El asentamiento mencionado en el cuadro está situado entre los distritos de Aiwo y Denigomodu. Fue utilizado por la British Phosphate Commission (BPC), bajo el mandato del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, Australia y Nueva Zelandia, como complejo de viviendas para los trabajadores empleados en las minas de fosfatos en régimen de servidumbre. Entre esos trabajadores había nacionales de China, Kiribati y Tuvalu. Tras su repatriación, las parcelas y las viviendas se devolvieron a los propietarios. En la actualidad, la población del asentamiento es superior a la de cualquier distrito.

Cada uno de los 14 distritos tiene su propio comité comunitario, formado por representantes elegidos, que realiza proyectos comunitarios y a menudo representa a sus distritos en diversas consultas con el Gobierno y la sociedad civil y foros similares. Estos comités comunitarios no se establecieron por ley ni están regulados legalmente. Los comités comunitarios cuentan con mujeres como miembros clave.

La lejanía de Nauru implica que dependa de combustible importado para todos los fines energéticos, y el aumento de los gastos de combustible y transporte convierten la seguridad energética en una cuestión fundamental para el país. Los elevados precios de la energía son una presión añadida para los limitados recursos. La seguridad alimentaria es también una cuestión importante, ya que la mayor parte de los alimentos son importados. Hay poca tierra cultivable, como resultado de la extracción de fosfatos, que convirtió el 80% de las tierras en zonas áridas. El cambio climático puede reducir aún más las perspectivas de la producción local de alimentos, debido al aumento de las sequías, la escasez de agua y las inundaciones costeras.

Nauru aún se enfrenta a importantes problemas económicos, incluida la falta de oportunidades de empleo, y es probable que aumenten las dificultades. Sin datos recientes es difícil evaluar las tendencias en la participación económica de las mujeres. El Gobierno es el mayor empleador, seguido por el sector minero y otras entidades privadas de menor tamaño. En septiembre de 2012, Nauru abrió un centro de tránsito de refugiados que es utilizado por Australia y que ofrece oportunidades de empleo a los nauruanos. De hecho, el centro emplea a mujeres.

La sociedad de Nauru es matrilineal, si bien a lo largo de los años, con la influencia occidental, las normas y valores patriarcales han arraigado y se han reforzado con la práctica, las normativas y la legislación. Habida cuenta del carácter matrilineal de la sociedad tradicional de Nauru, las mujeres tienen un peso considerable en la familia y la comunidad. Aunque la transmisión hereditaria de la tierra aún se realiza por línea materna, la mayoría de los participantes en un informe de análisis de situación coordinado por el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia señalaron que se hacía caso omiso de la opinión de la mujer, que la condición de la mujer había empeorado y que la sociedad de Nauru estaba dominada por los hombres. Si bien un gran número de mujeres tienen un empleo asalariado, la mayoría de ellas siguen considerando su función principal la de ser esposa y ama de casa.

El valioso papel de la mujer en la vida pública de Nauru se refleja en la gran proporción de organismos del sector público encabezados tradicionalmente por mujeres. Solo dos mujeres han sido elegidas como miembros del Parlamento de Nauru. Durante las reformas constitucionales de 2006, se sugirió que algunos escaños se reservaran para las mujeres. Sin embargo, esta propuesta fue recibida con reticencias por parte de muchos miembros de la comunidad, incluidas las mujeres, y no se llevó a término. En general, las mujeres se enfrentan a dificultades particulares respecto a su igualdad de representación, participación y experiencia vital en Nauru. En los últimos años ha aumentado el reconocimiento de la importancia de los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales de la mujer para el desarrollo general de Nauru. Además, en las elecciones generales celebradas en 2013 se presentaron más mujeres como candidatas a ocupar escaños, con el resultado de que una de ellas fue elegida miembro del Parlamento y recibió un cargo ministerial y diversas carteras.

Durante el período de dificultades económicas, las tasas de participación en la fuerza de trabajo disminuyeron más pronunciadamente entre las mujeres que entre los hombres: en el caso de estos últimos, pasaron del 83% en 2002 (datos del censo) al 74% en 2007 (datos de la Encuesta de Demografía y Salud), mientras que la tasa de las mujeres pasó del 70% en 2002 al 52% en 2007. Una vez que se retomó la extracción de fosfatos a gran escala en 2007, el crecimiento económico se restableció y las tasas mejoraron.

Como en la mayoría de los países del mundo, la violencia doméstica es un problema grave e importante en Nauru. En 2014, el Departamento de Asuntos de la Mujer, dependiente del Ministerio del Interior, emprendió un estudio con el apoyo financiero del Departamento de Relaciones Exteriores y Comercio de Australia y el apoyo técnico del Fondo de Población de las Naciones Unidas para obtener información sobre las características y las consecuencias de la violencia perpetrada contra la mujer.

En el marco del Estudio de Seguridad y Salud Familiar correspondiente a 2014 se seleccionó inicialmente a 300 mujeres para participar en la encuesta, pero lamentablemente solo 60 de ellas aceptaron completarla. Aun así, los datos proporcionados sirvieron para establecer una base de referencia sólida sobre Nauru con la que analizar las estadísticas resultantes. Se estimó que el 48,1% de las mujeres que habían experimentado una relación íntima habían sido víctimas de actos de violencia sexual cometidos por su pareja al menos una vez en su vida, y el 22,1% en los 12 meses anteriores a la entrevista. De ellas, el 50,8% comunicaron que habían resultado heridas y el 18% necesitaron atención sanitaria a causa del daño sufrido. Casi el 29% de las mujeres nunca reveló esos episodios violentos a nadie, y quienes lo hicieron confiaron principalmente en familiares y amigos.

Aproximadamente el 68% de las mujeres nunca solicitó la ayuda de servicios o autoridades oficiales, como la policía o los ambulatorios. Las estimaciones relativas a las mujeres del Pacífico indican que 2 de cada 3 mujeres sufren violencia familiar, cifra superior al promedio mundial de 1 de cada 3. Habida cuenta de que este fue el primer estudio de ese tipo en Nauru y de que hubo algunos problemas en cuanto a la recopilación de datos, es probable que las estimaciones de violencia doméstica citadas se queden cortas respecto a la situación real. El estudio proporciona buenos datos de referencia y ofrece varias recomendaciones para reforzar el sistema actual de lucha contra la violencia doméstica.

En la edición de 2014 del Informe Regional del Pacífico sobre los Objetivos de Desarrollo del Milenio se señala la falta de datos sobre las muertes maternas; sin embargo, de acuerdo con los datos registrados por Nauru la cobertura de la atención prenatal y especializada fue del 97%. En el informe también se mencionó que Nauru tiene una baja tasa de prevalencia de anticonceptivos, en línea con la relativamente acentuada necesidad insatisfecha de servicios de planificación familiar.

II.Marco jurídico e institucional

En Nauru existe un Ministro de Justicia, supervisado por el Secretario de Justicia y Control Fronterizo, que es el principal asesor jurídico del Gobierno y el jefe administrativo del departamento que engloba la justicia, la inmigración, la cuarentena, los servicios penitenciarios y la administración de patrimonios intestados.

El Secretario de Justicia y Control Fronterizo también tiene una serie de funciones y facultades legales. En la actualidad, el Departamento de Justicia y Control Fronterizo emplea a nueve juristas, un consejero y un asistente jurídico. El Secretario de Justicia y Control Fronterizo es también un jurista de Nauru. Actualmente hay dos mujeres juristas, una de Nauru y la otra extranjera. El Gobierno también cuenta con un Procurador General que depende del Secretario de Justicia y Control Fronterizo, un Fiscal General independiente, un Defensor Público, un Abogado de Derechos Humanos y un Fiscal. Además, el cargo de Secretario Adjunto de Justicia y Control Fronterizo lo ocupa una mujer nauruana, que cuenta entre sus empleados con un asesor jurídico comunitario adscrito a la Oficina del Director del Ministerio Público y otro al Defensor Público, ambos nauruanos.

Nauru tiene un Tribunal de Distrito, un Tribunal Supremo y un Tribunal de Familia. Una Juez Residente se encarga del Tribunal de Distrito. El Tribunal Supremo cuenta con un Secretario y tres magistrados, dos hombres y una mujer. El Tribunal Supremo conoce en exclusiva y en primera instancia de las cuestiones constitucionales. En todos los demás asuntos, las partes pueden solicitar autorización para apelar contra una decisión del Tribunal Supremo de Nauru ante el Tribunal Superior de Australia, pero dados los gastos prohibitivos que conlleva el proceso, esto raramente ocurre. El Presidente del Tribunal Supremo de Nauru es también Presidente de la Junta de Apelación de la Función Pública.

La Constitución de Nauru establece un sistema de gobierno parlamentario responsable, con un Parlamento unicameral de 19 miembros, elegidos de entre 8 circunscripciones de múltiples miembros. El Presidente es el Jefe de Gobierno y Jefe de Estado, y es elegido por el Parlamento de entre sus miembros, tras lo cual nombra a los miembros del Parlamento que vayan a ser ministros. La Constitución confiere el poder ejecutivo al Gabinete (Presidente y ministros). El poder judicial reside en el Tribunal Supremo de Nauru.

III.Estrategia Nacional de Desarrollo Sostenible de Nauru 2005-2025

La Estrategia Nacional de Desarrollo Sostenible 2005-2025, puesta en marcha en 2005, estableció por primera vez un plan nacional de desarrollo estratégico a largo plazo para Nauru. En la Estrategia se determinan los principales objetivos nacionales de desarrollo y las correspondientes estrategias y actividades necesarias para lograrlos. La Estrategia representa el programa básico de desarrollo del Gobierno de Nauru. La Estrategia Nacional de Desarrollo Sostenible 2005-2025 se centra en las cuestiones económicas y de desarrollo y tiene como uno de sus principios fundamentales el logro de una sociedad justa que reconozca y respete los derechos de la mujer, promueva la igualdad de oportunidades y se comprometa a integrar las cuestiones de género en todos los sectores. El órgano de coordinación de la Estrategia es la División de Planificación y Desarrollo del Ministerio de Finanzas. En su revisión de 2009, la Estrategia Nacional de Desarrollo Sostenible 2005-2025 incorporó las reglas y normas de derechos humanos entre sus objetivos básicos. Los cinco objetivos a largo plazo del Plan Nacional de Desarrollo Sostenible, que incluye los derechos humanos y la gobernanza, son los siguientes: a) velar por la existencia de un Gobierno estable, fiable y responsable desde el punto de vista fiscal; b) promover mejores infraestructuras sociales y servicios públicos; c) fomentar una economía basada en múltiples fuentes de ingresos; d) rehabilitar las tierras explotadas hasta el límite para lograr la sostenibilidad de los medios de subsistencia; y e) potenciar la producción nacional de alimentos. La Estrategia Nacional de Desarrollo Sostenible 2005-2025 también se centra en lograr una sociedad justa que reconozca y respete los derechos de la mujer, promueva la igualdad de oportunidades y se comprometa a integrar las cuestiones de género en todos los sectores. En la actualidad, los datos sobre los presupuestos y sectores que incorporan una perspectiva de género deben fortalecerse aún más, y es preciso reforzar los sistemas actuales de supervisión para conseguir mejores resultados en la incorporación de la perspectiva de género en todos los sectores del Gobierno. Los actuales indicadores clave del desempeño que contribuyen a la estrategia nacional en materia de género incluyen: a) la proporción de programas relacionados con la Convención creados e incorporados en todos los planes, políticas, estrategias y programas del Gobierno de Nauru; b) la proporción de mujeres en el Parlamento; c) la proporción de mujeres en puestos de liderazgo en el Gobierno, las juntas de gobierno y el sector privado; d) la proporción de mujeres en empleos remunerados; e) el porcentaje del ingreso promedio de los hogares aportado por las mujeres; y f) el porcentaje de proyectos y programas comunitarios gestionados y ejecutados por grupos de mujeres, organizaciones no gubernamentales y la sociedad civil.

IV.Economía

La economía de Nauru se enfrenta a importantes limitaciones comunes a otros Estados situados en islas o atolones, entre ellas su pequeño tamaño, la lejanía, el duro entorno natural caracterizado por la baja fertilidad de los suelos, la escasez de recursos explotables y la necesidad de crear puestos de trabajo para ampliar la población. La población y el medio ambiente de Nauru se han visto muy afectados por sus depósitos de fosfatos. Las actividades mineras llevadas a cabo durante más de 90 años han provocado que al menos tres cuartas partes de la isla se consideren inhabitables y no aptas para ningún tipo de subsistencia.

En Nauru existe una disparidad en lo relativo a los derechos a recibir prestaciones de los trabajadores de la administración pública y de empresas propiedad del Estado. Esto puede ser un problema, ya que puede contribuir al bajo nivel de la moral del personal y afecta a los medios de vida de los trabajadores y sus familias. Algunos trabajadores, especialmente los que trabajan en la Nauru Rehabilitation Corporation, tienen derecho a una licencia de paternidad, prestación que no se concede a los demás. No hay ninguna ley que abarque todos los tipos de licencias a las que tienen derecho los trabajadores.

V.Desarrollo de la mujer

El Gobierno de Nauru creó la Oficina de la Mujer en 1997 a raíz de la Conferencia de Beijing de 1994 y asignó a dos funcionarios, un Oficial Encargado y un Secretario, para supervisar su labor. En agosto de 1998 se solicitó la asistencia de la Oficina Técnica de la Mujer del Pacífico de Nueva Caledonia, a fin de ayudar a dichos oficiales a crear la oficina y formular su plan de acción nacional.

Se mantuvieron consultas con funcionarios del Gobierno, mujeres, representantes de distrito y dirigentes religiosos, y en octubre de 1998 se elaboró un plan de trabajo que incluyó compromisos acordados a nivel nacional en torno a las prioridades de Beijing y centró los esfuerzos de la Oficina de la Mujer en cuestiones como: a) la salud de la mujer, b) la violencia contra la mujer; c) la educación y capacitación de la mujer; d) la mujer y la adopción de decisiones; e) los derechos de la mujer; y f) la participación de la mujer en la economía, con el mandato general de “promover y mejorar la vida de las mujeres en Nauru”.

Desde el establecimiento de la Oficina de la Mujer en 1997, se han producido algunos cambios destacados, como la conversión de la Oficina de la Mujer en el Departamento de Asuntos de la Mujer en el marco del Ministerio del Interior, el aumento de personal y la consignación de un presupuesto específico para financiar la labor sobre proyectos, talleres nacionales y programas señalados como necesarios para las mujeres de los distritos y el envío de participantes a consultas y talleres de capacitación regionales e internacionales.

En 2008 se creó una casa refugio, y en 2013 se trasladó a un local más amplio, de cinco dormitorios, con aire acondicionado. Este centro, llamado “Eoag ‘N Ratequo” (“hogar para visitantes”), ofrece servicios de asesoramiento y refugio a las personas que han sobrevivido a casos de violencia doméstica. La casa refugio se suele utilizar para estancias de corta duración, mientras que los locales que no reúnen unas condiciones de seguridad o equipamiento suficientes se destinan a estancias de más largo plazo. En el pasado los alimentos disponibles en estas instalaciones se limitaban a aquellos que podían almacenarse fácilmente, como alimentos secos, galletas, arroz y conservas. En la actualidad las existencias de este tipo de comida son menores, ya que se provee el efectivo necesario para comprar alimentos imprescindibles cuando es preciso. Desde la puesta en marcha de la casa refugio Eoag ‘N Ratequo, cerca de una mujer ha buscado refugio o asesoramiento en ella cada mes. No hay ningún indicio que señale la duración posible de la estancia de una mujer en busca de refugio. La estancia más larga tuvo lugar en 2008, cuando una mujer no nauruana casada con un nauruano y sus siete hijos permanecieron más de tres meses, ya que no tenía familia a la que acudir. El Gobierno les ofreció alojamiento temporal mientras la Dependencia Contra la Violencia Doméstica de la Policía y el Departamento de Asuntos de la Mujer proseguían sus investigaciones oficiales. La casa refugio Eoag ‘N Ratequo se utiliza también para acoger a las víctimas de la violencia doméstica en proceso de reasentamiento. El Departamento de Asuntos de la Mujer cuenta con un consejero coordinador y un consejero auxiliar que ofrecen servicios internos de asesoramiento y apoyo y que en muchas ocasiones han atendido a los supervivientes que buscan cobijo en la casa refugio.

A mediados de 2013, el Departamento de Asuntos de la Mujer, dependiente del Ministerio del Interior, contrató a una persona para trabajar con hombres y administrar el Programa de Autoayuda para Poner Fin a la Violencia Doméstica, en el marco del cual se ofertó un programa de capacitación de 11 semanas destinado a los autores de actos de violencia, de conformidad con el Plan de Acción Nacional sobre la Mujer de Nauru. Dicho empleado también presta asesoramiento a los hombres y los niños en lo que respecta a la eliminación de la violencia contra la mujer. Se necesitan más recursos en esta esfera a fin de apoyar al actual funcionario y trabajar de manera proactiva y adecuada con los hombres y los niños para reducir la violencia. Invertir en la labor desempeñada con los hombres y los niños traerá beneficios a largo plazo y es probable que repercuta pronunciadamente en la reducción de la violencia doméstica y familiar.

