I.Presentación
El Estado dominicano firmó y ratificó la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer en el año 1982. Ha ratificado su Protocolo Facultativo el cual entró en vigor en el mes de junio del año 2002 y hasta la fecha ha presentado cinco informes, correspondiendo el presente al sexto y séptimo informe, que comprenden los períodos 2003-2007 y 2007-2011.
El Ministerio de la Mujer es el órgano responsable de velar por el cumplimiento de los compromisos internacionales contraídos por el Estado Dominicano en materia de los derechos de las mujeres y en ese sentido le corresponde la elaboración del presente informe periódico.
Este informe incluye los avances logrados y las acciones, programas y políticas que han impactado en favor de la igualdad entre hombres y mujeres y en contra de la discriminación por razones de género, desarrollados en la República Dominicana, y ejecutados por cualquiera de sus actores relevantes: El Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y el Poder Judicial, en los niveles, nacional, provincial y municipal.
Este informe tiene como referencia los informes presentados con anterioridad ante el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, el seguimiento a los compromisos regionales y subregionales, así como los instructivos del Comité.
También han sido revisados los documentos sobre el marco legal y normativo nacional y local en favor del adelanto de las mujeres, los informes sobre la marcha de políticas y programas, así como programas, encuestas, investigaciones, datos oficiales y evaluaciones vinculados a los temas identificados en la Convención.
Han sido consultadas múltiples fuentes oficiales y de la sociedad civil logrando importantes aportes que contribuyen a la objetividad y calidad de la información, tanto cualitativa como cuantitativa
Entre los demás actores relevantes se cuentan la Oficina Nacional de Estadística (ONE), que es el órgano responsable del sistema nacional de estadísticas, el Banco Central que realiza encuestas periódicas sobre el comportamiento del empleo y la economía en general. También las oficinas sectoriales del gobierno central, los gobiernos municipales, los órganos del Poder Judicial y el Congreso Nacional.
II.Introducción
La República Dominicana comparte la isla Hispaniola, la segunda en tamaño del archipiélago de las Antillas Mayores, con la República de Haití. Esta isla tiene una extensión territorial de 77.914 kilómetros cuadrados, de los cuales la República Dominicana ocupa 48.670 kilómetros cuadrados y Haití 29.244. Además tiene anexas a su territorio las islas Saona y Beata. Su litoral costero alcanza 1.500 kilómetros de longitud. Las coordenadas geográficas de su ubicación corresponden a los 68 grados 30 minutos longitud Oeste y a los 18 grados 20 minutos latitud Norte. Tiene como límites naturales: al norte el océano Atlántico, al sur el mar Caribe, al este el canal de La Mona y al oeste la República de Haití.
El gobierno de la Nación es esencialmente civil, republicano, democrático y representativo. Organizado en tres poderes: Poder Legislativo, Poder Ejecutivo y Poder Judicial. La República Dominicana es un Estado social democrático de derecho, organizado en forma de República unitaria, fundado en el respeto de la dignidad humana, los derechos fundamentales, el trabajo, la soberanía popular y la separación e independencia de los poderes públicos.
El Poder Ejecutivo es ejercido en nombre del pueblo por el Presidente o Presidenta de la República en su condición de jefe de Estado y de gobierno de conformidad con las disposiciones de la Constitución. El Presidente o Presidenta será elegido cada cuatro años por voto directo.
El Poder Legislativo se ejerce por el Congreso Nacional conformado por el Senado de la República y la Cámara de Diputados. Sus integrantes son electos por sufragio universal directo, cada cuatro años, con excepción del período 2010/16, que se extendió para unir en un mismo año las elecciones presidenciales, congresionales y municipales.
El Senado está conformado por 32 Senadores y Senadoras, uno por cada provincia y el Distrito Nacional. La Cámara de Diputados se compone de un representante por cada 50.000 habitantes o fracción de 25.000. Actualmente hay 178 diputados/as correspondientes a las diferentes provincias y circunscripciones electorales y cinco diputados/as nacionales.
El Poder Judicial se ejerce por la Suprema Corte de Justicia (SCJ), órgano jurisdiccional superior de todos los organismos judiciales y, los demás tribunales creados por la Constitución y las leyes de la República. La SCJ está compuesta por un mínimo de 16 jueces. Son parte del Sistema de Justicia, las Cortes de Apelación, los Tribunales de Primera Instancia, los Juzgados de Paz, la Jurisdicción Contenciosa Administrativa, las Jurisdicciones Especializadas y el Ministerio Público. Este último es el órgano del Sistema de Justicia responsable de la formulación e implementación de la política de investigación, persecución y sanción a la criminalidad.
Las tendencias demográficas en la población dominicana registran importantes transformaciones en los últimos cincuenta años. La estimación de población se sitúa alrededor de 9,8 millones de habitantes para el año 2010, y se estima que alcanzará la cifra de 10,4 millones en el año 2015 y estará alrededor de 12 millones en el año 2030. La tasa de crecimiento poblacional tiende a reducirse a lo largo del tiempo, de modo que, en décadas atrás el número de habitantes se expandía a un ritmo superior al 3% por año. La tasa de crecimiento anual, para este período, se estima en un 1,6%.
En el país se está produciendo un proceso de transición demográfica, que está modificando gradualmente la distribución de la población por edades, zonas y sexo. Se estima que actualmente cerca de 38% de la población tiene menos de 18 años, pero ese porcentaje se habrá reducido a 30% en 2030. Al mismo tiempo, las personas mayores de 64 años de edad que actualmente representan el 6% de la población total, pasarán a un 10%. En otras palabras, en los dos próximos decenios, se reducirá el porcentaje de personas económicamente dependientes, mientras aumentará el porcentaje de la población en edad de trabajar.
Según las citadas proyecciones, en el año 2010, el 49,9% de la población corresponderá al sexo masculino y el 51,1% al femenino. Lo que implica que la distribución porcentual de la población por sexo se ha ido reduciendo progresivamente, disminuyendo los puntos porcentuales que otorgaban una proporción ligeramente mayor al sexo masculino y se eleva a una leve mayoría para el sexo femenino para el año 2010. El 65,0% de las mujeres y el 66,0% de los hombres residen en la zona urbana.
Este proceso de transición de la población dominicana está siendo influido por la reducción gradual de la tasa global de fecundidad que, desciende de 3,3% en el año 1991 a 2,4% en el año 2007. Se produce además una reducción de la mortalidad infantil de 75,2 por 1.000 en el período 1980-1985 a 29,6 por 1.000 para 2005-2010. La mortalidad general se sitúa en 3,0 por 1.000 para los hombres y 2,0 por 1.000 para las mujeres para el año 2007 según la Encuesta Demográfica y de Salud.
Resulta interesante la evolución de otras variables sociodemográficas, como la jefatura de hogar, que pasa de ser fundamentalmente masculina a incorporar una proporción significativa de mujeres jefas de hogar. En el año 2007 el 60,0% de los hogares tenía jefatura masculina versus un 40,0% de jefatura femenina, según la Encuesta Nacional de Hogares del año 2007.
Las jefaturas de hogar femeninas son más frecuentes en las zonas urbanas (74,0%) que en las zonas rurales (26,0%). Los hombres jefes de hogar en su gran mayoría están casados o en unión (79%).
En el ámbito económico, es bien conocido que, a lo largo de cuatro decenios, la economía dominicana ha logrado crecer a tasas relativamente altas para el contexto latinoamericano. Concretamente, durante el período 1961-2007 la economía dominicana se expandió a un ritmo anual promedio de 5,3%, mientras el conjunto de América Latina y el Caribe creció a un promedio de 3,8%. En consecuencia, el ingreso per capita del país en el año 2007 era alrededor de diez veces más alto que en el año 1970 y, en términos de ingreso per ca pita, la República Dominicana dejó de ser el tercer país más pobre de América Latina para pasar a una posición intermedia. La economía dominicana continuó su ritmo de desarrollo alcanzando un crecimiento del producto interno bruto del 7,8% en el pasado año 2010.
Sin embargo, el crecimiento de la economía dominicana, no ha alcanzado los niveles usuales en otras regiones que registran largos períodos de crecimiento sostenido, afectada por fluctuaciones de períodos, relativamente cortos, de expansión a períodos recesivos. Los períodos de crecimiento han tenido un impacto perceptible en la reducción de la pobreza. Por ejemplo el crecimiento sostenido en el período 2005-2008, provocó la salida de la pobreza de más de 1.500.000 dominicanos y dominicanas. No obstante, se observa también que la sensibilidad de la pobreza frente al crecimiento es relativamente baja, mientras que muestra una alta sensibilidad frente a las crisis.
En este sentido la República Dominicana enfrenta el reto, por un lado, de crecer de manera sostenida por un período prolongado y, por el otro lado, de transformar la pirámide de la distribución del ingreso por una redistribución de las riquezas que contribuya a reducir las brechas sociales y a lograr la superación de la pobreza, tal y como se plantea en la Estrategia Nacional de Desarrollo 2010-2030.
En cuanto a la situación ambiental, la República Dominicana muestra avances importantes en ciertas áreas, mientras en otras presenta dificultades y retos de trascendencia. El país ha logrado reducir el proceso de deforestación. En la actualidad cuenta con una institucionalidad y un marco legal más favorables para la adopción de políticas de protección del medio ambiente. En el año 2003, la cobertura boscosa del país alcanzó el 33% del territorio nacional, casi tres veces más que el 12% que se tenía en 1967. La expansión de las áreas protegidas ha sido significativa y ha contribuido a la protección de la biodiversidad.
República Dominicana ha tenido una incidencia mínima en la emisión de gases de efecto invernadero. La principal fuente de emisión de estos gases proviene de la quema de combustibles fósiles con fines energéticos, así como de la producción de electricidad y las actividades de transporte y agrícolas. Esas emisiones son en parte aminoradas por la captura de carbono por parte del bosque dominicano a medida que se ha avanzado en la reforestación y se han controlado en gran parte las causas de la deforestación.
Por su condición de insularidad, un alto porcentaje de la flora dominicana es endémica, al igual que la mayor parte de los reptiles y anfibios. A pesar de los avances, las estimaciones indican que más del 10% de la flora y el 33% de los vertebrados están en peligro o amenazados de extinción.
Los problemas asociados al uso de los recursos hídricos y costero-marinos, así como problemas derivados de la contaminación del aire y la disposición de los desechos sólidos, constituyen el reto más serio que enfrenta el país en esta materia. Los datos revelan que el ritmo de utilización del recurso agua supera el ritmo de la renovación natural del recurso, y esto sugiere la importancia de desarrollar fuentes alternativas de abastecimiento, y aplicar políticas que incentiven su uso eficiente y contribuyan a la sostenibilidad y conservación de caudales suficientes para los ecosistemas acuáticos.
La problemática ambiental, se asume como uno de los cuatro ejes estratégicos que aborda la Estrategia Nacional de Desarrollo 2010-2030, “Un manejo sostenido de los recursos naturales y del medio ambiente y una adecuada adaptación al cambio climático” en un enfoque integral entre la dinámica ambiental y los procesos económicos y sociales.
En los ámbitos de la educación el país revela una tendencia sostenida hacia el aumento de la cobertura en los distintos niveles educativos, aunque todavía permanece baja en algunos niveles. Concretamente, la cobertura neta dominicana, en el nivel de educación básica, es de alrededor de 92%, relativamente alta; y en el nivel de educación media, la tasa de cobertura neta es de 49%, relativamente baja en comparación con el promedio de América Latina y el Caribe.
En materia de escolaridad, en el año 2009 la población dominicana entre 15 años y más promedió alrededor de 8,2 años de escolaridad, siendo más alta en la zona urbana, con aproximadamente 9 años, que en la zona rural, con poco menos de 7 años de escolaridad promedio. Esos niveles de escolaridad son relativamente similares al promedio de América Latina. Es destacable que el país casi duplicó el número de años de escolaridad en la última década. Las mujeres aventajan ligeramente la escolaridad promedio con 8,5 años frente a 8,0 para los hombres.
Al alcanzar los 18 años de edad un joven dominicano ha estado inscrito en la escuela un promedio de 11,8 años, una cifra que solo superan en América Latina Chile y Argentina con 12,1 años.
Por otro lado, la tasa de analfabetismo se ha reducido significativamente a lo largo de las últimas cuatro décadas, al caer desde 35,0%, para la población de 15 años y más en 1960 a 27% en 1981 y a cerca del 10% en 2008.
Los mayores retos en el sector educativo radican en la eficiencia y la calidad. En materia de eficiencia, el sistema educativo dominicano encamina esfuerzos, en el marco del Plan Decenal de Educación 2008-2018, para reducir las tasas de repetición y deserción en la educación básica y media. Esa situación muestra tendencia a mejorar. En el año 2007 la deserción escolar era de 2,8% en el último año del nivel medio y de 10% en el primer año del nivel básico. En relación con la calidad de la enseñanza, el Plan decenal se propone superar deficiencias en el dominio de las asignaturas de lengua española y matemáticas.
En materia de equidad, durante los dos últimos decenios se ha reducido la diferencia entre los niveles de acceso a la educación de hombres y mujeres, así como las diferencias de acceso entre los estudiantes que residen en la zona urbana o en la zona rural. De igual modo, se ha reducido la brecha en los niveles de acceso de los estudiantes provenientes de hogares pobres y aquellos provenientes de hogares no pobres. Esto constituye una noticia positiva. No obstante, persisten diferencias significativas por zona de residencia y por sexo en algunos indicadores como son la tasa de analfabetismo, la matrícula y la promoción en el nivel medio.
Las políticas actuales y futuras en la educación preuniversitaria tienen como norte ampliar la cobertura (especialmente en los niveles inicial y medio), impulsar transformaciones profundas en el currículo para garantizar mayor calidad y pertinencia, mejorar las condiciones de vida de los docentes y, a la vez, sus niveles de competencia y cumplimiento, mejorar la capacidad de los organismos oficiales formuladores de políticas para ejercer sus funciones normativas. La Estrategia Nacional de Desarrollo 2010-2030, se propone además, elevar la inversión en educación de manera sostenida y sistemática hasta alcanzar el 5,0% del PIB en el 2020 y el 7,0% en el 2030.
En el nivel de educación superior, una tendencia notable en el país ha sido el aumento explosivo de la matriculación universitaria durante las dos últimas décadas. Si bien tal tendencia es común en el contexto latinoamericano, el ritmo de expansión de la educación superior en la República Dominicana sobrepasa los promedios regionales. En este caso, las principales restricciones vienen dadas por la poca flexibilidad para hacer efectiva las transformaciones curriculares que demandan los nuevos tiempos en materia de ciencia y tecnología, y a formar los recursos humanos para la igualdad en educación y la no exclusión por razones de género.
En otro orden, durante los últimos decenios el país ha tenido mejoras en la esperanza de vida al nacer, en la disminución de las tasas de mortalidad y en la provisión de servicios de salud. Con la puesta en marcha, a nivel nacional, a partir del año 2005, de las Leyes 42-01 y 87-01, que norman el nuevo Sistema de Seguridad Social se ha incrementado la cobertura del seguro de salud, a través de los regímenes contributivo y subsidiado de la seguridad social, al tiempo que el país va avanzando en el desarrollo de un nuevo modelo de atención pública, centrado en la atención primaria. El porcentaje de la afiliación a algún tipo de seguro de salud pasa de 21,1% en 2002 a 39,8% en 2009.
