Comité contra la Tortura

Examen de los informes presentados por los Estados partes en virtud del artículo 19 de la Convención

Quinto informe periódico que los Estados partes debían presentar en 2008

Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda delNorte * ** ***

[6 de septiembre de 2011]

Lista de siglas

Ley ATCSLey de seguridad, contra el terrorismo y la delincuencia

Ley PACELey de policía y medios de prueba en materia penal

ONGOrganizaciones no gubernamentales

OTANOrganización del Tratado del Atlántico Norte

PSNIServicio de Policía de Irlanda del Norte

Índice

Párrafos Página

Introducción1–254

Parte I: Observaciones formuladas por el Comité tras su examen del cuartoinforme periódico del Reino Unido26–1548

Parte II: Territorio metropolitano. Información relativa a los artículos 1 a 16de la Convención155–58635

Artículo 2: Medidas eficaces para impedir los actos de tortura156–19335

Artículo 3: Devolución de personas a Estados en los que podrían ser sometidasa tortura194–19643

Artículo 4: Tipificación de la tortura como delito197–20844

Artículo 5: Establecimiento de la jurisdicción209–21246

Artículo 6: Detención de las personas sospechosas de cometer actos de tortura21347

Artículo 7: Procesamiento de las personas sospechosas de cometer actos detortura y no extraditadas214–23247

Artículo 8: Extradición de personas sospechosas de cometer actos de tortura23350

Artículo 9: Asistencia judicial mutua23450

Artículo 10: Educación y formación del personal policial, militar, médico y otros,para evitar la tortura y otras formas de maltrato235–28250

Artículo 11: Examen sistemático de las normas, las instrucciones, los métodos ylas prácticas a fin de evitar la tortura y otras formas de malos tratos283–41358

Artículo 12: Investigación de actos de tortura y otras formas de malos tratos414–44879

Artículo 13: Disponibilidad de procedimientos de presentación de quejas paraquienes hayan sido sometidos a tortura u otras formas de malos tratos449–49586

Artículo 14: Reparación y rehabilitación de las víctimas de actos de tortura496–50394

Artículo 15: Admisibilidad de las confesiones como pruebas504–50796

Artículo 16: Otros actos que constituyan tratos o penas crueles, inhumanos odegradantes y que no lleguen a ser tortura508–58696

Parte III: Información general587–839112

Anexos

I.Dependencias de la Corona del Reino Unido162

II.Territorios de Ultramar del Reino Unido181

Introducción

1.El presente informe es el quinto presentado por el Reino Unido en virtud del artículo 19 de la Convención de las Naciones Unidas contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes. En él se facilita información sobre la manera en la que el Reino Unido ha seguido cumpliendo sus obligaciones en el marco de la Convención desde que el Comité examinó el cuarto informe del Reino Unido (CAT/C/67/Add.2), en noviembre de 2004, y se presentó la actualización complementaria al Comité, en marzo de 2006 (CAT/C/GBR/CO/4/Add.1).

2.El Reino Unido es un Estado unitario integrado por Inglaterra, Gales, Escocia e Irlanda del Norte (pero no por las Dependencias de la Corona, esto es: la Isla de Man y las Islas del Canal). En el presente informe, por "Gran Bretaña" se entenderá Inglaterra, Gales y Escocia, conjuntamente. El informe se ha elaborado con la plena colaboración de las administraciones autonómicas de Gales, Escocia e Irlanda del Norte.

3.El quinto informe periódico correspondiente a las Dependencias de la Corona del Reino Unido (Guernsey, Jersey y la Isla de Man) se presenta en la segunda parte del presente informe. El cuarto informe periódico de los Territorios de Ultramar del Reino Unido figura en la tercera parte del presente informe.

La prohibición de la tortura en el derecho interno

4.En virtud del artículo 134 de la Ley de justicia penal de 1988, la tortura es un delito en el Reino Unido, por el que se puede imponer una pena máxima de cadena perpetua. Por medio de la Ley de derechos humanos de 1998, que entró en vigor en octubre de 2000, se refuerza la aplicación del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales en el derecho del Reino Unido. En el artículo 3 del Convenio se establece que nadie podrá ser sometido a tortura ni a penas o tratos inhumanos o degradantes. Mediante la Ley de derechos humanos se impone a todas las autoridades públicas la obligación de actuar respetando los derechos del Convenio y se refuerza la capacidad de la víctima o posible víctima de hacer valer los derechos del Convenio en los procesos civiles y penales.

5.El Reino Unido también es parte en el Convenio Europeo para la Prevención de la Tortura y de las Penas o Tratos Inhumanos o Degradantes, que entró en vigor en el país el 1º de febrero de 1989. Desde noviembre de 2004, el Comité Europeo para la Prevención de la Tortura y de las Penas o Tratos Inhumanos o Degradantes ha realizado cuatro visitas al Reino Unido: en 2005, 2007, 2008 y 2010. En 2008 visitó Irlanda del Norte y, en 2010, Guernsey y Jersey.

Artículo 22 de la Convención

6.En julio de 2004 el Gobierno examinó su posición sobre el derecho a presentar comunicaciones a título personal en virtud del artículo 22 de la Convención, en el marco de un examen más amplio de los instrumentos internacionales de derechos humanos.

7.El Gobierno concluyó que seguía sin estar convencido del valor práctico añadido que podrían tener para la población del Reino Unido los derechos a presentar reclamaciones a título individual ante las Naciones Unidas, incluido el que confiere el artículo 22 de la Convención.

8.Los comités de las Naciones Unidas que examinan las comunicaciones no son tribunales y no pueden conceder indemnizaciones ni emitir decisiones judiciales sobre el sentido del derecho, mientras que el Reino Unido cuenta con leyes sólidas y efectivas en virtud de las cuales las personas pueden solicitar una reparación ante los tribunales si consideran que sus derechos han sido vulnerados.

9.En 2004, el Gobierno se adhirió al Protocolo Facultativo de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. Uno de los motivos fue que le permitiría examinar sobre una base más empírica las ventajas derivadas del derecho a presentar reclamaciones a título individual en general. Desde marzo de 2005, solo se han presentado dos comunicaciones en relación con el Reino Unido al Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, y ambas fueron declaradas inadmisibles.

10.El 27 de febrero de 2009 el Reino Unido ratificó el Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de las Naciones Unidas. Hasta la fecha, la experiencia obtenida en relación con ambos protocolos no ha proporcionado suficiente datos empíricos para poder adoptar una posición respecto de la utilidad de otros mecanismos de presentación de denuncias a título individual. El Gobierno necesitará una cantidad mayor de datos, durante un período más prolongado, para poder determinar las ventajas prácticas de esos mecanismos.

Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes

11.El Reino Unido ratificó el Protocolo Facultativo de la Convención en diciembre de 2003. El 31 de marzo de 2009, el Gobierno del Reino Unido anunció el establecimiento del mecanismo nacional de prevención, del que figura una descripción más detallada en el párrafo 283. El Reino Unido apoya plenamente la labor del Subcomité para la Prevención, establecido también en virtud del Protocolo Facultativo. El profesor Malcolm Evans, de la Universidad de Bristol, ha sido elegido miembro independiente del Subcomité y es en la actualidad su presidente.

Papel de las organizaciones no gubernamentales

12.El Gobierno del Reino Unido reconoce que las ONG desempeñan un destacado papel en la prevención de la tortura y otras formas de malos tratos. En la preparación de este informe, el Gobierno recabó la opinión de las siguientes ONG:

Juristas;

Amnistía Internacional (Reino Unido);

Instituto Británico de Derechos Humanos;

British Irish Rights Watch;

Comité de Administración de Justicia;

Human Rights Watch;

Liberty and Justice;

Fundación Médica para la Atención de Víctimas de Tortura;

Fundación para la Reforma Penitenciaria;

REDRESS.

Comisión para la Igualdad y los Derechos Humanos

Comisión de Derechos Humanos de Irlanda del Norte;

Comisión de Derechos Humanos de Escocia;

UNICEF (Reino Unido);

Children's Rights Alliance for England;

Save the Children (Reino Unido);

Comisión de Igualdad para Irlanda del Norte;

Christians Against Torture;

Consejo de los Refugiados de Gales;

Penal Reform International;

Association for the Prevention of Torture;

Reprieve.

Publicación y distribución del informe

13.Se han distribuido ejemplares de este informe al Parlamento del Reino Unido, los órganos legislativos autónomos y las bibliotecas de depósito legal del Reino Unido. Se proporcionarán ejemplares del informe de forma gratuita a todas las ONG interesadas y a todos los coordinadores de derechos humanos de las principales administraciones públicas. Además, se incluirá un enlace al informe en el sitio web del Ministerio de Justicia (www.justice.gov.uk). Para solicitar una copia del informe, hay que ponerse en contacto con Information & Human Rights Policy, Ministerio de Justicia, 102 Petty France, London SW1H 9AJ o humanrights@justice.gsi.gov.uk.

Política del Reino Unido con respecto a la tortura

14.La política del Reino Unido con respecto a la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes es clara. El Gobierno del Reino Unido no participa en actos de tortura, ni solicita, alienta o aprueba esa práctica. Al mismo tiempo, colabora estrechamente con sus asociados internacionales para evitar la tortura en cualquier parte del mundo.

15.Desde que asumió el poder, en mayo de 2010, el Gobierno de coalición afirmó su oposición absoluta a la tortura. Dejó en claro que el Reino Unido debía estar preparado en todo momento para asegurar el cumplimiento de las normas internacionales al más alto nivel y desplegar intensos esfuerzos para garantizar el respeto del derecho internacional y los derechos humanos. Para ello es necesario reconocer los problemas que hayan podido afectar a la autoridad moral del Reino Unido, hacer frente a los problemas difíciles, y actuar sobre la base de las lecciones aprendidas.

16.En el período transcurrido desde que el Comité examinó el cuarto informe periódico del Reino Unido, en noviembre de 2004, la reputación de las fuerzas de seguridad del Reino Unido se ha visto empañada por graves acusaciones sobre el papel desempeñado por el Reino Unido en el tratamiento que otros países han dado a los detenidos. Esas acusaciones no han sido probadas. Sin embargo, su gravedad ha dado lugar a una erosión de la confianza pública en los servicios de inteligencia del Reino Unido y a un deterioro de la reputación del Reino Unido como país respetuoso de los derechos humanos, la justicia, la equidad y el estado de derecho. El Gobierno tiene la firme voluntad de recuperar la buena reputación del Reino Unido y llegar al fondo de lo ocurrido, de modo que los servicios de inteligencia del Reino Unido puedan continuar su importante con su reputación recuperada.

17.El 6 de julio de 2010 el Primer Ministro explicó al Parlamento la manera en la que el Gobierno haría frente a las acusaciones. Su declaración completa está disponible en línea en: http://www.publications.parliament.uk/pa/cm201011/cmhansrd/cm100706/debtext/100706-0001.htm.

18.El Primer Ministro indicó que se realizaría una investigación independiente, dirigida por un juez, para examinar si, en el período inmediatamente posterior a los atentados del 11 de septiembre de 2001, el Gobierno del Reino Unido o sus servicios de inteligencia estuvieron involucrados en el tratamiento inadecuado de los detenidos por otros países en las operaciones de lucha contra el terrorismo en el extranjero; en caso afirmativo, en qué medida; o si tuvieron conocimiento de un tratamiento inadecuado de los detenidos en las operaciones en las que el país participó.

19.La comisión de investigación de tres miembros estará presidida por Sir Peter Gibson, un ex juez del Tribunal de Apelación y antiguo comisionado institucional para los servicios de inteligencia. Acompañarán a Sir Peter en su labor Dame Janet Paraskeva, ex presidenta de la Comisión de Administración Pública, y Peter Riddell, antiguo periodista y miembro destacado del Institute for Government. (La carta remitida por el Primer Ministro a Sir Peter Gibson, en la que se establecen las condiciones y el alcance de la investigación, se puede consultar en http://download.cabinetoffice.gov.uk/intelligence/pm‑letter‑gibson.pdf). También se puede consultar el mandato y un protocolo de conducta con respecto a la investigación en www.detaineeinquiry.org.uk.

20.La comisión de investigación iniciará su labor tan pronto como sea posible una vez hayan finalizado los procesos penales relacionados con las acusaciones. El Gobierno ha dejado claro que la investigación no tendrá una duración indefinida, sino que se prevé que presente su informe en el plazo de un año desde que comience su labor.

21.Aunque algunas audiencias serán públicas, la investigación no podrá ser completamente pública debido a la naturaleza de las pruebas que se examinan y a la necesidad de proteger la información confidencial sobre las fuentes, las capacidades y las asociaciones. Sin embargo, los responsables de la investigación podrán acceder a toda la información necesaria para desempeñar su labor, incluida la información confidencial; tendrán acceso a todos los documentos gubernamentales pertinentes, incluidos los de los servicios de inteligencia; y podrán recibir pruebas en público, incluso de las personas que hayan presentado acusaciones contra el Gobierno o sus representantes, así como de los miembros de ONG. El Gobierno se asegurará de que la comisión de investigación cuente con toda la colaboración necesaria de los departamentos y organismos pertinentes. El Gobierno confía en que la comisión de investigación llegará a adoptar una opinión fidedigna sobre la actuación ejercida por el Estado y las fuerzas de seguridad del Reino Unido, y que formulará las recomendaciones adecuadas para el futuro. El Gobierno también tiene la firme voluntad de establecer con mayor claridad qué es aceptable y qué no lo es, tanto para el presente como para el futuro.

22.Además, el Gobierno ha adoptado medidas para mejorar el mecanismo de adopción de decisiones en materia de política exterior y seguridad en el país, mediante la creación de un nuevo Consejo de Seguridad Nacional, que se encarga de forma unificada de las decisiones estratégicas en materia de política exterior, seguridad y defensa. Una de las primeras tareas resueltas por el Consejo de Seguridad Nacional ha sido la finalización y publicación de la Orientación unificada para los oficiales y agentes de los servicios de inteligencia sobre la detención y el interrogatorio de los detenidos en el extranjero y el envío y la recepción de información relacionada con los detenidos, que se puede consultar en http://download.cabinetoffice.gov.uk/intelligence/consolidated-guidance-iosp.pdf.

23.En ese documento de orientación se establecen las normas que rigen la actuación de los servicios de inteligencia y de las fuerzas armadas, y se deja en claro que los agentes de inteligencia del Reino Unido deben actuar de conformidad con el derecho interno y el derecho internacional, que incluyen la Convención contra la Tortura y la Ley de derechos humanos de 1998. En la Orientación unificada se establece lo siguiente: en primer lugar, los servicios del Reino Unido no deben participar en ninguna actuación en la que sepan o crean que se puede practicar la tortura; en segundo lugar, si tienen conocimiento de abusos cometidos por otros países, deben informar al Gobierno, a fin de que adopte las medidas necesarias para detener esas prácticas; y, en tercer lugar, en los casos de obtención de información en los que los servicios del Reino Unido consideren que se puede tratar de información crucial para salvar vidas, pero en los que también podría haber un riesgo grave de malos tratos, corresponde a los ministros del Reino Unido determinar la forma de mitigar ese riesgo. No obstante, la Orientación unificada no es, ni pretende ser, una orientación destinada a los ministros, ni tiene por objeto regular los detalles de las respuestas de los ministros en cada caso particular.

24.La Orientación ha sido objeto de dos recursos judiciales, en los que se argumenta que no incorpora adecuadamente las obligaciones del Gobierno en virtud del derecho internacional y el derecho interno. El Gobierno considera que la Orientación está en plena conformidad con sus obligaciones legales y así lo está defendiendo en los procesos correspondientes.

25.El Reino Unido proporcionará al Comité información actualizada sobre los resultados de esos procesos cuando se conozcan.

Parte IObservaciones formuladas por el Comité tras su examen del cuarto informe periódico del Reino Unido

Motivos de preocupación

26.En los párrafos 4 y 5 de las observaciones finales formuladas tras el examen del cuarto informe periódico del Reino Unido en virtud de la Convención contra la Tortura (CAT/C/CR/33/3), el Comité contra la Tortura planteó motivos de preocupación y formuló recomendaciones al Gobierno del Reino Unido. En los párrafos 27 a 154 infra figuran las respuestas a ese respecto.

a) Las divergencias que siguen existiendo entre las obligaciones que impone la Convención y las disposiciones del derecho interno del Estado Parte que, incluso tras la aprobación de la Ley de derechos humanos, han permitido que sigan existiendo lagunas, en particular:

i) El artículo 15 de la Convención prohíbe el uso de pruebas obtenidas mediante tortura, independientemente del lugar en que ésta se produzca y de quien la cometa; no obstante, pese a las garantías del Estado Parte, previstas en el apartado g) del párrafo 3 supra , se ha interpretado que el derecho del Estado Parte excluye el uso de pruebas obtenidas mediante tortura solo en los casos en que funcionarios del Estado Parte sean cómplices.

27.En el asunto A c. el Secretario de Estado del Ministerio del Interior (Nº 2) [2005], la Cámara de los Lores dejó en claro que las pruebas obtenidas mediante tortura son inadmisibles en los procedimientos judiciales. Además de este fallo dictado por el máximo tribunal del Reino Unido, existen disposiciones legales al respecto. A efectos de las actuaciones penales en Inglaterra y Gales, en el artículo 76 de la Ley de policía y medios de prueba en materia penal (Ley PACE) se establece que un tribunal no permitirá que se utilice una confesión como prueba contra un acusado si el fiscal no ha probado más allá de toda duda razonable que no fue obtenida por coacción o como consecuencia de cualquier dicho o hecho que la pudiera convertir en poco fiable. En el artículo 76, párrafo 8, de la Ley PACE se deja en claro que la "coacción" incluye la tortura. Con arreglo al artículo 78 de la Ley PACE, un tribunal puede negarse a admitir pruebas en las que la fiscalía pretenda basarse debido al efecto que esa admisión podría tener en la equidad de las actuaciones. Esta exclusión se aplicaría claramente a las pruebas obtenidas mediante tortura. En Escocia e Irlanda del Norte existen disposiciones análogas.

ii) El artículo 2 de la Convención prevé que en ningún caso podrán invocarse circunstancias excepcionales como justificación de la tortura; no obstante, el texto del párrafo 4) del artículo 134 de la Ley de justicia penal prevé un eximente de " autoridad, justificación o excusa lícita " ante una acusación de comisión intencionada, por parte de una persona que actúe a título oficial, de sufrimiento o dolor agudos, eximente que la Ley de derechos humanos no restringe al exterior del Estado Parte, en el que la ley no es de aplicación; más aún, el texto del párrafo 5) del artículo 134 de la Ley de justicia penal prevé un eximente para una conducta permitida en virtud de la legislación extranjera, incluso si ésta es ilícita en virtud de la legislación del Estado Parte.

28.Tras volver a examinar detenidamente los argumentos planteados por el Comité y por el Reino Unido en ocasiones anteriores, el Reino Unido sigue considerando que el artículo 134 de la Ley de justicia penal de 1988 es compatible con las obligaciones del Reino Unido derivadas de la firma y ratificación de la Convención. No obstante, el Gobierno examinará nuevamente su postura sobre la base de cualquier hecho posterior, lo que incluye las conclusiones de la investigación a cargo de Sir Peter Gibson (mencionada en el párrafo 18 supra).

b) La limitada aceptación por el Estado Parte de la aplicabilidad de la Convención a los actos de sus fuerzas en el extranjero, en particular su explicación de que " las partes de la Convención que son aplicables solo al territorio bajo la jurisdicción de una parte no pueden ser aplicables en lo relativo a actos del Reino Unido en el Afganistán y el Iraq " ; el Comité observa que las protecciones de la Convención se extienden a todos los territorios bajo jurisdicción del Estado Parte y considera que este principio incluye todas las zonas que están de facto bajo el control de las autoridades del Estado Parte.

29.Como se explicó anteriormente, el Reino Unido no está de acuerdo con la afirmación de que, cuando las fuerzas armadas actúan en el extranjero, ejercen el control efectivo, ni legal ni de facto. A partir del 1º de enero de 2009, el Reino Unido dejó de realizar operaciones de detención en el Iraq. El Reino Unido no tiene jurisdicción en el Afganistán ni en el Iraq; tampoco está en condiciones de adoptar "medidas legislativas, administrativas, judiciales o de otra índole eficaces para impedir los actos de tortura" en el territorio de esos países, como se establece en el artículo 2 de la Convención. Por lo tanto, el Reino Unido sostiene que aquellas partes de la Convención que solo son aplicables con respecto al territorio que está bajo la jurisdicción de un Estado parte no son aplicables a la actuación del Reino Unido en el Afganistán o el Iraq. Además, cuando las acciones son atribuibles a las Naciones Unidas, podrían quedar fuera del ámbito de los tratados de derechos humanos que, de otro modo, serían aplicables (como dictaminó el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en Behrami c. Francia (diligencia Nº 71412/01) y Saramati c. Francia, Alemania y Noruega (diligencia Nº 78166/01)) con respecto a la aplicabilidad del Convenio Europeo de Derechos Humanos.

c) Los argumentos de hecho y de derecho incompletos presentados al Comité para justificar las excepciones hechas por el Estado Parte a sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos y exigir los poderes excepcionales establecidos en la parte IV de la Ley de seguridad, contra el terrorismo y la delincuencia de 2001; igualmente, en relación con Irlanda del Norte, la ausencia de información precisa sobre la necesidad de seguir contando con las disposiciones de excepción que, en relación con esa jurisdicción, figuran en la Ley contra el terrorismo de 2000.

30.El terrorismo plantea dificultades particulares a la policía y los servicios de inteligencia, así como al sistema de justicia penal. Los cambios efectuados en la legislación penal tenían por objeto abordar esas dificultades, pero todavía hay algunas personas que no pueden ser procesadas, en particular debido a la necesidad de actuar con prontitud usando material de inteligencia, en vez de utilizar material probatorio, y a que es menester proteger las técnicas de operación y las fuentes confidenciales.

31.No obstante, hay personas sobre las que hay motivos reales para sospechar su participación en diversas actividades relacionadas con el terrorismo. Se ha establecido una serie de actuaciones ejecutivas (civiles) sin enjuiciamiento para poder gestionar el riesgo que representan para la población los presuntos terroristas que no pueden ser procesados, entre las que figuran las órdenes de control, la congelación de activos y, en relación con los extranjeros sospechosos de actividades terroristas de ámbito nacional, la deportación o expulsión por motivos de seguridad nacional. La aplicación de una medida determinada depende de los factores particulares de cada caso, teniendo en cuenta el riesgo que representa (de hecho, estas medidas se aplican precisamente valorando cada caso específicamente).

32.Este es el contexto en el que el Reino Unido suspendió el artículo 5 del Convenio Europeo de Derechos Humanos (Derecho a la libertad y a la seguridad) y elaboró las disposiciones de la parte IV de la Ley de seguridad, contra el terrorismo y la delincuencia (Ley ATCS) de 2001. Los poderes de la parte IV permitían la detención en espera de expulsión de los extranjeros, incluso si su expulsión no era posible en ese momento, si el Secretario de Estado consideraba razonablemente que la presencia de esa persona en el Reino Unido constituía un riesgo para la seguridad nacional y existían sospechas razonables de que esa persona estaba relacionada con el terrorismo internacional vinculado a Al-Qaida. El máximo tribunal del Reino Unido, la Cámara de los Lores, anuló la orden de suspensión dictada en virtud de la Ley de derechos humanos de 1998 y concluyó que la parte IV era incompatible con los artículos 5 (Derecho a la libertad y a la seguridad) y 14 (Prohibición de discriminación) del Convenio Europeo de Derechos Humanos.

33.Las disposiciones específicas de Irlanda del Norte que figuraban en la parte VII de la Ley contra el terrorismo de 2000 se derogaron el 31 de julio de 2007, como parte de un programa de normalización de la seguridad que también supuso la supresión de otras medidas de seguridad. En la actualidad, la legislación contra el terrorismo de Irlanda del Norte es en su mayor parte idéntica a la del resto del Reino Unido.

34.A fin de hacer frente a los riesgos residuales de intimidación paramilitar y comunitaria sobre los miembros de los jurados, se ha mantenido una forma limitada de juicios sin jurado. En la Ley de justicia y seguridad (Irlanda del Norte) de 2007 se establece que el Director del Ministerio Público de Irlanda del Norte puede emitir un certificado para que se celebre un juicio sin jurado si considera que se cumplen las condiciones establecidas en la ley. En la actualidad existe una presunción en favor del juicio con jurado para todos los asuntos, y solo se puede expedir un certificado de juicio sin jurado en los asuntos relacionados con la seguridad de Irlanda del Norte, cuando se considere que puede existir el riesgo de que la administración de justicia se vea afectada si el asunto es juzgado por un jurado. La ley también contiene una serie de medidas destinadas a aumentar la seguridad de los miembros del jurado, entre otras el anonimato completo de todos los miembros del jurado, para reducir la necesidad de celebrar juicios sin jurado.

35.En enero de 2007 se explicó la justificación de lo expuesto anteriormente al Comité Mixto sobre los Derechos Humanos del Parlamento. En ese momento había 11 asuntos en los que se había informado de manipulación del jurado desde 1999. No obstante, 7 de ellos habían ocurrido entre 2004 y 2006, y 7 de los 11 asuntos hacían referencia a personas que tenían relación con paramilitares. También había casos puntuales, como uno en el que al parecer había habido intimidación y otro en el que el juicio se suspendió debido a la manipulación del jurado. Como en ese momento el sistema de "tribunales Diplock" aseguraba que la mayoría de los asuntos relacionados con paramilitares se juzgaran sin jurado, es razonable suponer que volver por completo a los juicios con jurado podría dar lugar a un aumento significativo de un problema que ya es considerable.

36.En los últimos años ha aumentado el número de casos de intimidación de testigos denunciados a la policía. Por ejemplo, el Servicio de Policía de Irlanda del Norte (PSNI) registró 174 casos en 2009-2010, en comparación con 74 en 2004-2005. No resulta claro si esto se debe a un aumento de la comisión real de esos delitos, a una mayor disposición de las víctimas y los testigos para informar de ellos a la policía o a una combinación de ambos factores. Los datos del Estudio sobre la delincuencia en Irlanda del Norte 2008-2009 ponen de manifiesto que en un 7% de los incidentes hay algún tipo de acoso o intimidación sentido o experimentado por la víctima o sus familiares, y que generalmente proviene de la persona que cometió el delito. Los datos del Estudio de 2003-2004 indican niveles similares.

37.Así pues, a pesar de las recientes mejoras en la situación de la seguridad, la intimidación sigue siendo un problema importante en Irlanda del Norte. En algunos casos, implica un riesgo considerable para la capacidad del sistema judicial de celebrar un juicio imparcial. Parece ser que en muchos casos se ha utilizado el dinero como incentivo para alentar a los miembros del jurado a llegar a un veredicto en particular (en 6 de los 11 casos mencionados supra). Al parecer, si la motivación económica no surte efecto, se utiliza el chantaje y la intimidación. La intimidación ocurre, entre otros, en los casos de agresión, asesinato e intento de asesinato (delitos que se juzgaban en tribunales Diplock automáticamente, excepto si se demostraba que el asunto no guardaba relación con la situación de seguridad).

38.La sociedad de Irlanda del Norte es una sociedad cerrada, por lo que las personas son conocidas en sus comunidades. Aunque los miembros de un jurado no conozcan personalmente al acusado, pueden encontrarse en un entorno amenazador y temer convertirse en el blanco de personas relacionadas con el acusado. Esta forma menos abierta de intimidación y el temor a la intimidación podrían influir en los miembros del jurado tanto como los actos reales de intimidación descritos.

39.El sistema de juicio sin jurado es temporal. Se puede prorrogar por períodos de dos años con el acuerdo del Parlamento. El Secretario de Estado para Irlanda del Norte tiene la intención de renovar las actuales disposiciones, que expiran el 31 de julio de 2011, por dos años más. Se ha presentado una solicitud al efecto ante el Parlamento.

40.Aunque desde 2006 las fuerzas armadas no se han desplegado como apoyo sistemático de la policía (excepto para realizar funciones especializadas, como la eliminación de artefactos explosivos), es necesario mantener la posibilidad de solicitar apoyo militar en situaciones extremas. Por ejemplo, si ocurriera otro incidente grave de orden público, de magnitudes similares a las que se registraron con motivo del desfile de Whiterock en septiembre de 2005, podría ser necesario el apoyo militar para facilitar una gestión eficaz del incidente y proteger al público. La decisión de solicitar apoyo militar incumbe al Director de la Policía del PSNI.

41.En consecuencia, la Ley de 2007 contiene algunos poderes para permitir que las fuerzas armadas desempeñen esa función si resulta necesario. Estos poderes son objeto de un examen anual por una personalidad independiente, cuyo informe debe ser publicado y presentado ante el Parlamento. Los poderes pueden ser derogados en la medida y el momento en el que ya no sean necesarios.

42.Tanto la Comisión de Vigilancia Independiente (encargada de informar sobre el nivel de actividad paramilitar y el cumplimiento por parte del Gobierno de los compromisos en materia de normalización de la seguridad) como Lord Carlile (personalidad gubernamental independiente encargada de examinar la legislación en materia de terrorismo) concluyeron que las disposiciones de la Ley de 2007 no formaban parte de la legislación contra el terrorismo.

d) El declarado recurso por el Estado Parte a la obtención de garantías diplomáticas en el contexto de devoluciones en circunstancias en las que los criterios mínimos en relación con dichas garantías, lo que incluye acuerdos de supervisión para después del retorno y garantías adecuadas del debido proceso, no están totalmente claros y, por lo tanto, no puede evaluarse en función de su compatibilidad con el artículo 3 de la Convención.

43.El enfoque del Reino Unido de expulsión con garantías diplomáticas se basa en los convenios internacionales sobre derechos humanos, con inclusión de la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles Inhumanos o Degradantes, el Convenio Europeo de Derechos Humanos y la jurisprudencia correspondiente. El Gobierno del Reino Unido no trataría de expulsar a una persona si existiera un riesgo real de que fuera objeto de tortura o malos tratos al regresar a su país de origen. Al utilizar la expulsión con garantías diplomáticas, el Reino Unido no vulnera de ninguna manera su compromiso de no devolución. Esta política permite al Reino Unido hacer frente a la amenaza que suponen los ciudadanos extranjeros sospechosos de participar en actividades terroristas y cumplir sus obligaciones en materia de derechos humanos. El Reino Unido es plenamente consciente de la jurisprudencia establecida en virtud del Convenio Europeo de Derechos Humanos en esta esfera, y no pretende que el interés público que se defiende con una expulsión acarree ningún riesgo para los derechos de las personas, como establece en el artículo 3 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, la Convención y otros convenios sobre derechos humanos.

44.Dado que el término "garantías diplomáticas" se utiliza a menudo como una descripción de carácter general, el Reino Unido es consciente de la gran variedad que existe en las prácticas específicas de los Estados que se agrupan bajo ese término. En cuanto a la práctica del Reino Unido, se ha prestado particular atención a la conclusión de acuerdos marco con una serie de países, lo que permite solicitar y obtener garantías al más alto nivel de gobierno con respecto a esferas particulares relacionadas con la persona cuya expulsión está siendo examinada. Por ejemplo, si en la investigación se evidencia que esa persona se enfrentará a la detención, cargos penales o juicios al volver a su país, se presta especial atención a determinar con precisión lo dispuesto en la legislación de su país a ese respecto, la manera en que suele aplicarse en la práctica, las normas establecidas y la manera precisa en que todo ello se aplicará a la persona de que se trate. El hecho de solicitar y obtener garantías no significa automáticamente que esa persona sea expulsada. Eso solo sucede después de evaluar el conjunto de la información y considerar si la expulsión de esa persona estaría en consonancia con las obligaciones del Reino Unido en materia de derechos humanos.

45.Cuando se va a expulsar a una persona por motivos de seguridad nacional, existe el derecho legal de apelación, y el órgano que examina esa apelación tendrá que cerciorarse de que se cumplen las condiciones legales para la expulsión (esto es, que la expulsión de esa persona del Reino Unido redundaría en el interés del público). El órgano encargado de la apelación también tendrá en cuenta si la propuesta de expulsión está o no en conformidad con las obligaciones nacionales e internacionales en materia de derechos humanos del Reino Unido. Generalmente, las apelaciones son examinadas en primera instancia por la Comisión Especial de apelaciones sobre inmigración. Esta Comisión se creó para tratar las apelaciones en materia de inmigración, en las que se puede usar como prueba información confidencial o de carácter reservado.

46.La Comisión Especial de apelaciones sobre inmigración examina tanto los aspectos de la expulsión relacionados con la seguridad nacional como los relacionados con la seguridad del apelante después de la expulsión. Entre estos últimos figuran el historial de derechos humanos del país de destino, las circunstancias a las que probablemente se tenga que enfrentar esa persona a su regreso, la solidez de la relación bilateral entre el Reino Unido y el país receptor, las garantías generales del acuerdo marco, cualquier garantía específica en relación con esa persona en particular y las medidas para verificar el cumplimiento de los compromisos asumidos por el Estado receptor. Hay en vigor un amplio deber de información mediante el que se proporciona al apelante o al abogado especial la información que obra en poder del Gobierno del Reino Unido que podría afectar adversamente a la posición del Gobierno o apoyar a la del apelante.

47.La Comisión Especial de apelaciones sobre inmigración examina cuatro aspectos que las garantías deben cumplir:

Las condiciones de las garantías deben ser tales que, si se cumplen, la persona expulsada no será objeto de malos tratos contrarios al artículo 3 del Convenio Europeo de Derechos Humanos.

Las garantías se deben otorgar de buena fe. La Comisión constatará si existen pruebas claras de una resuelta voluntad política de cumplir las garantías. También examinará, en algunos casos, si el gobierno del país receptor dispone de un control adecuado de sus organismos policiales y fuerzas de seguridad, a fin de asegurarse de que las garantías se pueden cumplir en todos los niveles.

Debe haber una base objetiva sólida para considerar que las garantías se cumplirán. La Comisión analizará las pruebas de que corresponde al interés del gobierno del país receptor respetar las garantías.

El cumplimiento de las garantías se debe poder verificar.

48.En el Reino Unido, una vez recurrido un asunto ante la Comisión Especial de apelaciones sobre inmigración, cada parte puede apelar el asunto ante el Tribunal de Apelación y, posteriormente, ante el Tribunal Supremo. Si el apelante agota todos los recursos de apelación de ámbito nacional, puede solicitar al Tribunal Europeo de Derechos Humanos que examine el asunto.

49.El artículo 54 de la Ley de inmigración, asilo y nacionalidad de 2006 tiene por objeto dejar en claro que la participación en actividades terroristas es contraria a los propósitos y principios de las Naciones Unidas a efectos del artículo 1 F c) de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados. En consecuencia, las disposiciones de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados no son aplicables en las expulsiones relacionadas con el terrorismo. Además, en el artículo 33, párrafo 2, de esa Convención se deniegan los beneficios de la prohibición de expulsión o devolución ("refoulement") cuando, por razones fundadas, se considere que la persona en cuestión representa una amenaza para la seguridad del país donde se encuentra.

50.No obstante, el Gobierno no expulsará a una persona si hay razones fundadas para creer que existe un riesgo real de que sea objeto de tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, o de que se le aplicará la pena de muerte. El Reino Unido es muy consciente de sus obligaciones en materia de derechos humanos y procura cumplirlas en todo momento.

51.Si una persona extranjera es sospechosa de participar en actividades terroristas y las circunstancias que concurren no permiten celebrar un juicio (por ejemplo, las pruebas necesarias podrían no ser admisibles por el tribunal, o, si se presentaran ante el tribunal, podrían comprometer o poner en peligro a la fuente de la información), o si, aunque esa persona haya cumplido condena por sus delitos, todavía representa una amenaza para la seguridad nacional, la expulsión es una de las posibles opciones a considerar.

52.El Reino Unido considera que la utilización de las garantías gubernamentales, en determinadas circunstancias, permite que una expulsión particular pueda efectuarse de forma compatible con sus obligaciones en materia de derechos humanos, en particular las que se derivan del artículo 3 de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, el artículo 7 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el artículo 3 del Convenio Europeo de Derechos Humanos.

53.El Reino Unido no entiende la referencia que realiza el Comité a "criterios mínimos", ya que los criterios aplicados son los que se han interpretado en la jurisprudencia, por ejemplo por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. En febrero de 2009 la Cámara de los Lores confirmó la validez de las garantías de gobierno a gobierno acordadas con Argelia y Jordania en su sentencia en los asuntos Othman (OO) y RB&U. La Cámara de los Lores entendió que el órgano de apelación competente (la Comisión Especial de apelaciones sobre inmigración) había aplicado los procedimientos jurídicos correctos para evaluar la idoneidad de las garantías acordadas con Argelia y Jordania, y que las conclusiones de la Comisión en relación con los hechos eran válidas. La Comisión analizó las garantías de manera rigurosa, y las sentencias básicas sobre ambos países (en las que se examinaban detenidamente las garantías) superaban las 100 páginas cada una. El Sr. Othman (OO), después de haber agotado todos los recursos de apelación de ámbito nacional, ha apelado ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

54.Las garantías de gobierno a gobierno pueden utilizarse en los casos de expulsión para garantizar la seguridad de una persona al volver a su país, en particular en el contexto de la seguridad nacional. El Gobierno considera que el criterio para evaluar si hay o no razones fundadas a fin de proceder a una expulsión depende de un análisis específico del conjunto de las pruebas de cada caso, y que las garantías deben evaluarse de la misma manera que cualquier otra prueba. El Gobierno no considera que un sistema de criterios mínimos podría o debería prevalecer sobre esta cuestión.

55.Se han negociado memorandos de entendimiento sobre la expulsión con garantías diplomáticas, que regulan el proceso de obtención de garantías, con Jordania, el Líbano, Libia y Etiopía (con los tres primeros países en 2005 y con el último en 2008). En julio de 2006, mediante un intercambio de cartas entre el entonces Primer Ministro, Sr. Blair, y el Presidente Bouteflika, se establecieron garantías independientes que se aplican con respecto a Argelia.

56.Además de haber puesto en marcha un proceso para obtener garantías de otros gobiernos en materia de derechos humanos, el Reino Unido ha adoptado medidas en todos los acuerdos en vigor para supervisar el trato recibido por cualquiera de las personas expulsadas y asegurar la observancia de las garantías acordadas. En algunos países, la supervisión estará a cargo de un organismo independiente designado a tal efecto, como el Centro Adaleh en Jordania y la Comisión de Derechos Humanos en Etiopía. En Argelia, el seguimiento se realiza por medio de la Embajada del Reino Unido.

57.Hasta la fecha, se ha expulsado a nueve argelinos en el marco de acuerdos de expulsión con garantías diplomáticas. No hay pruebas fidedignas de que hayan sufrido malos tratos. Se denunció que dos de esas personas habían sufrido malos tratos a su regreso a Argelia por parte de las autoridades. La Comisión Especial de apelaciones sobre inmigración solicitó al Gobierno del Reino Unido que investigara esa cuestión y, después de haber realizado una visita oficial a Argelia, se concluyó que las denuncias de malos tratos, que no habían sido presentadas por las supuestas víctimas, eran falsas.

58.Hay 13 recursos presentados ante tribunales del Reino Unido y un asunto planteado ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. El Gobierno no ha expulsado a nadie a Libia ni ha tenido ese propósito desde que, en 2008, los tribunales del Reino Unido rechazaran la validez del acuerdo marco concertado con el Gobierno de Libia. Dada la actual situación de ese país, el Reino Unido no tiene la intención de aplicar el memorando de entendimiento sobre la expulsión con garantías diplomáticas acordado con Libia en 2005.

59.A la hora de tomar una decisión sobre la expulsión, el Gobierno realiza una evaluación de la seguridad de la persona de que se trate a su regreso al país. Cualquier decisión de expulsión sigue siendo objeto de examen durante cualquier proceso de apelación, y la seguridad de esa persona a su regreso al país se examina nuevamente antes de proceder efectivamente a la expulsión. Aunque las circunstancias de los países pueden variar, ello no invalida el concepto de procurar garantías. Los actuales y futuros acuerdos sobre expulsiones con garantías diplomáticas, en particular los establecidos con los países afectados por los recientes acontecimientos en Oriente Medio, se revisan periódicamente, teniendo en cuenta la situación política.

60.En el denominado "Programa de Gobierno", publicado el 20 de mayo de 2010, figuraba el compromiso de procurar obtener garantías de más países, en el marco de un examen más amplio de la legislación de lucha contra el terrorismo. En ese examen, que se presentó en enero de 2011 y se basó en un informe independiente de Lord Macdonald de River Glaven, Consejero de la Reina, se concluyó que la política de expulsiones con garantías diplomáticas cumplía las leyes y no debilitaba el compromiso del Gobierno con sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos.

e) El recurso por el Estado Parte a una privación de libertad potencialmente indefinida, en virtud de la Ley de seguridad contra el terrorismo y la delincuencia de 2001, en relación con nacionales extranjeros sospechosos de participar en actos de terrorismo internacional y el régimen estricto aplicado en la prisión de Belmarsh.

61.En 2001 el Reino Unido suspendió el artículo 5 del Convenio Europeo de Derechos Humanos (Derecho a la libertad y a la seguridad) y el artículo 9 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, e incorporó las disposiciones de la parte IV de la Ley ATCS de 2001. Los poderes de la parte IV permitían la detención en espera de expulsión de los extranjeros, incluso si su expulsión no era posible en ese momento, si el Secretario de Estado consideraba razonablemente que la presencia de esa persona en el Reino Unido constituía un riesgo para la seguridad nacional y existían sospechas razonables de que esa persona estaba relacionada con el terrorismo internacional vinculado a Al-Qaida. En diciembre de 2004, la Cámara de los Lores anuló la orden de suspensión dictada en virtud de la Ley de derechos humanos de 1998 y concluyó que la parte IV era incompatible con los artículos 5 (Derecho a la libertad y a la seguridad) y 14 (Prohibición de discriminación) del Convenio Europeo de Derechos Humanos.

62.En respuesta a la decisión de la Cámara de los Lores en contra de la parte IV de la Ley ATCS, el Gobierno derogó la parte IV y la sustituyó por el sistema de órdenes de control de la Ley de prevención del terrorismo de 2005. La Ley de 2005 permite dictar órdenes de control contra cualquier persona sospechosa de participar en actividades terroristas, sea un ciudadano del Reino Unido o no, tanto si la actividad relacionada con el terrorismo se realiza en el ámbito internacional como en el nacional. Estas medidas se han utilizado para hacer frente al riesgo que entrañaba un pequeño número de sospechosos de terrorismo que el Gobierno no podía procesar ni expulsar.

63.El Gobierno informa trimestralmente al Parlamento sobre el ejercicio por el Secretario de Estado del Ministerio del Interior de las facultades que le confiere la Ley de 2005. La última declaración sobre las órdenes de control fue publicada el 17 de marzo de 2011, y correspondía al período que abarcaba hasta el 10 marzo de 2011. En ese momento había diez órdenes en vigor y 50 personas habían sido objeto de una orden de control (el número de órdenes de control dictadas en total es superior, ya que a algunas personas se les ha aplicado más de una orden de control).

64.Las órdenes de control imponen una o varias obligaciones a una persona con objeto de evitar, restringir o impedir su participación en actividades relacionadas con el terrorismo. Por ejemplo, se pueden adoptar medidas tales como la prohibición de utilizar equipos de comunicaciones o la restricción de la libertad de circulación de una persona. Las obligaciones específicas impuestas en virtud de una orden de control están en correspondencia con el riesgo que acarrea cada persona, y deben ser necesarias y proporcionadas en cada caso. El incumplimiento de cualquiera de las obligaciones impuestas por la orden de control sin un motivo razonable constituye un delito punible con una pena de prisión de hasta cinco años, una multa o ambas cosas.

65.Hay dos tipos de órdenes de control:

Las órdenes de control no restrictivas: permiten imponer condiciones que no equivalgan a la privación de libertad de conformidad con el artículo 5 del Convenio Europeo de Derechos Humanos;

Las órdenes de control restrictivas: permiten imponer condiciones que equivalen a la privación de libertad de conformidad con el artículo 5 del Convenio Europeo de Derechos Humanos.

66.Hasta la fecha no se ha aplicado ninguna orden de control que suspenda el artículo 5 del Convenio Europeo de Derechos Humanos. Solo se han impuesto órdenes de control no restrictivas.

67.Las órdenes de control están sujetas a una supervisión periódica y rigurosa. Hay en vigor una serie de salvaguardias cuyo propósito es proteger los derechos de la persona:

Las órdenes de control deben ser autorizadas por el Tribunal Superior de Justicia (en los casos urgentes, el Secretario del Interior podrá dictar una orden no restrictiva sin autorización, pero debe ser confirmada por el Tribunal Superior de Justicia en un plazo de siete días).

Las órdenes de control restrictivas son dictadas por el Tribunal Superior de Justicia, a solicitud del Secretario del Interior.

Examen obligatorio de cada orden de control por el Tribunal Superior de Justicia. El tribunal puede considerar el asunto en una sesión pública o a puerta cerrada, en función de la naturaleza y la confidencialidad de la información objeto de examen. En la medida de lo posible, las personas están representadas en audiencia pública por un abogado de su elección. En las sesiones a puerta cerrada se designan abogados especiales para representar los intereses de las personas. Con respecto a las órdenes de control no restrictivas, el tribunal debe estar de acuerdo con la opinión del Secretario del Interior de que existen sospechas razonables de que la persona participa o ha participado en actividades relacionadas con el terrorismo. En cuanto a las órdenes de control restrictivas, el tribunal debe estar convencido de que existe un mayor grado de probabilidad de que la persona participe o haya participado en actividades relacionadas con el terrorismo. En ambos casos, se ha de considerar que la orden de control es necesaria para proteger a la población de un riesgo de terrorismo. El juez también debe estar convencido de que cada obligación impuesta por la orden es necesaria y está en conformidad con el Convenio Europeo de Derechos Humanos, en particular con el artículo 8 (Derecho al respeto de la vida privada y familiar) y, únicamente en el caso de las órdenes de control no restrictivas, con el artículo 5 (Derecho a la libertad y a la seguridad). En ambos tipos de órdenes de control, el juez también se asegurará de que se protege el derecho de la persona a un proceso equitativo, de conformidad con el artículo 6. Si, en el caso de una orden de control no restrictiva, alguna de estas condiciones no se cumple, el juez puede anular la orden, una o varias de las obligaciones impuestas por la orden, o impartir directivas para revocar la orden o modificar alguna de las obligaciones que impone. En el caso de una orden de control restrictiva, si no se cumpliera alguna de estas condiciones, el juez puede revocar la orden (y, si lo considera conveniente, ordenar que esto se haga efectivo como si la orden hubiese sido anulada) o modificar las obligaciones impuestas por la orden (y, si la modificación elimina alguna obligación, puede, si lo considera conveniente, ordenar que esto se haga efectivo como si la obligación hubiera sido anulada).

El derecho a recurrir ante el Tribunal Superior de Justicia contra la decisión del Secretario del Interior de renovar una orden de control no restrictiva o de modificar una obligación impuesta por una orden de control no restrictiva sin el consentimiento de la persona afectada, y contra una decisión del Secretario del Interior de rechazar una solicitud de la persona afectada de revocar su orden o de modificar alguna obligación incluida en la orden.

El derecho a recurrir ante el Tribunal Superior de Justicia para pedir la revocación o la modificación de una orden de control restrictiva.

Las órdenes de control están sujetas a estrictas limitaciones temporales (12 meses como máximo en las órdenes de control no restrictivas y 6 meses como máximo en las órdenes de control restrictivas, aunque ambas pueden ser renovadas).

Revisión periódica (trimestral), oficial y auditada por parte de un grupo de examen establecido por el Ministerio del Interior (Grupo de examen de las órdenes de control), con representación de los organismos encargados de hacer cumplir la ley y de inteligencia, para garantizar que el mantenimiento de cada orden de control y sus obligaciones conexas sigue siendo necesario y proporcionado.

Tanto el Gobierno como las personas sujetas a órdenes de control tienen la posibilidad de solicitar al tribunal una orden de anonimato a fin de proteger la identidad de dicha persona. Asimismo, cualquiera de las partes puede pedir que la orden de anonimato sea revocada. Un pequeño número de personas que han sido objeto de órdenes de control han elegido este procedimiento.

68.También se realizan exámenes periódicos de la legislación en su conjunto:

Una personalidad independiente encargada de examinar la legislación en materia de terrorismo realiza un examen independiente anual sobre el funcionamiento de la Ley de 2005;

La legislación se renueva anualmente tras la celebración de un debate y una votación en ambas cámaras del Parlamento;

El Secretario del Interior debe informar al Parlamento cada tres meses sobre el ejercicio de sus facultades en ese período.

69.El Gobierno ha examinado las órdenes de control, en el marco de su examen de la lucha contra el terrorismo y las competencias en materia de seguridad, y los resultados de ese examen se presentaron el 26 de enero de 2011. En el examen se concluyó que seguía existiendo una amenaza grave de terrorismo, la más grave de todos los tiempos, y que no disminuiría en el futuro previsible; que era probable que continuara siendo necesario proteger al público de la amenaza que acarreaba un pequeño número de personas a las que no se podía procesar ni expulsar; pero que el actual sistema de órdenes de control no es todo lo eficaz que podría ser, y que se deberían adoptar disposiciones con el propósito de mitigar el riesgo y mejorar el ejercicio de las libertades civiles. Por lo tanto, el examen incluía el compromiso de derogar las órdenes de control y sustituirlas por un sistema menos restrictivo y más centrado en la prevención del terrorismo y las medidas de investigación. El proyecto de ley de prevención del terrorismo y medidas de investigación, que permitirá poner en práctica ese compromiso, se presentó ante la Cámara de los Comunes el 23 de mayo de 2011. Este proyecto de ley permitirá imponer medidas a los sospechosos de terrorismo que no se puedan procesar ni expulsar (en el caso de ciudadanos extranjeros), con el propósito de proteger al público. Se ampliarán las garantías de las libertades civiles de las personas sujetas a las medidas y se establecerán limitaciones claras a las restricciones que se podrán imponer en virtud de las medidas. El nuevo sistema se complementará con una mayor financiación de la policía y las fuerzas de seguridad a fin de mejorar su capacidad para llevar a cabo investigaciones encubiertas.

f) Las investigaciones realizadas por el Estado Parte sobre diversas muertes cometidas mediante recurso a medios letales y acaecidas entre la entrada en vigor de la Convención de 1988 y la Ley de derechos humanos de 2000, en relación con las cuales el Estado Parte no ha cumplido plenamente con sus obligaciones internacionales.

70.Generalmente los policías de Inglaterra y Gales no van armados. El uso de armas de fuego es un último recurso poco frecuente, que solo se considera cuando existe un riesgo grave para la seguridad pública o policial. Cuando es necesario que los policías utilicen armas de fuego, se considera crucial que estén debidamente equipados y entrenados para poder responder con eficacia a las situaciones graves que deben afrontar. La capacidad de la policía para utilizar armas de fuego se concentra en un número relativamente pequeño de funcionarios altamente capacitados.

71.En Inglaterra y Gales, la utilización de armas de fuego por los policías está estrictamente regulada por las directrices de la Asociación de Jefes de Policía, que se pueden consultar en el sitio web de la Asociación. Una vez autorizado a utilizar armas de fuego, es el funcionario el que debe asegurarse de que actúa de acuerdo con la ley. En virtud del artículo 3 de la Ley penal de 1967, el uso de la fuerza para evitar la delincuencia y aprehender a los delincuentes y, en general, a aquellos que incumplen la ley (tanto por la policía como por el público) deber ser "razonable" en todas las circunstancias. Le incumbe al tribunal decidir si el comportamiento de un policía ha sido o no razonable.

72.Los policías no están exentos del requisito general de que toda fuerza empleada debe ser proporcionada. La Comisión Independiente de Quejas contra la Policía investiga exhaustivamente y en profundidad todos los fallecimientos por disparos mortales realizados por policías en Inglaterra y Gales, y es totalmente independiente del Servicio de Policía.

73.La Comisión Independiente de Quejas contra la Policía ha publicado recientemente su informe anual sobre los fallecimientos sucedidos durante el contacto con la policía, que se puede consultar en http://www.ipcc.gov.uk/annual_report_2008_death_section.pdf. En 2007-2008, cinco personas fallecieron debido a disparos mortales efectuados por policías, en comparación con una persona en 2006-2007 y cinco en 2005-2006. En 2007-2008, dos de los disparos fueron realizados por policías armados de la policía de Kent, y tres personas recibieron disparos de policías del Servicio de Policía Metropolitana, dos de las cuales fallecieron en el transcurso del incidente.

74.En Inglaterra y Gales, en 2006-2007, la policía disparó armas de fuego convencionales en solo tres incidentes (en comparación con nueve incidentes el año anterior). Las cifras de los disparos de armas de fuego convencionales correspondientes a 2007-2008 aún no se han recopilado.

75.Con respecto a los fallecimientos en un contexto militar, todas las muertes ocurridas debido a la utilización de medios letales serán concienzudamente investigadas. El Ministerio de Defensa desconoce si entre 1988 y 2000 se produjeron ese tipo de muertes, ya que en ese período las investigaciones no cumplían las obligaciones internacionales.

g) Los informes sobre las condiciones insatisfactorias en las instalaciones de detención del Estado Parte, inclusive el número importante de muertes de personas detenidas, la violencia entre los presos, el hacinamiento, el continuo uso de instalaciones de saneamiento de vaciado manual y los informes sobre las inaceptables condiciones de las detenidas en la prisión de Hydebank Wood, inclusive la ausencia de instalaciones, políticas, guardias y asistencia médica que tengan en cuenta las cuestiones de género, en una prisión en la que los guardias varones constituyen el 80% del personal penitenciario y en donde se han dado casos de amenazas inaceptables y de incidentes que han afectado a presas.

Inglaterra y Gales

76.En julio de 2008, tras la publicación del documento Review of the forum for preventing deaths in custody; Report of the Independent Reviewer, el Ministerio de Justicia anunció la creación de un nuevo Consejo Ministerial sobre las muertes de personas detenidas. El Comité tiene tres niveles. El primero de ellos consiste en una Junta ministerial sobre las muertes de personas detenidas, cuya competencia abarca las muertes en todas las situaciones de detención (prisión, instalaciones autorizadas, policía, inmigración y personas detenidas en hospitales en virtud de la Ley sobre la salud mental). El segundo nivel consiste en un grupo asesor independiente, cuya función es prestar asesoramiento independiente y conocimientos especializados a la Junta ministerial. Este grupo ofrece orientación en materia de políticas y mejores prácticas a nivel intersectorial y formula recomendaciones a los ministros y responsables de los organismos principales. El tercer nivel del Consejo consiste en un grupo mucho más amplio, que representa a los profesionales y las partes interesadas y presta apoyo al grupo asesor independiente. El objetivo común de la Junta y el grupo asesor es lograr una reducción constante y sostenida del número y el porcentaje de muertes de personas en todas las situaciones de detención en Inglaterra y Gales.

77.El grupo asesor independiente desarrollará su labor sobre todo mediante grupos de trabajo, cada uno de ellos dirigido por un miembro del grupo asesor, y la evaluación preliminar de los grupos está bastante avanzada. A continuación se presentan a grandes rasgos las esferas concretas que los grupos están examinando:

Uso de la restricción física. Este grupo de trabajo realizará un examen del número de muertes de personas detenidas en las que el uso de la restricción física puede haber sido un factor determinante, así como la orientación que se utiliza al respecto en las distintas situaciones de privación de libertad. También considerará si sería práctico establecer orientaciones intersectoriales sobre los principios del recurso a la restricción física.

Aprendizaje intersectorial. Este grupo identificará la manera en que los distintos sectores adquieren y comparten las enseñanzas extraídas en relación con las muertes y situaciones cercanas a la muerte de personas detenidas, y la forma en que esas enseñanzas se utilizan como fundamento de las políticas y en la formación, así como en el intercambio de información con el personal operativo y en la comunicación con las familias de los difuntos. También se pondrán en contacto con los órganos pertinentes encargados de la investigación y la regulación para analizar las posibilidades de difusión de las primeras enseñanzas extraídas de su labor.

Flujo de información en el sistema de justicia penal. Este grupo examinará la manera en que la información sobre las necesidades de las personas en materia de salud y su riesgo de cometer suicidio o autolesionarse podría compartirse más eficazmente al circular por el sistema de justicia penal.

Muertes de pacientes detenidos en virtud de la Ley sobre la salud mental. Este grupo realizará una evaluación preliminar para identificar las prioridades fundamentales de la labor del grupo asesor independiente en relación con las muertes de personas detenidas en virtud de la Ley sobre la salud mental, que se llevará a cabo en el programa de trabajo a largo plazo.

Investigaciones de compatibilidad con el artículo 2. Este grupo de trabajo se basará en la labor realizada por el Foro para prevenir los fallecimientos en prisión, que examinó si las disposiciones actuales para investigar las muertes de personas detenidas están en conformidad con el artículo 2 del Convenio Europeo de Derechos Humanos.

Riesgos relacionados con el traslado y la escolta de los detenidos. Este grupo analizará los riesgos específicos en relación con el traslado y la escolta de los detenidos, así como la capacitación impartida al personal de escolta. Un aspecto fundamental será el examen del registro de personas escoltadas, a fin de aprender lo más posible sobre el procedimiento y sobre la manera de aprovechar al máximo sus ventajas.

Consultas con los reclusos

78.El Servicio Nacional de Tratamiento de los Delincuentes alienta a los reclusos a asumir la responsabilidad de sus acciones y a ayudarse a sí mismos y a sus compañeros de prisión. Existen comités representativos en muchas instituciones que suelen ser un medio eficaz para comunicarse con los reclusos y conocer su opinión.

79.Los comités de reclusos son grupos exclusivamente locales cuyo propósito es contribuir a que los reclusos participen en los asuntos locales, y no requieren ni reciben financiación. Los directores y los controladores deciden de acuerdo con su criterio el margen de actuación que se permite a las asociaciones de reclusos en sus instalaciones. Para ello deben tener en cuenta las condiciones locales y las posibles repercusiones para que el mantenimiento del orden y la disciplina sean adecuados.

80.Se ha publicado la Orden del Servicio Penitenciario 35/2011, Participación de los reclusos en las consultas públicas, con el propósito de que, cuando se realice una consulta pública sobre asuntos que afecten directamente a los derechos, la salud o los intereses de los reclusos de forma distinta que a la opinión pública en general, se asegure que sean conscientes de ello y puedan contestar si lo desean.

Irlanda del Norte

81.En Irlanda del Norte se designó en mayo de 2005 un Ombudsman para Reclusos. En septiembre de 2005, se ampliaron sus atribuciones a fin de que pudiera investigar e informar sobre las circunstancias y los hechos relacionados con las muertes de personas detenidas. Esta investigación es independiente a cualquier otra investigación realizada por la policía o el Coroner.

82.Desde abril de 2004, se ha registrado un aumento constante de la población reclusa en Irlanda del Norte hasta alcanzar la cantidad máxima de 1.711 personas el 3 de junio de 2011. En el siguiente cuadro figura el número de población reclusa entre 2000 y junio de 2011.

Año	Población reclusa máxima
2000	1 185
2001	953
2002	1 085
2003	1 228
2004	1 335
2005	1 394
2006	1 507
2007	1 518
2008	1 594
2009	1 542
2010	1 551
2011	1 711

83.Las actuales instituciones penitenciarias de Irlanda del Norte están compuestas por tres prisiones, junto con una unidad independiente de evaluación de reclusos, una escuela de capacitación y una comisaría. Todas estas instalaciones alojan actualmente una población reclusa para la que no fueron diseñadas. Por lo tanto, en todas ellas se ha tenido que alojar una diversidad de categorías de presos con un elevado nivel de complejidad, sobre todo en Maghaberry.

84.Desde junio de 2004, las reclusas que anteriormente se alojaban en Mourne House, Maghaberry, se trasladaron a Ash House, en el complejo del Centro para menores infractores de Hydebank Wood.

85.Se ha completado un estudio conciso de viabilidad sobre la sustitución de la prisión de Magilligan. Sin embargo, en el informe provisional del Equipo de examen de las prisiones, publicado a principios del presente año, se observaba que en los planes de la prisión destinada a los varones adultos no se partía de la rehabilitación como objetivo central, ya que no se proponían ideas o enfoques nuevos, ni se posibilitaba el debate sobre el régimen abierto o semiabierto o el alojamiento con asistencia o subvencionado. El Equipo de examen de las prisiones propuso que los planes para las instalaciones penitenciarias, incluidas las destinadas a las mujeres y los jóvenes infractores, debían volverse a analizar y examinar para que reflejaran las circunstancias actuales, en un contexto económico que había cambiado significativamente. El Director General se ha comprometido a presentar a mediados de agosto una evaluación de los posibles costos que actualizará la estrategia de las instituciones penitenciarias, sobre la base de una evaluación y revisión de las posibles tendencias de la población en los próximos 10 años. Ese análisis ayudará a determinar el grado de adecuación y la pertinencia de los elementos principales del estudio conciso de viabilidad, y si este se ajusta a la nueva perspectiva de los servicios penitenciarios. También se volverá a examinar la situación con respecto a una instalación destinada a las mujeres, teniendo en cuenta las opiniones del Equipo de examen.

Uso de instalaciones de saneamiento de vaciado manual

86.El Servicio Penitenciario de Irlanda del Norte ha adoptado medidas para facilitar un mejor acceso a los aseos en Hydebank Wood y Magilligan. En Magilligan hay un sistema de cerrojo electrónico para los reclusos que se alojan en los edificios que no tienen servicio sanitario en la celda. Este sistema ha proporcionado una nueva forma de gestionar el acceso a los servicios sanitarios. Cuando ingresan, se enseña a los reclusos a manejar el sistema de cerrojo electrónico y, si es necesario, a usar la zona de lavado. El funcionamiento de este sistema se controla diariamente y se atienden con urgencia todos los fallos. El sistema de cerrojo solo funciona en los tres edificios residenciales del bloque H de Magilligan, donde, a pesar del aumento de la población reclusa, el Servicio Penitenciario de Irlanda del Norte aplica una política para evitar que se compartan las celdas. (En una de las alas de uno de los bloques H se han instalado nuevas puertas en las celdas y los reclusos, de acuerdo con la evaluación del riesgo, tienen sus propias llaves).

87.Además, en octubre de 2008, se abrió en Magilligan una dependencia con 60 celdas, Halward Hose, y, a principios de 2010, otra de 120 celdas, Braid House, en Maghaberry. En 2010 se aprobó el estudio final de viabilidad para abrir otra dependencia con 120 celdas en Maghaberry. Actualmente se está construyendo, y en el verano de 2012 estará disponible. Todas estas dependencias cuentan con servicios sanitarios completos dentro de las celdas.

88.En Hydebank Wood se dispone de servicios sanitarios dentro de las celdas en todas las dependencias.

Condiciones de las mujeres detenidas en la prisión de Hydebank Wood

89.El Comité ha planteado una preocupación concreta en relación con las mujeres detenidas en Hydebank Wood, en particular cuestiones que hacen referencia a "la ausencia de instalaciones, políticas, guardias y asistencia médica que tengan en cuenta las cuestiones de género", la supuesta proporción excesiva de funcionarios varones entre el personal de Ash House, y los "casos de amenazas inaceptables y de incidentes que han afectado a presas".

90.En 2010-2011, se encarceló a 384 mujeres en Irlanda del Norte (a algunas en más de una ocasión). En Irlanda del Norte, las reclusas se alojan en la Ash House de la prisión de Hydebank Wood. Inicialmente, esta era una dependencia del Centro para menores infractores varones, pero en junio de 2004 fue reasignada, cuando se trasladaron las reclusas de la Mourne House de Maghaberry. Aunque las reclusas se alojan en dependencias residenciales separadas, deben compartir un número reducido de servicios e instalaciones.

91.El 3 de junio de 2010 había 45 reclusas en Ash House. Actualmente, el 71% del personal asignado a Ash House son mujeres, y las reclusas tienen acceso al personal femenino en todo momento. En los últimos seis años, ha habido una directora que ha estado a cargo de las reclusas de Ash House.

92.En la actualidad, Ash House cuenta con cinco módulos, incluido Ash 5, que se abrió en abril de 2007. Ash 5 tiene capacidad para alojar a 10 reclusas y proporciona unas condiciones de vida más independientes a aquellas reclusas que cumplen los criterios necesarios y cuya evaluación del riesgo ha sido satisfactoria. Ash House puede albergar a un máximo de 74 reclusos. Dispone de dos salas para madres y bebés, así como de dos celdas adaptadas para mujeres con discapacidad, que son más grandes que las celdas ordinarias. Todas las celdas cuentan con servicios de saneamiento completos.

93.En marzo de 2007, el Gobierno publicó un informe sobre la vulnerabilidad de la mujer en el sistema de justicia penal en Inglaterra y Gales, preparado por la Baronesa Corston. Reconociendo que muchas de las conclusiones y recomendaciones formuladas por la Baronesa Corston afectan en gran medida a Irlanda del Norte, el sector de la justicia penal ha estado examinando mecanismos para adoptar un enfoque más integrado en relación con el tratamiento de las mujeres infractoras en Irlanda del Norte.

94.En los últimos años, el Servicio Penitenciario de Irlanda del Norte ha examinado las posibilidades de proporcionar alojamientos y servicios diseñados especialmente para las reclusas. En el estudio inicial se indicaba la posibilidad de utilizar terrenos correspondientes a Hydebank Wood (con sujeción a la aprobación de la planificación) para ubicar la instalación. Se ha preparado un estudio conciso de viabilidad de carácter estratégico, pero, de acuerdo con las conclusiones del informe preliminar del Equipo de examen de las prisiones, publicado a principios de este año, el Servicio Penitenciario está volviendo a examinar la idoneidad de la Estrategia de instalaciones penitenciarias, que es más amplia e incluye las instalaciones destinadas a las reclusas y los menores infractores. El Servicio Penitenciario se ha comprometido a presentar, a mediados de agosto, una evaluación de los posibles costos que actualizaría la Estrategia de instalaciones penitenciarias. Las nuevas disposiciones incorporarán las recomendaciones formuladas en el informe preliminar, así como cualquier otra recomendación que el Equipo de examen de las prisiones formule en su informe final.

95.Estratégicamente, el Servicio Penitenciario de Irlanda del Norte ha colaborado con el Departamento de Justicia y la Junta de Libertad Condicional de Irlanda del Norte para elaborar una estrategia integral de tratamiento de las mujeres infractoras. El Departamento de Justicia, la Junta de Libertad Condicional de Irlanda del Norte y el Servicio Penitenciario de Irlanda del Norte ponen en práctica conjuntamente la Estrategia sobre el comportamiento de las mujeres infractoras, que abarca el período 2010-2013. El enfoque de la estrategia se basa en que el sistema de justicia penal reconozca y atienda a las necesidades particulares de las mujeres infractoras, así como de las que corren el riesgo de delinquir, y que ponga en práctica mecanismos eficaces para que se aparten de la delincuencia. La estrategia aborda los siguientes cuatro aspectos:

Proporcionar alternativas al procesamiento y la detención;

Reducir la delincuencia;

Aplicar el proyecto Inspire Women's: supervisión e intervenciones en la comunidad destinadas específicamente a las mujeres; y

Elaborar un enfoque específico de género para el tratamiento de las mujeres detenidas.

96.La estrategia se basa en la colaboración ya existente entre los organismos de justicia penal y otras instituciones oficiales, comunitarias y de voluntariado, con el propósito de prestar servicios y llevar a cabo intervenciones destinados a las mujeres de una manera integrada y coordinada. El objetivo es atender más eficazmente las necesidades de las mujeres infractoras, que a menudo son complejas, y apoyar un enfoque mejorado del tratamiento de las mujeres en Irlanda del Norte, tanto en la comunidad como en el sistema penitenciario.

97.Además de atender a las necesidades de alojamiento de las reclusas, el Servicio Penitenciario ha elaborado normas específicas de género (publicadas en noviembre de 2010) y orientaciones para el tratamiento de las reclusas, así como una serie de políticas y procedimientos para mejorar el régimen de las mujeres.

98.Entre los logros alcanzados hasta la fecha figura el desarrollo de nuevos procedimientos de tratamiento de los delincuentes (como se dispone en la Orden de Justicia Penal (Irlanda del Norte) de 2008), que establecen un enfoque multidisciplinar para atender las necesidades de las mujeres infractoras. Actualmente, las reclusas cuentan con los servicios que presta un grupo multidisciplinario de tratamiento del delincuente establecido en Hydebank Wood. Este grupo se ocupa particularmente de las cuestiones fundamentales, derivando a las reclusas a otras entidades para que obtengan apoyo con respecto a cuestiones tales como el comportamiento de los delincuentes, las adicciones, el aprendizaje y las habilidades, el empleo y las relaciones familiares. Además, ayuda a las mujeres a prepararse para su puesta en libertad, con inclusión de los casos de libertad condicional o de las que están bajo la supervisión de un Comisionado de libertad provisional. El grupo de tratamiento del delincuente designa auxiliares de causas y condenas, que examinan los acuerdos de puesta en libertad y los planes de supervisión con personal de la comunidad. En la etapa pertinente de la detención, los auxiliares de causas y condenas también preparan a todas las mujeres que reúnen las condiciones para su puesta en libertad, a fin de apoyar su rehabilitación y evaluar su grado de preparación para reintegrarse en la comunidad.

99.También se han conseguido avances fundamentales con respecto a las relaciones familiares. El Servicio Penitenciario de Irlanda del Norte ha colaborado con Barnardo's para elaborar una estrategia familiar integral, cuyos elementos fundamentales incluyen ofrecer información, asesoramiento y apoyo a las familias, así como prestar asistencia para las visitas, lo que incluye las disposiciones sobre visitas familiares y los programas relativos a la familia. Entre las nuevas iniciativas figura el establecimiento de un grupo de apoyo a las familias, que se reúne mensualmente y en el que participan el director de la prisión, el responsable de las visitas y familiares de los reclusos. Esto permite que las familias planteen sus preocupaciones y recoger sus opiniones con respecto a sus visitas a la prisión. Los familiares también pueden formular sugerencias de mejoras en distintas esferas. El propósito es que la estrategia familiar se desarrolle en la medida en que se pongan en práctica nuevas iniciativas y se avance mediante una labor coordinada entre distintos organismos, entre los que figuran Barnardo's, NIACRO, el Quaker Service y el Servicio Penitenciario de Irlanda del Norte.

100.La mejora en cuanto a las visitas es un ejemplo significativo de los logros alcanzados, y cabe destacar la introducción, en diciembre de 2009, del régimen de visitas prolongadas para madres e hijos en Ash House. Este régimen permite a las madres tener visitas de sus hijos de hasta seis horas de duración, sin supervisión, en un espacio seguro y protegido contiguo a Ash House. Estas instalaciones intentan parecerse a un entorno confortable, doméstico y residencial, y están diseñadas para que las reclusas puedan continuar desarrollando y manteniendo las relaciones con sus hijos. Las visitas tienen por objeto dar a las madres la oportunidad de participar con sus hijos en actividades positivas y relacionarse con ellos de una manera que no es posible en las visitas ordinarias.

101.Entre otros avances figuran los siguientes:

La puesta en práctica de un programa escalonado de formación en cuestiones de género destinado al personal que se ocupa de las reclusas;

El establecimiento de nuevos procedimientos de registro menos restrictivos para las reclusas;

La inclusión de las mujeres infractoras como categoría separada del Modelo de vías de rehabilitación, con dos nuevas vías que son particularmente importantes en el caso de las mujeres (el apoyo a aquellas mujeres que hayan sido víctimas de malos tratos, violaciones o violencia doméstica (Vía 8) y el apoyo a las mujeres que hayan participado en la prostitución (Vía 9)), lo que proporciona el marco estratégico para avanzar en estas esferas;

La introducción de una iniciativa para la rehabilitación directamente vinculada con un nuevo proyecto de libertad condicional dirigido por mujeres de la comunidad, que asegura la continuidad del apoyo a las mujeres puestas en libertad, permitiéndoles salir en libertad con vínculos de apoyo en la comunidad y relaciones ya establecidas que las ayuden a mantener esos vínculos positivos; y

La puesta en marcha de iniciativas adaptadas a las reclusas en materia de aprendizaje y adquisición de habilidades, de empleo, y de endeudamiento y gestión del dinero.

102.En estrecha colaboración con el personal y las reclusas, se están elaborando otras iniciativas, orientaciones y procedimientos de género para Ash House.