VI.Política de la Mujer, Plan de Acción sobre la Mujer y Plan de Género de Nauru

La Política Nacional de la Mujer de Nauru contribuye a alcanzar los indicadores del desempeño en materia de género de la Estrategia Nacional de Desarrollo Sostenible 2005-2025. En la Política se insta a dar una respuesta multisectorial en materia de aplicación y se proporciona orientación al Gobierno, la sociedad civil y los representantes comunitarios respecto a las prioridades de género de Nauru. Los objetivos de la Política son los siguientes: a) aumentar la participación de la mujer en la adopción de decisiones y los puestos de dirección en el Gobierno, las empresas de propiedad estatal y la comunidad; b) eliminar todas las formas de violencia contra la mujer; c) mejorar la situación económica de las mujeres, incluida la igualdad con los hombres en el lugar de trabajo; d) mejorar los servicios centrados en la salud de la mujer (incluidos los derechos en materia de salud sexual y reproductiva); e) mejorar los servicios de salud destinados a las mujeres y el acceso equitativo a ellos; f) mejorar todos los niveles de la educación de las niñas y las mujeres y su participación equitativa en ellos; y g) fortalecer el Departamento de Asuntos de la Mujer y mejorar la capacidad de los organismos gubernamentales de incorporar los programas de igualdad entre los géneros.

Además, existe un Plan de Acción de la Mujer de Nauru cuyo objetivo es mejorar la calidad de vida de las mujeres en Nauru, para lo que se han determinado 16 esferas: a) la mujer y la salud; b) la educación y capacitación de la mujer; c) la violencia contra la mujer; d) la religión; e) los derechos humanos de la mujer; f) la mujer en la adopción de decisiones; g) la mujer y la cultura; h) la mujer y los medios de comunicación; i) la comunidad y la familia; j) las niñas; k) la buena gobernanza; l) la mujer y la economía; m) la mujer en la agricultura y la pesca; n) la mujer y el medio ambiente; o) las jóvenes; y p) la mujer y el deporte. Se prevé que los avances en las principales cuestiones temáticas mejorarán la calidad de vida de las mujeres de Nauru. La supervisión del Plan de Acción Nacional corresponde al Departamento de Asuntos de la Mujer.

El Plan Nacional de Género de Nauru cuenta para su funcionamiento con un consejero psicosocial que trabaja a tiempo completo en el Hospital de la República de Nauru y ofrece asesoramiento a los hombres, las mujeres, los niños y las niñas afectados por la violencia doméstica, el alcoholismo y el embarazo en la adolescencia. Como complemento, se ideó un sistema de remisión en el que participan el Hospital de la República de Nauru (a través de los médicos y el personal de tratamiento hospitalario), las escuelas (mediante oficiales de enlace), la Fuerza de Policía de Nauru (por conducto de la Dependencia Contra la Violencia Doméstica) y la casa refugio Eoag’n Ratequo. Este sistema está en las etapas finales de establecimiento. Mediante las tres actividades contempladas en el primer plan nacional: i) se mejorarán los servicios y la capacidad de respuesta del sector de la salud para reducir la violencia doméstica; ii) se aumentará el acceso a la justicia y se mejorará la legislación y el entorno normativo para reducir la violencia doméstica; y iii) se incrementarán las oportunidades para que las mujeres ejerzan liderazgo y adopten decisiones.

Parte II – Aplicación de los artículos sustantivos

Artículos 1 a 3: Medidas en materia de discriminación y garantías de los derechos humanos básicos y las libertades fundamentales

Artículo 1: “A los efectos de la presente Convención, la expresión “discriminación contra la mujer” denotará toda distinción, exclusión a restricción basada en el sexo que tenga por objeto o por resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por la mujer, independientemente de su estado civil, sobre la base de la igualdad del hombre y la mujer, de los derechos humanos y las libertades fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural y civil o en cualquier otra esfera”.

Artículo 2: “Los Estados Partes condenan la discriminación contra la mujer en todas sus formas, convienen en seguir, por todos los medios apropiados y sin dilaciones, una política encaminada a eliminar la discriminación contra la mujer y, con tal objeto, se comprometen a:

a)Consagrar, si aún no lo han hecho, en sus constituciones nacionales y en cualquier otra legislación apropiada el principio de la igualdad del hombre y de la mujer y asegurar por ley u otros medios apropiados la realización práctica de ese principio;

b)Adoptar medidas adecuadas, legislativas y de otro carácter, con las sanciones correspondientes, que prohíban toda discriminación contra la mujer;

c)Establecer la protección jurídica de los derechos de la mujer sobre una base de igualdad con los del hombre y garantizar, por conducto de los tribunales nacionales o competentes y de otras instituciones públicas, la protección efectiva de la mujer contra todo acto de discriminación;

d)Abstenerse de incurrir en todo acto o práctica de discriminación contra la mujer y velar porque las autoridades e instituciones públicas actúen de conformidad con esta obligación;

e)Tomar todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer practicada por cualesquiera personas, organizaciones o empresas;

f)Adaptar todas las medidas adecuadas, incluso de carácter legislativo, para modificar o derogar leyes, reglamentos, usos y prácticas que constituyan discriminación contra la mujer;

g)Derogar todas las disposiciones penales nacionales que constituyan discriminación contra la mujer”.

Artículo 3: “Los Estados Partes tomarán en todas las esferas, y en particular en las esferas política, social, económica y cultural, todas las medidas apropiadas, incluso de carácter legislativo, para asegurar el pleno desarrollo y adelanto de la mujer, con el objeto de garantizarle el ejercicio y el goce de los derechos humanos y las libertades fundamentales en igualdad de condiciones con el hombre”.

Situación: protección de los derechos y libertades fundamentales (artículos 3 a 15)

Toda persona que se encuentre en Nauru tiene reconocidos sus derechos y libertades fundamentales con independencia de su raza, lugar de origen, opinión política, color de piel, credo o sexo, así como sus derechos civiles y políticos, pero no hay ninguna referencia relativa a los derechos económicos y sociales, la igualdad sustantiva y la discapacidad. Por ejemplo, no se reconocen derechos especiales de la madre trabajadora en el lugar de trabajo. La licencia de maternidad no es un derecho en virtud de la ley, sino que queda a discreción del Secretario Principal; aun así, a todas las mujeres de la administración pública y las empresas estatales se les concede, a petición suya, una licencia de maternidad de tres meses con sueldo siempre que hayan cumplido un año de servicio. También se conceden tres días de licencia especial cuando se ha completado un año de servicio.

No hay leyes que protejan a las mujeres en el lugar de trabajo más allá de la aplicación del Código Penal y de la Ley de la Administración Pública de 1998 en el caso de las funcionarias. Si una mujer se ve sometida a hostigamiento en el lugar de trabajo, solo podría acogerse a las normas penales en materia de agresión o amenaza de violencia, que puede que no reflejen la gravedad del delito cometido.

No hay ninguna ley específica sobre la violencia doméstica; sin embargo, en el marco del procedimiento de revisión del Código Penal de Nauru se ha propuesto elaborar normas concretas sobre violencia doméstica. La violencia doméstica no está prevista específicamente en el Código Penal de 1899, por lo que recibe el tratamiento de un acto de agresión ordinaria. En los casos de violencia sexual y doméstica, independientemente del estado civil, se puede dictar una orden de alejamiento mediante un mandamiento preventivo (secc. 34A de la Ley de Procedimiento Penal de 1972). La reforma de la legislación de procedimiento penal está en curso y se prevé incluir disposiciones exhaustivas sobre las órdenes de protección y el enjuiciamiento obligatorio de los delitos de violencia doméstica.

El objetivo del Código Penal es modernizar la legislación penal de Nauru para que pueda satisfacer los intereses y las necesidades de la sociedad en desarrollo y las distintas facetas del sistema de justicia penal. La mayoría de los delitos sexuales contemplados en el Código Penal de Nauru se recogen en el capítulo XXII (Delitos contra la moral). Si bien estos delitos abarcan una amplia gama de delitos sexuales, no incluyen muchos delitos modernos, en particular los relativos a la explotación sexual de los niños y las agresiones. Por consiguiente, existen más opciones de culpabilidad penal por los actos de violencia instigados por los hombres contra las mujeres. El nuevo Código Penal también agrupará todos los delitos sexuales en una nueva sección, lo que facilitará la tarea de la Fuerza de Policía de Nauru y de la Oficina del Director del Ministerio Público en lo tocante a la presentación de los cargos correspondientes por los delitos con violencia contra la mujer. Otra de las novedades que incluirá el Código Penal es la tipificación del delito de acoso criminal, que tiene por objeto recoger los comportamientos que no llegan a la agresión, pero que podrían suscitar miedo o aprehensión en la víctima. También podrá invocarse para enjuiciar a una persona antes de que cometa un delito más grave. La cuestión del consentimiento de la mujer en los delitos sexuales es un problema frecuente y común a todos los delitos de violencia contra la mujer, por lo que el Código Penal se propone resolver esta cuestión fundamental mediante la elaboración de una lista no exhaustiva de circunstancias en las que no se considera que exista un consentimiento libre y voluntario, por ejemplo, si se emplea la fuerza.

El nuevo Código Penal se esfuerza por proporcionar en sus disposiciones más claridad respecto a los delitos y adopta un enfoque más moderno para abordar los diversos aspectos de la violencia contra la mujer. Se prevé que el examen actual y urgente del Código Penal de 1899 ofrezca la oportunidad más propicia de tipificar un delito grave de violencia doméstica, que actualmente no existe. Las disposiciones sobre violencia doméstica formarían parte de la sección del Código Penal dedicada a los delitos contra la persona.

Además de lo anterior, se prevé que la reforma del Código Penal también incluya: a) disposiciones que establezcan el enjuiciamiento obligatorio de los delitos de violencia doméstica; b) una revisión de las sanciones actuales; c) disposiciones que recojan toda la gama de delitos de agresión sexual, clasificados sobre la base del daño sufrido por la víctima (por ejemplo, agresión sexual (incluida con agravantes) y abusos deshonestos); d) cambios en la definición de violación y otros delitos de agresión sexual a fin de incluir la introducción de elementos distintos del pene en el ano, la vagina y la boca; e) la armonización de la mayoría de edad legal en 18 años, en línea con la Convención sobre los Derechos del Niño y la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer; f) la prohibición expresa del requisito de corroboración; g) la prohibición expresa de que los actos sexuales previos impliquen consentimiento; h) la prohibición expresa del requisito de demostrar la resistencia con pruebas; i) la eliminación de la exención de enjuiciamiento por violación conyugal; j) el fortalecimiento del delito de incesto en relación con las mujeres en el artículo 223 del Código Penal de 1899, a fin de incluir a las menores de 18 años y reformar las disposiciones que puedan disuadir a cualquier participante en una relación sexual incestuosa de denunciar el delito; y k) la incorporación en el plano nacional de las normas internacionales pertinentes, incluidas las relativas a la violencia por razón de género.

También será necesario examinar la posibilidad de adoptar una disposición legislativa expresa a fin de establecer penas mínimas para los delitos sexuales. En la actualidad, de conformidad con el artículo 19 del Código Penal de 1899, las sentencias son penas máximas, no obligatorias, y no existen penas mínimas para ningún delito sexual. Se prevé que todas las enmiendas introducidas tendrán en cuenta las cuestiones nuevas y emergentes relativas a la legislación en materia de sentencias. También se está revisando la legislación discriminatoria a fin de ponerla al día con las obligaciones internacionales.

El número casos de violencia contra la mujer es elevado. De los 167 casos registrados en 2014, 58 afectaban a denunciantes que eran mujeres y niños. Esto representa el 35% de los delitos registrados en 2014. Esos delitos varían entre: a) la agresión común; b) los abusos deshonestos; c) el allanamiento de morada; d) las lesiones corporales; e) las cuestiones relativas a la violencia presunta; f) el uso de expresiones obscenas; g) el comportamiento ofensivo; h) los actos destinados a causar lesiones corporales graves; i) las lesiones corporales graves; j) las agresiones con agravante, k) el trato indecente de niñas; l) las tentativas de violación; m) la violación; n) el secuestro; y o) el uso indebido de los servicios de telecomunicaciones.

Además, en relación con las causas derivadas de los 58 casos denunciados: a) se retiraron cuatro causas en virtud del artículo 153 2) b) i) de la Ley de Procedimiento Penal de 1972; b) se retiraron seis causas en virtud del artículo 153 2) b) ii) de la Ley de Procedimiento Penal de 1972; c) se puso fin a seis causas con arreglo al artículo 122 de la Ley de Procedimiento Penal de 1972; d) se desistió del procedimiento en tres causas de conformidad con el artículo 46 de la Ley de Procedimiento Penal; e) se declaró culpable al acusado de una causa, que fue condenado a una pena de prisión de nueve meses; f) cinco causas estaban pendientes de que el Fiscal General decidiera ejercer la acción o no; y g) 26 causas seguían pendientes ante los tribunales y aún no se habían presentado cargos ni se había citado a los inculpados para comparecer ante el tribunal; h) en cuatro causas todavía no se habían ejecutado las órdenes judiciales de arresto; e i) tres causas estaban pendientes de la fijación de fecha de juicio en 2015.

Cuadro 1

Violencia contra las mujeres y los niños

	Número de denuncias
Retirada en virtud del art. 153 2) b) i) de la Ley de Procedimiento Penal	4
Retirada en virtud del art. 153 2) b) ii) de la Ley de Procedimiento Penal	6
Concluida en virtud del art. 122 de la Ley de Procedimiento Penal	6
Desistimiento del procedimiento en virtud del art. 46 de la Ley de Procedimiento Penal	3
Condena y sentencia a 9 meses de prisión	1
Pendiente de que el Fiscal General decida ejercer la acción	5
Pendiente de la presentación de cargos y la citación	26
Pendiente de la ejecución de las órdenes judiciales de arresto	4
Pendiente de fecha de juicio en 2015	3

Fuente: Tribunal de Primera Instancia de Nauru.

En 2009 se estableció un Comité contra la Violencia Doméstica con el apoyo del Programa del Pacífico para la Prevención de la Violencia Intrafamiliar. En él están representados el Departamento de Salud, la Policía, el Departamento de Educación, la casa refugio Eoag ‘N Ratequo, el coordinador del Equipo Regional de Recursos sobre Derechos Humanos de la Secretaría de la Comunidad del Pacífico, las iglesias, el poder judicial, la justicia y un representante de la organización White Ribbon Champions. El propósito del Comité contra la Violencia Doméstica es orientar y coordinar las actividades de la policía, los departamentos gubernamentales y los grupos comunitarios. Con la adhesión a la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer en 2011, se adoptó la decisión de aumentar la labor básica del Comité contra la Violencia Doméstica y de considerarla una prioridad nacional para todos los encargados de adoptar decisiones, a fin de lograr un compromiso al más alto nivel político.

Además, el 5 de diciembre de 2011, los órganos ejecutivos pertinentes del Gobierno crearon el Comité Directivo Nacional sobre la Violencia Doméstica de Nauru. Entre sus miembros figuran: a) el Ministro del Gabinete (nombrado por el Presidente); b) un miembro del Parlamento (campeón de género); c) el Secretario de Interior o un representante elegido en su nombre; d) el Secretario de Justicia y Control Fronterizo o un representante elegido en su nombre; e) el Secretario de Educación o un representante elegido en su nombre; f) el Secretario de Salud o un representante elegido en su nombre; g) el Comisionado de Policía; h) el Director de Estadísticas; i) representantes de las organizaciones no gubernamentales; j) organizaciones comunitarias; k) el Consejo Nacional de Mujeres Jóvenes de Nauru; y l) la entidad Commercial Industry and Environment. Los objetivos fundamentales del Comité Directivo Nacional sobre la Violencia Doméstica son los siguientes: a) adoptar medidas colectivas y nacionales proactivas para coordinar y supervisar los esfuerzos en respuesta a la violencia doméstica, incluida la violencia contra la mujer en todas sus formas; y b) velar por que se promulgue legislación específica sobre la violencia contra la mujer.

Las funciones y responsabilidades relativas a la coordinación general de las medidas nacionales para hacer frente a la violencia doméstica incluyen, entre otras, las siguientes: a) velar por que las actividades realizadas para hacer frente a la violencia doméstica reflejen los requisitos y necesidades de los grupos vulnerables, los ancianos, las personas con niños, las personas con cualquier tipo de discapacidad y las madres embarazadas; b) asegurar la implicación nacional y la sostenibilidad de los programas nacionales de lucha contra la violencia doméstica mediante un plan de trabajo coherente entre los departamentos responsables, las empresas estatales, la sociedad civil y las organizaciones no gubernamentales, mediante la elaboración de un plan para aplicar y supervisar las medidas sobre violencia doméstica en Nauru; c) integrar la violencia doméstica en el diálogo nacional sobre desarrollo, las actividades de promoción y las estrategias de desarrollo, como se indica en la Estrategia Nacional de Desarrollo Sostenible 2005-2025 (mediante los procesos relacionados con el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer); y d) organizar actividades de promoción y otras campañas de sensibilización sobre los derechos humanos a nivel nacional, como el Día de la Cinta Blanca, que se celebra el 25 de noviembre de cada año, y los 16 días de activismo sobre la violencia doméstica previos a esa fecha.

