevo delito, el del matrimonio forzado. El matrimonio forzado es aquel en el que una persona contrae matrimonio sin su pleno y libre consentimiento debido a la coacción, la amenaza o el engaño.
La Policía de Nueva Zelandia ha actualizado su manual para proporcionar orientación sobre la respuesta apropiada en casos de matrimonio forzado o precoz y está trabajando directamente con las comunidades locales para reforzar la confianza a través de sus oficiales de enlace étnicos, los agentes comunitarios y los equipos de vigilancia policial en los vecindarios.
La bigamia es ilegal con arreglo a la Ley de Delitos de 1961.
Apéndice A
Las mujeres y las niñas en Tokelau
En 2017 Tokelau publicó un análisis de su censo de 2016. en el que se incorporaban datos actualizados sobre la situación de las mujeres y las niñas en Tokelau, a saber:
•Las mujeres estaban obteniendo resultados relativamente buenos en materia de educación; la proporción de mujeres que cursaba estudios superiores (en el momento del censo) era más de dos veces superior a la de los hombres (7,9% y 3,1%, respectivamente);
•Los hombres tenían más probabilidades de participar en el trabajo remunerado que las mujeres (70% y 49,9%, respectivamente), pero las mujeres con empleos remunerados tenían más probabilidades que los hombres de desempeñar funciones profesionales (37,9% frente al 29,7%);
•Tanto las mujeres como los hombres participaban ampliamente en el trabajo no remunerado (77% y 81,4% respectivamente). En la esfera del trabajo no remunerado seguía siendo evidente la división tradicional del trabajo: en las aldeas, las mujeres por lo general contribuyen a las labores de tejido más que los hombres (37,5% frente al 4,1%) y los hombres tienen más probabilidades que las mujeres de ayudar con la pesca (59,4% frente al 3%). Asimismo, es más probable que las mujeres, y no los hombres, cuiden a los hijos (80,6% frente al 52,7%).
También ha habido novedades positivas en lo que respecta a la promoción de la igualdad de género y la participación de la mujer en la vida pública en Tokelau desde 2016.
A nivel de las aldeas:
•En la aldea de Nukunonu, el Taupulega (consejo de la aldea – el más alto órgano decisorio integrado por los jefes de los grupos de familias extensas y encargados de la adopción de todas las decisiones y la asignación de recursos en las aldeas) incluye actualmente a ocho mujeres que son jefes de familia. Mientras que en las otras dos aldeas (Fakaofo y Atafu) son menos las mujeres que integran los Taupulega, las delegadas parlamentarias pueden asistir a sus reuniones;
•En las tres aldeas, las mujeres están ahora incluidas en la fuerza de trabajo y pueden percibir un salario por su labor, aunque tienen la opción de no trabajar si así lo desean. Las mujeres que cuidan a los hijos o padres enfermos reciben ahora una remuneración por atenderlos;
•En 2017, los Fatupaepae (grupos de mujeres) de las tres aldeas recibieron aproximadamente 7.000 dólares del Administrador de Tokelau para apoyar iniciativas y actividades de sus aldeas. Estos fondos se sumaron a los 10.000 dólares que había recibido cada uno de ellos de su respectivo consejo. También enviaron representantes a Samoa para promover y vender artesanías de Tokelau;
A nivel nacional:
•Las tres representantes en el Fono General (Parlamento) participaron por segunda vez en el Foro de Alianzas Parlamentarias de Mujeres de las Islas del Pacífico celebrado en las Islas Salomón en septiembre de 2017;
•En octubre de 2017, Tokelau participó en la 13ª Reunión Trienal de Mujeres del Pacífico y la sexta reunión de los Ministros de Asuntos de la mujer y aprobó la Plataforma de Acción Revisada de la Región del Pacífico (PPA), así como el documento final y sus recomendaciones. Tanto en la reunión como en los documentos pertinentes se apoyaban el empoderamiento económico de las mujeres de la región del Pacífico y la promoción de la igualdad entre los géneros y los derechos humanos, incluida la incorporación de esos conceptos en los planes nacionales de desarrollo en el Pacífico (como el Plan Estratégico Nacional de Tokelau);
•Se ha restablecido la función del Comisionado del Servicio Público, lo cual crea la oportunidad de ayudar a garantizar que se protejan y fortalezcan los derechos de la mujer en el sector público;
•El curso de competencias básicas de la Policía de Tokelau se realizó por primera vez a fin de desarrollar las aptitudes básicas de los nuevos agentes policiales de Tokelau, dos de los cuales eran mujeres. El curso se dictó con la ayuda de instructores de la Policía de Tokelau, dos de los cuales eran también mujeres;
•Los representantes del Fono General y los Fatupaepae y de grupos de la sociedad civil asistieron a una Reunión Cumbre sobre la Salud. Esta fue una oportunidad para informar a todos los asistentes, especialmente las mujeres, sobre la adopción de decisiones en materia de salud. Se consideró que la elección de un estilo de vida sano era una forma de empoderar a las mujeres.