103.En febrero de 2009, se completó la remodelación del centro de salud, que ha permitido disponer de instalaciones adaptadas a las reclusas. Desde el traspaso de la responsabilidad principal de la asistencia sanitaria de los reclusos al Departamento de Salud, Servicios Sociales y Servicios Públicos, en abril de 2008, el Fondo de Atención Social y de Salud Sudoriental, en colaboración con el Servicio Penitenciario de Irlanda del Norte, ha elaborado una Estrategia de sanidad penitenciaria integrada para el período 2009‑2014. El objetivo de la estrategia es establecer un mecanismo eficaz para atender las necesidades de los reclusos en materia de salud, con inclusión de servicios específicos para las mujeres e intervenciones destinadas a atender las necesidades de las reclusas. La Estrategia de sanidad penitenciaria aborda cuestiones tales como las necesidades de las reclusas en materia de salud mental y la realización de intervenciones apropiadas en relación con la salud mental, los trastornos de la personalidad, las adicciones y la promoción de la salud y el bienestar de las mujeres, en las que participan diversos organismos.

h) Los informes sobre casos de intimidación a los que han seguido autolesiones y suicidios, acaecidos en las fuerzas armadas, y la necesidad de realizar una investigación plena y transparente de estos incidentes y de adoptar medidas preventivas adecuadas.

104.La cuestión de una investigación pública y exhaustiva de los casos de intimidación fue examinada cuidadosamente por Nicholas Blake, Consejero de la Reina, en su examen de las muertes de reclutas en Princess Royal Barracks, Deepcut. En ese examen no se hallaron pruebas de connivencia, encubrimiento, incumplimiento del deber legal de diligencia o cualquier otra insuficiencia para prever o evitar la muerte de ninguna persona, por lo que se concluyó que no era necesario realizar una investigación pública. En opinión del Sr. Blake y del Gobierno, dadas las amplias investigaciones que se han llevado a cabo, la realización de una investigación pública no tendría ningún interés público o de servicio. El propósito de una investigación pública no es solamente refutar las noticias publicadas en la prensa que suscitan preocupaciones en relación con el acoso o las conductas abusivas. Estos asuntos deben, en primer lugar, ser objeto de una investigación y resolución adecuadas por medio de los procedimientos disponibles, ya sean de carácter penal, civil o disciplinario.

105.En las Fuerzas Armadas se otorga mucha importancia al deber de diligencia. El bienestar del personal sigue siendo una cuestión esencial en el marco de los valores y las normas fundamentales de las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas desean que todo el personal militar viva y trabaje en un ambiente libre de acoso, intimidación o discriminación. La intimidación y el acoso son cuestiones que se tratan con suma gravedad en las Fuerzas Armadas y se reconoce que tienen un efecto muy perjudicial en la cohesión del equipo. Las Fuerzas Armadas no niegan que en su seno se den problemas como el de la intimidación, al igual que sucede en la sociedad en general. Se ha dejado muy claro a todos los reclutas y soldados bisoños que en las Fuerzas Armadas no se tolera ninguna forma de intimidación o acoso. En la formación se deja claro que cualquier sospecha de intimidación debe ser tratada inmediatamente. Se hace consciente a todo el personal militar de que, si se es víctima de intimidación o acoso, se puede presentar una queja, ya sea por medio de la cadena de mando o al Comisionado de quejas independiente. Todas las quejas se tratan con suma seriedad. Si se denuncian delitos graves, es importante que se investiguen debidamente. Si se constata que alguna persona ha actuado incorrectamente, se adoptan las medidas pertinentes.

106.Tras la presentación de varios informes sobre la capacitación inicial, las Fuerzas Armadas han desplegado enormes esfuerzos para mejorar el entorno de la capacitación, reducir los riesgos de los soldados bisoños, y mejorar la atención y el bienestar social que se presta a las personas. La capacitación del personal de instrucción ha mejorado, de manera que puedan comprender mejor las necesidades actuales de los jóvenes. Se indica a todos los soldados bisoños a quién pueden acudir para pedir ayuda o consejo, y se han tomado medidas para examinar la atención de supervisión prestada. Las Fuerzas Armadas se han comprometido a mantener los avances ya alcanzados y a continuar los esfuerzos en aquellas esferas donde el desempeño se puede mejorar. Las Fuerzas Armadas no se basan únicamente en las evaluaciones internas de los progresos realizados hasta la fecha, y la Oficina de Normas Pedagógicas (OFSTED) está realizando una ronda de inspecciones para formular observaciones sobre el bienestar y la atención que se presta a los reclutas y los soldados bisoños.

i) Las alegaciones y quejas contra el personal de inmigración, inclusive las denuncias del uso excesivo de fuerza en la expulsión de personas que han visto denegada su solicitud de asilo.

107.Las personas que intentan permanecer en el Reino Unido sin ningún fundamento jurídico para ello, a veces se oponen físicamente al derecho de las autoridades de hacer cumplir la ley. En esas circunstancias, los escoltas pueden tener que forzar su expulsión y, lamentablemente, en ocasiones esto puede implicar el uso de medidas de coerción. Existen salvaguardias para garantizar que no se utilice una fuerza excesiva y procedimientos para tramitar las acusaciones de uso excesivo de la fuerza o agresiones.

108.Si un detenido alega haber sido objeto de agresiones por el principal contratista de escoltas u otros escoltas contratados por la Dirección de Fronteras del Reino Unido, la denuncia se remitirá a la Dependencia de Normas Profesionales de la Dirección de Fronteras del Reino Unido para que realice una investigación. Al inicio de cualquier investigación, las denuncias de carácter penal se remiten automáticamente a la policía para que efectúe su propia investigación paralela y, cuando hay pruebas, la policía puede iniciar un proceso judicial. Cuando se haya completado la investigación de la Dependencia de Normas Profesionales, se comunica la respuesta oficial al detenido, que incluirá información sobre la forma de ejercer su derecho a recurrir ante el Ombudsman de Prisiones y de Libertad Provisional si no está satisfecho con el resultado.

109.Los tribunales han aceptado que el Ombudsman de Prisiones y de Libertad Provisional es, en principio, suficientemente independiente para llevar a cabo una investigación de conformidad con los artículos 2 y 3 del Convenio Europeo de Derechos Humanos. En el mandato de este Ombudsman se deja claro que, aunque cuenta con el auspicio y la financiación del Ministerio de Justicia, es totalmente independiente con respecto a sus funciones de investigación. El mecanismo para investigar las denuncias también está sujeto a la supervisión de la Comisión de Auditoría de Denuncias.

110.Cuando un detenido alega que ha sufrido agresiones por parte de escoltas contratados por una compañía aérea, y no por la Dirección de Fronteras del Reino Unido, corresponderá a la compañía aérea investigar la denuncia, y no a la Dependencia de Normas Profesionales. Si se trata de escoltas empleados por el principal contratista de escoltas de la Dirección de Fronteras del Reino Unido, la empresa llevará a cabo su propia investigación interna.

111.El desempeño del principal contratista de escoltas está constantemente supervisado por el supervisor de contratos de escolta, que es un funcionario de la Corona. En todas las denuncias de agresiones, el supervisor de contratos de escolta tendrá en cuenta si la acusación es tal que resulta conveniente suspender la certificación del escolta o los escoltas de que se trate. El supervisor de contratos también conoce los informes de la investigación de la Dependencia de Normas Profesionales y tiene en cuenta sus conclusiones. De manera más general, el Inspector Jefe de Prisiones de Su Majestad tiene una función reglamentaria con respecto a la inspección de las escoltas de los detenidos en virtud del artículo 5A (5A) de la Ley de prisiones de 1952. Además, en el aeropuerto de Heathrow se ha establecido una junta de supervisión independiente para vigilar las condiciones de los detenidos en las salas de detención y en su escolta hasta el embarque.

Recomendaciones

a) [Que el Estado Parte] adopte, a la luz del dictamen del Comité, las medidas apropiadas para garantizar, explícitamente si fuera necesario, que cualquier eximente que pueda invocarse contra un cargo presentado de conformidad con el párrafo 1) del artículo 134 de la Ley de justicia penal sea compatible con los requisitos de la Convención.

112.Como se indica en el párrafo 28, el Gobierno del Reino Unido sigue considerando que el artículo 134 de la Ley de justicia penal es compatible con las obligaciones del Reino Unido derivadas de la firma y ratificación de la Convención. No obstante, el Gobierno examinará nuevamente su postura sobre la base de las conclusiones de la investigación a cargo de Sir Peter Gibson (mencionada en el párrafo 18 supra).

b) [Que el Estado Parte] revise, a la luz de su experiencia desde que ratificó la Convención y de la doctrina jurídica del Comité, su legislación y el common law para garantizar que son plenamente coherentes con las obligaciones que emanan de la Convención; para mayor claridad y facilidad de acceso, el Estado Parte debería agrupar y publicar las disposiciones jurídicas pertinentes.

113.El Gobierno considera que la legislación sobre la tortura que figura en el artículo 134 de la Ley de justicia penal es compatible con las obligaciones derivadas de la Convención. El Gobierno no está convencido de la necesidad de agrupar las disposiciones pertinentes del common law y el derecho legislado a este respecto. No obstante, si es necesario, examinará nuevamente su postura sobre la base de las conclusiones de la investigación a cargo de Sir Peter Gibson.

c) [Que el Estado Parte] vuelva a examinar su mecanismo de extradición en lo que respecta a las competencias que se otorgan al Ministro del Interior para decidir sobre cuestiones tales como el estado de salud que permite el procesamiento, cuestión que sería más conveniente dejar al arbitrio de los tribunales.

114.De acuerdo con la legislación en materia de extradición del Reino Unido, corresponde al juez decidir si la extradición de una persona sería compatible con los derechos de la persona en virtud del Convenio Europeo de Derechos Humanos (artículos 21 y 87 de la Ley de extradición de 2003).

115.Por lo tanto, son los tribunales los que evalúan el estado de salud de una persona antes de proceder a la extradición; este asunto no corresponde al Secretario de Estado. (La cuestión que debe decidir el tribunal es si una persona está en condiciones para que se efectúe la extradición, y no su aptitud para ser juzgada.)

116.Si el juez considera que la situación física o mental de una persona es tal que sería injusto u opresivo extraditarla, debe ordenar su puesta en libertad o aplazar la audiencia de extradición hasta el momento en que considere que ya no sería injusto u opresivo proceder a su extradición (si la solicitud corresponde a la parte 1 o a la parte 2 de la ley). Son aplicables los artículos 25 y 91 de la Ley de extradición 2003.

d) [Que el Estado Parte] refleje adecuadamente de manera oficial, por ejemplo mediante incorporación legislativa o compromiso ante el Parlamento, la intención del Gobierno expresada por la delegación de no asumir o presentar ninguna prueba procesal cuando se sepa o se crea que ha sido obtenida mediante tortura; el Estado Parte debería también proporcionar los medios para que una persona pueda recurrir en cualquier proceso la legalidad de una prueba de la que se pueda sospechar que ha sido obtenida mediante tortura.

117.En el asunto de A c. el Secretario de Estado del Ministerio del Interior (Nº 2) [2005], la Cámara de los Lores dejó en claro que las pruebas obtenidas mediante tortura son inadmisibles en los procedimientos judiciales. Además de este fallo dictado por el máximo tribunal del Reino Unido, existen disposiciones legales al respecto. A efectos de las actuaciones penales en Inglaterra y Gales, en el artículo 76 de la Ley PACE se establece que un tribunal no permitirá que se utilice una confesión como prueba contra un acusado si el fiscal no ha probado más allá de toda duda razonable que no fue obtenida por coacción o como consecuencia de cualquier dicho o hecho que la pudiera convertir en poco fiable. En el artículo 76, párrafo 8, de la Ley PACE se deja en claro que la "coacción" incluye la tortura. Con arreglo al artículo 78 de la Ley PACE, un tribunal puede negarse a admitir pruebas en las que la fiscalía pretende basarse debido al efecto que esa admisión podría tener en la equidad de las actuaciones. Esta exclusión se aplicaría claramente a las pruebas obtenidas mediante tortura. En Escocia e Irlanda del Norte existen disposiciones análogas.

e) [Que el Estado Parte] aplique los artículos 2 y 3, según resulte apropiado, en lo que respecta a los traslados de un detenido bajo la custodia del Estado Parte a la custodia, ya sea de facto o de jure, de cualquier otro Estado.

118.De acuerdo con la legislación en materia de extradición del Reino Unido (artículos 21 y 87 de la Ley de extradición de 2003), corresponde a los tribunales decidir si la extradición de una persona sería compatible con los derechos de la persona en virtud del Convenio Europeo de Derechos Humanos. El Reino Unido considera que cumple sus obligaciones en lo que respecta a los artículos 2 y 3 de la Convención contra la Tortura en virtud de la incorporación del Convenio Europeo de Derechos Humanos en el derecho interno, incluido el derecho en materia de inmigración, en particular en la Ley de justicia penal de 1988.

119.El Reino Unido no considera que la Convención contra la Tortura se aplique extraterritorialmente. El Gobierno no puede proceder a la "expulsión", "devolución" o "extradición" de una persona de un territorio distinto del territorio del Reino Unido. El Gobierno no considera que los términos "expulsión", "devolución" o "extradición" sean aplicables a las operaciones militares en el extranjero y las actividades conexas. La tortura está prohibida en la legislación sobre las fuerzas armadas del Reino Unido, y es punible con la misma pena que se aplicaría en virtud del derecho penal del Reino Unido. Las fuerzas armadas del Reino Unido están sujetas en todo momento a la legislación sobre las fuerzas armadas del Reino Unido, independientemente del lugar del mundo en el que se encuentren.

120.Las fuerzas armadas del Reino Unido operan bajo los auspicios de la Fuerza Internacional de Asistencia para la Seguridad de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), cuyo mandato se deriva de la resolución 1386 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, de 20 de diciembre 2001, que autoriza "a que adopten todas las medidas necesarias para cumplir su mandato". El mandato de la Fuerza Internacional fue renovado recientemente mediante la resolución 1943 del Consejo de Seguridad, de 13 de octubre de 2010. Las fuerzas armadas del Reino Unido ponen en libertad a las personas que no se considera que sean una amenaza para la seguridad después del primer interrogatorio.

121.El Reino Unido ya no se realiza detenciones en el Iraq. En el Afganistán, las fuerzas armadas del Reino Unido solo traspasan detenidos al Gobierno del Afganistán. Al hacerlo, el Reino Unido tiene muy en cuenta sus obligaciones en materia de derechos humanos. De conformidad con las disposiciones del memorando de entendimiento con el Gobierno del Afganistán (acordado en abril de 2006), se aplica un régimen de vigilancia que permite que el personal del Reino Unido visite a los detenidos custodiados por el Gobierno del Afganistán. El Reino Unido también ha obtenido compromisos explícitos de que el Gobierno del Afganistán permitirá la supervisión de organizaciones de derechos humanos, como el Comité Internacional de la Cruz Roja y la Comisión Independiente de Derechos Humanos del Afganistán.

f) [Que el Estado Parte] haga público el resultado de todas las investigaciones sobre la supuesta conducta de sus fuerzas en el Iraq y el Afganistán, especialmente las que revelan actos que pueden infringir la Convención, y, cuando corresponda, realice un examen independiente de las conclusiones.

122.Cuando las denuncias se hacen en forma de recursos jurídicos, la información se pone a disposición de los demandantes, sus abogados y los tribunales.

123.Al examinar la posibilidad de hacer pública esta información, el Gobierno tiene que sopesar la importancia de verificar la responsabilidad de las Fuerzas Armadas con la de respetar los derechos de los posibles imputados en procesos penales y la de proteger los derechos de las personas contra las cuales se presenten acusaciones infundadas.

124.Si se inicia un procedimiento disciplinario, se enjuicia a las personas mediante un consejo de guerra. El procedimiento del consejo de guerra es bastante similar al del Tribunal de la Corona, y sus sesiones son abiertas al público.

125.Además de la investigación sobre el asunto de Baha Mousa, el ex Secretario de Estado de Defensa anunció, el 2 de octubre de 2009, la realización de una investigación pública sobre las acusaciones de ejecuciones extrajudiciales y maltrato de ciudadanos iraquíes por militares del Reino Unido en el sur del Iraq en 2004. Se ha establecido la denominada Comisión de investigación Al Sweady, de conformidad con la Ley de investigaciones de 2005, que está presidida por Sir Thayne Forbes, un antiguo juez del Tribunal Superior de Justicia, y está investigando las acusaciones que previamente habían sido objeto de dos investigaciones realizadas por la Real Policía Militar y de procesos de examen judicial. El Ministerio de Defensa y el Ejército continuarán colaborando plenamente con la investigación; no obstante, no se puede formular más observaciones sobre cuestiones sobre las que la Comisión de investigación deseará formular sus propias conclusiones.

g) [Que el Estado Parte] vuelva a examinar sus procedimientos de examen con miras a reforzar la evaluación periódica independiente de la continuada justificación, tanto en la Ley de seguridad contra el terrorismo y la delincuencia de 2001, como en la Ley contra el terrorismo de 2000, de medidas de emergencia, teniendo en cuenta el tiempo que las medidas de emergencia pertinentes han estado en vigor, la situación objetiva sobre el terreno y los criterios pertinentes necesarios para declarar un estado de emergencia.

126.En la respuesta al motivo de preocupación e), que figura en el párrafo 61 de este informe, se indica la posición actual del Reino Unido sobre las medidas de emergencia de la Ley ATCS de 2001 y la Ley contra el terrorismo de 2000, en particular el procedimiento de examen de esas leyes.

h) [Que el Estado Parte] revise urgentemente las alternativas disponibles a la detención indefinida prevista en la Ley de seguridad contra el terrorismo y la delincuencia de 2001.

127.Como se ha señalado supra, los poderes previstos en la parte IV de la Ley ATCS de 2001 han sido derogados; véase el párrafo 62 de este informe.

i) [Que el Estado Parte] proporcione al Comité información sobre el número de casos de extradición o de traslado sujetos a la obtención de garantías diplomáticas que se han producido desde el 11 de septiembre de 2001, sobre los criterios mínimos del Estado Parte para la aceptación de esas garantías y sobre las medidas de supervisión posterior que ha adoptado en esos casos.

128.Generalmente, la extradición desde el Reino Unido se efectúa en el marco de tratados o acuerdos internacionales. En el derecho interno del Reino Unido en materia de extradición se establecen salvaguardias que protegen los derechos humanos, por lo que, en la mayoría de los casos, el Reino Unido no requiere garantías diplomáticas sobre aspectos específicos del tratamiento de una persona extraditada. No obstante, en algunos casos el Reino Unido solicita garantías, aunque no mantiene un registro central del número de extradiciones realizadas con respecto a las que se han recibido garantías diplomáticas. El Reino Unido considera que esas garantías son vinculantes para el país que solicita la extradición y no tiene conocimiento de ningún caso de incumplimiento de esas garantías. El Reino Unido es plenamente consciente de sus obligaciones internacionales y reitera la posición de que el Reino Unido no considera la posibilidad de suscribir un acuerdo de esa índole, o de devolver a una persona, aunque existiera un acuerdo de ese tipo, si hubiera razones fundadas para creer que una persona devuelta podría ser objeto de tortura.

129.Once personas han sido expulsadas desde el Reino Unido, y no extraditadas, tras la recepción de garantías del Estado de destino previsto, lo que permitió al Reino Unido cerciorarse de que la expulsión estaba en conformidad con sus obligaciones internacionales. En el caso de dos personas expulsadas a Libia en 2004, en las investigaciones posteriores de la embajada en Trípoli se señaló que no se había detenido a ninguno de los dos hombres tras su regreso. En el caso de las otras nueve personas, todas ellas expulsadas a Argelia después de haber retirado sus recursos contra la decisión de expulsarlas (en un caso la persona decidió no recurrir), se ofreció a los expulsados un acuerdo que les permitía, a ellos directamente o a una persona designada, mantener el contacto con la Embajada en Argel. El Reino Unido no tiene conocimiento de ninguna prueba creíble de incumplimiento de las garantías recibidas. (Véase también el párrafo 57 supra.)

j) [Que el Estado Parte] garantice que la conducta de sus funcionarios que asisten a los interrogatorios en cualquier dependencia del extranjero se ajuste estrictamente a los requisitos de la Convención e investigue pronta e imparcialmente cualquier contravención de la Convención de la que tenga conocimiento y, si fuera necesario, presente cargos penales en una jurisdicción apropiada.

130.Todos los agentes de inteligencia y el personal militar del Reino Unido reciben orientación sobre las normas que deben aplicarse durante la detención y el interrogatorio de los detenidos en el extranjero, incluida la manera en que deben trabajar con nuestros contactos de inteligencia asociados. El 6 de julio de 2010, el Primer Ministro anunció la publicación de la Orientación unificada para los oficiales y agentes de los servicios de inteligencia sobre la detención y el interrogatorio de los detenidos en el extranjero y el envío y la recepción de información relacionada con los detenidos. Este documento es un marco práctico que abarca las distintas circunstancias en las que el personal podría tener relación con un detenido y deja en claro que el Reino Unido actúa en cumplimiento de sus obligaciones legales nacionales e internacionales.

131.Las Fuerzas Armadas del Reino Unido reciben una sólida formación obligatoria, que incluye orientación específica sobre el tratamiento de los prisioneros, lo que incluye formación con respecto a la Ley del conflicto armado. La capacitación también incluye la referencia a otras obligaciones en virtud de tratados internacionales de derechos humanos, si es apropiado. Todo el personal debe asistir a cursos de actualización.

132.Las normas de conducta pertinentes y el tratamiento físico de los reclusos a los que deben atenerse los funcionarios del Reino Unido figuran en el derecho internacional y el derecho interno pertinentes, que son aplicables a los funcionarios del Reino Unido en todo momento, independientemente del lugar del mundo en el que se encuentren. La tortura, dondequiera que ocurra, está estipulada explícitamente como delito en el derecho interno del Reino Unido, por lo que no existe la posibilidad de que las fuerzas armadas del Reino Unido practiquen la tortura con impunidad. Esto significa que los funcionarios del Reino Unido pueden tener que rendir cuentas de sus actos independientemente del lugar del mundo en el que se encuentren, sea el país en cuestión signatario o no del Convenio Europeo de Derechos Humanos o de la Convención de las Naciones Unidas contra la Tortura.

133.Las denuncias de irregularidades contra funcionarios del Reino Unido se investigan a fondo. Si afectan a agentes de inteligencia, los casos de posibles irregularidades penales se remiten a las autoridades competentes para que determinen si hay fundamento para solicitar a la policía que proceda a una investigación penal. Si es un caso que afecta a las fuerzas armadas, la policía militar es independiente de la cadena de mando a efectos de las investigaciones y es, por lo tanto, imparcial. La decisión sobre el enjuiciamiento corresponde al Director de la fiscalía militar, jefe de la Autoridad fiscal militar.

134.La Autoridad fiscal militar se estableció el 1º de enero de 2009. Reúne a la Autoridad fiscal de la armada, la Autoridad fiscal del ejército de tierra y la Autoridad fiscal de la Real Fuerza Aérea. Está dirigida por un director civil y es independiente del ejército y del Ministerio de Defensa, a fin de garantizar la independencia de los fiscales.

k) [Que el Estado Parte] adopte todas las medidas factibles para revisar las investigaciones de muertes acaecidas por recurso a medios letales en Irlanda del Norte que han quedado sin resolver, de manera que, tal como han expresado los representantes del Estado Parte, " se inspire la confianza del conjunto de la comunidad " .

135.La cuestión del modo de abordar el legado del pasado violento de Irlanda del Norte constituye un desafío importante. La responsabilidad al respecto no recae solamente en la administración descentralizada y los políticos locales de Irlanda del Norte, sino también en el Gobierno central, y los Gobiernos de Irlanda y de los Estados Unidos. El consenso entre las comunidades sobre la manera de abordar esta cuestión es escaso. No obstante, están en marcha una serie de medidas para investigar los casos de muertes sin resolver en Irlanda del Norte, que se indican a continuación.

136.Es necesario alcanzar un consenso en toda la comunidad de Irlanda del Norte sobre la forma de abordar el legado del pasado violento en Irlanda del Norte de una manera positiva y restauradora. El nuevo Gobierno ha impulsado una serie de debates con los partidos políticos y los grupos de víctimas de Irlanda del Norte. Los resultados de estos debates fundamentarán el enfoque del nuevo Gobierno con respecto al pasado.

137.El Equipo de Investigaciones Históricas del PSNI comenzó su labor en enero de 2006, y está examinando nuevamente, de forma completa e independiente, 3.268 muertes en Irlanda del Norte atribuibles al "conflicto" (the Troubles) acaecidas entre 1968 y 1998. El Equipo de Investigaciones Históricas persigue tres objetivos:

Contribuir a la resolución de los casos, pensando en las familias de las víctimas mortales atribuibles al "conflicto";

Volver a examinar todas las muertes imputables al "conflicto" de Irlanda del Norte y asegurar que se examinen y aprovechen todos los elementos de investigación y prueba, de manera que se satisfaga la obligación del PSNI de realizar una "investigación eficaz" (artículo 2 del Código de Ética del PSNI); y

Cumplir ese cometido de un modo que transmita confianza al conjunto de la comunidad.

138.El proceso de examen de un caso por parte del Equipo de Investigaciones Históricas consta de cinco etapas:

Obtención de pruebas;

Evaluación de las pruebas;

Examen del caso;

Segunda investigación específica;

Resolución.

139.Hasta noviembre de 2010 se cerraron 1.473 casos que afectaban a 1.944 víctimas. El Equipo de Investigaciones Históricas se ha comprometido a basar su relación con las familias en la honestidad, la confianza y la confidencialidad. Este enfoque "centrado en la familia" es una seña de identidad del proyecto del equipo, cuyo objetivo primordial es atender todas las preocupaciones irresueltas de las familias en la medida de sus posibilidades. Dada la envergadura de su misión, es preciso establecer un orden de prioridades en el examen de los casos. A fin de tratar por igual todos los casos, el equipo los atiende en orden cronológico, empezando por los incidentes de 1968. Sin embargo, en determinadas circunstancias, es necesario prescindir de ese método cronológico. Esto sucede, por ejemplo, en las investigaciones abiertas previamente o cuando existen consideraciones humanitarias, problemas de gran interés público o asesinatos en serie.

140.El Equipo de Investigaciones Históricas colabora estrechamente con la Oficina del Ombudsman para las Relaciones con la Policía de Irlanda del Norte. En los casos de denuncias contra la actuación de policías, el Equipo informa a la Oficina del Ombudsman y se llevan a cabo investigaciones paralelas. El Equipo de Investigaciones Históricas y la Oficina del Ombudsman celebran reuniones estratégicas y tácticas mensuales. Se ha aprobado un memorando de entendimiento entre ambas partes, sujeto a revisión periódica. Hasta noviembre de 2010 la Oficina del Ombudsman tenía más de 90 casos que investigar.

141.La indagación previa es otro procedimiento que puede contribuir a la apertura de una investigación sobre un caso de muerte. El objetivo de una indagatoria es establecer quién era el fallecido y cómo, cuándo y dónde murió. Corresponde al Coroner determinar el alcance de la indagatoria y seleccionar el material pertinente.

142.El 29 de enero de 1998 se abrió la investigación sobre el "Domingo sangriento", con el objetivo de determinar, en la medida de lo posible, la verdad sobre los disturbios ocurridos en Londonderry el 30 de enero de 1972, en los que los disparos de los soldados causaron la muerte de 13 personas e hirieron a otras 13, de las que 1 falleció más tarde. El tribunal de investigación estaba presidido por Lord Saville de Newdigate, asistido por los magistrados Hoyt (Canadá) y Toohey (Australia). Las audiencias públicas de la investigación finalizaron en noviembre de 2004 y el informe se publicó el 15 de junio de 2010. El Primer Ministro formuló una declaración ante el Parlamento en respuesta al informe. Se puede consultar el texto completo del informe (5.000 páginas) y el documento sobre las conclusiones principales de la investigación en el sitio web de la investigación.

143.El 16 de noviembre de 2004, el entonces Secretario de Estado para Irlanda del Norte presentó ante el Parlamento del Reino Unido las investigaciones públicas independientes sobre las denuncias de connivencia del Estado en las muertes de Robert Hamill, Rosemary Nelson y Billy Wright. Cada comisión de investigación estaba compuesta por tres personas y presidida por un antiguo juez. La comisión de investigación del caso de Billy Wright presentó su informe al Secretario de Estado para Irlanda del Norte el 13 de septiembre de 2010, y se dio a conocer en el Parlamento al día siguiente por medio de una declaración oral del Secretario de Estado. Se puede consultar el texto completo del informe en el sitio web de la investigación. La comisión de investigación del caso de Robert Hamill terminó su informe en febrero de 2011, cumpliendo así con su mandato. Sin embargo, en vista de un anuncio del Ministerio Público de Irlanda del Norte el 21 de diciembre de 2010 de que se imputarán cargos a tres personas en relación con el asesinato de Robert Hamill, el Secretario de Estado para Irlanda del Norte ha decidido no publicar el informe de la investigación hasta que el proceso judicial haya concluido. La familia Hamill apoya esa decisión. El informe de la comisión de investigación del caso de Rosemary Nelson fue dado a conocer por el Secretario de Estado para Irlanda del Norte el 23 de mayo de 2011 por medio de una declaración oral en el Parlamento. Se puede consultar el texto completo del informe en el sitio web de la investigación.

144.Con respecto a la investigación sobre la muerte de Patrick Finucane, el anterior Gobierno anunció en 2005 que esa investigación se efectuaría con arreglo a la nueva Ley de investigaciones. Sin embargo, no se inició la investigación debido a que la familia se oponía a que la investigación se llevase a cabo al amparo de esa ley. El anterior Gobierno dejó en claro que, de llevarse a cabo una investigación oficial sobre la muerte del Sr. Finucane, debería basarse en la Ley de investigaciones. El Secretario de Estado para Irlanda del Norte del nuevo Gobierno de coalición se reunió con la familia Finucane el 9 de noviembre para debatir el caso antes de presentar ante al Parlamento un procedimiento de adopción de decisiones para determinar la forma de abordar la cuestión de si se debería realizar o no una investigación. El 11 de noviembre 2010 se publicó una declaración ministerial escrita en la que se establece un período de dos meses para presentar las comunicaciones al Gobierno, tras el cual este considerará las comunicaciones y adoptará una decisión. El 11 de enero de 2011 se amplió el plazo, con el consentimiento de la familia, durante dos meses más. Actualmente el Gobierno está analizando minuciosamente la cuestión y en breve anunciará su decisión sobre el camino a seguir.

l) [Que el Estado Parte] elabore un plan de acción urgente, incluido el recurso, si procede, a sanciones penales, para tratar de resolver los motivos de preocupación expuestos por el Comité en el apartado g) del párrafo 4, y adopte medidas adecuadas que tengan en cuenta las cuestiones de género.

145.El Gobierno del Reino Unido ha examinado detenidamente esta recomendación. Sin embargo, no considera que la elaboración de un plan general a gran escala, como parece recomendar el Comité, vaya a contribuir a la evolución general de su política de prisiones o a la solución de los temas específicos que plantea el Comité. A juicio del Gobierno, un plan de este tipo sería muy complicado y excesivamente difícil de coordinar y supervisar.

146.Los departamentos gubernamentales y las administraciones autónomas ya han elaborado planes para abordar los temas a que se refiere el Comité, y el Gobierno considera que estos planes son adecuados y suficientes para realizar las mejoras necesarias.

m) [Que el Estado Parte] considere la posibilidad de hacer que la Comisión de Derechos Humanos de Irlanda del Norte se constituya en uno de los órganos de supervisión con arreglo al Protocolo Facultativo.

147.Al determinar qué órganos del Reino Unido deben ser designados para formar el mecanismo nacional de prevención el Gobierno adoptó dos conjuntos de criterios. En primer lugar, consideraba firmemente que los órganos de ese mecanismo debían cumplir los requisitos del Protocolo Facultativo relativos a la independencia, las aptitudes y los conocimientos profesionales, de conformidad con el artículo 18. En segundo lugar, consideraba firmemente asimismo que la base jurídica del funcionamiento de esos organismos debía permitirles acceder sin restricciones a los lugares de detención y a las personas privadas de libertad —incluida la capacidad de realizar visitas sin previo aviso— así como a la información sobre esas personas y sus condiciones de detención; o, al menos, ningún elemento debía impedir el acceso y las visitas, de conformidad con los artículos 19 y 20.

148.La Comisión de Derechos Humanos de Irlanda del Norte es un órgano de investigación y, aunque tiene amplios poderes en cuanto al acceso a los lugares de detención, se le requiere establecer un período de consultas de quince días con las instituciones en las que pretende realizar investigaciones, y puede estar sujeta a las restricciones impuestas por un tribunal de condado. Evidentemente, esto no permite que la Comisión realice visitas sin previo aviso, por lo que no ha sido designada para formar parte del mecanismo nacional de prevención del Reino Unido.

149.Ya existe un conjunto eficaz de órganos oficiales y de supervisión en Irlanda del Norte, con capacidad de acceder completamente y sin previo aviso a los lugares de detención periódicamente, por lo que esos organismos reúnen mejores condiciones para cumplir los requisitos del Protocolo Facultativo en Irlanda del Norte.

n) [Que el Estado Parte] considere la conveniencia de ofrecer, como práctica habitual, exámenes médicos antes de los traslados forzosos por vía aérea y, en caso de que no se realicen, con posterioridad.

150.Antes de expulsar a un detenido se realiza una evaluación del riesgo, lo que abarca cualquier afección médica conocida y, si es necesario, se procura obtener un consejo médico. Esto incluye la consideración de si el detenido está en condiciones de volar, si necesita una escolta médica, o cualquier otro aspecto médico que deba estar en conocimiento de los escoltas.

151.Todos los detenidos son visitados por un enfermero en un plazo máximo de dos horas tras su llegada a un Centro de Traslado de Inmigrantes, y se concierta una cita para que sean visitados por un médico general en un plazo de 24 horas. Los enfermeros están presentes en esos centros 24 horas al día, los 7 días de la semana, y los médicos generalistas están presentes durante el día y prestan un servicio de guardias fuera de ese horario. Estos exámenes se realizan cada vez que un detenido llega a un centro, así como a su regreso de una expulsión que no se haya podido realizar.

o) [Que el Estado Parte] considere la posibilidad de crear un mecanismo de recogida central de datos estadísticos sobre cuestiones que surjan en relación con la Convención en las prisiones y otros centros de detención del Estado Parte.

152.El Servicio Penitenciario de Inglaterra y Gales ya recopila centralmente, por medio de los servicios analíticos del Servicio Nacional de Tratamiento de los Delincuentes, una serie de datos estadísticos que incluye el número de muertes y agresiones de personas detenidas. Esta información se publica en el documento Informe y Cuentas Anuales del Servicio Nacional de Tratamiento de los Delincuentes. La información análoga correspondiente a Escocia se ha publicado en el Informe y Cuentas Anuales del Servicio Penitenciario de Escocia. Se informa acerca de las muertes de personas detenidas en Escocia por separado en un documento interno, que se puede solicitar al Servicio Penitenciario de Escocia.

153.Se publican estadísticas anuales sobre la detención de personas en las comisarías. Las fuerzas policiales deben cumplir ciertos requisitos en materia de presentación de datos anualmente, para proporcionar información relacionada con el ejercicio de determinadas competencias en el marco de la Ley PACE de 1984 y el Decreto sobre la policía y los medios de prueba en materia penal (Irlanda del Norte) de 1989. Esto incluye datos sobre la interpelación y el registro, el arresto y la detención, incluidos los períodos de detención.

p) [Que el Estado Parte] efectúe la declaración prevista en el artículo 22 de la Convención.

154.La posición del Gobierno del Reino Unido sobre una declaración en virtud del artículo 22, y su política con respecto a las reclamaciones a título individual ante los órganos encargados de vigilar la aplicación de los tratados de las Naciones Unidas figura en los párrafos 6 a 11 supra.

Parte IITerritorio metropolitano. Información relativa a los artículos 1 a 16 de la Convención

Introducción

155.Esta parte del informe contiene información sobre los avances logrados desde la presentación del cuarto informe periódico del Reino Unido, en noviembre de 2003, el examen oral sobre ese informe, en noviembre de 2004, y la respuesta inicial a las observaciones finales del Comité, presentada el 20 de abril de 2006.

Artículo 2Medidas eficaces para impedir los actos de tortura

Custodia policial

Marco jurídico

156.En virtud de la Ley PACE de 1984 y el Decreto sobre la policía y los medios de prueba en materia penal (Irlanda del Norte) de 1989, el Secretario de Estado debe publicar códigos de prácticas sobre la interpelación y el registro, el arresto, la detención, el tratamiento y el interrogatorio de personas, así como sobre la identificación y el registro de las entrevistas. Los códigos están sujetos a examen regularmente, y la modificación de cualquier parte de ellos es objeto de consulta y aprobación por el Parlamento. Los códigos deben estar disponibles si los detenidos o cualquier miembro del público los solicita en una comisaría. Los códigos están disponibles de forma gratuita en la página web del Ministerio del Interior, y los editores comercializan los ejemplares impresos. En los códigos se regula el trato de la policía con el público en el ejercicio de sus funciones. Se regulan las competencias de la policía y los procedimientos de la investigación de delitos, y se establecen las garantías y protecciones de los miembros del público. En Irlanda del Norte existen códigos análogos, publicados en virtud del Decreto sobre la policía y los medios de prueba en materia penal (Irlanda del Norte) de 1989. La revisión de los códigos es objeto de consulta y aprobación por la Asamblea de Irlanda del Norte.

157.En Escocia, los procedimientos de detención se regulan en los artículos 14 a 15A de la Ley de procedimiento penal (Escocia) de 1995. En el documento de la Asociación de Jefes de Policía de Escocia titulado "Manual de instrucciones sobre la custodia, 2008" se establecen más procedimientos sobre la detención y la custodia policial en Escocia. En ese documento se establecen orientaciones definidas sobre la manera en que las fuerzas policiales de Escocia deberían poner en práctica medidas estratégicas y operativas para mantener un elevado nivel de atención en las instituciones, respecto de las personas que pasan a estar bajo la atención o la custodia policial.

158.La Ley PACE es objeto de examen interno regularmente, pero también está sujeta a un examen público periódico y frecuente. Esto se lleva a cabo de dos maneras: en primer lugar, los cambios en los distintos ámbitos de la ley mediante nuevas leyes o propuestas, que están sujetos al control parlamentario; y en segundo lugar (y con un carácter más estratégico) el examen mediante consultas públicas.

159.El 28 de agosto de 2008, el Gobierno presentó su documento de consulta pública titulado "Examen de la Ley PACE: propuestas del Gobierno en respuesta al examen de la Ley de policía y medios de prueba en materia penal de 1984". Este documento fue objeto de un período de consulta de tres meses, y constituía una respuesta a un documento de consulta pública publicado en marzo de 2007, en el que se invitó al público, los interesados y los profesionales a que formularan propuestas constructivas de modificación. No se propusieron cambios con respecto al período de detención en los casos que no están relacionados con el terrorismo, y las propuestas apoyaban que se mantuvieran en vigor las garantías y protecciones para las personas. En el documento se propone que un adulto independiente e idóneo preste apoyo a todos los jóvenes y adultos vulnerables psíquicamente. Esto se añadiría a la asistencia de los padres, y tiene por objeto mejorar el apoyo y la comunicación con los detenidos vulnerables bajo custodia policial. La información y la respuesta están publicadas en la página web del Ministerio del Interior. En Irlanda del Norte, en enero de 2009, se publicó un documento de consulta separado, pero básicamente similar, sobre las propuestas con respecto al Decreto sobre la policía y los medios de prueba en materia penal (Irlanda del Norte).

160.Desde una perspectiva práctica, la aplicación de la Ley PACE es objeto de control por medio de la supervisión en el marco del Servicio de Policía, por los abogados que representan a detenidos, por los fiscales de la Corona, por los tribunales, por el régimen de inspección y por la comunidad local mediante personas que actúan como visitantes independientes que inspeccionan la detención policial. Además, la Comisión Independiente de Quejas contra la Policía tiene plenas competencias de investigación de las denuncias o los incidentes que suscitan preocupación en relación con la custodia y la atención policial.

161.En febrero de 2006, el Ministerio del Interior y la Asociación de Jefes de Policía, en colaboración con CENTREX (el Organismo central de capacitación y desarrollo policial, conocido actualmente como el Organismo nacional para mejorar la vigilancia), publicó una Guía para una detención y un tratamiento más seguros de las personas bajo custodia policial. En esa guía se establecen los parámetros previstos en el tratamiento de las personas que entran en contacto con la policía. Se describe el marco en el que la policía y otros organismos deben actuar y se establecen los mecanismos estratégicos que deberían ponerse en práctica para conseguir los resultados requeridos. El objetivo de la guía es ayudar a que disminuyan las muertes de personas detenidas y reducir al mínimo los incidentes negativos. Tiene por objeto ofrecer al profesional apoyo práctico, asesoramiento y orientación para mejorar el nivel de atención en las instituciones y el tratamiento de las personas detenidas. La aplicación de la guía en cada esfera policial está sujeta a la supervisión del Organismo nacional para mejorar la vigilancia, la Asociación de Jefes de Policía y el Ministerio del Interior. En enero de 2008 se publicó un módulo de capacitación anexo destinado a los funcionarios jefe.

162.En el anexo 8 de la Ley contra el terrorismo de 2000 se establece un régimen de detención distinto para las personas detenidas en virtud del artículo 41 de la ley o del anexo 7. En el anexo 8 se estipula, entre otras cosas, el tratamiento, la identificación y la representación legal, y se establece el procedimiento mediante el que la policía y el Ministerio Público de la Corona pueden obtener de la autoridad judicial competente una ampliación de las órdenes de detención. La detención en virtud del anexo 8 también se rige por un código de prácticas publicado en el contexto de la Ley PACE (el "Código H"). El período máximo de detención preventiva ha sido revisado en el marco del examen por el Gobierno de las competencias en materia de lucha contra el terrorismo y seguridad, sobre el que se informó al Parlamento en enero de 2011. Tras ese examen, el Gobierno redujo el período máximo de detención de 28 a 14 días, al permitir que la legislación temporal y secundaria que establecía 28 días como plazo máximo quedará sin efecto. La legislación está en curso de aprobación, y el plazo máximo de detención se reducirá de forma permanente a 14 días.

Notificaciones de las detenciones

163.Si una persona es detenida, debe ser trasladada a una comisaría tan pronto como sea posible. A su llegada a la comisaría, la persona será llevada ante el funcionario jefe, que determinará si existen motivos para que esa persona sea puesta en libertad, con o sin cargos, o detenida, con el propósito de avanzar en la investigación. El funcionario jefe debe informar a esa persona de: su derecho a comunicar a otra persona su detención; su derecho a consultar en privado a un abogado y la disposición de asesoramiento jurídico gratuito; y su derecho a consultar los códigos de prácticas. El detenido también debe recibir una notificación escrita en la que figuren esos derechos, los procedimientos para la obtención de asesoramiento jurídico, y el derecho a recibir una copia del expediente de la detención y de la instrucción de derechos antes de proceder a un interrogatorio sobre un delito.

164.En el Código de prácticas para la detención, el trato y el interrogatorio de personas por agentes de policía (Código C) de la Ley PACE se establecen consideraciones específicas para los ciudadanos de países que no pertenecen al Commonwealth o extranjeros. Se dispone que se debe comunicar a toda persona detenida su derecho a informar a la oficina consular correspondiente acerca de su detención, su paradero y los motivos de la detención. Si se trata de países con los que el Reino Unido ha establecido un acuerdo o convenio consular bilateral que requiere la notificación de la detención, la correspondiente oficina consular debe ser informada tan pronto como sea factible. Con independencia de ese posible convenio, si el detenido es un refugiado político, solo se debe informar a la oficina consular a petición expresa del detenido.

Grabaciones audiovisuales de los interrogatorios

165.La información general sobre la grabación audiovisual de los interrogatorios figura en los párrafos 98 a 100 del cuarto informe periódico del Reino Unido. No está previsto ampliar el uso de la grabación en vídeo de los interrogatorios de sospechosos a todo el ámbito nacional. Por lo tanto, la cuestión de si se deben realizar grabaciones de audio o vídeo de los interrogatorios de los sospechosos seguirá estando a discreción de cada distrito policial, en función de las circunstancias particulares del caso.

166.Mediante la Ley de lucha contra el terrorismo de 2008 se han introducido nuevos poderes de la policía. En el artículo 26 de la ley se dispone que todos los interrogatorios de las personas acusadas de terrorismo deben ser objeto de grabación audiovisual (estas disposiciones todavía no han entrado en vigor), y en los debates parlamentarios se adquirió el compromiso de que la grabación audiovisual de todos las interrogatorios realizados en virtud del artículo 41 o del anexo 7 de la Ley contra el terrorismo de 2000 sería obligatoria. El Secretario de Estado dictará una orden en virtud del anexo 8, párrafo 2, de la Ley de 2000 para dar efecto a ese compromiso. Los códigos de la Ley PACE serán revisados y un nuevo Código sobre la grabación audiovisual de los interrogatorios orientará a los policías acerca de la manera de realizar la grabación de las imágenes. De conformidad con un código de prácticas ya en vigor, en Irlanda del Norte se realizan grabaciones audiovisuales de todos los interrogatorios relacionados con el terrorismo.

Medidas para prevenir la discriminación étnica

167.La información sobre las medidas para prevenir la discriminación étnica figura en los párrafos 98 a 114 del cuarto informe periódico del Reino Unido.

Códigos de prácticas de la policía

168.En el Código de prácticas para la detención, el trato y el interrogatorio de personas por agentes de policía se establece que todos los detenidos deben ser informados de su derecho a recibir asesoramiento jurídico y se indican los procedimientos que deben adoptarse para facilitar ese derecho. Además, a todas las personas detenidas bajo custodia policial se les entrega una notificación de derechos y prerrogativas.

169.Puede suceder que una persona detenida bajo custodia rechace el asesoramiento jurídico y renuncie a ese derecho. En el Código de prácticas para la detención, el trato y el interrogatorio de personas por agentes de policía se establecen los procedimientos que deben seguir los policías en esos casos, que incluyen la necesidad de recordarle al detenido ese derecho durante el período de detención. En el Código también se determinan las circunstancias en las que se pueden extraer conclusiones adversas del silencio de una persona o de su negativa a declarar acerca de su participación.

Acceso a la atención de la salud

170.En el Código de prácticas para la detención, el trato y el interrogatorio de personas por agentes de policía (Código C) de la Ley PACE se establece que el funcionario jefe de una comisaría en la que se detiene a una persona debe asegurarse de que reciba la atención médica apropiada, tan pronto como sea razonablemente posible, si se considera que lo necesita, independientemente de si el detenido lo solicita o no. Esto puede suponer el traslado de la persona a un hospital o a otra dependencia médica adecuada, o que un profesional de la salud realice un reconocimiento médico de esa persona en la comisaría. Un profesional de la salud significa una persona con cualificaciones médicas que se desempeña en la esfera práctica determinada por el colegio profesional correspondiente. La decisión de si es apropiado realizar un reconocimiento médico por un profesional de la salud en la comisaría depende de las tareas que se estén llevando a cabo en ese momento.

171.En enero de 2008, Skills for Health publicó las normas laborales nacionales para los profesionales de la salud que se desempeñan en la custodia policial. En ese documento se establecen las competencias requeridas para que los profesionales de la salud ofrezcan una atención sanitaria apropiada y oportuna a los detenidos en las comisarías.

Custodia policial en Irlanda del Norte

172.La Junta de Justicia Penal para Irlanda del Norte ha dedicado esfuerzos a determinar la mejor manera de supervisar y publicar información para ayudar a las personas que participan en el sistema de justicia penal a evitar la discriminación por cualquier motivo indebido. En julio de 2008, el PSNI puso en marcha la recopilación de datos con el propósito de supervisar la esfera de la igualdad. Actualmente se ha dispuesto la supervisión en materia de igualdad, con carácter voluntario, de las personas que pasan a estar bajo custodia policial, mediante un conjunto de siete indicadores. Aunque se ha iniciado la recogida de datos y, en algunas categorías, los datos recopilados son exhaustivos, el carácter voluntario de la divulgación de determinada información básica ha limitado el proceso. En consecuencia, el PSNI está estudiando la manera de alentar a las personas a divulgar información con respecto a todas las categorías a fin de poder obtener los datos suficientes para realizar un análisis fiable. Aunque la supervisión en materia de igualdad por sí misma no evitará directamente la discriminación, la publicación de los datos ayudará a identificar contradicciones que requieren más investigación.

La Ley PACE en Irlanda del Norte

173.El Código C de la Ley PACE (Irlanda del Norte) contiene una disposición similar a la de Inglaterra y Gales con respecto a la prestación de asistencia médica a las personas detenidas por la policía. Para reducir el riesgo de que se produzcan autolesiones y muertes de personas detenidas, se efectúa una evaluación del riesgo de cada uno de los detenidos en el momento en el que entran en el centro de detención, que incluye la necesidad de tratamiento médico y, si se considera necesario, también se evalúa el riesgo durante la detención. Se presta la atención médica apropiada tan pronto como sea razonablemente posible, aunque el detenido no lo haya solicitado. Si la asistencia médica se considera urgente, se avisa de inmediato al médico forense disponible más cercano o se solicita una ambulancia.

Acceso al asesoramiento jurídico bajo custodia policial

174.La información general sobre el acceso al asesoramiento jurídico bajo custodia policial en Inglaterra, Gales y Escocia figura en los párrafos 101 a 105 del cuarto informe periódico del Reino Unido.

Custodia policial en Escocia

175.En Escocia, el acceso de los detenidos a un abogado se regula actualmente en el artículo 15A de la Ley de procedimiento penal (Escocia) de 1995 (enmendada mediante la Ley de Procedimiento Penal (asesoramiento jurídico, detención y recursos) (Escocia) de 2010). Las personas detenidas en virtud del artículo 14 de la Ley de 1995, que son trasladadas a una comisaría o a otros locales o lugares, tienen derecho a que se comuniquen sin demora los detalles de su detención a un abogado y a otra persona. Los detenidos por la policía deben ser informados de este derecho inmediatamente después de la llegada a la comisaría o a otro local. Según el artículo 15A, la persona detenida tiene derecho a asistencia letrada antes y durante el interrogatorio. Las consultas se pueden realizar mediante cualquier medio adecuado, incluido el asesoramiento telefónico. El asesoramiento prestado mediante otros medios, como el teléfono, puede utilizarse como medida inicial. No obstante, si el sospechoso desea realizar consultas en persona, el abogado debe asistir a la comisaría.

176.Un sospechoso tiene derecho a no contestar a cualquier pregunta y no se pueden extraer conclusiones adversas de ese silencio.

177.Cuando una persona es detenida debido a una acusación penal, en virtud del artículo 17 de la Ley de 1995 tiene derecho a notificar a un abogado que necesita asistencia letrada. El abogado debe ser informado del lugar en el que se encuentra detenida, si será puesta en libertad y, en caso contrario, del tribunal que se ocupará de la causa y cuándo será la comparecencia. El acusado y el abogado tienen derecho a reunirse en privado antes de cualquier examen judicial o comparecencia ante el tribunal. Según la Ley contra el terrorismo de 2000, si una persona ha sido autorizada a consultar a un abogado, se permite al abogado estar presente en cualquier interrogatorio relacionado con una investigación sobre terrorismo.

Custodia en prisión

Acceso a asesoramiento jurídico en las prisiones

178.La información sobre el acceso al asesoramiento jurídico en las prisiones en el Reino Unido figura en los párrafos 263 a 270 del cuarto informe periódico del Reino Unido.

Servicio de Inmigración

Grabación de los interrogatorios y acceso al asesoramiento jurídico

179.La entrevista para obtener asilo es esencialmente una investigación de los hechos para permitir que los solicitantes manifiesten a qué se debe su temor a ser objeto de persecución en su país, y no se le leen sus derechos. Se guarda un acta literal de la entrevista y se entrega una copia al entrevistado. La Dirección de Fronteras del Reino Unido debe permitir que se graben las entrevistas de los solicitantes si estos lo piden, excepto en el caso de los que tienen derecho durante la entrevista a una representación jurídica sufragada con fondos públicos, o de los que disponen de recursos para costear su representación jurídica. La Dirección de Fronteras del Reino Unido no está obligada a grabar las entrevistas para obtener asilo si los solicitantes con representación jurídica deciden que su abogado no esté presente en la entrevista.

180.La información sobre los interrogatorios realizados en las comisarías a emigrantes sospechosos de haber cometido delitos, en las que se les leen sus derechos, figura en el párrafo 194 del cuarto informe del Reino Unido.

181.Los Centros de Traslado de Inmigrantes del Reino Unido están sujetos al Reglamento de centros de detención de 2001 (SI 2001 Nº 238), en los que se establece su normativa y su gestión. Este Reglamento rige asuntos tales como el bienestar, la atención de la salud, las prácticas religiosas y la correspondencia. Asimismo, en él se establecen las obligaciones de los funcionarios encargados de la custodia de los detenidos. Además, se dispone de un amplio conjunto de normas de funcionamiento, que concretan el Reglamento y establecen un nivel mínimo verificable de atención y servicios en relación con todos los aspectos de la vida en los centros de traslado. Hay un programa renovable de control interno de las normas y disposiciones para supervisar los procedimientos de auditoría internos.

182.Los centros están sujetos a la supervisión independiente de las juntas de supervisión independiente y el Inspector Jefe de Prisiones de Su Majestad.

Reglamentos militares

183.En el Código de prácticas de la policía militar (revisado en octubre de 2009) se establecen las instrucciones sobre el tratamiento y el interrogatorio de todas las personas sospechosas de estar implicadas en delitos tipificados en la Ley de las fuerzas armadas de 2006 (que sustituyó a las distintas leyes sobre disciplina militar el 31 de octubre de 2009) y se garantiza que esas personas sean tratadas de manera justa y adecuada, de conformidad con la ley.

184.El resto de códigos hacen referencia a la relación entre la policía militar y los demás miembros de las fuerzas armadas en el ejercicio de sus funciones. También proporcionan una clara declaración sobre los derechos de la persona y las competencias de la policía militar.

185.Además, hay códigos de prácticas sobre la gestión del personal que está bajo custodia militar, en los que se establecen instrucciones claras sobre el tratamiento adecuado y los derechos de las personas bajo custodia militar, lo que incluye la garantía de un trato humano, las visitas de personal independiente y los procedimientos de queja.

186.Las instalaciones de custodia militar deben contar con una autorización que solo se otorga si cumplen con estrictos criterios en cuanto a la seguridad física de los locales y se comprueba que las prácticas y procedimientos de seguridad están en conformidad con lo estipulado en la doctrina.

Normativa en tiempo de paz

187.En tiempo de paz, las Fuerzas Armadas están sujetas a las siguientes normativas:

El Reglamento de custodia militar y las penas correspondientes en el ejército, de 2009;

El Código de prácticas militar sobre el tratamiento del personal en custodia militar y los criterios de las instalaciones de custodia militar y las prisiones civiles, de 2009;

El Código militar 64180 – Custodia militar y procedimiento sumario – Expediente único;

Ley de homicidio corporativo no intencional y de homicidio corporativo de 2007 (Corporate Manslaughter and Corporate Homicide Act 2007), que se aplicará a la custodia militar con efecto a partir de abril de 2011;

Army General Administrative Instruction (AGAI) – volumen 3 – capítulo 110 – Army Suicide Vulnerability Risk Management (SVRM) Policy;

AGAI 109 – U18 policy;

El centro militar de formación correctiva ha adaptado un extenso módulo de instrucciones permanentes y planes de emergencia;

Cada instalación de custodia autorizada debe establecer instrucciones permanentes adaptadas a su cometido.

Arresto y detención de sospechosos de terrorismo en Irlanda del Norte

188.La parte VII de la Ley contra el terrorismo de 2000 otorgaba facultades a las fuerzas de seguridad en Irlanda del Norte a fin de contrarrestar la amenaza del terrorismo, que tenían precedencia sobre las competencias establecidas en otras leyes contra el terrorismo para el conjunto del Reino Unido. Esas disposiciones fueron derogadas en julio de 2007, como parte de un programa de normalización de la seguridad puesto en marcha en respuesta al anuncio provisional del IRA de poner fin a su actividad armada. Desde julio de 2007, todos los sospechosos de terrorismo en Irlanda del Norte son detenidos en virtud de las disposiciones permanentes para el conjunto del Reino Unido de la Ley contra el terrorismo de 2000.

Material de tortura

189.El Gobierno de Su Majestad sigue decidido a evitar que las empresas del Reino Unido fabriquen, vendan o distribuyan equipo destinado fundamentalmente a la tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.

Órdenes de funcionarios superiores como justificación de la tortura

El concepto de "obediencia debida" como defensa

190.En el derecho inglés no existe el concepto de "obediencia debida" como defensa en derecho penal.

191.El delito de tortura está estipulado en el derecho inglés en la Ley de justicia penal de 1988. El personal militar del Reino Unido está sujeto a un régimen disciplinario en el que los delitos se definen por referencia al derecho penal inglés y a la jurisdicción de los tribunales de Inglaterra, independientemente del lugar del mundo en el que se encuentre. Por lo tanto, la tortura es un delito de conformidad con la legislación militar, y puede dar lugar a la imposición de la misma pena máxima que podría ser aplicada en virtud del derecho penal del Reino Unido, que es la cadena perpetua.

192.El ejército del Reino Unido está sujeto a la legislación militar en todo momento, independientemente del lugar del mundo en el que se encuentre. Por lo tanto, el personal militar puede ser procesado, y lo será, si existen pruebas de que ha cometido torturas, agresiones, o cualquier otro delito contra una persona.

193.La invocación de una orden de un superior no puede constituir una defensa con respecto a un acto de tortura; las únicas defensas que se podrán utilizar son las defensas legales que se detallan en la Ley de justicia penal de 1988 (véase también el párrafo 28 supra) y las eximentes generales, como la demencia. Una orden de torturar sería ilícita y, como un subordinado puede desobedecer una orden ilícita, este podría (y debería) negarse a cumplir la orden. Si se diera esa orden, el subordinado podría informar a un funcionario de rango superior en la cadena de mando (es decir, superior al oficial que diera la orden ilícita) y a la policía militar, que investigaría esa orden como un delito penal.

Artículo 3Devolución de personas a Estados en los que podrían ser sometidas a tortura

Procedimiento de extradición

194.La información general sobre el procedimiento de extradición figura en los párrafos 10 a 14 del segundo informe y en el párrafo 44 del cuarto informe del Reino Unido.

Procedimiento de asilo

195.En los párrafos 21 y 22 del tercer informe periódico del Reino Unido y los párrafos 46 a 56 del cuarto informe del Reino Unido se indica la política del Reino Unido en cuanto al tratamiento de los solicitantes de asilo en relación con los requisitos de la Convención contra la Tortura, con inclusión de la política en materia de expulsión a otros países y el sistema recursos.

196.El Reino Unido sigue evaluando las solicitudes de asilo de acuerdo con los criterios establecidos en la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951 de las Naciones Unidas. En el cuadro que figura a continuación se indica el número de solicitudes de asilo recibidas en el Reino Unido entre 2002 y 2009 y los porcentajes correspondientes a las personas a las que se ha otorgado asilo. Las cifras correspondientes a las decisiones no hacen referencia necesariamente a las solicitudes recibidas en ese año. La información corresponde a las decisiones iniciales; no se incluye el resultado de los recursos u otras decisiones posteriores.

	Solicitudes de asilo recibidas en el Reino Unido a , decisiones iniciales y porcentajes
	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009 b	2010 b
Solicitudes recibidas	49 405	33 960	25 710	23 610	23 430	25 930	24 485	17 790
Solicitudes retiradas	1 835	2 205	2 545	1 780	1 230	2 740	3 345	2 905
Porcentajes de decisiones iniciales examinadas en virtud de los procedimientos ordinarios
Total	(100)	(100)	(100)	(100)	(100)	(100)	(100)	(100)
Concesiones de asilo	(6)	(3)	(7)	(10)	(16)	(19)	(17)	(17)
Concesiones de permisos excepcionales de permanencia en el país, protección humanitaria o permis o de estadía discrecional c	(11)	(9)	(10)	(11)	(10)	(11)	(11)	(8)
Denegaciones de la solicitud de asilo, permisos excepcionales de permanencia en el país, protección humanitaria o permiso de estadía discrecional	(83)	(88)	(83)	(79)	(74)	(70)	(72)	(75)

a Las cifras (y no los porcentajes) se han redondeado hacia el múltiplo de 5 más cercano ( ‑  = 0, * = 1 o 2) y pueden no sumar exactamente el total debido a que el redondeo se ha efectuado por separado.

b Cifras provisionales; posible revisión en agosto.

c Desde el 1º de abril de 2003, los estatutos de " protección humanitaria " y " permiso de estadía discrecional " sustituyeron al " permiso excepcional de permanencia en el país " .

Artículo 4Tipificación de la tortura como delito

197.Los detalles sobre las medidas para tipificar la tortura como delito en el Reino Unido figuran en los párrafos 39 a 41 del cuarto informe periódico del Reino Unido. El Reino Unido reitera su postura de que la legislación del Reino Unido es compatible con la Convención, como se indica en el párrafo 28 de este informe.

Personal militar

198.La Ley de justicia penal de 1988 se aplica tanto a los civiles como al personal militar, tal como sucede con toda la legislación penal en el Reino Unido. La legislación militar contiene una disposición en la que se estipula que un acto que constituiría un delito con arreglo a la legislación penal de Inglaterra y Gales, constituye asimismo un delito de conformidad con la legislación militar. Por lo tanto, la tortura está explícitamente prohibida en la legislación militar, y se castiga con la misma pena que podría aplicarse en virtud del derecho penal del Reino Unido.

199.El ejército del Reino Unido está sujeto a la legislación militar en todo momento, independientemente del lugar del mundo en el que se encuentre. Por lo tanto, el personal militar puede ser procesado, y lo será, si existen pruebas de que ha cometido torturas, agresiones, o cualquier otro delito contra una persona. En el artículo 134 de la Ley de justicia penal de 1988 no se establece ninguna prescripción extintiva.

Personal policial

Inglaterra y Gales

200.Los procedimientos de disciplina y desempeño insatisfactorio se establecen en las Leyes de policía de 1996 y 1997 (que sustituyen a los que figuran en la parte IX de la Ley PACE), y se concretan en el Reglamento de conducta de la policía de 2008 y el Reglamento de desempeño de la policía de 2008.

201.En 2004, el Secretario del Interior encargó un examen de las disposiciones vigentes en relación con la conducta indebida y el desempeño insatisfactorio de la policía. El Examen de los procedimientos disciplinarios de la policía fue llevado a cabo por William Taylor (antiguo Comisionado de la Policía de la ciudad de Londres y ex Inspector de Policía de Su Majestad para Escocia).

202.Las recomendaciones del informe, que fue publicado en 2005, fueron aceptadas por los ministros y se solicitó a la Junta Consultiva de la Policía de Inglaterra y Gales que se encargara del proceso de puesta en práctica de las recomendaciones.

203.En el Informe Taylor se señalaba que el sistema vigente para tratar la conducta policial indebida era demasiado burocrático y legalista, y que prácticamente carecía de estímulos para que los responsables trataran de manera rápida y proporcionada los casos de conducta indebida menos graves. Las vistas disciplinarias eran consideradas como algo similar a las audiencias penales, e incluso los casos menores de conducta indebida eran examinados por un equipo compuesto por tres funcionarios policiales de rango superior.

204.En el Informe Taylor se proponía que los nuevos procedimientos de conducta indebida se basaran en los principios del Servicio de Asesoramiento, Conciliación y Arbitraje (ACAS, una organización dedicada a prevenir y resolver los conflictos laborales), lo que modernizaría el sistema y facilitaría que los policías, y las fuerzas policiales en su conjunto, extrajeran experiencias y mejoraran el servicio que prestan al público. Uno de los elementos fundamentales planteados era la necesidad de modificar el énfasis y la cultura con respecto a la conducta policial indebida, para propiciar un entorno centrado en el desarrollo y la mejora, en vez de hacer hincapié en la culpa y el castigo. Además, en el informe se resalta la importancia de realizar una evaluación completa de la conducta alegada en una fase temprana, con el propósito de poder aplicar una respuesta proporcionada y que no sea burocrática. También se recomienda una revisión de los procedimientos en vigor con respecto a los casos individuales de escaso rendimiento y asistencia de los policías.

205.En diciembre de 2008, se presentaron los nuevos reglamentos de conducta y de desempeño de la policía de 2008, con el propósito de establecer un marco con respecto a la conducta y el desempeño insatisfactorio de los policías que reflejara más fielmente lo que sucede en la práctica profesional ordinaria.

206.Los nuevos procedimientos ofrecen un método justo, abierto y proporcionado para tratar los presuntos casos de conducta indebida y desempeño insatisfactorio. Tienen la finalidad de fomentar una cultura de aprendizaje y desarrollo entre las personas y en la organización. Las sanciones desempeñan su función, cuando las circunstancias lo requieren, pero la mejoría será siempre un componente de cualquier resultado (incluso en el caso de que una persona haya sido despedida, las fuerzas policiales pueden extraer experiencias al respecto).

207.Los reglamentos de conducta y desempeño implican lo siguiente:

Hay un nuevo conjunto de "Normas de conducta profesional", que establecen los estándares que se esperan de los policías. Esos estándares abarcan esferas tales como "Autoridad, respeto y cortesía", donde se establece que los policías no deben, bajo ninguna circunstancia, infligir, instigar o tolerar ningún acto de trato inhumano o degradante, tal como se establece en el artículo 3 del Convenio Europeo de Derechos Humanos.

En la actualidad, los procedimientos disciplinarios son similares a los de otros contextos profesionales.

La norma civil respecto de los medios de prueba ("equilibrio de probabilidades" en lugar de la norma penal de la "ausencia de toda duda razonable") sigue siendo necesaria en los casos disciplinarios.

Existe un procedimiento rápido para sancionar a los policías contra quienes hay pruebas concluyentes de conducta indebida grave.

Existen facultades más amplias para proceder en ausencia de los policías acusados que se declaran enfermos cuando tienen que enfrentarse a medidas disciplinarias.

El jefe de policía puede relevar de sus funciones a un miembro de su cuerpo cuando una denuncia indique que puede haber cometido una falta disciplinaria grave, se haya investigado o no la cuestión. Un policía que haya sido suspendido de sus funciones no puede retirarse del cuerpo sin el permiso del jefe de policía.

Existe un mecanismo muy eficaz para tratar el desempeño insatisfactorio (o la asistencia) de los policías, con la posibilidad de cesarlos cuando no se consiga que su desempeño se corresponda con los estándares previstos.

Escocia

208.En Escocia, en virtud del Reglamento de eficiencia de la policía (Escocia) de 1996 y el Reglamento de conducta de la policía (Escocia) de 1996, se aplican medidas análogas. Ambos están siendo revisados por el grupo técnico de trabajo de la Junta Consultiva de la Policía de Escocia. Este examen tendrá en cuanta la labor realizada en Inglaterra y Gales en el marco del Informe Taylor.

Artículo 5Establecimiento de la jurisdicción

209.La postura coherente del Gobierno del Reino Unido ha sido que la Convención de las Naciones Unidas contra la Tortura no afecta a la cuestión de la jurisdicción civil en relación con los actos cometidos en el extranjero, sino que solo hace referencia a la jurisdicción penal. De acuerdo con esta posición, el Reino Unido dio cumplimiento a las disposiciones pertinentes de la Convención mediante la promulgación de los artículos 134 y 135 de la Ley de justicia penal de 1988, en los que se establece que la tortura es un delito punible en el Reino Unido.

210.El 7 de julio de 2011, la Gran Sala del Tribunal Europeo de Derechos Humanos dictó sentencia en los casos Al Skeini c. Reino Unido (diligencia Nº 55721/07) y Al-Jedda c. Reino Unido (diligencia Nº 27021/08). En el caso de Al-Jedda, el Tribunal decidió que el Reino Unido tenía jurisdicción en virtud del artículo 1 del Convenio Europeo de Derechos Humanos (Obligación de respetar los derechos humanos) en relación con una persona que había sido internada por las fuerzas armadas del Reino Unido actuando de conformidad con la resolución 1546 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Con respecto al caso de Al-Skeini, el Tribunal determinó que los reclamantes estaban bajo la jurisdicción del Reino Unido, ya que se trataba de civiles muertos durante las operaciones de seguridad realizadas por soldados del Reino Unido en Basora en el período comprendido entre mayo de 2003 y junio de 2004. Aunque se trata de decisiones muy recientes y todavía se está analizando el conjunto de implicaciones de los juicios, el Tribunal reafirmó el principio de que el significado de "jurisdicción" en el artículo 1 del Convenio Europeo de Derechos Humanos es fundamentalmente territorial, aunque hay una serie de circunstancias excepcionales que pueden dar lugar al ejercicio de la jurisdicción por un Estado fuera de sus límites territoriales. En los hechos del caso de Al-Skeini, el Tribunal consideró que concurrían esas circunstancias excepcionales que permitían establecer la jurisdicción en el Iraq, sujeta a determinados límites geográficos y temporales. En particular, el Tribunal señaló que el Reino Unido había asumido "la autoridad y la responsabilidad del mantenimiento de la seguridad en el sudeste del Iraq" y que el Reino Unido, "por medio de sus soldados, que participaban en operaciones de seguridad en Basora durante el período en cuestión, ejercía la autoridad y el control sobre las personas fallecidas en el curso de esas operaciones de seguridad, por lo que existía un vínculo entre las muertes y el Reino Unido a los efectos del artículo 1".

211.En el caso Al-Saadoon y Mufdhi c. Reino Unido (diligencia Nº 61498/08) una Sala del Tribunal Europeo de Derechos Humanos examinó la cuestión de si el traspaso por el Reino Unido de los reclamantes, que estaban bajo la custodia de las tropas del Reino Unido en el Iraq, a las autoridades del Iraq para su enjuiciamiento infringía el artículo 3 del Convenio Europeo de Derechos Humanos. En el caso de Saadoon y Mufdhi ([2009] EWCA Civ7), el Tribunal de Apelación del Reino Unido sostuvo que el Convenio Europeo de Derechos Humanos solo se aplica a las personas detenidas por el ejército del Reino Unido en el Iraq, donde el Reino Unido ejercía, tanto de jure como de facto, el control legal sobre esas personas; el control físico de facto por sí solo no es suficiente para que sean aplicables los derechos y las obligaciones del Convenio Europeo de Derechos Humanos. La Sala del Tribunal Europeo de Derechos Humanos estuvo de acuerdo con esa posición, en principio, pero observó que el Reino Unido tenía el control de jure, mientras que el Tribunal de Apelación sostuvo que no lo tenía; por lo tanto, la Sala concluyó que las personas en cuestión estaban bajo la jurisdicción del Reino Unido. El Tribunal sostuvo que en este caso se había infringido el artículo 3 del Convenio Europeo de Derechos Humanos (Prohibición de la tortura), ya que el traspaso de esas personas a las autoridades iraquíes en circunstancias en las corrían un riesgo real de que se les aplicara la pena de muerte las expuso a un sufrimiento psicológico cuya naturaleza y grado constituían un trato inhumano. La solicitud de remisión de la causa presentada por el Gobierno de Su Majestad a la Gran Sala fue denegada.

212.Las normas de conducta y de tratamiento físico de los prisioneros que se exigen al ejército del Reino Unido son parte del derecho internacional pertinente y la legislación militar, que son de aplicación a las fuerzas armadas del Reino Unido en todo momento, independientemente del lugar del mundo en el que se encuentren. En la legislación militar se tipifica explícitamente la tortura como delito, lo que está en conformidad con la Convención contra la Tortura.

Artículo 6Detención de las personas sospechosas de cometer actos de tortura

213.Los procedimientos de detención de las personas sospechosas de haber cometido actos de tortura se indican en los párrafos 155 a 164 de este informe.

Artículo 7Procesamiento de las personas sospechosas de cometer actos de tortura y no extraditadas

Primer procesamiento en el Reino Unido por un delito de tortura

214.En 2005, el Reino Unido realizó el primer procesamiento interno de un extranjero por la comisión de actos de tortura fuera del Reino Unido. Se ejerció la acusación contra un ciudadano afgano, Faryadi Zardad, que estuvo al mando de un puesto de control en Afganistán en el período 1992-1996.

215.De conformidad con el artículo 6, párrafo 1, de la Convención, en julio de 2003, Zardad fue detenido por la policía en su domicilio de Londres y puesto bajo custodia. En las investigaciones iniciales sobre su pasado, provocadas por un programa de noticias de la televisión, se llegó a la conclusión de que existía una posibilidad razonable de que fuera declarado culpable de los delitos de tortura y toma de rehenes.

216.Zardad fue detenido para proceder al interrogatorio, de conformidad con la Ley PACE y los códigos de prácticas complementarios, que son las leyes del Estado a las que se hace referencia en el artículo 6, párrafo 1, de la Convención. El detenido, durante el período de detención, pudo ejercer todos los derechos aplicables a las personas detenidas en virtud de esas disposiciones. Entre ellos figura la atención médica regular y el derecho a tener "toda clase de facilidades para comunicarse inmediatamente con el representante correspondiente del Estado de su nacionalidad que se encuentre más próximo", tal como se estipula en el artículo 6, párrafo 3, de la Convención.