Además, una cuestión fundamental para la coordinación general de las medidas nacionales de lucha contra la violencia doméstica es el intercambio de información y recursos sobre la violencia doméstica y la planificación de la movilización de recursos mediante la creación de vínculos con todos los grupos de mujeres conexos y el poder judicial, a través del centro de coordinación pertinente para actividades de promoción y sensibilización de la población en general sobre el compromiso del Gobierno de que: a) cualquier forma de violencia contra el hombre, la mujer o el niño es inaceptable; b) la unidad familiar es una parte fundamental de la sociedad de Nauru; c) cualquier forma de violencia contra los miembros de la familia es inaceptable; y d) los derechos de la mujer son derechos humanos.

La Campaña de la Cinta Blanca se puso en marcha el 25 de noviembre de 2009, con la participación de 11 defensores de esta iniciativa para eliminar la violencia contra la mujer. El programa de la campaña contó con el apoyo de la policía de Nueva Zelandia, que ayudó a organizar sesiones educativas sobre la igualdad de género y la violencia doméstica dirigidas a los reclusos, las escuelas, los lugares de trabajo y las comunidades de los 14 distritos. La policía de Nueva Zelandia ha seguido prestando apoyo constante mediante el patrocinio de concursos en diversas escuelas y el suministro de camisetas, gorras, pancartas, pulseras y bolsas. Además, la policía de Nueva Zelandia sigue prestando apoyo y asistencia a los principales promotores de la Campaña de la Cinta Blanca.

En 2014, Nauru se unió a la campaña 16 Días de Activismo contra la Violencia de Género de las Naciones Unidas con diversas actividades, entre ellas: a) un premio a la mejor decoración del lugar de trabajo, el hogar y la comunidad; b) un simulacro de sesión parlamentaria sobre cuestiones de género celebrada por estudiantes de la escuela superior; y c) un desfile y obras de teatro contra la violencia doméstica. La campaña 16 Días de Activismo tiene lugar entre el 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, y el 10 de diciembre, Día Internacional de los Derechos Humanos, y por lo tanto discurre consecutivamente a las actividades del Día de la Cinta Blanca, con lo que se encadena casi un mes de campañas y actividades.

De las diversas consultas nacionales con las partes interesadas, a saber, el Ministerio del Interior, el Departamento de Salud, el Departamento de Educación y el Departamento de Justicia, se desprende que, además de la violencia contra la mujer, la violencia contra los niños también es un problema destacado y preocupante en Nauru. El Gobierno de Nauru, a través del Ministerio del Interior y, en particular, de la División de Asuntos de la Mujer y la División de Servicios de Protección de la Infancia, ha facilitado capacitación específica en materia de derechos humanos para dirigentes comunitarios y miembros de las asociaciones de derechos humanos. El Departamento de la Mujer también ha prestado asistencia y capacitación sobre los derechos de la mujer. Además, el Departamento de Asuntos de la Mujer ha iniciado la promoción de una consulta nacional sobre la violencia contra la mujer, junto con la Secretaría de la Comunidad del Pacífico. El objetivo de la consulta nacional era examinar y determinar la necesidad de un enfoque basado en los derechos e independiente respecto a la legislación sobre la violencia doméstica.

No hay ninguna investigación que revele el alcance de esta cuestión o la actitud de la comunidad respecto a la protección de los niños; sin embargo, en mayo de 2015 se emprendió un estudio para examinar la situación actual de la legislación, las políticas, los servicios y las actitudes y los conocimientos de la comunidad sobre la protección de los niños; elaborar recomendaciones para contribuir a configurar los planes del Gobierno, en particular en lo que respecta a la respuesta normativa; y seguir promoviendo el desarrollo de la capacidad, la creación de redes y la colaboración interinstitucional.

En 2014, la Ministra del Interior, Charmaine Scotty, estableció la División de Servicios para la Familia y la Comunidad del Ministerio del Interior. Dicha División está integrada por una Directora, natural de Nauru, un Oficial de Bienestar Familiar y un Oficial de Desarrollo de la Comunidad (antes también contó con un Oficial de Protección de la Infancia). Posteriormente se creó la División de Servicios de Protección de la Infancia, que cuenta con un Director de Protección de la Infancia, un Oficial Superior de Protección de la Infancia, un Oficial de Administración y un Consejero de Infancia cualificado.

En julio de 2015, el Ministerio del Interior invitó a la Secretaría de la Comunidad del Pacífico a llevar a cabo un seminario de cinco días centrado en la eliminación de la violencia contra la mujer, los derechos humanos y la Convención sobre los Derechos del Niño. Se enviaron invitaciones a organizaciones religiosas como Leaders of the Assembly of God, a los directores de escuelas, al Presidente de Legion of Mary Catholic Women’s Fellowship, al Secretario del Nauru Congregational Women’s Fellowship Council, el Presidente del Nauru Youth Fellowship Council, la Asociación de Personas con Discapacidad de Nauru, el Coordinador de la Asociación de Organizaciones No Gubernamentales de Nauru y los líderes comunitarios, así como a los departamentos gubernamentales que se ocupan de cuestiones relativas a las mujeres y los niños.

El Departamento de Policía de Nauru estableció una Dependencia Contra la Violencia Doméstica en 2007 para abordar todos los casos de violencia contra las mujeres y los niños. La Dependencia también lleva a cabo programas de educación comunitaria sobre cuestiones relacionadas con la violencia por razón de género en las comunidades, en colaboración con los líderes comunitarios, incluidas las mujeres. Actualmente hay tres agentes de policía de la Dependencia Contra la Violencia Doméstica que se ocupan específicamente de los casos de violencia doméstica y que han recibido capacitación en gran medida del Programa del Pacífico para la Prevención de la Violencia Intrafamiliar, una iniciativa del Jefe de Policía de las Islas del Pacífico, la policía de Nueva Zelandia y el Programa de Asistencia de Nueva Zelandia. En total, Nauru cuenta con 89 agentes de policía, dirigidos por el Comisionado de Policía, natural de Nauru.

Nauru tiene pendiente elaborar una política integral sobre la violencia contra la mujer y acelerar el proceso legislativo para llevar a cabo una reforma jurídica amplia en materia de violencia contra la mujer. Promover la erradicación de la violencia contra la mujer y concienciar acerca de ella siguen siendo las prioridades del Departamento de Asuntos de la Mujer y la Fuerza de Policía de Nauru. Además, el Ministerio del Interior, mediante el Departamento de Asuntos de la Mujer, ha establecido la Política Nacional de la Mujer de Nauru (2014-2024), el Plan de Acción Nacional para la Mujer 2005-2015 y el Plan de Acción para las Mujeres Jóvenes de Nauru 2009-2015. Estos documentos de política esbozan y orientan la labor de desarrollo relativa a las cuestiones de la mujer, en particular la eliminación de la violencia contra la mujer. El Departamento de la Mujer también utiliza informes mensuales y anuales para supervisar y medir los progresos realizados en la esfera de los derechos de la mujer.

La cultura, la tradición y la religión también influyen en la discriminación por razón de género. Por ejemplo, se está llevando a cabo una campaña de asesoramiento sobre el matrimonio y el empoderamiento de la mujer a fin de promover la igualdad y la colaboración en el matrimonio (mediante el reparto de tareas, entre otras medidas). En el caso de las mujeres y las niñas con discapacidad, son necesarias grandes mejoras en términos de acceso a la información y las leyes, educación y concienciación sobre sus derechos y sobre la forma de hacer frente a la discriminación. El Gobierno de Nauru está ultimando la Política Nacional sobre Discapacidad de Nauru, que tiene como objetivo abordar las preocupaciones y los problemas que enfrentan las personas con discapacidad en Nauru, en particular en las esferas siguientes: a) sensibilización y promoción; b) comunicación y tecnología; c) educación; d) empleo y capacitación; e) salud; f) equipo y recursos auxiliares; g) protección y reconocimiento de los derechos y la legislación; h) accesibilidad; i) estadísticas, coordinación y supervisión; j) las mujeres, las personas de edad, los jóvenes y los niños; k) la violencia y el abuso; l) la asistencia y la atención comunitarias; y m) el deporte y el ocio.

La Política Nacional sobre Discapacidad de Nauru 2015 establece un marco general para abordar las necesidades y los derechos de las personas con discapacidad, en particular para mejorar su calidad de vida y su participación plena y en pie de igualdad como ciudadanos empoderados. La Política refleja la visión de Nauru respecto al logro de una sociedad inclusiva para las personas con discapacidad y libre de barreras, en la que dichas personas puedan disfrutar de todos los derechos humanos en igualdad de condiciones con las demás, y vivir una vida digna. Esa visión también incorpora los principios fundamentales y los valores básicos enunciados en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, a la que Nauru se adhirió en junio de 2012, en particular los principios de no discriminación, respeto de la dignidad inherente y participación e inclusión plenas y efectivas. En la Política Nacional sobre Discapacidad se determinan esferas estratégicas prioritarias para fomentar una mayor inclusión y desmantelar las barreras que obstaculizan la plena participación de las personas con discapacidad en la vida política, cultural, social y económica de Nauru. Cabe señalar que la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad ofrece un marco de orientación general para la Política Nacional sobre Discapacidad de Nauru, y se cita como referencia en cada esfera prioritaria junto con dos marcos regionales clave: la Estrategia de Incheon para Hacer Realidad los Derechos de las Personas con Discapacidad en Asia y el Pacífico 2013-2022 y la Estrategia Regional del Pacífico sobre la Discapacidad 2011-2015. Nauru es parte en ambos marcos regionales clave.

En la Estrategia de Desarrollo Sostenible de Nauru se reconocen los derechos de la mujer y la promoción de la igualdad de oportunidades como un objetivo de desarrollo; una de las estrategias para alcanzar ese objetivo es reconocer y promover a las mujeres como asociadas en pie de igualdad en la gobernanza y en todos los aspectos del desarrollo de la comunidad. Desde 2004, Nauru reconoce y celebra el Día Internacional de la Mujer con un feriado oficial.

A principios de 2015, el Consejo de Ministros publicó y aprobó un marco de presentación de informes obligatorios que abarca el deber de presentar informes de los proveedores de servicios. Esta medida coincide con el proyecto de ley sobre violencia doméstica que está siendo elaborado por la sección de derechos humanos de la Secretaría del Pacífico y el Departamento de Justicia y Control Fronterizo. En el proyecto de ley se propone tipificar como delito el incumplimiento del deber de los proveedores de servicios que presten asistencia a las víctimas en relación con una orden de protección.

Se ha establecido un Servicio de Apoyo a las Víctimas que cuenta con una dotación de emergencia compuesta por funcionarios del Departamento de Salud y Servicios Médicos, personal de la casa refugio, un consejero especialista en violencia por razón de género y personal de la Unidad de Salud Mental del Hospital de la República de Nauru. Uno de los miembros del equipo dispone de un teléfono de emergencias para facilitar la comunicación. Los avances en la creación de un equipo de respuesta a las agresiones sexuales entrañarán la participación de la policía, los servicios médicos y el Servicio de Apoyo a las Víctimas.

Será preciso contar con intérpretes para los casos en los que las víctimas o los autores de una agresión no hablen inglés. En este sentido, el protocolo de actuación de los intérpretes de enlace de la Fuerza Fronteriza de Australia establece que los intérpretes deben recibir formación relacionada con los casos de abuso.

En la actualidad el Hospital de la República de Nauru cuenta con botiquines para casos de violación, con un protocolo médico y con un modelo de examen médico proporcionado por la Fuerza de Policía de Nauru. Además, un grupo de gestión de incidentes compuesto por la policía, los fiscales, el Servicio de Apoyo a las Víctimas y los servicios de salud y médicos ha acordado reunirse semanalmente para examinar la gestión de los nuevos casos de violencia doméstica y agresión. Esto garantizará la mejora constante de la calidad y la actuación profesional para lograr la mayor competencia en la atención de los casos de abuso de mujeres y niñas.

El Departamento de Relaciones Exteriores y Comercio ha concedido financiación para mejorar la formación del personal que trabaja en la esfera del bienestar social mediante cursos de nivel de diploma y licenciatura que tendrán lugar en la propia isla. De este modo, se reducirán al mínimo las horas de trabajo que se perderían si se enviara al personal a otros países para recibir capacitación y se evitará reducir aún más una fuerza de trabajo cuyos recursos humanos ya son limitados. El Departamento del Interior ha seleccionado varios centros de formación superior en el empleo (de la Universidad de Nueva Inglaterra, la Universidad del Pacífico Sur y la Universidad Técnica del Pacífico de Australia) para ofrecer capacitación a tres miembros del personal del Departamento de la Mujer y tres funcionarios de la División de Protección de la Infancia.

Contexto jurídico

En el artículo 3 de la Constitución de Nauru se dispone el derecho a las libertades y los derechos fundamentales de toda persona “sea cual fuere su sexo”. La lista de campos se limita a los derechos protegidos en los artículos 4, 5 y 8 a 13, así como al derecho a la intimidad de la vida familiar.

Sin embargo, la Constitución no contiene una garantía constitucional de igualdad sustantiva entre hombres y mujeres. La Constitución no contiene ninguna cláusula contra la discriminación por motivos de estado civil u orientación sexual. La legislación de Nauru ya cumplía muchos de los requisitos de los tratados internacionales de derechos humanos incluso antes de que nuestro país los firmara, debido en gran medida a los derechos civiles y económicos recogidos en la Constitución y al hecho de que ninguna ley puede ser incompatible con la Constitución.

La Constitución no discrimina contra la mujer, pero la protección contra la discriminación que aparentemente ofrece el artículo 3 es ineficaz y sería necesario contar con una disposición obligatoria para el pleno cumplimiento de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer. Esto podría lograrse no necesariamente mediante una enmienda constitucional, sino a través de legislación contraria a la discriminación, que incorporaría disposiciones contra la discriminación que abarquen la discriminación directa e indirecta, establezcan obligaciones para las autoridades públicas, las instituciones, los individuos, las organizaciones o las empresas, e impongan sanciones por el incumplimiento de las disposiciones contra la discriminación.

Los recursos prácticos para garantizar que la Constitución de Nauru cumple con la Convención incluyen un referéndum nacional. En particular, y teniendo en cuenta la experiencia del último referéndum, las preguntas no deberían plantearse como un “todo o nada”, sino más bien artículo por artículo.

La Fiscalía General de Australia (Sección del Pacífico) colabora con el poder judicial y la Fuerza de Policía de Nauru en la redacción de un nuevo Código para Nauru, organizado en tres partes. La primera, relativa a los delitos contra la persona, es la parte más pertinente en materia de cumplimiento de la Convención. El nuevo Código eliminará todas las distinciones de género existentes y las disposiciones discriminatorias. La aprobación de esta importante ley de reforma en el Parlamento será un paso importante para lograr que Nauru se ajuste a las obligaciones de la Convención.

La violencia doméstica no está prevista específicamente en el Código Penal de 1899, por lo que recibe el tratamiento de un acto de agresión ordinaria. En los casos de violencia sexual y doméstica, independientemente del estado civil, se puede dictar una orden de alejamiento mediante un mandamiento preventivo (secc. 34A de la Ley de Procedimiento Penal de 1972). La reforma de la legislación de procedimiento penal requeriría disposiciones más exhaustivas sobre las órdenes de protección y el enjuiciamiento obligatorio de los delitos de violencia doméstica.

En 2015, el Tribunal Supremo de Nauru eliminó oficialmente la norma relativa a la corroboración. En relación con la causa penal núm. 7/2015 CF (la República c. Saeed Mayahi), el Tribunal Supremo dictaminó que la cuestión planteada por el Juez Residente mediante la presentación de un escrito amicus curiae consistía en determinar si la práctica de los tribunales de avisar acerca del requisito de corroborar las pruebas de que las mujeres o las niñas hubieran sido víctimas de delitos sexuales era contraria a los artículos 2 y 3 de la Constitución. En el escrito amicus curiae se afirmó que la ratificación por la República de Nauru de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer y la firma del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos entrañaban el compromiso de cumplir las obligaciones de dichos tratados y dejaban sin efecto la práctica de exigir la corroboración en relación con los casos de mujeres que habían denunciado delitos sexuales.