Sin embargo, todavía se enfrenta la necesidad de superar muchos desafíos en el área de salud. Uno de los principales retos lo constituye la mejora de la calidad en la prestación de servicios. Un desafío adicional es la superación de mecanismos regresivos de financiamiento del sistema, que llevan a la necesidad de gastos cuantiosos por parte de los hogares.
El país concentra los mayores esfuerzos en incrementar la asignación de recursos públicos para el financiamiento de los servicios de salud en los grupos más pobres de la población; a la vez que asegura la calidad en la prestación de los servicios de salud y la eficacia en la aplicación de los recursos. También se pretende garantizar la provisión de una cartera de servicios de salud pertinente y sostenible para la población de menores ingresos y, fortalecer los mecanismos de monitoreo de resultados y avanzar en la descentralización de las redes públicas de servicios de salud. Asimismo, ampliar la cobertura de seguros y aseguramiento, desarrollar criterios de asignación los recursos públicos en función de resultados, mejorar los sistemas de información, asegurar el desarrollo de prácticas y espacios de participación social y, superar el modelo de atención y aumentar la capacidad de prevención, desarrollando el primer nivel de atención primaria. Estas metas del Plan decenal de Salud 2007-2017, son retomadas y proyectadas en la Estrategia Nacional de Desarrollo 2010-2030.
Por su parte en el ámbito del empleo decente, el país muestra una tendencia al aumento de las tasas de participación (es decir, el porcentaje de personas en edad de trabajar que se incorpora al mercado laboral), lo que es especialmente notable en las mujeres. Varios factores favorecen esta continua integración de las mujeres al mercado de trabajo, entre ellos el crecimiento económico, las modificaciones registradas en la estructura demográfica (disminución significativa de la tasa de fecundidad), así como el aumento de la escolaridad femenina.
Una causa por la cual el crecimiento económico del país no se refleja en igual medida en la incorporación de la PEA al mercado laboral, se debe a la alta inmigración haitiana, la cual es motivada fundamentalmente por las diferencias salariales entre ambos países. La gran cantidad de haitianas y haitianos que se incorporan al mercado laboral en la República Dominicana, impacta negativamente en las oportunidades de empleos para las dominicanas y dominicanos.
Por otra parte, la capacidad de generación de empleo es afectada por el proceso de cambio en las estructuras sectoriales de la economía, ahora con predominio en los sectores turístico, comunicación y financieros. En general, puede considerarse que, con respecto a la estructura productiva de decenios atrás, el crecimiento reciente muestra un cierto sesgo que debilita la generación de empleos, ya que su liderazgo corresponde a sectores con menores demandas de fuerza de trabajo por unidad de producción. Esto se combina con un aumento en las tasas de participación laboral, sobre todo de mujeres y jóvenes, lo que aumenta la oferta de mano de obra y, por consiguiente, este incremento en la tasa de participación coexiste con desempleo relativamente alto, con mayor impacto en la población económicamente activa de mujeres y jóvenes.
En este sentido, la Estrategia Nacional de Desarrollo 2010-2030 (END) plantea que “las políticas económicas, en general, y las políticas de desarrollo productivo, en particular, deberán orientarse a la promoción de encadenamientos entre los distintos sectores productivos, con el propósito de superar la dualidad en el aparato de producción, teniendo como meta principal la generación de empleos decentes —definido como el trabajo productivo, adecuadamente remunerado y que se realiza en condiciones de libertad, equidad, seguridad y dignidad humana— […]”.
Para impulsar un crecimiento, con altos índices de generación de empleo la END establece los objetivos siguientes: Propiciar mayores niveles de inversión, tanto nacional como extranjera, en actividades de alto valor agregado y de generación de empleo decente. Consolidar el Sistema de formación y capacitación continua para el trabajo, a fin de acompañar al aparato productivo en su proceso de escalamiento de valor, facilitar la inserción en el mercado laboral y desarrollar capacidades emprendedoras y; elevar la eficiencia, capacidad de inversión y la productividad de las pequeñas y medianas empresas.
En el orden institucional, durante los últimos decenios, la República Dominicana ha desarrollado una agenda de reformas con miras a la modernización del Estado, acorde a los cambios democráticos en transición en el país y en América Latina. En ese sentido, fueron formadas la Comisión para la Reforma y Modernización del Estado (en la actualidad, Consejo Nacional de Reforma del Estado), el Comisionado de Apoyo para la Reforma y Modernización de la Justicia, la Comisión Ejecutiva para la Reforma del Sector Salud y la Comisión de Reforma de la Empresa Pública, entre otras entidades de similar naturaleza.
Asimismo, se inscribe en ese proceso la aprobación de un amplio conjunto de leyes, tales como la Ley de Planificación e Inversión Pública, Ley Orgánica de Presupuesto, Ley de Compras y Contrataciones, Ley de Libre Acceso a la Información Pública, Ley de Contabilidad Nacional, Ley de Contraloría, Ley de Tesorería Nacional y Ley de Crédito Público, entre otras. En adición, en materia de avances institucionales, se destacan la Ley de la Función Pública, que creó la Secretaría de Estado de la Administración Pública, y las leyes que establecieron la Secretaría de Estado de Economía, Planificación y Desarrollo y la Secretaría de Estado de Hacienda, así como la Ley que crea la Secretaría de la Mujer. También se crearon la Secretaría de la Juventud, la Secretaría de Recursos Naturales y Medioambiente. Las Secretarías de Estado se denominan Ministerios en la nueva Constitución.
Estas reformas tratan de aumentar la transparencia y la rendición de cuentas en el manejo de los recursos públicos, fortalecer los pesos y contrapesos institucionales y mejorar la asignación y gestión del gasto. Todas esas leyes dan un marco jurídico amplio. Para fortalecer la implementación de este marco jurídico y superar las dificultades y deficiencias aún presentes en el aparato institucional nacional, la Estrategia Nacional de Desarrollo 2010-2030, se propone lograr “Un Estado con instituciones eficientes y transparentes, al servicio de una ciudadanía responsable y participativa, que garantiza la seguridad y promueve el desarrollo y la convivencia pacífica” para ello establece como objetivos:
a)Estructurar una administración pública eficiente, que actúe con ética y transparencia, orientada a la obtención de resultados, al servicio de la ciudadanía y del desarrollo nacional;
b)Garantizar la aplicación de la ley y la no impunidad mediante un sistema judicial ágil, accesible y eficiente;
c)Construir un clima de seguridad ciudadana basada en el combate a los determinantes de la delincuencia y la confrontación, una policía nacional profesionalizada, eficiente y eficaz al servicio de la ciudadanía;
d)Consolidar la democracia participativa y el ejercicio de los derechos y deberes de la ciudadanía;
e)Consolidar el sistema electoral;
f)Garantizar la defensa de los intereses nacionales mediante el fortalecimiento del Sistema de Seguridad Nacional;
g)Consolidar las relaciones internacionales como instrumento de promoción del desarrollo nacional y el desarrollo global sostenible y de un orden internacional justo en consonancia con los principios democráticos.
La END como instrumento de planificación integra como marco de referencia la agenda de reformas institucionales ya promulgadas como son la nueva Constitución de la República promulgada el 26 de enero de 2010, la ley que crea el Sistema Nacional de Planificación e Inversión Pública, y la nueva Ley Orgánica de Presupuesto. Otro referente importante que incorpora, son los planes nacionales de los diferentes sectores tales como el Plan Nacional de Competitividad Sistémica, 2007-2017; el Plan Nacional de Educación 2008-2018; el Plan Nacional de Salud 2006-2016; el Plan Estratégico de Ciencia y Tecnología 2008-2018 y el Plan Nacional de Igualdad y Equidad de Género 2007-2017 entre otros de igual importancia.
La estructura de la END se articula en torno a cuatro ejes estratégicos y cuatro ejes transversales que son los siguientes:
a)Eje 1: Un Estado con instituciones eficientes y transparentes, al servicio de una ciudadanía responsable y participativa, que garantiza la seguridad y promueve el desarrollo y la convivencia pacífica;
b)Eje 2: Una sociedad cohesionada, con igualdad de oportunidades y bajos niveles de pobreza y desigualdad;
c)Eje 3: Una economía articulada, innovadora y sostenible, con una estructura productiva que genera crecimiento alto y sostenido con empleo decente que se inserta de forma competitiva en la economía global;
d)Eje 4: Un manejo sostenible del medio del medio ambiente y una adecuada adaptación al cambio climático.
En términos estratégicos contiene cuatro ejes transversales fundamentales:
a)Equidad de género;
b)Sostenibilidad medioambiental y adaptación al cambio climático;
c)Gobernabilidad democrática;
d)Sociedad de la información.
La construcción de una cultura de igualdad y equidad entre hombres y mujeres en la República Dominicana está definida en la END como uno de los objetivos de alta prioridad estratégica para lograr las metas de desarrollo humano al 2030.
Para el Ministerio de la Mujer, para las mujeres y para el pueblo dominicano, es de alta relevancia, el hecho de que, desde el diseño de la END, se haya priorizado no solo un enfoque de género como eje transversal, sino también el esfuerzo por integrar tanto en los diagnósticos como en los diferentes ejes de trabajo las perspectivas de las mujeres, sus derechos y necesidades. Cuenta además con un eje sobre la mujer cuya imagen objetivo está referida a la construcción de una sociedad con igualdad y equidad entre hombres y mujeres.
III.Aplicación de los artículos de la Convención
A.Artículo 1: convenciones, tratados y acuerdos firmados y ratificados por el Estado a favor de la eliminación de la discriminación y a favor de la igualdad
El Estado dominicano se acoge a la definición de discriminación contra las mujeres establecida en la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. En consecuencia, en el artículo 39 de la Constitución de la República, se establece el principio de no discriminación.
La Constitución expresa este principio como el derecho que tienen todas las personas a nacer libres e iguales ante la ley, a recibir la misma protección y trato de las instituciones, autoridades y demás personas y gozar de los mismos derechos, libertades y oportunidades, sin ninguna discriminación por razones de género, color, edad, discapacidad, nacionalidad, vínculos familiares, lengua, religión, opinión política o filosófica, condición social o personal.
De igual modo, la Constitución dominicana condena todo privilegio y situación que tienda a quebrantar la igualdad de las dominicanas y los dominicanos, y solo admite las diferencias que resultan de los talentos o virtudes. También, la Constitución establece la promoción de las condiciones jurídicas y administrativas y la adopción de medidas para prevenir y combatir la discriminación, la marginalidad, la vulnerabilidad y la exclusión de las mujeres.
La mujer y el hombre son iguales ante la ley y se prohíbe cualquier acto que tenga como objetivo o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio en condiciones de igualdad de los derechos fundamentales de mujeres y hombres. Se promoverán las medidas necesarias para garantizar la erradicación de las desigualdades y la discriminación de género.
Otro mandato constitucional es el de promover y garantizar la participación equilibrada de mujeres y hombres en las candidaturas a los cargos de elección popular para las instancias de dirección y decisión en el ámbito público, en la administración de justicia y en los organismos de control del Estado.
Un avance importante en esta materia, especialmente vinculado con el nuevo texto constitucional es lo establecido en el artículo 74, acápite 3 de la Constitución que expresa: “Los tratados, pactos y convenciones relativos a derechos humanos, suscritos y ratificados por el Estado dominicano, tienen jerarquía constitucional y son de aplicación directa e inmediata por los tribunales y demás órganos del Estado”.
B.Artículo 2: medidas de política para eliminar la discriminación contra la mujer
En el período que comprende este informe (2003-2011), se han adoptado importantes políticas y medidas que favorecen el avance de la mujer y promueven la eliminación de la discriminación por razones de género.
Se registran avances en la Nueva Constitución Política de la República, proclamada en enero del año 2010, en la Ley del Distrito Nacional y los Municipios (Ley 176-07); en el Plan Nacional de Igualdad y Equidad de Género 2007-2017, en la Estrategia Nacional de Desarrollo 2010-2030 y en los procesos de reformas que se están desarrollando en el país.
La nueva Constitución de la República Dominicana presenta el texto constitucional más inclusivo de los derechos y de los intereses de las mujeres, en forma explícita e implícita, de toda la historia de la República Dominicana.
Resaltan como avances, la consignación en el nuevo texto constitucional:
a)El principio de igualdad entre hombres y mujeres y la condena a todas las formas de discriminación (artículo 39, derecho a la igualdad);
b)El derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, acápite 2 del artículo 42: “Se condena la violencia intrafamiliar y de género en cualquiera de sus formas. El Estado garantizará mediante ley la adopción de medidas necesarias para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer”;
c)La responsabilidad del Estado de promover y garantizar la participación equilibrada de mujeres y hombres en las candidaturas a los cargos de elección popular para las instancias de dirección y decisión en el ámbito público, en la administración de justicia y en los organismos de control del Estado (art. 39, párr. 5);
d)El reconocimiento del valor productivo del trabajo doméstico, el reconocimiento de la unión de hecho, la igualdad salarial por igual trabajo, la iniciativa legislativa popular y el lenguaje de género en todo el texto constitucional.
1.Limitaciones y obstáculos
Aunque el nuevo texto constitucional es el más avanzado que se ha adoptado en la República Dominicana en materia de igualdad y equidad de género, y a pesar del carácter participativo del proceso de elaboración y socialización del proyecto de reforma, en el que estuvieron presentes todos los sectores nacionales, así como la significativa incidencia desde el Foro de Mujeres por la Reforma y desde el Ministerio de la Mujer, el contenido aprobado en el artículo 37, constituye una limitación que amenaza el pleno ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. El artículo 37 dice así: “El derecho a la vida es inviolable desde la concepción hasta la muerte. No podrá establecerse, pronunciarse ni aplicarse, en ningún caso, la pena de muerte”.
2.Ley del Distrito Nacional y los Municipios
En el ámbito local, también, se han operado cambios importantes, a partir de la nueva Ley del Distrito Nacional y los Municipios (Ley 176-07), promulgada el 12 de julio de 2007. Esta normativa contiene aspectos importes para el avance en la igualdad y la equidad de género en la gestión de los gobiernos locales. Por primera vez una ley especializada que regula la gestión municipal y local contempla de manera explícita la perspectiva de género y la problemática de las mujeres. Incluye iniciativas como:
a)La equidad de género como un principio: La Equidad equivale a justicia, dar a cada cual lo que le pertenece, reconociendo las condiciones y características específicas de cada persona o grupo humano (sexo, género, clase, religión, edad), se reconocen las diferencias para corregir las desigualdades;
b)Los presupuestos participativos, que además de ser un espacio de participación y control social de la gestión municipal tienden a convertirse en una oportunidad para la inclusión de las necesidades de las mujeres en la planeación y distribución del presupuesto del gobierno local;
c)Disposición a coordinar con actores de políticas nacionales e internacionales, acciones y políticas que beneficien a las mujeres; el reforzamiento de la legislación electoral relacionada con el municipio y la representación de las mujeres; la asignación a mecanismos existentes de funciones para el trabajo de género;
d)Dotación de fondos especializados para el trabajo de género (4% del presupuesto);
e)Incluir a las mujeres en los espacios de participación ciudadana del ayuntamiento; tomar en cuenta las necesidades de las mujeres en las inversiones de los presupuestos participativos;
Acerca de las limitaciones y debilidades referentes a esta ley, vemos que incorpora el principio de equidad y no el principio de igualdad. Además presenta un enfoque de la mujer muy vinculado a otros actores como niñez, envejecientes, discapacitados, lo cual tiende a fortalecer el enfoque de servicios y no de derechos a sectores vulnerables. Poco o ningún reforzamiento de las funciones asignadas a las mujeres electas para cargos municipales; poca visibilización de la importancia del aporte de las mujeres al desarrollo local, lo que deriva en la inexistencia de políticas económicas y sociales que la vinculen al mismo. Los mecanismos para integrar la perspectiva de género no están claramente definidos.