217.El Afganistán no solicitó la extradición de Zardad a ese país. En el artículo 7, párrafo 1, de la Convención se estipula que el Estado Parte en cuya jurisdicción sea hallada la persona que supuestamente ha cometido actos de tortura, si no procede a su extradición, someterá el caso a sus autoridades competentes a efectos de enjuiciamiento.

218.En consecuencia, el Ministerio Público de la Corona examinó las pruebas contra Zardad y decidió que debía ser procesado por los delitos de tortura y toma de rehenes. La decisión fue tomada sobre la base del examen dispuesto en el Código para los fiscales de la Corona. Este examen se aplica en todos los casos penales enjuiciados por el Ministerio Público de la Corona; como se requiere en el artículo 7, párrafo 2, de la Convención, no se ha realizado ninguna distinción en el nivel de las pruebas necesarias para el enjuiciamiento y la inculpación en los casos procesados sobre la base de la jurisdicción extraterritorial.

219.No obstante, no se deben pasar por alto las dificultades operativas y el costo que supone para los fondos públicos el ejercicio de la acción penal sobre la base de la jurisdicción extraterritorial. Estos son inmensos y no siempre se valoran en toda su amplitud. La mayoría de las investigaciones tuvieron que realizarse en el Afganistán, a menudo en circunstancias difíciles o peligrosas. En cuatro ocasiones los investigadores estuvieron acompañados por los fiscales. Al dictar sentencia, Su Señoría el Sr. Treacy, observó lo siguiente:

"Soy consciente de que los funcionarios que se ocuparon de la investigación y administración de este caso en el Afganistán han trabajado en condiciones de extrema incomodidad personal, en ocasiones corriendo un riesgo personal extremo, y resulta evidente que han demostrado un grado de dedicación a su labor que excede en mucho de lo habitual".

Antecedentes

220.Los hechos comprobados están relacionados con la guerra civil que tuvo lugar en el Afganistán entre 1992 y 1996. Los clanes afganos no consiguieron llegar a un acuerdo sobre el reparto del poder tras la salida de las fuerzas rusas; el principal conflicto era entre dos facciones rivales: Hezb-e-Islami y Jamiat-e-Islami.

221.Faryadi Zardad era un jefe de la facción Hezb-e-Islami que tenía bajo su mando a aproximadamente 1.000 hombres y controlaba una base militar en el bastión de Sarobi de esa facción. Casi todo el tránsito entre Peshawar (Pakistán) y Kabul (Afganistán) tenía que utilizar la carretera que pasaba por Sarobi. Todo ese tránsito tenía que pasar por la base militar del Sr. Zardad, que tenía un puesto de control situado en un punto estratégico de la carretera.

222.El puesto de control permitía al Sr. Zardad y a sus soldados robar bienes y dinero a las personas que lo cruzaban, evitar que llegaran suministros a sus enemigos en Kabul, e intercambiar prisioneros apresados por los grupos rivales.

223.El Sr. Zardad y los soldados bajo su mando cometieron múltiples delitos de tortura y toma de rehenes. Utilizaron la violencia de forma indiscriminada e injustificada contra viajeros civiles inocentes, con inclusión de torturas, palizas, lesiones, encarcelamientos, extorsión y ejecuciones.

224.Cuando los talibanes tomaron el control del Afganistán, el Sr. Zardad huyó al Pakistán, desde donde se dirigió al Reino Unido. En septiembre de 1998 solicitó asilo en el Reino Unido.

Juicio

225.En el juicio, el Sr. Zardad se enfrentó a un escrito de acusación que incluía un cargo de conspiración para practicar la tortura y un cargo de conspiración para tomar rehenes entre 1992 y 1996. Estuvo representado en todo el procedimiento judicial por un abogado principal y un abogado auxiliar. Fue juzgado por un juez del Tribunal Superior de Justicia y un jurado del Tribunal Penal Central. El 18 de julio de 2005, tras la celebración de un nuevo juicio (el jurado no pudo llegar a un veredicto en un juicio anterior) fue declarado culpable de ambos cargos por unanimidad. El 19 de julio de 2005, el juez que dictó sentencia lo condenó a 20 años de prisión por cada uno de los cargos, debiéndose cumplir las penas simultáneamente.

Precedentes jurídicos

226.En el curso del primer juicio, el tribunal se pronunció sobre las circunstancias en las que se puede decir que se trata de una "persona en el ejercicio de funciones públicas" (en otras palabras, un funcionario público de facto ), como se establece en el artículo 1 de la Convención y en la legislación correspondiente del Reino Unido.

227.Esta sentencia es importante porque se trataba del primer caso de ese tipo en virtud del derecho inglés y porque se ha informado de muy pocas sentencias de tribunales de otros Estados que son parte en la Convención. Por lo tanto, se carecía de precedentes a nivel nacional que ayudaran al juez a interpretar la Convención y la legislación aplicable. En consecuencia, la importancia que el juez otorgó a las fuentes internacionales en su sentencia, en particular, a dos decisiones del Comité contra la Tortura de las Naciones Unidas, es digna de mención, y sienta un precedente útil para los tribunales nacionales de otras jurisdicciones que se ocupen de casos similares.

228.En el artículo 134, párrafo 1, de la Ley de justicia penal, que da efecto a los artículos 1 y 4 de la Convención, se establece que:

"Un funcionario público o una persona en el ejercicio de funciones públicas, independientemente de su nacionalidad, comete el delito de tortura si, en el Reino Unido o en otro lugar, inflige intencionadamente dolor o sufrimiento grave a otra persona en el ejercicio o presunto ejercicio de sus funciones públicas."

229.La defensa alegó que el Sr. Zardad no era un "funcionario público o una persona en el ejercicio de funciones públicas" a los efectos del artículo 134: no era suficiente para el procesamiento afirmar esa cuestión debido a que el Sr. Zardad era un jefe de un grupo que ejercía el control de una parte del Afganistán en el que era un "funcionario público" de facto. Por el contrario, la acusación debía demostrar que, o bien no había ninguna autoridad del Estado en el Afganistán en el momento en cuestión, en cuyo caso otros organismos podrían ejercer una autoridad cuasi oficial; o bien, si existía una autoridad estatal (como era el caso, ya que existía un gobierno en Kabul que tenía un embajador reconocido ante las Naciones Unidas), la acusación debía demostrar que el Sr. Zardad debía su posición a esa autoridad. La defensa se basó en la decisión del Comité contra la Tortura en el caso de HMHI c. Australia (comunicación Nº 177/2001).

230.La acusación argumentó que el Sr. Zardad tenía un puesto como funcionario público de facto, ya que en la guerra civil su facción controlaba una zona del Afganistán de una manera equivalente a una autoridad gubernamental, independientemente de la existencia, al menos en teoría, de una autoridad gubernamental oficial en Kabul. Para ello, la acusación se basó en la decisión del Comité contra la Tortura en Elmi c. Australia (comunicación Nº 120/1998) y en la decisión del Tribunal Penal Internacional para la ex-Yugoslavia en Furundzija (10 de diciembre de 1998: IT-95-17H-T).

231.El Tribunal sostuvo que, a efectos de los elementos de la tortura, tal como se establecen en el artículo 1 de la Convención y el artículo 134 de la Ley de justicia penal, se deben examinar los hechos de cada situación particular para probar suficientemente que una organización tiene el control real de una zona y ejerce el tipo de autoridad que ejercería un gobierno:

"He interpretado [el artículo 134, párrafo 1] habiendo tenido en cuenta el propósito de la Convención y de las autoridades internacionales que han sido señaladas a mi atención, en el sentido de que la expresión "persona en el ejercicio de funciones públicas" incluye a aquellas personas que actúan para un organismo que ha adquirido el control efectivo de facto de una zona de un país y ejerce las funciones gubernamentales o cuasi gubernamentales en esa zona".

232.El Tribunal consideró que el mero hecho de aplicar el criterio invocado por la defensa no reflejaría la realidad de muchos países y establecería un vacío considerable con respecto a la aplicación del artículo 134 de la Ley de justicia penal.

Artículo 8Extradición de personas sospechosas de cometer actos de tortura

233.El Reino Unido no ha recibido solicitudes de extradición de personas acusadas de haber cometido actos de tortura desde la presentación del cuarto informe.

Artículo 9Asistencia judicial mutua

234.Como se indicó en informes anteriores, el Reino Unido presta plena asistencia judicial a los tribunales o fiscales extranjeros con arreglo a la Ley de justicia penal (cooperación internacional) de 1990. La autoridad central del Reino Unido para la asistencia judicial mutua no ha recibido ninguna solicitud de asistencia de autoridades extranjeras con respecto a delitos relacionados con torturas.

Artículo 10Educación y formación del personal policial, militar, médico y otros, para evitar la tortura y otras formas de maltrato

235.El Gobierno del Reino Unido ha tomado nota de las observaciones formuladas por el Relator Especial sobre la cuestión de la tortura de las Naciones Unidas en su documento [E/CN.4/2006/6] acerca de que la definición de tortura [podría] ampliarse para incluir el concepto de indefensión de la víctima, en particular en relación con las mujeres [y los niños]. El Gobierno condena las prácticas mencionadas por el Relator Especial que han dado lugar a esa propuesta. En el Reino Unido, la violación y la mutilación genital femenina son delitos estipulados respectivamente en la Ley de delitos sexuales de 2003 y la Ley sobre la mutilación genital femenina de 2003.

236.En los informes anteriores se han indicado los principios generales en los que se basan todos los programas de formación del personal policial y médico: respeto de la persona, humanidad y requisito de actuar en el marco de la ley y de defenderla en todo momento. A continuación se indican los cambios más recientes.

Funcionarios de policía

Gran Bretaña

237.En enero de 2008, el Consejo de formación sectorial para el sector de la salud (por encargo del Ministerio del Interior) estableció las normas laborales nacionales para los profesionales de la salud que trabajan en los establecimientos policiales. En ese documento se establecen las competencias requeridas para cada categoría de profesionales de la salud para que presten una atención sanitaria apropiada y oportuna a los detenidos en las comisarías.

238.Desde el 1º de abril de 2008, las disposiciones de la Ley sobre la salud mental de 2007 permiten trasladar a una persona detenida en virtud del artículo 136 de la Ley sobre la salud mental de 1983 (una persona detenida y llevada a un lugar seguro para realizar una evaluación) de un lugar seguro a otro antes de proceder a la evaluación. El principal motivo de este cambio es permitir que las personas detenidas en virtud del artículo 136 que son llevadas a una comisaría sean trasladadas lo antes posible a un lugar seguro más adecuado (por ejemplo, a un hospital) para realizar la evaluación. El código de prácticas conexo y la orientación que lo acompaña dejan en claro que una comisaría no es un lugar apropiado para detener a una persona con ese fin y que esas instalaciones solamente deben utilizarse de forma excepcional, en casos en los que se trate de una persona violenta o posiblemente violenta y pueda existir peligro para ella o para las personas que estén con ella.

239.El Código C de la Ley PACE y la Guía para una detención y un tratamiento más seguros de las personas bajo custodia policial dejan en claro la necesidad de garantizar que se proporcione un tratamiento adecuado y respetuoso a todos los detenidos, así como la de identificar cualquier vulnerabilidad adicional o requisito específico de un detenido. Se deben adoptar las medidas adecuadas para apoyar a la persona y ayudar a minimizar cualquier riesgo adicional derivado de su situación o vulnerabilidad, y se deben disponer las instalaciones o los materiales adecuados para satisfacer cualquier necesidad particular debida a motivos étnicos o religiosos. En enero de 2008 se publicó un módulo de capacitación anexo a la Guía para una detención y un tratamiento más seguros de las personas bajo custodia policial.

Escocia

240.En el documento de la Asociación de Jefes de Policía de Escocia titulado "Manual de instrucciones sobre la custodia, 2008" figura la orientación con respecto a la detención y la custodia policial en Escocia.

Irlanda del Norte

241.En los párrafos 55 a 60 del cuarto informe del Reino Unido figura la información detallada sobre la educación y formación de los policías en Irlanda del Norte.

242.En marzo de 2008, la Junta de fiscalización de la policía de Irlanda del Norte publicó un Código de Ética del PSNI revisado. El Código se basa ampliamente en los instrumentos internacionales de derechos humanos, en particular en el Código de conducta para funcionarios encargados de hacer cumplir la ley de las Naciones Unidas.

Funcionarios penitenciarios

Inglaterra y Gales

243.El Servicio Nacional de Tratamiento de los Delincuentes de Inglaterra y Gales se ocupa de asegurar que el tratamiento de los reclusos sea digno y en un entorno humanitario y seguro, y la formación de los funcionarios penitenciarios así lo refleja. Se hace mucho hincapié en las aptitudes interpersonales y el establecimiento de relaciones positivas con los reclusos.

244.Todos los funcionarios penitenciarios recién contratados deben completar un programa de capacitación inicial de un año de duración, que les permite obtener una calificación profesional nacional de nivel 3 en atención en instituciones. Esta formación comienza con un curso de capacitación inicial para funcionarios penitenciarios, de ocho semanas de duración, en el que se les imparte un nivel básico de formación en todas las esferas importantes, que incluye cuestiones tales como las aptitudes interpersonales, el reconocimiento de la salud mental, la raza y la diversidad, la reducción de la violencia y una custodia más segura, junto con los conocimientos y las habilidades prácticas más tradicionales en materia de seguridad necesarios para poder ejercer como funcionario penitenciario. Los funcionarios penitenciarios en servicio también tienen la oportunidad de solicitar la obtención del nivel 3 de calificación profesional nacional en atención en instituciones.

245.El curso de capacitación inicial para funcionarios penitenciarios se basa en los principios de respeto a la dignidad humana y de reconocimiento de los derechos de las personas. La formación en aptitudes interpersonales enseña a los estudiantes una variedad de habilidades de comunicación (lenguaje verbal, lenguaje corporal y habilidad para escuchar) y el concepto de trabajo en equipo, así como conocimientos sobre los distintos tipos de comportamiento. La diversidad es un elemento que recorre todo el curso y, además, hay dos sesiones específicamente dedicadas a esa cuestión. Se ha incorporado a este curso el programa de aprendizaje "Challenge it, Change it", que trata el comportamiento inadecuado en todos los aspectos de la diversidad y actualmente se está haciendo extensivo a todo el ámbito del Servicio Nacional de Tratamiento de los Delincuentes. El curso también incluye una sesión de sensibilización con respecto a la raza, en la que se hace hincapié en la necesidad de que los funcionarios se pongan en la situación de los reclusos de raza negra o de una minoría étnica e intenten ver las cosas desde su perspectiva. Se imparten técnicas que permiten desarrollar esta habilidad. También se imparten sesiones sobre la atención de los reclusos con necesidades específicas, esto es, la salud mental, los reclusos de edad, las dificultades de aprendizaje, las personas con riesgo de cometer suicidio o autolesionarse y los ciudadanos extranjeros.

246.El personal ya en servicio, incluido el personal directivo superior, recibe una formación específica de acuerdo con su función, en particular sobre el tratamiento adecuado y respetuoso de los reclusos, que está integrado en todos los programas de aprendizaje. El módulo de aprendizaje denominado "Enjuiciamiento" abarca, entre otras cosas, lo que constituye un castigo legítimo, la manera de asegurar que la pena sea proporcional al delito y la cuestión de que los reclusos sean tratados con dignidad y respeto. El Manual de decisiones judiciales del Servicio Penitenciario y la Orden del Servicio Penitenciario 2000, Decisiones judiciales, complementan esta formación por medio de instrucciones y orientaciones claras sobre los procedimientos de adopción de decisiones judiciales con respecto a los reclusos acusados de haber incumplido la disciplina penitenciaria.

247.El Modelo de Tratamiento de los Delincuentes del Servicio Nacional de Tratamiento de los Delincuentes garantiza que se trata a los reclusos de manera coherente, constructiva y consecuente en todo el período de cumplimiento de condena, y los principales organismos que se ocupan de los delincuentes colaboran en las distintas etapas de la sentencia (el juicio, la sentencia, la custodia y la supervisión de la comunidad). El modelo se basa en una evaluación exhaustiva tras la que se elabora un plan de cumplimiento de la pena individual, en colaboración con el delincuente. El plan se revisa y evalúa durante el cumplimiento de la pena, siendo un principio básico que el delincuente es el elemento central en todo el proceso de evaluación, planificación y supervisión.

248.Además, en cuanto al tratamiento de los delincuentes se hace hincapié en la importancia de establecer relaciones positivas entre los reclusos y el personal. Se imparte capacitación al personal penitenciario para que pueda hacer frente a los riesgos y las necesidades de los reclusos, lo que puede incluir intervenciones tales como programas sobre la conducta del delincuente.

249.Los nuevos funcionarios penitenciarios reciben 32 horas de capacitación en seguridad personal y control y restricción, que se evalúan como parte de su calificación profesional nacional en atención en instituciones para asegurar que demuestran su competencia en esas dos esferas. Toda la formación impartida se basa en el Manual de control y restricción, y abarca muchas de las situaciones a las que un funcionario puede tener que hacer frente con los reclusos, desde aquellas en las que están presentes un recluso y un funcionario (seguridad personal) hasta operaciones de reducción planificadas de control y restricción, en las que participan equipos de tres funcionarios. En la capacitación sobre control y restricción, los funcionarios de prisiones recién contratados aprenden las normas que rigen la utilización de la fuerza, la manera de gestionar las situaciones de enfrentamiento y estrategias de resolución de conflictos, lo que les permite considerar todas las alternativas posibles para resolver las situaciones sin recurrir al uso de la fuerza. También se hace referencia específica a la legislación pertinente, lo que incluye la Ley de derechos humanos de 1998, y los artículos 2, 3 y 8 del Convenio Europeo de Derechos Humanos. Tras esta formación inicial, todos los funcionarios penitenciarios deben asistir a un curso de capacitación anual de actualización sobre el uso de la fuerza.

250.Todos los adiestradores de perros de las prisiones, así como sus perros, están capacitados para utilizar la mínima fuerza necesaria para evitar fugas o responder a cualquier tipo de violencia que se muestre hacia ellos o hacia otras personas. Existen procedimientos de evaluación y concesión de licencias para garantizar que todos los equipos de perros cumplen con ese requisito de formación, tanto al finalizar la formación inicial como en la formación posterior que se realiza cada año.

Escocia

251.Como se señaló en el cuarto informe párr. 83), en Escocia, se imparte formación de sensibilización en materia de derechos humanos a todo el personal penitenciario, que ha sido preparada por la Escuela del Servicio Penitenciario de Escocia y está a cargo de funcionarios capacitados. Se imparte esa formación al personal penitenciario ya en servicio y también a los nuevos funcionarios del Servicio Penitenciario de Escocia.

Irlanda del Norte

252.El Servicio Penitenciario de Irlanda del Norte cuenta con un amplio programa de formación que permite que todo el personal nuevo sea plenamente consciente de sus responsabilidades en materia de derechos humanos. El programa incluye la realización de juegos de rol y simulaciones, y algunos se llevan a cabo en un bloque de celdas con las mismas condiciones que existen en la prisión.

253.El Programa estratégico de eficiencia y eficacia del Servicio Penitenciario de Irlanda del Norte se debe poner en marcha a finales de junio de 2011. Este será el mecanismo mediante el que el Servicio Penitenciario pondrá en práctica el proceso completo de transformación. En el marco de este Programa, el Servicio procurará que la organización del personal más sencilla y dispondrá de una plantilla profesionalizada, flexible y bien capacitada, formada en una cultura de prestación de servicios, gestión del desempeño profesional y rendición de cuentas. Entre las principales esferas de trabajo figuran: la redefinición del papel del funcionario penitenciario y la creación del puesto de auxiliar; la contratación de personal adicional en los puestos auxiliares para disponer de mayor flexibilidad; la formulación de un marco de competencias del personal que sirva de base a la actividad de formación, el desempeño y las normas; y una amplia revisión de la capacitación y los mecanismos de aplicación.

254.El proceso de iniciación del personal directivo recién designado contiene un módulo específico sobre derechos humanos, que es impartido por un asesor interno en materia de derechos humanos. Se ha impartido formación de sensibilización al personal ya en funciones y el Servicio está preparando un módulo interactivo de aprendizaje electrónico que será obligatorio para todo el personal.

Personal médico

255.Todo el personal sanitario registrado que trabaja en las prisiones tiene el mismo nivel de competencias que el que trabaja en el Servicio Nacional de Salud. Además, el personal médico penitenciario tiene acceso a los mismos programas de capacitación del Servicio Nacional de Salud como parte de su desarrollo profesional permanente.

256.A partir de abril de 2006 se transfirió la responsabilidad de la atención médica de los reclusos al Servicio Nacional de Salud. Se realizó un traspaso escalonado a lo largo de tres ejercicios económicos, y los consorcios de atención primaria pasaron a encargarse de la atención médica de todas las prisiones de su zona.

257.Con respecto al personal médico que trabaja en las prisiones, los consorcios de atención primaria realizan una evaluación de las necesidades de salud que sirve de base para elaborar su plan de acción. En la evaluación se determinan los servicios necesarios y su posible magnitud, pudiéndose así establecer las habilidades y los recursos necesarios para satisfacer esos requisitos. El principio rector es que los consorcios locales de atención primaria deberían prestar servicios que satisfagan los mismos estándares que los fijados para la comunidad en general.

258.El personal médico es consciente de que las necesidades de atención médica de los reclusos, tanto hombres como mujeres, han aumentado significativamente, en particular en relación con la salud mental y el uso indebido de sustancias. Los consorcios locales de atención primaria tienen en cuenta esas necesidades específicas.

Irlanda del Norte

259.En Irlanda del Norte, todo el personal médico debe aprobar exámenes profesionales para poder progresar en su carrera. Se ocupan de esos exámenes y los supervisan los reales colegios profesionales pertinentes. Las cuestiones de ética y honradez son elementos fundamentales para la revalidación de los médicos generales, que deben demostrar que cumplen los requisitos específicos del Real Colegio de Médicos Generales para obtener la revalidación.

260.El personal médico empleado por medio de los Consorcios de Salud y Atención Social debe demostrar a las autoridades que lo han contratado que ha iniciado la identificación de las necesidades de formación por medio de los procesos de evaluación y planificación del empleo. Los requisitos individuales en materia de formación del personal se revisan anualmente.

261.Todo el personal sanitario recibe capacitación de iniciación, que incluye temas sobre derechos humanos, igualdad y diversidad, conciencia de la discapacidad, e intimidación y acoso. El personal sanitario participa en planes de desarrollo personal que se revisan semestralmente. Las condiciones de la formación se determinan, contratan e imparten por medio de las organizaciones pertinentes, como el Consorcio de Salud y Atención Social y el Beeches Management Centre.

Escocia

262.Los servicios médicos de los establecimientos que gestiona directamente el Servicio Penitenciario de Escocia se prestan en el marco de un contrato nacional. Una de las condiciones de ese contrato es que todos los médicos estén debidamente cualificados para el trabajo penitenciario, registrados en el Consejo Médico General y dispongan de una licencia para ejercer. También es un requisito para todos los médicos participar en cursos de iniciación y de desarrollo profesional permanente, así como en la formación específica para el trabajo penitenciario, que abarca la gestión del riesgo de suicidio. Esto incluye la formación pertinente sobre cuestiones éticas y morales, que también figuran en la estrategia de capacitación y aprendizaje del personal de enfermería penitenciario.

Funcionarios de inmigración

263.La capacitación de los nuevos funcionarios de inmigración a nivel nacional incluye secciones sobre prevención del suicidio, igualdad y diversidad, y prácticas laborales seguras y profesionales. La información sobre la Ley de derechos humanos forma parte de la capacitación que se imparte a los trabajadores sociales y al personal operativo de los servicios de inmigración. Se imparten conocimientos sobre el contexto de la Ley de derechos humanos y el Convenio Europeo de Derechos Humanos, prestando especial atención a los artículos 2, 3, 5, 8 12 y 14. Si es necesario, se imparten sesiones dedicadas exclusivamente a esos dos instrumentos de derechos humanos. También se ha puesto a disposición de todo el personal un módulo interactivo de aprendizaje electrónico.

264.La atención médica y sanitaria en los centros de traslado se rigen por el Reglamento de centros de detención, que entró en vigor en abril de 2001 (como se indica en los párrafos 95 y 96 del cuarto informe periódico del Reino Unido).

Instrucción militar

Capacitación de las fuerzas armadas en materia de detención

265.Con el fin de salvaguardar los derechos de los detenidos, antes de que inicie sus tareas, se imparte una formación exhaustiva a todo el personal que podría participar en asuntos relacionados con la detención en zonas de conflicto. El personal responsable de la supervisión de las personas detenidas en el Reino Unido, antes o después de la imputación de cargos, recibe una formación obligatoria en el Centro militar de capacitación correctiva de Colchester.

266.Se imparte capacitación a todo el personal desplegado en una zona de conflicto sobre la Ley del conflicto armado y las normas del trato a los detenidos que se deben cumplir. Se imparte capacitación adicional a aquellos que se encargarán de la vigilancia y el tratamiento regular de los prisioneros. Se imparte un curso de ocho días de duración que enseña a los suboficiales a gestionar y administrar un centro de detención de la unidad y a actuar como asesor del comandante en materia de detención a nivel de la unidad.

267.Todos los centros de detención en el extranjero y en zonas de conflicto se gestionan, mantienen y supervisan bajo la autoridad del Jefe de la Policía Militar del Ejército.

El Centro militar de capacitación correctiva

268.El Centro militar de capacitación correctiva es el centro de capacitación correctiva del ejército del Reino Unido. Se trata de un centro de detención militar, más que de una prisión, y tiene por objetivo rehabilitar al personal para que pueda regresar a las fuerzas armadas o a la sociedad civil después de haber cumplido su condena. La pena máxima de reclusión militar que puede imponerse es de dos años. La normativa sobre sentencias permite que los condenados por delitos graves cumplan la pena en los centros penitenciarios de Su Majestad. El Centro militar de capacitación correctiva está dirigido y gestionado por personal de la Policía Militar, que son los expertos del ejército en materia de custodia y detención.

269.El personal militar que desee solicitar un traslado a la policía militar debe realizar un curso de tres meses de formación básica sobre privación de libertad y, posteriormente, realizar cursos de desarrollo profesional progresivos, aprobados y elaborados por el Ministerio del Interior. El personal de la Royal Navy y de la Royal Air Force también puede ser asignado temporalmente al Centro militar de capacitación correctiva. Este personal realiza un curso especial sobre detención.

270.En particular, todo el personal militar del Centro militar de capacitación correctiva que participa en tareas de detención está capacitado en la evaluación del riesgo de los detenidos vulnerables y en la prevención del suicidio.

Personal médico del Ministerio de Defensa

271.Durante su formación, todos los médicos de las Fuerzas Armadas reciben capacitación sobre La Ley del conflicto armado y el Convenio de Ginebra. Posteriormente, se evalúan sus conocimientos al respecto; los procedimientos concretos varían en cada una de las tres fuerzas.

272.Todo el personal médico debe recibir capacitación previa al despliegue antes de ser trasladado a una zona de conflicto. Esa capacitación está adaptada a la zona de conflicto a la que se trasladará al personal. La formación abarca, entre otras cosas, los derechos de los detenidos y las responsabilidades del personal médico que atiende a los detenidos, que incluye la importancia de los reconocimientos médicos antes de la detención. También se imparte formación sobre el papel que desempeña el Comité Internacional de la Cruz Roja.

273.Las normas que se prevé que cumpla el personal médico de las Fuerzas Armadas se detallan en la carta de políticas de las autoridades sanitarias que acompaña a la resolución 37/194 de la Asamblea General de las Naciones Unidas (1982) sobre la protección de los presos y los refugiados contra la tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes. En ella se prohíbe expresamente que el personal médico sea cómplice de actos de tortura u otros tratos inhumanos o degradantes, y se establece que el personal médico debe determinar si un detenido enfermo está en condiciones como para ser interrogado. Se establece asimismo que en todos los centros de detención debe haber un médico con conocimientos de psiquiatría que evalúe el estado mental de los detenidos.

Ministerio Público de la Corona

274.La orientación jurídica del Ministerio Público de la Corona en materia de derechos humanos, que está a disposición de todos los fiscales y fiscales adjuntos, hace referencia al artículo 3 del Convenio Europeo de Derechos Humanos (Prohibición de la tortura).

275.La Estrategia sobre la violencia contra la mujer del Ministerio Público de la Corona, que se publicó en abril de 2008, incluye planes para la futura formación de los fiscales y fiscales adjuntos en esta esfera. Esta formación se vinculará con las modalidades de los programas de formación que ya existen en el Ministerio Público.

276.La División de Lucha Antiterrorista del Ministerio Público de la Corona se ocupa de los crímenes de lesa humanidad, los crímenes de guerra y las denuncias de tortura. Los fiscales que se encargan de estos casos reciben una formación especializada y disponen de orientación interna de apoyo.

Personal de otra índole: funcionarios consulares

277.Garantizar el bienestar de los ciudadanos del Reino Unido detenidos en el extranjero es uno de las principales prioridades consulares de la Oficina de Relaciones Exteriores y del Commonwealth. Ante toda alegación de malos tratos se actúa con gran seriedad. Si hay razones para creer que un ciudadano del Reino Unido detenido está siendo maltratado, la política del Reino Unido es procurar detener esa práctica.

278.Todo el personal consular recibe formación específica sobre las medidas que se deben adoptar en respuesta a cualquier alegación de malos tratos. Todo el personal consular se rige por directrices internas claras, que incluyen la identificación de los posibles signos de tortura o malos tratos, así como los procedimientos que se deben adoptar en esos casos.

279.El personal tiene instrucciones de preguntar a los prisioneros si han sufrido abusos o malos tratos, y está capacitado para buscar los signos de malos tratos, aunque la persona afectada no haya planteado la cuestión. El Reino Unido realizará un seguimiento de las denuncias de malos tratos, tanto si provienen de la persona que los ha sufrido como de sus amigos, familiares o representantes, o incluso de otras fuentes. La forma que adoptará este seguimiento dependerá de las circunstancias de cada caso, y puede incluir la presentación de reclamaciones en el extranjero o ante las embajadas en Londres, la defensa de los intereses a nivel ministerial o la coordinación de la actuación internacional. No obstante, independientemente del tipo de medida que se adopte, el objetivo sigue siendo el mismo: poner fin al maltrato y que el incidente sea investigado.

Personal de otra índole: oficiales y agentes de los servicios de inteligencia

280.Todos los oficiales y agentes de los servicios de inteligencia del Reino Unido reciben orientación sobre las normas que deben aplicarse durante la reclusión y el interrogatorio de detenidos en el extranjero, incluida la manera en que deben trabajar con nuestros asociados de enlace de inteligencia. Con el propósito de establecer lo más claramente posible las normas que deben regir la labor de los servicios de inteligencia y las fuerzas armadas, el Gobierno del Reino Unido ha publicado la Orientación unificada para los oficiales y agentes de los servicios de inteligencia sobre la detención y el interrogatorio de los detenidos en el extranjero y el envío y la recepción de información relacionada con los detenidos.

281.En ese documento de orientación se establecen las normas que rigen la actuación de los servicios de inteligencia y de las fuerzas armadas, y se deja en claro que los agentes de inteligencia del Reino Unido deben actuar de conformidad con el derecho internacional y el derecho interno, lo que incluye la Convención contra la Tortura y la Ley de derechos humanos de 1998. En la Orientación unificada se establece lo siguiente: en primer lugar, los servicios del Reino Unido no deben participar en ninguna acción en la que sepan o crean que se puede practicar la tortura; en segundo lugar, si tienen conocimiento de malos tratos cometidos por otros países, deben informar al Gobierno del Reino Unido para que adopte las medidas necesarias para detener esas prácticas; y, en tercer lugar, en los casos de obtención de información en los que los servicios del Reino Unido consideren que se puede tratar de información crucial para salvar vidas, pero al mismo tiempo podría haber un riesgo grave de malos tratos, corresponde a los ministros del Reino Unido determinar la forma de mitigar ese riesgo.

282.El Comité de Inteligencia y Seguridad, establecido en virtud de la Ley de servicios de inteligencia de 1994, se encarga del control parlamentario del gasto, la administración y la política de los servicios de inteligencia y seguridad. El control de la política y las operaciones de estos servicios se ejerce mediante otros mecanismos de supervisión, establecidos todos legalmente, entre los que figuran el Comisionado de los Servicios de Inteligencia, el Comisionado para la interceptación de las comunicaciones y el Tribunal con Poderes de Investigación.

Artículo 11Examen sistemático de las normas, las instrucciones, los métodos y las prácticas a fin de evitar la tortura y otras formas de malos tratos

283.En la Ley de homicidio corporativo no intencional y de homicidio corporativo de 2007 (Corporate Manslaughter and Corporate Homicide Act 2007) se tipifica un delito por el que una organización puede ser declarada culpable de "homicidio corporativo" si la forma en que se gestionan u organizan sus actividades provoca una muerte e incumple gravemente la obligación de debida diligencia respecto de la persona fallecida. Este delito será imputable en relación con las muertes de personas detenidas una vez que entren en vigor las disposiciones pertinentes a finales del presente año (artículo 2, 1) d) de la ley) y abarcará gran número de centros de detención, incluidas prisiones públicas, prisiones privadas, zonas de detención de las comisarías y los tribunales, instalaciones de detención en las aduanas, centros militares de detención y centros de traslado de inmigrantes (véase el artículo 2, 2)).

Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura – Mecanismo nacional de prevención del Reino Unido

284.El Reino Unido ratificó el Protocolo Facultativo de la Convención de las Naciones Unidas contra la Tortura en diciembre de 2003.

285.El mecanismo nacional de prevención del Reino Unido se creó el 31 de marzo de 2009. En el Reino Unido, los requisitos nacionales que se establecen en el Protocolo Facultativo se garantizan mediante la acción colectiva de los organismos oficiales existentes con capacidad de realizar visitas a los lugares de detención sin restricciones ni aviso previo.

286.El Gobierno tiene la seguridad de que los organismos designados oficialmente para conformar el mecanismo nacional de prevención del Reino Unido cumplen los requisitos que figuran en los artículos 18 a 23 del Protocolo Facultativo, tanto individual como colectivamente.

287.La infraestructura de supervisión del Reino Unido está bien establecida, es amplia y realiza inspecciones en profundidad. Actualmente, hay en el Reino Unido más de 20 tipos diferentes de organismos oficiales de inspección independientes. En Inglaterra y Gales, por ejemplo, hay organismos de inspección independientes de las prisiones y centros de detención para jóvenes, las comisarías, las celdas de los tribunales y los hospitales psiquiátricos. En Escocia e Irlanda del Norte existen organismos similares. En todo el Reino Unido hay mecanismos de inspección de los centros de inmigración.

288.Además de la diversificación geográfica y según el tipo de detención, también hay diferencias funcionales. Por ejemplo, en el Reino Unido existen al menos cuatro niveles de inspección independiente de las prisiones, y cada uno de ellos funciona separadamente de los demás:

A nivel local, cada prisión cuenta con su propia junta de vigilancia. Está compuesta por voluntarios de la comunidad que realizan al menos dos o tres visitas por semana de forma continuada.

A nivel nacional, hay inspecciones nacionales de prisiones: una en Inglaterra y Gales, otra en Escocia y, además, el Inspector Jefe de Justicia Penal de Irlanda del Norte. Todos estos organismos llevan a cabo programas de inspección de las prisiones, tanto anunciadas como sin previo aviso.

También a nivel nacional, los Ombudsman de Prisiones (uno en Inglaterra y Gales, otro en Irlanda del Norte y, en Escocia, el Comisionado de Denuncias de las Prisiones de Escocia) investigan las denuncias presentadas por los reclusos.

Por último, el Comité Europeo para la Prevención de la Tortura realiza inspecciones periódicas del funcionamiento regular de las prisiones, así como inspecciones específicas para situaciones especiales.

289.Al establecer el mecanismo nacional de prevención, se puso de manifiesto que, aunque las fuerzas policiales son objeto de inspecciones periódicas por el Cuerpo de Inspectores de Policía de Su Majestad, no existía un sistema independiente que contara con los recursos adecuados y cuya labor estuviera centrada en la prevención de la tortura, como se establece en el Protocolo Facultativo, de manera que se asegure un funcionamiento adecuado.

290.En consecuencia, el Cuerpo de Inspectores de Prisiones de Su Majestad y el Cuerpo de Inspectores de Policía de Su Majestad acordaron realizar un programa de inspecciones conjuntas de los locales de detención policial. En las inspecciones se examinan las estrategias que se aplican en el conjunto de las fuerzas policiales así como el tratamiento, las condiciones y la atención sanitaria que se da en los centros de detención policial.

291.Aunque la resolución de este problema retrasó el establecimiento del mecanismo nacional de prevención del Reino Unido, es un ejemplo de cómo la pronta ratificación ha puesto de manifiesto un problema que, de otro modo, se hubiera resuelto con más demora.

292.El artículo 23 de Protocolo Facultativo requiere que, una vez al año, el mecanismo nacional de prevención elabore un informe sobre sus actividades. La mayoría de los organismos de vigilancia, si no todos, ya presentan informes anuales. Dada la diversidad de los procedimientos de supervisión existentes en el Reino Unido, la unificación de esos informes en un único informe nacional, incluso en forma de resumen, requiere algún tipo de mecanismo de cotejo. También requiere que los órganos del mecanismo nacional de prevención se comuniquen de manera efectiva y eficaz entre sí y con el Subcomité para la Prevención, así como la planificación de las reuniones del mecanismo nacional de prevención.

293.Los miembros del mecanismo nacional de prevención acordaron que sería el Cuerpo de Inspectores de Prisiones de Su Majestad de Inglaterra y Gales el órgano que se encargaría de esa función, y ha recibido financiación del Gobierno para ello. El primer informe anual del mecanismo nacional de prevención se publicó el 8 de febrero de 2011.

294.Al establecer el mecanismo nacional de prevención, se evidenció que existían algunas deficiencias relativamente pequeñas con respecto a la supervisión de todos los tipos de detención en el Reino Unido, pero se decidió que, en lugar de retrasar el establecimiento del mecanismo nacional de prevención hasta que fuera perfecto, estas deficiencias podrían corregirse sobre la marcha. Esas lagunas hacen referencia a la inspección de las instalaciones militares, las celdas de los tribunales, la escolta de los tribunales y las zonas de detención. Las negociaciones pertinentes para incluir esas instalaciones en el mecanismo nacional de prevención del Reino Unido están en curso.

Servicios de policía

Gran Bretaña

295.El marco actual de salvaguardias jurídicas y de otra índole que rige el uso de las facultades de la policía en el Reino Unido figura en el párrafo 97 del cuarto informe del Reino Unido.

296.La reglamentación de la detención policial tiene plenamente en cuenta las reglas y los principios establecidos en las normas e informes internacionales.

Irlanda del Norte

297.En marzo de 2007 concluyó un examen general del Decreto sobre la policía y los medios de prueba en materia penal (Irlanda del Norte) de 1989, y se introdujeron cambios en la legislación, que establecían una serie de competencias policiales nuevas o modificadas. El principal objetivo del examen era que la legislación sobre la policía y los medios de prueba en materia penal y los códigos de prácticas conexos de Irlanda del Norte estuvieran más en consonancia con las disposiciones análogas de Inglaterra y Gales.

298.En julio de 2007 comenzó un nuevo examen del Decreto sobre la policía y los medios de prueba en materia penal (Irlanda del Norte). Esto dio lugar a la publicación, en enero de 2009, de un documento de consulta titulado "Propuestas del Gobierno en respuesta al examen del Decreto sobre la policía y los medios de prueba en materia penal (Irlanda del Norte)". Los avances en este examen se han demorado considerablemente debido a la labor relacionada con la respuesta del Gobierno a la decisión del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en el caso de S & Marper c. el Reino Unido. Actualmente, tras la descentralización de las competencias policiales y judiciales, de 12 de abril de 2010, la responsabilidad del futuro desarrollo de la legislación sobre la policía y los medios de prueba en materia penal en Irlanda del Norte corresponde al Departamento de Justicia y no a Westminster.

Inspección

299.El Cuerpo de Inspectores de Policía de Su Majestad y el Cuerpo de Inspectores de Prisiones de Su Majestad han colaborado para elaborar un programa conjunto de inspección de la detención policial, sobre la base de un marco acordado. Esto forma parte del programa de trabajo conjunto puesto en marcha por los cuerpos de inspectores de la justicia penal. Se trata de un programa de inspección periódica en el contexto de las obligaciones del Reino Unido en virtud del Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura. Este marco se basa en los principios fundamentales del tratamiento de todos los detenidos relacionados con la garantía de que estén fuera de peligro en todo momento. El marco se basa en los conocimientos y las experiencias de los usuarios del servicio, con el propósito de comprender el significado de esos principios en la práctica, así como en la experiencia de los inspectores de los sectores sanitario, policial y penitenciario.

300.El objetivo del proceso de inspección es establecer un régimen de inspecciones planificadas de la eficiencia y la eficacia de las fuerzas policiales y las condiciones de los centros de detención. Con un promedio de 12 inspecciones al año, se prevé que el programa tenga cinco o seis años de duración. Cada año se llevará a cabo una combinación de inspecciones anunciadas y no anunciadas, y se publicará un informe de cada una de ellas, así como informes temáticos periódicos sobre asuntos nuevos o conclusiones que revisten particular importancia.

301.En virtud de la Ley de policía de 1996, el Cuerpo de Inspectores de Policía de Su Majestad tiene el deber legal de informar al Secretario del Interior acerca de la eficiencia y la eficacia de las 43 fuerzas de policía de Inglaterra y Gales. En Escocia, un Cuerpo de Inspectores de Policía de su Majestad separado, responsable ante los Ministros Escoceses, realiza una función similar de conformidad con la Ley de policía (Escocia) de 1967. En la Ley de policía (Irlanda del Norte) de 2000 se establece que la Junta de fiscalización de la policía de Irlanda del Norte debe supervisar el desempeño del Servicio Penitenciario de Irlanda del Norte en relación con el cumplimiento de la Ley de derechos humanos de 1998.

302.En el artículo 51 de la Ley de reforma de la policía de 2002 se regulan las visitas independientes a los detenidos en los lugares de detención. Cada autoridad policial debe adoptar las medidas necesarias para que los detenidos sean visitados por personas que no pertenezcan a la policía ni a la autoridad policial. El Ministerio del Interior y la Asociación de Autoridades Policiales colaboran estrechamente con la Asociación independiente de visita a detenidos con respecto al establecimiento de orientaciones a nivel nacional, la capacitación y los materiales de apoyo destinados a los visitantes independientes de detenidos y las autoridades policiales que administran los programas en su zona.

Examen del derecho a guardar silencio

Inglaterra y Gales

303.En el párrafo 89 del cuarto informe figura información detallada sobre el derecho a guardar silencio en Inglaterra y Gales.

Escocia

304.Un sospechoso tiene derecho a negarse a contestar cualquier pregunta y no se pueden extraer conclusiones adversas de ese silencio.

Irlanda del Norte

305.En el párrafo 89 del cuarto informe figura información detallada sobre el derecho a guardar silencio en Irlanda del Norte. Los exámenes del Código C de la Ley PACE (véase el anexo C) realizados en marzo de 2007 sustituyeron las medidas administrativas que se habían puesto en vigor después de la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

Examen de las medidas para evitar la discriminación étnica

306.La información sobre las medidas para evitar la discriminación étnica figuran en los párrafos 92 a 94 del cuarto informe del Reino Unido.

307.La guía de la Asociación de Jefes de Policía para identificar y combatir los delitos de incitación al odio titulada Breaking the Power of Fear and Hate (Poner fin al poder del miedo y el odio) será revisada por la Asociación a finales de este año.

Muertes durante o después de la detención policial

308.La Comisión Independiente de Quejas contra la Policía ha publicado datos estadísticos sobre las muertes acaecidas durante o después de la detención policial desde abril de 2004. Anteriormente se encargaba de ese cometido el Ministerio del Interior, pero se traspasó a la Comisión Independiente en virtud del requisito normativo establecido en la Ley de reforma de la policía de 2002 de que las fuerzas policiales informen de las muertes y los incidentes graves a la Comisión Independiente.

309.En los cuadros que figuran a continuación se muestran las cifras correspondientes a las muertes o los suicidios sucedidos durante o después de la detención policial en el Reino Unido desde 2004. Se incluyen las muertes de personas que han sido arrestadas o detenidas de otro modo por la policía. Se incluyen asimismo las muertes de personas que estaban siendo detenidas o llevadas a prisión. El fallecimiento puede haber tenido lugar en locales de la policía, locales privados o centros médicos, lugares públicos o en un vehículo policial o de otro tipo. Por lo tanto, las cifras incluyen los casos en los que una persona se enferma mientras está detenida, se la traslada a un hospital y fallece allí posteriormente.

Inglaterra y Gales

Año	Muertes totales	Muertes por suicidio
2004 - 2005	36	3*
2005 - 2006	28	1*
2006 - 2007	27	2*
2007 - 2008	22	0
2008 - 2009	15	2

* El término " suicidio " no se refiere necesariamente al veredicto de un Coroner, ya que algunos veredictos podrían estar pendientes. En esos casos, solo se ha incluido el suceso si, después de analizar la naturaleza del fallecimiento, las circunstancias sugieren que la muerte fue el resultado deseado de un acto infligido contra sí mismo, por ejemplo, mediante ahorcamiento.

Escocia

Año	Muertes totales	Muertes por suicidio
2004	4	0
2005	7	1
2006	9	0
2007	3	0
2008	8	1
2009	3	0

Irlanda del Norte

Año	Muertes totales	Muertes por suicidio
2004 - 2005	0	0
2005 - 2006	1	1
2006 - 2007	0	0
2007 - 2008	0	0
2008 - 2009	1	0
2009 - 2010	1	1

Origen étnico de los fallecidos

310.Desde el 1º de abril de 1996, la policía ha registrado el origen étnico de las personas muertas en detención policial. Los datos estadísticos reunidos por cada fuerza policial, así como las circunstancias de la muerte, la causa de la muerte, el origen étnico del fallecido y las conclusiones de las investigaciones, se publican anualmente. En el siguiente cuadro figuran las cifras disponibles desde 1999.

Año	Total	Raza blanca	Raza negra	Raza asiática	Otras
2004 - 2005	36	34	2	0	0
2005 - 2006	28	23	1	2	2
2006 - 2007	27	21	3	2	1
2007 - 2008	21	18	1	0	2
2008 - 2009	15	10	3	2	0

La utilización de aerosoles y métodos de coerción por la policía

311.La información sobre el examen de la utilización de aerosoles figura en los párrafos 127 y 128 del cuarto informe periódico del Reino Unido.

312.En Irlanda del Norte, las técnicas de coerción durante la detención policial solo se utilizan cuando es absolutamente necesario y en circunstancias en las que el detenido puede poner en peligro su seguridad o la de otras personas. La utilización de equipos de coerción se incluye en el registro de detención policial del detenido, junto con una evaluación del riesgo. Se evalúa con particular cuidado la decisión de utilizar métodos de coerción contra un detenido sordo, que padece trastornos mentales o es vulnerable mentalmente por otro motivo.

Gas CS

313.La información detallada sobre los informes y las orientaciones sobre la utilización del gas CS figuran en el párrafo 108 del cuarto informe del Reino Unido.

Pistolas eléctricas de inmovilización (Taser)

314.Las pistolas eléctricas de inmovilización (Taser) solo se usan si hay una amenaza grave de violencia, y únicamente por policías cuidadosamente seleccionados y entrenados en su utilización. Estas armas se utilizan para resolver situaciones potencialmente violentas, ya que proporcionan a la policía una opción táctica adicional que es menos letal que las armas de fuego convencionales. El Gobierno del Reino Unido ha realizado pruebas rigurosas y sin precedentes de este tipo de armas y ha presentado estos dispositivos para que se realice una evaluación médica independiente.

315.En la última declaración del Subcomité de consecuencias médicas de las armas menos letales del Consejo Consultivo Científico de Defensa se afirma que el riesgo de muerte o de lesiones graves por la utilización de pistolas eléctricas de inmovilización en el marco de la orientación de la Asociación de Jefes de Policía es muy bajo. Además, este Subcomité ha examinado todos los informes médicos disponibles de los casos en los que se ha utilizado este tipo de dispositivos y ha quedado satisfecho, ya que los problemas médicos y las lesiones atribuibles directa o indirectamente al uso de este tipo de armas eran los que se podían prever.

316.La experiencia en la utilización de las pistolas eléctricas de inmovilización ha demostrado lo siguiente:

Estas armas han permitido la resolución de incidentes sin que se produzcan lesiones, mientras que de otro modo hubiera sido realmente posible que alguna persona recibiera un disparo y muriera.

Estos dispositivos tienen un importante efecto disuasorio y en numerosas ocasiones su despliegue ha sido suficiente para detener a los posibles delincuentes. Este hecho ha sido especialmente notable cuando se ha dirigido el punto rojo del visor hacia la persona en cuestión.

En los casos en que se ha disparado con este tipo de armas, la posibilidad de lesiones graves y duraderas para la persona pueden ser menores que si se utiliza una pistola o descargas de proyectiles.

317.Desde su introducción, en abril de 2004, hasta el 1º de noviembre 2010, las pistolas eléctricas de inmovilización se han utilizado en más de 6.000 ocasiones. No se han producido lesiones graves ni muertes. En la gran mayoría de los casos en los que se utilizan estos dispositivos, no se efectúan disparos. En aproximadamente dos tercios de los casos, el hecho de desenfundar, apuntar, o señalar con el punto rojo del visor es suficiente para resolver y gestionar un incidente violento (el láser del punto rojo se activa y se apunta hacia una persona, pero no se dispara).

Utilización de proyectiles de energía atenuada

318.En septiembre de 1999 se publicó el Informe de la Comisión Independiente sobre Vigilancia para Irlanda del Norte, el Informe Patten, en el que se formulaban, entre otras, dos recomendaciones sobre la utilización de las balas de plástico.

319.En las recomendaciones 69 y 70 se señalaba lo siguiente:

"realizar una inversión inmediata y sustancial en un programa de investigación para hallar una alternativa aceptable, eficaz y potencialmente menos letal que las balas de plástico" y "la policía debería contar con una gama más amplia de equipos antidisturbios que los que posee actualmente el Royal Ulster Constabulary, de manera que los jefes tuvieran diversas opciones a su disposición que permitan reducir o retrasar la utilización de las balas de plástico".

320.Estas recomendaciones dieron lugar al establecimiento del Grupo Directivo del Reino Unido, con el propósito de examinar enfoques de mantenimiento del orden alternativos para la gestión de conflictos.

321.Los objetivos generales de la labor del Grupo Directivo del Reino Unido han sido determinar la disponibilidad de alternativas aceptables, eficaces y potencialmente menos letales que las balas de plástico, y examinar los equipos antidisturbios actualmente disponibles, o que se podrían obtener, a fin de ampliar las opciones tácticas de los jefes operativos.

322.El Grupo Directivo, presidido en la actualidad por el Ministerio del Interior y formado por miembros de todo el Reino Unido, cuenta con representantes de los órganos responsables, funcionarios superiores de la policía, profesionales y otras personas que tienen una amplia experiencia científica, técnica y operativa en la gestión de conflictos y los problemas relacionados con los incidentes potencialmente violentos de la actuación policial.

323.La labor del Grupo consiste, entre otras cosas, en examinar y analizar la utilización de los sistemas de armas menos letales para aplicar en el futuro las enseñanzas extraídas.

324.En junio de 2005, se introdujeron los proyectiles de energía atenuada en todas las fuerzas policiales del Reino Unido, así como en el ejército, en sustitución de las balas de plástico L21A1. El Subcomité de consecuencias médicas de las armas menos letales del Consejo Consultivo Científico de Defensa, que es un comité médico independiente, realizó una evaluación completa de los proyectiles de energía atenuada antes de su introducción. La conclusión fue que los proyectiles de energía atenuada representaban un riesgo menor de lesiones graves o lesiones que pusieran en riesgo la vida en las zonas vulnerables (por ejemplo, la cabeza y el pecho) que las balas de plástico L21A1, cuyo riesgo con respecto a ese tipo de lesiones ya es bajo.

325.La declaración del Subcomité sobre los proyectiles de energía atenuada figura en el anexo 3 del quinto informe del Programa de investigación del Grupo Directivo del Reino Unido sobre enfoques alternativos de mantenimiento del orden para la gestión de conflictos.

326.Los proyectiles de energía atenuada no han sido concebidos como una tecnología antidisturbios, sino como una opción menos letal en situaciones donde los policías se enfrentan a agresores, actuando individualmente o como parte de un grupo. El propósito es que se utilicen como proyectiles precisos y selectivos, y se emplean junto con las armas convencionales, lo que proporciona a la policía y al ejército una opción táctica adicional. La incorporación de los proyectiles de energía atenuada representa un paso significativo en los esfuerzos desplegados por el Gobierno para mantener sistemas eficaces que tengan considerablemente menos probabilidades de causar una lesión grave si impactan en zonas vulnerables del cuerpo.

327.A diferencia de las series precedentes, los proyectiles de energía atenuada no son balas de plástico y, por lo tanto, son mucho más seguros en caso de que impacten accidentalmente en la parte más vulnerable del cuerpo (es decir, la cabeza). Se comportan de forma diferente que las series anteriores, y son distintos y más seguros que las L21A1; en particular, atenúan su energía mediante la reducción de las fuerzas máximas, amplían la duración del impacto y extienden la zona de contacto.

328.En la orientación para la utilización de los proyectiles de energía atenuada para todo el Reino Unido figura una referencia específica al artículo 3 c) del Código de conducta para funcionarios encargados de hacer cumplir la ley de las Naciones Unidas, en el que se establece que se debe hacer todo lo posible por evitar el uso de armas de fuego, en particular contra los niños. En la orientación se establece que se deben realizar todos los esfuerzos posibles para garantizar que los niños o las personas de otros grupos vulnerables no corran peligro en las descargas de proyectiles. Al tomar una decisión de autorizar la descarga de proyectiles de energía atenuada, los jefes deben tener en cuenta la posible presencia de niños o personas de otros grupos vulnerables. También es necesario que los responsables del sistema de proyectiles de energía atenuada realicen una evaluación dinámica del riesgo con respecto a la presencia de niños o personas de otros grupos vulnerables en las situaciones de desorden público antes de autorizar el despliegue y la utilización de estos proyectiles.

329.Existen estrictas medidas de rendición de cuentas y cada funcionario especialmente entrenado, que tiene la capacidad de disparar una descarga de proyectiles, está acompañado de otro funcionario que es el responsable de registrar las circunstancias en las que se han disparado los proyectiles. Se debe demostrar que cada descarga de proyectiles ha sido medida y proporcionada. En Irlanda del Norte, el Ombudsman para las Relaciones con la Policía investiga todas las descargas realizadas por los policías e informa de sus conclusiones a la Junta de fiscalización de la policía intercomunitaria.

330.El enfoque del Gobierno para la utilización de los proyectiles de energía atenuada está en conformidad con las disposiciones generales 2 y 3 de los Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego por los Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley de las Naciones Unidas, en los que se establece lo siguiente:

Artículo 2: Los gobiernos y los organismos encargados de hacer cumplir la ley establecerán una serie de métodos lo más amplia posible y dotarán a los funcionarios correspondientes de distintos tipos de armas y municiones de modo que puedan hacer un uso diferenciado de la fuerza y de las armas de fuego.

Artículo 3: Se hará una cuidadosa evaluación de la fabricación y distribución de armas no letales incapacitantes a fin de reducir al mínimo el riesgo de causar lesiones a personas ajenas a los hechos y se controlará con todo cuidado el uso de tales armas.

Servicios penitenciarios

331.El Servicio Nacional de Tratamiento de los Delincuentes de Inglaterra y Gales es objeto de control mediante diversos mecanismos. Entre ellos figura el control ejercido por el Parlamento, la auditoría externa realizada por el Inspector Jefe de Prisiones de Su Majestad y las visitas periódicas de los órganos de vigilancia local, esto es, las juntas de supervisión independiente (anteriormente, las juntas de visitadores). El Reglamento de Prisiones sigue siendo el marco legislativo de los procedimientos y las medidas de protección de los reclusos.

332.El Servicio Penitenciario de Escocia es objeto de supervisión periódica mediante una serie de mecanismos. Entre ellos figuran la inspección externa realizada por el Inspector Jefe de Prisiones de Su Majestad para Escocia y la supervisión externa que llevan a cabo los comités de visitadores de prisiones de los centros penitenciarios de Escocia. Además, el Ombudsman para los servicios públicos de Escocia se ocupa de las quejas de los reclusos. El Reglamento de Prisiones sigue siendo el marco legislativo de los procedimientos y las medidas de protección de los reclusos.

333.La supervisión periódica del Servicio Penitenciario de Irlanda del Norte está a cargo de diversas organizaciones. Entre ellas hay una amplia gama de organismos independientes, como las juntas de supervisión independiente, el Ombudsman para Reclusos de Irlanda del Norte, la Comisión de Derechos Humanos de Irlanda del Norte, el Cuerpo de inspectores de la justicia penal de Irlanda del Norte y el Comisionado de Irlanda del Norte para los niños y los jóvenes. Desde el traspaso de la competencia de justicia, en abril de 2010, el Servicio Penitenciario de Irlanda del Norte también tiene que rendir cuentas ante la Comisión de Justicia de la Asamblea de Irlanda del Norte. Esta Comisión está formada por 11 miembros de la Asamblea Legislativa y en la actualidad está presidida por Lord Morrow.

Cuerpo de Inspectores de Prisiones de Su Majestad

334.El Cuerpo de Inspectores de Prisiones se estableció mediante la Ley de justicia penal de 1982, como respuesta a las críticas de que no existía un control independiente de las prisiones, que llegaron a su momento culmen con el informe May (1979).

335.El cargo de Inspector Jefe de Prisiones de Su Majestad se estableció como una designación de la Corona, más que como un funcionario público, para hacer hincapié en su independencia con respecto al Departamento de Prisiones y a su órgano sucesor, el Servicio Penitenciario de Su Majestad. Se prohibió que ese cargo pudiera ser ocupado por una persona que hubiera trabajado anteriormente en el Servicio.

336.En los últimos años, el Cuerpo de Inspectores ha ampliado sus funciones, que abarcan bastante más que las prisiones y las instituciones para jóvenes infractores, públicas y privadas, de Inglaterra y Gales. En virtud de la Ley de inmigración y asilo de 1999, se le ha otorgado la responsabilidad oficial de inspeccionar los centros de traslado de inmigrantes de todo el Reino Unido y, mediante la Ley de inmigración, asilo y nacionalidad de 2006, también tiene el cometido de supervisar las instalaciones temporales de detención de inmigrantes de los aeropuertos y los puertos, así como los servicios de escolta de inmigrantes. Además, se ha invitado al Cuerpo de Inspectores a supervisar las prisiones de Irlanda del Norte, las Islas del Canal, la Isla de Man y algunos territorios dependientes del Commonwealth.

337.Mediante la Ley de policía y justicia de 2006 se confirmó el mantenimiento de un cuerpo de inspectores de prisiones independiente. En esa ley se establece que el Inspector Jefe colabore con otros inspectores jefe de la justicia penal para elaborar un marco de inspección conjunta y un programa anual de inspecciones de la justicia penal para 2008‑2009.

338.La insistencia en el sistema de inspección conjunta de la justicia penal ha dado lugar, por ejemplo, a que el Cuerpo de Inspectores, junto con el Cuerpo de Inspectores de Policía de Su Majestad, lleve adelante un programa de inspecciones conjuntas de los locales de detención policial (véase el párrafo 300, supra). En las inspecciones se examinan las estrategias del conjunto de las fuerzas policiales así como el tratamiento, las condiciones y la atención sanitaria que se presta en los centros de detención policial.

Cuerpo de Inspectores de Prisiones de Su Majestad (Escocia)

339.En el artículo 7 de la Ley de prisiones (Escocia) de 1989 (en su forma enmendada) se establece el fundamento jurídico del Cuerpo de Inspectores de Prisiones de Su Majestad de Escocia. El Inspector Jefe desempeña su labor de manera imparcial e independiente con respecto al Servicio Penitenciario de Escocia. Es responsable de garantizar que se lleva a cabo un programa periódico de inspección y de que se presentan las conclusiones al Ministro de Justicia. El Inspector Jefe responde directamente ante los Ministros Escoceses, lo que asegura la independencia de la inspección, el examen y la presentación de informes.

Inspección de la justicia penal (Irlanda del Norte)

340.La Inspección de la justicia penal de Irlanda del Norte es un cuerpo de inspectores independiente y oficial, establecido en 2003 en virtud del artículo 45 de la Ley de justicia (Irlanda del Norte) de 2002. Es un organismo público no ministerial, que cuenta con un Inspector Jefe y un cuerpo de inspectores oficiales independientes que tienen la responsabilidad de supervisar todos los aspectos del sistema de justicia penal en Irlanda del Norte, incluidas las prisiones.

Supervisión independiente de las prisiones

Inglaterra y Gales

341.En la Ley de prisiones de 1952 y la Ley de inmigración y asilo de 1999 se insta a que cada prisión sea supervisada por una junta independiente, compuesta por miembros de la comunidad en la que se encuentra la prisión y designada por el Secretario de Estado de Justicia.

342.La Junta se encarga específicamente de las siguientes cuestiones:

Cerciorarse de que se dispensa un trato humano y justo a los reclusos de la prisión respectiva y verificar la amplitud y pertinencia de los programas que los preparan para su puesta en libertad;

Informar sin demora al Secretario de Estado, o al funcionario en el que este haya delegado la autoridad, si lo considera apropiado, de cualquier cuestión que le suscite preocupación;

Informar anualmente al Secretario de Estado sobre el grado en que la prisión ha cumplido las normas y los requisitos que tenía establecidos y sus repercusiones en su población penitenciaria;

Llevar a cabo sus funciones de forma eficaz, asegurando que sus miembros tengan el derecho de acceder a cualquier recluso y a cualquier parte de la prisión, así como a los registros de la prisión.

Escocia

343.En el artículo 8 de la Ley de prisiones (Escocia) de 1989 se establece que en el Reglamento de Prisiones se debe disponer la constitución de los comités de visitadores. También se añade que en el Reglamento de Prisiones se deben estipular las funciones de estos comités.

344.Las disposiciones relativas a los comités de visitadores de prisiones figuran en las disposiciones 154 a 164 del Reglamento de prisiones y centros de infractores juveniles (Escocia) de 2006. En el Reglamento se establece que cada comité de visitadores debe:

Colaborar con los Ministros Escoceses y el director del centro asignado en la promoción de la eficacia del establecimiento;

Investigar periódicamente el estado de las instalaciones penitenciarias;

Atender e investigar cualquier queja de los reclusos; e

Informar a los Ministros Escoceses sobre cualquier asunto que el comité considere oportuno y presentar informes anuales a los Ministros.

345.Los miembros del comité de visitadores tienen derecho a acceder al establecimiento en cualquier momento y a visitar libremente todas las partes del mismo, así como a entrevistarse con todos los reclusos. También pueden acceder a los registros penitenciarios (excepto a los registros del personal y de los reclusos y los documentos que puedan afectar a la seguridad). Para garantizar que el comité de visitadores lleva a cabo sus funciones, dos o más miembros del comité deben visitar el establecimiento al menos cada 15 días y cada comité debe realizar una reunión en su establecimiento al menos una vez al trimestre.

Supervisión de la utilización de métodos de coerción

Correas de sujeción

346.Como se indicó en el tercer informe, se expresaron preocupaciones debido al uso de correas de sujeción por el Servicio Penitenciario en Inglaterra y Gales. Las correas de sujeción solo se pueden utilizar como último recurso cuando todas las demás opciones no han dado resultado o no se consideran seguras para evitar que un recluso violento o rebelde lesione a otra persona o a sí mismo, u ocasione daños a la propiedad. Las correas de sujeción no se utilizan como castigo, ni se utilizan con personas menores de 18 años. Las correas de sujeción deben retirarse en cuanto los motivos que provocaron su utilización dejen de existir. El objetivo debe ser que las correas de sujeción sean retiradas en cuestión de minutos, y no de horas.

347.La autorización de utilizar correas de sujeción corresponde al director o al encargado o, en una situación de emergencia, al director o encargado adjunto, que debe solicitar la autorización del director o el controlador lo antes posible. En todos los casos, un médico o un enfermero debe examinar al recluso para determinar si existe alguna indicación clínica por la que no se deberían utilizar las correas de sujeción y, en caso afirmativo, ordenará la inmediata retirada de las correas.

348.No se debe dejar solo a un recluso con correas de sujeción en ningún momento, y su situación debe ser evaluada por un funcionario encargado al menos cada hora. Se debe respetar la dignidad del recluso y ofrecerle un refrigerio periódicamente, particularmente agua. Toda decisión de utilizar correas de sujeción con un recluso que corre el riesgo de autolesionarse debe basarse en el plan de atención del recluso (Evaluación, tratamiento en detención y equipo de trabajo) y ser objeto de un examen del caso, dirigido por el director o el controlador de la prisión, en un plazo de 60 minutos desde que se haya adoptado la decisión. También se deberá contar con un reconocimiento de la salud mental del recluso.

349.En el Reglamento de prisiones y centros de infractores juveniles (Escocia) de 2006 se regula la utilización de las correas de sujeción en Escocia. Actualmente el Reglamento está siendo objeto de examen y será mejorado en lo que atañe a las correas de sujeción. No obstante, las correas de sujeción se utilizan de forma muy excepcional.

350.Las correas de sujeción no se utilizan en Irlanda del Norte.

La utilización del gas incapacitante PAVA en Irlanda del Norte

351.El Servicio Penitenciario de Irlanda del Norte tiene el deber de proteger los derechos humanos y la salud y la seguridad de todas las personas que están a su cargo. Debe estar preparado para tratar mediante una respuesta flexible y gradual a las personas violentas, o con tendencia a la violencia, que podrían autolesionarse o menoscabar los derechos y las libertades de los demás, tanto individualmente como en grupo.

352.Para ello, el Servicio Penitenciario de Irlanda del Norte debe disponer de procedimientos suficientes y adecuados para tratar una amplia gama de incidentes de manera proporcionada y razonable. Aunque la gran mayoría de incidentes se tratarán sin recurrir al uso de la fuerza, lamentablemente, en ocasiones esto será necesario.

353.En una sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (Güleç c. Turquía (54/1997/838/1044), de 27 de julio de 1998) se critica específicamente el hecho de que el personal de seguridad no disponga de una amplia gama de dispositivos en un entorno en el que puede producirse una violencia considerable o disturbios civiles.

354.Se puso en marcha un amplio programa de investigación en el que se concluyó que el dispositivo más apropiado para hacer frente a la violencia extrema en Irlanda del Norte es un gas incapacitante del que hay varios derivados. El dispositivo recomendado para el Servicio Penitenciario de Irlanda del Norte es el gas incapacitante PAVA. No es un "gas pimienta", pero está hecho de un compuesto estable y sintético que está registrado como producto alimenticio, y está presente en una amplia gama de tratamientos médicos de venta libre y que no están regulados.

355.En un informe del Comité de toxicidad del Departamento de Salud del Reino Unido se demostró que el PAVA no tiene efectos graves o a largo plazo, y hace algún tiempo los ministros aprobaron la utilización del PAVA por la policía y el Servicio Penitenciario de Su Majestad en Inglaterra, Gales y Escocia. Posteriormente se autorizó durante 12 meses de prueba la utilización del PAVA en el Servicio Penitenciario de Irlanda del Norte, en circunstancias específicas de alto riesgo y bajo determinadas condiciones. Esto fue objeto de un proceso de consultas públicas abierto y transparente en Irlanda del Norte, y todas las respuestas fueron contestadas o comentadas. El Ombudsman para Reclusos de Irlanda del Norte ha sido consultado desde el principio del proceso, y cualquier autorización de utilización o despliegue será automáticamente comunicada a la Oficina del Ombudsman para que examine los sistemas y procedimientos seguidos.

356.En el período de prueba (que, debido a que el dispositivo no se ha utilizado, se ha ampliado hasta mayo de 2012), el PAVA solo se utilizará con la autorización directa el Director General o Jefe de operaciones del Servicio Penitenciario de Irlanda del Norte, sobre la base de la evaluación y el asesoramiento del Comandante de control y restricción y el asesor sobre el terreno. El dispositivo solo se utilizará en aquellos incidentes en los que haya un "riesgo elevado" de daño grave o un peligro aún mayor para el personal, los reclusos u otras personas. Cualquier utilización del PAVA será grabada en vídeo, excepto si esto pudiera poner en peligro la resolución segura del incidente.

357.Solo están autorizados a utilizar este dispositivo los instructores de control y restricción del Servicio Penitenciario de Irlanda del Norte que disponen de licencias en vigor, debido a que han aprobado satisfactoriamente un curso de capacitación específico sobre el PAVA. El año pasado se solicitó la utilización de este dispositivo en dos ocasiones y en ambas se autorizó. Sin embargo, el dispositivo no se utilizó, aunque al parecer su presencia en el lugar del conflicto, cuando se comunicó a los perpetradores, fue un elemento decisivo para la resolución pacífica de ambos incidentes, además de la profesionalidad y las habilidades interpersonales de los funcionarios. Se enviaron informes exhaustivos y el material grabado en vídeo a la Oficina del Ombudsman para Reclusos, que actualmente está completando su propio informe.

358.Se deben cumplir estrictas limitaciones de salud y seguridad, almacenamiento y utilización para asegurar que el dispositivo se use de conformidad con las mejores prácticas y la normativa del Servicio Penitenciario de Irlanda del Norte. Este Servicio considera que el gas PAVA es un instrumento necesario para la gestión segura y satisfactoria de la violencia o las amenazas de violencia, y que denegar su utilización pondría al personal, los reclusos y otras personas innecesariamente en peligro cuando ocurren incidentes violentos.

Contratación externa o privatización de las prisiones y la escolta de reclusos

Inglaterra y Gales

359.La política sobre la participación del sector privado en la gestión de las prisiones ha sido objeto de examen desde 1998. En febrero de 2002, el Servicio Penitenciario encargó el Informe Carter, en el que se examinó la contribución del sector privado al logro de los objetivos del Servicio Penitenciario en el marco de la Iniciativa de Financiación Privada. En sus recomendaciones se preveía la continuidad de la participación del sector privado en la gestión.

360.El Servicio Nacional de Tratamiento de los Delincuentes está llevando a cabo un programa amplio de cambios que responde al último Informe de Lord Carter (publicado en diciembre de 2007), que sustituye a las versiones anteriores, incluido el Informe Carter de 2002; no obstante, este programa de cambios sigue estando en conformidad con las recomendaciones formuladas en el Informe Carter de 2002.

361.El Servicio Nacional de Tratamiento de los Delincuentes está elaborando especificaciones claras para cada uno de los principales servicios que se prestan en el contexto de la prisión y la libertad condicional. Esto proporcionará claridad y coherencia con respecto a los servicios y permitirá establecer unas referencias justas y objetivas para corregir el desempeño deficiente y mejorar la prestación de servicios.

362.El Servicio Nacional de Tratamiento de los Delincuentes está poniendo en práctica mecanismos para asegurar que se encarga a los proveedores más eficaces y eficientes la prestación de servicios, sea que los usuarios estén detenidos o que vivan en la comunidad. Además, en el Programa de especificaciones, referencias y costos se establecen los niveles mínimos obligatorios para garantizar que los servicios del Servicio Nacional de Tratamiento de Delincuentes sean seguros, dignos y lícitos.

363.Los contratos del sector privado son objeto de un marco de garantías, controles y rendición de cuentas. Los contratos tipo requieren el cumplimiento de toda la legislación pertinente, en particular el Reglamento de prisiones y centros de infractores juveniles.

364.En el nuevo marco institucional del Servicio Nacional de Tratamiento de los Delincuentes se establece que este servicio es neutral con respecto a la elección de los sectores que se ocupan de los servicios relacionados con la prisión y la libertad condicional, y se están poniendo en práctica mecanismos para asegurar que se encarga la prestación de estos servicios a los proveedores más eficaces y eficientes.

365.Cada prisión administrada de forma privada está dirigida por un director, que es un empleado de la empresa contratista que ha sido aprobado por el Secretario de Estado de Justicia. Todos los miembros del personal que se ocupan de los reclusos en establecimientos y servicios de escolta de gestión privada han de estar acreditados por el Secretario de Estado como funcionarios encargados de la custodia de reclusos. Están sujetos a la misma norma de investigación de antecedentes que los funcionarios de prisiones y deben seguir un curso de formación inicial de unas ocho semanas de duración. El controlador o supervisor de la escolta puede dejar en suspenso la acreditación del funcionario encargado de la custodia, y el Secretario de Estado puede revocarla si considera que ha dejado de ser una persona idónea y apropiada para desempeñar funciones de custodia.