El Tribunal sostuvo que “la norma de la práctica que exige avisar de la corroboración se refiere a los casos de esta jurisdicción en los que solo una mujer o una niña pueden ser demandantes. Por lo tanto, exigir una advertencia de corroboración solo a esas demandantes equivale a discriminar contra ellas sobre la base de su sexo. Esto atenta contra el principio del artículo 3 de la Constitución de Nauru”. En consecuencia, el Tribunal dictaminó que no habrá ninguna norma o requisito que exija advertir sobre la corroboración en ningún caso de delito sexual presentado ante los tribunales de Nauru.

Artículo 4: Aceleración de la igualdad entre hombres y mujeres

1.La adopción por los Estados Partes de medidas especiales de carácter temporal encaminadas a acelerar la igualdad de facto entre el hombre y la mujer no se considerará discriminación en la forma definida en la presente Convención, pero de ningún modo entrañará, como consecuencia, el mantenimiento de normas desiguales o separadas; estas medidas cesarán cuando se hayan alcanzado los objetivos de igualdad de oportunidad y trato.

2.La adopción por los Estados Partes de medidas especiales, incluso las contenidas en la presente Convención, encaminadas a proteger la maternidad no se considerará discriminatoria.

Situación: Aceleración de la igualdad entre hombres y mujeres

Hay una escasa representación de las mujeres en el Parlamento y solo se ha elegido a dos mujeres desde que se declaró la independencia en 1968. Las mujeres están insuficientemente representadas en los órganos decisorios importantes, ya que existen firmes posturas y percepciones culturales y sociales de que el liderazgo está reservado a los hombres. Actualmente no se están debatiendo medidas especiales de carácter temporal sobre “escaños reservados” para mujeres en el Parlamento; en otras ocasiones se realizaron algunas consultas con mujeres de las comunidades y con miembros del Parlamento, que suscitaron altos niveles de resistencia. Está previsto que será necesario celebrar debates y consultas para favorecer una mayor comprensión de las medidas especiales de carácter especial por la comunidad nauruana.

Pese a que en Nauru se celebran elecciones cada tres años, la participación de las mujeres en cargos públicos altos ha sido mínima. No existen obstáculos directos a la participación de las mujeres, ni impedimentos legales para la igualdad de trato de hombres y mujeres. Ha habido un aumento en el número de candidatas que participaron en las elecciones generales; en una oportunidad llegaron a presentarse nueve candidatas.

El Gobierno ha organizado algunos programas de capacitación para mujeres encaminados a proporcionarles la confianza que les permita comprender los procesos políticos necesarios para presentarse a las elecciones. El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo llevará adelante el Programa de Participación Política de las Mujeres del Pacífico mediante simulacros de reuniones parlamentarias, como las que se realizan en otras islas del Pacífico. Este programa tendrá lugar antes de la próxima elección general de 2016. Las actividades de capacitación incluirán: a) un conjunto de actividades para posibles candidatas, b) sesiones de práctica parlamentaria para mujeres, y c) formación en estudios cívicos, incluida la educación escolar. Se prevé que Australia Aid financie este programa de capacitación a través de su iniciativa Pacific Women Shaping Pacific Development.

Contexto jurídico

La Constitución de Nauru no contempla la igualdad sustantiva y, en la actualidad, las medidas especiales de carácter temporal no forman parte de ninguna ley o política (medidas legislativas). El artículo 29 de la Constitución y la Ley Electoral de 1965 garantizan la igualdad de derechos de voto. El sufragio es universal para los ciudadanos que han alcanzado la edad de 20 años. Existe igualdad de elegibilidad para la representación política debido a que no se hace distinción entre hombres y mujeres en el artículo 31 de la Constitución, ni en las disposiciones de la Ley Electoral de 1965 relativas a las candidaturas. Existen barreras culturales que dificultan el logro de la representación política igualitaria, pero no hay impedimentos legislativos.

Políticas y aplicación

Se deben redoblar los esfuerzos encaminados a aplicar medidas especiales de carácter temporal a fin de garantizar la igualdad de género con arreglo a la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, así como a ejecutar programas de generación de ingresos y brindar acceso a becas de Australian Aid, como las de APTC, que promueven la ingeniería solar y otros tipos de trabajos no tradicionales.

Las becas se conceden en función del mérito, independientemente del género de los solicitantes. Se celebraron debates con el público respecto de una cuota de mujeres en el Parlamento, pero la idea se desestimó debido a que la mayoría de las mujeres señalaron que podían obtener un lugar por su propio mérito, sin necesidad de una cuota.

Es importante mencionar que las licencias comerciales se otorgan sin ningún tipo de sesgo de género, lo cual se considera un paso positivo para lograr que más mujeres sean propietarias y administren empresas. El Departamento de Justicia y Control Fronterizo emite licencias comerciales y ha determinado que, en los últimos cinco años, el 51% de las empresas han sido registradas por mujeres propietarias.

Artículo 5: Funciones y estereotipos característicos de cada sexo

Los Estados Partes tomarán todas las medidas apropiadas para:

a)Modificar los patrones socioculturales de conducta de hombres y mujeres, con miras a alcanzar la eliminación de los prejuicios y las prácticas consuetudinarias y de cualquier otra índole que estén basados en la idea de la inferioridad o superioridad de cualquiera de los sexos o en funciones estereotipadas de hombres y mujeres;

b)Garantizar que la educación familiar incluya una comprensión adecuada de la maternidad como función social y el reconocimiento de la responsabilidad común de hombres y mujeres en cuanto a la educación y al desarrollo de sus hijos, en la inteligencia de que el interés de los hijos constituirá la consideración primordial en todos los casos.

Situación: Funciones y estereotipos característicos de cada sexo

Los estereotipos sociales y culturales son frecuentes en Nauru, al igual que la maternidad precoz entre las jóvenes. Entre las deficiencias actuales cabe mencionar la falta de conciencia y las actitudes negativas que discriminan a las mujeres.

Es importante reforzar los departamentos pertinentes, como el Departamento de Asuntos de la Mujer, mediante la incorporación de la perspectiva de género. Se deben realizar estudios para dilucidar los estereotipos de género y examinar los planes de estudio a fin de eliminar esos estereotipos. En la esfera de la educación se está trabajando sobre cuestiones relativas a los derechos del niño, que también afectan a las niñas.

Las embarazadas tienen cierta dificultad para obtener licencias de enfermedad, a menos que sean internadas en el hospital. Se puede obtener 4 días de licencia de enfermedad autorizada por año, una vez que se ha cumplido un año de servicio, y 3 días de licencia especial al año. Es un derecho de todos los empleados públicos.

Un aspecto problemático de la licencia de maternidad es que si el niño nace sin vida la madre está obligada a volver a trabajar inmediatamente después del parto, a menos que tenga otros tipos de licencia disponibles. Es necesario que el niño nazca con vida para poder tomar la licencia de maternidad. El problema radica en el sector de la salud, ya que los médicos no están dispuestos a otorgar la licencia a quien ha dado a luz a un niño sin vida y, por consiguiente, el empleador espera que la madre vuelva a trabajar de inmediato. La licencia de maternidad debe concederse por razones de embarazo; la condición no es el bebé, sino el embarazo.

Contexto jurídico

No hay leyes que prohíban el acceso de las mujeres a ninguna oportunidad de empleo ni que las excluyan de participar en las actividades nacionales. La reintegración de las madres adolescentes al sistema escolar no está establecida jurídicamente, pero no está prohibida de ninguna manera. La Ley de Educación de 2011 garantiza el acceso a oportunidades de aprendizaje a través de las asignaturas escolares para todos los niños, independientemente de su sexo. En las escuelas de Nauru ya se ha abandonado la antigua práctica que permitía que únicamente los niños varones recibieran instrucción sobre oficios como carpintería o metalmecánica, o que solo las niñas pudieran inscribirse en artes o artesanías domésticas. En el artículo 51 de la Ley de la Administración Pública de 1998 se refleja que el Estado respalda una licencia de maternidad de tres meses. La Política de Lactancia dispone un mes de licencia por concepto de lactancia, que es una prórroga del período de licencia de maternidad. La política de licencia de la Nauru Rehabilitation Corporation incluye un período de dos semanas de licencia de paternidad a fin de que el padre ayude a la madre durante las primeras etapas después del nacimiento. El apartado 2 del artículo 47 de la mencionada Ley establece que el Secretario Principal puede otorgar una licencia sin sueldo por motivos validados por un período que no supere los 12 meses.

Políticas y aplicación

Se necesita desarrollar la capacidad y el apoyo para la integración de políticas, leyes, planes, instituciones y capacitación. Los planes de estudio no se basan en el género. Los estudiantes de ambos sexos pueden realizar los mismos cursos y no están limitados a un sexo en particular. El Manual de Políticas de 2007 del Departamento de Educación respalda firmemente la importancia de la igualdad de género para que todos los niños reciban un trato justo e igualitario independientemente del género. La limitación y la discriminación por razón de género son totalmente inaceptables dentro y fuera de las escuelas. Los docentes tienen la obligación de respetar esta política, cuyo incumplimiento será examinado y sancionado.

El hito a corto plazo (para 2012) de la Estrategia Nacional de Desarrollo Sostenible (2005-2025) consiste en integrar la educación sobre salud sexual en los planes de estudios escolares. El hito a mediano plazo (para 2015) es reducir las tasas de embarazo y las enfermedades de transmisión sexual entre los adolescentes, y el hito a largo plazo (para 2025) es velar por que el Departamento de Educación y el Departamento de Salud sean ambos responsables de garantizar la consecución de estos objetivos.

Se está desarrollando un nuevo plan de estudios denominado “Estudios de Actividad Física y Bienestar”, que incorpora la educación sexual y reproductiva, incluido el VIH y el SIDA. En el proyecto de plan de estudios, el componente “Comprender el bienestar” incluye elementos de educación sobre el VIH y educación sexual y reproductiva para los años cuarto a décimo. El Departamento de Educación se había fijado el objetivo de contar con el plan de estudios y con docentes capacitados para su aplicación a más tardar a finales de 2014. Sin embargo, la aplicación no fue exitosa debido a la falta de capacitación y cualificaciones de los docentes de Educación Física de las escuelas. Los docentes de Educación Física que se ocuparían de los “Estudios de Actividades Física y Bienestar” no completaron la capacitación y la mayoría renunció al obtener empleos mejor remunerados en el Centro de Tránsito de Refugiados.

En 2013, el Departamento de Educación recibió el apoyo del Fondo de Población de las Naciones Unidas para elaborar un módulo de educación sexual integral que se incorporaría al plan nacional de estudios que el Departamento de Educación acertadamente había denominado Educación sobre la Vida en Familia. Se contrató a un consultor a fin de elaborar un conjunto de materiales de estudio dirigido a estudiantes de los años séptimo, octavo y noveno y mejorar las competencias de 18 docentes y directores escolares de manera que pudieran ayudar en la ejecución de ese módulo.

En 2014, el personal del Departamento de Educación puso en marcha en diversas comunidades el Programa de Concienciación y Extensión Comunitaria para la Educación sobre la Vida en Familia, financiado por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, aunque la asistencia fue muy limitada. Se debe reforzar la participación y el apoyo de la comunidad.

Con el apoyo del Fondo de Población de las Naciones Unidas, un consultor técnico siguió desarrollando la iniciativa de educación sexual integral en Nauru, en particular mediante la revisión de los módulos de Vida en Familia y el ensayo previo de clips de vídeo en DVD y de la capacitación para docentes en materia de Educación sobre la Vida en Familia. También es necesario capacitar a los oficiales de enlace de las escuelas y a los grupos y departamentos de las iglesias.

Es importante señalar que las personas con discapacidad, incluidos los que han sufrido amputaciones, deberían tener derecho a recibir asistencia de manera automática. La infraestructura debe tener en cuenta las cuestiones de género, ya que no hay recursos suficientes, como por ejemplo, rampas, para atender las necesidades de las mujeres con discapacidad (del público en general).

La Unidad de Capacitación establecida recientemente en el Departamento del Secretario Principal ofrece capacitación profesional para empleados de la administración pública, que abarca estudios de nivel básico de inglés, computación, un programa de pasantías para estudiantes y planificación de políticas. Esta formación se ofrece gratuitamente a todos los empleados, como parte de las iniciativas del Gobierno para mejorar las competencias del personal, y se proporciona tanto a hombres como a mujeres en la manera que se detalla a continuación.

Cuadro 2

Iniciativas gubernamentales de capacitación

Año	Tipo de capacitación	Mujeres	Hombres
2012/ 13	Políticas públicas	13	3
2012/13	Pasantías para estudiantes	21	34
2012/13	Cursos semestrales de la Universidad del Pacífico Sur	25	27
2012/ 13	Cursos cortos de la Universidad del Pacífico Sur	9	9
	Capacitación en el extranjero	1	1
Total		69	74

Actualmente la educación no ofrece igualdad de oportunidades para niños y niñas, en particular en los casos de embarazos en la adolescencia, en los que las alumnas no pueden reincorporarse a la escuela al nivel en que la dejaron. Hombres y mujeres gozan de igualdad de oportunidades de empleo. Las decisiones se basan en el mérito, las cualificaciones y la experiencia, en vez del género.

En el examen de la Ley de la Administración Pública realizado en 2011 se propugnan diferentes tipos de licencia de enfermedad, como la licencia parental o de cuidador, que no se prevén en la Ley de la Administración Pública. El concepto abarca tres meses de licencia de maternidad con sueldo completo y dos semanas de licencia de paternidad con sueldo. La licencia también se otorga en el caso de adopción de un menor a fin de que los padres puedan crear un vínculo con el nuevo bebé. La idea de la licencia de cuidador o por duelo permitiría a los empleados tomar hasta ocho semanas de licencia de enfermedad o de cuidador en circunstancias excepcionales, como una enfermedad grave o la recuperación después de una operación.

La Eigigu Holding Corporation ha realizado cambios considerables para cumplir las expectativas del Gobierno relativas a la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer en cuanto a: a) la inclusión de disposiciones para una licencia de maternidad de 84 días laborales; b) la conclusión del proceso de consultas sobre el proyecto de política de la Eigigu Holding Corporation, que pronto se presentará a la Junta de la empresa para su aprobación, y que abarca muchos aspectos de las normas y la ética laboral, como la contratación, las licencias, la igualdad de oportunidades de empleo, la cultura empresarial, el acoso sexual y el proceso disciplinario; c) la concesión de licencia con sueldo para cuidadores, que, en la mayoría de los casos, son esposas, madres o abuelas que cuidan de familiares enfermos; d) el empoderamiento de las mujeres en materia de capacitación (se alienta a las empleadas de la Eigigu Holding Corporation a que realicen cursos de la Universidad del Pacífico Sur o de otras instituciones de formación); e) la concesión de beneficios a empleados y empleadas que ocupan puestos de categoría superior, como vehículos, gastos de teléfono, computadoras portátiles, acceso a Internet, beneficios de viaje y uniformes; y f) la concesión de licencia sin sueldo a las mujeres que deban cuidar a un hijo enfermo y hayan agotado su licencia.

Artículo 6: Explotación de la mujer

Los Estados Partes tomarán todas las medidas apropiadas, incluso de carácter legislativo, para suprimir todas las formas de trata de mujeres y explotación de la prostitución de la mujer.

Situación: Explotación de la mujer

Hasta la fecha, los departamentos gubernamentales pertinentes, a saber, el de registros policiales y el de aduana e inmigración, no tienen ningún registro de casos de trata de personas ni prostitución. Se han puesto en marcha planes para garantizar que los departamentos pertinentes del Gobierno, incluidos la policía y el departamento de aduana e inmigración, estén debidamente capacitados para encarar cuestiones relativas a la trata de mujeres. Si bien en una oportunidad se investigó a un grupo presuntamente denominado “Sell’Em Squad”, los resultados no fueron concluyentes a raíz de los aspectos técnicos del Código Penal que exigían que la policía fuera testigo directo de la entrega de dinero y la actividad sexual.

Contexto jurídico

La aplicación de la parte VI de la Ley de Inmigración de 1999 tiene lugar en los casos de conductas que constituyan un delito en virtud de dicha parte y que ocurran dentro o fuera de Nauru en las siguientes circunstancias: a) si Nauru es el país de destino o donde se produce la explotación; o b) si i) el país receptor es un país distinto de Nauru; y ii) el delito de trata de personas o tráfico ilícito de migrantes se origina en Nauru o los implicados están transitoriamente en Nauru; o c) si la persona implicada en el delito de trata de personas o tráfico ilícito de migrantes es un ciudadano de Nauru o titular de un visado de Nauru.

El artículo 27 de la Ley de Inmigración de 1999, relativo al delito de la trata de personas, establece que comete un delito todo aquel que participa en la trata de una persona a sabiendas de que la entrada de esa persona en Nauru o en cualquier otro país ha sido organizada por medios ilícitos. Además, el artículo 28 establece claramente que comete un delito toda persona que participe en la trata de un niño, independientemente de que la entrada del niño a Nauru o a cualquier otro país haya sido organizada. Además, el artículo 30 dispone que, en virtud de los artículos 27, 28 y 29, no constituye una excepción a) que la persona objeto de trata o empleada ilegalmente haya dado su consentimiento, o b) que el acusado creyera que lo ha dado.