Con relación al proceso de incidencia para la implementación de los componentes de género en la Ley 176-07, el Ministerio de la Mujer elaboró una propuesta de reglamento para la aplicación de los artículos de género contenidos en dicha Ley y dio inicio a un proceso de difusión y capacitación, que incluye acciones de incidencia, en el marco de un proceso más amplio, llevado a cabo por el Consejo Nacional para la Reforma del Estado (CONARE) y la Federación Dominicana de Municipios (FEDOMU) para la puesta en ejecución de un reglamento general para la aplicación de dicha ley.
El Ministerio de la Mujer ha firmado acuerdos de trabajo con 22 ayuntamientos y está ejecutando el programa de auditoría de género en 11 gobiernos municipales. Los avances logrados están en el orden del establecimiento de las Oficinas Municipales de Género y Desarrollo de los municipios de Puerto Plata, Altamira, Monte Plata, Dajabón, Azua y Villa González, mediante resolución de sus Consejos Municipales, los cuales además aprobaron sus respectivos reglamentos para la aplicación de los componentes de género en su gestión.
3.Plan Nacional de Igualdad y Equidad de Género 2007-2017 (PLANEG II)
Este Plan Nacional involucra a toda la sociedad dominicana, tanto en su elaboración, como en su ejecución. El PLANEG se fundamenta en cuatro líneas estratégicas: a) la igualdad entre los géneros desde el enfoque de derechos humanos; b) la transversalización, la focalización e intervenciones de impacto; c) mecanismos institucionales de coordinación y articulación para la ejecución; d) fortalecimiento del rol normativo del Ministerio de la Mujer. Otro aspecto estratégico lo constituye el establecimiento del Sistema de indicadores para el seguimiento y monitoreo de la ejecución del PLANEG II.
El PLANEG II, prioriza siete grandes temas nacionales a través de los cuales se abordan los principales problemas que afectan a las mujeres en la sociedad dominicana y las políticas públicas para impulsar la construcción de la igualdad entre mujeres y hombres. Estos temas son los siguientes:
a)Promover una cultura de igualdad y equidad de género;
b)Garantizar todos los derechos de las mujeres y el pleno ejercicio de su ciudadanía;
c)Fortalecer el empoderamiento económico e impulsar la superación de la pobreza de las mujeres;
d)Promover el liderazgo, la participación y la representación política de las mujeres;
e)Acceso y control de las mujeres a bienes y servicios de calidad;
f)Erradicar cualquier forma de violencia contra las mujeres en todo su ciclo de vida;
g)Promover la plena participación de las mujeres en la sociedad de la información y el conocimiento.
4.Procesos de reformas que se están desarrollando en el país
El país se encuentra inmerso en un amplio proceso de reforma para adecuar la legislación vigente al nuevo texto constitucional y retroalimentar proyectos de reformas que ya habían sido sometidos al Congreso al momento de la proclamación de la Nueva Constitución de la República. Entre las iniciativas más importantes para los intereses de las mujeres se encuentran los siguientes.
a)Proyecto de Ley de Partidos y Agrupaciones Políticas
La creación de una ley de Partidos es un proceso en el cual se ha incidido con propuestas de cambios en las estructuras, normativas, cultura y prácticas de los partidos políticos para facilitar el acceso, participación y representación de las mujeres en todos los niveles dentro de los partidos políticos y garantizar el ejercicio de sus derechos fundamentales con justicia y equidad.
El objetivo es asegurar que el enfoque de género esté presente en la nueva Ley de Partidos y Agrupaciones Políticas, logrando la incorporación de los siguientes aspectos:
a)Derecho de participación política de la mujer en igualdad de condiciones y oportunidades que los hombres;
b)Obligación de que los organismos de dirección nacional de los partidos estén compuestos por no menos de un 33% de mujeres;
c)Fortalecimiento de la democracia interna, por la garantía de igualdad y equidad de género a todos los niveles de sus estructuras;
d)Establecimiento de un procedimiento claro para la selección del 33% de las candidaturas que por ley corresponde a la mujer.
Al momento de preparación de este informe el Proyecto de Ley sobre Partidos y Agrupaciones Políticas en la República Dominicana ha sido enviado a la Comisión de la Cámara de Diputados para su estudio.
b)Proyecto de Reforma al Código Civil
Se ha desarrollado un importante esfuerzo de incidencia en el proceso de reforma al Código Civil, desde un enfoque de igualdad de género, que permita visibilizar a las mujeres como ciudadanas con igualdad de derechos y afianzar la igualdad jurídica plena entre hombres y mujeres.
Se elaboró una propuesta de reforma consensuada y promovida por el Ministerio de la Mujer y el Foro de Mujeres por la Reforma. Ahora se dispone a analizar y revisar esta propuesta con arreglo al nuevo texto de la Constitución de la República, ya que el mismo fortalece y amplía las expectativas respecto a los aspectos más relevantes, como son la responsabilidad de la pareja de proporcionar la educación de los hijos e hijas y la preparación de su porvenir, así como la violencia de género, física, psíquica, sexual o económica de uno de los cónyuges contra el otro u otra como causa inapelable para la disolución del matrimonio y como causa específica de divorcio. Asimismo se contempla que la mujer pueda contraer matrimonio inmediatamente después del divorcio, siempre que presente declaración verbal de que no está embarazada del exesposo.
También se reconoce la unión marital de hecho formada por dos personas aptas para contraer matrimonio, sostenida durante un mínimo de dos años en condiciones de singularidad, estabilidad y notoriedad pública, como un tipo de régimen matrimonial (esta unión ya fue reconocida en la nueva Constitución). Se instituye el carácter retroactivo de esta disposición para las uniones existentes a la fecha con las características que serán previstas en este Código Civil.
Se prevé que la administración del patrimonio común será llevada a cabo de manera conjunta por los convivientes sujetos a las reglas para el régimen de la comunidad legal de bienes prevista en el Código Civil.
c)Proyecto de Reforma al Código Penal
El proceso de reforma al Código Penal no ha concluido y el proyecto actual que está en revisión deberá ajustarse a la nueva Constitución Dominicana, que en su artículo 42 sobre el derecho a la integridad personal, en el acápite 2 establece que “Se condena la violencia intrafamiliar y de género en cualquiera de sus formas. El Estado garantizará mediante la adopción de medidas necesarias para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer”.
Este mandato constitucional fortalece el proyecto del Código Penal en lo concerniente a:
a)Las figuras de violencia contra la mujer ya definidas y criminalizadas en la Ley 24/97. De igual manera a la conceptualización del derecho de las mujeres a una vida libre de violencia y a la prohibición de la esclavitud;
b)También a la criminalización y penalización de figuras sujetas de penalización como son el tráfico ilícito y la trata de personas, incluso ya considerados en la legislación dominicana, en la ley 137-03, sobre el tráfico ilícito y trata de personas, así como el crimen organizado en torno a esta actividad delictiva transnacional.
En ese sentido el nuevo Código Penal deberá tomar como referencia el nuevo texto constitucional y establecer de forma explícita, el principio de igualdad y de no discriminación, establecido en la nueva Constitución Dominicana en su artículo 39 y acápites y retomar lo que plantea la Ley 24/97 respecto a la definición del incesto. El artículo 332-2 del Código Penal señala que “La infracción definida en el artículo precedente se castiga con el máximo de la reclusión, sin que pueda acogerse a favor de los prevenidos de ella circunstancias atenuantes”. Este código penal aumenta la condena de 5 a 20 años.
Asimismo, se prevé incluir dos figuras jurídicas reconocidas internacionalmente y que van a contribuir a fortalecer el sistema y la política criminal y a prevenir sus consecuencias devastadoras para la sociedad. Estas son: el feminicidio como el asesinato o forma extrema de violencia contra las mujeres, cometido voluntaria e intencionalmente por un hombre; y el Síndrome de la Mujer Maltratada por el que “se presume haber actuado en legítima defensa y por tanto no es penalmente responsable la mujer víctima de violencia habitual por su pareja o expareja que rechaza cualquier acto de intimidación o violencia para salvarse a sí misma”.
C.Artículo 3: garantía de los derechos humanos y las libertades fundamentales
Del año 2003 al 2011, se han tomado importantes medidas para promover el pleno desarrollo y el adelanto de la mujer en diferentes ámbitos de la vida nacional, con el propósito de evitar repeticiones en este artículo se enunciarán dichas medidas ya que aparecen más detalladas en este informe. En materia de políticas públicas en los diferentes poderes del Estado se han adoptado las iniciativas siguientes.
La Estrategia Nacional de Desarrollo, 2010-2030 (END): Incluye el Género como eje transversal, definiendo los lineamientos de políticas específicos a cada uno de los cuatros ejes estratégicos de la END.
La creación de la Dirección de Mujer y Familia en la Suprema Corte de Justicia: se trata de un espacio esencial mediante el cual se orienta y apoya a la mujer y la familia en el marco de la normativa de protección de los derechos humanos y de la mujer, a través de proyectos de divulgación de dichos derechos y la prevención de la violencia intrafamiliar. Además mantiene una vigilancia constante para que los servicios prestados a la ciudadanía sean eficientes y eficaces.
Política de Igualdad de Género del Poder Judicial Dominicano: Instrumento rector del accionar de la institución a favor de los derechos que le asisten a las mujeres como ciudadanas. Tiene como objetivo, garantizar iguales oportunidades para hombres y mujeres, la no discriminación por causa de género en las decisiones judiciales, en la administración de justicia y en la prestación del servicio público de administración de justicia.
Observatorio sobre Justicia y Género: En la actualidad se está trabajando en la implementación de un observatorio de justicia contra la violencia intrafamiliar y de género, para dar seguimiento a las sentencias y demás resoluciones judiciales dictadas en este ámbito, a fin de plantear pautas de actuación en el seno del Poder Judicial y, a la vez sugerir aquellas modificaciones legislativas que se consideren necesarias para lograr una mayor eficacia y contundencia en la respuesta judicial.
Plan Decenal de Salud 2006-2015: Constituye un instrumento fundamental para el desarrollo del Sistema Nacional de Salud. Está llamado a articular la gestión nacional de la salud, y la diversidad de instituciones y organizaciones que lo integran, con la finalidad de asegurar una clara direccionalidad hacia el logro de los objetivos estratégicos del sector, tanto en lo referente al desarrollo de sus subsistemas y diversos componentes del sistema como en lo relativo a la producción social de la salud con base en la participación social, y a la transformación de la situación de salud de las poblaciones con enfoque de equidad y justicia social. Este Plan es inclusivo de la perspectiva de género, además de que contribuye a combatir las inequidades en general y la exclusión social.
Plan Estratégico de Género del Ministerio de Trabajo (PEG-MT) 2009-2013: Elaborado con el propósito de incorporar el enfoque de género en los objetivos y funciones del Ministerio de Trabajo desarrollando acciones que promuevan la igualdad y la equidad de género desde la estructura orgánica y funcional del Ministerio de Trabajo.
Plan Decenal de Educación 2008-2018: Cuya visión es lograr que todos los dominicanos y dominicanas tengan acceso a una educación pertinente y de calidad, asumiendo como principio el respeto a la diversidad, fortaleciendo la identidad cultural; formando seres humanos para el ejercicio de una vida activa y democrática, generando actitudes innovadoras y cambios en la sociedad y garantizando una calidad educativa que asegure el desarrollo sostenible y la cultura de paz.
Plan Decenal de Educación Superior, Ciencia y Tecnología 2008-2018: Este Plan representa un esfuerzo de planificación nacional, que define la orientación de la educación dominicana del presente y del futuro. Plantea las grandes políticas, objetivos, metas, programas estratégicos, acciones programáticas y proyectos, que permitan la inserción nacional e internacional de la educación superior dominicana en la sociedad del conocimiento y la economía global. Su contenido general contempla el enfoque de género.
Seguridad Social: protege a todos los dominicanos y dominicanas y a los residentes en el país, sin discriminación por razón de salud, sexo, condición social, política o económica. Establece una política de seguridad social orientada a la protección integral y al bienestar general de la población, en especial a elevar los niveles de equidad, solidaridad y participación; a la reducción de la pobreza, la promoción de la mujer, la protección de la niñez y la vejez, y a la preservación del medio ambiente.
Seguro Familiar de Salud: Constituye una importante conquista para la sociedad en materia de solidaridad y equidad. Asegura que la ciudadanía tenga acceso a un conjunto de prestaciones de servicios de salud. El 56,4% de las personas afiliadas al Seguro Nacional de Salud en el régimen subsidiado, son mujeres.
Programa Solidaridad: Forma parte de uno de los medios estratégicos para erradicar la pobreza, dando apoyo al mejoramiento del ingreso de las familias a fin de que estas puedan invertir en la educación de sus miembros menores de edad. Este Programa fue creado mediante el Decreto núm. 536-2005. El Programa tiene los siguientes componentes: Comer es Primero, cuyo objetivo es complementar la alimentación básica de los hogares en extrema pobreza; Incentivo a la Asistencia Escolar, contribuye a la disminución de la deserción escolar en el nivel básico (menores entre 6 y 16 años); y Dominicanos/as con Nombre y Apellido, destinado a promover y facilitar el registro de los nacimientos y obtención de documentación.
Es importante señalar que el 64% de los hogares que son beneficiarios del programa están encabezados por mujeres. Las familias beneficiarias de estos programas son identificadas, categorizadas y registradas mediante un Sistema Único de Beneficiarios (SIUBEN).
Estancias infantiles: Consejo Nacional de Estancias Infantiles (CONDEI) es el mecanismo creado por el Estado dominicano que regula los servicios de las instancias infantiles, en respuesta al mandato de la Ley 87-01, que crea el Sistema Dominicano de Seguridad Social, donde se establece el derecho a los Servicios de Estancias Infantiles para los niños y niñas desde 45 días de nacidos hasta 5 años de edad, complementando los beneficios del Seguro Familiar de Salud. Esta disposición es fundamental para que las mujeres puedan conciliar sus responsabilidades familiares con las obligaciones relacionadas con el empleo. En la actualidad el país cuenta con 25 centros.
Consejo Nacional de Promoción y Apoyo a la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, PROMYPIME, creado mediante el decreto núm. 238-97, es una política pública orientada a desarrollar las iniciativas de emprendimiento de hombres y mujeres, con préstamos y asesoramiento técnico gerencial. El Ministerio de la Mujer, ha firmado un acuerdo de trabajo con esta entidad para impulsar acciones positivas de apoyo a las iniciativas de las mujeres, garantizando el acceso de las mujeres a programas de crédito, en condiciones de igualdad de oportunidad y contribuir con la reducción de la pobreza.
Sistema Nacional de Formación Técnico Profesional: Impulsar el desarrollo de las capacidades de la oferta laboral. Juega un papel protagónico en materia de capacitación para el trabajo, su oferta formativa comprende carreras técnicas y cursos técnicos, a los fines de atender las necesidades de los diferentes sectores. En este sentido, el Ministerio de la Mujer está comprometido con el empoderamiento económico de las mujeres, establece permanentemente coordinaciones para la capacitación de las mujeres en los oficios tradicionales y no tradicionales de forma tal que las mujeres puedan insertarse en el mercado laboral. Actualmente ejecuta el Plan Decenal de Educación para el Trabajo 2008-2018.