366.Al igual que en las prisiones del sector público, cada prisión de administración privada tiene una junta de supervisión independiente, todos los reclusos tiene acceso al Ombudsman de Prisiones y la prisión puede ser supervisada por el Cuerpo de Inspectores de Prisiones de Su Majestad. La empresa contratada está sujeta al control del Parlamento y sus comités de selección. En cada prisión del sector privado el Servicio Penitenciario está representado por el Controlador que, con el apoyo del Controlador Adjunto, visita el lugar diariamente para supervisar el cumplimiento del contrato y desempeñar las funciones reservadas a los funcionarios públicos (formular cargos de carácter disciplinario, investigar las denuncias contra miembros del personal y autorizar las medidas de control y restricción).

367.El traslado de los reclusos desde la prisión al tribunal y viceversa se ha asignado por contrato a empresas privadas. La Ley de justicia penal de 1991, enmendada por la Ley de justicia penal y orden público de 1994, requiere que todos los contratos de escolta sean supervisados por un funcionario de la Corona. Esta disposición tiene por objeto proteger a los reclusos y garantizar el cumplimiento de las normas relativas al cuidado, además de vigilar la relación entre el costo y el rendimiento y el cumplimiento del contrato. El supervisor del traslado investiga las denuncias de los reclusos sobre cualquier acto de la empresa contratada o algún miembro de su personal. Además, conforme a la ley, se designa a miembros del público voluntarios (observadores legos) para que inspeccionen y comuniquen las condiciones en las que son trasladados y detenidos los reclusos. Un grupo de observadores legos vigila cada zona de traslado y presenta un informe anual al Secretario de Estado.

Escocia

368.En Escocia hay dos prisiones privadas. La Prisión de Su Majestad de Kilmarnock fue la primera, inaugurada en 1999. En 2008 se inauguró la Prisión de Su Majestad de Addiewell. Cada prisión privada está dirigida por un director, que es un empleado de la empresa contratista. El Servicio Penitenciario de Escocia está representado por el Controlador y el Controlador Adjunto, que trabajan diariamente en la prisión. Son responsables de vigilar el cumplimiento del contrato y desempeñan las funciones reservadas a los Ministros Escoceses.

369.En abril de 2004, el traslado de los reclusos desde las prisiones y las celdas de la policía a los tribunales de Escocia se contrató externamente con Reliance Custodial Services.

370.La posición con respecto al circuito cerrado de televisión no ha variado. En virtud del artículo 80 de la Ley de justicia penal (Escocia) de 2003, que entró en vigor en junio de 2003, se ha autorizado legalmente que los procesos judiciales se lleven a cabo mediante un circuito cerrado de televisión que conecta las prisiones con los juzgados. Se puso a prueba un enlace de televisión en directo entre la Prisión de Su Majestad de Barlinnie y el tribunal de condado de Glasgow con resultados satisfactorios, y en otoño de 2004 se añadió la conexión con los tribunales de condado de Airdrie, Hamilton y Paisley.

Irlanda del Norte

371.De 2004 a febrero de 2007, se encargó a una empresa privada la supervisión de los detenidos en los juzgados y el traslado de algunos condenados por primera vez desde los juzgados a la prisión. La responsabilidad de la supervisión de los reclusos en los Tribunales de la Corona y los traslados de todos los demás reclusos sigue estando bajo la responsabilidad del Grupo de traslado de presos, cuyo personal procede del Servicio Penitenciario. El 5 de febrero de 2007, la creación del Servicio de detención judicial y traslado de detenidos permitió reunir ambos sistemas y establecer una única organización del Servicio Penitenciario, que presta un servicio completamente integrado con respecto a la detención judicial y el traslado de los detenidos, teniendo por primera vez una única organización administradora en Irlanda del Norte. El personal de este Servicio está compuesto en su mayoría por funcionarios encargados de la custodia de los reclusos. Recientemente, el Servicio ha sido objeto de una inspección por el Cuerpo de inspectores de la justicia penal de Irlanda del Norte, cuyo informe se publicó el 13 de octubre de 2010. El Cuerpo de inspectores recomendó que lo servicios de escolta de detenidos de Irlanda del Norte fueran objeto de una prueba de mercado. La recomendación fue aceptada por el Ministro y se llevará adelante en el marco del programa de reformas más amplio del Departamento de Justicia.

Dirección de Fronteras del Reino Unido

372.Los funcionarios de inmigración que ejerzan cualquier competencia específica relacionada con: a) detener, interrogar, registrar o tomar las huellas dactilares de una persona, b) acceder a instalaciones y registrarlas, o c) decomisar bienes de personas o locales, deben atenerse a la Ley PACE de 1984. Esta obligación figura en el párrafo 145 de la Ley de inmigración y asilo de 1999.

373.Las instrucciones sobre la aplicación que los funcionarios de inmigración deben hacer de la Ley PACE figuran en el capítulo 37 de las Instrucciones y orientaciones para la aplicación de la ley.

374.La política de la Dirección de Fronteras del Reino Unido es que todos los detenidos deben ser tratados con dignidad y respeto. Las disposiciones sobre la reglamentación y administración de los centros de traslado de inmigrantes figuran en el Reglamento de centros de detención de 2001. Los centros de traslado proporcionan a las personas detenidas un entorno seguro y un trato humano, mediante un régimen flexible que permite la máxima libertad de movimiento y de asociación posible, siempre que se garantice la necesaria protección y seguridad.

375.Los criterios mínimos de auditoría de todos los aspectos de la vida en los centros de traslado figuran en un conjunto amplio de normas de funcionamiento, que se ha elaborado para apoyar el Reglamento normativo.

376.Se evalúan los factores particulares o el riesgo que implica la detención de cada una de las personas detenidas. Se cuenta con sistemas para asegurar la protección y la seguridad de todos los detenidos. Entre ellos figuran estrategias contra la intimidación y un sistema de planificación de la atención (Evaluación, tratamiento en detención y equipo de trabajo), que permite que el personal de todos los sectores trabaje conjuntamente para establecer un entorno seguro y de cuidado y prestar una atención individualizada a los detenidos.

377.Las juntas de supervisión independiente inspeccionan todos los centros de traslado y sus miembros informan periódicamente al Secretario del Interior acerca del estado de las instalaciones, la administración del centro y el tratamiento de las personas detenidas.

378.El Cuerpo de Inspectores de Prisiones de Su Majestad desempeña una función reglamentaria con respecto a la supervisión de los centros de detención de inmigrantes y publica informes de las inspecciones. La Dirección de Fronteras del Reino Unido y la administración de los respectivos centros toman en cuenta cuidadosamente toda recomendación formulada y responden oficialmente mediante planes de acción.

379.La decisión acerca de si una persona debe ser o no detenida corresponde al funcionario de inmigración, o a un funcionario que actúa en nombre del Secretario de Estado, en virtud de los poderes que le confiere la Ley de inmigración de 1971. Las personas pueden ser detenidas: para realizar una investigación sobre la identidad o debido a una denuncia; para evitar que se fugue; o para efectuar un traslado.

380.La detención es objeto de examen periódicamente; en la mayoría de los casos, una vez por semana durante los primeros 28 días y posteriormente una vez al mes, por parte de funcionarios superiores de la Dirección de Fronteras del Reino Unido. Cada mes se informa por escrito al detenido acerca de los motivos de la continuidad de la detención.

381.En enero de 2002, el Gobierno cumplió su compromiso de poner fin a la práctica habitual de internar en las prisiones a los detenidos por motivos de inmigración. En gran medida, esto ha sido posible debido a la inauguración, a finales de 2001, de tres nuevos centros de traslado de inmigrantes en Dungavel, Harmondsworth y Yarl's Wood. Actualmente se dispone de 11 centros de traslado (10 en Inglaterra y 1 en Escocia).

382.Todos los centros de detención de inmigrantes del Reino Unido son objeto de inspecciones independientes efectuadas por el Inspector Jefe de Prisiones de Su Majestad, y son supervisados de forma independiente por el Ombudsman de Prisiones y de Libertad Provisional, en relación con la investigación de las muertes de personas detenidas y las denuncias recibidas. Esto también se aplicará en el centro de detención temporal que se establecerá en Larne (Irlanda del Norte) en el verano de 2011.

383.Las medidas adoptadas por la Dirección de Fronteras del Reino Unido y el Servicio Nacional de Tratamiento de los Delincuentes desde abril de 2006 para garantizar que los reclusos extranjeros no sean puestos en libertad sin haber examinado antes la posibilidad de su expulsión han dado lugar a que algunos reclusos extranjeros hayan continuado detenidos hasta el cumplimiento de su condena mientras se tramitaba su expulsión. En la actualidad hay aproximadamente 1.450 reclusos extranjeros en esas condiciones.

384.La mayoría de esos reclusos extranjeros que continúan detenidos a la espera de la expulsión (alrededor de 900) son trasladados a los centros de traslado de inmigrantes administrados por la Dirección de Fronteras del Reino Unido.

385.Se estima que actualmente hay otros 550 reclusos extranjeros detenidos en las prisiones de Inglaterra y Gales. Son personas que continúan detenidas después de haber cumplido su condena de prisión, en la mayoría de los casos debido a que la naturaleza de los delitos es demasiado grave para que la Dirección de Fronteras del Reino Unido los acepte en sus centros de detención, porque están en espera del traslado a un centro de detención de la Dirección de Fronteras, o por motivos de seguridad y control relacionados con las personas afectadas.

Ejército

Inspección de los centros militares de detención

386.Todos los centros de detención son objeto de inspecciones internas independientes, como se establece en el instrumento legal (el Reglamento de la detención y las sentencias militares pertinentes de 2009). En virtud de este instrumento legal, el Secretario de Estado ha designado a los tres Jefes de la Policía Militar como inspectores de los centros de detención militar, y cada uno de ellos debe informar al Consejo de Defensa sobre el conjunto de instalaciones militares de detención al menos una vez al año.

387.El Centro militar de capacitación correctiva es objeto de inspecciones por el Inspector Jefe de Prisiones de Su Majestad, que informa directamente a los ministros, y sus informes son de dominio público.

388.El Jefe de la Policía Militar del Ejército efectúa inspecciones en todos los centros de detención en funcionamiento cada seis meses. Por principio, se utilizan los Convenios de Ginebra como referencia básica para la inspección de estos centros. El personal de la Jefatura de la Policía Militar del Ejército celebra reuniones consultivas cada tres meses, y la Oficina de la Jefatura de la Policía Militar del Ejército está permanentemente a disposición de los oficiales que dirigen los centros de detención para el caso de que estos necesiten realizar consultas a fin de recabar asesoramiento.

389.El Reino Unido dejó de realizar operaciones de detención en el Iraq desde el 1º de enero de 2009. El Comité Internacional de la Cruz Roja y el Ministerio de Derechos Humanos del Iraq podían acceder sin trabas a los centros de detención del Reino Unido de Shaibah y, posteriormente, al aeropuerto de Basora. Ambos organismos han visitado los centros del Reino Unido. En el Iraq, los detenidos pueden presentar quejas ante esos organismos, así como a cualquier miembro del personal del Reino Unido o a los familiares que los visitan en los centros de detención. En el Afganistán, tanto la Comisión Independiente de Derechos Humanos del Afganistán como el Comité Internacional de la Cruz Roja pueden acceder sin trabas a los centros de detención del Reino Unido, aunque hasta la fecha solo el Comité Internacional de la Cruz Roja ha realizado visitas. Los detenidos pueden presentar quejas ante ese organismo o a cualquier miembro del personal del Reino Unido que desempeñe sus funciones en el centro. El Reino Unido toma con suma seriedad todas las denuncias de malos tratos, que son objeto de investigación.

Doctrina operacional y política de inspecciones

390.También hay un gran número de doctrinas operacionales y medidas que regulan las inspecciones de las instalaciones militares, que son las siguientes:

Publicación de Doctrina Conjunta (JDP) 1-10: Prisioneros de guerra, recluidos y detenidos (y las publicaciones subordinadas: 1-10.1 a 1-10.3);

Publicación de Servicios Conjuntos (JSP) 383: Manual de los servicios conjuntos sobre la Ley del conflicto armado;

Publicación de Servicios Conjuntos (JSP) 381: Aide-Mémoire de la Ley del conflicto armado;

Código militar 71130: Guía del soldado sobre la Ley del conflicto armado;

Doctrina de la OTAN: Publicación aliada conjunta (AJP) 2.5(A): Personas, material y documentos capturados;

Política estratégica en materia de detención del Ministerio de Defensa;

Orientación unificada para los oficiales y agentes de los servicios de inteligencia sobre la detención y el interrogatorio de los detenidos en el extranjero y el envío y la recepción de información relacionada con los detenidos del Gobierno de Su Majestad; e

Instrucción permanente J3-9, Interpelación, registro, interrogatorio y detención, Operaciones en la Zona de operación conjunta HERRICK.

391.En el módulo 4 de la Investigación pública de Baha Mousa (véase el párrafo 469), el Presidente examinó detalladamente la doctrina, la política y la organización de la capacitación que existía en 2010. El objetivo era lograr una gobernanza mejorada y más clara, así como supervisar el tratamiento de las personas capturadas.

Detención en ejercicio de las facultades en materia de salud mental

392.Las disposiciones adoptadas para controlar las detenciones en virtud de la Ley sobre la salud mental de 1983 en Inglaterra y Gales y las disposiciones correspondientes de Escocia e Irlanda del Norte figuran en los párrafos 83 a 95, 103 y 137 a 139 del informe inicial, el párrafo 760 del segundo informe y el párrafo 109 del tercer informe.

393.En abril de 2010 se traspasaron las competencias de la Comisión de la Ley sobre la salud mental a la Comisión de calidad de la atención, un nuevo órgano regulador independiente que se ocupa de la salud y los servicios sociales destinados a las personas adultas en Inglaterra. En Gales, esas funciones se han transferido a la Inspección de Salud de Gales. De forma análoga a la anterior Comisión de la Ley sobre la salud mental, estos organismos son actualmente responsables de supervisar el funcionamiento de las detenciones en virtud de la Ley sobre la salud mental de 1983 (entre otras cosas) por medio de las visitas a los pacientes detenidos en hospitales.

394.Por otra parte, la propia Ley sobre la salud mental de 1983 ha sido modificada y modernizada en varios aspectos mediante la Ley sobre la salud mental de 2007. Teniendo en cuenta esos cambios, el Código de prácticas de la ley, que sirve de guía a los profesionales sanitarios y otros profesionales sobre la manera de aplicar la ley, ha sido revisado ampliamente.

395.En Escocia, mediante la Ley sobre la salud mental (atención y tratamiento) (Escocia) de 2003, que entró en vigor en octubre de 2005, se introdujeron mejoras en los derechos de los pacientes, así como un nuevo Tribunal de salud mental, que examina las solicitudes de medidas obligatorias presentadas con arreglo a esa ley, así como los recursos contra la adopción de esas medidas. La ley contiene disposiciones que permiten a los reclusos ser trasladados al hospital para recibir tratamiento sobre trastornos mentales tanto cuando están en prisión preventiva como después de que se haya dictado condena. Se ha publicado un nuevo Código de prácticas correspondiente a la ley. La Comisión de bienestar mental de Escocia tiene una función específica en la supervisión del funcionamiento de la ley.

396.En Irlanda del Norte, en el Decreto sobre salud mental (Irlanda del Norte) de 1986 se dispone que la Comisión sobre Salud Mental para Irlanda del Norte supervise la asistencia y el tratamiento de todos los pacientes detenidos en hospitales, con inclusión del ejercicio de facultades o el cumplimiento de obligaciones impuestas en virtud del Decreto. El 1º de abril de 2009, con arreglo a la Ley de reforma de la salud y los servicios sociales (Irlanda del Norte) de 2009, las funciones de la Comisión sobre Salud Mental fueron traspasadas a la Autoridad de reglamentación y mejora de la calidad, un organismo independiente regulador de los servicios de salud y atención social en Irlanda del Norte.

397.El Tribunal de examen de la salud mental de Irlanda del Norte, un órgano judicial independiente establecido en virtud del Decreto de 1986, examina los casos de pacientes detenidos obligatoriamente o que son objeto de tutela con arreglo al Decreto. La función del Tribunal es proporcionar a los pacientes con trastornos mentales una salvaguardia contra la detención injustificada en un hospital o la supervisión de la tutela, mediante un examen de sus casos desde un punto de vista médico y también teniendo en cuenta otros criterios.

Ministerio Público de la Corona

398.La información detallada del Informe Butler sobre los procesos de investigación del Ministerio Público de la Corona figura en el párrafo 105 del cuarto informe del Reino Unido. Tras un examen posterior, el Procurador General elaboró un informe, en julio de 2003, que modificaba el nivel en el que se podía adoptar la decisión de llevar o no a cabo el procesamiento. En el Informe Butler se recomendó que esa decisión debería adoptarse en el nivel superior de la administración pública, pero esto no era viable dado el escaso número de cargos superiores en la administración pública que existía en la Dirección de Casos del Ministerio Público de la Corona. En el informe del Procurador General se recomendaba, en cambio, que la decisión debería ser tomada por un abogado debidamente formado de nivel E o superior, de manera que los casos no se demoraran innecesariamente. En ese informe también se recomendaba lo siguiente: aumentar el número de reuniones entre las familias y los abogados del Ministerio Público de la Corona para incrementar la transparencia y el grado de apertura; ampliar el ámbito de consultas; introducir un programa de formación amplio; establecer un sistema de gestión de los casos más proactivo; otorgar un mayor papel al Director del Ministerio Público de la Corona en el examen de las decisiones de los abogados; alentar una mayor participación de la comunidad; recopilar las estadísticas; facilitar la participación de los abogados en las partes pertinentes de la investigación; y publicar un folleto para explicar a las familias lo que estaba sucediendo.

399.A partir de entonces todas esas recomendaciones se han puesto en práctica.

El sistema del "Coroner"

400.Se ha llevado a cabo un examen fundamental del sistema del Coroner en Inglaterra, Gales e Irlanda del Norte, y en 2003 se publicaron dos informes al respecto. Los ministros examinaron ambos informes y, desde esa fecha, se han conseguido importantes avances para modificar el sistema de investigación y certificación de las muertes en Inglaterra y Gales y resolver las deficiencias del sistema, como se puso de relieve en los informes.

401.Como resultado de ello, se ha aprobado la Ley de Coroners y justicia de 2009, que en noviembre de 2009 obtuvo la sanción real. Se prevé que en abril de 2012 se aplicará la mayoría de las disposiciones de reforma del sistema contenidas en la ley. Esas reformas mejorarán el servicio en Inglaterra y Gales sobre la base de las mejores características de la prestación de este servicio a nivel local, que es en lo que se basa el sistema actual, añadiéndole una mayor atención a la calidad del servicio, la formación y la mejora de la relación con las autoridades locales y la policía.

402.Con arreglo a esta ley, se introducirán nuevos procedimientos de certificación de las defunciones, que mejorarán la calidad y la precisión de los certificados de defunción. Cada muerte (aproximadamente 500.000 por año) será objeto de examen por un "examinador médico" independiente, adjunto al equipo médico de administración del hospital o al consorcio de atención primaria. Esto permitirá realizar un examen y una confirmación independiente de la causa médica del fallecimiento, de manera proporcionada, coherente y transparente. El Departamento de Salud será el organismo responsable de supervisar estas medidas.

403.También con arreglo a esta ley, los Coroners tendrán la obligación legal de investigar la muerte de cualquier persona detenida, o que esté en los locales de detención por cualquier motivo, lo que incluye las prisiones, las instituciones para jóvenes infractores, las detenciones en virtud de la Ley sobre la salud mental o de la legislación en materia de asilo e inmigración, así como las muertes ocurridas debido a operaciones militares o terroristas. Los Coroners también tendrán que investigar un fallecimiento si la causa de la muerte ha sido violenta, no natural o desconocida. Los jurados serán obligatorios en las investigaciones de las muertes de personas detenidas si la causa de la muerte ha sido violenta, no natural o desconocida y en todas las muertes acaecidas durante las operaciones policiales. Se autorizarán los exámenes postmórtem y los escáneres de imágenes por resonancia magnética cuando corresponda. Se publicarán orientaciones al respecto y se redactarán reglamentos para asegurar que todos los procesos se lleven eficazmente a cabo y que se dispone de mecanismos útiles para reducir cualquiera de esas causas de muerte en el futuro.

Irlanda del Norte

404.El principal propósito de la Ley de Coroners y justicia de 2009 era reformar la legislación sobre los Coroners en Inglaterra y Gales, y se aplica sobre todo a esa jurisdicción. La legislación que regula la actividad de los Coroners y los procedimientos de investigación en Irlanda del Norte sigue siendo la Ley de los Coroners (Irlanda del Norte) de 1959.

405.No obstante, mediante la Ley de 2009 se introdujeron dos pequeñas modificaciones a la Ley de 1959. En primer lugar, se amplió la potestad de los Coroners de Irlanda del Norte para llevar a cabo investigaciones de muertes acaecidas fuera de Irlanda del Norte cuando el cuerpo es repatriado. En segundo lugar, se aumentaron algunas de sus facultades para obligar a los testigos a asistir al interrogatorio. Se está procediendo al análisis de las consecuencias operativas antes de adoptar la decisión de comenzar a aplicar estas disposiciones.

406.Antes de la promulgación de la Ley de 2009, en Irlanda del Norte ya se había puesto en marcha un gran número de reformas administrativas para tratar las cuestiones planteadas en el Informe Luce. En particular, en 2006 se estableció el Servicio de Coroners de Irlanda del Norte, y se designó a un juez del Tribunal Superior para presidir el tribunal de los Coroners. También se estableció un único distrito de instrucción que abarca el conjunto de Irlanda del Norte.

407.Además, se decidió que, para que fuera una reforma legislativa más fundamentada, de forma análoga a lo que se había hecho en Inglaterra y Gales, sería preferible abordarla por medio de los representantes locales en la Asamblea, de una manera adaptada a la jurisdicción, en vez de abordar la reforma por medio de la Ley de 2009.

408.Por lo tanto, el Departamento de Justicia está en contacto con la Comisión Jurídica de Irlanda del Norte con el propósito de que la Comisión realice el examen de la legislación y los procedimientos en esta esfera, en el marco de su próximo programa de reforma legislativa. La Comisión ha indicado que está de acuerdo, en principio, con encargarse de esa cuestión.

409.Con respecto a los certificados de defunción, en 2008 se estableció en Irlanda del Norte un grupo de trabajo interdepartamental para examinar los procesos a nivel local y formular recomendaciones para mejorarlos. Posteriormente, en diciembre de 2010, el Departamento de Salud, Servicios Sociales y Servicios Públicos, el Departamento de Finanzas y Personal y el Departamento de Medio Ambiente pusieron en marcha una consulta pública conjunta. El período de consultas terminó en marzo de 2011 y actualmente se están analizando las respuestas recibidas.

Regulación de las empresas privadas de seguridad

Gran Bretaña

410.En abril de 2003, se estableció la Autoridad de Servicios de Seguridad mediante un Decreto del Secretario de Estado, y en noviembre de 2007 se amplió su competencia a Escocia. El objetivo de la Autoridad de Servicios de Seguridad es mejorar la normativa del sector de la seguridad privada, regulándolo apropiadamente mediante la concesión de licencias a las personas que trabajan en ese sector. Entre 2004 y 2008, se ha introducido de forma escalonada un sistema de licencias para los distintos tipos de actividad. Las actividades que requieren la concesión de una licencia son: los guardias de seguridad contratados, los vigilantes de puertas internos y contratados (que trabajan en instalaciones con licencia), los inmovilizadores de vehículos internos y contratados que trabajan en superficies privadas, y los porteros.

411.Las solicitudes de licencia se evalúan tomando como base los antecedentes penales del solicitante (si los hubiera), la verificación de la identidad, su derecho al trabajo y si ha alcanzado la cualificación apropiada. Solo se otorgarán licencias a las personas que tengan un nivel mínimo de competencia y se las considere idóneas para trabajar en ese sector (sobre la base de la verificación de la identidad y los antecedentes penales de todos los solicitantes). Se evalúa la idoneidad del solicitante para trabajar en el sector de la seguridad privada y, en consecuencia, se concede o se deniega la licencia, de conformidad con los criterios establecidos. Al ser la Autoridad de Servicios de Seguridad el órgano regulador, las normas han pasado a ser automáticamente las mismas en todo el Reino Unido.

412.La Autoridad de Servicios de Seguridad también ha puesto en marcha un programa voluntario para los contratistas autorizados, destinado a las empresas de seguridad privada que quieren mejorar los niveles de desempeño.

413.Con arreglo a la Ley de servicios privados de seguridad de 2001, constituye un delito trabajar en determinados sectores de la seguridad privada sin disponer de una licencia expedida por la Autoridad de Servicios de Seguridad. Esta ley se aplica en Inglaterra, Gales y Escocia y, en breve, se aplicará también en Irlanda del Norte.

Artículo 12Investigación de actos de tortura y otras formas de malos tratos

Investigación de las muertes de personas detenidas por la policía

Inglaterra y Gales

414.En abril de 2004, en virtud de la sección II de la Ley de reforma de la policía de 2002, se estableció la Comisión Independiente de Quejas contra la Policía, como órgano independiente que reemplazó al Órgano de Quejas contra la Policía. La Comisión Independiente tiene competencias más amplias que el Órgano de Quejas contra la Policía. Tiene responsabilidades con respecto al servicio de policía en Inglaterra y Gales. En abril de 2006, se ampliaron sus atribuciones, que incluyeron también al Organismo de Lucha contra la Delincuencia Organizada Grave y a la Dirección de Ingresos y Aduanas de Su Majestad y, en 2007, a la Dirección de Fronteras del Reino Unido. La Comisión Independiente de Quejas contra la Policía es el órgano legalmente responsable del sistema de quejas contra la policía. Aunque su financiación proviene del Ministerio del Interior, en el cumplimiento de sus funciones es independiente de la policía y de los departamentos gubernamentales.

415.Los 15 vocales de la Comisión Independiente de Quejas contra la Policía garantizan su independencia, y se ha establecido en la ley que no se puede designar como vocal a una persona que haya sido funcionario de policía o haya trabajado en la Dirección de Ingresos y Aduanas de Su Majestad. Cuentan con el apoyo de más de 100 investigadores independientes, además de trabajadores sociales y otros especialistas. Los vocales y el resto del personal trabajan en las oficinas regionales de la Comisión, sitas en Cardiff, Coalville, Londres y Sale, y en la oficina subordinada de Wakefield.

416.Todos los casos de muertes o lesiones graves sucedidos después del contacto con la policía, o con personas que desempeñan funciones policiales en el Organismo de Lucha contra la Delincuencia Organizada Grave o la Dirección de Ingresos y Aduanas de Su Majestad, deben remitirse a la Comisión Independiente de Quejas contra la Policía. La Comisión Independiente puede recomendar u ordenar un procedimiento disciplinario contra los funcionarios, si es que aún no se había iniciado ninguno. Cuando la conducta alegada puede constituir un delito, el Ministerio Público de la Corona determina si se deben imputar cargos. Las investigaciones y decisiones de la Comisión Independiente pueden ser recurridas solamente en el marco de sus procedimientos internos y ante los tribunales.

Procedimientos de tramitación de la Comisión Independiente de Quejas contra la Policía

417.Los casos recibidos por la Comisión Independiente son objeto de diversos procedimientos e investigaciones. La Comisión Independiente decide si es necesario investigar un incidente y, de acuerdo con las circunstancias del caso, el nivel de supervisión apropiado que debe ejercer.

418.Investigaciones independientes: los incidentes que causan un nivel máximo de preocupación pública, podrían repercutir enormemente en las comunidades o tengan implicaciones graves en la reputación de la policía, es probable que sean objeto de una investigación independiente a cargo del personal de la Comisión Independiente de Quejas contra la Policía. Una investigación independiente solo se puede recurrir ante el tribunal administrativo.

419.Investigaciones dirigidas: cuando un incidente, una queja o una alegación de conducta indebida tiene un nivel de importancia o una probabilidad de generar preocupación pública tal que requiere que su investigación esté bajo la dirección y supervisión de la Comisión Independiente, pero no es necesario realizar una investigación independiente, la investigación está a cargo de la policía bajo la dirección y supervisión de la Comisión Independiente. La Comisión Independiente es responsable del establecimiento del mandato de la investigación, en consulta con el organismo policial. Un vocal de la Comisión Independiente acuerda el mandato y aprueba la elección del funcionario encargado de la investigación designado por el órgano policial. El Director Regional de la Comisión Independiente o el investigador dirige la investigación y recibe periódicamente los informes sobre sus resultados. La responsabilidad de mantener el registro de las decisiones y de que la investigación se efectúe en los plazos previstos sigue dependiendo de la Comisión Independiente. Una investigación dirigida solo se puede recurrir ante el tribunal administrativo.

420.Investigaciones supervisadas: cuando la Comisión Independiente de Quejas contra la Policía decide que un incidente, una queja o una alegación de conducta indebida es de menor importancia y es probable que genere una preocupación pública menor que en el caso de una investigación independiente o una investigación dirigida, pero es conveniente que sea supervisada por la Comisión, la policía lleva a cabo una investigación supervisada. Un vocal de la Comisión aprueba la elección del investigador y acuerda el mandato y el plan de investigación; ambos son preparados por la policía. Se puede acordar un proceso de examen periódico con la Comisión Independiente, que incluye una evaluación del riesgo, según la naturaleza y el alcance la investigación, que se incorpora al mandato establecido. En esos casos se debe dejar constancia de los posibles cambios. La responsabilidad de mantener el registro de las decisiones y de que la investigación se efectúe en los plazos previstos corresponde a la policía. El demandante también puede recurrir ante la Comisión Independiente al final de la investigación.

421.Investigaciones locales: una investigación local se lleva a cabo cuando la Comisión Independiente de Quejas contra la Policía concluye que no concurre ninguno de los factores relacionados con la gravedad del caso o el interés público y que la policía dispone de los recursos y la experiencia necesarios para realizar una investigación sin ayuda externa. El demandante puede recurrir ante la Comisión Independiente al final de la investigación.

422.En algunos casos, la Comisión Independiente puede decidir remitir nuevamente un caso al cuerpo policial correspondiente para que lo trate de la forma que considere apropiada. Por lo tanto, esos casos pueden ser objeto de una resolución local.

423.Resolución local: cuando se trata de quejas menos graves, como casos de grosería o malos modales, el demandante puede estar de acuerdo con una resolución local. Por lo general, un supervisor de la policía local se ocupa de la demanda y acuerda con el demandante la forma de resolverla. La solución puede consistir en: una explicación o la presentación de información para aclarar un malentendido; una disculpa en nombre del cuerpo policial; y/o una explicación de las medidas que se adoptarán para evitar que ocurran quejas similares en el futuro.

424.En determinados casos no se adopta ninguna medida:

Exención: en algunos casos, puede haber razones para no seguir adelante con la investigación de una queja. Entre ellos figuran las quejas cuya información es insuficiente, o las que son vejatorias, abusivas o que constituyen una extralimitación del procedimiento aplicable. En tales casos, el cuerpo policial puede solicitar a la Comisión Independiente una exención del requisito de investigación que, si se concede, significa que no es necesario adoptar ninguna medida con respecto a la queja.

Retirada: si el denunciante decide retirar la denuncia, no se puede adoptar ninguna otra medida al respecto.

Suspensión: en ciertos casos, los cuerpos policiales pueden considerar poco práctico concluir una investigación. Esto puede ocurrir cuando el demandante se niega a cooperar, la queja es repetitiva o constituye un abuso del procedimiento aplicable, o si el demandante está de acuerdo con la resolución local. En esos casos la policía puede solicitar a la Comisión Independiente que suspenda la investigación.

Recursos

425.Si una persona ha presentado una denuncia contra la policía y no está satisfecha con la forma en que se ha resuelto, tiene derecho a recurrir las decisiones adoptadas. Existen tres tipos de recurso. Cada uno de ellos se aplica en las distintas etapas del proceso de tramitación de las denuncias, se basa en distintos motivos y sus consecuencias también son diferentes. Los tipos de recurso son los siguientes:

Recurso por no haber registrado una denuncia;

Recurso contra el proceso de resolución local;

Recurso contra los resultados de una investigación policial de una queja.

426.En el siguiente cuadro figura el número de fallecimientos acaecidos durante el trato con la policía o como consecuencia de este correspondiente a 2010-2011, por tipo de muerte y de investigación.

Tipo de investigación a	Fallecimientos en accidentes de tráfico	Fallecimientos por disparos mortales	Fallecimientos durante la detención policial o como consecuencia de esta	Aparentes suicidios después de la detención	Fallecimientos durante el trato con la policía o como consecuencia de este
Nº	% b	Nº	%	Nº	%	Nº	%	Nº	%
Independiente	13	54	2	100	16	76	3	7	44	100
Dirigida	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Supervisada	0	0	0	-	0	-	1	2	0	-
Local	10	42	0	-	1	5	18	39	0	-
Devuelta al cuerpo policial	1	4	0	-	4	19	24	52	0	-
Fallecimientos totales	24	100	2	100	21	100	46	100	44	100

a El tipo de investigación se basa en la información del Sistema de gestión y seguimiento de casos de la Comisión Independiente de Quejas contra la Policía, abril de 2011.

b Los porcentajes se han redondeado, por lo que la suma puede no ser exacta en algunas categorías.

Escocia

427.La información detallada sobre las muertes de personas detenidas en Escocia figura en los párrafos 208 a 211 del cuarto informe del Reino Unido. El número de fallecimientos de personas detenidas en Escocia figura en el párrafo 290 de este informe.

Irlanda del Norte

428.La información detallada sobre la competencia y los procedimientos del Ombudsman para las Relaciones con la Policía de Irlanda del Norte figura en los párrafos 212 a 215 del cuarto informe del Reino Unido. El número de fallecimientos de personas detenidas en Irlanda del Norte figura en el párrafo 308 de este informe.

Investigaciones de las muertes en prisión

Inglaterra y Gales

429.En Inglaterra y Gales, todas las muertes en prisión son objeto de una investigación independiente realizada por el Ombudsman de Prisiones y de Libertad Provisional. Ello incluye los fallecimientos por causas naturales, los suicidios, los homicidios y las muertes accidentales. El Ombudsman también podrá ejercer facultades discrecionales para investigar las muertes de los reclusos puestos en libertad recientemente.

430.El Ombudsman de Prisiones y de Libertad Provisional publica un informe después de cada investigación. Estos informes suelen contener recomendaciones para el servicio de policía en el que tuvo lugar el fallecimiento y las enseñanzas que el Ombudsman considera que se pueden extraer al respecto. Las recomendaciones pueden hacer referencia a un establecimiento determinado o tener implicaciones más amplias con respecto a las medidas y la práctica a nivel nacional. El informe del Ombudsman se envía a la familia de la persona fallecida, al Coroner, al cuerpo policial correspondiente y al Departamento de Salud.

431.El Ombudsman de Prisiones y de Libertad Provisional publica informes con datos anónimos en su sitio web al concluir la investigación sobre el fallecimiento.

432.Toda muerte de una persona detenida es objeto de una investigación policial para establecer lo que ha sucedido y asegurarse de que no ha habido ninguna actividad delictiva. También se informa de todas las muertes de personas detenidas a un Coroner. El Coroner, que es una autoridad judicial independiente, llevará a cabo una investigación ante un jurado para determinar los hechos del caso. La investigación del Coroner es independiente y está en conformidad con el derecho interno y la legislación europea.

Escocia

433.En Escocia, el fiscal realiza una investigación independiente sobre las circunstancias de cualquier muerte en prisión. Al concluir la investigación del fiscal, se lleva a cabo una investigación pública obligatoria con arreglo a las disposiciones de la Ley de investigación de accidentes mortales y muertes súbitas (Escocia) de 1976 para examinar las circunstancias de la muerte. Desde la puesta en marcha de la unidad especializada en la investigación de fallecimientos en Escocia por la Procuraduría, en octubre de 2010, la información sobre todas esas muertes se presenta a esa unidad para garantizar que se registre en la base de datos de todos los casos de muertes investigados, para supervisar los avances en la investigación de esos casos y para facilitar el acceso a los conocimientos especializados a fin de que las investigaciones se lleven a cabo de forma apropiada. El juez de primera instancia determina la causa de la muerte y hace constar si se hubiera podido hacer algo para evitarla. Toda muerte que parezca haber sido un suicidio es investigada por dos miembros del Grupo nacional sobre gestión del riesgo de suicidio del Servicio Penitenciario.

434.El Servicio Penitenciario de Escocia ha introducido un mecanismo para extraer enseñanzas y analizar y examinar críticamente los aparentes suicidios en prisión. Este proceso, conocido como "SIDCAAR" (suicidios de personas detenidas: análisis, auditoría y examen), garantiza una práctica normalizada en los exámenes de las muertes en prisión que son aparentemente suicidios, y también proporciona un marco para realizar un proceso de examen crítico. Este procedimiento garantiza la apertura y transparencia de la práctica y de la opinión, se centra en extraer experiencias, y proporciona un mecanismo que permite un mayor aprendizaje y garantiza cuestiones básicas y secundarias con respecto a los distintos aspectos del tratamiento de los reclusos. En los casos en los que la persona tenía un problema de salud mental, la información también se comparte con los profesionales del servicio nacional de salud. La información obtenida contribuirá también a la formulación de las políticas y los procedimientos nacionales de gestión del riesgo de suicidio, y constituye un medio para comunicar las buenas prácticas en esta esfera. Todas las muertes de personas detenidas son investigadas por el fiscal y se lleva a cabo una investigación pública obligatoria, de conformidad con la Ley de investigación de accidentes mortales y muertes súbitas (Escocia) de 1976.

Irlanda del Norte

435.El 3 de mayo de 2005, se designó en Irlanda del Norte un Ombudsman para Reclusos. En septiembre de 2005, se ampliaron sus atribuciones a fin de que pudiera investigar e informar sobre las circunstancias y los hechos relacionados con las muertes de personas detenidas. Esta investigación es independiente de cualquier otra investigación realizada por la policía o el Coroner. Los informes del Ombudsman para Reclusos son públicos.

Muertes de personas detenidas por motivos de inmigración

436.Entre 1989 y 2010 se han registrado 14 muertes de personas detenidas por motivos de inmigración, y la última sucedió en octubre de 2010. En ese incidente murió una persona detenida en el hospital, después de haberse sentido mal a bordo de un avión mientras era escoltada para ser expulsada del Reino Unido. Aún no se ha determinado la causa de la muerte. Las circunstancias de los fallecimientos son objeto de investigaciones regulares separadas por parte de la policía y del Ombudsman de Prisiones y de Libertad Provisional.

437.Todas las muertes son investigadas por el Ombudsman de Prisiones y de Libertad Provisional y toda recomendación es tenida en cuenta cuidadosamente para asegurar que las enseñanzas se apliquen en todos los centros de detención de la Dirección de Fronteras del Reino, con el propósito de minimizar el riesgo de tragedias futuras. Además, se notifica inmediatamente a la Policía para que lleve a cabo su propia investigación.

438.El problema de los suicidios y las autolesiones se toma muy en serio, y el personal de todos los centros está capacitado para ayudar a identificar y evitar el suicidio y las autolesiones. En todos los centros se exponen avisos en varios idiomas que dicen que, cuando exista una preocupación sobre alguna persona detenida, debe señalarse a la atención de un miembro del personal. Estos procedimientos han demostrado que funcionan satisfactoriamente. Las evaluaciones del riesgo oficiales en la detención inicial y los sistemas para plantear las preocupaciones en cualquier momento posterior se han incluido en los procedimientos sobre autolesiones establecidos en todos los centros de traslado de inmigrantes, que, a su vez, se basan en las normas vigentes para la prevención de las autolesiones.

Investigaciones en el ámbito militar

439.El Código C de los códigos de prácticas de la policía militar ofrece orientación sobre el tratamiento y el interrogatorio de todas las personas sospechosas de estar implicadas en delitos tipificados en las leyes sobre disciplina militar, y asegura que sean tratadas de manera justa y adecuada, de conformidad con la ley.

440.Cuando se opera en un entorno inofensivo, la policía militar lleva a cabo las investigaciones importantes de acuerdo con la Doctrina fundamental de investigación aprobada por la Asociación de Jefes de Policía, según lo establecido en los Procedimientos normalizados de administración de la sala de incidentes importantes y, si procede, el Manual de investigación de homicidios de la Asociación de Jefes de Policía. Al realizar investigaciones en zonas de conflicto a veces resulta poco práctico y, en ocasiones, imposible, seguir esas instrucciones al pie de la letra. Esta cuestión ha sido reconocida por el Cuerpo de Inspectores de Policía de Su Majestad. Sin embargo, el espíritu de esos instrumentos siempre se cumple, ya que constituyen las mejores prácticas.

441.Uno de los principios fundamentales que sustentan la labor de la policía militar es que todas las investigaciones se realizan de forma independiente de la cadena de mando y son totalmente imparciales. Por lo tanto, la policía militar, con inclusión de la División de investigaciones especiales de la Real Policía Militar, que se encarga de la mayor parte de las investigaciones en las zonas de conflicto, tiene una estructura de mando separada.

442.Del mismo modo que en el caso de sus homólogos civiles, la supervisión de la Real Policía Militar está a cargo del Cuerpo de Inspectores de Policía de Su Majestad, que ha sido declarado idóneo para ese propósito.

443.Ningún miembro del personal ha sido procesado o condenado específicamente por tortura. El incidente "Breadbasket", sucedido el 15 de mayo de 2003, que incluyó actos de malos tratos y fotografías de saqueadores iraquíes, dio lugar a una amplia investigación que acabó en un consejo de guerra y la condena de cuatro soldados del Reino Unido por otros delitos.

444.La muerte de Baha Mousa mientras estaba detenido en el primer batallón del regimiento The Queen's Lancashire (1QLR) en Basora, el 15 de septiembre de 2003, dio lugar a un consejo de guerra que juzgó a dos oficiales y cinco soldados, uno de los cuales (el cabo Donald Payne) fue declarado culpable de tratamiento inhumano de un prisionero y condenado a ser expulsado del cuerpo, a 12 meses de prisión y a ser degradado.

445.Muchas de las denuncias de malos tratos de detenidos por el ejército del Reino Unido en el Iraq en las que se alegan comportamientos delictivos se han presentado varios años después de que los hechos hubieran sucedido, lo que dificulta su investigación. El 1º de marzo de 2010, el Secretario de Estado de Defensa anunció la creación del Grupo de denuncias históricas en el Iraq (IHAT), con el fin de destinar recursos adicionales a las investigaciones y llegar más rápidamente al fondo de las denuncias (el nuevo Gobierno ha respaldado la continuación de este enfoque). El Jefe del Grupo, un civil que fue oficial superior de policía, fue nombrado el 6 de septiembre de 2010, y dirige un equipo de investigadores civiles y de la Real Policía Militar.

446.El Jefe del Grupo de Denuncias Históricas en el Iraq es responsable ante el Jefe de la Policía Militar del Ejército, como Oficial Jefe de la Real Policía Militar, "de desempeñar sus funciones de manera independiente de la Secretaría de Estado y la cadena de mando". El Jefe del Grupo dirige y realiza las investigaciones del Grupo y establece la orientación estratégica del equipo, formulándola de la mejor manera para alcanzar sus objetivos. Por lo tanto, el primer objetivo del Jefe del Grupo era formular una estrategia de investigación, aprobada por el Jefe de la Policía Militar del Ejército, que permitiera que el Grupo consiguiera los objetivos fijados. Esta estrategia tiene cinco elementos principales:

Búsqueda, recuperación y preservación de las pruebas, lo que supone la recuperación de los datos almacenados electrónicamente y de otra documentación disponible en el Ministerio de Defensa;

Análisis de la información relacionada con cada denuncia;

Entrevistas con los denunciantes para que se formalice la denuncia;

Evaluación consolidada, a fin de determinar si se debe continuar con la investigación;

Investigaciones.

447.En el mandato del Grupo de Denuncias Históricas en el Iraq se establece que deberá investigar todos los recursos judiciales interpuestos por los abogados pro bono, comunicados o notificados por medio de una instancia preliminar a más tardar el 30 de abril de 2010, y que los demás casos de presuntos malos tratos notificados al Secretario de Estado después de esta fecha se examinarán caso por caso y podrán ser objeto de investigación por el Grupo de Denuncias. Se prevé que el Grupo de Denuncias complete sus investigaciones en noviembre de 2012. Actualmente, el Grupo está examinando 102 casos que abarcan a 156 demandantes iraquíes.

448.En una sentencia de diciembre de 2010, el Tribunal Superior de Justicia ratificó la decisión del Secretario de Estado de Defensa de no poner en marcha inmediatamente una investigación pública separada para todas las alegaciones de malos tratos. Además, el Tribunal apoyó al Grupo de Denuncias Históricas en el Iraq. Se ha admitido a trámite el recurso interpuesto por los abogados que representan a los demandantes iraquíes. La audiencia está prevista para julio de 2011.

Artículo 13Disponibilidad de procedimientos de presentación de quejas para quienes hayan sido sometidos a tortura u otras formas de malos tratos

Disciplina policial y quejas

Inglaterra y Gales

Comisión Independiente de Quejas contra la Policía

449.La Comisión Independiente de Quejas contra la Policía es el órgano independiente legalmente responsable del sistema de quejas contra la policía. La Comisión Independiente establece las normas que regulan el modo en el que la policía tramita las denuncias y, si no se ha procedido correctamente, procura ayudar a la policía a extraer enseñanzas y mejorar su labor. También tiene el deber de aumentar la confianza del público.

450.Las denuncias pueden provenir del público o, en el seno de un cuerpo policial, puede salir a la luz un asunto relativo a la conducta de la policía. Las denuncias del público se pueden tramitar por medio de resoluciones locales (con el acuerdo del demandante) o pueden ser investigadas por un órgano policial bajo la supervisión o dirección de la Comisión Independiente. En ciertos casos, la Comisión Independiente puede designar a uno de sus propios investigadores para llevar a cabo la investigación.

451.Desde abril de 2004, la Comisión Independiente de Quejas contra la Policía ha utilizado sus facultades para iniciar 264 investigaciones independientes y 663 investigaciones dirigidas con respecto a las denuncias más graves presentadas contra la policía y otros organismos. Se han establecido nuevas normas para las fuerzas policiales con el propósito de mejorar la forma de tramitar las quejas del público. La Comisión también tramita los recursos del público sobre la manera en que la policía local ha resuelto su denuncia.

452.La información detallada sobre los procedimientos de trámite y el sistema de recurso de la Comisión Independiente de Quejas contra la Policía figura en la respuesta con respecto al artículo 12, supra (párrs. 417 a 424).

453.Desde 2004, la Comisión Independiente de Quejas contra la Policía ha publicado estadísticas anuales de las quejas presentadas contra la policía en Inglaterra y Gales. A continuación se presentan los datos sobre las denuncias presentadas contra la policía en Inglaterra y Gales.

	2004 - 2005	2005 - 2006	2006 - 2007	2007 - 2008	2008 - 2009
Casos a	22 898	26 268	28 998	28 963	31 259
Porcentaje de variación con respecto al año anterior	44	15	10	0	8
Alegaciones finalizadas	27 909	38 199	41 584	45 524	50 369
Porcentaje de alegaciones sustanciadas	13	12	11	11	10
Porcentaje de alegaciones no sustanciadas	87	88	89	89	90
Porcentaje de alegaciones retiradas	13	12	12	11	12
Porcentaje resuelto a nivel local	50	46	47	43	41
Porcentaje de alegaciones exentas	17	14	10	11	10
Porcentaje de alegaciones suspendidas	-	-	-	3	2

a Cada " caso " de queja puede contener varias alegaciones separadas. Los porcentajes no suman 100 debido al redondeo.

Escocia

454.La información detallada sobre la tramitación de las quejas contra la policía en Escocia figura en los párrafos 208 a 211 del cuarto informe del Reino Unido.

455.En 2009-2010 se presentaron en Escocia 766 denuncias contra policías por conductas constitutivas de delito, remitidas al fiscal. Como resultado de ello, se procesó a 10 policías.

456.En los casos en que no haya responsabilidad penal, el jefe adjunto de policía del cuerpo de que se trate decide sobre la conveniencia de que se realice una audiencia o de que un funcionario superior emita una amonestación por conducta indebida. La labor para ampliar la gama de opciones disponibles para el jefe adjunto de policía o el funcionario superior al examinar una queja está muy avanzada. Las autoridades policiales tienen la obligación, en virtud del artículo 40 de la Ley de policía (Escocia) de 1967, de estar informadas sobre la tramitación de las quejas contra la policía. Anteriormente, el demandante podía solicitar la asistencia del Cuerpo de Inspectores de Policía de Su Majestad si no estaba satisfecho con la manera en que la policía había tramitado su queja. Actualmente, esa función está a cargo del Comisionado de quejas contra la policía de Escocia.

457.En el anexo 1 del Reglamento de conducta de la policía (Escocia) de 1996, se detallan los comportamientos que constituyen conducta indebida. Los ocho cuerpos de policía de Escocia tienen competencia para imponer sanciones a los funcionarios por conducta indebida. De conformidad con el Reglamento de 1996, las audiencias por mala conducta pueden ser delegadas a los comisarios de policía. Tras una recomendación contenida en un estudio temático del Cuerpo de Inspectores de Policía de Su Majestad de Escocia (HMICS, 2000) titulado A Fair Cop?, que propone la conveniencia de que esas audiencias fuesen presididas únicamente por funcionarios superiores calificados, los cuerpos policiales han organizado un curso a nivel nacional para hacer frente a esa necesidad.

458.En el cuadro que figura a continuación se presentan los resultados de las audiencias disciplinarias de 2008-2009 y 2009-2010.

	Número de resoluciones so bre las denuncias del servicio, por tipo de resolución
	2008 - 2009	2009 - 2010	Variación porcentual
Explicación al demandante	1 533	2 517	64
No sustanciada, en función de las pruebas disponibles	2 129	1 820	-15
El fiscal no inició un procedimiento	1 348	1 215	-10
Consejo	455	601	32
Retirada por el demandante	855	463	-46
Procedimiento de conducta indebida	120	146	22
Abandonada debido a la falta de colaboración del demandante	225	145	-36
Procedimiento penal	15	15	0
Condena penal	10	9	-10
Total	6 690	6 931	4

459.En junio de 2004, el Cuerpo de Inspectores de Policía de Su Majestad de Escocia llevó a cabo un examen de los progresos realizados por el Servicio de Policía de Escocia y otras partes interesadas con respecto a las recomendaciones formuladas en el documento A  Fair Cop? En el informe posterior, titulado "Un examen de la investigación de las denuncias contra la policía (2004)", se constató que el servicio, en general, había respondido satisfactoriamente a las recomendaciones y se destacaron los elementos de buenas prácticas.

460.El 1º de abril de 2007, el entonces Ejecutivo escocés estableció un nuevo órgano independiente, el Comisionado de quejas contra la policía de Escocia. Este órgano tiene competencias para examinar la manera en que se ha tramitado una queja determinada. Este órgano se ha establecido en virtud de la Ley de policía, orden público y justicia penal (Escocia) de 2006.

461.El Comisionado de quejas contra la policía de Escocia puede examinar la manera en que se han tramitado las quejas sobre el comportamiento de un policía o miembro del personal en particular, así como la calidad del servicio prestado por un cuerpo, una autoridad o un órgano policial. El Comisionado de quejas puede instar a un cuerpo, una autoridad o un órgano policial a que reconsidere una queja. También puede indicarles qué persona debería encargarse de la reconsideración y, en algunos casos, el Comisionado puede supervisar esta cuestión directamente.

462.El Comisionado de quejas contra la policía de Escocia no tiene la potestad necesaria para investigar el fondo de una queja, y no se ocupa de las denuncias que ya están siendo tramitadas ante los tribunales o mediante otros procedimientos de reclamación. Todas las quejas que hagan referencia a una denuncia penal se trasladan a la Procuraduría. El Comisionado de quejas no se ocupa de las quejas sobre cuestiones relativas al empleo y al personal presentadas por personas que trabajan, o han trabajado, con la policía.

Irlanda del Norte

463.La información detallada sobre los procedimientos de queja de Irlanda del Norte figuran en el párrafo 799. A continuación se presenta el número de las quejas contra la policía desde el 6 de noviembre de 2000.

Fecha	Número de quejas
6 de noviembre de 2000 a 31 de marzo de 2001	1 531
1º de abril de 2001 a 31 de marzo de 2002	3 600
1º de abril de 2002 a 31 de marzo de 2003	3 214
1º de abril de 2003 a 31 de marzo de 2004	2 979
1º de abril de 2004 a 31 de marzo de 2005	2 887
1º de abril de 2005 a 31 de marzo de 2006	3 140
1º de abril de 2006 a 31 de marzo de 2007	3 283
1º de abril de 2007 a 31 de marzo de 2008	2 994
1º de abril de 2008 a 31 de marzo de 2009	3 086
1º de abril de 2009 a 31 de marzo de 2010	3 528
1º de abril de 2010 a 31 de marzo de 2011	3 313
Total	33 555

Disciplina penitenciaria y quejas

Inglaterra y Gales

464.El sistema de quejas de los reclusos se establece en la Orden del Servicio Penitenciario 2510, Solicitudes y procedimientos de reclamación. En esos procedimientos se estipulan instrucciones claras sobre la manera de tramitar las quejas de los reclusos y se incluyen criterios para la realización de investigaciones sobre las denuncias de conducta indebida del personal contra los reclusos. El Servicio Nacional de Tratamiento de los Delincuentes no dispone de información detallada centralizada sobre los distintos tipos de quejas presentadas. No obstante, en la actual orientación de políticas se señala que los datos son un instrumento útil para proporcionar información sobre la gestión y el análisis de las tendencias. El equipo de dirección de la prisión debería utilizar los datos recopilados para determinar las esferas particularmente problemáticas y tomar medidas correctivas, aunque esto no es un requisito obligatorio.

465.Cuando una persona alega ser víctima de una conducta indebida se realiza una investigación completa (en la Orden del Servicio Penitenciario 1300, Investigaciones, se establecen las medidas). Los reclusos disponen de una serie de mecanismos independientes para presentar sus quejas: el Ombudsman de Prisiones y de Libertad Provisional, el Ombudsman de servicios parlamentarios y de salud, y las juntas de supervisión independiente.

466.El procedimiento disciplinario del personal del Servicio Penitenciario del sector público se establece en la Orden del Servicio Penitenciario 8460, Conducta y disciplina. En ella se indican los pasos que deben seguirse ante una alegación de conducta indebida, que incluye el tratamiento o el comportamiento inadecuado con respecto a los reclusos.

467.El Director establecerá las disposiciones locales que establecen qué personas tienen autoridad en el establecimiento para actuar como encargado general de una investigación. No se podrá designar para esta tarea a ningún funcionario de rango inferior a administrador de prisiones de nivel F.

468.La elección del funcionario investigador es una facultad discrecional del encargado general de la investigación y dependerá de la naturaleza del incidente y de si se requiere alguna habilidad o conocimiento especializado en particular. El funcionario investigador tiene la obligación de actuar con imparcialidad y sin la influencia indebida de otras personas. Los funcionarios investigadores deben tener al menos el rango de funcionario superior o ejecutivo y, generalmente, su rango será considerablemente más elevado que el de la persona objeto de investigación.

469.El encargado general de la investigación debe estar convencido de que el funcionario investigador es competente para llevar a cabo esa función. La competencia se puede basar en la formación, el historial comprobado en la dirección o realización de investigaciones, o en las habilidades necesarias, por ejemplo, la capacidad de análisis o de comunicación escrita o la disposición de conocimientos especializados.

470.Según la naturaleza de la denuncia, el funcionario investigador debe determinar si son o no necesarios otros métodos de investigación, como la remisión a un experto forense. Si las alegaciones podrían ser de carácter penal, el asunto se remitirá a la policía y no será investigada, en primera instancia, por el Servicio Penitenciario.

471.En algunos casos podría no ser apropiado que un miembro del personal continúe realizando sus funciones habituales o en su lugar de trabajo mientras se investiga una alegación de conducta indebida. En esos casos, el Director le encargará tareas alternativas o, en circunstancias excepcionales, quedará suspendido del servicio hasta que concluya la investigación. Durante ese período, el miembro del personal objeto de investigación será advertido de que no debe, en ningún caso, comentar la alegación con ninguna otra persona más que las del equipo de investigación o su representante designado.

472.Se mantiene una base de datos central que contiene los detalles de todos los casos probados de conducta indebida del personal y el nivel de sanción disciplinaria impuesta. Esta base de datos incluye información sobre los casos de malos tratos contra los reclusos.

Escocia

473.De forma independiente del Servicio Penitenciario de Escocia, el fiscal investiga cualquier alegación de que un funcionario penitenciario haya cometido un delito. Además, se informa a la policía de todas las denuncias de los reclusos de haber sido objeto de agresiones por el personal en un establecimiento, y la policía las investiga de la misma manera que las alegaciones contra los funcionarios de policía.

Irlanda del Norte

474.En Irlanda del Norte, el procedimiento disciplinario del personal en funciones del Servicio Penitenciario se establece en el Código de conducta y disciplina. El Código de conducta y disciplina no es un documento legislativo. Es un documento de política, aunque está basado en la Ley de prisiones (Irlanda del Norte) de 1953. En el párrafo 13 e) de la Ley se establece que "el Ministro puede establecer normas que se denominaran 'Reglamento de prisiones' sobre la conducta, las obligaciones y la disciplina del personal penitenciario".

475.El Código de conducta y disciplina es aplicable a todos los funcionarios con el rango de director y a todos los funcionarios penitenciarios de todas las clases y rangos. En el Código se estipulan las medidas que se deben adoptar con respecto a una alegación de conducta indebida, que incluye el tratamiento o el comportamiento inadecuado con respecto a los reclusos.

476.En la actualidad, el Código de conducta y disciplina está siendo objeto de examen.

Ombudsman de Prisiones y de Libertad Provisional

477.El Ombudsman de Prisiones y de Libertad Provisional es designado por el Secretario de Estado de Justicia y es completamente independiente del Servicio Nacional de Tratamiento de los Delincuentes y de la Dirección de Fronteras del Reino Unido. Constituye una instancia independiente para la presentación de reclamaciones por parte de los reclusos, los delincuentes que están en libertad provisional y los detenidos por motivos de inmigración que no hayan obtenido respuestas satisfactorias en los sistemas internos de presentación de quejas. El Ombudsman también tiene la responsabilidad de investigar todas las muertes de personas detenidas en prisión, en centros autorizados de libertad provisional o en centros de traslado de inmigrantes, independientemente de la causa del fallecimiento.

478.En 2009-2010, el Ombudsman completó 1.944 investigaciones de quejas de los reclusos, lo que supone un aumento del 39% con respecto al año anterior. El número de quejas consideradas admisibles aumentó en un 26% en el mismo período. De las denuncias investigadas, el 30% se aceptaron o se resolvieron localmente, lo que implica un aumento del 1% con respecto a 2008-2009.

479.En el siguiente cuadro se presentan las cifras y el análisis de las investigaciones de las quejas:

	Quejas de los reclusos: an álisis de las quejas recibidas, resultados y recomendaciones
	2008 - 2009	2009 - 2010
Quejas recibidas	3 826	4 050
Quejas consideradas admisibles	1 745	2 173
Investigaciones completadas	1 439	1 944
Aceptadas total o parcialmente	416	612
Resueltas localmente	113	172
Resultado positivo	416	586
Recomendaciones al Servicio Nacional de Tratamiento de los Delincuentes	146	266
Recomendaciones rechazadas	0	3

Ombudsman parlamentario y de servicios de salud

480.El Ombudsman parlamentario y de servicios de salud (Ombudsman) es un cargo que reúne las dos funciones oficiales del Comisionado parlamentario para la administración y el Comisionado de servicios de salud de Inglaterra, cuyas competencias se establecen en la Ley del comisionado parlamentario de 1967, y en la Ley de los comisionados de servicios de salud de 1993, respectivamente.

481.La función del Ombudsman parlamentario y de servicios de salud es prestar un servicio al público mediante la realización de investigaciones independientes sobre las quejas de que los departamentos gubernamentales, determinados organismos públicos del Reino Unido o el Servicio Nacional de Salud de Inglaterra no han actuado de manera correcta o justa, o han prestado un servicio deficiente.

Escocia

482.Las medidas con respecto a las quejas contra los funcionarios penitenciarios y los procedimientos disciplinarios en Escocia figuran en los párrafos 97 a 101 del informe inicial; también figura información detallada en los párrafos 238 a 240 del cuarto informe del Reino Unido.

483.En el año comprendido entre el 1º de abril de 2009 y el 31 de marzo de 2010, el Servicio Penitenciario de Escocia recibió 15.335 denuncias, que abarcaban todos los aspectos de la vida en prisión.

484.En el cuadro que figura a continuación se presenta el número de denuncias recibidas y las recomendaciones formuladas por el Comisionado de Denuncias de las Prisiones de Escocia en los últimos cuatro ejercicios económicos. El Comisionado de Denuncias de las Prisiones de Escocia investiga las denuncias presentadas por los reclusos que no se han resuelto por medio del sistema interno de quejas del Servicio Penitenciario de Escocia. Las funciones del Comisionado han sido transferidas al Ombudsman para los servicios públicos de Escocia, con efecto a partir el 1º de octubre de 2010.

	2004 - 2005	2005 - 2006	2006 - 2007	2007 - 2008
Denuncias recibidas	388	460	403	324
Incluidas en la jurisdicción	259	363	298	228
Conciliadas	58	127	145	68
No se han formulado recomendaciones	178	189	89	89
Recomendaciones oficiales	16	1	0	0
Retiradas	2	13	32	30
En espera de resultados	5	37	32	41

Irlanda del Norte

485.El 3 de mayo de 2005, se designó un Ombudsman para Reclusos en Irlanda del Norte. Actualmente, los reclusos que no han obtenido una solución satisfactoria de sus quejas por medio del procedimiento de quejas interno pueden recurrir al Ombudsman para Reclusos. Desde febrero de 2010, el Ombudsman también tiene la potestad de investigar las quejas recibidas de los visitantes de las prisiones una vez que se hayan agotado los procedimientos de quejas internos.

486.En el cuadro siguiente se presenta el número de denuncias recibidas por la Oficina del Ombudsman para Reclusos desde su establecimiento, en mayo de 2005, así como los resultados correspondientes.

	2005 - 2006	2006 - 2007	2007 - 2008	2008 - 2009	2009 - 2010
Denuncias recibidas	368	275	207	338	493
Aceptadas	50%	23,4%	18,7%	29%	62%
Resolución local	-	16,6%	43%	39%	16%
No aceptadas	50%	60%	38,3%	32%	22%

487.Desde 2008-2009, el Ombudsman para Reclusos no ha denominado las denuncias como aceptadas, no aceptadas, o resueltas localmente, ya que a menudo eso no hace justicia a los resultados de la investigación. En 2010-2011, en cambio, la cuestión central ha sido obtener resultados y formular recomendaciones constructivas. El Ombudsman para Reclusos ha recibido 717 denuncias. En 2010-2011 se completaron 285 investigaciones y se formularon 235 recomendaciones, de las que se ha aceptado el 90%.

488.Desde que, en septiembre de 2005, la Oficina del Ombudsman para Reclusos empezó a investigar las muertes de personas detenidas, han ocurrido 29 muertes, siendo la más reciente en mayo de 2011. Como resultado de la investigación de cada una de esas muertes, el Ombudsman para Reclusos elabora un informe con recomendaciones, que generalmente se publica en el sitio web de la Oficina. En respuesta a ese informe, el Servicio Penitenciario elabora un plan de acción en el que se establece la manera en que pondrá en práctica las recomendaciones. Posteriormente, el Ombudsman para Reclusos supervisa la aplicación de las recomendaciones.

Disciplina militar y denuncias

489.Todas las alegaciones de malos tratos se tratan con la máxima seriedad. En primera instancia, es la Real Policía Militar la que realiza una investigación sobre las alegaciones. El demandante puede interponer una alegación de daño personal. Si se decide que la alegación no debe ser investigada, el demandante puede solicitar a los tribunales del Reino Unido que examinen judicialmente la decisión.

Irlanda del Norte

490.En 2007, al derogar la parte VII de la Ley contra el terrorismo de 2000, se abolió el cargo de Investigador independiente de los procedimientos de queja contra los militares. La abolición de ese cargo reflejaba el amplio programa de normalización puesto en marcha en Irlanda del Norte. El último informe presentado al Gobierno por Jim McDonald, el último Investigador independiente, correspondía al período que llegaba hasta julio de 2007.

491.Su función fue reemplazada por la personalidad independiente establecida en la Ley de justicia y seguridad (Irlanda del Norte) de 2007, que ha sido designada en virtud del artículo 40 de esa ley. Esa personalidad independiente es responsable de examinar el desempeño de las competencias que se establecen en la ley (arts. 21 a 32) y los procedimientos adoptados por el Oficial General al mando de las fuerzas de Irlanda del Norte con respecto a recibir, investigar y responder las denuncias. La personalidad independiente presenta anualmente sus informes al Secretario de Estado. Hasta la fecha ha elaborado tres informes. En esos informes se presenta una evaluación positiva de los procedimientos adoptados por el ejército para tramitar las quejas contra los militares en Irlanda del Norte. Todas las recomendaciones formuladas por la personalidad independiente han sido aceptadas y aplicadas.

Servicios de inmigración

492.Los procedimientos de denuncias oficiales, que figuran en los párrafos 125 a 127 del tercer informe, han sido revisados y, en la actualidad, todas las denuncias de esa naturaleza son tramitadas por un único equipo de la Dirección de Fronteras del Reino Unido. Las denuncias de conducta indebida grave, por ejemplo, las alegaciones de racismo, están incluidas en esos procedimientos, pero las denuncias de violencia física se trasladan a la policía para que examine si debe llevar a cabo una investigación penal. Los detenidos en los centros de traslado de inmigrantes pueden, además, presentar quejas a los comités de visitadores, conocidos como juntas de supervisión independiente. Los detenidos también tienen derecho a que el Ombudsman de Prisiones y de Libertad Provisional examine sus quejas.

493.La información sobre la manera de formular una denuncia figura en folletos y carteles, y también está disponible en el sitio web de la Dirección de Fronteras del Reino Unido. En 2008, el Comité de Examen de Denuncias fue sustituido por un Inspector Jefe permanente de la Dirección de Fronteras del Reino Unido. Esta oficina supervisa los procesos de investigación de las denuncias, por medio de una auditoría, con el propósito de mejorar la calidad del servicio. En 2008, la Comisión Independiente de Quejas contra la Policía obtuvo jurisdicción oficial sobre las denuncias, los incidentes y los casos de conducta indebida de carácter más grave relacionados con los funcionarios de la Dirección de Fronteras del Reino Unido que ejercen competencias similares a las de la policía. Las denuncias de administración indebida también se pueden presentar por medio de un miembro del Parlamento al Comisionado parlamentario para la administración (Ombudsman).

494.En la Ley de derechos humanos de 1998 se establece un mecanismo para plantear denuncias ante los tribunales. Con arreglo a esa ley, es ilícito que una autoridad pública actúe de forma incompatible con los derechos enunciados en el Convenio Europeo de Derechos Humanos y, en caso de que eso suceda, en la ley se prevé una nueva vía de acción y recurso jurídicos.

495.Una denuncia puede incluir una o más alegaciones y la Dirección de Fronteras del Reino Unido está poniendo en práctica una nueva base de datos centralizada para registrar las denuncias, a fin de poder investigarlas mejor y analizar las tendencias. En el cuadro que figura a continuación se presentan las cifras más recientes registradas por la Dependencia de Normas Profesionales con respecto a los detenidos en centros de traslado de inmigrantes y las personas extranjeras expulsadas del Reino Unido. En el cuadro figura el número total de denuncias de conducta indebida grave recibidas.

	Recibidas	Sustanciadas
2009	152	20
2010	153	26

Artículo 14Reparación y rehabilitación de las víctimas de actos de tortura

Baha Mousa

496.El 27 de marzo de 2008, el Secretario de Estado de Defensa admitió que se habían vulnerado los artículos 2 (Derecho a la vida) y 3 (Prohibición de la tortura) del Convenio Europeo de Derechos Humanos con respecto a Baha Mousa. También admitió que se había vulnerado el artículo 3 (Prohibición de la tortura) en relación con nueve personas detenidas al mismo tiempo que Baha Mousa. El entonces Ministro de las Fuerzas Armadas, el miembro del Parlamento Bob Ainsworth, presentó sus disculpas y condolencias a la familia del Sr. Mousa y a los otros nueve detenidos.

497.Se acepto que esas contravenciones del Convenio Europeo de Derechos Humanos daban lugar a la reclamación de indemnizaciones, que, en julio de 2008, se fijaron (por mediación) en 2,83 millones de libras. Las cantidades se abonaron poco tiempo después de haber llegado a ese acuerdo.

498.El 14 de mayo de 2008, el Secretario de Estado de Defensa ordenó una investigación pública del fallecimiento de Baha Mousa, para hacer todo lo posible por entender de qué manera el Sr. Mousa perdió la vida y extraer enseñanzas del incidente. El Ministerio de Defensa y el ejército continúan cooperando plenamente con la investigación. No es posible formular más observaciones sobre cuestiones sobre las que los encargados de la investigación deben formular sus propias conclusiones.

499.En el Reino Unido, en el plan de indemnización por lesiones derivadas de delito se establecen las disposiciones para indemnizar a las víctimas de delitos. La indemnización se determina sobre la base de un sistema de tarifas con una escala de pagos por lesiones de gravedad semejante. No hay indemnizaciones disponibles para las víctimas de actos de tortura cometidos por otro Estado en otra parte del mundo en la que no hay motivos para creer que el Reino Unido haya participado. En el artículo 14 se establece que cada Estado debe garantizar la reparación y el derecho a una indemnización de las víctimas de tortura. El Reino Unido interpreta que es una obligación de reparación y un derecho de indemnización para las víctimas de actos de tortura cometidos en las jurisdicciones del Reino Unido.

500.En el Reino Unido hay tres organizaciones que prestan apoyo general a las víctimas del delito: Apoyo a las Víctimas, que abarca Inglaterra y Gales, Apoyo a las Víctimas Escocia y Apoyo a las Víctimas Irlanda del Norte.

Inglaterra y Gales

501.En Inglaterra y Gales, el Gobierno del Reino Unido contribuye a la financiación de Apoyo a las Víctimas con 30 millones de libras al año. Además, en los últimos dos años, el Gobierno del Reino Unido ha proporcionado a Apoyo a las Víctimas una financiación adicional de 12,6 millones de libras para aplicar en Inglaterra y Gales el programa Victim Support Plus, que ofrece servicios mejorados a las víctimas del delito. Mediante este programa, las víctimas recibirán una llamada telefónica de un funcionario plenamente capacitado en la atención a las víctimas en las 48 horas posteriores de ser avisado por la policía. Mediante un nuevo conjunto de medios, se evaluarán las necesidades de las víctimas antes de tomar medidas, a fin de prestarles los servicios de apoyo necesarios. Estos servicios consisten en orientación y apoyo prácticos, y en asistencia psicológica por parte de voluntarios capacitados específicamente en el apoyo a las víctimas de delitos graves y violentos. En la actualidad, el acceso a los servicios de apoyo a las víctimas es más fácil, los servicios son más rápidos, sólidos y prácticos, y se adaptan mejor a las necesidades de las víctimas.

Escocia

502.En 2008-2009, el Gobierno de Escocia puso a disposición de Apoyo a las Víctimas Escocia un subsidio de alrededor de 4,2 millones de libras. Esto ha permitido a la organización continuar prestando apoyo psicológico y práctico a las víctimas y los testigos, así como poner en práctica un nuevo mecanismo de evaluación de las necesidades y una encuesta en línea a los usuarios, destinada a mejorar los servicios prestados.

Irlanda del Norte

503.El Gobierno de Irlanda del Norte ofrece una financiación algo superior a los 2 millones de libras al año a Apoyo a las Víctimas Irlanda del Norte, para que preste servicios de apoyo a las víctimas después de los delitos, les ayude a reclamar las indemnizaciones por lesiones derivadas de delito, y asista a las víctimas y a los testigos que tienen que declarar ante el tribunal.

Artículo 15Admisibilidad de las confesiones como pruebas

Inglaterra y Gales

504.Como se explica en los párrafos 121 a 123 del primer informe, en el Reino Unido, tanto en la legislación como en el common law, una confesión que puede haberse obtenido mediante coacción es inadmisible como prueba en contra de la persona que confiesa. Al examinar la admisibilidad de una confesión, el tribunal debe tener en cuenta las disposiciones de los artículos 76 y 78 de la Ley PACE de 1984. Asimismo, en la legislación en materia de derechos humanos (el artículo 3 del Convenio Europeo de Derechos Humanos ha sido incorporado mediante la Ley de derechos humanos de 1998) se establece que el tribunal puede excluir una confesión si se ha obtenido vulnerando los derechos reconocidos en el Convenio.