El artículo 217 del Código Penal de 1899 hace referencia al acto de “procurarse a una niña o una mujer” con el objeto de mantener relaciones sexuales. Esta disposición no se centra en el acto de prostitución de la mujer, sino que el acto de requerir relaciones sexuales hace que el único delincuente sea el solicitante. Las leyes de Nauru no incluyen disposiciones relativas a la prostitución debido a que el ofrecimiento de sexo no se menciona en ninguna ley nacional.

Artículos 7 y 8: Participación en la vida política y pública

Los Estados Partes tomarán todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer en la vida política y pública del país y, en particular, garantizando, en igualdad de condiciones con los hombres, el derecho a:

a)Votar en todas las elecciones y referéndums públicos y ser elegibles para todos los organismos cuyos miembros sean objeto de elecciones públicas;

b)Participar en la formulación de las políticas gubernamentales y en la ejecución de estas, y ocupar cargos públicos y ejercer todas las funciones públicas en todos los planos gubernamentales;

c)Participar en organizaciones y asociaciones no gubernamentales que se ocupen de la vida pública y política del país.

Situación: Participación en la vida política y pública

Es importante señalar que solo dos mujeres han sido elegidas miembros del Parlamento de Nauru. Durante las reformas constitucionales de 2006, se sugirió que algunos escaños se reservaran para las mujeres; sin embargo, esta propuesta fue recibida con reticencias por parte de la comunidad, incluidas algunas mujeres, y no se llevó a término. Solo unas pocas mujeres se presentaron como candidatas. En las elecciones generales de 2004, de los 73 candidatos solo 2 fueron mujeres. En las elecciones de 2007, de 79 candidatos 7 fueron mujeres. Existen barreras culturales y tradicionales que obstaculizan la candidatura de las mujeres, en particular lazos familiares, lo que constituye un problema común en los países pequeños.

En junio de 2013, y tras un período de 20 años, el país eligió a una mujer como miembro del Parlamento.

Aumentar la representación de las mujeres en el Parlamento y el número de candidatas es un gran obstáculo en Nauru. Para muchos expertos políticos, las medidas especiales de carácter temporal, como la reservación de escaños o las cuotas de mujeres, son la única forma de incrementar el número de mujeres que participan en la política en todos los niveles de Gobierno. En 2010, la Secretaría del Foro de las Islas del Pacífico, junto con el Fondo de Desarrollo de las Naciones Unidas para la Mujer y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, respaldó la elaboración de planes nacionales de acción sobre la mujer en la toma de decisiones en los pequeños Estados insulares del Pacífico.

Existe igualdad de derecho a votar para todos los que han alcanzado la edad de 20 años, y las mujeres de Nauru tienen la posibilidad de participar en las elecciones. A nivel del Gobierno, hay mujeres que ocupan puestos directivos. Además, el favoritismo y el nepotismo impiden que las mujeres accedan a cargos públicos, y se realizan muy pocas consultas con mujeres durante la elaboración de las leyes.

Contexto jurídico

El número de mujeres que ocupan puestos de categoría superior en el Gobierno y empresas estatales es muy positivo y alentador. En cuanto a las empresas estatales, 9 mujeres ocupan altos cargos en la Nauru Rehabilitation Corporation, 3 mujeres prestan servicio en la Republic of Nauru Phosphate Corporation (Ronphos) y 35 mujeres ocupan puestos de categoría superior en la Eigigu Holding Corporation. Asimismo, 5 mujeres trabajan en la Nauru Air Corporation y dos mujeres ocupan los puestos de Directora de Aviación Civil y Directora de la Oficina de Información del Gobierno.

Cuatro mujeres ocupan puestos de categoría superior como Jefas de Departamento nombradas por el Gabinete en los Departamentos del Interior, de Educación, de Medios de Comunicación y de Trabajo y Recursos Humanos. En este último solo hay una mujer que ocupa un puesto de liderazgo, y la mayor parte de los puestos directivos y de gestión están ocupados por hombres. En el Departamento del Interior hay una Directora de Asuntos de la Mujer, una Directora de Asuntos de los Jóvenes, una Directora de Lenguaje y Cultura y una Directora de Familia y Servicios Comunitarios. Por su parte, en el Departamento de Educación hay 1 Asesora de Educación, 3 Directoras, 3 Administradoras (de educación preescolar, primaria y secundaria), 10 directoras de escuela y 4 subdirectoras.

También hay mujeres que integran Consejos de Administración o se desempeñan como representantes en los comités de empresas estatales y en entidades gubernamentales, como se indica a continuación:

Cuadro 3

Comités para empresas estatales y entidades gubernamentales

Organización	Tipo	Puestos	Número
Nauru Rehabilitation Corporation	Empresa estatal	Directora	2
Ronphos	Empresa estatal	Directora	2
Nauru Airlines	Entidad gubernamental	Directora	4
Pesquerías	Entidad gubernamental	Directora	1
Junta de Inscripción de Docentes y Plan de Estudios	Entidad gubernamental	Presidenta Miembros	1 2
Junta de Apelación de la Administración Pública	Entidad gubernamental	Miembros	2
Junta de Libertad Bajo Palabra	Entidad gubernamental	Miembro	1
Licencias de Bebidas Alcohólicas	Entidad gubernamental	Salud
Salud
Comité de Tierras de Nauru	Entidad gubernamental	Presidenta	1

Políticas y aplicación

Se han puesto en marcha planes para aumentar las oportunidades de liderazgo y adopción de decisiones para las mujeres mediante el Programa de Participación Política de las Mujeres en el Pacífico, organizado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, que ha respaldado la realización de simulacros de reuniones parlamentarias en Kiribati, Palau, Papua Nueva Guinea, las Islas Salomón y la República de las Islas Marshall. El PNUD adaptará el programa al entorno y la experiencia particulares de Nauru. Se impartirá capacitación y formación en estudios cívicos antes de la celebración de los simulacros de reuniones parlamentarias en todas las comunidades y mediante la utilización de métodos variados, como películas, consultas con la comunidad y programas de radio.

Se cubrirán temas como el papel de los miembros del Parlamento, los procesos parlamentarios y electorales y la importancia de la participación de las mujeres en el Parlamento. La capacitación en los simulacros de Parlamento incluirá el asesoramiento sobre procedimientos parlamentarios clave, así como cuestiones sustantivas de políticas de importancia nacional, que, si bien serán determinadas por el país, posiblemente abarquen la igualdad de género, el cambio climático, el desarrollo de los jóvenes, las cuestiones de la lucha contra la corrupción y los procesos electorales. El objetivo principal es desarrollar las capacidades de las propias mujeres y aumentar la aceptación social de la candidatura de las mujeres.

Esta actividad incluirá la participación de la Ministra del Interior (la única Ministra de Nauru que es mujer), su personal y los funcionarios del Parlamento de Nauru. El programa es ofrecido por el Programa de Asociaciones de Mujeres Parlamentarias de Australia y el Pacífico de la Oficina Comunitaria de Relaciones Internacionales del Parlamento de Australia, y es financiado por el Departamento de Relaciones Exteriores y Comercio de Australia.

Artículo 8: Representación y participación en el plano internacional

Los Estados Partes tomarán todas las medidas apropiadas para garantizar a la mujer, en igualdad de condiciones con el hombre y sin discriminación alguna, la oportunidad de representar a su Gobierno en el plano internacional y de participar en la labor de las organizaciones internacionales.

Situación: Representación y participación en el plano internacional

En las oficinas internacionales hay más mujeres que hombres. En cuanto a la representación internacional, tanto las mujeres como los hombres tienen igualdad de oportunidades, aunque eso se da básicamente a nivel de Gabinete y Jefes de Departamentos, lo cual podría ser una cuestión política. Los puestos ocupados por mujeres son: 1 Embajadora en Nueva York, 2 funcionarias en la Oficina Consular en Nueva York, 1 Cónsul General en Brisbane (Australia), 1 Agente Consular en Tailandia y 1 Primera Secretaria en Taiwán. No hay Altas Comisionadas, pero dos mujeres ocupan los puestos de Primera Secretaria y Asistente Personal del Alto Comisionado de Nauru en Suva (Fiji). En contraposición, los puestos ocupados por hombres son los de Embajador en la Misión Diplomática en Taiwán, Cónsul General en la Embajada en Tailandia, Alto Comisionado de Nauru en Suva (Fiji) y Primer Secretario en Brisbane (Australia).

Las mujeres gozan de igualdad de oportunidades para representar al Gobierno en el plano internacional y de participar en la labor de las organizaciones internacionales.

Contexto jurídico

La representación y participación internacionales se rigen por la Ley de Prerrogativas e Inmunidades Diplomáticas de 1976.

Artículo 9: Nacionalidad y ciudadanía

1.Los Estados Partes otorgarán a las mujeres iguales derechos que a los hombres para adquirir, cambiar o conservar su nacionalidad. Garantizarán en particular, que ni el matrimonio con un extranjero ni el cambio de nacionalidad del marido durante el matrimonio cambien automáticamente la nacionalidad de la esposa, la conviertan en apátrida o la obliguen a adoptar la nacionalidad del cónyuge.

2.Los Estados Partes otorgarán a la mujer los mismos derechos que al hombre con respecto a la nacionalidad de sus hijos.

Situación: Nacionalidad y ciudadanía

Las ciudadanas de Nauru tienen los mismos derechos para cambiar o conservar su nacionalidad. Sin embargo, una extranjera que contrae matrimonio con un nauruano no tiene el mismo derecho a obtener la ciudadanía que un extranjero que contrae matrimonio con una nauruana, ya que, el artículo 74 de la Constitución de Nauru reconoce un mayor derecho a las extranjeras que a los extranjeros, lo cual entraña una desigualdad. No obstante, según los registros de 2014, de las personas a quienes se les ha otorgado la ciudadanía nauruana, el 51% eran mujeres y el 49% eran hombres.

Se prevé que los ministerios pertinentes trabajen para lograr una mayor igualdad en materia de ciudadanía en el futuro cercano. En esta tarea participarán el Departamento de Justicia y Control Fronterizo, el de Relaciones Exteriores, el de Inmigración y el de Asuntos de la Mujer.

Una mujer casada con un extranjero no puede optar automáticamente a la ciudadanía, pero un hombre casado con una extranjera sí.

En la actualidad se permite la adopción entre extranjeros y nauruanos, mientras que anteriormente la ley solo permitía que un nauruano adoptara a otro nauruano y que un extranjero adoptara a otro extranjero.

Contexto jurídico

Las ciudadanas de Nauru tienen los mismos derechos que los hombres a cambiar o conservar su nacionalidad. El matrimonio con un extranjero o el cambio de nacionalidad del marido no afecta a la nacionalidad de la esposa. En los matrimonios en que uno de los cónyuges es extranjero, no tienen ambos los mismos derechos de residencia, ciudadanía y empleo. Pese a lo dispuesto por el articulo 5 1) de la Ley de Ciudadanía Nauruana de 2005, una extranjera que contrae matrimonio con un nauruano adquiere automáticamente el derecho a la ciudadanía. En caso de no solicitarla, puede obtener un visado de residencia como dependiente de un nauruano, pero no tiene derecho a ese visado. Una extranjera casada con un nacional de Nauru que ha obtenido un visado de residencia tiene derecho a trabajar.

De conformidad con el artículo 4 de la Ley de Ciudadanía Nauruana de 2005, ambos cónyuges tienen el mismo derecho a determinar la nacionalidad de sus hijos. La descendencia de una persona nauruana es automáticamente nauruana. Si un progenitor deseara que no se otorgara a su hijo la ciudadanía nauruana porque se vería afectado su derecho a obtener otra nacionalidad, ambos cónyuges tendrían igualdad de derechos. La enmienda del artículo 5 1) de la Ley de Ciudadanía Nauruana de 2005 dispone que puede solicitar la ciudadanía nauruana: a) una persona nacida en Nauru cuyos padres poseen la nacionalidad de otro país y que ha residido en Nauru durante al menos 20 años consecutivos; o b) una persona nacida en Nauru cuyos padres poseen la nacionalidad de otro país y que ha sido adoptada por un ciudadano nauruano conforme a las leyes de Nauru; o c) un hombre que ha estado casado con una nauruana durante al menos 10 años y ha vivido durante esos 10 años como residente de Nauru.

En virtud de la Ley de Pasaportes de 2011, las mujeres tienen el mismo derecho a obtener un pasaporte.

En mayo de 2015, se aprobó la enmienda a la Ley de Adopción de Niños de 1965, por la que se derogó el artículo 9 y se permitió la adopción entre nauruanos y extranjeros.

Políticas y aplicación

Los ministerios que participan son los de Justicia, de Relaciones Exteriores y Comercio, de Inmigración y de Asuntos de la Mujer. Se ha propuesto una enmienda al artículo 74 que eliminaría la distinción de género de la disposición y activaría la concesión igualitaria de ese derecho.

Artículo 10: Educación

“Los Estados [p]artes adoptarán todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer, a fin de asegurarle la igualdad de derechos con el hombre en la esfera de la educación y en particular para asegurar, en condiciones de igualdad entre hombres y mujeres:

a)Las mismas condiciones de orientación en materia de carreras y capacitación profesional, acceso a los estudios y obtención de diplomas en las instituciones de enseñanza de todas las categorías, tanto en zonas rurales como urbanas; esta igualdad deberá asegurarse en la enseñanza preescolar, general, técnica, profesional y técnica superior, así como en todos los tipos de capacitación profesional;

b)Acceso a los mismos programas de estudios, a los mismos exámenes, a personal docente del mismo nivel profesional y a locales y equipos escolares de la misma calidad;

c)La eliminación de todo concepto estereotipado de los papeles masculino y femenino en todos los niveles y en todas las formas de enseñanza, mediante el estímulo de la educación mixta y de otros tipos de educación que contribuyan a lograr este objetivo y, en particular, mediante la modificación de los libros y programas escolares y la adaptación de los métodos de enseñanza;

d)Las mismas oportunidades para la obtención de becas y otras subvenciones para cursar estudios;

e)Las mismas oportunidades de acceso a los programas de educación permanente, incluidos los programas de alfabetización funcional y de adultos, con miras en particular a reducir lo antes posible toda diferencia de conocimientos que exista entre hombres y mujeres;

f)La reducción de la tasa de abandono femenino de los estudios y la organización de programas para aquellas jóvenes y mujeres que hayan dejado los estudios prematuramente;

g)Las mismas oportunidades para participar activamente en el deporte y la educación física;

h)Acceso al material informativo específico que contribuya a asegurar la salud y el bienestar de la familia, incluida la información y el asesoramiento sobre planificación de la familia.”

Situación: Educación

La Estrategia Nacional de Desarrollo Sostenible reconoce que la educación desempeña un papel importante para lograr el desarrollo sostenible en el país, dado que prepara a los jóvenes nauruanos para el futuro. El sistema educativo consta de diez escuelas. De los centros de educación preescolar de los distritos se pasa a la escuela primaria de Yaren (cursos 1º a 3º). Los niños asisten a la escuela primaria (cursos 4º a 6º) y posteriormente al Nauru College (cursos 7º a 9º) y la escuela secundaria de Nauru (cursos 10º a 12º), donde concluye la enseñanza obligatoria en el 12º curso. El Kayser College, una institución católica romana gestionada y financiada por el Gobierno, ofrece alternativas desde la enseñanza preescolar hasta el 8º curso, tras el cual los alumnos comienzan 9º en el Nauru College.

Asimismo, existe un centro para niños y jóvenes con discapacidad de todas las edades (Able Disable Centre). Los niños con discapacidad no se integran en las escuelas del sistema, sino que se ha creado un centro para satisfacer sus necesidades educativas. El Able Disable Centre de Nauru se estableció en 2002 y es el primer centro del país para niños con necesidades especiales. Hasta la fecha, consta de un profesor encargado, otros 2 profesores y 3 profesores en prácticas; uno de los docentes tiene deficiencia auditiva. En la actualidad, 42 estudiantes con edades comprendidas entre los 4 y los 34 años asisten a clase en el centro. Las clases tienen lugar de lunes a viernes: los menores asisten de las 9.00 a las 12.00 horas y la enseñanza primaria y secundaria se imparte de las 9.00 a las 15.00 horas. En los programas que imparte el centro actualmente se presta especial atención a las cuestiones siguientes: a) preparación para la vida en ámbitos como la jardinería, la cocina, la salud y el arte y la artesanía; y b) Programa Educativo Individual. En los próximos años se irán ejecutando programas de educación inclusiva.

A los cuatro años de edad, los niños empiezan la guardería, que no es obligatoria, pero les da cierta ventaja antes de comenzar en el sistema educativo oficial. La educación obligatoria se inicia con la enseñanza preescolar, a los cinco años, y los jóvenes deben permanecer en la escuela hasta los 18 (Ley de Educación de 2011). El Gobierno gestiona y financia todas las escuelas, desde la educación preescolar (guardería, preescolar y escuela preparatoria) hasta el 12º curso, por conducto del Departamento de Educación. La educación es gratuita; los uniformes escolares son responsabilidad de los padres. El Gobierno proporciona material básico a todos los estudiantes, así como transporte en autobús, ambos gratuitos.