Proyecto Compitiendo con Equidad: El Ministerio de la Mujer, conjuntamente con el Consejo Nacional de Competitividad (CNC) y el apoyo del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) ejecuta un proyecto sobre un modelo de equidad de género para la competitividad que procura visualizar las posibles brechas de género al interior de las empresas, que no suelen percibirse como desigualdades, y que tienen repercusiones importantes en la rentabilidad y productividad de las mismas. Además, posibilitará la aplicación de medidas de equidad que corrijan las desigualdades de género en el ámbito empresarial.
Creación de la Procuraduría General Adjunta de la Mujer en el año 2007: Con el mandato de dirigir y monitorear los procesos de investigación e instrucción criminal, en materia de violencia contra las mujeres y cualquier materia que afecte los derechos de las mujeres y su libre acceso a la justicia.
Reformas Legislativas: El Estado dominicano, en estos últimos ocho años, ha fortalecido su marco legal, normativo y de políticas que promueven el pleno desarrollo y el adelanto de las mujeres. Los avances alcanzados se expresan principalmente en la Nueva Constitución de la República, 2010; la Ley 176-07, del Distrito Nacional y los Municipios, 2007; la Ley 41-08, de Función Pública; Ley núm. 531, Orgánica de Presupuesto para el Sector Público, Ley 76-02 sobre el Nuevo Código Procesal Penal, 2004; la Ley 88-03, que crea las Casas de Acogidas o Refugios para sobreviviente de violencia intrafamiliar y contra la mujer, 2003 y la Ley 137-03, que crea el Sistema de Protección de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, 2003.
D.Artículo 4: medidas especiales
En la República Dominicana, siguen vigentes las leyes de cuota mínima de representación política de las mujeres: Ley 12-2000, que establece la cuota mínima de candidaturas de mujeres de 33% para las diputaciones y regidurías; Ley 13-2000, que establece la obligatoriedad de que, cuando el candidato a la sindicatura (hoy alcaldías) sea un hombre debe colocarse a una mujer en el cargo de la vicesindicatura y viceversa.
Las medidas más importantes adoptadas entre 2003 y 2010, son las resoluciones núms. 06-2006 y 04-2010 de la Junta Central Electoral, para promover el cumplimiento de la cuota femenina. Ambas establecen la obligatoriedad del cumplimiento de las leyes de cuotas femeninas por parte de los partidos políticos.
Resolución 04-2010: La Junta Central Electoral de la República Dominicana, órgano rector de las políticas electorales, en cumplimiento de las pautas que le traza la Constitución, aprobó la resolución 04-2010 que establece el procedimiento para aplicar la cuota electoral, reservada mediante la Ley 12-2000.
En dicha resolución la Junta Central Electoral señala la obligatoriedad de que los partidos, las alianzas de partidos y las agrupaciones políticas al momento de presentar sus propuestas de candidaturas a cargos para diputados, regidores y suplentes de regidores, así como vocales de Distritos Municipales, incluyan en las mismas un porcentaje no menor al 33% a favor del sexo femenino, asignado en forma alterna, del total de los cargos propuestos en cada nivel de elección y tomando en cuenta la totalidad de cargos a elegirse en todo el territorio nacional y por circunscripciones.
La cuota ha generado un proceso de cambio en los roles y protagonismos de la cultura política dominicana. A continuación, se presenta cómo ha evolucionado la escogencia de mujeres a cargos congresuales y municipales a partir del establecimiento de las leyes de cuotas.
Cuadro 1Representación femenina en el Congreso Nacional 1962-2010
|
Año |
Cámara baja |
Senado |
||||
|
Ambos sexos |
Mujeres |
Porcentaje |
Ambos sexos |
Mujeres |
Porcentaje |
|
|
1962 |
71 |
2 |
2,8 |
26 |
1 |
3,8 |
|
1966 |
74 |
3 |
4,1 |
27 |
1 |
3,7 |
|
1970 |
74 |
3 |
4,1 |
27 |
4 |
14,8 |
|
1974 |
91 |
13 |
14,3 |
27 |
3 |
11,1 |
|
1978 |
91 |
12 |
13,2 |
27 |
2 |
7,4 |
|
1982 |
120 |
8 |
6,7 |
27 |
1 |
3,7 |
|
1986 |
120 |
9 |
7,5 |
30 |
1 |
3,3 |
|
1990 |
120 |
14 |
11,7 |
30 |
0 |
0,0 |
|
1994 |
120 |
15 |
12,5 |
30 |
1 |
3,3 |
|
1998 |
149 |
24 |
16,1 |
30 |
2 |
6,7 |
|
2002 |
150 |
24 |
16 |
32 |
2 |
6,3 |
|
2006 |
178 |
35 |
19,7 |
32 |
2 |
6,3 |
|
2010 |
183 |
38 |
20,8 |
32 |
3 |
9,4 |
Fuente: Clara Báez, Estadísticas para la planificación social con perspectivas de género. SEM-PNUD-FNUAP. Santo Domingo, 2000 y Junta Central Electoral, Resultados Electorales, 2002-2010.
Cuadro 2Representación femenina en los ayuntamientos 1970-2010
|
Año |
Regidurías |
Alcaldías |
||||
|
Ambos sexos |
Mujeres |
Porcentaje |
Ambos sexos |
Mujeres |
Porcentaje |
|
|
1970 |
423 |
33 |
7,8 |
78 |
1 |
1,3 |
|
1974 |
453 |
48 |
10,6 |
78 |
1 |
1,3 |
|
1978 |
484 |
61 |
12,6 |
84 |
0 |
0,0 |
|
1982 |
584 |
23 |
3,9 |
94 |
2 |
2,1 |
|
1986 |
637 |
39 |
6,1 |
99 |
4 |
4,0 |
|
1990 |
625 |
64 |
10,2 |
103 |
5 |
4,9 |
|
1994 |
648 |
93 |
14,4 |
107 |
5 |
4,7 |
|
1998 |
756 |
185 |
24,4 |
115 |
2 |
1,7 |
|
2002 |
789 |
236 |
29,9 |
125 |
9 |
7,8 |
|
2006 |
963 |
259 |
26,9 |
151 |
17 |
11,3 |
|
2010 |
1 149 |
383 |
33,3 |
155 |
12 |
7,7 |
Fuente: Clara Báez, Estadísticas para la planificación social con perspectivas de género. SEM-PNUD-FNUAP. Santo Domingo, 2000 y Junta Central Electoral, Resultados Electorales, 2002-2010.
Observación Electoral Internacional con Enfoque de Igualdad y no Discriminación en las Elecciones ordinarias generales congresuales y municipales 2010-2016. Esta es una iniciativa sin precedentes y de vital importancia en apoyo a las acciones afirmativas y en general al fortalecimiento de la participación política de las mujeres; consistió en la creación de un grupo de observadoras internacionales especialistas en derechos humanos y participación política de las mujeres en las observaciones internacionales de procesos electorales.
E.Artículo 5: modificación de los patrones sociales y culturales
El Plan Nacional de Igualdad y Equidad de Género, PLANEG II (2007-2017), prioriza como primer tema de trabajo: “Promover una cultura de igualdad y equidad de género”. Los objetivos e intervenciones de este tema abordan las causas de la desigualdad de género en el país, cuyas raíces son de índole cultural, y se ven ampliamente reflejadas en los medios de comunicación, en las imágenes y roles femenino y masculino, y en los patrones educativos imperantes.
La Promoción de una cultura de igualdad y equidad de género se aborda a través de tres grandes objetivos: El primero se basa en la deconstrucción de estereotipos y roles culturales discriminatorios y el logro de una imagen femenina revalorizada; y el segundo propone, tanto hacer visible los aportes de las mujeres en la historia y sociedad dominicana, rescatando sus contribuciones muchas veces olvidadas o minimizadas, como hacer patente la actual situación de desventaja de las mujeres informando los ámbitos en que se expresa. El tercero, propone una amplia sensibilización sobre los derechos de las mujeres, dirigida a la población en general, especialmente a los propietarios y propietarias y los trabajadores y trabajadoras de los medios de comunicación.
Por otro lado, la Constitución de la República Dominicana, establece en su artículo 55 acápite 10: “El Estado promueve la paternidad y maternidad responsables. El padre y la madre, aun después de la separación y el divorcio, tienen el deber compartido e irrenunciable de alimentar, criar, formar, educar, mantener, dar seguridad y asistir a sus hijos e hijas. La ley establecerá las medidas necesarias y adecuadas para garantizar la efectividad de estas obligaciones”. El nuevo texto constitucional replantea esa exclusividad, asignando esta como una responsabilidad compartida entre hombres y mujeres, que también incluyen a la sociedad y al Estado.
Otro aspecto relevante y en consonancia con la búsqueda de cambios que impacten en la cultura que caracteriza la sociedad dominicana es introducido en el texto constitucional en el acápite 11 del mismo artículo mencionado más arriba y que plantea: “El Estado reconoce el trabajo del hogar como actividad económica que crea valor agregado y produce riqueza y bienestar social, por lo que se incorporará en la formulación y ejecución de las políticas públicas y sociales”.
Aunque prevalece la vigencia de patrones educativos sexistas, tanto en el sistema educativo formal como en el seno de las familias, contamos con logros que son fruto de la voluntad política del gobierno y del compromiso de muchas mujeres y hombres que se han propuesto incidir en el mundo de la cultura y la educación a favor de la igualdad entre los géneros. A continuación, se describen las acciones más importantes sistematizadas en los últimos años:
a)La firma del “Código de no-agresión verbal contra la mujer” donde se establece el compromiso con compositores y autores de producir textos y canciones que realcen la dignidad de la mujer;
b)La inclusión en el artículo núm. 2 de la Ley 41-00, que crea la Secretaría de Estado de Cultura (ahora Ministerio de Cultura), de la igualdad de género como valor cultural fundamental. Esta reconoce la igualdad de género como valor referencial que debe ser integrado al quehacer de la institución;
c)El Ministerio de Cultura creó la Oficina de Equidad de Género y Desarrollo, instancia encargada de asegurar el enfoque de igualdad y equidad en los planes, acciones y programas de la institución;
d)La difusión e impulso de programas radiales que abordan temas de igualdad y equidad de género;
e)La firma de Convenios interinstitucionales para impulsar iniciativas conjuntas en el ámbito cultural en favor de la igualdad y equidad de género;
f)Revisión curricular y de los libros de texto del nivel básico en ocho áreas curriculares: Lengua Española, Lenguas Extranjeras, Matemáticas, Educación Física, Formación Humana y Religiosa, Artes, Ciencias Sociales y Ciencias de la Naturaleza, desde el enfoque de equidad;
g)Elaboración de guías, módulos e índices de competencias de género para la aplicación de la perspectiva de género en la escuela, dirigida a docentes, estudiantes, madres, padres y amigos de la escuela;
h)Desarrollo de planes de capacitación y sensibilización en género dirigidos al personal docente y administrativo de los centros educativos;
i)Promoción del uso de lenguaje no sexista en libros de texto y materiales educativos;
j)Convenios con la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), para capacitar y sensibilizar a estudiantes en los temas de género y no violencia;
k)Resolución que protege a las adolescentes y, de manera particular, impide expulsar de las escuelas a las adolescentes embarazadas;
l)Asimismo, el rol primordial de la educación en el cambio cultural hacia la construcción de una sociedad de igualdad entre géneros ha sido reconocido por el Estado dominicano a partir de diversas iniciativas en curso, orientadas a promover una educación nacional que no establezca diferencias entre varones y mujeres;
m)La introducción y aprovechamiento de centros tecnológicos y comunitarios, fenómeno que ha generado una serie de movilizaciones en el comportamiento cultural de mujeres y hombres, en favor de la igualdad de acceso a los recursos tecnológicos, en términos de información y de comunicación. El programa de capacitación para la integración de TIC’s, en los niveles inicial, básico y medio en el sistema educativo, ha generado un cambio cultural de orden generacional en el universo de estudiantes;
n)La creciente presencia de mujeres en los centros de formación técnica y de educación superior, revelan un cambio en los valores y las costumbres del pueblo dominicano.
Sobre la protección de los y las menores, nuestra Carta Magna establece en su Artículo 56 que “La familia, la sociedad y el Estado, harán primar el interés superior del niño, niña y adolescente; tendrán la obligación de asistirles y protegerles para garantizar su desarrollo armónico e integral y el ejercicio pleno de sus derechos fundamentales, conforme a la Constitución y las leyes”.
A pesar de esas experiencias, los medios de comunicación y el sistema educativo dominicano son todavía espacios que deben ser reforzados para aprovechar su poder y convertirlos en aliados para difundir y educar sobre los derechos de las niñas y las mujeres, así como para promover una cultura de la igualdad y equidad entre todos los seres humanos.
F.Artículo 6: medidas de los Estados parte para suprimir todas las formas de trata y explotación de la prostitución de las mujeres
El país ingresó en la Lista de Vigilancia Categoría II, sobre trata y tráfico de personas, en el año 2003. El Gobierno dominicano aumentó sus esfuerzos para educar al público en general y a las mujeres en particular, sobre los peligros de la trata. En 2003, se promulgó la Ley 137-03 sobre el Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas. Además mejoró el servicio de asistencia a las víctimas y encausó acciones disciplinarias en contra de implicados en ese delito.
En los últimos años se han logrado avances en materia principalmente jurídica para la protección de las y los migrantes y personas traficadas, principalmente en la aplicación de la Ley para el Control y Prevención de Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas, y la ratificación del Protocolo para Prevenir, Reprimir y Penalizar el Tráfico y la Explotación de Personas, especialmente de mujeres y niños, que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional.
Como parte de las medidas que el Estado Dominicano ha estado llevando a cabo para la eliminación de la trata de personas y de la explotación de la prostitución, se pueden mencionar los siguientes esfuerzos:
a)Nuevo texto constitucional prohíbe, en todas sus formas la esclavitud, la servidumbre, la trata y el tráfico de personas. Se basa en la comprensión de la complejidad del delito, de su impacto negativo en la vida de las mujeres, niños y niñas y por su flagrante violación al ejercicio de los derechos humanos;
b)Ley General de Migración núm. 295-04, de 15 de agosto de 2004, para la regulación y el control del movimiento de personas que entran y salen de la República Dominicana;
c)Ley núm. 137-03, de 7 de agosto de 2003, sobre Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas;
d)Ley núm. 136-03, de 7 de agosto de 2003, que crea el Código para el Sistema de Protección a los Derechos Fundamentales de Niños, Niñas y Adolescentes de la República Dominicana;
e)Adopción de la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Transnacional y los Protocolos que la complementan, sobre tráfico ilícito de migrantes y la trata de personas;
f)Creación de la Unidad de Atención a la Trata de Personas, adscrita a la Procuraduría General de la República y la resolución 4510, de 14-04-2003, mediante la cual se crea el departamento especializado contra la explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes.
El Gobierno ha hecho esfuerzos significativos en el tema de tráfico ilícito y trata de personas a partir del año 2002. Ha puesto en ejecución programas de sensibilización y educación a la población sobre la complejidad de estos delitos, y los peligros de la trata; ha mejorado el servicio de asistencia a las víctimas y ha encausado acciones de condena en contra de los tratantes y traficantes. Entre las acciones destacadas en este renglón podemos citar los siguientes:
a)Creación y fortalecimiento del Comité Interinstitucional de Protección a la Mujer Migrante (CIPROM);
b)Sensibilización a docentes y estudiantes de los centros educativos del país sobre los peligros del tráfico de extranjeros, la explotación sexual comercial, y la trata.