505.Este principio fue desarrollado por la Cámara de los Lores en el caso de A c. el Secretario de Estado del Ministerio del Interior (Nº 2) [2006]. La Cámara de los Lores dejó en claro que las pruebas obtenidas mediante tortura son inadmisibles en los procedimientos judiciales. A efectos de las actuaciones penales en Inglaterra y Gales, en el artículo 76 de la Ley PACE se establece que un tribunal no permitirá que se utilice una confesión como prueba contra un acusado si el fiscal no ha probado más allá de toda duda razonable que no fue obtenida por coacción o como consecuencia de cualquier dicho o hecho que la pudiera convertir en poco fiable. En el artículo 76, párrafo 8, de la Ley PACE se deja en claro que la "coacción" incluye la tortura. En virtud del artículo 78 de la Ley PACE, un tribunal puede negarse a admitir pruebas en las que la fiscalía pretende basarse debido al efecto que esa admisión podría tener en la equidad de las actuaciones. Esta exclusión se aplicaría claramente a las pruebas obtenidas mediante tortura. En Escocia e Irlanda del Norte existen disposiciones análogas.

Escocia

506.Aunque la Ley PACE de 1984 no es aplicable en Escocia, sí se aplica el mismo principio: que una confesión obtenida mediante coacción es inadmisible como prueba.

Irlanda del Norte

507.La información sobre Irlanda del Norte a este respecto figura en el párrafo 260 del cuarto informe del Reino Unido.

Artículo 16Otros actos que constituyan tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes y que no lleguen a ser tortura

Población reclusa

Inglaterra y Gales

508.La población reclusa total ha aumentado notablemente desde mediados de los años noventa, pasando de 61.470 personas en junio de 1997 a 84.883 en abril de 2011. La cantidad máxima registrada se alcanzó el 1º de octubre de 2010: 85.495 reclusos.

509.Las últimas proyecciones del Ministerio de Justicia sobre la población reclusa (agosto de 2010) indican que podría alcanzar los 92.000 reclusos en 2014. Se han estado construyendo nuevas instalaciones penitenciarias que amplían la capacidad, para poder alojar a esa población y poder clausurar las instalaciones penitenciarias anticuadas e ineficientes que ya no eran adecuadas.

510.Sin embargo, hay dos factores que han cambiado la perspectiva. El crecimiento de la población reclusa ha sido menor de lo indicado en las proyecciones y, por otra parte, el Gobierno, en el Libro Verde "Romper el ciclo", ha establecido una serie de medidas para reformar el cumplimiento de condenas que, de aplicarse con éxito, permitirán reducir la demanda de plazas en las prisiones a finales del período de examen del gasto a aproximadamente 82.000, lo que equivale a la población reclusa de 2008. Entre las medidas adoptadas figuran las siguientes:

Reducir el número de personas que podrían estar en prisión preventiva, sobre la base de un porcentaje de las que no es probable que sean condenadas a prisión si son halladas culpables o que es probable que no sean halladas culpables, además de algunas medidas para modificar los nuevos interrogatorios;

Introducir las amonestaciones condicionales para algunos reclusos extranjeros; y

Poner en marcha servicios de coordinación y alternativos a la detención para ayudar a que los delincuentes con problemas de salud mental no tengan que ir a prisión y estén a cargo de los servicios comunitarios de salud mental.

511.El Gobierno ya ha iniciado la adopción de medidas de acuerdo con esta nueva perspectiva. Con respecto a los contratos para aumentar la capacidad que no habían entrado en vigor, se han adoptado decisiones para no llevarlos a término, como en el caso de las prisiones de Runwell y Maghull. Además, dado el margen de superávit conseguido en las instalaciones penitenciarias a principios de este año, el Secretario de Estado de Justicia ha anunciado el cierre inmediato de dos prisiones en enero (Ashwell y Lancaster Castle), así como la salida del sistema penitenciario de una tercera prisión (Morton Hall) y su cambio de función (o rediseño), ya que pasará a ser un centro de traslado de inmigrantes.

512.No obstante, los compromisos contractuales del Gobierno de construir nuevas prisiones siguen en marcha. Ha comenzado la construcción de una nueva prisión con 900 plazas en Belmarsh West (Londres), y de la prisión Featherstone 2, en Staffordshire, con 1.600 plazas. Estas nuevas instalaciones permitirán mejorar el estado general de los centros penitenciarios, permitiendo cerrar las instalaciones anticuadas e ineficientes, y consiguiendo, por lo tanto, un servicio penitenciario más eficaz en función de los costos.

513.El Gobierno continuará analizando las necesidades futuras con respecto a la capacidad y se adoptarán decisiones sobre los posibles cierres en el futuro, si se dan situaciones de funcionamiento sólidas que lo aconsejen, de acuerdo con las proyecciones de la población reclusa.

Escocia

514.La población reclusa de Escocia alcanzó su cantidad máxima en julio de 2009, llegando a 8.251 personas. La población media diaria en 2009-2010 fue de 7.967 personas. Las proyecciones indican que el número de reclusos continuará aumentando.

515.En Escocia se dispone de una capacidad de 7.577 plazas para la población reclusa. Se han construido nuevas plazas en Edimburgo, Polmont, Perth y Glenochil, para reemplazar otras plazas que se consideraba que no se ajustaban a este propósito. En 2008 se inauguró la Prisión de Su Majestad de Addiewell. También está en marcha la reorganización de la Prisión de Su Majestad de Shotts. Además, se ha encargado la construcción de dos nuevas prisiones, las Prisiones de Su Majestad de Low Moss y de Grampian, que permitirán disponer de otras 1.100 plazas.

Irlanda del Norte

516.Desde marzo de 2002, se ha experimentado un aumento constante de la población reclusa, hasta alcanzar la cantidad máxima de 1.594 personas el 26 de septiembre de 2008. En el siguiente cuadro se indica la población reclusa máxima de cada año desde 2002 hasta julio de 2010.

Año	Población reclusa máxima
2002	1 085
2003	1 245
2004	1 352
2005	1 389
2006	1 494
2007	1 509
2008	1 594
2009	1 542
2010 (hasta julio)	1 502

517.Las actuales instituciones penitenciarias están compuestas por tres centros penitenciarios, junto con una unidad independiente de evaluación de reclusos, una escuela de formación y una comisaría. En todas estas instalaciones se aloja actualmente una población reclusa para la que no fueron diseñadas. Por lo tanto, en todas ellas se ha tenido que alojar una diversidad de categorías de presos con un elevado nivel de complejidad, sobre todo en Maghaberry. En el párrafo 81 figura más información detallada sobre las instituciones penitenciarias en Irlanda del Norte, en respuesta a los motivos de preocupación del Comité.

Hacinamiento

518.Es indudable que el hacinamiento crea una presión considerable en las prisiones. El Gobierno desea realizar un verdadero cambio en el enfoque para que la rehabilitación constituya realmente el elemento central de las prisiones, y para que estas estén adaptadas a ese propósito y sean eficaces en función de los costos.

519.El hacinamiento es una cuestión que se gestiona con sumo cuidado. Los jefes de operaciones deben asegurarse de que cada celda utilizada para el alojamiento de reclusos cuente con la suficiente calefacción, iluminación y ventilación, y que su dimensión sea adecuada para el número de reclusos alojados.

520.El Gobierno ha reconocido que, incluso si las reformas sobre la imposición de condenas y la rehabilitación obtienen buenos resultados en cuanto a reducir la población reclusa, no será posible disponer de las plazas suficientes que permitirían resolver completamente el problema del hacinamiento.

521.Mientras tanto, el Gobierno procura satisfacer las necesidades de capacidad de las prisiones de manera más eficiente, mejorando el rendimiento que se obtiene del dinero del contribuyente y procurando reducir costos para poder reducir el déficit presupuestario. El Gobierno examinará una estrategia de capacidad de las prisiones a largo plazo sobre la base de las respuestas al Libro Verde "Romper el ciclo".

522.En el siguiente cuadro se presentan las cifras nacionales con respecto al hacinamiento:

Año	Número promedio de reclusos que están en condiciones de hacinamiento	Porcentaje promedio de la población reclusa que está en condiciones de hacinamiento
2004-2005	18 214	24,3
2005-2006	18 356	24,0
2006-2007	19 438	24,6
2007-2008	20 377	25,3
2008-2009	20 452	24,7
2009-2010	20 234	24,1

Muertes, violencia e intimidación en prisión

Inglaterra y Gales

523.En siguiente cuadro se presenta el número de muertes de personas detenidas en Inglaterra y Gales desde la presentación del cuarto informe, en 2003.

Año	Población a (situación a mitad del año)	Suicidios b	Muertes por causas naturales u otras causas c	Total	Número de suicidios por cada 100.000 reclusos
2004	74 488	95	113	208	128
2005	76 190	78	96	174	102
2006	77 982	67	86	153	86
2007	80 689	92	93	185	114
2008	83 326	60	105	165	72
2009	83 461	61	109	169	72

a Fuente: Ministerio de Justicia, Safety in Custody Statistics (Deaths: Table 1) . Los datos corresponden a la situación que existía el 21 de julio de 2010. Muestran una muerte por causas naturales más en 2009 y una menos en 2000, en comparación con los cuadros iniciales, que se actualizan una vez al año.

b La clasificación de las muertes se confirma mediante una investigación. Las cifras de los primeros años pueden variar.

524.Los ministros, el Ministerio de Justicia y el Servicio Nacional de Tratamiento de los Delincuentes tienen la firme voluntad de reducir el número de muertes de personas detenidas. La atención adecuada y el apoyo del personal salva muchas vidas, pero esos casos no suelen ser objeto de difusión. Todos los meses, las prisiones mantienen la seguridad de aproximadamente 1.500 reclusos que se considera que están particularmente en situación de riesgo. En los últimos años, ha disminuido la cantidad y los porcentajes de suicidios, y el personal ha desplegado notables esfuerzos para lograr los resultados que se pueden observar en el cuadro.

525.Casi la mitad de las muertes de personas detenidas se debe a causas naturales. El traspaso de los servicios de salud de las prisiones a los consorcios locales de atención primaria del Servicio Nacional de Salud ha permitido mejorar los servicios para satisfacer las necesidades de la población reclusa, lo que también ayuda a evitar las muertes en prisión por causas naturales. Desde 1995, solo ha habido un caso de fallecimiento relacionado con el uso de la restricción física, en 2005.

526.Entre el 1º de enero de 2000 y diciembre de 2009 ha habido 14 presuntos homicidios (se han dictado condenas penales por "homicidio" en 13 casos, y una persona fue absuelta). Los homicidios en las prisiones de Inglaterra y Gales son casos relativamente excepcionales; el promedio desde 1978 ha sido de 1,7 casos por año.

527.Desde 2004, la investigación de las muertes de personas detenidas en prisión y en locales autorizados ha estado a cargo, de forma independiente, del Ombudsman de Prisiones y de Libertad Provisional. El Gobierno tiene la firme voluntad de extraer lecciones de todos los fallecimientos de personas detenidas. También se extraen experiencias de las indagaciones, las cartas del reglamento 43 del Coroner y los informes del Inspector Jefe de Prisiones de Su Majestad y de las juntas de supervisión independiente.

528.El procedimiento de evaluación del riesgo de compartir la celda es obligatorio a nivel nacional desde 2002, tras el asesinato, en 2000, de Zahid Mubarek en el Instituto para jóvenes infractores de Su Majestad de Feltham, al que se han introducido mejoras, en 2005 y 2008, teniendo en cuenta la experiencia y los conocimientos adquiridos en determinados casos. En 2004 se puso en marcha una estrategia de reducción de la violencia, que fue revisada en 2007. En la Orden del Servicio Penitenciario 2750, Reducción de la violencia, se incorpora el procedimiento de evaluación del riesgo de compartir la celda junto con otras recomendaciones de la investigación del caso Mubarek. Esto fortalece el procedimiento de evaluación, que se ha revisado recientemente y se sigue utilizando como un mecanismo nacional para evaluar a todos los reclusos con respecto a su idoneidad para compartir celdas al entrar en prisión y cuando ocurren incidentes significativos. Este procedimiento ha aumentado la sensibilización del personal con respecto a la gestión del riesgo al alojar conjuntamente a los reclusos. Se realiza una evaluación del riesgo de compartir la celda de todos los reclusos que están en prisión, y esta se debe consultar antes de asignarlos a una celda compartida, para asegurarse de que se ha evaluado que la situación es segura.

529.En 2004 se puso en marcha una estrategia nacional de reducción de la violencia, en la que se establece que cada prisión del sector público debe tener una estrategia local de reducción de la violencia. Se alienta la adopción de un enfoque del conjunto de la prisión, que haga que todo el personal, todas las disciplinas y todos los reclusos participen en rechazar los comportamientos inaceptables, resolver los problemas y garantizar la seguridad personal. La estrategia se perfeccionó en 2007, para tener en cuenta las buenas prácticas identificadas, un examen del funcionamiento (que se basa en los informes de la Dependencia de auditoría de normas, el Ombudsman de Prisiones y de Libertad Provisional, la junta de supervisión independiente y el Inspector Jefe de Prisiones de Su Majestad) y el informe de la investigación del caso de Zahid Mubarek. La Orden del Servicio Penitenciario entró en vigor en junio de 2007, e integra la anterior estrategia contra la intimidación y la evaluación del riesgo de compartir la celda en un único instrumento, haciendo que sea más clara y más fácil de aplicar por el personal. Desde junio de 2007, la estrategia se aplica tanto en las prisiones del sector privado como en las del sector público. En 2009, comenzó otra revisión de la estrategia con el propósito de asegurar una mejora continuada de las políticas de reducción de la violencia, tanto a nivel nacional como local.

530.La estrategia nacional de reducción de la violencia requiere que cada establecimiento disponga de una estrategia local para promover la seguridad de los reclusos, del personal y de otras personas. Se prevé que las estrategias locales reduzcan al mínimo las probabilidades de violencia, mediante la resolución de conflictos, la solución de los problemas y una gestión eficaz de los riesgos con determinadas personas. Se dispone de metas y de un indicador básicos de resultados con respecto a las agresiones graves, para supervisar el nivel de ese tipo de violencia en el conjunto de las instituciones penitenciarias.

531.Las instituciones continúan aplicando medidas para hacer frente a las personas que tienen comportamientos antisociales y también reconocen la necesidad de proteger y apoyar a las víctimas. El principal objetivo del equipo de reducción de la violencia del Servicio Nacional de Tratamiento de los Delincuentes es elaborar la estrategia de reducción de la violencia. Esto incluye el establecimiento de indicadores y metas básicos de resultados con respecto a las agresiones.

Escocia

532.En el siguiente cuadro se presenta el número de muertes de personas detenidas en prisión en Escocia desde la presentación del cuarto informe.

Año	Promedio diario de población reclusa	Suicidios	Otras muertes	Total	Número de suicidios por cada 10 000 reclusos
2004 - 2005	6 779	9	9	18	13,3
2005 - 2006	6 857	10	9	19	14,6
2006 - 2007	7 183	10	17	27	13,9
2007 - 2008	7 376	11	9	20	14,9
2008 - 2009	7 835	3	14	17	3,8
2009 - 2010	7 967	5	14	19	6,3

533.En 2000, el Servicio Penitenciario de Escocia introdujo una nueva estrategia para combatir la intimidación entre los propios reclusos. Esta política combate la intimidación haciendo que el personal se relacione con los acosadores. Mediante esta participación directa, se espera a que aumente la comprensión de los problemas, tanto por parte de los acosadores como del personal, permitiendo reducir la incidencia de la intimidación. En 2009, el Servicio Penitenciario de Escocia publicó un documento contra la violencia que también se espera que permita combatir la incidencia de la intimidación en las prisiones.

Irlanda del Norte

534.En el siguiente cuadro se indican las muertes en prisión en Irlanda del Norte desde 2004.

Año	Promedio diario de población reclusa	Suicidios	Otras muertes a	Total	Número de suicidios por cada 10 000 reclusos
2004 - 2005	1 277	1	3	4	7,83
2005 - 2006	1 328	-	4	4	0
2006 - 2007	1 455	1	4 b	5	6,8
2007 - 2008	1 473	1	3	4	6,8
2008 - 2009	1 492	1	6	7	6,6
2009 - 2010 (hasta la fecha)	1 449	1	3	4	6,9
2010 - 2011	1 497	2	2	4	13,4
2011 - 12 (hasta la fecha)	1 662	3	0	3	18,1
Total		10	25	36

a Las muertes debidas a una supuesta sobredosis de drogas se han registrado como " Otras muertes " , excepto si un juzgado de instrucción ha dictaminado que se trataba de un suicidio.

b Incluye la muerte de dos reclusos " huidos ilícitamente de la justicia " .

535.En todas las instituciones de Irlanda del Norte se aplican medidas para "hacer frente al comportamiento antisocial". Los objetivos son: asegurar un enfoque coherente, justo y proporcionado para evitar todas las formas de comportamiento antisocial contra el personal, los reclusos, los visitantes u otras personas, y para responder a ellas; contribuir a reducir la reincidencia de los reclusos después de su puesta en libertad, lo que, en consecuencia, protege a la población; tener en cuenta y dar respuesta a las opiniones de los reclusos, el personal y los asociados estratégicos sobre las ventajas y las consecuencias de estos procedimientos y medidas; y garantizar que el Servicio Penitenciario de Irlanda del Norte cumple con sus obligaciones en virtud de la Ley de derechos humanos de 1998 y el artículo 75 de la Ley de Irlanda del Norte de 1998.

Salud de los reclusos, incluidos los servicios de salud mental

536.El Gobierno tiene la firme voluntad de mejorar el modo en el que los reclusos acceden a los tratamientos y se rehabilitan. Tras la presentación del informe de Lord Keith Bradley de 2009, se estableció el programa intersectorial de salud y justicia penal, en cuyo marco se están llevando a cabo programas de trabajo destinados al logro de estos objetivos.

537.El Departamento de Salud tiene el compromiso de garantizar que las necesidades en materia de salud de los reclusos se incluyan en los nuevos acuerdos de contratación del Servicio Nacional de Salud, con arreglo al proyecto de ley del Servicio Nacional de Salud. Las necesidades en materia de salud mental también se tienen en cuenta, por medio de la Estrategia de salud mental, cuyo propósito es mejorar los resultados en esta esfera. Elaborar acuerdos de contratación eficaces en el modelo de la Junta de contratación del Servicio Nacional de Salud será una cuestión fundamental para mejorar los servicios destinados a los reclusos en materia de salud mental y los relativos al consumo de drogas y bebidas alcohólicas.

538.El Gobierno reconoce la importancia de formular alternativas al encarcelamiento sobre la base del tratamiento para algunos delincuentes, por ejemplo, para los delincuentes con un diagnóstico doble de enfermedad mental y uso indebido de sustancias. Las experiencias sobre la eficacia de las alternativas al encarcelamiento sobre la base del tratamiento con algunos delincuentes permitirán establecer fórmulas para mejorar la salud mental y reducir la reincidencia de las personas que puedan optar por esta vía. El Gobierno prevé presentar un programa de desarrollo de estas alternativas a su debido tiempo. También tiene el compromiso de extender los servicios de condenas alternativas a todos los locales de detención policial y tribunales penales a más tardar en 2014, posibilitando el traslado de los reclusos que padecen enfermedades mentales o discapacidades de aprendizaje de las instituciones penitenciarias a dependencias psiquiátricas seguras.

539.El Servicio Nacional de Salud ha tenido la responsabilidad de contratar los servicios de salud en las prisiones públicas de Inglaterra desde 2006, en colaboración con el Servicio Penitenciario, a fin de asegurar que se presta a los reclusos un servicio similar al que se les prestaría si vivieran en la comunidad.

540.A todos los delincuentes que ingresan en prisión, sea en prisión preventiva o una vez dictada la sentencia, un enfermero o un funcionario capacitado les realiza un reconocimiento médico inicial para asegurar que se identifica cualquier necesidad médica inmediata en la primera noche, y se realiza un reconocimiento médico completo en un plazo de cinco días desde su detención. Si se detecta que una persona corre el riesgo de padecer algún problema de salud mental o corre el riesgo de cometer suicidio se la deriva para que se le realice un reconocimiento de salud mental.

541.Todas las prisiones cuentan con un equipo de atención sanitaria capacitado para atender la mayoría de los problemas de salud. En caso de que no se pueda tratar completamente un problema de salud en la prisión en la que cumple condena, el recluso puede ser trasladado a otra prisión que disponga de los servicios necesarios. Por otra parte, también se puede llamar a un especialista o trasladar al recluso a un hospital externo del Servicio Nacional de Salud. En este último caso, el recluso estará bajo la custodia del Servicio Penitenciario.

542.Las prisiones cuentan con equipos de salud mental locales. La mayoría de los tratamientos y cuidados de salud mental se proporcionan en las dependencias de atención primaria de la prisión, así como otros tratamientos del Servicio Nacional de Salud (por ejemplo, los reclusos que padecen diabetes o enfermedades cardíacas), excepto cuando se requiere un tratamiento urgente, en cuyo caso se traslada a los reclusos a centros seguros del Servicio Nacional de Salud que no pertenecen al Servicio Penitenciario para que reciban tratamiento, de conformidad con la Ley sobre la salud mental.

Prevención del suicidio

Inglaterra y Gales

543."Evaluación, tratamiento en detención y equipo de trabajo" es un sistema de planificación de la atención amplio, integrado y basado en los datos, destinado a los reclusos identificados como personas que están en situación de riesgo de cometer suicidio o autolesionarse. Se introdujo en 2005-2007 en las instituciones penitenciarias, en asociación con el Departamento de Salud.

544.En 2005, el Servicio Nacional de Tratamiento de los Delincuentes se comprometió a examinar ese sistema de planificación, después de haber podido observar su funcionamiento en el conjunto del sistema penitenciario (momento en que se aprobó la Orden del Servicio Penitenciario 18/2005, que introducía el sistema Evaluación, tratamiento en detención y equipo de trabajo). La última prisión que incorporó este sistema lo hizo el 16 de abril de 2007. El examen del sistema se realizó a lo largo de 2008, mediante una amplia gama de consultas, y se presentó el informe a finales de 2009. Actualmente, el Servicio Nacional de Tratamiento de los Delincuentes prepara las recomendaciones.

545.El 26 de octubre de 2007, se unificaron las instrucciones sobre el alojamiento especial mediante la Orden del Servicio Penitenciario 2700 (Prevención del suicidio y las autolesiones) y, en septiembre de 2009, por medio de la Orden del Servicio Penitenciario 26/2009, se introdujeron los cambios pertinentes en la Orden del Servicio Penitenciario 1700. En la actualidad, el Servicio Nacional de Tratamiento de los Delincuentes realiza evaluaciones más estrictas del uso de este alojamiento especial, así como del examen de cada recluso. También se hace más hincapié en que los reclusos vuelvan a su alojamiento y sus condiciones habituales lo antes posible.

Escocia

546.Aunque en la última década los suicidios aumentaron en general en el conjunto de Escocia, el Servicio Penitenciario de Escocia ha observado una disminución a partir del nivel máximo registrado a finales de la década de 1990. Desde 2004-2005, el número de suicidios se ha estabilizado, coincidiendo con la introducción de la estrategia revisada de gestión del riesgo de suicidio del Servicio Penitenciario de Escocia, "ACT2Care", en septiembre de 2005.

547.El Servicio Penitenciario de Escocia tiene la firme voluntad de reducir el nivel de suicidios en las prisiones y mejorar la atención de los reclusos en situación de riesgo. En su estrategia de gestión del riesgo de suicidio, introducida en 1992 y revisada en 1998 y 2005, se reconoce la necesidad de cambiar la cultura y el entorno en las prisiones, para generar un ambiente propicio y seguro a la hora de pedir ayuda en momentos de crisis. La estrategia incluye el trabajo en equipo multidisciplinar, la planificación de la atención y las consultas de casos, la identificación del riesgo, y servicios de apoyo e intervención basados en cada caso. Todo el personal penitenciario recibe capacitación sobre la aplicación de la estrategia y el reconocimiento de los indicadores de riesgo. Además, se imparte anualmente capacitación de repaso y actualización.

548.El Servicio Penitenciario de Escocia ha revisado la estrategia recientemente, teniendo en cuenta las conclusiones de la investigación y su propia experiencia. En septiembre de 2005 se puso en marcha ACT2Care, que se basa en los buenos resultados del enfoque multidisciplinar y de planificación de la atención, cuyo propósito es conseguir que el Servicio Penitenciario de Escocia aplique un enfoque mejorado, centrado en la atención de las personas, por medio de: aumentar la participación de las familias; mejorar la planificación de la atención y la comunicación; reducir la dependencia de la ropa y las instalaciones que no permiten atarse; perfeccionar la definición de "ambiente seguro"; aumentar la atención diaria y los regímenes terapéuticos; y fomentar la cultura del contacto y el apoyo. El Servicio Penitenciario de Escocia también ha incorporado un nuevo enfoque en los cursos anuales de actualización mediante un programa de aprendizaje de competencias en línea, que se complementa con una clase presencial basada en compartir las experiencias.

Irlanda del Norte

549.Después de que ocurrieran varias muertes por causas no naturales en las prisiones de Irlanda del Norte, el Servicio Penitenciario de Irlanda del Norte encargó al profesor Roy McClelland que realizara un examen sobre las muertes de personas detenidas. Una de las principales recomendaciones de ese informe era que el Servicio Penitenciario de Irlanda del Norte debería revisar sus procedimientos para tratar a los reclusos considerados en situación de riesgo. En consecuencia, en diciembre de 2009, el Servicio Penitenciario puso en marcha el Procedimiento de apoyo a los reclusos en situación de riesgo. Este procedimiento parte de un enfoque multidisciplinar de los problemas identificados en cada caso, y se establece un plan de atención individualizado, cuyo objetivo es aliviar y reducir el nivel de riesgo, mediante medidas de apoyo a la persona en cuestión. Se examina cada caso en reuniones periódicas de consulta de casos, en las que se analizan los planes de atención y se modifican, si es menester, en un proceso en el que participa el recluso, así como el personal de la prisión, los enfermeros, otros profesionales que trabajan en la prisión y, si se considera necesario, los familiares del recluso.

550.El Servicio Penitenciario de Irlanda del Norte colabora estrechamente con la organización Samaritans en un programa de apoyo entre pares denominado Listeners (Oyentes). Los "oyentes" son reclusos a los que Samaritans capacita para escuchar y prestar apoyo psicológico confidencial a aquellos que deseen compartir sus problemas con una persona que no pertenezca al personal de la prisión y esté dispuesta a escucharlos.

551.El 10 de febrero de 2011, el Servicio Penitenciario de Irlanda del Norte publicó la Estrategia de prevención de suicidios y autolesiones revisada, así como los procedimientos operativos normalizados, después de un cuidadoso examen de los procesos en los que se basa el nuevo Procedimiento de apoyo a los reclusos en situación de riesgo.

Educación en las prisiones

552.El Departamento de Comercio, Innovación y Formación Profesional es el responsable de la financiación del aprendizaje de los reclusos adultos en las prisiones públicas de Inglaterra. La mayoría de los fondos se asignan a la Skills Funding Agency, para asegurar que se imparte el plan de estudios básico en todas las prisiones incluidas en el Servicio de aprendizaje y formación profesional de reclusos. En 2006, se establecieron nuevos acuerdos de servicios de aprendizaje y formación profesional en toda Inglaterra. Se produjo una importante mejora en la calidad de estos servicios, según la evaluación de una inspección independiente (inicialmente, a cargo de la Inspección de Aprendizaje de Adultos y, posteriormente, de la Oficina de Normas Pedagógicas). En 2002-2003, algo más de las tres cuartas partes del aprendizaje en las prisiones se evaluó como inadecuado (el 78%). En 2008-2009, solo un 6% se evaluó como inadecuado, y la Prisión de Su Majestad de Askham Grange fue la primera prisión en la historia que consiguió una valoración general de "sobresaliente" por la calidad de la enseñanza, que se imparte en colaboración con el Manchester College. Se ha establecido una nueva función de responsables conjuntos de la contratación entre la Skills Funding Agency y el Servicio Nacional de Tratamiento de los Delincuentes para la prestación del Servicio de aprendizaje y formación profesional de reclusos. También se ha elaborado un plan de estudios básico, que se centra sobre todo en las habilidades que facilitan la obtención de empleo, con el propósito de reducir la reincidencia mediante un plan de empleo y habilidades.

553.Aunque, a efectos de financiación, las prisiones privadas no están incluidas en los acuerdos del Servicio de aprendizaje y formación profesional de reclusos, los centros procuran prestar un servicio de enseñanza que cumpla los requisitos que figuran en The Offender Learning Journey, así como vincular su actividad de enseñanza con los centros de los que provienen los reclusos o a los que serán trasladados.

554.En la actualidad, el Ministerio de Justicia detenta la plena responsabilidad sobre los recursos destinados a la educación de los jóvenes detenidos, y esa financiación se proporciona por medio de la Young People's Learning Agency, que gestiona los contratos con quienes imparten educación en las prisiones. Tras la aprobación de la Ley de aprendices, habilidades, niños y aprendizaje en 2009, las autoridades locales son responsables de asegurar una educación y una capacitación apropiadas de los jóvenes detenidos en centros de menores.

555.En abril de 2009, el Gobierno de la Asamblea de Gales pasó a ser responsable de la financiación de la enseñanza de reclusos adultos en las prisiones públicas de Gales. En este ejercicio económico, ha realizado una inversión de 2,6 millones de libras para apoyar el aprendizaje y la capacitación de los reclusos adultos. El Servicio Nacional de Tratamiento de los Delincuentes ha encargado estos servicios a Cymru, sobre la base de un memorando de entendimiento. Se está preparando un plan de estudios básico, que se centra en la alfabetización, nociones elementales de aritmética y habilidades que facilitan la obtención de empleo.

556.Con anterioridad a los cambios recientemente introducidos, el gasto en la educación de los reclusos jóvenes y adultos en Inglaterra y Gales prácticamente se triplicó desde 2001, alcanzando los 175 millones de libras en 2009-2010. Desde la introducción de los nuevos contratos de prestación de servicios en Inglaterra, en julio de 2006, el porcentaje de reclusos que participa en los servicios de educación y capacitación ha pasado del 30% a más del 42%. En 2006-2007, se impartió enseñanza a 82.290 reclusos, lo que representa el 53% del total de reclusos de ese año. Cerca del 40% de los reclusos de 2007-2008 recibieron capacitación. Aproximadamente 34.000 reclusos que salieron en libertad en 2007-2008 iniciaron cursos de enseñanza, capacitación u obtuvieron empleo.

557.En 2006, los 14,5 millones de libras que se solían destinar a la iniciativa Custody to Work se reasignaron a los presupuestos básicos de las instituciones para financiar actividades de reintegración, que incluyeron el asesoramiento en materia de alojamiento y vivienda. Esto fue posible debido a que los proyectos de Custody to Work ya estaban instaurados y la labor había culminado.

558.Se ha producido un avance notable en la esfera de la educación y la capacitación. En el año lectivo 2007-2008, los reclusos se matricularon en cerca de 148.000 cursos de preparación para la vida cotidiana, y el porcentaje de matriculación en el curso superior (Nivel 1 y Nivel 2) pasó de un 52% el año anterior a un 55%. Aproximadamente 39.000 reclusos aprobaron el curso. Además del Servicio de aprendizaje y formación profesional de reclusos, se ha impartido capacitación en una amplia gama de calificaciones profesionales para ayudar a los reclusos a obtener empleo en la propia prisión en diversos sectores, como carpintería, ingeniería y restauración.

559.En abril de 2010 se traspasaron las competencias policiales y judiciales, lo que incluye las relativas a las prisiones, de Westminster a la Asamblea de Irlanda del Norte. El Ministro del Departamento de Justicia es ahora el responsable de los servicios de educación y capacitación en las prisiones de Irlanda del Norte, cuyo presupuesto en 2011-2012 fue de 5,5 millones de libras, y se destinó principalmente a educación y formación profesional. Se ha elaborado un plan estratégico de educación y capacitación para el período 2010-2013, para asegurar que esos servicios se organicen de manera que permitan lograr los objetivos estratégicos del Servicio Penitenciario de Irlanda del Norte con respecto a preparar a los reclusos para su reincorporación a la comunidad y reducir el riesgo de reincidencia.

Justicia juvenil

Inglaterra y Gales

560.Al asumir el poder, el Gobierno de coalición llevó a cabo un examen de todos los órganos independientes, en el marco de su compromiso de reducir su cantidad y costo a fin de mejorar la rendición de cuentas. En ese contexto, se decidió que la dirección de la justicia juvenil y las funciones de la Junta de Justicia de Menores deberían trasladarse al Ministerio de Justicia.

561.Las opiniones de los jóvenes son muy importantes. Deben participar en la formulación de soluciones a nivel local de manera que puedan reconocer que se valoran sus opiniones. En particular, el Gobierno tiene el propósito de prestar más apoyo a todas las víctimas de delitos cometidos por jóvenes, especialmente a las víctimas jóvenes, que son las más vulnerables.

562.El Gobierno tiene la firme voluntad de aumentar la participación de los jóvenes en el sistema de justicia juvenil y actualmente está elaborando un programa en materia de participación que se basa en tres aspectos: mejorar los materiales de capacitación de que disponen los profesionales de la justicia juvenil; incluir las cuestiones relativas a la participación en la formulación de un nuevo marco de evaluación y intervención; y mejorar la comunicación con los profesionales para sensibilizar acerca de las ventajas de adoptar un enfoque más participativo. Esto se basará en la labor ya emprendida en Gales con respecto a desarrollar un enfoque participativo tanto en las instituciones de seguridad como en los equipos especializados en jóvenes infractores.

563.En noviembre de 2009 se introdujo la orden de rehabilitación de menores, que es un nuevo tipo de condena basada en la comunidad para los menores de 18 años. Se han unificado nueve tipos de condenas basadas en la comunidad anteriores en una única orden, permitiendo que la orden de rehabilitación de menores sea más flexible y se adapte a las necesidades de cada persona.

564.El número de jóvenes detenidos ha disminuido notablemente en los últimos años. En 2009-2010, hubo en promedio 2.418 menores de 18 años detenidos en algún momento del año, en comparación con los 3.029 de 2002-2003. El Gobierno está actualizando una estrategia para garantizar centros seguros en los próximos años. El propósito es asegurar lugares seguros, saludables, protegidos y alentadores para los niños y los jóvenes, independientemente de cuánto dure su período de detención. Se han ampliado sustancialmente las instalaciones para niños y jóvenes menores de 18 años separadas de los adultos, y se han conseguido otros avances, entre los que figuran los siguientes:

El aumento del porcentaje de jóvenes detenidos en lugares separados de los de los adultos (en 2000, solo el 20% de los jóvenes estaban detenidos en instalaciones separadas, mientras que en 2011 ese porcentaje aumentó hasta el 80%).

La contratación o el establecimiento de diversas unidades especializadas en las instituciones para jóvenes infractores destinadas a aquellos que están en situación de riesgo o necesitan un apoyo mayor.

El establecimiento de plazas destinadas a mujeres de 17 años, para que todas las jóvenes estén en dependencias separadas y no repartidas en las prisiones destinadas a los adultos.

El establecimiento de nuevas plazas destinadas a mujeres jóvenes en los Centros de Formación en Internado, con inclusión de plazas para las madres y sus bebés y mujeres embarazadas.

El establecimiento de unidades dedicadas a combatir el uso indebido de sustancias en las instituciones para jóvenes infractores, que cuentan con salas de entrevistas para grupos e individuales, instalaciones para realizar pruebas voluntarias y alojamiento para el personal especializado en la cuestión del uso indebido de sustancias.

La asignación de más de 10 millones de libras a las instituciones para jóvenes infractores a fin de mejorar las salvaguardias, establecer salas que reducen los riesgos, circuitos cerrados de televisión, protocolos de almacenamiento de datos y cabinas de duchas.

El establecimiento de directores de seguridad en las instituciones para jóvenes infractores, encargados de coordinar y fomentar las prácticas y la estrategia de seguridad.

La financiación de un servicio de asesoramiento independiente para los niños y los jóvenes en caso de que deseen formular quejas o necesiten ayuda.

La formulación de políticas y orientaciones, en colaboración con los encargados de la seguridad, que abordan específicamente las necesidades de los jóvenes, como la lucha contra la intimidación y la reducción de la violencia.

La colaboración con las instituciones para jóvenes infractores a fin de incorporar nuevos puestos, entre los que figuran los coordinadores de protección de los niños, los coordinadores de lucha contra la intimidación y los coordinadores en materia de suicidios y autolesiones, para que ayuden a los directores de seguridad a mejorar los resultados en lo concerniente a la seguridad.

La colaboración para mejorar los instrumentos y la orientación de que dispone el personal para tratar a los jóvenes. Esto incluye la publicación de un Código de prácticas sobre el tratamiento del comportamiento en los centros que, por primera vez, establece una única declaración de prácticas y normas para el tratamiento del comportamiento en todos los sectores.

El establecimiento de requisitos y objetivos en materia de educación y capacitación de los jóvenes detenidos y un aumento de los servicios de educación, capacitación y desarrollo destinados a las instituciones para jóvenes infractores.

La introducción de principios revisados que rigen la práctica de los registros en todos los centros de seguridad.

La colaboración con las autoridades locales y otros interesados para crear nuevos servicios que ayuden a los jóvenes en el proceso de reintegración.

Gestión de la seguridad y el comportamiento

565.Se reconoce que el punto de partida para mantener a los niños y los jóvenes en detención es que se sientan seguros. La seguridad y la protección de los niños no solo son importantes en sí mismas, sino que también son fundamentales para obtener resultados satisfactorios en cualquier período de detención para hacer frente al comportamiento infractor y trabajar con los jóvenes de manera constructiva.

566.El Gobierno continuará mejorando la gestión del comportamiento en las instituciones de seguridad. Desde 2008 se han desplegado esfuerzos para aplicar las recomendaciones formuladas en el Examen independiente de las medidas de restricción en centros de reclusión de jóvenes.

567.Los copresidentes del Examen consideraron que la seguridad era su principal preocupación. También les preocupaba que las medidas de coerción se limitaran a un mínimo estricto, asegurando que el personal estuviera completamente capacitado en métodos eficaces de solución de los posibles conflictos. No obstante, reconocieron que, dado que el comportamiento de los jóvenes detenidos a menudo es problemático y puede ser peligroso, habría determinadas circunstancias en las que sería inevitable utilizar medidas de coerción.

568.Los copresidentes también llegaron a la conclusión de que, en circunstancias excepcionales, puede requerirse cierto grado de medidas de coacción física. El Gobierno ha aceptado este enfoque, reconociendo que estas medidas solo deben utilizarse en circunstancias excepcionales, cuando todos los demás métodos se hayan agotado o no funcionarían. En el informe de marzo de 2011 sobre los progresos realizados, los copresidentes reiteraron su conclusión sobre las medidas de coacción física, señalando que, "en efecto, las técnicas de coerción que incorporan la sujeción física son una manera rápida y segura de evitar que sea necesario utilizar de forma prolongada las técnicas de restricción". La utilización de técnicas que causan dolor, como la de cualquier técnica de coerción, debe ser siempre necesaria, razonable y proporcionada.

569.En el examen se formulan diversas recomendaciones, entre las que figura la de que el Gobierno debería establecer un nuevo sistema de medidas coerción, más sencillo, seguro y eficaz, que reemplazara el control físico entre las técnicas aplicables. El nuevo sistema de medidas de coerción está siendo evaluado por la Junta de autorización de las medidas de coerción, recientemente establecida, formada por expertos destacados en medicina y gestión del comportamiento. Su función es formular recomendaciones a los ministros con respecto a la seguridad y la idoneidad de cualquier conjunto de técnicas de coerción que se proponga utilizar en los centros de seguridad para menores de 18 años. Todos los centros de seguridad disponen actualmente de una estrategia para reducir al mínimo las medidas de coerción, y el Gobierno ha puesto en práctica un programa de trabajo muy importante para aplicar las recomendaciones del Examen. Hasta la fecha, casi dos terceras partes de las 56 recomendaciones aceptadas se han puesto en práctica, y se han conseguido avances considerables con respecto al resto de las recomendaciones.

Edad de responsabilidad penal

570.La edad de responsabilidad penal en Inglaterra y Gales es 10 años. Mediante la Ley de niños y jóvenes de 1963 esta edad pasó de los 8 a los 10 años. Esto significa que cualquier persona mayor de 10 años de edad puede ser enjuiciada por un delito. El Gobierno tiene gran interés en asegurar que los niños y los jóvenes no sean enjuiciados cuando pueda aplicarse otro tipo de solución. Los equipos locales interinstitucionales que se ocupan de los jóvenes delincuentes incluyen servicios sociales y profesionales de la salud que pueden remitir a los niños a otros servicios oficiales para continuar la investigación y ayudarlos, si es necesario. Esto puede incluir, por ejemplo, los departamentos de servicios para la infancia o los servicios de salud mental para niños y adolescentes. A la mayoría de los que son enjuiciados se les impone una orden de remisión, una primera sanción comunitaria que se basa en los principios de la justicia restaurativa, mediante la que se remite al infractor a un grupo encargado de los jóvenes infractores y se acuerda un contrato que incluye elementos de reparación y rehabilitación.

571.Los demás menores de edad enjuiciados son apartados del sistema de justicia penal o se les impone una decisión no judicial; generalmente la respuesta a las infracciones cometidas por este grupo de edad consiste en una amonestación o una advertencia final, y las advertencias suelen incluir intervenciones para tratar el comportamiento infractor y los problemas subyacentes. Las intervenciones destinadas a los niños de esta edad tienen una finalidad de rehabilitación y no punitiva. Establecer la edad de responsabilidad penal en los 10 años facilita la intervención temprana para evitar la reincidencia y ayuda a los jóvenes a desarrollar el sentido de responsabilidad personal con respecto a su comportamiento. El 1º de mayo de 2011 no había ni en Inglaterra ni en Gales ningún niño menor de 12 años internado en un centro de seguridad.

Irlanda del Norte

572.En Irlanda del Norte, hasta 2005, el sistema de justicia juvenil se ocupaba de los niños de entre 10 y 16 años de edad, pero, desde agosto de ese año, la legislación derivada de la reforma del sistema de justicia penal incluyó en ese sistema a los jóvenes de 17 años. En los últimos diez años ha habido cambios importantes en el sistema de justicia juvenil, y se ha concedido mucha importancia a apartar a los jóvenes de la actividad delictiva y reducir el recurso a la reclusión. Actualmente solo se recurre a la reclusión en los casos más graves y persistentes, y se han introducido limitaciones en cuanto a la prisión preventiva. Los distintos organismos siguen colaborando estrechamente mediante programas y asociaciones a fin de mantener y apoyar a los jóvenes en la comunidad, y se ha introducido una serie de condenas basadas en la comunidad para proporcionar a los tribunales más alternativas con respecto a las posibles condenas. En particular, la organización de conferencias de jóvenes basadas en principios restaurativos ha permitido establecer un proceso inclusivo en el que los jóvenes pueden asumir la responsabilidad de sus acciones, las intervenciones se pueden adaptar a sus necesidades y se escucha la opinión de las víctimas.

573.También se han reformado los tipos de internamiento, introduciendo condenas definidas que pueden durar de seis meses a dos años, en las que la mitad de la condena se cumple bajo supervisión en la comunidad. En consecuencia, el número de jóvenes recluidos ha descendido hasta tal punto que pueden alojarse en un único centro de justicia juvenil, ya que se trata aproximadamente de 30 jóvenes.

574.En enero de 2007, se terminó un nuevo centro de seguridad modernizado en Rathgael, en el que los programas de educación y reeducación se pueden impartir más eficazmente, y se mantiene y fortalece el contacto con las familias: Woodlands. Es un centro construido especialmente para el propósito que cumple y ya está en pleno funcionamiento, siendo el único centro de justicia juvenil de Irlanda del Norte. El edificio ofrece protección y seguridad, y sus instalaciones facilitan las buenas prácticas en la atención de niños y un funcionamiento eficaz. El personal aplica un régimen basado en los niños, que se centra en la educación, un plan de trabajo según el delito cometido, las habilidades para la vida cotidiana y la reintegración.

575.Además, en el informe provisional del examen independiente de las prisiones, que está actualmente en curso, se propone que se deberían estudiar formas de proporcionar un alojamiento apropiado a todos los niños, teniendo en cuenta el interés superior del niño, en Woodlands o en otro lugar. El Equipo de examen volverá a tratar la cuestión de los adultos jóvenes en su informe final. Mientras tanto, el Servicio Penitenciario de Irlanda del Norte reconoce la importancia de prestar servicios adaptados a las necesidades de los jóvenes, que es una cuestión prioritaria en Hydebank Wood. En el período comprendido entre el 1º de abril de 2010 y el 31 de marzo de 2011, se recluyó en Hydebank Wood a un total de 123 varones menores de 18 años.

576.Tras la retirada de la reserva del Gobierno al apartado c) del artículo 37 de la Convención sobre los Derechos del Niño de las Naciones Unidas, se ha establecido un grupo de carácter estratégico, compuesto por diversos organismos, para examinar y desarrollar los tipos de internamiento de los jóvenes infractores menores de 18 años. Entre otros resultados de este examen, en Hydebank Wood se ha elaborado un sistema de gestión de casos que se basa en evaluaciones personalizadas, el "principio del interés superior" y un enfoque inclusivo que facilita, por medio de un acuerdo con el tribunal, la reclusión de los mayores de 17 años en Woodlands y permite que el régimen de Hydebank Wood satisfaga mejor las necesidades que, según se ha evaluado, tienen los que siguen en el centro. Esta labor continúa y tendrá en cuenta las recomendaciones del Examen del Servicio Penitenciario de Irlanda del Norte y las del Examen de la justicia juvenil, cuyo informe se presentará en julio de 2011.

Atención y protección de los niños

577.El marco legislativo establecido para la atención y protección de los niños, así como otras medidas para evitar los malos tratos, figuran en los párrafos 133 a 139 del segundo informe. El Gobierno prosigue su labor encaminada a evitar los malos tratos mediante diversos programas y proyectos. Se hace particular hincapié en la capacitación de los médicos, enfermeros, trabajadores sociales y otros profesionales de la salud que suelen entrar en contacto con los niños, con respecto a la protección de los niños y el reconocimiento y tratamiento de los malos tratos contra los niños.

578.En octubre de 1992, tras el examen del Reino Unido en virtud de la Convención sobre los Derechos del Niño, el Comité de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas expresó su preocupación por el trato dispensado a los jóvenes infractores en el Reino Unido. En 2002, la Sala de Familia del Tribunal Superior de Justicia decidió que los jóvenes recluidos en instituciones para jóvenes infractores tienen derecho a las prestaciones sociales, como se estipula en la Ley de la infancia de 1989 (a reserva de los requisitos necesarios debido a la reclusión). En respuesta a las preocupaciones expresadas por el Comité y al dictamen del tribunal, la Junta de Justicia de Menores financiará algunos puestos de trabajadores sociales en las instituciones para jóvenes infractores especializados en los jóvenes de entre 15 y 17 años. El Servicio Nacional de Tratamiento de los Delincuentes continúa colaborando con la Junta de Justicia de Menores y otros departamentos gubernamentales pertinentes con el propósito de formular un enfoque estratégico sobre la protección de los jóvenes recluidos. Esto incluye la facilitación de una colaboración eficaz a nivel local entre las instituciones y las juntas locales de protección del menor, así como con otros organismos pertinentes del sistema de justicia juvenil.

Castigo corporal en las escuelas

Inglaterra y Gales

579.Desde septiembre de 1999, en virtud del nuevo artículo 548 de la Ley de Educación (introducido mediante el artículo 131 de la Ley de régimen general y niveles de la enseñanza de 1998), se prohibió el castigo corporal de todos los alumnos que asisten a las escuelas públicas e independientes, así como el de los niños que asisten a guarderías. Según la legislación anterior (Ley de 1996), estas disposiciones solo se aplicaban a los alumnos de las escuelas públicas, los alumnos de las escuelas independientes que recibían ayuda de los fondos públicos para las matrículas y los alumnos cuya enseñanza estaba a cargo de las autoridades locales, aunque no en un ámbito escolar. El castigo corporal ha estado prohibido en las escuelas públicas y especiales, y en algunas escuelas independientes, desde 1986 (Ley de educación (Nº 2) de 1986), tras la decisión adoptada en un caso por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

Escocia

580.En virtud del artículo 48 A de la Ley de educación (Escocia) de 1980, enmendado por el artículo 294 de la Ley de educación de 1993, no se debe aplicar castigo corporal a los alumnos de las escuelas públicas o las escuelas independientes cuyas matrículas o costos se financian total o parcialmente con fondos públicos. En ese artículo también se establece que no se debe utilizar el castigo corporal en general si este es inhumano o degradante. Los términos "inhumano o degradante" se ajustan a la redacción del Convenio Europeo de Derechos Humanos.

581.Mediante el artículo 16 de la Ley de normas aplicables en los centros escolares de Escocia de 2000 se ampliaron las categorías de establecimientos en los que ya no se permite el castigo corporal:

El artículo 16 1) a) abarca la enseñanza escolar impartida por una autoridad educativa, sea en una escuela o en otro lugar, por ejemplo, en el hogar o en un hospital.

El artículo 16 1) b) abarca a las escuelas independientes, incluidas las guarderías de las escuelas independientes.

El artículo 16 1) c) abarca las guarderías independientes que reciben subsidios en virtud de la Ley de educación (Escocia) de 1996 y las guarderías que han concluido un acuerdo con la autoridad educativa en el marco del artículo 35 de la ley. Las guarderías públicas o las guarderías de las escuelas públicas están incluidas en la definición de "enseñanza escolar" del párrafo 1) a).

El artículo 16 2) hace referencia al castigo corporal en un establecimiento educativo o en una actividad extraescolar, por ejemplo, una excursión escolar.

Irlanda del Norte

582.El castigo corporal de los alumnos de las escuelas con financiación pública se prohibió el 15 de agosto de 1987, en virtud del Decreto sobre educación (castigo corporal) (Irlanda del Norte) de 1987. Desde el 1º de abril de 2003, el castigo corporal es ilícito en todas las escuelas, en virtud del artículo 36 del Decreto sobre educación y bibliotecas (Irlanda del Norte) de 2003. Además, el Decreto de 2003 derogó el Decreto de 1987.

Castigo corporal en el hogar

Inglaterra y Gales

583.El Gobierno ha acogido con satisfacción los estudios realizados en Inglaterra y Gales que indican que, en la actualidad, son menos los padres que recurren al castigo corporal y son más los que utilizan otras alternativas para disciplinar a sus hijos, y espera que esa tendencia continúe. No obstante, el Gobierno considera que no se debería estigmatizar a los padres por dar a sus hijos una pequeña palmada. El enfoque del Gobierno consiste en alentar los programas dirigidos a los padres con ejemplos reales que promueven alternativas al castigo corporal para tratar el comportamiento de los hijos.

584.El artículo 58 de la Ley de la infancia de 2004 fortaleció la protección de los niños con respecto al castigo corporal, limitando la defensa del castigo razonable, de manera que aquellos progenitores (o las personas que actúen in loco parentis) que causen lesiones a sus hijos ya no puedan utilizar la defensa del "castigo razonable" si son acusados de cometer agresiones que comportan crueldad o lesiones corporales graves. Los progenitores (o las personas que actúen in loco parentis) solo pueden recurrir a la defensa del "castigo razonable" si se trata de una acusación por lesiones.

Escocia

585.Desde el 27 de octubre de 2003, en virtud del artículo 51 de la Ley de justicia penal (Escocia) de 2003, es ilícito en Escocia castigar los niños sacudiéndolos, golpeándolos en la cabeza, o utilizando un cinturón, una palmeta, una zapatilla, una cuchara de madera o cualquier otro instrumento. Se modificó la ley para mejorar la protección de los niños, y no se prevé cambiar la ley actual. Aunque el gobierno de Escocia no es partidario del castigo corporal de los niños, no considera adecuado sancionar a los padres por dar a sus hijos una pequeña palmada.

Irlanda del Norte

586.El artículo 58 de la Ley de la infancia de 2004 (Limitación de la defensa del castigo razonable) se ha reproducido en Irlanda del Norte (artículo 2 del Decreto sobre la reforma de la legislación (disposiciones varias) (Irlanda del Norte) de 2006). Se están preparando las medidas que se adoptarán para promover la crianza positiva y el recurso a medios alternativos de disciplina. Esto incluye la publicación de folletos dirigidos a los padres y una línea de atención telefónica a disposición de los padres para prestar asesoramiento y apoyo.

Parte IIIInformación general

A.Características demográficas, económicas, sociales y culturales del Estado

Territorio y población

587.Se presenta a continuación un resumen de la información estadística del Reino Unido, partiendo de los datos disponibles más actualizados.

Reino Unido

Población
Tamaño	61 792 000
Crecimiento con respecto al año anterior	0,60%
Densidad (personas por km 2 )	255
Número de hombres por cada 100 mujeres	96,68
Grupos étnicos	Blancos 92,1%, mestizos 1,2%, asiáticos o asiáticos británicos 4,0%, negros o negros británicos 2,0%, chinos 0,4%, otros grup os étnicos 0,4% (abril de 2001)
Porcentaje de la población menor de 16 años	19%
Porcentaje de la población mayor de 65 años	16% (65 o más años de edad)
Porcentaje de la población residente en zonas urbanas	79,7% (abril de 2001)
Religión	Cristianos 71,8%, ateos 15,1%, sin religión declarada 7,8%, musulmanes 2,8%, hindúes 1,0%, sijs 0,6%, judíos 0,5%, budistas 0,3%, otras religiones 0,3% (abril de 2001)
Tasa de mortalidad infantil (número de fallecimientos de niños menores de 1 año por cada 1 000 nacidos vivos)	4,7 (cifras correspondientes al Reino Unido en 2008)
Tasa de natalidad	794 383 nacidos vivos en 2008 (12,9 por cada 1 000 habitantes)
Tasa de mortalidad (por cada 1 000 habitantes)	9,4 (2008)
Hombres	9,2
Mujeres	9,7
Esperanza de vida (años al nacer)
Hombres	77,4
Mujeres	81,6
Tasa total de fecundidad (hijos por mujer)	1,90 (2007) 1,96 (2008)
Tamaño promedio de las familias	2,4 personas por familia
PIB	1,3 billones de libras (2009)
PIB per cápita	20 980 libras (2009)
Inflación	3,2% (junio de 2010)
Déficit/superávit público	-159 200 millones de libras (equivalente al 11,4% del PIB de 2009
Deuda pública	950 400 millones de libras (equivalente al 68,1% del PIB de 2009)
Tasa de empleo	72,3% (28 984 millones) (marzo a mayo de 2010)
Tasa de alfabetización de los adultos	99,0% (2009)

Indicadores del sistema político
Indicador	Valor
Número de partidos políticos reconocidos a nivel nacional	121 partidos políticos (además de los candidatos independientes)
Proporción de la población en condiciones de votar	78,8% (aproximadamente)
Proporción de no nacionales inscritos para votar	No disponible en el caso de las elecciones parlamentarias
Número de denuncias registradas sobre la celebración de elecciones, por tipo de presunta irregularidad	2 peticiones que cuestionaban los resultados en las elecciones generales de 2010
Comparación entre votos y escaños en las elecciones generales de 2010	Partido Conservador; 36,1% y 306 escaños (47%), Partido Laborista: 29,0% y 258 escaños (40%); Partido Demócrata Liberal 23,0% y 57 escaños (9%); otros: 11,9% y 29 escaños (4%).
Porcentaje de mujeres en el Parlamento	143 mujeres elegidas como miembro del Parlamento; el 22% del total
Proporción de las elecciones nacionales y subnacionales celebradas oportunamente (conforme al calendario establecido legalmente)	Todas las elecciones (100%)
Participación media de votantes en las elecciones nacionales y subnacionales en las administraciones autónomas	Westminster: 65,1% (2010), 61,4% (20 05), 59,4% (2001), 71,4% (1997) Asamblea de Irlanda del Norte: 62,3% (2007), 63,1% (2003), 68,8% (1998) Parlamento Escocés: 52,4% (2007), 49,4% (2003), 58,2% (1999) Asamblea de Gales: 43,5% (2007), 38,2% (2003), 46,3% (1999)

Indicadores sobre delincuencia y administración de justicia en Inglaterra y Gales
Indicador	Valor
Porcentaje de delitos cometidos, clasificados como delitos violentos	22% (aproximadamente 1/5 de los delitos totales)
Tendencia de los delitos violentos de 1995 a 2007-2008	-41%
Porcentaje de violencia grave contra la persona	2% de los delitos totales de violencia contra la persona
Personas que corren el mayor riesgo de violencia	Va rones jóvenes (de entre 16 y 24  años) Estudiantes a tiempo completo Personas desempleadas
Número de delitos violentos registrados en 2007-2008	2 164 000
Delitos violentos en 2007-2008: Con lesiones Sin lesiones	1 261 000 903 000
Número de delitos regi strados, todos los delitos 2007 ‑ 2008	4 950 700
Delitos sexuales totales cometidos en 2007-2008	53 500
Número de delitos de violación registrados en 2007-2008 : Violaciones de mujeres Violaciones de hombres	11 684 1 006
Detección de delitos, según el método de detección : Detecciones sancionadas Detecciones no sancionadas Todas las detecciones	1 373 056 868 1 373 933
Promedio de la población reclusa (2009)	82 075
Número de reclusos, por sexo : Varones Mujeres	77 812 4 263
Muertes de pe rsonas detenidas por la policía : Número de muertes de personas detenidas por la policía o relacionadas de otra manera con la policía (1999-2000) Variación porcentual con respecto a 1999-2000	70 + 4%
Causa de la muerte en detención policial : Bajo los efectos de bebidas alcohólicas o drogas fiscalizadas Accidentes de motocicleta o de automóvil Lesiones autoinfligidas	30 24 14
Solicitudes de asistencia letrada en causas penales (2005 ‑ 2006) : Solicitudes recibidas por el servicio del Tribunal de la Corona Solicitudes concedidas por el servicio del Tribunal de la Corona Solicitudes recibidas por los servicios de los juzgados Solicitudes concedidas por los servicios de los juzgados	20 975 20 741 572 965 532 008
Número de sospechosos que recibieron asesoramiento o asistencia en las comisarías de policía (2009-2010)	853 086
Gastos en asistencia letrada de causas penales : 2000-2001 2001-2002 2002-2003 2003-2004 2004-2005 2005-2006	872 982 1 096 1 179 1 192 1 197

B.Estructura constitucional, política y jurídica

Sistema de gobierno

588.El sistema de gobierno parlamentario del Reino Unido no se basa en una constitución escrita, sino que es el resultado de una evolución gradual a lo largo de varios siglos. La esencia del sistema actual, que tiene ya más de dos siglos, consiste en que los dirigentes políticos que ejercen el poder ejecutivo son miembros del Parlamento y responden ante una asamblea elegida, la Cámara de los Comunes (que forma parte del Parlamento de Westminster), cuyos miembros representan a los distintos distritos electorales de Inglaterra, Escocia, Gales e Irlanda del Norte. La permanencia en funciones del Gobierno depende del apoyo de una mayoría de la Cámara de los Comunes, en la que ha de responder a la crítica fundamentada y pública de la oposición oficial.

589.El Parlamento de Westminster tiene tres componentes, la Reina y las dos cámaras del Parlamento (la Cámara de los Lores y la Cámara de los Comunes, esta última elegida por el pueblo), que están exteriormente separados. Las cámaras, cuya composición se basa en principios diferentes, solo celebran reuniones conjuntas en ocasiones de carácter simbólico, como la coronación o la ceremonia de apertura del Parlamento, cuando la Reina convoca a los Comunes a la Cámara de los Lores. Como órgano legislativo del Estado, sin embargo, el Parlamento es un órgano institucional que, con algunas excepciones (véase infra), no puede legislar sin el concurso de todas sus partes.

590.La Ley orgánica del Parlamento de 1911 fijó en cinco años la duración del período parlamentario, aunque se puede disolver el Parlamento y celebrar elecciones generales antes de que expire ese plazo. Al no estar sujeto al tipo de limitaciones legales impuestas a los órganos legislativos de los países que tienen constituciones escritas, el Parlamento goza prácticamente de libertad total en materia legislativa: puede sancionar, derogar o modificar cualquier ley.

La Corona y el Parlamento

591.Constitucionalmente, la existencia jurídica del Parlamento depende del ejercicio de las prerrogativas reales (es decir, en términos generales, del conjunto de poderes residuales que mantiene la Corona). Sin embargo, los poderes de la Corona en relación con el Parlamento están sujetos a limitación y modificación por vía legislativa y siempre se ejercen con el asesoramiento y por medio de los ministros, que son responsables ante el Parlamento.

592.En su calidad de "cabeza" temporal de la Iglesia de Inglaterra, la Reina designa, atendiendo a los consejos del Primer Ministro, a los arzobispos y obispos, algunos de los cuales forman parte de la Cámara de los Lores a título de "Lores eclesiásticos". Como "dispensadora de honores", la Reina confiere también a ciertas personas (por recomendación del Primer Ministro, que suele consultar a otras personas) la condición de "par"; esto significa que los "Lores laicos", que constituyen el resto de la Cámara Alta, también han sido creados por prerrogativa real, pudiéndose aumentar su número en todo momento.

593.El Parlamento es convocado por proclamación real, y es también la Reina la que lo prorroga (o suspende hasta el siguiente período de sesiones) y lo disuelve. Al inicio de cada período de sesiones, la Reina declara abierto el Parlamento. En la ceremonia de apertura, la Reina se dirige a los Lores y a los Comunes reunidos en asamblea, y en su discurso, que es redactado por sus ministros, expone las líneas generales de la política del Gobierno y propone el programa legislativo para el período de sesiones que se inicia.

594.Ninguna ley puede entrar en vigor sin la sanción de la Soberana, sanción que, según la práctica establecida, es generalmente comunicada al Parlamento por los presidentes (speakers) de las dos cámaras. La Soberana conserva, además del derecho a ser consultada, el derecho a promover la adopción de ciertas decisiones, o, por el contrario, de precaver de tal adopción, pero hace mucho tiempo que el derecho de veto en materia legislativa ha caído en desuso.

Períodos de sesiones del Parlamento

595.La actividad del Parlamento se divide en períodos de sesiones. Cada período de sesiones suele durar un año y suele concluir con una prórroga, aunque también puede ser disuelto. Durante un período de sesiones, cualquiera de las cámaras puede suspender las sesiones por propia iniciativa y hasta la fecha que estime oportuna.

596.Al clausurarse un período de sesiones, la prórroga suele entrar en vigor mediante un anuncio comunicado a ambas cámaras en nombre de la Reina, en la Cámara de los Lores. La prórroga se mantiene en vigor hasta una fecha establecida, que a su vez puede retrasarse o anticiparse mediante una proclama ulterior. La prórroga supone la cesación inmediata de casi todas las actividades parlamentarias. Esto significa que todos los proyectos de ley parlamentarios no completados durante el período de sesiones deben volver a presentarse en el período siguiente, a menos que se desista de ellos o se llegue a un acuerdo de que el proyecto de ley se "traslade" al siguiente período de sesiones.

597.Por lo general, el Parlamento se declara disuelto al término del período de cinco años que dura su mandato, pero el Primer Ministro también puede solicitar su disolución antes de su conclusión. Con arreglo a la práctica contemporánea, la continuidad del Parlamento queda garantizada por la declaración simultánea de la disolución del Parlamento y la convocatoria de elecciones, con indicación de la fecha en la que deberá reunirse el nuevo Parlamento elegido.

598.La suspensión de las sesiones no afecta a la labor parlamentaria en curso. El Parlamento puede volver a reunirse antes de lo previsto (en el caso de una suspensión de más de 14 días), bien por proclamación real o, si el interés público lo requiere, con mayor urgencia, haciendo uso de los poderes que cada cámara otorga especialmente a su presidente.

Traspaso de competencias

599.En el Reino Unido se concedió autonomía de gobierno (tras la celebración de referendos por mayoría simple) a Gales y Escocia en septiembre de 1997 y a Irlanda del Norte en mayo de 1998. En mayo de 1998, también se celebró un referéndum para elegir de forma directa al alcalde de Londres y la Asamblea Metropolitana de Londres. En 1999 el Parlamento Escocés, la Asamblea Nacional de Gales y la Asamblea de Irlanda del Norte, como se establece en su legislación parlamentaria respectiva, comenzaron a ejercer sus poderes y, en mayo de 2000, lo hizo la Asamblea de Londres. El propósito del traspaso de competencias es descentralizar el poder y permitir la adopción de decisiones ejecutivas sobre aquellas cuestiones traspasadas a las administraciones y los órganos legislativos autónomos (como la salud, la educación y el medio ambiente). El Parlamento del Reino Unido mantiene su soberanía y se reserva el derecho de legislar en relación con todas las cuestiones. Como consecuencia del traspaso, el Parlamento del Reino Unido ha reconocido que, con respecto a las competencias transferidas, corresponde a las asambleas y los parlamentos autónomos legislar sobre aquellas cuestiones de su ámbito de competencia, aunque mantiene su derecho a legislar si así lo decide. Además, el Parlamento del Reino Unido sigue manteniendo el control sobre determinadas esferas, como las relaciones exteriores, la defensa y la seguridad nacional, y las políticas macroeconómicas y fiscales.

600.Tras la promulgación de la Ley de Escocia de 1998 se estableció el Parlamento Escocés, que cuenta con 129 miembros, elegidos cada cuatro años por el sistema del representante adicional de representación proporcional.

601.El Parlamento Escocés funciona en general según el modelo de Westminster y elige un Primer Ministro, que es el jefe del poder ejecutivo (el Gobierno de Escocia). El Parlamento y el Gobierno de Escocia son responsables de la mayoría de aspectos de las políticas económicas y sociales internas. En la Ley de Escocia de 1998 se enumeran todas las cuestiones que están "reservadas" al Parlamento del Reino Unido que, como tales, son responsabilidad del Gobierno del Reino Unido. Se considera que todas las cuestiones que no están enumeradas se han transferido. El Parlamento Escocés se financia mediante una subvención global del Gobierno del Reino Unido.

602.Tras la promulgación de la Ley del Gobierno de Gales de 1998, se estableció la Asamblea Nacional de Gales, integrada por 60 miembros, 40 de ellos elegidos por el sistema electoral de mayoría relativa (first past the post) y 20 miembros regionales elegidos por el sistema del representante adicional de representación proporcional. (Mediante la Ley del Gobierno de Gales de 2006 se puso fin a la candidatura doble en las elecciones a la Asamblea, mediante la cual los candidatos podían salir elegidos en los dos sistemas.)

603.De conformidad con la Ley del Gobierno de Gales de 1998, la Asamblea Nacional de Gales no tenía potestad para promulgar legislación primaria, pero disponía de amplios poderes ejecutivos y podía dictar legislación secundaria (es decir, decretos y reglamentos). Sus responsabilidades no eran tan amplias como las del Parlamento Escocés (el Gobierno del Reino Unido mantenía la responsabilidad con respecto a la policía y el sistema judicial). La Ley del Gobierno de Gales de 2006 estableció una separación formal entre la Asamblea Nacional, como poder legislativo, y el Gobierno de la Asamblea de Gales, como poder ejecutivo, de forma análoga al modelo de Westminster. El Gobierno de Gales tiene la responsabilidad de las funciones ejecutivas que se le habían otorgado inicialmente a la Asamblea Nacional. En virtud de la Ley de 2006, la nueva Asamblea Nacional tiene potestad para promulgar leyes sobre cuestiones específicas (denominadas medidas de la Asamblea) que se le han transferido en aquellas "esferas" en las que los Ministros Escoceses tienen responsabilidades. Tras el resultado afirmativo en un referéndum sobre un aumento de las facultades legislativas, celebrado en marzo de 2011, la Asamblea asumió la potestad de promulgar leyes en todas las esferas transferidas, como se establece en la Ley de 2006. El Parlamento mantiene la responsabilidad de legislar en aquellas esferas que no se han transferido. La Asamblea se financia mediante una subvención global y no tiene competencias fiscales.

604.El Acuerdo de Belfast dio lugar a la transferencia de competencias a Irlanda del Norte por medio de la Ley de Irlanda del Norte de 1998. Se estableció una Asamblea de 108 miembros con poderes legislativos y ejecutivos y, en diciembre de 1999, se efectuó el traspaso de competencias.

605.El poder ejecutivo de Irlanda del Norte está compuesto por un Primer Ministro, un Primer Ministro Adjunto y 11 ministros, distribuidos de acuerdo con el grado de representación de los partidos en la Asamblea según el sistema D'Hondt, excepto en el caso del Ministro de Justicia, que es elegido directamente por la Asamblea. En la declaración de traspaso de competencias de Irlanda del Norte, que figura en la Ley de Irlanda del Norte de 1998, se establecen tres categorías de competencias legislativas. Las cuestiones "exceptuadas" (que figuran en el anexo 2 de la ley) son cuestiones de importancia nacional que siguen estando bajo la responsabilidad del Gobierno del Reino Unido y solo pueden ser legisladas en Westminster. Las cuestiones "reservadas" (anexo 3 de la ley) son cuestiones que atañen al conjunto del Reino Unido sobre las que la Asamblea puede legislar, pero solo con el consentimiento del Secretario de Estado. Las cuestiones "transferidas" (o traspasadas) (cualquier cuestión que no esté enumerada en los anexos 2 o 3 de la ley) son aquellas cuestiones con respecto a las que la Asamblea tiene competencia legislativa plena. Entre las esferas traspasadas a Irlanda del Norte figuran la agricultura, la educación, la vivienda, el empleo, la salud y, desde abril de 2010, los asuntos relativos a la policía y a la justicia.

La Comunidad Europea

606.Desde la adhesión del Reino Unido a la Comunidad Europea en 1973, han entrado en vigor en el país las disposiciones del Acta de Adhesión a las Comunidades Europeas de 1972, relativas a la aplicación del Tratado de Roma. Se han adoptado procedimientos parlamentarios especiales para mantener informados a los miembros de ambas cámaras del Parlamento de Westminster acerca de las novedades que se registran en el ámbito de la Unión Europea. Estos procedimientos consisten en el examen de las propuestas legislativas de la Unión Europea en el Parlamento, mediante la presentación por el Gobierno de las nuevas propuestas de la Unión Europea, acompañadas de memorandos explicativos (que tratan, por ejemplo, del principio de subsidiariedad, el fundamento jurídico de las propuestas y sus repercusiones con respecto a los derechos fundamentales y las políticas en general, así como las implicaciones financieras para el Reino Unido).

Composición del Parlamento

607.El sistema bicameral forma parte del Gobierno parlamentario del Reino Unido. La Cámara de los Lores (la cámara alta) y la Cámara de los Comunes (la cámara baja) se reúnen por separado y se basan en principios totalmente distintos, pero ambas cámaras participan en el proceso legislativo.

608.Desde los orígenes del Parlamento, el equilibrio de poderes entre las dos cámaras ha registrado cambios fundamentales, y ese proceso continuo de evolución y adaptación se ha acelerado de forma considerable en los últimos 75 años. Con arreglo a la práctica actual, el poder parlamentario reside fundamentalmente en la Cámara de los Comunes, de elección popular, pero hasta el siglo XX el poder de veto de los Lores sobre las medidas propuestas por los Comunes era teóricamente ilimitado. En la actualidad, con arreglo a las Leyes orgánicas del Parlamento de 1911 y 1949, determinados proyectos de ley pueden convertirse en ley sin el consentimiento de los Lores. La Ley de 1911 impuso restricciones al derecho de los Lores a retrasar la aprobación de proyectos de ley que hacen referencia a gastos o impuestos, y limitó su poder para rechazar otro tipo de leyes. Con arreglo a la Ley de 1911, los Lores solo podían retrasar la aprobación de los proyectos de ley durante dos años. Mediante la Ley de 1949 ese plazo se redujo a un año.

609.Estas limitaciones de las facultades de la Cámara de los Lores se basan en la idea de que, en la actualidad, la principal función legislativa de esa Cámara es la revisión de los proyectos de ley, y de que su actividad no es opuesta, sino complementaria, de la de la Cámara de los Comunes.

Cámara de los Comunes

610.La Cámara de los Comunes es una asamblea de representantes elegidos por el sufragio universal de las personas mayores de edad, y está integrada por hombres y mujeres (los miembros del Parlamento) que proceden de una amplia gama de sectores de la sociedad. La Cámara de los Comunes tiene 650 escaños, que representan al Reino Unido en su conjunto; en las elecciones generales previstas para 2015 los escaños se reducirán a 600.

611.Los miembros de la Cámara de los Comunes mantienen sus escaños durante todo el período parlamentario. Son elegidos en las elecciones generales que se celebran tras la disolución del Parlamento y la convocatoria para constituir otro por la Soberana, o en las elecciones parciales que se celebran cuando se produce una vacante en la Cámara por fallecimiento u otro tipo de inhabilitación.

Cámara de los Lores

612.En la actualidad, la Cámara de los Lores tiene 743 miembros. Con arreglo a la Ley de la Cámara de los Lores de 1999, se reformó la composición de la Cámara mediante la eliminación de los derechos de participación y de voto de la mayoría de los pares hereditarios. En consecuencia, actualmente la mayoría de los escaños de la Cámara de los Lores pertenece a los "pares vitalicios", las personas designadas con arreglo a la Ley sobre pares vitalicios de 1958, cuyo número actual asciende a unos 600. Además, siguen integrando la Cámara de los Lores 92 pares hereditarios y 26 arzobispos u obispos de la Iglesia de Inglaterra.