El Departamento de Educación ha comunicado que la tasa neta de matriculación en la enseñanza primaria pasó del 69,7% en 2002 al 95% en 2011, una mejora que se debe a las actividades de divulgación comunitaria y las reformas realizadas en el sistema educativo. Asimismo, aumentó el índice de finalización de la escuela primaria, pero en un período más largo, pasando del 81,3% en 1992 al 91,2% en 2007. Las tasas de asistencia de estudiantes y profesores siguen siendo preocupantes, aunque también han mejorado en los últimos años. Otros motivos de preocupación son el reducido nivel de rendimiento académico que muestran los resultados de los exámenes a nivel nacional, y el bajo (aunque creciente) índice de finalización de la enseñanza secundaria, tanto de las niñas como de los niños.

En Nauru, las niñas están superando a los varones tanto en el tiempo de permanencia en la escuela como en la obtención de becas para la enseñanza secundaria y superior. No obstante, aunque la matriculación en la escuela primaria es prácticamente universal (96,9% en el caso de los varones y 97,7% en el caso de las niñas), las elevadas tasas de desempleo juvenil (70%) y de embarazos en la adolescencia (15%) suponen un riesgo importante para el futuro bienestar social y económico de la isla.

El Departamento de Educación y los padres indican que las ausencias injustificadas son un problema en todos los niveles de enseñanza, especialmente respecto de los varones, a los que corresponden el 80% de los casos. La elevada tasa de ausencias injustificadas de estudiantes se debe a la falta de confianza en el sistema educativo nauruano después de que casi se hundiera en la década de 1990. Los padres de hoy eran estudiantes al final del período de auge económico. En Nauru, se les conoce como “los niños de la generación perdida”, que no asistieron a la escuela y, por tanto, experimentan dificultades para controlar la educación de sus hijos o influir en ella. Lo habitual es que las madres sean las principales responsables de los hijos y, aun así, en la sociedad actual muchas mujeres se declaran incapaces de controlar la movilidad y la asistencia escolar de los niños o la hora a la que se van a dormir. En las familias en que la madre trabaja, los hijos mayores se ocupan de sus hermanos menores, lo que contribuye todavía más a la elevada tasa de absentismo. Según las nauruanas consultadas, los hombres son incapaces de influir en la asistencia escolar de sus hijos, pero por lo general siguen manteniendo una actitud patriarcal fuerte y son capaces de controlar la indumentaria, la movilidad y el comportamiento de las mujeres.

El Departamento de Educación, mediante la versión revisada de la Ley de Educación (2011), ha adoptado medidas para aumentar el índice de finalización de los estudios. La edad hasta la cual es obligatoria la educación ha pasado de los 16 a los 18 años, y las escuelas ofrecen autobuses y comidas gratuitos a todos los alumnos y un número limitado de equipos iniciales, compuestos por una mochila, libros y uniformes. Entre las estrategias para que los estudiantes cooperen se encuentra la revisión del currículo para ofrecer más programas de formación profesional y un programa de reingreso destinado a los alumnos (incluidas las madres adolescentes) que hayan abandonado el sistema educativo. Asimismo, se ha preparado un programa de educación sobre la vida en familia, que se probará en el Nauru College (con alumnos de 14 y 15 años) en 2014, para impartir a los adolescentes conceptos básicos de educación sexual y de preparación para la vida. Además, entre las iniciativas del Gobierno para promover la asistencia escolar cabe mencionar un subsidio para estudiantes de 5,00 dólares a la semana, que se comenzará a probar en 2016 en el centro de educación preescolar de Meneng.

Dada la desconexión que existe entre los padres y la educación de sus hijos, el Departamento de Educación se esfuerza para revitalizar las asociaciones de padres y profesores. También se ha contratado a oficiales de enlace comunitario para que colaboren con el Departamento y se mantengan en contacto con los padres de los estudiantes que no asistan con regularidad a la escuela.

Aunque no se dispone de estadísticas sobre acoso sexual en la escuela, en la versión revisada de la Ley de Educación (2011) se establecen medidas disciplinarias al respecto. En la actualidad, la mayoría de los docentes son mujeres, pero el Departamento de Educación ha otorgado recientemente cinco becas de enseñanza a hombres y espera promover los modelos masculinos de conducta en la educación.

En Nauru, los estudiantes que abandonan la escuela y los adultos tienen acceso a formación profesional gracias a la Escuela Técnica de Australia y el Pacífico de la Universidad del Pacífico Sur. La Estrategia Nacional de Desarrollo Sostenible exhorta a mejorar el sistema educativo, centrándose en la calidad (estándares regionales) y el alcance (enseñanza primaria y secundaria, formación profesional y preparación para la vida y el mercado laboral) y en llegar a un nuevo público (edad madura), para lograr “una sociedad justa que reconozca y respete los derechos de la mujer y promueva la igualdad de oportunidades”, y a invertir en los jóvenes por un futuro sostenible.

El Departamento de Educación ha comunicado que la tasa neta de matriculación en la enseñanza primaria pasó del 69,7% en 2002 al 95% en 2011, una mejora que se debe a las actividades de divulgación comunitaria y las reformas realizadas en el sistema educativo. Asimismo, aumentó el índice de finalización de la escuela primaria, pero en un período más largo, pasando del 81,3 en 1992 al 91,2 en 2007. Las tasas de asistencia de estudiantes y profesores siguen siendo preocupantes, aunque también han mejorado en los últimos años. Otros motivos de preocupación son el reducido nivel de rendimiento académico que muestran los resultados de los exámenes a nivel nacional, y el bajo (aunque creciente) índice de finalización de la escuela secundaria, tanto de las niñas como de los niños.

Es probable que Nauru consiga el objetivo de la enseñanza primaria universal, pero se debe seguir trabajando para mantener las mejoras logradas en la tasa de matriculación en la enseñanza secundaria y la tasa de asistencia a la escuela primaria y secundaria. El informe regional de seguimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio correspondiente a 2013 muestra que los avances de Nauru para lograr el Tercer Objetivo son desiguales. El país logró la paridad de los géneros en la educación, pero es preocupante la tasa de matriculación de los varones en la enseñanza secundaria. En el informe también se destaca el elevado nivel de matriculación de las niñas, en general en todos los países insulares del Foro de las Islas del Pacífico, en escuelas que no las preparan para obtener resultados económicos. Siguen planteando problemas el limitado acceso y las pocas oportunidades de las niñas y mujeres respecto a los ámbitos técnicos, la ciencia, la ingeniería y la gestión.

Aunque las mujeres gozan de igualdad de derechos en materia de educación, la tasa de matriculación escolar de las niñas se ha reducido. Las progenitoras únicas en edad escolar pueden continuar los estudios, pero las niñas no suelen asistir a la escuela cuando se convierten en cuidadoras. Las mujeres gozan de igualdad de oportunidades de formación profesional, pero el acceso de las personas con discapacidad a esos programas es limitado. Las mujeres que trabajan en escuelas privadas o religiosas gozan de oportunidades de empleo y formación; la educación mixta elimina los estereotipos de género y los libros de texto se revisan para erradicarlos.

En 2012 se inició el programa de reingreso a la escuela para que los alumnos que no mostraran interés o faltaran a clase pudieran regresar y mejorar su nivel de aprendizaje antes de reincorporarse al sistema escolar. En él participaron 68 varones y 11 mujeres en 2012 y 52 varones y 20 mujeres en 2013 (estadísticas del Departamento de Educación correspondientes a 2014).Los datos muestran que el número de varones se redujo yque estos no suelen necesitar el programa de reingreso, mientras que aumentó el número de mujeres, lo que indica que hay más alumnas que regresan a la escuela. Se trata de una tendencia positiva que se debe mantener. Las mujeres y niñas gozan de igualdad de acceso a la educación, y la escolaridad es obligatoria para los niños y niñas de 5 a 18 años (Decreto de la Educación Obligatoria de 1921 y Ley de Educación de 2011).

En las escuelas se presta más atención a la salud sexual y reproductiva y la planificación familiar, que son obligatorias en virtud de la política del Departamento, pero no por ley. Tal vez sea necesario un derecho legislativo para recibir ese tipo de educación en las escuelas.

La Ley de Educación de 2011 limita las circunstancias en que se puede expulsar a un estudiante (por mala conducta, etc.), pero no existe ninguna protección legislativa expresa para las alumnas embarazadas. El derecho general a la educación gratuita, la escolaridad obligatoria y los límites impuestos a las medidas disciplinarias contribuyen en cierta medida a prohibir la expulsión de la escuela por un embarazo, pero tal vez sea recomendable resolver esa cuestión directamente mediante una prohibición concreta para cumplir cabalmente el artículo 10.

Contexto jurídico

Conforme a lo dispuesto en la Ley de Educación de 2011, las mujeres y niñas gozan de igualdad de acceso a la educación. Desde el 14 de julio de 2011, la escolaridad es obligatoria para los niños y niñas de 5 a 18 años (Decreto de la Educación Obligatoria de 1921 y Ley de Educación de 2011).

En las escuelas se presta más atención a la salud sexual y reproductiva y la planificación familiar, que son obligatorias en virtud de la política del Departamento, pero no por ley. Tal vez sea necesario un derecho legislativo para recibir ese tipo de educación en las escuelas.

La Ley de Educación limita las circunstancias en que se puede expulsar a un estudiante (por mala conducta, etc.), pero no existe ninguna protección legislativa expresa para las alumnas embarazadas. El derecho general a la educación gratuita, la escolaridad obligatoria y los límites impuestos a las medidas disciplinarias contribuyen en cierta medida a prohibir la expulsión de la escuela por un embarazo, pero tal vez sea recomendable resolver esa cuestión directamente mediante una prohibición concreta para cumplir cabalmente el artículo 10.

Políticas y aplicación

La Ley de Educación (2011) introdujo una serie de políticas que están modificando el panorama educativo, entre las que se encuentran: a) el establecimiento de la junta de inscripción y currículo de docentes (todos los docentes deben inscribirse en ella para 2015 y estar en posesión de un título de docente reconocido: nivel mínimo de diplomatura o grado); b) la matriculación en la escuela y la asistencia obligatorias de los niños de 5 a 18 años (antes 16 años); c) la prohibición del empleo de niños en edad escolar durante las horas de clase; d) la ilegalización del castigo físico en la escuela; y e) la obligación de todas las escuelas de respetar los principios de la educación inclusiva (especialmente respecto de los niños con necesidades especiales, como los niños con discapacidad).

La Ley de Educación (2011) establece multas para los padres y tutores que no manden a sus hijos a la escuela: se impone una multa de 50 dólares en caso de primera infracción y de 250 dólares en caso de reincidencia en el mismo año académico, se trate o no del mismo niño. El empleo de niños en edad escolar durante las horas de clase está penado con una multa considerable (de 1.000 dólares), salvo cuando los niños hayan sido inscritos para recibir educación en el hogar o se haya solicitado y obtenido un certificado de excepción.

En respuesta a las aspiraciones de la Estrategia Nacional de Desarrollo Sostenible (2005-2025), el sector de la educación preparó su plan estratégico (Sendero 11-2008-2013). Se ha elaborado un nuevo plan estratégico 2011-2016 que orienta el Plan Operacional Anual (POA 20 13/15) del Departamento de Educación en los ámbitos de la planificación y la ejecución. El Departamento recibe apoyo del programa conjunto de asistencia técnica y financiera de Nueva Zelandia y Australia para impulsar un plan ambicioso de reformas e innovaciones en todo el sistema. A continuación se presentan algunas prioridades estratégicas que se están aplicando mediante el sistema: a) aumento de categoría de las cualificaciones de los docentes; b) apoyo al programa de ingreso de los jóvenes; c) desarrollo de la educación preescolar; d) establecimiento del campus de la aldea del aprendizaje; e) impartición de educación y formación técnica y profesional acreditada; f) integración del nuevo currículo (10º curso preparatorio); g) introducción de un plan de estudios y de formación australianos para los últimos cursos; h) establecimiento de parámetros y evaluación de los niveles de alfabetización y matemáticas como aspectos fundamentales del ciclo escolar; i) mejoramiento de los resultados de aprendizaje de las personas con discapacidad; j) fortalecimiento de la gestión en la escuela mediante la planificación escolar y el programa de subsidios; y k) preparación del Plan Operacional Anual del Departamento de Educación para que oriente la ejecución de la estrategia del sector.

En 2013, el Gobierno concedió becas a buenos estudiantes (3 niños y 1 niña) de 9º curso para estudiar en Brisbane (Australia), y a otros dos (1 niña y 1 niño) para recibir educación y formación técnica y profesional en TAFE Queensland en los sectores de la construcción y textil. Se ofrecerán dos plazas para cursar educación superior a la primera promoción que obtenga el Certificado de Educación de Queensland en 2015. Asimismo, el Gobierno de Nauru ofrece 10 becas a alumnos de 8º curso de secundaria para terminar sus estudios en Fiji. El número de becas para alumnos de 8º curso ha aumentado a 15.

Cuadro 4

Becas del Gobierno

Año	Varones	Mujeres	Total
2009	4	6	11
2010	6	5	11
2011	5	5	10
2012	5	5	10
2013	5	5	19
	25	31	57

Respecto a la asistencia, el índice de finalización y los resultados de aprendizaje de los estudiantes de todos los niveles, así como a la asistencia de los docentes y el mayor número de profesores cualificados que abandonan la profesión para ocupar puestos de trabajo locales mejor pagados, es fundamental que el Gobierno aumente los salarios locales para retener a los docentes y atraer a los jóvenes hacia la docencia.

Artículo 11: Empleo

1.Los Estados [p]artes adoptarán todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer en la esfera del empleo a fin de asegurar a la mujer, en condiciones de igualdad con los hombres, los mismos derechos, en particular:

a)El derecho al trabajo como derecho inalienable de todo ser humano;

b)El derecho a las mismas oportunidades de empleo, inclusive a la aplicación de los mismos criterios de selección en cuestiones de empleo;

c)El derecho a elegir libremente profesión y empleo, el derecho al ascenso, a la estabilidad en el empleo y a todas las prestaciones y otras condiciones de servicio, y el derecho a la formación profesional y al readiestramiento, incluido el aprendizaje, la formación profesional superior y el adiestramiento periódico;

d)El derecho a igual remuneración, inclusive prestaciones, y a igualdad de trato con respecto a un trabajo de igual valor, así como a igualdad de trato con respecto a la evaluación de la calidad del trabajo;

e)El derecho a la seguridad social, en particular en casos de jubilación, desempleo, enfermedad, invalidez, vejez u otra incapacidad para trabajar, así como el derecho a vacaciones pagadas;

f)El derecho a la protección de la salud y a la seguridad en las condiciones de trabajo, incluso la salvaguardia de la función de reproducción.

2.A fin de impedir la discriminación contra la mujer por razones de matrimonio o maternidad y asegurar la efectividad de su derecho a trabajar, los Estados [p]artes tomarán medidas adecuadas para:

a)Prohibir, bajo pena de sanciones, el despido por motivo de embarazo o licencia de maternidad y la discriminación en los despidos sobre la base del estado civil;

b)Implantar la licencia de maternidad con sueldo pagado o con prestaciones sociales comparables sin pérdida del empleo previo, la antigüedad o los beneficios sociales;

c)Alentar el suministro de los servicios sociales de apoyo necesarios para permitir que los padres combinen las obligaciones para con la familia con las responsabilidades del trabajo y la participación en la vida pública, especialmente mediante el fomento de la creación y desarrollo de una red de servicios destinados al cuidado de los niños;

d)Prestar protección especial a la mujer durante el embarazo en los tipos de trabajos que se haya probado puedan resultar perjudiciales para ella.

3.La legislación protectora relacionada con las cuestiones comprendidas en este artículo será examinada periódicamente a la luz de los conocimientos científicos y tecnológicos y será revisada, derogada o ampliada según corresponda.

Situación: Empleo

Al analizar la Encuesta de Ingresos y Gastos de los Hogares de Nauru (2006) no se halló correlación entre la pobreza o la capacidad de generar ingresos y el género. Los hombres y las mujeres perciben el mismo salario por un trabajo igual y gozan de igualdad de acceso a los empleos de la isla, aunque las mujeres constituyen la mayoría de los funcionarios públicos (85%). Las estadísticas oficiales indican ciertos estereotipos de género al escoger una ocupación, pero hay ejemplos de mujeres que no cumplen los papeles asignados al género y trabajan en ámbitos como la seguridad o son conductoras de equipo pesado.

Casi se ha logrado la paridad de los géneros en el tercio superior de la escala de sueldos, en que las mujeres representan el 48% de todos los asalariados. En los tramos intermedio e inferior, constituyen el 71% y el 56% de los asalariados contratados por el Estado.