Desde el año 2002 al 2010 el Ministerio de la Mujer y el CIPROM, en coordinación con la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y organizaciones de la sociedad civil, han desarrollado seis diplomados sobre el tema, con el objetivo de entrenar en el manejo de las normas jurídicas tanto de carácter nacional como internacional. Estas capacitaciones, incluyen el análisis desde una perspectiva de género y de derechos humanos.
Desde mediados de 2006, la Unidad de Educación y Prevención del Departamento contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas de la Procuraduría General de la República, ha venido desarrollando jornadas de educación, sensibilización y prevención contra la Trata de Personas, el Tráfico Ilícito de Migrantes y la Explotación Sexual Comercial en centros educativos del nivel básico y medio del Distrito Nacional y la Provincia Santo Domingo. Ha realizado además, jornadas de sensibilización coordinadas con los Ministerios de Educación y de Trabajo sobre los peligros del tráfico de extranjeros, la explotación sexual comercial y la trata.
A finales del año 2007 se realizó el lanzamiento de la campaña “La Ley Pega Fuerte”, una iniciativa del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) que cuenta además con los auspicios de la OIM y la Fundación Ricky Martin.
En el año 2010 el Ministerio de la Mujer con el apoyo de la OIM creó 52 puntos de orientación e información para prevenir el riesgo de la migración, y la trata de personas con fines de explotación sexual. A través de estos puntos se realiza una labor de prevención con cobertura nacional. Funcionan en las 52 Oficinas Provinciales y Municipales de la Mujer ubicadas en todo el territorio nacional. Los Puntos de Información operan como mecanismo de atención inicial y derivación efectiva de casos a otras instancias locales, nacionales y/o internacionales y a su vez se constituyen en una coalición de puntos que funcionan articuladamente, mediante la Red de Prevención de la Migración Irregular, el Tráfico Ilícito y la Trata de Personas.
Investigaciones y publicaciones. Con el objetivo fundamental de conocer y analizar las legislaciones nacionales sobre el tráfico y trata de personas, los mecanismos utilizados para combatir este problema y las experiencias de las mujeres víctimas, se han hecho estudios nacionales sobre la problemática. Hay que destacar el estudio sobre trata y tráfico de personas realizado por el Consejo de Ministras de la Mujer de Centroamérica y República Dominicana.
Puesta en funcionamiento de la Línea Telefónica Directa con el objetivo de facilitar información desde cualquier lugar del país de una forma rápida y efectiva, a posibles víctimas de trata y explotación sexual.
Sinergia entre las organizaciones gubernamentales y no gubernamentales: El Ministerio de la Mujer, el Centro de Orientación Integral (COIN), organismo no gubernamental, sin fines de lucro, y la OIM ofrecen apoyo legal y psicológico a las mujeres traficadas, tratadas y retornadas.
En materia de explotación sexual comercial, se creó, en la Procuraduría General de la República, la Unidad de Prevención y Persecución de la Explotación Sexual vía Internet, la labor de esta Unidad ha contribuido a aumentar la efectividad para disminuir la exhibición, distribución y publicación de imágenes de niños, niñas y adolescentes en el espacio cibernético. También se ha fortalecido la acción de capacitación del personal de la Unidad, con el propósito de especializarlo en materia de prevención, investigación y persecución del tráfico para explotación sexual. A través del recurso de vigilancia virtual se han podido detectar y desmantelar páginas de Internet que promueven la explotación sexual comercial.
El país estableció relaciones de Cooperación Jurídica Internacional con IberRed, red hispanoamericana a través de la cual, en apoyo a Eurojust, se organizó una operación mundial contra la pederastia en Internet.
G.Artículo 7: igualdad en la vida política y pública
En términos generales puede afirmarse, según muestran las evidencias empíricas de las Encuestas de Cultura Política realizadas en el país, que han ocurrido cambios importantes en la percepción de la población general y, en particular, de la población femenina, hacia una valoración positiva de la participación de las mujeres en la política en igualdad de condiciones que los hombres en la República Dominicana. El 88% de la ciudadanía opina que las mujeres deben participar en política al igual que los hombres, correspondiendo un 89,2% y un 86,4% a la población femenina y masculina, respectivamente (Ministerio de la Mujer, Encuesta Mujer y Política, 2008).
Se han impulsado múltiples iniciativas que incluyen reformas legislativas, sensibilización y capacitación a los fines de lograr el acceso de las mujeres a los puestos de toma de decisión en proporción más equitativa.
Es innegable que esas iniciativas y otras experiencias desarrolladas desde el Ministerio de la Mujer, el movimiento de mujeres, la sociedad civil y las mujeres de los partidos políticos, han impactado de manera positiva la participación política y social de las mujeres en el país, la cual muestra un lento, pero sostenido, incremento en los diferentes poderes del Estado y en diversos ámbitos de la sociedad.
En la ejecución del PLANEG II, en lo relativo a la participación política de la mujer, junto al Ministerio de la Mujer trabajan de manera conjunta los partidos políticos y organizaciones políticas; la sociedad civil y el movimiento de mujeres, el Foro de Mujeres de Partidos Políticos, el CONARE, la Federación Dominicana de Municipios y la Junta Central Electoral que ha expresado su voluntad para viabilizar y defender los derechos de las mujeres a una participación y representación política, en igualdad de condiciones, mediante la adopción de medidas y procedimientos de aplicación obligatoria de las leyes de cuotas femeninas para el acceso de la mujer a puestos de elección popular.
Como se indica en la sección de este informe dedicada al artículo 2, el Ministerio de la Mujer, conjuntamente con la Comisión de Género de la Cámara de Diputados y el CONARE, incorporó el enfoque de género en el Proyecto de Ley de Agrupaciones y Partidos Políticos; que recoge los principios de igualdad y de no discriminación por razones de género; el reconocimiento de todos los derechos de hombres y mujeres; la defensa y protección igual y efectiva contra cualquier tipo de discriminación. Introduce cambios relevantes sobre el patrimonio y el financiamiento de los partidos políticos en las campañas; educación política, las campañas y precampañas electorales en los partidos y agrupaciones políticas, procedimientos de formación; derechos, deberes y prohibiciones; y normas estatutarias que garantizarán los derechos de la mujer en la actividad política en igualdad de condiciones que el hombre.
En las elecciones del año 2004 el 50,4% de los votos emitidos correspondió al voto femenino, en 2006 el voto femenino fue de 50,6%. En las elecciones del año 2008, el padrón electoral, contó con más de seis millones de votantes, de los cuales, el 50,6% fueron mujeres, y el 49,4% hombres. Para las elecciones del año 2010 se mantuvo igual proporción.
Según el informe de la observación electoral con enfoque de género en los comicios 2010/16 las mujeres tienen una alta representación en los Colegios Electorales ocupando muchas de ellas los cargos de Presidentas.
Se han logrado avances significativos en la participación de la mujer en el Poder Judicial. La proporción de mujeres juezas se ha incrementado de 36,8% en 1999 a 50% en 2010. Esta proporción es de 31,3% en la Suprema Corte de Justicia, de 33,3% en la Corte Civil de Apelación, 38,5% en la Corte Penal de Apelación y de 67,0% en la Corte de Apelación de Niños, Niñas y Adolescentes. En los Juzgados de Paz el porcentaje de mujeres alcanza el 74,0%. De igual manera las mujeres son el 60,0% de las y los defensores públicos y el 42,0% de las abogadas/os de oficio.
En la Procuraduría General de la República las mujeres constituyen el 42,0% de las autoridades que dirigen el sistema de investigación y persecución. Siendo el 35,0% de los procuradores generales, el 41,0% de los procuradores fiscales y el 48,0% de los fiscalizadores.
Según los registros del Ministerio de Administración Pública, al año 2010 las mujeres constituyen el 48,0% de las y los servidores públicos, aunque sólo el 15,0% ocupa cargos de dirección. A mayor jerarquía de los puestos, menor es la participación de la mujer.
H.Artículo 8: igualdad en la vida pública y política en el plano internacional
La República Dominicana es signataria de múltiples convenciones, tratados y acuerdos internacionales que han exigido y garantizado su presencia en los espacios relacionados con la economía, el medio ambiente, la salud, la política, entre otros temas.
En lo relativo a la presencia de mujeres en el cuerpo diplomático y consular ésta se ha ido incrementando en los últimos años. Al año 2010, según datos del Ministerio de Relaciones Exteriores, las mujeres ocupan el 37,0% del cuerpo diplomático, el 41% del cuerpo consular. En el propio Ministerio en los puestos con rango diplomático y administrativo las mujeres ocupan el 47,0%.
Delegaciones internacionales: El país a través del Ministerio de la Mujer está integrado en diversos espacios internacionales tales como: la Comisión Interamericana de Mujeres (CIM), la Mesa Directiva de la Conferencia Regional de la Mujer de la CEPAL, el Consejo de Ministras de la Mujer de Centroamérica y República Dominicana (COMMCA). Los avances en estas instancias han permitido la concertación de una agenda mínima común regional con enfoque de género que prioriza tres temas de gran interés: una vida sin violencia, igualdad económica, paridad en la representación política y pública.
La Ministra de la Mujer ocupó la Presidencia Pro Témpore del Consejo de Ministras de la Mujer de Centroamérica y República Dominicana en el período julio-diciembre de 2010. Siendo esta la primera Presidencia Pro Témpore que ocupa el país en el marco del Consejo Ministerial del Sistema de Integración Centroamericano (SICA).
I.Artículo 9: igualdad respecto a los derechos vinculados a la nacionalidad
En relación con la nacionalidad de las mujeres la Constitución establece:
“Artículo 18: Nacionalidad. Son dominicanos y dominicanas:
1)Los hijos e hijas de madre o padre dominicanos.
2)Quienes ya gocen de la nacionalidad dominicana antes de la entrada en vigencia de esta Constitución.
3)Las personas nacidas en el territorio nacional, con excepción de los hijos e hijas de extranjeros miembros de delegaciones diplomáticas y consulares, de extranjeros que se hallen en tránsito o residan ilegalmente en territorio dominicano. Se considera persona en tránsito a toda extranjera o extranjero definido como tal en las leyes dominicanas.
4)Los nacidos en el extranjero, de padre o madre dominicanos, no obstante haber adquirido, por el lugar de nacimiento, una nacionalidad distinta a la de sus padres. Una vez alcanzada la edad de 18 años, podrá manifestar su voluntad, ante autoridad competente, de asumir la doble nacionalidad o renunciar a ella.
5)Quienes contraigan matrimonio con un dominicano o dominicana, siempre que opten por la nacionalidad de su cónyuge y cumplan con los requisitos establecidos por la ley;
6)Los descendientes directos de dominicanos residentes en el exterior.
7)Las personas naturalizadas, de conformidad con las condiciones y formalidades requeridas por la ley.
[…]
Artículo 19. Naturalización. Las y los extranjeros pueden naturalizarse conforme a la ley.
Artículo 20. Doble nacionalidad. Se reconoce a dominicanas y dominicanos la facultad de adquirir una nacionalidad extranjera. La adquisición de otra nacionalidad no implica la pérdida de la dominicana.”
J.Artículo 10: igualdad en la educación
En la República Dominicana la educación es uno de los derechos fundamentales contemplados en la Constitución, la cual establece en su artículo 63 que “toda persona tiene derecho a una educación integral, de calidad, permanente, en igualdad de condiciones y oportunidades, sin más limitaciones que las derivadas de sus aptitudes, vocación y aspiraciones”.
Está vigente en el país la Ley General de Educación 66-97 que establece: “La educación es un derecho permanente e irrenunciable del ser humano. Para hacer efectivo su cumplimiento, cada persona tiene derecho a una educación integral que le permita el desarrollo de su propia individualidad y la realización de una actividad socialmente útil; adecuada a su vocación y dentro de las exigencias del interés nacional o local, sin ningún tipo de discriminación por razón de raza, de sexo, de credo, de posición económica y social o de cualquiera otra naturaleza”. La educación es gratuita en sus niveles inicial, básico y medio; para el nivel básico es obligatoria.
El Gobierno Dominicano ha hecho grandes esfuerzos por integrar en la educación el principio de igualdad entre mujeres y hombres.
El currículo de la educación dominicana incluye la educación en género como eje transversal en todos los niveles, modalidades y áreas del Sistema Educativo Dominicano, medida oficializada, mediante la Resolución 3599-2004 del año 2004.
El enfoque de igualdad y equidad de género sustenta el Plan Decenal de Educación 2008-2018 expresa ampliamente el compromiso político y técnico del Estado y de las fuerzas sociales articuladas del país, para realizar una reforma educativa a mediano y largo plazo, a fin de lograr el desarrollo de la educación dominicana y la superación de las limitaciones del sistema que aún subsisten.
En esa dirección se han promovido y ejecutado diversas iniciativas y acciones, entre ellas:
a)Promulgación de la Ley 133-03 que protege a las adolescentes y, de manera particular, impide expulsar de las escuelas a las adolescentes embarazadas;
b)Revisión, desde el enfoque de género en el currículo y los libros de texto de los niveles básicos en ocho áreas curriculares: Lengua Española, Lenguas Extranjeras, Matemáticas, Educación Física, Formación Humana y Religiosa, Educación Artística, Ciencias Sociales y Ciencias de la Naturaleza;
c)Elaboración de las guías, módulos e índices de competencias de género para la aplicación de la perspectiva de género en la escuela, dirigida a docentes, estudiantes, madres, padres y amigos de la escuela;
d)Programa de prevención del embarazo en adolescentes, desarrollado en el marco del “Proyecto Mujer, Juventud y Salud: Hacia una Política Integral de Desarrollo Social” que ejecuta el Ministerio de la Mujer en coordinación con el Despacho de la Primera Dama, el Consejo Nacional de la Niñez (CONANI), el Ministerio de Salud, Ministerio de Educación y otras instancias del gobierno; a fin de difundir y aplicar la ley 136-03;
e)Desarrollo de planes de capacitación y sensibilización en género, dirigidos al personal docente y administrativo de educación básica y media;
f)Promoción del uso de lenguaje no sexista en libros de textos y otros materiales educativos;
g)Proceso de transversalización en género en la Facultad de Humanidades de la UASD un esfuerzo coordinado entre esta alta casa de estudio y el Ministerio de la Mujer. Esta universidad del Estado concentra el 49,0% de la Matrícula en educación superior.
Acceso a la Educación Media y Básica: La tasa de matriculación en la República Dominicana para el nivel de educación básica —niños y niñas de 5 a 13 años de edad— es de 94,8% (95,2% de niños y 94,3% de niñas). En el nivel medio (niños y niñas de 13 a 17 años de edad) la tasa total de matriculación es de 92,5%. El 82,5% de los niños y el 102,9% de las niñas. Estos datos muestran que hay equidad de género en el acceso a la educación dominicana de niños y niñas y que la participación de las niñas se va incrementando a medida que se avanza en los niveles educativos, incluyendo la educación superior.
Promoción en el nivel Básico: En República Dominicana las probabilidades de ser promovido, a partir del primer grado del nivel básico, al grado inmediatamente superior es de alrededor de 97%. En la zona urbana el porcentaje de estudiantes que alcanza el quinto grado es de 87% y en la rural es de 91%. En los niños y niñas de los sectores más pobres de la población, la promoción es de 84,2% y en la de las familias de mayores ingresos es de 98,3%. En el nivel básico en lo que respecta a promoción no hay diferencias significativas por sexo.