613.Mediante la Ley de reforma constitucional de 2005 se eliminó la función judicial de la Cámara de los Lores, al disponer la creación de un tribunal supremo de Inglaterra y de Gales. En octubre de 2009, el Tribunal Supremo sustituyó a la Cámara de los Lores como última instancia de recurso para todos los asuntos en todo el Reino Unido, con excepción de Escocia. El Tribunal Superior de Justicia sigue siendo el más alto tribunal en materia penal en Escocia.

614.El Gobierno ha publicado un libro blanco y un proyecto de ley en el que figuran sus propuestas para que todos, o la mayoría, de los miembros de la cámara alta se elijan sobre la base de la representación proporcional.

Elecciones legislativas

615.Las disposiciones sobre las elecciones legislativas figuran fundamentalmente en las Leyes sobre la representación popular. Las elecciones de representantes para la Cámara de los Comunes se efectúan por sufragio secreto. En ellas pueden participar todos los ciudadanos del Reino Unido, los ciudadanos de otros países del Commonwealth y los ciudadanos de la República de Irlanda residentes en el Reino Unido que tengan 18 años o más de edad y no estén inhabilitados para ello por la ley. Sin embargo, no tienen derecho a votar en las elecciones legislativas las siguientes personas: los pares que son miembros de la Cámara de los Lores, los delincuentes que están cumpliendo condena en prisión y cualquier persona que en los cinco años anteriores haya sido condenada por corrupción u otras prácticas electorales ilícitas. En la mayoría de los casos, para poder votar en la circunscripción el elector debe estar registrado ante la autoridad local pertinente. En Gran Bretaña, los oficiales de registro electoral elaboran el padrón electoral, realizando anualmente una encuesta de los hogares en las zonas que les competen. Además, en virtud de las disposiciones de "inscripción automática" instituidas en 2000, toda persona puede solicitar en cualquier momento su incorporación al padrón electoral. Esta disposición está dirigida a las personas que han cambiado de domicilio durante el año. Con arreglo a cambios más recientes en la legislación electoral, las personas en condiciones de votar pueden empadronarse en todo el Reino Unido hasta 11 días antes de la fecha de las elecciones.

616.En Irlanda del Norte, desde 2002, existe un sistema de registro electoral diferente, que se basa en la inscripción de las personas y no de los hogares. El Gobierno ha anunciado que en 2014 se aplicará en Gran Bretaña el registro electoral individual y, el 30 de junio de 2011, publicó un libro blanco y un proyecto de ley en el que figuran las propuestas para su aplicación, que serán objeto de control previo a la legislación. En Irlanda del Norte, el registro individual implica que todo elector habilitado debe cumplimentar su propio formulario de inscripción y proporcionar su firma, fecha de nacimiento y número de seguro nacional. El Oficial Electoral Jefe de Irlanda del Norte puede verificar las inscripciones en el registro con otras autoridades públicas y cotejarlas con la base de datos del Departamento de Empleo y Jubilaciones para determinar si son correctas. Este sistema de registro personal se instituyó inicialmente para disipar la percepción de fraude electoral y ha contribuido en gran medida a garantizar un alto grado de exactitud en el registro. Por lo tanto, en 2006 se eliminó en Irlanda del Norte el requisito de la encuesta anual de votantes.

617.El voto no es obligatorio. Por lo general, los electores votan personalmente en las mesas electorales especialmente establecidas con ese fin. También pueden solicitar el voto por correo o designar a un representante para que vote en su nombre.

618.El sistema de votación utilizado es el de la mayoría relativa, en virtud del cual queda elegido el candidato que más votos haya obtenido en una circunscripción determinada. El 22 de julio de 2010, el Gobierno de coalición presentó un proyecto de ley sobre el sistema de votación y las circunscripciones en las elecciones legislativas, que recibió la sanción real el 16 de febrero de 2011. En la Ley del sistema de votación y las circunscripciones en las elecciones legislativas se disponía la celebración de un referéndum en el Reino Unido sobre el sistema de votación de las elecciones legislativas, que se celebró el 5 de mayo de 2011. Se preguntó a los votantes si se debería utilizar el sistema de votación alternativo en lugar del sistema anterior de mayoría relativa para elegir a los miembros del Parlamento de la Cámara de los Comunes. El resultado del referéndum indicó que una mayoría estaba a favor de mantener el sistema actual.

619.En las elecciones legislativas, el Reino Unido está dividido en zonas geográficas denominadas circunscripciones, y a cada una le corresponde un representante en la Cámara de los Comunes.

620.En la Ley del sistema de votación y las circunscripciones en las elecciones legislativas, que recibió la sanción real el 16 de febrero de 2011, se establecen nuevas reglas para la distribución de escaños, y se requieren 600 escaños y circunscripciones en la Cámara de los Comunes en lugar de los actuales 650. Este reglamento dará prioridad a la igualdad numérica como principio, y habrá una cuota electoral uniforme para el número de escaños de las circunscripciones del Reino Unido, que no variará en más de un 5% por ciento de la cuota, con algunas excepciones limitadas. Las comisiones de delimitación parlamentarias realizarán un examen a finales de septiembre de 2013, con revisiones posteriores cada cinco años.

621.Todos los ciudadanos del Reino Unido, los ciudadanos de otro país del Commonwealth o de la República de Irlanda que no estén inhabilitados para el voto y tengan 18 años cumplidos pueden presentarse como candidatos en las elecciones legislativas. Entre las personas inhabilitadas figuran las personas declaradas en quiebra no rehabilitadas, las personas detenidas condenadas a más de un año de privación de libertad, los pares que son miembros de la Cámara de los Lores, las personas condenadas o denunciadas ante un tribunal electoral por prácticas corruptas o ilícitas (la inhabilitación dura cinco años en el primer caso y tres en el segundo), y las personas afectadas por la Ley sobre inhabilitaciones para la Cámara de los Comunes de 1975, entre las que se encuentran las que desempeñan cargos judiciales, los funcionarios públicos, los miembros de las fuerzas armadas regulares o de los servicios policiales, y los ciudadanos del Reino Unido que son miembros de órganos legislativos de países o territorios no pertenecientes al Commonwealth. Los candidatos suelen pertenecer a uno de los principales partidos políticos nacionales, pero también los partidos más pequeños y otras agrupaciones pueden designar candidatos, y cualquier persona puede presentarse como candidato "independiente" aunque no tenga el apoyo de un partido. Toda candidatura debe contar con la firma de dos electores, que la inician en calidad de proponente y coadyuvante, respectivamente, y con la de otros ocho electores inscritos en el padrón electoral de la circunscripción de que se trate.

Sistema de partidos

622.La existencia en el Reino Unido de partidos políticos organizados que proponen su propia política al electorado ha dado lugar a definidas agrupaciones políticas en el Parlamento.

623.Desde 1945, el Partido Conservador y el Partido Laborista han ganado cada uno 9 de las 18 elecciones generales celebradas, y la gran mayoría de los miembros de la Cámara de los Comunes ha representado a alguno de estos dos partidos. Tras las elecciones generales de mayo de 2010, se ha formado un Gobierno de coalición entre el Partido Conservador y el Partido Demócrata Liberal.

Gobierno y oposición

624.Por convenio constitucional, la Soberana invita a formar gobierno y nombra Primer Ministro al jefe del partido que ha obtenido más escaños (aunque no necesariamente más votos) en unas elecciones generales, o que cuenta con el apoyo de la mayoría de los miembros de la Cámara de los Comunes. En ocasiones, cuando ningún partido ha conseguido esa mayoría de escaños, puede formarse una coalición o un gobierno minoritario.

625.El Primer Ministro elige un equipo de ministros y forma un gabinete de unos 20 miembros, cuyo nombramiento propone a la Soberana como Ministros de la Corona. Juntos constituyen el Gobierno de Su Majestad.

626.El segundo partido, por el número de escaños obtenidos, es oficialmente reconocido como "la oposición de Su Majestad" (o "la oposición oficial") y tiene su propio jefe y su propio "gobierno en la sombra", cuyos miembros actúan como portavoces sobre los temas que incumben a cada ministro del Gobierno. Los miembros del Parlamento de otros partidos, así como los miembros independientes de la Cámara, apoyan o se oponen al Gobierno según las opiniones de su partido o las suyas propias.

627.El Gobierno es el principal responsable de la supervisión y organización de la labor de ambas cámaras. Tiene la iniciativa en materia de políticas e indica, por ende, las decisiones que a su juicio debe adoptar el Parlamento, explicando y defendiendo su posición en debate público. La mayoría de los gobiernos contemporáneos han contado con el voto de sus partidarios en la Cámara de los Comunes, por lo que, conforme a la mayoría total conseguida, han podido lograr la aprobación de sus proyectos de ley sin grandes modificaciones. Esta evolución, que es resultado de una mayor disciplina de partido, no solo ha fortalecido la acción de Gobierno, sino que también ha realzado el papel de la oposición. La función de ejercer la crítica como medio de presión incumbe sobre todo a la oposición, que debe exponer sus propios puntos de vista, y se le da la oportunidad para ello, con arreglo a la práctica establecida en ambas cámaras.

Control parlamentario del poder ejecutivo

628.El control sobre el Gobierno se ejerce en definitiva mediante la facultad que tiene la Cámara de los Comunes de obligarle a dimitir, aprobando para ello una resolución de "censura", rechazando una propuesta que el Gobierno estime tan fundamental para la aplicación de su política que haya hecho de ella una cuestión de confianza o, en última instancia, negándose a aprobar las asignaciones de recursos necesarios para la administración pública. La Cámara de los Lores también desempeña una importante función de examen de la labor de las cámaras y de supervisión cuidadosa de la legislación y las propuestas presentadas por el Gobierno.

629.Se prevé que el proyecto de leyde plazo fijo de los parlamentosrecibirála sanción realantes del receso deverano.En resumen,en este proyecto de leyse establecen plazos fijos de cincoaños y quelas elecciones generalesse celebrencada cincoaños, el primerjueves del mes de mayo(la próxima elección prevista sería el 7mayo de 2015).En el proyecto de ley se establece queel Parlamento solopodría serdisueltoantes de de ese plazo sial menos dostercios delos miembros del Parlamentovotaran a favor dela disolución, osi un gobiernofuera incapaz de asegurarlaconfianza de la Cámarade los Comunesen un plazo de 14días desde la votación de unamoción de censura. LaCámara de los Comunesmantendríala potestad de aprobaruna moción de censura contrael Gobierno, conuna mayoríasimple.Esta parteimportante de la formaen que el Gobierno responde ante los Comunes se consagraría enla ley.Los plazos fijossupondríanque losgobiernos ya no podríandecidirlafecha de las eleccionescon el fin desatisfacersus propios intereses políticos,yaportarían más seguridad,ya que el públicosabríacuándo está prevista la celebración de las eleccionesgenerales.

630.Como representante de los ciudadanos corrientes, todo miembro del Parlamento puede poner en tela de juicio la política propuesta por un ministro: i) interviniendo en el debate sobre determinado proyecto de ley, sea en segunda lectura, formulando objeciones a sus principios generales, o sea, como habitualmente sucede, proponiendo modificaciones cuando es objeto de examen por el comité correspondiente; ii) mediante el mecanismo de las interpelaciones parlamentarias; iii) durante los debates que se celebran con ocasión de la suspensión de los períodos de sesiones; o iv) durante los debates reservados para iniciativas de la oposición. Además, los comités parlamentarios se encargan del seguimiento estricto de los gastos, la administración y la política de los principales ministerios del Gobierno.

Interpelaciones parlamentarias

631.El mecanismo de las interpelaciones en la Cámara de los Comunes constituye el medio más adecuado para obtener información (a la que los miembros no tendrían acceso por otra vía) sobre las intenciones del Gobierno, así como el procedimiento más eficaz para exponer y, posiblemente, remediar las irregularidades que los electores pongan en conocimiento de sus representantes. Los ministros también pueden formular declaraciones públicas mediante la presentación de una declaración ministerial escrita o de una declaración oral en el Parlamento, que podrían dar lugar a la celebración de un debate.

632.La admisión de preguntas se ha regido fundamentalmente por convenios basados en las decisiones adoptadas por los sucesivos presidentes de la Cámara con ocasión de interpelaciones concretas. No obstante, un comité especial de la Cámara de los Comunes examina periódicamente la práctica y el procedimiento del mecanismo de interpelación.

Organizaciones no gubernamentales

633.En el Reino Unido trabajan diversas ONG de derechos humanos. Por razones impositivas, estas organizaciones suelen asumir la forma de organizaciones de beneficencia. En el Reino Unido no hay un sistema unificado para estas organizaciones. El funcionamiento de las organizaciones de beneficencia en Inglaterra y Gales, Escocia e Irlanda del Norte se rige por leyes diferentes.

634.En el Reino Unido, pertenecer a la categoría de organización de beneficencia supone una serie de ventajas fiscales. En general, las organizaciones de beneficencia pueden solicitar exenciones impositivas sobre la mayor parte de los ingresos o beneficios que perciben, así como sobre las utilidades de algunas actividades. Además, tienen derecho a solicitar la devolución de los impuestos sobre los ingresos percibidos respecto de los que ya se han pagado impuestos.

635.En Inglaterra y Gales, los organismos que desean acogerse al estatuto de "organizaciones de beneficencia" deben registrarse como tales, proceso cuya supervisión corresponde a la Comisión de Obras de Beneficencia. Salvo algunas excepciones, los procedimientos de inscripción deben realizarse de conformidad con la Ley de organizaciones de beneficencia de 1993 (enmendada por la Ley de organizaciones de beneficencia de 2006).

636.En Escocia también existe un órgano de supervisión del funcionamiento de estas organizaciones: la Oficina de reglamentación de obras de beneficencia de Escocia. Para que el organismo en cuestión sea considerado una organización de beneficencia debe cumplir con las disposiciones establecidas en la Ley de organizaciones de beneficencia e inversiones fiduciarias (Escocia) de 2005 y, posteriormente, inscribirse en el Registro de obras de beneficencia de Escocia.

637.En Irlanda del Norte, la ley relativa a las obras de beneficencia es claramente diferente, ya que las organizaciones de beneficencia no tienen la obligación de registrarse. En lo fundamental, desempeñan sus funciones con arreglo a la Ley de organizaciones de beneficencia (Irlanda del Norte) de 1964 y al Decreto de la Ley de organizaciones de beneficencia (Irlanda del Norte) de 1987. El Departamento de Desarrollo Social supervisa el funcionamiento de estas organizaciones.

Aplicación de las leyes

Administración

638.El Reino Unido no tiene un sistema judicial unificado, con excepción de unos pocos tribunales que abarcan todo el Reino Unido. En las jurisdicciones del Reino Unido (es decir, en Inglaterra y Gales, Escocia e Irlanda del Norte), la magistratura es independiente del poder ejecutivo. El Tribunal Supremo del Reino Unido es el más alto tribunal de apelación para los casos civiles en el Reino Unido y para los casos penales de Inglaterra, Gales e Irlanda del Norte. Los más altos cargos de la magistratura son designados por Su Majestad la Reina, previa recomendación del Primer Ministro. El Presidente del Tribunal Supremo de Inglaterra y Gales es designado de forma independiente por un grupo especial convocado por la Comisión de Nombramientos Judiciales de Inglaterra y Gales. La mayoría de los demás cargos son designados por Su Majestad la Reina, previa recomendación del ministro pertinente (después de una selección realizada por las comisiones de nombramientos judiciales pertinentes de cada jurisdicción).

Inglaterra y Gales

639.En la Ley de reforma constitucional de 2005 se establece por primera vez en la legislación la independencia judicial en Inglaterra y Gales. En virtud de esta ley se sustituye al Lord Canciller como jefe del poder judicial en Inglaterra y Gales por el Presidente del Tribunal Supremo de Inglaterra y Gales, que también preside los tribunales de Inglaterra y Gales.

640.Mediante esa ley también se estableció un nuevo Tribunal Supremo del Reino Unido; se impuso la obligación al Gobierno de salvaguardar la independencia del poder judicial; se estableció la Comisión de Nombramientos Judiciales; y se creó el cargo de Ombudsman de Nombramientos y Conducta Judiciales.

641.Aunque la ley no abolió el cargo del Lord Canciller, el traspaso de sus funciones judiciales al Presidente del Tribunal Supremo refuerza la independencia del poder judicial en el Reino Unido. Como jefe del poder judicial, el Presidente del Tribunal Supremo tiene unas 400 obligaciones legales, siendo las principales el despliegue del personal judicial, la asignación de tareas y la formación de ese personal, y la representación de la opinión del poder judicial ante el poder ejecutivo y el legislativo.

642.La Comisión de Nombramientos Judiciales está integrada por 15 miembros, 12 de los cuales (incluido el Presidente) se nombran por un mandato de cinco años mediante un concurso abierto. Además de formular las recomendaciones para los nombramientos de los titulares de cargos judiciales, la Comisión de Nombramientos Judiciales también tiene el cometido de tener en cuenta la diversidad de las personas calificadas para integrar el poder judicial en Inglaterra y Gales.

643.Bajo la responsabilidad conjunta del Lord Canciller y el Presidente del Tribunal Supremo, la Oficina de Quejas contra la Judicatura garantiza que todas las quejas sobre la conducta de los miembros del poder judicial en Inglaterra y Gales se tramiten con equidad y que la disciplina judicial sea coherente y eficaz. La Oficina de Quejas contra la Judicatura está adscripta al Ministerio de Justicia, que es el departamento gubernamental encargado de prestar apoyo al poder judicial en Inglaterra y Gales. El Ombudsman de Nombramientos y Conducta Judicial, que es independiente a la Oficina de Quejas, se encarga de tramitar las quejas con respecto al nombramiento de los miembros del poder judicial o a la gestión de la disciplina o la conducta judicial. Aunque la oficina del Ombudsman también está adscripta al Ministerio de Justicia, es totalmente independiente del poder judicial y del Gobierno.

644.En Inglaterra y Gales hay 1.448 jueces que trabajan a tiempo completo (perciben sueldos). Además, hay 1.233 jueces temporales, que son abogados en ejercicio que trabajan a tiempo parcial (perciben honorarios) en el Tribunal de la Corona y los tribunales de condado. Algunos abogados también actúan en ocasiones como adjuntos de los jueces del Tribunal Superior, y otros abogados trabajan a tiempo parcial en los tribunales de condado como adjuntos de los jueces de distrito. Asimismo, hay unos 30.000 jueces de paz, no profesionales, que ejercen sus funciones en los juzgados de todo el país. Se trata de ciudadanos comunes, que dedican parte de su tiempo a administrar justicia local (sin percibir remuneración alguna). Por lo general, forman tribunales de tres personas, y un oficial con formación jurídica les asesora en los asuntos de derecho. Así pues, una característica notable de la administración de justicia es que, junto a un pequeño número de jueces profesionales hay un gran número de jueces legos que son responsables de la gran mayoría de los juicios por delitos menores.

645.Un principio cardinal del sistema es que, en el ejercicio de su función judicial, todos los jueces son completamente independientes. Es inevitable y oportuno que el Parlamento y el poder ejecutivo examinen a fondo la legislación y la aplicación de la ley en los tribunales. Pero también es una convención generalmente aceptada que los miembros del Parlamento y los políticos no deben criticar las decisiones judiciales, pese a que el Parlamento tiene la facultad de anular por ley sus efectos generales. Así como el Parlamento y el poder ejecutivo no deben inmiscuirse en la esfera judicial, a la inversa, los jueces deben distanciarse de la política. Los jueces a tiempo completo no pueden ser miembros de la Cámara de los Comunes, y los Lores magistrados del Tribunal de Apelación y otros jueces superiores que pertenecen a la Cámara de los Lores no suelen participar en sus procedimientos, excepto cuando hacen referencia a asuntos jurídicos. En virtud de la Ley de reforma constitucional de 2005 se prohíbe a los jueces del Tribunal Supremo participar o votar en las sesiones de la Cámara de los Lores, en un comité de esa cámara o en un comité conjunto de ambas cámaras.

646.El Procurador General y el Fiscal General son los principales asesores del Gobierno en materia de derecho inglés y representan a la Corona en las causas nacionales e internacionales pertinentes. Ambos son abogados experimentados y miembros por elección de la Cámara de los Comunes, y tienen rango ministerial. El Procurador General también es el Abogado General de Irlanda del Norte, ya que, desde el traspaso de competencias policiales y judiciales de abril de 2010, Irlanda del Norte tiene su propio Procurador General. Además de ejercer diversas funciones en la esfera civil, es el máximo responsable de la aplicación de las leyes penales, ya que supervisa la actuación del Director del Ministerio Público (véase el párrafo 660 infra). También incumbe al Procurador General tramitar ciertos tipos de procedimientos penales, en los que debe actuar con absoluta independencia y sin dejarse influir por sus colegas del Gobierno. El Fiscal General es, de hecho, el adjunto del Procurador General.

Escocia

647.El sistema jurídico de Escocia es distinto al del resto del Reino Unido. Con arreglo a la Ley de Escocia de 1998, la mayoría de sus funciones se han traspasado al Parlamento Escocés. Por lo tanto, el Gobierno de Escocia (el poder ejecutivo del gobierno autónomo de Escocia) es responsable de la legislación y de la justicia civil y penal, los servicios de asistencia social, la policía, las prisiones, la administración de los tribunales, el asesoramiento jurídico y la relación con los profesionales del derecho.

648.Mediante la Ley del poder judicial y los tribunales (Escocia) de 2008 se introdujeron cambios significativos en el ordenamiento jurídico de Escocia: se estableció una garantía legal de la independencia judicial; se dio un fundamento legal al sistema de designación de jueces; se designó al Lord Presidente (el juez más veterano de Escocia) como máxima autoridad del poder judicial en Escocia y, como tal, responsable de la administración eficaz de las actividades de los tribunales de Escocia; y se estableció el Servicio Judicial de Escocia como departamento no ministerial, presidido por el Lord Presidente del Tribunal Supremo, cuya función principal es proporcionar los bienes, el personal y los demás recursos necesarios para el funcionamiento de los tribunales.

649.El Tribunal Superior de Justicia es el máximo tribunal de Escocia en el ámbito penal, y está presidido por su Presidente o su Vicepresidente, que generalmente actúa como presidente en los tribunales penales de apelación. El Tribunal Superior también actúa como un tribunal de primera instancia en los asuntos penales graves. El Tribunal Supremo decide en los asuntos civiles importantes, tanto en primera instancia como en apelación. En el Tribunal Superior de Justicia y el Tribunal Supremo participan los mismos jueces. El siguiente nivel son los tribunales de condado, que constituyen tribunales de nivel intermedio en las causas penales y se ocupan de todos los asuntos civiles en el nivel inferior al Tribunal Supremo. En el nivel inferior de las causas penales deciden los jueces de paz (jueces legos) en los juzgados de paz.

650.Los jueces y los sheriffs (jueces de primera instancia) son nombradospor la Reinacon el asesoramientodel Primer Ministro(por recomendación de la Junta de Nombramientos Judiciales de Escocia, un órgano independiente).Los jueces de pazson designadosen nombre dela Reinapor los MinistrosEscoceses.

651.El Procurador General es el asesor jurídico superior del Gobierno de Escocia. Es el principal funcionario jurídico del Gobierno y la Corona en materia de derecho civil y penal de Escocia, con excepción de cuestiones reservadas. También es responsable de asesorar al Gobierno del Reino Unido en cuestiones de derecho escocés.

652.El Procurador Generales laautoridad máxima del sistemadeprocesamiento e investigación delas muertes enEscocia, y con respecto a esa función actúa de forma independientede los demás MinistrosEscoceses y de cualquier otra persona.Esta independenciaestá consagrada enla ley.ElFiscal General esel adjunto delProcurador General.La Procuraduríatiene a su cargo los enjuiciamientos penales en Escocia.Los fiscalesestán sujetosensus funcionesalas instrucciones delProcurador General.

Irlanda del Norte

653.La responsabilidad con respecto a la policía y la justicia (incluidos los tribunales) se transfirió a la Asamblea de Irlanda del Norte el 12 de abril de 2010. El Ministro de Justicia de Irlanda del Norte es responsable del sistema penal y las cuestiones policiales en Irlanda del Norte, y desempeña sus funciones por conducto del Departamento de Justicia de Irlanda del Norte. Los tribunales de Irlanda del Norte y los servicios de tribunales son responsables de la administración de los tribunales y de algunos tribunales de Irlanda del Norte. Hay 67 jueces a tiempo completo y dos miembros a tiempo parcial en los distintos niveles de la judicatura, así como 224 de jueces de paz. Si es necesario, también se asignan a las audiencias grupos de jueces auxiliares. Además, en la actualidad hay cinco funcionarios de juzgado que perciben sueldos y aproximadamente 320 miembros de los tribunales que perciben honorarios.

654.La Comisión de Nombramientos Judiciales de Irlanda del Norte está bajo la responsabilidad de la Oficina del Primer Ministro y el Primer Ministro Adjunto. Es un organismo público independiente que selecciona y recomienda a los candidatos para su designación en cargos judiciales en Irlanda del Norte. La Comisión también designa algunos cargos judiciales (como los jueces y los jueces adjuntos de los tribunales) Todos los nombramientos se realizan en función de los méritos. No obstante, la Comisión tiene también la obligación de contar con un programa de acción para asegurar, en la medida de lo razonablemente posible, que las personas designadas para cargos judiciales reflejen la comunidad de Irlanda del Norte y que la lista de candidatos para ocupar cargos judiciales sea también un reflejo de la comunidad. El Presidente del Tribunal Supremo de Irlanda del Norte preside la Comisión.

655.El Ombudsman de Nombramientos Judiciales es un funcionario público independiente que se encarga de investigar las reclamaciones con respecto al proceso de nombramientos judiciales. Esta oficina se creó en virtud de la Ley de reforma constitucional de 2005 y cuenta con el patrocinio de los tribunales y los servicios de tribunales.

656.En virtud de la Ley de reforma constitucional de 2005, se reforzó la independencia judicial y se designó al Presidente del Tribunal Supremo como jefe del poder judicial de Irlanda del Norte. Como tal, tiene numerosas obligaciones, entre ellas el despliegue de personal judicial, su formación y asesoramiento, y los asuntos de disciplina judicial. También es responsable de la representación de la opinión del poder judicial ante el Parlamento, la Asamblea de Irlanda del Norte y los ministros en general.

657.El ProcuradorGeneral deIrlanda del Nortefue designado por elPrimer Ministroy el Primer Ministro Adjuntotras el traspaso decompetencias en materia dejusticia a la Asambleade Irlanda del Norteenabril de 2010.Es elprincipal asesorjurídico delpoder ejecutivode Irlanda del Norte. El Procurador Generalde Inglaterra yGalestambién tienealgunas responsabilidades comoAbogado Generalde Irlanda del Norte.

Derecho penal

658.En Inglaterra y en Gales, la decisión inicial de incoar un procedimiento penal en caso de delitos leves incumbe a la policía; por otra parte, la decisión de imputar un cargo penal compete al Ministerio Público de la Corona, que es un órgano independiente. En Escocia son los fiscales los que deciden si se entabla o no un procedimiento y, en Irlanda del Norte, el Director del Ministerio Público. En Inglaterra y Gales (y excepcionalmente en Escocia) también los particulares pueden iniciar un procedimiento penal. En Inglaterra y Gales, los fiscales de la Corona pueden dictar amonestaciones condicionales en determinados tipos de casos. La policía puede formular amonestaciones y, en Escocia, el fiscal tiene varias alternativas al enjuiciamiento, entre ellas la de amonestar y la de remitir los casos al Departamento de Servicios Sociales.

659.En abril de 1988 se estableció la Dirección de Delitos de Fraude Graves, que es un departamento gubernamental que investiga y enjuicia los casos de fraude más graves y complejos en Inglaterra, Gales e Irlanda del Norte. En Escocia, investiga esos casos una dependencia similar, la Dependencia de Servicios Especializados y Fraude de la Corona.

Inglaterra y Gales

660.En Inglaterra y Gales se estableció el Ministerio Público de la Corona en virtud de la Ley de enjuiciamiento penal de 1985. El Director del Ministerio Público, que es su máxima autoridad, asume la responsabilidad del enjuiciamiento de la mayoría de los delitos penales ante los juzgados y el Tribunal de la Corona. El Director del Ministerio Público responde ante el Parlamento por conducto del Procurador General. Los abogados del Ministerio Público de la Corona se ocupan de las causas ante los juzgados y, en determinados casos, ante el Tribunal de la Corona. El Ministerio Público de la Corona también instruye a abogados privados para que actúen ante el Tribunal de la Corona en su nombre. Aunque la mayoría de los casos se tramitan a nivel local, algunos se delegan a la División de delitos graves, esto es, los casos de importancia nacional, excepcionalmente difíciles o que causan una gran preocupación pública, así como aquellos en los que es necesario evitar cualquier sospecha de influencia local. Entre esos casos figuran los delitos de terrorismo, los contravención de la Ley de secretos de Estado, los casos de corrupción y algunos delitos cometidos por funcionarios policiales. Las alegaciones de tortura y de muertes de personas detenidas competen a la División central de casos.

Escocia

661.El Procurador General es la autoridad máxima del sistema de enjuiciamiento penal y de investigación de las muertes. La Procuraduría es el servicio de enjuiciamiento penal de Escocia. Los fiscales están sujetos en sus funciones a las instrucciones del Procurador General. El procesamiento es iniciado por los fiscales ante los tribunales de condado locales y los juzgados de paz. Las acciones ante el Tribunal Superior incumben al Procurador General, el Fiscal General y los defensores delegados (advocate deputes), que colectivamente se conocen como Abogado de la Corona.

662.Conforme a la Ley de enjuiciamiento penal (Escocia) de 1995, el fiscal puede, en el caso de ciertos delitos menores, hacer al presunto delincuente una oferta condicional de pena fija, en lugar del encausamiento; el infractor no está obligado a aceptar la oferta, pero si lo hace, el ministerio público pierde el derecho a iniciar el proceso. El fiscal también puede proponer otras alternativas al enjuiciamiento, como una orden de compensación fiscal o una carta de advertencia.

Irlanda del Norte

663.El sistema de justicia penal de Irlanda del Norte está compuesto por siete organizaciones, que son responsables de diversas esferas de la justicia penal, en particular el servicio penitenciario, el servicio de libertad condicional, la policía, la justicia juvenil, los tribunales y el ministerio público.

664.El Ministerio Público de Irlanda del Norte es la autoridad encargada del enjuiciamiento en Irlanda del Norte. Es independientede la policía ydelGobierno.Lapolicía esresponsable de la investigaciónde los casos penales y el Ministerio Público adopta las decisionesde enjuiciamiento entodos los casos yse encarga de lapresentación de los casosante los tribunales.El Ministerio Públicotambiénpresta asesoramientofiscala la policía si se le solicita, yautoriza los cargos.

665.El responsable del Ministerio Público es el Director del Ministerio Público, y también hay undirector adjunto.Ambospuestos soncargos públicosdesignados por el ProcuradorGeneral deIrlanda del Norte. Debido al traspaso de competencias policiales y judiciales de abril de 2010, recientemente se ha creado un nuevo cargo.En las nuevas disposiciones se establece que la relación del Director con el Procurador General de Irlanda del Nortees una relación deconsultas, y que el Directortieneplena independencia enlas cuestiones relativas a las políticas o los casos particulares.El Director esresponsable ante la Asambleade Irlanda del Nortecon respecto alas finanzas y laadministración.

Tribunales penales

Inglaterra y Gales

666.En Inglaterra y Gales, los delitos penales pueden agruparse en tres categorías. La primera corresponde a los delitos que solo pueden juzgarse previo procesamiento (los delitos muy graves, como el asesinato, el homicidio, la violación y el robo), que solo pueden ser juzgados por el Tribunal de la Corona, presidido por un juez, con la asistencia de un jurado. La segunda son los delitos a los que se aplica el procedimiento sumario (los delitos menos graves y la gran mayoría de los casos penales), que son juzgados por jueces no profesionales y no remunerados o por jueces de distrito remunerados, sin jurado. Una tercera categoría de delitos (como el hurto, el allanamiento de morada o las lesiones intencionales), conocidos con el nombre de "delitos de tipo intermedio", pueden ser juzgados por los jueces de paz o por el Tribunal de la Corona, según las circunstancias de cada caso y la voluntad del acusado.

667.El Tribunal de la Corona se ocupa de las causas más graves, de la condena de los delincuentes que le son remitidos para sentencia por los juzgados y de los recursos contra las decisiones de estos últimos. Hay tribunales de este tipo en 78 centros. Todos los juicios objeto de recurso se plantean ante un juez, que puede ser un juez o un juez auxiliar del Tribunal Superior de Justicia, y un jurado integrado por 12 personas.

668.Los juzgados se ocupan de los delitos de procedimiento sumario y los delitos "de tipo intermedio" que consideran oportunos y en los que el acusado consiente el procedimiento sumario. Los juzgados remiten al Tribunal de la Corona aquellos delitos que solo pueden juzgarse previo procesamiento, los delitos "de tipo intermedio" que, según su criterio, deben ser juzgados por ese tribunal y aquellos casos en los que el acusado haya optado por un juicio ante el Tribunal de la Corona. Si el acusado de un caso "de tipo intermedio" ha sido condenado por un juzgado (con un resultado de declaración judicial de culpabilidad o tras un procedimiento sumario), el juzgado puede decidir someter el caso al Tribunal de la Corona para que dicte sentencia.

669.Además, los 136 jueces de distrito (juzgados) se ocupan de los casos más complejos o delicados. Estos jueces deben tener por lo menos siete años de experiencia como abogados y otros dos años de experiencia remunerada mediante honorarios.

670.Los menores de 18 años acusados de delitos penales son juzgados generalmente por los tribunales de menores. Estos son juzgados especialmente constituidos que, o bien actúan con independencia de los demás tribunales, o bien entienden en esos casos en diferentes momentos. Solo pueden estar presentes ciertas categorías de personas y los medios de comunicación no pueden publicar el nombre de ningún joven involucrado, ya sea como acusado o como testigo. Cuando un menor de 18 años es acusado junto con una persona de 18 o más años de edad, la causa se tramita ante un juzgado ordinario o ante el Tribunal de la Corona. Si el joven es declarado culpable, el tribunal puede remitir el caso a un tribunal de menores para que dicte la condena, a menos que esté convencido de que no procede hacerlo.

671.Toda persona condenada por un juzgado puede recurrir la sentencia ante el Tribunal de la Corona si se ha confesado culpable, o la condena o sentencia dictada en su contra si ha negado la acusación. Cuando el recurso se refiere a una cuestión de derecho o de jurisdicción, el fiscal o el acusado pueden recurrir ante el Tribunal Superior de Justicia. Las apelaciones contra las decisiones del Tribunal de la Corona, tanto si se refieren al fallo condenatorio como a la pena impuesta, se plantean ante el Tribunal de Apelación (Sala de lo Penal). El Tribunal Supremo (que está compuesto por 11 Lores magistrados del Tribunal de Apelación) es la última instancia de apelación en todos los casos, procedan del Tribunal Superior de Justicia o del Tribunal de Apelación. Para que un caso pueda llegar al Tribunal Supremo, el tribunal que haya conocido del recurso anterior ha de certificar que en él se ha planteado una cuestión de derecho de importancia pública general, o ese tribunal o el Tribunal Supremo deben autorizar la sustanciación del recurso.

672.Cuando una persona haya sido procesada sobre la base de un escrito de acusación y absuelta (de toda la acusación o solo de algunos cargos), el Procurador General puede solicitar la opinión del Tribunal de Apelación sobre cualquier cuestión de derecho que se haya planteado en el caso. Antes de dar su opinión sobre la cuestión remitida, el Tribunal debe oír los argumentos del Procurador General, presentados personalmente o en su nombre. La persona absuelta también tiene derecho a exponer sus argumentos por medio de su abogado. Independientemente de la opinión expresada por el Tribunal de Apelación, la sentencia absolutoria inicial no resulta afectada. Por vía de referencia, el Procurador General puede obtener un fallo que ayude al ministerio público en casos futuros, pero no puede pedir al tribunal que revoque la absolución del acusado cuyo proceso dio lugar a la referencia. La cuestión puede remitirse también a la Cámara de los Lores, si el Tribunal de Apelación estima que debe ser examinado por los Lores magistrados de esa Cámara.

673.Además, el Procurador General puede remitir una causa al Tribunal de Apelación si considera que la sentencia dictada por el juez del Tribunal de la Corona es excesivamente benigna o ilícita. Esta facultad concierne a los delitos que solo pueden juzgarse previo procesamiento y algunos delitos "de tipo intermedio" sentenciados por el Tribunal de la Corona. El Tribunal de Apelación debe autorizar la remisión de la sentencia. El Tribunal de Apelación puede revocar cualquier sentencia y dictar otra más o menos severa, según considere procedente, pero sin rebasar los límites de las atribuciones del juez del Tribunal de la Corona que impuso la condena inicial. En general, la prohibición de juzgar a una persona dos veces por el mismo delito supone que una vez que una persona ha sido absuelta por un delito no se la puede procesar por segunda vez. No obstante, con arreglo a la Parte 10 de la Ley de justicia penal de 2003, en la actualidad se pueden reabrir los procesos relacionados con determinados delitos muy graves, si el Tribunal de Apelación constata que han salido a la luz nuevas pruebas convincentes desde la absolución.

Escocia

674.En Escocia, el Tribunal Superior de Justicia juzga todos los delitos graves, como el asesinato, la traición y la violación; los tribunales de condado conocen de los delitos menos graves, y los jueces de paz juzgan las faltas. Las causas penales se enjuician mediante un procedimiento ordinario, cuando el proceso se inicia sobre la base de un escrito de acusación y el juez actúa acompañado de un jurado de 15 miembros, o bien en procedimiento sumario, en el que el juez actúa sin jurado. Todas las causas que se dirimen ante el Tribunal Superior de Justicia y las más graves de las que se confían a los tribunales de condado son resueltas por un juez y un jurado. El procedimiento sumario se aplica a las causas menos graves confiadas a los tribunales de condado y a todas las causas que corresponden a los tribunales de distrito. Las penas máximas que se pueden imponer varían.

675.En Escocia, los menores de 16 años que hayan cometido un delito o a los que, por otras razones especificadas por la ley, se considera que es necesario aplicar ciertas medidas coercitivas de custodia o protección, serán juzgados normalmente por un tribunal de menores, integrado por tres miembros seleccionados de un grupo de voluntarios nombrados por el Secretario de Estado. En cada audiencia deben estar representados ambos sexos. Después de la vista, el niño o sus padres pueden recurrir el fallo en los 21 días siguientes. Este recurso se presenta también ante un juez de condado. Un pequeño número de niños que han cometido delitos graves todavía puede ser procesado en el marco del sistema de justicia penal de adultos, y actualmente el Tribunal de Menores está llevando a cabo un programa piloto con respecto a los jóvenes infractores reincidentes.

676.En Escocia, las seis circunscripciones judiciales de los condados se dividen en distritos judiciales de condado, cada uno de los cuales tiene uno o más jueces de primera instancia, que son los jueces del tribunal. El Tribunal Superior de Justicia, que es el tribunal supremo de lo penal en Escocia, funciona a la vez como tribunal de primera instancia y como tribunal de apelación. Cualquiera de los jueces que se enumeran a continuación puede actuar en el Tribunal Superior de Justicia: el presidente del tribunal, el vicepresidente del tribunal o uno de los vocales.

677.El Tribunal Superior de Justicia conoce asimismo en todos los recursos de apelación. Tanto en el caso de procedimiento ordinario como en el de procedimiento sumario, se puede apelar la condena, la sentencia, o ambas cosas. En caso de revocación del fallo, el tribunal puede autorizar la revisión de la causa en un nuevo juicio. No existe posibilidad de apelación ulterior ante la Cámara de los Lores. En los procesos sumarios, el fiscal puede apelar, basándose en una cuestión de derecho, contra la absolución o contra la condena. El Procurador General puede pedir al Tribunal Superior de Justicia su dictamen sobre cualquier cuestión de derecho que se haya planteado en una causa en la que el procesado contra el que se haya formulado una acusación haya resultado absuelto. Esa gestión no afecta, sin embargo, al fallo absolutorio dictado en la causa inicial.

Irlanda del Norte

678.Los tribunales de Irlanda del Norte tienen, en general, una estructura semejante a la de los tribunales de Inglaterra y Gales. La labor cotidiana de tramitación sumaria de los casos menores incumbe a los juzgados presididos por un juez residente, con formación jurídica, que trabaja a tiempo completo, al que se denomina juez de distrito (juzgado).

679.El Tribunal de la Corona se ocupa de las causas penales en las que ya ha habido acusación. Los jueces de ese tribunal proceden del Tribunal Superior de Justicia o de los tribunales de condado. Generalmente, el juicio tiene lugar ante un solo juez y todas las causas controvertidas se someten también a consideración de un jurado (excepto aquellas con respecto a las que el Director del Ministerio Público ha emitido un certificado para que se celebre un juicio sin jurado).

680.Los menores de 18 años comparecen ante los tribunales de menores, integrados por el juez de distrito (juzgado) y dos asesores no profesionales especialmente capacitados en asuntos de justicia juvenil (uno de los cuales, como mínimo, debe ser una mujer). Como en Inglaterra y Gales, los tribunales de menores están sujetos a restricciones en lo que se refiere a la publicación del nombre o la fotografía de los acusados. Los tribunales de condado son competentes en las apelaciones contra los fallos de los juzgados (incluidos los tribunales de menores).

681.Durante el período de violencia sectaria y terrorismo de la década de 1970, fue necesario que las audiencias en las causas relacionadas con la legislación de emergencia estuvieran a cargo de un juez sin jurado, ya que los miembros del jurado eran objeto de intimidación ("tribunales Diplock"). El 31 de julio de 2007, la promulgación de la Ley de justicia y seguridad (Irlanda del Norte) puso fin a la vigencia de los tribunales unipersonales o "tribunales Diplock". El nuevo sistema se centra en las circunstancias del delito, y no en el delito propiamente dicho, y requiere una evaluación del riesgo de menoscabo de la administración de justicia. Actualmente todos los juicios se celebran con jurado, excepto que el Director del Ministerio Público haya emitido un certificado para que se celebre un juicio sin jurado.

682.En las apelaciones contra los fallos condenatorios o las sentencias dictadas por el Tribunal de la Corona entiende el Tribunal de Apelación de Irlanda del Norte. Los procedimientos para la interposición de nuevos recursos ante el Tribunal Supremo son similares a los vigentes en Inglaterra y Gales.

Procesos penales

Juicio

683.En el Reino Unido, los juicios penales se basan esencialmente en un debate contradictorio entre el ministerio público y la defensa. Dado que la ley presume la inocencia de todo acusado mientras no se haya demostrado su culpabilidad, el ministerio público no goza de ninguna ventaja, ni real ni aparente, sobre la defensa. El acusado (defendant y, en Escocia, accused) tiene derecho a contar con un abogado y, si es necesario, puede ser asistido por un defensor de oficio sufragado mediante fondos públicos. En caso de prisión preventiva, el acusado puede recibir la visita de un abogado para preparar debidamente su defensa.

684.En Inglaterra y Gales, el ministerio público está obligado a revelar al abogado defensor, antes de la celebración del juicio, las pruebas que se proponga utilizar para probar los cargos, así como cualquier prueba de descargo. En las causas tramitadas ante el Tribunal de la Corona, posteriormente la defensa debe presentar una declaración en la que se indique la naturaleza de la defensa del acusado. En los juzgados esa declaración es voluntaria. El ministerio público tiene la obligación permanente, en particular después de haber recibido la declaración de la defensa, de permitir que se examine si tiene en su poder alguna prueba no revelada que sea pertinente. Además, antes del juicio, el acusado debe indicar la información sobre los testigos que pretende llamar a declarar.

685.En Inglaterra, Gales e Irlanda del Norte, durante la preparación de la causa, el ministerio público está obligado a revelar al abogado defensor, ya sea automáticamente o cuando se le solicite, todas las pruebas que se proponga utilizar contra el acusado, excepto en los casos de menor importancia. Además, el ministerio público deberá revelar la información que el acusado no conozca hasta ese momento y que pueda menoscabar los argumentos de la fiscalía o contribuir a la defensa del acusado. No obstante, la legislación actual permite no revelar determinada información no utilizada si el tribunal decide que el interés público de mantener el carácter confidencial de esa información es mayor (y si su revelación no es necesaria para la equidad del juicio).

686.Desde el caso deSinclairc. HMA,en 2005, la Corona se vio obligada arevelarlas declaracionespoliciales delos testigos de ladefensa.La Coronatiene ahora la obligaciónde revelar a la defensatoda la información disponible, sea a favor oen contra deun acusado.

687.El abogado defensor o el fiscal pueden alegar que el estado mental del acusado hace improcedente su juicio, en cuyo caso, y siempre que el jurado se pronuncie en ese sentido, se ordena su ingreso en un hospital determinado.

Jurado

688.En los juicios con jurado, el juez resuelve las cuestiones de derecho, resume las pruebas para mejor información del jurado, le instruye sobre la legislación pertinente y, por último, absuelve al acusado o dicta una sentencia condenatoria. Solo el jurado puede decidir si el acusado es o no culpable. En Inglaterra, Gales e Irlanda del Norte, si el jurado no llega a un veredicto unánime, el juez puede pedirle que dé su veredicto por mayoría siempre que, en el jurado ordinario constituido por 12 personas, no haya más de dos disensiones. En Escocia, donde el jurado está constituido por 15 personas, el veredicto puede pronunciarse por mayoría simple, pero, por regla general, nadie puede ser declarado culpable sin pruebas que lo corroboren. Si el veredicto del jurado es de inocencia (not guilty o, en Escocia, not proven, que es otro posible veredicto de "absuelto de culpa y cargo"), el fiscal no tiene derecho a apelar, y el acusado no puede ser juzgado de nuevo por el mismo delito. En cambio, si el veredicto es de culpabilidad, el acusado tiene derecho a interponer un recurso ante el tribunal competente.

689.El jurado es totalmente independiente del poder judicial. Todo intento de injerencia en la labor del jurado, una vez que ha prestado juramento, es punible en virtud de la Ley de desacato a los tribunales de 1981.

690.El ministerio público y la defensa tienen derecho a recusar a las personas propuestas para un jurado, exponiendo sus motivos, si estiman que un miembro del jurado puede estar predispuesto en algún sentido. El derecho de recusación no es automático, ya que siempre deben exponerse los motivos. Además, el ministerio público puede ejercer su derecho a solicitar que se sustituya a un miembro del jurado por un suplente, o el juez puede usar sus facultades discrecionales para dispensar a un miembro del jurado si ello procede. Mediante la Ley de justicia penal (Escocia) de 1995 se abolió el derecho de recusación sin causa en Escocia.

691.Todas las personas de entre 18 y 70 años de edad cuyo nombre aparezca en el padrón electoral, que hayan residido en el Reino Unido durante un período ininterrumpido mínimo de cinco años desde los 13 años de edad, pueden tener que actuar como jurados, excepto que estén inhabilitadas para ello o hayan sido eximidas. Están inhabilitadas para actuar como miembros del jurado: las personas condenadas a una pena de prisión de 5 años o más en el Reino Unido; las personas condenadas en los 10 años anteriores a una pena de prisión, reclusión o detención en un centro para menores; las personas con una condena condicional o que hayan sido objeto de una orden de servicio a la comunidad; y las personas que reciben de un médico un tratamiento regular, o están ingresadas en un hospital o una institución semejante por padecer algún tipo de trastorno mental.

Investigación de los casos de muerte

692.En Inglaterra, Gales e Irlanda del Norte, los Coroners investigan los casos de muertes violentas y por causas no naturales, así como las muertes súbitas cuyas causa se desconoce. Estos casos pueden ser puestos en conocimiento del Coroner local (que puede tener formación médica o jurídica, o ambas) por los médicos, la policía, el secretario judicial, las autoridades públicas o particulares. Cuando la muerte ha sido repentina y por causa desconocida, el Coroner no necesita llevar a cabo una investigación si, como resultado de la autopsia, llega a la conclusión de que la muerte se ha debido a causas naturales. Cuando haya motivos para creer que se trata de una muerte violenta o debida a causas no naturales, o cuando la muerte se haya producido en la prisión o en otras circunstancias determinadas, el Coroner procederá a una investigación y determinará, en el ejercicio de sus facultades judiciales, cómo, cuándo y dónde se ha producido esa muerte. El Coroner puede desempeñar sus funciones solo o, en determinadas circunstancias, con la asistencia de un jurado. Ni el Coroner ni su jurado pueden expresar opinión alguna sobre cuestiones de responsabilidad penal y civil, que competen a otros tribunales.

693.En Escocia, el fiscal local investiga todas las muertes repentinas y sospechosas, accidentales, inesperadas e inexplicadas, y puede comunicar las conclusiones a la Procuraduría para que el Abogado de la Corona indique si se debe ahondar en la investigación e iniciar un procedimiento penal o realizar una investigación sobre una muerte accidental. Con arreglo a la Ley de investigación de accidentes mortales y muertes súbitas (Escocia) de 1976, si la persona falleció mientras estaba detenida debe efectuarse una investigación sobre muerte accidental, que es una investigación pública realizada a solicitud del fiscal ante el juez de primera instancia. En un número reducido de casos, la investigación sobre muerte accidental puede efectuarse ante el juez de primera instancia. En ciertas categorías de casos, como la muerte de personas detenidas, la investigación es obligatoria. Además, cuando las circunstancias del caso hayan sido motivo de preocupación pública, el Procurador General puede, si lo estima procedente y de interés público, instruir una investigación.

Derecho civil

694.Las principales subdivisiones del derecho civil en Inglaterra, Gales e Irlanda del Norte son el derecho de familia, el derecho patrimonial, el derecho contractual y el derecho de responsabilidad civil extracontractual (torts) (que incluye los daños sufridos por una persona por culpa de otra, independientemente de la relación que exista entre ellas, y figuras tales como la negligencia, la difamación y la injerencia ilegal en los bienes o derechos de otro). Otras ramas del derecho civil son el derecho constitucional y administrativo (que se ocupa en particular del ejercicio del poder ejecutivo), el derecho laboral, el derecho marítimo y el derecho eclesiástico. El derecho civil escocés tiene sus propias secciones, que, en gran medida, son análogas.

695.En 1999 se introdujeron las Normas de Procedimiento Civil, que son normas procesales unificadas para los tribunales de condado y el Tribunal Superior de Justicia, con el propósito de que los tribunales se ocuparan de los casos con equidad. También se estableció el Consejo de Justicia Civil, encargado de supervisar y coordinar la modernización del sistema de justicia civil en Inglaterra y Gales. Su principal función es examinar el sistema permanentemente y reformarlo en consecuencia.

Tribunales civiles

Inglaterra y Gales

696.En Inglaterra yGales, las causas civiles puedentramitarse antelos juzgados, los tribunales de distritoy los tribunalessuperiores,hasta llegar al TribunalSupremo.

697.La jurisdicción civil de los juzgados es limitada. Abarca algunas causas del derecho de familia, los casos de molestias o perjuicios causados en violación de la legislación sobre salud pública y la recaudación de impuestos. También actúan como tribunal de apelación con respecto a las decisiones adoptadas por los comités locales que conceden las licencias necesarias para la apertura de bares, locales de apuestas y clubes.

698.La jurisdicción de los tribunales de condado abarca las acciones relativas a contratos y a casos de responsabilidad civil extracontractual (con pequeñas excepciones), las causas sobre fideicomisos e hipotecas y las acciones para la recuperación de tierras. Los casos de reclamaciones que exceden de los límites fijados pueden ser juzgados en estos tribunales, previo consentimiento de las partes o, en determinadas circunstancias, si han sido remitidos por el Tribunal Superior de Justicia.

699.Entre otras cuestiones en las que pueden entender los tribunales de condado figuran los contratos de venta o alquiler, las causas relacionadas con la legislación de alquileres, los litigios entre arrendadores y arrendatarios y la adopción. Los casos de divorcio incumben a los tribunales de condado especialmente designados para tales causas y, fuera de Londres, hay algunos tribunales de condado que se ocupan también de los casos de quiebra. Esos tribunales también entienden en las quejas referentes a la discriminación racial o por motivos de género. Existen procedimientos simplificados para las reclamaciones de menor importancia (en particular las relacionadas con los consumidores).

700.El Tribunal Superior de Justicia está dividido en salas: la Sala de la Cancillería, la Sala del Tribunal de la Reina y la Sala de Familia. Tiene jurisdicción tanto en primera instancia como en apelación con respecto a las causas civiles y a algunas causas penales. En general, se asigna a cada sala un determinado tipo de causas. La Sala de Familia se ocupa de todos los asuntos que se refieren a la institución familiar, incluidos los relativos a la adopción y a la tutela. La Sala de la Cancillería se encarga de la interpretación de los testamentos y de la administración de los patrimonios hereditarios. Las cuestiones de derecho marítimo y comercial incumben a los tribunales comerciales y del Almirantazgo, de la Sala del Tribunal de la Reina.

701.En Inglaterra y Gales, las apelaciones sobre causas matrimoniales, de adopción y de tutela tramitadas ante los juzgados pasan a la Sala de Familia del Alto Tribunal. Las apelaciones contra las sentencias dictadas por el Tribunal Superior de Justicia y por los tribunales de condado se interponen ante el Tribunal Superior de Apelaciones (Sala de lo Civil), que está constituido por el Vicepresidente del Tribunal de Apelación y 35 Lores (Lords Justice of Appeal), y pueden llegar hasta Tribunal Supremo, que es el tribunal final de apelación en todos los casos civiles y penales, integrado por 12 jueces designados de forma independiente, los magistrados del Tribunal Supremo.

Escocia

702.Los principales tribunales civiles de Escocia son los tribunales de condado y el Tribunal Supremo. La jurisdicción civil del tribunal de condado abarca casi todos los tipos de acciones y no suele estar limitada por la importancia del caso, ya que el juez de primera instancia tiene jurisdicción en prácticamente todas las cuestiones de derecho civil y en todos los procedimientos, excepto determinados recursos de apelación y peticiones previstos en la ley, que se presentan ante el Tribunal Supremo. Gran parte de la labor corresponde al juez de primera instancia, cuyas decisiones pueden apelarse ante el sheriff ‑ principal o directamente ante el Tribunal Supremo. El juez de primera instancia también conoce de varios recursos de apelación y peticiones previstos en la ley, como la apelación con respecto a las decisiones de las juntas de concesión de licencias.

703.El Tribunal Supremo de Escocia funciona solamente en Edimburgo y, en general, tiene facultades para ocuparse de todo tipo de acciones. La excepción principal es la de las acciones exclusivamente reservadas a los tribunales de condado, cuando el valor de lo reclamado es inferior a una suma establecida. El Tribunal Supremo aplica varios procedimientos especiales para el ejercicio de determinadas acciones, entre los que figuran los asuntos mercantiles y las demandas por daños y perjuicios en los casos de lesiones personales y muerte. Tiene jurisdicción exclusiva en determinados casos internacionales, en particular los relacionados con los convenios internacionales relativos al secuestro y la tutela de niños. Las apelaciones de los casos civiles se pueden presentar desde la Cámara Interior hasta el Tribunal Supremo del Reino Unido, que es el máximo tribunal de apelación para Escocia.

704.El Tribunal Escocés de la Tierra es un tribunal especial que se ocupa exclusivamente de cuestiones referentes a la agricultura. Su presidente tiene la categoría y los derechos de un magistrado del Tribunal Supremo y los demás miembros son especialistas en agricultura ajenos a la profesión judicial. Las apelaciones de los casos civiles se pueden presentar desde la Cámara Interior hasta el Tribunal Supremo del Reino Unido, que es el máximo tribunal de apelación para Escocia.

Irlanda del Norte

705.En Irlanda del Norte las causas civiles de menor importancia se tramitan ante los tribunales de condado, aunque los juzgados también tienen potestad para conocer de algunas categorías de causas civiles. El tribunal superior en lo civil es el Tribunal Superior de Justicia, de cuyas sentencias cabe recurrir al Tribunal de Apelación. Estos dos tribunales, junto con los de la Corona, constituyen el Tribunal Supremo de Justicia de Irlanda del Norte, cuya práctica y procedimientos son análogos a los de Inglaterra y Gales. El Tribunal Supremo del Reino Unido es la última instancia para todas las causas civiles.

Procedimiento civil

Inglaterra y Gales

706.En Inglaterra y Gales inicia la acción civil la persona perjudicada, a la que se denomina "demandante". Para ello no se requiere una investigación preliminar sobre la autenticidad de la reclamación. Tanto si es ante el Tribunal Superior de Justicia como ante un tribunal de condado, el procedimiento civil se inicia, generalmente, mediante la presentación de un documento denominado "formulario de demanda". Las primeras etapas del procedimiento civil se caracterizan por el intercambio de declaraciones formales por las partes.

707.En general, los procedimientos civiles pueden terminar en cualquier momento por desistimiento del demandante o avenencia entre las partes. Las acciones incoadas ante un tribunal suelen ser juzgadas sin jurado. No obstante, con el acuerdo del tribunal, se tiene derecho a un juicio por jurado en los casos de demandas por fraude, injuria, calumnia, enjuiciamiento indebido o detención ilegal. El jurado se pronuncia sobre las cuestiones de hecho y fija la indemnización de daños y perjuicios que corresponde a la parte agraviada. Sus conclusiones deben ser unánimes, pero en caso de que un jurado no pueda llegar a un acuerdo puede adoptarse una resolución por mayoría.

708.Si una parte se niega a cumplir una sentencia o una orden judicial, existe un conjunto de procedimientos para asegurar su cumplimiento. Cuando se trata de la entrega de una suma de dinero, el método más común para hacerla efectiva es el embargo de los bienes o del sueldo del deudor. Si la sentencia consiste en una prohibición judicial, la negativa a obedecer el fallo puede conducir a la prisión por desacato. Normalmente, el tribunal condena a la parte que pierde el proceso al pago de las costas, pero en las reclamaciones de menor importancia se supone que las partes abonan sus propias costas, aunque generalmente las tasas judiciales pueden quedar a cargo de la parte perdedora. Esto se debe a que los procedimientos de reclamaciones de menor importancia están formulados de tal manera que las partes puedan tratar los asuntos sin necesidad de recurrir a un abogado.

Escocia

709.En Escocia, los procedimientos civiles ante el Tribunal Supremo o las acciones ordinarias ante los tribunales de condado se inician con el envío al demandado de una orden de comparecencia. Todo demandado que tenga la intención de oponerse a la acción debe informar al respecto al tribunal y, en caso de no comparecencia, el tribunal dicta una declaración de ausencia en favor del demandante. En las acciones ordinarias ante un tribunal de condado, el caso comienza con un auto inicial de comparecencia y el demandado tiene que comunicar su intención de contestar la demanda y presentar después elementos de descargo, seguido de una audiencia en la que se presentan opciones. En los procedimientos de familia las partes asisten a la audiencia en las que se presentan opciones y el tribunal puede remitir los casos a mediación. Después de la audiencia, se procede a debatir las cuestiones jurídicas o probatorias.

710.En los procedimientos sumarios ante los tribunales de condado (demandas de una cuantía de entre 750 y 1.500 libras) se incorpora a la orden de comparecencia una copia de la demanda. El procedimiento está formulado de modo que, en la mayoría de los casos, pueda llevarse a cabo sin que las partes tengan que comparecer en audiencia. Generalmente, la partes (o sus representantes) solo tienen que comparecer si hay oposición a la demanda. Ese procedimiento sumario se tramita con arreglo a un calendario fijo y con escasas alegaciones por escrito. Abarca determinadas demandas para obtener el pago de una deuda o recuperar la posesión de bienes raíces hereditarios.

711.En 1988 se instituyó en Escocia un procedimiento para demandas de hasta 750 libras, que es una variante del procedimiento sumario y se inicia de manera similar. Cuando el demandante no esté representado por un abogado, el tribunal lo asesorará para la preparación y notificación de los autos de comparecencia. Aunque el procedimiento en las demandas de menor cuantía es similar al procedimiento sumario, está sujeto a muy pocas formalidades y se alienta al tribunal a que adopte normas de procedimiento y de prueba menos estrictas. No se dispone de asistencia jurídica para ese tipo de demandas, y las costas están estrictamente limitadas.

Irlanda del Norte

712.Los procedimientos de Irlanda del Norte son similares a los de Inglaterra y Gales. En los tribunales de condado se inician con la notificación de la demanda al demandado. Los fallos de los tribunales civiles se hacen efectivos mediante un procedimiento centralizado, administrado por la Oficina de Ejecución de Sentencias.

Tribunal de Prácticas Restrictivas

713.El Tribunal de Prácticas Restrictivas es un tribunal especial del Reino Unido que se ocupa de los monopolios y las prácticas comerciales restrictivas. Está compuesto por cinco jueces y hasta un máximo de otras diez personas con experiencia empresarial, comercial o en la vida pública.

Servicio de Tribunales

714.Los tribunales se ocupan de todo tipo de controversias, principalmente entre particulares y el Estado, y tradicionalmente respondían ante el mismo departamento gubernamental cuyos fallos examinaban. La necesidad de reformar el sistema de los tribunales se planteó por primera vez en el estudio de Sir Andrew Leggatt titulado Tribunals for Users – One System, One Service (Tribunales para usuarios: Un sistema, un servicio). El Gobierno aceptó sus propuestas y, el 3 de abril de 2006, se estableció el Servicio de Tribunales, formado por más 16 tribunales ya existentes, como un organismo ejecutivo del Ministerio de Justicia. Se trata del cambio más radical de esta parte del sistema judicial efectuado en los últimos 50 años.

715.El 3 de noviembre de 2008, con arreglo a la Ley de tribunales, cortes y ejecución de 2007, se creó un tribunal de primer nivel y un tribunal superior. El tribunal de primer nivel es el tribunal de primera instancia para la mayoría de las jurisdicciones. El tribunal superior se ocupa sobre todo de examinar y decidir sobre las apelaciones contra resoluciones del tribunal de primer nivel, aunque no exclusivamente. También está facultado para ocuparse de la labor de examen judicial delegada por el Tribunal Superior de Justicia y el Tribunal Supremo de Escocia. Ambos son administrados por el Servicio de Tribunales.

716.Tanto el tribunal de primer nivel como el tribunal superior están divididos en salas, que agrupan jurisdicciones que se ocupan de temas similares o en las que los jurados requieren el mismo tipo de miembros. Debido a su estructura flexible, si en el futuro el Parlamento decide crear un nuevo derecho de apelación o una nueva jurisdicción, no será necesario crear un nuevo tribunal para ocuparse de ello.

717.En noviembre de 2008 se completó la primera fase deaplicación de la ley.El nuevo sistemaestablece tribunales en dosniveles:un tribunalde primer nively un tribunal superior.Cada uno de ellos se divide en salas que se ocupan de tipos similares deapelaciones,de la siguiente manera:

Tribunal superior

Sala de apelaciones administrativas

Tribunal de primer nivel

Sala de prestaciones sociales

Sala de salud, educación y asistencia social

Sala de pensiones de guerra e indemnizaciones a las fuerzas armadas

718.Las obligaciones del Presidente Primero de los tribunales incluyen la presentación de las opiniones de los jueces del tribunal ante los ministros y el Parlamento, y las cuestiones relacionadas con la capacitación, la orientación y el bienestar. Además, el Presidente del Tribunal Supremo ha delegado en el Presidente Primero algunas de sus facultades en virtud de la Ley de reforma constitucional de 2005, en particular en relación con la disciplina judicial de la mayoría de los jueces y miembros del tribunal.

Consejo de justicia administrativa y tribunales

719.El Consejo de justicia administrativa y tribunales es un órgano público consultivo no ministerial. Sustituye al Consejo de los tribunales. Además de asumir la función anterior del Consejo respecto de los tribunales y las investigaciones, se encarga del examen del sistema de justicia administrativa en general, con miras a hacerlo accesible, equitativo y eficiente. También asesora a los ministros y al Presidente Primero acerca de la evolución del nuevo sistema y presenta propuestas de modificación. El Consejo procura garantizar que las relaciones entre las cortes, los tribunales, los defensores del pueblo y los proveedores de soluciones alternativas a las controversias reflejen las necesidades de los usuarios. Por ley es miembro del Comité de Procedimientos de los Tribunales, lo que le garantiza un papel central en el proceso normativo de los tribunales.

Prisiones, libertad vigilada y libertad condicional

720.En Inglaterra y Gales, la responsabilidad de encargar y prestar los servicios de gestión de los delincuentes adultos detenidos o en la comunidad corresponde al Servicio Nacional de Tratamiento de los Delincuentes (un organismo ejecutivo del Ministerio de Justicia).

721.En Escocia,la responsabilidadde las prisiones corresponde al ServicioPenitenciario de Escocia, un organismo ejecutivo delGobierno de Escocia. La responsabilidad principal con respecto ala libertad vigilada y los serviciosposteriores a la puesta en libertadcorresponde a las autoridadeslocales.

722.En Inglaterra y Gales, el Secretario de Estado de Justicia nombra en cada establecimiento penitenciario una junta de supervisión independiente que representa a la comunidad local, para que formule una opinión independiente sobre las normas de justicia y humanidad que rigen el tratamiento de los reclusos y verifique la amplitud y pertinencia de los programas que los preparan para su puesta en libertad. La junta transmite al Secretario de Estado todas sus preocupaciones y le informa anualmente acerca del grado en el que la prisión ha cumplido las normas y los requisitos que tenía establecidos, así como las repercusiones en la población penitenciaria. En Escocia, los comités de visitadores llevan a cabo actividades similares en todas las instituciones.

723.La inspección de las prisiones en Inglaterra y Gales es responsabilidad del Inspector Jefe de Prisiones de Su Majestad, nombrado por la Reina, que rinde cuentas directamente al Secretario de Estado. El Inspector Jefe de Libertad Vigilada de Su Majestad, nombrado por el Secretario de Estado y que depende directamente de este, se encarga de supervisar la eficacia de la labor relativa a la libertad vigilada en Inglaterra y Gales. En Escocia, la inspección de las prisiones está a cargo del Cuerpo de Inspectores de Prisiones de Su Majestad de Escocia, y los servicios de asistencia social de la justicia penal son supervisados por el Organismo de Inspección de la Asistencia Social, un organismo gubernamental independiente.

724.En Inglaterra y Gales, el Secretario de Estado de Justicia también nombra al Ombudsman de Prisiones y de Libertad Provisional. Su función es investigar y formular recomendaciones sobre las quejas de los reclusos, los delincuentes bajo libertad vigilada y los detenidos por motivos de inmigración. El Ombudsman también es responsable de la investigación de todas las muertes ocurridas en las prisiones, otros establecimientos de detención autorizados y los centros de detención de inmigrantes. Presenta informes anuales al Secretario de Estado.

725.El Secretario de Estado de Justicia es asesorado por una junta especial de libertad condicional acerca de la puesta en libertad de los reclusos.

726.En Escocia, las quejas de los reclusos que no han sido resueltas por medio del procedimiento del Servicio Penitenciario de Escocia son investigadas por el Comisionado de Denuncias de las Prisiones de Escocia, que es independiente. Las quejas sobre los servicios de asistencia social de la justicia penal, como la libertad condicional, pueden ser examinadas por el Ombudsman para los servicios públicos de Escocia.

Salud de los reclusos

727.La responsabilidad de contratar los serviciosde salud penitenciariosen las prisionespúblicas deInglaterra corresponde a los consorcios de atención primaria del Servicio Nacional de Salud. En el libro blanco para la celebración de consultas sobre el Servicio Nacional de Salud (2010) del Departamento de Salud se presenta una serie de propuestas para sustituir a los consorcios de atención primaria por una junta delegada independiente del Servicio Nacional de Salud.

728.Los servicios médicos de los establecimientos que gestiona directamente el Servicio Penitenciario de Escocia se prestan en el marco de un contrato nacional. Una de las condiciones de ese contrato es que todos los médicos estén debidamente cualificados para el trabajo penitenciario y registrados en el Consejo Médico General. También es un requisito para todos los médicos participar en cursos de iniciación y de desarrollo profesional permanente, así como en la formación específica para el trabajo penitenciario, que abarca la gestión del riesgo de suicidio. Esto incluye la formación pertinente sobre las cuestiones éticas y morales, que también figuran en la estrategia de capacitación y aprendizaje del personal de enfermería penitenciario.

Indultos

729.En Inglaterra y Gales, el Secretario de Estado de Justicia asesora a la Reina respecto de si hay motivos excepcionales para ejercer la prerrogativa real del indulto, por ejemplo, en ausencia de una solución judicial, para conceder el indulto a un condenado o para conmutar la totalidad o parte de la pena impuesta por un tribunal.

730.El Secretario de Justicia del Gobierno de Escocia tiene responsabilidades similares con respecto a Escocia. El Ministro de Justicia del Gobierno de Irlanda del Norte se ocupa de las peticiones de ejercicio de la prerrogativa real del indulto con respecto a los delitos no relacionados con el terrorismo en Irlanda del Norte, y el Secretario de Estado para Irlanda del Norte se encarga de esas solicitudes en los casos de delitos relacionados con el terrorismo.

Marco jurídico general de la protección de los derechos humanos

C.Aceptación de las normas internacionales de derechos humanos

731.El Reino Unido ha ratificado los importantes instrumentos de derechos humanos de las Naciones Unidas que figuran a continuación:

Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial;

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos;

Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales;

Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes;

Convención sobre los Derechos del Niño;

Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer;

Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad.

732.El Reino Unido también ha ratificado los Protocolos Facultativos de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, la Convención sobre los Derechos del Niño y la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad.

733.El Examen Periódico Universal del Reino Unido tuvo lugar en 2008.

734.El Reino Unido también es parte en el Convenio Europeo para la Prevención de la Tortura y de las Penas o Tratos Inhumanos o Degradantes, que entró en vigor en el país el 1º de febrero de 1989, y en el Convenio Europeo de Derechos Humanos, ratificado por el Reino Unido en 1951.

735.Los tratados internacionales ratificados por el Reino Unido no se suelen incorporar de manera directa al derecho interno. En general, el Reino Unido cumple sus obligaciones internacionales mediante la promulgación o la modificación de la legislación nacional a fin de garantizar la compatibilidad con las obligaciones derivadas del tratado de que se trate. El Gobierno suele adoptar ese tipo de medidas en la medida en la que sean necesarias antes de pasar a ser parte en el tratado, de acuerdo con el procedimiento parlamentario ordinario. El Reino Unido no ratifica ningún tratado a menos que el Gobierno tenga la certeza de que el derecho interno y la práctica permiten su cumplimiento. En el caso del Convenio Europeo de Derechos Humanos se siguió este enfoque desde el principio, cuando se firmó el Convenio en 1951, hasta que entró en vigor la Ley de derechos humanos de 1998, en 2000. Esta ley amplia el alcance de los derechos del Convenio en el derecho del Reino Unido y permite que sean directamente aplicables en los tribunales del Reino Unido.

736.Las suspensiones, reservas y declaraciones del Reino Unido en vigor con respecto a estos instrumentos internacionales figuran resumidamente en el sitio web de la Colección de Tratados de las Naciones Unidas.

Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes

737.El artículo 134 de la Ley de justicia penal de 1988 da cumplimiento a la obligación que el artículo 4 de la Convención contra la Tortura impone al Reino Unido, de tipificar la tortura como delito en su legislación interna. De conformidad con este artículo, la tortura constituye un delito, independientemente de donde se practique y de la nacionalidad del autor. El primer proceso incoado al amparo del artículo 134 de la Ley de justicia penal, en el que se da efecto en el Reino Unido al artículo 7 de la Convención, llegó a su término en julio de 2005 con la declaración de culpabilidad del antiguo caudillo afgano Faryadi Zardad.

D.Marco jurídico de protección de los derechos humanos en el plano nacional

Convenio Europeo de Derechos Humanos y Ley de derechos humanos

738.El Reino Unido no tiene una constitución escrita como parte de su derecho nacional. Las personas del Reino Unido gozan desde hace mucho tiempo de una sólida tradición de libertades individuales, pero no siempre ha sido fácil precisar su contenido ni lo que se debía hacer cuando las libertades que no figuraban por escrito contradecían otras leyes.

739.El Convenio Europeo de Derechos Humanos, ratificado por el Reino Unido en 1951, consagra los derechos civiles y políticos fundamentales. Aunque el Reino Unido estaba obligado a cumplir sus obligaciones con arreglo al Convenio en virtud del derecho internacional a partir de su ratificación, el Convenio no se había incorporado directamente a la legislación del Reino Unido y los derechos reconocidos en el Convenio no eran aplicables directamente ante los tribunales. El Gobierno del Reino Unido promulgó la Ley de derechos humanos de 1998 para ampliar el alcance los derechos previstos en el Convenio. Esa ley entró en vigor el 2 de octubre de 2000.