Es necesario revisar la legislación que recoge los derechos laborales. Hay empleos tradicionales, como el de bombero y el de ingeniero, que atraen mayoritariamente a los hombres. El Gobierno debe armonizar las políticas que garantizan las mismas oportunidades a ambos sexos para aplicarlas a todos los tipos de empleo y a todos los niveles. Las nauruanas tienen derecho a tres meses de licencia de maternidad, pero en la actualidad los nauruanos no tienen derecho a licencia de paternidad, salvo los empleados de la Nauru Rehabilitation Corporation.

Aunque la licencia de maternidad está permitida como servicio público, la legislación no protege a las mujeres frente al despido improcedente en caso de embarazo. Tampoco existe ninguna política de promoción de la lactancia materna (interrupciones para amamantamiento) ni de protección de las embarazadas que trabajan como policías, conductoras de equipo pesado o personal de limpieza, o desempeñan empleos que exigen esfuerzo físico.

Los derechos de licencia promueven la participación de las mujeres en el mercado de trabajo, pero los bajos salarios y la falta de opciones fiables para cuidar a los niños menores de 1 año y los padres enfermos dificulta la reincorporación de las mujeres al trabajo. En Nauru la economía asistencial es inexistente: no hay servicios de atención para los ancianos ni guarderías. Los niños menores de 1 año y los enfermos son atendidos por las mujeres de la familia y, en el último año, varias trabajadoras cualificadas (10 docentes y 7 enfermeras) no se han reincorporado tras la licencia de maternidad o han renunciado a su carrera para realizar trabajos no cualificados en el Centro de Tránsito de Refugiados.

El Gobierno es el principal responsable de ofrecer todos los servicios de bienestar social en la isla, como las prestaciones sociales. Cada quincena, los mayores de 60 años y las personas con discapacidad reciben una pensión de 200,00 dólares australianos. Además, los ancianos pueden comprar billetes de avión con descuento (ID75) para viajar con Nauru Airlines. La asistencia médica se presta de forma gratuita en el Hospital de la República de Nauru, parte del cual se reconstruirá tras un incendio reciente, que destruyó edificios e historias clínicas.

La mayoría de las mujeres desempeñan trabajos administrativos y profesionales, y los hombres, trabajos relacionados con artes y oficios y con el funcionamiento de fábricas y maquinaria. Solo el 2% de la población económicamente activa (más hombres que mujeres) desempeña trabajos tradicionales (en el sector informal), como actividades agrícolas y pesqueras.

Según la Encuesta de Demografía y Salud de 2007, los niveles de empleo se asocian positivamente con el nivel de estudios, especialmente en el caso de las mujeres. Las que han cursado estudios de un nivel superior a la enseñanza secundaria tienen más probabilidades de tener empleo (77%) que las que solo han terminado la secundaria (50%). Según la Encuesta, el 73% de los hombres que solo han cursado la enseñanza secundaria tienen trabajo, frente al 50% de las mujeres.

La proporción de personas con empleo aumenta con la edad, y alcanza el máximo en el grupo de edades comprendidas entre los 35 y los 39 años (tanto hombres como mujeres), y con el número de hijos. Las mujeres casadas tienen más probabilidades de tener empleo (54%), seguidas de las divorciadas, separadas o viudas (53%). Las que nunca han estado casadas son las que tienen menos probabilidades de tener empleo (46%), mientras que el 61% de los hombres que nunca han estado casados tienen empleo.

Por conducto del Departamento de Asuntos de la Mujer, la recién constituida Asociación de Empresarias de Nauru ayuda a las mujeres de la comunidad a crear y gestionar pequeñas empresas. Las personas que finalizan los estudios en el Centro de Formación para la Educación Comunitaria también ayudan a las comunidades a realizar proyectos de jardinería, cocina y costura y relacionados con otros medios de vida, y, en calidad de trabajadores comunitarios, suelen representar a las mujeres en las consultas comunitarias y nacionales. La Secretaría del Foro de las Islas del Pacífico ayudó al Gobierno de Nauru a preparar su Estrategia Nacional para el Empoderamiento Económico de las Mujeres, en que se presta especial atención al mejoramiento de las condiciones de trabajo y las oportunidades de empleo y del acceso a financiación y planes de ahorro, y a la capacitación de las mujeres en ámbitos técnicos y administrativos.

No hay mercados de alimentos en Nauru, dado que todos se importan. Gracias a los medios sociales ha surgido una economía informal de mercado en que se pueden comprar y vender artículos nuevos y usados. Se considera un mercado informal a gran escala, dado que tiene un número de seguidores considerable y que el 89% de los nauruanos tienen teléfono móvil, muchos de ellos con acceso a Internet. Los sitios web de los medios sociales también se usan como tablones comunitarios en que se anuncian empleos y se cuelgan avisos para la comunidad.

El sector privado de Nauru es pequeño (menos de 300 empresas) y la falta de capital dificulta la creación o expansión de nuevas empresas. La Organización del Sector Privado de Nauru está estudiando el tipo de empresas que hay en el país, su tamaño y su régimen de propiedad, lo que arrojará datos desglosados por sexo e información sobre las empresarias.

De 2001 a 2007 y a partir de 2012, el Centro Australiano de Tránsito de Refugiados, que presta servicios a solicitantes de asilo, ha constituido una fuente importante de ingresos y empleo para Nauru. En la actualidad, el Centro acoge a alrededor de 700 solicitantes de asilo y ofrece 800 puestos de trabajo a los nauruanos. Hay 480 refugiados en la comunidad: 144 varones adultos, 40 mujeres adultas, 269 personas en grupos familiares y 27 refugiados menores no acompañados. En total hay 162 refugiadas en la comunidad. Los propietarios de tierras también salen beneficiados al arrendarlas para construir viviendas y zonas de almacenamiento de contenedores.

El empleo estatal y el que ofrece el Centro de Tránsito de Refugiados contribuyen a aumentar la tasa de participación en la fuerza de trabajo (78,9% en el caso de los hombres y 49,3% en el caso de las mujeres). Los nauruanos han podido incrementar sus ingresos y mejorar los medios de vida de su familia gracias al Centro de Recursos Empresariales, que ha ayudado a muchos que han accedido a los servicios que ofrece, como los de conocimientos financieros básicos y acceso a microcréditos de hasta 2.000 dólares australianos. Gracias al apoyo recibido del Centro se han creado 16 empresas de éxito y cinco puestos de trabajo. El Centro ha financiado 17 proyectos empresariales, de los cuales 14 estaban dirigidos por mujeres, 10 de ellas jóvenes, y 3 por hombres, 2 de ellos jóvenes. Desde que el actual Gobierno fue elegido en 2013, el crecimiento económico ha sido sólido, con una tasa del 15% como mínimo. El año pasado, la creación de empleo superó la oferta del mercado de trabajo y el Gobierno de Nauru ofreció incentivos de bienestar social y educación a fin de reforzar los programas para combatir la pobreza. El Centro se creó en 2010 como parte del Programa de Desarrollo de la Iniciativa Empresarial de Nauru, una iniciativa conjunta del Gobierno del país y el PNUD que recibió del Gobierno de Australia 211.693 dólares de los EE.UU. por conducto de la Agencia de Australia para el Desarrollo Internacional. El Programa ha contribuido al desarrollo del sector de las pequeñas y medianas empresas, una de las prioridades de la Estrategia Nacional de Desarrollo Sostenible de Nauru 2005-2025. Asimismo, el Gobierno ha abierto una sucursal del Bendigo Bank, que presta los servicios bancarios que Nauru tanto necesita, y cuenta con un sistema de bienestar social que permite pagar subsidios a los ancianos, las personas con discapacidad y los recién nacidos.

Más de un tercio de los hogares están encabezados por una mujer. La esperanza de vida (de 61,9 años para los varones y 69,4 años para las mujeres) es la más baja de todos los países y territorios de las islas del Pacífico.

Contexto jurídico

La Ley de Administración Pública de 1968 quedó derogada, mediante la Ley de Administración Pública de 1998 después de que ponerse en marcha ese año un programa de reforma económica. Esta última Ley también ha quedado obsoleta; ofrece una cobertura limitada de la desigualdad, especialmente en el caso de las mujeres en su lugar de trabajo. En la actualidad no existe ninguna ley en vigor que rija el sector privado. Sin embargo, algunas empresas estatales han establecido ciertas normas que también son deficientes en cuanto a la protección de la mujer.

La principal limitación de la Ley radica en la falta de disposiciones institucionalizadas que obliguen a dar un tratamiento justo y adecuado a los empleados en todas las esferas de su trabajo, entre otras cosas, un entorno de trabajo seguro, una selección imparcial de personas con las cualificaciones apropiadas para el empleo y oportunidades para el desarrollo profesional de cada empleado.

Sin una ley que proteja al sector privado, los empleados que trabajan en ese sector, en especial las mujeres, quedan en una situación de gran desventaja en lo que respecta a sus derechos y prestaciones, en comparación con los funcionarios públicos. Algunos ejemplos de tratamiento inadecuado son el despido injusto por embarazo y la denegación de la licencia de maternidad o de las licencias por enfermedad, descanso o circunstancias especiales en la mayoría de las empresas privadas.

No existe legislación (ni siquiera sanciones) contra la discriminación por motivos de sexo, estado civil, orientación sexual, embarazo o estado serológico, y es preciso que la legislación específica contra la discriminación se extienda al ámbito del empleo.

Políticas y aplicación

Hasta la fecha en Nauru no ha se ha puesto en marcha ninguna programación sustancial en torno a la igualdad de género, ni por parte del Gobierno ni por los asociados para el desarrollo. Estos últimos, incluidos el UNFPA y la Secretaría de la Comunidad del Pacífico, han apoyado actividades específicas y de investigación, y la Secretaría también ha impartido capacitación sobre derechos humanos en el país. También se ha prestado apoyo a grupos comunitarios y a funcionarios públicos en lo referente a la presión ejercida sobre los legisladores, con el respaldo de la Secretaría del Foro de las Islas del Pacífico se ha impartido un curso de capacitación empresarial destinado a mujeres y, en 2003, grupos de mujeres recibieron formación en la elaboración de planes comerciales, pero no se pudo proporcionar más financiación o apoyo para ayudarlas a poner en práctica dichos planes.

ONU-Mujeres es el único organismo residente en Nauru que se dedica específicamente a la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres. A pesar de mantener su presencia, ONU-Mujeres no está ejecutando programas en Nauru, sino que desempeña una función de coordinación y actúa en representación del PNUD, el UNICEF, el UNFPA y la OIM. El UNFPA prestó apoyo a la Encuesta del Estudio de Seguridad y Salud Familiar y tenía previsto respaldar la elaboración de un plan sobre salud reproductiva en 2014. Los organismos de las Naciones Unidas también tienen previsto coordinar el apoyo técnico prestado al Departamento de Asuntos de la Mujer en lo referente a la presentación de informes al CEDAW.

Australia es el principal donante de Nauru, al que presta apoyo específico en las esferas de la salud, la educación, la infraestructura y el fortalecimiento de los sectores público y privado. Se revisará el apoyo prestado por Australia hasta 2015 para tener la oportunidad de modificar el enfoque de la asistencia para el desarrollo en aras de la igualdad de género y, en particular, las principales esferas de resultados del Programa para las Mujeres del Pacífico. Ante la falta de una programación exhaustiva y a largo plazo sobre la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres en Nauru, especialmente en lo referente a la eliminación de la violencia contra la mujer, el Departamento de Relaciones Exteriores y Comercio de Australia está en condiciones de brindar asistencia para: a) el despliegue de un asesor psicosocial para los expatriados, que trabaje a tiempo completo en uno de los centros de salud y asesore a los hombres, las mujeres, los niños y las niñas sobre la violencia doméstica, el alcohol, el embarazo en la adolescencia y otras cuestiones que contribuyen a la violencia doméstica; b) la implantación progresiva de un conjunto de actividades de capacitación sobre violencia doméstica destinado a todos los trabajadores sanitarios, que incluya información sobre las vías de remisión, a fin de detectar a las víctimas de la violencia y tramitar ese tipo de casos; c) el establecimiento de protocolos para los trabajadores sanitarios sobre los procesos de detección y las normas mínimas para la prestación de servicios en casos de violencia doméstica; d) la mejora de la coordinación del sistema de remisión entre el hospital de Nauru, las escuelas, la policía y la casa refugio Eoag’N Ratequo; e) la puesta en marcha progresiva de una campaña de información sobre la violencia (incluida la violencia doméstica) y los servicios disponibles en Nauru.

Artículo 12: Atención médica y planificación familiar

1.Los Estados Partes adoptarán todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer en la esfera de la atención médica a fin de asegurar, en condiciones de igualdad entre hombres y mujeres, el acceso a servicios de atención médica, inclusive los que se refieren a la planificación de la familia.

2.Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo 1 supra, los Estados Partes garantizarán a la mujer servicios apropiados en relación con el embarazo, el parto y el período posterior al parto, proporcionando servicios gratuitos cuando fuere necesario, y le asegurarán una nutrición adecuada durante el embarazo y la lactancia.

Situación: Atención médica y planificación familiar

Nauru afronta una serie de problemas importantes, el más frecuente y grave de los cuales es la elevada tasa de tienen diabetes tipo 2. Otros problemas de salud importantes (de los que una parte contribuye a la prevalencia de la diabetes) son la mala alimentación, los altos índices de consumo de alcohol y tabaco, la obesidad y las enfermedades del corazón. En Nauru la esperanza de vida es de 61,9 años para los hombres y de 69 años para las mujeres. La tasa de crecimiento demográfico anual es de 4,1%.

La tasa de embarazo en la adolescencia en Nauru aumentó del 63‰ en 1992 al 93‰ en el período comprendido entre 1997 y 2002, cuando casi una de cada seis adolescentes de entre 15 y 19 años ya había sido madre. Aunque la mayoría de las parejas se casan cuando descubren un embarazo, la elevada tasa de embarazos en la adolescencia resulta preocupante, dado que la mayoría de ellos no son deseados e imponen a los jóvenes las responsabilidades de la paternidad antes de que ellos mismos sean adultos.

Todos los nauruanos reciben servicios médicos gratuitos en Nauru. Cada año el Gobierno organiza visitas de médicos especialistas a la isla para que brinden servicios médicos muy necesarios. Gracias a ello, los habitantes de Nauru reciben tratamientos médicos especializados y son remitidos a cuidados a los que no pueden acceder de otro modo en la isla. En el presupuesto anual, el Gobierno también consigna un monto para casos que reúnan los requisitos para recibir tratamiento médico en el extranjero.

El proyecto de crear dispensarios comunitarios apenas comienza y se está probando en un distrito. Cada distrito cuenta con un enfermero comunitario y un oficial de enlace comunitario en materia de salud. En la esfera de la asistencia sanitaria se registra una tasa elevada de embarazos en la adolescencia, así como una alta tasa de mortalidad y prevalencia de infecciones de transmisión sexual, enfermedades no transmisibles (que generan múltiples discapacidades), cáncer de mama y cáncer cervicouterino. Todavía es necesario el consentimiento del marido para la adopción de decisiones en materia de derechos reproductivos. Un proyecto de ley sobre salud pública podría servir de oportunidad para reforzar los derechos de la mujer en lo referente a la salud y la educación en materia de salud reproductiva, entre otras cosas integrando la educación sobre salud sexual y reproductiva en los planes de estudios.

Contexto jurídico

Si bien en la Convención no se hace referencia al aborto, este se deja a elección de las mujeres. En Nauru el aborto está tipificado como delito salvo en determinadas excepciones, en particular cuando la vida de la madre está en peligro.

En Nauru las mujeres no tienen acceso a servicios legales de aborto en condiciones de seguridad, ni gozan de un acceso igualitario a los servicios de atención médica, incluidos los relativos a la planificación familiar. En los artículos 224 y 225 del Código Penal de 1899 se tipifica como delito penal que una mujer obtenga un aborto o que una persona practique un aborto. En una versión revisada de la Ley Penal se propone despenalizar el aborto en determinadas circunstancias, pero no en todas.

Nauru debería abandonar la práctica de exigir que las mujeres tengan el consentimiento de su marido para someterse a una operación de ligadura de trompas. Al analizar las opciones de planificación familiar, la vasectomía no es una opción. La responsabilidad recae siempre sobre las mujeres y no sobre los hombres. Por tanto, es a ellas, y no a ellos, a quienes se controla.

Políticas y aplicación

La subsistencia de las mujeres de Nauru (y de las personas en general) depende del acceso a alimentos saludables y nutritivos. Ese acceso se ve obstaculizado por numerosos problemas derivados de los altos costos de la importación de alimentos saludables y nutritivos y la falta de producción local de dichos alimentos.