Años de Escolaridad: La escolaridad promedio de la población dominicana de 15 años y más al año 2009 era de 8,2 años, siendo el promedio de 8,0 años para los hombres y de 8,5 años para las mujeres. De igual manera el porcentaje de jóvenes de 15 a 19 años que terminó la educación básica es superior para el sexo femenino, registrando un 79,1 % frente a un 67,0% para el sexo masculino. También se mantiene esta tendencia en el porcentaje de egreso del nivel medio. El porcentaje de jóvenes de 20-24 años de edad que terminó la educación media para el año 2009 es de 58,2% para las mujeres y de 42,0% para los hombres.
Educación Superior: En la República Dominicana en el nivel de educación superior la participación de las mujeres es sustancialmente mayor que la de los hombres. Las mujeres representan aproximadamente el 62% de la matrícula universitaria y el 66% de egresados con honores. En República Dominicana es una realidad el fenómeno de la feminización de la educación superior.
El Plan Estratégico de Ciencia, Tecnología e Innovación cuenta con un programa de becas. En ese sentido, el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, en el período 2007-2009, otorgó 1.147 becas nacionales a igual número de estudiantes. Entre los años 2005 y 2006 se otorgaron 200 becas internacionales. Las carreras de preferencia fueron mercadeo, ingeniería informática, administración pública, educación y tecnología, carreras que tienen una duración entre dos a cinco años. Entre las y los beneficiarios el 38,5% son mujeres.
De igual manera se están implementando la Tarjeta Solidaridad Estudiantil y el programa de Incentivo a la Educación Superior (IES) dirigidos a subsidiar a estudiantes pobres. En el año 2009, 24.232 estudiantes universitarios fueron beneficiados con recursos otorgados a través de la Tarjeta Solidaridad y el incentivo para la adquisición de libros y otros materiales educativos, así como al pago de su inscripción en la Universidad del Estado. El 67,3% de las y los estudiantes que reciben este incentivo son mujeres y 32,3% son hombres.
Analfabetismo: La tasa de analfabetismo de la población de 10 años y más en República Dominicana es de 9,7%. Para los hombres la tasa es de 9,9% y para las mujeres de 9,5%. Esta brecha de apenas un 0,4%, muestra una vez más, el avance sostenido en los indicadores educativos del sexo femenino. El analfabetismo ha venido disminuyendo a ritmo lento, en esta última década, pasando de 11,4% en el 2000 a 9,7% en 2009, bajando solo 1,7 puntos porcentuales en nueve años, mientras que para las mujeres se redujo en 1,8 puntos en este mismo período.
Acceso a la Educación Técnica y Laboral: En la República Dominicana el Instituto de Formación Técnico Profesional (INFOTEP) es la institución responsable de dirigir el Sistema Nacional de Formación Técnica dirigido a especializar, habilitar y certificar los trabajadores y las trabajadoras en todos los ámbitos: de la industria, el comercio, la agropecuaria, tecnología de la información y el turismo, entre otras.
Ya en 2007 el índice de feminidad en el egreso era de 94,1, muy cerca de la paridad. En el 2010 se ha logrado la paridad cuantitativa: las mujeres son el 49,7% de las y los egresados del INFOTEP, aunque más del 75,0% de las mujeres son formadas para realizar labores y ocupaciones tradicionalmente femeninas como belleza y peluquería, enfermería, terapista, servicios de habitación y manualidades.
Proyectos y Programas Innovadores: En el país se han desarrollado numerosos proyectos de educación que favorecen los derechos fundamentales de las niñas, las jóvenes y las mujeres y promueven una educación para la igualdad y la paz, entre ellos los principales son:
a)Maestría en Género y Desarrollo y un programa de especializaciones en esta área, del Centro de Género de la universidad privada “Instituto Tecnológico de Santo Domingo” (INTEC);
b)Observatorio sobre educación inclusiva y multicultural, proyecto desarrollado por el Ministerio de Educación en coordinación con Aid Action;
c)Se crea la cátedra sobre filosofía y género “Simone de Beauvoir” en la UASD con el acompañamiento del Ministerio de la Mujer;
d)Proyecto sobre Género, Educación y Embarazo en la Adolescencia, ejecutado por el Ministerio de la Mujer, en coordinación con el Despacho de la Primera Dama;
e)Investigación: Proyecto Observatorio para la Promoción de la Equidad de Género en la Educación Básica, auspiciado por el BID.
Acceso de las Mujeres a la Tecnología de la Información y la Comunicación (TIC): En la República Dominicana, al igual que en otros países de Latinoamérica, existe la brecha digital de género, que se manifiesta en la desigual formación en el área de ciencia y tecnología y en el desarrollo de competencias especializadas para poder acceder en condiciones de igualdad a empleos de calidad y a salario competitivos.
Los indicadores de acceso a las TIC registrados por la Encuesta Nacional de Hogares del año 2007, no presentan una marcada diferenciación entre hombres y mujeres. Los hombres utilizan más la Internet que las mujeres (58,4% los hombres y 50,9% las mujeres). Respecto a la posesión y uso del teléfono celular (70% los hombres y 63,4% las mujeres). El 65,8% de las mujeres utilizan las computadoras para estudios y solo el 58% de los hombres la utilizan para estos fines. Respecto al uso de las computadoras para el trabajo, los hogares con jefatura masculina la utilizan un 64% y aquellos con jefatura femenina un 47,5%.
El Gobierno Dominicano a través de sus diferentes instituciones, hace esfuerzos por cerrar la brecha tecnológica. En ese sentido, se han puesto en funcionamiento 68 Centros Tecnológicos Comunitarios que cubren el 75% del territorio nacional, beneficiando a 519,000 personas. En estos Centros Tecnológicos se han capacitado a 29.650 personas, de las cuales 18.579 son mujeres, es decir un 63%.
K.Artículo 11: igualdad en materia de empleo y trabajo
En la República Dominicana los derechos laborales de las mujeres están protegidos por la Constitución, el Código de Trabajo y los Convenios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) ratificados por el Estado Dominicano.
En su artículo 62, la Constitución establece:
“El trabajo es un derecho, un deber y una función social que se ejerce con la protección y asistencia del Estado. Es finalidad esencial del Estado fomentar el empleo digno y remunerado. Los poderes públicos promoverán el diálogo y concertación entre trabajadores, empleadores y el Estado. En consecuencia:
1)El Estado garantiza la igualdad y equidad de mujeres y hombres en el ejercicio del derecho al trabajo;
[…]
5)Se prohíbe toda clase de discriminación para acceder al empleo o durante la prestación del servicio, salvo las excepciones previstas por la ley con fines de proteger al trabajador o trabajadora […]”
El Estado Dominicano, ha ratificado los Convenios de la OIT núm. 100 relativo a la igualdad de remuneración entre la mano de obra masculina y la mano de obra femenina por un trabajo de igual valor, de 1951, y el núm. 111 relativo a la discriminación en materia de empleo y la ocupación, de 1958.
Inserción de la Mujer en el Mercado Laboral: En la última década la tendencia del empleo femenino es ascendente, aunque a un ritmo moderado. Entre el 2000 y el 2009, se eleva de 1,0 millón de puestos de trabajo a 1,2 millones, aumentando su peso relativo en la población total ocupada de 33,3% a 34,0%. No obstante, la proporción de mujeres que desempeñan un trabajo remunerado respecto al total de mujeres en edad de trabajar, continúa representando prácticamente la mitad de las que registran los hombres.
La tasa femenina de ocupación pasa de 31,1% en el año 2000 a 33,5% en el año 2008, y se contrae en el año subsiguiente, para recolocarse prácticamente al nivel registrado al iniciar el período. Entre los hombres, por el contrario, en el año 2000 dicha proporción es mayor (64,8%) que la registrada en el 2008 (62,1%). En general, la brecha o diferencia entre las tasas de ocupación de los hombres y las mujeres se reduce en 2,5 puntos porcentuales.
Para las mujeres, las posibilidades de acceder a una ocupación remunerada aumentan de forma considerable si su nivel educativo es más elevado, tanto respecto a los hombres como entre la población femenina ocupada en su conjunto. En el año 2000, el 66,1% de las mujeres con calificación universitaria ocupaban un trabajo remunerado, proporción significativamente mayor que las que tenían nivel medio (38,1%) y las que tenían nivel primario (23,2%); esta progresión se reproduce en el año 2009, pero de forma menos acentuada.
El empleo femenino se caracteriza por una alta concentración en el sector informal y en áreas de baja productividad. En el año 2009 el 49,9% de la ocupación femenina se concentraba en actividades informales de la economía; situación similar ocurre con el empleo masculino, aunque con mayor magnitud, pasando de 55,8% en el año 2000 al 60,0% en el año 2009.
En el año 2000, la actividad manufacturera ocupaba el 19,2% de las mujeres trabajadoras y el 16,0% de los hombres. En cambio en el año 2009, solo acoge el 8,3% del empleo femenino y el 11,7% del masculino.
Trabajo Doméstico Remunerado: Una proporción relevante y creciente de la ocupación, principalmente la femenina, es cubierta desde los hogares para el desempeño de servicios domésticos. Este tipo de inserción laboral representó el 11,4% y el 14,6% del total de empleos, de las mujeres, en el año 2000 y en el año 2009 respectivamente; mientras que para el empleo masculino pasa de 0,5% a 8,0%.
Trabajo Doméstico No Remunerado: Las mujeres inactivas económicamente constituyen un 59,7% y las activas un 40,3%. Los hombres, por el contrario, se registran de forma predominante en el grupo de personas activas (67,4%).
Entre las labores que realiza la población económicamente inactiva de ambos sexos se destaca la polarización femenina en las actividades domésticas, las cuales al final del año 2009 involucran el 24,8% de las mujeres, mientras que solo involucran al 0,2% de los hombres.
La dedicación exclusiva a la actividad doméstica de las mujeres, asociadas a la crianza y al cuidado del hogar y, también, a la atención a personas adultas mayores dependientes, es una situación que se presenta en todos los grupos etarios, siendo mucho más alta entre aquellas cuyas edades oscilan entre 50 a 64 y las de 25 a 49 años de edad, grupo en edad reproductiva, así como también, aunque en menor medida, entre las mujeres de 15 a 24 años.
Es de alto interés para las mujeres el reconocimiento constitucional del trabajo doméstico. El numeral 11 del artículo 55 de la Constitución Dominicana establece que “El Estado reconoce el trabajo del hogar como actividad económica que crea valor agregado y produce riqueza y bienestar social, por lo que se incorporará en la formulación y ejecución de las políticas públicas y sociales”.
Desocupación: En el año 2009 la desocupación femenina fue de 23,2% frente a una tasa de desempleo masculina de 9,8%. Este comportamiento del desempleo, diferenciado por sexo, es el principal indicador de las desigualdades de género que prevalecen en el mercado laboral dominicano. La desocupación afecta a todas las mujeres activas en todas las ramas de actividad, aunque con mayor intensidad a las mujeres entre 15 a 24 años de edad.
La pérdida de empleo en la industria manufacturera que ha afectado a la República Dominicana en la última década, ha perjudicado mayormente a las mujeres. La contribución de este sector en el empleo se redujo de 17,1% en el año 2000 a 10,6% en el año 2009.
Brecha Salarial: Persiste la brecha salarial desfavorable para las mujeres, aunque con una tendencia a la baja. En 2009 el ingreso mensual real alcanza en promedio, un monto 27,5% menor que el de los hombres, esta brecha era de 33,0% en el año 2000. Esta brecha es imputable tanto a una remuneración por hora menor, como a una jornada de trabajo semanal también menor. Al considerar el ingreso mensual real por hora la brecha disminuye a 11,8%. En cambio prevalece más elevada (28,9% y 28,6%) para las mujeres con grados universitario y de educación media, respectivamente.
Cabe mencionar los siguientes planes, programas y acciones:
a)Plan Nacional de Igualdad y Equidad de Género 2007-2017 que prioriza como tema nacional “Empoderamiento Económico y Reducción de la Pobreza de las mujeres”;
b)Plan Estratégico Nacional para la Eliminación de las Peores Formas de Trabajo Infantil en la República Dominicana 2006-2016 y la hoja de Ruta para Hacer de la República Dominicana un País Libre de Trabajo Infantil y sus Peores Formas 2010-2012;
c)Plan de Acción de la República Dominicana para Erradicar el Abuso y la Explotación Sexual Comercial de Niños, Niñas y Adolescentes;
d)Campaña “Demos una Oportunidad a las Niñas, Erradiquemos el Trabajo Infantil”, lanzada por el Ministerio de Trabajo de República Dominicana, en coordinación con la OIT;
e)Programa Juventud y Empleo: destinado a la capacitación de jóvenes en ocupaciones que necesita el sector productivo, a fin de aumentar sus posibilidades de conseguir empleo. El ingreso de los jóvenes a este programa está en el marco de la igualdad de oportunidades. Al año 2009 se han capacitado aproximadamente 37.500 jóvenes a través de este Programa;
f)Plan de Acción con Enfoque de Género para Generación de Empleos en la Provincia de Santiago: Este plan del Ministerio de Trabajo obedece a la preocupación por el impacto que ha tenido, sobre el desempleo femenino, la pérdida de empleos experimentada por el sector de zonas francas.
L.Artículo 12: igualdad en el acceso a la atención a la salud
1.Planes y programas aplicados
El Plan Decenal de Salud (PLANDES 2006-2016), sintetiza la política nacional del sector en el mediano plazo e incluye la perspectiva de género, como eje transversal.
Una de las prioridades del PLANDES 2006-2016 es la reducción de la mortalidad materna y de la mortalidad infantil.
A fin de erradicar la mortalidad materna e infantil, se ha fortalecido la Dirección Materno Infantil y Adolescentes (DIGEMIA), principal instancia interlocutora para las intervenciones dirigidas a impulsar la ejecución del Plan Nacional para la Reducción de la Mortalidad Materna e Infantil.
Se ha dado continuidad a las Políticas de Atención a la Mujer, las cuales incluyen en el componente de salud de la mujer los siguientes programas:
Vigilancia de la Mortalidad Materna. En el año 2004 se inicia la implementación del Plan Estratégico Nacional para la Reducción de la Mortalidad Materna e infantil lo que ha implicado una movilización social que involucra al gobierno y a las organizaciones de la sociedad civil y a las organizaciones comunitarias a nivel local. En septiembre de 2005, el Ministerio de Salud Pública hizo un llamado a la sociedad dominicana y a sus organizaciones para sumar esfuerzos alrededor de una movilización nacional inmediata que fue denominada “Tolerancia Cero” ante los problemas prioritarios de salud, entre ellos:
a)Muertes maternas y de menores de 5 años evitables;
b)Enfermedades y muertes prevenibles por el esquema nacional de inmunizaciones;
c)Transmisión Vertical del VIH/SIDA evitable;
d)Muertes por Dengue y por Malaria.
En la República Dominicana operan 32 comités de vigilancia intrahospitalaria a la mortalidad materna, uno por provincia, con sede en cada hospital provincial.
Tomando en cuenta que el estado nutricional de los niños y niñas está estrechamente asociado a su morbilidad y mortalidad, en el 2006 se incluyó un módulo de antropometría para dar seguimiento al peso y la talla de los niños y las niñas nacidas, siguiendo las normas internacionales y utilizando instrumentos de precisión. Sin embargo el nivel de retardo en el crecimiento (corta talla para la edad) de los niños y niñas menores de 3 años en la República Dominicana es de solo el 6%, uno de los más bajo de los países de la región, lo cual se debe a la disminución sistemática en el nivel de desnutrición global en el país.