740.La Ley de derechos humanos de 1998 permite a las víctimas de una vulneración de los derechos previstos en el Convenio Europeo de Derechos Humanos presentar una queja directamente ante un tribunal del Reino Unido y recibir una reparación, incluida una indemnización por daños y perjuicios si se determina que se ha cometido una infracción. Garantiza que los derechos reconocidos en el Convenio y los fallos del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que los sustentan sean tenidos plenamente en cuenta por los tribunales del Reino Unido. También garantiza que, al examinar la legislación propuesta, el Parlamento reflexione cuidadosamente sobre las dificultades de mantener el equilibrio entre los derechos individuales y las necesidades de la comunidad en general. El principio fundamental de la ley es que, siempre que sea posible, la legislación debe ser compatible con los derechos previstos en el Convenio. Además, la ley proporciona una detallada declaración jurídica de los derechos y las libertades fundamentales.

741.La Ley de derechos humanos de 1998 exige que los tribunales del Reino Unido respeten las leyes promulgadas por el Parlamento. No obstante, permite que un tribunal superior declare que una ley no puede interpretarse en un sentido compatible con los derechos reconocidos en el Convenio. Posteriormente, el Parlamento puede decidir si enmendará la ley y de qué manera. De este modo, la ley establece un equilibrio entre los derechos y las responsabilidades de los ámbitos legislativo y judicial de nuestra Constitución, de forma que la última palabra la tenga el proceso democrático.

742.La Ley de derechos humanos de 1998 representa un cambio importante en el funcionamiento del sistema político y jurídico del Reino Unido. Antes de su promulgación, el Reino Unido no había establecido explícitamente que las autoridades públicas y los tribunales del Reino Unido debían respetar los derechos previstos en el Convenio Europeo de Derechos Humanos, y los tribunales solo recurrían a ese instrumento en casos excepcionales, por ejemplo, si la legislación del Reino Unido no era clara.

743.Con arreglo a la Ley de derechos humanos de 1998, todas las autoridades públicas fundamentales (como el gobierno central, los gobiernos locales, el ejército y la policía, entre otros) deben garantizar que todos sus actos sean compatibles con los derechos reconocidos en el Convenio, excepto que una ley del Parlamento lo impida.

744.La Ley de derechos humanos de 1998 actúa en tres sentidos principales. En primer lugar, requiere que, en la medida de lo posible, las leyes se interpreten y se apliquen de manera compatible con los derechos del Convenio. Si ello no es posible, un tribunal puede revocar o derogar legislación subordinada (reglamentos u órdenes) o, si se trata de un tribunal superior, formular una declaración de incompatibilidad en relación con la legislación primaria. Esto permite que el ministro competente dicte una orden correctiva de enmendar la legislación para armonizarla con los derechos del Convenio.

745.Hasta la fecha, siempre que los tribunales han declarado alguna ley incompatible con los derechos del Convenio (y que esa declaración no ha sido revocada en apelación), el Gobierno ha remitido o se ha propuesto remitir la incompatibilidad al Parlamento para que este adopte las modificaciones oportunas.

746.En segundo lugar, de conformidad con la Ley de derechos humanos de 1998 se considera ilícito que una autoridad pública actúe de manera incompatible con los derechos previstos en el Convenio, y se pueden emprender acciones legales contra ella ante un juzgado o un tribunal del Reino Unido. No obstante, una autoridad pública no habrá actuado ilícitamente en virtud de la ley si, como resultado de una disposición de legislación primaria (como otra ley del Parlamento), no podría haber actuado de manera diferente.

747.Los tribunales realizarán un "análisis detallado" para determinar si la injerencia en el derecho de que se trata fue realmente necesaria para alcanzar uno o más de los objetivos declarados reconocidos en el Convenio. Si no lo fue, los tribunales llegarán a la conclusión de que la autoridad pública ha actuado ilícitamente. No obstante, los tribunales no sustituirán automáticamente la opinión de la instancia que tomó la decisión por su propia opinión, por lo que su función seguirá siendo la de "examinar" y no la de volver a determinar exhaustivamente la decisión inicial. Se trata solamente de que el carácter del examen es en este caso más detallado.

748.En tercer lugar, los juzgados y tribunales del Reino Unido deben tener en cuenta los derechos previstos en el Convenio en todos los casos que se les presenten. Ello significa, por ejemplo, que están obligados a desarrollar el common law de manera compatible con los derechos del Convenio. También deben tener en cuenta la jurisprudencia de Estrasburgo. Por ejemplo, se ha recurrido a la Ley de derechos humanos de 1998 para fallar en casos de intereses contrapuestos entre la privacidad y la libertad de expresión.

749.La Ley de derechos humanos de 1998 impone también una obligación a los ministros del Gobierno cuando se promulgan nuevas leyes. Según la ley, el ministro encargado de cualquier ley primaria debe formular una declaración ante el Parlamento sobre la compatibilidad de las disposiciones del proyecto de ley con los derechos del Convenio. Esto asegura que el Gobierno examine los efectos de la legislación en los derechos humanos antes de que se debata el proyecto de ley en el Parlamento, y ayuda a la labor de análisis del Parlamento.

750.Además, en las notas explicativas que acompañen al proyecto de ley, el Gobierno debe hacer referencia a las principales cuestiones de derechos humanos que dimanen del proyecto. Durante su tramitación en el Parlamento, la mayoría de los proyectos de ley son examinados por el Comité Mixto sobre los Derechos Humanos, que puede formular propuestas para mejorar la compatibilidad del proyecto de ley con el Convenio o con otros instrumentos de derechos humanos.

751.Desde 2000, solo se ha presentado ante el Parlamento una declaración en el sentido de que no se podía garantizar la compatibilidad de un proyecto de ley con los derechos del Convenio. Se trata del proyecto que se convirtió en la Ley de comunicaciones de 2003, que trataba de las restricciones a la financiación de la publicidad política. Esta actuación fue apoyada en su momento por el Comité Mixto sobre los Derechos Humanos y refrendada por el Parlamento, que aprobó la ley. El Tribunal Superior de Justicia y la Cámara de los Lores determinaron ulteriormente que la ley era compatible con los derechos del Convenio. El asunto se someterá más adelante a la consideración del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

752.En el artículo 1, párrafo 2, de la Ley de derechos humanos de 1998 se dispone que los derechos previstos en el Convenio tendrán efecto en la legislación interna con sujeción a toda derogación o reserva prevista. Con arreglo al artículo 15 del Convenio, el Reino Unido tiene derecho a tomar medidas que deroguen las obligaciones previstas en el Convenio en circunstancias excepcionales y establecidas. El artículo 14 de la Ley de derechos humanos mantiene este derecho de derogación en la legislación interna para garantizar la coherencia con las derogaciones del Reino Unido en virtud del derecho internacional. De forma análoga, en virtud del artículo 57 del Convenio, en determinadas circunstancias el Reino Unido tiene derecho a formular reservas a propósito de una disposición particular del Convenio. El artículo 15 de la ley garantiza que esas reservas se apliquen a la legislación interna a fin de asegurar la coherencia con las reservas formuladas por el Reino Unido en virtud del derecho internacional. Hasta la fecha, el Reino Unido ha formulado una reserva al Convenio, en relación con el artículo 2 del primer protocolo. En el artículo 15 se mantiene expresamente esta reserva y se confiere al Secretario de Estado la facultad de formular nuevas reservas al Convenio en nombre del Reino Unido en el futuro.

753.La Ley de derechos humanos se aplica a las administraciones y asambleas legislativas autónomas en tanto que autoridades públicas, pero que también están sujetas a requisitos jurídicos complementarios a fin de dar cumplimiento al Convenio Europeo de Derechos Humanos. La Ley de Escocia de 1998, mediante la que se estableció el Parlamento y el Gobierno de Escocia, exige que los Ministros Escoceses actúen de conformidad con los derechos del Convenio y estipula que cualquier acto de estos incompatible con el Convenio significaría que se extralimitan en el ejercicio de sus funciones. También dispone que cualquier ley promulgada por el Parlamento de Escocia que fuera incompatible con el Convenio quedaría al margen de la competencia legislativa del Parlamento y, por consiguiente, carecería de validez. Esto permite a los tribunales internos no aplicar cualquier ley de Escocia que sea incompatible con el Convenio Europeo de Derechos Humanos. Por otra parte, la Ley de Irlanda del Norte, mediante la que se estableció la Asamblea de Irlanda del Norte, también exige que los ministros de Irlanda del Norte actúen de conformidad con los derechos del Convenio Europeo de Derechos Humanos y estipula que toda ley que sea incompatible con los derechos del Convenio excedería su competencia. De conformidad con la Ley del Gobierno de Gales de 1998 se aplica una disposición similar a la Asamblea de Gales.

754.Mediante el Acuerdo de Belfast de 1998, se encomendó a la Comisión de Derechos Humanos de Irlanda del Norte la labor de asesorar al Secretario de Estado para Irlanda del Norte sobre "la posibilidad de definir, en la legislación de Westminster, derechos complementarios a los del Convenio Europeo de Derechos Humanos, que reflejen las circunstancias particulares de Irlanda del Norte". Tras el Acuerdo de St. Andrews de octubre de 2006, se estableció un foro sobre una declaración de derechos, con la finalidad de prestar asistencia en este proceso. El 31 de marzo de 2008 el Foro presentó recomendaciones a la Comisión de Derechos Humanos de Irlanda del Norte que, tras examinar el informe del Foro, presentó sus conclusiones al Gobierno el 10 de diciembre de 2008. El 30 de noviembre de 2009, el Gobierno de entonces inició una consulta sobre "Una Carta de Derechos para Irlanda del Norte: las próximas etapas", que finalizó el 31 de marzo de 2010. Esto puso de manifiesto las profundas divisiones y la falta de acuerdo sobre el camino a seguir. El actual Gobierno tiene la firme voluntad de colaborar con el poder ejecutivo, los partidos políticos y otras partes interesadas de Irlanda del Norte para hallar la mejor manera de alcanzar el consenso necesario para resolver este problema definitivamente.

755.Traslas elecciones generales celebradas enmayo de 2010,el Gobierno se comprometió a estableceruna comisión paraanalizar la formulación deuna Carta de Derechos del Reino Unido, que incorporey se base entodas nuestrasobligaciones en virtud delConvenio Europeo de DerechosHumanos,asegureque esos derechossigan consagrados enel derecho del Reino Unido,y protejay amplíelas libertadesen el Reino Unido.Se desplegarán esfuerzos para promoveruna mejor comprensióndel verdadero alcancede estas obligaciones ylibertades.

756.ElMinisteriode Justicia del Reino Unido tiene la responsabilidadpolítica con respecto ala Comisión propuesta.Las decisiones sobreel momento preciso, el alcance y la composición dela Comisiónse adoptaránoportunamente.

Medida sobre los derechos de los niños y jóvenes (Gales) de 2011

757.La medida sobre los derechos de losniños ylos jóvenesrecibió la sanciónreal enmarzo de 2011.Mediante esta medida se impone laobligacióna los ministrosy al Primer Ministro de Gales de tenerdebidamente en cuenta losderechos y las obligacionesde laConvención sobre los Derechosdel Niño de las Naciones Unidasy sus ProtocolosFacultativosal tomar decisionespolíticasde carácterestratégico.

758.La medidarequerirá que losministrosde Galespreparenun programa con respecto a los niños yelaboren informessobre el cumplimiento dela obligación detener debidamente en cuentala Convención sobre los Derechos del Niñoy sus protocolos facultativos, y que promuevan la comprensión dela Convencióny de los cambios en la legislaciónparahacer más efectiva la Convención y sus protocolos facultativos.

759.La medidatiene como objetivointegrarlos principios de laConvención sobre losDerechos del Niño de las Naciones Unidas en la legislaciónde Gales enfavor de los niños.

Proyecto de ley sobre las libertades

760.El Gobierno tambiénse comprometió apresentarun proyecto de leysobre las libertades.Se prevé que ese proyecto de leyincluyadisposicionespara introducirsalvaguardascontrala arbitrariedad en la aplicación dela legislación antiterrorista, regular mejor la utilización de loscircuitos cerrados de televisióny adoptarnuevas medidas de proteccióncon respecto a la base de datosnacional de ADN. Se prevé que el proyecto de leyse presente en el Parlamentoen 2011.

Asistencia jurídica, indemnización y rehabilitación

Asistencia jurídica

761.En las tres jurisdicciones del Reino Unido hay un sistema amplio en virtud del cual toda persona que requiere asesoramiento jurídico o representación letrada en los tribunales puede recibir asistencia financiera con cargo a los fondos públicos. Este plan se conoce como "Asistencia Jurídica" y su propósito es, fundamentalmente, el ejercicio de los derechos jurídicos de las personas. Está destinado a las personas con bajos ingresos y puede abarcar el costo total o bien el interesado sufraga una parte del mismo. Si se otorga esa asistencia, la causa sigue su curso ordinario, con la salvedad de que el cliente no abona directamente suma alguna al letrado, sino que todos los pagos se hacen por medio del Fondo para la asistencia jurídica. La responsabilidad ministerial de la asistencia jurídica en Inglaterra y Gales corresponde al Lord Canciller y, en Escocia, a los Ministros Escoceses.

762.En Inglaterra y Gales, la Comisión de Servicios Jurídicos administra la asistencia jurídica, que corresponde a dos dependencias separadas, el Servicio Jurídico Comunitario (para los casos civiles) y el Servicio de Defensa Penal.

763.El Servicio Jurídico Comunitario consiste en una red de organizaciones contratadas que presta servicios jurídicos en asuntos civiles. Las normas relativas a la prestación de asistencia jurídica civil se establecen sobre todo en la Ley de acceso a la justicia de 1999, y en el Código de Financiación, establecido en el marco de esa ley. La asistencia económica está sujeta al alcance del plan y a la comprobación tanto de los medios de vida del interesado como de sus razones. Además de la asistencia letrada presencial, la Comisión de Servicios Jurídicos dispone de un servicio telefónico gratuito que ofrece asesoramiento jurídico confidencial e independiente.

764.El Servicio de Defensa Penal presta asistencia jurídica a las personas que son objeto de investigación o que hacen frente a cargos penales. El tribunal que tramita la causa determinará las condiciones exigidas para recibir asistencia letrada en cuestiones penales. En el juzgado, un acusado solo podrá recibir asistencia letrada si se han comprobado los medios de vida y la asistencia redunda en "interés de la justicia". En el Tribunal de la Corona se considera que los acusados en espera de juicio satisfacen automáticamente el "interés de la justicia". Aunque todos los acusados reúnen las condiciones para obtener asistencia letrada, se comprueban sus medios de vida y se les puede requerir que contribuyan a los costos de su causa mediante sus ingresos o su capital. A los acusados que hayan contribuido y que posteriormente sean absueltos, se les devuelve la contribución con intereses.

765.En Escocia, la Junta de Asistencia Jurídica se encarga de gestionar este tipo de asistencia. Esto incluye la prestación de asesoramiento y asistencia jurídicos y la determinación de los beneficiarios de la asistencia económica. Al igual que en Inglaterra y Gales, la aplicación del plan corresponde a dos dependencias separadas: Asistencia Jurídica Civil y Asistencia Jurídica Penal. Para poder recibir asistencia jurídica civil la persona debe reunir determinadas condiciones económicas, tener un fundamento jurídico para el caso y no contar con otro tipo de asistencia económica. Para recibir asistencia jurídica penal la persona debe demostrar que sus ingresos y su capital están dentro de los límites económicos establecidos por el Parlamento.

766.En Irlanda del Norte, la Comisión de Servicios Jurídicos de Irlanda del Norte se encarga de la asistencia jurídica que, tanto en los asuntos civiles como penales, está sujeta a la comprobación de los medios de vida y las razones del interesado.

767.Si una persona considera que se han vulnerado los derechos que la asisten en virtud del Convenio Europeo de Derechos Humanos y pretende presentar su caso ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, dispone de varios programas de asistencia y asesoramiento letrados. En el marco del programa de ayuda jurídica, un particular puede recibir la asistencia de un abogado experimentado o de un asesor jurídico en las primeras etapas de su solicitud. Si el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo admite la solicitud, el particular puede recibir asistencia económica directamente de Estrasburgo. Para que la persona pueda recibir esa asistencia es necesario que reúna las condiciones para recibir asistencia jurídica a nivel nacional.

768.En algunas zonas urbanas hay centros jurídicos que proporcionan asesoramiento jurídico y representación letrada de forma gratuita en función de la evaluación de los medios económicos. Estos centros, cuya financiación proviene de distintas fuentes, a menudo de las autoridades locales, suelen emplear a abogados remunerados a jornada completa, aunque muchos también cuentan con trabajadores de la comunidad. Gran parte de su labor se dedica a problemas relacionados con la vivienda, el empleo, la seguridad social y la inmigración. También se puede obtener asesoramiento gratuito en las Oficinas de Asesoramiento del Ciudadano, los centros de asesoramiento de los consumidores y sobre la vivienda, y en los centros de asesoramiento especializados de diversas organizaciones de voluntariado. El Centro jurídico para los refugiados y el Servicio de asesoramiento para los inmigrantes, que reciben financiación gubernamental, prestan asistencia y ayuda de forma gratuita a los solicitantes de asilo, y el Servicio de asesoramiento para los inmigrantes también aconseja y ayuda a las personas que tienen derecho a apelar en cuestiones de inmigración.

Situación de las víctimas de la delincuencia

769.Los tribunales pueden ordenar que una persona condenada por un delito abone a la víctima una indemnización por las lesiones, las pérdidas o los daños que haya sufrido debido a ese delito. En Inglaterra y Gales los tribunales tienen la obligación de examinar esta cuestión en todos los casos procedentes y de motivar toda decisión desestimatoria. La indemnización a las víctimas debe tener prioridad sobre la multa en el caso de que el tribunal considere la posibilidad de imponer ambas cosas, y el cobro de la suma adjudicada como indemnización tiene preferencia sobre el cobro de la multa.

770.Si el Ministerio Público de la Corona decide no incoar el proceso, en Inglaterra y Gales las víctimas pueden entablar una acción privada, pero en la práctica rara vez lo hacen. También pueden tratar de obtener daños y perjuicios ante los tribunales civiles. Ese procedimiento se ha simplificado para que las personas que carecen de conocimientos jurídicos puedan presentar reclamaciones por pérdidas o daños de menor importancia.

771.Todas las víctimas que sufran lesiones graves a causa de un delito violento en Inglaterra, Gales o Escocia, independientemente de su nacionalidad, pueden solicitar indemnización con cargo a los fondos públicos con arreglo al plan de indemnización por lesiones derivadas de delito. La indemnización se basa en una escala de cantidades, y los pagos a las víctimas que han sufrido lesiones más graves oscilan entre 1.000 y 500.000 libras.

772.En Irlanda del Norte, existen disposiciones separadas, ya que en algunas circunstancias la indemnización puede pagarse con cargo a fondos públicos si se trata de lesiones de origen delictivo o de daños causados intencionadamente a bienes, incluido el lucro cesante.

773.En el Reino Unido, hay tres organizaciones que apoyan a las víctimas de delitos en general y reciben financiación del Gobierno: Apoyo a las Víctimas (que abarca Inglaterra y Gales), Apoyo a las Víctimas Escocia y Apoyo a las Víctimas Irlanda del Norte.

774.En junio de 1996, el Gobierno publicó una nueva Carta de la Víctima que, en abril de 2006, pasó a tener carácter legal en virtud del Código de prácticas para las víctimas. Ahora las víctimas tienen el derecho legal de recibir un servicio de calidad de los organismos de justicia penal. En el Código se informa a las víctimas sobre la manera de presentar una reclamación si no obtienen un servicio de calidad. La introducción de la Carta de los Testigos permite ofrecer el mismo nivel de servicios a los testigos, aunque no tiene carácter legal. En Irlanda del Norte, se ha publicado un Código de prácticas para las víctimas, en el que se establece el nivel de servicios que se debe prestar a las víctimas en su relación con el sistema de justicia penal en Irlanda del Norte y el mecanismo para formular una reclamación. A todas las víctimas que denuncian un delito se les entrega un folleto sobre las "víctimas de delitos", que contiene asesoramiento práctico sobre lo que debe hacerse después de un delito. En ella se explican con sencillez los procedimientos policiales y judiciales, la manera de solicitar una indemnización y las demás ayudas disponibles.

Indemnización por una condena injusta

775.La Comisión de Revisión de Casos Penales investiga y examina las presuntas condenas injustas.

776.En virtud del artículo 133 de la Ley de justicia penal de 1988, toda persona cuya condena por un delito penal haya sido revocada por el Tribunal de Apelación, tras una apelación extemporánea o una remisión de la Comisión de Revisión de Casos Penales, tendrá derecho a solicitar del Secretario de Estado una indemnización. Si la persona interesada falleciese, su representante personal podrá presentar la solicitud correspondiente.

777.Para decidir si procede o no la indemnización en virtud de la Ley de 1988, el Secretario de Estado determinará si la decisión del Tribunal de Apelación de revocar la condena o conceder el indulto se ha debido a que se ha producido o descubierto un hecho que prueba más allá de toda duda razonable un error judicial. Para decidir si procede pagar o no una indemnización, el Secretario de Estado tendrá también en cuenta si el no haberse revelado el hecho desconocido es en todo o en parte imputable a la persona que solicita la indemnización.

778.Si el Secretario de Estado considera que la indemnización está justificada con arreglo a la Ley de justicia penal de 1988, su cuantía será determinada por un asesor independiente, de conformidad con esa ley.

Mecanismo nacional para la aplicación de los derechos humanos

Comité Mixto sobre los Derechos Humanos

779.Para facilitar el seguimiento de los progresos logrados en la promoción y protección de los derechos humanos en el Reino Unido, se ha establecido en el Parlamento un comité especializado, el Comité Mixto sobre los Derechos Humanos, con el propósito de analizar las cuestiones relacionadas con los derechos humanos y presentar sus conclusiones y recomendaciones al Parlamento.

780.El Comité está integrado por 12 miembros designados por todos los partidos, procedentes de las dos cámaras del Parlamento. El Comité examina todos los proyectos de ley del Gobierno y analiza con más detenimiento los que considera que tienen repercusiones significativas en los derechos humanos. Aunque no puede ocuparse de casos individuales, el Comité examina las medidas adoptadas por el Gobierno para ejecutar las sentencias de los tribunales del Reino Unido y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en los casos de vulneración de los derechos humanos. Como parte de su labor, el Comité analiza la forma en que el Gobierno ha recurrido a órdenes correctivas para enmendar la legislación cuando los tribunales concluyen que existía alguna incompatibilidad con los derechos del Convenio Europeo de Derechos Humanos.

Comisiones nacionales de derechos humanos

781.En el Reino Unido hay tres comisiones nacionales independientes de derechos humanos: la Comisión para la Igualdad y los Derechos Humanos, la Comisión de Derechos Humanos de Irlanda del Norte y la Comisión de Derechos Humanos de Escocia. Aunque todas ellas se financian con fondos públicos, son independientes del Gobierno.

782.La Comisión para la Igualdad y los Derechos Humanos se constituyó el 1º de octubre de 2007. Su mandato consiste en defender la igualdad y los derechos humanos para todos, eliminar la discriminación, reducir las desigualdades, proteger los derechos humanos y fomentar las buenas relaciones entre las comunidades, asegurando que todas las personas tengan las mismas oportunidades de participar en la sociedad. Su competencia abarca Inglaterra y Gales y Escocia. La Comisión engloba la labor de las tres comisiones de igualdad anteriores de Gran Bretaña (igualdad racial, igualdad de género y derechos de las personas con discapacidad) y asume también la responsabilidad de las nuevas leyes contra la discriminación en otras esferas (edad, orientación sexual y religión o creencias), así como en materia de derechos humanos. Puede exigir la aplicación de las leyes de igualdad y tiene el mandato de impulsar el cumplimiento de la Ley de derechos humanos.

783.La Comisión de Derechos Humanos de Irlanda del Norte es un organismo independiente que se constituyó legalmente en 1999. Su función es promover la sensibilización acerca de la importancia de los derechos humanos en Irlanda del Norte, examinar las leyes y prácticas vigentes y asesorar al Gobierno sobre las medidas necesarias para proteger los derechos humanos en Irlanda del Norte. Tiene la capacidad de realizar investigaciones, asistir a las personas que han iniciado actuaciones judiciales y, en su caso, iniciar esas actuaciones.

784.La Comisión de Derechos Humanos de Escocia se creó con arreglo a la Ley sobre la Comisión de Derechos Humanos de Escocia de 2006 y se constituyó en 2008. El objetivo principal de la Comisión es promover los derechos humanos y alentar las mejores prácticas en relación con los derechos humanos (su mandato no abarca la legislación en materia de igualdad, ya que no es de la competencia del Parlamento de Escocia). Además, puede examinar la legislación de Escocia y recomendar la introducción de cambios en la legislación y en las políticas y prácticas de las autoridades públicas de Escocia. Está facultada legalmente para obtener información y visitar los centros de detención, y puede intervenir en las actuaciones judiciales sobre derechos humanos.

Comisionado para la Infancia

785.El Reino Unido haestablecido unComisionadopara la Infancia independiente encada una de lasjurisdiccionesdel Reino Unido.El mandato delComisionado para la Infanciade Gales,elComisionado para la Infanciay la Juventudde Irlanda del Norte y el Comisionadopara la Infanciay la Juventud de Escociaconsiste en protegery promoverlos derechos del niño.

786.Esto es diferentea la funciónactual delComisionado para la Infanciade Inglaterra,cuya funciónes promover el conocimientodelas opiniones e interesesde los niños enInglaterra.Sin embargo, trasla realización de un examen independiente delComisionado para la Infanciade Inglaterra,el Gobierno ha aceptado, en principio, todas sus recomendaciones.Además de otorgar más independencia alComisionado para la Infancia, se modificará su mandato para que también se centre en lapromoción y protección delos derechos delniño, de conformidadconla Convención sobre los Derechos del Niño de las Naciones Unidas.

Protección de datos y libertad de información

787.La Ley de libertad de información de 2000, que entró en vigor en enero de 2005, concede a todas las personas el derecho de acceso a la información en poder de las autoridades públicas. La ley se aplica a la información registrada por las autoridades públicas de Inglaterra, Irlanda del Norte y Gales. Escocia tiene su propia ley equivalente: la Ley de libertad de información (Escocia) de 2002.

788.Los organismos del sector público que no dependen del Gobierno central reciben no menos de 87.000 peticiones al año basadas en la Ley de libertad de información. En 2009 el Gobierno central recibió más de 40.000 peticiones basadas en la Ley de libertad de información y el Reglamento sobre información ambiental. Ese año el 58% de las peticiones dirigidas al Gobierno central se resolvieron en su totalidad; en otro 23% de los casos no se divulgó la información. Si el solicitante no está satisfecho con la decisión de la autoridad pública sobre el acceso a la información, puede pedir a la autoridad que proceda a un examen interno. Si sigue estando insatisfecho, puede quejarse ante el Comisionado de información independiente y, ulteriormente, ante el Tribunal de información.

789.El Gobierno tiene la obligación de garantizar que la información se comparta de manera segura y controlada, estableciendo controles legales y de procesamiento que aseguren que la información no se comparta de manera inadecuada o desproporcionada.

790.El procesamiento de datos personales se rige por la Ley de protección de datos de 1998, que entró en vigor en marzo de 2000 (sustituyendo a la Ley de protección de datos de 1984). Con arreglo a esta ley, las organizaciones y los particulares deben cumplir los principios de protección de datos. Estos principios incluyen la garantía de que el procesamiento de datos sea justo y lícito, que los datos se procesen únicamente con fines legítimos y específicos, y que los datos sean correctos.

791.El Comisionado de información es una autoridad de supervisión independiente encargada de la aplicación de la legislación relativa a la libertad de información y la protección de datos. La Oficina del Comisionado de información también promueve las buenas prácticas sobre el acceso a la información oficial y la protección de la información personal mediante la reglamentación de la admisibilidad de las quejas, el suministro de información y orientación a particulares y organizaciones, y la adopción de medidas adecuadas cuando se infringe la ley.

Quejas contra el poder ejecutivo

792.Los particulares que consideren que han sido tratados injustamente como resultado de un acto administrativo inapropiado pueden presentar sus quejas a la Oficina del Comisionado parlamentario para la administración, denominado con frecuencia el "Ombudsman", establecida en virtud de la Ley del comisionado parlamentario de 1967.

793.El Comisionado parlamentario para la administración puede investigar las medidas adoptadas "en el ejercicio de funciones administrativas" por los departamentos del Gobierno central, directamente o en su nombre. Las quejas se deben dirigir inicialmente a un miembro del Parlamento quien decidirá si las remite al Comisionado parlamentario. El Comisionado parlamentario para la administración es independiente del Gobierno y presenta sus informes a un comité de la Cámara de los Comunes. Sus informes se hacen públicos.

794.También se ha establecido el Ombudsman para los gobiernos locales, el Ombudsman del Servicio Nacional de Salud y el Ombudsman de asesoramiento jurídico.

795.En Escocia, Gales e Irlanda del Norte hay Ombudsman independientes. Según la Ley del Ombudsman para los servicios públicos de Escocia de 2002, el Gobierno de Escocia tiene la obligación legal de colaborar en las investigaciones del Ombudsman y facilitarle los informes para su estudio. Mediante la Ley del Ombudsman para los servicios públicos (Gales) de 2005 se estableció el Ombudsman para los servicios públicos de Gales, con el mandato de efectuar investigaciones independientes e imparciales de las presuntas prácticas irregulares en la administración de los servicios públicos de Gales. En la Ley del Ombudsman (Irlanda del Norte) de 1969 (sustituida por el Decreto del Ombudsman (Irlanda del Norte) de 1996) se prevé el establecimiento de un Ombudsman para supervisar la labor de los departamentos del Gobierno de Irlanda del Norte. En la Ley del Comisionado de quejas (Irlanda del Norte) de 1969 (sustituida por el Decreto del Comisionado de quejas (Irlanda del Norte) de 1996) se estipula una supervisión similar del sector público de Irlanda del Norte en general.

Quejas contra la policía

796.En Inglaterra y Gales, las quejas contra la policía son tramitadas por la Comisión Independiente de Quejas contra la Policía, que comenzó a funcionar el 1º de abril de 2004 en sustitución del anterior Órgano de Quejas contra la Policía.

797.La Comisión Independiente tiene la responsabilidad de asegurar que se dispone de mecanismos suficientes para tramitar las quejas o denuncias de conducta indebida de cualquier agente de policía o miembro del personal policial. También puede llevar a cabo investigaciones independientes de las denuncias de casos más graves. La Comisión Independiente se estableció para aumentar la confianza en el sistema de denuncias y promover el respeto de los derechos humanos de las personas, garantizando una investigación independiente de las quejas.

798.En 2008-2009, la Comisión Independiente recibió 31.259 quejas (que representa un aumento del 8% con respecto a 2007-2008). En ellas se formularon 53.534 alegaciones, de las que 18.137 (el 36%) fueron investigadas (por la policía y por la Comisión Independiente conjuntamente). Del total de investigaciones completadas, 1.810 (el 10%) fueron consideradas fundadas.

799.En Escocia, las quejas contra la policía se tramitan en primera instancia por el cuerpo policial afectado. Si el denunciante no queda satisfecho con la forma en que se ha tratado la queja, puede remitir el caso al Comisionado de quejas contra la policía de Escocia, cargo que fue creado mediante la Ley de justicia penal, orden público y policía (Escocia) de 2006. En 2007-2008 el Comisionado recibió 325 quejas y, en 2008-2009, 375.

800.La Ley de policía (Irlanda del Norte) de 1998 estableció el Ombudsman de la policía de Irlanda del Norte, órgano independiente encargado de investigar las quejas contra la policía. El Ombudsman controla de manera independiente todo el proceso de quejas contra la policía, que se deben presentar en su oficina. Si el Ombudsman considera que se ha cometido un delito, transmite el resultado de sus investigaciones, con las consiguientes recomendaciones, al Director del Ministerio Público, para su examen. Si se considera que se ha cometido una falta disciplinaria, se traslada el asunto y las recomendaciones correspondientes al Director de la Policía o a la Junta de fiscalización de la policía, según el rango del funcionario. En los nueve años transcurridos desde el establecimiento de la oficina, se han tramitado 30.242 quejas (hasta el 31 de marzo de 2010).

E.Marco para la promoción de los derechos humanos a nivel nacional

Función del Parlamento nacional y de las instituciones de derechos humanos

801.A nivel nacional, las comisiones de derechos humanos desempeñan un papel fundamental en la promoción y protección de los derechos humanos en todo el Reino Unido, ya que es una de sus responsabilidades fundamentales. La labor del Comité Mixto sobre los Derechos Humanos también es fundamental. Al examinar la labor del Gobierno y, en consecuencia, asegurar la rendición de cuentas del poder ejecutivo, constituye un sistema de pesos y contrapesos eficaz. Además, el Comité Mixto sobre los Derechos Humanos también asegura una progresión positiva en la promoción de los derechos humanos en general.

Formación y educación judicial, legal y oficial en materia de derechos humanos

802.La promulgación de la Ley de derechos humanos de 1998 impuso la necesidad de articular ambiciosos programas de formación destinados al personal del sistema judicial. Aunque la ley fue aprobada por el Parlamento en 1998, no entró en vigor hasta octubre de 2000, a fin de dar tiempo a la formación de los profesionales del derecho.

803.Entre enero y octubre de 2000 la Junta de Estudios Judiciales coordinó la formación de todos los jueces con respecto a la Ley de derechos humanos. La formación se impartió en seminarios que consistieron en conferencias de presentación, estudios de casos y sesiones plenarias. Entre los profesores figuraron Sir Nicholas Bratza, juez del Reino Unido en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, y el juez Luzius Wildhaber, antiguo Presidente de ese Tribunal.

804.A partir de septiembre de 1999, se impartieron cursos similares a los asesores jurídicos de los magistrados, los secretarios judiciales, y una jornada de repaso a principios del último trimestre de 2000, inmediatamente antes de la entrada en vigor de la ley. Posteriormente se organizó la formación de los magistrados, impartida por los asesores jurídicos.

805.El Colegio de Abogados de Gran Bretaña proporcionó formación oficial en derechos humanos a unos 6.000 abogados. El Ministerio Público de la Corona organizó tres días de formación para todos los fiscales y publicó un manual de orientación para todo su personal, que contenía una lista de todos los casos europeos de interés, con actualizaciones quincenales de la jurisprudencia.

806.La enseñanza de los derechos humanos se incluyó en el programa del doctorado en derecho de todas las universidades del Reino Unido y figura también en todos los cursos de formación profesional de los abogados.

807.No obstante, en el examen de 2006 de la aplicación de la Ley de derechos humanos, el Gobierno reconoció que existía una comprensión insuficiente de la ley entre los funcionarios del sector público en general, y recomendó la ejecución de un programa urgente de formación y sensibilización, con el propósito de asegurar que la Ley de derechos humanos se comprendiera y aplicara correctamente. Como resultado de ello, el Ministerio de Justicia ha distribuido más de 118.000 ejemplares del manual titulado Human Rights: Human Lives (Derechos humanos: Vidas humanas) a otros departamentos gubernamentales, sus órganos subsidiarios y otras organizaciones del sector público. El manual tiene por objeto mejorar la comprensión y aplicación de la política interna de derechos humanos en particular (aunque no exclusivamente) entre las autoridades públicas. Hay dos publicaciones destinadas al público en general: Human Rights Act – an Introduction (La Ley de derechos humanos: Introducción) y la tercera edición de la Guide to the Human Rights Act 1998 (Guía de la Ley de derechos humanos 1998), que tuvo gran aceptación. Ambas publicaciones están disponibles en línea y en formato impreso, que se entrega previa solicitud.

808.Algunos funcionarios superiores designados en los departamentosgubernamentales handirigido la incorporación delos derechoshumanos en susdepartamentosy organismossubsidiarios pormedio de unared de funcionarios superiores defensores de los derechos humanos.Esta redsigue reuniéndosecada tresmeses ypermite quelos departamentos compartan experiencias,informacióny buenas prácticas.Mediante el intercambiode buenas prácticas, el Ministerio de Justiciadirigela formación deotros departamentos gubernamentalesy lleva a cabootras iniciativas paraasegurar que se aplica elmarco de derechos humanos,tanto en sudepartamento como enlos organismossubsidiarios.

809.En marzo de 2007, el Departamento de Salud Pública presentó el proyecto Human Rights in Healthcare – A Framework for Local Action (Los derechos humanos y la atención de salud: un marco para la acción local). Los objetivos del proyecto eran los siguientes: ofrecer una serie de instrumentos de derechos humanos que puedan ser utilizados por los consorcios del Servicio Nacional de Salud; organizar una serie de actividades de sensibilización en materia de derechos humanos; realizar un estudio de viabilidad sólido para el desarrollo de enfoques basados en los derechos humanos; e identificar los principales factores que permiten obtener buenos resultados. En enero de 2009, el Departamento de Salud publicó la primera Constitución del Servicio Nacional de Salud de Inglaterra, en la que se establecen las normas, los valores y los principios que guían al Servicio Nacional de Salud. Esto incluye, como primer principio, que el Servicio Nacional de Salud ofrece un servicio integral, abierto a todos, y que "tiene un deber con todas y cada una de las personas a las que presta servicio y debe respetar sus derechos humanos". Esto se fundamenta en el Manual de la Constitución del Servicio Nacional de Salud, en el que se explica lo que la legislación sobre derechos humanos significa para la práctica del Servicio Nacional de Salud.

810.En 2009 se publicó una guíade derechos humanosdestinada a los organismos reguladores, de inspeccióny dedefensoría. En la guía se hace hincapié en el hecho de quemediante el uso deun marco de derechoshumanos en la formulación, interpretacióny aplicación de las prácticas de reglamentacióne inspección, los organismos que se ocupan de esas esferaspueden conseguiruna mayor coherenciayayudar proteger los derechoshumanos en todoslos niveles desu organización.Estas organizaciones tienenun papelimportante que desempeñaren la promoción delos derechos humanosen los servicios públicos, no solo asegurandoque las autoridades públicastengan en cuentalos derechoshumanos, sinotambién por medio de la orientación, la difusión de buenas prácticasy la participación delos usuarios del servicioen las normasde supervisión.

811.En marzo de 2008, el Gobierno presentó un programa de enseñanza electrónica para capacitar a los funcionarios públicos en derechos humanos, que tiene por objeto sensibilizar y mejorar los conocimientos acerca de los derechos humanos y promover una "cultura de derechos humanos" en el sector público. El programa consta de varios estudios de casos, cuya lectura proporciona una mayor comprensión de la aplicación de los derechos humanos en el trabajo. Está disponible para todas las autoridades públicas (y el público en general) en la Escuela Virtual de la National School of Government y es ampliamente difundido por el Ministerio de Justicia y la National School of Government.

Educación en derechos humanos en la sociedad en general

812.En julio de 2008, el Gobierno publicó un nuevo recurso didáctico para los maestros de la Etapa Básica 3 (niños de entre 11 y 14 años) en Inglaterra, denominado Right Here, Right Now: Teaching Citizenship through Human Rights (Aquí mismo, ahora mismo: Educación cívica mediante los derechos humanos). Forma parte del proyecto Los derechos humanos en la escuela, que se lleva a cabo mediante una asociación entre el Ministerio de Justicia y el Instituto Británico de Derechos Humanos, con la participación del Departamento para la Infancia, la Escuela y la Familia, Amnistía Internacional y otros organismos gubernamentales y ONG. Mediante 12 unidades didácticas, tiene por objeto relacionar los conceptos de derechos humanos universales con la vida cotidiana, centrándose en el significado práctico de los derechos humanos. Su objetivo es integrar los derechos humanos en la vida del aula, sentar las bases de nuevos análisis y debates, y garantizar que todos en la escuela comprendan sus derechos y los de las personas que los rodean. Se puede descargar gratuitamente.

813.El Gobiernoha puesto en marchaun programa de trabajopara sensibilizar acercade los derechoshumanos en elsectorprivadodel Reino Unido y alentar a las organizacionesdel sector privado aadoptar en suactividadunenfoquebasado en los derechoshumanos.El programa haincluidoun estudio preliminar de evaluación paraconocer la manera en la quelas empresas del Reino Unidoabordanlos derechos humanos,y la creación deun portal de informaciónen línea,que incluye una guía sobrelos derechos humanospara las empresasy un esquemade las funciones yresponsabilidades de las organizacionesen la esfera comercial y dederechoshumanos.

Divulgación de los instrumentos de derechos humanos a nivel nacional

814.Los instrumentos internacionales de derechos humanos se divulgan en el Reino Unido mediante distintos mecanismos. La Imprenta Oficial del Estado (en nombre del Gobierno) publica los instrumentos de las Naciones Unidas firmados por el Reino Unido, los presenta al Parlamento, los distribuye a las bibliotecas y los pone a disposición para su comercialización. El Gobierno prepara y presenta al Parlamento, a los organismos interesados y al público en general los informes sobre el cumplimiento de las obligaciones internacionales en virtud de los instrumentos de derechos humanos de las Naciones Unidas. Además, el departamento gubernamental responsable de la supervisión de la aplicación (y el cumplimiento) de los instrumentos de derechos humanos de las Naciones Unidas también es responsable de su difusión. El mismo principio se aplica en el caso de la legislación interna de derechos humanos, ya que el departamento responsable también se encarga de divulgar el contenido de las propuestas.

815.Como resultado de su mandato específico en la esfera de los derechos humanos a nivel nacional e internacional, tanto el Ministerio de Justicia como el Ministerio de Relaciones Exteriores y Asuntos del Commonwealth tienen páginas especiales sobre los derechos humanos en sus sitios web:

Ministerio de Justicia: (derechos humanos) http://www.justice.gov.uk/about/human-rights.htm;

Ministerio de Relaciones Exteriores y Asuntos del Commonwealth: (estrategia gubernamental de derechos humanos a escala internacional) http://www.fco.gov.uk/en/global-issues/human-rights/.

Asociación con organizaciones internacionales y de la sociedad civil

Organizaciones no gubernamentales

816.Las organizaciones de la sociedad civil desempeñan un papel fundamental en la protección, la promoción y el avance de los derechos humanos en el Reino Unido. El Gobierno estima que es beneficioso trabajar en estrecha colaboración con estas organizaciones en la formulación de la política nacional de derechos humanos y cuestiones afines, consultándolas antes de la celebración de las reuniones intergubernamentales. Las organizaciones de la sociedad civil también desempeñan un papel importante en la capacitación de los funcionarios públicos en materia de derechos humanos y en la sensibilización del público en general sobre cuestiones fundamentales de derechos humanos.

Compromisos

817.El Reino Unido está firmemente comprometido con la labor de las Naciones Unidas para promover el respeto de los derechos humanos en todo el mundo. En consecuencia, colabora con el Consejo de Derechos Humanos a fin de reforzar los derechos humanos en el seno de las Naciones Unidas; mantiene su apoyo a los órganos de las Naciones Unidas; despliega esfuerzos para el avance de los derechos humanos a nivel internacional; y asegura el máximo nivel de respeto de los derechos humanos en el plano interno.

Iniciativas internacionales

818.Además de defender los derechos humanos en el plano nacional, el Reino Unido está comprometido en su promoción y protección a nivel internacional. El Gobierno de Su Majestad trabaja en el ámbito de los derechos humanos en todo el mundo por medio de contactos bilaterales, la pertenencia a organizaciones internacionales, la asistencia y ayuda para el desarrollo y la colaboración con la sociedad civil.

819.En el ámbito de las Naciones Unidas, el Reino Unido participó activamente en el establecimiento del Consejo de Derechos Humanos como miembro fundador, y se centra en la actualidad en conseguir que el órgano sea lo más eficaz posible. Además, el Reino Unido se ha comprometido a que la Tercera Comisión de la Asamblea General de las Naciones Unidas obtenga resultados en coordinación con la labor realizada por otros participantes en el marco de los derechos humanos de las Naciones Unidas. Una parte importante de ese marco es la valiosa labor realizada por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. El Reino Unido aporta actualmente 2,5 millones de libras anuales a la Oficina en concepto de contribución voluntaria, además de su cuota al presupuesto ordinario de las Naciones Unidas.

820.El Reino Unido colabora plenamente con los mecanismos de derechos humanos de las Naciones Unidas y acoge con satisfacción las visitas de los titulares de mandatos de los procedimientos especiales. En septiembre de 2007, el Reino Unido fue el principal patrocinador de una iniciativa que culminó con la creación del nuevo cargo de Relator Especial sobre las formas contemporáneas de la esclavitud.

821.El Reino Unido fomenta la ratificación de los instrumentos de derechos humanos de las Naciones Unidas y, por medio de programas de asistencia para el desarrollo y de otra índole, contribuye a asegurar su aplicación satisfactoria. Así pues, en los cinco últimos años el Reino Unido ha participado en actividades de promoción en todo el mundo para fomentar la ratificación de la Convención contra la Tortura y su Protocolo Facultativo y ha prestado asistencia técnica práctica a tal efecto. Además, el Reino Unido apoya activamente la iniciativa Medida 2, un programa de las Naciones Unidas para incorporar, fortalecer y simplificar la labor de las Naciones Unidas relacionada con los derechos humanos en los países.

822.Fuera del ámbito de las Naciones Unidas, el Reino Unido participa activamente en una amplia gama de iniciativas de derechos humanos con otras organizaciones internacionales y regionales, como la Unión Europea, el Grupo de los Ocho, la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa, el Commonwealth, el Consejo de Europa, el Banco Mundial y muchas otras. El Gobierno del Reino Unido pretende promover una mayor integración de los derechos humanos en el sistema internacional en su conjunto y asegurar que los derechos humanos ocupen un lugar central en la actividad de los organismos internacionales.

823.El Reino Unido reconoce que el desarrollo y los derechos humanos están relacionados entre sí y se refuerzan mutuamente y, por consiguiente, apoya las estrategias de desarrollo, dirigidas por los países, que integran los derechos humanos. El Departamento de Desarrollo Internacional presta ayuda a los gobiernos asociados para cumplir sus obligaciones de derechos humanos y reforzar la capacidad de las personas para reivindicar sus derechos.

824.El Reino Unido procura establecer alianzas eficaces con otros gobiernos. Esto se consigue mediante el compromiso común con tres objetivos: la reducción de la pobreza y la consecución de los Objetivos de Desarrollo del Milenio; el respeto de los derechos humanos y otras obligaciones internacionales; y el fortalecimiento de la rendición de cuentas y la gestión financiera.

825.El Reino Unido aplica estas políticas por medio de diversas iniciativas. Por ejemplo, en el ámbito del derecho a la educación, el Reino Unido se ha comprometido a dar prioridad en la ayuda económica a los programas destinados a garantizar que todas las personas tengan acceso a la educación.

826.En cumplimiento del compromiso con los derechos humanos a escala mundial, el Reino Unido actúa con un espíritu de consulta, apertura y responsabilidad. Mediante su participación en un elevado número de órganos internacionales y su red de embajadas en todo el mundo, el Reino Unido trata de apoyar el deseo de todas las personas de hacer efectivos todos los derechos humanos individuales.

F.Proceso de presentación de informes a nivel nacional

827.En el cuadro siguiente se enumeran los departamentos gubernamentales más importantes en el proceso de presentación de informes en virtud de los seis principales instrumentos de las Naciones Unidas ratificados por el Reino Unido y el examen periódico universal.

Instrumento de las Naciones Unidas	Departamento gubernamental principal	Coordinación con las Dependencias de la Corona	Coordinación con los Territorios de Ultramar
Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial	Departamento de Comunidades y Gobierno local	Ministerio de Justicia	Ministerio de Relaciones Exteriores y Asuntos del Commonwealth
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos	Ministerio de Justicia	Ministerio de Justicia	Ministerio de Relaciones Exteriores y Asuntos del Commonwealth
Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales	Ministerio de Justicia	Ministerio de Justicia	Ministerio de Relaciones Exteriores y Asuntos del Commonwealth
Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer	Oficina de Igualdad del Gobierno	Ministerio de Justicia	Ministerio de Relaciones Exteriores y Asuntos del Commonwealth
Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes	Ministerio de Justicia	Ministerio de Justicia	Ministerio de Relaciones Exteriores y Asuntos del Commonwealth
Convención sobre los Derechos del Niño	Departamento de Educación	Ministerio de Justicia	Ministerio de Relaciones Exteriores y Asuntos del Commonwealth
Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad	Departamento de Trabajo y Pensiones	Ministerio de Justicia	Ministerio de Relaciones Exteriores y Asuntos del Commonwealth
Examen periódico universal	Ministerio de Justicia	Ministerio de Justicia	Ministerio de Relaciones Exteriores y Asuntos del Commonwealth

828.Los informes del Reino Unidoincluyenlas contribuciones detodo el ámbito gubernamental.Los proyectos de informesse compartencon las partes interesadaspertinentes, incluidaslas ONGy los organismos nacionalesde derechos humanos,para recabar sus opiniones antes de finalizar losinformesy presentarlosante las NacionesUnidas.

Información sobre la no discriminación y la igualdad y los recursos efectivos

Reino Unido

829.En el cuadro que figura infra se resume la legislación promulgada desde 1998 para garantizar la igualdad ante la ley, la igual protección ante la ley y la prohibición de la discriminación.

830.Uno de los principios más importantes en los que se basa la constitución no escrita del Reino Unido es el estado de derecho. Se basa en la convicción de que todas las personas y autoridades son iguales ante la ley. Este principio no solo refuerza el concepto de pesos y contrapesos inherente a toda sociedad democrática, sino también la idea de igualdad jurídica. La aplicación de esta norma, sin excepciones ni condiciones, indica que la idea de igualdad es de suma importancia constitucional en el Reino Unido. Puede observarse la importancia constante de este principio en la actualidad en el artículo 1 de la Ley de reforma constitucional de 2005, que dice lo siguiente:

"Esta ley no afecta negativamente:

a)Al principio constitucional vigente del estado de derecho; ni

b)Al papel constitucional actual del Lord Canciller en relación con este principio."

831.En los últimos 40 años se han promulgado en Gran Bretaña diversas leyes que prohíben la discriminación. La primera fue la Ley de relaciones raciales de 1965 (derogada y sustituida por la Ley de relaciones raciales de 1976), a la que siguieron la Ley sobre la igualdad de remuneración de 1970 y la Ley contra la discriminación sexual de 1975. La Ley contra la discriminación por discapacidad se promulgó en 1995. En 2003 y 2006 se promulgaron nuevas leyes para prohibir la discriminación en el empleo y la formación profesional por motivos de orientación sexual, religión, creencias o edad, a fin de llevar a la práctica la directiva marco europea. En 2007 se prohibió la discriminación fuera del lugar de trabajo por motivos de religión o creencias u orientación sexual. Todas estas leyes se incorporaron posteriormente a la Ley de igualdad de 2010, que entró en vigor en abril de 2010, y la mayoría de sus disposiciones entraron en vigor el 1º de octubre de 2010. Esto significa que las anteriores leyes contra la discriminación están actualmente derogadas excepto una serie de disposiciones que permanecen en vigor con carácter transitorio.

832.La Ley contra la discriminación por discapacidad es la única ley contra la discriminación que se aplica en todo el Reino Unido. Otras leyes contra la discriminación se aplican solamente en Gran Bretaña. La legislación de Irlanda del Norte contra la discriminación concuerda en términos generales con la legislación de Gran Bretaña.

833.En la legislación de Gran Bretaña contra la discriminación, de conformidad con la Ley de igualdad de 2010, se prohíbe la discriminación directa, la discriminación indirecta, la victimización y el acoso en el empleo (y en esferas relacionadas con el empleo), la formación profesional (incluida la educación superior y permanente) y en las escuelas y otras instituciones de enseñanza intermedia y superior, en el suministro de bienes, medios y servicios, en los clubes privados, en la venta y gestión de locales y en el ejercicio de la función pública. Uno de los dos principales objetivos de la Ley de igualdad de 2010 era racionalizar y simplificar la legislación, reuniéndola en una única ley de manera más coherente. El otro objetivo fundamental era fortalecer la ley en una serie de aspectos, lo que incluía una mayor protección para las personas con discapacidad y para aquellas personas, como los cuidadores, que puedan ser discriminadas debido a su relación con una persona de edad o con discapacidad.

834.Entre otras cosas, la Ley de igualdad de2010consolida yamplía eldeber existentede las autoridades públicasde tener en cuenta lasrepercusiones de susprogramas y políticasdesde la perspectiva dela raza, elgéneroy la discapacidad.En la ley se requiere que las autoridadespúblicas tengandebidamente en cuenta lanecesidad de eliminarla discriminación ilícita, avanzar en la igualdad de oportunidades y promover las buenas relacionesen lo tocante alos "aspectos de protección", esto es, la edad, la discapacidad, el cambio de sexo, el embarazo y la maternidad, la raza, la religión o las creencias, el sexoy la orientaciónsexual.Estemodelo de"obligación positiva"requiere que las autoridadespúblicasincluyan activamentelas consideraciones de igualdadenla formulación y ejecuciónde sus políticas yservicios, así como ensu calidad de empleadores.

835.En Irlanda del Norte se han establecido protecciones adicionales para promover la igualdad. Tras el Acuerdo de Belfast de 1998, se creó la Comisión de Igualdad para Irlanda del Norte. Sus funciones incluyen la promoción de la igualdad de oportunidades, la acción afirmativa y las buenas relaciones entre las personas de diferentes grupos raciales. La Comisión también supervisa la efectividad de las leyes contra la discriminación y de igualdad, así como el requisito en materia de igualdad que establece el artículo 75 de la Ley de Irlanda del Norte de 1998, lo que incluye las facultades de investigación para asegurar su cumplimiento.

836.La Ley del Gobierno de Gales contiene disposiciones destinadas a promover la igualdad y proteger los derechos. En particular, los ministros de Gales deben adoptar disposiciones para garantizar que el Gobierno de la Asamblea de Gales actúa "teniendo debidamente en cuenta el principio de igualdad de oportunidades para todos".

Medidas prácticas

837.La Ley de igualdad de 2006 instituyó una serie de medidas prácticas destinadas a fortalecer la igualdad en el Reino Unido. En esa ley no solo se dispone el establecimiento de la Comisión para la Igualdad y los Derechos Humanos, sino que también se otorgan facultades a ese órgano para que actúe como defensor independiente de la igualdad y los derechos humanos en el Reino Unido.

838.El compromiso delGobierno de coaliciónen materia de igualdadfigura en elprograma del gobierno de coalición, en elque se compromete aderribarlas barrerasa la movilidadsocial yla igualdad de oportunidades. La Oficina Gubernamental para la Igualdad es responsable de la estrategia y las prioridades generales del Gobierno en materia de igualdad, ya que es el órgano principal en relación con las políticas y la legislación en esta esfera. La Oficina, cuya labor abarca todo el ámbito gubernamental, vela por que la política de igualdad se incorpore sólidamente en el enfoque del Gobierno, y supervisa su aplicación y ejecución efectivas.

839.Las medidas que combaten la desigualdad en la sociedad han tenido una prioridad elevada en el programa gubernamental, y la política del Gobierno no se ha centrado solo en las personas desfavorecidas debido a sus bajos ingresos. El enfoque del Gobierno es más amplio y tiene por objeto abordar las causas (y las consecuencias) combinadas y vinculadas entre sí de la exclusión social. El Grupo de trabajo sobre la exclusión social es el organismo principal que se encarga de este tema, ya que determina las prioridades gubernamentales, ensaya posibles soluciones y facilita la aplicación de las políticas en el ámbito gubernamental y, ulteriormente, desde el Gobierno hacia la sociedad. Entre las medidas adoptadas figuran las siguientes: iniciativas centradas en la revitalización de la comunidad; programas destinados especialmente a mejorar la salud y el bienestar de los niños de zonas desfavorecidas; el incremento de la financiación y la gestión del desempeño de los servicios deficientes; y planes e incentivos destinados a la reinserción de las personas desfavorecidas en el mercado de trabajo.

Medidas legislativas o de otra índole (y año de adopción)	Esfera principal
Ley de derechos humanos de 1998	Aplicación directa en los tribunales nacionales del Reino Unido de los derechos consagrados en el Convenio Europeo de Derechos Humanos. Las personas mantienen el derecho de apelar ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos una vez que hayan agotado todos los recursos internos disponibles.
Ley contra la discriminación por razones de sexo de candidatos a elecciones de 2002	Lucha contra la discriminación por motivos de género en el proceso electoral.
Reglamento sobre la Igualdad en el Empleo de 2003 (orientación sexual, religión o creencias)	Lucha contra la discriminación en el empleo por motivos de orientación sexual, religión o creencias.
Ley de registro civil de parejas de 2004	Reconocimiento civil de las parejas del mismo sexo.
Ley de relaciones laborales de 2004	Protección contra despidos y procedimientos de movilizaciones laborales.
Ley de reconocimiento de sexo de 2004	Reconocimiento civil del nuevo sexo que han adquirido los transexuales.
Ley de la infancia de 2004	Protección de los niños contra los malos tratos.
Ley sobre violencia doméstica, delitos y víctimas de 2004	Aumento de las sanciones en los casos de violencia doméstica y apoyo a las víctimas.
Ley contra la discriminación por motivos de discapacidad de 2005	Fortalecimiento de las disposiciones para luchar contra la discriminación por motivos de discapacidad.
Ley de administración electoral de 2006	Aumentar la participación respecto de las elecciones y la confianza en el proceso electoral.
Ley de igualdad de 2006	Creación de la Comisión para la Igualdad y los Derechos Humanos y promoción de los derechos humanos.
Ley sobre el trabajo y las familias de 2006	Un equilibrio más justo de los derechos y las obligaciones de empleadores y empleados, en particular con respecto a las trabajadoras embarazadas.
Reglamento sobre la igualdad en el empleo de 2006	Lucha contra la discriminación en el trabajo por razones de edad.
Ley sobre la Comisión de Derechos Humanos de Escocia de 2006	Establecimiento de la Comisión de Derechos Humanos de Escocia.

Anexo I

Dependencias de la Corona del Reino Unido

I.Información general

1.La presente recopilación de informes de los Gobiernos de las Dependencias de la Corona del Reino Unido (Guernsey, Jersey y la Isla de Man) constituye el cuarto informe sobre las Dependencias de la Corona del Reino Unido en virtud del artículo 19 de la Convención de las Naciones Unidas contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes. Los anteriores informes de las Dependencias de la Corona se presentaron como parte de los informes periódicos del Reino Unido.

2.Las actualizaciones desde el último informe con respecto a cada uno de los artículos pertinentes en lo que respecta a cada una de las Dependencias de la Corona se enumeran a continuación.

Guernsey

3.La situación indicada en el informe inicial del Bailiazgo de Guernsey sobre la aplicación de la Convención no ha cambiado fundamentalmente.

4.Las autoridades del Bailiazgo de Guernsey siguen tratando constantemente de garantizar el respeto escrupuloso de las disposiciones de la Convención.

5.Los Estados de Guernsey, los Estados de Alderney y los Chief Pleas de Sark han promulgado la Ley de derechos humanos (Bailiazgo de Guernsey) de 2000, que obtuvo la sanción real el 1º de septiembre de 2006. Esta legislación es muy similar a la Ley de derechos humanos del Reino Unido. En el artículo 3 del anexo 1 se establece que nadie puede ser sometido a tortura ni a penas o tratos inhumanos o degradantes, y la citada ley fortalece los recursos disponibles para las personas que consideren que sus derechos en esta materia han sido vulnerados.

Jersey

6.El Gobierno de los Estados de Jersey sigue procurando en todo momento garantizar el pleno cumplimiento de las disposiciones de la Convención. En consecuencia, la información facilitada en este informe complementa la proporcionada en los informes anteriores. Toda la legislación de Jersey se puede consultar en línea en www.jerseylaw.je.

7.La Ley de derechos humanos (Jersey) de 2000 obtuvo la sanción real el 17 de mayo de 2000, y entró en vigor el 10 de diciembre de 2006. Como consecuencia de ello, los artículos 2 a 12 inclusive y los artículos 14, 16, 17 y 18 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, los artículos 1, 2 y 3 del Protocolo Nº 1 del Convenio, los artículos 1 y 2 del Protocolo Nº 6 y el artículo 1 del Protocolo Nº 13 se han incorporado a la legislación interna de la Isla. La incorporación del artículo 3 del Convenio da un mayor efecto a la legislación interna vigente, que protege contra la tortura y sanciona el uso de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.

Isla de Man

8.En sus conclusiones y recomendaciones sobre el cuarto informe periódico del Reino Unido (CAT/C/CR/33/3, publicado el 10 de diciembre de 2004), el Comité tomó nota de la promulgación de la Ley de derechos humanos de 2001 párr. 3 h)). Esta ley entró plenamente en vigor el 1º de noviembre de 2006. La ley ha dado un mayor efecto en la Isla de Man a los derechos y las libertades fundamentales consagrados en el Convenio Europeo de Derechos Humanos. Como en el artículo 3 del Convenio Europeo se establece que nadie podrá ser sometido a tortura ni a penas o tratos inhumanos o degradantes, esto representa un mayor fortalecimiento de los recursos de que disponen las personas que consideren que sus derechos en esta materia han sido vulnerados.

9.En el párrafo 3 i) de sus conclusiones y recomendaciones, el Comité toma nota de la pronta ratificación por el Reino Unido del Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura. El Gobierno de la Isla de Man ha solicitado al Gobierno del Reino Unido que amplíe el alcance de su ratificación para incluir a la Isla de Man.

II.Información relativa a los artículos de la primera parte de la Convención

Artículos 2 y 4

Guernsey

Acceso a la asistencia jurídica

10.En el Bailiazgo, el artículo 66 de la Ley de poderes de la policía y medios de prueba en materia penal (Bailiazgo de Guernsey) de 2003 establece que, cuando una persona es detenida, puede consultar en todo momento con un abogado. Sin embargo, este derecho se puede suspender si esa persona está detenida, pero todavía no se han presentado cargos contra ella en relación con un delito por el cual una persona puede ser detenida (que incluye el asesinato, el homicidio o la violación), pero solo si un oficial del rango de Inspector Jefe o superior tiene motivos razonables para creer que el acceso al asesoramiento jurídico podría:

Obstaculizar o menoscabar las pruebas;

Coaccionar o causar lesiones a otra persona;

Alertar a otras personas sospechosas de haber cometido ese delito, pero que aún no han sido detenidas, u obstaculizar la recuperación de bienes;

Obstaculizar la recuperación del valor del producto del tráfico de drogas en poder de la persona detenida (cuando se trata de un delito de tráfico de drogas), o del valor de los bienes o la ventaja pecuniaria obtenidos por la persona detenida.

11.En ese caso, el acceso al asesoramiento letrado solo puede demorarse si se dan esas circunstancias, y en ningún caso más de 36 horas desde la llegada de la persona a la comisaría.

12.Los Estados han tratado de proteger la situación de las personas detenidas que cuentan con asesoramiento letrado mediante las disposiciones del Decreto sobre la administración de prisiones (Guernsey) de 1998. En virtud del marco jurídico en vigor, la confidencialidad se mantiene mediante la provisión de espacios para que la persona detenida pueda consultar con sus asesores jurídicos con respecto a los procesos civiles o penales, en presencia de funcionarios penitenciarios, pero sin ser escuchada por estos. Además, puede mantener correspondencia sin ninguna limitación con sus asesores jurídicos. Las personas detenidas también pueden recurrir a un sistema de asistencia jurídica general y no estatutario que existe en Guernsey.

13.Aunque la legislación relativa al sistema de asistencia jurídica fue promulgada en 2003 (Ley de asistencia jurídica (Bailiazgo de Guernsey) de 2003) y partes importantes de esa ley se están aplicando, la sección que introduce el sistema aún no ha entrado en vigor. Como resultado de ello, el Administrador de la asistencia jurídica sigue actuando en virtud del sistema no estatutario, con arreglo al cual se proporcionan fondos públicos para mantener un turno rotativo de abogados.

Servicio de Policía

14.La Ley de poderes de la policía y medios de prueba en materia penal es similar a la Ley PACE de 1984. Se siguen realizando grabaciones de audio de las entrevistas realizadas en los lugares de detención. Se examinará con atención la evolución de las grabaciones en vídeo y se considerará la posibilidad de su introducción.

15.Desde agosto de 2003, se han llevado a cabo diez detenciones en el Bailiazgo por delitos tipificados en la Ley de prevención del terrorismo y la delincuencia (Bailiazgo de Guernsey) de 2003. Siete de esas detenciones se llevaron a cabo por aplicación del artículo 15 del anexo 8, que sanciona a una persona que llega o parte de uno de los puertos y se niega a cumplimentar una tarjeta de embarque o facilita detalles falsos. Los otros tres casos estaban relacionados con falsos anuncios de colocación de bombas. En ninguno de los casos se encontró conexión con actividades terroristas, y los delincuentes fueron detenidos por la policía durante períodos de tiempo relativamente breves. Dispusieron de acceso al asesoramiento jurídico según lo dispuesto en la Ley de poderes de la policía y medios de prueba en materia penal.

16.Se sigue ofreciendo asistencia jurídica gratuita a las personas que están en detención policial, de conformidad con la Ley de asistencia jurídica (Bailiazgo de Guernsey) de 2003. Además, existe un sistema no estatutario con arreglo al cual personas no profesionales designadas de forma independiente tienen acceso sin condiciones a los centros de detención policial en todo momento, a fin de asegurar que los derechos de las personas detenidas sean respetados.

Dirección de Fronteras de Guernsey (anteriormente denominada Servicio de Aduanas y de Inmigración)

17.La Ley de poderes de la policía y medios de prueba en materia penal entró en vigor en 2004. Todas las medidas previstas en esta ley están abarcadas en sus códigos de prácticas. Todas las personas detenidas tienen derecho a la asistencia jurídica gratuita, que se presta mediante un sistema de carácter estatutario.

Jersey

Servicio de Policía

18.Antes de la entrada en vigor, el 10 de diciembre de 2006, de la Ley de derechos humanos (Jersey) de 2000, todos los departamentos pertinentes, incluida la Policía de los Estados de Jersey, llevaron a cabo un examen y auditoría de todas las políticas, prácticas y procedimientos policiales internos para asegurar que estuvieran en conformidad con el Convenio Europeo de Derechos Humanos.

19.La Ley de poderes y procedimientos de la policía (Jersey) de 2003 obtuvo la sanción real el 17 de diciembre de 2002. Las secciones 4 y 6 tratan de la detención, el trato y el interrogatorio de personas por parte de los funcionarios policiales, y entraron en vigor el 1º de diciembre de 2004.

20.El Decreto de 2004 sobre los poderes y procedimientos de la policía (códigos de prácticas) (Jersey) también entró en vigor el 1º de diciembre de 2004. El Código C establece el código de prácticas relativo a la detención, el trato y el interrogatorio de los detenidos. En su artículo 6, el Código C contiene disposiciones relativas al acceso al asesoramiento jurídico. El artículo 7 confiere derechos adicionales a los extranjeros para comunicarse con su Alto Comisionado, embajada o consulado.

21.El Reglamento de Prisiones (Jersey) de 2007 entró en vigor el 31 de enero de 2007, y establece las normas relativas a los presos preventivos o que cumplen una pena de prisión. El Reglamento contiene disposiciones específicas aplicables a los menores infractores.

22.La Ley sobre la tortura (Jersey) de 1990 sigue tipificando la tortura como delito en la jurisdicción de Jersey. Una persona que comete el delito de tortura puede ser condenada a cadena perpetua (art. 1, párr. 6).

23.En estos delitos, la tentativa y la complicidad pueden dar lugar al enjuiciamiento en virtud del derecho consuetudinario, incluso si el delito principal con el que se relacionan son delitos tipificados en la ley (Martins y Martins c. AG [2008] JCA 082).

Isla de Man

24.Como se ha señalado en el párrafo 8 supra, el Gobierno de la Isla de Man ha puesto en vigor la Ley de derechos humanos de 2001. La ley exige que la legislación sea interpretada y puesta en práctica, en la medida de lo posible, de una manera que sea compatible con los derechos previstos en el Convenio Europeo de Derechos Humanos, incluida la prohibición de la tortura u otros tratos inhumanos o degradantes. Salvo en circunstancias limitadas, las autoridades también están obligadas a actuar de forma tal que sea compatible con los derechos consagrados en el Convenio. Si se constata que una autoridad ha actuado ilícitamente, un tribunal podrá corregir la situación con los medios que tenga a su disposición y que considere justos y apropiados.

Artículo 3

Guernsey

25.La Ley de inmigración y asilo de 1999 se hizo extensiva al Bailiazgo de Guernsey por medio del Decreto de 2003 sobre la Ley de inmigración y asilo (Guernsey) de 1999 (Instrumento legal del Reino Unido 2003, Nº 2900), que entró en vigor el 11 de diciembre de 2003. El Decreto hace extensivas las disposiciones pertinentes de la ley y también modifica el Decreto de inmigración de Guernsey de 1993, que consolidaba la aplicación de la legislación de inmigración previa al Bailiazgo de Guernsey.

26.La extradición aún se rige por la Ley de extradición del Reino Unido de 1989, secciones I a V, que, de conformidad con el artículo 29, párrafo 1, tiene efecto en el Bailiazgo como si Guernsey fuera parte del Reino Unido, y sigue en vigor en el Bailiazgo a pesar de su derogación en el Reino Unido por el Decreto de 2003 sobre la Ley de extradición de 2003 (entrada en vigor y excepciones); en consecuencia, según la legislación del Bailiazgo, la persona objeto de una solicitud de extradición sigue gozando de las protecciones que figuran en esa ley. Además, en virtud de la Ley de derechos humanos (Bailiazgo de Guernsey) de 2000, las autoridades están obligadas a actuar de manera compatible con los derechos consagrados en el Convenio Europeo de Derechos Humanos, incluido su artículo 3.

27.El Bailiazgo no ha adoptado ningún sistema formal específico de apelación contra las decisiones en materia de inmigración porque las autoridades consideran que existen recursos suficientes disponibles en el marco de la Ley de revisión judicial y derechos humanos (Bailiazgo de Guernsey) de 2000.

Jersey

28.La Ley de extradición de 1989 ha sido sustituida en Jersey por la Ley de extradición (Jersey) de 2004, que entró en vigor el 1º de octubre de 2004.

29.En virtud del artículo 24 de la Ley de 2004, la autoridad judicial debe poner en libertad a una persona cuando estima que su extradición sería incompatible con el Convenio Europeo de Derechos Humanos. Esto incluiría el caso en que la extradición fuera incompatible con el artículo 3 de dicho Convenio por existir el riesgo de tortura. Al resolver si una extradición sería incompatible con el Convenio, la autoridad judicial deberá tener en cuenta todas las consideraciones pertinentes.

Isla de Man

30.No se han introducido cambios en la legislación sobre extradición de la Isla desde el informe anterior. Sin embargo, en el programa legislativo del Gobierno de la Isla de Man se ha incluido un proyecto de ley de extradición. La finalidad de ese proyecto es garantizar que la Isla tenga un marco legislativo moderno en materia de extradición, que se ajuste a las normas internacionales pertinentes. En virtud de ese proyecto de ley, el tribunal ante el que se presente una solicitud de extradición debe considerar si dicha extradición sería compatible con los derechos previstos en la Convención en el sentido de la Ley de derechos humanos de 2001 y, si el tribunal estima que la extradición no es compatible, la persona en cuestión debe ser puesta en libertad.

31.Durante el período que se examina, el Procurador General no ha recibido ninguna solicitud de extradición basada en denuncias de tortura.

Artículo 5

Guernsey

32.Los enjuiciamientos por el delito de tortura en virtud del artículo 11 de la Ley sobre la administración de justicia (Bailiazgo de Guernsey) de 1991 (erróneamente fechada en 1996 en el informe anterior) aún se pueden incoar en el Bailiazgo con independencia de la nacionalidad de la víctima, tanto si el delito se hubiera cometido en Guernsey o en cualquier otra parte. La jurisdicción extraterritorial también es aplicable en virtud de la Ley contra el terrorismo y la delincuencia (Bailiazgo de Guernsey) de 2002, en su forma enmendada. Si la extradición por este delito fuera denegada justificadamente por aplicación de la Ley de extradición de 1989, las autoridades del Bailiazgo podrían hacerse cargo del proceso y enjuiciar a la persona sospechosa en el Bailiazgo.

33.Las modificaciones introducidas en la Ley sobre los Convenios de Ginebra por la Ley de los Convenios de Ginebra y el Personal de las Naciones Unidas (Protocolos) de 2009 se han hecho extensivas al Bailiazgo mediante un Decreto del Consejo.

Jersey

34.En el segundo informe periódico se hizo referencia a la promulgación de la Ley sobre la tortura (Jersey) de 1990, que hizo posible la ratificación de la Convención en nombre de Jersey. La situación prevista en el artículo 1 de esa ley permanece sin cambios. Los casos de tortura se pueden enjuiciar en el Bailiazgo cuando el acto se realiza en Jersey o en otro lugar, independientemente de la nacionalidad del delincuente.