En el transcurso de las consultas se abordó de forma recurrente el acceso de las mujeres a la información y los servicios sobre salud reproductiva. El Gobierno de Nauru, en asociación con el UNFPA, tiene previsto elaborar una estrategia de salud reproductiva (2014) y crear servicios orientados a los jóvenes en materia de salud sexual y reproductiva. Según las autoridades de salud pública, en los hospitales se pueden obtener anticonceptivos fácil y gratuitamente. Los trabajadores de salud pública en los distritos y tres enfermeros regionales también brindan información sobre salud reproductiva y remiten a los pacientes a especialistas. La decisión de trabajar en la respuesta del sector de la salud a la violencia doméstica se basa en la comprensión de los vínculos entre esta y la salud reproductiva. La salud reproductiva de la mujer también es fundamental para determinar la salud de sus hijos, que pueden verse afectados por el estrés materno mientras están en el útero y por el estrés físico, psicológico y espiritual cuando lo sufren de primera mano. Asimismo, se podría aumentar el respaldo a las futuras campañas de promoción de la salud que giren en torno a la salud sexual y reproductiva de las mujeres y los adolescentes, en las que se estudien con más detalle esos vínculos con la violencia doméstica.

Los padres y los jóvenes destacaron la falta de oportunidades sociales y económicas para la gente joven en la isla. En las consultas se puso de manifiesto la tendencia actual de los jóvenes a abandonar la escuela y sus consiguientes problemas para encontrar un empleo permanente al no tener el certificado escolar. Los padres también se muestran preocupados por la tasa de embarazos, el consumo de drogas y alcohol y la actividad sexual en la adolescencia.

El Departamento de Asuntos de la Juventud está restableciendo el Consejo de la Juventud, integrado por 20 jóvenes desempleados que se encargarán de elaborar un Plan de Acción para la Juventud de Nauru. En la isla ya existen grupos de jóvenes creados en el marco de distintas iglesias, así como varios centros de la juventud, si bien estos no ofrecen actividades o programas periódicos. Australia presta apoyo a Epon Karamwen, una iniciativa que promueve la creación de clubes y campeonatos deportivos y proporciona el equipo necesario a personas de todas las edades en Nauru. Las actividades relacionadas con la violencia doméstica que figuran en el Plan actual sirven como puntos de partida para abordar los problemas relativos al empoderamiento de los jóvenes.

Es probable que algunos de los problemas afrontados por los jóvenes en Nauru estén relacionados con los efectos de la violencia doméstica en los niños, que son holísticos, profundos y a menudo irreversibles. Si bien no se dispone de ejemplos concretos de Nauru, la experiencia adquirida indica que, en cuanto tienen suficiente edad, los niños cambian su situación de explotación, marginación y abuso. Los servicios de apoyo para los supervivientes de la violencia (incluidos los jóvenes) pueden ayudar a mejorar la vida de los jóvenes en Nauru. En el Plan Nacional hay margen para ampliar las actividades destinadas a las mujeres y las niñas con el apoyo de Epon Karamwen.

Artículo 13: Vida económica, deporte y cultura

Los Estados Partes adoptarán todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer en otras esferas de la vida económica y social a fin de asegurar, en condiciones de igualdad entre hombres y mujeres, los mismos derechos, en particular:

a)El derecho a prestaciones familiares;

b)El derecho a obtener préstamos bancarios, hipotecas y otras formas de crédito financiero;

c)El derecho a participar en actividades de esparcimiento, deportes y en todos los aspectos de la vida cultural.

El Gobierno de Nauru ha aprobado la apertura de una sucursal del Bendigo Bank, que presta servicios bancarios muy necesarios para Nauru. La sociedad de Nauru se caracteriza por ser matrilineal, por lo que las mujeres gozan de un acceso ilimitado a las tierras, así como a puestos de liderazgo en las actividades tradicionales, etc. Las mujeres desempeñan un papel dominante en los deportes y participan en numerosas competiciones nacionales, regionales e internacionales.

Artículo 14: Mujeres rurales

1.Los Estados Partes tendrán en cuenta los problemas especiales a que hace frente la mujer rural y el importante papel que desempeña en la supervivencia económica de su familia, incluido su trabajo en los sectores no monetarios de la economía, y tomarán todas las medidas apropiadas para asegurar la aplicación de las disposiciones de la presente Convención a la mujer en las zonas rurales.

2.Los Estados Partes adoptarán todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer en las zonas rurales a fin de asegurar en condiciones de igualdad entre hombres y mujeres, su participación en el desarrollo rural y en sus beneficios, y en particular le asegurarán el derecho a:

a)Participar en la elaboración y ejecución de los planes de desarrollo a todos los niveles;

b)Tener acceso a servicios adecuados de atención médica, inclusive información.

En Nauru no hay zonas rurales o zonas consideradas como tales. Esto significa que no hay mujeres rurales, dado que todas residen en las comunidades ubicadas en los diferentes distritos. No obstante, el acceso a los bienes y servicios en algunas zonas está más limitado que en otras. Entre los obstáculos para el acceso se encuentran el saneamiento deficiente y la falta de acceso a agua potable. Aunque la isla depende en gran medida del agua desalinizada, cuya obtención resulta costosa, y de sus servicios de suministro, algunas zonas restringidas, como los asentamientos ubicados en Aiwo, Ijuw y Buada, se han visto obligadas a depender de la captación de agua de lluvia o de los contenedores de agua debido a la contaminación de los tanques de agua.

Artículo 15: Igualdad ante la ley y materias civiles

1.Los Estados Partes reconocerán a la mujer la igualdad con el hombre ante la ley.

2.Los Estados Partes reconocerán a la mujer, en materias civiles, una capacidad jurídica idéntica a la del hombre y las mismas oportunidades para el ejercicio de esa capacidad. En particular, le reconocerán a la mujer iguales derechos para firmar contratos y administrar bienes y le dispensarán un trato igual en todas las etapas del procedimiento en las cortes de justicia y los tribunales.

3.Los Estados Partes convienen en que todo contrato o cualquier otro instrumento privado con efecto jurídico que tienda a limitar la capacidad jurídica de la mujer se considerará nulo.

4.Los Estados Partes reconocerán al hombre y a la mujer los mismos derechos con respecto a la legislación relativa al derecho de las personas a circular libremente y a la libertad para elegir su residencia y domicilio.

Políticas y aplicación

En la actualidad, no hay ninguna garantía constitucional de igualdad ante la ley. Sin embargo, las mujeres poseen una capacidad idéntica en materias civiles (es decir, pueden demandar) en virtud de la Ley de Enjuiciamiento Civil de 1972. Además, las mujeres tienen el mismo derecho a participar en las cortes de justicia y los tribunales en todas las etapas, a ser albaceas o administradoras de bienes, y a elegir su residencia y domicilio. Independientemente de su estado civil, las mujeres tienen iguales derechos para firmar contratos y administrar bienes. Sin embargo, no existe ninguna ley que anule todos los contratos e instrumentos que limitan la capacidad jurídica de la mujer.

Artículo 16:

1.Los Estados Partes adoptarán todas las medidas adecuadas para eliminar la discriminación contra la mujer en todos los asuntos relacionados con el matrimonio y las relaciones familiares y, en particular, asegurarán en condiciones de igualdad entre hombres y mujeres:

a)El mismo derecho para contraer matrimonio;

b)El mismo derecho para elegir libremente cónyuge y contraer matrimonio solo por su libre albedrío y su pleno consentimiento;

c)Los mismos derechos y responsabilidades durante el matrimonio y con ocasión de su disolución;

d)Los mismos derechos y responsabilidades como progenitores, cualquiera que sea su estado civil, en materias relacionadas con sus hijos; en todos los casos, los intereses de los hijos serán la consideración primordial;

e)Los mismos derechos a decidir libre y responsablemente el número de sus hijos y el intervalo entre los nacimientos y a tener acceso a la información, la educación y los medios que les permitan ejercer estos derechos;

f)Los mismos derechos y responsabilidades respecto de la tutela, curatela, custodia y adopción de los hijos, o instituciones análogas cuando quiera que estos conceptos existan en la legislación nacional; en todos los casos, los intereses de los hijos serán la consideración primordial;

g)Los mismos derechos personales como marido y mujer, entre ellos el derecho a elegir apellido, profesión y ocupación;

h)Los mismos derechos a cada uno de los cónyuges en materia de propiedad, compras, gestión, administración, goce y disposición de los bienes, tanto a título gratuito como oneroso.

2.No tendrán ningún efecto jurídico los esponsales y el matrimonio de niños y se adoptarán todas las medidas necesarias, incluso de carácter legislativo, para fijar una edad mínima para la celebración del matrimonio y hacer obligatoria la inscripción del matrimonio en un registro oficial.

Situación: Derecho de las personas y la familia

En la actualidad, la legislación no garantiza que las mujeres contraigan matrimonio por su libre albedrío y su pleno consentimiento (artículo 23 1) b) de la Ley de Nacimientos, Defunciones y Matrimonios de 1957 y artículo 22 de la Ley de Causas Matrimoniales de 1973). Para que se celebre un matrimonio, la persona que lo oficia debe recibir una declaración de ambas partes de que no existe ningún impedimento para su celebración, pero debe asegurarse también de que se respeta el libre albedrío y el pleno consentimiento. En virtud de la Ley de Causas Matrimoniales, un matrimonio es anulable (pero no nulo) si cualquiera de las dos partes no ha consentido libremente al mismo. La Ley permite anular los matrimonios consumados por la fuerza, por coacción o mediante influencia indebida.

Contexto jurídico

Las partes no tienen los mismos derechos en lo que respecta a los recursos de anulación. En el artículo 22 g) de la Ley de Causas Matrimoniales se establece que un matrimonio es anulable si en el momento de su celebración la mujer estaba embarazada de otro hombre. La disposición atenta contra el requisito general del artículo 16 relativo a la igualdad en lo tocante al matrimonio y al derecho de familia, y debe modificarse.

Aunque no existe una edad mínima para contraer matrimonio, en el artículo 23 1) e) de la Ley de Nacimientos, Defunciones y Matrimonios de 1957 y en el artículo 22 de la Ley de Causas Matrimoniales de 1973 se dispone que si una de las partes es joven (mujeres menores de 16 años o varones menores de 18 años), quien celebra el matrimonio debe disponer del consentimiento por escrito de uno de los padres del o de la joven. Si una persona es menor de 16 años en el momento de contraer matrimonio y reside en Nauru, el matrimonio es anulable y se puede iniciar un procedimiento de anulación. Para cumplir con el artículo 16, es necesario enmendar esta legislación y fijar una edad mínima para contraer matrimonio. Aunque en la Convención no figura una definición de “niño”, en la Convención sobre los Derechos del Niño (en la que Nauru también es parte) se define al niño como una persona menor de 18 años. Por lo tanto, se podría argumentar que Nauru estaría obligado a disponer en su legislación que una persona menor de 18 años no puede contraer matrimonio.

En la Ley de Nacimientos, Defunciones y Matrimonios de 1957 (artículos 22, 24 y 25) se exige que el matrimonio quede inscrito en un registro oficial. Las mujeres tienen el mismo derecho a elegir un apellido (Normas para el Registro de Hechos Inscribibles (Cambio de Nombre) de 1949 (Reino Unido)). Por ley, las mujeres tienen el mismo derecho a cambiar su apellido. En la práctica, esa norma no se cumple. Sin embargo, es poco probable que se modifique la práctica actual si no se establecen nuevas normas jurídicas.

Ambos cónyuges están en pie de igualdad en materia de propiedad, compras, gestión, administración, goce y disposición de los bienes. En la Ley de Manutención de 1959 se dispone que se concederán pensiones alimenticias únicamente cuando la esposa haya sido abandonada por el esposo. Sin embargo, en los artículos 30 y 31 de la Ley de Causas Matrimoniales (órdenes provisionales de manutención) se prevé la adopción de órdenes de manutención cuando se dicte una sentencia de divorcio, nulidad o separación judicial. La Ley de Manutención no se aplica a cualquier separación, sino tan solo a aquellos casos en que el marido haya dejado a su esposa (o hijo) sin medios de subsistencia, o haya una deserción constructiva porque la esposa se vea obligada a abandonar su hogar por un temor plausible de encontrarse en peligro o por otras circunstancias que justifiquen razonablemente su abandono de la residencia. En el artículo 5 6) se establece que una esposa con derecho a la manutención perderá ese derecho si comete adulterio o muestra hábitos de ebriedad. En el artículo 6 5) se dispone que, a los efectos de determinar el patrimonio, se presume que un hombre no es el padre de un niño si la madre se dedica a la prostitución o mantenía relaciones sexuales con otro hombre. Cuando una persona obtiene una sentencia de divorcio, nulidad o separación judicial, el tribunal puede dictar las órdenes de manutención que considere razonables (sobre la base de un procedimiento no contencioso).

Ninguna ley permite a las mujeres ocupar el hogar conyugal cuando no se pueda llegar a un acuerdo o en situaciones de violencia doméstica. Se podría argumentar que exigir nuevas leyes en este sentido va más allá de lo requerido en el artículo 16 y puede no ser factible en el contexto de Nauru, habida cuenta de los casos de familias extensas y la propiedad de las tierras familiares. En el artículo 9 de la Ley de Causas Matrimoniales de 1973 se prevén los divorcios no contenciosos. Sin embargo, es más difícil (o toma más tiempo) lograr un divorcio no contencioso que un divorcio en el que el solicitante demuestra que el demandado se ha comportado de tal manera que, con toda razón, no se puede esperar que el solicitante viva con él o en el que el demandado haya abandonado al solicitante. En los artículos 10 1) e) y 12 de la Ley de Causas Matrimoniales de 1973 se exige que el tribunal promueva la reconciliación. Se podría argumentar que esa exigencia va más allá de lo requerido en el artículo 16.

En el artículo 16 se exige que en la legislación se prevea también una división equitativa de la propiedad tras el divorcio, reconociendo la contribución no remunerada de la mujer y los cálculos de sus necesidades futuras y su capacidad de generar ingresos en el futuro. En relación con las órdenes de manutención dictadas en virtud de la Ley de Causas Matrimoniales de 1973, en el artículo 31 1) a) se faculta al tribunal para dictar esas órdenes teniendo en consideración las correspondientes fortunas, capacidades y conductas de las partes. Esta cuestión no se aborda en la legislación de Nauru relativa al derecho de familia, pero se incluye en el estatuto del Reino Unido de aplicación general en Nauru. Este tema debería examinarse y probablemente abordarse desde un punto de vista legislativo.

Políticas y aplicación

La custodia y el acceso a los niños no se conceden sobre la base del interés superior del niño independientemente de la relación entre los padres. En la Ley de Tutela de 1975 se permite al tribunal dictar las órdenes de custodia y acceso que considere oportunas y no se establece ningún interés o factor que deba tenerse en cuenta. Es posible que sea necesario modificar la Ley de Tutela de 1975, no solo para que cumpla con la Convención, sino también para que sea acorde a la Convención sobre los Derechos del Niño. La Ley debería especificar que la consideración primordial debe ser el interés superior del niño. En el artículo 16 de la Ley de Tutela, que se aplica únicamente en circunstancias limitadas de abandono, se establece que si un padre ha abandonado a su hijo sin medios de subsistencia, el tribunal podrá dictar órdenes de apoyo y custodia, teniendo en cuenta principalmente el bienestar del niño.

Tal vez Nauru desee considerar la posibilidad de brindar una mayor protección jurídica a las relaciones familiares de facto al adoptar las demás enmiendas al derecho de la familia necesarias para ajustarlo a las disposiciones de la Convención.

Las mujeres no tienen los mismos derechos a la tutela, la curatela, la custodia y la adopción. Un padre soltero sin cónyuge no es tutor de su hijo (artículo 6 de la Ley de Tutela de los Niños de 1975). En el artículo 8 de la Ley de Adopción de Niños de 1965 se limitan los derechos de los hombres a la adopción. En el artículo 6 de la Ley de Manutención se establece una orden para determinar el parentesco.

Del mismo modo, no existe legislación que regule la contribución del padre para costear los gastos de embarazo y parto de la madre en caso de que no estén casados. Tal vez Nauru considere la posibilidad de adoptar disposiciones legislativas a ese respecto con miras a cumplir con el artículo 16. Con respecto al pago de pensiones alimenticias para los niños nacidos fuera del matrimonio, en el artículo 6 6) de la Ley de Manutención de 1959 se establece que, en circunstancias limitadas, esos niños pueden recibir apoyo. En virtud de la Ley de Causas Matrimoniales, cuando un matrimonio se disuelve, puede exigirse la prestación de apoyo a un hijo de una de las partes en ese matrimonio cuando haya sido previamente aceptado como miembro de la familia por la otra parte.

En las leyes generales sobre testamentos y sucesiones, incluidas las normas de 1938 que rigen las propiedades intestadas, se disponen las mismas normas para la herencia. No existe ninguna legislación que obligue a los tribunales a aplicar la Convención o la Convención sobre los Derechos del Niño en la legislación nacional sobre la familia cuando resulte pertinente. Se podría decir que esto sobrepasa lo estrictamente requerido por la propia Convención, pero Nauru consideraría la posibilidad de ajustar plenamente esa disposición al artículo 16.

Conclusión

El Gobierno de Nauru espera con interés el debate constructivo que mantendrá en relación con el presente informe inicial.