Además se trabaja activamente con la Comisión Nacional de Lactancia Materna, para la promoción de la Ley 8-95 sobre el fomento y difusión de la lactancia materna. En este espacio el Ministerio de la Mujer ha asumido las tareas de defensoría en cuanto al derecho de la mujer-madre a lactar.
Detección Precoz de Cáncer Cérvico-uterino y de Mama: Este es un programa de alcance nacional fundamentado principalmente en la toma de muestras de Papanicolaou a la población femenina en edad reproductiva y en período menopáusico, tarea realizada en el 100% de los establecimientos de salud pública en todo el país.
La prevención del cáncer de mama se ha promovido, a partir del 2004, con amplias campañas de información y difusión sobre la atención y detección precoz a través del auto examen de mama, la mamografía y los chequeos periódicos, que ha tenido una amplia difusión e impacto a partir del programa “Hoy es el Mejor Momento” desarrollado por el Despacho de la Primera Dama.
Atención Integral de Adolescentes. El Programa Nacional de Atención Integral de la Salud de las y los Adolescentes (PRONAISA) es uno de los programas que muestra mayor efectividad y calidad. Se ha incrementado el número de servicios de atención diferenciados de adolescentes que en el 2004 eran solamente 30 y en la actualidad alcanzan un total de 104. Existen en el 97% de las Direcciones Provinciales de Salud. A través de estos servicios se trabaja la prevención, incluyendo la oferta de anticonceptivos, también desarrolla un componente de formación de adolescentes multiplicadores como agentes de prevención en las comunidades.
Programa de Prevención y Atención al Embarazo en Adolescentes de Escasos Recursos. En el año 2005 fue asumido como un programa permanente de carácter intersectorial e interinstitucional denominando “Mujer, Juventud y Salud”, programa que pretende atender al 100% del universo de jóvenes adolescentes de ambos sexos. Este programa es coordinado por el Ministerio de la Mujer, conjuntamente con el Despacho de la Primera Dama y el Ministerio de Salud Pública. En la actualidad el porcentaje de embarazos en adolescentes es de un 20%.
2.Indicadores Básicos de salud
Tasa de Fecundidad: Los datos estadísticos de 2007 sobre la fecundidad, señalan un descenso de más de 0,5 hijos por mujer en los últimos cinco años, llegando la Tasa General de Fecundidad a 2,4 hijos. Existe una reducción similar en las áreas urbana y rural, cuyas tasas respectivas para el trienio 2005-2008 son de 2,3 y 2,8 hijos.
Esperanza de Vida al Nacer: Para el quinquenio, 2005-2010 la esperanza de vida de las mujeres supera la del hombre, situándose en 75,5 años el promedio de vida de las mujeres y en 69,2 años para los hombres. Las proyecciones también indican un incremento del promedio de vida para sendos sexos en cada quinquenio.
Mortalidad infantil: Las tasas de mortalidad para menores de 1 año han venido disminuyendo de manera progresiva, situándose en 29,6 por cada 1.000 nacidos vivos en el quinquenio 2005-2010, con una diferencia significativa por sexo, 25,3 para las niñas por cada 1.000 nacidas vivas y de 33,7 por 1.000 para los niños. La Encuesta Demográfica y de Salud de 2007 (ENDESA 2007) presenta tasas de mortalidad infantil superiores a las proyectadas por CELADE, del orden de 32 por 1.000 nacidos vivos. El segmento más comprometido es el neonatal que representa alrededor de 65% de las muertes infantiles.
Mortalidad Materna: Estimada en 159 muertes por 100.000 nacidos vivos para el 2007. Para el 2008, los reportes de la Dirección General de Epidemiología (DIGEPI) colocaba la mortalidad materna debajo de 100 muertes por 100.000 nacidos vivos. Las principales causas de mortalidad materna son de origen obstétricas (toxemia, hemorragias, el aborto y complicaciones del puerperio).
Atención al embarazo, parto y puerperio: La asistencia al embarazo y al parto por profesionales, aumentó, entre el 2002 y el 2007 aproximándose al 100%, este indicador es alentador porque reduce la ocurrencia de mortalidad materna a causa de falta de atención especializada. El 98,0% de los partos son asistidos por personal profesional, con una diferencia mínima por zona de residencia, 99,0% en zona urbana y de 97,0% en la rural. La misma tendencia se observa en la atención prenatal con casi un 100,0% de asistencia profesional en zona urbana y casi 99,0% en la zona rural del país.
Mortalidad Adulta: Según la ENDESA 2007, la tasa de mortalidad en la población de 15-49 años de edad es de 3 por 1.000 para los hombres mientras que la tasa de mortalidad femenina es de 2 por 1.000 para las mujeres. Las principales causas de muerte entre los dos sexos, en orden de importancia son las siguientes: a) causas de muerte femenina: enfermedades del sistema circulatorio (34%), otras enfermedades (23%), neoplasias malignas (16%), enfermedades transmisibles (12%), perinatal (8%) y causas externas (7%); b) causas de muerte masculina: enfermedades del sistema circulatorio (27%), otras enfermedades (25%), causas externas (17%), enfermedades transmisibles (16%), neoplasias malignas (9%) y perinatal (5%).
Uso de anticonceptivos: El acceso a información y a métodos anticonceptivos se ha incrementado considerablemente en relación a 2002. El conocimiento de algún método anticonceptivo moderno es de un 100%, mientras que un 82% conoce algún método tradicional en el 2007. En cuanto al acceso a los métodos, la República Dominicana posee un 11% de necesidades insatisfecha de anticonceptivos. El sector público es el proveedor del 80% de las inyecciones, del 67% de los implantes y del 8% de las esterilizaciones quirúrgicas. El sector privado es el proveedor del 58% de las píldoras y del 56% de condones.
3.Otros indicadores de salud importantes para las mujeres
VIH y SIDA: La ENDESA 2007 indica una prevalencia del 0,8% de la población que vive con VIH, mientras que un estudio realizado en 2008 por el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) establece la prevalencia en 1,25%.
El Consejo Presidencial del SIDA (COPRESIDA) y el Programa de Enfermedades de Transmisión Sexual y SIDA (DIGETCISS) son las instancias responsables del desarrollo de los programas de VIH/SIDA a nivel gubernamental. El Programa Nacional de Reducción de la Transmisión Vertical (PNRTV) y las Unidades de Atención Integral (UAI) ofrecen los medicamentos antirretrovirales (ARV) de manera gratuita a las personas que viven con VIH.
A estos esfuerzos se adicionan importantes proyectos que desarrollan las ONG como iniciativas de la sociedad civil que encuentran espacios comunes con las políticas públicas.
Edad mediana de la primera esterilización, de la primera unión y de la primera relación sexual: Entre el 2002 y el 2007, según la ENDESA, la edad mediana de las mujeres esterilizadas permaneció prácticamente igual, 27,7 años en el 2002 y 27,6 años en el 2007. El 65% de las mujeres que se esterilizan lo hacen antes de cumplir los 30 años de edad. Mientras que la edad mediana para la primera relación sexual para hombres de 25-59 años se mantiene casi invariable, 16,6 años en el 2007, para las mujeres se mantiene en 18 años.
M.Artículo 13: igualdad de los derechos vinculados a la seguridad económica y social
Los derechos económicos de las mujeres, en igualdad a los hombres, están consignados en la Constitución que rige el Estado Dominicano y los convenios, convenciones y pactos internacionales adoptados. En el Artículo 62, se establece el Derecho al trabajo y en consecuencia especifica lo siguiente:
“1)El Estado garantiza la igualdad y equidad de mujeres y hombres en el ejercicio del derecho al trabajo;
[…]
3)Son derechos básicos de trabajadores y trabajadoras, entre otros: la libertad sindical, la seguridad social, la negociación colectiva, la capacitación profesional, el respeto a su capacidad física e intelectual, a su intimidad y a su dignidad personal;
[…]
5)Se prohíbe toda clase de discriminación para acceder al empleo o durante la prestación del servicio, salvo las excepciones previstas por la ley con fines de proteger al trabajador o trabajadora;
[…]
9)Todo trabajador tiene derecho a un salario justo y suficiente que le permita vivir con dignidad y cubrir para sí y su familia necesidades básicas materiales, sociales e intelectuales. Se garantiza el pago de igual salario por trabajo de igual valor, sin discriminación de género o de otra índole y en idénticas condiciones de capacidad, eficiencia y antigüedad […]”
Por su parte, el artículo 55, relativo a los derechos de la familia, establece: “El Estado reconoce el trabajo del hogar como actividad económica que crea valor agregado y produce riqueza y bienestar social, por lo que se incorporará en la formulación y ejecución de las políticas públicas y sociales”.
Además, la Constitución establece y garantiza el Derecho de propiedad de todas las personas, declara de interés social la dedicación de la tierra a fines útiles y la eliminación gradual del latifundio; define como prioridad nacional la seguridad alimentaria y como un objetivo principal de la política social del Estado, el promover la reforma agraria. Asimismo declara el derecho a la propiedad intelectual; reconoce los derechos del consumidor, los derechos de la familia, la protección de las personas menores de edad, la protección de las personas de la tercera edad, la protección de las personas con discapacidad, el derecho a la vivienda y el derecho a la seguridad social.
En ese mismo orden el Plan Nacional de Igualdad y Equidad de Género 2007-2017 focaliza sus prioridades hacia el fortalecimiento del ejercicio de todos los derechos civiles, políticos, sociales, económicos y culturales por parte de las mujeres, con tres objetivos directamente vinculados a estos ámbitos, como son: a) el Objetivo Nacional 2, “Garantizar todos los derechos de las mujeres y el pleno ejercicio de su ciudadanía”; b) el Objetivo Nacional 3, “Fortalecer el empoderamiento económico de las mujeres e impulsar la superación de la pobreza de las mujeres”; y c) el Objetivo Nacional 5, “Fortalecer el acceso y control de las mujeres a bienes y servicios de calidad”.
Los mecanismos que rigen el sistema de prestaciones económicas y sociales lo constituyen el Sistema Dominicano de Seguridad Social, creado mediante la Ley núm. 87-01 promulgada en 2001 y el Gabinete Social, mecanismo intersectorial del gobierno, que rige la política social focalizada a la población en condiciones de pobreza para promover la movilización social de la población en extrema pobreza.
El Sistema Dominicano de Seguridad Social (SDSS): Está integrado por tres subsistemas o regímenes de protección: a) el régimen contributivo que da cobertura a las y los trabajadores asalariados que contribuyen al sistema; b) el régimen subsidiado que da cobertura a la población inactiva de bajos ingresos, mediante subsidio directo del Gobierno; y c) el régimen contributivo subsidiado para dar cobertura a las y los trabajadores del sector informal y por cuenta propia, que por sí solos no pueden sostener la contribución al sistema y por lo tanto requieren del apoyo solidario del Gobierno y del sistema.
El SDSS inicia su implementación en 2002, con una experiencia piloto en el subsistema subsidiado, en 2004 arranca la expansión progresiva de la cobertura en este subsistema y en 2007 se integra el régimen contributivo. La cobertura total de seguridad social en la población dominicana se incrementa de 21% en 2002 a 39,8% en 2009. Esta tendencia creciente favorece mayormente a las mujeres, cuyo porcentaje de afiliación en 2002, era menor que el de los hombres (20% versus 22%) y en 2009 aumentó a un 39,8% mientras que el de los hombres se incrementó a 38,5%.
Protección Social en Salud: De acuerdo al Informe del Consejo de Seguridad Social de 2009, el ritmo de crecimiento del número de afiliados y afiliadas es constante y ascendente. La participación total de las y los dependientes con relación al total de afiliados y afiliadas es del 54,1% al final de 2006 y de un 61,2% a junio de 2009, con un índice de dependencia en 2008 de 1,5 (dependiente por titular). Esta tendencia favorece a las mujeres que registran un incremento sostenido en la proporción de afiliación, tanto en el régimen contributivo, como en el subsidiado, pasando en el primero de 49,5% en 2007 a 51,5% en 2009, mientras que en el segundo representa el 56,7% de la afiliación por sexo en 2009. En términos absolutos la cobertura total es de 3.499.451 personas en 2009, correspondiendo 1.800.508 al sexo femenino y 1.698.943 al masculino.
En el régimen contributivo, aumenta la proporción de mujeres asalariadas cotizantes, pasando de 39,2% en 2003 a 43,3% en 2009, en cambio para el sexo masculino se muestra una tendencia decreciente bajando de 60,8% a 56,7% en el mismo período, lo que refleja a su vez una reducción en la brecha de género en puntos porcentuales de 35,6% a 23,6%.
El Seguro de Vejez, Discapacidad y Sobrevivencia, en el régimen contributivo, inició sus operaciones a mediados de 2003, reflejando crecimiento significativo anual; el incremento entre 2007 y 2008 fue de 6,8%. En la cantidad de cotizantes al régimen contributivo, se observa que la relación cotizante-afiliado/a en 2003 fue de 58,47% y de 49% a mediados de 2009, lo cual refleja una baja de 9,47%. El 70% de las y los dominicanos que cotizan al Régimen Contributivo del sistema ganan menos de 10.000 pesos, de los cuales el 42% son mujeres.
El Gabinete Social: Presidido por el Vicepresidente de la República, coordina la Red de Protección Social del Gobierno. Ejecuta el Programa Solidaridad creado, mediante el Decreto núm. 536-2005, como una estrategia política focalizada para la salida de la pobreza de una población estimada inicialmente en 1.600.000 personas. Este programa comprende los subprogramas Comer es Primero, Incentivo a la Asistencia Escolar, Dominicanos/as con Nombre y Apellido y el Seguro Familiar de Salud en régimen subsidiado.
El Programa Solidaridad en 2009 tenía 651.905 afiliadas/os, la proporción de mujeres beneficiadas por subprograma, según el registro SIUBEN, es la siguiente: Comer es Primero 64%; Incentivo a la Asistencia Escolar 69% de mujeres jefas de hogar; Bono Gas 66% mujeres jefas de hogar; y Capacitación y Corresponsabilidades 92%.
La implementación del Programa Solidaridad en la República Dominicana ha generado aumentos considerables en la asistencia escolar y los niveles nutricionales de niños y niñas. El impacto total del programa en la asistencia escolar es positivo y significativo para niños entre 6 y 16 años de edad. El estudio del Programa valida la teoría de que las madres emplean más recursos en el bienestar de la familia.
Este resultado, indica que no necesariamente en el caso de la asistencia escolar los padres presentan preferencias por el sexo de los hijos, sino que el costo de oportunidad de asistir a la escuela que experimentan los niños es mayor que el que de las niñas, ya que tienen condiciones laborales más favorables y por tanto, al hogar le cuesta más enviar a los niños a la escuela que a las niñas. Por esta razón se percibe un impacto mayor de 14% para el grupo de niños de 14 a 16 años.
Programa Socioeducativo Progresando, ejecutado por el Despacho de la Primera Dama, realiza visitas directas a familias de escasos recursos económicos, con el objetivo de empoderarlas en su proceso de desarrollo integral.