35.Los Protocolos 1 y 2 de los Convenios de Ginebra siguen estando en vigor en Jersey por la extensión de la Ley sobre los Convenios de Ginebra (modificación) de 1995 a Jersey en virtud del Decreto sobre la aplicación de la Ley sobre los Convenios de Ginebra de 1999.

Isla de Man

36.No ha habido modificaciones desde el informe anterior.

Artículo 6 y 7

Guernsey

37.La Ley de poderes de la policía y medios de prueba en materia penal (Bailiazgo de Guernsey) de 2003 obtuvo la sanción real el 8 de octubre de 2003 y entró en vigor el 5 de abril de 2004.

38.El Decreto sobre poderes de la policía y medios de prueba en materia penal (códigos de prácticas) del Bailiazgo de Guernsey, de 2004, entró en vigor en la misma fecha. El Código C del código de prácticas se refiere a la detención, el trato y el interrogatorio de personas por parte de los funcionarios de policía.

39.En los artículos 3.3 y 7.1 a 7.5 del Código C del Decreto sobre poderes de la policía y medios de prueba en materia penal (códigos de prácticas) del Bailiazgo de Guernsey de 2004 se detallan los derechos de los extranjeros a mantener contacto con los funcionarios de sus consulados o embajadas y a ser visitados por ellos. Se debe informar al detenido de este derecho tan pronto como sea posible y, ante una petición, se debe actuar tan pronto como sea factible.

40.Los funcionarios consulares pueden visitar a uno de sus nacionales que se encuentre en detención policial para hablar con esa persona y, si es necesario, para organizar su asesoramiento jurídico. Esas visitas se llevarán a cabo sin ser escuchadas por el funcionario policial.

41.Si la extradición solicitada por un delito de tortura o en virtud de las disposiciones pertinentes de la Ley contra el terrorismo y la delincuencia no fuera solicitada o fuera denegada por motivos justificados de conformidad con la Ley de extradición de 1989, las autoridades del Bailiazgo podrían enjuiciar a la persona sospechosa en Guernsey; en ese caso, los funcionarios judiciales resolverán, como en el caso de cualquier delito grave, con arreglo a las consideraciones ordinarias de suficiencia de pruebas y de orden público, y el acusado tendrá las mismas garantías que cualquier otro.

Jersey

42.La Ley de poderes y procedimientos de la policía (Jersey) de 2003 obtuvo la sanción real el 17 de diciembre de 2002. Las secciones 4 y 6 tratan de la detención, el trato y el interrogatorio de personas por parte de los funcionarios policiales, y entraron en vigor el 1º de diciembre de 2004.

43.El Decreto de 2004 sobre los poderes de la policía y medios de prueba en materia penal (códigos de prácticas) (Jersey) entró en vigor en la misma fecha. El Código C establece el código de prácticas relativo a la detención, el trato y el interrogatorio de los detenidos.

44.El artículo 7 confiere derechos adicionales a un ciudadano de otro país del Commonwealth o a un nacional de un país extranjero (incluida la República de Irlanda) para comunicarse con su Alto Comisionado, embajada o consulado. Se debe informar al detenido de este derecho tan pronto como sea posible y, ante una petición, se debe actuar tan pronto como sea factible.

45.Los funcionarios consulares pueden visitar a uno de sus nacionales que se encuentre en detención policial para hablar con esa persona y, si es necesario, para organizar su asesoramiento jurídico. Esas visitas se llevarán a cabo sin ser escuchadas por el funcionario policial.

46.Hasta la fecha no ha habido enjuiciamiento alguno por el delito de tortura en Jersey. Todo enjuiciamiento penal sería tramitado del mismo modo que el de cualquier delito grave, y se aplicarían las normas ordinarias en materia de prueba. La persona contra quien se incoara tal proceso tendría garantizado un trato justo en todas las etapas del mismo.

Isla de Man

47.Los códigos de prácticas de la Ley sobre facultades y procedimientos de la policía de 1998 (Ley de Tynwald) a los que se hizo referencia en el informe anterior se están actualizando para armonizarlos con los que se aplican en el Reino Unido. Los nuevos códigos ya se han redactado, y para su puesta en práctica se espera la autorización adicional que proporcionará el proyecto de ley de justicia penal (disposiciones varias).

Artículo 8

Guernsey

48.La extradición aún se rige por la Ley de extradición del Reino Unido de 1989, secciones I a V, que, de conformidad con el artículo 29, párrafo 1, tiene efecto en el Bailiazgo como si Guernsey fuera parte del Reino Unido, y sigue en vigor en el Bailiazgo a pesar de su derogación en el Reino Unido por el Decreto de 2003 sobre la Ley de extradición de 2003 (entrada en vigor y excepciones); en consecuencia, según la legislación del Bailiazgo, la persona objeto de una solicitud de extradición sigue gozando de las protecciones que figuran en esa ley. La tortura está castigada con una pena máxima de cadena perpetua y, en consecuencia, es un delito susceptible de extradición. El enjuiciamiento por el delito de tortura puede incoarse en el Bailiazgo con independencia de que la conducta se haya llevado a cabo en Guernsey o en otro lugar.

Jersey

49.La extradición no depende de la existencia de un tratado, sino que se rige por la Ley de extradición (Jersey) de 2004. El artículo 3 de esa ley determina lo que constituye un "delito que da lugar a extradición" cuando la persona aún no ha sido condenada, y el artículo 4 define ese delito con respecto a una persona que ya ha sido condenada. En ambos casos, la conducta de la persona acusada o condenada tiene que estar tipificada como delito en la legislación de Jersey, y penada con prisión u otra forma de detención de un mínimo de 12 meses. Como la tortura puede ser penada con cadena perpetua en virtud de la Ley sobre la tortura (Jersey) de 1990, esta condición quedaría cumplida. En virtud del artículo 3, párrafo 3 c), y el artículo 4, párrafo 3 c) de la Ley de extradición (Jersey) de 2004, la conducta también constituye un delito que puede dar lugar a extradición en relación con un territorio si, en circunstancias similares, una conducta equivalente constituiría un delito que puede dar lugar a extradición en virtud de la legislación de Jersey y castigado con pena de prisión u otra forma de detención de un mínimo de 12 meses. Esto sucede en el caso de la tortura, por aplicación extraterritorial del artículo 1 de la Ley sobre la tortura (Jersey) de 1990.

Isla de Man

50.No ha habido modificaciones desde el informe anterior. Sin embargo, en el programa legislativo del Gobierno de la Isla de Man se ha incluido un proyecto de ley de extradición. La finalidad de ese proyecto es garantizar que la Isla tenga un marco legislativo moderno en materia de extradición, que se ajuste a las normas internacionales pertinentes.

Artículo 9

Guernsey

51.El Convenio Europeo de Asistencia Judicial en Materia Penal de 1959 se hizo extensivo al Bailiazgo el 20 de enero de 2003.

52.La asistencia judicial penal es prestada por el Procurador General en el marco de una serie de leyes de Guernsey que regulan, entre otros aspectos, la obtención de pruebas, la inmovilización de activos y la ejecución de órdenes de confiscación adoptadas en el exterior. En cuanto a los procesos civiles, la Ley de decomiso de dinero y otros bienes en los procesos civiles (Bailiazgo de Guernsey) de 2007 regula la emisión de órdenes para presentar materiales, facilitar información sobre los clientes, controlar las cuentas relacionadas con investigaciones sobre incautación de bienes en procesos civiles incoados en el exterior, y para la ejecución de órdenes de confiscación dictadas en procesos civiles tramitados en el exterior.

Jersey

53.En virtud de la Ley de justicia penal (cooperación internacional) de Jersey de 2001, la asistencia jurídica mutua se puede ofrecer en la etapa de investigación y en la etapa de prueba de los procesos penales.

54.Además, la asistencia jurídica mutua se puede ofrecer con respecto a las investigaciones y procedimientos de recuperación civil de activos en virtud de las disposiciones de la Ley de recuperación civil de activos (cooperación internacional) de 2007, que entró en vigor el 28 de diciembre de 2007.

55.Desde el último informe, el Procurador General de Su Majestad para Jersey, que tiene a su cargo la asistencia jurídica mutua en virtud de ambas leyes, ha recibido una solicitud de asistencia de autoridades extranjeras que guardaba relación con delitos que incluían la tortura. Se trataba de una solicitud presentada por un país de Oriente Medio, de pruebas relacionadas con un delito que, si la persona sospechosa era condenada, la pena posible incluía la flagelación pública. Se obtuvo un compromiso del juez en el sentido de que si se prestaba asistencia, no se aplicaría la pena de flagelación. Se tuvo en cuenta el hecho de que el Reino Unido había prestado asistencia en el mismo asunto, y se adoptó la decisión de prestar asistencia. Se confirma que las consideraciones sobre derechos humanos, incluidas las establecidas en el artículo 3 de la Convención, se tienen en cuenta al decidir si se presta asistencia jurídica mutua.

Isla de Man

56.La Ley de la Corte Penal Internacional de 2003, que entró en vigor el 1º de abril de 2004, estableció que la Isla de Man cooperaría en los procesos contra personas acusadas de crímenes de guerra, incluida la tortura, y/o su extradición al Tribunal Penal Internacional.

Artículo 10

Guernsey

Servicio de Policía

57.Se imparte regularmente formación a los funcionarios de policía (en algunos casos también a los funcionarios de la Dirección de Fronteras de Guernsey) en las siguientes esferas:

Oficial encargado de la detención (todos los funcionarios que actúan o es probable que actúen en tal carácter);

Seguridad del agente (utilización de la fuerza);

Armas de fuego;

Opciones no letales (pistolas "Taser", para determinados oficiales del equipo de armas de fuego);

Programa de aprendizaje y desarrollo para la Policía de la Isla (principios de derechos humanos y legislación sobre poderes de la policía y medios de prueba en materia penal).

58.Todos estos cursos de formación incluyen los principios de trato humano, de conformidad con la Ley de derechos humanos (Bailiazgo de Guernsey) de 2000 y la Ley de poderes de la policía y medios de prueba en materia penal de 2003 (Bailiazgo de Guernsey), así como los correspondientes códigos de prácticas.

59.La formación es predominantemente impartida a nivel local por personal policial calificado. Para otros cursos más especializados es necesario que los funcionarios asistan al Reino Unido y a otras jurisdicciones.

60.Todos los funcionarios policiales del Bailiazgo reciben capacitación sobre la Ley de poderes de la policía y medios de prueba en materia penal, a la que se hace referencia constantemente en otras esferas de la capacitación policial.

Dirección de Fronteras de Guernsey

61.La formación de todo el personal de la Dirección de Fronteras de Guernsey es impartida por organismos de capacitación reconocidos en Guernsey y en el Reino Unido. Los niveles de las normas de capacitación y los logros conseguidos son comparables a los de los funcionarios que desempeñan funciones similares en el Reino Unido. Toda la formación impartida abarca el cumplimiento de las normas pertinentes del Convenio Europeo de Derechos Humanos. El personal encargado de la custodia debe asistir a cursos de formación reconocidos en materia de custodia y no pueden desempeñar sus funciones hasta que hayan demostrado cumplir las normas en materia de competencia.

62.La Ley de poderes de la policía y medios de prueba en materia penal (Bailiazgo de Guernsey) de 2003 entró en vigor en 2004, y todas las medidas adoptadas en el marco de esta ley se deben ajustar a los códigos de prácticas pertinentes. La Dirección de Fronteras de Guernsey basa sus prácticas de trabajo en las leyes y los códigos de prácticas, y sus funcionarios reciben capacitación de conformidad con estas directrices.

Jersey

63.En el Servicio Penitenciario de Jersey ocupa un lugar destacado el trato adecuado y humano de los reclusos, gracias a una serie de cursos de formación para el personal, de diversos grados y en varias disciplinas. En particular, la formación se refiere a la gestión de los conflictos, el control y las restricciones, el uso de habilidades interpersonales y la reducción de la violencia.

64.La formación impartida al nuevo personal incorporado al Servicio de Aduanas e Inmigración de Jersey es impartida por instructores acreditados en el plano nacional, procedentes de la Dirección de Ingresos y Aduanas de Su Majestad y de la Dirección de Fronteras del Reino Unido. Esta formación incluye aptitudes para realizar entrevistas, prácticas de trabajo seguras y profesionales, y conocimiento de la legislación en materia de derechos humanos.

65.En Jersey no hay ningún centro de detención de inmigrantes; por lo tanto, las personas detenidas durante más de 24 horas son alojadas en la Prisión de Su Majestad de La Moye hasta su puesta en libertad. Mientras están detenidos en esa prisión, los inmigrantes reciben atención y supervisión del personal penitenciario.

66.Todos los funcionarios de la Policía Honoraria reciben un folleto de capacitación general sobre derechos humanos, destinados a los oficiales de policía y el personal auxiliar. Esto incluye información sobre la prohibición de la tortura, recomendaciones de cumplimiento de los códigos de prácticas dictados en el marco de la Ley de poderes y procedimientos de la policía (Jersey) 2003, y asesoramiento sobre la prevención de técnicas de interrogación ilícitas.

Isla de Man

67.El Inspector de Policía para la Isla de Man y el Servicio Penitenciario de la Isla de Man han recibido capacitación en relación con las disposiciones de la Ley de derechos humanos de 2001, y se mantienen actualizados con respecto a la capacitación y las mejores prácticas aplicadas en general en el Reino Unido.

Artículo 11

Guernsey

Derecho a guardar silencio

68.En Guernsey, esté presente o no un asesor letrado, no se pueden inferir conclusiones del silencio de una persona cuando ha sido interrogada, prevenida, acusada o cuando ha presentado pruebas.

Medida para prevenir la discriminación étnica

69.Aunque las autoridades insulares no han promulgado una legislación equivalente a la Ley contra la delincuencia y la alteración del orden de 1998, todo elemento racial presente en un delito sería considerado como una circunstancia agravante. La Ley sobre el odio racial (Bailiazgo de Guernsey) de 2005 tipifica como delito los actos destinados a incitar al odio racial o que podrían tener ese efecto, y establece para ellos una pena máxima de siete años de prisión.

Dirección de Fronteras de Guernsey

70.La Dirección de Fronteras de Guernsey no ha recibido ninguna denuncia de tortura de personas mantenidas en detención.

71.La Dirección de Fronteras de Guernsey participa en el sistema conforme al cual personas no profesionales designadas de forma independiente tienen acceso sin condiciones a las instalaciones de detención de la Dirección de Fronteras de Guernsey en cualquier momento, a fin de garantizar que los derechos de las personas detenidas sean respetados.

72.La Dirección de Fronteras de Guernsey también tiene a su cargo la detención de las personas detenidas en virtud de la Ley de inmigración de 1971, de conformidad con las órdenes escritas del Servicio de Prisiones y dando cumplimiento a las mejores prácticas establecidas en el código de prácticas de la Ley de poderes de la policía y medios de prueba en materia penal.

Servicio Penitenciario

73.El funcionamiento del Servicio Penitenciario es supervisado por la Asamblea Legislativa de los Estados de Guernsey, por auditorías externas a cargo del Inspector Jefe de Prisiones del Reino Unido y por inspecciones periódicas realizadas por el equipo de visitantes. Aunque la legislación que regula las prisiones es el Decreto sobre la administración de prisiones (Guernsey) de 1998, dictado por los Estados, y los diversos Reglamentos de Prisiones, dictados por el Gobernador, pronto se introducirá un sistema modernizado que permitirá la realización de cambios con mucha mayor rapidez que en la actualidad.

Jersey

Policía Honoraria

74.El Procurador General de Su Majestad es el jefe titular de la Policía Honoraria y examina las directrices e instrucciones de funcionamiento de esa entidad. Todos los casos de detención están sometidos a las normas dictadas por el Procurador General. La Policía Honoraria no mantiene a las personas en detención o prisión.

Servicio Penitenciario

75.El Reglamento de Prisiones fue revisado en 2006, haciéndose hincapié en garantizar el cumplimiento del Convenio Europeo de Derechos Humanos. Como consecuencia de ello, se promulgó el Reglamento de Prisiones (Jersey) de 2007.

76.Las prisiones están sometidas al control de la junta de visitadores, y en 2008 recibieron dos visitas de la Howard League for Penal Reform.

77.A raíz de un informe del Inspector Jefe de Prisiones de Su Majestad, en 2005, se elaboró un amplio plan para la mejora del desempeño. Esto ha exigido un examen general de las políticas, los sistemas y los procedimientos, y ha dado lugar a mejoras en la situación de las prisiones, del régimen penitenciario y de las políticas y procedimientos que regulan las prisiones.

Aduanas e inmigración

78.El Servicio de Aduanas y de Inmigración de Jersey aplica todas las disposiciones pertinentes de la Ley de poderes y procedimientos de la policía (Jersey) de 2003, así como los códigos de prácticas relativos al trato, detención y atención de las personas privadas de libertad. Los detenidos que se consideran en situación de riesgo se mantienen bajo constante supervisión.

79.La decisión de detener o no a una persona es adoptada por un funcionario de aduanas e inmigración con arreglo a las facultades que le confiere la Ley de inmigración de 1971. No hay un límite legal del tiempo en que pueden estar detenidos los infractores de la legislación sobre inmigración.

80.La detención de más de 24 horas relacionada con la inmigración debe ser autorizada por el Subdirector. En Jersey no hay un centro de detención para inmigrantes; por lo tanto, las personas detenidas durante más de 24 horas son trasladadas a la Prisión de Su Majestad de La Moye hasta su puesta en libertad o expulsión. La prolongación de las detenciones es examinada cada siete días por el Subdirector o un oficial de nivel superior y, además, cada mes por el Director o un funcionario de nivel superior.

Servicios de salud mental

81.Jersey Focus on Mental Health, una organización benéfica de salud mental, emplea a trabajadores de apoyo de los pacientes, cuya tarea principal se desarrolla en los centros de hospitalización de pacientes graves. Estos trabajadores están disponibles en esos centros cinco días a la semana, y exponen los puntos de vista de cada paciente.

82.Aunque los servicios de salud de Jersey no están obligados a realizar inspecciones periódicas, en 2007 los servicios de salud mental recibieron la inspección del sistema de acreditación de servicios de salud mental para pacientes hospitalizados (AIMS), que es una iniciativa, destinada a garantizar la calidad del Real Colegio de Psiquiatras y del Real Colegio de Enfermería. En esa fecha, ese servicio había sido el séptimo centro de hospitalización que había obtenido la acreditación tras la evaluación de 270 normas. Dicho servicio también ha recibido un informe de la Comisión para la Atención de la Salud del Reino Unido sobre el centro de hospitalización de pacientes graves.

83.Se indican a continuación los datos sobre las detenciones en virtud de la Ley sobre salud mental (Jersey) de 1969:

Tipo de detención	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	Total de 7 años
Emergencia: Hasta 72 horas (incluidas 3 horas que los enfermeros pueden mantener a personas en detención desde el 11 de abril)	13	27	33	26	15	8	7	129
Observación: Hasta 28 días	25	38	46	30	46	44	18	247
Tratamiento: Hasta un año	29	32	47	37	37	40	29	251
Tutela: Hasta un año	9	2	5	3	1	1	1	22
Totales	76	99	131	96	99	93	55	649

Isla de Man

84.Durante el período examinado no ha habido fallecimientos en locales policiales.

85.Desde la presentación del tercer informe periódico no ha habido suicidios en la prisión de la Isla de Man.

86.El Gobierno de la Isla de Man ha inaugurado una nueva prisión, que posee instalaciones destinadas a cumplir las normas que corresponden a una prisión moderna. Todos los reclusos han sido trasladados a esta nueva prisión, y la antigua ha sido clausurada.

87.Los servicios de salud se prestan actualmente a la prisión en virtud de un acuerdo de servicios concertado con el Departamento de Salud y que se ajusta a normas de atención de la salud específicas. El personal sanitario está integrado por enfermeros adecuadamente calificados y la gestión está a cargo de un gestor clínico de servicios de salud. Los detenidos tienen acceso a servicios de salud apropiados, incluidos los servicios psiquiátricos, servicios de tratamiento de la drogadicción y servicios dentales, con un nivel igual al de los servicios disponibles para la población en general.

88.Las Normas de internamiento de 2001 mencionadas en el informe anterior han sido modificadas por las Normas de internamiento (modificación) de 2003.

89.La junta de visitadores pasó a denominarse junta de supervisión independiente en octubre de 2007. El cambio de denominación se dispuso en la Ley de justicia penal y policía de 2007 porque describe más exactamente las funciones que desempeña la junta. Esta modificación se introdujo para cumplir la Ley de derechos humanos de 2001. Este cambio también apartó a la junta del proceso del comité de libertad condicional. Todos los casos que este comité examinaba fueron remitidos en primera instancia a la junta, que examinó los casos y formuló sus recomendaciones al comité de libertad condicional. Se estimó que las cuestiones relativas a la libertad condicional debían ser tratadas únicamente por este comité.

90.Como se indicó en el informe anterior, las entrevistas de personas sospechosas de haber cometido un delito se deben audiograbar y llevar a cabo en condiciones estrictamente controladas para garantizar la integridad de las cintas grabadas. Se prevé que el proyecto de ley de justicia penal (disposiciones varias), que está en trámite parlamentario, ordenará la grabación completa en vídeo de las entrevistas.

Artículos 12 y 13

Guernsey

Investigación de las muertes de personas detenidas por la policía o en la prisión

91.Cuando se produce una muerte de una persona detenida por la policía o en una prisión, un médico deberá examinar el cuerpo antes de que alguno de los Magistrados de la Corona (el Fiscal de Su Majestad, el Procurador General, o el Contralor de Su Majestad, el Fiscal General, ambos funcionarios de la Corona que son independientes de los Estados) deciden si se debe llevar a cabo una investigación. Toda investigación debe estar a cargo de un juez o un juez auxiliar del Tribunal de Magistrados, que actúa como juez de instrucción. El Servicio Penitenciario de Guernsey tuvo un caso de una persona muerta durante la detención en 2008. Se invitó al Ombudsman de Prisiones y de Libertad Provisional de Inglaterra y Gales (que no tiene una función ni facultades legales en Guernsey) a que investigara las circunstancias que rodeaban a este caso y formulara recomendaciones para mejorar las prácticas locales.

92.Por otra parte, la Ley de quejas contra la policía (Guernsey) de 2008 ha establecido la Comisión de quejas contra la policía de Guernsey para supervisar la investigación de las quejas relativas a casos de muerte o lesiones graves o, si no se formulan quejas, de denuncias contra funcionarios policiales por haber cometido delitos o faltas disciplinarias.

Dirección de Fronteras de Guernsey

93.La Dirección de Fronteras de Guernsey dispone de un procedimiento para tratar los casos de muerte de personas detenidas que, después del trámite inicial hace intervenir a los servicios de policía, que realizan una investigación.

94.Las quejas formuladas por personas detenidas se tramitan de conformidad con las políticas y los procedimientos disciplinarios internos, y las quejas se remiten a la policía cuando involucran denuncias de una conducta criminal.

Evolución de los sistemas de quejas contra la policía

95.La nueva Ley de quejas contra la policía (Guernsey) de 2008 modernizará el sistema de quejas mediante la introducción de un marco preciso para tramitar toda denuncia formulada contra un funcionario policial. En virtud de esta ley, será posible que una queja dé lugar a:

Una resolución oficiosa, que contará con el consentimiento de quien ha presentado la queja, en cuyo caso se preferirá no incoar acciones penales ni disciplinarias, o

Una investigación oficial, en la cual el jefe de la policía solicita que se lleve a cabo una investigación, a cargo de la policía de la Isla u otra entidad, que, en algunas circunstancias, puede estar supervisada por la Comisión de quejas contra la policía de Guernsey.

96.Por otra parte, aun cuando no se haya presentado una queja, la Comisión de quejas contra la policía puede supervisar una investigación cuando podría sobrevenir una acusación penal o disciplinaria, y dicha Comisión tiene facultades para hacer que el jefe de policía inicie procedimientos disciplinarios o transmita la información al Fiscal de Su Majestad para que considere la posibilidad de incoar un proceso penal. Cuando se ha iniciado un procedimiento disciplinario, este está a cargo del Tribunal de Quejas, que puede dictar la sentencia que considere adecuada.

Acceso a asesoramiento jurídico

97.Los Estados han tratado de proteger la situación de los reclusos que reciben asesoramiento legal por medio de las disposiciones del Decreto sobre la administración de prisiones (Guernsey) de 1998. En el marco actual, la confidencialidad se mantiene mediante la provisión de espacios para que la persona detenida pueda consultar con sus asesores jurídicos con respecto a los procesos civiles o penales, en presencia de funcionarios penitenciarios, pero sin ser escuchada por estos. Además, puede mantener correspondencia sin ninguna limitación con sus asesores jurídicos. Las personas detenidas también pueden recurrir a un sistema de asistencia jurídica general y no estatutario que existe en Guernsey.

Protección de denunciantes y testigos

98.Para dar seguridades a quienes ayudan en la investigación de un delito o son testigos o posibles testigos, los Estados promulgaron la Ley de justicia penal (disposiciones varias) del Bailiazgo de Guernsey de 2006, en la que se tipifica como delito el intimidar, dañar o amenazar con dañar a cualquiera de esas personas.

99.Las actuales estadísticas sobre suicidios de personas detenidas, quejas contra funcionarios de policía, funcionarios de prisiones y personal de salud mental, así como los detalles de extradiciones y deportaciones, se ofrecen a continuación.

	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
Policía
Suicidio de detenidos	0	0	0	0	0	0	0
Total de quejas contra la policía
Tramitadas	26	15	10	5	5	3	1
Tramitadas parcialmente	3	2	3	3	0	0	0
No tramitadas	20	15	15	19	11	14	4
Resueltas oficiosamente	12	6	7	13	11	14	31
Retiradas	0	2	2	2	4	4	10
Medidas correctivas	-	2	0	0	0	0	0
Pendientes	8	3	0	0	0	3	2
No continuadas	3	2	4	5	2	-	-
No resueltas	1	0	0	0	0	0	0

	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
Prisión
Suicidio de detenidos	0	1	0	0	0	0	0
Audiencias disciplinarias del personal	0	0	1	3	3	1	5
Quejas contra el personal	2	4	0	1	0	-	3
Población carcelaria
Máxima	78	122	122	122	122	122	122
Mayor	90	113	126	129	126	98	91
Menor	66	77	89	103	89	72	64
Media	78	92	105	117	108	88	78

	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
Dirección de Fronteras de Guernsey
Suicidio de detenidos	0	0	0	0	0	0	0
Extradiciones	0	0	0	0	0	0	0
Deportaciones de nacionales no británicos	2	0	3	1	6	0	6

	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
Hospital de Salud Mental
Suicidios de detenidos	0	0	0	0	0	0	0
Quejas contra el personal	0	3	4	0	3	5	3

	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
Datos de Sark
Personas detenidas en centros policiales	1	3	4	0	2	5	6
Muerte de personas detenidas en centros policiales	0	0	0	0	0	0	0
Total de quejas presentadas por personas detenidas en centros policiales	0	0	0	0	0	1	0

Datos de Alderney

Los Servicios de Policía en Alderney son prestados por el Servicio de Policía de Guernsey por ser un servicio transferido.

Jersey

100.En el período 2002-2008, no se registraron muertes de personas detenidas por la policía. A continuación se ofrece información estadística sobre las quejas contra la policía de Jersey en el mismo período.

	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
Suicidios de personas detenidas	0	0	0	0	0	0	0	0
Total de quejas presentadas contra la Policía de los Estados de Jersey	34	44	38	38	35	43	39	32
Quejas supervisadas por la Comisión de quejas contra la policía	20	29	23	26	29	32	25	20
Quejas tramitadas	0	2	3	2	1	2	3	0
Quejas no tramitadas	4	17	17	6	6	9	12	3
Quejas retiradas	11	4	11	15	11	10	8	5
Quejas que no se pudieron investigar	2	5	3	3	8	3	1	2
Quejas consideradas vejatorias	2	2	1	2	1	3	1	0
Quejas que están siendo investigadas	0	0	0	0	0	4	0	8
Quejas resueltas oficiosamente	15	14	3	10	8	12	14	12

101.En el Servicio Penitenciario de Jersey se registraron dos muertes de personas detenidas, la primera en 2006 y la segunda en 2007. El Ombudsman de Prisiones y de Libertad Provisional de Inglaterra y Gales (que no tiene funciones o facultades legales en Jersey) fue invitado a investigar las circunstancias en ambos casos. En uno de ellos, llegó a la conclusión de que la muerte no era previsible ni evitable. En el segundo caso, no atribuyó la culpa a los funcionarios penitenciarios, pero formuló una serie de recomendaciones relacionadas con medidas de prevención del suicidio. Desde entonces, se ha puesto en práctica una política revisada de prevención del suicidio.

102.No se han registrado muertes de personas detenidas en el Departamento de Aduanas e Inmigración de Jersey.

103.El sistema penitenciario introdujo en 2008 un procedimiento para las quejas formuladas por reclusos. Estos tienen un fácil acceso a la junta de visitadores y reciben orientación sobre la forma de presentar sus quejas a instancias internas o externas, incluidos el Ministerio del Interior, la policía o su representante legal.

104.La Ley de la policía (denuncias y disciplina) (Jersey) de 1999 también se aplica a la Policía Honoraria, y toda denuncia recibida por un Condestable con respecto a sus funcionarios es registrada e investigada de conformidad con la legislación. La Comisión de quejas contra la policía (Jersey) supervisa la investigación de las denuncias.

Isla de Man

105.Los detalles de las quejas presentadas contra la policía desde el cuarto informe periódico, así como su situación al 31 de marzo de 2010, se indican en el cuadro que figura a continuación. Es importante observar que una única queja puede dar lugar a más de un resultado; por ejemplo, una queja puede dar lugar a que un funcionario sea declarado culpable o negligente en el cumplimiento de sus deberes, pero también de un abuso de autoridad en las mismas circunstancias.

	2005/06	2006/07	2007/08	2008/09	2009/10
Quejas oficiales	18	21	28	23	20
Quejas oficiosas	2	1	0	0	0
Total	20	22	28	23	20
Tramitadas	5	4	5	4	6
No tramitadas	7	11	13	9	1
Resolución oficiosa	3	1	8	5	1
Retiradas	5	5	5	3	1
Exención	1	2	3	1	2
Planteadas ante el Comisionado de quejas contra la policía	0	0	0	0	0
No se adoptó ninguna medida	1	0	0	0	0
Pendientes	0	0	0	1	9
Total	22	23	34	23	20

106.En el cuarto informe periódico se mencionó una queja contra un funcionario de prisiones. La queja fue investigada por la policía y planteada ante un tribunal, pero no se le dio curso. Ese funcionario fue sometido a un procedimiento disciplinario interno.

Artículo 14

Guernsey

107.Aparte de las reclamaciones civiles ordinarias por daños y perjuicios, desde la entrada en vigor de la Ley de derechos humanos (Bailiazgo de Guernsey) de 2000, si una persona sufre tortura perpetrada por una autoridad pública, esa persona (o sus derechohabientes en el caso de su muerte) pueden solicitar medidas específicas en virtud del artículo 8 de dicha ley, incluso una indemnización cuando así proceda. Los Estados de Guernsey también han aprobado la redacción de una legislación que introducirá un sistema de indemnizaciones en el caso de lesiones de carácter penal. Esa legislación aún no se ha terminado y se deberá presentar ante los Estados de Guernsey antes de solicitar la sanción real.

Jersey

108.No ha habido ninguna modificación desde el informe anterior.

Isla de Man

109.En términos generales, la situación no ha registrado cambios desde el informe anterior. Sin embargo, ahora que la Ley de derechos humanos de 2001 está plenamente en vigor, el tribunal podrá conceder una reparación o dictar una resolución, dentro de sus facultades, que considere justa y apropiada, cuando constate que una autoridad pública ha vulnerado ilegalmente los derechos de una persona en virtud del Convenio Europeo, incluido su derecho a no ser sometido a tortura.

Artículo 15

Guernsey

110.El Reglamento Judicial mencionado en el anterior informe periódico ha sido sustituido por la Ley de poderes de la policía y medios de prueba en materia penal (Bailiazgo de Guernsey) de 2003. Esta ley se basa en la Ley PACE del Reino Unido, y los artículos pertinentes son el 76, que se refiere a la confesión, y el 78, que regula la exclusión de pruebas improcedentes.

111.En virtud del artículo 76, si en cualquier proceso en el que la acusación presenta como prueba una confesión formulada por una persona acusada el tribunal sospecha que la misma fue o pudo ser obtenida mediante coacción, esa prueba se debe excluir, a menos que la fiscalía demuestre, más allá de toda duda razonable, que ello no fue así. En este artículo, el concepto de "coacción" incluye la tortura, el trato inhumano o degradante y la utilización de la amenaza de violencia (que equivalga o no a una tortura).

112.En el artículo 78 se establece que el tribunal, en cualquier proceso, puede rechazar las pruebas en las que la acusación propone basarse si, a juicio del tribunal, y teniendo en cuenta todas las circunstancias, incluidas las circunstancias en las que se obtuvo la prueba, la admisión de esta tendría tal efecto adverso sobre la imparcialidad del proceso que el tribunal no debe admitirla.

Jersey

113.La sección 9 de la Ley de poderes de la policía y medios de prueba en materia penal, relativa a las pruebas en los procesos penales, entró en vigor el 18 de marzo de 2003.

114.Si en cualquier proceso en el que la acusación presenta como prueba una confesión prestada por una persona acusada, el tribunal sospecha que la misma fue o pudo ser obtenida:

a)Mediante coacción contra la persona que la formuló; o

b)Como consecuencia de algo dicho o hecho y que, en las circunstancias existentes en ese momento, quitaba probablemente toda fiabilidad a cualquier confesión hecha por el acusado, el tribunal no autorizará que la confesión sea presentada como prueba contra el acusado, excepto en la medida en que la acusación demuestre al tribunal, más allá de toda duda razonable, que es auténtica y que no fue obtenida de la manera antes mencionada (artículo 74, párrafo 2, de la Ley de poderes de la policía y medios de prueba en materia penal).

115.De conformidad con el artículo 74, párrafo 8, el concepto de "coacción" incluye la tortura, el trato inhumano o degradante y la utilización de la amenaza de violencia, que equivalga o no a una tortura.

116.Además, en virtud del artículo 76, párrafo 1, de la Ley de poderes de la policía y medios de prueba en materia penal, relativa a las pruebas en los procesos penales, el tribunal, en cualquier proceso, puede rechazar las pruebas en las que la acusación propone basarse si, a juicio del tribunal, y teniendo en cuenta todas las circunstancias, incluidas las circunstancias en las que se obtuvo la prueba, la admisión de esta tendría tal efecto adverso sobre la imparcialidad del proceso que el tribunal no debe admitirla.

Isla de Man

117.La situación no ha variado desde el informe anterior.

Artículo 16

Guernsey

118.Con posterioridad al informe periódico anterior, la Ley de justicia penal (disposiciones varias) (Bailiazgo de Guernsey) de 2006 derogó la Ley de castigo corporal (Guernsey) de 1957. Además, la prohibición establecida en el Convenio Europeo de Derechos Humanos respecto de los tratos o penas inhumanos o degradantes se ha incorporado al derecho interno.

Jersey

119.No ha habido cambios desde el último informe.

Isla de Man

120.El artículo 10, párrafo b), de la Ley de educación de 2001, que entró en vigor el 1º de septiembre de 2004, prohibió el uso del castigo corporal en las escuelas subvencionadas o financiadas por el Departamento de Educación y Servicios Infantiles de la Isla. Sin embargo, esta prohibición legal no se aplicaba a las escuelas independientes. Aunque, en la práctica, el castigo corporal no se utilizaba en las escuelas independientes de la Isla, la Ley de educación (disposiciones varias) de 2009, que entró en vigor el 1º de septiembre de 2009, prohibió el uso de castigos corporales a los niños en ninguna escuela u otro centro educativo.

121.En el cuarto informe periódico se mencionó la formación impartida a los trabajadores sociales, los visitadores, la policía, los maestros y varios profesionales de la salud en lo tocante al reconocimiento de los malos tratos de niños y a las medidas que se deben adoptar para proteger a un niño cuando se ha determinado la existencia de malos tratos. Esta formación está actualmente siendo objeto de auditoría.

122.Hay una serie de instituciones de guarda para niños y jóvenes en la Isla, desde los tradicionales hogares de seis camas para niños hasta hogares más pequeños, de dos o tres camas, que cuentan con una declaración de principios especializada. La elección de la ubicación de los niños se basará en la evaluación de sus necesidades.

Anexo II

Territorios de Ultramar del Reino Unido

1.Esta parte del presente informe contiene el quinto informe periódico del Reino Unido respecto de sus Territorios de Ultramar, presentado en virtud del artículo 19 de la Convención de las Naciones Unidas contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes.

A.Anguila

2.En general, la situación en Anguila con respecto al cumplimiento de la Convención es la misma que la descrita en el cuarto informe. El Gobierno de Anguila sigue atento a las prescripciones de la Convención, que se han visto reforzadas por las disposiciones pertinentes de la Constitución de Anguila. El artículo 6 de la Constitución de 1982 establece que ninguna persona será sometida a tortura ni a penas inhumanas o degradantes o tratos similares. Cabe mencionar especialmente dos cuestiones.

3.En primer lugar, el Comité recuerda que en el tercer informe (párrafos 170 y 171 del documento CAT/C/44/Add.1)se hizo referencia a un proyecto de ley de salud mental que, en la fecha de ese informe, estaba siendo examinado por la Asamblea Legislativa de Anguila. Este proyecto, cuando fuera promulgado, ofrecería una mayor protección contra los malos tratos a los enfermos mentales. Posteriormente, el proyecto de ley fue criticado porque se consideró que no trataba adecuadamente diversas cuestiones de salud mental de forma apropiada a un entorno moderno. En consecuencia, el proyecto se retiró de la Asamblea Legislativa y se encomendó la elaboración de un nuevo proyecto de ley. Este proyecto fue convertido en ley el 15 de diciembre de 2006. Sus disposiciones establecen la creación de un Grupo de Examen de Salud Mental, integrado por un presidente o vicepresidente, un médico, un trabajador social y dos miembros del público en general. Una de las funciones de este Grupo de Examen consiste en atender las solicitudes presentadas en virtud de los artículos 25 (competencia para adoptar decisiones de tratamiento), 27 (objeciones al tratamiento), 36 (solicitud de que se examinen los certificados pertinentes) y 37 (examen de los certificados después de seis meses). Se debe señalar que los enfermos mentales aún están albergados en la prisión de Su Majestad. Existen planes para construir una nueva prisión, que incluirá un local separado para los enfermos mentales.

4.En segundo lugar, la modificación del Reglamento de prisiones de 1996 mediante la introducción de un nuevo "Código disciplinario para los funcionarios de prisiones" tipifica como infracción disciplinaria el hecho de que un funcionario de prisiones utilice un lenguaje obsceno, insultante u ofensivo al tratar con un recluso, o que actúe de manera calculada para provocar a un recluso, o utilizar la fuerza innecesariamente o, si esta fuera necesaria, el empleo de una fuerza indebida. Además, se han introducido en la prisión diversos nuevos servicios, entre ellos los de un coordinador de rehabilitación, un asesor, un capellán y un tutor que coordina las actividades educativas.

A continuación se facilitan algunos datos básicos sobre la población reclusa.

Capacidad de la prisión de Su Majestad	36 reclusos
Población actual	50
Proporción prevista de reclusos por funcionarios de prisiones, por turno	8:1
Proporción actual	10:1

B.Bermudas

5.La situación con respecto al cumplimiento de la Convención en las Bermudas sigue siendo fundamentalmente la misma que la descrita en el informe anterior. No obstante, se señalan a la atención del Comité los siguientes hechos que se han producido durante el período transcurrido desde el último informe.

Artículo 2

6.La Ley de policía y medios de prueba en materia penal de 2006, que entró en vigor en las Bermudas en septiembre de 2008, se está poniendo en práctica paulatinamente. El derecho de toda persona detenida a que se informe de la detención a otra persona que ella designe, establecido en el artículo 60, es un mecanismo constructivo compatible con el artículo 2. Al disponer que el detenido tiene derecho a que se informe a un amigo o pariente acerca de su detención, se concede a esa persona la mejor posibilidad de que su bienestar sea supervisado y de que, en caso necesario, se ponga en marcha un procedimiento de investigación.

Artículo 60

1)Cuando una persona ha sido detenida en una comisaría u otros locales, tendrá derecho, si así lo solicita, a que se informe a un amigo o pariente u otra persona conocida o que es probable que tenga interés en su bienestar, tan pronto como sea posible, excepto que la demora sea permitida en este artículo, de que la persona ha sido detenida y del lugar en que está.

2)La demora solo se permite:

a)En el caso de una persona detenida en una comisaría por un delito grave que autorice la privación de libertad; y

b)Si un funcionario que tenga al menos el rango de inspector así lo autoriza.

3)En cualquier caso, se permitirá a la persona detenida que ejerza el derecho otorgado en el párrafo 1 dentro de las 36 horas del momento pertinente, según se define en el artículo 44, párrafo 2.

4)Un oficial puede dar la autorización prevista en el párrafo 2 oralmente o por escrito, pero si lo hace oralmente, deberá confirmarlo por escrito tan pronto como sea posible.

5)Con sujeción al párrafo 6, un funcionario solo podrá autorizar la demora cuando tenga motivos razonables para creer que informar de la detención a la persona de que se trate:

a)Dará lugar a una injerencia en las pruebas relacionadas con un delito grave que autoriza la privación de libertad, o un daño a dichas pruebas, o a una injerencia o un daño físico a otras personas; o

b)Dará lugar a que se alerte a otras personas sospechosas de haber cometido ese delito, pero que aún no han sido detenidas; u

c)Obstaculizará la recuperación de cualquier bien obtenido como resultado del delito.

6)Un funcionario también podrá autorizar la demora cuando tenga motivos razonables para creer que:

a)La persona detenida por un delito grave que autoriza la privación de libertad se ha beneficiado de su conducta delictiva; y

b)La recuperación del valor de los bienes que constituyen el beneficio se vería obstaculizada si se informara de la detención a la persona designada.

7)A los fines del párrafo 6, la cuestión de si una persona se ha beneficiado de su conducta delictiva será decidida de conformidad con la sección 2 de la Ley sobre el producto del delito de 1997.

8)Si la demora se autoriza:

a)Se informará a la persona detenida del motivo de ello; y

b)Se dejará constancia de ese motivo en el registro de la detención.

9)Las obligaciones impuestas en el párrafo 8 se cumplirán tan pronto como sea posible.

10)Los derechos conferidos en este artículo a una persona detenida en una comisaría u otros locales se podrán ejercer en el caso de que la persona sea trasladada de un lugar a otro; además, este artículo se aplica en cada ocasión posterior en que esos derechos se puedan ejercer de conformidad con lo establecido para la primera ocasión.

11)No podrá haber ninguna otra demora para autorizar el ejercicio del derecho conferido en el párrafo 1 cuando el motivo para autorizar la demora ha dejado de existir.

Artículo 13

Ley del Ombudsman de 2004

7.El Ombudsman, cargo previsto en la Constitución (arts. 93A y 93B) y también en otras disposiciones legislativas, es un posible órgano sistémico que tiene facultades para llevar a la práctica el artículo 13, como ilustran las disposiciones del artículo 7 de la ley pertinente:

Artículo 7

3)Cuando una persona que está detenida o de otro modo recluida en una institución, informa a la persona responsable o a otra persona que desempeñe funciones en relación con su detención o reclusión, en el sentido de que desea presentar una queja al Ombudsman, la persona a la que se ha informado:

a)Tomará todas las medidas necesarias para facilitar la presentación de la queja, incluida la provisión de un sobre abierto; y

b)Remitirá sin demora ese sobre al Ombudsman, ahora cerrado.

4)Toda comunicación del Ombudsman a una persona recluida o detenida, según se indica en el párrafo 3, será entregada a esa persona en un sobre cerrado.

5)El Ombudsman se dirigirá por escrito al reclamante, acusando recibo de la queja.

Artículo 15

8.Otro mecanismo constructivo de la Ley PACE para cumplir los objetivos del artículo 15 de la Convención está constituido por sus disposiciones relativas a la inadmisibilidad de la prueba de confesión obtenida vulnerando el artículo 90 de la ley:

Artículo 90

1)En todo proceso, una confesión prestada por una persona acusada podrá presentarse como prueba contra ella en la medida en que sea pertinente para cualquier asunto debatido en el proceso y el tribunal no la excluya con arreglo al presente artículo.

2)Si en cualquier proceso en el que la acusación presenta como prueba una confesión prestada por una persona acusada, el tribunal sospecha que la misma fue o pudo ser obtenida:

a)Mediante coacción contra la persona que la formuló; o

b)Como consecuencia de algo dicho o hecho y que, en las circunstancias existentes en ese momento, quitaba probablemente toda fiabilidad a cualquier confesión hecha por el acusado, el tribunal no autorizará que la confesión sea presentada como prueba contra el acusado, excepto en la medida en que la acusación demuestre al tribunal, más allá de toda duda razonable, que es auténtica y que no fue obtenida de la manera antes mencionada.

Conclusión

9.El régimen legislativo interno de las Bermudas incluye una serie de disposiciones que cumplen los objetivos de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, particularmente sus artículos 10 a 13. Abarcan desde una protección amplia de los derechos humanos, como la prohibición constitucional específica de la tortura y los tratos y penas inhumanos y degradantes, hasta las sanciones del Código Penal. Esto último incluye sólidas protecciones de hábeas corpus para las víctimas, y penas severas para los infractores. Además, los reglamentos penitenciarios y los mecanismos de vigilancia y de aplicación de la ley permiten reducir la posibilidad de que esos hechos ocurran, lo que se ha visto reforzado por la reciente creación de una oficina del Ombudsman, establecida de conformidad con la Constitución, y de una Junta para el Trato de Delincuentes, a la que la ley encomienda la tarea de visitar las prisiones, con un acceso sin restricciones, para reunirse con los reclusos e informar al nivel más alto de la autoridad encargada de adoptar decisiones, a fin de garantizar que esas vulneraciones no se produzcan.

C.Islas Vírgenes Británicas

10.En este informe se presenta la situación de las Islas Vírgenes Británicas desde el último informe presentado sobre el Territorio en nombre del Reino Unido, publicada por las Naciones Unidas en mayo de 2004. Desde el último informe se han producido hechos significativos.

Derechos Humanos

Nueva Constitución

11.El 15 de junio de 2007 se sancionó un nuevo Decreto sobre la Constitución de las Islas Vírgenes, de 2007, que reflejó una etapa política más avanzada en la relación del Territorio con el Reino Unido. El capítulo 2 de la Constitución se titula Derechos y libertades fundamentales de las personas, y es esencialmente una declaración de derechos. Como se señaló en el informe precedente, antes de la promulgación de la Constitución no había una legislación única e integrada sobre derechos humanos, identificada como tal, en las Islas Vírgenes Británicas. Sin embargo, es justo observar que hay varias disposiciones legislativas que, a lo largo de los años, han abordado las cuestiones de derechos humanos. En la Constitución se enumeran casi 20 derechos y libertades individuales. Cuando procede, ellos se ven restringidos por razones de defensa, salud pública, orden público, u otras.

12.Concretamente sobre el tema de la tortura, el artículo 13 de la Constitución se titula Protección contra el trato inhumano, y dice lo siguiente:

"Ninguna persona será sometida a tortura o a tratos o penas inhumanos o degradantes."

13.Además, el artículo 17 de la Constitución se titula Protección de los derechos de los reclusos a un trato humano, y dispone que todos los reclusos tienen derecho a ser tratados humanamente. En términos generales, el artículo 11 contiene una protección del derecho a la vida.

Comité de Derechos Humanos

14.El Comité de Derechos Humanos establecido por el anterior Consejo Ejecutivo hace una década sigue estando muy activo en la Oficina del Procurador General, particularmente desde la promulgación de la nueva Constitución. La Oficina ya ha preparado un proyecto de legislación modelo para el establecimiento de una Comisión de Derechos Humanos, que es un órgano previsto en la Constitución para, entre otras cosas, recibir e investigar denuncias de vulneraciones o de conculcación de los derechos y las libertades individuales y, en términos más generales, supervisar el proyecto de derechos humanos. El Gabinete ya ha aprobado el proyecto de ley y ha autorizado a la Oficina a celebrar consultas cívicas sobre ese proyecto antes de su presentación a la Asamblea Legislativa. Dichas consultas cívicas se han llevado a cabo desde enero de 2010 (Jost Van Dyke, 12 de enero de 2010; Virgin Gorda, 13 de enero de 2010; Anegada, 19 de enero de 2010, y Tortola, 21 de enero de 2010). Si se promulga, esa legislación probablemente hará referencia específica al derecho de la Comisión de Derechos Humanos a inspeccionar los centros y lugares de detención, y a garantizar que las personas detenidas en esos lugares estén protegidas contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.

15.En 2009, la Oficina también colaboró con la Commonwealth Foundation para dar comienzo a su primera actividad de sensibilización sobre fomento de la capacidad en las Islas Vírgenes. Los programas de concienciación sobre derechos humanos y fomento de la capacidad destinados a funcionarios públicos, residentes en las islas principales y algunas ONG se llevará a cabo a fines de 2010, y estará a cargo de la Oficina del Procurador General y la Commonwealth Foundation. Se prevé que los funcionarios encargados de hacer aplicar la ley también participen destacadamente en estos programas.

16.Cabe hacer notar que el Comité de Derechos Humanos no ha constatado ninguna infracción de la Convención contra la Tortura al 31 de julio de 2010.

Asuntos varios

Privación de libertad

17.El reglamento de prisiones de 1999 ha estado en vigor aproximadamente durante una década, y el Gobierno ha autorizado un examen que comenzaría a fines de 2010. En 2008, el Gobierno encargó un centro de detención de inmigrantes con la finalidad de separar las personas privadas de libertad temporalmente de los reclusos que cumplen condena.

Libertad condicional

18.En 2009, se promulgó por primera vez una Ley de libertad condicional, que está siendo aplicada por los tribunales. Hay planes en curso para establecer una Junta.

Asistencia jurídica

19.Prosigue la colaboración en materia de asistencia jurídica con el Colegio de Abogados de las Islas Vírgenes Británicas, y existen planes para establecer un sistema de colaboración más detallado.

D.Islas Caimán

Artículo 2

20.La Policía Real de las Islas Caimán ha adoptado medidas para actuar con el espíritu de las convenciones de derechos humanos, aunque estas no puedan ser directamente aplicables por los tribunales en este momento. Por ejemplo, las disposiciones de las convenciones pertinentes se incluyen en procedimientos de servicios de inteligencia, un manual de orientación sobre armas de fuego y los procedimientos que rigen la detención y el cuidado de los reclusos, incluido el derecho de consultar con un abogado y, en el caso de los nacionales extranjeros, de consultar con un funcionario consular.

21.Según la práctica existente, a su llegada a un centro de detención la persona recibe un ejemplar de la Notificación de derechos y prerrogativas, en la que se explican los derechos que tiene mientras está detenida. Ese documento informa al detenido de su derecho a acceder a un asesoramiento legal, a personal médico y, en su caso, a notificar a su consulado, a un miembro de su familia o a su empleador.

22.Los locales de la Oficina Central de Inmigración y del Centro de Detención del Servicio de Inmigración están destinados a alojar temporalmente a personas sospechosas de infringir la legislación sobre inmigración, solicitantes de asilo y migrantes ilegales.

23.En diciembre de 2005, se nombró un nuevo Comité de Derechos Humanos de las Islas Caimán como órgano nacional responsable de la promoción y protección de los derechos humanos fundamentales en las Islas. En virtud de su mandato, el Comité está facultado para aumentar la concienciación pública sobre los derechos humanos; servir como coordinador con respecto a toda preocupación en materia de derechos humanos; y, en su caso, redactar informes y preparar recomendaciones para mejorar la protección de los derechos humanos.

24.El Comité también desempeña un papel activo en la revisión de las disposiciones legislativas y administrativas en vigor, así como de los proyectos de ley y propuestas, y formula recomendaciones para asegurar que esas disposiciones estén en conformidad con los principios de derechos humanos consagrados en los tratados y convenciones que se han hecho extensivos a las Islas.

25.Aunque el Comité es nombrado por el Gabinete, sus miembros no son responsables ante ese órgano y actúan con independencia del poder ejecutivo. Todos sus miembros, incluidos los que son funcionarios públicos, participan voluntariamente y a título personal. No representan a ninguna organización o interés particular y tienen libertad para expresar sus propias opiniones sobre las cuestiones relativas a los derechos humanos en las Islas.

26.A principios de 2006, el Gobierno acordó el derecho de petición individual ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que se volvió a hacer extensivo a las Islas Caimán con carácter permanente. Aunque esta vía no faculta a los tribunales locales de las Islas Caimán para hacer aplicables los derechos humanos contenidos en el Convenio Europeo de Derechos Humanos o en ninguna de las demás convenciones básicas de derechos humanos, es un instrumento importante para promover los derechos humanos en las Islas.

Artículo 10

Policía

27.El programa de formación de la Policía Real de las Islas Caimán reconoce claramente y promueve los principios de equidad, integridad y trato adecuado y respetuoso durante la detención y el interrogatorio de todas las personas; con ese fin, se imparte a los reclutas una base fundamental durante un curso de 12 semanas de duración, centrados en varios componentes, que incluyen los siguientes:

Reglamento judicial;

Capacitación en materia de diversidad;

Legislación, que incluye la Ley de la policía y sus reglamentos y normas disciplinarias, la Ley de medios de prueba y la Ley de salud mental (incluida la atención de los pacientes), entre otras;

Facultades de detención;

Atributos de un buen policía;

Atención de las víctimas;

Entrevistas de investigación;

Servicio de policía como servicio humano;

Ética policial;

Violencia doméstica (incluidos los niños y los servicios para la familia);

Solución de conflictos; e

Interpelación y registro (incluida la inspección de celdas).

28.Durante el curso de formación, los juegos de rol y las reuniones de información refuerzan sólidamente los principios consagrados en el Reglamento judicial. Los conocimientos básicos de un policía recientemente contratado se mejoran aún más mediante la capacitación en el trabajo bajo la dirección de un policía de nivel superior. La capacitación en el servicio aumenta estas prácticas y aborda las deficiencias a fin de mejorar las aptitudes y competencias del funcionario y garantizar el cumplimiento de los más altos estándares de la actividad policial profesional.

29.La estructura de la población, que depende de complejos factores sociales, culturales y económicos, plantea problemas para la capacitación de los funcionarios encargados de aplicar la ley, y para resolver eficazmente esos problemas la Policía Real de las Islas Caimán ha actuado de forma proactiva en la contratación, capacitación y desarrollo de funcionarios de diferentes orígenes étnicos, así como de funcionarios indígenas, con el fin de establecer una red más eficaz y colaborativa para proteger a la comunidad y preservar los derechos de todos en el marco de la ley.

30.La Policía Real de las Islas Caimán finalizó recientemente un proyecto de manual de orientación para la investigación de denuncias públicas y faltas de conducta de los funcionarios policiales, que será ratificada y aplicada a la brevedad. El manual refuerza la labor de la Dependencia de Normas Profesionales, recientemente creada, y fue examinado durante tres meses por un profesional experimentado externo, perteneciente a la Policía Metropolitana; en él se definen las normas que deben cumplir y la conducta que deben observar todos los funcionarios cuando tratan con sus compañeros y con los particulares. Toda denuncia de conducta indebida será investigada a fin de determinar si constituye o no una infracción del Código de Conducta para funcionarios de la policía, y si corresponde incoar una acción disciplinaria formal. A efectos prácticos, el manual es una guía que se irá actualizando para reflejar la legislación actual y la evolución de los procedimientos y las prácticas relacionados con la Policía Real de las Islas Caimán.

Prisiones

31.Los derechos humanos forman parte obligatoriamente del programa de formación destinado a los nuevos reclutas. Posteriormente, deben conseguir diez créditos de competencia durante los dos años siguientes a su participación en el programa de formación, y uno de ellos se refiere específicamente a los derechos humanos, incluidos los de los reclusos. Además, existe un programa de aprendizaje electrónico de los derechos humanos mediante una red de computadoras. Este programa fue elaborado específicamente para su utilización en las prisiones y será obligatorio, a fin de que todos los funcionarios sean puestos a prueba con respecto a sus conocimientos y aptitudes relativos a los derechos humanos.

Inmigración

32.Los funcionarios de la Dependencia encargada de la aplicación de la ley del Departamento de Inmigración que intervienen en la detención y el interrogatorio de las personas sobre cuestiones relacionadas con la inmigración reciben formación con respecto al control físico y los métodos de contención, el uso razonable de la fuerza y el uso apropiado del "gas pimienta" y de las balas de plástico. Como parte de esta formación, los funcionarios también reciben instrucciones sobre el trato apropiado de mujeres y de menores infractores, así como de distintos grupos étnicos, religiosos o de otra índole.

33.Esta formación se imparte cuando los funcionarios se incorporan a la dependencia, y se imparten cursos de repaso anualmente (que incluyen toda certificación o nueva certificación necesaria con respecto a la utilización del "gas pimienta", las balas de plástico y otros dispositivos); los cursos están a cargo de instructores certificados de la dependencia.

34.El Hospital de George Town no dispone de un programa de formación específico sobre la identificación de la tortura destinado a su personal. No obstante, los funcionarios reciben formación sobre el reconocimiento de lesiones. En la prisión hay un enfermero de tiempo completo, y médicos generalistas visitan la prisión dos veces por semana para prestar atención médica a los detenidos. También se organizan visitas de médicos generalistas a los centros de detención de inmigrantes. Hasta la fecha, no se ha informado de ningún caso de lesiones resultantes de actos de tortura.

Artículo 11

35.Con respecto a la Constitución de las Islas Caimán, en 2001 se designaron tres comisionados para el examen de la modernización constitucional, encargados de revisar la Constitución. En su informe de 2002 figuraba una recomendación de que se incluyera una declaración de derechos compatible con las disposiciones del Convenio Europeo de Derechos Humanos. Tras el establecimiento de la Secretaría de modernización constitucional y una sensibilización y un debate públicos importantes, el proyecto de nueva Constitución, negociado con el Reino Unido, se distribuyó en 2009 en las Islas Caimán para las consultas públicas definitivas y la celebración de un referéndum. El proyecto incluye una amplia declaración de derechos que contiene, entre otras cosas, el derecho a no ser sometido a tortura o a otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. Tras la celebración de elecciones generales, en mayo de 2009, el Decreto sobre la Constitución de las Islas Caimán de 2009 entró en vigor el 6 de noviembre de 2009. En virtud del artículo 4, párrafo 2, la Declaración de Derechos entrará en vigor tres años después de la entrada en vigor del Decreto sobre la Constitución, excepto algunas disposiciones relativas a los reclusos, que entrarán en vigor el 6 de noviembre de 2013.

Prisiones

36.En el Departamento de redacción legislativa se están tramitando actualmente una nueva Ley de prisiones y un Reglamento de prisiones. El nuevo Reglamento incorpora todas las salvaguardias pertinentes de las nuevas Reglas Penitenciarias Europeas (2006) y las Reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos. Además, se están adoptando medidas para identificar nuevos casos de jurisprudencia o recomendaciones del Comité de Ministros del Consejo de Europa, de modo que cuando sea necesario, y en la medida de lo posible en el contexto local, esas recomendaciones puedan incorporarse al marco legislativo y a las políticas existentes, y toda decisión judicial pueda utilizarse para orientar la interpretación y aplicación de los diversos artículos de la Convención.

37.Todos los reclusos, tanto los condenados como los que están en prisión preventiva, pueden tener acceso a personal médico, familiares y, cuando proceda, al personal de sus consulados.

38.La Junta de inspección de prisiones se reorganizó en mayo de 2007 y el Gabinete aprobó su mandato. En septiembre de 2007, se designó un nuevo secretario de la Junta. A comienzos de octubre de 2007, todos los miembros de la Junta, incluido su secretario, recibieron una amplia formación en materia de inspección de prisiones, a cargo del profesor Jim McManus y del Sr. Roger Houchin, quienes tienen amplia experiencia en materia de inspección de prisiones en todo el mundo y particularmente en Europa. Los nuevos miembros fueron informados de las últimas normas utilizadas en las inspecciones de prisiones de la Unión Europea y se realizó una inspección "modelo" de las instalaciones penitenciarias locales.

39.En la actualidad, la Junta visita todos los lugares de detención (prisiones, centros de detención de inmigrantes, calabozos policiales y centros de detención de menores) y lleva a cabo inspecciones cumpliendo un conjunto de normas derivadas del Convenio Europeo de Derechos Humanos, así como de las normas pertinentes de las Naciones Unidas. Estas normas se recogen en un documento compilado por el Dr. William Rattray, Comisionado para el sistema penitenciario. Se prevé que este documento sea revisado a lo largo del tiempo, a medida que se vayan elaborando "indicadores" específicos y adecuados para abordar las cuestiones que se planteen en los centros de detención locales, a fin de que las normas internacionales se apliquen más ampliamente en el plano local.

40.La Junta ha llevado a cabo inspecciones mensuales, desde noviembre de 2007, de los tres tipos de centros de detención, y elaboró un informe general correspondiente al período 2007-2009, en el que expuso sus conclusiones. La Oficina de Asuntos Internos y Exteriores (que es responsable de los departamentos que contribuyeron a dicho informe) publicó el informe en su sitio web, conjuntamente con las normas de inspección compiladas por el Dr. William Rattray y el mandato de la Junta, para asegurar que el público estuviera plenamente informado de los procedimientos y las prácticas existentes. Se espera que esta divulgación pública del material pertinente dé al proceso de inspección un nuevo nivel de transparencia y rendición de cuentas.

41.También se han adoptado medidas para impartir una mayor formación a la Junta. A este respecto, se ha establecido contacto con un reputado experto en sistemas penitenciarios para lograr que la formación necesaria se imparta a nivel local. También se está trabajando para impartir formación al secretario de la Junta.

42.Los objetivos a largo plazo de la Oficina consisten en lograr que la Junta tenga una base cabalmente profesional, de modo que su labor sea independiente de los organismos que son objeto de inspección, y que sea así percibida por el público; asegurar que el desempeño de su mandato esté en conformidad con las mejores prácticas internacionales y que siga siendo responsable ante el público, a cuyos intereses sirve en última instancia.

Inmigración

43.El Departamento supervisa sus procedimientos para la detención y el trato de las personas privadas de libertad a fin de garantizar que no sean sometidas a actos que equivalgan a tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. El Departamento está elaborando instrucciones escritas internas destinadas a los funcionarios para fortalecer los procedimientos existentes en esta materia. Estas instrucciones establecerán lo que los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley pueden y no pueden hacer con respecto a una persona detenida. También determinarán la información que se debe recoger en un registro de detención correspondiente a todo el período en que una persona esté privada de libertad.

44.Las instalaciones de detención de la Oficina Central de Inmigración y del Centro de Detención del Servicio de Inmigración son supervisadas de forma independiente por la Junta de inspección de prisiones.

Artículos 12 y 13

Policía

45.Se ha establecido una Política de normas profesionales, que incluye específicamente la orientación de la Policía Real de las Islas Caimán con respecto a las normas profesionales, la integridad y la investigación en su Dependencia de Normas Profesionales. La Política se aplica específicamente a los oficiales y funcionarios responsables de hacer cumplir las normas e investigar las denuncias de conducta indebida. Se facilita a los testigos, las víctimas y las personas acusadas información relativa al procedimiento de investigación, y se les presta el apoyo necesario durante todo el procedimiento. También existe una Política de relaciones familiares, que se ocupa exclusivamente de las víctimas de delitos, los testigos y otros asuntos relacionados con la familia y la policía. Se presta apoyo por conducto de la Dependencia de apoyo a la familia, que está bajo la dirección de la Policía Real de las Islas Caimán.

46.Tanto en el Servicio Penitenciario como en el Departamento de Inmigración, la práctica existente es que toda denuncia de tortura se remite inmediatamente a estos organismos de la Policía Real de las Islas Caimán para que se lleve a cabo una investigación independiente. Además, las prisiones tienen un procedimiento interno de reclamaciones, elaborado en consulta con la Oficina del Comisionado encargado de las quejas. Cuando se formula una denuncia de tortura, el recluso tiene derecho a presentar esa denuncia directamente al Director de Prisiones o al Jefe de los servicios médicos. Sin embargo, incluso cuando se adopta esta vía, la Policía Real de las Islas Caimán será convocada para que lleve a cabo sus propias investigaciones.

47.El proyecto de ley de policía de 2008 introduce, en su sección VII, la Dirección de denuncias contra la policía, cuyas funciones incluirán la investigación y resolución de:

a)Una denuncia en la que se alegue que la conducta de un funcionario de policía dio lugar a la muerte o lesiones graves de una persona; o

b)Cualquier otra descripción de la denuncia; o

c)Cualquier otra cuestión que, sea o no el objeto de una denuncia, tiene, a juicio de la Dirección, un carácter tal que debe investigarse debido a:

Su gravedad, o

Sus circunstancias excepcionales.

El presidente de la Dirección puede tratar de resolver la queja y puede, si lo considera necesario, designar a un miembro de la Dirección para que lo ayude, si considera que:

a)La denuncia se refiere a una conducta que, incluso si se probara, no justificaría una acusación penal o disciplinaria; y

b)El denunciante y el funcionario policial en cuestión han dado su consentimiento a este fin.

Tras una investigación de una queja, el Comisionado de Policía puede imponer la sanción que considere apropiada, determinar que no se justifica adoptar ninguna medida o amonestar al funcionario policial por su conducta.

48.El Departamento de Inmigración cuenta con un proceso interno de presentación de quejas, mediante el cual las personas que consideran que han sido tratadas inadecuadamente por miembros del personal pueden presentar quejas sobre la conducta de los funcionarios de inmigración (con inclusión del personal encargado de hacer aplicar la ley y el personal civil), que luego serán investigadas. Este proceso está a disposición del público por escrito en el sitio web del Departamento. Una de las declaraciones de políticas que figuran en este documento es el compromiso de que el Departamento garantizará que ninguna persona sea sometida a un trato que equivalga a la tortura u otro trato o pena cruel, inhumano o degradante.

49.Los denunciantes también tienen acceso a la Oficina del comisionado encargado de las quejas, de carácter independiente, que posee amplias facultades de investigación respecto de los departamentos gubernamentales y los órganos estatutarios. Hasta la fecha, no se ha informado de ninguna queja de tortura o de tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes que involucren a ningún funcionario policial, de inmigración o penitenciario.

50.Además de los procedimientos de queja que se pueden presentar ante los distintos departamentos, las denuncias de tortura o de tratos crueles, inhumanos o degradantes también se pueden presentar ante el Comité de Derechos Humanos de las Islas Caimán. Como parte de su mandato, el Comité de Derechos Humanos de las Islas Caimán puede recibir denuncias de particulares, relativas a sus derechos humanos, y puede formular conclusiones y recomendaciones no vinculantes después de investigar esas denuncias.

E.Islas Falkland

51.El cumplimiento de la Convención en las Islas Falkland es el mismo que el descrito en los informes anteriores. Las Islas Falkland tienen una nueva Constitución, que entró en vigor el 1º de enero de 2009. Su capítulo 1 se refiere a la protección de los derechos y libertades fundamentales de la persona. Esto incluye la protección del derecho a la vida, la protección contra el trato inhumano, la protección contra la esclavitud y el trabajo forzoso, la protección del derecho a la libertad personal, disposiciones que garantizan la protección legal, la protección de los reclusos contra el trato inhumano, la protección de la libertad de movimiento, la protección de la vida privada y familiar, de la intimidad del hogar y de otros bienes, y la protección del derecho a contraer matrimonio y fundar una familia.

52.En la sección 7 de la Constitución se establece lo siguiente: "Toda persona privada de su libertad tiene derecho a ser tratada con humanidad y con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano".

53.Las Islas Falkland han construido una nueva prisión y se ha comenzado la tarea de actualizar el Decreto sobre establecimientos penitenciarios de 1966 y el Reglamento de prisiones pertinente.

F.Gibraltar

54.El cumplimiento de la Convención en Gibraltar es el mismo que el descrito en los informes anteriores.

G.Montserrat

55.El cumplimiento de la Convención en Montserrat es el mismo que el descrito en los informes anteriores.

H.Pitcairn

56.El censo de población más reciente registró 53 residentes al 31 de diciembre de 2009. En abril de 2009 se introdujo una nueva estructura de gobierno para reforzar un sistema de gobierno justo y transparente, y está en curso un proyecto financiado por el Departamento de Desarrollo Internacional con el objeto de fomentar la capacidad en materia de derechos humanos en diversos Territorios de Ultramar. Mediante estos proyectos, el Consejo de las Islas Pitcairn y la comunidad tienen acceso a una formación actualizada acerca de los derechos y responsabilidades de las personas.

57.Desde noviembre de 2006 hasta abril de 2009, el único centro de detención de Pitcairn (seis celdas) albergó hasta cinco reclusos, cuatro de los cuales están ahora en libertad condicional en la comunidad, y el quinto ha cumplido su condena y su período de libertad condicional. El personal encargado de hacer aplicar la ley en Pitcairn, los jueces y los magistrados son contratados o enviados desde el Departamento de Penitenciarías de Nueva Zelandia, la Policía de Nueva Zelandia y el poder judicial de Nueva Zelandia. Todos han recibido en Nueva Zelandia una formación relacionada con sus profesiones. En el caso de los funcionarios de prisiones, la formación de los reclutas incluye la capacitación con respecto a las Reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos y sobre la protección de las personas en situación de riesgo, y los nuevos policías reciben una amplia formación sobre el trato de los reclusos. Hay en Pitcairn un oficial médico, contratado y seleccionado por la organización mundial International SOS; los detenidos son sometidos periódicamente a revisiones médicas, y, cuando es necesario, se autorizan visitas adicionales.

58.El Decreto sobre establecimientos penitenciarios de Pitcairn utilizó como modelo los decretos de otros Territorios de Ultramar e incorporó los principios y las prácticas modernos. El establecimiento penitenciario fue construido con el asesoramiento de consultores expertos y excede ampliamente lo exigido en las Reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos. Está ubicada en la parte central del asentamiento principal y, dados el tamaño y la población de Pitcairn, no habría ninguna posibilidad de detención en régimen de incomunicación. El centro de detención está actualmente desocupado pero, cuando era utilizado, existía un comité de visitadores de prisiones, presidido por el pastor de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, que tenía el mandato de recibir las reclamaciones o quejas de los reclusos sobre casos de malos tratos por parte de funcionarios penitenciarios, y de comunicar esas quejas directamente al Gobernador de Pitcairn. Toda denuncia de malos tratos sería normalmente investigada en primera instancia por el Superintendente de Prisiones o, si fuese más apropiado, por el representante del Gobernador que tiene a su cargo la supervisión de la prisión. Posteriormente, toda denuncia se tramitaría ante la Oficina del Gobernador en Wellington (Nueva Zelandia). No ha habido informes sobre malos tratos perpetrados por funcionarios de prisiones durante el funcionamiento de la Prisión de Su Majestad en Pitcairn.

I.Santa Helena, Ascensión y Tristán da Cunha

59.Santa Helena, Ascensión y Tristán da Cunha tienen una nueva Constitución que contiene garantías específicas en materia de derechos humanos, incluida la protección contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. En el período abarcado por el presente informe no ha habido incidentes ni quejas sobre torturas u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, ni tampoco hubo solicitudes de extradición de ninguna persona para hacer frente a acusaciones de tortura, ni nadie ha sido objeto de extradición o trasladado a un país en el que hubiera riesgo de que fuera sometido a tortura o malos tratos.

60.Santa Helena, Ascensión y Tristán da Cunha adoptaron nuevas Constituciones en 2009 y todas ellas contienen amplias disposiciones que garantizan los derechos y las libertades fundamentales de la persona, junto con la disposición mencionada anteriormente con respecto a la tortura. Estas disposiciones coinciden en lo sustancial con las disposiciones pertinentes del Convenio Europeo de Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Además, cabe notar que, aunque la Ley de derechos humanos de 1998 del Reino Unido no se hace extensiva por sí misma a los Territorios de Ultramar, incluida Santa Helena, el Tribunal Supremo de Santa Helena ha decidido recientemente que esa ley tiene una cierta aplicación en Santa Helena en virtud del Decreto de aplicación del derecho inglés en el territorio. (En términos generales, este Decreto, dentro de ciertos límites y con sujeción a algunas excepciones y matizaciones, que no son pertinentes para este comentario, incorpora el derecho inglés que estaba en vigor al 1º de enero de 2006 al derecho de Santa Helena). Por otra parte, el Decreto de aplicación de 1988 de la Ley de justicia penal de 1988 (Tortura) (Territorios de Ultramar), que se dictó expresamente para dar efecto a la Convención contra la Tortura, es aplicable en Santa Helena: véase el párrafo 8 del informe inicial relativo a Santa Helena (CAT/C/9/Add.10, pág. 21).

J.Islas Turcas y Caicos

61.Se está a la espera de un informe de las Islas Turcas y Caicos, que será remitido al Comité en cuanto sea recibido.