Las remesas son una fuente importante de ingreso para el sostenimiento de los hogares y de las familias. Las remesas provenientes del exterior contribuyen a la reducción de la pobreza. La cantidad de remesas, así como el porcentaje de familias receptoras de estas son menores entre las familias pobres. El 20% de las familias más ricas recibe el 40% del total de remesas, mientras que el 20% de los hogares más pobres solo captura un 14%. Un 78% de las remesas van al área urbana. No obstante, las remesas son una fuente vital de ingreso para las familias pobres que sí las reciben: representan un 66% de su ingreso comparado con el 30% del ingreso para las familias ricas receptoras. El 22% de los hogares con jefatura femenina y el 14% de los hogares con jefes masculinos reportaron recibir remesas.
Al igual que sucede en muchos otros países en vías de desarrollo, el volumen financiero de las remesas enviadas a la República Dominicana se ha cuadriplicado en los últimos 10 años, pasando a ser en la actualidad el 13% del Producto Nacional Bruto (PNB), equivalente a cuatro veces el monto total de la inversión directa extranjera en el país.
Mipymes y las pequeñas y medianas empresas PYMES: El 43% de los empleos totales son generados por las PYMES. La participación de la mujer como propietaria de un negocio es menor en la medida en que aumenta el tamaño de la empresa. Las mujeres tienen una participación del 33% en este sector. Un informe de gestión del período enero-junio 2010, del Consejo Nacional de Promoción y Apoyo a la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Promipyme), estableció que de una cartera de crédito de 972 millones de pesos, un monto de 544,3 millones de pesos correspondieron a desembolsos dirigidos a negocios presididos por mujeres.
N.Artículo 14: mujer rural
Consejo para la Seguridad Alimentaría. Mediante decreto núm. 243-08, el Estado creó el Consejo para la Seguridad Alimentaria, que tiene como función el diseño y ejecución de políticas públicas para que el país produzca suficientes volúmenes de alimentos de buena calidad y a precios accesibles. Igualmente, procura generar excedentes en producción alimenticia para reservas de contingencia y para exportaciones.
Asimismo, procura consolidar y fortalecer el Sistema de Protección Social Dominicano para garantizar el derecho a la alimentación y a la nutrición de la población, especialmente de las más pobres y vulnerables, incluida la población rural, dando prioridad a la niñez, las mujeres embarazadas o lactantes y los envejecientes.
Plan Nacional de Igualdad y Equidad de Género 2007-2017. Plantea el empoderamiento económico de la Mujer rural, mediante su vinculación en condiciones de igualdad a los programas de inversión y desarrollo en el sector agropecuario; igualmente mediante el mejoramiento del acceso y control a servicios básicos de calidad, tales como salud, educación, agua potable, vivienda y electricidad. Además plantea el derecho a la propiedad de la tierra, programas de capacitación sobre ahorro e inversión; y propone establecer un fondo rotativo para financiar proyectos agroforestales para mujeres residentes en zonas en proceso de deforestación.
Programa de Apoyo a la Mujer Rural (PADEMUR). Es coordinado por el Despacho de la Primera Dama con la participación del Ministerio de la Mujer y todas las instituciones del sector rural. Desarrolla procesos permanentes de capacitación integral a mujeres rurales y a las y los técnicos del sector agrícola en la sensibilización y manejo del enfoque de género. Además ofrece apoyo a federaciones de mujeres productoras de la zona rural en la constitución de empresas solidarias para mejorar la capacidad de comercialización de sus productos.
Centros Tecnológicos Comunitarios (CTC). Estos centros son operados por el Despacho de la Primera Dama, los cuales brindan a las personas residentes en las zonas rurales la facilidad de acceso a las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC).
Acceso a servicios adecuados de atención médica, inclusive información, asesoramiento y servicios en materia de planificación de la familia. El país cuenta con una extensa red de Unidades de Atención Primaria y de hospitales municipales, clínicas rurales y una red de supervisores y promotores de salud. Las Unidades de Atención Primaria (UNAP) constituyen la unidad básica funcional de provisión y la puerta de entrada al sistema nacional de salud para la integración del Plan Básico de Salud en el primer nivel de atención, y referencia a otros niveles de la red, para vigilar y garantizar la salud de todas las familias dominicanas mediante intervenciones en espacio geográficos-poblacionales determinados.
El 45,1% de los hogares de la zona rural tiene acceso a agua mediante instalaciones fuera de la vivienda, el 89,1% tiene acceso a energía eléctrica, el 17,3% no cuenta con los servicios adecuados para la eliminación de los desechos sólidos, el 7,5% de los pisos son de tierra, y el 24% usa leña o carbón como su principal combustible para cocinar.
Los indicadores de salud de la mujer rural muestran diferencias significativas respecto a la mujer urbana: mayor fecundidad, 2,8 mujer de la zona rural versus 2,4 mujer de la zona urbana. La mujer de la zona rural tiene mayor proporción de embarazo y maternidad en adolescentes (26%) mientras que en la mujeres de la zona urbana la proporción es de 18,3%; tiene también mayor prevalencia de uso de métodos anticonceptivos 74% y la mujer de la zona urbana 72%.
La violencia física ejercida contra las mujeres de la zona rural está estimada en un 21,0% y el 7,2% ha experimentado violencia física durante el embarazo. El 30,3% de las mujeres unidas maritalmente ha experimentado alguna vez violencia emocional, física o sexual.
La proporción de mujeres sin educación en el área rural es de 13,8% más del triple que la urbana que registra un 4,2%.
Por otro lado según los resultados de la ENDESA-2007, el 35,2% de la mujer rural está empleada y el 8,0% no tiene empleo remunerado.
Las mujeres jefas de hogar representan el 29,7% de las familias rurales. De acuerdo a estimaciones realizadas por la Oficina Nacional de Planificación (ONAPLAN) el 41,5% de los hogares con jefatura femenina son pobres, mientras que en aquellos encabezados por hombres la proporción es de 36,7%. La probabilidad de que un hogar con jefatura femenina sea pobre es de un 13,4%, esta probabilidad aumenta para los hogares con jefatura femenina en el área rural alcanzando 15,8%, es decir, 2,4% por encima de la probabilidad nacional.
Impacto de la Reforma Agraria en la Mujer Rural: Este programa tiene como objetivos la distribución equitativa de la tierra, el mejoramiento de las condiciones de vida y el trabajo de los hombres y mujeres de la zona rural y el fomento de la producción para satisfacer las necesidades de la unidad familiar. La ley núm. 55-97 sitúa a las mujeres en igualdad de condiciones que los hombres para acceder a la tierra. Las mujeres representan el 26% de las beneficiarias de reforma agraria. Según el Instituto Agrario Dominicano (IAD) en el período 2001-2004, un total de 1.813 mujeres recibieron parcelas y en el período 2005-2007 fueron beneficiadas con parcelas de la reforma agraria 3.417 mujeres.
O.Artículo 15: igualdad jurídica y civil
La mujer dominicana de acuerdo a lo establecido en la Constitución tiene igualdad de derechos respecto al hombre. Nuestra Carta Magna consigna que todas las personas nacen libres e iguales ante la ley; que las dominicanas y los dominicanos tienen derecho a acceder libre y plenamente, en igualdad de condiciones, al ejercicio de sus derechos ciudadanos en todos los ámbitos de la vida.
P.Artículo 16: igualdad en el matrimonio y la familia
En relación con el tema sobre la igualdad en el matrimonio y la familia también encontramos importantes avances en el texto constitucional que sirven de base a la plena igualdad entre mujeres y hombres.
La nueva Constitución da un importante paso de avance con el reconocimiento de la responsabilidad del cuidado de la familia como un rol no exclusivo de la mujer sino también del hombre al establecer en su artículo 55:
“La familia es el fundamento de la sociedad y el espacio básico para el desarrollo integral de las personas. Se constituye por vínculos naturales o jurídicos, por la decisión libre de un hombre y una mujer de contraer matrimonio o por la voluntad responsable de conformarla.
1)Toda persona tiene derecho a constituir una familia, en cuya formación y desarrollo la mujer y el hombre gozan de iguales derechos y deberes y se deben comprensión mutua y respeto recíproco;
[…]
5)La unión singular y estable entre un hombre y una mujer, libres de impedimento matrimonial, que forman un hogar de hecho, genera derechos y deberes en sus relaciones personales y patrimoniales, de conformidad con la ley;
6)La maternidad, sea cual fuere la condición social o el estado civil de la mujer, gozará de la protección de los poderes públicos y genera derecho a la asistencia oficial en caso de desamparo;
7)Toda persona tiene derecho al reconocimiento de su personalidad, a un nombre propio, al apellido del padre y de la madre y a conocer la identidad de los mismos;
[…]
9)Todos los hijos son iguales ante la ley, tienen iguales derechos y deberes y disfrutarán de las mismas oportunidades de desarrollo social, espiritual y físico. Se prohíbe toda mención sobre la naturaleza de la filiación en los registros civiles y en todo documento de identidad;
10)El Estado promueve la paternidad y maternidad responsables. El padre y la madre, aun después de la separación y el divorcio, tienen el deber compartido e irrenunciable de alimentar, criar, formar, educar, mantener, dar seguridad y asistir a sus hijos e hijas. La ley establecerá las medidas necesarias y adecuadas para garantizar la efectividad de estas obligaciones [...].”
Sobre la protección de los y las menores, nuestra Carta Magna establece en su artículo 56 que “La familia, la sociedad y el Estado, harán primar el interés superior del niño, niña y adolescente; tendrán la obligación de asistirles y protegerles para garantizar su desarrollo armónico e integral y el ejercicio pleno de sus derechos fundamentales, conforme a esta Constitución y las leyes”.
Q.Artículo 17: violencia contra la mujer (recomendación 19 del Comité)
El Estado dominicano ha asumido el compromiso de prevenir, combatir y erradicar la violencia contra las mujeres, mediante el cumplimiento de las convenciones y acuerdos internacionales y de nuestra Constitución y las leyes adjetivas especializadas en la materia, como son la Convención para la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer y la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, Belem do Pará y su protocolo facultativo, así como la ley 24-97 sobre la violencia contra la mujer e intrafamiliar y la 88-03 que instituye las Casas de Acogida o Refugios.
Sin embargo, los niveles de violencia contra la mujer en nuestro país, siguen siendo altos, por lo que su combate y erradicación siguen siendo una prioridad para el Gobierno dominicano.
En adición a la Constitución y las leyes antes mencionadas en el Plan Nacional de Igualdad y Equidad de Género 2007-2017 (PLANEG II) se plantea como prioridad “Erradicar todas las formas de violencia contra las mujeres en todo su ciclo de vida” considerando que la violencia contra la mujer constituye una violación a los derechos humanos de las mujeres y un problema de salud pública, que tiene un impacto negativo y deteriora la calidad de vida de las mujeres y de las personas en sentido general, así como la vida de sus hijas e hijos de manera particular.
En este sentido, el Ministerio de la Mujer, conjuntamente con la Comisión Nacional para la Prevención y Lucha contra la Violencia Familiar (CONAPLUVI), inició un proceso de evaluación y reforma del Modelo Nacional para la Prevención y Atención a la Violencia contra la Mujer y a la Violencia Intrafamiliar, con el propósito de evaluar los resultados de su aplicación sobre los modelos vigentes, a fin de lograr un trabajo conjunto, integral, multidisciplinario e intersectorial que nos permita elevar los niveles de eficacia de los programas desarrollados hasta la fecha.
Este proceso ha reportado los resultados siguientes:
a)Fortalecimiento del rol rector del Ministerio de la Mujer en la definición, elaboración y validación de procedimientos y protocolos para la implementación, el seguimiento y monitoreo del modelo, así como para procurar la capacitación de los recursos humanos especializados en materia de violencia contra las mujeres y derechos humanos;
b)Fortalecimiento del rol de la Procuraduría General de la República en sus funciones de investigación y persecución con la creación de las Unidades de Prevención y Atención Integral a las Víctimas de Violencia. Funcionan 14 unidades;
c)Plan de capacitación a jueces ejecutado por el Ministerio de la Mujer, en coordinación con la Suprema Corte de Justicia;
d)Implementación de la Ley de Casas de Acogida o Refugios, con la creación de dos Casas de Acogida en el país;
e)Creación del primer Centro Terapéutico para la Rehabilitación de Agresores;
f)Creación de la Red para una Vida sin Violencia REDAVI, integrada por actores relevantes de las instituciones públicas y de la sociedad civil con responsabilidad y compromiso en el tema;
g)Creación de la Unidad de Estadísticas de la Procuraduría General de la República, que mantiene una base de datos actualizadas sobre los feminicidios y los casos de violencia detectados, por el sistema, a nivel nacional;
h)Adopción por parte de la Suprema Corte de Justicia de varias resoluciones tendentes a mejorar procesos de atención a la violencia contra la mujer e Intrafamiliar, entre las cuales podemos mencionar: a) resolución 3860-2006 donde se acoge el Síndrome de la Mujer Maltratada; b) resolución 1924-2008 del 19 de junio de 2008, que crea la Comisión para integrar, monitorear e informar del cumplimiento de las acciones aprobadas en el marco de la política de igualdad de género del Poder Judicial dominicano; c) resolución 116-2010 de 18 de febrero de 2010 que reglamenta el procedimiento para obtener las declaraciones de las personas en condiciones de vulnerabilidad, víctimas o testigos en los Centros de Entrevistas;
i)Evolución de la Violencia Contra la Mujer: Según datos de la ONE, en la República Dominicana el aumento de la violencia es recurrente como en el resto de la región, pese al tejido normativo e institucional en proceso de fortalecimiento.
En el período 2006-2009 las denuncias por violencia física alcanzaron 40.555, las de violencia contra la mujer registra 34.600, y la violencia contra los hombres 5.955. La violencia más frecuente contra las mujeres en la República Dominicana es la agresión psicológica y verbal, seguida de la física. En el mismo período, el Ministerio Público informó que el 95% de las denuncias tenían autos de apertura a juicio y el 5% autos no ha lugar. Por otra parte las sentencias condenatorias corresponden al 83% y el 17% de las sentencias absueltas.
En términos de asistencia terapéutica y rehabilitación social, existe una tendencia mayor a la terapia individual 87%, que a la terapia grupal 12%.
La violencia conyugal, de acuerdo al Departamento de Género de la ONE se ha incrementado en los últimos cinco años al pasar de 27,6% a 29,8% en los últimos cinco años. El mayor porcentaje de mujeres víctimas de agresión está comprendido entre 15 y 49 años de edad, con el 66,2% de las agresiones.
Respecto a los feminicidios, el índice de feminicidio se ha mantenido entre 170 y 200 feminicidios por año, concentrados mayormente en los grandes centros urbanos. Parecería que existe una relación directa entre el nivel de feminicidios y el nivel de criminalidad general del país.
Con el propósito de disminuir este índice, se ha puesto en ejecución un trabajo conjunto entre el Estado, las organizaciones de la sociedad civil y el sector privado, a través de un modelo de atención integral y de respeto y garantía de los derechos de las mujeres. También se ha logrado una comunidad de profesionales especializados en la problemática, abogadas, psicólogas, médicas/os facilitadoras.
Se han desarrollado además múltiples campañas de sensibilización promovidas por el Ministerio de la Mujer, la Procuraduría General de la República y el Congreso Nacional, a fin de lograr un compromiso colectivo de la ciudadanía para enfrentar el problema.
Los retos pendientes, son fundamentalmente la definición y el desarrollo de estrategias eficaces para promover la construcción de valores, actitudes y convicciones para lograr que mujeres y hombres vivamos en paz de igual a igual, lo que implicaría cambios profundos a nivel del sistema educativo, la familia y la sociedad en sentido general.